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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 361ª
Sesión 49ª, en martes 27 de agosto de 2013
Ordinaria
(De 16:21 a 19:44)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES JORGE PIZARRO SOTO, PRESIDENTE;
JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, VICEPRESIDENTE,
Y ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Larraín Peña, Carlos
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedan, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau; de Educación, señora Carolina Schmidt Zaldívar, y de Agricultura, señor Luis Mayol Bouchon. Asimismo, se encontraba presente el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, señor Felipe Martín Cuadrado.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor PIZARRO (Presidente).- Las actas de las sesiones 47ª y 48ª, ordinarias, en 13 y 14 de agosto del presente año, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor PIZARRO (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Tres de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para el despacho del proyecto de ley que establece penas para la fabricación, tenencia, transporte, comercialización y utilización de "hilo curado" (boletín Nº 8.579-25).
Con los dos siguientes retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", respecto de las iniciativas que se enuncian a continuación:

1.- Proyecto que regula derechos sobre obtenciones vegetales y deroga la ley N° 19.342 (boletín N° 6.355-01).

2.- Proyecto de ley que modifica aspectos previsionales de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile (boletín Nº 8.643-02).

3.- Proyecto de ley que establece normas sobre la actividad de lobby (boletín N° 6.189-06).

4.- Proyecto que modifica la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, a fin de limitar la prohibición de ingreso a la Administración Pública (boletín N° 8.520-06).

5.- Proyecto de ley que modifica el sistema privado de salud incorporando un plan garantizado (boletín N° 8.105-11).

6.- Proyecto de ley en materia de sanciones a vehículos impedidos de efectuar transporte público y de escolares (boletín N° 7.815-15).

7.- Proyecto de ley que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones (boletín N° 8.034-15).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficio
De Su Excelencia el Presidente de la República, con el que comunica su ausencia del territorio nacional los días 14 y 15 del mes en curso, en visita oficial a la ciudad de Asunción, República del Paraguay, para asistir al cambio de mando presidencial.
Informa además de la subrogación durante su ausencia, con el título de Vicepresidente de la República, por el Ministro titular de la Cartera del Interior y Seguridad Pública, señor Andrés Chadwick Piñera.
--Se toma conocimiento.
Cuatro de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero informa que aprobó, con las enmiendas que señala, el proyecto de ley que establece normas sobre la actividad de lobby (boletín N° 6.189-06) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Con el segundo comunica que aprobó el proyecto que modifica la ley N° 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, para facilitar la administración de copropiedades y la presentación de proyectos de mejoramiento o ampliación de condominios de viviendas sociales (boletín N° 8.232-14) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
Con los dos últimos informa que dio su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado a los siguientes proyectos de ley:

1.- El que crea y regula los registros nacionales de inspectores técnicos de obra (ITO) y de revisores de proyectos de cálculo estructural; modifica normas legales para garantizar la calidad de construcciones, y agiliza las solicitudes ante las direcciones de obras municipales (boletín Nº 8.139-14).

2.- El que crea la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, fortalece el rol de la Superintendencia de Seguridad Social y actualiza sus atribuciones y funciones (boletín N° 7.829-13).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos junto con sus antecedentes.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Envía copia autorizada de las sentencias definitivas pronunciadas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad acerca de los preceptos que se enuncian a continuación:

1.- Artículos 5°, inciso segundo, y 21°, N° 1, letra b), de la ley N° 20.285, cuyo artículo primero contiene el texto de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado.

2.- Artículo 8°, inciso cuarto, de la ley N° 19.640, de 1999, Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

3.- Artículo 3°, letra a), del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de las normas sobre el sistema único de prestaciones familiares, contenido en el decreto ley N° 307, de 1974.

4.- Artículos 29 del decreto ley N° 211, de 1973, sobre defensa de la libre competencia, y 385 del Código de Procedimiento Civil.
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos.
Del señor Ministro del Interior y Seguridad Pública:
Da contestación a solicitud de antecedentes, remitida en nombre del Senador señor Cantero, sobre materias expuestas por la organización Makenu Re'o Rapa Nui en una presentación a Su Excelencia el Presidente de la República.
Del señor Ministro de Obras Públicas:
Responde solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor Patricio Walker, respecto a iniciativas de inversión en obras de defensa o de canalización en el cauce del río Ibáñez, comuna del mismo nombre, Región de Aysén.
Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo:
Contesta consulta, enviada en nombre del Senador señor Navarro, relativa a expropiaciones requeridas para construir el acceso al puente Chacabuco, en el sector Aurora de Chile, comuna de Concepción.
Del señor Subsecretario para las Fuerzas Armadas:
Responde solicitud de información, hecha en nombre del Senador señor Ignacio Walker, sobre presentación suscrita por conscriptos que cumplieron su servicio militar en el lapso del 11 de septiembre de 1973 al 11 de marzo de 1990.
Del señor Secretario General de Carabineros de Chile:
Atiende solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor Uriarte, acerca del número de efectivos destinados a fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Tránsito y a proteger establecimientos educacionales en la Región de Coquimbo.
Da contestación a solicitud de antecedentes, remitida en nombre del Senador señor Navarro, respecto del retraso anunciado en la construcción de nuevas comisarías de Carabineros en las comunas de Penco, Lota y Chillán.
De la señora Directora Nacional (s) del Servicio Nacional del Adulto Mayor:
Da respuesta a solicitud de explicaciones, remitida en nombre de la Senadora señora Allende, respecto del motivo por el que Su Señoría no fue invitada a la cuenta pública participativa de la Coordinación Regional de aquel servicio en la Región de Atacama, actividad realizada el día 26 de julio último.
Del señor Superintendente de Servicios Sanitarios (s):
Atiende petición, formulada en nombre del Senador señor Uriarte, respecto al funcionamiento del emisario de la comuna de Coquimbo.
Del señor Superintendente del Medio Ambiente (s):
Remite respuesta a petición de antecedentes, efectuada en nombre del Senador señor Navarro, respecto al resultado de las fiscalizaciones al relleno sanitario Ecobío, en la comuna de Chillán, practicadas por la Secretaría Regional Ministerial competente.
Del señor Intendente del Biobío:
Acusa recibo de la transcripción del planteamiento expuesto por el Senador señor Navarro, remitida en nombre de Su Señoría, acerca de las demandas de los recolectores de basura para mejorar sus condiciones laborales.
Del señor Director del Servicio Nacional de Geología y Minería de la Región de Atacama:
Remite informe de la inspección técnica de un inmueble ubicado en la comuna de Tierra Amarilla y copias del Catastro de Faenas Mineras de aquella comuna, en formatos digital e impreso, antecedentes, ambos, requeridos en nombre de la Senadora señora Allende.
Del señor Director del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Atacama:
Contesta solicitudes de información, cursadas en nombre de la Senadora señora Allende, relativas a las siguientes materias:

1.- Recontratación de obras de construcción de los conjuntos habitacionales Escorial I y Escorial II, en la comuna de Tierra Amarilla.

2.- Construcción de las viviendas sociales en sitio residente, que componen el Programa Fondo Solidario de Vivienda, para la comuna de Caldera.
Del señor Secretario Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de La Araucanía:
Absuelve consulta, enviada en nombre del Senador señor García, relativa al impedimento que ha significado para la pavimentación del pasaje Manuel Antonio Matta, ubicado en la ciudad de Villarrica, la pretensión de propiedad en aquel bien nacional de uso público invocada por un particular.
Del señor Presidente de la Red de Universidades Públicas no Estatales G 9:
Remite ejemplar del documento programático "El G 9 y sus propuestas para la Educación Superior en Chile".
De la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago:
Informa que el Ministro señor Juan Escobar Zepeda ha asumido como nuevo Presidente de ese tribunal, hasta completar el plazo establecido en el inciso primero del artículo 57 del Código Orgánico de Tribunales.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.290, de Tránsito, y sus modificaciones posteriores, en sus artículos 196 y 197, referidos al delito de manejo en estado de ebriedad causando lesiones gravísimas o con resultado de muerte (boletín Nº 8.813-15) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, a fin de limitar la prohibición de ingreso a la Administración Pública (boletín N° 8.520-06) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que implementa la Convención de La Haya que suprime la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros (Convención de la Apostilla), adoptada el 5 de octubre de 1961 en La Haya, Países Bajos (boletín Nº 8.556-10) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que reconoce el derecho a la identidad de género y le da protección (boletín N° 8.924-07).
--Quedan para tabla.
Proyecto de acuerdo
Del Senador señor Chahuán, con el que solicita a Su Excelencia el Presidente de la República que evalúe la factibilidad de disminuir la contaminación ambiental mediante un régimen legal de tributación que grave la producción e importación de envases de plástico no retornables para uso en cualquier clase de bebidas, con excepción de aquellos que contengan productos lácteos o medicamentos (boletín N° S 1.601-12).
--Queda para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria respectiva.
Declaración de inadmisibilidad
Moción de los Senadores señores Prokurica, Frei, Gómez, Horvath y Orpis, con la que proponen un proyecto de ley que establece un sistema de capitalización plurianual para la Corporación Nacional del Cobre de Chile.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, conforme lo disponen el inciso tercero y el número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política.
Solicitud
Del señor Fernando Ulloa Castillo, para recabar del Senado que dé lugar a la admisión de acciones judiciales en contra del Ministro de Defensa Nacional, señor Rodrigo Hinzpeter Kirberg, de conformidad con lo dispuesto en el N° 2) del artículo 53 de la Constitución Política de la República (boletín Nº S 1.600-02).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la Cuenta.
Para referirse a la Cuenta, tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, los miembros de la Comisión de Minería y Energía presentamos un proyecto de ley que establece un sistema de capitalización plurianual para CODELCO-Chile, el cual acaba de ser declarado inadmisible.
Pido recabar la unanimidad del Senado a fin de oficiar al Ejecutivo requiriendo su patrocinio.

El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
--Así se acuerda.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, un grupo de parlamentarios presentamos un proyecto para modificar la Ley de Rentas Municipales en materia de patentes para operar máquinas de destreza o entretenimiento.
La Mesa resolvió enviar dicha iniciativa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Queremos pedir que pase a la Comisión de Economía.

El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Habría acuerdo?

El señor TUMA.- Sí.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, corresponde que trate el referido proyecto la Comisión de Gobierno, que ha visto todo lo relacionado con la legislación de casinos.
En mi concepto, debería enviarse a la Comisión de Gobierno y a la de Economía.

El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, pasaría primero a la Comisión de Gobierno y después a la de Economía.

El señor SABAG.- Eso es.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, esa iniciativa no tiene nada que ver con los casinos. En general, dice relación con el comercio.
Por esa razón, creemos conveniente que lo estudie la Comisión de Economía.
La Comisión de Gobierno tiene competencia cuando se trata de aspectos regulados por la Ley de Casinos. Pero no es el caso. La iniciativa en comento se refiere a las máquinas de juego que se hallan en el comercio.
Desde ese punto de vista, considero que el trámite debe tener lugar en la Comisión de Economía.

El señor PIZARRO (Presidente).- Si no hubiera unanimidad, someteríamos el asunto a votación.
Senador señor Sabag, ¿acepta usted que la iniciativa se remita a la Comisión de Economía?

El señor SABAG.- Sí, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- Entonces, así se acordará.
--El proyecto pasa a la Comisión de Economía.
El señor TUMA.- ¡Muy bien!
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El señor PIZARRO (Presidente).- Respecto a la Cuenta, puede intervenir la Senadora señora Alvear.

La señora ALVEAR.- Señor Presidente, solicito la apertura de un plazo breve, hasta las 18 de hoy, para presentar indicaciones al proyecto que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos (boletín N° 8.207-07).

El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Le parece a la Sala?
--Así se acuerda.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Antes de pasar a los acuerdos de Comités, quiero saludar a mis coterráneos que se encuentran en las tribunas. Pertenecen a la Escuela El Crisol, de Ovalle, y vienen invitados por el Honorable señor Uriarte.
¡Bienvenidos al Senado!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor PIZARRO (Presidente).- Asimismo, saludo a los representantes de diversos medios de comunicación de las provincias de Linares y de Cauquenes que nos visitan tras ser invitados por la Honorable señora Rincón.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
También se halla presente en las tribunas un grupo de funcionarios del INDAP, quienes deberán esperar hasta que discutamos el proyecto que les interesa.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).


ACUERDOS DE COMITÉS

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Los Comités, en sesión de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- Tratar en la sesión ordinaria de hoy, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de ley signado en la tabla con el número 7, esto es, el que les otorga a los funcionarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) condiciones especiales para la bonificación por retiro voluntario, por el período que indica, y otros incentivos al retiro.

2.- Tratar en el segundo, tercer y cuarto lugares del Orden del Día de esta sesión los proyectos que figuran en la tabla con los números 2, 6 y 4, o sea, respectivamente, el que modifica la ley N° 18.450 con el fin de fomentar la inversión privada en obras de riego o drenaje comprendidas en proyectos integrales y de uso múltiple cuyo costo supere las 30.000 unidades de fomento; el relativo a administración de fondos de terceros y carteras individuales, y el que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones.

3.- Abrir un nuevo plazo, hasta las 18 de hoy, para presentar indicaciones al proyecto que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos con el fin de promover la interconexión de sistemas eléctricos independientes.

4.- Ampliar el plazo para presentar indicaciones al proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y leyes complementarias para establecer un sistema de aportes al espacio público aplicable a los proyectos de construcción: hasta las 12 del lunes 7 de octubre, en la Secretaría del Senado.

5.- En cuanto al proyecto que incorpora a los funcionarios judiciales en la ley N° 19.296, remitirlo a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y no a la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento como se dispuso en su oportunidad.

6.- Incluir en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana el veto presidencial recaído en el proyecto de ley sobre procedimiento para otorgar concesiones eléctricas, siempre que sea despachado por la Honorable Cámara de Diputados, omitiéndose el trámite de Comisión; y en el segundo lugar, el proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito y sus modificaciones posteriores, en sus artículos 196 y 197, referidos al delito de manejo en estado de ebriedad causando lesiones gravísimas o con resultado de muerte.

7.- Rendir homenaje en la sesión ordinaria del miércoles 4 de septiembre, a las 18:30, a la Biblioteca Nacional con motivo de la conmemoración de los 200 años de su fundación.
8.- Incluir en el Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana el asunto signado con el número 1 en la tabla de hoy, esto es, el proyecto que legisla en materia de sanciones a vehículos impedidos de efectuar transporte público y de escolares.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, en función del acuerdo político que suscribimos aquí, en el Senado, y al objeto de cerrar el capítulo en materia energética, considero importante que el veto presidencial recaído en el proyecto sobre procedimiento para otorgar concesiones eléctricas lo analicemos y despachemos junto con el relativo a las energías renovables no convencionales, pues están absolutamente ligados.

El señor PIZARRO (Presidente).- Eso es efectivo, señor Senador.
El señor Ministro nos informó que le colocará "discusión inmediata" a la iniciativa sobre energías renovables no convencionales a efectos de que la despachemos con prontitud. No será mañana, pero sí, a más tardar, la próxima semana.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Para referirse a los acuerdos de Comités, tiene la palabra la Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.- No voy a referirme a los acuerdos de Comités, señor Presidente. Tan solo quiero pedir que se amplíen los plazos para presentar indicaciones, primero, al proyecto de ley sobre seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de los trabajadores independientes, y segundo, a la iniciativa concerniente a incorporación en el Código del Trabajo del contrato de teleoperadores.

El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Hasta cuándo, Su Señoría?

La señora RINCÓN.- En el primer caso, hasta el 9 de septiembre, y en el segundo, hasta el 30 del mismo mes.

El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Accede la Sala a lo solicitado por la Senadora señora Rincón?
--Se aprueban ambas peticiones de ampliación de plazo para formular indicaciones.

La señora RINCÓN.- Gracias.
V. ORDEN DEL DÍA



CONDICIONES ESPECIALES PARA RETIRO VOLUNTARIO DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO


El señor PIZARRO (Presidente).- Tal como informó el señor Secretario, en el primer lugar del Orden del Día corresponde tratar, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga a los funcionarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) condiciones especiales para la bonificación por retiro voluntario, por el período que indica, y otros incentivos al retiro, con informes de las Comisiones de Agricultura y de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8815-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 38ª, en 3 de julio de 2013.
Informes de Comisión:
Agricultura: sesión 47ª, en 13 de agosto de 2013.
Hacienda: sesión 47ª, en 13 de agosto de 2013.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El principal objetivo de esta iniciativa es establecer condiciones especiales para conceder un incentivo al retiro voluntario de los funcionarios de planta y de contrata del Instituto de Desarrollo Agropecuario, y otorgar una bonificación adicional, ambos beneficios con carácter transitorio, ajustando las condiciones a la ley N° 19.882, que regula una nueva política de personal para los funcionarios públicos.
Cabe hacer presente que con fecha 3 de julio de 2013 la Sala del Senado dispuso que el proyecto fuera analizado por la Comisión de Agricultura y por la de Hacienda.
La Comisión de Agricultura discutió el proyecto solo en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Rincón y señores Coloma, García y Hernán Larraín.
Luego de ello, la iniciativa pasó a la Comisión de Hacienda, que la analizó en general y en particular, en virtud del acuerdo adoptado por la Sala con fecha 30 de julio.
Dicho órgano técnico aprobó el proyecto en general y en particular en los mismos términos en que lo despachó la Comisión de Agricultura, y lo hizo por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Escalona, Lagos, Kuschel y Zaldívar.
El texto que se propone aprobar se trascribe en las páginas 14 a 17 del informe de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general el proyecto.

Pidió la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Solo para informar, señor Presidente.
Como dijo el señor Secretario, la Comisión de Hacienda aprobó la iniciativa por la unanimidad de sus miembros presentes.
En realidad, este proyecto es repetición de otros sobre la misma materia. No hay que abundar mucho al respecto.
Los funcionarios del INDAP nos manifestaron que negociaron y llegaron al acuerdo consistente en el otorgamiento de una indemnización por retiro voluntario a las mujeres de más de 60 años y a los hombres de sobre 65, de acuerdo con las condiciones que se consignan en las disposiciones legales pertinentes.
Se concede primero la bonificación que establece la ley N° 19.882, consistente en un mes por año, con tope de once meses; pero, además, se dispone una bonificación adicional de 395 unidades de fomento para los afiliados al tipo de previsión del decreto ley N° 3.500 -o sea, al sistema de administradoras de fondos de pensiones-, más un bono complementario, también contemplado en la ley N° 19.882.
El mayor gasto que importa el proyecto se financiará con cargo a recursos del propio INDAP. En consecuencia, no constituye otro cargo para el Presupuesto.
Por las razones expuestas, hemos creído que las normas en examen hacen justicia y vienen a llenar un vacío en lo relacionado con la posibilidad de retiro del personal de la Administración Pública, puesto que, como sabemos, estos trabajadores, por el daño previsional, sufren un deterioro muy grande en sus ingresos, muchas veces, cuando acceden a sus pensiones. Mas deseo llamar la atención, una vez más, de que la iniciativa es solo una solución parcial del problema.
Estimo que procede, entonces, el despacho del proyecto por la Sala -y ello, con urgencia- para hacer justicia en este caso.
Gracias.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.

El señor TUMA.- Seré muy breve, señor Presidente, sabiendo que el asunto tiene que discutirse como si fuera de Fácil Despacho.
Solo haré hincapié en que otra vez, ahora con los funcionarios del INDAP, estamos mitigando la situación de desmedro en que quedan los trabajadores cuando se acogen a una pensión en el régimen de administradoras de fondos de pensiones. La palabra "júbilo" significa "alegría", sentimiento que nadie experimenta -más bien embarga la tristeza- cuando el ingreso se reduce a la mitad o a menos al "jubilar" conforme al decreto ley N° 3.500.
Ello confirma, una vez más, que el sistema previsional no puede continuar en los mismos términos; que no se trata de un mecanismo que reviste la calidad de tal. En realidad, constituye un ahorro forzoso para que las administradoras y las empresas vinculadas a ellas sigan generando recursos en favor de las primeras y no de los trabajadores, porque, a la hora de las pensiones, se reciben montos miserables.
El bono viene a ratificar que nadie se retira sin el aliciente que el beneficio implica. Chile es el único país en el mundo con un régimen previsional en el que es preciso crear un incentivo para que los funcionarios dejen de trabajar. Estamos obligados a terminar con un sistema que también es único en el mundo, por lo demás, al pagarse para perder la plata propia.
Gracias.
--(Aplausos en tribunas).

El señor PIZARRO (Presidente).- Le pido al público asistente no hacer ningún tipo de manifestaciones, ni a favor ni en contra de una posición.
Puede intervenir el Senador señor Hernán Larraín.
Recuerdo que el proyecto en debate ha de tratarse como si fuera de Fácil Despacho. Hay varios inscritos.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, he sido uno de los que han querido apurar el trámite de la iniciativa, porque sabemos lo importante que es para el personal del INDAP. Hemos estado en contacto con quien encabeza a esos trabajadores, el que precisamente nos ha requerido para realizar todas las gestiones necesarias a fin de adelantar con rapidez en la materia.
El texto en estudio resulta muy favorable. Ha sido elaborado, con bastante consenso, entre los directivos del organismo y los distintos sindicatos y funcionarios. En consecuencia, en la Comisión de Agricultura lo aprobamos con mucho entusiasmo -creo que, al manifestarlo, represento a todos sus integrantes-, porque estimamos que es un buen ejemplo de cómo avanzar para resolver problemas que sabemos delicados.
Sin embargo, tengo que admitir que recién -hace pocos minutos- me han informado que en la Cámara se introdujo una disposición que tiene todo el perfume de ser inconstitucional, de ser inadmisible. En efecto, en el artículo segundo transitorio se agregó que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la ley "durante los años 2013, 2014 y 2015" se financiará con los recursos del Presupuesto vigente del Instituto de Desarrollo Agropecuario, en circunstancias de que el proyecto original decía "durante el presente año", sin hacer referencia a 2014 y 2015.
Si ello es así y una indicación parlamentaria hizo extensivo el gasto fiscal a los años siguientes, enfrentamos un problema. Quiero ser muy riguroso al respecto, porque hacemos el esfuerzo de lograr la mayor coherencia posible en la aplicación de la Carta.
Estamos frente a un antecedente que no fue observado en nuestra Comisión -no sé si en la de Hacienda ocurrió lo contrario-, en cuanto al origen de la norma. Dimos por sentado que esta provenía del Ejecutivo.
Por mi parte, mantengo mi aprobación al proyecto, pero me veo en la obligación de dejar constancia del hecho.

El señor PIZARRO (Presidente).- En votación.
--(Durante la votación).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, no cabe duda de que esta es una iniciativa anhelada por los trabajadores del INDAP y que viene a hacerles justicia para un retiro menguado, pero que les favorece, evidentemente.
El propósito del proyecto es establecer condiciones especiales para conceder un incentivo al retiro voluntario de funcionarios de planta y a contrata del Instituto de Desarrollo Agropecuario y otorgar una bonificación adicional, ambos beneficios de carácter transitorio, ajustándose a las condiciones de la ley N° 19.882, que regula nueva política de personal a funcionarios públicos que indica.
Para ello, el Gobierno suscribió un protocolo de acuerdo con las asociaciones de funcionarios, en noviembre recién pasado, sobre las condiciones de retiro. La propuesta considera una bonificación con un máximo de 11 meses, igual para hombres y mujeres, y nuevos plazos para presentar la renuncia, fijándose tres períodos durante los años 2013 y 2014, conforme al cumplimiento de las edades exigidas. El límite máximo de remuneración por considerar para el cálculo de la bonificación será de 100 unidades de fomento, es decir, casi dos millones 300 mil pesos.
Adicionalmente, se concede una bonificación de cargo fiscal, ascendente a 395 unidades de fomento -es decir, unos 9 millones de pesos-, a los funcionarios de planta y a contrata que perciban la bonificación por retiro de la ley N° 19.882; que a la fecha de la renuncia registren 20 o más años de servicio, y que estén afiliados al sistema de previsión del decreto ley N° 3.500, de 1980.
Por último, el proyecto dispone la cancelación de 10 unidades de fomento por cada año adicional sobre los 40 años de servicio para el personal de planta y a contrata que renuncie voluntariamente a sus cargos y perciba la bonificación por retiro de la ley N° 19.882.
El costo total de la iniciativa es de cerca de cuatro millones de dólares e implicaría a más o menos 266 trabajadores.
Deseo consignar que, por nuestras actividades relacionadas con campesinos pequeños y medianos, hemos mantenido una relación muy estrecha con todos los funcionarios del INDAP. Sabemos de la abnegada labor que estos han desarrollado para orientarlos, y creemos que el nivel de vida de los más modestos se ha levantado con las indicaciones que les han dado en forma permanente.
Por eso, me alegra acoger el proyecto. Pero una vez más quiero resaltar en el Congreso que algunas personas se irán con 40 años de servicio y que si recibirán 18 millones o 20 millones de pesos, al sumarlo todo, será mucho. Cabe observar el contraste con el hecho de que trabajadores del cobre, solo por concepto de término de conflicto -se trata de un período de dos años-, obtienen 20 millones o 25 millones de pesos. Aquí los funcionarios del INDAP hasta nos aplauden cuando estamos dando nuestra aprobación a un beneficio muy menguado y que es, por supuesto, lo que puede darles el Estado en estos momentos.
Gracias.

El señor PIZARRO (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, seré muy breve.
Deseo valorar la iniciativa que nos ocupa. He escuchado algunas apreciaciones previas en las que, junto con votarse a favor, se plantea una serie de objeciones respecto del significado del texto. Por lo menos, quiero ser positivo.
En la Comisión de Agricultura, que me tocó presidir el año pasado, recibimos en muchas ocasiones a dirigentes de los trabajadores del INDAP, al representante del Gobierno, cuando se buscaba una fórmula de solución en orden a generar incentivos especiales para el retiro voluntario. Sé que también se ha trabajado en otras instancias, pero lo valioso es que ello aquí ocurrió, tal como todos fuimos testigos en el órgano técnico, en un ambiente y un escenario de labor conjunta que habla muy bien de la institución.
Me permito felicitar por lo que han hecho al respecto el Ministerio de Agricultura y el Director del INDAP, señor Ricardo Ariztía.
Los dirigentes, en nombre de los trabajadores, buscaron fórmulas que no parecían fáciles en un momento determinado, pero que obviamente van a permitir una mayor dignificación de la persona que ha dedicado muchos años de su vida al organismo y se encuentra en condiciones de retirarse.
Así que mi intervención, señor Presidente, es para valorar lo que se ha hecho; para generar un espíritu de mayor optimismo ante un conjunto de intervenciones más bien pesimistas o trágicas que, de repente, tienden a manifestarse en este tipo de proyectos.
Ojalá que lo mismo que se está haciendo por el INDAP se pueda ampliar en el ámbito de la agricultura, donde observo que mucha gente ha realizado esfuerzos durante mucho tiempo y no siempre con buenas condiciones de retiro.
Con entusiasmo, voto a favor.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, estamos ante aquello a lo cual han hecho referencia los señores Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra: lo que en estos últimos años se denomina "incentivo al retiro" y que no es más que un mea culpa de un Estado que sigue siendo uno de los peores empleadores, si no el peor.
Una mujer o un hombre que han trabajado más de 20, 25, 30 años en el sistema público terminan, como usted y todo el país bien lo saben -y, lo que es peor, como lo viven los propios funcionarios-, con pensiones de 190 mil, de 240 mil o de 280 mil pesos, cuando mucho.
El promedio de las que obtienen las mujeres bordea más o menos 111 mil o 115 mil pesos, en tanto que el de las que reciben los hombres es de 127 mil.
¡Chile es una fábrica de pobreza! Y estamos fabricando pobreza, desgraciadamente, en el caso de quienes le han entregado toda una vida de trabajo al Estado.
Hoy, las mujeres y los hombres del INDAP no son la excepción. Ellos han venido acá a escuchar cada una de las intervenciones, a conocer nuestro pronunciamiento, y nosotros, con angustia, tenemos que reiterarles que estamos obligados a votar lo que no queremos. En efecto, estamos obligados a votar lo que mal se denomina "incentivo al retiro" y que es el gran mea culpa -repito- de un Estado que, si no lo aporta, finalmente dejaría en absoluta pobreza a quienes han dado toda una vida de trabajo al servicio público.
Este ya es un cuento sobre el cual tenemos que pronunciarnos permanentemente. No tenemos atribuciones para poder hacer algo distinto. Vemos que la gente se va con 10 millones, 15 millones, 20 millones de pesos, lo que a simple vista puede parecer una enorme cantidad de dinero, pero que, como consecuencia de enfermedades, o de estudios de hijos, o de la ampliación de la casa, o de darse un gusto al final de los días, se agota muy rápidamente. Y lo que queda es la pensión, respecto de la cual hemos venido reclamando insistentemente que no supera 180 mil, 190 mil, 220 mil, 240 mil pesos mensuales.
Pienso que es hora de que el Estado entienda, señor Presidente, que cada uno de los bonos que les ha dado a los trabajadores en la vida productiva tiene que ser imponible. Es preciso reconocer que los Gobiernos, cada vez que han de negociar la jubilación de quienes han dado muchos años de su vida a la función pública, llegan al vicio eterno de lo que se disfraza con el nombre de "incentivo al retiro". Insisto en que aquel que nos ocupa no es tal, sino el mea culpa que el Estado tiene que hacer por entregar una pésima jubilación al final de la vida laboral de estos funcionarios.
Voy a votar a favor, pero haciendo esta profunda crítica, la cual, en definitiva, no recoge ningún Gobierno. Considero que hoy día esta gente, por mucha felicidad que experimente, tiene que entender que dio demasiado y recibió muy poco a cambio.
He dicho.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, he aprobado el proyecto, porque así me lo pidieron los funcionarios del INDAP de la Región de La Araucanía, en especial sus dirigentes gremiales. Y lo hicieron, entre otras razones, porque durante estos últimos meses muchos de ellos lo han pasado muy mal como consecuencia de tomas de oficinas y de situaciones difíciles que han tenido que enfrentar con algunos beneficiarios de programas del organismo.
La iniciativa les hace justicia a dichos trabajadores, particularmente este año, cuando están celebrando los cincuenta años de tan importante servicio público.
Sin embargo, no nos engañemos. A mi juicio, una cosa son las modificaciones que le podamos hacer al sistema previsional, y otra, el incentivo al retiro. Soy de los que creen que siempre tiene que existir este último, porque, más allá del sistema previsional, es enteramente justo, legítimo, que las personas, cuando llegan al término de sus respectivas carreras funcionarias, reciban un beneficio económico con el cual retirarse. Ello, por supuesto, sin perjuicio también de obtenerse una buena pensión. Pero los recursos de que se trata permiten hacer muchas cosas: quizás adquirir una vivienda, a lo mejor pagar aranceles universitarios, en fin, así como también, sin duda, que cada funcionario, en conjunto con su familia, tome decisiones con miras a una vida mucho más tranquila.
Por último, señor Presidente, no cabe olvidar que el antiguo sistema previsional quebró. Y estimo justo tener presentes todas las consideraciones en la materia cuando formulamos críticas, porque a partir del estudio serio que podamos hacer de las dificultades del régimen actual será mucho más verdadero y concienzudo nuestro análisis, así como también todos los aspectos en que estemos de acuerdo con relación a las modificaciones y mejoras que tengamos que introducir.
Gracias.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señor Presidente, tal como lo hice en la Comisión de Hacienda, ciertamente aprobaré el proyecto de ley, sobre la base de todas las razones que han expuesto mis colegas.
Solo expresaré una breve reflexión a partir de lo que han señalado algunos de ellos.
Me parece que lo que estamos haciendo hoy acá -y lo hemos llevado a cabo en repetidas oportunidades, con distintos funcionarios del sector público- viene a reflejar de cuerpo entero que nuestro sistema registra en alguna parte una falencia, porque disponemos un incentivo al retiro que incluso conlleva elementos de permanencia en el tiempo. No solo se otorga de una vez un bono, sino que también se establece un pequeño suple, si se quiere, a una jubilación relativamente baja. Entonces, la pregunta es qué queda de un régimen en el que, como lo planteaba el Senador señor Tuma, la gente prefiere seguir trabajando si no le dan el bono. Esa es la tesis, en alguna medida.
Pero lo subyacente es más grave: lo que estamos haciendo es reconocer que, en un sistema en el cual los trabajadores han contribuido en forma permanente -aquí no hay lagunas previsionales, prácticamente: en muchos casos, se ha estado imponiendo por 15, 20...

La señora ALLENDE.- ¡Y más!

El señor LAGOS.- ¿ o 30 años de manera consecutiva, con un descuento mensual por planilla- la pensión, desde el punto de vista de la tasa de remplazo, es ridícula por lo baja.
Y lo otro -lo digo sin ningún ánimo de ofender a nadie, ya que, por el contrario, ¡qué bueno que podamos dar una ayuda!- es que son privilegiados, entre grandes comillas, los que pueden contar con una ley que va a permitirles suplementar en algo una jubilación magra, ya que el resto de los trabajadores no conoce ni incentivos al retiro, ni bonos, ni mitigación, ni 50 lucas al mes. ¡Nada!
Lo que hacemos acá, en el fondo -no digo que para callado, porque la ley es pública, mas con bien poca información para el resto de los chilenos-, es que a un sector de personas que han trabajado, que han recibido una remuneración, que han impuesto permanentemente, que no registran lagunas previsionales, que están al día en todos sus pagos, les manifestamos que la pensión que obtendrán es tan baja, que recurrimos a la martingala del incentivo al retiro para suplementarla en algo.
En consecuencia, ello importa un diagnóstico claro: ¡qué le queda al resto de los trabajadores, que no cuentan con un empleo permanente, que no han podido imponer durante 20 o 25 años de manera corrida! Y no estamos haciendo referencia a remuneraciones particularmente bajas. Muchas de estas son razonables. Podrían ser superiores, obviamente. Pero, comparadas con las de otros chilenos, son mejores. No se trata de decir que estos funcionarios son privilegiados. Sin embargo, aquí podemos hacer una diferencia a partir de la martingala. Y lo que está de por medio es un sistema de financiamiento que requiere, a lo menos, ser repensado.
Creo que hará falta ver mayor expresión ciudadana, tal vez más elecciones presidenciales para que los chilenos vayan incorporando los temas en la agenda. Se puso el de la educación; quedó instalado, y se ha asociado a una tremenda reforma tributaria y, quizás, a una importante y sustantiva reforma de la Constitución para llevar adelante muchos de estos cambios. Me parece que el tema de las pensiones y el energético serán los problemas que deberemos enfrentar en los próximos ocho o diez años con la mayor seriedad posible.
Hoy nos encontramos ante una mitigación. Me alegro de que podamos entregarla. Lo hemos hecho respecto de muchos funcionarios del sector público, incluidos los de la salud. ¿Pero a quiénes les otorgamos estas bonificaciones? A todos los que están asociados al aparato público. A la mayoría de los chilenos, que no trabajan en él, a los emprendedores, como les gusta llamarlos a algunos, los dejamos caer y no les damos ni bonos, ni incentivo al retiro, ni mitigación, ni nada, y decimos que el sistema funciona.
Todos sabemos, en la parte de atrás de nuestras cabezas, que tenemos un problema serio en esta materia. Y es cuestión de tiempo el que debamos abordarlo como corresponde. Pero cuando uno deja pasar el tiempo las soluciones a veces son más extremas y tal vez no las óptimas, como consecuencia de la irresponsabilidad de haber mirado para el techo un rato largo.
Gracias.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, a propósito de mirar para el techo -como menciona el Senador Lagos-, creo que efectivamente este incentivo es bastante limitado. No constituye un gran estímulo para abandonar la función activa que se lleva adelante en el Ministerio de Agricultura, en el Instituto de Desarrollo Agropecuario, e irse a una vida placentera, porque es plata que se acaba pronto.
Pienso que el Senador Tuma tiene toda la razón cuando vincula este tema con el daño previsional. Aquí efectivamente lo hay. Estos trabajadores fueron engañados en su momento. Se les impulsó a cambiarse a un sistema que no garantiza pensiones dignas. Y, por lo tanto, permanentemente debemos suplir con este tipo de instrumentos e incentivos a distintas áreas de la Administración Pública. Porque está claro que en el mundo privado -no en todos lados; el Senador Sabag mencionaba muy bien el caso de la minería- no se entregan incentivos como este. Muchos trabajadores del sector privado jubilan en muy precarias condiciones, similares a las que poseen hasta este minuto los trabajadores de INDAP.
Uno de pronto se extraña de que nunca hayamos tenido a los funcionarios de las Fuerzas Armadas en una discusión de este tipo. Y es porque cuentan con un sistema distinto. El de los funcionarios de esas instituciones no tiene uno sino muchos incentivos como este. Y se retiran no a los treinta o cuarenta años, sino a los veinte años de servicio. Entonces, tampoco es pareja la situación para todos los empleados del sector público. Porque dentro de este sector se encuentran los efectivos de las Fuerzas Armadas, que son funcionarios públicos, que pertenecen a todos los chilenos, pero que poseen un tratamiento absolutamente privilegiado.
Por supuesto, vamos a aprobar la iniciativa.
Yo represento a una región donde el INDAP es muy importante, donde los trabajadores la pasan mal, no sé si -como señaló el Senador García- porque a veces les toman las oficinas. Yo creo que la pasan mal porque durante toda su carrera profesional, de técnicos, de administrativos, de funcionarios, deben recorrer largas distancias. Son pocos los que trabajan en una oficina. En este último tiempo lo están haciendo bajo la nieve en muchos lugares de La Araucanía, en Lonquimay, en Curarrehue, en Melipeuco, bajo el frío, en condiciones muy adversas.
Me parece que ese es el tema central. Aquí tenemos trabajadores mal pagados, que jubilan en pésimas condiciones, pero que, aparte, se desempeñan en condiciones muy desfavorables durante todo su ejercicio laboral.
Considero que en alguna medida este incentivo viene a hacer justicia a funcionarios a los que, además, vamos permanentemente recargando de programas. Y sé que ellos los asumen con profesionalismo y dedicación, pues se trata de programas beneficiosos para aquellos a quienes les han destinado la vida: el mundo del campesinado.
Creo que constituye una gran noticia este incentivo. Es un paliativo. Y lo aprobamos con gusto.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, ya lo han señalado mis colegas. Este es un proyecto que se ha negociado entre los funcionarios y el Ejecutivo.
Solo quiero reiterar una idea que se repite a lo largo del tiempo. La mencionaba el Senador Tuma. Tratamos de ir paliando una realidad que se ha instalado en nuestro país, que tiene que ver con la diferencia en las pensiones de nuestros trabajadores del sector público.
Recuerdo que esta materia la discutimos con intensidad cuando analizamos la extensión del posnatal: la diferencia entre lo que los funcionarios ganan realmente y su renta imponible. Ahí existe una brecha que no se logra cubrir y que genera, al final de la vida laboral, una discrepancia que afecta a todos los trabajadores entre lo que ganan en su período activo y lo que reciben de pensión -no de jubilación, sino de pensión-. Pero en el caso de los trabajadores del sector público esto es aún peor, porque la cotización se realiza sobre una renta distinta de la que ellos perciben. Este es un problema que no logramos resolver en el Estado y que dice relación con la calidad de las remuneraciones, con la forma en que se impone y cómo al final del día esto perjudica a hombres y mujeres del sector público, aunque en el caso de estas últimas la situación es aún más dramática.
Por ello, reconociendo el valor de esta iniciativa y el que los trabajadores y el Ejecutivo hayan llegado a un acuerdo satisfactorio, dejo constancia de que se repite una vez más algo que no es nuevo, que se ha visto en otras normativas de esta misma naturaleza, y que nos negamos a reconocer con una legislación que regule la forma en que el Estado remunera a sus trabajadores.
Dejo planteado el asunto a propósito de este proyecto de ley, junto con la necesidad de abordarlo en la Comisión que preside el Senador Tuma, que está analizando todo el tema de las pensiones en nuestro país, en el cual debe haber una mirada especial hacia los trabajadores del sector público.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, seré breve, pues creo que será bastante claro el apoyo unánime que brindaremos a este acuerdo alcanzado entre los trabajadores y el Gobierno.
Sin embargo, quiero reiterar lo que se ha señalado profusamente en el sentido de que esta no es la primera vez que debemos aprobar iniciativas de este tipo. ¿Hasta cuándo tendremos que seguir arrastrando un sistema que es extraordinariamente injusto? Incluso en el caso de los trabajadores del sector público, que no han tenido lagunas previsionales, es tan bajo lo que van a recibir luego de toda su carrera funcionaria, que lo que se prometió -una tasa de reemplazo cercana al 70 por ciento- es de una total falsedad.
Esta situación no da para más. Espero que la Comisión que preside el Senador Tuma haga propuestas concretas. Y me asiste la convicción de que un próximo Gobierno se tendrá que hacer cargo del asunto. Porque -repito- no da para más este sistema, donde seguimos y seguimos arrastrando jubilaciones o pensiones que son del todo inadecuadas y que resultan extraordinariamente injustas para gente que por años se ha entregado con vocación al servicio público, no siempre con buenas remuneraciones y sí con bastante sacrificio y muchas veces siendo maltratada verbalmente o sin que se reconozca su trabajo.
Lo queremos decir de una vez por todas: el actual sistema no da para más y queremos un cambio profundo, que tenemos claro que no se producirá en este Gobierno, sino en el siguiente.
Pero deseo dejar constancia de que estar haciendo estos suplementos -en hora buena que sean con acuerdo-, un poco por la ventana, para tratar de paliar en parte el nivel de pensión que resulta al final de más de treinta años de entrega al servicio público nos parece completamente inadecuado.
Tengo la convicción de que esto tiene que cambiar. Y esperamos que así sea.
Voto a favor.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, en primer lugar, manifiesto mi pronunciamiento favorable. Creo que este acuerdo es justo, razonable, y corresponde a lo que se ha venido haciendo con los distintos sectores de la Administración Pública.
En segundo término, culpar al sistema previsional de esta situación me parece una falacia. Si hay que buscar responsabilidades, muchas veces lo debemos hacer entre nosotros mismos. La cantidad de proyectos sobre entrega de bonos o de aumentos no imponibles que ha aprobado este Congreso explican por qué la situación previsional de los funcionarios públicos es desastrosa. Y esa es una responsabilidad que tenemos que asumir.
Durante varios años hemos manifestado -y muchas veces hemos votado en contra por eso- que los bonos, bonificaciones o aumentos que se entregan con carácter de no imponibles son pan para hoy y hambre para mañana. De manera que venir ahora a rasgar vestiduras en circunstancias de que se ha sido partícipe de esa forma de remunerar a los funcionarios del sector público me parece algo inadecuado.
En tercer lugar, estimo razonable modificar algunos aspectos del sistema previsional. Se fijó un monto imponible que a lo mejor ahora debiéramos subir. Porque, si establecemos por ley que las cotizaciones previsionales tienen un tope, después no reclamemos si la pensión obtenida no es equivalente al último ingreso del trabajador, pues nosotros mismos fijamos ese tope.
Debemos considerar también que cuando se crearon las administradoras de fondos de pensiones, hace ya treinta años -creo-, las expectativas de vida eran bastante más bajas que las actuales.
Por lo tanto, hay que reformular completamente nuestro sistema previsional.
Por otra parte, quisiera hacerme cargo de un punto que se ha tocado acá, pues, a mi modo de ver, vale la pena dejar claramente establecido lo siguiente a su respecto.
El artículo segundo transitorio del proyecto original señalaba que el mayor gasto fiscal que representara la aplicación de esta ley durante el año 2013 sería de cargo del presupuesto del INDAP y que, para la parte que no se pudiera financiar con esos recursos, se suplementaría con la Partida Tesoro Público.
Mediante una indicación parlamentaria, la Cámara agregó que en los años 2014 y 2015 pasaría lo mismo. Y uno podría pensar que hay ahí una inconstitucionalidad en la iniciativa, pero en realidad estimo que solo se trata de una mala forma de legislar, porque el mayor gasto se halla establecido en los artículos permanentes de la ley. ¿Y por qué se debió poner una norma transitoria para el 2013? Porque la ley no estaba vigente cuando se aprobó el Presupuesto para este año. ¿Qué va a pasar el 2014 y el 2015? Al aprobarse una ley que obliga a ello, los Presupuestos para esos años deberán hacerse cargo de tal obligación. Pero hacer extensiva su aplicación a dichos períodos, por iniciativa de un parlamentario, en realidad es una técnica defectuosa, una norma innecesaria. Sin embargo, yo no pararía la tramitación del proyecto por eso, que es un tecnicismo.
Así que quiero dejar muy claro que la modificación planteada por un Honorable señor Diputado no implica mayor gasto, ni tampoco intervenir en la administración financiera del Estado, ambos asuntos reservados al Poder Ejecutivo. Sencillamente, es un planteamiento que no debió haberse hecho.
Por lo tanto, pediría despachar el proyecto lo antes posible, porque en definitiva no hay, a mi juicio, una norma que adolezca de inconstitucionalidad. Y por lo menos que quede claro el espíritu de todos nosotros en el sentido de entender que no existe, en ese caso, un mayor gasto que obedezca a una iniciativa parlamentaria, materia reservada, como acabo de decir, a la competencia exclusiva del Poder Ejecutivo.
Gracias.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- ¡Estará el espíritu de todos nosotros...!
No hay más inscritos.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (32 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).


El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, yo había planteado el tema de la inconstitucionalidad.
He estado revisando el asunto, porque lamentablemente me llegó recién esta inquietud y no había tenido mucho tiempo para estudiarla, y creo que lo planteado por el Senador Jovino Novoa resuelve la cuestión que advertimos al conocer que el artículo segundo transitorio había sido modificado en la forma en que se había hecho.
Y, en verdad, la explicación que se ha dado ayuda a entender que, si bien se trata de una norma innecesaria, no cambia el compromiso de gasto fiscal que venía en el proyecto. Porque, así no lo dijera, se subentiende que en los años siguientes -incluso más allá del 2015-, cuando haya que cumplir este compromiso, aquello que falte del presupuesto propio del INDAP necesariamente tendrá que suplementarse con la Ley de Presupuestos.
En consecuencia, no hay un incremento del gasto propiamente tal, sino, en definitiva, una norma que no se debió haber presentado y que en cualquier caso no cambia el fondo de lo asignado.
Por eso, en el interés de avanzar rápido con este proyecto -en lo cual estoy de acuerdo-, no voy a formular indicación y, por tanto, pido que se dé por despachado desde ya.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Me está solicitando la palabra el Senador señor Zaldívar, pero no quiero abrir debate sobre el punto.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- No es para abrir debate, señor Presidente, sino para reafirmar el argumento de que la norma modificada es innecesaria y redundante, porque, de acuerdo con la normativa legal existente, en toda Ley de Presupuestos, año a año, tienen que adicionarse los recursos determinados por leyes permanentes. Y esta va a ser una ley permanente. Por lo tanto, en los próximos Presupuestos deberán contemplarse los recursos indispensables para financiar el gasto establecido en ella.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Atendido lo anterior, solicito a la Sala dar por aprobada la iniciativa también en particular, con la misma votación.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
--Se aprueba en particular el proyecto (32 votos).
--(Aplausos en tribunas).




FOMENTO A INVERSIÓN PRIVADA EN OBRAS DE RIEGO O DRENAJE COMPRENDIDAS EN PROYECTOS INTEGRALES Y DE USO MÚLTIPLE


El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Conforme a lo acordado por los Comités, corresponde poner en discusión el proyecto de ley, iniciado en mensaje del Presidente de la República, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.450 con el fin de fomentar la inversión privada en obras de riego o drenaje comprendidas en proyectos integrales y de uso múltiple cuyo costo supere las 30 mil unidades de fomento, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8771-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 92ª, en 8 de enero de 2013.
Informes de Comisión:
Agricultura: sesión 2ª, en 13 de marzo de 2013.
Hacienda: sesión 47ª, en 13 de agosto de 2013.
Discusión:
Sesión 8ª, en 3 de abril de 2013 (se aprueba en general).

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La iniciativa fue aprobada en general en sesión de 3 de abril de este año. No se presentaron indicaciones en el plazo fijado al efecto y el proyecto fue enviado a la Comisión de Hacienda, que debía conocerlo en particular.
Dicha Comisión hace presente que, de acuerdo a su competencia, se pronunció acerca del artículo único permanente, con sus numerales 1), 2) y 3), y sobre el artículo transitorio, en los términos en que fueron acogidos en general por el Senado.
Hace presente asimismo que, habiendo iniciado el conocimiento del proyecto, la Sala del Senado, en sesión de 17 de julio de 2013, acordó la apertura de un nuevo plazo de indicaciones, las que debían ser presentadas en su secretaría.
La Comisión de Hacienda deja constancia, para efectos reglamentarios, de que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones, y de que realizó diversas enmiendas al proyecto de ley aprobado en general, todas las cuales fueron aprobadas por unanimidad.
Cabe señalar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar lo propuesto por la Comisión.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado que en la tercera columna transcribe las modificaciones aprobadas por la Comisión de Hacienda y, en la cuarta, el texto que quedaría de aprobarse tales enmiendas.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Correspondería dar por aprobadas las normas despachadas por unanimidad en la Comisión, sin perjuicio de ceder la palabra a quienes me la están solicitando para fundar el voto.

Puede intervenir, en primer lugar, el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, seguramente los medianos y los grandes agricultores van a estar muy atentos al despacho de este proyecto, que significa aprobar recursos muy significativos para que el Estado pueda bonificar y subsidiar un instrumento tan importante para los agricultores como es el riego.
Sin embargo, me preguntaba si ese esfuerzo lo hará también el Estado respecto de la gran cantidad de pequeños agricultores, campesinos y mapuches que tanto requieren un poco de agua, que a veces es solo para tomar, ya que mucho menos disponen de ella para el riego. Y en este proyecto estamos incrementando sumas siderales para favorecer a determinados sectores. Es cierto que estos necesitan el líquido elemento, pues constituyen un factor importante en el desarrollo productivo y exportador, pero no me parece que en esta oportunidad estemos actuando con equidad.
La más alta prioridad que deberíamos dar a las inversiones en el mundo rural y agrícola deberíamos entregarla a las carencias que afectan a las familias más desposeídas o vulnerables. Y qué duda cabe de que ellas no solamente no poseen tierras -algunas tienen media hectárea o una o dos-, ni tampoco agua. Además, aunque la tengan, no gozan de derechos de agua; y, si los poseyeran, les faltaría un proyecto.
El concurso que hace la Comisión Nacional de Riego apunta para los medianos, grandes y muy grandes propietarios. Según las cifras que vemos acá, actualmente se pueden aprobar proyectos de hasta 690 millones de pesos para un beneficiario. Y estamos modificando la iniciativa para que los colectivos obtengan una cifra del orden de los 5 mil 750 millones de pesos, tratándose de un proyecto para una comunidad agrícola o para obras de drenaje o de agua, en el supuesto de que, además, si son de riego, cuentan con los derechos de agua.
Entonces, con el articulado propuesto, se favorece especialmente a los privilegiados, quienes, además de tener las mejores tierras, van a beneficiarse ahora con una bonificación del Estado. Es decir, van a recibir apoyo del Gobierno, pero tienen que concursar con un proyecto, que se traducirá en recursos que cuesta bastante determinar, por el número de ceros que involucran.
En el caso de los colectivos, subimos de 30 mil unidades de fomento a 250 mil; de 690 millones de pesos a 5 mil 750 millones. Y, en el caso individual, el alza va de 12 mil unidades de fomento a 50 mil, sobrepasando los mil millones de pesos para un solo agricultor.
En mi opinión, este proyecto revela falta de equidad, de proporción. No se advierte la prioridad que el Estado debería tener con los agricultores más pequeños.
En la Novena Región vivimos una situación caótica no solo por la carencia de agua, sino también desde el punto de vista social, de la protesta social del pueblo mapuche. Y si consulto, me van a decir: "Es que esta plata no es para los mapuches". Claro, pero ¿cuál es el dinero para ellos? El que está en el INDAP. ¿Cuánto tiene este para proyectos de riego? Nada o muy poco.
Por supuesto, es más fácil para el Estado hacer un solo cheque de mil, 2 mil o 5 mil millones de pesos que preocuparse de atender un solo proyecto de media hectárea o muchos proyectos de ellos con la misma extensión. Eso implica más problemas. Pero el camino difícil es lo que nosotros pedimos a un Gobierno que pretende ser "el de los mejores", aunque, en verdad, vemos que no está poniendo la prioridad donde corresponde.
Me pronuncio en contra de esta iniciativa, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- Solicito la anuencia del Senado para que ingrese a la Sala el señor Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego.
--Se accede.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor MAYOL (Ministro de Agricultura).- Señor Presidente, quiero destacar que el objetivo del proyecto es justo al revés de lo que señala el Senador señor Tuma. Porque a las que se quiere privilegiar con él son, precisamente, a las organizaciones de regantes. Ellas van a tener una posibilidad de participar en las bonificaciones y subsidios que establece la iniciativa, con un incentivo mayor que el que percibe una persona natural o jurídica en forma individual.
Por eso, de 50 mil unidades de fomento hacia arriba solo pueden participar organizaciones de regantes, comunidades de aguas, juntas de accionistas, en fin.
Ese es el objetivo principal.
Además, el incentivo es decreciente de 30 mil unidades hacia arriba. Hasta 30 mil unidades de fomento pueden participar personas naturales o jurídicas, accediendo a los mismos subsidios que se tenía anteriormente. Es decir, los pequeños hasta 90 por ciento y las comunidades de agua hasta 80 por ciento. Y los grandes tienen una participación que va bajando cada vez.
Ese es, fundamentalmente, el contenido del proyecto.
También se aumenta, en el artículo 1°, el concepto de "participación", que va dirigido a aquellos proyectos multipropósito, lo que antes no estaba. Me explico: podría perfectamente ahora una comunidad de agua hacer minicentrales de paso en un pequeño canal de riego para autofinanciarse o costear sus obras. La Comisión Nacional de Riego determinó que, si en Chile usáramos los canales de regadío con esa finalidad, podríamos producir 1.400 megas. Si esto lo hicieran pequeñas comunidades de riego, podrían tener un ingreso superior.
En seguida, de 15 mil unidades de fomento hacia arriba el proyecto debe tener rentabilidad social (RS) aprobada por el Ministerio de Desarrollo Social.
Por lo tanto, esto va justo en el sentido contrario de lo señalado por el mencionado señor Senador. Va a ser muy difícil que los grandes proyectos se desarrollen o tengan subsidio en virtud de esta nueva ley.

El señor PIZARRO (Presidente).- Sugiero abrir la votación y que los señores Senadores que así lo deseen fundamenten el voto.
--Así se acuerda.

El señor PIZARRO (Presidente).- En votación.
--(Durante la votación).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona, para fundamentar el voto.

El señor ESCALONA.- Señor Presidente, quienes nos inscribimos lo hicimos pensando que íbamos a disponer del total del tiempo.

El señor PIZARRO (Presidente).- En la discusión en particular igual son cinco minutos, señor Senador.

El señor ESCALONA.- Señor Presidente, entiendo que las cantidades no son pequeñas. Estamos hablando de mil 100 millones de pesos en el caso inferior y de 5 mil 500 millones en el borde superior; es decir, de magnitudes de 10 millones de dólares, aproximadamente.
Podría parecer esa una cifra relativamente alta si la comparamos con el subsidio de la vivienda social. ¡Sin duda! Pero, no son comparables. Para garantizar el acceso al agua, en el caso de la agricultura y especialmente de la economía familiar campesina -la que me inquieta-, la inversión no es de 5, 6, 10, 15 o 20 millones de pesos. Es considerablemente mayor.
En tal sentido, en la Comisión de Hacienda voté a favor del proyecto. Porque estoy convencido de que un gran problema en el país es el desperdicio del agua. En todas las regiones hacia el sur de la Metropolitana, la mayor parte de las aguas escurren al mar y se pierden. En el caso de la Región de Los Lagos, se desperdician cerca de dos tercios; y en la del Biobío el 80 por ciento de las aguas van al mar.
Es una situación histórica lamentable de desidia de la autoridad pública en el sentido de no crear las condiciones que permitan tener el abastecimiento de agua necesario. Y eso es válido para la labor productiva y también para el consumo humano.
Deseo manifestar al señor Ministro que yo quisiera coherencia en esta política pública. Es decir, si vamos a cuidar las aguas, que así ocurra. Por ejemplo, la ciudad de Ancud -con severos problemas de abastecimiento de agua y a la cual además la autoridad pública ha empujado a autodefinirse en lo futuro como zona turística- en el verano tiene que ser abastecida con camiones aljibe.
Es decir, padece una gravísima carencia de ese vital elemento para consumo humano y, en consecuencia, las actividades productivas, industriales, turísticas, de la construcción y otras de tipo urbano no pueden funcionar sin agua. Pero sucede que se ha permitido hacer plantaciones de eucaliptos -árboles que consumen gran cantidad de agua- en el borde de la ciudad.
Eso, desde mi punto de vista, resulta ser una completa incongruencia.
Lo mismo ocurre en la Región del Biobío, donde la economía familiar campesina sufre gravísimos problemas de abastecimiento de agua, mientras la autoridad está promoviendo el crecimiento de plantaciones forestales.
Entonces, por una parte, se invierte para permitir que los pequeños y medianos productores campesinos tengan acceso al agua; pero por otra, la autoridad impulsa un desarrollo productivo completamente distorsionado que, a la postre, hará imposible el acceso al agua de esos productores.
Señor Presidente, mi reclamo a la autoridad radica en que debe haber coherencia. Porque el crecimiento completamente indiscriminado y descontrolado de plantaciones forestales imposibilita la subsistencia de la economía familiar campesina.
De manera que, a mi entender, la política pública debe ser coherente y abarcar el conjunto de los desafíos de la situación.
Estoy convencido de que no es factible explicar el mundo rural sin la economía familiar campesina. No tengo nada en contra de las empresas forestales. Estoy por que hagan un aporte al desarrollo del país y que este se consolide. Sin embargo, no es admisible imaginar el campo chileno solo con plantaciones de eucaliptos y pinos, mientras el abastecimiento, el encarecimiento de la producción y, en consecuencia, el mayor costo de los alimentos para la población de las ciudades, producen un descontrol completo.
¿Y la emigración hacia las ciudades? Los pequeños campesinos al final se ven en la obligación de vender sus predios porque no tienen alternativa. Por consiguiente, aumentan los pobres en las periferias de las ciudades y se crea un círculo sin fin, porque hay una política pública incoherente.
Comprendo que para algunos colegas estas inversiones resultan muy elevadas; que no hay otra alternativa; que son caras; que contar con agua significa que el Estado se comprometa con esta política pública. Sin embargo, reclamo que esta sea coherente y que aborde el conjunto de los desafíos a que se enfrenta el mundo rural.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, en realidad, considero que este es uno de los proyectos más importantes para el mundo rural, tanto para la agricultura familiar campesina -como plantea, con legítimo interés, el Senador señor Escalona- como para cada uno de los rincones del país que dependen del agua como elemento vital para su producción.
Me sorprende profundamente que el Senador señor Tuma anuncie su voto en contra de esta iniciativa.
Ubiquémonos en el contexto: con toda claridad, el agua es cada vez más importante en la producción agrícola y de forma extensiva. Antiguamente la zona agrícola se ubicaba entre las Regiones Cuarta y Séptima u Octava. Hoy en día la necesidad de agua o embalses llega hasta lugares mucho más lejanos.
La legislación que se pretende modificar justamente constituye un esfuerzo para que el Estado -al ser de interés común que la agricultura sea productiva- facilite la inversión en obras de mejora de regadío.
Se partió con 1.000 millones de pesos el primer año. En 2012 esa cifra aumentó a 41 mil millones de pesos, que se traducen en que miles de hectáreas pueden ahora tener mejoras significativas en materia de regadío, con especial preocupación por los pequeños productores, quienes -dicho sea de paso- constituyen la esencia de la agricultura: más del 95 por ciento de ellos en Chile tienen esa calidad.
¿De qué trata el proyecto? Específicamente, pretende innovar en la naturaleza de los beneficiados. En la actualidad, la ley permite bonificar obras pequeñas de riego hasta un límite de 30 mil unidades de fomento. Un segundo tipo de obras se pueden financiar, no mediante esta legislación, sino a través del Ministerio de Obras Públicas, por un monto de 250 mil UF hacia arriba.
Quedaban en un espacio intermedio las obras entre 30 mil y 250 mil unidades de fomento. En el fondo, no las financiaba nadie. La única forma de hacerlo era recurrir a pequeños proyectos que se repetían año tras año, para llegar a uno mediano.
Esta iniciativa se hace cargo de esa falencia al establecer un mecanismo que, en lo medular, está pensado para organizaciones de usuarios. Porque a los proyectos sobre 50 mil unidades de fomento deben postular organizaciones.
En la Comisión de Agricultura, pedimos un informe -lo tengo a mano, por si a alguien le interesa- que contiene más de 60 proyectos que podrían financiarse si se aprobara esta iniciativa. Algunos de ellos son los embalses Challahuin y Mahuidanche, que se hallan precisamente en la Novena Región, a la que hizo referencia el Senador señor Tuma. Muchos otros se encuentran en las Regiones Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima y Octava. O sea, esta normativa va a permitir que organizaciones que carecen de fondos puedan utilizar este beneficio para aplicar un sistema de canales, de arreglos de bocatoma, de infiltraciones, de telemetría o para innovar en energías renovables no convencionales vinculadas al uso del agua.
Es decir, se trata de una innovación muy positiva, pensando en el Chile grande y, dentro de este, en los pequeños agricultores. Ellos, al estar agrupados en organizaciones de canalistas o juntas, no cuentan en la actualidad con instrumentos para optar a mejoras significativas dentro de su capacidad de riego.
Quienes pertenecemos al mundo agrícola conocemos la importancia de tener buenas bocatomas -es esencial- o de revestir los canales, particularmente en zonas de sequía, para que se pierda el menor líquido posible y este sea bien utilizado.
De eso se hace cargo este proyecto de ley. Y es la razón por la cual somos enfáticos en pedir su aprobación.
Lo resuelto por la Comisión de Hacienda básicamente -aprovecho de agregarlo- fue establecer que, en la Glosa que asigne el financiamiento, se distinga entre quienes postulen a más o a menos de 15 mil unidades de fomento. Tal diferenciación me parece correcta.
Volviendo a lo principal, esta normativa favorece la agricultura; permite que el agua se use de mejor forma; ayuda a los pequeños agricultores y particularmente a las organizaciones chicas que no pueden financiar proyectos conjuntos, a que hagan más eficiente el riego.
En definitiva, señor Presidente, este proyecto ayuda a Chile.
Voto a favor.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, lo cierto es que las explicaciones del Ministro de Agricultura y del Senador señor Coloma ahorran parte muy significativa de mi intervención.
El proyecto en debate busca favorecer fundamentalmente a la pequeña y a la mediana agricultura. Y quizás confunde el pensar que se crea un nuevo tramo, entre 50 mil y 250 mil unidades de fomento, en que el Estado estaría apoyando. Si alguien no ha estudiado bien la iniciativa, podría creer que se va a ayudar a los grandes propietarios agrícolas. Por el contrario, como ha se ha dicho, esto está destinado a las organizaciones de usuarios, las cuales se encuentran integradas normalmente por miles de pequeños agricultores (esa es mi experiencia en el Maule Sur, donde cada una de estas organizaciones se compone de 3 mil, 4 mil, 5 mil pequeños agricultores). Y resulta que son ellos los que más necesitan sistemas de distribución, proyectos de riego de distinta naturaleza, obras de drenaje que les permita aprovechar el agua de una manera eficiente.
La seguridad de riego es esencial en nuestros campos.
Por lo tanto, esta iniciativa mantiene el respaldo muy significativo que se da hoy día a la pequeña y mediana agricultura, pero abre un espacio para que, sin trabajar en forma individual, se pueda laborar a través de las asociaciones de usuarios. Porque estas presentan ventajas: al encontrarse organizadas, pueden multiplicar mejor los esfuerzos y los recursos y asegurar en forma más efectiva el uso de las aguas que cada uno de los agricultores por separado.
Como decía, el proyecto sigue en la línea de lo existente. Al respecto, cabe considerar que los actuales beneficios son muy relevantes. Por ejemplo, de los programas que desarrolla la Comisión Nacional de Riego, el 91 por ciento se destina a los pequeños agricultores y el 46 por ciento de los recursos se dirige a estos beneficiarios. Los grandes agricultores hoy día reciben solo el 1 por ciento de estos fondos, lo que no llega al 30 por ciento del total de los recursos del Estado.
En consecuencia, no existe el problema de que esos dineros vayan en beneficio de los grandes agricultores, porque se mantiene la prioridad. Lo que se agrega son los usuarios.
Ahora, hay otra reflexión -aquí ya se ha insinuado- a propósito de los problemas por la falta de embalses; por la falta de un debido aprovechamiento de las aguas.
Bien se ha dicho que sobre el 80 por ciento de las aguas de los ríos van a dar al mar; no se aprovechan. Pero tenemos que ser conscientes de lo siguiente: durante 30 años casi no se avanzó en obras de embalses. No se hizo mucho, se construyeron muy pocos.
Mientras la superficie cultivada crecía y se desarrollaba la exportación de productos agrícolas, frutícolas, vitícolas, etcétera, los embalses prácticamente se mantuvieron en la misma cifra: en 20 años, según entiendo, creció en menos de 20 por ciento la capacidad de aprovechamiento de las aguas. Y los estudios sobre los que se requieren fueron realizados hace 50 años.
Así que en esta materia ha habido, en efecto, negligencia de la autoridad o del Estado.
En este Gobierno se terminó la construcción de dos embalses, iniciada en Administraciones anteriores; comenzó la de un tercero, proyectada también en Gobiernos pasados pero que no se había empezado; y lo más importante es que se han acelerado los estudios para asegurar de manera más efectiva la disponibilidad de agua.
En el caso del Maule Sur hay estudios avanzados para la construcción de tres posibles embalses en los ríos Achibueno, Longaví y Huedque, respectivamente, de la provincia de Cauquenes. Ellos, obviamente, van a incrementar la seguridad de riego en forma significativa para nuestros agricultores pequeños y medianos, fundamentalmente, porque son los que en general habitan en nuestra Región.
Por eso, me alegro de que se haya presentado esta ley en proyecto, que va a ayudar a un mejor uso de las aguas.
Sin embargo, ella no tiene sentido si no se avanza en una política de embalses. Y justamente esta es la que ha fracasado. Si a lo anterior agregamos que tal política permite asegurar ingresos por el uso de las aguas para generación, para centrales de paso, nos daremos cuenta de que su implementación posibilitará a estos agricultores, si les damos los derechos no consuntivos, realizar un buen negocio.
Sobre el particular, algunos Senadores hemos formulado una iniciativa para garantizar que cada vez que exista una obra de esta naturaleza los derechos no consuntivos queden en los pequeños agricultores, en los regantes. Eso asegurará el interés no solamente por tener obras de embalse, sino también por contar con obras de generación que vayan en beneficio de los agricultores.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Kuschel, para fundamentar su voto.

El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, deseo anunciar mi voto favorable a esta iniciativa del Gobierno, que permite fomentar la inversión privada en obras de riego y drenaje comprendidas en proyectos integrales y de uso múltiple.
Veo que aquí algunos Senadores han entendido justamente al revés la intención, el propósito de lo que se plantea: como dije, agregar el concepto de proyecto integral de riego con el objeto de usar de modo eficiente un recurso hídrico cada vez más escaso y que -cual señalaron otros colegas- muchas veces se pierde innecesariamente en el mar.
Además, se incorpora un nuevo segmento para obras de mediano tamaño, las que se definen.
Asimismo, se establece la necesidad de contar con recomendaciones favorables en materia de rentabilidad social, lo que es muy importante para la asignación de los recursos.
También se mejora la redacción de varios artículos de la normativa.
Por otro lado, se busca que exista más eficiencia en la asignación de los recursos públicos y se propende a un mayor apalancamiento de los fondos privados para la construcción de estas obras. Al respecto, se pone énfasis en la valoración -¡valoración!- de las organizaciones de usuarios y en que los dineros vayan en beneficio de las obras que se generen, estimulando así la organización de los usuarios, quienes, en el caso de mi región, en numerosas oportunidades están marginados.
Espero que, además de estimularse este tipo de obras, en la Décima Región se inicien programas para agrupar igualmente a los pequeños y medianos agricultores que no tienen cultura de riego, pero que deberán incorporarla, porque en por lo menos tres de los últimos cinco años hemos registrado un déficit de casi 25 a 30 por ciento. Este año, a pesar de las lluvias, llevamos un déficit cercano al 7 por ciento.
En definitiva, pienso que iniciativas como estas contribuyen a asegurar la capacidad alimenticia en predios de todos los tamaños, en especial de la pequeña y mediana agricultura, que es la que existe mayoritariamente en la Región de Los Lagos, donde se concentra el número más grande de propietarios agrícolas en el país.
Gracias.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, efectivamente, en la Comisión de Hacienda aprobamos este proyecto de ley por unanimidad.
El Senador Escalona ya explicó los fundamentos de lo anterior, y me parece que estos no coinciden con algunas observaciones aquí manifestadas. Ello obedece, más que nada, a falta de información, porque en la ley N° 18.450 se encuentra establecida la forma de acceder a los recursos por la vía de la Comisión Nacional de Riego.
Por cierto, no todos los que ganan los respectivos concursos pueden recibir el mismo porcentaje. En efecto, quienes desarrollan una pequeña agricultura acogida al INDAP tienen derecho a una bonificación de hasta 90 por ciento, conforme al artículo 1° de la ley N° 18.450; los que cuentan con un máximo de 40 hectáreas, solo pueden lograr el 80 por ciento, y los postulantes con más de 40 hectáreas, hasta el 70 por ciento.
Pero, a continuación, se dispone: "Hasta un dos por ciento de los recursos anuales disponibles para bonificaciones será destinado a concursos de agricultores que superen las doscientas hectáreas ponderadas de superficie".
Eso significa que existe un régimen de participación que discrimina en relación con la agricultura familiar, la pequeña agricultura, la mediana agricultura o la gran agricultura.
Ahora bien, cabe señalar que todas las obras de riego requieren muchas veces incentivos y bonificaciones. Aquí mismo se ha dicho: este país necesita más obras de riego. Y por supuesto que en mi Región se precisa un número superior de tranques para la contención de las aguas, pues sabemos que, a contar de septiembre, la mayoría de las aguas, producto del deshielo, se desplazan hasta llegar al mar, en vez de ser acumuladas para el tiempo de verano. Así, si fueran aprovechadas, se podrían suplementar hasta marzo los riegos de las tierras de mi Región. Y estimo que existe la posibilidad de construir bastantes tranques y embalses.
De otro lado, aquí se ha llamado la atención acerca de cómo es posible que se suba de 12 mil a 50 mil unidades de fomento el valor de los proyectos. Sin embargo, esto es lógico porque obras de riego de esta naturaleza necesitan mucho dinero y deben significar una ayuda para los pequeños, los medianos y los grandes agricultores. No obstante, ya sabemos que los grandes agricultores tienen la limitación de no poder participar en más del 2 por ciento de los fondos para obras de riego, mientras que el resto puede hacerlo en el 98 por ciento.
Se debe tener presente, por cierto, que se aumentó de 30 mil a 250 mil U F el costo de los proyectos. Vale decir, es bastante más grande el salto en cuanto al monto de los recursos que se establecen. Pero ello es para las comunidades de riego. Una obra de cierta magnitud que signifique regar 20, 30, 40, 50 predios, por supuesto que requiere mucho más que la construcción de una obra para regar 40, 50, 60 o 70 hectáreas.
Por lo tanto, establecer "hasta 250 mil" busca precisamente que, una vez valorizado el proyecto, se pueda llevar a cabo uno de mayor envergadura que beneficie a la comunidad de riego del lugar donde se aplique.
De otra parte, aún como prevención, junto con otros Senadores hice una proposición en la Comisión de Hacienda -fue acogida por el Ministro y quedó un texto que me parece positivo-, para evitar la discusión de si se beneficia a los pequeños, a los grandes o a los medianos agricultores.
En él se dispone que en la Partida Tesoro Público de la Ley de Presupuestos del Sector Público deberán incluirse los recursos para financiar los gastos que demande la aplicación de esta iniciativa. Y se dice que habrá dos fondos: uno para los grandes propietarios y otro para los pequeños y medianos. Esto a fin de que compitan en igualdad de condiciones: los grandes con los grandes, y los pequeños y los medianos con los de su tamaño.
Lo anterior dará mayor factibilidad a la justa distribución de los recursos, y, además, como parlamentarios, nos posibilitará determinar qué cantidad de recursos queremos destinar a uno y a otro fondo. Por tanto, cuando este año discutamos la iniciativa de Ley de Presupuestos en el Congreso Nacional tendremos que estar atentos para decidir cuánto del total queremos dejar al riego de los grandes predios y cuánto a los de los pequeños y los medianos.
Ello me lleva a aprobar la ley en proyecto, porque es necesaria para el país y para la agricultura chilena (cualquiera que sea su tamaño, pero especialmente para los pequeños y medianos agricultores, pues los grandes muchas veces disponen de sus propios medios para realizar obras), y porque limita muy bien cómo se concursa para obtener los fondos destinados al riego que operan hasta el día de hoy.
De otro lado, me parece correcto subir de 12 mil a 50 mil unidades de fomento el aporte para los proyectos intraprediales, pues eso permitirá la construcción de pequeños tranques para evitar la evasión de las aguas hacia el mar, y además, la ejecución de obras de mayor tamaño con la finalidad de beneficiar a las comunidades de regantes de determinada zona.
Por esas razones, voto con absoluta convicción a favor de la iniciativa.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, nuestra nación tiene un desafío, una meta compartida transversalmente en términos políticos: que Chile sea una potencia agroalimentaria. Y para eso nuestros campos deben producir más y mejor, a efectos de que seamos capaces de salir a conquistar los grandes mercados, como los de China e India y, en general, los asiáticos ubicados frente a nuestras costas.
Ese es un desafío país que se encuentra por sobre los gobiernos de turno.
¡Y qué duda cabe de que no podemos hablar de nuestra nación como potencia agroalimentaria si no aseguramos el agua para el riego de lo que queremos producir! La iniciativa se enmarca, precisamente, en ese objetivo, en esa misión, en ese desafío: Chile, potencia agroalimentaria.
En tal sentido, quiero destacar, por ejemplo, que su texto establece por primera vez que los gobiernos regionales estarán involucrados en los desafíos de cada región para regar más hectáreas. Ello fue incorporado por una indicación aprobada en la Comisión de Hacienda, cuyo texto señala que "Los Gobiernos Regionales, en coordinación con la Comisión Nacional de Riego, podrán celebrar convenios mandato o de programación, anuales o plurianuales, con el objeto de fomentar la inversión privada regional en obras de riego y drenaje". De esta manera, se asegurarán la mayor productividad en nuestros campos y, fundamentalmente, la existencia de fuentes de trabajo en el mundo agrícola.
Lo anterior es muy importante en una Región como La Araucanía, donde la principal actividad es la agricultura. Como esta se ve afectada frecuentemente por que llueve menos y la primavera, el verano y el otoño son cada vez más secos, tiene proyectos de construcción de embalses. No se trata de grandes edificaciones, sino de medianas y pequeñas, las cuales permitirán -como han dicho varios Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra- acumular agua durante el invierno. Es decir, que se guarden las aguas lluvias y también las provenientes de los deshielos, con el objeto de que las podamos almacenar y utilizar productivamente, al evitar que lleguen directamente al mar.
Por eso, señor Presidente, estimo que este es un gran proyecto país, que beneficia particularmente a los pequeños predios y a los trabajadores de nuestros campos. Porque en la medida que aseguramos los mercados, también aseguramos la agricultura familiar y las fuentes de trabajo de quienes laboran en el campo, que son miles.
Insisto: este es un gran proyecto país.
Voto favorablemente, pues tengo la convicción de que Chile puede llegar a ser una gran potencia alimentaria. Ello significaría el ingreso de gran cantidad de recursos y divisas al territorio, lo que haría posible cimentar aún más el progreso económico y social de nuestros compatriotas, especialmente de los que con tanto esfuerzo y sacrificio trabajan la tierra.

El señor MAYOL (Ministro de Agricultura).- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor PIZARRO (Presidente).- Estamos en votación, señor Ministro. ¿Desea hacer una aclaración?

El señor MAYOL (Ministro de Agricultura).- Así es.

El señor PIZARRO (Presidente).- Puede hacerlo.

El señor MAYOL (Ministro de Agricultura).- Señor Presidente, agradezco la intervención del Senador Zaldívar, porque aclaró en gran parte el punto al que deseaba referirme.
Por ello, solamente deseo recalcar que -como se dijo aquí- el 84 por ciento del agua en Chile se pierde en el mar. Y con esta iniciativa queremos aprovechar ese recurso que se desperdicia debido al problema de infraestructura que tenemos desde hace muchas décadas.
Los Ministerios de Obras Públicas y de Agricultura han estudiado y desarrollado una estrategia hídrica, que se ha plasmado en una política de Estado. Esta contempla la construcción de 16 embalses de aquí al año 2022, de los cuales ya hay 4 aprobados y en construcción. Dentro de ellos se encuentra, por ejemplo -ya que se hablaba de décadas de abandono-, el embalse Punilla, que va a regar 60 mil hectáreas en la Octava Región. Este proyecto -ya aprobado- tiene 90 años, y su ejecución recién se va a materializar. En fin, no voy a dar otros detalles.
Lo que pasa, señor Presidente, es que hoy día los grandes embalses son construidos por el MOP con la asignación de hasta 30 mil unidades de fomento que se hace en la Ley de Presupuestos a la Comisión Nacional de Riego. Y entremedio hay un tremendo vacío, el cual se va a llenar con obras que podrán realizar las comunidades de regantes.
Dichas comunidades están constituidas en un 70 por ciento por pequeños propietarios y agricultores. Eso es muy importante.
Por ejemplo, en la Región de Coquimbo -la que representa el señor Presidente- se encuentra el canal Bellavista, que tiene 4 mil 700 usuarios. Estos tuvieron que ganar varios concursos, porque cada uno de los proyectos no podía pasar de 30 mil UF. Ese canal se encuentra prácticamente revestido por entero, y dispone de compuertas manejadas en su totalidad por telemetría, que es una nueva tecnología traída de Australia y California. Gracias a esta se maneja todo desde una oficina en La Serena, y las compuertas se cierran y bajan a tiempo completo. Ello nos ha permitido ahorrar un 50 por ciento del agua del canal Bellavista. Y ese porcentaje equivale a un embalse Chacrillas lleno al año.
Tales son las cosas que deseamos hacer con esta iniciativa, precisamente para beneficiar a todos los productores. Sin ir más lejos, el día de mañana vamos a inaugurar en La Ligua el primer proyecto de infiltración de napas subterráneas, lo que se está haciendo mediante los fondos de la Comisión Nacional de Riego. Pero solo podemos hacer una infiltración de hasta 70 litros por segundo, sin perjuicio de que existe una capacidad de 1.500 litros por segundo, porque tenemos un techo de 30 mil unidades de fomento.
Esos son ejemplos, señor Presidente, de la forma en que podemos mejorar el sistema.
Como señaló el Senador García, hoy día tenemos la suficiente cantidad de oportunidades en el mundo para transformarnos en potencia agroalimentaria, y sobre todo a través de pequeños productores.
Acabamos de abrir la exportación de arándanos a China y Corea. El 60 por ciento de los productores en Chile son pequeños agricultores de las Regiones Séptima y Octava, quienes necesitan riego. Por eso, el presupuesto de la Comisión Nacional de Riego, que en 2009 ascendía a 29 mil millones de pesos, hoy día es de 41 mil millones y llega a 72 mil millones con la ayuda de los gobiernos regionales (estos ven el problema existente), más 15 mil millones que está colocando INDAP para los pequeños agricultores.
Pero si tenemos una ley que concentre todo eso y lo regule y ordene, obviamente vamos a andar mucho mejor.
Al año 2040 el mundo necesitará el doble de los alimentos que produce en la actualidad. Chile está obligado a ser proveedor, pues se halla en el hemisferio sur. El 80 por ciento del PIB mundial se encuentra en el norte, donde está el 65 por ciento de la población del orbe, que es la que demanda los alimentos. Y con la ley en proyecto podemos transformarnos en potencia agroalimentaria y satisfacer esa tremenda necesidad.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana, para fundamentar su voto.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, yo creo que podemos tener diferencias respecto a esta iniciativa. Pero sostener -como lo han hecho el Ministro de Agricultura y algunos Senadores- que con ella se van a beneficiar los pequeños agricultores o la agricultura familiar campesina implica que a lo mejor tenemos un problema serio o que entendemos por "pequeños agricultores" algo distinto. No sé. Tal vez sea el sesgo de vivir en La Araucanía, Región extremadamente pobre, donde los pequeños agricultores poseen 2 o 3 hectáreas, si es que son propietarios de ellas. Y estoy hablando no solo de los mapuches, señor Ministro.
Me provoca conflicto el argumento que se da para respaldar este proyecto: el agua se pierde en el mar y durante décadas no se hizo nada.
¡No es así! ¡Eso es poco serio!
Y digo que es poco serio porque podemos tener aprobada la ley -entiendo que ya están los votos; porque aquí se dan las mayorías para ciertas iniciativas, y yo no hago cuestión de ello-, pero el punto radica en que estamos hablando de subir el subsidio: para proyectos individuales, de 12 mil a 50 mil UF, y en proyectos asociativos, de 30 mil (o sea, 690 millones de pesos) a 250 mil.
Para que nos entendamos, este es un subsidio. Y, claro, podemos disfrazarlo señalando que se trata de bonificaciones para fomentar la agricultura.
Ahora, quienes estamos en contra no pretendemos dañar la agricultura.
Ni por un minuto se pase esa película, señor Ministro (se lo indico por intermedio de la Mesa). Muy por el contrario. Lo que ocurre es que, como se trata de un subsidio, debemos comprender que se genera inequidad.
Yo no sé si en otro ámbito del quehacer público -de la institucionalidad del Estado, de los ministerios- existe un subsidio que crezca, en proyectos asociativos -está claro-, de 30 mil a 250 mil UF. Como decía recién el Senador Tuma, ¡en cualquier calculadora faltan dígitos para registrar la cantidad de recursos de que estamos hablando...!
¡Por favor! Afirmar que una vez dictada la ley se empezarán a realizar los proyectos de esta naturaleza es faltar a la verdad. Algunos se han entrampado y no avanzan porque contravienen las disposiciones ambientales; porque se contraponen a planes turísticos elaborados por las comunas; porque falla el lugar preciso donde se va a construir la bocatoma o garganta (como se la llama), o no se elige bien la cuenca.
Esas son razones técnicas. Y puede aprobarse esta iniciativa, pero ellas continuarán existiendo y los proyectos se van a seguir demorando.
Uno de ellos -seguramente el señor Ministro está pensando en él- se iba a llevar a efecto en la zona norte de la Región de La Araucanía (a la que represento), en el río Cautín, sector La Mula, de la comuna de Curacautín. Días atrás, con el Senador Espina estuvimos en una reunión del Concejo, donde la oposición fue total. Y esta no tuvo que ver con falta de plata para concretar el proyecto -¡no!-, sino con el hecho de que él se contrapone al turismo. Eso fue lo que adujeron el alcalde, los concejales y todas las organizaciones de la sociedad civil de Curacautín.
Entonces, el problema es harto más complejo que decir "Ahora está la plata y se van a hacer los proyectos".
Señor Presidente, ¿qué significa el tope de 5 mil 700 millones de pesos?
¡Por favor!
Aquí hay expertos en finanzas públicas. ¿Creen Sus Señorías que un Gobierno responsable, un Ministro de Hacienda responsable, un Director de Presupuestos responsable van a permitir que en la Ley de Presupuestos figuren más de cinco proyectos de esta envergadura? ¡Eso es imposible sin generar efecto en la economía del país!
Señor Ministro, estamos hablando de 5 mil 700 millones de pesos, mientras a los chicos les regalamos alambre y los seguimos sometiendo a programas del INDAP para un riego intrapredial que los mantiene igual de pobres.
Entonces, es completamente falsa la afirmación de que aquí viene el remedio que va a curar todos los males de la agricultura. Eso no es efectivo. Y ello no ocurrirá aun cuando este proyecto se convierta en ley.
Son muchos los recursos involucrados en el sistema. Pero me parece que el texto sugerido es absolutamente proinequidad. Va en contra de todo el discurso político -incluso la Derecha lo ha tomado en los últimos tiempos- sobre la igualdad, porque establece un subsidio de hasta 5 mil 700 millones de pesos para beneficiar a agricultores que no son pequeños.
Por supuesto, se trata de gente que necesita el beneficio para producir; muchos van a exportar fruta, arándanos y una serie de otros productos. Tal vez se favorecerá asimismo a la industria vitivinícola y a otras actividades productivas. Nos parece muy bien. Pero también el mundo privado tiene que meterse un poquito la mano en el bolsillo. Porque esta plata va a ir a los agricultores medianos y grandes, no a los sectores más marginados desde el punto de vista de la agricultura familiar campesina.
Por eso, voto en contra.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, días atrás, junto con el Subsecretario de Obras Públicas, nos reunimos con dos agrupaciones de regantes: la Asociación de Canalistas Bio Bio Negrete y la Asociación de Canalistas Coyanco-Cuel. Eran pequeños agricultores a quienes en ese momento el Estado de Chile, a través del Ministerio de Obras Públicas, les traspasaba la propiedad de los terrenos aledaños después de repararse los daños causados por el terremoto de 2010.
¿Y cuál era el clamor de ambas organizaciones? La posibilidad de que la ley en proyecto se concretara, para seguir fortaleciendo la agricultura en Negrete y en Coyanco-Cuel.
¿Hay allí una gran agricultura o algún terrateniente? No. Todos son pequeños agricultores que anhelan llevar adelante obras de regadío, las cuales son complejas y costosas, pues significan trasladar el importante elemento que es el agua a todos los predios y a la totalidad de las estructuras, con la finalidad de ejecutar lo que ellos quieren hacer en materia productiva y así elevar la calidad de vida de las comunas respectivas.
Para información de los señores Senadores, debo señalar que Negrete siempre ha figurado entre las comunas más pobres, al menos de la Región del Biobío. Por lo tanto, estamos hablando de fortalecer, de mejorar, de aumentar la capacidad productiva de comunidades pobres, que necesitan este tipo de inversiones.
Y si uno revisa el articulado, comprueba que se busca incentivar y fomentar la inversión en obras que son verdaderamente difíciles; que requieren estudios costosos; que requieren construcción; que requieren rehabilitación de obras.
Todo lo que se tuvo que hacer en la Octava Región para rehabilitar las obras de riego dañadas por el terremoto significó una gran inversión. Porque son obras de alto costo; por lo tanto, las comunidades de regantes precisan de instrumentos legales que en verdad les permitan avanzar y desarrollar su actividad.
Aquí no estamos botando la plata de los chilenos. Por el contrario, este proyecto de ley, con todos los resguardos que contempla, permitirá que el uso de los recursos sea lo más eficiente posible.
Señor Presidente, durante años anteriores, en la zona de Ñuble se construyó una gran obra de regadío: el canal Laja-Diguillín. Se invirtieron ¡180 millones de dólares! ¿Y quién riega con sus aguas? ¿Algún pequeño agricultor? No: solo los grandes agricultores, los agricultores más competentes de la zona.
Así que no me digan que estamos llevando adelante una iniciativa que va a favorecer a los grandes y que no está dando respuesta adecuada al pequeño agricultor, a la agricultura campesina.
Vamos a mejorar. Este es un proceso serio, que requiere estudio, que exigirá que el Ministerio de Desarrollo Social establezca las RS respectivas, mediante un análisis adecuado, para poder incorporar a los pequeños agricultores.
La ley en proyecto les va a posibilitar a la gente de Bulnes y a la de San Ignacio incorporarse al riego del canal Laja-Diguillín. Ello, porque permitirá que reciban subsidio todas las comunidades que hoy ven pasar sus aguas cerca de ellas y de ningún modo pueden aprovecharlas. Esta normativa les proporcionará el financiamiento necesario para construir las obras que requieren, cuyo costo es superior a 30 mil UF y hoy no está cubierto por nada.
Quien conoce la realidad de la Región del Biobío, y específicamente la de las provincias de Ñuble y de Biobío, sabe que este proyecto constituye una solución extraordinariamente adecuada a las necesidades que tienen en particular los pequeños agricultores.
Por eso, quiero valorar tanto la iniciativa que han estado llevando adelante el Ministerio y el Ministro de Agricultura cuanto el trabajo de la Dirección General de Aguas y de la Comisión Nacional de Riego, porque creo que de esa forma estamos dando respuestas apropiadas, de acuerdo a la realidad que viven los agricultores de Negrete y -como aquí se mencionó- Coyanco-Cuel; "los blancos", en Bulnes y San Ignacio, cuando ven la gran obra del canal Laja-Diguillín, que costó 180 millones de dólares y, sin embargo, no les permite regar un centímetro de sus propiedades.

El señor PIZARRO (Presidente).- Está inscrito en seguida el Senador señor Letelier, quien no se encuentra en la Sala.
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la verdad es que he visto muy activo al Ministro de Agricultura. Lo escucho en la Radio Bio Bio y en otras emisoras, a través de las cuales hace constantes llamados para que los campesinos participen.
Mi problema, señor Ministro -se lo señalo por intermedio de la Mesa-, no está en la intención de esta iniciativa, sino en que el propio primer informe de la Comisión de Agricultura señala que hay 144 proyectos, de los cuales "54% se ubica dentro del rango de bonificación propuesto por este proyecto de ley, es decir, entre las 15.000 y 250.000 unidades de fomento", y que muchos de ellos "cuentan con Recomendación Favorable del Ministerio de Desarrollo Social". Esos proyectos, entonces, se presentaron, fueron aprobados y tienen recomendación; o sea, los beneficiarios se encuentran definidos, con nombre y apellido.
Sin embargo, en mi concepto, dicho informe debiera especificar a quiénes se favorecerá: qué nombres y apellidos tienen los beneficiarios, de qué empresas o asociaciones se trata, en fin.
Porque si el mencionado informe reconoce que hay una larga lista de espera, conformada por 144 proyectos, cabe preguntar -como lo hizo el Senador Quintana- cuántos proyectos de 11 a 12 millones de dólares -porque lo permitido en la iniciativa alcanza a 5 mil 700 millones de pesos- van a aprobar anualmente.
Señor Ministro, habrá 30 millones de dólares disponibles al año. Entonces, de los 144 proyectos, ¡alcanzará para 3...!
Yo quiero saber cómo la Comisión Nacional de Riego va a seleccionar los proyectos.
¿Está en conocimiento, señor Ministro, de lo que ha pasado con las cajas de compensación y la SUSESO? ¡Ha habido colusión!
¿Sabe lo que nos ocurrió en la Comisión de Acreditación? ¡Existió corrupción!
Yo pregunto: ¿Cómo la Comisión Nacional de Riego estará preparada para definir quiénes ganarán los concursos?
¿Qué pasó con el Ministerio de la Cultura (dando por hecho que es un ministerio y no una simple secretaría)? Que los artistas también tuvieron problemas.
La Comisión Nacional de Riego cuenta con una institucionalidad vulnerable, pequeña; no tiene capacidad para dirigir estos proyectos y definirlos.
Yo quisiera una institucionalidad distinta, externa, que pudiera aclarar cada situación y dar el vamos a los proyectos que serán beneficiados.
Porque este es un subsidio -y me alegro de ello- para los medianos campesinos a fin de permitirles conectarse con el canal Laja-Diguillín, ese elefante blanco que a estas alturas, Senador Pérez -porque Su Señoría forma parte de esa obra-, no sé a quién benefició y que, además, terminó secando el río Laja. Los Saltos del Laja se secaron. Existe entre el riego y el turismo una contradicción no menor.

El señor PÉREZ VARELA.- ¿Y quién lo construyó...?

El señor NAVARRO.- Dicho proyecto costó 180 millones de dólares, pero no resultó como queríamos.
¿A quién pertenecían los terrenos por los cuales pasa el canal Laja-Diguillín? ¿Cómo cambió el uso de la propiedad?
Señor Presidente, yo exijo un informe al respecto. Lo he pedido reiteradamente. ¿Cómo se vendieron los terrenos sobre los cuales el Estado invirtió en esa época 130 millones de dólares, cifra que hoy, con las reparaciones y correcciones hechas, se eleva a 180 millones?
Yo digo, entonces: "Bueno, subsidiemos a la pequeña y mediana agriculturas". Pero los mecanismos que nos propone el proyecto de ley para tal efecto son insuficientes.
Yo quiero corporaciones privadas para la protección de las cuencas hidrográficas; debiéramos comenzar por defender eso. No existen. No ha habido una política pública de resguardo en tal ámbito.
Deseo que se actualicen las llamadas "juntas de vigilancia". Si recibían esa denominación era porque había que cuidar el agua, ya que, de lo contrario, por ella se agarraban a balazos.
La institucionalidad de la juntas de vigilancia está agotada, señor Ministro. Hay que actualizarla, modernizarla, revisarla. Sin embargo, esta iniciativa no se hace cargo de ello.
En definitiva, nos dicen que habrá más agua, pero no sabemos para quién.
Yo quiero mayor fiscalización. La Comisión Nacional de Riego no me da garantía de que va a asignar con transparencia, con equidad, los enormes recursos que este proyecto de ley pretende entregar.
De otro lado, el propio Ministro plantea que a través del uso de los canales de regadío es posible generar 1.300 megawatts.
Señor Ministro, si usted dice que se va a invertir en 10 proyectos al año, debo puntualizar que, en consecuencia, se requerirán 120 millones de dólares anuales. Y me gustaría saber qué Parlamento le va a aprobar un subsidio para ese tipo de empresa, por montos de aquel nivel, cuando en el caso de los pescadores artesanales, quienes tienen las mismas necesidades que los pequeños y medianos agricultores, no hay recursos ni para arreglarles sus embarcaciones y el INDAP Pesquero prometido es más bien una ilusión, un sueño.
Ahora, si estamos hablando de potencia agroalimentaria, consideremos la agricultura, la pesca, pero también el subsidio para los pescadores artesanales.
Yo quiero equidad. Sin embargo, siento que este proyecto de ley, aunque bien intencionado, es insuficiente.
Con la Senadora Matthei, cuando aún nos acompañaba en esta Sala, concordábamos en la necesidad de tener una ley de acuicultura, para convertir a los pescadores del mar, quienes son cazadores, en agricultores sedentarios; porque el mar ya no da para más.
Señor Presidente, se requieren corporaciones privadas para la protección de las cuencas hidrográficas, a fin de resguardar el agua.
Señor Ministro, ¿cuántos recursos se destinarán para el año 2014? No sé si es posible que nos dé la cifra. ¿Cuánta plata va a poner para este proyecto Felipe Larraín, quien no es de los más desprendidos ni de aquellos que tienen las billeteras ágiles? Porque si nos proponen esta iniciativa, al menos señálennos la cantidad de recursos que habrá para el próximo año. Porque el Gobierno va a cambiar, y no quisiera hacerme cargo de una ley que, además, no tendrá financiamiento.
No me gusta lo del subsidio concursable. Los pequeños no pueden concursar, pues no saben cómo hacerlo. Lo único que asegura la concursabilidad es el otorgamiento de beneficios a los que más saben, no a quienes más necesitan.
Voto en contra.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, creo de verdad que, con la capacidad y la astucia humanas, uno puede hablar mal de cualquier cosa y muy bien del tema más horrendo del mundo.
Pues bien, al señor Senador de la Novena o de la Octava Región que expresó que allá falta el agua debo decirle que en la Región de Atacama -a la cual represento-, donde sí hay carencia del vital elemento, nadie entendería una votación en contra de este proyecto.
Y señalo aquello porque, aunque a algunos les moleste, las cifras oficiales indican que 84 por ciento del agua que baja de la cordillera va a dar al mar. Esa es la verdad. Y nadie lo discute.
En segundo término, debo manifestar que no conozco otra legislación que durante su vigencia haya favorecido tanto a los pequeños, medianos y grandes agricultores. Y lamento que algunos señores Senadores ni siquiera se hayan dado el trabajo de ver los beneficios que se conseguirán con la modificación que se plantea introducir a la ley N° 18.450, que justamente permite que los pequeños concursen.
Ahora, me causa sorpresa cuando un Senador dice "¡No es posible que aumenten de esta manera los recursos!".
Señor Presidente, llevo 12 años en el Senado, y esta es la primera vez que escucho tal argumento.
¡Por favor!
¡Ojalá que haya más recursos para leyes como la que emanará de este proyecto, cuya concreción no es un reto, sino una obligación!
Todo el mundo sabe que el problema del agua ha ido adquiriendo cada vez mayor gravedad, y asimismo, que para el buen uso de tal recurso no caben más que la cultura y las inversiones en infraestructura.
Este proyecto de ley les permite a las organizaciones postular. Y ahí entran, agrupados, los chicos, quienes, con recursos que el propio Estado les ha entregado para organizarse, pueden postular a la realización de las obras pertinentes.
Además, esta iniciativa posibilita la inversión en el sector de los medianos agricultores. ¿Por qué? Porque necesitamos cofinanciar las obras de riego, o sea, que los privados pongan una parte, y el Estado, la otra. Si se analiza la realidad nacional, creo que las obras medianas de riego son indispensables y realmente no pueden seguir retrasándose.
Juzgo que las modificaciones que el proyecto introduce a la ley de fomento de obras de riego en verdad se ajustan a lo que el país necesita. Y, por eso, felicito al señor Ministro de Agricultura. Creo que esta es una iniciativa que da en el clavo.
Lamento que algunos señores Senadores no la hayan entendido o estudiado, porque justamente llevar a cabo concursos para sectores distintos es lo que permite que pequeños y medianos agricultores no compitan con los grandes. Al revés, al encontrarse establecida una fórmula de concursos individuales, hacemos competir proyectos y postulantes del mismo tamaño, y no como se plantea aquí, en que al final se termina solo beneficiando a los grandes.
Finalmente, estimo que la cuestión del agua se ha ido haciendo cada día más grave en regiones. Era antes un problema en la de Antofagasta, en la de Atacama; hoy día lo es en la de Coquimbo, en la de Valparaíso, en la del Libertador General Bernardo O´Higgins. Y he escuchado a algunos señores Senadores incluso exponer dificultades sobre el particular en la de La Araucanía, respecto de la cual todos pensamos que ellas pueden suscitarse por un exceso del elemento.
Sin embargo, el proyecto ha ido caminando. El calentamiento global es una realidad. En Renovación Nacional vamos a prestar nuestra aprobación, porque el texto sigue la línea correcta y establece, sin duda, lo que hoy día se necesita para mejorar las obras de riego.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, es importante consignar cuántos productores agrícolas hay en Chile: 300 mil, de los cuales 221 mil tienen menos de dos hectáreas, y 50 mil, entre dos a doce hectáreas. Las cifras revisten transcendencia, porque justamente lo importante es apoyar la pequeña y la mediana agriculturas. Y la iniciativa va por ese camino.
En seguida, estamos frente a una situación cada día más de emergencia. Se están acabando inclusive las reservas cordilleranas. Las napas están bajando. Por lo tanto, es significativa la responsabilidad que le cabe al Congreso. Y cabe valorar el envío del proyecto.
En ese sentido, aprecio lo que se está tratando de hacer. En la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, que represento, se suscribió en 2011 un convenio entre la Comisión Nacional de Riego y el Gobierno Regional, y no solo aporta la ley aprobada por el Congreso, sino también esa última autoridad. Fuimos la primera región en contribuir directamente a la obra de regadío de pequeños agricultores.
Aun cuando se dice que el mecanismo beneficia a los grandes, es precisamente al revés: las inversiones importantes van a ser para las organizaciones de usuarios. Creo que la explicación del Senador señor Zaldívar fue muy clara.
Mas también deseo informar a mis colegas respecto de lo que se está haciendo hoy día con la ley, aprobada hace varios años. En la Región que represento se aprobaron 237 proyectos, desde 2012 a la fecha, con 4 mil 265 beneficiarios y una superficie tecnificada de 5 mil hectáreas. ¿Y a cuánto ascendió el incremento? A más de 2 mil 600 hectáreas. El Gobierno Regional, a su vez, aportó casi 6 mil millones de pesos para que otros 5 mil 105 beneficiarios pudieran acceder a 456 hectáreas adicionales de riego. Es decir, solo en una Región, que fue la pionera en el trabajo entre la Comisión Nacional de Riego y el Gobierno Regional, se invirtieron más de 13 mil 300 millones de pesos en la bonificación de 303 proyectos, con 9 mil 370 beneficiarios.
Estamos haciendo referencia precisamente a los que no podían acceder al sistema, posibilidad esta última que con el proyecto vamos a darles a muchos más.
Por eso, hoy día también existen 7 mil millones de pesos destinados a que los pequeños agricultores puedan acceder a este tipo de fomento. Si no, no cuentan con ninguna otra manera de subsistir. Porque si no se les apoya, sobre todo en el secano costero y en los lugares en que no disponen de recursos, venden o se van. No tienen otra alternativa.
Si realmente queremos ser un país líder en el mundo por su agricultura y con un desarrollo real, no podemos lograrlo sin infraestructura de riego y de drenaje; sin embalses medianos, pequeños o grandes. Tenemos una obligación, como Estado, como Congreso, de apoyar este tipo de iniciativas.
Y precisamente los más grandes van a tener que acceder a menos bonificación y a un cupo menor en cuanto a porcentaje de recursos. Por otro lado, no podrán prescindir de responsabilidad social. El sistema no va con nombre y apellido preasignados, como lo planteó un colega hace unos minutos. Es al revés: será por completo transparente, vía concursos, y fundamentalmente apoyará a organizaciones de pequeños y medianos usuarios.
Por eso, señor Presidente, reitero que valoro el proyecto. Deseo destacar que este es el camino por el que todos tenemos que seguir avanzando y anunciar que el voto de los Senadores de la Unión Demócrata Independiente va a ser a favor.
Felicito al señor Ministro y a la Comisión Nacional de Riego por el trabajo que se está realizando.

El señor PIZARRO (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, creo que esta es una iniciativa discutible. Y quien se cierre al debate no está contribuyendo bien, en verdad, a su función en el Senado. Permítanme decirlo, con mucha franqueza, de esa manera.
Uno de los grandes déficits del articulado es que no diferencia entre regiones. La realidad territorial de nuestro país es muy distinta.
No basta decir: "Mucha agua se va al mar". El hecho, desde luego, es efectivo.
¿Necesitamos una política hídrica? Por cierto.
¿Estamos algo atrasados? Por cierto.
Pero también creo que es preciso situar la realidad regional de otra manera. Estimo que ese es uno de los errores en el texto. Porque resulta discutible la inyección de 600 millones de pesos en algunas partes del país, de acuerdo con la rentabilidad de las tierras, a veces muy fértiles.
Aquí no se hacen cargo de lo que implican las letras b) y c) del número 1) del artículo único. Porque el problema no es el costo de la obra, sino el monto de la bonificación. Y no es lo mismo, en un sentido u otro, que esta última ascienda al 80 por ciento cuando se tienen 40 hectáreas de viñedos y el Estado está poniendo los recursos, y cuando, encima, grandes empresas agrícolas declaran impuestos y no los pagan, porque existe el FUT. La relación del debate, entonces, es otra.
Es distinta la normativa sobre fomento forestal, donde está garantizada la recuperación por el Estado de los recursos que invierte de cierta forma. En este caso, la Comisión Nacional de Riego no opera así.
¡Claro! Se afirma que se van a generar empleos. ¿Pero de qué tipo? ¿Con el ingreso mínimo?
Creo que es preciso abrir una discusión un poquito mayor, señor Presidente.
Por mi parte, no objeto el aumento del techo en el costo de la obra. Mi problema es que los requisitos contemplados son insuficientes.
Es más. En cuanto al debate acerca de cuáles serán las variables de ponderación, aquí todos somos partidarios de mejorar el riego, de utilizar en forma más adecuada los recursos hídricos, de que la agricultura permita la ocupación territorial, garantice asentamientos humanos y genere empleos. Ello, aunque estos últimos no siempre sean de buena calidad ni bien pagados. A mí me gustaría poner como requisito en la ley que ninguna empresa agrícola pueda recibir plata del Estado si no tiene un sindicato, para garantizar que no tengan lugar prácticas antisindicales.
Recuerdo lo que hacía "Fra-Fra" Errázuriz en la Región que represento. Y podría nombrar a otros conspicuos personajes. Ninguno de ellos registra un sindicato, pero quieren fondos públicos. No permiten que los trabajadores negocien. Lamentablemente, son cosas que no siempre se discuten acá.
Con relación a los porcentajes y las variables de ponderación que se utilizan para definir los proyectos, está bien: se menciona la proporción correspondiente a los pequeños agricultores, que es relevante; pero, en el momento de decidir, el aporte y el costo son los elementos principales en caso de que se superen las 15 mil unidades de fomento. Es decir, la cuestión no depende de las comunidades pobres, pues aquellas que no sean capaces de realizar un aporte y tengan un proyecto más grande y de más alto costo quedarán discriminadas.
Entonces, ¿dónde se cumple el rol del Estado de fomentar la producción? ¿Cómo lo hacemos en la Novena Región,...

El señor PIZARRO (Presidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
Dispone de un minuto más.

El señor LETELIER.- Gracias, señor Presidente.
¿Cómo lo hacemos en la Novena Región, donde no hay una cultura de riego que queremos fomentar en sectores de secano?
Hay variables mal ponderadas.
Puedo entender -y se lo planteo, por su intermedio, al señor Ministro de Agricultura- cuál es la lógica del aporte y del costo. Los que más den, ¡premio! Los más baratos, ¡premio! Pero ello puede llevar a una tremenda distorsión.
Me parece que necesitamos un debate para definir un poco mejor qué Regiones queremos priorizar para el riego. El proyecto no lo hace: fija un cascarón, aumenta el techo. Mas no creo que ese sea el problema. Espero que podamos abocarnos a una discusión más amplia, porque se genera un sesgo que no es el adecuado y resulta muy parcial.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, Honorable Sala, con mi colega Prokurica representamos a zonas donde el agua, como este lo expuso, es muy escasa, y, por lo tanto, este tipo de iniciativas son extremadamente significativas para desarrollar obras que permitan utilizarla de manera más eficaz y no perderla en el mar, como ocurre muchas veces en el norte.
Deseo concentrarme en dos disposiciones específicas que me parecen de enorme importancia.
El nuevo primer inciso del artículo 1º de la ley es esencial, para mí, pues de manera categórica establece que la ley que fomenta la inversión privada en obras de riego y drenaje también se podrá extender a proyectos que incorporen el concepto de uso multipropósito.
Quisiera explicar este aspecto en detalle.
Muchas veces, en el norte falta el agua, y estimo que, con una visión de futuro, perfectamente la iniciativa que nos ocupa podría comprender obras de desalinización que permitirían destinar el elemento al sector agrícola, al consumo humano, a embalses, a la generación de energías renovables a partir de la acumulación en tranques, etcétera.
¿Y por qué ello es relevante, señor Presidente? Porque, de acuerdo con los antecedentes entregados por el propio señor Ministro, la actual redacción del artículo 1º se podría interpretar en el sentido de que las palabras "usos asociados" -son las que exactamente se emplean- significarían el concepto de "uso multipropósito". Sin embargo, innumerables resoluciones de la Contraloría General de la República han dejado en evidencia que ello no es claro ni categórico: la interpretación ha sido en un sentido o en otro, amplio o restrictivo. Ahora se zanja definitivamente el punto al señalarse de manera explícita lo referente al uso multipropósito.
Asimismo, considero sumamente importante lo señalado en la letra b) del número 1) del artículo único, ya que aumenta de manera significativa el umbral a partir del cual es posible financiar proyectos.
Cabe observar, a diferencia de lo planteado por el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, que no cambia el criterio actual. El privilegio les corresponde a los pequeños agricultores. No se altera en absoluto, en el caso del artículo 1° vigente, la letra a) de su inciso segundo, la cual expresa que "Los pequeños productores agrícolas a quienes la ley orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario defina como tales tendrán derecho a una bonificación máxima del 90%.". Es decir, no se modifican quienes más se benefician con la ley. Y a medida que las superficies aumentan, el porcentaje va bajando. Por lo tanto, existe una prioridad que se mantiene inalterable.
En lo que respecta a los topes, se sigue la misma lógica, porque hasta las 15 mil unidades de fomento no cambia el criterio. No se trata, como se manifestó, de costo y aporte. Evidentemente, tal factor tiene que entrar en las obras mayores. En las menores, especialmente en las destinadas a pequeños agricultores, el subsidio puede llegar al porcentaje referido.
Por lo tanto, el proyecto no modifica en estos aspectos la ley en vigencia, que definitivamente privilegia a los más pequeños, y, en lo que dice relación con las obras de hasta 15 mil unidades de fomento, se mantiene la bonificación establecida en la letra a) del inciso segundo del actual artículo 1º.
Así que opino que la iniciativa obedece a una buena inspiración, ya que se sigue focalizando en los más pequeños, pero permitirá tres cosas: el desarrollo de obras de mayor envergadura, de hasta 50 mil unidades de fomento,...

El señor PIZARRO (Presidente).- Concluyó su tiempo, Su Señoría.
Dispone de un minuto para concluir.

El señor ORPIS.- Gracias, señor Presidente.
Decía que será posible el desarrollo de obras de hasta 50 mil unidades de fomento, así como también de proyectos que incorporen el concepto de uso multipropósito, y se privilegiará a los más pequeños, quienes tienen derecho a una bonificación de hasta 90 por ciento.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Uriarte.

El señor URIARTE.- Señor Presidente, desde hace un año el Gobierno ha impulsado, al menos en la Región de Coquimbo, un plan muy intensivo de combate a la sequía.
Usted mismo y el Diputado señor Matías Walker, presente en el Hemiciclo, son testigos de ello, porque han participado en muchas de las acciones desarrolladas para tal efecto por el Gobierno Regional, las cuales contemplan medidas de corto, mediano y largo plazo.
La de corto plazo ya la conocemos: otorgamiento de "bonos-sequía" a más de 87 mil personas, y la de mediano plazo -es la que más ha destacado- consiste en la entrega de geomembranas, acto al cual asistimos con el Diputado señor Matías Walker en Ovalle. El señor Presidente del Senado también ha estado presente. Son medidas de mediano plazo.
Pero faltan medidas de largo plazo, que consisten precisamente en crear instrumentos para fomentar e incentivar la inversión en infraestructura de riego. Y de eso trata este proyecto: de establecer un marco regulatorio para poder planificar inversión regional, privada, en infraestructura de riego, que es lo que falta.
Y quiero dar solo dos ejemplos en esta materia.
Uno es el caso del canal Bellavista, que precede al embalse Puclaro. Los canalistas, los regantes, han desarrollado con gran esfuerzo y con mucho éxito dos grandes etapas. Una es la de la telemetría. Me tocó estar presente cuando se inauguró. Ya explicaba el Ministro que mediante un sistema de control remoto se puede planificar y operar el manejo de las compuertas desde La Serena. Y la otra fase, también muy importante, fue la que tenía por objeto evitar la infiltración de agua en el canal. Este trabajo, que ha sido muy arduo -muy exitoso pero al mismo tiempo muy arduo-, donde los regantes han tenido gran participación junto con la Comisión Nacional de Riego, sin este instrumento se podría demorar 12, 14 o 15 años. La idea es que todo esto pueda llevarse a cabo con un procedimiento rápido, acelerado, en uno o dos años, a través de una etapa donde verdaderamente se pueda invertir en el mejoramiento de la infraestructura del canal mismo.
Algunos Senadores que me precedieron en el uso de la palabra han dejado entrever que estaríamos beneficiando a muchas personas que son medianos o grandes agricultores. Y en el caso del canal Bellavista, de las 5 mil favorecidas, al menos 70 por ciento son pequeños agricultores.
Hay otro ejemplo también muy patente: el mejoramiento de los embalses La Paloma y Recoleta. Con todo el mecanismo de conducción que requiere este sistema de riego, resulta urgente contar con un instrumento como el que propone este proyecto de ley. Es lo que de verdad se necesita para avanzar mucho más rápido. Estamos contra el tiempo. La sequía que azota a la Región de Coquimbo es la peor de los últimos 107 años. Por lo mismo, ante grandes males, tenemos que buscar grandes soluciones, no solo con medidas de corto y de mediano plazo, sino también de largo plazo, como es precisamente el instrumento que plantea esta iniciativa.
Por esas razones, la apoyamos resueltamente.

El señor PIZARRO (Presidente).- No hay más Senadores inscritos.
Yo solo quiero reforzar lo que aquí se ha manifestado en términos de lo positivo que es el proyecto, el cual busca fomentar las inversiones privadas en obras de riego. No cabe duda de que en una región como la nuestra, la de Coquimbo, si no hubiera incentivos a la inversión en riego para las juntas de vigilancia o para las distintas organizaciones de regantes -todos privados-, estaríamos en una situación francamente insostenible desde hace varios años.
No deseo entrar a los detalles. Algunos señores Senadores y el señor Ministro ya se han referido a la materia.
Lo único que puedo señalar es que en la Cuarta Región cualquier inversión que se haga en riego, del nivel que sea, que permita aprovechar el recurso hídrico al máximo, es una muy buena inversión desde los puntos de vista económico y social. Y puede significar la diferencia entre la subsistencia, la vida o la muerte para mucha gente.
En consecuencia, en este ámbito, más allá de algunos detalles de orden técnico, normalmente este tipo de subsidios y de incentivos beneficia a los regantes y a los pequeños productores organizados. Que algunos grandes se benefician, sí, por supuesto. Es parte también de la fortaleza que poseen las propias organizaciones.
Señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se deja constancia de que el Senador señor Sabag se ha inhabilitado para votar respecto de esta iniciativa.
--Se aprueba en particular el proyecto (23 votos a favor, 3 en contra, una abstención y un pareo), y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Girardi, Navarro y Quintana.
Se abstuvo el señor Letelier.
No votó, por estar pareado, el señor Tuma.




ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TERCEROS Y CARTERAS INDIVIDUALES


El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, sobre administración de fondos de terceros y carteras individuales, y que deroga los cuerpos legales que indica, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7966-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 21ª, en 8 de mayo de 2013.
Informe de Comisión:
Hacienda: sesión 47ª, en 13 de agosto de 2013.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Los principales objetivos de la iniciativa son:
-Sistematizar el marco regulatorio de la industria de fondos, otorgando una normativa común a todas aquellas materias que así lo requieren.
-Simplificar el marco regulatorio general de la industria, combinando liquidez, gobierno corporativo y perfil de los inversionistas.
-Profesionalizar la actividad de gestión y comercialización de fondos, que deben ser exigibles de los administradores de fondos y de los agentes colocadores de cuotas.
-Promover la competitividad e internacionalización de la industria.
-Perfeccionar el marco regulatorio de los fondos de inversión privados.
-Generar un marco regulatorio para la gestión individual de carteras.
-Atraer nuevos actores extranjeros y generar mayor competencia y diversidad de demanda en el mercado de renta fija local.
-Eliminar la obligación de contratar los servicios de una administradora de fondos para la vivienda y de tener que conformar un fondo especial para la inversión de tales recursos.
La Comisión de Hacienda discutió el proyecto solo en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos y Zaldívar.
Cabe tener presente que los artículos 6o, 11; 22, letras e), g), h) e i); 23, 42, 43, 57, 58, 59, 85 y 91, todos del artículo primero; las letras b), c) y d) del artículo cuarto, y los literales (i) e (ii) del inciso sexto del numeral 1 del artículo primero transitorio de la ley N° 20.190, sustituido en el artículo quinto del proyecto de ley, son todas normas de quórum calificado, por lo que requieren 20 votos favorables para su aprobación.
El texto que se propone se transcribe en las páginas pertinentes del primer informe de la Comisión.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general.

Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Hacienda, Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, en realidad, estamos frente a un proyecto que es bastante complejo en cuanto a su planteamiento. Pero la Comisión de Hacienda lo aprobó en general por unanimidad. Y lo hizo porque consideró que es una buena iniciativa para el país.
El objetivo del proyecto es transformar a Chile en una plataforma financiera, uniformando la legislación sobre fondos y eliminando ciertas asimetrías y rigideces de la legislación actual.
La iniciativa consolida en un solo cuerpo legal las disposiciones aplicables a la administración de fondos mutuos, de fondos de inversión, de fondos de capital extranjero y de fondos para la vivienda, estableciendo el marco general aplicable a los fondos y a los responsables de su dirección, elevando las responsabilidades a fin de aumentar los estándares en el ejercicio de la actividad como directores o ejecutivos en función de la mayor libertad que se les entrega a las entidades. Adicionalmente, se establecen las reglas de administración y comercialización de los recursos del fondo, así como las relaciones entre los aportantes y el fondo. La diferenciación establecida en esta normativa se funda en la rescatabilidad de las cuotas, de las que se derivan restricciones en materia de gobiernos corporativos e inversión.
Por otro lado, el proyecto establece la modalidad de reparto de los beneficios y de tributación de los fondos y sus cuotas.
En lo que respecta a nuestras principales críticas a la iniciativa, hemos trabajado conjuntamente con nuestros equipos técnicos y los del Ministerio de Hacienda, en el entendido de que el texto legal resulta necesario, y hemos logrado un acuerdo en casi todos los aspectos. Sin embargo, mantenemos algunas observaciones que se hallan pendientes de solución.
En materia de fondos, existen fondos públicos y los llamados "fondos de inversión privados".
Y lo primero que queremos manifestar es que debemos ajustar la legislación sobre fondos de inversión privados, de modo de avanzar hacia una normativa que garantice que ellos sean utilizados como un fin económico o comercial razonable y no como vehículo empleado con el solo objeto de eludir impuestos.
En segundo lugar, queremos que los fondos privados se usen únicamente para la realización de inversiones pasivas; o sea, acciones, bonos y otros.
En tercer término, queremos aumentar las restricciones con inversionistas relacionados, estableciendo condiciones para que el administrador del fondo sea independiente de los tenedores de cuotas.
Y cuarto, se debe exigir que la incorporación de los administradores de los fondos de inversión privados quede registrada ante la Superintendencia de Valores y Seguros.
Con los ajustes propuestos se evita la utilización de los fondos de inversión privados para ocultar utilidades corrientes haciéndolas pasar por ganancias de capital y, por ende, no pagar los impuestos que corresponden.
Consideramos necesario también ajustar las normas del proyecto en lo referente a los beneficios tributarios. Hay acuerdo con el Ministerio de Hacienda en torno a que los flujos de inversión (intereses y dividendos) deben pagar los impuestos correspondientes, y que las ganancias de capital, si las transacciones se realizan en mercados con buena formación de precios, puedan quedar exentas.
El proyecto, en su versión actual, contiene elementos que van en esa línea, pero existen ajustes que resulta necesario incluirle para que ese objetivo se logre a cabalidad. En términos generales, en el texto que tenemos a la vista estas condiciones se cumplen en lo que se refiere a los fondos mutuos, pero se requieren perfeccionamientos en lo relativo a los fondos de inversión.
Queremos que Chile, como lo hemos sostenido con anterioridad, sea una plataforma financiera. Y existe consenso para generar las condiciones necesarias para que en el país se puedan establecer fondos con cobertura global a nivel latinoamericano.
En el proyecto actual esto se busca a través del otorgamiento de un beneficio a los inversionistas extranjeros, el cual, en términos simples, consiste en atribuirle el carácter de fuente extranjera, para efectos tributarios, a todo fondo que tenga al menos el 80 por ciento de sus activos subyacentes en el extranjero. De esta forma, un inversionista foráneo podría pasar a recibir el mismo tratamiento que se le concede en otros países, donde no paga impuesto.
En su versión vigente, el incentivo mencionado no estaría cumpliendo el objetivo de que los flujos de las inversiones en Chile paguen impuestos y solo las ganancias de capital queden exentas. Estamos en conversaciones con el Ministerio de Hacienda y nos hallamos explorando alternativas para materializar el principio convenido, es decir, que paguen los flujos pero no las ganancias de capital.
También queremos considerar -y están incluidos en la iniciativa en examen- los temas relativos a los gobiernos corporativos. En su presente versión, hay asuntos relacionados con las exigencias que deben cumplir las administradoras de fondos, los que, a nuestro parecer, deben ser revisados.
Entre ellos, la política de votación en las juntas o asambleas donde se inviertan recursos del fondo.
Segundo, requerimientos de idoneidad de directores, gerentes y ejecutivos principales de las administradoras.
Y también una normativa sobre la quiebra de un fondo.
Por todas las razones expuestas, señor Presidente, hemos creído conveniente darle paso al proyecto y pedirle a la Sala que lo apruebe en general, de manera que sea devuelto a la Comisión de Hacienda para que esta empiece su discusión particular.
Espero que en las negociaciones que mantenemos con el Ministro del ramo podamos salvar las diferencias expuestas, que son menos que las que se manifestaban cuando el proyecto ingresó a tramitación en la mencionada Comisión.
En mi caso, voy a votar a favor del proyecto, el que pido a la Sala aprobar por unanimidad, al igual que lo hizo el órgano especializado.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, el proyecto en debate viene aprobado desde la Cámara de Diputados por amplia mayoría: 93 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. Y fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Hacienda del Senado.
De acuerdo al mensaje, se busca sistematizar y simplificar la regulación de 1a industria de fondos, otorgando una normativa común a todas las materias que lo requieren y promoviendo un equilibrio entre liquidez, gobierno corporativo e inversionistas.
Al mismo tiempo, se trata de profesionalizar la actividad de gestión y comercialización de fondos, promover la competitividad e internacionalización de la industria, atraer nuevos actores extranjeros y generar mayor competencia y diversidad de demanda en el mercado de renta fija local, además de eliminar la obligación de contratar los servicios de una administradora de fondos para la vivienda y de tener que conformar un fondo especial para la inversión de tales recursos, con el fin de disminuir los costos ligados a la gestión de este tipo de ahorros.
La orientación del proyecto es ampliamente compartida, en cuanto coincide con la necesidad de constituir a Chile en un país que compita eficientemente en el mundo financiero, de manera que podamos adecuarnos a los requerimientos de los mercados internacionales y desarrollar el capital humano apropiado.
Sin embargo, resulta llamativa la disposición de atraer a actores extranjeros, cuando la prioridad debería estar preferentemente puesta en la atracción de las inversiones para materializar proyectos al interior del país. En una economía globalizada, en la que los recursos se trasladan con creciente facilidad de una nación a otra de acuerdo a las mejores condiciones que se ofrezcan en cierto punto del planeta, un país comparativamente pequeño como el nuestro ha de buscar ciertas garantías de estabilidad en el flujo de las inversiones, y si bien el fortalecimiento de la estructura de servicios, en este caso orientada a la gestión de los fondos, parece apropiada, hay que velar también por un adecuado equilibrio con el resguardo de los intereses nacionales.
Por otra parte, se debe tomar en cuenta, paralelamente, que Chile posee un cuantioso volumen de recursos generados por el sistema previsional que se están gestionando principalmente en el extranjero, por lo que sería prudente promover que tales dineros se invirtieran en el país, generando riqueza para los chilenos a través de los proyectos que puedan financiarse con dichos fondos.
Es necesario señalar que los fondos de las AFP, junto con los ahorros voluntarios, llegan a 190 mil millones de dólares, de los cuales la inmensa mayoría se halla en el extranjero. Se trata de un capital muy grande, y si hubiera la capacidad de poder invertirlo en actividades del país, como en la minería del cobre -de lo cual se ha hablado mucho-, sería de gran importancia para continuar con nuestro desarrollo.
Asimismo, se debe tener especial cuidado en aprovechar la oportunidad que representa la presente iniciativa para adoptar los resguardos mínimos que prevengan las situaciones indeseadas que se han generado en otras industrias, como la concentración de los actores y la posibilidad de que estos burlen los controles y las exigencias tributarias por medio de la creación de filiales en territorio nacional que dependan de casas matrices situadas en el extranjero.
En principio, el proyecto de ley parece ser plenamente atingente al momento político y económico que vive nuestro país dentro del escenario mundial, pero no podemos alentar que, por el afán de consolidar la industria de administración de fondos, cometamos errores que luego sean difíciles de corregir, porque esta legislación implica, indirectamente, una suerte de convenio internacional que requerirá acuerdos difíciles de obtener para eventuales modificaciones.
La aprobación general de la iniciativa cuenta con mi voto, y espero que en los trámites de formulación de indicaciones y del análisis en particular en la Comisión de Hacienda pueda ser debidamente mejorada, a fin de que dé garantías a todos los sectores de inversión del país y especialmente a los trabajadores, que son los dueños de los fondos de las AFP.
Anuncio mi voto favorable al proyecto.

El señor PIZARRO (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se va a llamar a los señores Senadores que están en Comisiones para que vengan a votar, porque el proyecto es de quórum calificado.
En votación.
--(Durante la votación).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro, para fundamentar su voto.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, creo que a muchos parlamentarios pude habérselos señalado: en general, la administración de estas carteras de fondos tiene un trato de la entidad financiera, pero también de los ejecutivos. Y, a lo menos yo, he enumerado una larga lista de casos en que los fondos han sido administrados discrecionalmente por los ejecutivos y han producido pérdidas, a veces totales.
¿Cuál es la protección que se garantiza a los usuarios, a los ahorrantes, a los inversionistas respecto de una mala administración interna de la entidad financiera? No estoy hablando de los resultados financieros, sino de que hay inversiones no autorizadas por los dueños de los fondos.
Se dan casos dramáticos en la Región del Biobío, denunciados a la Superintendencia de Bancos o a la Superintendencia de Valores y Seguros, pues los fondos fueron puestos a determinada rentabilidad y se produjeron graves pérdidas. La entidad financiera ha señalado que el caso se está investigando, pero imputa la responsabilidad en el agente o ejecutivo a cargo de atender al cliente en cuestión.
Me preocupa que, en definitiva, si se va a discutir un proyecto que busca generar mejores condiciones para los usuarios, tanto pequeños como medianos -los grandes siempre se cuidan solos y están suficientemente protegidos por los abogados y por seguros-, tengan la certeza de que la administración de sus fondos va a estar protegida de personajes inescrupulosos que, sin autorización, intenten generar inversiones que pudieran terminar dañándolos.
Digo claramente que se les falsifica la firma. Se hacen las inversiones, hay pérdidas y el ejecutivo dice: "Bueno, aquí este señor me autorizó". Y los juicios para verificación de firma son muy largos. Por tanto, la autorización para proceder a las inversiones -estamos hablando de la relación directa entre el cliente y el ejecutivo- debe tener una normativa que impida este tipo de abusos.
Porque el banco dice: "Usted firmó; no es responsabilidad mía. Si ha habido falsificación de firma, es responsabilidad del ejecutivo y usted tiene que actuar en contra de él".
Lamentablemente, esto ha ocurrido en entidades financieras y también en bancos. Y la respuesta ha sido la misma. La Superintendencia se queda con los documentos oficiales, que consignan la firma, comillas, del cliente, pero ella fue adulterada para realizar inversiones sin la autorización de este último, que solo se percata cuando hay pérdidas.
Porque, parece que el negocio consiste en falsificar la firma y hacer la operación. Si esta es exitosa, por cierto que el registro de utilidades nunca lo conoce el cliente original, pues no autorizó la operación con su rúbrica. Solo se impone de la situación en caso de fracaso o pérdida.
Por tanto, vamos a concurrir a la aprobación general de este proyecto, que tiene los objetivos ya señalados. En el debate en particular, esperamos escuchar a las entidades fiscalizadoras y algunos testimonios de personas que han usado este mecanismo y que fueron defraudadas por él, así como tener presente el monto y grado en que estas modificaciones efectivamente protegen lo que se pretende.
Yo anuncio mi voto a favor, con las observaciones que he señalado. Es un proyecto de difícil tratamiento. Entiendo que esta es una discusión general que permite coincidir en la necesidad de esta protección.
Por tratarse de una iniciativa de disposiciones complejas que involucran a entidades financieras que en Chile no están en su mejor momento y que muchas veces han tomado decisiones en contra del interés de sus usuarios y clientes, aspiro a establecer las mejores condiciones.
Solo advierto de la relación que he señalado, y espero poder solicitar a la Comisión respectiva que escuche a los clientes defraudados por sus ejecutivos que participaron del sistema y que fueron severa y gravemente dañados en su patrimonio.
Voto a favor.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Kuschel, para fundamentar su voto.

El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, vamos a votar favorablemente esta iniciativa, que incorpora varios elementos que la hacen valiosa y conveniente para modernizar y mejorar la forma de administrar distintos tipos de fondos, especialmente desde nuestro país. Porque, algunos de ellos ya se están administrando desde el extranjero, incluso en el caso de inversiones hechas en Chile.
Me explico: el proyecto considera elementos de mejor gestión de fondos privados, gestión individual de recursos, fondos de inversión de capital extranjero, fondos de ahorro para la vivienda, fondos de capital de riesgo y, después, algunos ajustes que se llaman "operativos" pero que dicen relación con la exención del impuesto sobre las ganancias de capital en el mercado de renta fija, con el fin de atraer nuevos actores, principalmente foráneos, como he mencionado.
El proyecto es bastante largo -el comparado consta de 136 páginas-, y su propósito es modernizar y poner a la altura el mercado de capitales en materia de gestión de fondos, haciendo conveniente la operación desde nuestro país.
Quiero recordar a los señores Senadores que Chile está en un programa de sincronización y de unión de sus Bolsas, pero también de sus mercados de capitales, con México, Colombia y Perú. Algunos de esos países también han modernizado considerablemente sus leyes de gestión y administración de este tipo de fondos. Por eso, creo que incluso es más conveniente que hagamos esto nosotros también a la brevedad.
Es todo, señor Presidente.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (23 votos a favor, una abstención y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Letelier, Navarro, Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvo el señor Gómez.
No votó, por estar pareado, el señor Tuma.


El señor PIZARRO (Presidente).- Se ha solicitado fijar plazo para indicaciones. La sugerencia de la Mesa es que sea el lunes 16 de septiembre, a las 12.
--Así se acuerda.


CREACIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES


El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8034-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 28ª, en 5 de junio de 2013.
Informe de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 42ª, en 30 de julio de 2013.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es crear la Superintendencia de Telecomunicaciones como servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Sus funciones y atribuciones serán las propias de un organismo estrictamente fiscalizador, resolutor y ejecutor de las normas dictadas por los órganos con competencias normativas de política pública.
La Comisión discutió el proyecto solamente en general, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Cantero, Chahuán, Girardi y Letelier.
Cabe tener presente que el inciso tercero del artículo 6°; el inciso tercero del artículo 15; el artículo 16; el artículo 41; y del artículo 48: la letra f) del numeral 9 (inciso undécimo del artículo 13 A); el numeral 10 (artículo 13 B, nuevo); la letra d) del numeral 13 (inciso quinto del artículo 15), y el numeral 14 (artículo 16) son de rango orgánico constitucional, por lo que requieren para su aprobación 22 votos favorables.
El texto que se propone aprobar se transcribe en el informe de la Comisión y en el boletín comparado.


El señor PIZARRO (Presidente).- Como no está presente el Presidente de la Comisión de Transportes para informar, tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, pedimos aplazamiento del debate del proyecto. Necesitamos más antecedentes y no quisiéramos discutirlo ahora.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, esta iniciativa trata de la creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones como servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
El proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados por 96 votos a favor, 2 en contra y una abstención.
Este organismo fiscalizador tendrá las funciones propias de un ente estrictamente fiscalizador, resolutor y ejecutor de las normas dictadas por los órganos con competencias normativas de política pública.
La iniciativa se funda en el crecimiento explosivo del sector durante los últimos años, especialmente a partir de la masificación de internet y de los teléfonos móviles, que ya sobrepasan incluso el número de habitantes del país, pues, de acuerdo con la Subsecretaría, hay 24 millones de celulares.
Una situación de este tipo requiere, lógicamente, un organismo encargado de supervisar el funcionamiento del sector. Se ha alcanzado tal volumen de conexiones que el mercado escapa a la capacidad fiscalizadora del Ministerio o del Servicio Nacional del Consumidor. Incluso es factible pensar que el día de mañana tendrá que dividirse esta nueva Superintendencia en lo que respecta a la telefonía móvil e internet.
En mi opinión, esa posibilidad no muy remota debemos tenerla especialmente en cuenta durante la discusión en particular, ya que requeriremos tarde o temprano órganos fiscalizadores especializados para las comunicaciones de los teléfonos móviles y de internet, pensando sobre todo en que ambas tecnologías son esenciales para el desarrollo del país e incluso para la permanente tarea de avanzar en la democratización de la economía y de la sociedad.
Del mismo modo, se debe distinguir la telefonía móvil de la fija e internet de la transmisión televisiva y radial de libre recepción y de la que se transmite por cable, porque todas ellas configuran realidades distintas, con exigencias diferentes, aun cuando tienden a sobreponerse unas con otras.
Por eso, voy a votar a favor de la idea de legislar.
Naturalmente, las indicaciones que se presenten las veremos durante la discusión particular.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la Senadora señora Rincón solicitó la postergación del debate a fin de contar con un informe detallado del proyecto.
En torno de esta normativa, no hay consenso entre el Gobierno (el Ministerio) y los funcionarios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Por tanto, se recurre a una fórmula que ya hemos señalado: fijar plantas no especificadas en la ley, lo que nos hace tener fundados temores respecto de su procedimiento y tratamiento.
No sé si vamos a continuar con el debate o si, en definitiva, vamos a postergarlo. En verdad nos gustaría conocer el informe, que no se ha entregado.
Deseo consultar si es posible discutir un proyecto de ley sin la lectura del informe correspondiente. Como creo que no lo es, pido postergar la discusión.

El señor PIZARRO (Presidente).- Está pedida la segunda discusión, señor Senador. Pero una cosa es solicitarla y otra distinta que los Senadores quieran intervenir en la primera.

El señor NAVARRO.- Yo pienso intervenir ahora, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, distintos servicios públicos y Ministerios han surgido por iniciativa legislativa del Gobierno y han planteado un hecho, yo diría, no inédito, que resulta preocupante y respecto del cual esperaría un tratamiento distinto.
Así lo hicimos ver durante las discusiones sobre la creación de los Ministerios del Deporte y de Desarrollo Social.
Al crearse nuevos organismos institucionales, las plantas de los funcionarios públicos constituyen una materia respecto de la cual exijo y demando debatir en el Parlamento.
¿Cuántos recursos?
¿Cuántos trabajadores?
¿Cuántas funciones?
Cuando se fusionan plantas con motivo de nuevas institucionalidades y cuando se producen traspasos de funcionarios, debe generarse un clima de paz social, de gobernabilidad ministerial. Y eso pasa por un diálogo entre la Secretaría de Estado pertinente y sus trabajadores.
Hay inquietud entre quienes laboran en la Subsecretaría de Telecomunicaciones por la creación de esta Superintendencia no solo en lo relativo a los traspasos, sino en particular en cuanto a las funciones.
Los proyectos de ley ingresan con 100 artículos y salen con uno. Son modificados.
¿Qué tipo de Superintendencia va a salir luego del debate en el Senado?
¿Cuántas funciones?
¿Cuántos funcionarios se requerirán? ¿Van a ser de planta, a contrata o a honorarios?
Desde ya anuncio que no estoy disponible para aprobar proyectos de ley que aumenten los cargos a honorarios o a contrata, y continuar aumentando un vicio del Estado, que es pésimo empleador.
No se sinceran las plantas. Siguen los contratos a honorarios y a contrata, con pérdida de beneficios importantes para los trabajadores, particularmente los relacionados con la estabilidad laboral.
La Alta Dirección Pública -lo han expresado sus dirigentes- cuenta con una planta de 130 funcionarios. Casi el 70 por ciento de ellos labora a contrata. Y siguen creciendo las demandas.
En este caso particular, quiero formular una solicitud formal al Gobierno. Pero no nos acompañan ahora ni el Ministro de Transportes ni el Subsecretario de Telecomunicaciones. Resulta raro que para la creación de esta Superintendencia no se halle presente en la Sala tal Secretario de Estado.
Sobre el particular, quiero recordar, aunque parezca odioso -a pesar de que no lo es, porque constituye un ayuda memoria gratuito para nuestros colegas de las bancadas de Gobierno, de la Derecha-, que el debate para la creación de un organismo tan importante como una Superintendencia de Telecomunicaciones, en un país que tiene 23 millones de celulares y en donde la comunicación digital avanza de manera increíble, sin contar con el Ministro ni con el Subsecretario en la Sala, ya es una pésima, ¡pésima!, señal.

El señor KUSCHEL.- ¡Pero si no dejan entrar a los Subsecretarios!

El señor NAVARRO.- Al de Telecomunicaciones, señor Presidente, de quien tengo una buena opinión, lo hemos dejado ingresar al Hemiciclo. Son otros los Subsecretarios que se portan mal, que acuden a las regiones a hacer campaña y, por cierto, no invitan a los parlamentarios de Oposición. Ahí realizan inauguraciones, cortan cintas, reparten subsidios. En definitiva, hacen todo lo que quieren, y después uno se entera por la prensa de que el Gobierno estuvo presente en su circunscripción.
Ello ocurre a diario en la Región del Biobío. No ha sido el caso -debo destacarlo- del Ministro de Transportes ni del Subsecretario de Telecomunicaciones. Sin embargo, para efectos de una discusión responsable, yo demando su presencia en la Sala, pues existen dudas acerca de los esfuerzos reales que se han efectuado para llegar a acuerdo con las asociaciones de funcionarios.
Señor Presidente, yo quiero una Subsecretaría fuerte en materia de telecomunicaciones y una Superintendencia de verdad, no como la del Medio Ambiente, que en la Región del Biobío cuenta con un funcionario. ¡Esto, en realidad, es un chiste!, ¡un pésimo chiste! Es decir, en una Región de 2 millones de habitantes, la segunda más importante de Chile y respecto de un tema que, obviamente, concita amplio interés ciudadano, ¡hay un solo funcionario!
Si la Superintendencia de Telecomunicaciones será un apéndice de la Subsecretaría del ramo que estará, más que para fiscalizar, para el "timbre", para la "pantalla", deseo saberlo. Y, además, quiero discutir con el Ministro, en la Sala y luego en las Comisiones, cómo se van a conformar ambos organismos: cómo quedarán la Subsecretaría y la Superintendencia, cómo se producirá el traspaso, cómo se readecuarán sus plantas. Porque aquí, en la normativa en proyecto, la facultad pertinente queda en manos exclusivas del Presidente de la República, quien hoy día es de un signo, pero el próximo año puede ser de otro.
Y como pretendemos que la Superintendencia que se crea dé garantías a todos, deseamos debatir tal asunto abierta, transparente y libremente en el Parlamento. No queremos que sea en la oficina de Larroulet -¡Dios nos pille confesados!- ni en el Ministerio de Transportes, donde el síndrome de abandono, en general, ya es visible: renuncian los seremis, los gobernadores; todos empiezan a olfatear el sector privado, a empinarse para mirar hacia él. No sé cómo va a terminar esta Administración, pero hay muchos que, más que gobernar, están pensando en "adónde voy a ir a parar".
Y los chiitas que todavía quedan en el Gobierno, como los de la Gobernación de Concepción, se dedican a lanzar panfletos en contra de Bachelet, a pagar activistas para que rayen las murallas de la Municipalidad de Talcahuano con las expresiones de "Bachelet asesina", en una acción absolutamente intolerable y por la cual hemos recurrido a los tribunales.
Pero volviendo al punto, señor Presidente, esta iniciativa es de vital importancia. Los abusos que hay en materia de telecomunicaciones, en particular respecto a los usuarios de telefonía móvil, no han parado y, por cierto, para abordarlos se requiere una Superintendencia independiente, con un Superintendente nominado de manera absolutamente autónoma y no a través de la Alta Dirección Pública.
Ya lo he dicho: ese mecanismo de selección vale 40, 50, 60 millones de pesos. ¡Eso cuesta, estimados colegas, nominar a un superintendente, a un director! Pero si de repente este no se aviene con su jefe superior -como ya ha ocurrido-, lo echan, ¡y de nuevo a usar tal mecanismo!, ¡y de nuevo a gastar 40, 50, 60 millones de pesos!
Conforme a ese sistema, lo más importante es que se elija a uno bueno, pero "a uno bueno de los míos". Y eso no significa que sea el mejor. Por tanto, se requiere una revisión profunda.
Para estos cargos yo pido autonomía; quiero un superintendente por diez años, que incluso sea nombrado por el Senado, de manera que no tenga que responder ni al Gobierno de turno ni a las empresas que le ofrezcan pega para cuando deje su cargo, porque, si no, quedará atrapado.
¡Deseo que haya un superintendente con plena independencia para que defienda los derechos de los usuarios en igualdad de condiciones!
Ciertamente, se defienden los intereses de la empresa, pero también los de los usuarios. Y un Estado regulador debiera preocuparse más de resguardar los intereses de estos últimos, los cuales tienen escasa y nula protección, que los de las grandes compañías, pues todos sabemos que estas disponen de recursos humanos y financieros para una gran defensa.
Y en ese proceso, el proyecto en estudio presenta una debilidad estructural: la falta de acuerdo entre el Ministerio y sus funcionarios.
Sin consenso, señor Presidente, sin diálogo, nada bueno va a quedar.
Este es un Gobierno que dice que va a dialogar, y el Presidente Piñera, cuyo padre era un funcionario público, les prometió a los servidores estatales que no habría persecución política. No obstante, todos sabemos que ya van más de 10 mil despidos en la Administración Pública en estos cuatro años. Y mi preocupación estriba en que se puedan producir discriminaciones, perjuicios, en el traspaso de los funcionarios de la SUBTEL a la Superintendencia.
Por eso yo apelo al diálogo.
Dichos funcionarios, que en este momento se encuentran en las tribunas, que han concurrido de manera periódica a informar muy responsablemente a los Senadores sobre las condiciones en que quedarán, solo dicen: "Queremos conversar con la autoridad y llegar a un acuerdo". Porque hay profesionales que llevan bastantes años en la Subsecretaría que sienten legítimamente temor, y otros que llevan menos, que desean legítimamente pertenecer a una carrera funcionaria.
Sin ese acuerdo, veo difícil que al menos la Nueva Mayoría, que es mayoría en el Senado, pueda aprobar la iniciativa en análisis.
Es necesario contar con una Superintendencia, pero con una de verdad: armónica y, ojalá, producto de un acuerdo luego de un debate sobre las plantas, para no dejar la manga ancha ni dar la libertad absoluta en esta materia a la "monarquía presidencial" que nos rige. Esta no tiene signo, pues todos quienes se hallan fuera del Gobierno primero sostienen que quieren ser integradores, propiciar una amplia participación, pero cuando llegan a ocupar un cargo ello se les olvida rápidamente y les encanta -por así decirlo- la "monarquía vertical".
Espero que el Ejecutivo integre a los funcionarios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones a una discusión que permita arribar a una propuesta que sea conocida y aprobada por todos. Porque esta Superintendencia es necesaria, pero no debe tratarse de cualquier institución, sino de una que cuente con financiamiento, con personal de planta y con acuerdo para el traspaso de sus funcionarios sin provocarles menoscabo.
He dicho.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor PIZARRO (Presidente).- En la primera discusión, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
--El proyecto queda para segunda discusión.

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El señor LARRAÍN.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor PIZARRO (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, las Comisiones unidas de Agricultura y de Medio Ambiente están citadas para ocuparse, con motivo de la discusión particular, en las indicaciones a la iniciativa que otorga subsidios forestales.
Por ello, deseo pedir que se recabe autorización para que esos órganos técnicos puedan sesionar simultáneamente con la Sala a partir de las 19:30.

El señor PIZARRO (Presidente).- Si no hay inconveniente, se accederá a lo solicitado.
--Se autoriza.



FIN DE EXISTENCIA LEGAL DE EMPRESA DE ABASTECIMIENTO DE ZONAS AISLADAS


El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que pone término a la existencia legal de la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas (EMAZA), con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8786-27) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 17ª, en 17 de abril de 2013.
Informes de Comisión:
Economía: sesión 29ª, en 11 de junio de 2013.
Hacienda: sesión 48ª, en 14 de agosto de 2013.
Discusión:
Sesiones 30ª, en 12 de junio de 2013 (queda para segunda discusión); 40ª, en 10 de julio de 2013 (se aprueba en general).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión del 10 de julio de este año. No se presentaron indicaciones en el plazo fijado al efecto y el proyecto fue enviado a la Comisión de Hacienda, que debía conocerlo en particular.
El referido órgano técnico hace presente que, de acuerdo con su competencia, se pronunció acerca de los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 9° permanentes y sobre el artículo transitorio de la iniciativa, los que aprobó por mayoría de votos.
Además, deja constancia de que no realizó ninguna enmienda al proyecto, por lo que propone acogerlo en particular en los mismos términos en que fue aprobado en general.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En discusión particular.

El señor ORPIS.- Pido que se abra la votación, señor Presidente.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, así se hará.
Acordado.
En votación particular.

--(Durante la votación).

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro, para fundar su voto.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, EMAZA es una empresa estatal que se creó para asegurar el abastecimiento a las zonas aisladas del país. Y en virtud de lo señalado por el Gobierno, su existencia ya no sería necesaria, debido a que su personal ha quedado reducido a un grupo o, mejor dicho, a un funcionario -en este caso, en Santiago-, y a que la conectividad del territorio ha avanzado.
Ciertamente, muchas de sus funciones fueron traspasadas a personas que ahora administran un negocio de carácter particular y, con ello, también se asegura dicho abastecimiento.
Pero en un país tan largo, con tantos rincones y zonas todavía aisladas, no me parece una buena decisión que el Estado se deshaga de una empresa pública creada por ley, que puede perfectamente quedar disponible. Es decir, la podemos mantener en sueño, en reserva.
Señor Presidente, aquí hay Senadores que tienen no una, sino varias empresas. Estas persiguen un objetivo y cuesta crearlas y generar patrimonio, por lo que, cuando dejan de ser funcionales, en general, no se eliminan; se guardan. Quedan allí para cubrir las necesidades que pudiera tener el desarrollo empresarial.
El Estado de Chile, que tiene la restricción constitucional de no poder crear empresas sino por ley (esto resulta inexplicable a la luz de los desafíos de propender a la igualdad, al bienestar común), no debe deshacerse de un capital tan importante y de una entidad de estas características cuando todavía existen muchas zonas aisladas.
Por tanto, no es que queramos defender a EMAZA, que efectivamente presenta las dificultades ya señaladas. Lo que sostenemos es que no había necesidad de eliminarla. El Estado pudo conservarla, tal como uno ahorra leña para el invierno o dinero para cubrir gastos de enfermedades. Es decir, si la empresa no funciona, se despide a la persona que está a su cargo, pero aquella se mantiene.
¿Cuál es la necesidad de eliminarla?
Señor Presidente, esta batalla es profundamente ideológica. Hay parlamentarios de Derecha, noeliberales, que dicen -lo respeto, pero no lo comparto- que el Estado no tiene que meterse en actos de gestión económica de ningún tipo. Y en la maldita y nauseabunda Constitución de 1980, que esperamos cambiar, se le prohíbe al Estado crear empresas, corporaciones, generar institucionalidad. Por tanto, cuando pueden eliminar todo rasgo de estatismo dentro del ámbito económico, lo hacen, lo cual considero un exceso.
Pienso que se pudo conservar EMAZA a fin de tenerla disponible para las eventuales acciones que pudiera realizar con instrumentos propios ante cualquier situación que el mercado no resolviera. Porque aquí se halla en juego, nuevamente, si el mercado lo resuelve todo. Sin embargo, en educación, en salud, en muchos otros ámbitos, y sobre todo en educación, la inmensa mayoría de los chilenos dice: "Más Estado, menos mercado".
Si efectivamente EMAZA es un mecanismo que permite apoyar una política esencial de conectividad, de asistencia a zonas aisladas, ¿por qué, entonces, el Estado se va a deshacer de ella?
Señor Presidente, repito que este es un tema ideológico. Hay quienes desean suprimir todo rastro de "estatismo" y no entienden la función social que tuvo EMAZA, que perfectamente se puede conservar como empresa del Estado para los mismos fines, dejando que este determine cuándo se activa con el objeto de ejercer su función. No todas las cosas deben estar en operación siempre. Hay instrumentos capaces de salvaguardar que el Estado pueda intervenir en situaciones de fuerza mayor.
Por eso, voto en contra de la eliminación de EMAZA. Creo que esto constituye un grave error, porque el Estado pierde un instrumento que pudo haber conservado.
Ya daremos la pelea en otro ámbito contra los libremercadistas, que cuando tienen competencia se asustan, pues estiman que el Estado no tiene que actuar en economía. Y la experiencia diaria nos dice que ellos lo han hecho pésimo en salud y en educación.
En definitiva, lo único que ha logrado el mercado es aumentar la concentración de la riqueza; jamás distribuirla. Y esa es la fuente de la profunda desigualdad que existe en Chile.
Voto en contra.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Pido la autorización de la Sala para que me remplace en la testera el Senador señor Zaldívar.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Andrés Zaldívar.

El señor SABAG.- Señor Presidente, la iniciativa propone poner término a la existencia legal de la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas (EMAZA) y dispone su liquidación.
EMAZA fue creada mediante el decreto con fuerza de ley N° 274, de 1960, del Ministerio de Hacienda, como una entidad del Estado denominada "Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas", con el fin de permitir que las zonas más aisladas y distantes de los principales centros de comercio tuviesen acceso a los productos considerados esenciales o de primera necesidad ante la falta de oferta de la empresa privada. Esta misión ha ido perdiendo sentido por la mejor cobertura del mercado en todo el territorio nacional, gracias a la actividad de pequeños y medianos comerciantes y a las pymes, principalmente.
De hecho, EMAZA solo mantiene algunas operaciones en Isla de Pascua, lo que a juicio del Ejecutivo tampoco se justifica, debido a la existencia de otros operadores y a la ineficiencia de mantener una empresa, por lo demás, obligada por ley a cumplir una serie de exigencias que empeoran su balance financiero y causan que sus pérdidas sean cubiertas todos los años en la Ley de Presupuestos del Sector Público.
Así, su ley orgánica determina que su domicilio se encuentra en Santiago, que su administración recae en un Consejo compuesto por 5 personas, entre las cuales figura el vicepresidente ejecutivo, y que cuenta con un gerente general y un jefe de departamento legal. Todos ellos reciben sueldo. Asimismo, tiene un servicio de bienestar, personal, y debe disponer de capacidad para atender los requerimientos de la Contraloría y para mantener un sitio web permanentemente actualizado, entre otras obligaciones.
¿Y para qué? ¡Si EMAZA no cumple ninguna función en el país!
Aunque se han venido reduciendo sus gastos desde el 2000, cuando se tomó la decisión de iniciar el proceso de cierre, su costo administrativo alcanza a 5 millones y medio de pesos mensuales, acumulándose un déficit, al 31 de marzo recién pasado, de 8 mil 850 millones de pesos. Y en tal sentido, no se justifica conservar una empresa que no se necesita, dadas las condiciones actuales del mercado.
No cabe duda de que el Ejecutivo tiene toda la razón al poner término a una entidad que en su oportunidad tuvo un gran desempeño, pero que hoy día evidentemente no tiene ninguno. Porque hemos visto que con el libre mercado se han instalado empresas para abastecer con las más elementales cosas a todos los rincones del país. Antes, cuando nadie lo hacía, el Estado sí estaba obligado a tener un organismo que lo realizara.
Por eso, es plenamente justificable el cierre de EMAZA, lo que se ha estado tratando de llevar a cabo desde el año 2000, y ya estamos en el 2013. Sus pérdidas son cuantiosas. Cuenta con un grupo de personas -como ya se ha dicho- que integran un Consejo, presidido por un vicepresidente ejecutivo, y, además, con un gerente general, con un fiscal. ¿Y para qué? Si no ha de ser rey en ningún empeño.
Como a la burocracia estatal cuesta tanto desarmarla, ahí tenemos a esta empresa, a la cual se le pondrá fin definitivamente a través de la ley en proyecto, por el bien y el interés económico del país.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez.

El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, tal como lo señalé en la discusión anterior, esto tiene que ver con algo ideológico, desde el punto de vista de cómo uno piensa el Estado. No se trata de cerrar o no esta empresa, de si es útil o inútil, sino de cuál es el sentido de tener empresas administradas por el Estado.
En esa lógica, EMAZA, en nuestra opinión, debiera mantenerse, porque permite solucionar los problemas que afectan a los habitantes de las zonas aisladas por la falta de competencia en el mercado, lo cual hace que los precios de los productos sean más caros para la población.
En tal sentido, EMAZA debe conservarse, pues da la posibilidad de competir.
Digo que es un tema ideológico, porque no es solo el caso de EMAZA, sino también de ENAER, empresa estatal cuyo cierre también se busca. Lo mismo ocurre con ENAP y con varias otras respecto a las cuales se indaga la forma de privatizarlas. La única a la que no se han atrevido a incluir en lo anterior es CODELCO. ¿Por qué? Porque la mayoría de los chilenos no está a favor de privatizarla. Pero no han dejado de sostener una opinión favorable, en algunos casos, a abrir espacio para que CODELCO también pase a ser empresa privada.
En mi opinión, aquello finalmente contribuye a disminuir las capacidades que el Estado debe desarrollar para poder actuar. Hay situaciones, lugares y condiciones en que él no puede dejar de realizar sus labores.
Aquí hemos discutido duramente todo lo relacionado con el problema eléctrico -por ejemplo, el proyecto de ley de concesiones; y viene la iniciativa sobre carretera eléctrica-, pero nunca se ha planteado (y menos en este Gobierno) la idea de que en esa área participe además el propio Estado.
¿Por qué no transformar, por ejemplo, la ENAP en una empresa que se preocupe de todas las energías posibles -la geotérmica, la solar, etcétera-, para contar no solo con las ya existentes?
Eso es indispensable en la sociedad chilena de hoy.
Las desigualdades, los abusos, la falta de condiciones para competir se originan porque el Estado es un mero espectador y carece de facultades fiscalizadoras eficaces al objeto de llevar adelante tareas relevantes en áreas tan significativas como la de la energía.
En el caso particular de EMAZA, se argumenta que ya resulta inútil y que tiene un fiscal y no sé qué otro funcionario que le cuestan alrededor de 7 millones de pesos mensuales, situación que, obviamente, se puede resolver sin necesidad de poner término a la empresa.
Con este proyecto se logra un triunfo ideológico: achicar el Estado al mínimo y dejarlo sin ninguna posibilidad de actuar a través de los mecanismos legales existentes. Y, como digo, esto va en el camino de hacer desaparecer también otras empresas públicas.
Yo, por lo menos, creo que aquello es un error; que no es necesario terminar con la existencia de EMAZA. Y voy a votar en contra, como lo hice la vez anterior.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, solo quiero señalar que esta no es una cuestión ideológica. Lo cierto es que nada hay menos ideológico que constatar que una empresa que no funciona desde hace años no puede seguir teniendo existencia legal.
Recuerdo que esto se discutió 3 o 4 años atrás y que se hizo gran alarde porque iban a quedar sin trabajo 30 personas. Pero la discusión se acabó cuando se preguntó en qué lugar se desempeñaban. ¡Las 30 trabajaban en Santiago...! ¡Ninguna lo hacía en una zona aislada...!
Hoy el Estado tiene instrumentos enormes para ir en ayuda de lugares apartados. Y creo que el insistir en mantener una estructura como la de EMAZA es, desde ese punto de vista, ideológico.
Lo que se pretende ahora con esta iniciativa es enfrentar una realidad que se arrastra desde hace mucho tiempo.
Voto a favor, señor Presidente.

El señor GÓMEZ.- ¡Por eso es ideológico!

El señor PROKURICA.- ¡A lo mejor las 30 personas que se mencionaron eran puros radicales...!
El señor NOVOA.- ¡Ese era el problema...!

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Terminada la votación.

--Se aprueba en particular el proyecto (13 votos contra 5) y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa la señora Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Sabag, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa la señora Allende y los señores Escalona, Gómez, Navarro y Quintana.

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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Habiéndose cumplido su objetivo y no existiendo quórum para adoptar acuerdos, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso a las peticiones de oficios que han llegado a la Secretaría.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor BIANCHI:
Al señor Ministro de Defensa Nacional, solicitándole INVESTIGACIÓN SUMARIA SOBRE ACCIDENTE EN ACTO DE SERVICIO QUE DETERMINÓ RETIRO DE CABO SEGUNDO DE LA ARMADA SEÑOR CARLOS MOSCOSO ORTEGA. Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, planteándole TÉRMINO DE DIFERENCIAS ARBITRARIAS EN CUANTO A IMPEDIMENTOS FÍSICOS O PSÍQUICOS PARA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR. Al señor Alcalde y al Concejo de Punta Arenas, para que se informe acerca de REGULACIÓN DE USO DE BOLSAS PLÁSTICAS EN COMUNA DE PUNTA ARENAS. Y al señor Director Nacional de Aduanas, solicitando RECTIFICACIÓN DE INTERPRETACIÓN PARA RECHAZO DE INTERNACIÓN DE VEHÍCULO POR EMPRESA LOURDES FUNERALES (Duodécima Región).
Del señor GARCÍA:
Al señor Tesorero Regional de La Araucanía, pidiéndole información relativa a ESTADO DE TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTO PARA RESTITUCIÓN DE BIENES A SEÑOR ROBERTO LUIS FUENTEALBA ROMERO.
Del señor MUÑOZ ABURTO:
Al señor Ministro de Hacienda, con el objeto de que requiera información de la Tesorería General de la República sobre CRITERIOS USADOS EN EVALUACIÓN DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA OBTENCIÓN DE BENEFICIOS DE LEY NAVARINO TRATÁNDOSE DEL PROCESAMIENTO DE PESCADOS O PRODUCTOS DE MAR, y a fin de que analice la ADOPCIÓN DE MEDIDAS CONDUCENTES A BAJA DE VALOR DE COMBUSTIBLES EN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA.
Al señor Ministro de Desarrollo Social, pidiéndole considerar POSIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA CENTRO PADRE VIGANÓ, DE LA FUNDACIÓN ESPERANZA (Duodécima Región).
A la señora Ministra de Justicia, requiriéndole DETERMINAR CORRECCIÓN DE PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE RECURSOS EN SENAME PARA ATENCIÓN DE MENORES VULNERABLES EN LA DUODÉCIMA REGIÓN.
Y al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, solicitándole analizar POSIBLE BAJA DE FLUJO DE PASAJEROS POR REMPLAZO DE BARCAZAS QUE CONECTAN PUERTO NATALES Y PUERTO MONTT.
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--Se levantó la sesión a las 19:44.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción