REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 361ª
Sesión 82ª, en lunes 23 de diciembre de 2013
Especial
(De 11:14 a 13:13)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES JORGE PIZARRO SOTO, PRESIDENTE,
Y JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Larraín Peña, Carlos
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchon, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedan, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrió, además, el Ministro de Justicia subrogante, señor Juan Ignacio Piña Rochefort. Asimismo, se encontraba presente el Subsecretario General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado Andrade.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 11:14, en presencia de 29 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Dos de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero retira la urgencia respecto de los siguientes proyectos de ley:
1.-
Proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 5, de 2003, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas (boletín Nº 8.132-26).
2.-
Proyecto que sustituye las leyes Nº 19.039, sobre propiedad industrial, y Nº 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (boletín Nº 8.907-03).
--Se tienen presentes los retiros y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el segundo hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de las iniciativas que se indican a continuación:
1.-
Proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, relativo al fortalecimiento de la regionalización del país (boletín N° 7.963-06).
2.-
Proyecto que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y establece adecuaciones en la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia (boletín Nº 8.207-07).
3.-
Proyecto que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, con el fin de promover la interconexión de sistemas eléctricos independientes (boletín N° 9.022-08).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Cinco de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que dio su aprobación al proyecto de ley que fortalece el Ministerio Público (boletín N° 8.265-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y a la de Hacienda, en su caso.
Con los tres siguientes informa que aprobó los asuntos que se enuncian a continuación:
1.-
Proyecto de acuerdo que aprueba el "Convenio sobre Transporte Aéreo, entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de El Salvador", suscrito en Santiago de Chile, el 27 de enero 2013 (boletín N° 9.163-10).
2.-
Proyecto de acuerdo que aprueba el "Acuerdo de Cooperación Técnica y Científica, entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de San Vicente y las Granadinas", suscrito en Kingstown, el 30 de noviembre de 2012 (boletín N° 9.164-10).
3.-
Proyecto de acuerdo que aprueba las "Enmiendas a las Cuantías de Limitación que Figuran en el Protocolo de 1992, que Enmienda el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil Nacida de Daños Debidos a Contaminación por Hidrocarburos de 1969", aprobadas por Resolución Leg. 1 (82) del Comité Jurídico de la Organización Marítima Internacional, el 18 de octubre de 2000 (boletín N° 9.165-10).
--Pasan a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Con el último expone que dio su aprobación, en los mismos términos en que lo hizo esta Corporación, al proyecto de acuerdo que aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de San Vicente y las Granadinas sobre exención del requisito de visa para los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales", suscrito en Kingstown, el 30 de noviembre de 2012 (boletín Nº 9.003-10).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República.
De la Excelentísima Corte Suprema:
Con el que comunica la elección del Ministro señor Sergio Muñoz Gajardo como su nuevo Presidente para el bienio comprendido entre el 6 de enero de 2014 y el 5 de enero de 2016.
--Se toma conocimiento.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Envía copia autorizada de las sentencias definitivas pronunciadas en el ejercicio del control de constitucionalidad, respecto de los proyectos de ley que se enuncian a continuación:
1.-
El que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo (boletines Nos 8.324-03 y 8.492-13, refundidos).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar el proyecto a Su Excelencia el Presidente de la República.
2.-
El que modifica el límite intercomunal entre Vicuña y Paihuano, en la Región de Coquimbo (boletín N° 8.764-06).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto a sus antecedentes.
Remite copia autorizada de la sentencia definitiva pronunciada en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, acerca de los artículos 70, inciso cuarto, y 64, inciso segundo, del Código de Comercio.
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento.
Expide copia de las resoluciones recaídas en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 432 del Código de Procedimiento Civil.
--Se toma conocimiento y se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Moción
De los Senadores señores Espina y Walker, don Patricio, con la que se da inicio a un proyecto que modifica la Ley General de Educación para incorporar en los niveles de Educación Básica y Media la asignatura de Educación Cívica (boletín N° 9.227-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Proyecto de acuerdo
De la Senadora señora Pérez San Martín, con el que solicita a Su Excelencia el Presidente de la República la modificación del decreto supremo Nº 39, de 2013, del Ministerio de Salud, para ampliar los tratamientos especializados de cuidados paliativos a todas las enfermedades terminales (boletín Nº S 1.629-12).
--Queda para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria respectiva.
Solicitud de permiso constitucional
Del Senador señor Novoa, para ausentarse del país a contar del 25 del mes en curso.
--Se accede.
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la Cuenta.
FACILIDADES PARA ADMINISTRACIÓN DE COPROPIEDADES Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EN CONDOMINIOS DE VIVIENDAS SOCIALES
El señor PIZARRO (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, para facilitar la administración de copropiedades y la presentación de proyectos de mejoramiento o ampliación de condominios de viviendas sociales.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8232-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 49ª, en 27 de agosto de 2013.
Informe de Comisión:
Vivienda y Urbanismo: sesión 68ª, en 5 de noviembre de 2013.
Discusión:
Sesión 70ª, en 19 de noviembre de 2013 (se aprueba en general).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Respecto de esta iniciativa, que se aprobó en general en sesión de 19 de noviembre pasado, no se han presentado indicaciones en el plazo fijado al efecto, por lo que corresponde darla por aprobada también en particular.
Cabe hacer presente que los artículos 1°, numerales 17) y 18); 2° y 4°, letra b), permanentes, y el artículo transitorio tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, razón por la cual se debe dejar constancia del quórum.
En este momento se encuentran presentes 30 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Hay quórum.
El señor NOVOA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente, no oímos lo que señaló el señor Secretario.
¿Podría repetirlo, por favor?
El señor PIZARRO (Presidente).-
No hay problema.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Se trata del proyecto sobre copropiedad inmobiliaria. La Sala lo aprobó en general, se fijó un plazo para formular indicaciones, pero este venció y no se presentó ninguna, por lo que corresponde darlo por aprobado también en particular.
La iniciativa contiene normas de rango orgánico constitucional y en este instante se hallan presentes 31 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Se aprueba en particular el proyecto, reglamentariamente, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que emitieron pronunciamiento favorable 31 señores Senadores.
E
l señor COLOMA.-
¿Puedo hacer una consulta, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, esta sesión especial tiene por objeto votar el nombramiento de un Ministro de la Corte Suprema, ¿verdad?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Así es.
El señor COLOMA.-
¿La Sala puede resolver sobre un tema distinto de aquel para el que fue convocada?
El señor PIZARRO (Presidente).-
La Secretaría sostiene que ello es factible con la anuencia de la Sala, señor Senador.
El señor COLOMA.-
Era una duda técnica, señor Presidente.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El texto no se analiza, sino que solo se da por aprobado en particular conforme al Reglamento.
El señor PIZARRO (Presidente).-
No se debate, señor Senador.
El señor COLOMA.-
Era una duda constitucional, señor Presidente.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Antes de entrar al Orden del Día y a fin de no suspender la sesión, le pediría al Senador señor Espina reunirse con los jefes de las bancadas de Oposición con el objeto de aclarar un punto.
El señor ESPINA.-
Muy bien.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Solicito la autorización de la Sala para que ingrese el Subsecretario General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado.
--Se autoriza.
DESIGNACIÓN DE SEÑOR CARLOS RAMÓN ARÁNGUIZ ZÚÑIGA COMO MINISTRO DE CORTE SUPREMA
El señor PIZARRO (Presidente).-
Esta sesión especial tiene por objeto ocuparse en el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar Ministro de la Excelentísima Corte Suprema al señor Carlos Ramón Aránguiz Zúñiga, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y la urgencia del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 1618-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 66ª, en 30 de octubre de 2013.
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 81ª, en 18 de diciembre de 2013.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recibió en audiencia al señor Carlos Aránguiz en sesión a la que también asistieron el Ministro de Justicia subrogante, señor Juan Ignacio Piña, y los Senadores señores Chahuán, Gómez y Prokurica.
La Comisión deja constancia, por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señora Alvear y señores Espina, Larraín (don Carlos), Larraín (don Hernán) y Walker (don Patricio), de que la proposición de Su Excelencia el Presidente de la República para nombrar Ministro de la Excelentísima Corte Suprema al señor Carlos Ramón Aránguiz Zúñiga cumple con los requisitos, formalidades y procedimientos previstos por el ordenamiento jurídico para la designación de los Ministros del Máximo Tribunal.
Cabe hacer presente que el acuerdo del Senado para aprobar dicho nombramiento requiere el pronunciamiento favorable de dos tercios de los Senadores en ejercicio, esto es, 25 votos afirmativos.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
En discusión la propuesta del Ejecutivo.
Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker, Presidente de la Comisión.
El señor WALKER (don Patricio).-
Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia tiene el honor de informar la proposición de Su Excelencia el Presidente de la República para designar Ministro de la Excelentísima Corte Suprema al señor Carlos Ramón Aránguiz Zúñiga, en la vacante provocada por el cese de funciones de la Ministra señora Gabriela Pérez Paredes, tal como lo dispone el inciso tercero del artículo 78 de la Constitución Política de la República, que señala que el Senado adoptará el respectivo acuerdo "por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto", para la designación de los Ministros del Máximo Tribunal.
La quina elaborada por la Corte Suprema fue encabezada por el Ministro señor Carlos Cerda, con 10 votos. El Ministro señor Aránguiz obtuvo 5 votos (página 4 del informe).
A la sesión en que la Comisión analizó esta propuesta asistió, especialmente invitado, el Ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua señor Carlos Aránguiz Zúñiga, quien fue acompañado por el Administrador de ese Alto Tribunal, señor Rodrigo Valenzuela, y el periodista de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial señor Héctor Cruzat.
Concurrieron, además de los integrantes de la Comisión, los Senadores señores Chahuán, Gómez y Prokurica; el Ministro de Justicia subrogante, señor Juan Ignacio Piña, y el abogado asesor de la División Jurídica del Ministerio, señor José Miguel Poblete.
Cabe destacar que el Ministro señor Carlos Aránguiz Zúñiga es abogado y licenciado en Derecho de la Universidad de Chile. Inició su carrera judicial como Secretario del Primer Juzgado del Crimen de Valparaíso. A continuación, y en forma sucesiva, desempeñó la función de juez titular del Primer Juzgado de Letras de Los Andes; del Segundo Juzgado de Letras de San Felipe; del Primer Juzgado del Trabajo de Valparaíso, y del Sexto Juzgado del Crimen de esta misma ciudad. Posteriormente, se desempeñó como Fiscal de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, y en la actualidad tiene la calidad de Ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua.
Asimismo, en el ámbito académico, el Ministro señor Aránguiz es integrante de la Sociedad de Escritores de Chile y Miembro Correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua.
Igualmente, ha desempeñado diversas labores docentes en el campo del Derecho: profesor de Derecho Civil en la Universidad de Los Lagos, en la Academia Judicial, y en cursos de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello.
Ha aprobado numerosos cursos de perfeccionamiento en materias como Responsabilidad Penal Médica; Derecho Procesal Penal; Medicina Legal, Derechos Humanos; Estupefacientes; Sociología Jurídica; Propiedad Intelectual, y Derechos Fundamentales del Trabajo, etcétera.
Y cuenta, además, con una serie de ponencias en conferencias sobre diversos aspectos jurídicos, como el recurso de amparo y el nuevo proceso penal.
El detalle se puede ver en el informe.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en forma previa a tomar una resolución respecto de este nombramiento, revisó los antecedentes presentados y escuchó detenidamente la intervención del señor Ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua. A su vez, los miembros de dicha Comisión le formularon numerosas preguntas, en particular los Senadores señor Larraín (don Hernán), señora Alvear y los señores Espina y Gómez, las que fueron respondidas en una extensa audiencia, según se da a conocer en la parte pertinente del informe.
En su exposición, el Ministro señor Aránguiz opinó acerca de las diversas materias que le fueron consultadas, por ejemplo, sobre la Reforma Procesal Penal y su experiencia en la Sexta Región, donde se creó un Comité de Coordinación que facilitó allí la correcta aplicación de ella, y respecto del rol de los jueces en dicho sistema.
Se refirió también al rol de la Academia Judicial; a la capacitación, calificación, independencia y rol social de los jueces; a los criterios sobre el rediseño de la Excelentísima Corte Suprema; al rol del Poder Judicial, entre los tantos temas que constan en el informe.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, integrada por los Senadores señores Alberto Espina, Hernán Larraín, Carlos Larraín, señora Soledad Alvear y quien habla, luego de escuchar las respuestas a las consultas formuladas y de ponderar los antecedentes presentados, acordó, por la unanimidad de sus integrantes, informar a la Sala de esta Alta Corporación que la proposición del Presidente de la República para nombrar Ministro de la Corte Suprema al Ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua señor Carlos Ramón Aránguiz Zúñiga cumple los requisitos, formalidades y procedimientos previstos por el ordenamiento jurídico vigente.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Seré muy breve, señor Presidente.
Fiel a lo que fue el debate de la sesión del miércoles último, cuando se nos convocó a los efectos de realizar este mismo ejercicio ese día -y Sus Señorías me disculparán-, debo recordar que un Senador no dio su acuerdo, razón por la cual se nos citó para hoy.
Ahora bien, creo que, en honor al respeto mutuo que nos debemos los parlamentarios, y haciendo presente que nos encontramos muy contentos en la Sala, a lo menos habría sido deseable que el Senador Navarro estuviera aquí hoy.
No sé si Su Señoría viene en camino. Si viene, qué bueno; en tal caso no estará sino cumpliendo su deber. Pero sería una profunda falta de respeto que quien la semana anterior se dio un gusto personal no estuviera esta mañana en el Hemiciclo.
Gracias, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, la decisión del Senado sobre el asunto que nos convoca se ha postergado por varios meses.
En primer lugar, quiero manifestar que, personalmente, no tengo ninguna objeción al Ministro señor Aránguiz.
Tampoco es mi ánimo, en modo alguno, poner en tela de juicio su trayectoria en el Poder Judicial. Hacerlo sería innoble, pues no poseo ningún antecedente para ello.
En consecuencia, asumiendo la responsabilidad que me cabe hoy, votaré a favor.
Sin embargo, no puedo sino expresar mi profunda desazón, porque el nombre que muchos esperábamos era el del destacado Ministro don Carlos Cerda, por su extensa trayectoria; por su compromiso con los derechos humanos; por el coraje que tuvo para abordar causas muy complejas, y por haber puesto siempre, por sobre cualquier interés personal, el afán de hacer justicia. Y eso aquí no se está respetando.
Señor Presidente, debo recordar que en julio último se votó en el Senado la propuesta del Primer Mandatario para nombrar en la Corte Suprema a una Ministra de Corte de Apelaciones respecto de la cual, por su conducta, en esta Corporación existían opiniones diferentes. Pero nadie podía poner en duda que había tenido una actitud valiente y que había actuado en función de la justicia, de acuerdo a sus propios criterios, naturalmente. Existieron pareceres diversos, votos a favor y en contra, y su nombramiento fue aprobado.
Quienes nos pronunciamos afirmativamente no pusimos ninguna condición en aquella oportunidad. Empero, estimábamos que una actitud noble del Presidente de la República era la de proponer como Ministro del Máximo Tribunal al juez señor Carlos Cerda.
Debo ser muy franco: en esa materia no hubo acuerdo de ningún tipo, ni negociación de índole alguna.
Cuando voté por la Ministra señora Chevesich no puse ninguna condición. Lo hice en el entendido de que, en política, la nobleza obliga. O sea, no autovaloré mi propia decisión, sino que estimé que, si no estábamos colocando ninguna condición, podíamos esperar que el Presidente de la República tuviera altura de miras y sometiera a la resolución del Senado el nombramiento en la Corte Suprema de un Ministro que ha sido postergado durante muchos años; de un Ministro sobre el cual, por su actitud, han recaído un veto y un castigo extremadamente injustos.
De hecho -lo señalo con absoluta franqueza-, conversé este asunto con Ministros de Estado. Y, para que la opinión pública lo sepa con claridad -nada tengo que ocultar-, debo decir que lo conversé específicamente con el señor Ministro Secretario General de la Presidencia, en su rol institucional, como responsable, de acuerdo a la Constitución y la ley, de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Como ya manifesté, no actué con ningún afán de negociación, ni personal ni colectiva, pero sí en el entendido de que el Ejecutivo asumía una responsabilidad.
Le expresé al Ministro señor Larroulet que esperaba que en seguida se propusiera al Ministro don Carlos Cerda, que era lo procedente desde todo punto de vista.
Me equivoqué: no se propuso al Ministro señor Carlos Cerda.
Lamento profundamente que el Presidente de la República no haya tenido altura de miras para proceder con la nobleza correspondiente.
Sin embargo, yo no voy a responder con la misma moneda. No tomaré ninguna actitud de represalia, ni tampoco voy a menoscabar al Ministro señor Aránguiz, pues lo acontecido no es de su responsabilidad.
Por consiguiente, aprobaré la designación propuesta, que es lo que corresponde, de acuerdo al espíritu republicano, porque no hay ninguna razón, ningún antecedente, ningún argumento que nos puedan inducir a votar en contra.
A la luz de los datos de que disponemos, me pronunciaré a favor, lamentando que una vez más se haya pospuesto la designación del Ministro señor Carlos Cerda.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Vamos a abrir la votación, y cada Senador que lo desee podrá argumentar su posición.
¿Le parece a la Sala?
--Así se acuerda.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Antes de abrir la votación, quiero saludar a visitantes de Pemuco, localidad de la provincia de Ñuble, y de San Marcos, localidad de la comuna de Combarbalá, de mi Región.
¡Bienvenidos, muchachos! ¡Gracias por estar acá!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).-
En votación la solicitud del Presidente de la República.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Tuma, para fundamentar su voto.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, en el proceso de nombramiento de integrantes de la Corte Suprema participa este propio Tribunal, con sus 21 miembros, para conformar una quina que se propone al Presidente de la República, quien somete a la consideración del Senado la designación que determina.
Indudablemente, en la etapa final son indispensables los acuerdos y una relación fluida entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, durante el último tiempo en ese aspecto ha habido desencuentros e incumplimientos.
Reconocemos que, como Concertación, en cierto momento hicimos un compromiso para votar por un ministro. No cumplimos, dadas situaciones que se registraron con posterioridad, debido a hechos que justificaron plenamente el cambio de opinión. Y pagamos los costos de no ser consultados en las futuras designaciones tal como se habían comprometido la Ministra de Justicia y el Presidente de la República con la mayoría del Senado. Así ocurrió con el Ministro Ricardo Blanco y con la Ministra Gloria Ana Chevesich, cuyos nombramientos igual se aprobaron.
Ahora, por los diarios nos enteramos de la propuesta del Presidente de la República que nos ocupa esta mañana, cuando ya deberían haberse normalizado el diálogo y el entendimiento con el Senado. El Primer Mandatario no lo hizo; la Ministra de Justicia, tampoco, y nos informamos por los medios de comunicación de la propuesta de designación recaída en el Ministro Carlos Aránguiz.
En esos términos, notamos claramente la reiteración de un veto a un Ministro que ha obtenido las más altas calificaciones; a un Ministro que ha sido reconocido por sus fallos y por su consecuencia en las decisiones jurídicas en el ámbito del respeto a los derechos humanos.
No obstante, dicho magistrado ha sido castigado por el Gobierno de la Derecha y por sus parlamentarios a raíz de tal comportamiento.
¡Eso es tremendamente injusto!
Un juez que ha tenido un comportamiento ejemplar desde el punto de vista de la judicatura y que, además, es consultado no solo por sus pares de la Corte de Apelaciones sino también por Ministros de la Corte Suprema sobre materias que él es capaz de resolver con mucha sabiduría no puede recibir un castigo como el explicitado.
Nadie que yo conozca ignora las capacidades de ese juez ni el aporte que significaría en la Corte Suprema.
Por esa razón nosotros no concurríamos a un acuerdo que debería haber sido objeto de un compromiso.
Sin embargo, cinco o seis Senadores de la Alianza -no el Ejecutivo- se comprometieron a, si el actual Gobierno o el próximo envían el nombre del Ministro Carlos Cerda, votar por él con entusiasmo, como lo dijo el Senador Chahuán.
Ahora bien, el Ministro Carlos Aránguiz, no obstante el antecedente de que en cierto momento fue sancionado en su calidad de fiscal, hoy día está calificado positivamente por la Corte Suprema y ha sido bien evaluado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado.
A decir verdad, no corresponde que dicho magistrado se haga responsable de los acuerdos o de los procedimientos que el Ejecutivo y el Legislativo no hayan podido concretar.
Sí, señor Presidente, debo expresar que el Partido Por la Democracia no concurrió a un acuerdo a que se llegó con parte de la Nueva Mayoría en el caso del nombramiento como Ministro de la Corte Suprema de un abogado extraño a la administración de justicia.
Nosotros opinamos que debe considerarse la designación de Daniel Peñailillo, abogado con un gran currículum. Porque ha sido profesor de profesores. Incluso, lo fue de la abogada Andrea Muñoz, quien está siendo propuesta para integrar el Máximo Tribunal.
Le profeso el mayor respeto a la señora Muñoz; tengo sobre ella la mejor de las opiniones, y pienso que está en condiciones de asumir el cargo de suprema. Pero, en mi concepto, el juez Peñailillo tiene la primera prioridad.
Por esa razón, el PPD declara que no ha participado en el referido acuerdo.
En cuanto a la designación que nos ocupa esta mañana, reitero que una eventual falta de acuerdo no se relaciona con los méritos del juez propuesto.
En consecuencia, nosotros votamos a favor del nombramiento del Ministro Carlos Aránguiz como miembro del Máximo Tribunal.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, hoy día el Senado debe resolver sobre la propuesta del Primer Mandatario para integrar la Corte Suprema con don Carlos Aránguiz.
Respecto a los méritos del mencionado Ministro, quiero señalar que ha sido funcionario judicial por más de 35 años. Partió como secretario del Primer Juzgado del Crimen de Valparaíso. Se desempeñó después en las funciones de juez titular del Primer Juzgado de Letras de Los Andes; del Segundo Juzgado de Letras de San Felipe; del Primer Juzgado del Trabajo de Valparaíso, y del Sexto Juzgado del Crimen de esta última ciudad. Luego fue fiscal de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, y en la actualidad ejerce como Ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua.
Se ha hecho mención de los atributos académicos de don Carlos Aránguiz.
Fue profesor de la Universidad de Los Lagos, de la Academia Judicial y de los cursos de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello.
Adicionalmente, se sostiene que integra la Sociedad de Escritores de Chile y la Academia Chilena de la Lengua, y que ha escrito diversos libros en el ámbito literario.
Pero yo quiero hablar también de un juez que ha debido llevar adelante sobre 100 mil causas; que nunca ha sido objeto de queja disciplinaria; que ha tenido que tramitar procesos complejos, como los casos "coimas", "MOP-Gate", "sobresueldos", "fondos reservados", y 27 causas sobre derechos humanos, asuntos en los cuales mostró una conducta ejemplar.
Debo decir, asimismo, que las causas que llevó ese magistrado permitieron mejorar algunas de nuestras regulaciones.
La dictación de la Ley de Transparencia, por supuesto, se motivó en una investigación que hizo el juez Aránguiz. De su accionar derivaron también la mayor regulación en el manejo de los fondos reservados; el cambio de legislación en el ámbito de las plantas de revisión técnica, etcétera.
Se trata de un magistrado -y lo digo con todas sus letras- que ha abierto el Poder Judicial a los ciudadanos.
Me consta cómo ha trabajado, desde su desempeño en Coyhaique, primero, y en Rancagua, luego, para abrir el Poder Judicial al acceso masivo de las organizaciones sociales y para explicar las responsabilidades de la función jurisdiccional.
Atendida su experticia, no obstante su condición de Ministro de Corte de Apelaciones, le ha correspondido desempeñar, en representación de la Corte Suprema, por encargo del propio Presidente de esta, funciones emblemáticas del Poder Judicial.
A mi parecer, hoy estamos dando lugar a un nombramiento que enorgullece al referido Poder.
Le agradezco al Presidente Piñera por esta designación, pues, sin lugar a dudas, se trata de un juez experimentado y probo; que siempre ha hecho aplicar la ley; que está alejado de cualquier tipo de activismo, y que, como señalé anteriormente, en sus 100 mil causas tramitadas nunca fue sometido a queja disciplinaria, pues su actitud siempre ha sido de apego al ordenamiento jurídico.
El juez Aránguiz -no me cabe la menor duda- va a generar respecto a la Corte Suprema un tipo de liderazgo que queremos para los próximos años.
Dicho magistrado ha señalado claramente que la capacitación es fundamental. Y también ha connotado cuánta significación tiene el acercamiento de los jueces a las realidades de las regiones.
Entre las cuestiones relevantes que ha abordado el Ministro Aránguiz están la dirección en que deben ir la Academia Judicial y la justicia de menores (esta, sin duda, requiere mejoramientos) y la forma en que deben avanzar la reforma procesal civil o los ajustes que requiere la reforma procesal penal.
Por tanto, creo que hoy el Senado hará un extraordinario nombramiento al ratificar a quien¿
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Perdón, señor Senador, pero concluyó su tiempo.
Su Señoría dispone de un minuto adicional.
El señor CHAHUÁN.-
Decía, señor Presidente, que esta mañana estamos designando como Ministro de la Corte Suprema ni más ni menos que al juez mejor evaluado de Chile.
Eso hay que decirlo: su calificación es 6,86.
Entonces, el apego a la carrera funcionaria durante 35 años es premiado con el nombramiento del Ministro Aránguiz en el Máximo Tribunal.
De otra parte, quiero decir que al menos el Senador que habla sostiene que no debe haber veto respeto a nadie para asumir un cargo de tal naturaleza.
Se ha mencionado la situación del Ministro Carlos Cerda.
Yo quiero señalar claramente que estoy comprometido a votar por él, no en función de un acuerdo político, sino porque tengo el convencimiento de que se trata de un magistrado importante y que puede aportar muchísimo a la Corte Suprema.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, estimados colegas, la proposición consistente en designar Ministro de la Corte Suprema a don Carlos Aránguiz Zúñiga habla muy bien de la decisión que tomó el Primer Mandatario, pues el nombre de dicho magistrado se había sugerido en varias oportunidades.
Como bien señaló el Senador Chahuán, se trata del juez mejor evaluado hoy día en Chile. Y eso habla muy bien de la resolución del Presidente de la República.
Considero importante también entender que se está nombrando a un magistrado que ha hecho la carrera judicial en regiones.
Hemos tenido la oportunidad de ver el tremendo trabajo que el Ministro Aránguiz realizó en la Corte de Apelaciones de Rancagua.
Se trata de un hombre que exhibe muchas características, no solo como un ser humano en el Poder Judicial, sino también como literato y persona preocupada de la situación social de quienes enfrentan problemas de pobreza en la Región. Lo digo porque he sido testigo de su tremendo trabajo en la Parroquia El Carmen, en la comuna de Rancagua.
Es un hombre que, una vez nombrado juez y, posteriormente, miembro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, se interesó siempre en ejercer con la máxima independencia la labor que le encomienda la ley.
La nominación asimismo es un honor para la Región que represento, en la medida en que el señor Aránguiz, de un prestigio impresionante, exhibe un liderazgo que es muy importante que ejerzan aquellos que tienen que cumplir con la labor de hacer justicia.
Habiendo nacido en Antofagasta -es decir, en un ámbito distinto de la Región Metropolitana-, se ha desempeñado como magistrado durante 35 años. Y nuestro actual Ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua ha sido docente universitario por más de 20 años.
Aparte ser abogado, ha cursado estudios de sociología jurídica en el prestigioso International Sociology Institute.
En su carrera judicial recorrió los grados posibles de la magistratura, hasta ser propuesto varias veces para la Corte Suprema.
Se le considera uno de los autores de las reformas estructurales acontecidas a nivel de gestión en las cortes de Apelaciones, siendo, además, uno de los que más han cooperado en la teorización e implementación de los modelos de innovación judicial.
Ha participado como ponente en diversos congresos internacionales de Derecho Judicial y es autor de innumerables publicaciones sobre el tema.
El Ministro señor Aránguiz, hijo de la educación liceana, estudió Derecho en la Universidad de Chile. Fue ayudante de la cátedra de Derecho Político y ha dedicado su vida a la docencia en la rama de Derecho Público, específicamente en las área penal y constitucional internacional. Ha cursado estudios de posgrado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y es uno de los pocos magistrados chilenos que han participado en las sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ha desarrollado una preocupación académica por la anticorrupción y ha sido permanentemente invitado como conferencista por universidades e instituciones públicas.
Asimismo, es un reconocido literato. Ha publicado nueve obras, una de ellas premiada en 1992.
Es miembro de la Academia Chilena de la Lengua y profesor de la Academia Judicial, donde se forman y actualizan los jueces.
Creo que el Presidente de la República ha hecho una gran propuesta. Les hace bien a la justicia y al Senado apoyar el nombramiento, porque estimo que será una persona que aportará mucho al Máximo Tribunal, sobre todo en momentos venideros.
Por todas estas razones, voto a favor de la proposición.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Señor Presidente, es un honor para mí aprobar la nominación del Ministro Carlos Aránguiz como miembro de la Corte Suprema.
Y ello obedece a varias razones.
En primer lugar, es un magistrado que representa, como dijo el Senador señor García-Huidobro, el sentir del Poder Judicial en regiones. Toda su carrera y trayectoria las ha desarrollado en ellas: Valparaíso, Los Andes, San Felipe -estas dos últimas son provincias que represento orgullosamente en esta Corporación-, Coyhaique y Rancagua, donde vive en forma permanente.
Creo que la mencionada es una gran señal y algo que destaco de la propuesta hecha por el Primer Mandatario, a través de la titular de Justicia, ya que es de gran importancia haber incluido un ministro de Corte proveniente de Regiones.
En seguida, al señor Aránguiz lo conocí muchos años atrás, cuando, siendo Diputada, trabajé arduamente, en mi rol de fiscalizadora, con relación al caso MOP-Gate y MOP-CIADE y sostuvimos largas conversaciones al respecto. Me formé la opinión de que era tremendamente claro, objetivo, y de que lo animaba el firme propósito de llegar hasta el final de la investigación.
Me parece muy bienvenido que dentro del Poder Judicial se desempeñen magistrados consecuentes y que sigan hasta el final en una causa, aun cuando esta haya presentado tantos ribetes políticos y presiones en el nivel de la opinión pública.
Deseo consignar que voto feliz y con entusiasmo a favor de la nominación. No tengo duda de que se tratará de un gran ministro de la Corte Suprema.
Además, quisiera adelantar lo siguiente. Se ha hecho referencia aquí a la eventual postulación del Ministro Carlos Cerda. Hago presente, más allá de acuerdos o de falta de ellos, que mi convicción completamente personal es la de apoyarla cuando llegue a esta Corporación, por estimar que es un juez que ha defendido lo mismo en que creo, que es la causa de los derechos humanos. Por lo tanto, no tengo ningún reparo, ningún reproche, ningún veto eventual a esa nominación. Solo la analizaré en su mérito, como le corresponde hacerlo a cada Senador cuando llega la propuesta del Presidente de la República.
En consecuencia, mi voto para el Ministro Aránguiz es hoy definitivo, así como también lo será en el futuro para el Ministro Cerda. Ello no es a cambio de algo; no es producto de una negociación. En mi caso personal, solo obedece a una profunda convicción de compartir los mismos ideales democráticos y de resguardo de los derechos humanos.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, pocas veces, en las instancias del Estado, los tres Poderes Públicos intervienen para un solo acto, como ocurre en este caso: el nombramiento de un Ministro de la Corte Suprema.
En efecto, el Pleno del Máximo Tribunal selecciona una quina, integrada por cinco miembros del Poder Judicial a los que juzga mejor calificados, y la envía al Primer Mandatario, cabeza del Poder Ejecutivo, quien elige uno de los nombres y lo propone al Senado para su ratificación.
Ahora bien, la discusión a que nos encontramos abocados la sostuvimos antes -se ha acalorado crecientemente- a propósito de la designación de la Ministra Gloria Ana Chevesich.
Y deseo reiterar lo que dijimos en su oportunidad: no hay buenos ni malos jueces propuestos por la Corte Suprema, como tampoco jueces que tengan la razón y otros que no la tengan, sino distintas miradas de cómo administrar justicia.
Me parece que lo señalado es lo que nos piden a nosotros al participar en el proceso. Intervienen -repito- los miembros del Poder Judicial; el Presidente de la República, soberano para determinar cuál de los cinco nombres de la quina le parece más adecuado, y el Senado, cuya ratificación es dispuesta por la Constitución Política.
Reitero que no hay buenos ni malos jueces. En la designación pasada, el punto fue debatible. Con muy buenas razones, hubo quienes apoyaron el nombramiento de la Ministra Chevesich por las causas que había fallado, en particular las más contingentes, como el caso MOP-Gate. Y, desde ese punto de vista, estaban en todo su derecho. Algunos, en cambio, tenían una visión distinta, no por esos juicios, sino por otros. En un comentado fallo, discutido en la Sala, la señora Chevesich y dos Ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago se pronunciaron sobre un recurso, habiendo ella estimado que cabía reconocerle irreprochable conducta anterior al ex Director de la DINA, Manuel Contreras. Sin embargo, los otros magistrados, en la misma sentencia, pensaron distinto. ¿Eso determina que unos son malos y otros buenos? No. Se trata de criterios distintos. Y creo que parte de nuestra función como Senadores es pronunciarnos sobre estos últimos, que no hacen a la señora Chevesich una mala ministra ni buenos ministros a los demás integrantes del tribunal.
Despejado el punto, entramos de lleno en la presente designación.
El señor Carlos Aránguiz será, con sobrados méritos, el próximo Ministro de la Corte Suprema. No me cabe la menor duda de ello. Lo que ocurrió fue solo un desencuentro ante la forma como procedió el Gobierno -e incluso, entre nosotros- a la hora de definir el candidato. El nombramiento podría haberse verificado hace mucho rato -la semana pasada-, y el magistrado hubiera pasado un estupendo fin de semana en familia celebrando lo que, en cambio, va a suceder hoy día.
Pero acá hubo, a mi juicio, un descriterio del Gobierno.
En efecto, el Presidente de la República, en el mes de septiembre, dio tres señales muy potentes en favor de los derechos humanos. Hizo referencia, primero, a los cómplices pasivos de la dictadura militar -básicamente, civiles-, que no habían asumido una autocrítica respecto de lo acontecido durante ese régimen. Segundo, afirmó que lo correcto era votar "No" en el plebiscito, y se lo mandó a decir a la candidata de su sector. Y tercero, tuvo la oportunidad de cerrar el penal Cordillera y de trasladar a los internos al de Punta Peuco.
Cabía esperar, después de esos gestos, que considerara al Ministro Carlos Cerda en la quina que le propuso la Corte Suprema. Porque, de lo contrario, se tiene la sensación de que sigue existiendo un veto al magistrado entre esos cómplices pasivos.
Ello en nada desmerece al Ministro Carlos Aránguiz. Y es preciso expresarlo públicamente, para que se elimine toda la chimuchina bajo la mesa.
Lo que estamos definiendo aquí como Senadores se relaciona con una influencia en el tipo de administración de justicia. Y nos habría gustado que el Primer Mandatario hubiera sido coherente con sus dichos de septiembre, porque, de lo contrario, no se explica la razón que concurre para estos efectos.
Termino, señor Presidente, manifestando que concurro gustoso a acoger la designación, aunque habría querido que entre nosotros mismos hubiéramos tenido más claridad, más transparencia, a la hora de discutirla, porque eso es fundamental.
Lo anterior asimismo habría permitido despejar todos los rumores de prenegociación, de acuerdo previo, de "te doy mi voto y tú me das el tuyo". El Senador que habla no ha sido consultado nunca por el Gobierno respecto del nombramiento de un Ministro. No ha llegado nunca a un acuerdo. Pero, por lo menos, ha tenido la libertad de decir lo que piensa. Y le parece que tiene que intervenir y usar el derecho que le reconoce la Constitución para definir qué criterios quiere que rijan en la administración de justicia. No hay ni buenos ni malos jueces, ni juzgadores que tengan o no razón: se trata de formas de ver la sociedad.
Y lo que hacemos en Chile acontece en numerosos países en que el Senado interviene a la hora de nombrar Ministros de la Corte Suprema, comenzando por los Estados Unidos de América.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente, voy a votar a favor de la designación del Ministro señor Aránguiz, mas quisiera hacer un comentario acerca de muchas columnas de opinión, de editoriales de algunos medios de comunicación, que cuestionan el rol del Senado en la nominación de integrantes del Máximo Tribunal.
Y el punto resulta bastante llamativo, porque, si se analiza el procedimiento establecido en la Carta, el texto dispone claramente que la decisión es compartida y comprende varias fases. Así se contempló.
Puede ser que a algunos nos guste menos o más el mecanismo. Alguien podría plantear un sistema en virtud del cual la Corte Suprema fuera autónoma en la determinación de sus miembros. Pero lo que tenemos hoy día es que son quienes la forman -se trata de reglas del juego que es necesario respetar, y, por eso, me han llamado la atención los cuestionamientos, que considero injustos- los que eligen una quina. Es algo que se lleva a cabo de acuerdo con las calificaciones, con la trayectoria, de los postulantes de las cortes de Apelaciones. Se entiende que es toda gente competente, idónea, desde el punto de vista técnico, porque se debieran evaluar aspectos que tienen que ver con el desempeño de juez.
El Primer Mandatario también cumple un rol importante: decide un nombre de la quina. Lo hace de manera totalmente arbitraria y discrecional. Y está bien que así sea, porque es su facultad. Podría nombrar al número uno o al número cinco. ¿Alguien podría cuestionarlo? No.
Y en el Senado, finalmente -ahí la Constitución es muy clara-, se requieren 25 votos, el quórum más elevado. Si media tal exigencia para ratificar el nombre que el Presidente elige de la quina que la Corte Suprema le envía a la Moneda, se precisa un acuerdo político.
Por lo tanto, me llaman profundamente la atención los reparos que hoy se formulan a un diálogo, a una negociación entre distintos sectores políticos, etapa absolutamente imprescindible si se considera que el quórum de ratificación necesariamente demanda el entendimiento de los dos grandes bloques, porque uno solo no puede resolver. Y mañana tampoco podrá hacerlo, de acuerdo con las elecciones parlamentarias recientes. Entonces, el cuestionamiento de que aquí se politiza, de que el procedimiento se está desvirtuando, me parece tremendamente injusto.
Otra cosa es que alguien exponga: "El mecanismo no me gusta y hay que cambiarlo". Ese es otro debate.
En consecuencia, la crítica en general que le haría al Ministerio de Justicia es que no consideró prácticamente nunca, en ninguna nominación, que aquí se necesitan 25 votos, además de llegar a acuerdos y consensos. Y eso justamente nos tiene, de alguna manera, en la situación en que nos encontramos.
La titular de la Cartera me dijo personalmente que no podía enviar el nombre del Ministro Carlos Cerda, porque no "tenía piso" en su propia coalición.
Destaco la coincidencia a la que hemos llegado hoy día con parlamentarios de Renovación Nacional -se encuentra presente el Honorable señor Espina- que han expresado: "No vamos a vetar a nadie". Y al Ministro Carlos Cerda probablemente se le nominará después de la votación correspondiente al cargo de abogado.
Eso es lo que quería comentar, señor Presidente, más allá de mi pronunciamiento a favor del Ministro Aránguiz. Valoro la disposición de parlamentarios de Renovación Nacional para levantar un veto -el mismo Gobierno lo asumió así- que efectivamente existió. Pero creo que es bueno que señalemos las cosas con claridad y que no se cuestione el rol del Senado, sobre todo considerando que es parte de las reglas del juego el que en esta Corporación se trate de llegar a acuerdos y consensos, así como de llevar a cabo negociaciones respecto¿
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Su Señoría dispone de un minuto para concluir.
El señor ROSSI.-
¿de un asunto que requiere un altísimo quórum. A mi juicio, ese es el punto de fondo.
Y, probablemente, para corregir errores, en el próximo Gobierno vamos a tener que generar mucho más espacio de diálogo, a fin de saber con claridad, cuando venga un nombre de parte del Presidente, que en general no va a enfrentar mayores problemas en su aprobación.
Parto de la base de que, desde el punto de vista técnico, los miembros de la Corte Suprema forman una quina de personas altamente calificadas. Pero la decisión que tomamos aquí reviste un cierto carácter político y busca establecer equilibrios, porque, más allá de que un Ministro sea muy competente, también puede tener una mirada distinta sobre diferentes temas, y eso es lo que también uno evalúa. Estimo que hacerlo así es parte justamente de nuestro ordenamiento jurídico.
Gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Puede intervenir el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, a mí me tocó participar, en nombre de Renovación Nacional, en el cambio constitucional para crear el actual sistema de nombramiento de Ministros de la Corte Suprema.
Varios colegas también intervinieron. Recuerdo a los Senadores señor Zaldívar y, por supuesto, señora Alvear, quien lo propició como entonces Ministra de Justicia.
El procedimiento me parece bueno si se usa bien, como es el caso de todos ellos, y malo si se usa mal. Y lo anterior, que parece de Perogrullo, no es baladí.
A lo que se apunta es a que se llegue con un altísimo nivel de consenso a ocupar un cargo de la importancia que reviste el ser miembro de la Corte Suprema, el Máximo Tribunal de Justicia en nuestro país. Y, por eso, participan los tres Poderes del Estado.
Creo que en la mayoría de las oportunidades, aunque la gente lo desconozca y a veces no se informe así, las decisiones han sido acertadas. Si observamos el nivel de la Corte, creo que tenemos muy buenos Ministros -sin descalificar, por supuesto, a quienes lo fueron con anterioridad-, quienes han demostrado capacidad, talento, independencia, juicio y buenos fundamentos en sus resoluciones.
El sistema funciona bien cuando se analiza la carrera del magistrado, su trayectoria y cómo han sido sus resoluciones desde el punto de vista de si ha tenido el fundamento jurídico adecuado para llegar a una conclusión. Resulta evidente que también influye si ha mostrado tendencia a una interpretación a veces más liberal o abierta de la ley, otras veces más conservadora, pero eso forma parte de la reglas del juego.
El procedimiento requiere, de parte de los Senadores, la madurez suficiente para no confundir ese análisis de la trayectoria de un magistrado, incluyendo la forma como fundamenta sus resoluciones, con el veto que se hace por haber dictado un fallo, en un sentido u otro, que no les gusta.
Eso ha ocurrido: ha habido jueces vetados.
Quiero recordar que el señor Juan Manuel Muñoz fue vetado después de un acuerdo -¡de un acuerdo!-, porque a algunos no les gustaban sus resoluciones. Y eso me pareció aberrante.
A mi juicio, cualquiera que vete a un magistrado porque no le agrada cómo falló una materia específica está cometiendo un tremendo error, pues está inmiscuyéndose en un ámbito de competencia que no le es propio. Distinto es analizar si en sus fundamentos, en sus razonamientos para dictar una sentencia, siguió cierta lógica de interpretación de la ley, aun cuando uno no la comparta, y por supuesto, sus antecedentes académicos, su trayectoria, si ha sido objeto de recursos de queja, etcétera.
Esta es una materia en la que siempre habrá que conversar. Por lo tanto, aquellos que creen que no hay diálogo están equivocados, porque reunir los dos tercios requiere acercamiento y acuerdo. Así fue pensado el sistema. El propósito es que una mayoría política o un Gobierno, en un momento determinado, no imponga los jueces que quiere. Justamente, el quórum de los dos tercios tiene por objeto generar un amplio consenso sobre los méritos de un magistrado.
Y voy a plantear dos consideraciones más.
La primera es que el juez Aránguiz reúne sobremanera los requisitos para llegar a la Corte Suprema. Su trayectoria es intachable. Ha sido un gran magistrado. La exposición que hizo en la Comisión de Constitución fue notable: con coraje y valentía mencionó aquellas cosas que funcionan mal, para mejorarlas, valoró las que funcionan bien, para perfeccionarlas. Fue una de las mejores intervenciones que he escuchado en muchos años en el mencionado órgano especializado.
Por consiguiente, el Presidente de la República hizo bien en proponer su nombre. También lo hará bien el que proponga al Ministro Cerda, porque es un gran magistrado. Yo voté a su favor la vez anterior. Más allá de que uno pueda compartir o no las decisiones judiciales finales que él ha adoptado -aunque yo he coincidido con buena parte de ellas-, su análisis jurídico, desde el punto de vista de la interpretación que un juez, dentro de su leal saber y entender, puede hacer del Derecho, ha sido correcto.
Nosotros hemos dicho -porque las cosas hay que transparentarlas- que hemos conversado con la Concertación. Y, claro, estos temas se conversan. No nos engañemos: en estas materias no se puede llegar a acuerdo por Twitter. Hay que dialogar. Y hemos sostenido que hay Senadores de Renovación Nacional en número suficiente para que, si el Presidente Piñera o la próxima Presidenta de la República, Michelle Bachelet, proponen al Ministro Cerda, él contará con los votos suficientes de mi partido para ser ratificado, porque nos parece que sería un buen Ministro de la Corte Suprema, la cual, además de tener jueces de calidad, debe representar una diversidad.
Por esas razones, señor Presidente, nos alegramos muchísimo de que hoy el Senado pueda aprobar el nombramiento del juez Carlos Aránguiz. Y nos alegraríamos muchísimo también de que el día de mañana la Cámara Alta pudiera aprobar el nombramiento del magistrado Carlos Cerda, quien reúne los atributos y méritos para ser un gran Ministro de la Corte Suprema.
Lo que no puede ocurrir -y con esto concluyo- es que alguien pretenda designar como integrantes del Máximo Tribunal, de aquí en adelante, solo a aquellos que hayan fallado como él habría fallado, porque eso sería inmiscuirse absolutamente en las atribuciones del Poder Judicial.
De hecho, a mí me ha tocado votar a favor de jueces que en la aplicación de muchas normas, particularmente de la norma penal -y no estoy hablando de casos de derechos humanos-, han tenido una interpretación distinta de la que yo habría tenido si hubiese conocido esa causa. El punto es que ellos eran los jueces, no yo. Son Ministros que han aplicado un criterio que, en mi opinión -no obstante diferir en la conclusión-, da cuenta de un razonamiento que se halla bien construido. Y este es un elemento que no podemos olvidar.
Por todo lo anterior, señor Presidente, voto a favor del nombramiento del Ministro Aránguiz, y sostengo -es lo que conversamos, para dejar las cosas "pan, pan; vino, vino"- que, de ser propuesto, el Ministro Cerda contará con votos suficientes de parte de Renovación Nacional para su nombramiento, en virtud de sus méritos y aptitudes, que lo hacen digno de llegar a la Corte Suprema después de una larga trayectoria.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, hoy hemos sido convocados con la finalidad de votar la proposición del Presidente de la República para nombrar Ministro de la Corte Suprema al magistrado de la Corte de Apelaciones de Rancagua señor Carlos Aránguiz.
A la luz de los antecedentes que obran en nuestros escritorios acerca de su carrera judicial y sobre los fallos que hemos conocido, algunos de los cuales han alcanzado impacto público, creo que estamos frente a un juez de primer nivel, de gran capacidad, por lo que su presentación ante este Honorable Senado, para su ratificación, constituye un acierto del Presidente de la República.
Por lo tanto, votaré favorablemente.
Por lo mismo, quiero rechazar con mucho vigor la falta de nobleza que se le ha imputado al Jefe del Estado al proponer al Ministro Aránguiz. Se trata, a mi juicio, de una acusación claramente injusta e infundada. Injusta, por cuanto significa atribuirle intereses subalternos en una materia tan fundamental como la proposición de un nombre para integrar la Corte Suprema.
En nuestro ordenamiento institucional, disponemos, como se ha expresado latamente aquí, de un mecanismo para llevar adelante el proceso de nombramiento, donde participa la Corte Suprema, que presenta una quina, y el Presidente de la República, que hace valer su criterio. A alguien podrá no gustarle su razonamiento y, por lo tanto, tiene el legítimo derecho a votar en contra, pero atribuirle determinada intencionalidad me parece absolutamente injusto.
Además, aquella acusación es infundada, porque los méritos del Ministro Aránguiz hablan por sí solos y están por completo acordes a lo que se espera de las personas que van a integrar nuestro Máximo Tribunal. Tanto es así, que va a recibir un amplio respaldo del Senado.
Así que quiero reiterar que la acusación que se le ha formulado al Presidente de la República es bastante injusta e infundada. Yo lamento mucho que quien la efectuó no se halle presente en la Sala en este momento. Y, en caso de ser aceptada, significaría que cualquiera de nosotros podría acusar al Primer Mandatario, quienquiera que este fuese, por proponer a alguien que no es de nuestro gusto.
Hace algún tiempo no se incorporó a la Ministra Campusano, y nadie en esta Sala planteó la existencia de intereses subalternos. Claramente dijimos que el Presidente de entonces había adoptado una decisión siguiendo un criterio político que no nos gustaba, pero que a él le asistía el legítimo derecho a hacer uso de ese criterio para designar a determinada persona en la Corte Suprema.
A pesar de que en determinado momento se propuso al Ministro Pfeiffer y al Ministro Muñoz, ello no se dio por razones de carácter absolutamente político, lo que a mí me parece legítimo. Uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero jamás debe buscar acusar a alguien de tener una intención subalterna en esta materia. Eso, a mi juicio, no le hace bien a este debate.
Cuando en un nombramiento participa la Corte Suprema -y esto lo ha dicho tanto el Senador Espina como el Senador Rossi-, ella lo hace conforme a un análisis técnico-jurídico respecto de quienes van a ser sus integrantes. No obstante, la decisión del Primer Mandatario y del Senado, sin duda, lleva un componente de política, de criterio al abordar el tema. Y yo espero que siga siendo así, para que podamos discutir los criterios que, a nuestro juicio, tienen que estar presentes en la designación de los Ministros de la Corte Suprema.
Por tanto, señor Presidente, ya que no me queda más tiempo,¿
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Dispone de un minuto adicional, señor Senador.
El señor PÉREZ VARELA.-
¿ solo me resta decir que voy a votar favorablemente esta propuesta, la que considero positiva y permitirá incorporar hoy día a un gran Ministro al Máximo Tribunal.
Esperamos que en los futuros debates estén presentes en forma permanente estos elementos como algo central, para poder elegir siempre a alguien que, más allá de si nos gusta o no nos gusta, cuente con méritos suficientes para integrar el más Alto Tribunal de nuestro país.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, pienso que las intervenciones que me han precedido y la votación que se está registrando indican que se resolverá muy razonablemente bien el nombramiento del Ministro Carlos Aránguiz como integrante de la Corte Suprema.
Hasta donde yo entiendo, será una designación unánime por parte de esta Sala, lo cual me alegra porque nos permite -como se decía- zanjar una inquietud que puso en cuestionamiento el propio sistema de nombramiento de miembros del Máximo Tribunal.
Participé en la reformulación de este mecanismo en su minuto, y me parece que quedó bien. Le da mucha fuerza a un Ministro de la Corte Suprema tener el apoyo de su institución, del Ejecutivo y del Senado. Nada más fuerte que ello para poder actuar de manera independiente por muchos años.
Y en lo referente al Ministro Aránguiz, por todo lo que se ha señalado aquí, considero que estamos frente a una designación que hace justicia a la trayectoria de un juez que ha tenido que pasar por momentos difíciles. El resolver casos como el "MOP-Gate" hizo que fuera cuestionado en varios aspectos. Porque, efectivamente, a los magistrados les toca pronunciarse sobre materias como esa. No eligen los casos ni pueden rehuir hacerse cargo de los procesos judiciales.
En definitiva, los jueces deben actuar, y lo único que uno les pide es, no que fallen del modo como uno quisiera, sino que lo hagan en conciencia y aplicando la ley, el Derecho, por cuanto esa es su responsabilidad. Y estimo que el Ministro Aránguiz, como muchos otros, ha actuado en forma debida, en forma razonable. Su exposición en la Comisión de Constitución así lo confirma.
Además, me parece muy sensato que personas que incluso pudieron verse afectadas por algunos de sus fallos tengan la capacidad de valorarlo y respaldarlo.
Ahora bien, se ha cuestionado la naturaleza de la función del Senado. Sin embargo, creo que es muy delicado utilizar mal el instrumento de participación que tiene, convirtiéndolo precisamente en un juicio político, como muchas veces aparece de las fundamentaciones de por qué se aprueban o se rechazan ciertos nombramientos. A mi entender, lo peor que nos puede pasar es que pongamos la calidad del fallo -"si acaso me gusta o no me gusta"- como criterio para designar a un Ministro de la Corte Suprema, porque eso realmente hace que él pierda su independencia. Pareciera que quienes pretendan llegar a dicho Tribunal tendrán que votar conforme a la voluntad del Senado, lo cual sería completamente destructivo.
Aclarado que ese no es el espíritu, solo queda despejar lo que ha ocurrido con la situación del Ministro Carlos Cerda.
Nosotros, los Senadores de estas bancadas, hemos votado al menos en dos oportunidades rechazando propuestas de este tipo presentadas por el Ejecutivo: una fue la relacionada con Milton Juica. Ello se debió a un procedimiento indebido utilizado por el Presidente de la República de aquel entonces para proponerlo. Tan así ocurrió que la solicitud posterior, que se esclareció debidamente y se conversó en forma oportuna, no tuvo ningún problema para recibir nuestros votos.
En el caso del Ministro Carlos Cerda, lejos de existir un veto, hubo algunos antecedentes objetivos que tuvimos a la vista en su minuto.
Debo precisar que conozco a dicho Ministro, porque hemos compartido la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica durante muchos años. Tengo la mejor opinión personal de él; pienso que es un buen juez. Sin embargo, cuando uno participa en el nombramiento de un miembro de la Corte Suprema, pide algo más.
Él, entre otras cosas, obtuvo durante largo tiempo -entre 1995 y 2005- un récord de calificaciones negativas. Él mismo aceptó que permaneció en el tercio inferior respecto de sus pares, que fue mal calificado. ¿Por qué? Porque llevó a cabo procedimientos muy polémicos. Primero dijo (algunos, incluso, la llamaron "doctrina Cerda") que las leyes eran vinculantes para los jueces solo si respetaban los derechos esenciales.
Esa es una teoría discutible porque, evidentemente, un tribunal puede declarar inconstitucional una ley si está en contradicción con los derechos esenciales que garantiza la Carta. Pero no era exactamente eso lo que él afirmaba. Estaba más en la doctrina de los derechos internacionales, de los derechos humanos, que conforme a nuestra Constitución o a los tratados internacionales que hemos firmado. Y esa doctrina deja a los jueces en una situación de mucha discrecionalidad en la aplicación de la ley.
¿Me concede un minuto adicional, señor Presidente?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Un minuto, señor Senador.
El señor LARRAÍN.-
Gracias.
Además, parte de los borradores de los exhortos que él envió en varias ocasiones fueron dados a conocer a personas ajenas al Poder Judicial, hecho que también contradice la necesaria reserva que debe observar un juez en la tramitación de sus procesos.
Y finalmente, en casos concretos, como el relativo al proceso de la jueza Grimberg, cuando el Ministro Cerda ordenó la incautación de fichas médicas, estas fueron conocidas después por la prensa.
Es decir, aquí no ha habido una objeción. Yo lo que más quisiera es que el Ministro Carlos Cerda llegara a la Corte Suprema, pero me parece que es necesario que se aclaren estos hechos.
Tengo la impresión de que sus calificaciones posteriores han sido de otra naturaleza. Y, siendo así, pienso que se abre la posibilidad de que lo nombremos. No hay acá un veto para él. A mi juicio, su situación tiene que ver más con elementos objetivos, que fueron los que nos motivaron a muchos a rechazar su designación en el pasado. Lo digo porque considero que es justo limpiar su nombre.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, es muy importante la decisión que estamos tomando -ello resulta evidente, algo de sentido común-, porque los tribunales de justicia, y particularmente la Corte Suprema, han jugado en los últimos años un rol que, en mi opinión, es muy valorable: han reparado y restablecido la justicia en situaciones donde el poder administrativo, el poder central muchas veces se vio doblegado por los intereses económicos.
Eso hemos podido apreciarlo especialmente en materia de derechos de los ciudadanos, como son aquellos aspectos vinculados a las isapres, o en resoluciones ambientales que han restablecido el Estado de Derecho cuando la autoridad se ha prestado para un verdadero saqueo de los derechos ambientales de las comunidades y de la población en función de privilegiar intereses económicos.
Yo quiero valorar aquello, como, asimismo, la llegada a la Corte Suprema del Ministro Sergio Muñoz, quien, a mi juicio, representa en cierta forma un proceso de renovación, al igual como el accionar que han tenido los últimos Ministros en comparación con lo que ocurría en tiempos de la dictadura, cuando nuestro Tribunal Superior mantuvo silencios -silencios cómplices- que fueron dramáticos.
Por eso, no tengo ningún tipo de objeción en que hoy día se nomine al juez Aránguiz en calidad de miembro de la Corte Suprema.
Creo que eso está en la línea de lo que hemos venido discutiendo en el último tiempo, de jueces con compromiso social, que cuenten con una larga trayectoria, irreprochable e intachable desde el punto de vista de sus fallos; que exhiban una carrera meritocrática, empezando de abajo para arriba, desde las regiones.
Y, evidentemente, el señor Aránguiz se inscribe en la lógica de lo que deben ser esos Ministros, de la diversidad y de la no intervención de un poder político como este en las decisiones del Poder Judicial.
Pero, con la misma fuerza, deseo manifestar que observo una actitud absolutamente incoherente por parte del Gobierno y un veto explícito al Ministro Carlos Cerda, porque él tiene todos los méritos que exhibían casi todos los que fueron propuestos para la Corte Suprema, pero con un elemento adicional: tuvo coraje, mientras otros muchos -inclusive algunos de ellos presentes- no tuvieron la voz fuerte para denunciar hechos reprochables en materia de violaciones a los derechos humanos.
Y no cabe duda de que la principal acción que se cuestiona a este Ministro Carlos Cerda es su compromiso intransable y porfiado por los derechos humanos.
Entonces, valoro mucho la decisión del Presidente Piñera de cerrar el penal Cordillera -símbolo de la violación a los derechos humanos- y haya resuelto llamar "cómplices pasivos" a aquellos que todavía no logran reconocer el accionar brutal, dictatorial y violador de tales derechos durante la dictadura de Pinochet; pero, a la vez, demostró incoherencias, porque se trata de actos simbólicos. Y el Primer Mandatario y su Gobierno tuvieron posibilidad de hacer acciones concretas precisamente para premiar a quien, cuando muchos callaban en el Poder Judicial, tuvo la capacidad de sacar la voz y darle dignidad a dicho Poder del Estado.
Por lo tanto, considero absolutamente cuestionable que el Ministro Carlos Cerda haya sido vetado por la actual Administración, lo que refleja que su compromiso con los derechos está en lo simbólico y no en el plano de lo concreto.
Evidentemente, reitero que esto es del todo ajeno con el juez Aránguiz, por lo cual yo, con mucho interés y compromiso, voto a favor.
Quisiéramos que se terminaran estos dobles estándares y discursos y de formularse cuestionamientos que son más bien marginales, pues lo que de verdad está en cuestión aquí es que lamentablemente todavía no hay una convicción clara en este Hemiciclo respecto de aquellas personas que en el pasado lucharon por los derechos humanos y dignificaron al Poder Judicial, mientras otros no lo hacían y más bien atentaban contra él, al mantener esos silencios cómplices.
Esperamos que quien en esta oportunidad no ha sido propuesto, a pesar de poseer los mismos méritos de sus pares y haber obtenido de ellos una excelente votación -como ha dicho el Senador Espina, en cuya palabra confío-, a futuro el Ministro Carlos Cerda pueda integrar la Corte Suprema, porque forma parte de la diversidad necesaria; y considero bueno que el Poder Judicial tenga en su interior a quien es un emblema y que luchó cuando otros callaban respecto de la defensa de los derechos humanos, uno de los valores fundamentales de la sociedad.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente, lo primero que deseo expresar en la Sala es que en el transcurso de la sesión en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia tuvimos la oportunidad de escuchar al Ministro Aránguiz, a quien consulté su opinión sobre tres materias que me parecían de la mayor relevancia a la luz de las iniciativas legales que el actual Gobierno presentó al Congreso Nacional y que en estos momentos estamos discutiendo precisamente en la Comisión de Constitución. Y lo hice, porque la opinión de un postulante a la Corte Suprema me parecía de la mayor envergadura. Me refiero, específicamente, a las modificaciones al proceso penal, al rol del Poder Judicial en dicho proceso y al papel del Ministerio Público y la coordinación de este con las policías y también con la academia judicial en cuanto a la actualización de las materias que dicha academia debe tener para la adecuada formación de los jueces, a fin de que cumplan la labor que les compete.
En efecto, el Ministro señor Aránguiz fue extraordinariamente honesto en calificar algunas materias de alta complejidad en forma negativa desde el punto de vista del incumplimiento o más bien referirse a falencias que él notaba que se producían fundamentalmente en áreas de coordinación y, al mismo tiempo, sobre la importancia que tenía mejorar esa relación tan necesaria, especialmente en términos de las pruebas que se presentan a los jueces para los efectos de fallar en forma adecuada.
Por otra parte, junto con adelantar que mi voto será favorable al Ministro señor Aránguiz para que llegue a la Corte Suprema, quiero hacer referencia al método del que estamos haciendo uso para nombrar a los Ministros del Máximo Tribunal.
Cuando fui Ministra de Justicia del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, me correspondió hacer una modificación muy importante en relación con el nombramiento de los Ministros de la Corte Suprema y la incorporación a ella de abogados externos al Poder Judicial, en aras de que este quedase integrado no solo por magistrados que tuviesen una carrera destacada dentro de tal Poder del Estado, sino que también pudieran incorporarse profesores de la academia o abogados externos para contribuir, desde el punto de vista de la doctrina, al enriquecimiento de los fallos que la Corte Suprema debe emitir para, efectivamente, sentar jurisprudencia en distintas materias que son relevantes. Y para los efectos de que el peso de los Ministros que lleguen a la Corte Suprema fuese de tal envergadura, la participación de los tres poderes del Estado resultaba importante.
Me correspondió como Secretaria de Estado participar en los primeros nombramientos, junto con el Presidente Frei, naturalmente. Y debo decir algo muy importante. Para los efectos de poder tener un resultado positivo en esto, a mi juicio, el diálogo es un procedimiento adecuado, que se ocupa, por lo demás, en otros países con mucho éxito. La Corte Suprema elabora las quinas sobre la base de los criterios que tiene al respecto. Luego viene un proceso en que el Presidente de la República elige de una quina a alguien que debe ser ratificado por un quórum altísimo en el Senado.
Pues bien, para los efectos de que no haya tensión entre el nombramiento del Presidente de la República y la Cámara Alta es trascendental el diálogo antes del envío del nombre al Senado. Y en ese contexto, tal acto no es para condicionar a un candidato, sino para testear cuáles son las personas que no signifiquen un problema, a fin de que, antes de que se haga la proposición, los medios de comunicación no pasen meses poniendo en tela de juicio sus nombres, sus fallos o sus personas.
Ese procedimiento me parece complejo.
Distinto es que para la quina existan los diálogos necesarios antes del nombramiento.
El Presidente Piñera está terminando su mandato. Pero, para futuros nombramientos mientras dure su gestión, así como los que propondrá la Presidenta Bachelet, quizás -y esto a título de experiencia de lo que ha ocurrido en estos últimos años- quizás sería prudente tener ese diálogo con antelación al envío del nombre. Con ello, se evitaría el desagrado que puede significar para cualquier magistrado el que durante un largo tiempo en los medios de comunicación -incluso antes del conocimiento de los Senadores- se hable del nombre de una persona, la que queda sujeta a editoriales, a artículos, a opiniones en uno u otro sentido, lo que en realidad no merece ningún postulante a la Corte Suprema.
Y como el diálogo debe ser entre todos los Senadores, me parece mucho mejor que se tenga antes del envío del nombre que va a sugerir el Presidente de la República, para los efectos de un correcto procedimiento que, insisto, me parece el adecuado para dotar a los miembros de la Corte Suprema de la debida legitimidad.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, los antecedentes profesionales del señor Carlos Aránguiz los ha expuesto con claridad quien preside la Comisión de Constitución, el Senador señor Patricio Walker, y han sido mencionados también por varios otros colegas, especialmente por el Honorable señor García-Huidobro, el cual representa a la Sexta Región, de donde proviene este magistrado.
No cabe duda de que los últimos nombramientos han sido muy controversiales. Como ya se señaló, han merecido editoriales de muchos medios de comunicación, los que han objetado un poco el proceder del Senado y el hecho de que algunos colegas analicen los fallos de los jueces antes de pronunciarse.
Está claramente establecido que en el nombramiento de un integrante del más alto tribunal de justicia de nuestro país participan los tres Poderes del Estado, cada uno con sus facultades propias. El primero que interviene es la Corte Suprema, que forma una quina, en conocimiento de la larga historia de estos jueces. Y esa decisión por supuesto que es muy disputada y muy analizada por los 21 miembros del Máximo Tribunal. Luego esa quina va al Presidente de la República, quien la somete a otro análisis, para, posteriormente hacerla llegar al Senado.
Creo de nuestro deber preocuparnos de los méritos profesionales y del desempeño de estos jueces a través de la larga carrera que han tenido, y no revisar los fallos que han dictado o los votos que han emitido en cada una de las instancias de un proceso.
Cuando a nosotros nos corresponde votar las iniciativas de ley, también nos encontramos con que muchas personas están en desacuerdo con lo que hemos hecho. Pero ellas ven solamente una parte. Uno aquí, al analizar un proyecto -que a veces se estudia meses y meses-, sabe las consecuencias de cada uno de los artículos que aprueba. La ciudadanía en general carece de esos antecedentes.
Ahora bien, los expedientes que les corresponde analizar a los jueces a veces son largos tomos con antecedentes y declaraciones de muchos testigos. Y uno solo conoce el fallo final. Es injusto que nosotros califiquemos la sentencia sin haber tenido esos documentos en nuestras manos y que ellos han estudiado latamente.
Por eso, no nos corresponde a nosotros inmiscuirnos en las resoluciones que han emitido los jueces, sino estudiar los méritos profesionales de ellos en el Poder Judicial y también en la universidad o en otras actividades en que les ha correspondido participar a lo largo de su vida.
En mérito a lo señalado anteriormente, voto a favor de la designación, acatando lo que nos corresponde como Poder del Estado y en el convencimiento de que el magistrado señor Aránguiz posee de sobra los méritos requeridos para el cargo.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, al fin y al cabo resultó más expedito y más tranquilo y reposado tener este debate el día lunes. Ello nos ha permitido profundizar en un tema complejo y una preocupación del más alto nivel, como es el nombramiento de un supremo. Creo que fue mejor que hacerlo el día miércoles a última hora y atropelladamente.
Como dijimos, aquí hubo una crítica de procedimiento. La Ministra de Justicia se encuentra en una situación particular. Aprovechamos de felicitarla y de desearle que le vaya muy bien en su pre y posnatal. Pero el MAS no fue consultado.
Hay una norma: se consulta a los partidos, se da a conocer el parecer antes del envío del nombre por parte del Presidente de la República, para que no se note tanto el presidencialismo monárquico. Todos sabemos que lo puede nombrar igual, sin ni siquiera consultarnos. Pero, la verdad es que a veces las cosas, conversadas, se suavizan.
Como se dijo aquí, hubo un acuerdo -o, más bien, una conversación- con la Concertación. Lo señaló el Senador señor Espina. Yo esperaría que de aquí en adelante la Derecha entienda que de la Nueva Mayoría la Concertación es solo una parte de ella. Ello con la finalidad de que las conversaciones, al menos en el Senado, se realicen con todos los integrantes de la Nueva Mayoría, que incluye al MAS.
El Presidente de la República nos ha propuesto una quina. Del informe de la Comisión, se desprende que hubo una votación en la Corte Suprema. El Ministro señor Carlos Cerda obtuvo la primera mayoría, con diez votos. El juez Aránguiz alcanzó la quinta mayoría, con cinco votos. Pero este fue propuesto. Es decir, no obstante ser el señor Cerda el más votado, el Primer Mandatario estimó preferible proponer el nombre de don Carlos Aránguiz. Considero que en ello, claramente, hay una decisión política, que yo respeto, pues es el Jefe de Estado quien decide a qué persona priorizar.
Don Carlos Aránguiz lleva más de 33 años en el ejercicio de la potestad judicial. Jamás ha habido una queja sobre su cometido.
Se afirmó en la Comisión algo que me parece muy bien: que no cree en los "jueces estrella". Y de su currículum se desprende que ha hecho una carrera judicial extraordinaria, positiva, que llama, por cierto, a la aprobación.
Los Ministros de la Corte Suprema ejercen hasta los 75 años de edad. Acaba de ser nombrado Presidente del más Alto Tribunal don Sergio Muñoz, que es uno de los Ministros más jóvenes. Los Presidentes de la Corte Suprema no son reelegibles.
Tenemos como misión ahora votar la propuesta del Presidente de la República.
Renovación Nacional, a través del Senador señor Espina, ha señalado su voluntad positiva de reparar lo que, en mi opinión, es una discriminación y un veto inaceptable en contra del Ministro Carlos Cerda. Yo le creo al Senador Espina. Otros colegas se han manifestado en igual sentido, entre ellos, el Senador señor Hernán Larraín. Y me parece adecuado. No creo que haya la posibilidad de establecer vetos en el Senado para elegir a un juez. Creo en las opiniones.
Tampoco elegimos a los jueces porque se pronuncian en sus fallos igual como pensamos. En particular, el juez Aránguiz planteó en la Comisión que él cree que la reforma procesal penal es excelente. Yo tengo algunas observaciones. Pienso que tiene que ser revisada. ¿Quién fiscaliza a los fiscales? Después de un tiempo de maduración, ello requiere un reestudio. No ha sido todo lo que esperábamos. Lo digo particularmente respecto de fiscales que tienen a líderes mapuches dos, tres años en la cárcel para luego decirles: "Nos equivocamos". Y esos líderes salen libres de manera absoluta. Al respecto, los fiscales han tenido una actuación que en algún minuto vale la pena revisar.
Se ha cuestionado el procedimiento conforme al cual se nombra a los jueces; pero aquí ya se ha dicho que obedece a un acuerdo en que participaron los Senadores señora Alvear y señores Espina y Zaldívar. Me parece un buen mecanismo para nombrar a los jueces. No hay otro. Y considero que lo debemos utilizar.
Por último, está el debate entre la conciencia y la ley. Yo soy de los que creen que los jueces deben conciliar lo que dice la ley con su conciencia. Eso es clave. Porque son humanos. Por eso se los elige: no solo por la aplicación de la ley, sino también por la conciencia íntima, valórica. Y eso no exige total coincidencia.
Señor Presidente, voto a favor del juez Aránguiz, porque entiendo que el señor Carlos Cerda va a tener los votos necesarios en el Senado para ser nombrado Ministro de la Corte Suprema, con lo cual se va a reparar una postergación y un veto inaceptables.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, voy a votar a favor del señor Aránguiz. Creo que después de las intervenciones hechas aquí y del informe que nos entregó el Presidente de la Comisión de Legislación, queda claro que el juez Aránguiz tiene los méritos y cumple con todos los requisitos necesarios para poder ascender al cargo máximo dentro del Poder Judicial, que es ser Ministro de la Corte Suprema.
Voto con absoluta convicción y con madurez. Creo que el Senado en general, salvo excepciones, ha procedido correctamente de acuerdo con su facultad constitucional. Y si se rechazó algún nombramiento, también ello está dentro de nuestras atribuciones. Nuestro mandato constitucional no consiste solo en aprobar. Podemos aprobar y rechazar, y discernir sobre cada caso que se nos presente.
Ahora bien, respecto de este tema, me alegra el debate que se ha producido.
Puede que el Ministro Aránguiz haya sido víctima de lo que ha pasado en la prensa por su posible designación como integrante de la Corte Suprema. Por supuesto, ha estado en la palestra durante todo este tiempo (que se lo nombraba, que no; que había negociaciones, que no las había). Sin embargo, se ha producido un efecto muy positivo, de justicia: ha quedado claro que el Senado, y también el propio Presidente de la República, han cometido un error con don Carlos Cerda, que necesita ser reparado.
Creo que precisamente el nombramiento del Ministro Aránguiz ha permitido clarificar un acto que no ha sido de justicia respecto a don Carlos Cerda, quien debió haber ascendido hace mucho tiempo al cargo de Ministro de la Corte Suprema, y asumir un compromiso sobre el particular.
Él vino en una quina; sufrió la negativa del Senado; no tuvo posibilidad de ser nombrado. Ha aparecido en muchas cinquenas durante el último tiempo, pero el Presidente de la República no lo ha nominado, sino que ha escogido a otros, con o sin justicia.
Quiero agradecer al señor Aránguiz porque, debido a su nombramiento, podremos enmendar algo que tendríamos que haber corregido antes. Ese es nuestro compromiso: si en la próxima propuesta presidencial viene el nombre de Carlos Cerda -ojalá que así sea-, resolveremos esta situación de una vez por todas.
Una última reflexión, señor Presidente: mientras escuchaba este debate, que se ha repetido en varias oportunidades, hacía un poco de memoria acerca del procedimiento que existía antes en el Senado para el nombramiento de autoridades, que después se modificó por la Ley de Transparencia en el sentido de tener que decir lo que vamos a hacer.
Había una norma permanente en nuestro Reglamento en cuanto a que todo lo referente a nombramientos debía zanjarse en votaciones secretas y sin discusión. Porque el debate que realizamos a cabo en la Sala en estas designaciones normalmente nos lleva a darle a este acto una connotación política mayor a la debida.
Cuando la votación era secreta no existía discusión, y cada uno votaba en conciencia sobre cómo creía que debía proceder en todo lo relacionado con nombramientos de personas o con su juzgamiento en las acusaciones constitucionales.
A lo mejor sería bueno pensar seriamente en revisar el procedimiento de designación de los Ministros de la Corte Suprema, con el objeto de evitar un debate político y centrarnos realmente en la decisión de cada uno, en la convicción de que se actúa de acuerdo a nuestra obligación desde el punto de vista constitucional.
Voto, por tanto, por el nombramiento del Ministro Aránguiz, y espero hacerlo también próximamente por el Ministro Cerda.
Gracias.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Antes de cederle la palabra al Senador Ruiz-Esquide (¡el más joven de la Sala¿!), aprovecho de saludar a los jóvenes de la escuela Isla de Yáquil, comuna de Santa Cruz.
¡Bienvenidos!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, gracias por la juventud acumulada que me ha atribuido.
Como ya se ha dicho, todos vamos a votar por el señor Aránguiz; sin embargo, permítame formular algunas observaciones.
La reforma que se hizo en el último tiempo en esta materia llevaba implícita la convicción de que era necesario que los tres Poderes del Estado participaran en estos nombramientos.
Entonces, la Corte Suprema da a conocer sus puntos de vista en forma amplia, clara y sin ningún problema. El Presidente de la República utiliza el derecho que le otorga la Constitución y ejerce las facultades que le son propias, como la conducción del país, que utiliza también cuando elige a una persona.
Pero hay algo que cambiamos, como mencionó el Senador que hizo uso de la palabra antes que yo. Y comparto absolutamente el juicio de que no se puede efectuar una votación abierta sobre el nombramiento de un Ministro en forma transparente, con discusión, con análisis, con pros y contras.
Creo que eso no corresponde, primero, porque imprime cierto agravio a quien postula. ¡Seamos claros!: Decir que alguien es una gran persona o una figura importante y que, por lo tanto, se va a votar por ella, está muy bien. Pero cuando se hacen críticas, resulta bastante desagradable.
Existe un asunto que siempre me ha preocupado, y he buscado la manera de modificarlo: el nombramiento de personas, con nombres y apellidos, en cargos cuyo ejercicio en un momento determinado puede afectar a los que votan de un modo o de otro, no es bueno para la convivencia.
Digámoslo con claridad, ya que se habla con tanta transparencia: ¿qué pasaría si mañana alguien de la Corte Suprema tuviera que juzgarme por cualquiera de mis actos? Obviamente, si voto en contra del nombramiento de un Ministro no le puedo exigir después que sea relativamente justo o algo parecido.
Por eso -es probable que la presente sea mi última votación en esta materia-, aunque señalo que votaré a favor, creo que estamos cometiendo un tremendo error.
En alguna parte leí una cosa bastante tremenda respecto de la transparencia. Hay una sola cosa peor que no ejercerla: usar la transparencia como instrumento poco menos que sagrado y que resuelve las cosas bajo esa perspectiva.
Somos seres humanos; debe haber coincidencia entre lo que debe hacerse y las posturas de quienes votan.
Me pronunciaré a favor por los méritos que corresponden.
En segundo lugar, la mitad del debate no ha sido sobre el señor Aránguiz, sino sobre don Carlos Cerda. Cualquiera diría que habría que votar por los dos simultáneamente (esa pareciera ser la parte importante de la discusión), pero como eso no se puede, votamos por el señor Aránguiz.
Ahora, es algo bastante extraño este voto "fresco" o "en verde" para cuando se proponga al señor Carlos Cerda.
Tampoco es un buen procedimiento, porque la próxima vez habrá un Congreso absolutamente distinto y nadie puede asegurar que los Senadores en ejercicio en ese momento mantendrán lo que aquí se ha prometido, pues no es posible saber si los nuevos integrantes pensarán de esa manera.
En tercer término, reitero que considero un error muy grande (tratándose del señor Cerda, del señor Aránguiz o de quien venga) hacer nominaciones con nombre y apellido, de gente concreta, que muy probablemente en determinado momento volverá a encontrarse con sus detractores o con quienes votaron en contra.
Pero no vamos a hacer cuestión de ello ahora. Y no sé si tendré tiempo de proponer una modificación sobre la materia solo para efectos de que alguna vez se vuelva a discutir.
Voto que sí.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker, para fundamentar el voto.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Señor Presidente, la Constitución Política de la República requiere el voto conforme de dos tercios de los Senadores en ejercicio a fin de ratificar un nombre propuesto para integrar la Corte Suprema.
Y por lo que he escuchado de las intervenciones, en el caso de don Carlos Aránguiz habrá unanimidad. Ello habla bien de la capacidad de dialogar, de debatir, de contrastar puntos de vista y de buscar un acuerdo en la Corporación que requiere esta forma de nombrar a un ministro del Máximo Tribunal, como lo voy a señalar.
Me sumo a lo que ha dicho el Senador informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y todos los Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra, en el sentido de que don Carlos Aránguiz reúne todos los méritos y requisitos para desempeñarse como miembro de la Corte Suprema.
En segundo lugar, el Senador Mariano Ruiz-Esquide tiene mucha razón: la discusión ha girado más en torno a la situación del Ministro Carlos Cerda que la del señor Carlos Aránguiz.
Y eso no es un capricho de la Nueva Mayoría, de los partidos de Oposición; es un tema de justicia.
Conocí al señor Carlos Cerda cuando él era relator de la Corte Suprema, entre los años 1979 y 1982. Entonces yo era un joven abogado de la Vicaría de la Solidaridad. Tenía 23, 24 o 25 años.
Recuerdo que me tocaba alegar prácticamente todas las semanas en dicho tribunal y en la Corte de Apelaciones de Santiago. Perdí todos mis casos durante tres años. Si bien era un buen abogado, luchaba contra la muralla infranqueable de un Poder Judicial que era cómplice activo de la dictadura.
No puedo relatar aquí las dos o tres conversaciones privadas que sostuve con el entonces relator del Máximo Tribunal, don Carlos Cerda, pero sí hago presente que luego de ellas me volvió el alma al cuerpo, porque me di cuenta de que estaba frente a un ser humano con el que compartía valores muy fundamentales en el ámbito de los derechos humanos.
Por lo tanto, Chile tiene una deuda de justicia con el Ministro Carlos Cerda.
Entiendo que están los votos para apoyar su eventual designación. Y valoro que algunos Senadores de la Derecha hayan mostrado su disposición a aprobar el nombramiento de dicho juez como miembro de la Corte Suprema, cuando se presente -todos esperamos que sea pronto- la propuesta respectiva del Presidente de la República.
En mi opinión, se hace justicia al acoger por unanimidad la designación del señor Carlos Aránguiz como Ministro del Máximo Tribunal. Pero también sería de justicia hacer lo propio con el Ministro Carlos Cerda, ojalá en el futuro próximo, antes del 11 de marzo de 2014, aprovechando que están disponibles los votos de una parte de las bancadas de Gobierno.
Espero poder ver, de aquí al 11 de marzo, a don Carlos Aránguiz y a don Carlos Cerda como integrantes de la Corte Suprema.
Quedará pendiente -confío en que también se resuelva en las próximas semanas- la situación del abogado externo o de la abogada externa, para proceder a la designación de una trilogía virtuosa de miembros que pueda prestigiar a dicho tribunal y enriquecer su trabajo.
Termino diciendo que a mí me gusta el método que usamos para nombrar integrantes de la Corte Suprema: esta elabora una cinquena; el Presidente de la República hace una propuesta, y el Senado toma una decisión por los dos tercios de sus miembros en ejercicio.
Leí las declaraciones formuladas hace unos días por el ex Presidente del Máximo Tribunal señor Ballesteros, en las que señalaba que este procedimiento era una especie de tortura y resultaba injusto para cualquier persona postulada al cargo.
Yo no lo creo así. ¡Basta ver lo que ocurre en Estados Unidos con las audiencias de ratificación de un integrante de la Corte Suprema! Eso se acerca más a una tortura.
Nuestro procedimiento no lo es, por cuanto constituye un método de la democracia, donde hay separación de los Poderes del Estado, para tomar una buena decisión. Y se trata de una decisión democrática: propone el Presidente de la República, elegido por la voluntad popular, y decide¿
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminó su tiempo, señor Senador.
Le concedo un minuto adicional para concluir.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Decía que decide un cuerpo colegiado (el Senado), también elegido por la voluntad popular.
En consecuencia, hay que tener paciencia y prudencia.
Sin importar el Gobierno al que pertenezca el Primer Mandatario que hace la propuesta, este debe contar con la virtud de la prudencia para efectuar las consultas previas, como ha dicho la Senadora señora Alvear, a fin de preparar la cancha y lograr un acuerdo para la designación del candidato o de la candidata para integrar la Corte Suprema.
Por tales razones, con mucho gusto voto a favor del nombramiento del señor Carlos Aránguiz, y espero aprobar en el futuro próximo el del señor Carlos Cerda y el del abogado externo o de la abogada externa que se proponga.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Coloma, para fundamentar el voto.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, brevemente, quiero hacerme cargo de algunos de los comentarios de mis colegas.
En primer lugar, deseo ratificar mi voluntad de votar a favor de la designación del Ministro Aránguiz como integrante del Máximo Tribunal. Lo hago convencido de que es un gran juez. Eso es lo relevante al momento de elegir a alguien para desempeñar un cargo.
Dicho Ministro ha hablado a través de sus fallos, de sus resoluciones, de sus actitudes. Y, obviamente, constituirá un aporte al mejoramiento de la Corte Suprema.
Cabe reflexionar que, junto con la autorización para la salida de tropas al extranjero, esta es una de las facultades especiales del Senado.
A mí me parece adecuado este sistema para el nombramiento de jueces; más aún cuando la persona propuesta genera consenso. De hecho, entiendo que la votación será unánime, cosa que es muy valiosa desde la perspectiva judicial.
Yo me pronuncio en ese sentido no por compromiso con otros votos, ni por existir algún tipo de acuerdo -si lo hubiera, no tendría nada en contra-, sino porque el postulante propuesto es un muy buen Ministro. Y ojalá ese fuera el denominador común de quienes ocupan un cargo de esta naturaleza.
En segundo lugar, señor Presidente, desde una lógica un poco distinta, manifiesto no sentirme acreedor de los votos a favor o en contra que emitan mis colegas. Ya hemos visto que esta fundamentación de voto efectivamente ha ido derivando del juez Aránguiz a otros ministros.
Yo por lo menos siento -y quiero decirlo- que este Senado sí tiene responsabilidad o culpa -cada uno lo verá como le parezca- respecto de ciertos nombramientos fracasados, de los cuales a veces se omite la referencia.
Desde mi perspectiva, lo que se le hizo al Ministro Pfeiffer fue un grave error. Se trata de alguien que ha estado en muchas quinas, en todas las que ha podido estar. Y en su momento, a pesar de existir un acuerdo para nombrarlo, las bancadas de enfrente votaron en contra por razones políticas respecto de un Ministro que, a mi juicio, reunía todos los méritos para integrar la Corte Suprema.
Entonces, yo alzo mi voz para dejar la constancia, ahora que se plantean los casos de quienes pudieron haber sido nombrados y no lo fueron. Si se hubiera concretado la nominación del juez Pfeiffer al Máximo Tribunal, este habría sido un aporte muy importante. Sin embargo, por responsabilidad del Senado o de un sector de él -en uso de sus facultades; no voy a discriminar en ese sentido-, no se llevó a cabo.
Por eso, a la hora de los recuerdos, me parece justo mencionar su caso, al igual que el del juez Muñoz Pardo, cuyo nombramiento también fracasó, pese a existir un acuerdo. En efecto, hace pocos meses había un compromiso para aprobar su designación como miembro de la Corte Suprema; pero, finalmente, por razones políticas, ello fue desvirtuado, dejado sin efecto, ante lo cual al Gobierno solo le quedó retirar la propuesta.
Entonces, aquí no todo es blanco y negro. Nadie es el dueño de la verdad, ni el acreedor de los conocimientos, ni el guardián de la fidelidad al recto comportamiento humano. Cada uno ha de actuar en consecuencia, conforme a lo que cree debe resolverse en esta materia. Pero, si vamos a hacer recuerdos respecto de la inequidad en estos nombramientos, por lo menos mencionemos todos los casos, incluida la injusticia que se cometió contra los jueces Pfeiffer y Muñoz. Espero que algún día -¡ya que estamos en hora de deseos navideños de buen espíritu¿!- ambos lleguen al Máximo Tribunal, pues estoy convencido de que cumplen todos los requisitos pertinentes.
Por último, señor Presidente, quiero hacerme cargo de un comentario muy interesante que formularon un par de Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, referido a la naturaleza de cómo votar este tipo de propuestas.
Cabe recordar que este asunto fue objeto de un amplio debate y que al respecto hubo -por así decirlo- una resolución temporal, en el sentido de que una mayoría planteó que esto debía despejarse a través de un sistema de votación abierta. Quiero reiterar mi posición y coincidir con quienes señalaron que, exclusivamente respecto de los nombramientos de personas, debiera creerse bastante más en la intimidad de la conciencia.
Sobre el particular, comparto lo que se ha dicho. Si hubiera algo que innovar para mejorar lo institucional (ello no tiene ningún efecto político partidista), creo que debería recuperarse aquella forma de tomar las decisiones. Así, estas se hallarían más ajenas a cualquier presión o comentario, por cuanto tendrían relación con lo que siempre debe ordenar nuestro actuar: nuestra propia conciencia.
Voto a favor.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Por 35 votos a favor, se aprueba la propuesta de Su Excelencia el Presidente de la República para designar a don Carlos Ramón Aránguiz Zúñiga Ministro de la Excelentísima Corte Suprema.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
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El señor LABBÉ (Secretario General).-
En este momento, ha llegado a la Mesa una comunicación del Senador señor Horvath en la que señala que, a contar de esta fecha, deja de pertenecer al Comité Partido Renovación Nacional y que se integra al Comité Independientes.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Se toma conocimiento.
)----------------(
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor PIÑA (Ministro de Justicia subrogante).-
Muchas gracias, señor Presidente.
Como recordó en su intervención el Senador señor Lagos, en este proceso participan los tres Poderes del Estado: el Pleno de la Excelentísima Corte Suprema con la elaboración de una quina; la elección y propuesta que hace el Presidente de la República como jefe del Ejecutivo, y el acuerdo al que concurre esta Honorable Sala respecto al nombre propuesto.
Cuando en un proceso institucional participan estos tres Poderes del Estado, que tienen atribuciones constitucionalmente reconocidas, es muy difícil poder sostener que en el ejercicio de sus funciones se obra sin altura de miras o innoblemente, porque, precisamente, se trata de facultades de ese carácter.
Por lo tanto, cuando el Presidente de la República ha nominado al Ministro Carlos Aránguiz con los antecedentes que ha tenido a la vista, ha ejercido una de sus atribuciones constitucionales. Y lo mismo han hecho los señores Senadores.
Eso significa -como quedó muy claro en la alocución que hizo el Senador señor Zaldívar- que el mecanismo para manifestar la aprobación o el rechazo del nombramiento es el establecido por la Constitución. Es decir, el Senado debe prestar o negar su consentimiento a la proposición del Presidente de la República.
En este caso, entonces, no cabe sino entender que la Cámara Alta ha dado su absoluta aprobación a la designación, pues ha otorgado el acuerdo unánime para que un Ministro como don Carlos Aránguiz, con 35 años de carrera fuera del centralismo santiaguino, en otras regiones, y quien se destaca por haber sido el mejor calificado por sus pares durante el año pasado, acceda a nuestro Máximo Tribunal.
Desde esa perspectiva, solo me resta agradecer, en nombre del Presidente de la República, a los señores Senadores este nobilísimo ejercicio institucional. Es decir, el ejercicio de sus propias atribuciones constitucionales ennoblece esta decisión, porque se ajusta plenamente a las facultades que se les han conferido.
Por último, señor Presidente, reitero nuestros agradecimientos a usted y a todos los señores Senadores que han concurrido a dar la unanimidad que permite el ingreso a la Excelentísima Corte Suprema de un Ministro de la calidad del señor Aránguiz.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Ha pedido la palabra el Honorable señor Chahuán para entregar una importante información a la Sala.
FALLECIMIENTO DE EX DIPUTADO DOMINGO GODOY MATTE
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, señores Senadores, he pedido intervenir para anunciar el lamentable fallecimiento del ex Diputado señor Domingo Godoy Matte, quien fue parlamentario en representación de Valparaíso.
Además, deseo recordar un hecho que no ha sido reconocido suficientemente: él fue uno de los dos Diputados que el 11 de septiembre de 1973, a las 10:30 de la mañana, concurrieron a la Sala de la Cámara de Diputados para sesionar, en circunstancias de que se estaba produciendo el Golpe de Estado o quiebre institucional.
Hoy día ha partido un gran Diputado, padre del actual parlamentario Joaquín Godoy.
El señor PIZARRO (Presidente).- Muchas gracias, señor Senador.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 13:13
.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción