REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 361ª
Sesión 60ª, en martes 8 de octubre de 2013
Ordinaria
(De 16:16 a 19:29)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES JORGE PIZARRO SOTO, PRESIDENTE;
JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, VICEPRESIDENTE,
Y XIMENA RINCÓN GONZÁLEZ, PRESIDENTA ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Larraín Peña, Carlos
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchon, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedan, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau; de Educación, señora Carolina Schmidt Zaldívar, y del Trabajo y Previsión Social, señor Juan Carlos Jobet Eluchans. Asimismo, se encontraba presente el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Miguel Flores Vargas.
Actuó de Secretario General subrogante el señor José Luis Alliende Leiva, y de Prosecretario subrogante, el señor Julio Cámara Oyarzo.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:16, en presencia de 13 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor PIZARRO (Presidente).-
Las actas de las sesiones 58ª y 59ª, ordinarias, en 1 y 2 de octubre del presente año, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Tres de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con los dos primeros retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "discusión inmediata", para la tramitación de los siguientes asuntos:
1.-
Proyecto de ley que modifica aspectos previsionales de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile (boletín Nº 8.643-02).
2.-
Proyecto de ley que fortalece el resguardo del orden público (boletín Nº 7.975-25).
3.-
Proyecto que modifica la ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, para establecer la medida de control preventivo de identidad (boletín N° 9.036-07).
4.-
Proyecto de ley que modifica el Código Sanitario en materia de regulación a farmacias (boletines Nos. 6.523-11, 6.037-11, 6.331-11 y 6.858-11, refundidos).
Con el último retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para el despacho del proyecto de ley que dicta normas sobre compensaciones a los usuarios de servicios de distribución de agua potable en casos de interrupciones o suspensiones no autorizadas o no comunicadas previamente a ellos (boletín N° 2.357-09).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que aprobó la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las diferencias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley que permite la introducción de la televisión digital terrestre (boletín N° 6.190-19).
--Queda para tabla.
Con los dos siguientes informa que dio su aprobación, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, a los proyectos de acuerdo que se enuncian a continuación:
1.-
El que aprueba el "Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago sobre Autorización para que los Dependientes del Personal Diplomático, Consular, Técnico y Administrativo de las Misiones Diplomáticas y Consulares realicen Actividades Remuneradas", suscrito en Puerto España, Trinidad y Tobago, el 29 de marzo de 2012 (boletín Nº 8.843-10).
2.-
El que aprueba el Convenio de Seguridad Social entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, suscrito en Santiago con fecha 13 de marzo de 2012 (boletín Nº 8.842-10).
--Se toma conocimiento y se manda comunicarlos a Su Excelencia el Presidente de la República.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Expide copia autorizada de la sentencia definitiva dictada en el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de señores Senadores respecto a los dieciocho preceptos que indica del proyecto de ley sobre procedimiento para otorgar concesiones eléctricas (boletín N° 8.270-08).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto a sus antecedentes.
Remite copia autorizada de la sentencia definitiva pronunciada en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los siguientes preceptos legales:
1.-
Artículos 38, inciso tercero, y 38 bis de la ley N° 18.933, que crea la Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional, dicta normas para el otorgamiento de prestaciones por isapre y deroga el decreto con fuerza de ley N° 3, de Salud, de 1981.
2.-
Artículo único de la ley N° 20.411, que impide la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas en virtud del artículo 4° transitorio de la ley N° 20.017, de 2005, en determinadas zonas o áreas.
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos.
Envía copia de resoluciones recaídas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las siguientes disposiciones legales:
1.-
Artículos 166 y 171, inciso segundo, del Código Sanitario.
2.-
Artículo único de la ley N° 20.411.
--Se toma conocimiento y se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Ministro de Salud:
Adjunta copia de respuesta de la señora Directora del Servicio de Salud Antofagasta a una petición, cursada en nombre del Senador señor Cantero, relativa a la implementación del Centro de Diagnóstico Colonoscópico del Hospital Regional de Antofagasta y a su priorización presupuestaria.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones:
Responde un acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Honorables señores Navarro, Gómez y Quintana, para que el reglamento de ejecución de la ley N° 20.630 no limite a la presentación de un documento contractual la acreditación de la calidad de chofer de vehículo de alquiler o de transporte escolar (boletín Nº S 1.533-12).
Contesta petición, cursada en nombre del Senador señor Bianchi, sobre factibilidad de presentar una indicación al proyecto de ley que crea un subsidio nacional al transporte público remunerado de pasajeros y el fondo de apoyo regional (boletín N° 8.289-15) para que esos recursos se destinen, también, a financiar la iniciativa de conectividad marítima que señala.
De la señora Ministra del Medio Ambiente:
Responde consulta, formulada en nombre del Senador señor Navarro, respecto a la reciente paralización de labores de los recolectores de basura, motivada por su demanda de mejores condiciones de trabajo.
Del señor Subsecretario para las Fuerzas Armadas:
Informa haber realizado gestiones ante la Armada de Chile con el fin de obtener un pronunciamiento sobre la situación que afectaría al ex cabo segundo señor Carlos Enrique Moscoso Ortega, quien sufrió un accidente en acto de servicio; materia consultada en nombre del Senador señor Bianchi.
Remite copia informativa de oficio dirigido al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, por tratarse de la instancia competente para informar acerca de los conscriptos que hicieron su servicio militar por más de dos años con posterioridad a 1973.
Del señor Subsecretario de Pesca y Acuicultura:
Responde consulta, remitida en nombre del Senador señor Navarro, acerca de la conformación actual del Consejo Nacional de Pesca.
De la señora Directora (s) del Servicio Electoral:
Atiende petición, formulada en nombre de la Senadora señora Rincón, relativa a la instalación de una circunscripción electoral en la localidad de Melozal, distante 20 kilómetros de la ciudad de San Javier.
Del señor Fiscal Nacional Económico:
Contesta solicitud de antecedentes, realizada en nombre del Senador señor Navarro, en cuanto a las recomendaciones que la Fiscalía del ramo formuló a los propietarios de cementerios en materia de publicidad de precios de servicios secundarios, para evitar distorsiones derivadas de la asimetría de información.
Del señor Fiscal de la Superintendencia de Pensiones:
Manifiesta, en respuesta a consulta cursada en nombre del Senador señor Prokurica, que esa entidad resolvió la desafectación administrativa de don Juan Martínez Rojas del sistema de pensiones creado por el decreto ley N° 3.500, de 1980.
Del señor Director Regional del Servicio Nacional de Geología y Minería, Región de Atacama:
Da respuesta a petición de antecedentes complementarios, enviada en nombre de la Senadora señora Allende, relativos a denuncias por la existencia de faenas mineras en operación o abandonadas en el área urbana de Tierra Amarilla.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión de Defensa Nacional, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica aspectos previsionales de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile (boletín Nº 8.643-02) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
Tres de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaídos en los siguientes asuntos:
1.-
Proyecto de reforma de la Carta, en segundo trámite constitucional, que establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición y crea un sistema de financiamiento gratuito desde el nivel medio mayor (boletín Nº 8.997-07) (con urgencia calificada de "suma").
2.-
Proyecto de reforma del Texto Fundamental, en primer trámite constitucional, que establece la obligación de las autoridades del Congreso Nacional de rendir una cuenta pública anual (boletín N° 8.624-07).
3.-
Segundo informe del proyecto de reforma de la Carta, en primer trámite constitucional, que regula el ejercicio del sufragio de los ciudadanos que se encuentran fuera del país (boletín Nº 9.069-07).
Segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece la meta "Todo Chile a llamada local" (boletines Nos. 8.787-19 y 8.790-15, refundidos) (con urgencia calificada de "suma").
--Quedan para tabla.
Mociones
Del Senador señor Chahuán, con la que inicia un proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios con el fin de ampliar el plazo de propaganda electoral respecto a los candidatos que se encuentren en las situaciones que especifica (boletín N° 9.120-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
De los Senadores señores Chahuán y Prokurica, con la que dan inicio a un proyecto de reforma constitucional que establece un plazo para la publicación de los reglamentos de ejecución de las leyes (boletín N° 9.122-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Senadores señores Chahuán y Prokurica, con la que se inicia un proyecto de ley que rebaja a un año el plazo de prescripción a que se refiere el inciso primero del artículo 24 de la ley N° 18.287 (boletín N° 9.121-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la Cuenta.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-
Los Comités, en sesión celebrada esta tarde, acordaron lo siguiente:
1.-
Tratar en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de hoy el proyecto signado con el número 1 del Tiempo de Votaciones, mediante el cual se establecen inhabilidades para integrar el directorio de una sociedad deportiva profesional, otorgando al autor de la moción que lo originó tiempo para exponer sus fundamentos.
2.-
Retirar de la tabla el proyecto de ley signado con el número 2 (crea la autorización de funcionamiento de jardines infantiles) y remitirlo a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para que evacúe un nuevo informe en un plazo estimado de dos semanas.
3.-
Tratar en el tercer lugar del Orden del Día de esta sesión el proyecto de ley que perfecciona el rol fiscalizador del concejo; fortalece la transparencia y probidad en las municipalidades, y crea cargos y modifica normas sobre personal y finanzas municipales, siempre que se alcance a dar cuenta del respectivo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
4.-
Incorporar, según lo acordado anteriormente, en el tercer o cuarto lugares del Orden del Día de la sesión ordinaria de hoy el proyecto signado con el número 12 de la tabla, esto es, el que modifica el Código del Trabajo para reducir el peso de las cargas de manipulación manual por parte de los trabajadores.
5.-
Incluir en la tabla de la sesión ordinaria del próximo martes, en lugar preferente, el proyecto de ley que permite la introducción de la televisión digital terrestre.
6.-
Citar a una sesión especial para el martes venidero, 15 de octubre, a partir de las 15:30, para tratar el oficio mediante el cual Su Excelencia el Presidente de la República requiere el acuerdo del Senado para nombrar al señor Genaro Arriagada Herrera y a la señora María Esperanza Silva Soura integrantes del Consejo Nacional de Televisión por el término de ocho años, siempre que la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología haya despachado su informe.
7.-
Abrir un nuevo plazo para formular indicaciones al proyecto de ley relativo a administración de fondos de terceros y carteras individuales y a derogación de los cuerpos legales que indica: hasta el 14 de octubre, a las 18 (en la Secretaría de la Comisión de Hacienda).
8.- Rendir homenaje, a las 18 de la sesión ordinaria del miércoles 16 de octubre, a don Alejandro Silva Bascuñán, fallecido recientemente.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Para referirse a la Cuenta, tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, quiero llamar la atención de la Sala -no se encuentra en ella el Ministro Secretario General de la Presidencia- sobre el siguiente hecho.
Estamos analizando el proyecto de Ley de Presupuestos a lo largo de numerosas sesiones de las diversas Subcomisiones, las cuales tienen autorización para funcionar paralelamente con la Sala.
Es razonable que el Gobierno ponga "discusión inmediata" a alguna iniciativa cuando se trata de resolver problemas con premura, pero no que use dicho instrumento en el caso de proyectos que no se hallan en tal situación.
Según la Cuenta de hoy, se hace presente aquella urgencia respecto a cuatro iniciativas.
¿Qué quiere el Ejecutivo? ¿Que el Parlamento no estudie las materias? ¿O que sea un buzón para los proyectos que se le remiten?
Como Senador responsable, le pido al Gobierno que fije las prioridades que realmente corresponden y que no por conseguir la concreción de leyes ponga "discusión inmediata" a cuatro iniciativas, como sucede hoy.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Frei.
El señor FREI (don Eduardo).-
Señor Presidente, quiero reafirmar el planteamiento que formuló el Senador Zaldívar a propósito de las urgencias.
Sobre el punto, la Comisión de Gobierno tiene un debate permanente con el señor Ministro Secretario General de la Presidencia, quien la semana pasada puso cinco urgencias calificadas de "discusión inmediata". Estamos sacando a presión una serie de proyectos. Y vamos a pagar las consecuencias, porque todos ellos presentan muchas dificultades. Es el caso del que procura fortalecer la regionalización -figura en el primer lugar de la tabla de hoy-, que adolece de numerosos errores. Empero, se insiste en la urgencia.
Así las cosas, seguramente, como manifestó el colega Zaldívar, las Subcomisiones no tendrán tiempo suficiente para analizar las propuestas presupuestarias sometidas a su consideración.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Espero que el señor Ministro Secretario General de la Presidencia, sea cual fuere el lugar donde se halle en este momento, por alguna vía tome conocimiento de lo que acaban de plantear los Senadores señores Zaldívar y Frei.
Esta mañana se registró una situación bastante compleja a raíz de que, tras una prolongada espera, no pudo funcionar la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para ver algunos proyectos -incluso algunos a los cuales ahora se les coloca "discusión inmediata"- porque no estaban ni el Ministro del ramo ni los Senadores que integran dicho órgano. Y lamento que el señor Ministro del Interior y Vicepresidente de la República, quien fue parte de esta Sala y sabe cómo funcionan las Comisiones, haya efectuado, en cuanto a la voluntad del Senado para tratar los proyectos sometidos a su consideración, un cuestionamiento que no corresponde a la realidad.
Esa actitud nos parece un tanto injusta y fuera de lugar. De modo que he estado llamando telefónicamente al Ministro Chadwick para hacerle ver la situación, pues creo que las opiniones descalificatorias que emitió no son lo mejor para las relaciones entre el Ejecutivo y el Senado.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, le solicito recabar el asentimiento indispensable para que la Comisión de Gobierno, que presido, vea el proyecto mediante el cual se establece el Día Nacional de Gendarmería de Chile, que se encuentra radicado en la Comisión de Constitución.
El señor PIZARRO (Presidente).-
La referida iniciativa fue a la Comisión de Constitución porque Gendarmería depende del Ministerio de Justicia.
¿Le parece a la Sala que dicho proyecto sea conocido por la Comisión de Gobierno y no por la de Constitución?
--Así se acuerda.
NUEVA INHABILIDAD PARA INTEGRACIÓN DE DIRECTORIOS DE SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS PROFESIONALES
El señor PIZARRO (Presidente).-
Conforme a lo resuelto por los Comités, corresponde ocuparse en el asunto que figura en el número 1 del Tiempo de Votaciones, o sea, el proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Escalona, en primer trámite constitucional, que consagra una nueva inhabilidad para integrar el directorio de una sociedad deportiva profesional, con informe de la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7505-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción del Senador señor Escalona):
En primer trámite, sesión 90ª, en 1 de marzo de 2011.
Informe de Comisión:
Hacienda: sesión 34ª, en 19 de junio de 2013.
Discusión:
Sesión 59ª, en 2 de octubre de 2013 (queda pendiente la resolución sobre la idea de legislar).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-
El Senado debe resolver el doble empate registrado en la sesión de 2 de octubre último durante la votación general del proyecto que individualizó el señor Presidente.
Como se expresó oportunamente, los Comités, junto con acordar que el asunto se tratara en el primer lugar de la tabla de hoy, determinaron que se le diera la palabra al autor de la moción, Senador señor Escalona, antes del pronunciamiento de la Sala.
Cabe recordar que la Comisión de Hacienda discutió este proyecto en general y particular, por ser de artículo único, y lo aprobó por cuatro votos a favor (Senadores señora Rincón y señores Escalona, Kuschel y Lagos) y una abstención (Senador señor Novoa).
El texto que se propone aprobar figura en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Solicito el asentimiento necesario para que ingrese el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Miguel Flores Vargas.
--Se autoriza.
El señor PIZARRO (Presidente).-
El Honorable señor Escalona dará una explicación somera antes de la votación.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, yo presenté el texto de esta iniciativa, de modo que, con independencia de que durante la sesión anterior no se aclaró su intencionalidad completa, puedo decir que es autoexplicativo en el sentido de que, en el artículo 15 de la ley que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales, agrega una letra d) con el propósito de impedir que formen parte de ellas "Quienes integren los órganos de administración, ejecución y control de una corporación, fundación u otra persona jurídica sin fines de lucro, con la que se establezcan relaciones comerciales o de lucro.".
Debo recordar -el caso provocó impacto público en su momento- que la Universidad SEK entabla relaciones comerciales con la Sociedad Anónima Deportiva Profesional Unión Española, les cancela a los sponsors y los miembros de los directorios son las mismas personas. En consecuencia, claramente se establece un vínculo comercial por completo fuera de lo que deben ser las normas atinentes a la transparencia y los conflictos de interés, y asimismo, del fin que persigue la regulación en el sentido de que no sirva para ocultar diferentes propósitos, como los de cubrir deudas, evadir impuestos y otros que la ley prohíbe en forma expresa.
Por eso la letra d) individualizada me parece esencial.
Algunos parlamentarios sostienen que la situación descrita se halla cubierta por otras normativas legales. Sin embargo, los hechos están a la vista. La circunstancia de que el Club Deportivo Unión Española y la Universidad SEK hayan establecido relaciones comerciales de absoluta, escandalosa y evidente opacidad indica que la actual preceptiva es del todo insuficiente para evitar situaciones como la que se registró.
Por consiguiente, desde el punto de vista del correcto orden económico, estimo que la letra d) propuesta debe aprobarse como ley de la república.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
En votación la idea de legislar.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (13 votos contra 5 y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Escalona, Frei (don Eduardo), Girardi, Gómez, Horvath, Letelier, Muñoz Aburto, Pizarro, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa la señora Von Baer y los señores Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa y Orpis.
Se abstuvo el señor Quintana.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Varios señores Senadores han solicitado fijar un plazo para formular indicaciones, porque creen que se puede perfeccionar el texto.
El señor ESCALONA.-
Sugiero el 28 de octubre, señor Presidente, día previo a la primera sesión ordinaria posterior a la semana regional.
El señor PIZARRO (Presidente).-
A las 12.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
FORTALECIMIENTO DE REGIONALIZACIÓN
El señor PIZARRO (Presidente).-
Proyecto de ley, iniciado en mensaje, en primer trámite constitucional, relativo al fortalecimiento de la regionalización del país, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7963-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 60ª, en 5 de octubre de 2011.
Informe de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 59ª, en 2 de octubre de 2013.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-
El objetivo de la iniciativa es reforzar la coordinación entre los gobiernos regionales y la Administración; precisar las funciones del gobierno regional, con distinción de las del consejo y las del intendente; agregar funciones al gobierno regional, atendida la nueva modalidad de elección de consejeros por sufragio universal; regular el procedimiento de transferencia de competencias desde ministerios y servicios públicos a gobiernos regionales, y establecer normas para dirimir divergencias que surjan con motivo de esta última medida.
La Comisión discutió el proyecto en general y en particular, en virtud del acuerdo adoptado por la Sala con fecha 7 de marzo del año 2012, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Pérez Varela, Sabag y Zaldívar.
El órgano técnico deja constancia de que la idea de legislar debe ser acogida con quórum orgánico constitucional, esto es, con 21 votos.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en el primer informe.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Antes de iniciar el debate aprovechamos de saludar a los alumnos del colegio Ema Díaz Sierra, de la comuna de San Ramón, que se encuentran en la tribuna.
