REPÚBLICA DE CHILE

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

PUBLICACIÓN OFICIAL

LEGISLATURA 361ª

Sesión 51ª, en martes 3 de septiembre de 2013

Ordinaria

(De 16:17 a 20:2)

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES JORGE PIZARRO SOTO, PRESIDENTE,

Y JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, VICEPRESIDENTE

SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR

____________________

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

I. ASISTENCIA

Asistieron los señores:

--Allende Bussi, Isabel

--Alvear Valenzuela, Soledad

--Bianchi Chelech, Carlos

--Cantero Ojeda, Carlos

--Chahuán Chahuán, Francisco

--Coloma Correa, Juan Antonio

--Escalona Medina, Camilo

--Espina Otero, Alberto

--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo

--García Ruminot, José

--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro

--Girardi Lavín, Guido

--Gómez Urrutia, José Antonio

--Horvath Kiss, Antonio

--Kuschel Silva, Carlos

--Lagos Weber, Ricardo

--Larraín Fernández, Hernán

--Larraín Peña, Carlos

--Letelier Morel, Juan Pablo

--Muñoz Aburto, Pedro

--Navarro Brain, Alejandro

--Novoa Vásquez, Jovino

--Orpis Bouchon, Jaime

--Pérez San Martín, Lily

--Pérez Varela, Víctor

--Pizarro Soto, Jorge

--Prokurica Prokurica, Baldo

--Quintana Leal, Jaime

--Rincón González, Ximena

--Rossi Ciocca, Fulvio

--Ruiz-Esquide Jara, Mariano

--Sabag Castillo, Hosaín

--Tuma Zedan, Eugenio

--Uriarte Herrera, Gonzalo

--Von Baer Jahn, Ena

--Walker Prieto, Ignacio

--Walker Prieto, Patricio

--Zaldívar Larraín, Andrés

Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau; del Trabajo y Previsión Social, señor Juan Carlos Jobet Eluchans; de Salud, señor Jaime Mañalich Muxi, y de Energía, señor Jorge Bunster Betteley.

Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.

II. APERTURA DE LA SESIÓN

--Se abrió la sesión a las 16:17, en presencia de 17 señores Senadores.

El señor PIZARRO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.

III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor PIZARRO (Presidente).- Las actas de las sesiones 49ª y 50ª, ordinarias, en 27 y 28 de agosto del presente año, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.

IV. CUENTA

El señor PIZARRO (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:

Mensajes

Cinco de Su Excelencia el Presidente de la República:

Con el primero retira la urgencia para la tramitación del proyecto de ley sobre seguridad privada (boletín Nº 6.639-25).

--Se tiene presente el retiro y se manda agregar el documento a sus antecedentes.

Con el segundo retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", a la tramitación del proyecto de ley en materia de regulación a las farmacias (boletines números 6.523-11, 6.037-11, 6.331-11 y 6.858-11, refundidos).

Con los dos siguientes retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", respecto de las iniciativas que se enuncian a continuación:

1.- La que adapta normas laborales al ámbito del turismo (boletín Nº 8.770-23).

2.- La que crea la Agencia Nacional de Acreditación y establece un nuevo sistema de acreditación de las instituciones de educación superior (boletín Nº 8.774-04).

3.- La que regula la administración de fondos de terceros y carteras individuales, y deroga los cuerpos legales que indica (boletín Nº 7.966-05).

4.- La que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil (boletín Nº 7.550-06).

5.- La que establece los incentivos remuneracionales que indica a favor de los profesionales de los servicios de salud que señala (boletín Nº 8.922-11).

Con el último retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para el despacho de los siguientes asuntos:

1.- Proyecto de ley que regula la exhibición y ejecución artística en los bienes nacionales de uso público (boletín Nº 8.335-24).

2.- Proyecto de ley que reconoce a la rayuela como deporte nacional (boletín Nº 8.404-29).

3.- Proyecto que establece la Ley Orgánica de la Institucionalidad Estadística Nacional (boletín Nº 8.767-06).

4.- Proyecto que modifica el Código Civil y otras leyes, para regular el régimen patrimonial de la sociedad conyugal (boletines números 7.567-07, 5.970-18 y 7.727-18, refundidos).

5.- Proyecto de ley que crea el Acuerdo de Vida en Pareja (boletines números 7.873-07 y 7.011-07, refundidos).

6.- Proyecto de ley que dicta normas sobre compensaciones a los usuarios de servicios de distribución de agua potable en casos de interrupciones o suspensiones no autorizadas o no comunicadas previamente a ellos (boletín Nº 2.357-09).

--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.

Oficios

Cinco de la Honorable Cámara de Diputados:

Con el primero manifiesta que rechazó todas las enmiendas propuestas por esta Corporación al proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito, Nº 18.290, y sus modificaciones posteriores, en sus artículos 196 y 197, referidos al delito de manejo en estado de ebriedad, causando lesiones gravísimas o con resultado de muerte (boletín Nº 8.813-15), y comunica la nómina de los Honorables señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que debe formarse, según lo dispone el artículo 71 de la Constitución Política de la República.

--Se toma conocimiento y, por acuerdo de Comités, se designa a los Senadores miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento como integrantes de la referida Comisión Mixta.

Con los dos siguientes informa que aprobó los siguientes proyectos de ley:

1.- El que modifica la ley Nº 19.880, para introducir el uso del correo electrónico como forma válida de notificación en los procedimientos administrativos que rigen los actos de la Administración del Estado (boletín Nº 4.618-06) (con urgencia calificada de "suma").

--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

2.- El que establece los incentivos remuneracionales que indica a favor de los profesionales de los servicios de salud que señala (boletín Nº 8.922-11) (con urgencia calificada de "suma").

--Pasa a las Comisiones de Salud y de Hacienda.

Con el cuarto expone que dio su aprobación, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, al proyecto de ley que faculta a los directorios de las comunidades de aguas y de las juntas de vigilancia para representar a los interesados en los procedimientos de perfeccionamiento de títulos de derecho de aprovechamiento de aguas (boletín Nº 8.150-09).

--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República.

Con el último informa que dio su aprobación a las enmiendas propuestas por esta Corporación al proyecto que permite ampliar el plazo para que las concesionarias de radiodifusión de mínima cobertura puedan acogerse a la ley Nº 20.433, que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana (boletín Nº 8.817-15).

--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto con sus antecedentes.

Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:

Envía copia autorizada de las sentencias definitivas pronunciadas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 25, inciso primero, del Código del Trabajo y del artículo 2.331 del Código Civil.

--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos.

Remite copia de la resolución recaída en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 6º de la ley Nº 20.545, que modifica las normas sobre protección a la maternidad e incorpora el permiso posnatal parental.

--Se toma conocimiento y se remite el documento a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Del señor Ministro de Salud:

Atiende petición, enviada en nombre de los Senadores señores Chahuán, Girardi, Rossi, Ruiz-Esquide y Uriarte, respecto de la posibilidad de enviar a tramitación legislativa un proyecto modificatorio del Código Sanitario para establecer la obligación de disponer de un desfibrilador externo portátil en recintos de alta concentración de público.

Responde acuerdo adoptado por esta Corporación, a proposición de los Senadores señores Navarro, Gómez, Quintana y Sabag, sobre elaboración de un registro estadístico epidemiológico de los casos de fibromialgia para evaluar su incorporación a las patologías del Plan AUGE (boletín Nº S 1.541-12).

Del señor Subsecretario para las Fuerzas Armadas:

Da contestación a solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor Navarro, sobre las razones que han impedido la jubilación por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional de exfuncionarios de Astilleros y Maestranzas de la Armada.

Del señor Subsecretario de Pesca y Acuicultura:

Da respuesta a solicitud, hecha en nombre del Senador señor Muñoz Aburto, acerca de la factibilidad de prorrogar hasta el 15 de septiembre próximo el período de extracción del recurso erizo en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Del señor Subsecretario de Redes Asistenciales:

Contesta solicitud, remitida en nombre de los Senadores señores Chahuán, Girardi, Rossi, Ruiz-Esquide y Uriarte, relativa a factibilidad de enviar a tramitación legislativa una iniciativa que establezca la obligación de contar con un desfibrilador externo portátil en los recintos de alta concentración de público.

Del señor Intendente del Biobío:

Remite copia de resolución exenta Nº 183/2004, de la Comisión Regional del Medio Ambiente del Biobío, que calificó favorablemente el estudio de impacto ambiental del proyecto "Centro de Manejo de Residuos de Concepción", antecedente requerido en nombre del Senador señor Navarro.

De Deloitte Auditores y Consultores Limitada:

Remite, por mandato de los artículos 42 y 44 de la ley Nº 18.556, un ejemplar del informe del proceso de auditoría que esa empresa independiente practicó a la confección del padrón electoral con carácter de provisorio, y la nómina provisoria de inhabilitados para sufragar, al 30 de julio pasado, incluyendo la información de respaldo con el detalle de los hallazgos identificados en un archivo digital.

--Quedan a disposición de Sus Señorías.

Informe

De la Comisión de Economía, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que restablece excepción, en las Regiones de Aysén y de Magallanes, acerca de los establecimientos de bebidas alcohólicas (boletín Nº 7.138-03).

--Queda para tabla.

Moción

Del Senador señor Orpis, con la que inicia un proyecto de ley que suprime las palabras "amo" y "criado" en el artículo 447 del Código Penal (boletín Nº 9.086-17).

--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la Cuenta.

ACUERDOS DE COMITÉS

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En reunión del día de hoy, los Comités adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- Tratar en tabla de Fácil Despacho, en la sesión ordinaria de mañana, los proyectos de acuerdo que aprueban instrumentos internacionales. Estos son los signados con los números 9, 16, 18, 22, 23, 24, 25 y 31 en la tabla de hoy.

2.- Citar a sesión especial para el martes 10 del presente mes, entre las 10:30 y 14, con el objeto de tratar el proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Espina, Larraín Peña, Rossi, Tuma y Walker (don Patricio), en materia de integración de la Cámara de Diputados (boletín Nº 9.078-07).

3.- Reducir el plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley sobre administración de fondos de terceros y carteras individuales y que deroga los cuerpos legales que indica (boletín Nº 7.966-05), hasta las 12 del viernes 6 de septiembre.

4.- Integrar -como ya se señaló- la Comisión Mixta que deberá resolver las diferencias suscitadas entre ambas Cámaras a propósito del proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito, Nº 18.290, y sus modificaciones posteriores, en sus artículos 196 y 197, referidos al delito de manejo en estado de ebriedad, causando lesiones gravísimas o con resultado de muerte (boletín Nº 8.813-15), con los Senadores de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

5.- Designar, por acuerdo unánime de sus miembros, al Honorable señor Mariano Ruiz-Esquide Jara como representante del Senado ante el Comité Calificador de Donaciones Privadas de la Ley de Donaciones Culturales, en remplazo del ex Senador don Ricardo Núñez Muñoz.

HOMENAJE EN MEMORIA DE EX SENADOR DON BELTRÁN URENDA ZEGERS

El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde rendir homenaje en memoria del ex Senador don Beltrán Urenda Zegers.

En primer lugar, doy la bienvenida a la familia del homenajeado, que se encuentra con nosotros.

Don Beltrán fue una personalidad señera en este Hemiciclo.

Fue Vicepresidente de esta Corporación por varios años, haciendo dupla con el Senador señor Gabriel Valdés.

Quienes tuvimos oportunidad de conocerlo lo valoramos en toda su dimensión: en lo político, en lo personal, en lo ético.

Sin duda, es una gran pérdida para la Quinta Región y para el Senado.

Para iniciar el homenaje, doy la palabra al Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, Honorable Senado:

En nombre de la UDI, de todos sus Senadores -me pidieron de manera especial que lo destacara, por el cariño que le tenían-, y en forma muy personal, vengo a rendir un justo homenaje a quien fuera uno de los grandes de este Senado: a don Beltrán Urenda Zegers.

Rindo este reconocimiento emocionado desde el mismo lugar en que don Beltrán pasó 12 años de su vida, sirviendo con sabiduría, hidalguía y valentía a Chile y a su Valparaíso grande, que tenía pegado en la piel.

Hablar de don Beltrán es primero hablar de un hombre bueno y justo. No me refiero a esa bondad que se confunde con caer bien -cualidad que también poseía-, sino a aquella virtud profunda que surge del buscar siempre lo mejor del otro y, desde ahí, el bien común. Hablo de esa bondad que une las fuerzas de las convicciones con la humildad de las acciones; de esa bondad que no descansa; de esa que se convierte en parte inseparable de la personalidad.

Como decía, don Beltrán fue también un hombre justo, sabio consejero. Quería que el país funcionara en la lógica del entendimiento y no del enfrentamiento. Por eso mismo, siempre buscó ese equilibrio complicadísimo que surge de dar a cada cual lo suyo, sea en el éxito fácil o en las más aciagas circunstancias.

Es probablemente ese sentido de justicia final y de clara valentía lo que le hizo tomar justamente aquí una de las decisiones más importantes que hemos recibido como partido, esto es, su inscripción como militante de la UDI, después de que el terrorismo abatiera al Senador que se sentaba a su lado: Jaime Guzmán.

Lo hizo a pesar de que él mismo había sufrido atentados. Porque lo suyo era dar la cara con decisión, aun cuando, como también lo sabía, ello implicó otros ataques, de los cuales jamás se quejó.

Lo hizo en un escenario difícil, como siempre, cuesta arriba, tal como dos años antes había aceptado la invitación de una UDI recién fundada a ser candidato como independiente en 1989, cuando Chile enfrentaba con gran incertidumbre el reestreno de las reglas del juego democrático según la Constitución de 1980 y existían tantas dudas sobre lo que vendría.

Don Beltrán siempre -puedo decirlo con orgullo- dio la cara más allá del tiempo.

Don Beltrán, más que un hombre bueno, más que un hombre justo, más que un hombre valiente, era de los que dejaba huella en el alma de las personas.

Dejó huella en su querido Valparaíso, que abarcaba desde Playa Ancha a Concón. Y, por cierto, Viña del Mar tenía un lugar muy especial dentro de su corazón.

Regionalista apasionado, se jugó con todo por que el Congreso estuviera aquí, en una Región, en la convicción de que Chile necesitaba nuevos aires, menos centralismo, mejor diversidad, más cerros, menos planos, mucho mar, humanidad y, sobre todo, toneladas de más representatividad.

Su biografía nos dirá que de niño estudió en Viña del Mar; de joven, en la Universidad Técnica Federico Santa María, y luego Derecho en la Universidad de Chile, sede Valparaíso.

Nos dirá que fue un brillante abogado y un empresario porteño que defendió nobles causas; que creó empresas; que inspiró fundaciones muy relevantes, como las Fundaciones Lukas y Edmundo Eluchans Malherbe; que siempre estuvo en el Club de Leones; que el Valparaíso Sporting lo tenía entre sus más entusiastas hípicos; que colaboró desinteresadamente con el Gobierno de la época a través de la Presidencia del Consejo Económico y Social (CES) por más de cinco años; que fue un gran Senador por dos períodos; en fin, muchas cosas increíbles y ciertas.

Pero quienes lo conocimos más sabemos que hizo su trabajo siempre con cariño, con humildad, con paciencia, con liderazgo, con sentido de amor a Chile, características todas que lo sitúan con justicia entre las personas más completas que al menos yo he conocido.

No basta con lo que se hace en la vida; importa también cómo se hace. Y en eso don Beltrán fue un profesor magnífico.

Por último -y lo más importante-, don Beltrán fue por esencia un hombre de familia.

Casado con María Elena Salamanca, tuvo ocho hijos. Bastaba ver el rostro de todos ellos el día del funeral para darse cuenta de que despedían a un gran padre. Si bien me sorprendió que su talentoso hijo mayor confesara en la iglesia que era un padre maravilloso y también muy exigente, pude después entender bien -cuando hablé con ellos- que ese era el mejor legado que don Beltrán podía dejar a quienes más quería: esa alegría, esa unidad familiar, esa formación, pero también esa conciencia del deber.

En esta hora triste para el Senado, desde donde se rinde homenaje a don Beltrán, Vicepresidente por cuatro años en momentos especialmente históricos -junto al distinguido Senador Gabriel Valdés en calidad de Presidente, contribuyó con su inteligencia, serenidad y sagacidad en forma notable a la consolidación de la transición en Chile y, como pocos, a la causa de la reconciliación-, es justo hacer un alto en el camino y recordarlo con afecto.

Estoy convencido, además, de que, desde lo alto, está feliz pero muy feliz con su señora Maruja, vigilándonos a todos con afecto y exigiéndonos que lo que realicemos aquí lo hagamos siempre inspirados por el bien de Chile. Y sus ojos se posan especialmente en sus discípulos y amigos: en Coty Reginato, en Jorge Castro, en Francisco Bartolucci, en Evelyn Matthei -a quien conquistó para ser Diputada por su región-, en su querido sobrino Edmundo Eluchans y en tantos otros a quienes aconsejó, formó y alentó en este áspero pero noble camino de servir a Chile.

En lo personal, estoy convencido de que los colores hípicos del Quo Vadis -era el nombre de su stud-, casaquilla rojo con amarillo, que llevaron Sam Forli, Endeveaur, Esprit Gaulois, Enfant Terrible y tantos otros, están corriendo más rápido que nunca allá, en el cielo, bajo su inconfundible sonrisa y sus ojos que todo azulaban.

Vaya para Beltrán, María Elena, María Beatriz, José Manuel, Macarena, Gabriel, María Carolina y Diego, y sus numerosos sobrinos y nietos el más cálido de los abrazos, y tengan la convicción de que la huella de don Beltrán caló hondo en la historia de Chile y en el Senado. Ese reconocimiento lo llevarán en el corazón toda su vida.

He dicho.

--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor PIZARRO (Presidente).- Aprovecho de saludar a la señora Alcaldesa de Viña del Mar, doña Virginia Reginato; al señor Alcalde de Valparaíso, don Jorge Castro (nuestro anfitrión permanente); al Presidente de la Cámara de Diputados, don Edmundo Eluchans; al Presidente de la UDI, don Patricio Melero, y a los Diputados que nos acompañan.

Tiene la palabra el Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.- En primer lugar, saludo a la familia de don Beltrán, a la cual conozco; al Presidente de la Cámara de Diputados, don Edmundo Eluchans; a los colegas del Senado; a la Alcaldesa de Viña del Mar, señora Virginia Reginato (la Tía Coty), y al Alcalde de Valparaíso, señor Jorge Castro, a quien, como estamos en Valparaíso, me puedo dar la licencia de llamarlo "El Negro Castro".

En nombre de los Comités Partido por la Democracia, Demócrata Cristiano y Socialista, quiero rendir un solemne homenaje a quien fuera uno de los primeros Senadores representantes de la Región de Valparaíso-Costa, luego del retorno a la democracia, en 1990, junto con la querida ex Senadora señora Laura Soto.

Hablar de la vida y obra de don Beltrán Urenda Zegers es hablar de la Región de Valparaíso en sentido amplio.

Don Beltrán nació en Concón en febrero de 1920. Su vida entera estuvo ligada a esta región.

Cursó sus estudios de instrucción preparatoria y humanidades -como se decía en esa época- en los Sagrados Corazones de Viña del Mar.

Tuvo más adelante un muy corto romance con los números, pues estudió Ingeniería Civil en la Universidad Técnica Federico Santa María.

Las letras, sin embargo, terminaron por inclinar la balanza en favor del Derecho, carrera que cursó en la Escuela de Derecho, sede Valparaíso, de la Universidad de Chile -hoy Universidad de Valparaíso-, recibiendo el título de abogado el 21 de marzo de 1946.

Desde joven, don Beltrán Urenda mostró gran interés por la cosa pública. Participó muy activamente, primero como secretario y luego como presidente, del Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho, de la que también fue su profesor, donde se desempeñó durante 8 años en la cátedra de Derecho Comercial, llegando más tarde a ocupar importantes cargos académicos, como miembro de la Junta Directiva de la actual Universidad de Valparaíso, función que también desempeñó en su primera alma mater: la Universidad Técnica Federico Santa María.

Profesionalmente ejerció de manera destacada en el estudio jurídico fundado por su padre, don Carlos Urenda Trigo, en el año 1914, de gran prestigio, en particular en el ámbito del Derecho Marítimo. Fue presidente de la Compañía de Navegación Interoceánica, director de ALAMAR y miembro del directorio de la Sociedad Anónima de Navegación Petrolera (SONAP) y, además, presidente de la Asociación Nacional de Armadores.

Todo lo anterior vinculado al ámbito del Derecho Marítimo y del Derecho Comercial Marítimo.

Su participación en la esfera del Derecho lo llevó a ser abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Y si hablamos de otras áreas fue, siempre en Valparaíso, presidente de la "Fundación Lukas" y de la "Fundación Edmundo Eluchans Malherbe".

Bordeando los 70 años de edad, con una trayectoria grande a cuestas, y con una gran familia, cuando el país se aprestaba a retornar a la democracia, luego del plebiscito de 1988, fue de aquellos, completamente convencido de la necesidad de trabajar en pos del gran desafío de recuperar la democracia, que postularon al Senado, en representación, obviamente, de su región natal.

En la Cámara Alta, desarrolló una labor muy relevante a la hora de volver a enseñar al país -el cual estaba, por cierto, muy herido y complicado en una transición difícil- la importancia del diálogo como elemento de entendimiento.

Fue un hombre que formó una gran y extendida familia. Al igual que lo que pensó el Senador señor Coloma al escuchar a uno de sus hijos en sus exequias, puedo decir que fue un padre cariñoso y exigente. Y creo comprender de qué se trata eso.

Seguramente muchos de los que compartieron con él en el Senado, tuvieron diferencias. Y tal vez acerca de su legado puede haber opiniones distintas. Pero quiero destacar que, por diversas o incluso antagónicas que fuesen esas discrepancias en su oportunidad, lo que yo recogí de don Beltrán es que era una persona que disponía de capacidad para dialogar y de llegar a entendimientos. Nunca sentí que hiciera notar la fuerza o la influencia que poseía, la que era real.

Estas palabras cobran vigencia a la hora de tener que desarrollar diálogos y sinceramientos en el período actual.

Deseo terminar con una breve anécdota, que quedó grabada en la parte de atrás de la cabeza de varios chilenos y chilenas. De quienes ejercen la función pública, algunos tienen la suerte de destacarse en su profesión propiamente tal y otros a partir de acontecimientos que quedan impresos en la escena de muchos compatriotas.

Quiero recordar que cuando uno participa en una elección vive emociones y sufre tensiones. Y me acuerdo muy bien -quizás sea el único- de aquella tarde del 11 de diciembre de 1993, cuando Televisión Nacional (el canal de todos los chilenos) sorprende a don Beltrán despertando de una siesta, con una vestimenta apropiada para la ocasión: su bata de levantarse, y le informa que habría perdido su reelección al Senado, sobre la base de una encuesta a boca de urna, encuesta que, para su alivio, erró en ese y en otros varios sondeos, como hemos visto.

--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor PIZARRO (Presidente).- Aprovecho de saludar también al Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, el Alcalde don Santiago Rebolledo, y a los concejales que lo acompañan.

Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente del Senado; señor Presidente de la Cámara de Diputados; estimados amigos y miembros de la familia de don Beltrán: sus hijos Beltrán, José Manuel, Diego, Gabriel, Carolina, Beatriz, María Elena y Macarena; estimados y queridos Alcalde de Valparaíso, señor Jorge Castro, y amiga y Alcaldesa de Viña del Mar señora Virginia Reginato; señor Patricio Melero, Presidente de la Unión Demócrata Independiente.

En representación de la bancada de Renovación Nacional, tengo el alto honor de rendir un merecido tributo a un grande, al ex Senador don Beltrán Urenda Zegers, quien -aparte ser un destacado hombre público, oriundo de nuestra región-, nos honrara con su sabiduría, sus excelentes cualidades como jurista, parlamentario y hombre de bien, que tanto hizo por nuestras ciudades y por nuestra región.

No podemos sino agradecer a don Beltrán el legado que nos ha dejado, y que se refleja en sus sobresalientes méritos como un destacado abogado, desde que obtuviera su título en el año 1946, continuando la tradición de su padre, el jurista don Carlos Urenda Trigo, quien fundó hace ya 99 años uno de los estudios jurídicos más prestigiosos de Valparaíso, que extendió sus oficinas también a la Capital hace algunas décadas.

Nacido el 29 de febrero de 1920 en la localidad de Concón, hoy comuna del mismo nombre, recibió su enseñanza escolar en el Colegio -nuestro Colegio- de los Sagrados Corazones de Viña del Mar. Posteriormente cursó sus estudios en nuestra gran y querida Escuela de Derecho de la entonces Universidad de Chile, sede de Valparaíso.

Cursó previamente estudios de Ingeniería en la Universidad Técnica Federico Santa María.

Tanto fue el cariño que profesó por esas dos universidades, que participó posteriormente de sus Juntas Directivas.

Contrajo matrimonio con su compañera inseparable, doña María Elena Salamanca, y dejó una descendencia de ocho hijos, quienes hoy día nos acompañan en las tribunas.

Sin lugar a dudas, una de las tristezas más profundas para don Beltrán fue la partida de su esposa. Estuvimos con él y con sus hijos -yo diría- en el hito que marcó profundamente los últimos períodos de su vida.

Tiempo más tarde ejerció durante ocho años como profesor de Derecho Comercial en la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. En algunos períodos, se desempeñó como abogado integrante de la Corte de Apelaciones.

De igual modo, su trayectoria como empresario naviero lo hizo sobresalir en este importante ámbito del desarrollo económico del país, y llegó a ocupar la presidencia de la Compañía Chilena de Navegación Interoceánica y a formar parte de los directorios de otras empresas navieras.

Asimismo, fue Presidente de la Asociación Nacional de Armadores y participó en el directorio de SONAP y ALAMAR.

Su vocación política y social, que se despertó cuando fue elegido presidente del Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho, lo llevó a presidir, en 1985, el Consejo Económico y Social, creado después del terremoto acaecido ese año con el fin de definir las políticas económicas que debían implementarse en el país, cargo que ejerció con mucha dedicación y orgullo, ya que consideraba un privilegio que, pese a ser hombre de regiones, se le hubiese designado para esa importante tarea de carácter nacional.

Hace un tiempo tuve la oportunidad de conversar con él y advertí que sentía profundo orgullo por habérsele encomendado un desafío tan trascendente como presidir el Consejo Económico y Social a pesar de haber desarrollado su vida en la Quinta Región.

Don Beltrán se caracterizó por ser uno de los impulsores de que el Congreso Nacional tuviese su sede en Valparaíso. Este es un asunto del cual poco se ha hablado y reconocido. Pero claramente fue gracias a su empuje que hoy día tenemos el Parlamento aquí.

Su trayectoria como Senador por la Circunscripción Quinta Costa, desde que fuera elegido primero como independiente en el Pacto Democracia y Progreso, para el período 1990-1994; y posteriormente, como militante del Partido Unión Demócrata Independiente, para el período 1994-2002, da cuenta de su desinteresada entrega en favor de los habitantes de la circunscripción que le correspondió representar, a quienes sirvió con gran abnegación y preocupado siempre por satisfacer sus necesidades ciudadanas. Asimismo, aportó con su sabiduría, mesura y experiencia en todas las Comisiones legislativas que integró. Entre ellas, se cuentan la de Relaciones Exteriores, la de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, y Revisora de Cuentas. De igual modo, fue un parlamentario comprometido totalmente con la Región de Valparaíso y un férreo defensor del regionalismo.

Es muy recordado su paso como Vicepresidente del Senado en años complejos, en los que debió desplegar el diálogo para los efectos de tener una transición pacífica y donde compartió con otro gran hombre público, el Senador don Gabriel Valdés Subercaseaux. Juntos conformaron un equipo de excepción, que dirigió con singular acierto y verdadero sello republicano los destinos de esta Corporación, que reiniciaba sus funciones en el retorno a la democracia. Fue un período difícil, pero lograron sortear con mucho éxito las adversidades propias de la transición.

Hay muchas experiencias sobre la elección de don Beltrán como Vicepresidente del Senado, en una época compleja, pero primó la cordura y, sin lugar a dudas, los señores Senadores de aquel entonces no se equivocaron al designar a una persona de esa estatura para codirigir la Corporación.

Para quien les habla, actual representante de la misma Circunscripción en este Hemiciclo, constituye un privilegio ser uno de sus sucesores en el cargo, en que se debe representar a una población de alrededor de 700 mil habitantes, con distintas necesidades, problemas e inquietudes que es preciso atender impostergablemente y darles solución. Por cierto, la experiencia, la trayectoria política y parlamentaria de don Beltrán Urenda resultó valiosísima para ese propósito.

Como parte de un programa de entrevistas televisadas a importantes personajes públicos nacionales que realicé en el último tiempo, tuve el honor de conversar con don Beltrán, lo que me permitió acrecentar la excelente impresión que siempre me formé de él como hombre público, destacado parlamentario, exitoso empresario, prestigioso jurista, de innata bonhomía, jovialidad, excelente humor y refinada amabilidad. Pero, por sobre todo, fue un hombre muy amante de su familia, preocupado intensamente de la comunidad que lo rodeaba y siempre informado de todas las situaciones que la afectaban. Esa magnífica conversación me dejó invaluables enseñanzas para mi gestión parlamentaria.

Repasamos su amor intenso por la hípica, con su Stud Quo Vadis; su fanatismo por el Club Everton, que heredaron todos sus hijos, pero especialmente Macarena; su lucha por situar en Valparaíso el Congreso Nacional; su impacto tras el desalmado asesinato de su amigo Jaime Guzmán, que lo llevó a militar en la UDI; su intenso romance con Valparaíso, que lo hizo radicarse definitivamente en nuestra ciudad; su espíritu formador de nuevos liderazgos -y acá quiero destacar que, sin lugar a dudas, él fue un verdadero padre político para Virginia Reginato, para Jorge Castro, y para tantos otros dirigentes de la región-, y su profunda pena por la muerte de su mujer.

Estoy cierto de que su descendencia, conformada por sus hijos, nietos y bisnieta, se siente orgullosa por el legado imperecedero que les ha dejado, por sus brillantes cualidades, que lo han hecho ingresar a los anales de nuestra historia.

Por ello, en primer lugar, le entrego a toda su familia mis más sentidas condolencias por esta irreparable pérdida, implorando a Dios que les haga llegar el don de la resignación, y me permito instarlos a custodiar con legítimo orgullo este valiosísimo legado que les deja y que, estoy cierto, sabrán preservar y acrecentar.

También expreso mis sentimientos de condolencia al partido en el que militó durante los últimos veinte años, la Unión Demócrata Independiente, colectividad a la que tanto aportó con su gestión parlamentaria y donde con justa razón se le considera un verdadero patriarca.

Asimismo, vayan mis expresiones de pesar para los integrantes de su estudio jurídico, cuasi centenario, en el que sucedió a su padre, que lo fundara, dejando valiosas enseñanzas en los más diversos aspectos a las distintas generaciones de abogados que han tenido el privilegio de participar en su quehacer y que, por cierto, mantendrán la impronta que marcó don Beltrán en sus más de sesenta años de exitoso ejercicio profesional.

De igual modo, a quienes forman parte de las empresas navieras en las que don Beltrán participó, con una valiosa gestión directiva, les expreso mis condolencias, porque sé que sienten mucho pesar ante esta irreparable pérdida.

Por último, manifiesto igual sentimiento a las otras entidades de la Región a las que perteneció, ya sea como miembro de sus directorios o como un socio muy destacado y comprometido. Me refiero a la Fundación Lukas y a la Fundación Edmundo Eluchans Malherbe, las que presidió; al Club de Leones; al Valparaíso Sporting Club, parte de su pasión; y al Club de Deportes Everton, ya que fue uno de sus socios que más asistió a los estadios. En todas estas instituciones su contribución fue muy valiosa para la buena marcha de ellas.

Le comentaba a Macarena el día del funeral que me tocó compartir con él en algunas actividades de la Asociación Nacional de Armadores, un par de meses antes de que falleciera. Él estaba enterado de todo. Incluso, me relató completa una carrera en la cual uno de sus descendientes era preparador de un caballo de mi propiedad. Estaba absolutamente al tanto de todas las peripecias de ese potrillo.

Era un hombre que realmente sorprendía. Era capaz, a pesar de sus años, de mantener una conversación fluida.

Me tocó también visitarlo en la Clínica Reñaca cuando tuvo su primer infarto cerebral. Me decía una de sus hijas: "Para qué vas a ir si no te va a reconocer". Cuando estuve con él, inmediatamente se compuso, porque no le gustaba que lo vieran maltrecho, y sostuvimos una conversación luego de la cual no me cupo la menor duda de que se iba a recuperar con prontitud.

Y, en efecto, salió de la clínica gracias a su gran fuerza.

Don Beltrán también pasó momentos difíciles. En épocas de conflicto político nacional fue objeto de un brutal atentado, del cual también se habla poco: una bomba explotó fuera de su casa. Lamentablemente, lo hizo junto a la persona que la llevaba.

Pero don Beltrán siempre tuvo respecto de ese hecho una mirada de altura, de hombre de Estado, que le permitió justamente ser alguien capaz de generar en el país un clima de diálogo. Y este diálogo es muy importante hoy, pues estamos ad portas de conmemorar 40 años del quiebre institucional en Chile.

Ojalá hubiera más hombres como Beltrán Urenda, quien fue capaz de generar diálogo, confianza, entendimiento, y de gobernar la Sala del Senado junto con Gabriel Valdés, ya que, más allá de las diferencias -por muy legítimas, por muy agudas que fueran en aquel entonces-, tuvo la capacidad de propiciar en el Congreso Nacional, en el Senado de la República (que reabría sus puertas después del gobierno militar), un clima de entendimiento.

Don Beltrán Urenda Zegers, que sembró buena simiente en tierra fértil y, por tanto, obtendrá buena cosecha, descansa ahora en paz y permanecerá siempre en nuestro recuerdo.

Y estamos ciertos de que, al culminar su camino hacia la eternidad, ha pasado a ocupar el sitial que Dios tiene reservado para hombres como él.

He dicho.

--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor PIZARRO (Presidente).- De esta manera, la Cámara Alta culmina el justo homenaje a quien fuera Senador durante dos períodos y Vicepresidente de la Corporación: don Beltrán Urenda Zegers.

Se suspende la sesión por cinco minutos.

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--Se suspendió a las 16:57.

--Se reanudó a las 17:12.

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El señor PIZARRO (Presidente).- Continúa la sesión.

El señor WALKER (don Patricio).- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor WALKER (don Patricio).- Solo deseo solicitar que se fije un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto sobre reforma al Código Procesal Penal hasta el próximo jueves, a las 12.

El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Está con el plazo vencido, señor Senador?

El señor WALKER (don Patricio).- Así es, señor Presidente. Se estableció uno, pero venció. Y pido abrir el nuevo plazo a que me referí, porque el Senador Espina quiere formular algunas indicaciones.

El señor PIZARRO (Presidente).- Nos enteramos de ello.

El señor WALKER (don Patricio).- Por la prensa nos enteramos todos. ¡No obstante, la Comisión de Constitución es muy solidaria con el Senador Espina¿!

El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Está de acuerdo o no el Ejecutivo en relación con eso?

El señor WALKER (don Patricio).- ¡El Senador Espina tiene privilegio en la Comisión¿!

El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Habría acuerdo de la Sala a fin de fijar como nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto en cuestión el jueves 5 de septiembre, a las 12?

La señora ALLENDE.- ¿De qué se está hablando?

El señor PIZARRO (Presidente).- De la formulación de indicaciones a la iniciativa que modifica el Código Procesal Penal, acerca de lo cual nos impusimos el fin de semana a través de una intervención del Honorable señor Espina en los medios de comunicación.

La señora ALLENDE.- Bien.

--Así se acuerda.

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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Defensa Nacional, solicito que se establezca un nuevo plazo hasta mañana, a las 12, si es posible, para presentar indicaciones a la iniciativa que modifica la Ley de Control de Armas y el Código Procesal Penal, por cuanto el que se fijó con anterioridad se encuentra vencido.

El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Habría acuerdo?

Acordado.

V. ORDEN DEL DÍA

Boletín N° 7201-08

AMPLIACIÓN DE MATRIZ ENERGÉTICA MEDIANTE FUENTES RENOVABLES NO CONVENCIONALES

El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que propicia la ampliación de la matriz energética mediante fuentes renovables no convencionales, con informe de la Comisión de Minería y Energía y urgencia calificada de "discusión inmediata".

--Los antecedentes sobre el proyecto (7201-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley: (moción de los Senadores señor Orpis, señoras Allende y Rincón y señores Gómez y Horvath).

En primer trámite, sesión 50ª, en 8 de septiembre de 2010.

En tercer trámite, sesión 36ª, en 2 de julio de 2013.

Informes de Comisión:

Minería y Energía: sesión 57ª, en 5 de octubre de 2010.

Minería y Energía (segundo): sesión 90ª, en 17 de enero de 2012.

Minería y Energía (tercer trámite): sesión 48ª, en 14 de agosto de 2013.

Discusión:

Sesiones 64ª, en 3 de noviembre de 2010 (se aprueba en general); 91ª, en 18 de enero de 2012 (se aprueba en particular).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe señalar que la iniciativa comenzó su tramitación en el Senado y en el segundo trámite constitucional la Cámara de Diputados le introdujo diversas enmiendas.

La Comisión de Minería y Energía aprobó todas las modificaciones efectuadas por dicha Corporación, por la unanimidad de sus miembros: Senadores señores Frei, Gómez, Horvath, Kuschel y Orpis, salvo en lo referente a la enmienda número 4, recaída en el numeral 2) del artículo 1°, que fue aprobada con los votos favorables de los Honorables señores Frei, Horvath, Kuschel y Orpis y la abstención del Senador señor Gómez, y en lo relativo a la modificación número 6, recaída en el artículo 2°, que fue acogida con los votos a favor de los Honorables señores Frei, Kuschel y Orpis y las abstenciones de los Senadores señores Gómez y Horvath.

En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios se transcriben el texto aprobado por el Senado y las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados.

El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión las modificaciones de la Cámara Baja.

Tiene la palabra el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, Honorable Sala, deseo destacar que el texto en debate constituye uno de los grandes acuerdos que han logrado el Senado y la Cámara de Diputados en conjunto con el Gobierno.

La semana pasada despachamos la iniciativa sobre otorgamiento de concesiones eléctricas, y parte de lo acordado en su oportunidad establecía que se acogiera la iniciativa sobre ampliación de la matriz energética mediante fuentes renovables no convencionales.

A continuación, quiero describir cuáles fueron las modificaciones efectuadas por la Cámara de Diputados y que forman parte de este acuerdo político.

Me voy a concentrar especialmente en la más importante de todas: la referida al tema de las licitaciones.

¿Cuáles son las diferencias que hubo con aquella Corporación y que se incorporaron en el acuerdo político?

El Senado establecía en su proyecto original que la obligación en materia de generación de energías renovables no convencionales sería de 20 por ciento al año 2020. Aquí se contempla un calendario distinto para alcanzar esa meta, que llega al 2025.

En segundo lugar, la iniciativa que aprobamos en esta Corporación disponía que 50 por ciento de los retiros debieran acreditarse en el sistema eléctrico respectivo. En este caso, se elimina esa restricción.

Tercero, nuestra Corporación consignó que el pago de la multa no excluía el cumplimiento de la obligación. En esta proposición también se suprime eso, y solo queda la multa. Además, se contempla un registro público de transferencia de energías renovables no convencionales para acreditar la obligación.

Pero, señor Presidente, deseo concentrarme particularmente en el mecanismo de licitaciones, que es el punto más extenso que desarrolla la Cámara de Diputados y que es parte de este acuerdo político.

En primer lugar, uno debería preguntarse quiénes tienen la obligación de acreditar los porcentajes respectivos en el calendario. Y he de decir que esta recae en aquellos que desarrollan los propios proyectos de energías renovables no convencionales.

Sin embargo, es posible que tal obligación no se cumpla. Y de ahí nace, con el fin de establecer de manera permanente el 20 por ciento en la matriz energética, un importante artículo: el 150 ter. Este consagra el mecanismo de la licitación, que se gatilla cuando los proyectos de energías renovables no llegan al porcentaje que se determina anualmente, momento en el cual el Ministerio de Energía está obligado a licitar esa diferencia, ya que ese precepto dispone que aquella Secretaría de Estado, por esa diferencia, tenga que efectuar licitaciones en forma anual, pudiendo realizar incluso dos al año.

Paralelamente, en el mismo artículo 150 ter se determina que el mecanismo de licitación no opera si, en definitiva, dicho porcentaje se cumple.

La pregunta que surge entonces, señor Presidente, es la siguiente:

¿Qué señala la normativa de ley en estudio para el caso de que ni con los proyectos de energías renovables no convencionales presentados de manera espontánea, voluntaria, ni con el mecanismo de licitación se cubra el correspondiente porcentaje?

Que el saldo quedará para el año siguiente, cuando tendrán que efectuarse las respectivas licitaciones.

Establecida la licitación y adjudicados los proyectos, ¿qué ocurre? Que se aplica un precio estabilizado por el plazo de 10 años. Esta fue una de las grandes aspiraciones, particularmente de quienes desarrollan energía renovable no convencional, porque muchas veces, al no tener contrato, les costaba acceder al mercado financiero. Sin embargo, en lo que dice relación con el saldo no cubierto, gracias a las licitaciones se tendrá un precio estabilizado por un lapso de 10 años, lo cual les va a permitir financiar los proyectos de energías renovables no convencionales.

El artículo 150 ter también establece un mecanismo de flexibilidad, porque faculta al Ministerio de Energía para efectuar las licitaciones de manera independiente respecto de los distintos sistemas. ¿Y eso qué va a permitir desarrollar? Por ejemplo, en el norte la energía solar y en lo que concierne al Sistema Interconectado Central, las centrales hidráulicas.

La inquietud que surge en muchos debates de parte de la opinión pública tiene que ver con el hecho de que por este porcentaje Chile estaría pagando un precio muy alto, porque las energías renovables no convencionales son muy caras y no se han desarrollado. Entonces, ¿cuál es la virtud del artículo 150 ter? Que no se licita a cualquier valor, porque en forma expresa se señala que el costo de la licitación deberá ser igual al costo medio de desarrollo de una generación de un proyecto de expansión eficiente. Es decir, se fija un tope y un límite respecto de la licitación, que es el costo de desarrollo de la energía eficiente más un 10 por ciento.

Señor Presidente, como opera un mecanismo de compensaciones me gustaría realizar el siguiente ejercicio. En la práctica, ¿qué ocurriría si hoy día se estableciera el mecanismo de licitaciones? Que en el Sistema Interconectado Central las energías renovables no convencionales tendrían que pagarles a las convencionales. Y al revés, en el sistema del norte grande las energías convencionales tendrían que pagarles a las energías renovables no convencionales por las diferencias que se van produciendo entre el precio estabilizado con el marginal.

Por último, señor Presidente, aludiré a un punto estrictamente reglamentario.

En la página 32 del boletín comparado hay un error de referencia. Por tanto, debería eliminarse la siguiente frase: "previsto en el artículo 150° bis". ¿Por qué lo señalo? Porque la obligación adicional del 20 por ciento va a regir a partir del año 2013 y lo que hace el artículo 150° bis es aumentarla del 10 al 20 por ciento. En consecuencia, hay un error que debe corregirse.

En síntesis, creo que el gran mérito de la iniciativa en comento -las diferencias con la Cámara de Diputados no han sido tales, porque forman parte del acuerdo político- es hacer viables las energías renovables no convencionales, estableciendo un mecanismo permanente para asegurar que en el país, a partir del año 2025, tengamos un 20 por ciento de la matriz con ese tipo de energía.

He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, tal como acaba de señalar el Senador Orpis, el proyecto en debate es parte de un acuerdo al que concurrimos conscientes de que estamos hablando de temas de país. Eso lo hemos dicho muchas veces, tanto en la Sala cuanto en la Comisión que integré durante este período.

Sentimos que como nación tenemos una matriz energética vulnerable, poco diversificada, muy dependiente de fósiles, en la que cada vez más van implantándose -por ejemplo, en sustitución del gas de Argentina que dejamos de recibir- centrales a carbón. Existen problemas de emisión de gases que provocan efecto invernadero a los cuales la ciudadanía en forma legítima se opone, pues quiere vivir en un medio ambiente más limpio. Hay quienes pensamos que deben convivir ahora y por un tiempo prolongado las energías convencionales con las energías renovables no convencionales. Sin embargo, otra cosa es la voluntad política, la decisión de un Estado que busca formas de flexibilizar, de derribar barreras y de permitir el ingreso al mercado de energías renovables no convencionales.

Yo creo que vamos en la línea correcta. Me alegra muchísimo ser parte de esta moción. Creo que la Comisión de ese entonces, la de Minería y Energía, con justeza formuló este proyecto para que nosotros consideráramos la posibilidad de llegar al año 2020 con un 20 por ciento de energía renovable. La verdad es que eso se ve bastante inviable y accedimos, como parte del acuerdo, a sostener: "Está bien. Tendremos que llegar al año 2025". Lo importante es buscar los mecanismos de licitación, de flexibilización, con el objeto de permitir que efectivamente se puedan superar barreras y logren entrar las energías renovables.

Creemos que con lo anterior, unido a las concesiones y a la interconexión, comenzamos a dar respuestas con sentido de país acerca de una situación que no deja de ser preocupante, pues claramente, como ya señalé, tenemos una matriz poco diversificada y vulnerable, con mucha dependencia de los fósiles y que, además, crecientemente sube de precio.

En estos días venimos presenciando la horrorosa situación que vive Siria y nadie nos puede garantizar que el precio del petróleo no se va a disparar, lo cual hará que de nuevo sigamos dependiendo de precios completamente disparatados, que pueden llegar a afectar de manera significativa aquellos proyectos fundamentales para el país.

A nuestro juicio, lo hemos hecho con mucha responsabilidad. Ha sido importante llegar a un acuerdo político claro para buscar salidas a un tema energético que notoriamente nos preocupa. Creemos que la interconexión, facilitar los trámites administrativos para la concesión y, sobre todo, derribar barreras de entrada han sido buenos logros.

Aquí se dijo con mucha claridad que las energías renovables -no todas- tienen costos mayores y que algunas de ellas requieren respaldo: una energía fotovoltaica o eólica, que depende del viento, no es continua ni permanente las 24 horas del día. Eso evidentemente la encarece. Sin embargo, podemos observar, por ejemplo, que el precio de la energía fotovoltaica hoy día es totalmente competitivo y la tendencia mundial nos muestra que los avances tecnológicos hacen que este baje. Pero también hemos visto que debido a crisis internacionales o a situaciones coyunturales, muchas veces se produce el efecto contrario: el petróleo sube desmesuradamente, lo cual puede generarnos tremendos problemas.

Entonces, las energías renovables hoy día se vuelven más competitivas. Es cierto, partieron con precios mucho más elevados, pero progresivamente han ido decreciendo.

Recuerdo que en la Sala alguien mencionó que nuestro país -lo cual es cierto- es privilegiado al tener muchas potencialidades. Sin embargo, no las ocupa.

Afortunadamente el proyecto en discusión, que propone una nueva forma de licitar y de estabilizar el precio por la cantidad de años que indica, va a permitir que las iniciativas de energías renovables no convencionales sean apoyadas por los bancos mediante préstamos y se les brinde ayuda para postular a las licitaciones.

Yo señalé con orgullo que tanto el proyecto Tolhuaca, en la Región de La Araucanía, como los proyectos Juncalito 1 y Juncalito 2, van a ser los primeros en producir energía geotérmica.

Nosotros tenemos enormes potencialidades, pero su aprovechamiento claramente no es fácil para un país como el nuestro, que no es productor de petróleo, que carece de la maquinaria, de la infraestructura y en muchos casos del recurso humano.

Por eso, señor Presidente, quiero señalar con mucha claridad que apoyamos esta iniciativa, que es parte de un acuerdo político, porque es importante avanzar.

A mi juicio, estamos dando un tremendo paso como país al defender que haya energías más limpias, no contaminantes, que no produzcan los gases de efecto invernadero. Es decir, que no contribuyamos a complejizar aún más el cambio climático, fenómeno que desgraciadamente ya estamos viviendo y que nos viene reportando consecuencias no muy deseables.

En consecuencia, apoyamos el proyecto tal como está, porque es parte de un acuerdo amplio con mirada de país sobre el tema energético.

He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, creo que se ha llegado a un gran acuerdo para fomentar y apoyar las energías renovables en nuestro país, las cuales, como se ha dicho muchas veces aquí, pueden aportar muchos miles de megawatts al sistema.

Por eso, nuestra Comisión de Minería y Energía nos propone aprobar todas las modificaciones planteadas por la Cámara de Diputados, siguiendo un acuerdo político alcanzado con el Ejecutivo.

El acuerdo, explicado por el Subsecretario de Energía, don Sergio del Campo, considera la aprobación de un proyecto de ley para aumentar el porcentaje de retiros del sistema eléctrico que deben ser respaldados con fuentes energéticas renovables no convencionales, de un 10 por ciento al año 2024 a un 20 por ciento al año 2020, propuesto por los Senadores señoras Allende y Rincón y señores Gómez, Horvath y Orpis.

La Ley General de Servicios Eléctricos obliga a las empresas eléctricas que efectúen retiros de energía, desde los sistemas eléctricos con capacidad instalada superior a 200 megawatts en el SIC y el SING, a comercializarla con distribuidoras o clientes finales y a acreditar que el 10 por ciento de dichos retiros fueron, a su vez, inyectados a los sistemas a través de medios de generación renovables no convencionales. El proyecto, además, aumenta el porcentaje de 10 a 20 por ciento, lo que se mantiene en el acuerdo político, junto a la graduación propuesta para alcanzar esa meta.

Conforme a la versión del Subsecretario, este acuerdo sustituyó el artículo 150 ter que el Senado había aprobado en el primer trámite constitucional, por lo que el texto que discutió la Cámara de Diputados regula un sistema de licitaciones de bloques de energía provenientes de medios de generación de energías renovables no convencionales, a cargo del Ministerio de Energía, en virtud de las cuales las empresas que retiren energía del sistema podrán cumplir con la obligación de que un porcentaje de sus retiros estén respaldados por inyecciones de energía provenientes de dichas fuentes energéticas renovables no convencionales.

Pienso, señor Presidente, que este constituye un paso muy importante. Y ojalá que este tipo de acuerdos se pueda ir extendiendo, porque es evidente que de aquí al año 2017 o 2018, si no partimos rápidamente instalando sistemas de energía eléctrica merced a entendimientos como al que se ha llegado en este aspecto, con el tiempo vamos a ver detenido el progreso de nuestro país.

Hoy nuevamente estamos buscando los grandes acuerdos que nos caracterizaron desde el año 90 en adelante. Es evidente que no todos pensamos igual, que tenemos visiones distintas, pero hay algo que nos une: el querer avanzar fuertemente en muchos ámbitos en Chile. Todavía nos falta bastante para llegar a ser un país desarrollado, para eliminar las inequidades y los abusos, para lograr mayor equidad en todo nuestro territorio, pero es indudable que los grandes acuerdos contribuyen a que ello sea una realidad en el menor tiempo posible.

Gracias.

El señor PIZARRO (Presidente).- Señores Senadores, aún quedan varios oradores inscritos, por lo que les quiero plantear un procedimiento que facilite el despacho del proyecto.

Solo dos modificaciones no alcanzaron la unanimidad: la enmienda N° 4, que fue aprobada por 4 votos a favor y una abstención, y la enmienda N° 6.

Por tanto, podríamos aprobar los cambios acogidos por unanimidad en la Comisión de Minería y Energía y proceder a efectuar una sola votación respecto de las dos enmiendas que fueron objeto de abstenciones, siempre y cuando los Senadores que las hicieron presentes las mantengan.

Únicamente me estoy refiriendo al procedimiento reglamentario.

Si hubiera acuerdo, se procedería en los términos planteados.

El señor PROKURICA.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor PIZARRO (Presidente).- Sí, señor Senador.

El señor PROKURICA.- Antes de proceder a votar las modificaciones, deseo dejar constancia de que, de acuerdo a los artículos 5° B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y 8° del Reglamento, me voy a inhabilitar para votar este proyecto en razón de que podría tener algún interés en el asunto de que se trata.

El señor PIZARRO (Presidente).- Perfecto. Otros dos señores Senadores han manifestado la misma inquietud.

Entonces, se darían por aprobadas las enmiendas acogidas por unanimidad en la Comisión de Minería y Energía.

--Se aprueban.

El señor PIZARRO (Presidente).- A continuación, habría que votar en conjunto las enmiendas números 4 y 6, esta última recaída en el artículo 2°, que fueron aprobadas con abstenciones.

Los señores Senadores pueden seguir interviniendo y utilizar el mismo tiempo antes asignado.

Los que estén a favor de las enmiendas deben votar que sí, y los que estén en contra, que no.

Me ha pedido la palabra el Senador señor Ignacio Walker.

El señor WALKER (don Ignacio).- Para un punto de reglamento, señor Presidente.

Deseo inhabilitarme en esta votación en virtud del artículo 5° B de la Ley Orgánica del Congreso, por tener un hermano que se dedica a las energías renovables no convencionales.

El señor PIZARRO (Presidente).- La misma situación hizo presente el Senador señor Patricio Walker, por idéntica razón.

Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, planteo igual punto de reglamento que los colegas Patricio e Ignacio Walker.

Gracias.

El señor PIZARRO (Presidente).- Se inhabilita también la Senadora señora Rincón.

Entonces, en votación la enmiendas números 4 y 6.

--(Durante la votación).

El señor PIZARRO (Presidente).- Para fundamentar su voto, tiene la palabra el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, este proyecto, que nace de una moción en el Senado, tiene por objeto mejorar la matriz energética con energías renovables no convencionales y superar las metas establecidas en la ley vigente, adelantándolas en 20 por ciento para el año 2020.

Ese es el sentido de la iniciativa.

Esto trae aparejadas otras ventajas, como reducir los gases de efecto invernadero, y, desde luego, no solo mejorar la oferta, sino también representar la realidad de las distintas regiones de Chile y generar círculos virtuosos, dados los enormes potenciales que tenemos en el país.

Estos potenciales (la energía eólica, la solar, las pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas, las centrales de pasada, la biomasa) han sido estudiados por diversas entidades. Y la verdad es que disponemos de antecedentes, incluso de la Asociación Chilena de Energías Renovables, de que la meta del 20/20 es perfectamente posible de cumplir.

Tal es la razón de mi abstención. A mi juicio, este acuerdo, alcanzado en su minuto entre la Democracia Cristiana y la UDI, para sacar adelante el proyecto de las concesiones eléctricas y el de la interconexión eléctrica, en el fondo soslaya un tema mucho más de fondo, pues, al prorrogarse la meta, lo que se hace es permitir que las energías convencionales sigan su dinámica y se dé -entre comillas- "la solución" que se pretende para Chile.

Lo hemos dicho en más de una oportunidad: el problema de los altos costos de la energía en nuestro país se debe a que no pueden entrar nuevos actores y a que hoy en día la energía se calcula a costo marginal y, al final, entra la más cara, que es la que manda con respecto a la tarifa que se le cobra al resto.

La concentración en tres generadoras, una gran transmisora y tres distribuidoras de alguna manera ha fortalecido al sector. Como lo hemos señalado, ellas financian al Panel de Expertos, que es el que en definitiva define y dirime lo relativo a las tarifas; son las que están en el control del despacho de carga, y además tienen garantizado por ley, desde el año 81, el 10 por ciento de las utilidades.

En este esquema, entonces, parece razonable y entendible que la energía sea cara. El problema no es de las empresas, sino de que el Estado, y nosotros, como parte de él, no hemos sido capaces de cambiar las reglas del juego.

Por estas razones, la meta del 20/20 es una iniciativa no solo loable, sino necesaria. Las cifras así lo indican. En energía eólica, por ejemplo, tenemos un potencial a implementar, de aquí al año 2020, de 2.000 megawatts; en fotovoltaica, 1.500 megawatts; en pequeñas y medianas hidroeléctricas -siendo muy conservadores-, 1.000, y en biomasa, 500. Estoy hablando de energías que incluso son más económicas que las térmicas a gas y carbón, sin considerar las externalidades.

Una es la capacidad, y otra, el factor de carga y la capacidad de generar en la misma línea. La eólica puede generar, al año 2000, 4.000 gigawatts hora; la fotovoltaica, 3.000; las pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas, 4.500, y la biomasa, 1.000.

Por lo tanto, si uno saca la proporción respecto a la capacidad instalada; considera lo que estamos generando hoy y lo que vamos a necesitar o demandar al año 2020, y además le superpone el programa oficial de eficiencia energética, que permite ahorrar 2 mil 600 megawatts y, por ende, utilizar 10 mil a 15 mil gigawatts, estamos con metas factibles de cumplir a aquella fecha.

Esas son las razones por las cuales patrocinamos la ley en proyecto y por las que no nos parece conveniente la prórroga hasta 2025.

Si a lo anterior agregamos las centrales de pasada, que perfectamente pueden acordarse con las comunidades, garantizando los caudales ecológicos y los otros usos, el problema se halla resuelto.

Con esto, lo único que estamos haciendo es darles más oportunidad a los megaproyectos y a la concentración del sector eléctrico de nuestro país.

Esos son los motivos por los cuales en los artículos pertinentes nos abstuvimos o votamos en contra. Porque en el fondo, siendo pragmáticos, vemos que los votos en esta Sala no están como para llevar la iniciativa a una Comisión Mixta.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Frei.

El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, voy a votar a favor las dos proposiciones que la Comisión formuló por mayoría y me sumaré a las expresiones que muchos parlamentarios han vertido respecto al acuerdo logrado.

Ya despachamos el proyecto sobre concesiones, y el que estamos aprobando en este instante se encuentra en tercer trámite constitucional. También está el relativo a interconexión; esta tarde estuvimos viendo las indicaciones, y esperamos despacharlo a la Sala la próxima semana. Y seguiremos con otras iniciativas que nos permitan resolver el problema a que nos hallamos abocados.

Y lo digo porque acabo de leer en los diarios electrónicos una información que señala que, en América Latina, un país hermano sufre un apagón eléctrico a nivel nacional por falla en la línea de transmisión. Se expresa que el corte del suministro ha provocado gran conmoción y que se ven afectados el servicio de transporte y el comercio. Y el Gobierno no descartó un sabotaje. Después viene toda la crónica -cualquier colega puede leerla- sobre lo que tal hecho ha significado a partir de las 5 de la tarde: paralización de trenes y del Metro; cierre del comercio; cierre de oficinas, abarcando prácticamente todas las grandes ciudades y varios estados. Y al final se dice que se están estudiando las causas del apagón y que posiblemente se trata de un sabotaje. Se pide paciencia y, a la vez, que salgan las Fuerzas Armadas para proteger a la ciudadanía ante la emergencia.

Yo espero que en Chile no debamos vivir una situación como aquella, que afecta a una nación que tiene inmensos recursos no explotados, y que en lo futuro podamos contar con energía mucho más barata y a disposición, especialmente, de los hogares, del comercio y de todas las empresas de nuestro país.

Por otra parte, ratifico lo que constituye una realidad internacional.

Aquí estamos hablando de llegar a 20 por ciento de energías renovables. Yo, por lo menos, no conozco ningún país del mundo que consiga ese porcentaje.

Algunos logran cifras mayores. Es el caso de Alemania, que tiene 30 a 40 por ciento de energía renovable; ello, porque agrega toda la energía hidráulica. Pero si nos remitimos a lo que en este proyecto estamos entendiendo por "energías renovables", no suma más de 15 por ciento.

Alemania es de los países más avanzados en esta materia. Pero ha hecho aquello con subsidios y con aportes del Estado, para facilitar su consecución. ¿Y cómo se produce el 85 por ciento restante? Con energía hidráulica, con carbón, con petróleo, etcétera.

¡Esa es la realidad!

Por lo tanto, aquí estamos haciendo un avance. Sin embargo, debemos pensar que de alguna manera tenemos que generar el otro 80 por ciento. De lo contrario no vamos a poder reducir los precios de la energía.

Por eso, voto a favor, en la esperanza de que sigamos aprobando este tipo de proyectos, para resolver la crisis energética que está viviendo Chile desde hace bastante tiempo y que difícilmente hallará solución en los próximos 4 o 5 años si no hacemos modificaciones legales como las que nos ocupan ahora y si no se aumenta sustancialmente la inversión.

Termino señalando de nuevo -cualquiera puede leer la información en los diarios electrónicos- lo que está ocurriendo en una nación amiga que tiene mucha más capacidad productiva de energía que Chile y que hoy está sufriendo un brutal apagón eléctrico a nivel nacional. La conclusión es que hay sabotaje y cosas similares. Empero, no existe sabotaje, sino ineficiencia y falta de políticas para desarrollar las energías.

Espero que Chile nunca termine así. Por eso, voy a apoyar todas las iniciativas de esta naturaleza -esta y las que vengan-, para que resolvamos la crisis energética en que estamos inmersos.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra, para fundar su voto, el Honorable señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Señor Presidente, voy a votar a favor, pero comparto los puntos que expuso el Senador Horvath a propósito de la postergación excesiva que se plantea.

¿Y por qué digo aquello? Porque la realidad es más fuerte.

Chile no tiene ninguna posibilidad de seguir por el camino por donde va. Nosotros somos hijos del conflicto del gas. Este nos llevó a un modelo que, como consecuencia del privilegio de las rentabilidades de corto plazo, provocó que nuestro país encallara.

En el año 2002 sabíamos que no iba a haber más gas, pero seguimos haciendo todo el proyecto de obras con base en él. Chile no tenía ninguna posibilidad de tomar decisiones en función del beneficio nacional, y las empresas hacían su trabajo, que es valorado precisamente, no por el interés de país, sino por la rentabilidad de corto plazo. Y vivimos una situación dramática, casi catastrófica, que se volverá a registrar.

Yo quiero saber qué vamos a hacer cuando, por ejemplo, el costo de la energía se acerque a los 250 dólares el megawatt y, como aquel se va a traspasar a los usuarios, haya que subir las cuentas de luz domiciliarias; o cuando el Metro no pague por el megawatt los 80 dólares de hoy sino 250 y la tarifa más que se duplique (ello, a menos que el Estado subsidie; pero las cantidades involucradas serían elevadísimas).

Pienso, entonces, que lo que estamos haciendo carece de realidad.

Si no incorporamos las energías renovables ahora, no podremos controlar los costos. Porque las energías que hoy día estamos usando, las convencionales, son las que nos tienen condenados a tales costos, que seguirán subiendo.

El precio del petróleo, el del gas, el del carbón van a ser cada vez más caros porque esos productos se están extinguiendo: está terminando el ciclo de los hidrocarburos y viene el de las energías renovables.

No podemos demorarnos en entrar al siglo XXI. No podemos postergar el hacernos cargo de fracturar los monopolios y las visiones rentistas en materia energética y dar un salto de política potente al desarrollo de un nuevo ciclo, el de las energías renovables, que, además, nos obligará a reincorporarnos a la naturaleza, a seguir los ciclos del viento, del sol, de las mareas, que nunca debimos abandonar.

Porque, claro, el petróleo trajo energía, pero aparejada a un desentendimiento de nuestros recursos naturales, lo cual nos llevó a vivir como si no fuéramos parte de la naturaleza. Ahora las energías renovables nos van a obligar a tener un compromiso justamente con nuestra naturaleza, porque ella es la que nos permitirá vivir.

Pero no solo nos vamos a reincorporar a los ciclos naturales, sino que, además, deberemos enfrentar un problema dramático que estamos viviendo: la destrucción del planeta por el calentamiento global, que va a tener implicancias económicas catastróficas, particularmente en el cobre, por ejemplo, por la huella de carbono, que implicará la existencia de barreras paraarancelarias.

Por eso yo digo que la postergación planteada carece de sentido. Nuestro país debe alcanzar el 20 por ciento en 2020: no hay alternativa. Y si no conseguimos eso, viviremos en una situación de estrés, con problemas de competitividad, de alteración de la productividad, en fin, los cuales serán lesivos desde el punto de vista de nuestra capacidad de desarrollo económico, pero particularmente dramáticos desde la perspectiva de los impactos sociales.

Paradójicamente, las energías renovables son la salvación. ¿Y cuál es la paradoja? Chile es el país más rico del planeta en energía solar (lo hemos dicho hasta la saciedad); es el país más rico del planeta en energía geotérmica; es uno de los países más ricos del planeta en energía mareomotriz. Chile tiene viento; dispone de una gran cantidad de recursos hidroeléctricos para hacer pequeñas centrales, precisamente por el declive de su territorio (poseemos una cordillera muy cerca del mar), y de un cúmulo de recursos de biomasa que ya quisieran otras naciones. Pero "nos hallamos en la Edad Media"; estamos en ceguera; somos rehenes justamente de las visiones rentistas, que se anteponen y se imponen al interés nacional y al propósito de tener una estrategia de país.

En ninguna nación hay un tema más importante que el energético.

Claro, en Chile, desde el punto de vista de los ciudadanos, existen cuestiones más relevantes e inmediatas: la salud, la educación. Pero el problema más complejo que debe resolver nuestro país es cómo lograr esta transición, la metamorfosis que implica pasar de las energías convencionales del siglo XX a las energías renovables. Y lo podemos hacer si existen voluntad y decisión.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis, para fundamentar su voto.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, estamos votando en conjunto dos modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados: la que sustituye por otro el artículo 150 ter (enmienda N° 4) y la relativa a los porcentajes.

Ahora bien, recién en el año 2007 se dictó la ley N° 20.257. En ella solo se estableció la inyección de 10 por ciento de energías renovables no convencionales en nuestra matriz. En un período muy corto tomamos la decisión política de subir esa cifra al 20 por ciento. Y eso es lo que estamos legislando hoy.

Lo relevante, con pequeñas diferencias de tiempo, es que a partir de 2025 el 20 por ciento de la matriz nacional corresponderá a energías renovables no convencionales.

Y yo destacaría un segundo elemento, señor Presidente.

Por tener un mal mecanismo, y especialmente en materia de subsidios, algunos países han pagado un costo altísimo para disponer de este tipo de energías.

¿Cuál es, desde mi punto de vista, el mérito del artículo 150 ter? Que crea un mecanismo inédito -y me asiste la más absoluta certeza de que será utilizado en muchas naciones del mundo-, que no implicará costo para el erario y permitirá contar con el indicado 20 por ciento de energías renovables no convencionales.

Adicionalmente, aparte que tal mecanismo no implicará costo para el erario, a los efectos de la licitación fijamos límites que están en línea con el costo de desarrollo de una energía eficiente. Es decir, nuestro país podrá desarrollar energías renovables no a cualquier costo sino con una estructura de precios estabilizados.

Por consiguiente, me parece que hemos llegado a un gran Acuerdo Político, que nos ha permitido incorporar en la agenda legislativa el tema de las energías renovables no convencionales: aprobamos el proyecto sobre otorgamiento de concesiones eléctricas y lo propio haremos con el relativo a la interconexión.

O sea, en conjunto con el Gobierno, en el Parlamento hemos desentrampado el tema energético. Y esto tiene mucho valor como solución de país.

Asimismo, quiero destacar que no estamos dispuestos a estancarnos con tres proyectos: los dos recién individualizados y el que nos ocupa esta tarde. Se han generado confianzas, y estamos dispuestos a seguir avanzando en un ámbito tan crucial como el energético.

Dicho aquello, debo señalar que en los próximos tres o cuatro años vamos a vivir momentos muy difíciles -no sería sincero si no lo planteara-, que no tendrán que ver con las iniciativas mencionadas, sino con el hecho de que en su momento no tomamos decisiones acertadas y con el mecanismo de licitación que se aplicará a partir de noviembre.

Señor Presidente, en particular, me gustaría rescatar el proyecto que nos ocupa porque, tras originarse en una moción presentada en el Senado, al final constituyó una respuesta ante la falta de soluciones para la crisis energética, que nos tenía completamente paralizados.

Esta iniciativa fue el punto de inflexión que después permitió lograr un acuerdo con el Ejecutivo, no solo en lo atinente a energías renovables no convencionales, sino prácticamente en tres proyectos.

Por lo tanto, hoy día podemos decir que hemos desentrampado la agenda energética, sin perjuicio de que nos quedan materias en las cuales debemos avanzar.

En síntesis, señor Presidente, con relación a las dos enmiendas de la Cámara de Diputados que estamos votando, puedo expresar, primero, que la formulada en el N° 4, mediante la cual se sustituye por otro el artículo 150 ter, es absolutamente indispensable, porque establece el mecanismo de licitación; y segundo, que la del N° 6 lo único que hace es desfasar en cuatro años la propuesta original del Senado.

A este último respecto, quiero ser categórico: a partir de 2025 tendremos el 20 por ciento de la matriz energética con energías renovables no convencionales.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi, para fundamentar su voto.

El señor ROSSI.- Señor Presidente, quiero argumentar a favor de este proyecto, que es tremendamente importante para Chile.

Aquí se ha dicho que ni el actual Gobierno ni los anteriores fueron capaces de implementar una política activa en materia energética a través de la modificación de nuestra matriz para dejar de lado los combustibles fósiles y apuntar, como lo están haciendo todas las naciones modernas, al fomento de la energía limpia, de la energía renovable no convencional.

Cuando yo integraba la Cámara Baja, con los entonces Diputados Encina, Mulet y Leal -los tres son hoy exparlamentarios; ¡el único que sobrevivió fue quien habla...!- presentamos un proyecto motivados por el mismo espíritu que impulsó a los colegas de la actual Comisión de Minería a avanzar en esta materia.

Pero, más allá de lo que aquí se ha dicho, debo manifestar que llama poderosamente la atención la dualidad del discurso.

Uno debiese pensar que cuando hay elementos técnicos sobre la mesa; cuando existe fundamentación en distintas publicaciones; cuando el tema se ha discutido bastante en las Comisiones de Minería y Energía de la Cámara de Diputados y del Senado; cuando se realizan al respecto foros y seminarios, debería estar claro, sin dualidad alguna, cuál puede llegar a ser el rol de la energía limpia en una matriz como la de Chile.

Si Sus Señorías se fijan, esto es como un péndulo.

En efecto, mediante algunas intervenciones escuchadas en este Hemiciclo se ha planteado que es absolutamente imposible que un país avance en forma rápida hacia la consecución de 20, 30 o 40 por ciento de su matriz con energías limpias.

Se ha hablado mucho respecto al alto costo de instalación, sosteniéndose que prácticamente estas serían "energías que podrían aportar un poco".

Incluso -lo vemos bastante-, hay mineras que, para dar más bien una "señal política" o por marketing, recurren al expediente de apoyar un pequeño parque eólico, un pequeño parque solar, aunque sea para generar 5 o 10 megawatts -algo es algo-, con lo cual de alguna manera limpian su imagen, deteriorada por cuanto contaminan al utilizar energía de plantas termoeléctricas, las que han proliferado en estos años, con los efectos negativos que todos conocemos.

Sin embargo, a base de otros argumentos -y por eso digo que llama la atención la dualidad del discurso- respecto a un mismo tema, en el mismo siglo XXI, en el mismo país, se señala que, en la cuestión de fondo -y es lo que a mí me convence-, no ha habido una voluntad política ni una decisión de la autoridad para avanzar en la materia.

Los países toman opciones, y ellas significan compromiso, focalización de sacrificios y esfuerzos, recursos humanos, dinero, subsidios, apoyo, beneficios tributarios, como se hace, entre otras cosas, con las políticas destinadas a incentivar la inversión y el desarrollo en zonas extremas.

En este caso ha habido desinterés y falta de voluntad para avanzar en el fomento de energías limpias.

Entonces, yo deseo un poco desmitificar lo de que aquello es del todo imposible. Basta ver cuántas miles de hectáreas tenemos en el norte con la mejor radiación solar del planeta (el Senador Orpis lo señaló en forma clara). Y la inversión es perfectamente rentable hoy día. No se trata de un sacrificio ni de que alguien la haga por altruismo. Hay un gran número de inversores españoles, chinos, en fin, que lo único que quieren es un trozo de tierra para utilizar nuestra radiación solar y poder generar energía limpia; y no uno, dos o tres megawatts, sino cien, doscientos o trescientos, como sucede en muchos otros países (podríamos traer a colación varios ejemplos).

Por eso, celebro que estemos dando este paso, que es significativo y constituye una señal poderosa.

Como aquí se ha expresado, en el año 2025 un 20 por ciento de la matriz energética va a provenir de fuentes renovables no convencionales.

Creo que esa debe ser nuestra contribución, señor Presidente.

Porque se ha aducido otro argumento. Un ex Ministro de Economía -no de este Gobierno, sino de los anteriores, de los nuestros- decía que, como Chile era un país en vías de desarrollo, no tenía que comprometerse con el problema del calentamiento global, que eso debíamos dejárselo a las naciones que contribuyeron a generarlo.

Una posición de tal índole es sobremanera cómoda, justamente porque Chile debe dar el ejemplo en esa materia. Porque el futuro, así como también el país y el planeta que les dejaremos a nuestros hijos, dependerá de lo que hagamos hoy día, ya que el calentamiento global, el cambio climático, tiene que ver justamente con el efecto invernadero de los gases producidos por los combustibles fósiles.

No comparto lo dicho por el Senador señor Girardi en el sentido de que estos últimos se están acabando. Por el contrario, en el mundo se dispone de ellos. La cuestión radica en que su explotación resultará cada vez más cara. En consecuencia, habrá un momento en el que incluso será más conveniente la energía limpia. Pero, para tal efecto, tenemos que tomar decisiones como la que hoy día nos ocupa.

Así que estoy muy contento de votar a favor.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- A continuación le corresponde intervenir al Honorable señor Letelier, quien no se encuentra presente.

No se registran más inscritos.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueban las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados respecto del número 2) del artículo 1° y del artículo 2° (27 votos a favor y 2 abstenciones), quedando despachado el proyecto.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Tuma, Uriarte y Zaldívar (don Andrés).

Se abstuvieron los señores Gómez y Horvath.

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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa un informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de reforma constitucional, en primer trámite, sobre integración de la Cámara de Diputados (boletín N° 9.078-07)..

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Por acuerdo de Comités, queda para la tabla de la sesión especial del día martes 10 del mes en curso.

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Boletín N° 8784-04

INFORME SOBRE ADMISIBILIDAD DE PROYECTO DE LEY ACERCA DE ACCESO A TITULARIDAD DE DOCENTES A CONTRATA EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SUBVENCIONADOS

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en la consulta de la Sala acerca de la admisibilidad del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que renueva la vigencia de la ley N° 19.648, sobre acceso a la titularidad de los docentes a contrata en establecimientos públicos subvencionados.

--Los antecedentes sobre el proyecto (8784-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 32ª, en 18 de junio de 2013.

Informe de Comisión:

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 48ª, en 27 de agosto de 2013.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe recordar que en la sesión del día 18 de junio recién pasado se dio cuenta de la iniciativa recién individualizada, oportunidad en que la Sala determinó que fuera remitida a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para que se informara acerca de su admisibilidad.

Dicho órgano técnico expresa que el proyecto modifica la ley N° 19.648, que otorga titularidad en el cargo a profesores contratados a plazo fijo por más de tres años. Ese cuerpo legal, que tuvo origen en una moción de Diputados, concedió, por única vez, la calidad de titulares de la dotación docente dependiente de un mismo municipio o corporación educacional municipal a los profesionales de la educación parvularia, básica o media que, a la fecha de su dictación, en 1999, se encontraran incorporados en calidad de contratados y se hubieran desempeñado en ella como tales, durante al menos tres años continuos o cuatro años discontinuos, por un mínimo de veinte horas cronológicas de trabajo semanal. La iniciativa sustituye, en la referida normativa, la expresión "a la fecha de esta ley" por "al 30 de abril de 2013".

Como consecuencia de lo anterior, y si ello se aprobara, los docentes que al 30 de abril recién pasado tenían la calidad de profesores contratados por un municipio o corporación municipal y reunían los otros requisitos que señala la ley N° 19.648 podrán acceder a la calidad de profesores titulares de la dotación de las entidades municipales en las que actualmente se desempeñan.

La Comisión deja constancia de haber recibido dos informes en derecho, elaborados por los abogados y profesores de derecho constitucional señora María Pía Silva y señor Víctor Manuel Avilés, y de que asistió, especialmente invitado, el abogado y profesor de derecho constitucional señor Patricio Zapata.

El órgano técnico, por 3 votos a favor, de los Honorables señores Espina, Larraín, don Hernán, y Larraín, don Carlos, y 2 en contra, de los Senadores señora Alvear y señor Walker, don Patricio, expone, al absolver la consulta formulada, que el proyecto es inadmisible, pues, mientras no se apruebe la ley que, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 121 de la Constitución Política de la República, regulará las atribuciones de los municipios para crear empleos municipales y fijar sus remuneraciones, le corresponde al Primer Mandatario la iniciativa exclusiva para proponer proyectos que impliquen la creación de cargos públicos o la concesión de beneficios a dicho personal.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En discusión el informe.

Tiene la palabra el Honorable señor Patricio Walker.

El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, el proyecto modifica la ley N° 19.648, que otorga titularidad en el cargo a profesores contratados a plazo fijo por más de tres años. Ese cuerpo legal, que tuvo su origen en una moción de Diputados, concedió, por única vez, la calidad de titulares de la dotación docente dependiente de un mismo municipio o corporación educacional municipal a los profesores de la educación parvularia, básica o media que, a la fecha de ese cuerpo legal, en 1999, se encontraran incorporados en calidad de contratados y se hubieran desempeñado en ella como tales, durante al menos tres años continuos o cuatro años discontinuos, por un mínimo de veinte horas cronológicas de trabajo semanal. El proyecto sustituye, en la referida normativa, la expresión "a la fecha de esta ley" por "al 30 de abril de 2013".

Como consecuencia de lo anterior, y si se aprueba la iniciativa, los docentes que al 30 de abril del presente año tengan la calidad de profesores contratados por un municipio o corporación municipal y reúnan los otros requisitos que señala la ley N° 19.648 podrán acceder a la calidad de profesores titulares de la dotación de las entidades municipales en las que actualmente se desempeñan.

Tramitación del proyecto en la Cámara de Diputados

Al iniciarse la tramitación del proyecto, el Presidente de la Cámara de Diputados procedió a declararlo inadmisible, por cuanto invadiría una materia que corresponde a la iniciativa exclusiva del Primer Mandatario, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución Política de la República.

En sesión del 10 de enero del presente año, dicha declaración fue reconsiderada por la Sala de esa Corporación, según lo autoriza el inciso primero del artículo 15 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, habiéndose pronunciado 39 Diputados en contra y 3 a favor de la mantención.

La iniciativa fue discutida en general y en particular por la otra rama del Congreso, habiendo sido aprobada por 92 votos a favor y 3 abstenciones.

Debate del asunto en la Comisión de Constitución del Senado

Al iniciarse el análisis de la materia, la Comisión de Constitución consideró el objetivo del proyecto y el propósito de la consulta formulada por la Sala del Senado.

Para resolver sobre el punto, conoció un conjunto de observaciones expuestas en relación con la admisibilidad.

Asimismo, escuchó a los Diputados autores de la moción; a la señora Ministra de Educación; al Presidente del Colegio de Profesores; al Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, y a algunos alcaldes.

Luego de ponderar los antecedentes recibidos y los argumentos presentados por cada uno de los invitados, la Comisión resolvió que la iniciativa es inadmisible, pues mientras no se apruebe la ley que, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 121 de la Constitución Política de la República, regulará las atribuciones de los municipios para crear empleos municipales y fijar sus remuneraciones, le corresponde al Primer Mandatario la iniciativa exclusiva para proponer proyectos de ley que impliquen la creación de cargos públicos o la concesión de beneficios a dicho personal.

El voto de mayoría, en síntesis, sostuvo que, luego de la reforma constitucional del año 1997, la creación de empleos municipales ha pasado a ser competencia de los municipios. Con todo, señaló que en esa misma reforma se estableció que dicha atribución quedaría sujeta a la aprobación de una ley orgánica constitucional que debía presentar el Ejecutivo. Afirmó que mientras lo anterior no ocurra debe aplicarse la disposición décima transitoria de la Carta Fundamental, norma que textualmente establece lo siguiente: "Las atribuciones otorgadas a las municipalidades en el artículo 121, relativas a la modificación de la estructura orgánica, de personal y de remuneraciones, serán aplicables cuando se regulen en la ley respectiva las modalidades, requisitos y limitaciones para el ejercicio de estas nuevas competencias.".

En consecuencia, mientras este último cuerpo legal no se apruebe, solo cabe concluir que el Presidente de la República conserva la atribución de iniciar, de manera exclusiva, proyectos de ley que impliquen la creación de empleos municipales.

Finalmente, fue de la opinión de que la iniciativa crea empleos públicos y genera un incremento de los recursos que deberán destinar las corporaciones municipales y los departamentos municipales para solventar la incorporación de nuevos empleados a los cargos de las plantas docentes, todo lo cual es contrario a los números 2° y 4° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política.

El voto de minoría, suscrito por la Honorable señora Alvear y quien habla, fundó su parecer favorable a la admisibilidad en los siguientes argumentos:

1.- La ley N° 19.648 fue aprobada sin que en el Senado se objetara su constitucionalidad. Desde que entró en vigor ha tenido plena aplicación.

2.- La moción solo introduce una enmienda al referido texto legal, razón por la cual no se entiende, lógicamente, que pueda ser inadmisible.

3.- En este caso no es aplicable la norma contenida en el número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental, porque el proyecto no crea nuevos empleos rentados, sino que simplemente cambia la condición jurídica de los profesores que prestan servicios para departamentos o corporaciones municipales.

4.- Asimismo, se tuvo en cuenta que en algunos dictámenes de la Contraloría General de la República se ha concluido que los profesores contratados por las corporaciones municipales no son funcionarios municipales, motivo por el cual no sería aplicable, en este caso, lo que disponen los números 2° y 4° del inciso cuarto del artículo 65, ya citado.

5.- Finalmente, se hizo presente que, según el artículo 118 de la Constitución, las municipalidades son corporaciones autónomas de Derecho Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y, en consecuencia, no se les aplica lo determinado por el inciso tercero del artículo 65, pues los recursos del presupuesto municipal no forman parte de la Ley de Presupuestos.

Por estas razones, el voto de minoría concluyó que debe descartarse que en la especie nos encontremos frente a un asunto que corresponda a la iniciativa exclusiva del Primer Mandatario. Ello, basado también en los informes de los constitucionalistas Víctor Manuel Avilés y María Pía Silva Gallinato.

Sin perjuicio de lo resuelto, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros, acordó solicitar al Ejecutivo que elabore y presente una iniciativa que enfrente la materia tratada en el proyecto de ley en discusión, de manera de abordar el problema de fondo que afecta a los profesores, sea mediante un texto específico o utilizando el mecanismo que establece el artículo 121 de la Carta.

Es todo cuanto puedo informar.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Se ha pedido abrir la votación.

¿Habría acuerdo?

El señor LARRAÍN.- Sin reducir el tiempo.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Así es.

Para que quede claro, los que voten por la aprobación lo harán a favor del informe de la Comisión, que plantea que la iniciativa es inadmisible, en tanto que quienes voten en contra se pronunciarán porque esta última es admisible.

El señor ROSSI.- ¡Entonces, vamos a votar que no!

--(Aplausos en tribunas).

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En votación.

--(Durante la votación).

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.

El señor ROSSI.- Señor Presidente, escuché con mucha atención al Senador señor Patricio Walker, quien expuso los principales argumentos a favor de la admisibilidad de la moción de que se trata.

No pretendo entrar al fondo de la materia, porque, a mi juicio, todos los presentes tenemos claro que la situación de inestabilidad y precariedad que viven en todo Chile los profesores no ayuda precisamente a mejorar la educación.

Pero yendo¿

--(Aplausos en tribunas).

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Excúseme, Su Señoría.

Le pido, por favor, al público asistente que no se manifieste, porque se sabe que terminaremos en un problema.

Se puede escuchar la argumentación, pero no aplaudir. Es posible hacer, por ejemplo, las señas que utilizan las personas con discapacidad auditiva.

Puede continuar, señor Senador.

El señor ROSSI.- Señor Presidente, estuve revisando el informe y me llama la atención que se haya considerado la inadmisibilidad del proyecto, porque se modifica una ley bastante antigua, que rige desde 1999 y que justamente se originó en una moción.

Estaba viendo quiénes fueron los autores.

Las mismas razones por las cuales la iniciativa fue declarada ahora admisible en la Cámara de Diputados fueron las que en esa oportunidad se tuvieron en cuenta para el mismo efecto en el caso de la moción respectiva.

Entonces, la situación resulta rara tratándose de un proyecto que no pasó por las Comisiones de Hacienda; que modifica un texto legal existente, y que lo único que hace es sustituir la expresión "a la fecha de esta ley" por "al 30 de abril de 2013". O sea, en vez de regir las disposiciones para todos los profesores de la educación municipal subvencionada en condición de contrata por tres años consecutivos o cuatro discontinuos al año 1999, lo que hace la moción originada en la Cámara de Diputados es fijar la fecha señalada. Este último es el cambio respecto de un cuerpo legal que sirvió para que muchos docentes pasaran a la planta.

Reitero que eso no deja de llamar la atención.

Por otro lado, cuando se votó la inadmisibilidad del proyecto en la Cámara Baja en enero del año en curso, 39 Diputados se pronunciaron en contra y solo 3 estuvieron a favor. Claramente, es posible concluir que los Diputados se fueron convenciendo de que la iniciativa era admisible. De hecho, al momento de votar la idea de legislar, el resultado fue de 92 votos a favor. O sea, parece que los argumentos en la otra rama legislativa hicieron que sus miembros entendieran que no hay tal inadmisibilidad.

Yendo a algunos argumentos más concretos, cabe señalar que, luego de que el proyecto fue declarado admisible -esto ya lo dije-, no pasó por la Comisión de Hacienda. Y no corresponde que así se proceda, pues esta materia no irroga gasto alguno.

De hecho, durante los años de vigencia de esta normativa legal nadie puso en duda su constitucionalidad ni se requirió su declaración de inaplicabilidad. Alguien podría haber recurrido ante el Tribunal Constitucional por considerar que sus disposiciones son inaplicables por inconstitucionalidad. Pero ello no ocurrió en estos casi catorce años. ¡Es bastante tiempo!

Ahora bien, la reforma en comento -también estamos analizando este asunto- en ningún momento supone crear nuevos empleos municipales. Tal es la razón que aducen quienes sostienen que estamos arrogándonos una facultad exclusiva del Ejecutivo. Pero los profesores no son funcionarios municipales, ya que no figuran en las plantas de personal de los municipios. Forman parte de la dotación docente; son nombrados por el respectivo departamento de administración de educación municipal o por las corporaciones municipales, y se rigen por el Estatuto Docente -y, subsidiariamente, por el Código del Trabajo-, motivo por el cual no se les aplica el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

Respecto a las nuevas plantas de los funcionarios públicos -otro tema importante-, cabe hacer notar que los profesores no tienen esa condición. Por tanto, se trata solo de un cambio de estatus jurídico.

Finalmente, en cuanto al argumento de que el proyecto implicaría mayor gasto -ya no procede invocar la causal de que se están creando nuevos empleos por las razones que expresé-, hago presente que las asignaciones propuestas son idénticas a las que ya existen; por ende, el traspaso de profesores a la planta no significaría gasto adicional para el Estado.

Por los motivos expuestos, voto en contra de la proposición de la Comisión de Constitución.

Me convence, por cierto, el voto minoritario de los Senadores señor Patricio Walker y señora Soledad Alvear.

Espero que pronto entremos a discutir el tema de fondo y que nos apuremos un poco, pues -según entiendo-, si hoy aprobamos la admisibilidad, luego tendremos que votar la idea de legislar. En cambio, si se rechazara aquella, iríamos a una Comisión Mixta. Y tengo la impresión de que aquí nadie quiere eso.

He dicho.

--(Aplausos en tribunas).

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Ruego a las tribunas mantener silencio para que no terminemos en una fórmula equivocada.

Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.

La señora ALVEAR.- Señor Presidente, formo parte de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y, en esa instancia, sostuve el voto minoritario, por cuanto estimo que el proyecto es admisible, tal como explicó recientemente el Presidente de dicho órgano técnico, Senador Patricio Walker.

En primer lugar, la iniciativa es admisible -trataré de no reiterar las razones ya expuestas sobre el particular-, porque solo pretende renovar la vigencia de una ley que ya se aplicó en nuestro país (la Nº 19.648 de 1999). En efecto, fue aprobada por el Congreso Nacional y respecto de ella nadie planteó duda alguna acerca de su admisibilidad.

Reitero: se busca solamente renovar la vigencia de una normativa legal; por tanto, mal puede ser declarado inadmisible el proyecto que lo propone si la ley referida tuvo vigor y no fue objeto de ningún tipo de reparo constitucional.

En segundo término, para cumplir el encargo que nos pidió la Sala, tuvimos especial cuidado en la Comisión de Constitución de recabar la opinión de varios constitucionalistas, dos de los cuales nos manifestaron por escrito -están los documentos respectivos en el informe de la Comisión- en forma muy fundada las razones por las cuales la iniciativa en comento no es inadmisible.

Sobre el particular, deseo citar a la constitucionalista de la Universidad Católica señora María Pía Silva Gallinato, quien señala con absoluta claridad lo siguiente: "No puede dejar de anotarse en este punto que, conforme al inciso 4º del art. 118 de la Carta Fundamental, las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, característica esta última que les permite elaborar, aprobar, modificar y ejecutar su propio presupuesto (art. 5, letra b, de la ley orgánica de municipalidades Nº 18.695)".

Agrega: "Consecuentemente, el proyecto en trámite no pugna tampoco con el inciso 3º del art. 65 -que fundara la inadmisibilidad alegada por el Presidente de la Cámara de Diputados¿". ¿Por qué? Porque la norma constitucional aludida se refiere solo a la administración financiera o presupuestaria del Estado -¡administración financiera o presupuestaria del Estado!- y no a los ingresos que corresponden a la administración municipal.

El proyecto que nos ocupa modifica una ley que se relaciona con los recursos administrados por los municipios y no con los vinculados a la Ley de Presupuestos o a la administración financiera o presupuestaria del Estado. Las municipalidades -reitero- son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Finalmente, la profesora María Pía Silva Gallinato señala: "Teniendo presente las afirmaciones que preceden, concluyo que, desde un punto de vista constitucional, el proyecto de ley que renueva la vigencia de la ley Nº 19.648, de 1999, sobre acceso a la titularidad de los docentes a contrata en los municipios o corporaciones educacionales municipales y que se originara en una moción parlamentaria, debe afirmarse su admisibilidad por el Honorable Senado debido a que no incide en alguna de las materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República que contempla nuestra Carta Fundamental.".

A su vez, el segundo informe escrito que llegó a nuestra Comisión es del profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile señor Víctor Manuel Avilés Hernández, quien dijo textualmente -me ahorraré todo el desarrollo de su argumento para concentrarme solo en su conclusión- lo siguiente:

"En lo concreto, el proyecto contiene una norma que no crea o amplia la dotación de profesionales de la educación a nivel municipal, puesto que ella se determina de conformidad a las normas del Art. 23 de la ley 19.070 ("Estatuto Administrativo"). En consecuencia, no existe incremento de gasto inmediato y el mismo, potencialmente, puede producirse a futuro o ser compensado con cargas. Asimismo, la norma en cuestión simplemente hace aplicable un precepto preexistente a profesionales que cumplen los requisitos que en ella se contemplan, con excepción del elemento temporal. Finalmente, más que establecerse nuevos beneficios, solo se modifica la condición de contratación de determinados profesionales. En atención a ello, y aun reconociendo que se trata de un caso limite, quien informa es de la opinión de que el proyecto debe ser declarado admisible.".

Ambos académicos concluyen que la iniciativa es admisible.

Asimismo, debo agregar que estamos conscientes de los problemas que aquejan a los municipios del país. Al respecto, he conversado personalmente con todos los alcaldes de mi circunscripción y con muchos más, sobre todo con el Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades.

Sé que muchas veces algunas leyes que nosotros aprobamos significan cargas para ellos.

Sé también que este proyecto de ley va a subsanar la situación de los profesores, pero no la de otros trabajadores municipales que viven el mismo drama y la angustia de no saber, cerca del mes de diciembre, si serán contratados nuevamente o no. Es el caso de profesionales y personas que laboran en la salud municipal. Conversé con algunos de ellos este fin de semana y, también, la semana pasada.

Ante ello, la observación final de la Comisión de Constitución, en orden a pedir que se aborde la materia en su globalidad, cobra realmente importancia. Hay que afrontar la complejidad de la situación municipal y destinar los recursos necesarios. Este es un tema de país, que requiere ser atendido a cabalidad al objeto de entregar una solución al problema que viven los municipios.

La Sala pidió a la Comisión de Constitución un pronunciamiento respecto de la admisibilidad de esta iniciativa legal. Sobre el particular, estoy completamente segura -ello se reafirma con los informes a los que hice alusión- de que el proyecto es perfectamente admisible.

En consecuencia, voto en contra de la proposición de la Comisión, al igual como lo hice en el seno de ella.

He dicho.

--(Aplausos en tribunas).

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, a la Comisión de Constitución se le ha planteado una consulta técnica: si determinada iniciativa es admisible o no. No se le ha preguntado acerca del fondo del tema.

A mi juicio, desde una perspectiva estrictamente constitucional -luego fundamentaré el punto-, el proyecto es inadmisible. A la vez, en cuanto al fondo del asunto, o sea, la situación que afecta a los profesores a contrata, considero que la propuesta legislativa también resulta inadmisible.

Respecto de lo primero, que es acerca de lo cual se debe discernir hoy día, pienso que los antecedentes que hemos estudiado y conocido son bastante contundentes en la materia.

El problema surge cuando en 1997 se le quita al Presidente de la República la iniciativa para crear empleos municipales.

En esa oportunidad se modificó la Carta, incorporando un nuevo artículo 110, que pasó a ser 121 con las reformas de 2005. Dicha norma señala: "Las municipalidades, para el cumplimiento de sus funciones, podrán crear o suprimir empleos y fijar remuneraciones," -facultad que antes estaba en el artículo relativo a las materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República- "como también establecer los órganos o unidades que la ley orgánica constitucional respectiva permita.".

Sin embargo, el inciso segundo agrega: "Estas facultades se ejercerán dentro de los límites y requisitos que, a iniciativa exclusiva del Presidente de la República, determine la ley orgánica constitucional de municipalidades.".

¿Qué ha ocurrido?

La facultad de crear empleos municipales, que se encontraba dentro de la iniciativa exclusiva del Primer Mandatario (cada planta municipal se establecía por ley), dejó de existir y se traspasó a los municipios. Pero se les dijo: "Ustedes podrán ejercer esta atribución dentro de las normas que se incluirán en una modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establecerá los criterios respectivos". Desde 1997, tal normativa no se ha dictado.

¿Y qué han hecho mientras tanto los municipios? Han debido operar de maneras irregulares. Fundamentalmente, han procedido a la contrata no solo de los profesores, sino también de otros funcionarios municipales. Si la norma de tope en este ámbito debiera ser de 20 por ciento, en estos casos se excede con largura ese porcentaje.

Entonces, el problema no es menor.

Aquí hay un vacío legal que no se resuelve con iniciativa parlamentaria. La situación de fondo debe solucionarse a través de los mecanismos correspondientes.

Yo sé que se ha intentado reformar la ley orgánica referida para regular la forma en que los municipios deben ejercer esta facultad. Lo propusieron el Gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle, el del Presidente Lagos, el de la Presidenta Bachelet y también el actual. Me ha tocado formar parte de esas discusiones. Pero no ha habido acuerdo entre la Asociación Chilena de Municipalidades y la Asociación de Funcionarios Municipales con cada una de las mencionadas Administraciones. En más de alguna oportunidad me correspondió participar en las negociaciones. ¡Y no hubo acuerdo! No ha existido hasta el día de hoy. Ello es absolutamente imposible de aceptar, porque genera un nudo ciego en el ámbito municipal.

¿Cuáles son los argumentos para sostener que no podemos resolver este tema por la vía de una ley de iniciativa parlamentaria?

Hay dos líneas argumentales.

Una la expuso en nuestra Comisión el profesor Patricio Zapata, quien señala que el proyecto es inadmisible. ¿Y por qué? Porque indica que la Constitución de 1980, a diferencia de la de 1925, estableció lo que se llama el "dominio legal exclusivo". La Carta del 25 disponía que eran materias de ley lo que acordaran el Congreso y el Ejecutivo. ¡Cualquier cosa! La de 1980 preceptuó que solo son materias de ley aquellas que el Texto Fundamental expresamente señala que deban serlo.

Hasta 1997, la creación de empleos municipales era materia de ley. Pero sostiene el profesor Zapata que, después de la reforma de ese año, dejó de serlo y pasó a formar parte del ámbito de la autonomía municipal. Ahora lo único que es materia de ley es el establecimiento de las condiciones para crear empleos y fijar sus remuneraciones. Sin embargo, ya no se le permite a la ley determinar la creación de empleos municipales.

--(Manifestaciones en tribunas).

Entonces, estamos en una situación fuera del dominio legal. Y, por lo tanto, no se puede dictar una normativa en dicho ámbito.

Eso es lo que dice el profesor Zapata, no yo. En todo caso, entendiendo el raciocinio planteado, no lo comparto. Creo que la iniciativa es inadmisible por otras razones.

Como sea, este no es un problema fácil de resolver.

¿Qué razones me mueven a pensar que este asunto se encuentra fuera del área de la iniciativa parlamentaria?

En primer lugar, como ya he mencionado, la creación de empleos municipales está no en el ámbito parlamentario, sino en el municipal.

Sin embargo, la Constitución señala, en el número 2o del artículo 65, que "Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones" corresponde a iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

¿Qué quiere decir eso? Que, dentro del espíritu del constituyente, la creación de empleos públicos no se considera de iniciativa parlamentaria. Eso tiene que ver con una doctrina constitucional que viene desde hace muchas décadas y que el constituyente en 1997 no quiso cambiar. En efecto, no les dio atribución a los parlamentarios sobre el particular; tal facultad la dejó en los municipios.

Más aún, estableció una norma transitoria, todavía en vigor, que dispone lo siguiente: "Las atribuciones otorgadas a las municipalidades en el artículo 121, relativas a la modificación de la estructura orgánica, de personal y de remuneraciones, serán aplicables cuando se regulen en la ley respectiva las modalidades, requisitos y limitaciones para el ejercicio de estas nuevas competencias.".

Solo en ese minuto podrán operar los municipios. En el intertanto, ¿quién puede hacerlo? Pensar que serán los parlamentarios me parece absolutamente un contrasentido. Estaríamos expuestos a que Senadores y Diputados, más allá de buscar resolver el problema de los profesores a contrata, crearan empleos municipales de cualquier naturaleza en cualquier comuna¿

--(Manifestaciones en tribunas).

¡Y quién se hace cargo de eso!

El señor PIZARRO (Presidente).- Silencio, por favor.

El señor LARRAÍN.- Yo les ruego que entiendan que esta es una argumentación jurídica constitucional que tiene que ver con la forma en que se administran los municipios¿

--(Manifestaciones en tribunas).

¿y no con la manera en que se resuelven los problemas.

Nuestro compromiso, como Comisión de Constitución, es informar sobre esta materia.

Aquella es una de las argumentaciones, que me parece clara.

Otra es la que establece el número 3o del artículo 65 de la Carta Fundamental, el cual señala que es de iniciativa exclusiva del Primer Mandatario "Contratar empréstitos o celebrar cualquiera otra clase de operaciones que puedan comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, de las entidades semifiscales, autónomas, de los gobiernos regionales o de las municipalidades...". En este caso, las menciona expresamente, pues la reforma constitucional del 97 no cambió el precepto.

Por lo tanto, me parece que en eso también hay una restricción a la iniciativa parlamentaria.

Finalmente, nosotros no podemos crear mayores gastos. Establece el inciso final del artículo 65: "El Congreso Nacional sólo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos" -¡gastos!- "y demás iniciativas sobre la materia que proponga el Presidente de la República".

Se sostiene aquí que, en el caso de los profesores a contrata, el traspasarlos a la planta no va a significar mayores gastos. Pero no es así. Es cierto que en la plantilla mensual a los docentes que se les pagó equis cantidad, al mes siguiente van a pasar a la planta con la misma cifra. En tal sentido, no hay gasto. Efectivamente. Sin embargo, cambia la naturaleza contractual entre el municipio y esos educadores. Por ello, las corporaciones edilicias argumentan que no tienen problema en aceptarlos, pero preguntan qué ocurriría en adelante desde el punto de vista de la indemnización por años de servicio, por ejemplo. Por supuesto, que se incorpora.

--(Manifestaciones en tribunas).

Hay muchos profesores que, efectivamente,...

--(Manifestaciones en tribunas).

Voy a explicar por qué estoy de acuerdo con los profesores.

Pienso que la propuesta no es la fórmula para resolver el problema que tienen.

--(Manifestaciones en tribunas).

Señor Presidente, los profesores a contrata hoy día no gozan del derecho a jubilación. Por lo tanto, si nosotros aprobamos esto, ahora van a disponer de él.

¿Significa eso un mayor gasto para los municipios?

--(Manifestaciones en tribunas).

Sin lugar a dudas que sí.

Lamento que sea difícil poder reflexionar.

Por las razones que aquí he expuesto y por muchas otras, considero que la norma es inadmisible. Sin embargo, conozco el problema de los profesores a contrata.

--(Manifestaciones en tribunas).

El señor PIZARRO (Presidente).- Pido a las tribunas mantener la calma. Se supone que los asistentes deberían enseñarnos un poco de pluralismo y de respeto.

--(Manifestaciones en tribunas).

Porque lo que corresponde es escuchar la argumentación de cada señor Senador. Podrán estar de acuerdo o en desacuerdo. Imagino que los profesores, cuando les dicen algo a los alumnos y estos reclaman, se complican.

Por tanto, observemos el debido respeto.

No tengo interés en desalojar las tribunas, pero mi obligación es que los señores Senadores cuenten con la garantía de que pueden argumentar lo que estimen conveniente.

Puede continuar, Su Señoría.

El señor LARRAÍN.- Creo que la situación de desmedro y de inequidad que sufren los docentes -como he dicho, he conversado muchas veces con los que están a contrata en general no solo en los municipios, sino en diversos servicios públicos- es completamente inaceptable.

Si bien hay distintas situaciones -no todos se hallan a contrata con financiamiento municipal, sino con programas específicos, lo que obligaría, probablemente, a hacer una disquisición-, me parece que el problema que nos preocupa -yo mismo propuse en la Comisión la idea de un acuerdo para que el Ejecutivo se hiciera cargo, y así lo hicimos presente a la señora Ministra- no resiste mayor dilación. En mi opinión, se está cometiendo, hace mucho rato, una enorme injusticia con los educadores. Se están vulnerando sus derechos y se está generando una situación de incertidumbre que hace muy difícil ejercer la labor docente. Algunos profesores llevan diez o más años en la misma condición y no pueden vivir tranquilos.

Por eso planteo que, más que seguir tramitando una ley que puede generar un precedente muy negativo desde el punto de vista constitucional, pues abre la pregunta de por qué otros que se encuentran en la misma situación no reciben la misma solución -se trata de cuestiones que no solo se refieren a un caso en particular-, el Ejecutivo debiera hacerse cargo del asunto y trabajar, ojalá ahora con la Comisión de Educación, en una fórmula de fondo que resuelva la situación de los profesores a contrata.

Ya lo he manifestado: así como por razones jurídicas estimo inadmisible este proyecto -es mi manera de pensar y me puedo equivocar, pero no puedo dejar de ser consecuente y coherente con mi conciencia, (jurídica, en este caso)-, por las mismas razones, considero injusto lo que pasa.

Por eso, pido y exijo una solución al tema de fondo. Lo hago, tratando de que sea por la vía jurídica.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, mis argumentos en torno de esta situación implican tres puntos.

En primer lugar, aquí no se crean nuevos empleos públicos. Este es un asunto que se encuentra dentro del dominio municipal. Son cargos que existen. Todo el argumento acerca de que no poseemos atribuciones en la materia, en mi opinión, cae por su propio peso. Ambos informes en Derecho lo plantean.

Por otra parte, los gastos ya se hacen. Es más, se financian sobre la base de la subvención. Entonces, no es un problema referido a que aquí estemos aumentándolos. Más aún, lo anterior se encuentra dentro del ámbito municipal.

Se podría argumentar que se otorga estabilidad y que ella pudiese considerarse un beneficio. Pero eso -insisto- se halla en la esfera municipal.

Por tanto, no me asisten dudas sobre la admisibilidad del proyecto. Personalmente -al igual que otros señores Senadores- tengo un pareo que he concordado con alguien que está por rechazar la admisibilidad. Y yo, por cierto, me inclino a su favor.

Mi segundo planteamiento radica en que aquí hay una situación de ilegalidad evidente. Si uno quiere apegarse al razonamiento de quienes han tenido el voto de mayoría, en cuanto a que no debe haber más del 20 por ciento de personas a contrata en un servicio público y quieren hacer extensiva tal situación al área municipal, estaríamos no frente a una inconstitucionalidad de la iniciativa, sino a un escenario de ilegalidad, al haber un porcentaje tan alto de contratados. Ciertos municipios tienen 30, 40 o 50 por ciento de la dotación docente a contrata.

Pero mi argumento de la ilegalidad no se basa en el 20 por ciento, sino en el hecho de que aquí se produce una evidente discriminación y un atentado contra la Ley Antidiscriminación. Algunas personas cumplen la misma función con similares alumnos y con iguales obligaciones, pero unas tienen estabilidad y otras, no. Y ello resulta absolutamente ilegal frente a la mencionada ley.

Aquí se trata de funcionarios que cumplen una labor y no se les quiere valorar por su función propiamente tal -aquí paso al tercer argumento-, lo cual es un problema de justicia. Porque, en el fondo, ocurre que los municipios quieren hacer recaer el mecanismo de flexibilización para la dotación del sistema educacional público sobre personas como las que se encuentran en las tribunas.

O sea, se quiere establecer un modelo educacional -en este se funda la protesta de los estudiantes y la nuestra- con el que estamos cansados, por ser injusto y querer establecer la flexibilidad. Si hay bajas de matrícula, se persigue que los profesores paguen y no que el Estado, cuando hace mal su trabajo, lo asuma.

Además, el modelo permite este híbrido que personalmente rechazo: el financiamiento compartido. Fui uno de los cinco o seis Diputados que, en su época, lo rechazamos en su origen. Es un sistema perverso vigente en el país que no hace sino fomentar otro tipo de educación, el cual, a mi juicio, no debiera imponerse en Chile: la educación particular subvencionada. No veo por qué el Estado ha de generar negocios a privados.

Señor Presidente, tengo la convicción de que el proyecto es absolutamente admisible. Considero que la legalidad se violenta con la discriminación que se establece entre un docente y otro. Y los argumentos de los alcaldes esconden -más que la cuestión de si la iniciativa es legal o no- la circunstancia de que, por el sistema de financiamiento perverso existente, quieren mantener un mecanismo para que los ajustes de la dotación se corten por el lado más débil: los trabajadores; en este caso, los profesores.

Creo que aquí se ha forzado la situación, precisamente, por lo planteado por un colega de las bancas de enfrente que me antecedió en el uso de la palabra: a veces los Directores de Presupuestos, de hoy y de ayer, prefieren mantener la lógica de cortar por el eslabón más delgado. Pero, el país debe decir en un momento: "Hasta este punto no más se llega".

Los requisitos para pasar de contrata a planta que se establecen en la iniciativa son más que justos como para que respaldemos no solamente su admisibilidad, sino también su texto propiamente tal, y para que el Congreso Nacional, en especial el Senado, se haga cargo del problema institucional grave que padecemos y que quizá nos afirme en la determinación de fortalecer la educación pública. Porque, si hay una baja de matrícula, ella se debe a que estamos invirtiendo poco en la educación pública, a que no estamos dando garantías a las familias de los alumnos ni les estamos aportando a estos las condiciones que se merecen, porque discriminamos, de acuerdo al bolsillo de cada cual, en la calidad de la enseñanza.

Señor Presidente, tengo la convicción de que el proyecto es admisible. Estoy pareado, pero permítaseme indicar, por último, que esto nos debería llevar a hablar de otro grupo de profesores que se encuentran también en una situación de tremenda precariedad: los que trabajan en establecimientos de administración delegada a corporaciones, en particular liceos técnico-profesionales, que no se ven beneficiados por ley alguna que les permita estabilidad y les garantice la carrera funcionaria que a todos nos gustaría para los docentes.

Señor Presidente, estoy seguro de que se va a rechazar el informe de la Comisión y se va a respaldar la admisibilidad por abrumadora mayoría, porque esto no da para más.

--(Aplausos en tribunas).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.

El señor ESCALONA.- Señor Presidente, la admisibilidad que se discute de una moción que modifica una ley de origen parlamentario ya se resolvió con la aprobación y aplicación de la normativa legal correspondiente.

Porque, esta ley de origen parlamentario es de 1999 y la modificación a la ley orgánica constitucional a que se ha hecho mención es de 1997. Es decir, estamos en presencia de un cuerpo legal de origen parlamentario que entró en vigencia cuando ya regía la ley orgánica constitucional que supuestamente lo anularía.

Por tanto, se da la situación de hecho y de Derecho que determina que este problema esté resuelto.

En verdad no hay nada más que alegar. Es cosa de leer el informe de la Comisión. Se modifica una ley del año 1999, de origen parlamentario, que entró a operar después de la enmienda a la ley orgánica constitucional a la cual se alude para declarar que sería inadmisible.

Por consiguiente, desde el punto de vista del Derecho Constitucional, el problema está resuelto desde hace 14 años, por lo que, a mi modo de ver, no hay más discusión que realizar.

--(Aplausos en tribunas).

El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Cómo se puede explicar que no se admiten manifestaciones de las tribunas? ¡Mantengamos el temple!

Como los Senadores señores Bianchi, Kuschel y Chahuán no están, tiene la palabra el Honorable señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente: "No habrá una reforma educacional de verdad sin la concurrencia activa de los docentes. Ellos junto a los alumnos son los actores por definición del proceso de enseñanza y aprendizaje. La experiencia de los países exitosos es clara: los profesores son los que mejoran la educación, no son las estructuras administrativas, los recursos financieros ni la pura calidad de los alumnos. Sin los profesores estamos condenados al fracaso".

Este párrafo es parte de una intervención que hice hace menos de una semana ante la Asociación Chilena de Municipalidades, en Santiago.

Lo he leído porque se podría pensar que en un debate como este, con las tribunas llenas de profesores, uno simplemente desearía aparecer simpático. No, esto yo lo dije hace pocos días en un congreso al que concurrió gran parte de los alcaldes de Chile.

Además, los conminé, los incité, los invité a mejorar el diálogo con el magisterio, a revisar sus relaciones con él, lo que parece esencial.

Luego, respecto del asunto que hoy nos convoca -si el proyecto se ajusta íntegramente a la constitucionalidad o no-, lo primero que quiero señalar es que, a propósito de lo planteado por algunos Senadores de las bancadas de enfrente, en el sentido de que aquí habría un cargo al erario y que esto tendría costos fiscales, la ley N° 19.648, de 1999, empezó a aplicarse el 2000, según entiendo. Ni siquiera pasó por las Comisiones de Hacienda de la Cámara y del Senado.

En otras palabras, la misma ley que hoy día nosotros queremos revivir en esta moción, iniciada por varios Diputados -entre ellos, don Rodrigo González-, no fue informada por las Comisiones de Hacienda de ambas Cámaras. O sea, el Congreso asumió hace 13 años que esto no significaba gasto fiscal.

Por lo tanto, si se salvaron hace 13 años las dudas y aprensiones de constitucionalidad, ¿por qué hoy día va a ser distinto?

Efectivamente, en esa discusión había más elementos para sostener que esto estaba dentro del ámbito de la iniciativa exclusiva presidencial. Luego, en el Gobierno del Presidente Lagos, se hizo una modificación, de la cual surgió la facultad de crear cargos. Pero, además, quienes sostenemos que aquí no hay inconstitucionalidad, pensamos que tampoco hay creación de aquellos. Es decir, no es que al aprobarse esta iniciativa automáticamente, en cualquier comuna del país, veinte o treinta profesores van a pasar de inmediato de contrata a planta. No, porque, dentro de los requisitos, se establece que debe haber vacantes. Y el llenarlas no es un proceso automático ni masivo.

La otra pregunta que uno se hace es por qué durante 13 años ni siquiera la Contraloría General de la República, que podía perfectamente haber observado estas irregularidades al momento de tomar razón de los nombramientos o de los decretos de jubilación, nunca lo ha hecho.

Entonces, es evidente que pretender, 13 años después, que una parte importante del sector docente chileno ha ocupado cargos de planta sobre la base de una norma inconstitucional es un sinsentido jurídico y un descriterio político de marca mayor.

Según datos con los que han concordado el propio Colegio de Profesores y el Ministerio, el 44 por ciento de los 95 mil profesores que se desempeñan en los municipios o en las corporaciones municipales están a contrata o a honorarios. Es decir, de cada 10 docentes, 4 deben, en el mes de diciembre, comenzar un largo y humillante periplo por los jefes DAEM, por los jefes de Recursos Humanos para obtener la contrata al año siguiente, la que, también como consecuencia de una modificación del Gobierno del Presidente Lagos, se paga de marzo a marzo. Por lo menos, no se quedan sin sueldo los meses de verano, como ocurría hasta hace menos de una década.

Señor Presidente, estimo que las exposiciones de los distinguidos constitucionalistas que consultó la Comisión son más que elocuentes.

El planteamiento del Senador señor Hernán Larraín es, por cierto, legítimo y lo hace con total convicción. Nadie puede cuestionar el derecho que tiene a sostener lo que ha señalado. Sin embargo, en el aparato público, hay precedente de casos donde se pasa de la contrata a la planta: en el Servicio Nacional de Aduanas, en el Registro Civil y, ejemplo paradigmático, en las normas transitorias de la ley N° 19.297, sobre encasillamiento del personal del Congreso Nacional (Cámara de Diputados, Senado y Biblioteca). Esas personas pasan de estar a contrata a ser nombradas en la planta -les asiste todo el derecho a serlo-, por ley, al igual que se hace ahora.

Señor Presidente -esto no es demagogia-, uno ve a profesores jóvenes a contrata que no tienen la posibilidad de ser siquiera sujetos de crédito. Y no estamos hablando de no poder endeudarse para comprar ropa, muebles, sino de no poder hacerlo para adquirir una casa propia, al no ser sujetos de crédito hipotecario.

Por lo tanto, aquí existe un problema de dignidad.

Este debate surge en un momento electoral. Pero debemos realizarlo, pues incumbe a un sector al que se estigmatiza muchas veces por todo: se lo responsabiliza por los malos resultados en el SIMCE, en la PSU; por la violencia escolar; por los embarazos adolescentes. Es decir, se lo culpa de la mitad de los males de la humanidad.

Por consiguiente, me preocupa -se lo dije con mucha claridad a varios de mis amigos en la Asociación Chilena de Municipalidades- que algunos hayan "agarrado papa" con el discurso neoconservador que busca la continuación de la caída de la dotación docente, porque de esa manera sería factible administrar con mayor flexibilidad el sistema.

Francamente, me parece que eso significaría renunciar a la posibilidad de contar con una educación pública de calidad.

Y ahí radica la discusión central en la educación pública.

Como Presidente de la Comisión de Educación, debo decir que, si esta tarde se aprueba la admisibilidad de esta iniciativa, solicitaré formalmente que ese órgano técnico la conozca e inicie su trámite formal a la brevedad -ojalá con urgencia-, ya que el Gobierno ha abandonado gran parte de los proyectos que en un momento se anunciaban como "la gran reforma educacional". Esta última no se producirá si no abordamos el problema de los profesores, lo cual es previo a la discusión de la carrera docente.

O sea, ¡cómo el Gobierno pretende hoy incorporar a nuevos profesores jóvenes mediante el establecimiento de incentivos, en circunstancias de que no ha resuelto lo relativo a los incentivos para el 40 por ciento de los docentes que en la actualidad se desempeñan en el sistema municipal!

¿Queremos seguir teniendo más temporeros de la educación?

Con franqueza, ello no es aceptable.

Y por tal razón vamos a rechazar esta tarde el informe de la Comisión de Constitución.

He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Carlos Kuschel.

El señor KUSCHEL.- Estoy pareado, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- En tal caso, tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, se nos ha convocado en esta oportunidad para pronunciarnos sobre el informe emitido por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento respecto a la admisibilidad del proyecto, originado en moción de varios integrantes de la Cámara de Diputados, que modifica la ley N° 19.648, de 1999, que otorgó titularidad en el cargo a profesores contratados a plazo fijo por más de tres años.

Yo he impulsado también esta iniciativa desde el Senado; estuvimos trabajando en ella. De hecho, hubo una presentación conjunta tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

El proyecto cuya admisibilidad ha sido impugnada tiene por objeto sustituir la expresión "a la fecha de esta ley" -o sea, 1999-, por la frase "al 30 de abril de 2013". Y de ser aprobado, los profesores que a esa data tengan la calidad de contratados por una municipalidad o corporación municipal y cumplan, asimismo, las demás exigencias establecidas en la ley N° 19.648 podrán acceder a la calidad de profesores titulares de dichas entidades.

Durante su tramitación en la Cámara Baja, la moción fue declarada inadmisible, al igual que originalmente en el Senado. Pero con posterioridad se reconsideró esa declaración -como espero que ocurra en este Hemiciclo-, dándose curso a su debate normal.

Ahora bien, se sostiene que el proyecto sería inadmisible y que no podría continuar su segundo trámite constitucional, por cuanto crea o suprime empleos en municipalidades y, asimismo, fija, modifica, concede o aumenta beneficios a personal municipal, lo cual constituye una atribución exclusiva del Presidente de la República, mientras no se modifique el artículo 121 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

La iniciativa en análisis aborda una necesidad urgente de resolver. Por tanto, en nuestro concepto, debe ser considerada admisible, toda vez que la ley N° 19.648, que se pretende modificar, se originó igualmente en una moción, cuyos autores fueron los entonces Diputados señores Prokurica -hoy día nos acompaña como Senador-, Gutiérrez, Viera-Gallo, Rocha y los actuales Diputados Ulloa, Montes y señora Saa, sin que fuera impugnada en dicha oportunidad.

Por otra parte, en el proyecto actual se regula el sistema de ingreso solo a la planta profesional de los municipios o corporaciones municipales y no a cargos municipales.

Adicionalmente, esta iniciativa no involucra gasto fiscal alguno. Por el contrario, genera ahorro, ya que cada vez que se lleva a cabo un concurso para proveer cargos de profesores a contrata se incurre en gastos.

Cabe agregar que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tuvo a su disposición dos informes en derecho, suscritos por destacados académicos de Derecho Constitucional: Víctor Manuel Avilés y María Pía Silva Gallinato, que se pronunciaron en favor de la admisibilidad.

Lo que se pretende mediante este proyecto es cambiar el régimen laboral de los docentes a contrata sin que ello signifique ampliar la dotación de las municipalidades. O sea, es un mero cambio de la condición jurídica de los profesores que ya prestan servicios en dichas entidades.

Debemos considerar, además, que la Contraloría General de la República ha establecido en diversos dictámenes que los profesores contratados por las municipalidades o corporaciones dependientes no tienen la calidad jurídica de funcionarios municipales.

Esos dictámenes también fueron acompañados durante el análisis de la consulta en la Comisión de Constitución, en el cual estuve presente.

Todas esas razones me llevan a concluir inequívocamente que esta iniciativa, que amplía hasta el 30 de abril del año 2013 el plazo previsto en la ley N° 19.648 (en cuya autoría, como señalé, participó el entonces Diputado Prokurica, quien en la actualidad es Senador) para que se acojan a la titularidad los profesores a contrata que cumplan los demás requisitos establecidos en dicho cuerpo legal es absolutamente admisible y puede continuar su tramitación.

En tal sentido, comparto plenamente el voto de minoría sostenido por los Senadores señora Soledad Alvear y señor Patricio Walker, quienes concluyeron que la moción resulta del todo admisible.

Por lo tanto, me pronuncio en contra del voto de mayoría de dicha Comisión, que establece la inadmisibilidad del proyecto en comento, por cuanto es preciso que continúe su tramitación, dada la necesidad de solucionar urgentemente la situación laboral de los profesores a contrata que se encuentran en condiciones de ser titulares.

Por ende, estoy a favor de la declaración de admisibilidad de esta iniciativa, a fin de que cuanto antes se convierta en ley de la república tras una tramitación expedita durante el segundo trámite constitucional en esta Corporación.

Asimismo, deseo agregar lo siguiente.

Ha sido justamente el Directorio Regional Valparaíso del Colegio de Profesores el que ha estado trabajando intensamente en varios temas.

Primero, el logro del bono poslaboral. Ello surgió justamente del ímpetu, del esfuerzo de dicho Directorio. Hablamos en su oportunidad con el Ministro Larroulet y conseguimos que el bono poslaboral llegara a los profesores.

Se han hecho esfuerzos además, junto con el Diputado Rodrigo González, respecto de los efectos del bono SAE. Recurrimos en su momento -también por impulso del Directorio Regional Valparaíso- primero a la Contraloría, para que se reconociera el pago de ese bono, y después, a la inspección del trabajo cuando fue necesario.

Ahora, han impulsado esta iniciativa parlamentarios como los Diputados Delmastro y González -ambos nos acompañan en las tribunas-, quienes han señalado con claridad que acá se debe hacer justicia y terminar con los abusos.

¿Por qué lo señalo? Porque en ciertos municipios, estimados colegas, el 80 o 90 por ciento de los profesores están a contrata, lo cual les significa hallarse sometidos a un gran estrés -sobre todo cuando se habla de "calidad de la educación"-, debido a la incertidumbre laboral que viven año a año en cada temporada estival en cuanto a si serán o no considerados.

Además, hay que tener en cuenta el hecho cierto de que la diferencia entre un profesor a contrata y uno titular, en términos de beneficios laborales, es igual a cero, lo que hace que este proyecto no irrogue gasto fiscal adicional. ¡No hay gasto fiscal adicional, tal como se ha acreditado!

Al finalizar mis palabras, deseo darle las gracias al Colegio de Profesores de la Región de Valparaíso: a Guido Reyes, que comenzó con esto; a Andrés Reyes; a Alfonso Godoy, y a cada uno de los integrantes de esa entidad (es posible que se me escape algún nombre).

Todos ellos han trabajado incesantemente con el objeto de que se pueda avanzar hacia una educación de calidad. Pero para eso es necesario incorporar la "pata" más importante: dar estabilidad, tranquilidad, seguridad a quienes forman a los alumnos, que son los profesores.

Señor Presidente, pido que el Congreso Nacional haga justicia y envíe un mensaje al Ejecutivo: hay que terminar con la situación de abuso permanente que existe respecto de los docentes. Y, en esto, el Derecho nos acompaña.

He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, deseo referirme, primero, a los argumentos políticos.

Ciertamente, esta iniciativa pudo haber sido patrocinada por el Ejecutivo. En efecto, si el problema radica en su falta de constitucionalidad, lo cual es factible de ser subsanado por el Gobierno, y si hay consenso en el sentido de que tiende a corregir una brutal desigualdad y una discriminación inaceptable, el proyecto pudo ser respaldado por el Gobierno.

Aquí hemos discutido sobre educación de calidad, gratuidad, perfeccionamiento de la enseñanza superior, pues en nuestro país existe una crisis en materia educacional.

Lo ha dicho la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), no alguien que se encuentre en estas bancadas: en Chile hay educación expresamente segmentada por clases sociales, es decir, enseñanza para ricos y enseñanza para pobres, y el modelo implementado arroja un conjunto de desigualdades estructurales que se han ido afianzando.

O sea, la OCDE, integrada por los países más ricos del mundo, nos advierte acerca de que nuestro modelo educacional está en crisis. Y hay coincidencia en el Gobierno en cuanto a que es preciso efectuar modificaciones legales. Por eso millones de jóvenes -hombres, mujeres, estudiantes- han salido a la calle demandando educación de calidad y gratuita.

Y ahí está la Prueba Inicia, respecto de cuyos resultados, al final del día, se culpa a los profesores recién egresados por la deficiente enseñanza que reciben los estudiantes y se ignora la crisis de la educación superior, de las universidades que se instalan en una casa -por así decirlo- y que surgen producto de la desregulación absoluta que existe para constituirlas.

¡Y, en definitiva, se culpa a los jóvenes, no a la crisis de la institución! Se dice: "¡Miren qué malos son los profesores!". Pero no es así. La legislación ha permitido que haya universidades que no enseñen, sino que solo cobren, que hagan negocio, aun cuando legalmente está prohibido el lucro en la educación superior.

Entonces, después de escuchar al Senador Chahuán, a mí no me cuadra que, habiendo claridad sobre estos conceptos, tengamos diferencias en cuanto a cómo resolver esta situación; que la Cámara Alta se menoscabe a sí misma; que no utilicemos todas las facultades de que disponemos para enfrentar el presidencialismo monárquico, que todo lo puede.

Lo que quiero decir, en conclusión, es que esta es una gran oportunidad para que el Senado sea de verdad un actor relevante en materias que sí le interesan a la ciudadanía. Porque aquí no hablamos solo de profesores, sino también de 4,5 millones de estudiantes de enseñanza básica y media y de un millón de alumnos de educación superior que quieren recibir señales relativas a que los defectos, los errores, las distorsiones y la crisis serán enfrentadas.

Por tanto, ¿qué se busca con esto?: Entregar estabilidad, dignidad.

Cuando con los Senadores Quintana y Cantero -miembros de la Comisión de Educación- viajamos a Finlandia, donde existe la mejor educación del mundo, hicimos un largo recorrido para ver cómo aprender de los neoliberales. Y nos dimos cuenta de que la clave de la revolución educativa de la década de los setenta, liderada entre otros por Erkki Aho, radicaba en los profesores. ¡La clave de la mejor educación en el mundo a todo nivel: universidades, parvularios, escuelas y liceos, se encuentra en los profesores!

Yo siento que aquí el Gobierno, y particularmente quienes tomamos decisiones, debemos adoptar una referida a algo fundamental: cuál es la base para avanzar hacia una educación de calidad; cómo provocamos una revolución en materia educativa a fin de lograr los objetivos que todos decimos buscar.

Y así llegamos al aula.

Al efecto, yo he dicho que el problema de la educación en Chile no es pedagógico, sino ideológico.

Cuando uno interviene en educación define el tipo de ciudadano que quiere formar y la clase de sociedad en la que desea vivir. Y ahí surgen los problemas y las diferencias. Por eso no hay consenso sobre cómo abordar este tema.

Yo soy de los que creen que la educación municipalizada se halla agotada y recontraagotada; que no da para más; que se ha focalizado en más del 60 por ciento de los municipios una situación de endeudamiento y agotamiento que no les permite encontrarse en condiciones de entregar la enseñanza que queremos. Pero el Gobierno insiste en seguir subvencionando a medias la educación municipalizada y en mantenerla.

Por cierto, ya no se trata de lo que me dijeron en su momento algunos colegas profesores: "Se está privatizando la educación". ¡No! ¡Ya se halla privatizada! ¡El 70 por ciento de la enseñanza es subvencionada y solo el 30 por ciento es municipal, con una matrícula que cae año a año!

Ahora bien, si se vuelve al origen de los aspectos esenciales, es posible constatar que los puntos en que hay discrepancias en este proyecto son de carácter político.

¡Esta iniciativa no cuesta más dinero! Así que pudo ser patrocinada por el Ejecutivo y apoyada por los parlamentarios del oficialismo sin temor alguno de traicionar a su Administración.

Asimismo, en todo el debate jurídico ha quedado muy claro que no viola el artículo 65, numeral 4°, de la Carta Fundamental. ¡No hay violación de carácter constitucional! Y si alguien creyera que sí, podría recurrir al Tribunal Constitucional. Sin embargo, nadie lo ha hecho ni nadie lo hará, no porque sea impopular, sino porque efectivamente la iniciativa no es inconstitucional.

Señor Presidente, quisiera señalar además que existe un conjunto de iniciativas legales que se han ido aprobando, como la relacionada con la bonificación por retiro dispuesta en la ley N° 20.501 y la referida al bono poslaboral consagrado en la ley N° 20.305, que han establecido la igualdad entre profesores a contrata y de planta.

¿Qué buscamos con la presente iniciativa, si ya existen los mismos beneficios? Se dice: "Queremos evitar el chantaje, el mobbing, la persecución que cada año deben sufrir los docentes para mantener su puesto de trabajo". En Chile existe una ley contra el mobbing, que consagra que aquel empleador o compañero de trabajo que acose laboralmente a otro trabajador y le produzca menoscabo puede ser denunciado. Pero aquí pretendemos sacar una ley que no obligue a los profesores a denunciar situaciones de acoso o que no los obligue a callar.

¡Cómo podrían callar si están mandatados para enseñar! Ciertamente, muchos lo hacen por temor, porque tienen familia, porque han adquirido deudas y deben desenvolverse bajo condiciones especiales para adaptarse a cada uno de los alcaldes.

Si hay una "fauna" muy diversa en Chile esa es la de los alcaldes, que encabezan los 346 municipios existentes. En general, en nuestro país se va de la monarquía presidencial al feudalismo municipal. Y espero que en algún minuto podamos abordar este punto.

Insisto: aquí no se altera beneficio alguno; no hay ningún elemento que pueda considerarse como gasto fiscal.

Es preciso señalar que los profesores podrían recurrir al Estatuto Docente y, supletoriamente, al Código del Trabajo, y manifestar que después de dos años el contrato se hace indefinido. ¿Pero por qué dejar que la iniciativa en esa materia recaiga en quienes decimos que queremos proteger? Pretendemos que tal situación se aborde por ley, y esta es una gran oportunidad para hacerlo.

En consecuencia, pienso que se requiere una modificación mucho más integral en lo referido a la enseñanza básica y la media: se debe terminar con la municipalización.

A mi juicio, las corporaciones regionales de educación pública son un mecanismo para dotar a los gobiernos regionales de financiamiento regional y nacional, y de entregarles responsabilidad en su administración. Por cierto, se deben establecer criterios que no hagan tan desigual la competencia con los particulares subvencionados.

En virtud de lo anterior, pienso que los profesores están en su legítimo derecho a pedir que sean incorporados a la planta, considerando que la ley los favorece y que todos decimos que así lo deseamos.

¡Este es un pésimo Estado, un mal empleador, un mal "padre" con sus empresas y, también, con sus propios trabajadores!

Ello no se da solo en la docencia, sino además, en los ministerios, las subsecretarías, las direcciones, los hospitales públicos. Por ejemplo, alrededor de 500 trabajadores del Hospital Guillermo Grant Benavente, algunos con 18, 20 o 22 años de servicio, están a contrata, algunos se encuentran a honorarios, y los estamos organizando porque esta injusticia tiene que terminar. Alguien debe ponerle el cascabel al gato. Y me alegro de que esta iniciativa haya tenido su origen en una moción.

Los Gobiernos anteriores y el actual han señalado que van a remediar la condición de los funcionarios públicos para tener un mejor Estado. Esta es la oportunidad de hacerlo: ¡No la desperdicien!

Y si hay algo ilegal en lo que estamos discutiendo es lo que ocurre con todas las plantas municipales de docentes, en que el número de funcionarios a contrata supera el 20 por ciento del total de los cargos. Si tuviéramos que perseguir legalmente a alguien por cometer un ilícito, por incurrir en un delito, sería a quienes tienen una dotación docente a contrata superior a dicho porcentaje, que es el caso de la mayoría de los municipios del país.

Yo no quiero responsabilizar a los alcaldes. Este es un tema que debe asumir el Estado y el proyecto que nos ocupa representa una enorme posibilidad en tal sentido. La materia ya se discutió en 1996 y se aprobó por 39 votos contra 3. Y también se acogió el 10 de enero de este año por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados.

Yo hago un llamado a mis colegas a que más allá del debate de la constitucionalidad prime un criterio de humanidad. Y si alguien estima que la iniciativa es inconstitucional, que concurra al Tribunal Constitucional. Ese derecho se halla establecido en nuestra legislación.

Señor Presidente, voto en contra del informe, es decir, a favor de la constitucionalidad del proyecto, porque tiene que ver con un tema de reparación que los profesores de Chile requieren.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, estaba haciendo una reflexión mientras mis colegas intervenían y trataba de recordar cómo era la educación pública de antaño, cómo se valoraba en ese entonces a las escuelas estándares, cómo se apreciaba aquellos establecimientos donde los profesores recibían una enseñanza que era muy superior a la que hoy día les entregan las llamadas "universidades" que enseñan poco y cobran mucho.

Y creo que la demanda nacional relativa a la calidad de la educación tiene que ver con que no hemos asumido como Estado una responsabilidad con los docentes. Este peregrinaje que han estado sufriendo los profesores desde hace más de 30 años, se halla vinculado con la descentralización o desmunicipalización de la educación, donde el Estado se desentiende de su rol docente, de lo que pregonó en otro tiempo don Pedro Aguirre Cerda cuando señaló que "gobernar es educar", y se olvida que hay que seguir educando. La crisis que hoy día existe en educación se encuentra ligada en gran medida con eso. Actualmente, estamos frente a la demanda de un sector de trabajadores de la educación. Sin embargo, este es un mal endémico de todo el modelo que nos rige, de la relación que tiene el Estado con sus trabajadores y de la que experimentan las empresas con sus empleados.

Si tuviéramos un Código del Trabajo que garantizara los derechos laborales de manera eficaz, a lo mejor no estaríamos mirando este proyecto, no sería necesario. Es preciso que el Estado asuma sus responsabilidades en la misma forma como muchas veces se obliga al privado a contratar de manera definitiva a una persona que cumple uno o dos años a honorarios. Pero aquí no ocurre tal cosa.

Y lo que estamos haciendo en esta sesión, señor Presidente, es ver cómo regularizamos y normalizamos una situación absolutamente anormal, inadmisible para los trabajadores de la docencia en el sector municipalizado. La precariedad e inestabilidad en que se encuentran es otro factor que dice relación con el rendimiento, con la enseñanza, con la calidad de la educación. Y, por cierto, tiene que ver con los derechos humanos de ellos y sus familias.

La moción que presentaron los Diputados en 1999, la cual concluyó en la aprobación de la ley N° 19.648, no ha tenido reparos. Y no sé por qué ahora se plantea que es inconstitucional.

Quiero felicitar a los Diputados que buscan renovar la vigencia de dicha normativa a través de este proyecto. Entre ellos, deseo congratular y saludar a don Rodrigo González, quien ha estado permanentemente preocupado por los docentes. Este, al defender la admisibilidad de la indicación, señaló que "el artículo 65, número 4, no es aplicable al proyecto en discusión, porque no se está fijando, ni modificando, ni concediendo, ni aumentando remuneraciones, ni jubilaciones, ni pensiones de funcionarios municipales o de la administración del Estado. Los profesores no son funcionarios municipales" -lo dijo el Diputado González en la Comisión- "Agregó que lo que esta iniciativa hace es cambiar solo el estatus jurídico que tienen los mencionados docentes. Si ellos no son funcionarios públicos, no cabe aplicar tampoco el número 2 del referido artículo 65".

Me permito también, señor Presidente, citar el alegato que hizo el entonces Diputado don Felipe Valenzuela, cuando en 1999 se defendía la moción original. Este expresó, con relación a la discusión que se dio respecto a la admisibilidad, que "ninguno de estos beneficios se altera con la moción presentada, que se refiere a la forma de ingreso a la carrera docente, que en ningún caso modifica algún beneficio ni tampoco las remuneraciones de los trabajadores, sino que pretende favorecer a los profesores contratados por un año y que han enterado tres o más años en su cargo. La ley común, el Código del Trabajo, supletorio del Estatuto Docente, establece que los trabajadores que se desempeñan a contrata por dos años pueden adquirir la propiedad de su cargo en forma indefinida. Sin embargo, en Chile hay muchos profesores que llevan hasta nueve años en sus cargos," -hoy día, quizás, hasta más de 20- "en una contrata permanente y reiterada, sin que puedan obtener su titularidad".

¿Y qué significa la titularidad? No significa gastos para el Estado, sino terminar con la inestabilidad, la precariedad y lograr un estatus diferente. Pero dicho estatus diferente lo están pidiendo también los profesores, porque tiene que ver con un contexto nacional de inseguridad laboral e inseguridad de respaldo legislativo.

Creo que la conducta que ha tenido el Estado en forma permanente con sus trabajadores, tal como lo han expresado acá, ha sido la del peor empleador. A mi juicio, estamos en deuda con los trabajadores en lo que respecta a modificar el Código laboral en general. Si tuviéramos un buen sistema de pensiones tampoco estaríamos valorando esta discusión del modo en que se hace. Normalmente lo que aquí vemos son incentivos al retiro, pues el sistema previsional no es tal, sino un ahorro forzoso en favor de quienes administran los recursos de los trabajadores, donde solo ganan ellos y pierden estos últimos.

Tenemos una deuda no solamente con los profesores, sino con todos los trabajadores del país. Y el Senado debe realizar los esfuerzos necesarios para que las cosas cambien en favor de estos y tengan la oportunidad real de aspirar a condiciones dignas, no solamente desde el punto de vista laboral, sino también de sus remuneraciones y sus pensiones.

Por lo tanto, voy a votar a favor de la admisibilidad y en contra del informe de la Comisión de Constitución. Es mi anhelo que en forma abrumadora la Sala del Senado les dé la razón a los profesores y a quienes estamos por cambiar las cosas a su favor.

He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señor Presidente, el objeto de la discusión hoy día es sobre la admisibilidad o no del informe de la Comisión de Constitución. De a poco, dada la conversación y a medida que se suceden las intervenciones, luego de oír a los miembros del mencionado órgano técnico, más lo que cada cual pueda aportar al debate, uno se forma su propia convicción.

Y creo que al escuchar lo que aquí se ha dicho tenemos que pronunciarnos al final del día sobre este tema y el aspecto de fondo, que sale a colación a partir de lo anterior.

En lo particular, voy a votar a favor de la admisibilidad por las diversas argumentaciones que se han dado acá. Se trata de una ley que existe desde el año 99, nadie la cuestionó, tuvo su origen en una moción, se repone ahora, no implica costo fiscal. Todos los argumentos los hago míos: los de la Senadora Alvear, los del Senador Escalona, los del Senador Quintana, los de todos quienes me han antecedido y han intervenido en el mismo sentido.

Pero el tema de fondo acá es otro, y eso es lo entretenido de esta discusión. Estamos ante una situación en que los alcaldes dicen: "Yo no quiero estar obligado por ley a incorporar en la planta a los profesores a contrata, en la medida en que se produzcan vacantes dejadas por aquellos que se retiran". Puede haber diversas consideraciones; tal vez los ediles deseen tener mayor discrecionalidad a la hora de elegir; quizás quieran hacer o no los concursos.

Sin embargo, el problema de fondo es otro: son los recursos involucrados, y tiene que ver con cómo se encuentra diseñado el sistema educacional público chileno.

En esta ciudad, no hace poco, se quiso cerrar cuatro escuelas: la Eleuterio Ramírez, la Federico Albert, la Diego Portales y la David Ben Gurión. ¿Y por qué razón? El Alcalde Castro -que recién estuvo acá para el homenaje al señor Urenda- fue cándido. ¿Qué dijo? "No tengo plata para pagar los costos fijos de esos establecimientos por cuanto se me han ido alumnos. A mí me pagan la subvención por la asistencia -ni siquiera por la matrícula-, y como a principio de año contrato el número de profesores, tanto de planta como a contrata, para hacer frente al número inicial de matriculados, si se me van los alumnos, yo quedo igual. ¿Con qué? Con un costo fijo que no puedo pagar. Entonces, la solución es cerrar las escuelas".

Por lo tanto, el tema de fondo es si eso es lo que queremos o no.

Yo valoro -lo digo responsablemente- la intervención del Senador Hernán Larraín, que explica su parecer desde el punto de vista constitucional. Señala que el asunto es opinable, pero da una argumentación. ¿Pero qué termina expresando? Que acá hay un problema de fondo que resolver. Y le pide al Ministro Larroulet -presente hasta hace poco en la Sala- que por favor el Gobierno haga algo al respecto.

Fíjense que el Senador Hernán Larraín piensa eso. Escucho al Senador Chahuán -por su intermedio, señor Presidente-, con un discurso muy claro, yo diría que apelando mucho a los sentimientos y hablando bastante en primera persona, de lo que se ha trabajado en esta materia en la región. Y veo que todos están de acuerdo.

No obstante, yo pido, ¿saben qué -y no lo digo por usted, Senador Hernán Larraín, sino por otros-?, un mínimo de coherencia y no de populismo. Porque hoy se rasgan vestiduras por los profesores en este ámbito, pero, cuando hablamos de terminar con el lucro, "no se escucha, padre"; cuando hablamos de terminar con el copago, de ese lado "no se escucha, padre".

Por su intermedio, señor Presidente, me refiero, entre otros, al Senador Chahuán. Y lo digo derechamente. Porque acá no me costaría nada dirigirme a Alfonso, a Guido o a Andrés, a quienes también conozco, para quedar bien con un grupo. Aquí el tema de fondo es que hay visiones distintas. Como indicó el Senador Navarro, esta es una definición ideológica del tipo de sociedad que queremos. Ideología con mayúscula. Ese es el punto.

Y es legítimo que discutamos. Los partidarios del lucro tienen un buen argumento, a juicio de ellos: que alguien bien estimulado se va a preocupar de conseguir mejores profesores, mejor infraestructura, para que los apoderados estén contentos de enviar a sus hijos a esos colegios y paguen las lucas que se necesitan; y, si queda un excedente, se lo mete al bolsillo.

Es una manera de verlo, solamente que yo no la comparto, entre otras cosas porque no resulta. Hoy los establecimientos con fines de lucro no exhiben mejor rendimiento que los municipales. Cuando limpiamos la muestra de los exámenes del SIMCE -entre otras cosas, Senador Navarro, por la selección, que es otro tema-, cuando se excluye a los alumnos vulnerables, que son los que explican el rendimiento escolar, este es el mismo o peor en aquellos.

Es un aspecto de fondo.

Aquí no cuesta nada venir a decir: "Sí, estamos con los profesores; que se legisle al respecto". ¿Y qué pasó con la deuda histórica?

A mi Gobierno -el anterior-, se le hizo un paro por la deuda histórica, incentivado por personas que han guardado silencio durante cuatro años. No paso juicio ni al Gobierno ni a los profesores de esa oportunidad.

¿Y qué ha ocurrido estos cuatro años? ¡Nada! ¿Dónde está la mesa de diálogo que prometió el Presidente Piñera? En un debate televisivo -lo tengo acá-, Sebastián Piñera reconoció la deuda histórica y se comprometió a instalar una mesa de trabajo con los profesores para resolver el problema que afecta a más de 80 mil docentes.

Le fui a preguntar al Senador Chahuán que cómo iba el quehacer de la mesa. ¡Nunca se instaló!

Estamos a pocos meses de una elección. Yo espero que se oigan claras las voces respecto a promesas incumplidas. Yo tuve una diferencia en cuanto a cómo se trató y se abordó ese tema en su oportunidad -lo he hablado con los mismos profesores que están acá-, por la señal, a mi juicio poco apropiada -para ser recatado con mis palabras-, que se dio en noviembre de aquel año.

No ha pasado nada y la misma virulencia y fuerza que se advirtieron en esa ocasión -también lo digo con mucho respeto a quienes nos acompañan hoy día- no se han repetido ahora.

El tema es otro: la educación.

Cuando el año pasado discutimos el Presupuesto -no estoy hablando de entelequias-, con mucho esfuerzo conseguimos un fondo de -rochen- 175 millones de dólares para la gestión de la educación pública. Costó harto. Y se logró gracias a la Oposición, que se lo exigió al Gobierno. Pero aquí no ha habido una preferencia por lo público.

Entonces, a aquellos que rasgan vestiduras por los profesores no los veo con la misma fuerza a la hora de decir: "Sí, opto preferentemente por lo público". No solo porque exista un subsidio igualito para el público e igualito para el privado en relación con el copago. Ahí está la diferencia y la injusticia.

Por lo tanto, es bueno decir "Apoyo a los profesores a contrata", pero no es suficiente si se deja todo el resto de la ecuación fuera del paquete. Y eso es lo que genera un desencuentro, porque entonces se cae en el populismo; en el populismo fácil, que no cuesta nada. Y uno tiene que hacerse cargo de sus palabras.

Si tengo suerte, yo y muchos chilenos tal vez seamos gobierno en el futuro, por lo que deberemos enfrentar varios de estos temas. Lo tengo claro. Pero no van a encontrar ni una declaración mía, en estos cuatro años, que se pueda volver en mi contra. ¡Ninguna! Porque uno debe ser responsable con lo que dice y no puede estar complaciendo a todo el mundo, todo el tiempo, en toda oportunidad.

En consecuencia, señor Presidente, con todo respeto quiero decirle a usted -ya que no puedo dirigirme a nadie más en esta Sala¿

El señor ROSSI.- "Por su intermedio", señor Senador.

El señor LAGOS.- ¡No! Ni siquiera "por su intermedio". Yo creo que está todo dicho.

Quiero señalarle que esta discusión, al final del día, no es sobre la inconstitucionalidad o no de un proyecto de ley, sino acerca del asunto de fondo, que está pendiente, sabiendo, además, que deberemos enfrentar otros temas que no son del agrado de muchos, pero creo que hay que ser consecuentes.

A mi juicio, vamos a tener que pensar en una carrera funcionaria que les haga justicia a los profesores, que les permita una buena remuneración, capacitarse, que les deje tiempo para preparar sus clases y, al mismo tiempo, que les posibilite competir sanamente entre ellos. Una buena carrera funcionaria no puede estar basada exclusivamente en los años de servicio, porque la juventud que ingresa, los pedagogos jóvenes que yo conozco, también quieren tener la oportunidad de ascender. Y por eso debe existir un sistema adecuado, tal vez no para que rija hoy día, sino mañana, pero que signifique un mejoramiento para el profesorado, en todo sentido, lo cual implica, ciertamente, mejores evaluaciones docentes, más competencia, mayor transparencia. ¡Si todo tiene un costo! No obstante, venir a concentrarse solamente en el tema de las contratas y a partir de ahí ser amigo de los "profes" no es suficiente.

Quiero decirle, señor Presidente, que solucionarles el problema de las contratas ayuda, pero no es suficiente.

Gracias.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, en esta ocasión estamos convocados para pronunciarnos sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de una moción.

Quiero partir por saludar a quienes nos acompañan en las tribunas y reconocer que es la segunda vez que deben venir, puesto que la anterior no pudieron ser escuchados, y, en verdad, no nos fue posible atenderlos como correspondía.

Reconozco, además, que se han preocupado: se han reunido con las bancadas; han presentado documentos; han concurrido a la Comisión, evidentemente defendiendo algo con lo que yo estoy de acuerdo, y por eso desde ya anuncio mi voto negativo al informe de la Comisión de Constitución, pues considero que el proyecto sí es admisible, por todas las razones mencionadas aquí y que no está de más repetir.

En primer lugar, la inadmisibilidad sería absurda. A mí me parece que hay un tema que no hemos resuelto bien. Cuando una Cámara aprueba la admisibilidad e inicia la tramitación de una iniciativa, no resulta congruente que la otra rama legislativa se ponga a discutir su inadmisibilidad en pleno trámite legislativo. Eso significa ocasionar un daño enorme al funcionamiento del Congreso, y es el tipo de cosas que nos perjudica; en este caso concreto, a una moción presentada por varios señores Diputados.

En segundo término, se mantiene vigente una ley que ya existe: la N° 19.648. Por eso, la inadmisibilidad resultaría menos entendible todavía.

Además, no se crea un nuevo empleo rentado, sino que solo se altera la condición de este; es decir, se otorga la titularidad a aquellos que lleven más de tres años a contrata.

Por lo tanto, si no hay gasto, si no se crean nuevos empleos, si además el proyecto fue votado y aprobado en la Cámara de Diputados, es inentendible que nosotros -el Senado, la otra Cámara- nos pongamos a revisarlo y encima declaremos su inadmisibilidad. No lo comparto.

Igualmente, dos informes de profesores de Derecho avalan la admisibilidad.

Y fuera de eso, subyacente, está el problema de fondo. Porque, claro, debemos pronunciarnos sobre la admisibilidad. Pero la cuestión de fondo es inescapable -la estamos sintiendo y se halla presente-: quiénes queremos fortalecer la educación pública y quiénes deseamos que ella tenga las mejores condiciones para su desarrollo.

Ahora, para aquellos que pensamos que hay que fortalecer la educación pública y que hemos de generarle las mejores condiciones, entre otras cosas, es impensable seguir manteniendo el sistema actual. Este, lamentablemente, segrega, excluye, permite el lucro. Pero, aparte eso, no ha sido capaz de resolver incluso la deuda histórica que se mantiene con los profesores.

Además, precisamos más exigencias -lo comparto-, incluso para iniciar la carrera docente, para entrar a ella.

Si uno mira el caso de Finlandia, piensa claramente en los tremendos requerimientos que tiene a aquel respecto. Pero, como contrapartida, ¿qué entrega? Todas las posibilidades para el desarrollo del profesor: capacitación; disposición de horas de trabajo a los efectos de preparar las clases, y junto con ello, dignidad en el cargo y estabilidad en el empleo, con una remuneración adecuada.

¡Nada de aquello estamos haciendo, señor Presidente!

Entonces, queremos más exigencias -como decía, lo comparto- para el ingreso (porque se trata nada menos que de los encargados de la enseñanza de los jóvenes que desean educarse), pero no somos capaces de resolver los problemas que aquejan a los docentes.

Ahora, si hay una situación que tendría que preocuparnos es la vinculada con la estabilidad laboral.

¡Qué angustioso y frustrante debe de ser pasar años y años a contrata, sin poder conseguir la titularidad! ¡Eso se contradice con lo más elemental de un sistema de educación!

Agreguemos a aquello el lucro, que aquí se ha recordado (quizás sería bueno que nos pronunciáramos sobre el particular). Y, por supuesto, quienes consideramos necesario fortalecer la educación pública no podemos estar con el lucro, además con fondos públicos (esta es otra contradicción), ni tampoco con el copago, porque discrimina.

En nuestro concepto, señor Presidente, en esta materia ha habido muchos mitos. Porque, hechos rigurosamente los balances y los análisis, no es tan evidente que uno pueda decir que los resultados finales de la educación pública versus la particular subvencionada arrojan una gran diferencia de calidad. En todo caso, nosotros queremos para todos los alumnos de nuestro país, sin excepción, la mejor calidad.

Entonces, tras la revisión de cada aspecto, ha llegado la hora de abordar el problema de fondo.

A mi entender, tal como se sigue desarrollando, la educación municipalizada no da para mucho más.

Temo que el proyecto del Ejecutivo es bastante malo y que no hay ninguna solución. Es una situación que se heredará y que deberá ser resuelta por quienes pensamos que vamos a tener un nuevo Gobierno. Y habremos de abordarla con seriedad, con una mirada de país, pero, por sobre todo, pensando en qué estamos diciendo cuando hablamos de educación pública fortalecida; cuando señalamos que hoy no podemos garantizarles calidad a todos; cuando nos referimos al tremendo valor de la libertad de educación. Porque ahora la libertad es de bolsillo, pues no todos pueden darse el lujo de decir: "Yo voy a escoger el lugar donde quiero estudiar".

Además, pienso que ese no es el razonamiento adecuado.

Creo que la integración es uno de los valores más valiosos que podemos tener, versus la segregación y la exclusión. Si hay algo que les puede hacer bien a los alumnos es compartir, particularmente cuando no todos exhiben la misma procedencia. Porque ahora tenemos los sistemas privado-privado, al que va un grupo selecto; particular subvencionado, y público. Y, en mi concepto, eso nos ha hecho un tremendo daño como país.

Hemos de pensar en cómo vamos a dignificar la labor docente, en qué estamos haciendo con nuestros profesores.

Al mismo tiempo, tenemos que decir la verdad: la educación municipal, atendidas su gestión y su situación actual, no da para más. Y deberemos abordar el problema con mucha seriedad y con una mirada de largo alcance. Será menester pensar en los muchos años que vienen, en qué entendemos realmente por una buena educación pública, de calidad, laica, no excluyente, no segregadora, valores universales que tenemos derecho a defender y que debieran concitar el respaldo del conjunto de nosotros o por lo menos de la mayoría.

Por todas esas razones, categóricamente emito mi voto en contra, pues estoy por la admisibilidad de la moción que presentaron diversos Diputados.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, los profesores de la educación municipal se rigen por el Estatuto Docente y, supletoriamente, por las normas del Código del Trabajo. De hecho, sus contratos se rigen por las disposiciones de este último.

El artículo 159 del referido Código señala que el contrato de plazo fijo se transforma en indefinido cuando, llegada la fecha establecida para su término, el trabajador continúa prestando servicios para el empleador con su conocimiento.

También el contrato de plazo fijo se transforma en indefinido por ministerio de la ley cuando se renueva por segunda vez, cualquiera que sea el plazo dispuesto para su término, por cuanto la ley solo permite renovar un contrato de plazo fijo una vez para que siga teniendo tal característica.

Por último, el mismo precepto establece que se presumirá legalmente que un trabajador ha sido contratado por duración indefinida cuando ha prestado servicios discontinuos en virtud de dos contratos a plazo durante doce meses o más en un período de quince meses.

Señor Presidente, la pregunta es por qué a lo largo del tiempo los respectivos directores o directoras del Trabajo, en el caso de los profesores municipalizados, no han hecho cumplir esa disposición, pese a hallarse plenamente vigente.

Yo no veo ninguna razón por la que los profesores tengan que estar cada 31 de diciembre pendientes de si se les renueva o no su contrato, en circunstancias de que los contratos de todos quienes cumplan los requisitos que señalé, en mi opinión, debieran ser indefinidos y no de plazo fijo.

Dicho eso, señor Presidente, quiero referirme también al debate que hoy nos ocupa, que dice relación con la admisibilidad o inadmisibilidad de la moción que se ha explicitado.

El informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia contiene, a mi juicio, suficientes elementos y hace un análisis bastante pormenorizado de las distintas normas que debieran aplicarse. Sin embargo, no comparto la conclusión.

Efectivamente, en el referido documento se dice que este tipo de proyectos de ley debieran ser de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, en cumplimiento del artículo 65, número 4°, de nuestra Constitución Política.

Se sostiene que a partir de 1997 ya no serían de iniciativa exclusiva del Primer Mandatario, sino que deberían quedar entregados única y exclusivamente a la decisión que tome el alcalde con su concejo municipal, porque la facultad de crear empleos municipales está radicada en los municipios.

Se sostiene, asimismo, que para que rija la modificación constitucional del año 1997 es preciso primero modificar la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Entonces, señor Presidente, tenemos normas constitucionales que, después de 13 años de vigencia, no resuelven un problema real, un problema concreto de nuestros profesores.

En mi opinión, la inacción de los distintos gobiernos a lo largo del tiempo no puede terminar perjudicando a los maestros que están en calidad de contrata, más aún cuando hay otras normas legales -como el ya citado artículo 159 del Código del Trabajo- que, en mi concepto, favorecen ampliamente lo que los profesores vienen demandando y que se pretende resolver mediante la moción en comento.

Frente a las dudas constitucionales -por supuesto, enteramente legítimas- y a la contraposición de normas legales, es evidente que la decisión debe terminar siendo política.

Todos los legisladores, transversalmente, siempre hemos reconocido primero en la educación la llave maestra para el ascenso social; reconocemos que sin los profesores no es posible una educación de mejor calidad, y permanentemente expresamos que tenemos admiración, respeto y cariño por ellos y por la labor docente.

Por eso, señor Presidente, me nace en este momento el convencimiento de que la moción que se nos propone debe ser declarada admisible y tiene que seguir su curso legislativo; de que el Ejecutivo ha de hacerse parte de ella, y de que debemos solucionar el problema de fondo que afecta a la educación municipal.

No se entendería de otra manera, pues la inestabilidad termina perjudicando -como lo han dicho varios de quienes me antecedieron en el uso de la palabra- la calidad de la enseñanza, con la que todos nosotros estamos profunda y sinceramente comprometidos.

En consecuencia, porque tenemos que hacer realidad lo que decimos en el discurso, el reconocimiento a nuestros profesores, yo voto "no", de modo que el proyecto siga su curso. Creo que es perfectamente admisible, como lo fue la moción que se convirtió en la actual ley N° 19.643.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.

--Se rechaza el informe de la Comisión de Constitución y, por ende, se declara la admisibilidad del proyecto (27 votos negativos, 4 afirmativos y 3 pareos).

Votaron por la negativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, Frei (don Eduardo), García, Girardi, Horvath, Lagos, Muñoz Aburto, Navarro, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).

Votaron por la afirmativa los señores Espina, Larraín (don Hernán), Novoa y Orpis.

No votaron, por estar pareados, los señores Gómez, Kuschel y Letelier.

--(Aplausos y manifestaciones en tribunas).

El señor PIZARRO (Presidente).- Ruego guardar silencio.

En consecuencia¿

--(Aplausos y manifestaciones en tribunas).

¡Por favor!

En consecuencia, al rechazarse el informe de la Comisión de Constitución y establecerse la admisibilidad del proyecto, este seguirá su tramitación normal en la Comisión de Educación.

Antes de seguir con el Orden del Día, le concederé la palabra al Ministro señor Larroulet.

--(Manifestaciones en tribunas).

¡Por favor! Si quieren, hagan las manifestaciones afuera. Nosotros debemos seguir con la sesión.

--(Manifestaciones en tribunas).

Ruego guardar silencio.

Gracias a todos los profesores de la Quinta Región.

Señor Ministro, tiene la palabra.

El señor LARROULET (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, en nombre del Poder Ejecutivo, encontrando perfectamente válido el debate de fondo¿

--(Manifestaciones en tribunas).

El señor PIZARRO (Presidente).- Prosiga, señor Ministro.

El señor LARROULET (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, en nombre del Ejecutivo, y señalando la importancia que para él revisten los profesores de Chile en el cumplimiento del rol fundamental de formar a nuestros niños y jóvenes, quiero expresar que es también responsabilidad del Gobierno velar por el correcto cumplimiento de las normas consagradas en la Constitución Política.

En tal sentido, desde nuestra perspectiva, el proyecto en cuestión no cumple las disposiciones fundamentales consignadas expresamente en el inciso tercero y en los números 2° y 4° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta.

Todas estas normas se refieren de forma explícita a materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, dado que tienen que ver con gasto, con administración de personal municipal y con creación de nuevas plantas.

Hemos escuchado el debate. Entonces, atendida la responsabilidad que como colegislador le corresponde al Poder Ejecutivo, debo puntualizar que se trata de materias de iniciativa exclusiva del Jefe del Estado.

En la Comisión de Educación se discutirá el fondo del proyecto. El Ejecutivo, por supuesto, está disponible para ello. Sin embargo, no puede dejar de hacer presente lo que manifesté.

Gracias, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- A continuación, tiene la palabra el Honorable señor Chahuán, quien se sintió aludido durante la fundamentación de voto de un señor Senador.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, solo quiero señalar que no me parecen justas las expresiones que usó el colega Lagos, al argumentar a favor de la moción pertinente, para referirse a los términos en que lo hicimos los restantes Senadores.

Fue el parlamentario que habla quien, cuando integraba la Cámara Baja, encabezó, junto con el Diputado Rodrigo González, la lucha por el pago de la deuda histórica con el magisterio. Logramos la formación de una Comisión Especial Investigadora; cuantificamos el número de afectados: 98 mil personas a lo largo del país; generamos consenso en esa instancia a los efectos de determinar el monto de la mencionada deuda; avanzamos en la búsqueda de una solución con el Colegio de Profesores, y, cuando el informe de dicha Comisión fue aprobado por unanimidad en la Sala de la Cámara de Diputados, le pedimos al Gobierno de la entonces Presidenta Bachelet que manifestara su voluntad política en el sentido de pagar la deuda histórica.

En dicha Administración no hubo voluntad para pagar. Y tampoco ha habido en la actual.

Con varios Senadores presentes en este Hemiciclo -los señores Navarro, Hernán Larraín y Prokurica; la señora Lily Pérez, y otros- hemos luchado para lograr el cumplimiento de la palabra empeñada en una comisión de diálogo constituida para la resolución de la deuda histórica con los profesores.

Igualmente, con los Senadores Hernán Larraín y Prokurica apoyamos al magisterio en términos de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hemos buscado fórmulas para que el Ejecutivo cumpla la palabra empeñada. Sin embargo, hasta ahora el Gobierno del Presidente Piñera está al debe en materia de deuda histórica con el magisterio.

Pero eso no es responsabilidad del parlamentario que habla, quien se ha jugado a concho por aquello.

Ahora, en las cuestiones en que hemos obtenido resultados favorables (por ejemplo, en el bono poslaboral) no he visto al señor Lagos.

El señor PIZARRO (Presidente).- Diríjase a la Mesa, Su Señoría. Si no, va a caer en el mismo problema que motivó su intervención.

El señor CHAHUÁN.- Y tampoco lo he visto en los asuntos en que hemos estado trabajando últimamente; por ejemplo, en el recién debatido.

He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, no quisiera dejar pasar las palabras del señor Ministro, porque se registra cierta contradicción.

Estoy muy de acuerdo con que el Senador señor Hernán Larraín llamara al Gobierno a asumir el asunto y usar su iniciativa.

Mas el señor Ministro, después de aseverar que escuchó el debate con mucha atención, ha expresado que el texto es inconstitucional, inadmisible. No precisó si acaso va a recurrir o no al Tribunal Constitucional, lo que habría sido bueno que aclarara aquí, en la Sala, en plena sesión. Planteó algo mucho más contradictorio: que va a seguir el debate en la Comisión de Educación a fin de que el proyecto sea despachado.

Lo que le diría al señor Ministro es que le transmita al Presidente de la República lo expuesto en la discusión, en la que actores transversales, de un sector o de otro, han planteado no solo la admisibilidad de la iniciativa, aspecto sobre el cual cabría discutir, sino también la justicia de que la cuestión sea resuelta.

Entonces, espero que el Gobierno tome una decisión clara y puntualice si acaso el texto es inadmisible y va a recurrir al Tribunal Constitucional; pero no puede anunciarnos que irá a la Comisión de Educación con miras al trámite del proyecto, sin mediar su iniciativa.

Y el Primer Mandatario debiera tomar nota del debate, así como lo hizo el Presidente Frei Ruiz-Tagle, en su tiempo, con el anterior cuerpo legal, a cuyo proyecto se le dio curso y se aprobó, pero no pasó al Tribunal Constitucional.

Es preciso que tengamos claridad respecto de qué hará el Gobierno. ¿Presentará un recurso al Tribunal Constitucional o se tramitará el texto y lo respaldará, para solucionar la dificultad?

Aquí hemos escuchado encendidas intervenciones. La última del Honorable señor Chahuán fue muy clara en el sentido de que se requiere que el Ejecutivo use su iniciativa.

Les pido a los parlamentarios de Gobierno intervenir ante el Presidente de la República para convencerlo de que es necesario resolver el problema y no tanto discutir si acaso es admisible o inadmisible la norma que intentamos aprobar.

Gracias.

El señor PIZARRO (Presidente).- Ojalá que el señor Ministro haya escuchado atentamente sus sensatas palabras, señor Senador.

Terminado el Orden del Día.

Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.

--Se levantó a las 20:2.

Manuel Ocaña Vergara,

Jefe de la Redacción