Bienvenidos.
Y ello lo hacemos extensivo al grupo misionero de Curicó.
Muchas gracias por venir.
En discusión general.
Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi, Presidente de la Comisión.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, la iniciativa que nos ocupa ha sido de larga tramitación, la cual se inició en esta Corporación el 5 de octubre de 2011. Por la complejidad de sus normas y la falta de consensos políticos, sufrió postergaciones que recién ahora nos permiten tratarla en general en el Hemiciclo.
Esa misma complicación motivó que el órgano técnico solicitara autorización al Senado para considerar el proyecto también en particular, con el fin de llegar a la Sala con un texto que incluyera las inquietudes que a los miembros de la Comisión mereció su estudio y que acercase posiciones con el Ejecutivo en las materias en que se registraban divergencias.
Se proponen diversos mecanismos para afianzar la regionalización surgida a propósito de la reforma del año 2009, que abrió el camino para que las regiones contaran con mayor autonomía, mediante la incorporación de nuevas atribuciones al gobierno y al consejo regionales, y que desconcentró funciones públicas desde ministerios y servicios a las regiones, tomando en cuenta la nueva modalidad democrática de designación de los consejeros por sufragio universal.
Pero el proyecto y su idea subyacente no solo acrecientan el rol del gobierno regional con nuevas facultades que agilicen su gestión: también lo hacen respecto del presidente del consejo, a quien se rodea de una dignidad similar a la del intendente. Todo ello constituye una señal del nivel de importancia con que transversalmente los sectores políticos han querido dotar a esos gobiernos.
Debo hacer presente que aquello en lo que no ha habido acuerdo con el Ejecutivo, durante la discusión general, dice relación con el mecanismo de solución de controversias que puedan suscitarse entre el Gobierno central y el consejo regional con ocasión de una transferencia de competencia que el primero deniegue o el segundo no acepte.
En las indicaciones que el Ejecutivo ha propuesto se incluye una proposición para que esas divergencias sean resueltas por una comisión especial, conformada por representantes suyos y el presidente del consejo. La entidad tendrá por tarea reunir antecedentes y proponer un curso de acción al Presidente de la República, sea para denegar una competencia o para insistir en ella cuando el consejo rechace la que el Ejecutivo se disponga a transferirle.
Con el objeto de salvar la discrepancia, el órgano técnico llegó a un acuerdo con este último, mediante el cual aprobaría todas las indicaciones que el Ejecutivo formulara en bloque al proyecto, incluida la relativa a la comisión especial de solución de controversias, a condición de que se diese urgencia a un proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los integrantes de la Comisión, que revive una indicación formulada durante la reforma de 2009, mediante la cual se entregaba al Senado la solución de las disputas. La moción ya ingresó al sistema legislativo y está en trámite de primer informe en el órgano técnico que presido.
Las restantes normas y las indicaciones que se les formularon perfeccionan la iniciativa y cuentan con la aprobación de la Comisión, sin perjuicio de precisiones y rectificaciones que se estime pertinente formular durante el examen en particular.
Deseo consignar que la discusión ya la sostuvimos en 2009, con la participación de entonces integrantes de la Comisión de Gobierno como los Senadores señores Núñez, Orpis, Pérez Varela y quien habla. Ya habíamos dictado una reforma constitucional fundamentalmente para el traspaso de competencias. Estimábamos completamente inapropiado que se eligiera a los consejeros regionales por votación popular sin entregarles más atribuciones, más potestades. Y eso dio pie a que iniciáramos otra enmienda de la Carta, que se perdió por tres votos: dos en contra y una abstención. Estuvimos muy cerca de lograrlo.
Por ello es tan importante para el órgano técnico que presido llegar al acuerdo final con el Ejecutivo. Los consejeros, que van a tener una activa participación a partir de marzo del próximo año, claramente necesitan facultades. Y con eso estamos garantizando a las regiones que a partir de ese momento van a existir en ellas verdaderos gobiernos y no administraciones.
Lo que creo que asimismo suscitará algunas discrepancias es la situación de quién preside, la de cuáles serán sus verdaderas atribuciones -en paralelo, vamos a tener un Primer Mandatario que aplicará todas las políticas públicas en un país unitario-, pues va a tener que verse participando ya no en la discusión de proyecto a proyecto. Pero también ahí está la idea del Ejecutivo de que sea el intendente quien asigne la urgencia a los distintos puntos por tratar en la tabla. Y eso, sin lugar a dudas, trae algunas divergencias entre distintos sectores.
Fundamentalmente, en la Comisión fue motivo de debate la figura del administrador, por ejemplo, quien va a asumir un rol no menor dentro de la administración de los futuros gobiernos regionales.
Nos parece que se registra un progreso. No se trata del proyecto deseado -y la afirmación de que descentraliza absolutamente la acción de los futuros gobiernos regionales significaría mentirles a las regiones-, pero constituye un muy significativo avance, sobre todo si logramos que el Ejecutivo asigne la urgencia comprometida, para que en definitiva existan los traspasos de competencia. Y, además, es el Senado el que puede dirimir en la eventualidad de que el Gobierno central -el Presidente de la República- no acoja la petición que formulen los gobiernos desde las regiones.
Le pido a la Sala votar a favor. Hubo consenso con el Ejecutivo sobre toda la materia.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Saludamos a alumnos del colegio Javier Eyzaguirre Echaurren, de Paine, y a los de la escuela Ralco Lepoy, de Alto Biobío, quienes se hallan presentes en las tribunas.
Bienvenidos.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
En seguida, solicito que por unanimidad, si es posible, se autorice a la Comisión de Educación para sesionar en forma simultánea con la Sala a partir de las 19, con el objeto de que pueda tratar el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República que requiere el acuerdo del Senado para nombrar integrantes del Consejo Nacional de Televisión, por un período de ocho años, al señor Genaro Arriagada y a la señora María Esperanza Silva.
El señor LARRAÍN.-
"Si le parece", señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
No hay unanimidad.
El señor LARRAÍN.-
¿No?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
No la hay. Lo lamento.
Tiene la palabra el Ministro señor Larroulet.
El señor LARROULET (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, esta Corporación se encuentra abocada al debate de un proyecto de ley muy significativo, que forma parte de la agenda de descentralización y regionalización impulsada por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
Como lo expresó el Honorable señor Bianchi, el texto introduce cambios profundos. Se contempla un modelo que va a facilitar esos objetivos, el cual no solo permite transferir competencias desde el Gobierno central a los regionales, sino que también establece, por primera vez -y es lo que me parece más relevante-, un mecanismo que gradualmente hace posible el proceso en función de la realidad de cada una de las regiones, de tal manera que, al llegar a acuerdo un gobierno regional con un Ministerio sectorial, baste un decreto supremo del Presidente de la República para concretarlo. Así, el país podrá avanzar de manera mucho más profunda y sólida en el fortalecimiento de los gobiernos regionales y la marcha de las regiones.
La iniciativa lleva a cabo un cambio sustantivo con relación a una materia básica, que es el manejo presupuestario en el ámbito local. Fundamentalmente, adopta un sistema similar al de la legislación sobre finanzas públicas a nivel nacional, es decir, toma el modelo de la Ley de Administración Financiera del Estado para que los gobiernos regionales aprueben por partidas los presupuestos que les presente el intendente. Eso va a mejorar, sin lugar a dudas, la calidad de la política y de los proyectos de inversión en cada uno de ellos.
En seguida, el proyecto perfecciona la institucionalidad al crear el cargo de presidente del Consejo Regional, quien va a dirigir las sesiones del organismo. Recordemos que ahora lo integrarán consejeros que serán elegidos directamente en los comicios del próximo 17 de noviembre. En consecuencia, se fortalecerá, desde todo punto de vista, el papel del gobierno regional.
En el mismo sentido, se refuerza el rol fiscalizador de este último y se mejoran los mecanismos de su estructura. Así, por ejemplo, se dispone que el cargo de administrador y las jefaturas más importantes del gobierno regional van a tener que ser seleccionados a través del mecanismo de Alta Dirección Pública. O sea, se introduce un concepto más profundo de meritocracia en el funcionamiento de estas autoridades.
En suma, estamos en presencia de una reforma importante, que avanza en la dirección de fortalecer los gobiernos regionales, de una mayor descentralización, y que acompaña al proyecto, ya aprobado en el Congreso, relativo a la elección directa de consejeros regionales.
La materia es de suyo importante para el Gobierno, por lo tanto, a fin de que esta nueva institucionalidad funcione a partir de marzo del próximo año.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, Honorable Sala, qué duda cabe de que la descentralización es una tarea pendiente. La iniciativa en debate constituye un gran adelanto al respecto.
En lo personal, abrigo la firme convicción de que el proceso hacia dicho objetivo es irreversible. Desde ese punto de vista, creo que el gran hito para progresar en ello se dio con la reforma efectuada a la Carta en 2009, cuando se incorporaron dos elementos que marcan un punto de inflexión: la elección directa de los consejos regionales y la creación de la figura de su presidente, como contrapeso del intendente, desde un punto de vista constitucional.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario dejar constancia de que en dicha enmienda quedó pendiente la cuestión del traspaso de competencias, planteada cuando el Presidente de la República rechace la petición en tal sentido de un consejo regional. En esa oportunidad se establecía que el Senado debía dirimir, lo que fue rechazado por dos votos. Ahora la Comisión ha insistido en ello por unanimidad, a través de otra reforma constitucional.
El proyecto, que modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, contiene avances significativos, respecto de la actual legislación. Aun cuando hayan aumentado de manera importante los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, eso no necesariamente significa descentralización. Esta última tiene que ver con una arquitectura institucional relativa a dónde se toman las decisiones, a qué facultades les corresponden a los órganos descentralizados y a cuál es la relación formal entre ellos y el nivel central.
Los conceptos mencionados se encuentran hoy en total desequilibrio. El nivel central dispone de un poder omnímodo en las regiones. Solo para señalar algunos elementos, cabe consignar que son de su confianza todas las autoridades regionales, sin exclusión. Al final, estas dependen de dicha instancia, que es la que dicta las pautas y ante la cual se deben rendir cuentas. De lo contrario, se ven expuestas a perder el cargo. Es decir, el vínculo de dichas autoridades dice relación en este momento con el nivel central y no necesariamente con las regiones.
Paralelamente, el intendente ejerce un poder desequilibrante y casi sin contrapeso. Por eso, uno de los elementos más destacables de la reforma es la consagración de un mayor equilibrio entre los diversos ámbitos.
Desde ya, se parte señalando en el artículo 1°, a diferencia de la legislación vigente, que las regiones contarán con una mayor autonomía, desde el punto de vista financiero, junto con establecerse que los gobiernos regionales gozarán de personalidad jurídica de derecho público, y se les reconoce a estos, a nivel constitucional y legal, la potestad de desarrollar directamente las competencias que se les confieren, para lo cual tendrán la facultad de crear tres nuevas divisiones.
En términos de estructura administrativa, la intendencia pasa a ser el órgano ejecutivo regional, presidido por el intendente o la intendenta y un Consejo Regional con facultades mucho mayores en un conjunto de materias, encabezado por su presidente e integrado por cores elegidos de manera directa.
Esta nueva estructura regional constituirá un fuerte freno al centralismo y permitirá que se creen, dentro de la región, relaciones de mayor equilibrio entre el ejecutivo regional y el Consejo.
¿Cuáles son, señor Presidente, los elementos de mayor equilibrio que destaco?
Respecto del presidente del Consejo Regional, este no será una figura meramente decorativa, pues tendrá dos grandes atribuciones:
1.-
Una vez aprobado el presupuesto de la región por el Consejo Regional, realizará la negociación con Hacienda. En esta integración desde la región, tanto el intendente como el presidente de la región negociarán el presupuesto con el nivel central.
2.-
Cuando un traspaso de competencias solicitado por el Consejo sea rechazado por el Presidente de la República y el Consejo decida insistir, de acuerdo con la normativa propuesta se formará una comisión con los Ministros del Interior y de Hacienda y el del ramo respectivo, la cual estará integrada también por el presidente del Consejo Regional.
A mi juicio, la gran relevancia de tales facultades radica en lo siguiente.
Pensemos que el presidente del Consejo Regional será elegido como core de manera directa, es decir, gozará de respaldo popular. O sea, estamos frente a una autoridad empoderada en su cargo. Y además, en el caso del presupuesto, tendrá el apoyo de la mayoría de los consejeros que lo aprobaron.
Lo mismo ocurre, señor Presidente, con el traspaso de competencias. Si una región pide un traspaso de competencias, estoy seguro de que el Presidente de la República dudará mucho en rechazarlo, porque ello podría significarle grandes costos políticos en esa región.
Pero el mayor equilibrio no solo se da por la creación de la figura del presidente del Consejo Regional y sus dos importantes facultades, sino también por el aumento de atribuciones del Consejo.
Voy a destacar algunas.
Por ejemplo, en materia de urgencias, a diferencia de lo que ocurre en el Parlamento, el Consejo podrá negociar en la práctica las calificaciones puestas por el intendente, ya que le será posible rechazar, por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, la petición de urgencia formulada para algún punto de la tabla.
En materia de fiscalización, se aumentan significativamente las facultades del CORE. La norma actual solo le permite fiscalizar al intendente y a los órganos que de él dependen. Esta modificación extiende la fiscalización a los secretarios regionales ministeriales y a los directores regionales de servicios públicos. Adicionalmente, se lo faculta para contratar auditorías y para citar a las autoridades regionales (ahora no puede hacerlo).
En esta línea, quiero destacar especialmente la atribución que se le otorga para denunciar a la Contraloría General de la República el incumplimiento de convenios de programación, de mandato o territoriales, que conforme a esta iniciativa pasarán a tener carácter obligatorio.
Y aquí hay un punto esencial: desde el momento en que los seremis pasen a ser fiscalizables por el Consejo, automáticamente se producirá un vínculo entre ellos y la región, aun cuando sigan dependiendo del nivel central.
En lo atinente al desarrollo de la región, se dota al Consejo de dos importantes facultades para involucrarse en este ámbito, complementarias a las relativas al presupuesto y al traspaso de competencias.
En primer lugar, con los dos tercios de sus miembros en ejercicio, podrá representar al intendente su disconformidad cuando la región haya sido afectada y perjudicada negativamente por acciones u omisiones de jefes superiores de servicio o de directivos de los órganos de la Administración del Estado o de empresas en las que este tenga participación.
A lo anterior se suma la facultad que se le otorga en virtud del artículo 63, en cuanto a que los ministerios y servicios públicos deberán tener en consideración, al momento de elaborar las estrategias para la región, las proposiciones que formulen los gobiernos regionales. Es decir, estos podrán enviar propuestas a los ministerios cuando se elabore la estrategia de la región.
Hay otro punto muy importante. Hoy, la relación formal entre un gobierno regional y otras autoridades se realiza a través de convenios mandatos, convenios territoriales o convenios de programación, los cuales no tienen carácter obligatorio en la actualidad.
A partir de esta reforma, los convenios de programación no solo se harán extensivos a una negociación entre el gobierno central y la región, sino también a los municipios, y además con carácter obligatorio. Esto no será meramente formal, pues, si los convenios no son cumplidos, ello deberá ser denunciado a la Contraloría General de la República.
Aquí se da un paso gigantesco. Tal como lo señalaba, los convenios de programación y mandato se dan normalmente con presupuestos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Y si alguna de las partes no los cumple de manera unilateral, en la práctica los proyectos quedan a medio camino y se sacrifica el desarrollo de la región. Por eso su carácter obligatorio presenta muchas ventajas.
En síntesis, señor Presidente, la reforma constitucional del año 2009, complementada con el avance en la modificación de los gobiernos regionales que hoy se somete a la consideración del Senado, representa un adelanto muy significativo en materia de regionalización y descentralización, pues por primera vez aquellos tendrán facultades explícitas, establecidas en el artículo 21 Ter de la iniciativa.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, este proyecto de ley -que, como planteó el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, se refiere a materias que muchas veces se ponen sobre la palestra en las discusiones en regiones pero que nunca se concretan- establece nuevas funciones para los gobiernos regionales, los que ahora podrán diseñar, elaborar, aprobar e implementar políticas, planes y programas de desarrollo para la región, así como su presupuesto, los cuales deberán ajustarse a las políticas nacionales.
Asimismo, se les entregan funciones en el ámbito del ordenamiento territorial mediante la incorporación de un nuevo instrumento de desarrollo regional, denominado "Plan Regional de Ordenamiento Territorial", el que deberá ser elaborado por el gobierno regional, previa consulta a las municipalidades, en concordancia con la estrategia regional de desarrollo.
Con el afán de fortalecer el rol coordinador del gobierno regional, se permitirá fomentar y propender al desarrollo de áreas rurales y localidades aisladas en la región, en coordinación con los demás órganos con competencia en la materia.
Por otro lado, se entregan al gobierno regional nuevas funciones en el área de fomento productivo. Se le permitirá formular políticas regionales de fomento, especialmente referidas a apoyo al emprendimiento e innovación, capacitación, desarrollo de la ciencia y tecnología aplicada y mejoramiento de la gestión y competitividad de la base productiva regional.
En el ámbito social y cultural, se otorgan herramientas para proponer y coordinar con autoridades competentes programas y proyectos de impacto en grupos vulnerables o en riesgo social, actividades deportivas y culturales, así como su financiamiento.
Se establece un sistema de transferencia de competencias desde el gobierno central hacia el gobierno regional, cosa que planteamos en todas las campañas presidenciales y que nunca se había materializado.
El Presidente de la República podrá transferir a los gobiernos regionales, sea de forma temporal o definitiva, una o más competencias de los ministerios y servicios en materia de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural.
Se enumeran en forma taxativa los ámbitos en que podrá realizarse dicha transferencia. A saber:
a) Ordenamiento territorial, planificación urbana y asentamientos humanos;
b) Medioambiente;
c) Obras de infraestructura y equipamiento regional;
d) Transporte;
e) Desarrollo rural y de localidades aisladas;
f) Fomento de las actividades productivas;
g) Turismo;
h) Programas sociales y culturales;
i) Educación y salud;
j) Deporte;
k) Ciencia y tecnología, y
l) Conservación del patrimonio.
Las transferencias de competencias se podrán realizar a través de tres instrumentos: convenios, programas y creación de servicios públicos regionales.
Los secretarios regionales ministeriales dejan de ser órganos ejecutores de políticas, planes y proyectos regionales, pasando a ser ahora actores principales del desarrollo regional, pues deberán presentar las prioridades de su territorio para efectos de la formulación de las respectivas políticas nacionales sectoriales. Asimismo, les corresponderá supervisar la correcta aplicación de las políticas nacionales en la región. Y podrán asistir a las sesiones del Consejo, solo con derecho a voz.
El proyecto también propone modificar la organización interna de los gobiernos regionales. Se contempla la existencia de la División de Planificación y Desarrollo Regional, la División de Presupuesto e Inversión Regional y la División de Administración y Finanzas. Las jefaturas de cada división serán nombradas por el intendente de la nómina propuesta por el Sistema de Alta Dirección Pública.
En el mismo orden de ideas, se crea el cargo de administrador regional, como un colaborador directo del intendente, de su exclusiva confianza, a quien le corresponderá la gestión administrativa de coordinar el accionar de los jefes de cada una de las divisiones.
El secretario ejecutivo del Consejo Regional será nombrado por el intendente, previo concurso público de una nómina propuesta por el Sistema de Alta Dirección Pública. Se establece que este cargo tendrá asignado un grado equivalente al de los jefes de división, por lo que dejará de ser remunerado como un trabajador del sector privado, consolidándose su carácter de funcionario público.
Se dispone que formarán parte del patrimonio del gobierno regional los ingresos provenientes de patentes mineras, patentes acuícolas y leyes de casinos. Con esto, señor Presidente, damos un gran paso adelante en las regiones, las que tantas veces hemos reclamado este tema de las patentes mineras.
En este caso, solo quiero pedir al Subsecretario de Desarrollo Regional, de parte de quienes dimos ese paso, tan importante, que los recursos provenientes de dicho concepto, que irán en beneficio de las regiones mineras, no sean descontados de aquellos que les envía el nivel central. Si no, esto constituirá un engaño, como ocurrió por largos años en las Administraciones anteriores, donde se nos daba por un lado y se nos sacaba por otro.
En un orden de ideas distinto, el presidente del Consejo Regional será elegido por la mayoría absoluta de sus integrantes en ejercicio, durará 4 años en su cargo y podrá ser removido por causales que se indican.
Algunas de las facultades que se le confieren son: disponer la citación a sesiones, abrirlas, suspenderlas y levantarlas; dirigir los debates; ejercer el derecho de voto dirimente en los casos en que se produzca un empate en el resultado de las votaciones, y actuar en representación del Consejo en los actos de protocolo que corresponda.
El intendente estará facultado para asistir, personalmente o a través de un funcionario debidamente mandatado, a las sesiones del Consejo, cuando lo estime conveniente, pudiendo tomar parte en sus debates con preferencia para hacer uso de la palabra, pero sin derecho a voto.
Al Consejo Regional se le entregan competencias de fiscalización. Podrá requerir al intendente la información necesaria para realizar sus funciones, teniendo este un plazo de 20 días para responder. Asimismo, tendrá la facultad para solicitar, por los dos tercios de sus miembros, que el intendente represente a los jefes superiores de servicio su disconformidad cuando la región haya sido afectada y perjudicada negativamente por acciones u omisiones.
Además, el Consejo podrá citar a las autoridades regionales o provinciales para informarles acerca del accionar de sus respectivas instituciones, debiendo aquellas comparecer obligatoriamente.
Se establecen nuevas inhabilidades para ser consejero regional y se incluye una norma similar a la que hoy rige respecto de los concejales en el sentido de que los empleadores deben darles facilidades para el desempeño de su cargo.
Señor Presidente, siempre que en Chile se dan pasos importantes como este tienden a producirse diferencias, por cuanto no es fácil avanzar en un país tan centralista como el nuestro. Sin embargo, si bien hay temas donde puede haberlas, el proyecto, en su integridad, da una señal clara hacia las regiones, generando un traspaso no solo de recursos y de patrimonio, sino también de facultades que por tanto tiempo hemos pedido.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, no cabe duda de que estamos dando un paso muy trascendente en el proceso de regionalización de nuestro país.
El actual sistema ya tiene 20 años y, a mi juicio, ha madurado como para hacer estas modificaciones e ir transfiriendo más atribuciones y recursos, a fin de que, al igual que las municipalidades, las regiones tengan gobiernos completamente autónomos. El proyecto está orientado en ese sentido.
Por supuesto, la iniciativa se halla originada en un mensaje presidencial y contiene normas de quórum orgánico constitucional.
De acuerdo a lo que se señala en sus fundamentos, tiene por objeto mejorar la coordinación entre los gobiernos regionales y la Administración; precisar las funciones del gobierno regional, incluyendo las del Consejo y las del intendente, además de agregar funciones al gobierno regional; regular la transferencia de competencias desde los ministerios y servicios públicos hacia los gobiernos regionales, y establecer normas para dirimir las eventuales divergencias que surjan en ese proceso, todo ello dentro del propósito de avanzar en la regionalización.
Respecto a la transferencia de competencias, la Comisión acordó la presentación de una reforma constitucional, patrocinada por sus cinco miembros, para que sea el Senado y no una comisión especial el que resuelva las discrepancias, como lo había propuesto inicialmente el Ejecutivo.
Conviene señalar que el proyecto proporciona un listado del tipo de competencias que se podrán transferir, las que caben dentro de los ámbitos del ordenamiento territorial, el fomento productivo y el desarrollo social y cultural, que parecen suficientes mientras se evalúa el funcionamiento del sistema, así como los resultados de la elección directa de los consejeros regionales.
También es relevante destacar las propuestas para crear los cargos de administrador regional y de secretario ejecutivo del Consejo Regional (el primero, de confianza del intendente, y el segundo, designado por concurso público), además de la elección de un presidente del Consejo Regional, escogido directamente por los propios consejeros.
De especial importancia es la definición de las nuevas competencias del CORE, como la facultad para requerir del ejecutivo regional la información necesaria para desempeñar sus tareas y la contratación de una auditoría externa que evalúe la ejecución presupuestaria y la situación financiera del gobierno regional, así como la de pedirle al intendente que represente a los superiores de los órganos de la Administración, tanto nacional como regional, su disconformidad por sus acciones y omisiones, todo ello dentro del área de la fiscalización de que estarán dotados los consejeros regionales.
Por otra parte, se faculta al Consejo para aprobar o modificar la delimitación de territorios que sean objeto de planificación regional; el plan regional de desarrollo turístico; la declaración de zonas rezagadas y el plan de desarrollo, así como para aprobar el anteproyecto regional de inversiones y conocer el programa público de inversiones.
Igualmente, el Consejo podrá resolver la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional sobre la base de la propuesta del intendente, incluyendo los programas de inversión sectorial y los recursos del gobierno regional provenientes de los tributos locales.
En cuanto a las inhabilidades de los consejeros, se prohíbe de modo absoluto que puedan suscribir, por sí o por terceros, contratos con el gobierno regional, así como el desempeño de cualquier función o empleo público, sea o no de elección popular, hasta por cinco años, al consejero que perdiere su cargo por inasistencia, por actuar como agente en gestiones particulares o en la provisión de empleos públicos, por contravenir el principio de probidad o por suscribir contratos con el gobierno regional.
En cualquier caso, cabe señalar que la Asociación Nacional de Consejeros Regionales manifestó su opinión contraria al proyecto en cuanto a que este vaya a contribuir efectivamente a la descentralización del país, ya que se fortalecen las atribuciones de los intendentes, los seremis y los órganos desconcentrados del poder central en desmedro de los Consejos Regionales. De todos modos, hay que destacar que el proyecto, junto con nuestra propuesta para que el Senado resuelva las diferencias respecto a la transferencia de facultades y la propia elección directa de los consejeros regionales, son asuntos que tendremos que estar evaluando de modo permanente.
Pienso que el proyecto constituye un paso importante, y por eso lo aprobamos en general por unanimidad. Por supuesto, se le introdujeron mejoras.
Al presidente del consejo regional, en el texto original, se le asignaban "grandes" funciones: sería elegido por sus pares y su labor consistiría en abrir y cerrar la sesión, y dar la palabra en ella.
Después de su análisis por la Comisión, el presidente del CORE se encargará de elaborar la tabla de las sesiones; o sea, propondrá los proyectos por tratarse. Y el intendente tendrá la facultad de colocar las urgencias. Pero estas serán calificadas también por el Consejo, el que, por simple mayoría de sus miembros, podrá posponerlas.
No cabe duda de que la elección de los consejeros regionales es un paso muy relevante: pero se encuentra medio confundida con la de Diputados y Senadores. Lo cierto es que nos avasallan: a veces hay 6 candidatos a Senadores, 5 a Diputados y ¡28 a consejeros regionales!
En consecuencia, hoy día la gente se percata de que hay más postulantes a consejeros regionales que a parlamentarios.
No obstante, no cabe duda de que las funciones de los consejos regionales son preponderantes, pues, entre otras, deberán decidir respecto de cientos de miles de millones de pesos. Solo por efecto espejo del Transantiago, el próximo año tales organismos tendrán que resolver inversiones por 280 mil millones de pesos.
El gobierno de la Octava Región -que representamos aquí los Senadores Navarro, Ruiz-Esquide, Pérez Varela (quien no se halla presente en este momento) y el que habla- dispone de casi 120 mil millones de pesos anuales, incluyendo el traspaso de fondos espejo del Transantiago.
Evidentemente, con esa cantidad se puede transformar la región. Los recursos espejo del Transantiago tienen un destino más o menos determinado, pero el resto se emplea en el desarrollo de ella. ¡Cuántas comunas atrasadas, cuánta gente cesante, cuánto pequeño y mediano empresario necesitan el impulso del gobierno regional! Por ello, actualmente, muchas de las inversiones que se realizan tienen por finalidad cubrir carencias y necesidades que deberían ser de cargo de los Ministerios o financiadas con otros recursos. Sin embargo, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional es para dar impulso a las regiones.
Quiero decir a los ciudadanos -siempre increpan a los parlamentarios y a otros servidores públicos argumentando que vamos a pedirles el voto y que después no nos aparecemos nunca más- lo siguiente: "¿Se preocupan ustedes de elegir bien a sus representantes, a quienes realmente van a trabajar por su zona el día de mañana? ¿Qué proyectos u obras han llevado adelante?". ¡Por eso les llamo la atención! ¡Hay que elegir buenos consejeros regionales para que las inversiones sean productivas! ¡De la elección que ustedes hagan para Presidente de la República, parlamentarios, consejeros regionales o alcaldes depende el progreso de su comuna, de su región y de Chile!.
A menudo, por votar mal, hemos llegado a sufrir mucho en el país, y las comunas se ven atrasadas y postergadas. ¡Todo proviene del voto!
Así como nos increpan a nosotros, yo los increpo a ellos: "¡Estudien, vean, analicen a los candidatos y no voten `a tontas y a locas', por encargo! Si no conocen a quienes van a preferir ni los han visto nunca, ¿con qué cara van a ir después a llamarles la atención si no han cumplido?".
Los gobiernos regionales administran mucha plata y, por ende, tienen la posibilidad de hacer surgir, de sacar adelante a las comunas y a los pueblos atrasados. ¡Son tantas las cosas que les faltan todavía! ¡Y hay sectores que en su totalidad carecen de agua potable!
Hoy, la labor de los municipios se ha incrementado. Por ejemplo, les llevan agua potable a los campesinos en camiones aljibes. Una municipalidad dispone de 20 de ellos para cumplir esa tarea.
¡Por Dios, a pesar del estado en que se halla ahora nuestro país, todavía tiene esas tremendas necesidades!
Entonces, es trabajo también de nosotros, del sector público, ayudar, servir, colaborar. Sé que la función principal de los parlamentarios es legislar, pero seríamos unos traidores con nuestra gente si no le informáramos dónde se encuentran los recursos y cómo se deben conseguir para el progreso de las regiones, de sus pueblos y de toda la nación.
Por lo expuesto, apoyo este proyecto y abrigo la gran esperanza de que las regiones empezarán a cambiar con buenos consejeros regionales y con las asignaciones de fondos a que la iniciativa se refiere.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Quiero saludar también a los alumnos del Tercero y Cuarto Medio del Colegio Arrayanes, de la comuna de San Fernando, invitados por el Senador señor García-Huidobro.
¡Bienvenidos!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Asimismo, saludamos y damos la bienvenida a los estudiantes del Liceo Andrés Bello, de San Miguel.
El señor ESCALONA.-
¡Gran liceo!
El señor PIZARRO (Presidente).-
¿Su Señoría estudió en él?
El señor ESCALONA.-
Sí.
El señor PIZARRO (Presidente).-
¡Qué bien¿!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.-
A lo mejor, alguno de los muchachos de este liceo puede llegar a ser Senador de la República, al igual que su exalumno y colega nuestro, señor Escalona.
¡Así lo deseamos!
Señor Presidente, estamos discutiendo un proyecto de la mayor importancia y, por supuesto, como todos aquellos que dicen relación con la regionalización -que al final del día consisten en reducir el poder de los organismos centrales para que crezcan y se desarrollen las regiones-, son siempre complejos. Es muy difícil que la gente y las autoridades reduzcan su poder. Así lo demuestra la historia. Por eso esta iniciativa, pese a que ha costado sacarla adelante, probablemente muchos la consideran insuficiente. Sin embargo, nosotros hemos aprobado -como bien recordaba quien me antecedió en el uso de la palabra- la elección de los consejeros regionales en forma directa por la ciudadanía, a diferencia de lo que ocurría hasta la fecha, que eran elegidos en forma indirecta a través de los concejales.
En consecuencia, en marzo venidero, todos los consejos regionales estarán integrados por personas representativas de la población. Y sería muy lamentable que cuando esos organismos comiencen a funcionar de ese modo, tuvieran las mismas atribuciones con que cuentan en la actualidad.
Por esa razón, este proyecto es indispensable. No sacamos nada con hacer una descentralización política si no va acompañada de una descentralización administrativa y económica.
El texto en estudio busca precisamente lograr esa descentralización complementaria, para que los consejos regionales puedan iniciar su trabajo con más competencias que las que poseen ahora, a fin de justificar que realmente la legitimidad democrática va acompañada de poder, de fuerza decisoria, para influir en el desarrollo futuro de las regiones.
Este proyecto apunta en la dirección correcta. Se podrá encontrar insuficiente, pero creo que contribuye a dar un avance valioso, un paso histórico en el modelo de descentralización que se está siguiendo en el país, al entregar y transferir, efectivamente, competencias desde el gobierno central hacia las regiones.
Sus disposiciones permiten, en definitiva, un mayor protagonismo de las regiones; una búsqueda, con más fuerza, de su identidad; desarrollar y potenciar sus fortalezas, y evitar o corregir sus debilidades.
El sistema de traspaso de competencias tiene también algunas particularidades. Ante todo, reconoce que las regiones no son todas iguales; es decir, que hay cierta heterogeneidad, ya que los traspasos se van a ir haciendo al ritmo de lo que cada una de ellas vaya planteando y desarrollando. Y eso, al mismo tiempo, hace que el proceso sea gradual y que no se aplique automáticamente.
Ya hemos visto que así debe actuarse cuando se trata de procedimientos complejos. Por ejemplo, la implementación de la Reforma Procesal Penal fue exitosa, porque se aplicó gradualmente. Y, a la inversa, la del Transantiago, por haberse implementado de un día para otro en toda la Región Metropolitana, fracasó en forma ostensible por la incapacidad de llevar adelante un proyecto de tal envergadura.
Por eso, en el presente caso, no solo se está efectuando una transferencia de competencias razonables, sino que, a través de una modalidad que, por la heterogeneidad de las regiones y la gradualidad del proceso, va a permitir avanzar quizás con mayores posibilidades de éxito.
Adicionalmente, el proyecto crea el cargo de presidente del consejo regional como una autoridad distinta de la del intendente, configurando así en las regiones un órgano colegiado que, siendo representativo, hará una suerte de contrapeso al representante del gobierno central.
En cierto sentido, ello viene a ser un símil de lo que ocurre con el Congreso y el Ejecutivo, precisamente a nivel nacional, pero mantiene en la instancia regional a un intendente, conservando la unidad del país -porque no lo estamos "federalizando"- y, al mismo tiempo, se crea una institución distinta.
En esa misma dirección, el comité programático de nuestra candidata Evelyn Matthei está planteando la creación de una asamblea regional -la cual esperamos que se pueda discutir más adelante-, para incorporar, junto al CORE, a los alcaldes, a los principales concejales y a los parlamentarios de la región, de manera de crear una entidad que todavía pueda dar más fuerza y mayor identidad propia al respectivo territorio.
Ya tendremos tiempo de analizar esa iniciativa. Pero lo planteado va por el mismo camino.
Por otra parte, los consejos regionales van a tener la facultad de fiscalizar tanto la labor del intendente como la de todas las autoridades del gobierno central que están desconcentradas y que intervienen en el funcionamiento de la región, lo cual también constituye un proceso muy importante.
Adicionalmente, los gobiernos regionales dispondrán de mayores atribuciones y gozarán de más fortaleza en materia de planificación, obligándoseles, al mismo tiempo, a realizar una mejor coordinación entre sus prioridades de inversión y las de los Ministerios.
Esas dos funciones a que me he referido -la de planificación de las instancias decisorias de la región y la de coordinación en las prioridades de inversión entre los gobiernos regional y nacional- llevan a pensar que, por primera vez, habrá una instancia local en las regiones, que va a permitir proponer estrategias de desarrollo propias. Hasta la fecha, el gobierno nacional es el que finalmente lo hace, no los respectivos gobiernos regionales. Por lo tanto, en eso hay un cambio en el eje de poder, en el espíritu y en la iniciativa que se tendrá sobre el particular.
De otro lado, los convenios de programación y los convenios mandatados que se dan normalmente entre las regiones y el gobierno central van a tener ahora la posibilidad de hacerse exigibles por parte de estos organismos, pues en el proyecto así se dispone, además de la obligación de respetar las características, los niveles de inversión y los plazos establecidos en tales convenios, cosa que hoy día no ocurre.
Finalmente, se establece también que toda nueva función o atribución que sea transferida a los gobiernos regionales deberá indicar la fuente de financiamiento, lo cual va a permitir mayor seriedad y responsabilidad en lo que se realice.
La iniciativa en debate propone una nueva estructura para los gobiernos regionales, que les va a posibilitar contar con otras instancias, como la de un administrador regional -similar al administrador municipal-, lo cual les permitirá disponer efectivamente de capacidades administrativas y cierta autonomía, terminando con el sometimiento a la intendencia, como ocurre hasta la fecha, ya que los CORES hoy día son completamente tributarios del intendente de la región.
También, habrá una división de planificación regional. En la práctica, hoy día existe en las distintas regiones, pero ahora se normará por ley. Por lo tanto, ello posibilitará desarrollar una función más estable y permanente, lo que permitirá realmente a los gobiernos regionales convertirse en un receptáculo de transferencias de competencias desde el gobierno central.
En fin, hay una nueva estructura de gobierno regional propuesta, que hace posible pensar que tendremos en esa nueva instancia una verdadera primera etapa de descentralización real de nuestro país.
Pienso que con esta descentralización política y administrativa en marcha y con la transferencia de competencias y atribuciones a los gobiernos regionales, estamos dando un paso significativo.
Pero falta asegurar las competencias económicas, las cuales deberían establecerse no solo a través de mayores transferencias presupuestarias, sino también con otras atribuciones, como la de entregar la posibilidad de establecer reducciones tributarias determinadas por la propia entidad regional. Si se facultara, por ejemplo, que las empresas existentes o por instalarse en una región determinada, por el hecho de generar empleo, puedan reducir el pago del impuesto de segunda categoría, eso sería un incentivo muy poderoso para tal finalidad.
Al mismo tiempo, de ser factible la afectación de impuestos con fines de desarrollo local, aparte de colaborar con tal objeto, estaríamos dotando a la región de mayores recursos.
Lo anterior no se halla considerado en este proyecto, porque él se refiere a las competencias. Pero es importante pensar hacia el futuro, para lograr que realmente este proceso de regionalización sea irreversible y dé a las regiones la identidad y la fuerza que merecen.
El señor PIZARRRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Frei.
El señor FREI (don Eduardo).-
Señor Presidente, me gustaría compartir con mis colegas muchas de sus expresiones; pero, por la discusión habida en la Comisión y lo que he visto del proyecto, no puedo participar de ellas.
Quiero ser superfranco sobre el particular.
Lo que en este momento estamos viendo es que en la próxima elección presidencial y parlamentaria los cores pasarán no a segundo o tercer lugar, sino al cuarto.
En todas las asambleas realizadas en regiones, si uno pregunta a la gente qué labor desempeñan los consejeros regionales y quiénes van de candidatos, la gran mayoría no lo sabe. Por eso los cores se quejan: ¡Están los candidatos a Presidente, a Senadores y a Diputados, pero nosotros ni siquiera somos el "postrecito de la fiesta"!
En cierta oportunidad un viejo amigo republicano me dijo: "Yo conozco muchos animales de dos, cuatro, seis y hasta de cien patas, pero ninguno de dos cabezas". ¡Sería un monstruo!
A mi juicio, nosotros estamos creando aquí un sistema que va a ser imposible de manejar: un gobierno regional, con la estructura que conocemos; y otro similar, el CORE, cuyo presidente será un consejero regional elegido democráticamente, que tendrá mayor importancia y se sentirá mucho más empoderado que los nombrados por el Gobierno o por el intendente de turno, porque dirá que él fue escogido por el pueblo y debe primar por sobre los seremis, a quienes va a perseguir y a fiscalizar.
No sé cómo se va a manejar el que el CORE tenga capacidad fiscalizadora sobre esos funcionarios. Se va a transformar en una impresionante "cacería de brujas".
Hicimos diversos planteamientos al señor Subsecretario -los discutimos en varias reuniones-, provenientes de distintos sectores, como el del Senador Orpis y de otro colega, entre los que se encontraba el relativo a los recursos, que para mí es lo central. Porque aquí no los estamos traspasando a los gobiernos regionales, que seguirán administrando, en promedio, no más allá del 25 por ciento del presupuesto regional. El otro 75 por ciento lo administran los Ministerios sectoriales.
En esa materia no hay ningún cambio. Se dice claramente que los recursos de un gobierno regional se tienen que ajustar al Presupuesto de la Nación. Por lo tanto, la primera condición no se cumple, porque este último va a marcar la pauta y no habrá nuevos incrementos de fondos para el presupuesto regional.
Espero que no se cometa el mismo error en el que ahora se incurre con las platas del Transantiago, que se dedican a cualquier cosa. Los recursos espejo están destinados al transporte. Se dice que en el último proyecto que aprobamos incluso van a estar considerados los trenes de cercanía, como el MERVAL y otro. Y hay proyectos que ya están terminados. Incluso hay 3 en la Región Metropolitana. Espero que no se gasten todos los recursos en esta.
Pero resulta evidente que la primera condición para tener una buena ley, que empodere realmente a las regiones, es la entrega de recursos; pero aquí no sucede eso. Prácticamente tendremos que manejar los mismos dineros.
En definitiva, se crean dos estructuras. Dice la ley en proyecto que el CORE, con su nuevo presidente ya asumido, tendrá que definir sus atribuciones y proponer a sus integrantes toda una organización. Estamos hablando de las llamadas "divisiones". Es decir, prácticamente vamos a tener dos cabezas en cada región: el CORE con sus divisiones y su gente, y el gobierno regional. Pero, ¿cómo se va a compatibilizar esto? Me parece que habrá una burocracia inmensa en la resolución de los problemas.
Luego aparece la creación de la figura del administrador regional, quien, según la iniciativa, ni siquiera tendrá atribuciones sobre los funcionarios de su dependencia. Al respecto, cabe preguntar qué autoridad tendrá. La de ser el brazo derecho del intendente, pero ninguna sobre el personal del servicio administrativo. En definitiva, el administrador regional será un secretario del intendente. Y punto. En el proyecto no viene declarada ninguna atribución más.
En fin, señor Presidente, son muchas las materias que se hallan inmersas en esta iniciativa.
Me habría gustado -así lo planteé en la Comisión- haber conversado más profundamente con el Ejecutivo. En junio sostuvimos dos o tres reuniones informales con el señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, quien nos acompaña en la Sala. En esa oportunidad nos señaló que contestaría a nuestras inquietudes en 15 a 20 días, porque el asunto en definitiva lo resolvía el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Sin embargo, pasados más o menos 60 días, el Ejecutivo presentó todas las indicaciones, y no hubo más diálogo. Y, como ocurre siempre, el Ministro Larroulet pone urgencia al proyecto -"suma" o "discusión inmediata"-, votamos y chao.
Al final no hubo debate para solucionar las dudas que planteamos reiteradamente en muchas conversaciones.
El Senador Prokurica dijo: "El consejero va a tener tales y cuales tareas, como vienen definidas en la futura ley". ¡Pero son las mismas funciones que debe cumplir el gobierno regional! O sea, estamos creando una doble burocracia.
Un ejemplo: lo relativo al desarrollo urbano. Tendrán atribuciones sobre esto el CORE y, también, el gobierno regional. ¿Cómo se resolverá tal competencia? ¿O crearemos una burocracia para pasar tal tarea de un organismo a otro?
Ojalá me equivoque profundamente, señor Presidente. Pero lo dudo. He escuchado los distintos argumentos y leído el texto aprobado por la Comisión. No olvidemos que esta iniciativa lleva mucho tiempo tramitándose. El ex Senador Núñez y otros exparlamentarios expusieron sobre la materia, y dieron muchas opiniones, las cuales no fueron consideradas finalmente.
A mi juicio, hay demasiado apuro por despachar este proyecto.
Espero que este no se convierta en un problema insoluble.
Reitero: estamos creando dos organismos con similares funciones en cada región.
De otro lado, qué nos preguntan los consejeros regionales en nuestras respectivas zonas: "¿Cuánto vamos a ganar?".
Yo escuché a mi colega Sabag hacer una exposición vigorosa, maciza, sobre las bondades de ser consejero regional. ¡Pero a este cargo se le asignan 700 lucas nomás! ¿Ustedes creen que con esa cantidad de dinero contaremos con personas capaces de resolver todos los problemas de la región? No. Tendremos en ese puesto a quienes no pudieron ser ni senadores, ni diputados, ni consejeros, ni alcaldes, ni concejales. Y tendrán una renta similar a estos últimos.
Entonces, digamos las cosas con claridad: no contaremos con las personas de que hablaba mi colega, con esos grandes impulsores de la región, con gente capaz de discernir a qué proyectos darles prioridad. Porque todos sabemos cómo se reparten las lucas en las regiones.
Necesitamos cores con una visión general de la región y del país, para que puedan elaborar iniciativas de desarrollo regional, en lugar de seguir distribuyendo la plata entre 50 proyectitos, como se hace ahora.
¿Con 700 mil pesos conseguiremos gente de nivel profesional, capaz de planificar, desarrollar y llevar a cabo todo lo que debe cumplir un consejero regional? Sencillamente, no lo veo factible.
Ojalá me equivoque, señor Presidente.
Creo que habrá dos cabezas, más burocracia: los cores andarán persiguiendo y fiscalizando de manera increíble a los seremis, y el administrador regional carecerá de atribuciones (la ley en proyecto establece claramente que no tendrá facultades, ni siquiera sobre sus subordinados).
Además, no se prevé asignar más recursos a las regiones para que la iniciativa sea realmente plausible.
Todos queremos gobiernos regionales más empoderados, que resuelvan los problemas en las regiones.
En mi opinión, la ley en proyecto -por más que se repita- no significará un gran avance. Pienso que creará muchos problemas y, en el corto tiempo, nos veremos enfrentados a su modificación. De lo contrario, habrá una muy complicada paralización de las inversiones en cada una de las regiones.
Señor Presidente, en reiteradas ocasiones expresé estas opiniones en la Comisión. La semana pasada acompañé a nuestra candidata en el sur, por lo que no estuve en la última sesión que se llevó a efecto. Yo no era partidario de aprobar la idea de legislar sin antes conversar todos estos asuntos y buscar una solución.
Se trata de una materia extraordinariamente importante. Acelerar una legislación que, a mi juicio, presenta todos los yerros referidos me parece que complica la posibilidad de avanzar en este ámbito.
Ya lo he dicho en mi región: no me voy a comprometer con este proyecto, porque estamos creando la imagen de que vamos a llevar a cabo un gran proceso regionalizador, ¡y no es verdad! En el corto plazo le produciremos una tremenda decepción a la gente en cada una de nuestras regiones.
Eso es lo que deseaba plantear, señor Presidente. Y es la opinión que manifesté en la Comisión.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, comparto el diagnóstico hecho por el ex Presidente Frei en torno al efecto de esta iniciativa, que busca el fortalecimiento de la regionalización del país.
Creo que la verdadera decisión de regionalización pasa por la entrega de recursos a las regiones y por la autonomía de estas para usarlos.
Eso implica -en un país centralizado como el nuestro, en que hay ministerios, subsecretarías, jefes de servicio con poder nacional- dificultades de relación y de concreción respecto a los proyectos que eventualmente se quieran llevar a cabo en las regiones.
Yo lo viví cuando fui Subsecretario y Ministro. Había una superposición de posturas, de definiciones. Y, en el caso particular que nos ocupa, se crea un espacio de discusión sobre la elección de los cores y todo lo que señaló el Senador Frei.
Sin embargo, en mi opinión, el camino no debiera apuntar solo en generar dicha actividad o en regular lo concerniente a la administración regional, sino también en entregar recursos.
Aquí es donde hago la distinción. Debiera decirse: "El gobierno regional recibirá tantos recursos de manera permanente para el desarrollo de su gestión". Todo lo que tenga que ver con los proyectos, con la formulación de las políticas, con los procesos debería quedar, en parte importante, en un fondo administrado directamente por cada región.
En este sentido, nosotros propusimos hace mucho tiempo el denominado "FONDENOR" (Fondo de Desarrollo para el Norte), que buscaba que un porcentaje de los recursos provenientes de la principal actividad económica de esa zona (la minería) quedara en la región.
La idea era no ir a Santiago a resolver el problema. Se pretendía dejar en la región la parte que correspondía enviar al gobierno central.
Se trataba de un fondo propio, especial, distinto del FNDR. ¿Para qué servía? Para que, sobre la base de esos recursos, el gobierno regional -incluidas las municipalidades- pudiera analizar los distintos proyectos, en lugar de lo que plantea la iniciativa ahora: consultar a los municipios.
Esto es un todo. Las regiones están compuestas por el gobierno regional y, también, por las comunas, que tienen su propia dinámica y sus problemas.
Por eso es tan relevante que las autoridades sean elegidas directamente por la ciudadanía. Actualmente, señor Presidente, elegimos concejales, alcaldes, cores, diputados, senadores. Nos falta el intendente.
No solo eso: se establece un presidente del gobierno regional y, adicionalmente, un intendente, a quien se le otorgan algunas facultades. Este, por ejemplo, puede decir: "Tramite con urgencia tal cosa". Y, con ello, representará al gobierno central, en un país unitario.
Con todo, la propuesta en análisis constituye un avance. No es mala en su totalidad, pero presenta dificultades.
La única manera de que la región cuente con autonomía de verdad es que existan recursos que ella pueda administrar.
¿Y dónde se discutirán los presupuestos? No en el Congreso, sino en el Ministerio de Hacienda. Habrá que ir donde el Ministro de dicha Cartera para ese fin.
Antes esa gestión la hacían los intendentes (los besamanos, porque iban Ministerio por Ministerio).
Hoy día pasará exactamente lo mismo. Se discutirán los recursos en Hacienda, y el sectorialista determinará finalmente las prioridades. Porque el gobierno regional carece de facultades para fijarlas. Requiere la aprobación del gobierno central a través del Ministerio de Hacienda.
Entonces, la supuesta posibilidad de que los gobiernos regionales desarrollen sus propios proyectos, sus propias políticas -como dice el mensaje de la iniciativa- se ve muy difícil de cumplir, menos aún en materias de transporte, de salud, de justicia, que son asuntos que preocupan al país completo.
Por ello, debemos lograr el fortalecimiento de las autoridades regionales. Para que estas puedan ejercer sus facultades, necesitan contar con recursos que no sean discutibles entre el Ministerio de Hacienda y el sectorialista.
En el escenario actual, este último puede poner el FI. Cualquier Ministerio o Subsecretaría dirá: "Queremos hacer esto", y será el sectorialista el que decidirá si la iniciativa en cuestión tiene rentabilidad social o no. En otras palabras, todo lo obrado por una Cartera, todo lo realizado en una Región, todo el desarrollo de ideas para beneficio regional terminará en el sectorialista, que resolverá si el proyecto merece o no los recursos.
Por eso, insisto, señor Presidente, en que el camino correcto es establecer un criterio que indique: "El Estado entregará recursos para que la administración regional funcione, así se posibilitará la creación de las divisiones (de personal, del trabajo, de desarrollo regional) que se estimen pertinentes".
Adicionalmente, habrá fondos sobre los cuales decide políticamente el Gobierno nacional. Por ejemplo, si se determina impulsar un desarrollo de magnitud en materia de cárceles, lo más probable es que el Gobierno central resuelva el uso de esa gran cantidad de dinero.
En definitiva, hay temas que son propios de las regiones, y es necesario que estas los solucionen.
Además, resulta imprescindible disponer que un porcentaje de los recursos provenientes de las actividades económicas de cada región -en su oportunidad propusimos que fuera entre 5 y 10 por ciento- quede en ella. Como unas regiones poseen más y otras menos, habrá que calcular un promedio que permita a los gobiernos regionales contar con recursos para ejercer sus atribuciones y poder decidir si quieren construir caminos, escuelas o desarrollar otros proyectos, sin necesidad de sentarse a negociar con el Ministerio de Hacienda, que es la entidad que, en definitiva, pone el visto bueno o rechaza la entrega de recursos.
Si la realidad actual sigue como está, todo lo que estamos ofreciendo en aras del desarrollo de las regiones no será efectivo.
Señor Presidente, sin perjuicio de las críticas expuestas, resulta difícil no aprobar el presente proyecto. Ya despachamos la ley que obliga a la elección popular de los cores, pero no les hemos dado las facultades que les permitan desarrollar adecuadamente sus actividades.
Finalmente, pienso que en un próximo gobierno se va a requerir un estudio profundo acerca de qué modificaciones se necesitan para alcanzar una verdadera regionalización -no digo con autonomía total, porque no es posible establecerla en un Estado tan unitario como el nuestro-, con el propósito de dotar a las regiones de las atribuciones que les posibiliten decidir sobre las iniciativas que son relevantes para cada una de ellas.
Gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, una vez más nos hallamos votando bajo presión.
Uno suponía que en estos casi cuatro años este Gobierno, que llegó con un discurso descentralizador, regionalista, daría cierta prioridad a esta materia. No fue así. Podríamos echarles la culpa al terremoto, al tsunami, a las dificultades de la Derecha para encontrar un candidato presidencial que muestre alguna dignidad, a los problemas internos entre la UDI y RN.
Lo concreto es que en las postrimerías de esta Administración; cuando comienza a morir, a extinguirse, a apagar la luz; cuando la mayoría de sus funcionarios está pensando en cómo aterrizar en la empresa privada, viene el proyecto de ley relativo al fortalecimiento de las regiones. ¡En el fondo del saco! ¡En el fondo del saco!
Entonces, aquí hay una ritualidad: la iniciativa se presenta solo por cumplir un rito. Porque ya se convocó la elección para consejeros regionales. ¡No podemos dejar en el aire a esos hombres y a esas mujeres que están luchando con tanta vehemencia por ganar un cupo! ¡Pero saldrán electos y después no sabrán qué hacer!
Además, se les darán solo 700 lucas para subsistir. Esto abre el espacio para el lobby más brutal en todos los proyectos -¡el lobby más brutal!-, pues con ese salario ningún consejero regional podrá vivir.
Este tema lo discutimos, señor Subsecretario. Dijimos que los cores debían tener un sueldo digno y, ojalá, dedicación exclusiva.
Tardamos muchos años para que este Congreso Nacional impidiera a los parlamentarios que son abogados ejercer su profesión. Y, por cierto, continúa durmiendo hace muchos años mi propuesta acerca de la dedicación exclusiva.
Numerosos señores parlamentarios se dedican legítimamente a sus negocios -y algunos tienen muchos-, pero, en definitiva, esta función es para los que queremos al servicio público. ¡Exclusividad!
Los consejeros regionales harán de todo y, solo al final del día, se dedicarán al gobierno regional. Como un nivel de ingreso de 700 mil pesos no les permitirá subsistir, vamos a enfrentar un grave problema: el lobby se va a instalar. Quiero advertirlo, tal como lo dijo también el ex Presidente Frei Ruiz-Tagle.
Esta reforma legal es tibia, pacata. Algunos pensarán: "Mira, otra vez el duro de Navarro". Pero no lo sostengo yo. Juan Antonio Véjar, Presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales (ANCORE), dice: "luego de una serie de jornadas de discusión, los consejeros regionales llegaron a la conclusión de que el proyecto de ley en debate apunta en dirección contraria a la efectiva descentralización, puesto que, en su opinión, fortalece las atribuciones de los intendentes, de los SEREMIS y de los órganos desconcentrados del Poder Central".
Y agrega: "El proyecto de ley cercena una serie de atribuciones de las regiones, principalmente aquellas que tienen los consejeros de distribuir las inversiones, conforme a sus planes y estrategias regionales, entregándolas a los intendentes, que son los representantes inmediatos del Presidente de la República".
Entonces, ¿qué podrán hacer los cores? Realizar estudios para solicitar transferencias. ¡Eso es lo mismo que ocurre cuando se busca crear comunas! ¡Que presenten los estudios que quieran! ¡La decisión es política y recae en la "monarquía" del Presidente de la República, quien nombra y sigue nombrando a los intendentes!
Mi pregunta es por qué el Presidente Piñera no se atrevió a proponer la elección directa de los intendentes. La Presidenta Bachelet la ha prometido, y lo vamos a hacer. ¡Lo vamos a hacer! ¡Vamos a elegir de verdad a los intendentes!
Yo votaré en contra de este proyecto de ley, porque no me gusta. Lo considero tibio, pacato, "medio ratón". Y ni siquiera cuenta con el consejo de quienes van a ejercer esa función.
Por otra parte, Corbiobío -nadie podrá acusar a esta corporación de cierta tendencia ideológica- ha dicho lo siguiente: "En resumen, los proyectos de ley en comentario nos parecen inspirados" -el cielo está lleno de moradores con buenas intenciones- "más en la desconfianza hacia la capacidad de gestión autónoma de las regiones, que en un efectivo afán de descentralización administrativa; y responden a la idea de un proceso de ensayo de un nuevo modelo de gestión, con muchas restricciones y un fuerte control central, más que al perfeccionamiento de la actual institucionalidad.". Hubiese sido preferible un modelo de transición, pero no lo hay.
Y sigue: "En conclusión, el proyecto de ley enviado por el Gobierno al Congreso, en materia de atribuciones de los órganos del gobierno regional, difiere sustancialmente de lo planteado por la Cumbre de las Regiones, y no recoge ninguna de las propuestas realizadas por ésta en la materia que interesa, existiendo, a nuestro entender, un grave retroceso en el ámbito de la descentralización de la administración del Estado, atendido el hecho que el órgano centralizado del gobierno regional, se verá de manera importante fortalecido y potenciado, sufriendo un severo menoscabo el gobierno regional, órgano descentralizado, con lo cual se desnaturaliza cada vez más, el principio de la participación ciudadana.".
Señor Presidente, los consejeros podrán aprobar el anteproyecto de presupuesto que propone el intendente. "Quien tiene la plata pone la música". La plata la sigue teniendo el intendente y, por tanto, este "seguirá poniendo la música".
Asimismo, el proyecto obliga al presidente del consejo regional a rendir una cuenta anual. ¿Alguien ha asistido a las cuentas anuales de los alcaldes? ¿Alguien cree en ellas? A lo único que se van a dedicar es a enumerar cifras, al igual como lo hacen los alcaldes, detallando todas las obras de Gobierno. ¿Es una cuenta de gestión municipal la enumeración de todas las obras (los colegios, las postas, los caminos)? En definitiva, las cuentas anuales no resuelven el tema de la transparencia, menos si la del presidente del consejo regional es ante los alcaldes. ¡A lo menos podrían ser frente a la ciudadanía! ¡Pero no, es ante los alcaldes!
Señor Presidente, el intendente ya no fijará la tabla de las sesiones -¡qué gran mérito no fijar la tabla!-; sin embargo, podrá reservarse la facultad de poner las urgencias. ¡El sometimiento a la "monarquía", igual como ocurre con el Congreso! ¿O algún colega cree que el Senado tiene atribuciones de verdad frente al Ministro Larroulet, que pone "discusión inmediata" cada tres minutos a los proyectos para retirarla tres minutos después?
Señor Presidente, lo de las urgencias es algo ¡abusivo!, igual como las que el Gobierno coloca a las iniciativas de ley.
Esta es una trampa, ¡absolutamente una trampa! Que fije la tabla el que quiera, si al final quien pone la urgencia es el que determina lo que se va a discutir. Y esos son el presidente del consejo regional y el intendente.
Reitero: una vez al año el intendente deberá dar cuenta de su gestión, pero no ante la ciudadanía.
Por otra parte, señor Presidente, cuando haya líos, cuando existan diferencias entre el gobierno regional y el intendente o, mejor dicho, el representante de la "monarquía presidencial" en la Región, el que deberá dirimir será el Senado. Rechazo el paternalismo, la tutoría. ¿Al final los Senadores vamos a terminar solucionando los líos de la Octava Región? Ello significará que se resolverá políticamente, como sucede en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad con los proyectos en materia ambiental. No habrá una resolución regional. Se van a juntar los chicos buenos y los chicos malos, o las chicas buenas y las chicas malas, y van a definir de común acuerdo qué resuelven y qué no. No será pensando en las regiones. Peor aún: la tutoría se pasa directamente a los partidos y a los parlamentarios. O sea, antes estaban bajo el yugo del Gobierno; siguen bajo él con el Presidente, y ahora también estarán bajo el yugo del Senado.
Entonces, este proyecto es totalmente antirregiones.
Elementos sustantivos de renovación y modernización, como hemos sugerido enormemente, no se consideran.
Por ejemplo, en cuanto a los impuestos territoriales, que las empresas forestales paguen de verdad tributos a las comunas y al gobierno regional. No lo hacen.
Tampoco se contempla la redefinición del FNDR, esto es, que haya un verdadero Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Si el retroceso del aporte al PIB, la disminución del empleo, la caída brutal de la Región del Biobío se debe en parte a que los instrumentos de desarrollo y fomento han fracasado. Con el FNDR nos dedicamos a construir escuelas, postas, caminos, sedes vecinales -para ello se usa-; sin embargo, ese no es el objetivo del Fondo. Su propósito es el desarrollo regional, y eso implica otro monto de inversiones y una naturaleza distinta de las finalidades. Peor aún, como ahora los consejeros serán elegidos por votación popular, ya no tendrán que responderle a la entelequia del desarrollo regional y del interés de país, sino al interés de los ciudadanos. En definitiva, la tentación y el impulso serán para atender las demandas más pequeñas de los ciudadanos, legítimas pero pequeñas. Hoy día los dejamos sometidos a la votación popular, es decir, a lo que pidan los ciudadanos.
Entonces, podemos tener una diferenciación en el Fondo para dar cumplimiento a los requerimientos ciudadanos y a los de interés de país. Si no, yo visualizo que tendremos un conflicto permanente entre un Gobierno que tratará de fijar líneas de país y unos consejeros regionales que legítimamente pensarán en la región.
Señor Presidente, creo que en parte este mal proyecto se mejorará a futuro con la elección del intendente. Existirá un mecanismo para definir la diferencia con el Gobierno central; se establecerá el rol que va a cumplir; habrá una elección popular, mayor poder y las regiones resolverán sus propios problemas.
Rechazo absolutamente esta tutoría del Senado para solucionar las diferencias, que habrá muchas. Es la peor de las fórmulas. Esto no significa más poder para nuestra Corporación. Yo quiero más poder para el Senado de la República; menos monarquía; menos poder para los señores feudales que son los alcaldes; más poder para los consejeros, más poder para la ciudadanía. Pero no me parece bien radicar esa atribución en la Cámara Alta. Claramente, se pondrá a discutir los problemas de Punta Arenas, las disputas entre el intendente y los consejeros regionales, y allí no habrá una preocupación por Magallanes, sino una alineación de la Oposición y del Gobierno en torno a temas políticos más bien ideológicos y, por cierto, muy lejanos de lo regional. No me gusta la fórmula de que las diferencias las dirima el Senado, porque es seguir pensando que las regiones todavía están en pañales, que aún usan pantalón corto. Este proyecto es una ofensa¿
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Ha concluido su tiempo, señor Senador.
Tiene un minuto adicional.
El señor NAVARRO.-
Gracias, señor Presidente.
Por eso, tomo en consideración lo que plantean los propios consejeros regionales, lo que sostiene el Centro de Estudios de Corbiobío, una gran institución de la Región del Biobío, que efectúa una crítica ácida, concreta, detallada, técnica respecto de la descentralización. Se realizó una cumbre de regiones, hubo propuestas, y observo ausencia de ellas en esta iniciativa. Se trata de una bofetada a las regiones. No pretendamos comprarnos el cuento de que efectivamente llevamos adelante un proyecto para aumentar la descentralización y la regionalización cuando ninguna de las proposiciones de las regiones -planteadas hace tiempo- se recogen en el texto legal que nos ocupa.
Anuncio mi voto en contra.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, he escuchado algunas frases grandilocuentes en orden a que nos encontramos ante un gran proyecto, que avanza sustancialmente en materia de regionalización. Sin ir más lejos, el nombre con el que se le conoce: "Informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización relativo al fortalecimiento de la regionalización del país" lo considero exagerado.
Más bien, yo diría que esta es una mediocre implementación de la reforma constitucional de 2009, mezquina, con un énfasis centralista bastante exacerbado.
Realmente, no se avanza en las materias de descentralización.
Lo que se hace es perseverar en lo que he denominado "la maldición de la gradualidad y la selectividad", que en 1990 se impuso en la lógica que discutieron Gobierno y Oposición en ese momento.
Y, en verdad, el pecado original no se halla en quienes hoy día se encuentran implementando esta normativa, para ser bien claro y bien franco. Ellos están siguiendo con el pecado original. Este estuvo en el hecho de que, cuando la fuerza de impulso regionalista que este Congreso intentó imponer en el trámite legislativo de las primeras normas de regionalización -de vuelta a la democracia-, lo que en esa época se llamaba la "Concertación" inventó este artilugio que no es sino una explicación para dilatar, para no responder a las demandas ciudadanas, por una cuestión que ha marcado toda la discusión política sobre materia de regionalización, descentralización y desconcentración a lo largo de estos 24 años: un centralismo exacerbado, una profunda desconfianza de las competencias de las regiones respecto de la posibilidad de administrar su futuro y -yo diría- una incoherencia y una hipocresía francamente dignas del mejor esfuerzo.
Todos los Gobiernos desde esa fecha hasta ahora han hecho gárgaras con la regionalización, descentralización y desconcentración, pero lo concreto es que hasta este momento todo el sistema parece ser más bien regresivo.
¿Hemos avanzado en materia de presupuestos regionales? No hemos progresado nada.
¿Qué pasará cuando se produzca un conflicto? No me refiero a transferencia de facultades; yo estoy hablando de una cosa mucho más sencilla. Por ejemplo, cuando un Ministro decida cerrar una calle por tal o cual razón y el intendente no quiera que eso ocurra y llame al Seremi, ¿este a quién le hará caso: al intendente, al presidente del consejo regional o a dicho Secretario de Estado?
Yo estoy haciendo mención a cuestiones mucho más simples.
La estructura de gobierno en la región sigue siendo extremadamente centralista, vinculada al poder central. Hay cierto desprecio, una falta de respeto hacia el ámbito regional, una desconfianza de sus capacidades, de su posibilidad de empoderarse.
En mi opinión, aquí no hay avances significativos. Es simple administración de un enfoque mediocre de entender la descentralización.
Se habla de descentralización administrativa territorial y funcional. ¿Dónde está aquí esa descentralización si se pretende -lo acaba de describir el Presidente de la Comisión- que cuando haya discrepancias el Primer Mandatario nombre a todo un equipo, eminentemente centralista, y solo el presidente del consejo regional respectivo pueda formular sus planteamientos? ¡Por Dios! ¡Qué avance hay en esta materia! Esto es un remedo; una falta de respeto a las regiones; una expresión más del centralismo grosero que sufre este país, que nos tiene absolutamente entrabados y que se está transformando en el talón de Aquiles de Chile.
¿Qué es descentralización administrativa funcional? ¡Dónde está, por Dios!
No hay descentralización ni territorial ni funcional.
En cuanto a descentralización política, hay un avance, sin duda. Estamos generando democráticamente una autoridad, pero en la forma en que aquí se ha mencionado: sin dilucidar competencias. Y no es solo como dijo el colega Senador y ex Presidente de la República Eduardo Frei: con dos cabezas. ¡No, si esto es más complejo! No solo se refiere al ámbito de soberanía que representa el presidente de dicho consejo, sino también al que representa el intendente. No obstante, como lo acabo de describir, frente a una cuestión sustantiva de desarrollo local o regional, donde en realidad están en pugna las visiones del intendente o del presidente del consejo respecto de la del Ministro, ¿qué lógica se impone? La del Secretario de Estado, obviamente. ¿Por qué? Porque el Seremi, ¿a quién debe responderle? Al que le paga el sueldo, le fija el contrato y le firma los permisos administrativos.
Entonces, en verdad, el actual Gobierno, del cual he formado parte, aunque algunos abriguen muchas dudas sobre el particular y lo hayan puesto en cuestión a lo largo del tiempo, en mi opinión va a pasar con un 3, un 3,5, si es que no queda para marzo, en materia de coherencia, descentralización, desconcentración y regionalización.
Respecto de las descentralizaciones políticas, decía que sí hay generación democrática. Pero no se empoderan los impulsos normativo, reglamentario ni regulatorio de manera efectiva. Sigue habiendo esa tensión tremenda entre las regiones y el centro del país.
Y en materia de la tercera dimensión de la descentralización: la financiera, no hay nada. En mi opinión, es un conjunto vacío, porque todo lo que viene no es sino la implementación de lo ya considerado en la reforma constitucional de 2009.
Por otra parte, entre los objetivos de la iniciativa en debate, figuran los siguientes:
"Reforzar la coordinación entre los gobiernos regionales y la Administración;". No sé cómo se puede coordinar, realmente, cuando coexisten estas tres dimensiones, con tensiones que no se esclarecen con exactitud y claridad.
"Precisar las funciones del gobierno regional" -ignoro en qué medida se precisan, en verdad- "distinguiendo las del consejo regional y las del intendente;"
"Agregar funciones al gobierno regional atendida la nueva modalidad de elección por sufragio universal...". Repito: "Agregar funciones al gobierno regional". Pero con un problema de resolución de controversias tremendamente complejo.
"Regular el procedimiento de transferencia de competencias desde los ministerios y servicios públicos a los gobiernos regionales y establecer normas para dirimir las divergencias...". Ya lo hemos dicho: los mecanismos de resolución de divergencias son absolutamente inaceptables. Y espero que esa situación se vaya corrigiendo.
Señor Presidente, miro el contexto del proyecto y, realmente, lo considero muy, muy pobre. Me parece que no se resuelven, en lo sustantivo, los elementos que debieran haber sido considerados.
Lamento que nos hayamos farreado 4 años más. Llevamos ya 24 años haciendo gárgaras con la descentralización, la desconcentración y regionalización. Pero, con toda honestidad, no me cansa de sorprender esta incoherencia de hablar de tales conceptos con tanta generosidad en tiempos de campaña y el egoísmo, casi rayano en la indiferencia, según sea el Gobierno de que se trate, al alcanzar La Moneda. Llegando a esta se produce un proceso de transformación: todos los generosos regionalistas, desconcentradores y descentralizadores, quienes en los seminarios y en las academias hacen gárgaras con estos conceptos, entran en una fase de mezquindad francamente sorprendente.
Lo digo, además, para hacer oír la voz de una Región que es la principal de Chile, el sostén, hoy más que nunca la viga maestra de la economía nacional, y que siente amarradas sus manos porque no tiene cómo impulsar progreso y desarrollo ni tomar decisiones. Y que debe estar mirando a Santiago, a personas bastante incompetentes, por lo demás, porque por ejemplo en materia de...
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor CANTERO.-
¿Me concede un minuto más, señor Presidente, por favor?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Puede continuar.
El señor CANTERO.-
Muchas gracias.
Como sostenía: en materia de procesos emergentes que ni siquiera se sueñan en Santiago, hoy día, de un total aproximado de 80 mil personas -¡80 mil!-, en el ámbito de la inmigración, algo así como 5 mil hacen conmutación. Hay algunos que ni siquiera saben lo que ello significa. La conmutación es el traslado que realiza la gente en avión, permanentemente: cada siete, cada diez o cada quince días, en fin
Todos los problemas que he mencionado, visualizo que no se logran entender desde el centro del país.
Señor Presidente, lamento que el proyecto en debate sea tan pobre en lo que dice fortalecer: la regionalización, la descentralización y la desconcentración.
Voy a votar en contra de la idea de legislar.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, lo primero que debo manifestar, por un sentido de responsabilidad, es que pido segunda discusión del proyecto. Considero que a la iniciativa en examen le falta maduración, más reflexión. Hemos escuchado esta misma tarde visiones tan antagónicas, tan diferentes, que a lo menos que nos pueden obligar es a revisar más concienzudamente el texto legal. Lamentablemente, se le puso una premura, a mi juicio, injustificada.
Deberíamos haber analizado con bastante más tiempo el proyecto, sobre todo si estábamos conscientes de que habíamos cambiado el sistema para elegir a los cores y de que se dispuso ahora su elección directa. Aunque la ciudadanía se halle bastante desconcertada y sepa poco acerca de a qué nos referimos cuando hablamos de la elección de los cores, la verdad es que tendrían que haber ido de la mano ambos procesos. Y resulta casi chocante tener que sacar con rapidez la iniciativa porque se acerca una elección de cores el 17 de noviembre y, teóricamente, debiera ir aparejada con lo prescrito en el presente proyecto.
Yo lamento esta situación, señor Presidente. No puedo sino acoger algunas de las observaciones críticas que se han formulado.
A mi juicio, sería faltar un poco a la verdad si tratáramos de endosar la iniciativa que nos ocupa como el gran proyecto, el que da un paso significativo, trascendental, respecto a la descentralización, a la desconcentración o a la verdadera regionalización.
Considero que no es así y que, efectivamente, nos vamos a encontrar con varios problemas.
Tendremos un órgano colegiado -¡colegiado!- elegido directamente por los ciudadanos, cuyo presidente va a ser nombrado por sus pares, pero no dispondrá de facultades propositivas ni de gestión. Y hay un intendente, quien, a pesar de dejar el cargo de presidente del consejo, mantiene todas las funciones ejecutivas del gobierno regional, además de las tradicionales que le corresponden como representante del Presidente de la República.
Imagínense el caos que se va a armar en las regiones. Protocolarmente, vamos a tener un intendente, quien es el representante del Primer Mandatario; además habrá un presidente del consejo regional, elegido democráticamente por sus pares, los cuales, por su parte, por primera vez serán electos directamente por la ciudadanía.
En definitiva, habrá un intendente que sigue a cargo del aparato administrativo del gobierno regional. Es decir, todo el personal se halla bajo su dependencia.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mantenemos la definición de gobierno regional: un órgano constituido por el intendente y el consejo regional, aunque ahora el intendente ya no lo presida y los consejeros sean elegidos democráticamente.
Aquí se ha alabado mucho el hecho de que una región pueda pedir traspaso de competencias al nivel central. Pero el Presidente de la República las puede denegar -fundadamente, pero las puede denegar-, y no habrá un órgano, ni el Senado ni el Tribunal Constitucional, que se haga cargo de dirimir ese conflicto, el cual, además, de alguna manera debiera zanjarlo el gobierno regional. No considero adecuado que lo haga la Cámara Alta, evidentemente.
Es cierto que se pueden elaborar anteproyectos y proyectos de inversión regional, pero no se cuenta con una verdadera hacienda regional.
Yo lamento, señor Presidente, que aquí se nos haya tratado de presentar una iniciativa con muchas más virtudes de las que posee. Creo que debemos reflexionar más. Debiéramos dar un paso más honesto, sustantivo y real hacia una verdadera descentralización o mayor regionalización. Por supuesto, no basta con la elección de los cores. Nosotros somos partidarios -y esperamos que así sea, si alcanzamos el próximo Gobierno- de elegir a los intendentes. Esto de tener cores, por un lado, elegidos democráticamente, y por otro, un intendente que representa al Presidente de la República es algo que va a generar mucha distorsión.
Además, eso nos daría mucha más legitimidad cuando debamos hacer, de repente, observaciones críticas.
Deseo señalarles a mis queridos colegas que me ha tocado, a veces, desempeñar un rol que no es grato y que me ha significado más de alguna descalificación. Pero no me importa, a mí no me eligieron para andar buscando halagos sino para hacer observaciones críticas. Por ejemplo, el año pasado mi Región tuvo la peor ejecución presupuestaria del país hasta un mes antes de que terminara la fecha tope del 31 de diciembre. Hoy día nuevamente ostentamos el triste récord de ser la Región con la peor ejecución presupuestaria.
¿Saben Sus Señorías qué ocurrió el año pasado? Como hice varias críticas a través de los medios y señalé ese déficit, que no se justificaba, ¡en dos meses se revirtió la tendencia y se logró la totalidad de la ejecución!
Se actuó con premura. Y algunos alcaldes -podría nombrarlos- me expresaban: "Gracias a sus críticas, Senadora, mis proyectos corrieron. Ni los presentaba casi. Me pedían que elaborara uno rápidamente, y era aprobado de inmediato". ¿Por qué? Porque había que revertir la imagen de la peor ejecución presupuestaria.
¿Qué quiero decir con eso? Que necesitamos intendentes y gobiernos regionales que caminen en una sola dirección, que tengan mayor capacidad y eficiencia, que sean verdaderas agencias de desarrollo local.
La administración de los fondos de desarrollo regional a veces es más que lamentable, porque poco apunta -es cierto que nuestras Regiones necesitan muchas cosas- a motivar desarrollo.
Aquí se presentó un proyecto con características de gran solución: el que crea el FONDENOR. Pero, a decir verdad, quedamos bastante chicos. Y, oportunamente, los miembros de la Comisión de Minería criticamos el bajo monto de los recursos propuestos.
Las comunas mineras merecen bastante más, si consideramos su aporte y el hecho de que reciben pasivos vinculados con la contaminación ambiental, con la congestión, con el alza del costo de la vida, con la presión que se ejerce sobre los servicios de salud, etcétera.
Es demasiado lo que se trastoca a algunas Regiones. En la de Atacama, por ejemplo, los subsidios habitacionales que se entregan no alcanzan para construir, pues la especulación con el valor de los terrenos es brutal.
¿Qué nos pidieron apoyar los empleados públicos, quienes recibieron el respaldo de todos los parlamentarios, sin excepción? Que la Región sea declarada zona estratégica, por el aporte que le entrega a la economía del país gracias a la explotación minera. Sin embargo, hasta ahora solo existe una promesa incumplida.
Hoy hubo en Copiapó una marcha de más de 4 mil empleados públicos, durante la cual se pidió que el compromiso contraído por el Ministro del Interior en el sentido de dar una respuesta a la solicitud de declaración de zona estratégica -no extrema- se cumpla, por el aporte que una medida de tal índole significa para la economía local y por la consiguiente posibilidad de enfrentar en mejor forma la tremenda carestía que sufre la Región.
Entonces, debemos preguntarnos cuál es la realidad existente y qué instrumentos estamos creando para enfrentarla.
En ese último sentido, como señalé, el proyecto en debate deja mucho que desear. Aparentemente, camina en la dirección correcta, pero, en la práctica, entrega muy pocas atribuciones reales. Y si no brinda la posibilidad efectiva de administrar los recursos, seguiremos administrando el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, pero no necesariamente lo que más interesa.
Hay otro ejemplo, señor Presidente.
El año pasado criticamos falta de transparencia en el uso de las platas "espejo" en las Regiones, después de los ingentes recursos que hemos debido entregar para sacar a flote el Transantiago, que fue objeto (lo reconocemos) de un proyecto malo, o diseñado inadecuadamente, o no puesto a prueba. Bueno, hoy estamos pidiendo que los fondos "espejo" se decidan a nivel regional y se destinen al mejoramiento del transporte público, de la calidad de vida de los habitantes que sufren este sistema. Esperamos que esta vez se cumpla, porque hasta ahora tales recursos son un pozo negro y no se sabe claramente adónde van a parar.
Y doy otro ejemplo, señor Presidente.
Hoy día la Corte Suprema está viendo un recurso de protección que presentaron el Alcalde de Huasco y varias organizaciones, acción que incluso suscribieron el Diputado Robles y la Senadora que habla. ¿Saben Sus Señorías por qué? Porque, tratándose de una zona de latencia, de alguna manera no se están adoptando las medidas indispensables para mitigar y compensar. En cambio, se presenta un nuevo proyecto, ¡basado en el carbón!
Surge, pues, la pregunta: ¿No implica una contradicción el hecho de que en una zona de latencia, que ya tiene a Guacolda I, II, III, IV y V y a la Compañía Minera del Pacífico, se instale otra central a carbón?
¿Qué ocurrió? Que el Consejo de Ministros, desoyendo las argumentaciones aducidas en contrario y revirtiendo la evaluación regional, decidió aprobar el proyecto pertinente. Y eso termina hoy día en los tribunales, judicializándose. ¿Por qué? Porque tenemos una institucionalidad débil, que permite que un Consejo de Ministros, por razones políticas, cambie una resolución técnica tomada en el nivel regional.
Por consiguiente, yo les digo a todos aquellos que han alabado tanto la iniciativa en debate que hay que guardar cierta coherencia. Porque en este caso se está demostrando que ella no existe, ya que queda en evidencia que el fortalecimiento de la regionalización planteado y que tanta falta nos hace es mucho más apariencia que realidad.
¡Eso es lo que estamos viendo día a día!
Por lo expuesto, señor Presidente, voy a pedir segunda discusión. En mi concepto, esta iniciativa merece mayor reflexión. No nos quedemos con la apariencia. Vayamos al fondo. Y el fondo nos dice que tenemos una dualidad -como alguien señaló aquí, con bastante razón- y que no va a ocurrir lo que todos quisiéramos: caminar hacia la auténtica regionalización que requerimos, pues el centralismo nos ahoga.
Si no hubiera segunda discusión, no me sentiría en condiciones de aprobar este proyecto y debería abstenerme, porque considero que tiene carencias y no camina en su verdadera esencia, que es lo que más nos interesa. Y los ejemplos exhibidos han sido muy concretos.
Por consiguiente, pido segunda discusión. Las observaciones que han hecho algunos colegas son muy de fondo -no se trata de descalificar por descalificar-, en el sentido de que todos deseamos caminar hacia una auténtica descentralización, mayor regionalización, más autonomía, más empoderamiento, más atribuciones, más manejo de recursos, más toma de decisiones. Pero, lamentablemente, este proyecto no lo está permitiendo.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Como la Senadora señora Allende, en nombre del Comité Socialista, solicitó segunda discusión, el proyecto no se votará hoy. Pero se debe completar la primera discusión.
En esa instancia, tiene la palabra el Senador señor Novoa.
El señor NOVOA.-
Ya no, señor Presidente. La pedí antes, hace mucho rato.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Muy bien.
El Honorable señor Chahuán no está en la Sala.
Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, a mi juicio, para que este proyecto merezca la denominación "fortalecimiento de la regionalización del país" falta una cuestión esencial: la de los ingresos de los gobiernos regionales, a cuyo respecto debe resolver el consejo regional, que será electo por votación directa, según se aprobó, y asumirá con nuevos bríos en el curso de los próximos meses.
Ahora bien, dicho consejo, si no cuenta con mecanismos efectivos para disponer de recursos que permitan decidir en cuanto a lo que ocurre en la Región y a la estrategia de desarrollo que esta seguirá en el tiempo, estará, muy probablemente, condenado a fracasar.
Por lo tanto, el Senado, como parte muy importante del sistema político de nuestro país, está corriendo un riesgo muy grande: el de contribuir a una nueva frustración en el desarrollo de la institucionalidad chilena.
Quisiera entrar derechamente en materia, señor Presidente.
Mi preocupación discurre en el siguiente sentido.
Estoy convencido de que se deben estudiar, aprobar e incluir en esta iniciativa normas que permitan definir una ley de rentas regionales.
Por cierto, de incorporarse las disposiciones pertinentes en este proyecto, sería por la vía de una indicación, no por la de una ley autónoma. Pero no me importa la parte técnico-jurídica, sino la solución del problema de fondo.
Sea como parte del texto en debate, sea mediante una ley distinta, la normativa es la misma: dice relación con la columna vertebral de los futuros gobiernos regionales y, en consecuencia, con los consejos que los van a dirigir.
Si no se resuelve lo concerniente a los ingresos de las Regiones, los consejos estarán muy cerca de ser instituciones sin capacidad real para conducirlas.
Por ejemplo, en la Región del Biobío están las instalaciones más significativas de uno de los complejos productivos de mayor relevancia que se han desarrollado en nuestro país en el curso de las últimas décadas. Me refiero a las explotaciones forestales, en particular para la fabricación de celulosa.
Una de las dos empresas del rubro más grandes de Chile, Celulosa Arauco, tiene dos de sus mayores plantas en la Octava Región: una en la comuna de Arauco, de la provincia del mismo nombre; la otra, en la comuna de Ránquil, en el valle del Itata.
Cuando uno mira las contribuciones que esos enormes conglomerados productivos hacen al desarrollo de cada Región no puede sino lamentar que se trate de un aporte muy pobre. Y esto, no porque aquellos carezcan de los recursos necesarios, sino porque los mecanismos existentes desde el punto de vista del aporte que esas corporaciones gigantescas deberían efectuar al desarrollo regional no son eficaces.
Me explico.
Por ejemplo, las empresas que prestan servicios de transportes en la planta de Ránquil (en Itata) o en la de Arauco (a orillas del golfo de Arauco) no tienen inscritas sus razones sociales en la comuna respectiva. En consecuencia, el pago de patente que por los 300, 400, 500 o 1.000 camiones de carga que operan debiese efectuarse en la Región (porque allí se desarrolla la actividad productiva y se genera el impacto de esta) se realiza en Las Condes, o en Vitacura o en una comuna ubicada a centenares de kilómetros de distancia, acentuándose la desigualdad en los ingresos y sin crear ninguna posibilidad para que los dineros pertinentes (estos, naturalmente, tendrían que contribuir a resolver la externalidad que genera el traslado de miles de toneladas de árboles a través de las rutas, con el consiguiente impacto en la conectividad) se destinen a subsanar los efectos negativos provocados.
Entonces, se acentúa la desigualdad en las Regiones, las cuales quedan condenadas a que sus carreteras permanezcan semidestruidas; a que los presupuestos que estamos aprobando, que son relativamente escasos, deban dirigirse a la reparación de los caminos dañados, para mantener una conectividad que beneficia esencialmente a empresas que, como explicité, pagan su patente en alguna de las comunas santiaguinas antes individualizadas.
En tal sentido, el caso de Arauco es emblemático.
Por ejemplo, frente a la planta de Celulosa Arauco instaló un quiosco para venta de bebidas un pequeño empresario, quien paga en la comuna, por concepto de patente, más patente que ese enorme conglomerado.
Desde mi perspectiva, la situación ha ido avanzando hacia un punto tan extremo que pone en el orden del día la necesidad de establecer e implementar una ley de rentas regionales.
Yo entiendo que la matriz de aquel consorcio no se puede radicar en una de las Regiones donde se hallan las plantas: la Octava, la Novena, la Décima, y ahora, la de Los Ríos. Es obvio que dicha matriz no puede instalarse en la comuna de Arauco, por ejemplo, que es aquella a la que me estoy refiriendo; pero también lo es que las empresas que prestan servicios allí sí debiesen estar obligadas a inscribir su razón social en la comuna donde se sitúa el enclave productivo y a pagar en ella su patente, para de ese modo contribuir al financiamiento de las externalidades que provocan.
Pero eso no ocurre, señor Presidente.
O sea, con el actual sistema de rentas se condena a las demás Regiones a pagar el mayor crecimiento de la Metropolitana. Porque ese es el resultado final. Y lo he señalado aquí muchas veces a propósito del Transantiago; afortunadamente, el Ministro Errázuriz acogió nuestro argumento.
Espero que, desde el punto de vista del Presupuesto, podamos corregir la situación en el curso del tiempo.
Durante años se aplicó un subsidio al transporte de pasajeros solo en la Región Metropolitana. Pero ahora, con la nueva ley, también se entregará al resto de las Regiones.
El problema, pues, deberá superarse.
Señor Presidente, mientras no contemos con una ley de rentas regionales; mientras las Regiones no tengan ingresos propios -al respecto, me sumo al razonamiento del Senador Frei, ex Presidente de la República-; mientras los consejeros reciban un ingreso mensual de 700 mil pesos, la señal que estamos enviando es la de que el consejo regional será una institución enteramente subalterna, secundaria, desde el ángulo de la preocupación por nuestro país y sus ingresos.
En tales circunstancias,¿
El señor PIZARRO (Presidente).-
Perdón, señor Senador.
Habiendo terminado su tiempo, dispone de un minuto adicional para redondear su exposición.
El señor ESCALONA.-
Gracias.
En tales circunstancias, señor Presidente, siento que estamos corriendo el grave riesgo de establecer dos instancias paralelas sin las adecuadas interconexiones. Además, una de ellas quedará claramente subordinada por la pobreza y mezquindad de su instalación y de sus procedimientos y estará muy lejos de constituirse en una institución regional capaz de ponerse a la cabeza de cada Región.
Por eso el Comité Socialista pidió segunda discusión, pues en los términos actuales no nos resulta posible votar a favor de este proyecto de ley.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, el tema de la regionalización pareciera ser relativamente reciente. Empero, eso no es verdad.
Quiero recordar sucintamente que hace 40 a 50 años se presentaron las primeras ideas sobre la materia. Y fue en Biobío donde surgió, durante el Gobierno de Eduardo Frei Montalva, el primer modelo de regionalización, que contenía elementos no consignados en este proyecto, los cuales significaron un avance sustancial en lo que a la sazón se llamaba "la inversión", a través de ORPLAN y de otras instituciones creadas específicamente y que desaparecieron a partir de 1973.
Por lo tanto, hay que tomar conciencia de que, siendo antigua la idea, existen elementos susceptibles de considerarse ahora y que se relacionan con la manera de hacer la nueva ley.
Voy a votar a favor del proyecto, porque no juzgo propio que, quedándome muy poco tiempo en esta Corporación, me pronuncie en contra para evitar un avance de estimación variable: para algunos es sustancial, y para otros, absolutamente menor. Por mi parte, me encuentro en este último caso. Pero es un avance, y, en conciencia, entonces, no podría votar en contra.
Mas dentro del texto hay elementos no sustentables. Y espero que, en ese entendido, el Senado pueda revisarlo, para lograr algunas cosas claras.
Me parece que el primero de ellos es comprender que el deseo de regionalizar, en el ánimo de darles mayor espacio a las regiones, necesariamente requiere también un cambio constitucional y en la estructura general del Estado. En el marco de un Estado unitario como el nuestro, que respaldo, pienso que un tremendo posicionamiento del Ejecutivo, en desmedro del sistema o de los órganos legislativos, no causa un efecto conveniente. Por lo tanto, ahí se observa una falla esencial.
Segundo, si no hay cambios, en verdad -también dentro de lo que aquí se ha dicho, que quiero retomar-, en el aporte a las decisiones regionales, en materia de fondos, tampoco hay una regionalización posible. La vieja frase "el que tiene la plata pone la música" es fea e inadecuada, pero cierta.
Recuerdo que ya en la discusión de 1966 o 1967 se hicieron los estudios necesarios y se calculó que si se quería llevar a cabo una verdadera regionalización, los recursos que se invirtieran en la Región del Biobío -entonces asimismo comprendía la provincia de Malleco- no debían ser inferiores al 45 por ciento del total en ella. El Honorable señor Frei me decía, mientras conversábamos sobre el particular, que todos están contestes en que hoy no van más allá del 25 por ciento. Entonces, es inevitable aumentarlos.
Tercero, tomo igualmente las palabras de ese señor Senador al formular un planteamiento que todos, a mi juicio, tenemos que valorar. Nosotros conocemos nuestras regiones y sabemos que no avanzan solo por normas, sino también sobre la base de la participación de personas precisas, con un temperamento y una forma de actuar. Es completamente increíble pensar que podría funcionar bien un modelo en el cual simultáneamente se contemplen un poder elegido por el pueblo, directo, como se propone, y otro que nace del Presidente de la República. Eso es imposible. Es cuestión de conocer a los seres humanos para saber que ello no puede operar relativamente bien.
Sé que algunos colegas perciben con cierta dificultad el punto y estiman que no es así. Perdonen que lo haga presente: para concluir lo que señalo, tengo la vieja experiencia de que en Concepción se han registrado disputas bastante serias entre el intendente y el consejo regional.
En cuarto lugar, si se crea el sistema, necesariamente el paso siguiente, para evitar los choques, va a ser el de plantear la elección directa del intendente. Y es una forma de regionalizar. Pero, con franqueza, juzgo que simplemente agravaría el problema anterior. No puede haber dos mecanismos similares, con el mismo poder en distintas personas, y tampoco son posibles tales comicios en un régimen unitario, como el chileno, porque se generaría un conflicto en los próximos seis, ocho o diez años.
El quinto elemento dice relación con que en el propio texto planteado se observan algunos aspectos bastante difíciles de compatibilizar. La letra g) propuesta con relación al artículo 36 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional contempla, entre las tareas del consejo, la de "Fiscalizar el desempeño del intendente", etcétera. Ello conduciría a una colisión, real y objetiva. Nadie puede pensar que llevaría a una paz entre las autoridades.
Por lo tanto, considero que median factores francamente inadecuados para la aprobación.
Vuelvo a lo mismo: no está en mi ánimo el molestar ni el generar condiciones distintas o la paralización de proyectos, dado que me voy. Pero la verdad es que estas cuestiones han de ser corregidas en las discusiones que tengan que venir después.
Hay tres o cuatro puntos adicionales que solo consigno.
La intervención en la que el Senador señor Escalona mencionó la realidad de la Región del Biobío y, concretamente, de la zona de la costa lleva a darse cuenta de que una de las situaciones complicadas en este momento es la doble centralización, respecto de aquellas provincias o comunas más cercanas. Por ejemplo, en todas las regiones tiene lugar una concentración de poder en la capital -y eso lo sabemos los que representamos a una de ellas en la que esta última es una gran ciudad-, y, luego, las provincias terminan padeciendo el centralismo de Santiago y el local.
Ahora, ¿cómo resolver algunas cuestiones? No es el momento de entrar al detalle, pero, por ejemplo, se ha planteado la generación de los recursos necesarios para distribuir un fondo conforme a las necesidades de la misma realidad de cada región.
En seguida, también es verdad que una de las cosas que tenemos que hacer es desplegar la capacidad de definir ex ante, en materia de presupuesto, el desarrollo de cada región. Como se registra concentración y eso determina que el presupuesto sea necesariamente central, hasta la fecha no es posible señalar en cuánto, cómo y dónde debemos hacer ciertas aplicaciones desde la región misma.
Termino, señor Presidente, afirmando que este es un tema antiguo, pero al mismo tiempo recurrente. Y si no corregimos lo que estoy exponiendo, al menos se experimentarán dificultades para el entendimiento en la propia región.
A pesar de eso, voy a votar a favor por las razones expresadas.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Le corresponde intervenir al Honorable señor Chahuán, quien no se encuentra en la Sala.
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, en verdad, este es un proyecto cuyo debate general hemos esperado, durante muchos años, numerosos parlamentarios y ciudadanos, especialmente de regiones. Aunque tarde, creo que es la oportunidad de que el Congreso le dé celeridad.
Deseo hacer constar que la regionalización, respecto de la cual se viene conversando desde hace bastante tiempo, se ha traducido, muchas veces, en colocarles un número a las regiones, pero, en definitiva, eso no ha traído un empoderamiento de sus autoridades para atender las variadas demandas locales.
Quisiera subrayar que una mirada desde las regiones sigue insistiendo en que son indispensables cambios sustantivos en la estructura del aparato del Estado. Porque en el proyecto, que he estado revisando, se entregan importantes facultades para resolver aspectos administrativos, las cuales tienen que ver con ordenamiento territorial, planificación urbana y asentamiento humanos; medioambiente; obras de infraestructura; transporte; desarrollo rural; fomento de actividades productivas; turismo, etcétera; pero ninguna de las nuevas funciones o atribuciones que se les están entregando a los gobiernos regionales va a resolver la particularísima naturaleza de los problemas de la Región de La Araucanía, al menos.
Por tanto, el aparato estatal no está diseñado para atender las ciudades, mucho menos el campo y, con mayor razón, el mundo indígena. El diseño portaliano, que contempla un Ministerio que define en Santiago lo que se hace en todo el país, impide que en cada región sea posible aplicar instrumentos, programas y políticas adecuadas para la naturaleza de la demanda de cada territorio.
Creo que el proyecto representa un avance en la simplificación de acciones, en hacer menos engorrosas determinadas tareas de los gobiernos regionales, en lograr un mejor entendimiento con el gobierno central; pero en ningún caso se les traspasa a los primeros la competencia y decisión en materia de organismos del Estado. Porque, en definitiva, cuando se trate de una entidad como INDAP o Vialidad, ¿quién va a decidir lo que se hace? ¿El intendente? ¿El gobierno regional? No. Lo seguirán haciendo el Ministro y el Director, respectivamente, en Santiago.
Entonces, si estamos haciendo referencia a la descentralización, a la regionalización, permítase, por favor, que en cada región tengamos competencia sobre los servicios descentralizados, que son la mayoría de los que atienden las demandas de los ciudadanos del campo y de la ciudad.
La iniciativa, en consecuencia, avanza desde el punto de vista administrativo, pero no de verdad en lo que las personas esperan.
Cuando pensamos en resolver lo relativo a los caminos, para citar un caso -un conjunto muy grande de habitantes del sector rural están esperando que la descentralización conlleve, no solo fondos, sino también instrumentos para encargarse de las vías-, estamos diciendo que a lo mejor existirán recursos, que a lo mejor habrá decisiones regionales, pero en ningún caso que la única institución que se ocupa en ellos de manera profesional, que cuenta con medios y maquinarias, irá a atenderlos, porque Vialidad hará lo que le dicte el Director y llevará a cabo su labor en las rutas que la estrategia del Estado determine nacionalmente desde Santiago, con las prioridades que se fijen desde la Capital.
Por lo demás, estamos imbuidos de una calificación en virtud de la cual cada proyecto regional ha de llevarse a cabo de acuerdo con el sistema nacional de inversiones. ¿Qué tenemos que ver en regiones con este último, cuando las prioridades se conocen en cada una de ellas? ¿Por qué Santiago define qué se hace en el ámbito local? ¿Por qué no permiten que en regiones establezcamos un sistema nacional de calificación regional? Eso significaría autonomía.
Significaría autonomía, por ejemplo, que el Programa Orígenes fuera fijado de manera permanente. El mundo indígena no puede comprender que el Estado entre con un instrumento por un tiempito y salga después, en circunstancias de que, aun habiendo recibido bastantes críticas, ha sido el mejor que le ha entregado. Incluso así, es absolutamente insuficiente para atender sus demandas. El Estado no puede actuar en esa forma, desconociendo la naturaleza permanente de las demandas de esa parte de la población, que requiere apoyo en infraestructura, particularmente en lo relativo a caminos, conectividad, riego, transporte.
¡Para qué me extiendo sobre qué espera el mundo rural en este último rubro! Esas personas confían en que una ley de regionalización les haga posible decidir qué transporte utilizar o, al menos, contar con la alternativa de recurrir a alguno cuya frecuencia les permita acercarse una vez al día, en muchos casos, a la ciudad, lo que no se da en la realidad. En muchos lugares ni siquiera hay locomoción diaria.
Entonces, no podemos hacer referencia a la descentralización, a la regionalización, mientras no tengamos la manija, mientras no dispongamos del poder de reparar vías, de administrarlas con un criterio de uso en función de las necesidades de los ciudadanos. Porque cada empresario se apodera hoy de una ruta e impera la ley de la selva: el más grande se queda con el camino, se come al más chico, y, en definitiva, el usuario del transporte no encuentra ofertas distintas. En efecto, a este último le ponen el horario, la frecuencia, el día, la calidad, el servicio y el precio, sin tener nada que elegir. Si aludimos a la regionalización, hemos de considerar la naturaleza de esos problemas y cómo creamos instrumentos para que los gobiernos regionales atiendan las demandas respectivas.
¡Cómo no va a ser indispensable que INDAP sea dirigido desde los gobiernos regionales! El organismo cuenta con una autoridad con asiento en la región, pero que obedece a un programa nacional. Eso no puede ser. En cada una de estas debe existir un INDAP regionalizado, que atienda no solo la asistencia técnica en materia productiva, sino también la comercialización.
Por mi parte, voy a votar a favor de la idea de legislar, con el propósito de que el proyecto, en la medida en que después se llevará a cabo la discusión particular, sea objeto de indicaciones que permitan a la región diseñar el instrumento correspondiente y establecer la estructura del aparato del Estado en función de las necesidades de cada una: más fuerte o más débil.
Lo anterior va a depender de la naturaleza de las regiones. No puede ser que una como la de La Araucanía, con tantos problemas de caminos, siga con la misma estructura de vialidad que hace 40 años. Puedo mostrar cartas de 1962 en que sectores de campesinos pedían reparaciones. Todavía no hay una respuesta para ello, porque no hay programas, y no los hay porque el aparato estatal no está diseñado para tal efecto. Este es solo un ejemplo del modo como deberíamos incitar a que los cambios estructurales del Estado tengan que ver también con la índole de los problemas de la comunidad.
Por eso, creo que avanzar en una descentralización y regionalización tiene que ver también con más poder para las regiones y con que estas puedan estar mandatando a quienes van a dirigir servicios que, siendo descentralizados, siguen dirigidos desde Santiago.
A mi juicio, tenemos una tarea muy grande todavía en materia de descentralización, de autonomía en las regiones. Este es un pasito, pero muy importante, por lo cual aprobaré la iniciativa.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Solicito la anuencia de la Sala para que la Senadora señora Rincón me reemplace un momento en la testera.
Acordado.
Dejo con la palabra al Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, a propósito de programa, la candidata de las bancadas de enfrente entregó uno hace algunos días, y dentro de los puntos referidos a la descentralización, a las regiones¿
El señor PROKURICA.-
¡La de ustedes no ha dado a conocer nada¿!
El señor QUINTANA.-
Lo han defendido poco.
Ante lo que observa Su Señoría, no sé si los Senadores de la Alianza conocen lo que expone su candidata, Evelyn Matthei, en relación con la descentralización. Porque hemos visto a los presidentes de los partidos de ese conglomerado -uno de ellos se encuentra presente- simplemente centrarse en qué va a plantear la señora Bachelet, cuál es el contenido de las 50 medidas para los primeros cien días, en fin. Deseo recordarles lo que señalaba esa primera candidatura hace algunos días, en el sentido de que todo aquello que no sea parte de lo que ejecuten los ministerios a nivel central será de cargo de los gobiernos regionales.
No sé si el señor Subsecretario de Desarrollo Regional, presente en la Sala, compartirá tal afirmación. No creo que haya sido parte de minutas que se le hayan entregado a la candidata. Me parece que ello no tiene ningún sustento ni rigurosidad técnica, claramente. O sea, si a los parlamentarios nos acusaban de aprobar proyectos sin financiamiento, ¡cabe imaginar lo que sería un despropósito como el señalado!
Todo aquello -dice la propuesta de la candidata Evelyn Matthei- que no hagan los ministerios sectorialmente lo harán los gobiernos regionales.
Eso ni siquiera da para populismo. Francamente, es una medida irracional e irreflexiva.
¿Por qué planteo esto?
No es por ser odioso, sino porque transversalmente, cuando debatimos iniciativas sobre las regiones, las parchamos con cualquier cosa.
Habiendo aprobado la elección democrática de los consejeros regionales, tengo profundas dudas acerca de cómo se va a materializar y qué va a pasar con aquello. Probablemente, en el contexto futuro de una elección directa de los intendentes, vamos a tener que ver qué ocurre con este órgano denominado "Consejo Regional".
Dicho eso, debo señalar que a veces nos entusiasmamos mucho con el debate, nos ponemos ingeniosos, nos pasamos películas. Y yo comparto el punto de vista del Gobierno, representado acá por el Subsecretario, en el sentido de que lo que hoy día estamos llamados a resolver no tiene que ver con una gran reforma a las regiones. Claramente, esta no lo es.
A lo que estamos llamados aquí es a implementar lo establecido en la reforma constitucional del año 2009, cuando la Presidenta de entonces, Michelle Bachelet, planteó un proyecto de reforma que perseguía tres objetivos.
Uno era la elección de los consejeros regionales. Insisto en que la modalidad es otra cosa. Ya sabemos cómo se resolvió eso, y tendremos una elección en cuarenta días más.
El segundo eran los convenios de programación. Estas asociaciones públicas, que han prestado gran utilidad en muchas regiones, cuando se han usado bien, cuando ha habido una necesidad imposible de satisfacer por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional o por el Ministerio respectivo por sí solos, han significado una buena oportunidad para enfrentar carencias profundas de una zona cuya solución requiere una alta magnitud de recursos. Por lo tanto, que forcemos a las regiones a utilizar estos mecanismos me parece un paso positivo.
Y el tercer punto, derivado de la reforma constitucional del 2009 que aprobamos quienes éramos Senadores en ese tiempo, es la transferencia de competencias.
Ahí tengo un punto. Yo creo, efectivamente, que el mecanismo de traspaso de competencias propuesto es bastante pobre, bastante menguado. Son pocas las atribuciones que tendrá el nuevo, no sé si da para decir "órgano", porque en rigor no lo es. El Gobierno señala, con razón, que en estas dos últimas décadas no ha habido ninguna reforma importante a la Ley sobre Gobierno y Administración Regional. Y en verdad han transcurrido exactamente veinte años desde que el 2003 se crearan los gobiernos regionales mediante esa ley, sin que se haya planteado una modificación relevante hasta ahora.
Así que, claramente este no es el gran debate sobre el tema de la autonomía. Podríamos haberlo tenido en el marco de un Estado unitario, por supuesto. Pero no cabe allí y no habrá elección del intendente, tampoco porque este Gobierno nunca la propuso en su programa.
Lo que tenemos acá es un cambio menor en uno de los dos órganos que existen en la región. El CORE sigue igual, aunque con más miembros, con elección democrática, lo cual, desde luego, es importante, pero lo que cambia es el ejecutivo del gobierno regional.
No es que se divida en dos, porque uno va a tener funciones formales. Algunos las califican de decorativas Y aun cuando yo diría que no lo son tanto, claramente no son ejecutivas, no son de gestión, ni siquiera administrativas. Por ejemplo, deberá hacer la tabla, presidir las sesiones, ir a Santiago como un funcionario más que acompaña al intendente a pelear determinada partida con Hacienda. Francamente, me parece que no le entregamos ninguna gran atribución a este nuevo personaje que estamos creando, que es el presidente del gobierno regional.
Pienso que se nos va a presentar un problema bien serio, porque ese presidente del gobierno regional, que será elegido por sus pares y por los votos de la gente, entrará en colisión con los intereses del ejecutivo, que seguirá radicado en el intendente, quien seguirá siendo el responsable de la inversión pública en la región.
Por tanto, no nos pasemos películas. Aquí no estamos haciendo un gran cambio. Tampoco estamos llamados a eso, lo reitero. Aquí tenemos que cumplir con la reforma constitucional del año 2009. Una modificación más profunda quedará, probablemente, para otro momento.
Quiero resaltar lo señalado por el Senador Tuma y los ejemplos que dio. Uno es el de Vialidad, donde hay organismos descentralizados con bastante poder de decisión en las regiones en general. También está el del INDAP. Y yo agregaría el del SERVIU y los servicios de salud, que son organismos descentralizados y desconcentrados.
Sin embargo, si en esas cuatro áreas se aplicaran encuestas de satisfacción a la gente que espera resolución a sus problemas mediante políticas públicas más eficaces, me atrevería a decir que aquellas -y probablemente también otras- son las que concentran las más malas notas.
Esto no significa que sus funcionarios sean malos, negligentes. ¡No! Tiene que ver con que tales entidades no son mecanismos ni herramientas acordes con los requerimientos de un país que ha cambiado no solamente en lo político, en lo social, en lo cultural, sino también en la envergadura de las necesidades que han de satisfacerse.
Se precisa ahí de mayor autonomía, pero no es este el debate que vaya a abordar ese tema. El Senador Escalona tiene razón; lo hemos conversado muchas veces, e incluso lo planteamos junto con el Senador Mariano Ruiz-Esquide en la discusión del proyecto que prorroga la aplicación del decreto ley N° 701, sobre fomento forestal. Aquí debería establecerse un nuevo modelo productivo o cambiarse el existente, en que simplemente se extraen recursos naturales, como los bosques, sin tributar nada en las regiones y generando daños absolutamente negativos: deterioro de los caminos, contaminación y agotamiento de las napas de agua en territorios y comunidades.
En consecuencia, no estamos haciéndonos cargo del asunto.
Tampoco en salud, donde, si las regiones tuvieran más autonomía, se podría solucionar el problema de la falta de especialistas. Se trata de un aspecto central hoy día: cómo contar con más de ellos ya no solo en los hospitales, sino en los consultorios, en la atención primaria.
Ese es el punto de fondo en la actualidad. Y -repito-, si las regiones gozaran de mayor autonomía, esa situación se podría corregir. Pero seguimos dependiendo de Santiago y no avanzamos de manera significativa.
¿En qué hemos progresado durante estos veinte años? En mayores facultades para decidir sobre los recursos a nivel regional. Pero solo en eso: en recursos, en platas. Y aun teniendo estos dineros, si no hay instrumentos que permitan resolver las dificultades en regiones, que son distintas entre ellas y diferentes de las que existen en Santiago, no será posible entrar a lo que es la esencia real de la función pública, cual es la atención de las necesidades de la gente.
Se ha pedido segunda discusión, lo cual me parece muy bien, señor Presidente, pues el debate nunca va a estar de más. Sin embargo, aunque hoy día estamos llamados a avanzar en este proyecto en los tres aspectos mencionados, que es el mandato que se nos dio hace cuatro años, cuando se modificó la Constitución, y que algo aportarán a las regiones, pienso que aquel no es el cambio sustantivo que el país espera.
He dicho.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señora Presidenta, creo que los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra hicieron una exposición bastante clara que me lleva a la misma convicción que a ellos.
Yo participé en la Comisión de Gobierno en una fase de la discusión de este proyecto, que ha tenido un tiempo largo de discusión y tramitación, y puedo decir que cuando me retiré del organismo -no he vuelto a ver el tema desde esa fecha- quedé con la sensación de que carecíamos de capacidad para profundizar en lo que realmente queríamos hacer en materia de regionalización. Y había una convicción bastante transversal en ese sentido.
Nos sentíamos casi impotentes para resolver cómo elaborar un proyecto que llevara a una regionalización, a una descentralización y a una desconcentración (son tres términos que deben conjugarse) que verdaderamente dejaran a las regiones con plena capacidad de acción.
Para mí, eso parte del hecho de que no existe confianza en las regiones. Y cuando ello sucede ocurre lo de siempre: se centraliza. De ahí que el poder autoritario concentre todo y no transfiera nada. Sin embargo, en el mundo moderno el éxito se alcanza cuando hay transferencia, porque hay confianza en las instituciones y en los órganos que las representan.
Yo voy a votar a favor de la iniciativa, porque al menos nos permite discutir el tema y avanzar tímidamente algo más.
Esto viene desde el momento mismo en que se creó el concepto de regionalización en el país. No olvidemos que al principio las regiones tenían número, ni siquiera nombre. En definitiva, se dijo que iba a haber una regionalización, la cual no se ha concretado y que tampoco conseguiremos con la presente iniciativa.
Si ustedes analizan el proyecto, verán que, primero, la división territorial ya está hecha, y segundo, que en muchas regiones hay sectores que quieren separarse del centro de ellas. Por ejemplo, en el caso de la Séptima Región, que represento, la parte sur se quiere apartar y tener un gobierno separado.
El señor LARRAÍN.-
¡Así es! ¡Y nos vamos a separar!
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Lo mismo sucede con San Fernando y Colchagua, que desean distanciarse de Rancagua y no seguir perteneciendo a la Región de O´Higgins.
El interior de la Quinta Región quiere separarse de Valparaíso, del sector costero.
El otro día llegué a la conclusión de que al parecer la gente añora volver al sistema de las 25 provincias. Ya tenemos 15 regiones y en un tiempo más llegaremos a 25, el mismo número que había antes.
Considero que esto se debe a que no hay posibilidades de descentralizar, desconcentrar y regionalizar fuertemente debido a que tampoco se ha efectuado una real transferencia de recursos y de funciones a los gobiernos comunales. En la medida en que estos sean fuertes, la región en su conjunto también lo será. No obstante, tenemos comunas débiles, con pocos recursos y pocos medios para afrontar las tareas que se les encomiendan.
Recuerdo que cuando discutimos un tema muy importante -la forma de llevar a cabo la transferencia de competencias- con los Senadores Orpis, Bianchi y Sabag -con quienes estuve de acuerdo- nos preguntamos qué se podía hacer para que aquella no quedara sujeta a la decisión del gobierno central. Porque aquí el traspaso de cualquier competencia dependerá del Presidente de la República. Las regiones quedan sin capacidad, porque siempre está latente el fantasma del Estado unitario, el que, efectivamente, debemos resguardar.
Se piensa que el Primer Mandatario no hará las transferencias, porque considera a las regiones como minusválidas. Y detrás hay todo un sistema burocrático: "Mire, no apruebo más que esto porque no existen facultades para hacer otra cosa". Lo único posible será representar la necesidad de transferir una competencia, a lo cual el Presidente fundadamente se podrá negar. Pero para exigirlo se requerirá el voto favorable de los dos tercios del Consejo Regional.
Otro tema es el manejo del presupuesto regional. Yo soy muy crítico de lo que ocurre en la actualidad, porque muchas veces se produce un cuoteo en la distribución de los recursos de los gobiernos regionales. Digámoslo con franqueza: las platas se reparten entre los distintos consejeros de acuerdo a los proyectos que hay que realizar. Ello hace que se pierda la noción de cuáles son las inversiones regionales más importantes.
¿Qué ocurrirá ahora? Al intendente, quien será nombrado y removido por el Presidente de la República -en algunas regiones ha habido dos, tres y hasta cuatro intendentes en cada Gobierno; otras con más suerte hemos tenido solo uno, lo cual produce continuidad-, se le entregará la facultad de ejecutar el presupuesto. O sea, el intendente, que es el representante del Jefe de Estado, va a concentrar el poder. Y por eso soy partidario de efectuar una separación muy clara respecto del cargo de presidente del gobierno regional, aun cuando creamos que con eso se está atentando contra el Estado unitario, el cual debería ser elegido. Pero no lo podemos hacer porque para eso se requiere una reforma constitucional.
Si el intendente fuera elegido por la gente, por supuesto que yo le daría las facultades que le corresponden a un presidente, como la que posee el Presidente de la República para la ejecución del presupuesto en forma sectorial a través de cada ministerio.
El proyecto tampoco resuelve lo que pasará entre el intendente y el presidente del gobierno regional. Como lo planteó la Senadora Allende -y lo debatimos a fondo-, ¿para qué tener dos cabezas? En poco tiempo más se producirá incluso la discusión protocolar respecto de quién se sienta en una u otra silla.
¿Cuáles serán las facultades del presidente del Consejo Regional, a quien queremos darle autoridad? Disponer la citación a reuniones; abrir, suspender y levantar las sesiones; presidirlas; ordenar que se reciba la votación; ejercer el derecho de voto dirimente en casos de empate; mantener el orden en el recinto; mantener la correspondencia del organismo; suscribir las actas de las sesiones; suscribir, solo para efectos de ratificar el acuerdo correspondiente del Consejo, ciertos actos administrativos; dar cuenta, en el mes de diciembre de cada año -¡muy importante¿!-, tanto al Consejo como a los alcaldes de la región, de las normas aprobadas, las resoluciones adoptadas y las acciones de fiscalización ejecutadas.
¿Este es el presidente del gobierno regional? ¡No lo puede ser, como sí lo puede ser el intendente!
En otras partes del mundo con Estados unitarios este problema se soluciona eligiendo a un presidente de gobierno con las facultades que le corresponden, y quien representa al Presidente de la República en cada territorio regional es el prefecto, encargado de mantener el orden público, manejar las relaciones protocolares en representación de aquel, disponer de la fuerza pública y dirigir los asuntos de defensa y relaciones internacionales. El resto de las funciones las ejerce el presidente del gobierno elegido por el pueblo.
Por otra parte, recogiendo lo que señalaron el Senador Escalona y otros colegas, habría que incluir en la ley una normativa sobre ingresos regionales.
El señor ESCALONA.-
¡Lógico!
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Eso tenemos que revisarlo.
Lo que se plantea es cierto. En el caso de Arauco, una empresa puede tener una gran inversión; seguramente, el 40 por ciento del total se encuentra allí. Lo lógico, entonces, es que la ley, valorizando el total, destine los recursos provenientes de patentes y otros conceptos similares de acuerdo a esa misma proporción.
También deberíamos establecer royalties cuyos montos fueran en beneficio de los gobiernos regionales o, combinadamente, de los gobiernos regionales y comunales.
En cuanto a los casinos, creo que cometimos un error gravísimo. Muchas veces todos los ingresos de uno de estos establecimientos se entregan a una sola comuna, a la que a veces le sobra el presupuesto, en circunstancias de que debiera distribuirse un porcentaje para el gobierno regional y otro para el lugar donde aquel se encontrara emplazado.
El punto es que la ley contemple el tema de las rentas regionales, relacionándolo con los royalties, las patentes mineras, las patentes por derechos de agua, etcétera. Habría que buscar todos los elementos propios de cada región.
Eso es lo que yo echo de menos en este proyecto.
Voy a votar a favor, porque estimo que peor es nada, aunque es indiscutible que estamos frente a una ley un poco gatopardiana.
Me pronunciaré en tal sentido, entendiendo que esta iniciativa representa un pequeño y tímido avance. Espero que en el próximo tiempo podamos emprender una reforma del sistema de regionalización del país que sea compatible con la aspiración de la gente y la ciudadanía.
Muchas gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, al comienzo de la discusión hice uso de la palabra en mi calidad de Presidente de la Comisión de Gobierno, dando cuenta de las votaciones y los acuerdos registrados en dicho órgano técnico.
Ahora quiero referirme, en pocos minutos, a la visión que tenemos respecto al proyecto.
Primero debo señalar que aquí estamos frente a una situación bastante compleja. Comparto la gran mayoría de los criterios que las señoras y señores Senadores han expresado en esta Sala.
Sin embargo, en caso de votarse la iniciativa mañana, habría que fijar un plazo mínimo para presentar indicaciones, pues de lo contrario llegaremos a marzo sin aprobarla, que es cuando comenzarán a regir las funciones de los nuevos consejeros regionales.
Por eso, estamos en el peor de los mundos.
Comparto lo que aquí se ha señalado en cuanto a que el proyecto no avanza en las materias que nos interesan: desconcentración, regionalización y descentralización, tres ejes fundamentales para poder encaminarnos en la dirección de lo planteado aquí por la gran mayoría de los Senadores.
Estamos frente a la compleja situación de cómo resolver todas las ideas expresadas ahora en la Sala, ya que urge despachar el proyecto en el curso de las próximas semanas. De lo contrario, "Dios nos pille confesados" en marzo próximo, porque los consejeros regionales no contarán con las atribuciones que, a lo menos en mínima parte, esperamos entregarles.
Efectivamente la discusión se ha centrado respecto a lo que ocurrirá en cuanto a quién va a presidir el consejo regional; si el intendente o el administrador. Esto suscitó un largo debate en la Comisión, pero no hubo una respuesta satisfactoria. Por lo tanto, al igual que quienes han señalado la misma preocupación, pienso que este punto puede traer gran cantidad de conflictos.
Junto con ello, sería deseable traspasar el máximo de competencias a las administraciones de los futuros gobiernos regionales. Pero se tendrá que ir poco a poco, pues, desgraciadamente, la iniciativa tampoco resuelve algo que está en el ánimo de todos nosotros: empoderar mucho más a las regiones.
Chile, por su característica de Estado unitario, tal vez no va a avanzar con esta futura ley en la búsqueda de lo que muchos coincidimos: tener un intendente elegido por votación popular. Eso deseamos la gran mayoría de los Senadores que aspiramos al fortalecimiento de las administraciones regionales. Pero esta iniciativa claramente no persigue ese objetivo. Debemos avanzar pronto en establecer si, en definitiva, el país cuenta o no con las condiciones de una verdadera descentralización, regionalización o desconcentración, a fin de tener también esa figura que señaló muy bien el Senador señor Zaldívar, cuando hizo una comparación con lo que sucede en otros lugares del mundo, donde el intendente es una autoridad particular, especial, que tiene a su cargo asuntos relevantes de orden, de seguridad, de Estado, etcétera. Y la persona que preside es el que administra el gobierno regional.
Aquí estamos frente a un problema que no alcanzaremos a resolver, porque el tiempo nos va a pillar. Pero la Comisión ha cumplido. Quiero decir con gran fuerza: hemos celebrado muchas reuniones con los consejeros regionales, con su directiva nacional, con el Ejecutivo, particularmente con el Subsecretario -que hoy nos acompaña- y con el Ministro señor Larroulet. Sin embargo, durante largo tiempo no fuimos capaces de llegar a un consenso al respecto, porque todas estas materias son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. En consecuencia, no pudimos avanzar todo lo que queríamos.
Señor Presidente, dado que se pidió segunda discusión para este proyecto, mañana tendremos que proceder a sancionarlo. A muchos Senadores nos hubiese gustado no votarlo tal cual está, porque no nos satisface; no representa el sentir de quienes tenemos un espíritu regionalista -esta es una verdad absoluta-, pero nadie puede decir que no constituye un avance.
En cuanto a la discusión sobre quién va a dirimir las divergencias entre el consejo regional y el representante del Ejecutivo, yo he escuchado a algunos Senadores. Por ejemplo, el colega Navarro no está dispuesto a que sea la Cámara Alta la que resuelva.
Pero, ¿cuál es la otra propuesta? Porque la del Gobierno es que sea el propio Presidente de la República el que diga nuevamente "No", aunque, claro, tendría que justificarlo. La única propuesta responsable, seria, es la que hicimos quienes integramos la Comisión de Gobierno: la contenida en un proyecto de reforma constitucional que el año 2009 -como señaló el Senador señor Orpis- perdimos por 2 votos. Estuvimos a punto de que se aprobara esa modificación.
Tiene que haber un órgano dirimente. No puede ser que esto siga con un centralismo brutal; que cuando los gobiernos regionales piden una atribución, esta se les niegue y sea el Primer Mandatario, con un equipo de Ministros, el que la agregue para sí. ¡Eso es inadmisible! Y por ello, la Comisión, en la búsqueda de consensos, se allanó a encontrar caminos que nos permitieran avanzar algo más.
¿Estamos avanzando algo? Sí, pero no lo deseable.
Lo concreto es que estamos progresando. Y el mensaje que estamos entregando hoy día al país es que el Senado, y fundamentalmente la Comisión de Gobierno, ha sido capaz de ponerse de acuerdo para que quienes asuman en el mes de marzo la enorme responsabilidad de dirigir un gobierno regional, administrado de manera distinta a como se hacía hasta la fecha, tengan por lo menos las facultades que mediante esta normativa les estamos entregando. Si no, el tiempo no nos va a alcanzar, lo que sería bastante lamentable.
La tarea que tenemos por delante es enorme. Y aunque fijemos plazo para formular indicaciones, las que nosotros presentemos serán inadmisibles, ya que carecemos de atribuciones en este aspecto.
Por lo tanto, si el Ejecutivo no se allana a la búsqueda de consensos de aquí a mañana, el texto que votaremos será exactamente el mismo que esta tarde nos hallamos discutiendo. Y algunos Senadores lo votarán a favor y otros en contra, según los legítimos argumentos o criterios de cada uno, pero no se puede afirmar que no representa un avance.
Nos hubiese gustado mucho que los futuros consejeros regionales tuvieran dedicación exclusiva. Sería bueno, porque ello impediría la ocurrencia de situaciones que, como es de público conocimiento, podrían tener lugar, dados los intereses que implican las millonarias carteras que maneja una administración regional.
No fue posible incorporar aquello. Y nosotros no tenemos atribuciones para proponer su inclusión.
Entonces, dentro de las pocas y escasas facultades con que contamos, hemos tratado de lograr lo más. Y lo más -sin duda no es todo lo que deseamos- es lo consignado en el proyecto que hoy, junto con el Ejecutivo, sometemos a conocimiento de la Sala y que la Comisión aprobó en general de manera unánime.
Aspiro a que, dentro de los plazos de que disponemos, podamos destrabar la compleja situación planteada. ¿Que va a haber dificultades? No hay duda de que así será, esencialmente por el hecho, tan raro, de que en el gobierno regional habrá un presidente, un intendente y un administrador.
No tengo resuelto el punto. Y me complica, porque percibo que el Ejecutivo tampoco tiene una propuesta clara y precisa para establecer cuáles van a ser los mecanismos, las atribuciones y la legitimidad de los consejeros que serán elegidos por sufragio popular, frente al intendente y al administrador regional.
No obstante lo anterior, vamos a avanzar algo en la materia. Esperamos tener, en el plazo más breve, una verdadera descentralización y una real regionalización. Entiendo que este es el ánimo de cada uno de nosotros.
Hoy o mañana deberemos votar lo que tenemos, salvo que el Ejecutivo acoja algunas de las peticiones aquí efectuadas.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente, avanzar en la regionalización es un objetivo ineludible. ¡Qué duda cabe!
El actual esquema institucional también se agotó en lo que a regionalización se refiere, pues no fue capaz de provocar un desarrollo armónico.
El centralismo sigue afectando al país. Santiago ahoga o asfixia a las regiones. En todo el territorio, surge el clamor de contar con más atribuciones y de que las decisiones estén más cerca de sus habitantes.
Aspiramos a aumentar las competencias locales, como una forma de acercar las decisiones, terminar con el centralismo que nos agobia y profundizar la democracia.
Este proyecto tiene el mérito de hacerse cargo del problema. Comenzó con grandes expectativas y -con el perdón de los colegas que sé que han hecho un largo trabajo- está culminando en forma decepcionante. Dicho en términos simples, creo que no es el avance que las regiones esperan, sino, una vez más, constituye una transacción para terminar con un arreglo "a la chilena", donde algo se cambia, pero a medias, o donde se quiere cambiar, pero no mucho.
Valoro algunas cosas, como el mejoramiento en las remuneraciones de los consejeros regionales y el reforzamiento del carácter fiscalizador de los consejos regionales.
Sin embargo, en lo sustantivo, el texto propuesto no es suficiente. Por ejemplo, no comparto la creación de un presidente del consejo, elegido por los consejeros, porque no se le asignan funciones de relevancia, sino solamente administrativas y protocolares.
En efecto, el órgano colegiado estará formado por los consejeros regionales y su presidente, quien no tendrá facultades propositivas ni de gestión, como señaló muy bien el Senador señor Zaldívar; por el intendente, el que, a pesar de no ostentar el cargo de presidente del consejo regional, mantendrá todas las funciones ejecutivas del gobierno regional, además de las tradicionales en su rol de representante del Presidente de la República.
Dicha autoridad seguirá a cargo del aparato administrativo del gobierno regional, es decir todo el personal del gobierno regional estará bajo su dependencia. Y el presidente del consejo, al no tener facultades, pasará a ser una figura meramente decorativa.
El siguiente paso que hay que dar -como he venido planteando desde hace varios años y como lo ha propuesto recientemente la ex Presidenta Bachelet- es la elección de los intendentes regionales.
Ese intendente elegido es quien debe ser presidente del consejo, un auténtico líder del gobierno regional. No veo en esto un obstáculo al Estado unitario, como se ha planteado, sino un desafío a las cúpulas y lógicas tradicionales.
La unidad de acción de la Administración Pública puede preservarse trasladando la coordinación administrativa de servicios públicos y políticas nacionales a las gobernaciones, que de paso adquirirían alguna importancia real.
No visualizo por qué eso no debiera funcionar. Hoy el gobierno central debe coordinarse con alcaldes de distinto signo, por lo que no advierto impedimento para que en el futuro lo haga también con intendentes.
La elección popular les dará a los intendentes herramientas para llevar la voz de sus regiones. Hoy, como lo demostró el conflicto del gas en nuestra región (Magallanes), son solo voceros del gobierno central; son autoridades ausentes, incapaces de resolver los conflictos que se generan localmente y que tienen que recurrir a sus superiores para buscar algún tipo de solución.
Tímida es también la transferencia de atribuciones. Se crea un extraño procedimiento, donde los consejos regionales piden nuevas competencias al gobierno central. Es un paso a medias. Si trasladar competencias es algo deseable, por qué no se traspasan derechamente las facultades, estableciendo, si fuera necesario, plazos y un mecanismo para su regreso al ámbito central si se demuestra incompetencia en su ejecución.
Evidentemente, también hay que dotar de recursos humanos y de financiamiento a los gobiernos regionales, para poder llevar a cabo sus labores en buena forma. De lo contrario, puede replicarse el fracaso de la municipalización: muchas facultades y recursos inciertos e insuficientes para acometer sus funciones.
Se trata de un proyecto que, al proponer avances tímidos, deja un sabor a decepción.
No es la reforma profunda que las regiones esperan. Debemos seguir perseverando hasta tener gobiernos locales fuertes, un regionalismo en serio, y para que se tome en cuenta a las regiones.
No he visto en el informe que las regiones hayan tenido una voz preponderante ni que los consejeros regionales señalaran cuáles son las principales dificultades que enfrentan en el gobierno regional.
Por eso, reitero lo dicho anteriormente: esta es una iniciativa que, si bien es cierto muestra un relativo avance, es tímida, pues no resuelve los problemas que enfrentan las regiones a diario.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Ha terminado el Orden del Día.
Quedan inscritos para proseguir la primera discusión los Senadores señor Chahuán y señora Rincón.
--Queda pendiente la primera discusión general del proyecto.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Deberíamos pasar al Tiempo de Votaciones, pero no hay quórum.
Tiene la palabra el señor Secretario.
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El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-
En este momento ha llegado a la Mesa un informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que perfecciona el rol fiscalizador del concejo; fortalece la transparencia y probidad en las municipalidades; crea cargos y modifica normas sobre personal y finanzas municipales (boletín N° 8.210-06).
--Queda para tabla.
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a diversas peticiones de oficios que han llegado a Secretaría.
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
De la señora ALLENDE:
A la señora Ministra de Educación, requiriéndole información sobre PROCESO DE CIERRE DE UNIVERSIDAD DEL MAR, MEDIDAS MINISTERIALES CAUTELARES Y SITUACIÓN ACADÉMICA DE ALUMNOS, EN ESPECIAL LOS DE ENFERMERÍA DE SEDE COPIAPÓ; al señor Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, para que informe sobre REGISTRO DE IDENTIDAD DE SEÑOR JUAN ESPEJO OLIVARES, y al señor Vicepresidente Ejecutivo de ENAMI, pidiéndole antecedentes acerca de PROCESOS DE OPERACIÓN Y COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA EMPRESA, ENTRE 2010 Y 2013, ASÍ COMO SUS PLANES DE REESTRUCTURACIÓN, INVERSIÓN FUTURA Y PROYECCIÓN PARA PRÓXIMOS AÑOS.
Del señor CHAHUÁN:
A la señora Alcaldesa de Viña del Mar, con el objeto de solicitarle información relativa a FECHA DE INSTALACIÓN DE PASARELA SOBRE VARIANTE ACHUPALLAS A POBLACIONES "VILLA DULCE" Y "CANAL BEAGLE" DE VIÑA DEL MAR.
Del señor PROKURICA:
Al señor Superintendente de Educación Escolar, para que remita antecedentes respecto de COMPETENCIA DE SUPERINTENDENCIA DE EDUDACIÓN ESCOLAR EN FISCALIZACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y MANUTENCIÓN DE JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNA (reiteración de oficio).
)----------(
--Se levantó la sesión a las 19:25.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción