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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 361ª
Sesión 47ª, en martes 13 de agosto de 2013
Ordinaria
(De 16:18 a 19:39)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES JORGE PIZARRO SOTO, PRESIDENTE;
JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, VICEPRESIDENTE, Y ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Larraín Peña, Carlos
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Muñoz Aburto, Pedro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedan, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros de Hacienda, señor Felipe Larraín Bascuñán; de Energía, señor Jorge Bunster Betteley, y del Medio Ambiente, señora María Ignacia Benítez Pereira.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:18, en presencia de 16 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor PIZARRO (Presidente).- Las actas de las sesiones 44ª, especial, y 45ª, ordinaria, en 6 de agosto, y 46ª, ordinaria, en 7 de agosto, todas del presente año, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor PIZARRO (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Dos de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación de los siguientes asuntos:

1.- Proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual (boletín Nº 9.037-05).

2.- Proyecto de ley que establece penas para la fabricación, tenencia, transporte, comercialización y utilización del "hilo curado" (boletín Nº 8.579-25).
Con el segundo retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", respecto del proyecto de ley relativo al fortalecimiento de la regionalización del país (boletín Nº 7.963-06).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Seis de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero informa que aprobó la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República, las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley sobre procedimiento para otorgar concesiones eléctricas (boletín Nº 8.270-08) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Queda para tabla.
Con el segundo comunica que tomó conocimiento del acuerdo de esta Corporación que declaró inadmisible el articulado del proyecto que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual (boletín Nº 9.037-05) e informa la nómina de los Honorables señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que ha de formarse, conforme lo dispone el artículo 15 de la ley Nº 18.918.
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con los dos siguientes manifiesta que dio su aprobación a las enmiendas propuestas por esta Corporación a los proyectos de ley que se enuncian a continuación:

1.- El que crea el Ministerio del Deporte (boletín Nº 8.085-29).

2.- El que incrementa las remuneraciones variables que indica para el personal de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y otorga bonos que indica (boletín Nº 8.903-04).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos junto con sus respectivos antecedentes.
Con los dos últimos informa que ha dado su aprobación a los siguientes proyectos de ley:

1.- El que establece el día 9 de febrero como el "Día Nacional del Hincha del Fútbol" (boletín Nº 8.825-29).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

2.- El que establece obligaciones relativas a la propina en restaurantes, bares, pubs, clubes, discotecas y similares (boletín Nº 8.932-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Envía copia autorizada de sentencias definitivas pronunciadas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de los preceptos que se enuncian a continuación:

1.- Artículos 5º, inciso segundo, y 21º, Nº1, letra b), de la ley Nº 20.285 cuyo artículo primero contiene el texto de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado.

2.- Artículo 348 del Código Procesal Penal.

3.- Artículo 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil.
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos.
Del señor Ministro del Interior y Seguridad Pública:
Responde solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor Navarro, respecto de las condiciones de seguridad eléctrica existentes en el Mercado Central de Concepción, antes del siniestro que lo afectó en fecha reciente.
De la señora Ministra de Obras Públicas:
Adjunta informe del señor Director Nacional de Vialidad, que responde consulta enviada en nombre del Senador señor Escalona, relativa a la construcción de un camino costero entre Pargua y Calbuco.
Del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social:
Da respuesta a acuerdos adoptados por el Senado, respecto de las materias que se indican a continuación:

1.- El propuesto por los Senadores señores Navarro, Gómez y Quintana, para que se realice una estimación del número de licencias médicas rechazadas a personas que padecen de fibromialgia y una evaluación de las razones para adoptar tal decisión (boletín Nº S 1.541-12).

2.- El presentado por los Senadores señor Prokurica, Chahuán, Espina, García-Huidobro, Horvath, Larraín Peña y Ruiz-Esquide, relativo a la implementación de un sistema de pensiones que beneficie a los docentes de establecimientos municipalizados (boletín Nº S 1.547-12).
Del señor Ministro de Agricultura:
Atiende solicitud de información, remitida en nombre del Senador señor Navarro, sobre monto del gasto efectuado por esa Secretaría de Estado en avisaje radial para promover los beneficios del decreto ley Nº 701, de 1975, sobre fomento forestal, así como por sus servicios dependientes.
Del señor Ministro de Bienes Nacionales (s):
Atiende consulta, formulada en nombre de la Senadora señora Rincón, en materias de vigencia actual de la concesión de uso gratuito otorgada a la Asociación Gremial de Artesanos Artísticos de Cauquenes y procedimiento legal para solicitar la renovación de aquella a su vencimiento.
Informa estado del proceso que realiza esa Secretaría de Estado, en conjunto con el Ministerio de Defensa Nacional, para pronunciarse sobre la posibilidad de legislar en materia de otorgamiento de títulos de dominio a los habitantes de las viviendas conocidas como "palafitos" en el borde costero de Chiloé, materia consultada en nombre del Senador señor Escalona.
Del señor Ministro de Energía:
Responde solicitud de antecedentes, enviada en nombre del Senador señor Muñoz Aburto, relativa a los efectos de la uniformidad de huso horario que rige a Chile continental en el consumo eléctrico y a la posibilidad de crear una bonificación compensatoria a los usuarios de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
De la señora Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia (s):
Remite copia de decisión de inadmisibilidad, recaída en solicitud de amparo al derecho de acceso a la información en contra de la Corporación, por no ser asunto de competencia de ese Consejo.
Del señor Director del Servicio de Salud Maule:
Atiende solicitud de información, cursada en nombre de la Senadora señora Rincón, respecto de la situación del señor Alfredo Stalin Navarrete Gutiérrez, paciente que fue incorporado al programa de reparación endovascular del Hospital Regional de Talca.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
Dos de la Comisión de Hacienda, recaídos en las materias que se enuncian a continuación:

1.- Proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.450, con el fin de fomentar la inversión privada en obras de riego o drenaje comprendidas en proyectos integrales y de uso múltiple cuyo costo supere las 30.000 unidades de fomento (boletín Nº 8.771-01) (con urgencia calificada de "suma").

2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre administración de fondos de terceros y carteras individuales, y derogación de cuerpos legales que indica (boletín Nº 7.966-05) (con urgencia calificada de "suma").
De las Comisiones de Agricultura y de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga a los funcionarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) condiciones especiales para la bonificación por retiro voluntario, por el período que indica, y otros incentivos al retiro (boletín Nº 8.815-01) (con urgencia calificada de "suma").
--Quedan para tabla.
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la Cuenta.

SALUDO A SENADOR SEÑOR RUIZ-ESQUIDE CON MOTIVO DE SU REGRESO A LA CORPORACIÓN LUEGO DE SU GRAVE ENFERMEDAD

El señor PIZARRO (Presidente).- Estimados señores Senadores, en primer lugar, deseo celebrar el retorno sano y salvo al trabajo legislativo de nuestro colega el Honorable señor Mariano Ruiz-Esquide.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
Estamos muy contentos de tenerlo nuevamente en la Sala y en las Comisiones del Senado efectuando el aporte innegable que siempre ha hecho al debate de los distintos proyectos de ley.
Tiene la palabra, señor Senador.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Muchas gracias, señor Presidente.
Con mucha emoción y sinceridad, quiero agradecer a Su Señoría, al señor Vicepresidente, a todos los colegas (sin excepción), a los representantes del Gobierno (más allá de las diferencias que hemos tenido con ellos), a todos los funcionarios y las funcionarias del Senado, el saludo cordial y permanente que me expresaron y la preocupación que manifestaron hacia mi persona en momentos que fueron extremadamente difíciles.
Sufrí una enfermedad bastante seria, que no se la deseo a nadie. Pero ella nos permitió, al ver la muerte de cerca, valorar lo que tenemos, lo que somos, el afecto y la responsabilidad con que intentamos hacer nuestra tarea.
Solamente haré una reflexión.
Lo que la prensa dice de nosotros es tremendamente doloroso. Se habla en forma permanente de nuestra irresponsabilidad; de que no merecemos estar ni en el Gobierno ni en la Oposición; de que la política es algo sucio; de que no cumplimos con nuestro deber.
Aquellos que por primera vez entran a la política tienen la lengua muy suelta para criticar a quienes estamos en este recinto.
Soy el primero en reconocer que podemos hacer mejor las cosas. Pero también debo manifestar -lo he dicho en todos los tonos y lo reitero aquí- que no merecemos el trato que se nos da.
Lo digo porque, cuando somos capaces de querernos, de respetarnos, de rogar por el otro, de rezar por quien está pasando por una situación difícil, la institución de la que formamos parte no está podrida ni en una condición que desmerezca el respeto del país.
Si algo aprendí en estos días, es que más vale una buena amistad que una buena respuesta.
¡Gracias a todos y a todas!
¡Que Dios nos ayude a cumplir con nuestro deber!
Espero que seamos capaces de reconocer nuestros errores con mucha fuerza y honradez. Pero, al mismo tiempo, debemos tener la fuerza para decir que no merecemos el trato que de repente se nos da.
La unidad, el respeto mutuo, el cariño y el afecto fueron cosas que me conmovieron en estos días.
¡Muchas gracias!

El señor PIZARRO (Presidente).- Gracias a usted, señor Senador.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
)----------(

El señor PIZARRO (Presidente).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra el Senador señor Escalona.

El señor ESCALONA.- Señor Presidente, en realidad, es sobre la Cuenta de la Cámara de Diputados, pero acerca de un hecho que afecta al Senado directamente.
Así como la semana pasada tuvimos ásperas polémicas con el señor Ministro de Hacienda con relación al reajuste del salario mínimo, ahora quiero valorar el que haya ingresado a la otra rama legislativa el proyecto de ley, comprometido en enero de este año, que establece incentivos al retiro para los funcionarios de esta Corporación.

El señor PIZARRO (Presidente).- Efectivamente, el Ejecutivo presentó a tramitación en la Cámara Baja la iniciativa mencionada, en cumplimiento del compromiso adquirido bajo su Presidencia, Senador Escalona.

El señor ESCALONA.- Justamente.

El señor PIZARRO (Presidente).- "Más vale tarde que nunca", dice el refrán,
El señor ESCALONA.- Así es.

ACUERDOS DE COMITÉS

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En reunión del día de hoy, los Comités adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- Tratar en esta sesión, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de ley (signado con el número 7 de la tabla) que elimina los aranceles para la importación de bienes provenientes de países menos adelantados.

2.- Colocar en primer lugar del Orden del Día de la presente sesión el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República (signado con el número 10 de la tabla) con el que requiere el acuerdo del Senado para nombrar integrantes del Consejo de Alta Dirección Pública a la señora María Loreto Lira Domínguez y al señor Manuel Adrián Inostroza Palma, y, en segundo lugar, la iniciativa de ley sobre procedimiento para otorgar concesiones eléctricas, que se incorporó en la Cuenta que se acaba de leer.

3.- Poner en primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana el proyecto (signado con el número 8 de la tabla de hoy) que modifica la ley Nº 20.378, que creó un subsidio nacional al transporte público remunerado de pasajeros, incrementando los recursos del subsidio y creando el Fondo de Apoyo Regional (FAR).

4.- Fijar un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto que modifica los artículos 88 y 89 de la ley Nº 20.255, en relación con el régimen del seguro social contra riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, aplicable a los afiliados independientes y voluntarios del nuevo sistema de pensiones, hasta el lunes 26 de agosto, a las 12, en la Secretaría de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

5.- Ampliar el plazo para formular indicaciones al proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y leyes complementarias, para establecer un sistema de aportes al espacio público, aplicable a los proyectos de construcción, hasta las 12 del lunes 9 de septiembre próximo.

6.- Rendir homenaje, al inicio de la sesión ordinaria del día martes 3 de septiembre, al ex Senador señor Beltrán Urenda Zegers.
7.- Celebrar una sesión extraordinaria el martes 17 de septiembre, de 10 a 12:30, en remplazo de la sesión ordinaria de ese día.
V. ORDEN DEL DÍA



ELIMINACIÓN DE ARANCELES A IMPORTACIÓN DE BIENES PROVENIENTES DE PAÍSES MENOS ADELANTADOS


El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde tratar, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que elimina los aranceles para la importación de bienes provenientes de países menos adelantados, con informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8969-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 34ª, en 19 de junio de 2013.
Informes de Comisión:
Relaciones Exteriores: sesión 43ª, en 31 de julio de 2013.
Hacienda: sesión 43ª, en 31 de julio de 2013.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es fijar un arancel cero a la importación de mercancías originarias de países menos adelantados, excluidas la importación de trigo, harina de trigo y azúcar.
La Comisión de Relaciones Exteriores discutió el proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Kuschel, Larraín (don Hernán), Tuma y Walker (don Ignacio), en los mismos términos en que lo despachó la Cámara de Diputados.
Por su parte, la Comisión de Hacienda también lo aprobó en general y en particular por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Kuschel, Novoa y Zaldívar, en los mismos términos en que lo había despachado la Comisión de Relaciones Exteriores.
El texto propuesto se consigna en la parte pertinente del informe de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general la iniciativa.

Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, este proyecto, iniciado en mensaje, no contiene normas de quórum especial y fue aprobado en general y en particular, en forma unánime, por las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, tal como ocurrió en la Cámara de Diputados.
La finalidad de la iniciativa es expresar activamente la solidaridad de Chile con las naciones económicamente menos adelantadas del resto del mundo, por medio de la eliminación de los gravámenes aduaneros para la importación de productos originados en ellas.
Esta propuesta legislativa se inserta en el propósito de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial del Comercio de apoyar el desarrollo económico y democrático de los países más atrasados, mediante el establecimiento de excepciones en su beneficio dentro de la regulación del comercio internacional.
El texto fija en cero por ciento los derechos de aduana a la importación de mercancías originarias provenientes de países menos adelantados, excluidas la importación de trigo, harina de trigo y azúcar.
Se precisa que un decreto supremo del Ministerio de Hacienda determinará el listado de esos países y las condiciones para su inclusión o exclusión, según los criterios establecidos al efecto por la ONU, y, además, los requerimientos que deberán cumplir sus mercancías para ser calificadas como "originarias", entre los que se deberá contemplar la presentación de un certificado de origen al momento de la importación. El mismo decreto supremo contemplará la lista de países a los que se les aplicará este beneficio a contar del primer, segundo y tercer año de vigencia de esta futura ley.
Por último, según estimaciones del Ejecutivo, el impacto en la recaudación fiscal será poco relevante, pues en la mayoría de los casos se trata de naciones que ya tienen ventajas a raíz de tratados de libre comercio anteriores, es decir, aranceles del 1 por ciento, por lo cual se calcula que el primer año la menor recaudación será de 3,3 millones de dólares, el segundo de 14,8 millones y el tercero de 17 millones de la misma moneda.
Por supuesto, aprobaremos con agrado este proyecto, y estimo que la Sala también debiera acogerlo, al igual como lo hicieron las Comisiones correspondientes.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.

El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, con esta iniciativa nosotros estamos cumpliendo varios objetivos, pero fundamentalmente con dos.
En primer lugar, en el mundo hay una lista de 49 países considerados menos adelantados, según criterios de las Naciones Unidas, los cuales tienen que ver con vulnerabilidad externa, capital humano débil y bajo nivel de ingreso per cápita.
África concentra la mayor parte de ellos, 34 países, Asia 14 y solo uno en nuestro hemisferio, que es Haití.
Como los señores Senadores saben, Chile ha celebrado tratados de libre comercio con 60 países del mundo y más del 90 por ciento de nuestras exportaciones van destinadas a aquellos. Por razones casi evidentes, no hemos negociado ningún tratado de libre comercio con países menos adelantados, porque son muy pequeños y, en muchos casos, ni siquiera tienen la posibilidad de pactar ese tipo de instrumento.
Por eso, las Naciones Unidas y también la Organización Mundial de Comercio han pedido un tratamiento especial para el libre comercio con esos países. Y algunas naciones ya lo han concedido.
Ese libre comercio lo estamos planteando en tres etapas: la primera, inmediatamente; la segunda, a partir del 1° de enero del próximo año, y la tercera, desde el 1° de enero de 2015, sin excepción alguna, salvo las que se mencionan en el mensaje: trigo, harina de trigo y azúcar, por nuestras bandas de precios.
No obstante lo anterior, la responsabilidad de dar ese tratamiento especial la han cumplido algunos países en vías de desarrollo, o emergentes, en forma parcial. Igualmente ha ocurrido con China e India. Pero nosotros le daremos cumplimiento por completo, porque pondremos arancel cero, o sea, sin cuota.
Junto con eso, también vamos a hacer algo por la Empresa Nacional del Petróleo. Permitiremos diversificar sus fuentes de compras de crudo a cualquiera de esos países, dentro de los cuales se encuentran también algunos de los principales exportadores de crudo, con los que no tenemos tratados de libre comercio y que habían quedado excluidos. De hecho, hoy día no importamos combustibles desde ellos por el arancel de 6 por ciento.
Solo deseo dar una idea de la situación de los países menos adelantados: casi el 95 por ciento de sus exportaciones son, fundamentalmente, de combustibles: petróleo, gas y otros hidrocarburos. Por lo tanto, es muy bajo el porcentaje en esa área respecto de otros productos, como los textiles.
En definitiva, creo que con este proyecto estamos cumpliendo con una obligación y con un compromiso internacional, pero también otorgando un beneficio a tales países y a ENAP, para que pueda comprar en forma más expedita sus insumos.
Los costos financieros ya se han mencionado: se partiría, solo a título de mención, con una desgravación unilateral, inmediata y total, respecto de Angola, Chad, Guinea Ecuatorial, Sudán, Sudán del Sur, Yemen y Guinea-Bissau.
El criterio para comenzar con tal desgravación inmediata no es arbitrario. Se basa en el conocido Índice de Herfindahl-Hirschman, que divide a los países de acuerdo a su vulnerabilidad externa, y según el cual todos los que tengan un grado de concentración de exportaciones mayor a 0,75 por ciento accederán en la primera oleada; luego, los que se hallen entre 0,75 y 0,50 por ciento, y, finalmente, aquellos cuyo índice sea menor a 0,50 por ciento.
Por lo tanto, quiero agradecer la disposición que hasta el momento ha habido para tramitar el proyecto en análisis y lograr la unanimidad tanto en la Cámara de Diputados como en las Comisiones del Senado.

El señor PIZARRO (Presidente).- Habrá dos intervenciones más y se cerrará el debate.
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, efectivamente, en el debate que sostuvimos en la Comisión de Relaciones Exteriores sobre la iniciativa, que aprobamos por unanimidad, quedó en claro que ella tiene un sentido comercial; pero, sobre todo, un propósito de solidaridad con países que son, como dice su texto, los menos desarrollados.
Desde ese punto de vista, creo que reúne todos los méritos para aprobarse en la Sala, pues, básicamente, como lo expresara el señor Ministro, la mayoría de esas naciones tiene como única posibilidad la exportación de combustibles.
Mi preocupación -tal aspecto lo pregunté durante el debate en la Comisión- es que este proyecto, que tiene un fin de solidaridad, se pueda usar por algunos países, personas o instituciones para triangular productos que no cuentan con certificación de origen, porque ella es muy difícil de obtener respecto de combustibles, por ejemplo, que se exporten desde países menos desarrollados, con el objeto de utilizar este nicho de mercado como una ventaja, o una concesión especial, que naciones como Chile les van a dar.
No obstante, mucho más importante que la evasión o la falta de fiscalización que pudiese haber al respecto es demostrar solidaridad. Por tal razón, invito al Senado a aprobar la iniciativa en análisis.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, a estas alturas, con lo que han descrito y expresado quienes me han antecedido en el uso de la palabra sobre la características de este proyecto y las razones por las cuales corresponde que lo aprobemos, solo quiero agregar una consideración.
Cuando Chile tenía bajos niveles de desarrollo, valorábamos y apreciábamos enormemente cualquier ayuda, apoyo o asistencia técnica desde el exterior. Hoy día, que hemos logrado un grado de crecimiento relativo y que ya no se nos considera dentro de los países con más bajo nivel de desarrollo, pues se nos ubica en niveles emergentes y acercándonos al desarrollo -¡Dios mediante!-, creo que debemos dar testimonio de solidaridad con naciones que todavía no han alcanzado tal situación.
Solo algunos países, de África, en su mayoría, de América Latina y el Caribe, como Haití, y de Asia y el Pacífico, atraviesan por un escenario que requiere de una urgente solidaridad internacional, de la cual Chile no puede estar ausente.
Por eso, concurrimos en las Comisiones y ahora lo haremos en la Sala, con mucho entusiasmo, a aprobar este gesto de solidaridad internacional, que debe estar siempre presente en las decisiones de política exterior chilena.

El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, procederemos a abrir la votación, con fundamento de voto hasta por dos minutos, como se ha mencionado.
Acordado.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, los Senadores de Renovación Nacional votaremos a favor de la iniciativa, porque, de alguna forma, posibilita el camino para beneficiar a un grupo de naciones, pero también soluciona un problema que, a través de un proyecto de acuerdo, planteamos al Gobierno.
Me alegro de que el Ministro de Hacienda -siempre tan criticado-, a través del mecanismo propuesto, haya cumplido con lo solicitado por el Senado en el sentido de terminar con el 6 por ciento del arancel de importación de los combustibles, que provocó muchos problemas en los países menos adelantados y en la ENAP -que también nos pidió tal alternativa de solución-, pues hoy día dicha empresa debe comprar con ese arancel.
La situación actual de la Empresa Nacional del Petróleo es delicada: tiene 4 mil millones de dólares de deuda y 400 millones de dólares de patrimonio, por lo que resulta innecesario ahondar en el problema.
Al abrir las posibilidades de comercio con países del Asia Pacífico, África y otros, se le termina tal situación a la ENAP, lo que será una ayuda importante para que pueda recuperar parte de sus ingresos.
Ojalá podamos tener también por esa vía una rebaja en el valor de los combustibles, lo que preocupa a todos los chilenos.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis, para fundamentar el voto.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, como señaló el Honorable señor Prokurica, esta materia fue analizada en profundidad en la Comisión de Minería y Energía. Y de hecho un informe sobre el particular se encuentra en la tabla de hoy para ser visto por la Sala, el que lleva meses sin ser discutido.
La Comisión de Minería y Energía se preocupó de analizar especialmente la situación patrimonial de la ENAP, en la que inciden varios factores. Solo voy a mencionar tres.
A tal empresa le impactan fuertemente los costos de la energía por el contrato de suministro de GNL. Ello fue resuelto mediante un acuerdo. De tal manera que sus costos deberían ser mucho menores.
Presenta un serio problema con los pasivos, que deben reprogramarse.
Además, debe mencionarse el problema del subsidio que la ENAP entrega a Magallanes, materia que afortunadamente ya se encuentra incorporada en la Ley de Presupuestos.
Y un último asunto se refiere a la limitada capacidad de negociación de la ENAP con los países productores, debido a los aranceles.
A través de este proyecto de ley, se está resolviendo una de las materias importantes, planteadas en el propio documento a que hice mención, que dice relación con capacitar a la ENAP para no negociar solo con un número limitado de países productores. Hoy día se amplía su capacidad de negociación haciéndola extensiva a otros productores, lo cual, sin duda, contribuirá a mejorar su situación.
Por estas razones, la bancada de la UDI votará favorablemente el proyecto.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señor Presidente, por cierto voy a concurrir con mi voto favorable a aprobar el proyecto.
Solo haré algunas precisiones, para que tampoco lo pintemos en el sentido de que lo que busca es únicamente la solidaridad con los países menos adelantados del mundo.
He comprobado en las intervenciones de mis colegas que se concentran exclusivamente en el problema del petróleo.
Lo que ocurre es que tenemos acuerdos de libre comercio con buena parte de los productores de petróleo del planeta, salvo con aquellas naciones menos adelantadas, con las cuales hoy día vamos a tener un beneficio.
Entonces, junto con la solidaridad con esos países, hay un beneficio para Chile, desde el punto de vista del abaratamiento de costos.
Sin embargo -quiero decirlo, porque me ha tocado trabajar por muchos años esta materia, que no comparto-, esta iniciativa es solidaria hasta que hablamos de trigo, harina de trigo y azúcar, productos sensibles de las bandas de precio tradicionales chilenas.
A algunos de mis colegas seguramente les parecerá bien esa norma en cuanto a encarecer artificialmente las importaciones desde países menos adelantados, que tienen poco que producir. Mas si tuvieran trigo, harina de trigo o azúcar, el referido acuerdo no sería tan solidario respecto de ellos.
Entonces, desde esa perspectiva, pienso que se trata de una solidaridad relativamente económica, a la carta. ¡Peor es nada!
Pero lo propuesto al menos honra algunos de nuestros compromisos internacionales. Sin embargo, sigo insistiendo en que hemos pagado tan caro para defender nuestros productos agrícolas que yo habría pensado, cuando hablamos de países menos adelantados (rayanos diría en un ingreso per cápita inferior a 500 dólares), en haber tenido mayor generosidad. Entiendo que ello es difícil para productos agrícolas como trigo, harina de trigo y azúcar.
Me refiero a tales productos, señor Ministro.
No obstante, me parece que se trata de un proyecto que ayudará a abaratar el petróleo proveniente de los países menos adelantados.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Kuschel.

El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, quiero anunciar también mi voto favorable a este proyecto; y a la vez decir que del listado de países con los cuales estamos rebajando nuestras fronteras económicas prácticamente a cero, no distingo a productores de trigo, harina de trigo o azúcar.
Pero sí me parece que estamos dando una muestra de ayuda o colaboración con naciones que se hallan en una etapa de desarrollo inferior a la nuestra por ahora.
Me habría gustado que, cuando nosotros estábamos en esa etapa, los países que predican y dicen que practican la solidaridad nos hubieran abierto espacios de comercio, como lo que estamos haciendo nosotros. Espero que otras naciones procedan igual.
Expreso mi satisfacción por la decisión del Gobierno chileno y de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Hacienda.
Reitero mi voto favorable a esta iniciativa, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar, para fundamentar el voto.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, solo para expresar -ya lo han dicho los Senadores que me han precedido en el uso de la palabra- que efectivamente este proyecto fue visto en la Comisión de Hacienda.
Ya se mencionó su efecto para países menos desarrollados, a los cuales Chile puede bajar los aranceles.
Ese es un compromiso con Naciones Unidas.
Además, se trata de una materia que -según se ha dicho- tiene poco impacto desde el punto de vista financiero: solo tres millones de dólares el primer año, para llegar en régimen, al tercer año a un menor ingreso de 17 millones. Pero, a su vez, va a provocar un impacto positivo en relación con las importaciones de petróleo que pueda llevar a cabo la ENAP, lo que le permitirá comprar en esos países, cuestión que no podía hacer por el diferencial de arancel.
Por esas razones la Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad este proyecto.
Voto que sí.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (35 votos a favor), y por no haberse presentado indicaciones, queda aprobado también en particular y despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).


El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.

El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, deseo contestar una inquietud del Senador Tuma respecto de la triangulación o del posible uso como plataforma para que países que no tienen arancel cero pudieran aprovechar este beneficio.
Ese es un tema complejo de reglas de origen.
No digo que no haya riesgo. Pero, como Chile ya ha suscrito acuerdos de libre comercio con 60 países, tiene bastante conocimiento en la forma de detectar las reglas de origen de los distintos productos.
Por tanto, si bien es cierto el riesgo puede darse, creo que es bastante menor.
Con respecto al planteamiento referido a exportaciones de trigo, harina de trigo o azúcar de países menos adelantados, debo decir que he estado revisando las listas de exportaciones, las cuales no exhiben productos agrícolas. Básicamente se trata de hidrocarburos; y el resto, muy menor, corresponde a piezas de vestir.
No sostengo que estén impedidos de desarrollar esa habilidad en el futuro; pero, en el momento actual, no se han demostrado como exportadores de productos agrícolas.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Señores Senadores, quiero aprovechar de saludar a una delegación del Limache College, de Limache, que se encuentra en las tribunas.
¡Bienvenidos!



DESIGNACIÓN DE DOÑA MARÍA LORETO LIRA DOMÍNGUEZ Y DE DON MANUEL ADRIÁN INOSTROZA PALMA COMO MIEMBROS DE CONSEJO DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA


El señor PIZARRO (Presidente).- Conforme a lo resuelto por los Comités, corresponde ocuparse en el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar integrantes del Consejo de Alta Dirección Pública a la señora María Loreto Lira Domínguez y al señor Manuel Adrián Inostroza Palma. Cuenta con informe de la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 1587-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 41ª, en 17 de julio de 2013.
Informe de Comisión:
Hacienda: sesión 45ª, en 6 de agosto de 2013.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El Ejecutivo hizo presente la urgencia en los términos del párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Constitución Política.
La Comisión de Hacienda recibió en audiencia a las personas propuestas por el Primer Mandatario para integrar el Consejo, sesión en la cual se intercambiaron opiniones y planteamientos acerca de las funciones y los desafíos del Consejo y del Sistema de Alta Dirección Pública.
El referido órgano técnico deja constancia, por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos y Zaldívar), de que en la proposición en estudio se ha dado cumplimiento a los requisitos, las formalidades y el procedimiento previstos por nuestro ordenamiento jurídico.
Cabe tener en consideración que la Cámara Alta debe pronunciarse respecto de la propuesta como una unidad, y que el acuerdo requiere cuatro séptimos de los Senadores en ejercicio, esto es, 21 votos favorables.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión.

Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la solicitud del Presidente de la República.
--(Durante la votación).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag, para fundamentar su voto.

El señor SABAG.- Señor Presidente, el Consejo de Alta Dirección Pública está integrado por el Director Nacional del Servicio Civil, que lo preside, y por cuatro consejeros designados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado, quienes duran seis años en sus cargos y se renuevan por pares cada tres años.
Corresponde, entonces, en esta ocasión designar a los remplazantes del señor Rafael Blanco Suárez y de la señora María Loreto Lira Domínguez (que sustituyó a María Luisa Brahm Barril), ambos consejeros hasta el 19 de julio de 2013.
En la Comisión de Hacienda se entrevistó a las personas propuestas por el Presidente de la República y se determinó que en estas designaciones se cumplen todas las formalidades de rigor y todos los requisitos legales.
María Loreto Lira es ingeniera comercial, cuenta con un máster en Economía de la Universidad de Boston y tiene especialización en Economía Laboral. Se desempeña, desde hace una década, en la Universidad de Los Andes, donde se dedica al área de la Microeconomía.
Por su parte, Manuel Inostroza Palma es médico cirujano, especialista en salud pública y gestión en el área de Salud. Entre otros cargos, ocupó los de Superintendente de Isapres y Superintendente de Salud, y desde hace tres años colabora con el Sistema de Alta Dirección Pública como profesional experto para la selección de cargos de segundo y tercer nivel, particularmente con relación a los concursos en el área de la salud, que representan un tercio del total.
Ambos postulantes reúnen todos los requisitos necesarios. Se trata de personas idóneas, y no me cabe duda de que van a tener un muy buen desempeño en el Consejo de Alta Dirección Pública.
Por supuesto, voto favorablemente.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Por 28 votos a favor, se aprueba la propuesta del Presidente de la República para nombrar a la señora María Loreto Lira Domínguez y al señor Manuel Adrián Inostroza Palma integrantes del Consejo de Alta Dirección Pública, dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), García-Huidobro, Girardi, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Novoa, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor PIZARRO (Presidente).- Se deja constancia en la Versión Oficial de la intención de voto afirmativo de los Senadores señora Rincón y señores Ruiz-Esquide y García.




PROCEDIMIENTO PARA OTORGAMIENTO DE CONCESIONES ELÉCTRICAS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA


El señor PIZARRO (Presidente).- Conforme a lo acordado por los Comités, corresponde ocuparse en el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley sobre procedimiento para otorgar concesiones eléctricas, con urgencia de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8270-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 100ª, en 5 de marzo de 2013.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 41ª, en 17 de julio de 2013.
Informes de Comisión:
Minería y Energía: sesión 10ª, en 9 de abril de 2013.
Minería y Energía (segundo): sesión 31ª, en 17 de junio de 2013.
Mixta: sesión 47ª, en 13 de agosto de 2013.
Discusión:
Sesiones 18ª, en 30 de abril de 2013 (se aprueba en general); 34ª y 36ª, en 19 de junio y 2 de julio de 2013, respectivamente (queda pendiente la discusión particular); 38ª, en 3 de julio de 2013 (se aprueba en particular).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras derivan del rechazo de la otra rama legislativa, en el tercer trámite constitucional, de las enmiendas recaídas en las siguientes normas del artículo único: letra b) del numeral 5); numeral 12); numerales 12 bis) y 12 ter), nuevos, y numeral 21).
En lo fundamental, tales disposiciones versan sobre la oportunidad en que se hace la consulta a los pueblos originarios; la forma en que se salvaguardan las áreas protegidas; las personas que pueden formular observaciones u oposiciones, y el mecanismo de notificación y de entrega de posesión material del predio que soporta la servidumbre.
La Comisión Mixta, como modo de resolver las discrepancias entre ambas Cámaras, propone aprobar los textos propuestos por el Senado para los numerales 5), letra b); 12); 12 bis); 12 ter), y 21) del artículo único, con una enmienda en el caso del número 12 ter).
El órgano técnico adoptó este acuerdo con las siguientes mayorías:
Respecto de los numerales 5), letra b), y 12 bis), con los votos afirmativos de los Senadores señores Frei, Orpis y Prokurica y de los Diputados señores Bertolino, Rojas y Vilches, y los votos en contra de los Senadores señores Gómez y Horvath y de los Diputados señores Núñez y Vallespín.
En lo relativo al número 12), con los votos afirmativos de los Senadores señores Frei, Orpis y Prokurica y de los Diputados señores Bertolino, Rojas y Vilches; los votos en contra de los Senadores señores Gómez y Horvath y del Diputado señor Vallespín, y la abstención del Diputado señor Núñez.
En lo referente a los números 12 ter) y 21), con los votos afirmativos de los Senadores señores Frei, Orpis y Prokurica y de los Diputados señores Bertolino, Núñez, Rojas, Vallespín y Vilches, y los votos en contra de los Senadores señores Gómez y Horvath.
Cabe hacer presente que los artículos 31° bis y 34° bis -introducidos por los numerales 12) y 12 ter), respectivamente, al artículo único del proyecto-, que se contienen en la propuesta que formula la Comisión Mixta, revisten el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que para su aprobación se requieren 21 votos favorables.
Finalmente, es dable informar que la Cámara de Diputados, en sesión de 13 agosto de 2013, aprobó la proposición del órgano técnico.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios figuran la propuesta de la Comisión Mixta y el texto que quedaría de aprobarse lo que plantea.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión el informe de la Comisión Mixta.

Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, solo deseo informar de la forma más breve posible los resultados del trabajo de la Comisión Mixta, que estuvo integrada por los Diputados señores Bertolino, Núñez, Rojas, Vallespín y Vilches, y por los Senadores de la Comisión de Minería y Energía de nuestra Corporación.
Los temas acerca de los que versaron las diferencias entre el Senado y la Cámara de Diputados recaen en el artículo 22°, sobre áreas silvestres protegidas; en el inciso segundo del artículo 34°, referente al cumplimiento del Convenio N° 169 de la OIT, sobre pueblos originarios; en el artículo 34° bis), concerniente al alzamiento de medidas precautorias; y en el artículo 67°, tocante a la entrega de la posesión material del predio y al uso de la fuerza pública.
En verdad, tales discrepancias se resolvieron a favor de lo que había aprobado el Senado en el segundo trámite, según se consagra en un acuerdo político alcanzado por diversos sectores, que acogió los cuatro puntos que expuse anteriormente.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, Honorable Senado, tal como lo señaló el Senador Prokurica, la Comisión Mixta -posteriormente fue ratificado por la Cámara de Diputados- resolvió en forma mayoritaria a favor de la propuesta del Senado.
La única disposición que se alejó del texto de la Cámara Alta dice relación con el numeral 12) ter, que agrega el artículo 34o bis, referido al alzamiento de las medidas precautorias.
En su oportunidad, el Senado resolvió proceder al alzamiento de las medidas precautorias respecto de toda clase de juicios. En cambio, la Comisión Mixta acota su alzamiento únicamente a los juicios posesorios.
En cuanto al artículo 31o bis, atinente al arbitraje, originalmente no se aprobó en la Cámara de Diputados solo por falta de quórum, no por diferencias en materia de contenido. Ahora se alcanzaron los votos, y se mantuvo estrictamente el mismo texto.
Respecto de las notificaciones, se conserva íntegramente lo despachado por el Senado.
Ahora bien, en lo relativo a los otros dos temas pendientes, hay diferencias. De hecho, creo que existe un acuerdo -el señor Ministro podrá dejarlo consignado- en orden a presentar un veto supresivo, concretamente acerca de las áreas silvestres protegidas y de la consulta indígena.
¿Cuáles son las divergencias con lo que propone la Comisión Mixta, que fue aprobado por mayoría?
Tanto el texto de la Cámara Baja como el del Senado establecían que debían respetarse las normas en materia medioambiental, especialmente en lo referido a áreas silvestres protegidas. Pero la diferencia radicaba en que un grupo de señores parlamentarios sostenía que respecto de las áreas silvestres protegidas siempre debían buscarse trazados alternativos. Ahora, la mayoría de la Comisión Mixta establece que han de respetarse íntegramente todas las disposiciones regulatorias en materia medioambiental.
El segundo tema hace referencia a la consulta indígena.
Tal como lo señalé en la Comisión Mixta, la propuesta de la Cámara de Diputados estaba mal concebida. Porque establecía que la consulta indígena debía efectuarse en la concesión provisoria, en circunstancias de que esta última no es obligatoria, y de exigirse la consulta en esa etapa, que es de estudio, muy provisoria, todos se la iban a saltar.
Nos parece que lo más recomendable es realizar la consulta cuando se cuente con todos los elementos necesarios para llevarla a cabo. Por eso estoy a favor de la propuesta del Senado -recuerdo una intervención del Senador Zaldívar en esta misma línea-, en el sentido de que la consulta debe efectuarse en el momento en que se dispone de todo lo requerido.
¿Y cuándo se da ello? En general, cuando está otorgada la concesión o se encuentra en el proceso del sistema de evaluación de impacto ambiental. Porque para implementar un proyecto eléctrico se necesita una concesión, que da origen a una servidumbre, y poseer los permisos ambientales. Y lo lógico es realizar la consulta cuando se cuenta con todo eso, pues se tiene el trazado, se conocen las características del proyecto. De ahí que fuera pertinente la propuesta del Senado en orden a incorporar la materia en el artículo 34o, que consagra que antes de iniciarse la construcción debe efectuarse la consulta indígena.
Por las razones expuestas, me parece acertada la proposición de la Comisión Mixta, porque el único cambio dice relación con acotar el alzamiento de las medidas precautorias a los juicios posesorios, que es la denominada "denuncia de obra nueva".
En consecuencia, creo que el Senado debería pronunciarse a favor de lo propuesto, pues corresponde a lo que se aprobó por inmensa mayoría cuando se discutió el proyecto en el seno de esta Corporación.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, en materia de concesiones eléctricas, no cabe duda de que hay que asegurar que se definan en forma transparente menores plazos para las obras que resulten necesarias. Así, este proyecto, a diferencia de otras iniciativas, busca darle cierta preponderancia a las concesiones eléctricas para la transmisión de energía.
Sin embargo, en las discusiones en las Salas del Senado y de la Cámara de Diputados, y en el seno de las Comisiones especializadas y de la Mixta, hubo temas en los cuales no se llegó a consenso, que se dirimieron por un acuerdo que finalmente fue respetado por las partes pero que no representa a la totalidad ni de esta rama legislativa ni de la otra.
Se ha hecho mención a dos puntos en cuestión.
Uno de ellos se refiere a la pertinencia de la consulta a los pueblos originarios, desde luego, a los afectados o potencialmente afectados por las líneas y las franjas de transmisión.
Se votó favorablemente por mayoría de votos el texto del Senado, que a diferencia del de la Cámara de Diputados establecía que se haría la consulta indígena antes de comenzar la construcción, otorgada la concesión definitiva.
Nosotros planteamos -está bien lo que se dice acerca de la manera, y así lo reconocieron los Diputados- que se pidiese realizar la consulta indígena antes de empezar los proyectos. Porque, ¿cuál es el objeto de ella? Poder influir en un trazado que no afecte tanto a los pueblos originarios o que definitivamente no los afecte. Pero del modo en que se redactó la disposición en la otra rama legislativa la consulta se establecía solo para la concesión provisoria y no la definitiva.
Por lo tanto, era un tema que estaba en controversia y que debía ser resuelto.
Se zanjó en la Comisión Mixta. Pero no se reunieron los votos suficientes en la Cámara de Diputados. Por ello, finalmente se optó, en un acuerdo con el Gobierno, por un veto supresivo. Es decir, en lo que a la consulta indígena se refiere, rige la norma general: es previa, de buena fe y se puede hacer como corresponde. Eso es lo que pretendemos. Y tampoco queda sujeta solo a un reglamento, porque ello no fue concordado.
El segundo tema en controversia fue el de las áreas silvestres protegidas.
La Cámara de Diputados planteó -así llegó el proyecto al Senado- que se tenían que considerar siempre, donde fuese posible, alternativas de trazado respecto a las áreas silvestres protegidas. ¿Cuál es el objeto de esto? Una vez más, encontrar con anticipación fórmulas para evitar pasar por ellas. Por ejemplo, podría darse el caso de un proyecto geotérmico en el centro de un volcán que cruzara por algunas de estas áreas. Por eso la redacción más feliz es "donde sea posible y previo acuerdo de las partes".
No se alcanzó a un consenso que sustentara aquello en votos, porque la fórmula que propuso por mayoría el Senado establecía que se debían respetar las leyes, las normas y los tratados internacionales en materia ambiental. ¡Eso es obvio! Si se trata de leyes, de normas y de tratados, no hay que volverlos a declarar en una ley específica. Esta tiene que avanzar más allá. Por eso nos pareció bien la fórmula de la Cámara Baja.
Sin embargo, no hubo acuerdo en tal sentido. Se pretendió dejarlo de manera genérica. Y tampoco hubo votos suficientes ahora en la Cámara de Diputados. En definitiva, también se optó por el veto supresivo. Es decir, no se avanza respecto a la posibilidad de que siempre deban estudiarse alternativas de trazado, lo cual nos parece inconveniente.
Hay otras cuestiones pendientes.
Una de ellas es la referida a la caución. Aquí ha sido mencionado el artículo 34o bis. Este dispone que "se suspenderán los efectos de dicha orden de paralización o suspensión de obras si el concesionario consigna en la cuenta corriente del tribunal caución suficiente para responder de la demolición de la obra o de la indemnización".
Eso opera cuando es factible. Pero si alguien altera un área silvestre o un proyecto turístico, no se puede cautelar por la vía monetaria que se repongan las condiciones originales. Ese es el asunto de fondo. Y por eso no concordamos con tal fórmula.
También ha quedado pendiente la situación de cómo los interesados, los afectados por las concesiones eléctricas y las franjas correspondientes pueden plantear observaciones u oposiciones.
Esta ley en proyecto solo les da esa posibilidad a los propietarios de las franjas. Y habla de "otros interesados", pero se entiende que cumplen los requisitos que establecen los artículos de la normativa a que hace referencia.
Por consiguiente, la iniciativa es tremendamente restrictiva, y eso no nos parece bien. De hecho, afecta varios derechos constitucionales de otros proyectos. Y he dicho a manera de ejemplo que, si una persona, o un grupo de personas, o una empresa, o una región llevan adelante determinado proyecto de carácter turístico, desde luego no da lo mismo que por el terreno vecino pase una línea de transmisión, ya que los turistas verán a través de las ventanas instalaciones eléctricas en vez del paisaje. Sin duda, ahí hay gente afectada.
La presente iniciativa no resguarda aquello como corresponde.
Por otra parte, la fórmula de notificación -se desprende de su sola lectura- establece algo que es impresentable: "Sin perjuicio de la existencia de cualquier reclamación pendiente, sea del concesionario o del dueño del predio, la exhibición del comprobante de pago" otorga la posibilidad de que el juez respectivo ordene la posesión material de los terrenos. Y en ciertos casos se permite hacer la notificación dejando el papel en el predio, y se puede pedir descerrajamiento y uso de la fuerza pública. A nuestro juicio, eso no corresponde. En esta materia se debe aplicar la norma general.
Por las razones expuestas, y como los informes de las Comisiones Mixtas no se pueden votar por separado, voto en contra y manifiesto, desde luego, que en lo relativo a garantías constitucionales haré los requerimientos ante el Tribunal Constitucional.
Muchas gracias.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Frei.

El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, me voy a referir solamente a los dos puntos centrales de la controversia.
En el caso de la consulta indígena previa a la entrega de la concesión, el establecimiento de esa obligación va a desnaturalizar el Convenio N° 169 de la OIT, que es ley en Chile y obliga al Estado a consultar las medidas administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas interesados.
La jurisprudencia de nuestros tribunales ha señalado que los procedimientos concesionales no producen afectación directa, ya que la sola concesión no permite la ejecución de obras, las cuales, en definitiva, sí ocasionan aquella.
La medida administrativa habilitante para desarrollar las obras es la resolución de calificación ambiental y por eso las cortes exigen que, previo a su otorgamiento, la administración realice la debida consulta.
Afirmar que la consulta indígena es necesaria antes de la concesión evidencia confusión conceptual.
Eso es lo que cabe decir en cuanto a este tema. Luego voy a explicar por qué creo que se ha cometido un gran error al llegar a este acuerdo para aprobar el informe de la Comisión Mixta en la Cámara de Diputados.
Acerca de la obligación de buscar trazados alternativos en las áreas protegidas, la legislación vigente, incluyendo la Convención de Washington, impide desarrollar proyectos, obligando eventualmente a buscar trazados alternativos cuando las obras son incompatibles con los objetivos y el uso racional de los recursos naturales de parques nacionales y otras áreas protegidas, por lo que carece de sentido establecer una obligación como la propuesta.
¿Qué quiero decir con lo anterior, señor Presidente?
El proyecto enviado por el Gobierno sobre concesiones eléctricas no incluía el tratamiento que se le dio al Convenio de la OIT en la iniciativa y en el acuerdo político: que la consulta indígena se haga una vez otorgada la concesión, cuando se sepa la ubicación de la obra y sus características. Y en ese momento se podrán cambiar los trazados.
Ahora me referiré a las áreas protegidas.
¿Qué va a suceder, en definitiva? En la discusión que sostuvimos acá y en la negociación con el Gobierno procuramos que dichas materias quedaran incorporadas en la iniciativa. Era primera vez que en una legislación sectorial se incluía el Convenio de la OIT.
¿Qué se ha logrado con esto? El Gobierno aprueba en la Cámara Baja el informe de la Comisión Mixta y promete un veto supresivo. Como lógicamente no vamos a alcanzar en alguna de las dos ramas legislativas los dos tercios, el veto se va a aprobar. Por lo tanto, los dos artículos van a quedar fuera de la normativa. O sea, consiguieron el objetivo. Lo que habíamos logrado en un acuerdo político con el Gobierno: que por primera vez se incluyera el Convenio 169 y un artículo distinto para las áreas protegidas, lo borran con el sistema del veto. Y yo le pido al Ministro, lógicamente que no lo hará, que suscribamos un acuerdo aquí, en el sentido de que no queremos el veto. Eso sería lo lógico. Así como la Cámara lo pretende; nosotros, no. Porque deseamos que estos ítems queden incluidos en el proyecto. Gracias a esta maniobra quedarán afuera. ¿Y qué va a hacer el Gobierno -y lo ha dicho el Ministro-?: acoger el proyecto original y no el acuerdo político alcanzado. Es decir, vamos a retroceder al punto inicial, a cuando la iniciativa llegó aquí, al Congreso, antes del acuerdo que firmamos con el Ejecutivo para incluir tales materias, como nunca se había hecho.
Se consiguió el objetivo. Eso es lo que lograron.
En definitiva, tenemos un proyecto más malo para los pueblos originarios y para las áreas silvestres protegidas. Al final, eso es lo que se ha logrado: un retroceso con respecto al acuerdo político a que habíamos llegado para sacar una muy buena normativa. Y lo reitero de nuevo: por primera vez se iba a incluir el Convenio de la OIT en una ley sectorial. Ahora, con este sistema, quedó afuera. Y en el caso de las áreas silvestres, se aplica la ley general.
Por lo tanto, ello representa un retroceso claro con respecto al objetivo que habíamos alcanzado.
Yo lo siento, porque habíamos logrado un buen acuerdo político y un proyecto mucho mejor. Con esto volvemos a la iniciativa original del Gobierno. Y ello significa que no hemos avanzado nada en la materia.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Señor Presidente, el problema de votar proyectos como el que analizamos -lo hemos reiterado en sesiones anteriores- es que uno no sabe qué interés está sirviendo. Porque, lamentablemente, no existe una estrategia de país, no hay una política de Estado, no está representado el interés público. Y lo que se halla detrás es una política que, por la vía de los hechos, representa solo los intereses de las empresas, dado que ellas toman todas las decisiones en función de cuál será la matriz, qué tipo de energía se desarrollará, dónde se va a producir. No hay ninguna política de Estado, ni siquiera para sugerir qué tecnología se utilizará, en qué lugar y en función de qué necesidades va a operar.
Por lo tanto, acá tenemos una política que tiende a la concentración del sector; que ha estado focalizada en producir la energía con los combustibles más contaminantes, con un aumento progresivo de la huella de carbono per cápita, la que luego se hallará entre las más altas de Latinoamérica y, finalmente, con precios altísimos, a pesar de que se usan las materias primas más baratas. Es decir, el nivel de rentabilidad que la industria eléctrica alcanza en Chile no se obtiene, seguramente, en ningún lugar del planeta.
Las tarifas más elevadas, la rentabilidad más alta, evidentemente constituyen un subsidio ambiental de parte de la sociedad chilena. En efecto, por cada megawatt producido hay un subsidio al carbón de cerca de 40 dólares. Eso hacemos: que la sociedad chilena le pague tal cantidad a la industria del carbón. Y así resulta imposible comparar una energía con otra, porque las energías limpias no contaminan y las otras no tienen internalizados los costos y las externalidades de la contaminación y del daño ambiental que se produce.
Ahora estamos analizando un proyecto de concesiones que, como no existe una política al respecto, no se halla confeccionado en función de un interés de país, sino que va a servir los mismos intereses económicos que hoy día han generado la concentración monopólica, los precios más altos de la energía y el poco desarrollo de las energías renovables.
Chile está considerado a nivel mundial como una de las naciones que tienen las principales reservas, capacidades y cualidades en materia de energías renovables.
Yo señalé la vez pasada que el estudio de Carlo Rubbia, que dirige el Instituto para el Avance de Estudios de Sostenibilidad de Potsdam, de investigación sobre energías renovables, dice que en un pedazo de nuestro desierto de 210 por 210 kilómetros se recibe la radiación de 15 terawatts, que es el equivalente al consumo planetario de energía en un año.
Pues bien, nosotros no tenemos ningún proyecto de desarrollo. ¿Por qué? Porque a las grandes empresas, a los monopolios no les interesa la competencia; no les interesa la incorporación de otros actores. Y finalmente lo que estamos haciendo en estas iniciativas es profundizar eso. Pero con la agravante de que se utiliza como subterfugio de que aquí habría una legislación ambiental que protegería el desarrollo de tales proyectos y de que no sería necesario establecer otro tipo de resguardo, por ejemplo, en materia de pueblos originarios, de Convenio 169, de áreas silvestres protegidas.
Lo que quiero decir es que la legislación ambiental en Chile se usa para cometer fraudes sistemáticos. Es una normativa hecha para que existan los fraudes; está hecha para que impere la decisión política sobre la resolución técnica; para blanquear proyectos que no se aprobarían en ninguna parte del planeta; para que los lobbys tengan expresión y los más poderosos puedan ganar. Y prueba de lo anterior es que los tribunales de justicia, reparando estos fraudes, han echado por tierra al menos tres proyectos en el último tiempo: uno, Pascua Lama; dos, Punta Alcalde; tres, Castilla, y todavía no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo.
Eso, en definitiva, no es bueno para el país ni para los empresarios, porque la institucionalidad ambiental está tan desprestigiada, tan cuestionada que no genera credibilidad. Y cada vez que ella aprueba algo, termina judicializado.
Los propios jueces están reparando los fraudes que se cometen al interior de la institucionalidad ambiental. Ocurrió en este Gobierno y en gobiernos anteriores. Yo, por lo menos, lo planteé en esta Administración y en las que la precedieron.
Por lo tanto, supeditar a esa norma el ser garante del buen desarrollo lo único que hace es perseverar y profundizar el fraude ambiental en este país, lleno de conflictos de intereses de sus autoridades, por la forma en que se hacen las cosas.
El que se acepte, por ejemplo, que la persona que ha provocado un daño ambiental deje una fianza, la cual le permite no detener el proyecto y seguir destruyendo el medio ambiente, me parece absolutamente vergonzoso.
El que se dé un mal uso al Convenio 169, que finalmente no tiene ningún sentido; o el que se precarice la protección de las áreas silvestres protegidas y los parques nacionales, sin una discusión de fondo, sin una política de desafectación por vía legal, a lo único que tiende es a dejar este tipo de materias en el territorio de la "ley de la selva", donde es el más fuerte el que gana y se impone.
Por lo tanto, evidentemente, este proyecto va a pasar a la historia como uno de los que poseen las mayores precariedades, ya que hizo absoluto abandono de los temas fundamentales por los que hemos venido luchando durante muchos años: la protección ambiental, la protección de las áreas silvestres protegidas, la protección de las comunidades.
¿Qué posibilidad tiene una comunidad pequeña de enfrentarse a los superpoderosos con esta normativa, que además es asimétrica, hecha como un traje a la medida para ellos? Los pequeños no van a poder defenderse. Las grandes empresas, los grandes actores disponen de recursos y de legiones de abogados. Para ellos no es un problema. Esta iniciativa lo que hace es menoscabar y aumentar la minusvalidez de aquellos que no tienen cómo defenderse.
Por eso, señor Presidente, voy a mantener mi posición de cuestionar este proyecto, porque creo que no está hecho a partir de un interés de país. Aquí nada nos indica que este conjunto de iniciativas vaya en función de desarrollar las energías renovables; de poner por delante el bien común; de que haya una política de Estado; de que dejen de primar los intereses de las empresas; de que finalmente no se defina en las oficinas de estas, sobre la base de sus intereses de corto plazo -que pueden ser legítimos para ellas, pero que no lo son para el país-, el tema más importante que tiene una sociedad. Las sociedades son sociedades energéticas y no al revés. No son las sociedades las que definen los modelos energéticos, son los modelos energéticos los que definen las sociedades.
Y esto se da con la agravante de que petróleo queda para muy pocos años más. Estamos terminando un ciclo de desarrollo, civilizatorio: el ciclo de la civilización del petróleo, de los hidrocarburos, de los fósiles. Y viene otra civilización en el siglo XXI, a la cual nosotros nos negamos con una ceguera profunda: la civilización de las energías limpias, democráticas, que son las que van a originar el mismo cisma que generó Internet respecto al teléfono. Las energías renovables van a provocar el mismo quiebre de transformación cultural y civilizatoria en sus opciones de generación distribuida, de Internet eléctrico, de todos estos procesos que vienen por delante pero que nosotros no ponemos como prioridad.
Es una paradoja que, encontrándose Chile en la frontera avanzada en muchos ámbitos de ciencia y tecnología, contando con los mayores recursos del planeta, esto no sea una prioridad. Y nosotros estamos siendo cómplices de ello. Este país tiene la mayor reserva del mundo en geotermia y, sin embargo, no cuenta ni siquiera con un piloto geotérmico. Un proyecto como DESERTEC, en el desierto del Sahara, que recibe 20 por ciento menos irradiación que el nuestro, va a instalar 2 mil megas para venderles energía a los europeos, y nosotros no somos capaces de hacer algo semejante, teniendo la demanda más intensa de energía con las mineras, que están pagando precios exorbitantes y que carecen de toda posibilidad de proyectar un precio estable hacia el futuro, ya que seguimos asociados al carbón, al petróleo y a los fósiles, más aún si se considera que la desalinización del agua que necesitan se va a lograr por energía.
A mí me parece un total contrasentido. Y yo reclamo que cuando discutamos instrumentos de política como estos, lo hagamos en función de una política de país. Hoy día no la hay. Y nadie me puede asegurar que esta normativa no se utilizará sino en función de garantizar los privilegios y las rentabilidades de los mismos de siempre.
Yo sé que el Ministro Bunster, aquí presente, ha hecho un esfuerzo, pero creo que él, en este Gobierno, es Toribio el Náufrago: tiene cero apoyo, no hay voluntad alguna de avanzar en una política de país acerca de un asunto que reviste mucha relevancia.
El tema más importante de Chile para el futuro es su desafío energético. Es el problema que nos va a afectar en materia de competitividad, de mejor democracia, de un desarrollo más horizontal y menos vertical, que va a cambiar la estructura productiva del país, y nosotros todavía no lo entendemos y seguimos aprobando proyectos que son ciegos y que son meros parches.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, más que nada intervengo para manifestar mi acuerdo con lo que ha señalado el Senador Eduardo Frei acerca del proyecto en debate.
Creo que el veto supresivo que se le ha solicitado al Ejecutivo respecto de las dos disposiciones mencionadas es un retroceso. El texto legal que despachamos en el Senado era de adecuado contenido y buena calidad.
En las conversaciones con el Ejecutivo habíamos logrado dos avances:
Uno, precisar lo relativo a las áreas silvestres protegidas del Estado, que estaban contempladas en el artículo 19° de la ley vigente, estableciéndolo expresamente. Vamos a tener que volver a la norma genérica que había antes, que solo se refería a las disposiciones relativas al medio ambiente.
Y dos, en cuanto al Convenio 169, habíamos logrado por primera vez en la legislación establecer los mecanismos para poder hacer aplicable ese instrumento internacional. Con defectos o sin ellos, era la primera vez.
Entonces, si a mí me preguntara el Ministro sobre la posibilidad de liberarlo del compromiso que tiene con la Cámara de Diputados, yo le diría que estoy disponible para firmar un acuerdo con él a fin de que no mande el famoso veto supresivo, porque, en vez de mejorar la iniciativa que hemos aprobado, la va deteriorar.
Por esas razones, voy a votar a favor, pero haciendo mención expresa de que, en mi opinión, el acuerdo a que se llegó en la Cámara de Diputados no mejora las disposiciones legales en el sentido que habíamos pedido, esto es, tanto respecto de la protección de las áreas silvestres protegidas del Estado como del Convenio 169.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor BUNSTER (Ministro de Energía).- Muchas gracias, señor Presidente.
Me gustaría hacerme cargo de los planteamientos que se han formulado con relación al acuerdo que se tomó en la Cámara respecto del informe de la Comisión Mixta.
La Comisión Mixta analizó cinco artículos. En tres de ellos se produjo un consenso bastante amplio y en dos, una diferencia. Y cuando llegamos a la votación en la Sala nos encontramos con la probabilidad muy alta de que se rechazara el informe, en circunstancias de que en tres artículos había un buen acuerdo.
No fue posible votar por separado y, por lo tanto, enfrentados a la realidad de tener que votar en bloque, empezamos a estudiar mecanismos para poder salvar los artículos en los que habíamos llegado a un consenso positivo.
En esas circunstancias, se llegó a este acuerdo con las bancadas de la Democracia Cristiana, del PPD, de los Socialistas, en fin, accediendo a una petición de ellas.
Ahora, el acuerdo político que habíamos suscrito en el Senado continúa estando vigente y sigue siendo perfectamente aceptable para el Gobierno. Como Gobierno, coincido en que lo que se había acordado aquí constituía un paso importante para dejar establecida en una ley sectorial una mención a esos temas sensibles en la sociedad actual.
Lo que hicimos fue idear un mecanismo para lograr avanzar en la tramitación de un proyecto que ha tomado mucho tiempo y que es importante que el país resuelva a la brevedad, para despejar, de esa manera, las inversiones eléctricas que son tan necesarias.
Eso es todo, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, por su intermedio, le pido disculpas al Ministro, pues no escuché la parte inicial de su intervención.
Mi pregunta, bastante específica, se refiere a si el titular de Energía dio su anuencia al arreglo a que se llegó en la Cámara Baja. Es lo único que me interesa saber, porque la respuesta va a determinar la forma en que votaré. Porque aquí hubo un acuerdo.
Entonces, como el Gobierno es uno -dicen-, quiero que entienda que mi única inclinación hoy es rechazar el informe de la Comisión Mixta por cuanto no se consideró lo que hemos pedido muchos: compatibilizar dos bienes.
Todos deseamos el desarrollo energético, que el trámite sea menos burocrático, que se realicen las inversiones.
Entiendo que parte de la duda que existe en torno a esta normativa dice relación a la confusión que existe entre ella y el proyecto de la carretera eléctrica y su impacto sobre HidroAysén.
Ese es otro debate. Y sé que esta iniciativa no tiene que ver con eso. Sin embargo, está el problema de qué hacer con ciertos territorios que deberían recibir un tratamiento particular: las zonas indígenas y las áreas silvestres protegidas. Teníamos un principio de entendimiento.
Una tercera cuestión, que se planteó desde el inicio, se vincula con quiénes pueden interesarse en formular reclamos. Entendemos que ese asunto quedó relativamente bien zanjado. Y pensábamos que en la solución de los otros dos temas también se avanzaba de manera correcta.
En el trámite anterior algunos votamos negativamente por nuestra desconfianza. Nos pronunciamos en contra -quiero decirlo, y que me disculpe el Ministro, por su intermedio, señor Presidente- porque no le creíamos al Gobierno. Lo dijimos sin ningún ánimo de ofensa personal en lo más mínimo: teníamos desconfianza en cómo se iba a abordar este debate.
Solo pretendo saber si este es un problema de que el Ministro Larroulet llegó a un acuerdo en la Cámara o qué. Pero algunos nos sentimos tremendamente sorprendidos por lo que ha ocurrido.
Hubo un acuerdo inicial en el Senado. Sin embargo, no pasaron más de dos semanas y se borró con el codo lo que se había planteado.
De ahí la duda, señor Presidente.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Señores Senadores, les sugiero que abramos la votación y se fundamente el voto.
Con ello, en realidad, van a ganar minutos,¿

El señor GÓMEZ.- Pero con el mismo tiempo, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- ¿ porque estábamos dando tres y en el fundamento de voto corresponden cinco.
Acordado.
En votación el informe de la Comisión Mixta.
--(Durante la votación).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra para fundar el voto el Senador señor Orpis.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Antes de que inicie su intervención Su Señoría, solicito el asentimiento de la Sala para que el Honorable señor Zaldívar asuma como Presidente accidental.
Así se acuerda.
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Zaldívar, en calidad de Presidente accidental.
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El señor ORPIS.- Señor Presidente, Honorable Senado, en mi primer discurso me referí, básicamente, al contenido de los artículos, a las diferencias surgidas con la Cámara Baja y a cómo las había resuelto la Comisión Mixta.
Ahora voy a formular apreciaciones de carácter más bien político.
Esta iniciativa resulta fundamental para el desarrollo energético nacional. El país tiene un serio problema en materia de energía; los proyectos se han atrasado; estamos pagando un tremendo costo en el aspecto energético. Y, por lo tanto, el proyecto de ley de concesiones es fundamental para desentrampar una serie de iniciativas que se están desarrollando en nuestro territorio.
Durante el debate anterior en la Sala, yo mostré cómo proyectos que deberían demorarse 200 o 300 días tardaban más de mil en llevarse a cabo.
Demostré cómo el mayor retardo, de alrededor de 257 días, se daba en la toma de posesión material del bien.
Por consiguiente, este proyecto parecía indispensable. Y por eso se llegó a un acuerdo político, que fue respetado íntegramente en el Senado.
En esta Corporación se incorporaron dos normas relevantes, a mi juicio, que no se hallaban en nuestra legislación sectorial: una referida a la consulta indígena y la otra al carácter ambiental. Y su aprobación registró una amplia mayoría.
Al final, me cuesta entender que se diga que hemos hecho algo desequilibrado, en circunstancias de que todos los Senadores, particularmente quienes suscribimos el acuerdo, condicionamos el proyecto de ley de concesiones a la aprobación del relativo a energías renovables no convencionales, que pretende contar con un 20 por ciento de energías de ese tipo al año 2025.
Entonces, quienes sostienen que nuestra mirada al problema energético resulta del todo desequilibrada están profundamente equivocados, porque aquí se alcanzó de manera transversal un acuerdo por completo armónico.
A continuación voy a tratar de despejar dos o tres asuntos planteados en el curso del debate.
Primero se manifestó que solo los propietarios pueden oponerse. ¡Falso! No es así. Pueden hacerlo. Y basta leer el texto del proyecto, que habla de "los propietarios u otros interesados".
¿Cuál es el problema que planteó la Comisión y el Senado? Que no estaba definido quiénes eran los "otros interesados".
¿Qué se hizo en esta Corporación? Aclarar, diciendo que "se entenderá por interesados a aquellos señalados en el numeral 2 del artículo 21 de la ley N° 19.880", ley de procedimiento de carácter administrativo. De lo contrario, sería cualquiera.
De tal manera que no solo los propietarios pueden oponerse a una concesión definitiva.
Después se hizo referencia al alzamiento de las medidas precautorias, en caso de paralización o suspensión, mediante la consignación de determinada cantidad.
En tal hipótesis, el propietario se puede oponer, puede objetar el monto de la indemnización. Existe todo un procedimiento establecido en las normas generales.
Si un juez decreta una suspensión o paralización y fija un monto para indemnizar, las partes perfectamente pueden oponerse mediante el procedimiento que señala la ley.
De modo que no estamos haciendo nada distinto a lo dispuesto en las normas generales del Derecho en materia indemnizatoria.
En cuanto a la toma de posesión material del bien, ya ha terminado todo el proceso concesional y en muchos casos ya se le ha pagado a la persona a la cual se le va a imponer la servidumbre, quien igualmente puede oponerse. Pero, si lo hace en el extremo, cuando se va a desarrollar la obra, que tiene servidumbre, que se ha pagado, simplemente por oponerse, aquella no podrá ejecutarse. Y si no hay ningún ocupante, ¿qué se puede hacer con el desarrollo de la obra?
Pues bien, en tales circunstancias se actuará, en general, usando los procedimientos normales del ámbito judicial. En casos extremos se le pedirá al juez el auxilio de la fuerza pública. Pero se trata de un procedimiento completamente normal cuando ocurren situaciones en que se impone determinado derecho.
En consecuencia, señor Presidente, considero que este proyecto constituye un avance extraordinario en materia energética, que hemos condicionado, para que sea equilibrado, al tema de las energías renovables no convencionales, y que por primera vez en nuestra legislación incorpora la consulta indígena y el problema medioambiental.
Por eso, este gran acuerdo, suscrito transversalmente en esta Corporación, resulta del todo equilibrado y va a significar un avance muy importante en el campo energético.
Por lo tanto, llamo a respetar dicho acuerdo político, porque el texto propuesto por la Comisión Mixta es prácticamente el mismo que el despachado por la Cámara Alta, con una pequeña modificación.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez.

El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, las diversas intervenciones que se han efectuado llevarán a la opinión pública, que escucha estos debates, a confundirse.
Hemos planteado varias diferencias con este articulado. La primera de ellas tiene que ver con la consulta indígena.
Aquí se dijo que era un gran avance establecer en este proyecto de ley la obligatoriedad de que ella se realice. Al respecto, quiero aclarar que no es posible saltarse ese procedimiento porque está incorporado en nuestro ordenamiento constitucional, pues forma parte de un convenio que fue aprobado por nuestro país. Por lo tanto, no se trata de un acto dadivoso, ya que hacer la consulta es una obligación que le compete al Estado de Chile.
La diferencia radica -y aquí es donde nosotros pusimos el acento- en que dicha consulta estaba planteada para un momento determinado, lo que nos parecía que vulneraba ciertos derechos, por cuanto se hacía cuando ya se había entregado la concesión. Esto significaba que, una vez otorgada esta última, habiéndose cumplido con todos los trámites, la consulta recién se llevaba a cabo, vale decir, en la etapa previa al inicio de la construcción.
¿Cuál fue nuestra opinión, que seguimos manteniendo? Que lo razonable y relevante -como el Convenio 169 establece la obligación de efectuar la consulta, sin que su resultado sea vinculante y, por consiguiente, rige el principio de la buena fe- era que ella se realizara con anterioridad a la entrega de la concesión.
Y ahí se centró el punto. Nosotros insistimos en que el otro criterio implicaba una mala decisión.
Además, se disponía en el correspondiente artículo que la consulta se iba a practicar por una sola vez. ¿Por qué debatimos esto? Porque es posible que durante el proceso de discusión cambien las circunstancias. Y el convenio no puede quedar limitado por una ley que diga: "Mire, la consulta la vamos a hacer de tal o cual modo".
De ahí que la forma en que se dejó establecida nos pareció equivocada, y por eso rechazamos el precepto pertinente. Y creemos que la solución de la Comisión Mixta es aún peor.
El segundo aspecto decía relación con las áreas silvestres protegidas. Y este punto sí que era importante porque se señalaba que cuando se cruzara o se pretendiera llegar a un área silvestre protegida debía buscarse un camino alternativo. ¿Y qué señala el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental acerca del concepto de área protegida? Que se entenderá por tal "cualquier porción de territorio, delimitada geográficamente y establecida mediante acto de autoridad pública, colocada bajo protección oficial con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental".
¿Qué mejores condiciones hay para que tal definición y esas ideas queden protegidas en esta ley?
Ahora bien, como consecuencia de esa definición, para que un área protegida pueda ser considerada como tal debe cumplir con los siguientes tres requisitos fundamentales:
a) El área debe haber sido creada mediante un acto formal por parte de una autoridad que posea facultades legales para tal efecto.
b) El objetivo de la creación del área tiene que obedecer a razones ambientales, y
c) El área debe comprender un territorio geográficamente delimitado.
Por eso que el tema de las áreas protegidas era tan relevante, para que se protegiera de verdad algo que correspondía a un acto de la autoridad destinado a resguardar el medio ambiente.
¿Y cuáles son estas categorías, tan "terribles" y tan "tremendas", que la propia autoridad ha definido como tales y que nosotros queríamos proteger muy fuertemente en este proyecto de ley? Son reservas nacionales, parques nacionales, reservas de regiones vírgenes, monumentos naturales, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas, reservas forestales, monumentos históricos, zonas típicas, zonas de conservación histórica, humedales, acuíferos, áreas marinas y costeras protegidas.
Alguien dijo que eran poco menos que el 90 por ciento del territorio.

El señor NOVOA.- Probablemente.

El señor GÓMEZ.- La verdad es que si la autoridad había definido que dichas áreas debían estar protegidas, nosotros entendíamos que eso debía quedar claramente establecido en una ley que pretendía saltárselas.
Por eso que, en esa línea, decidimos votar en contra, puesto que la norma respectiva, tal como estaba redactada, no protegía las áreas como nosotros esperábamos.
Y el tercer punto, también relevante para nosotros, se refería a quién podía presentar reclamos y el uso de la fuerza pública.
¡Pero miren como está redactado el artículo 67! Y lo voy a leer porque aquí se afirma que no es así. Dice: "Sin perjuicio de la existencia de cualquier reclamación pendiente, sea del concesionario o del dueño del predio, la exhibición del comprobante de pago o de la consignación del valor fijado por la comisión tasadora servirá al concesionario para obtener del Juez de Letras respectivo que lo ponga, sin más trámite, en posesión material de los terrenos".
¡Por favor! Los derechos que acá se ha dicho que están plenamente garantizados y defendidos para quien presente un reclamo se hallan establecidos de esa manera.
Además, se consagra una forma de notificación para ciertos lugares. El artículo 44, relativo a esta notificación, establece una serie de condiciones. Y aquí se están consagrando condiciones especiales de notificación.
Por eso, creemos que, en el fondo, la normativa no cumple con los objetivos que al menos con el Senador Horvath nos propusimos en la discusión. Y por eso hemos sostenido que, en lo concerniente a esas áreas, no se protege debidamente a los pueblos originarios, ni a las áreas silvestres, y que tampoco existe plena garantía para la defensa de los pequeños propietarios, quienes tendrán dificultades al enfrentarse con grandes empresas.
Por todo lo anterior, señor Presidente, somos contrarios a las disposiciones aludidas.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, yo voté en contra de la idea de legislar de este proyecto de concesiones porque no se daba cumplimiento previo al Convenio 169 de la OIT, sobre consulta indígena.
Se dijo: "Se va a consultar a los pueblos indígenas una vez otorgada la concesión", argumentándose que en ese momento todavía no existe ninguna construcción. Pero, en mi opinión, una vez otorgada la concesión no hay vuelta atrás, por lo que la consulta resulta prácticamente innecesaria, o bien el acuerdo que se busca a través de ella parte de un punto distinto del que partiría si la negociación se efectuara antes del otorgamiento de la concesión.
El proyecto se fue así a la Cámara de Diputados, disponiéndose que se consultaría a los indígenas en el momento de la construcción, después de la concesión. Y en la Comisión Mixta se llegó al acuerdo de que se suprimirían los temas relacionados con la consulta, que se aprobaría todo lo que a ellos les gustaba, y que, respecto de lo que resultara complejo desde el punto de vista de satisfacer las demandas indígenas, se enviaría un veto supresivo, para que se aplicara la norma general.
¡Así quedamos en el peor de los mundos! Primero, nos opusimos a la aprobación de la concesión sin previa consulta. Y se dijo "No, la consulta viene en la etapa de la construcción". Ahora, en la Cámara de Diputados, con el acuerdo del Gobierno, se resolvió que la consulta ni siquiera se realizará al momento de la construcción. ¡Sencillamente, no habrá consulta! ¡Se aplicará la norma general! ¿Y cuál es la norma general? Que no hay consulta.
Por lo tanto, señor Presidente, así como voté en contra de este proyecto en su primer trámite en el Senado, en esta oportunidad también me voy a pronunciar en igual forma, pues opino que aquí no quedan considerados los intereses de los pueblos originarios.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Frei para fundamentar el voto.

El señor FREI (don Eduardo).- ¡Espero que me conceda los mismos diez minutitos que le dio a mi colega, señor Presidente¿!
Yo escuché muy atentamente al Senador Mariano Ruiz-Esquide cuando agradeció el habernos preocupado por su salud y pidió buen clima entre nosotros. Sin embargo, un colega nos ha tratado de cómplices, de ciegos, de que estamos trabajando para la concentración, para las grandes empresas; es decir, una cantidad de calificativos que me parecen algo realmente ridículo. Perdonen mis colegas que lo diga. Creo que se pueden exponer argumentos, pero ese tipo de recursos constituyen un despropósito.
Desgraciadamente, el señor Senador no se encuentra presente.
Lo que cabe consignar, ante todo lo que se mencionó, es que estamos trabajando en cuatro iniciativas distintas: la de energías renovables, que seguramente se va a aprobar; la de concesiones, que va a salir sin nada, como dice el Honorable señor Tuma, producto de la lesera que se hizo; la de interconexión, que se encuentra en tabla, y la de carretera eléctrica, que será preciso abordar después, porque el país no puede seguir en la situación actual.
Al final, ¿qué es lo que ha pasado? Todas las obras se paralizan. En la última década hemos aprobado más de 40 proyectos térmicos, y estamos quemando, como lo señalé el otro día, 3 mil millones de dólares anuales en petróleo. Ese es el resultado, en parte, de no contar con una política energética, y en parte, de que no se materialicen todos los proyectos hidráulicos. Hace pocos días ha aparecido "Angostura", que es el primero que se va a inaugurar después de 10 años. En este período -repito- hemos aprobado 40 proyectos térmicos. ¡Y nadie se opone a eso, curiosamente!
Hoy día, este caballero, que también es parte de lo anterior, se ve en el comando de una candidata -no sé con quién estaba en la última elección- y es el que hace estos proyectitos.

El señor CHAHUÁN.- ¡Esa es una pasada de cuenta!

El señor FREI (don Eduardo).- ¡Se menciona la geotermia! Existen veinticinco volcanes en estado latente. ¡Vaya usted a perforar uno para saber cuánto es lo que hay dentro! Llevamos 60 años haciendo referencia a ese tipo de energía y nunca se ha concretado nada.
Al final, ¿cuál es la conclusión? Seguimos quemando petróleo y carbón y aumentando la tasa de CO2.
¡Quiero ver lo que haría el próximo Gobierno ante un apagón en 2016! ¡Pero ello no sucederá, porque se seguirá quemando petróleo y vamos a pagar 300 y 400 dólares el mega!
¿Y quiénes van a capotar? Las pequeñas y las medianas empresas, no las grandes. Pero ese sí será el caso de Codelco, porque, como lo vimos en la Comisión de Minería, el 30 por ciento de sus costos ya corresponden a energía. Por eso, las empresas están instalando hoy día sus propias plantas térmicas. Ese es el resultado.
¡Y porque estamos tratando de sacar cuatro iniciativas que alivien la situación, que permitan desarrollar fuentes de energía en los próximos años, somos poco menos que delincuentes y un Senador nos califica de "cómplices"¿! ¿De qué se trata, señor Presidente? Es necesario tener un poquito más de respeto si se cuenta con argumentos.
Escuché atentamente a mi colega Gómez. El estudio de impacto ambiental se hará igual, pero antes del trazado definitivo, y ya no habrá ningún cambio cuando se adjudique la concesión. ¿Qué es lo que nosotros pretendíamos? Que la consulta tuviera lugar en el momento de definirse la concesión y con el trazado adjudicado, no en teoría, esto es, cuando se supiese por dónde va a pasar. Ahí realmente se protege a los pueblos originarios y a toda la gente a la que le va a tocar ceder un pedazo de terreno, como se hace en las construcciones de líneas de alta tensión en todas partes del mundo. Aquí se consultará en teoría, cuando no esté el trazado definitivo, y después no se va a escuchar a nadie. Eso es lo que pasará. Por eso incluíamos estas peticiones.
Seguimos recurriendo a caricaturas y a insultos, y no debatimos los temas de fondo. ¿Quiénes son los perjudicados? Todos los chilenos; todas las empresas, incluidas Codelco y otras más.
Y continuamos quemando petróleo y carbón. ¡Reitero que cuarenta plantas se han inaugurado en los últimos años! ¿Y quién ha dicho algo? Nadie.
¡Insistimos en mencionar la geotermia! ¡No se ha perforado en ninguna parte de Chile!
Podríamos proseguir.
¡Por eso avanzamos en el proyecto sobre energías renovables! ¡Por eso adelantamos en las concesiones! Hoy día, el problema radica en que las energías de menor envergadura no se pueden conectar con las líneas de alta tensión, y la iniciativa citada en primer término determina que las pequeñas minihidro tienen que aceptar las energías renovables y conectarlas al sistema, porque en la actualidad eso no ocurre. Ese es el punto.
Podría dar muchos argumentos más, pero lo que me molesta es la profunda descalificación y los insultos de un colega que nos trata poco menos que de delincuentes. Reitero que lo que pidió el Honorable señor Ruiz-Esquide es exponer razones y no descalificarnos.
Hay un resultado a la vista: permanecemos con la energía más cara del mundo, superados solo por Ghana.
--(Aplausos en la Sala).

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (23 votos contra 6), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Girardi, Gómez, Horvath, Letelier, Quintana y Tuma.
El señor PIZARRO (Presidente).- El Senador señor Rossi deja constancia de su intención de voto en contra.




INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS INDEPENDIENTES


El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de ley, iniciado en mensaje y en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos con el fin de promover la interconexión de sistemas eléctricos independientes, con informe de la Comisión de Minería y Energía y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9022-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 39ª, en 9 de julio de 2013.
Informe de Comisión:
Minería y Energía: sesión 42ª, en 30 de julio de 2013.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es entregar al país un beneficio social mediante la interconexión eléctrica, cuyo valor neto alcanza entre 300 millones y 660 millones de dólares. Adicionalmente, al aumentar el tamaño del mercado y el número de actores en la generación eléctrica, habrá más competencia y mejorará la oferta, reduciéndose los precios de la energía.
La Comisión discutió el proyecto solo en general y acogió la idea de legislar con los votos a favor de los Honorables señores Frei, Orpis y Prokurica y la abstención del Senador señor Gómez.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en el primer informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general.

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor BUNSTER (Ministro de Energía).- Señor Presidente, el proyecto responde a la lógica de que se ha ido haciendo cada vez más evidente el beneficio de interconectar los principales sistemas eléctricos del país: el interconectado central y el interconectado del Norte Grande.
Los estudios efectuados tanto por la Comisión Nacional de Energía como por otros organismos concluyen que es beneficioso abordar la medida desde el punto de vista de la evaluación habitual que se lleva a cabo en estas situaciones. El procedimiento consiste, esencialmente, en proyectar dos escenarios por 10 o 15 años: uno con interconexión y otro sin ella, y estimar las inversiones en generación y en transmisión que uno y otro implican, en lo cual se observan las diferencias. Los análisis determinan que en un escenario con interconexión se originan ahorros en la inversión en generación y en transmisión y en costos de operación que, en valor presente, son del orden de mil 265 millones de dólares.
Ahora bien, para operar el sistema es preciso construir líneas de interconexión, y, por lo tanto, a esa cantidad hay que restarle la inversión respectiva, así como los costos de operación y de mantención, todo lo cual suma alrededor de 968 millones de dólares. La diferencia es un beneficio social positivo de cerca de 300 millones de dólares.
Sin embargo, la interconexión se traduce, además, en una serie de otros beneficios que es importante relevar.
Primero, permite aumentar el número de actores que operan en cada uno de los dos sistemas. En el SIC entrarían empresas como GDF Suez y GasAtacama, y en el SING, otras como Colbún y Duke Energy.
Segundo, mejora el respaldo entre uno y otro. En épocas de sequía se contaría con la capacidad térmica del Sistema Interconectado del Norte Grande, y en los años húmedos, con la hidroelectricidad que proveen las centrales del sur.
Tercero, se lograría la optimización en el despacho de las centrales, lo que redundaría en un aumento de eficiencia.
Cuarto, se facilitaría el ingreso de energía renovable no convencional intermitente, como la eólica y la solar, en el SING, al incorporarse la hidroelectricidad de embalse y los ciclos combinados de gas natural como una capacidad reguladora. Eso es mucho más difícil hoy día, por la gran preponderancia del carbón.
Y, por último, el país quedaría mejor preparado para la interconexión regional, que visualizamos como una aspiración a largo plazo.
Como solo los privados pueden llevar a cabo en la actualidad la interconexión eléctrica entre sistemas, lo que hace el proyecto es simplemente darle al Estado la facultad de impulsar iniciativas tendientes a esa finalidad a través de la incorporación de la idea en los estudios de transmisión troncal que se realizan cada cuatro años o en las revisiones anuales de que son objeto. La iniciativa no se pronuncia ni sobre el tipo de corriente ni sobre la conveniencia o inconveniencia de la interconexión, sino que únicamente otorga la atribución mencionada. Ha sido un vacío legal que consideramos importante subsanar.
Muchas gracias.

El señor PIZARRO (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- En mi calidad de Presidente de la Comisión de Minería y Energía, me corresponde informar a la Honorable Sala acerca del proyecto de ley en debate.
No se trata de una idea nueva. Cuando uno analiza el sistema eléctrico del país, se da cuenta de que existen cuatro subsistemas, no enlazados entre sí: el interconectado del Norte Grande, el interconectado central, el de Coyhaique y el de Magallanes. La medida que nos ocupa, a pesar de los beneficios que conlleva, no se había materializado todavía porque no se identificaba quién iba a pagar los costos de construcción de la línea.
La energía, como lo ha planteado muy bien el Senador señor Frei -en esta materia debiéramos prescindir de colores políticos-, es un asunto nacional, y diría que hoy ha pasado a ser un drama nacional.
Actualmente, en la parte norte del sistema interconectado central, la energía no solo es sucia, sino que, además, está superando los 200 dólares el mega, lo cual trae consigo una serie de elementos negativos. Aquí no solo se perjudica a las grandes empresas mineras, como algunos plantean. Porque, para algunos, la minería es un verdadero demonio, y para nosotros, en cambio, una bendición. La ampliación de la División Salvador, de Codelco, en la Región que represento, que significaría la contratación de más de mil personas, se dejó de implementar por el costo señalado, que puede llegar a la mitad en el sistema interconectado del Norte Grande.
¿Y cuál es el problema que enfrentamos? El que describieron muy bien algunos señores Senadores hace pocos minutos: no tenemos la posibilidad de traer, desde el sur, la energía hidráulica, que es la más barata y una de las más limpias, porque faltan líneas de interconexión. Y, a la vez, en el sistema interconectado del Norte Grande no se están utilizando más de mil megas que podrían inyectarse al sistema interconectado central, lo que proporcionaría estabilidad, bajaría los precios y perfeccionaría la estructura existente.
La iniciativa en discusión se enmarca en la urgente necesidad de establecer medidas regulatorias que permitan contribuir a la solución de las dificultades de estrechez energética que ya explicité y que inciden en nuestra competitividad y desarrollo económico.
¿A qué estamos haciendo referencia, señor Presidente? Chile compite con países como Perú, donde el costo de energía no supera 50 dólares el mega, valor que se dobla o triplica en nuestro caso. Nos encontramos ad portas, como acertadamente señaló el Honorable señor Frei, de una verdadera crisis de competitividad, porque nuestras empresas, públicas y privadas, no van a poder enfrentar la actividad de otras que también son productoras de cobre y de otros minerales.
El problema, que resulta evidente, se enreda con una discusión que nada tiene que ver. La necesidad de contar con energía limpia y más barata es urgente, y una de las iniciativas tendientes a estabilizar el sistema y generar las condiciones adecuadas es la que nos ocupa.
En consecuencia, felicito al Gobierno, que ha reaccionado a través del proyecto de concesiones, el cual acabamos de aprobar, y del que ahora debatimos, que posibilita la interconexión. Este último permitirá establecer respaldos cruzados entre los sistemas. El interconectado del Norte Grande, esencialmente térmico y, por consiguiente, muy estable, puede darle respaldo a otro tipo de energías, sobre todo en años secos, en la zona central. De este modo, en períodos húmedos, la interconexión determinará que los sistemas con mayor generación hidroeléctrica aporten energía más económica a los de mayor generación termoeléctrica, y en períodos de sequía, por el contrario, hará que los sistemas con una generación termoeléctrica más eficiente desplacen el empleo de diésel y contribuyan a la seguridad y sustentabilidad del suministro.
Por otra parte, la iniciativa propenderá a un mejor aprovechamiento de los recursos renovables de generación disponibles, como explicó el señor Ministro, y facilitará la integración energética de Chile con el resto de los países del Cono Sur.
Hago presente que la posibilidad de expansión troncal mediante la interconexión del SING y del SIC se sometió, en un momento dado, al Panel de Expertos, que la rechazó. Al igual que este último, algunas empresas generadoras estimaron que el Gobierno no tenía facultad para impulsar la medida, que solo podía ser decidida por los agentes privados. Siendo así, se trata de un problema de carencia de respaldo legal, por lo que el Ejecutivo envió la iniciativa en examen para resolverlo.
Tiempo atrás leí que un tercio de los proyectos mineros anunciados están suspendidos, muchos de ellos por el valor de la energía. Pienso que la aprobación de las dos normativas y de la que regula la carretera eléctrica solucionará en la base una situación que hoy día no se percibe, pero que, como lo dicen todos los técnicos y nos lo han planteado en la Comisión de Minería y Energía, va a provocar dificultades serias en cuatro años más. Todas las acciones que no tomemos pronto se van a reflejar en ese período.
Y, lamentablemente, los problemas afectan hoy día a la industria, la competencia del país, la minería, la agroindustria. En cuatro años más, señor Presidente, se le plantearán a la señora Juanita, porque ahora se están haciendo las licitaciones que van a afectar también al consumidor domiciliario.
¡Qué respuesta le van a dar quienes han votado en contra todos las iniciativas de ley en la materia!
Señor Presidente, no ha sido suficiente que el Gobierno, a través del Ministro de Energía, haya determinado mandar, en una extrema flexibilidad, un veto supresivo para sacar los dos temas conflictivos. Igual ha habido Senadores que han votado en contra las propuestas legislativas en este ámbito. De hecho, en la Comisión un Senador que representa zonas mineras se abstuvo en la votación de la idea de legislar sobre el proyecto que nos ocupa.
¡No sé cuál es el argumento que los guía! Aquí alguien ha planteado que corremos el riesgo de que haya un blackout; que luego se acabará la energía; que no se podrá seguir funcionando; que el país dejará de ser competitivo.
Ha existido voluntad de todos los sectores políticos para resolver el problema. Pese a ello, no se ven cambios en la votación. Se sigue sosteniendo que estas iniciativas buscan proteger los intereses más espurios.
Al final, el daño que se puede causar a un país como el nuestro, transformándolo en poco competitivo y posibilitando el aumento exponencial del valor de la energía (que ya es caro) al no permitir la interconexión de los sistemas, es aún mayor que los reparos que el proyecto nos merece a quienes hoy lo votamos a favor.
Señor Presidente, hemos hecho en el Senado un trabajo serio con todos los sectores políticos, lo cual ha permitido llegar a un acuerdo que me parece bueno para Chile, para la industria y para todas las personas que consumen energía en un país que quiere ser competitivo.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, voy a abordar este proyecto desde un punto de vista técnico más que político.
Parto señalando que nuestra regulación eléctrica hoy día presenta un inconveniente relacionado con el sistema de transmisión troncal: las expansiones en este solo se pueden hacer de modo independiente en cada uno de los sistemas con capacidad instalada mayor a 200 megavatios (Sistema Interconectado Central y Sistema Interconectado del Norte Grande). Pero la legislación no contempla la posibilidad de expandir el sistema troncal mediante la unión de ambos sistemas interconectados.
¿Qué plantea esta iniciativa de ley? Una facultad al Gobierno para evaluar la interconexión, a través de un troncal, del SING con el SIC.
¿Qué implica un sistema troncal? La llamada "Ley Corta I" hizo un gran avance en esta materia, al definirlo como un servicio público. Ello significa que cualquiera puede acceder a él.
Dicho eso, señor Presidente, anuncio que aprobaré el proyecto en general, pero expondré mis observaciones, cuando corresponda, en la Comisión. Concretamente, adelanto que formularé dos indicaciones, las que paso a explicar a continuación.
Son dos los elementos que definen un sistema troncal: la bidireccionalidad -es decir, que los flujos transiten en ambos sentidos- y el aspecto económico.
Yo estoy de acuerdo en otorgar la facultad que se propone al Ejecutivo, pero lo relevante, a mi juicio, es saber cuándo se hará la interconexión y quién la pagará.
Voy a responder la primera pregunta: ¿cuándo debe efectuarse la interconexión?
Si se llevara a cabo hoy día, los flujos irían en un solo sentido: desde el Sistema Interconectado del Norte Grande al Sistema Interconectado Central. Por lo tanto, no se cumpliría la primera condición: la bidireccionalidad. En tal caso, la cuenta la va a pagar el SING, que se verá impactado en los costos. Y es el sistema en el que se desarrolla la gran minería de nuestro país.
En función de esta observación, la interrogante planteada de cuándo realizar la interconexión tendría la siguiente respuesta natural: cuando ambos sistemas converjan hacia un precio relativamente común. Ello, para que la interconexión no impacte o sobreimpacte a ninguno de los dos sistemas. Si se efectuara hoy día, afectaría necesariamente a uno de ellos, porque el flujo ahora sería unidireccional y no bidireccional.
Por lo tanto, señor Presidente, la primera indicación que presentaré apunta en la línea de colocar un plazo para materializar la interconexión o una condición: cuando los costos de generación converjan o sean similares, a fin de que un sistema no tenga que soportar la carga del otro.
El segundo elemento que define un troncal, señor Presidente, es quién paga esto.
La Ley General de Servicios Eléctricos dispone que debe pagar quien usa el sistema. Por lo tanto, si se hace la interconexión, cabe preguntarse quién lo va a utilizar.
En este punto entramos a lo que se denomina "áreas de influencia".
Hay dos variables para determinar el pago.
La primera es cuando las instalaciones están dentro de las áreas de influencia. Cuando se interconecta un sistema con otro y hay muchos clientes residenciales e industriales, es muy difícil precisar quién se beneficia de manera directa. En ese caso, la Ley Eléctrica establece el mecanismo 80/20: las generadoras pagan el 80 por ciento y los usuarios residenciales, el 20 por ciento.
La segunda variable es cuando las instalaciones están fuera de las áreas de influencia. ¿Cuándo se da esto? Por ejemplo, cuando la interconexión va directo a un conjunto de compañías mineras perfectamente determinadas. En este escenario, es muy fácil precisar quién debería pagar el servicio: los beneficiarios directos.
¿Cuál es el problema de este proyecto? Que no define las áreas de influencia. No hay estudios sobre el particular. Por tanto, no se podrá saber quién debe pagar la interconexión.
Señor Presidente, voy a aprobar la idea de legislar. Pero creo que el sistema troncal tiene que ser bidireccional -es una de las condiciones que se establecen para realizar la interconexión-, especialmente para no impactar al Sistema Interconectado del Norte Grande. Con ese fin formularé una indicación, para que la interconexión se realice una vez que los dos sistemas converjan a precios relativamente similares.
En este punto quiero ser muy categórico: lo que ha ocurrido con el SIC es que han ido cayendo las centrales, porque se rechazan y no se concretan los proyectos nuevos. Y hay serios problemas de transmisión. Eso explica los altos costos que hoy presenta.
Y en el plano económico, respecto al principio de que paga la interconexión quien la usa, estimo que debe precisarse en la iniciativa cuál es el área de influencia, para saber con exactitud quién debe pagar el servicio.
En consecuencia, señor Presidente, anuncio mi voto a favor del proyecto en general, pero adelanto que en la Comisión formularé las dos indicaciones que ya explicité.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, estamos analizando el proyecto sobre interconexión de servicios eléctricos, respecto del cual considero muy importante la atribución que se propone entregar al Estado de Chile.
Hasta ahora, en virtud de la "Ley Corta I", como se conoce, la interconexión solo era iniciativa de los privados. Y lo concreto es que estos han materializado muy pocos proyectos en la materia, razón por la cual estamos en condiciones de bastante vulnerabilidad.
El grado de seguridad de nuestro sistema eléctrico es muy inferior. Por desgracia, como bien sabemos, no somos un país productor ni de petróleo ni de gas. De hecho, en este ámbito tenemos una extrema dependencia exterior.
Esas son las razones por las cuales desde hace mucho rato hemos venido abogando por la necesidad de contar con una estrategia de largo plazo y de diversificar nuestra matriz energética.
En mi opinión, el tema que nos ocupa es importante.
En la Comisión, hace bastante tiempo comenzamos a señalarle al Gobierno lo imperioso de avanzar en materia de interconexión de sistemas eléctricos, antes incluso de que fuera rechazada por el panel de expertos la convocatoria que hizo la Comisión Nacional de Energía, lo cual motivó que el Ejecutivo mandara este proyecto, que considero relevante.
Si hay algo en lo que tengo convicción profunda, señor Presidente, es en la idea de que no debemos dejar exclusivamente al mercado un asunto como el sistema eléctrico de Chile. Aparte de las dificultades objetivas que este presenta, no podemos decir que las generadoras han promovido muchos proyectos.
Además, se trata de un mercado muy concentrado: en la práctica, son tres actores, y con cierta integración vertical.
Entonces, me parece muy trascendente aprobar esta iniciativa de ley, que nos ayudará en la dirección de obtener beneficios cruzados.
Antiguamente, se decía que no valía la pena preocuparse de la interconexión, pues los precios de la energía en los distintos sistemas eran prácticamente iguales. Es decir, había una mirada muy distinta de la que acaba de plantear el Senador Orpis.
Ahora nos hallamos en una situación en la que claramente hay grandes diferencias de precios entre un sistema y otro. Precisamente por eso resulta importante llevar a cabo la interconexión. Así se facilitará la obtención de los llamados "beneficios cruzados": cuando haya períodos extremos de sequía, como los que estamos viviendo, los excedentes del SING se podrán entregar al SIC, y viceversa, si se trata de años muy lluviosos.
Por lo tanto, quiero reafirmar la importancia de interconectar esos dos sistemas, cuestión que hasta el momento no se ha podido hacer.
Estimo relevante que se le entregue tal facultad al Estado. Es muy probable que este tenga una mirada más amplia, de largo plazo y menos preocupada de intereses particulares, a fin de determinar hasta dónde ello puede ser beneficioso para el país, atribución que no ha funcionado necesariamente con las empresas (algunas sí, otras no). Hasta ahora no han efectuado mucha inversión en materia de transmisión.
Y todos conocemos nuestro grado de vulnerabilidad, no solo porque somos dependientes de la importación de petróleo y de gas, sino también porque nuestro sistema de transmisión es débil.
En definitiva, debemos fortalecer el sistema eléctrico para no seguir pagando una de las energías más caras de la región, lo cual está afectando a todo tipo de proyectos, no solo a los mineros.
En verdad, no podremos avanzar como país si no damos respuesta, con una mirada de largo plazo, a los problemas en el ámbito energético.
Además, me importa mucho, en caso de efectuar la referida interconexión, que las energías renovables no convencionales tengan menos barreras de entrada, que es uno de los grandes temas que deberemos desarrollar con mayor profundidad.
A raíz de una inquietud que expresamos quienes éramos miembros en ese entonces de la Comisión de Minería y Energía, presentamos el proyecto de ley denominado "20/20", que hoy más bien se conoce como "20/25"; es decir, llegar al año 2025 con una matriz energética de al menos 20 por ciento de energías renovables no convencionales.
Ello es muy importante. Y para concretarlo, debemos terminar con muchas barreras de entrada. Entre otras materias, necesitamos facilitar el acceso a las líneas de transmisión.
Por lo tanto, se trata no solo de obtener beneficios cruzados y la posibilidad de cierto ahorro, sino también de generar facilidades para que puedan entrar al sistema las energías renovables.
Yo soy partidaria de que el Estado tenga la iniciativa en este ámbito. Ello es tan relevante que, en la Comisión, analizamos incluso el proyecto que la empresa GDF Suez busca desarrollar, cuya virtud es que ya cuenta con la aprobación del estudio de impacto ambiental. Eso es muy notable, pues se quiere aprovechar un remanente, a través de ciclos combinados, lo que será un aporte en la medida en que sea factible interconectar desde Mejillones hasta Copiapó.
¡Nada más trascendente para la Región de Atacama, que hoy atraviesa bastantes dificultades a raíz del alto precio de la energía! Y no estamos hablando solo de proyectos mineros, sino de lo que afecta a todo el país.
Debemos ser conscientes -es bueno repetirlo- de que exhibimos el precio más elevado de toda la región. Ello incluye un costo de la electricidad muy alto para los hogares. En otras palabras, estamos hablando de la señora Juanita, no únicamente de las grandes mineras, de los grandes proyectos.
¡Y eso no puede continuar, señor Presidente!
Por ello, estamos muy abiertos -y hemos colaborado con el Ministro de Energía sobre el particular- para buscar los mejores acuerdos y avanzar como país. Tenemos un tremendo desafío: no llegar al 2017 o 2018 enfrentando grandes riesgos en esta materia, solo porque no fuimos capaces de lograr una mirada de mayor alcance, de largo plazo. Tal propósito debe ser transversal, si verdaderamente nos importa Chile.
Acá no se trata de si esto beneficiará al actual Gobierno -le quedan tres a cuatro meses más- o al próximo. Queremos avanzar en lo que nos parece más importante como país: diversificar la matriz energética, derribar barreras de entrada para las energías renovables no convencionales, fortalecer el sistema de transmisión.
Por eso voy a votar a favor de este proyecto, que permite promover la interconexión de sistemas eléctricos independientes.
Me parece muy importante que se entregue esta herramienta al Estado, para que ello no solo sea iniciativa de privados. Así se podrán materializar los muy buenos beneficios que ya mencioné: obtención de respaldos cruzados, mayores facilidades para la entrada de energías renovables y el fortalecimiento del sistema para su mejor aprovechamiento.
Hoy día, lamentablemente, nuestra matriz energética no solo es poco diversificada, sino que también depende en extremo del carbón. Quienes vivimos en el norte lo sabemos perfectamente bien: cada vez hay más termoeléctricas a carbón, con respaldo de diésel, lo cual genera consecuencias negativas al país.
Por eso consideramos esencial avanzar en el proyecto 20/25. Espero que sea la siguiente iniciativa en la materia que aprobemos. Ya despachamos el proyecto sobre concesiones eléctricas y pronto sacaremos adelante el que nos ocupa.
Ahora, siempre se podrán introducir mejoras y perfeccionamientos.
Quiero reiterar la relevancia del asunto en análisis.
No creo que el mercado deba resolver estos problemas. Me parece que el Estado tiene la obligación de planificar y de llevar adelante las acciones que permitan mejorar nuestro sistema eléctrico y superar todas las debilidades que posee.
A mi juicio, esta iniciativa es necesaria, pues resuelve una falla del sistema.
Reitero: no podemos dejar esta tarea exclusivamente a los privados. El Estado tiene un rol ineludible en este ámbito.
Estimo fundamental avanzar en disminuir las tremendas diferencias que hoy existen en materia de costos y de precios entre los dos sistemas. Es justamente lo que deseamos: ahorrar en costos, achicando el notorio diferencial que se observa entre ambos sistemas.
Tal objetivo debiera darle más fuerza a la aprobación de este proyecto.
Por lo tanto, anuncio mi voto positivo a la idea de legislar.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Eduardo Frei.

El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, lógicamente, voy a votar a favor de este proyecto, que es muy importante, por cuanto viene a reafirmar lo que he sostenido en todos los debates que hemos realizado acá en materia de sistemas eléctricos.
La interconexión de los dos sistemas es un asunto que se ha discutido desde hace mucho tiempo.
En los años 1998-1999, durante la crisis energética que entonces vivimos por la falta de lluvia -hubo dos grandes sequías el siglo pasado: la de 1968 y la de 1998-, estudiamos la factibilidad de realizar la referida interconexión, pero las cifras en relación con los costos lo hacían imposible: ¡eran gigantescas!
Hoy día la situación ha cambiado.
En esa época, en medio de la crisis, trajimos gas desde Argentina; construimos centrales hidráulicas y plantas de ciclos combinados, e impulsamos proyectos en el norte, como el del puerto de Mejillones, con CODELCO como empresa pionera ahí. Hoy día dicha instalación portuaria se ha convertido en un foco no solo energético, sino también industrial.
En esa época, el 60 por ciento de la matriz era de generación hidráulica. Cualquiera puede revisar los costos de energía desde el año 2000 hacia delante. No voy a hablar de los precios más bajos en la historia -porque de repente la historia se nos cae a pedazos-, pero sí de un período de entre 50 y 60 años atrás, cuando los precios de la energía en Chile, como consecuencia de la inversión hidráulica y del gas argentino, fueron los más bajos durante mucho tiempo.
Por lo tanto, eso significa que debemos tomar esta medida y seguir avanzando.
Opino que muchas de las razones ya se han dado a conocer.
En un principio, fui partidario del uso de la corriente continua. Algunos estudios demuestran que para las pequeñas y medianas empresas, sobre todo para el desarrollo de la energía fotovoltaica y solar en el norte del país, sería más conveniente la energía alterna. Pero esa es una decisión que corresponde a los técnicos. No es soporte nuestro ni tampoco manejamos los detalles ni tenemos los conocimientos necesarios para ello.
Resulta evidente que estas líneas ayudarán al sector energético y a todos los proyectos que se encuentran en desarrollo.
Asimismo, otro aspecto que quisiera poner de relieve es que no debemos pensar en una sola línea, sino en varias, porque, si pensamos de esa manera, estamos apuntando también hacia la integración regional. Y, por ello, espero que la Alianza del Pacífico sea el primer proyecto latinoamericano que lleve integración energética, porque en la actualidad nada tenemos en ese ámbito en América Latina.
Como eso significa varias líneas y no una, soy partidario de que construyamos muchas de ellas.
Hace poco -podemos verlo tanto en la prensa nacional como internacional- conocimos el caso de un país vecino. Lo he comentado con algunos colegas: un suplemento del diario El País de España muestra que Perú está desarrollando hoy día proyectos en construcción por 3.700 megavatios. ¡Proyectos en construcción! ¿Cuántos tenemos nosotros? Ni la mitad de eso. ¡Todos los proyectos están paralizados por mil cosas!
Se dice que esos 3.700 megavatios están destinados a facilitar las inversiones mineras en Perú. En este momento, respaldan proyectos del rubro por más de 54 mil millones de dólares. ¡Ahí está la lista! ¿Y dónde estaban esos proyectos? En Atacama, en Antofagasta, en Tarapacá, en El Teniente. ¡Pero se fueron! ¿Y dónde se encuentran? En los lugares en que se implementa la energía para construirlos.
Entonces, es fundamental avanzar en aumentar las líneas.
La Senadora que me antecedió en el uso de la palabra decía claramente que un proyecto energético ya está hecho, hasta con estudio de impacto ambiental, y que podría partir de inmediato. Pero, si no se hace, vamos a tener que partir de cero con uno nuevo, que tarda cinco a seis años, y llegaremos al 2018 o 2019, sabiendo que la gran crisis energética será en el 2016. Ese proyecto ya está listo y podría terminarse el 2016 o 2017.
O sea, por el lado que se mire, se trata de un proyecto importante.
Por otro lado, es imprescindible considerar que la Comisión de Energía y Minería del Senado ha dicho que el Sistema Interconectado Central tiene más de diez puntos vulnerables -¡más de diez puntos!- y que no se ha hecho inversión alguna para remediar eso.
Por lo tanto, la iniciativa que nos ocupa diversifica y amplía el desarrollo energético del país.
Podría dar otra serie de argumentaciones, pero para qué insistir en temas acerca de los cuales toda la experiencia nacional e internacional demuestra que nos hemos ido quedando atrás en materia energética; que estamos pagando precios altísimos -como aquí se ha sostenido-, y que, desgraciadamente, -así lo siento-, fuera de la construcción de la Central Angostura (que comenzará ahora después de diez años), en energía hidráulica no poseemos ni vamos a tener otro proyecto antes de los años 2018 o 2020, y el más inmediato no saldrá antes de cinco años, por tratarse de uno muy grande y tecnificado que se está planificando.
Entonces, lo que está pasando hoy día -y seguirá ocurriendo durante este año y el próximo- es que continuaremos quemando petróleo.
Reitero: hoy día, en un proyecto aprobado con anterioridad, rebajamos a 6 por ciento el arancel a la importación de combustibles, lo que significará un ahorro de más de 60 u 80 millones de dólares. Pero el próximo año vamos a quemar cuatro mil millones de dólares en petróleo -el 2015 serán cinco mil millones- para abastecer un sistema que carece de nuevas fuentes de producción.
Por lo tanto, esta interconexión me parece fundamental, necesaria y con visión de futuro. Sin embargo, no debemos hablar de una sola línea por conectar, sino de varias. Además, tenemos que reparar todas las panas que hoy día afectan al Sistema Interconectado Central.
Por todas estas razones, votaré a favor del proyecto con mucho agrado, toda vez que forma parte de otras iniciativas legales que vienen y que -como decía la Senadora señora Allende- debemos aprobar cuanto antes, especialmente la que fomenta el uso de energías renovables y que brindará una ayuda fundamental para la interconexión de ambos sistemas.

El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se abrirá la votación.
Los oradores inscritos podrán fundamentar su voto.

La señora ALLENDE.- De acuerdo.

El señor PIZARRO (Presidente).- Así se acuerda.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag, para fundamentar su voto.

El señor SABAG.- Señor Presidente, no cabe duda de que ha sido muy afortunado tratar tanto el proyecto que nos ocupa como el referente a las concesiones eléctricas, que vimos hace poco, pues sobre ambos hemos escuchado importantes intervenciones, entre las cuales destaco la del Senador Prokurica y, sobre todo, la de nuestro colega Eduardo Frei, quien -como sabemos- se ha especializado en esta materia y se ha convertido en una verdadera autoridad, con sentido de país, en el análisis de ella, que a muchos nos tiene bastante preocupados.
Evidentemente, cualquier sistema eléctrico que hoy día se quiera instalar en Chile despierta una oposición cerrada. ¿Pequeñas centrales de pasada? ¡Oposición! ¿Centrales eólicas? ¡El otro día me impuse de que a algunas personas les molesta la visión de las hélices que dan vueltas!
¡Pero qué quieren! ¿No saben acaso que el año 2016 no podremos seguir conectándonos y quedaremos expuestos al racionamiento eléctrico? ¿Y quiénes serán responsables de todo eso?

El señor FREI (don Eduardo).- ¡El próximo Gobierno!

El señor SABAG.- ¡Nosotros, que hemos estado advirtiendo la crisis que se avecina, deberíamos pararnos en las nuevas poblaciones anunciando que ya no habrá luz, industrias ni energía eléctrica!
La falta de energía, evidentemente, puede traernos serios atrasos.
Yo llamo a buscar un acuerdo nacional. ¡Estas son cosas que trascienden un Gobierno! A lo mejor, las consecuencias de esta crisis y los racionamientos los pagará el próximo Gobierno. ¿Y qué van a decir? ¡Que el Gobierno anterior no tomó las medidas, no construyó las plantas ni dio las facilidades!
¿Cuántas plantas o proyectos se han aprobado? ¿Por qué ninguno se ejecuta? Los días pasan y pasan. ¡Y hemos llegado actualmente a tener una de las energías más caras del mundo! El otro día supe que una persona muy modesta pagó ¡55 mil pesos de luz! ¡Prácticamente el 50 por ciento de su pensión, en circunstancias de que debería pagar 5 mil o 10 mil pesos!
¡Alguien tiene que pagar las consecuencias de todo esto!
Señor Presidente, el proyecto modifica el DFL Nº 4, del Ministerio de Economía, de 2007, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, y tiene como propósito, de acuerdo al mensaje del Ejecutivo, que la autoridad pueda promover la interconexión eléctrica y perfeccionar el mercado mediante la apertura a nuevos actores, lo que implicará un beneficio para el país por una suma estimada entre 300 y 660 millones de dólares, principalmente por una reducción de los precios de la energía y un mejor aprovechamiento del aporte energético de las centrales de menor tamaño y costo de operación.
El propósito central de esta iniciativa es la integración entre el Sistema Interconectado Central y el del Norte Grande que, según el Gobierno, traerá beneficios tales como contar con un respaldo cruzado entre ambos sistemas proveyendo una mayor seguridad en el abastecimiento eléctrico; aprovechar de mejor manera los recursos renovables de generación disponibles en el país y facilitar la integración energética de Chile con el resto de los países del cono sur.
Cabe señalar que esta integración no forma parte del proyecto que regula la carretera eléctrica, pero sí de una planificación más amplia que incluye a ambas, aunque se evaluó técnicamente en el año 2008 que, hasta ese momento, seguía siendo más rentable centrar el sistema energético en el gas argentino y en las centrales termoeléctricas, situación que ha ido cambiando dados los precios de los combustibles, su disponibilidad y las externalidades en términos del impacto que producen en el medioambiente.
Sin duda, el país debe tomar importantes definiciones respecto del tipo de modelo de energía por adoptar en el futuro. Sin embargo, independientemente de eso y sin que esta integración implique un compromiso en ningún sentido, la combinación del Sistema Interconectado Central con el del Norte Grande es una decisión estratégica que inobjetablemente favorece a todos los chilenos, razón por la cual, solo desde ese punto de vista, resulta conveniente aprobar el proyecto.
Naturalmente, daré mi aprobación a la idea de legislar e insisto en mi llamado a buscar un gran acuerdo nacional, pues no contar con energía eléctrica significará el atraso y la postergación de muchas actividades en nuestro país.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, a mi juicio, estamos trabajando en el camino correcto de contar con una legislación que entregue la posibilidad real de conectar el Sistema Interconectado Central con el Sistema Interconectado del Norte Grande.
La estrechez energética del país sin duda redunda en las tarifas eléctricas. Cada día los precios son más altos. Y Chile lo está sintiendo. Genera un impacto en las inversiones, como señalaron los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra; también en la competitividad del país, la cual ha disminuido por ser la energía cara.
A la vez, en este punto, hemos perdido la lucha en defensa del medio ambiente. Porque, por querer tener un mejor medio ambiente y energías limpias, hemos terminado utilizando diésel y carbón, los combustibles más contaminantes en la producción de energía. Es decir, por tratar de llevar adelante, en teoría, proyectos energéticos para contar con un mejor medio ambiente, a la larga lo único que se ha conseguido es favorecer el desarrollo de elementos contaminantes y que debemos importar.
Además, esta situación está afectando el desarrollo económico. La disminución paulatina de este precisamente es el resultado del costo de la energía. Y eso a la larga genera un efecto social, que lo estamos viendo día tras día. Constatamos que nuestros competidores y que nuestros vecinos están teniendo las posibilidades a las que nosotros hoy día podríamos acceder.
Una de las medidas que pueden adoptarse para paliar tal situación es la conexión entre el Sistema Interconectado Central y el Sistema Interconectado del Norte Grande.
Hace diez años, sin duda, no era rentable y no se veía lo que hoy día estamos palpando. Y por eso es lamentable que no se contara con los instrumentos para que el Estado hiciese lo que ahora estamos impulsando en forma tardía.
La "Ley corta I" disponía originalmente la facultad de proponer la construcción de proyectos de interconexión entre sistemas eléctricos y adjudicar su construcción en licitación internacional. Esta facultad, al final, se eliminó del texto legal. Y hoy se está reponiendo. ¡Una década después!
El año pasado, la autoridad emitió un informe en donde señaló que la interconexión entre el SIC y el SING era un proyecto económicamente rentable. Claro: "era". Si hubiésemos tenido la facultad para concretarlo hace diez años, hoy la situación sería distinta. Dicho informe agrega que su construcción podría producir beneficios adicionales para el sector.
Por su parte, la Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico sostuvo en su informe que, si bien la legislación actual prevé el desarrollo de interconexión entre sistemas eléctricos sobre la base de proyectos gestados por agentes privados, pueden existir también beneficios desde el punto de vista del país que no sean percibidos por dichos agentes. Y eso es fundamental. Porque un privado va a mirar el interés del negocio propio. Pero aquí hay un interés de país. Y esto es un servicio público que necesita todo Chile.
En función del dictamen del panel de expertos, el Gobierno decidió otorgar una facultad permanente a la autoridad para promover interconexiones como líneas troncales.
Los ejemplos de los beneficios de la interconexión que consigna este proyecto de ley se refieren solo a los que arrojaría la interconexión del SIC con el SING.
Señor Presidente, esto significaría a la larga:
-Un beneficio social que al año 2019 alcanzaría un valor calculado de entre 300 y 660 millones de dólares.
-Aumentar el tamaño del mercado y el número de actores en el segmento de la generación eléctrica. Obviamente, entre el SIC y el SING habrá la posibilidad de tener agentes generadores que podrán ocupar también las energías renovables no convencionales.
-Implementar respaldos cruzados entre los sistemas, lo que aumentará la seguridad del sector (algo que resulta fundamental hoy), disminuirá los costos de la energía y optimizará el despacho de las centrales.
-Un mejor aprovechamiento de los recursos renovables de generación disponibles en el país, por cuanto los actuales embalses y los futuros servirán de respaldo para dichas centrales.
-Facilitar la integración energética de Chile con el resto de los países del Cono Sur, lo que constituye una de las metas de la Estrategia Nacional de Energía. Esto resulta muy importante.
Por lo tanto, en mi opinión, este proyecto va en la línea correcta, aunque bastante tarde. Pero debemos aprobarlo para bajar los costos de la energía y garantizar el servicio a todo el país. Y esta interconexión convocará a nuevos agentes a integrarse a un servicio tan fundamental como la energía eléctrica.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, según me corrobora el Presidente de la Comisión de Minería y Energía, este proyecto nace a raíz de que el Gobierno licita la interconexión del Sistema Interconectado Central con el del Norte Grande y de que el panel de expertos señala que el Ejecutivo no posee esa facultad.
Lamento que el Senador Frei no vea la otra cara de la medalla. Él se refiere al alto costo de la energía en el país.
Pero hay que saber de dónde viene esto.
Porque no podemos volver a lo que era ENDESA estatal, la de los años 60 del siglo pasado. Se produjo una privatización de esa empresa, por todos conocida -con los derechos de agua incluidos-, y de las compañías distribuidoras. Junto con ello, una normativa de 1981 estableció un sistema que da garantías para las partes -entre generadores, transmisores y distribuidores- de 10 por ciento de utilidad neta, es decir, descontados los costos y las amortizaciones.
Por otra parte, son las empresas las que elaboran el plan indicativo. Es cosa de ver cuando estábamos con la interconexión con el gas argentino. Todas eran centrales termoeléctricas a gas de ciclo combinado. Esa era la planificación del Estado de Chile. Las consecuencias las tenemos a la vista.
A la vez, en el Centro de Despacho Económico de Carga hay una fuerte participación de las empresas privadas, altamente concentradas como consecuencia de lo que estoy señalando.
Y el panel de expertos es financiado por las empresas eléctricas.
Es decir, estamos en un circuito que maneja la energía en nuestro país y en el cual hay una clara ausencia del Estado.
Entonces, se trata de poner las cosas en equilibrio.
Además, en Chile rige un sistema denominado "marginalista". La economía marginalista sostiene que se cobra lo que cuesta poner una unidad adicional. Desde luego, se parte por las más económicas y la última que entra a funcionar es la más ineficiente. Y se cobra al sistema por la más ineficiente. ¿Cuál es la consecuencia? El alto costo de la energía en Chile. Y las causas, las que estoy mencionando.
A su vez, aquí se pretende ridiculizar -porque es una de las etapas: ridiculizar, atacar y, finalmente, darse a la razón- el enorme y diverso potencial de energías renovables no convencionales que poseemos en Chile.
Estamos hablando de centrales hidroeléctricas con las cuales tenemos 18 mil megawatts entre Santiago y Puerto Montt entre la cota mil y la cota 500, sin inundar ningún valle. Estas centrales, de acuerdo a la ley -y califican para ello-, pueden ser hasta de 40 megawatts, con todas las ventajas que implican la "Ley corta I" y la "Ley corta II".
También están las centrales de pasada. Si uno vuela hacia el sur en cualquier línea comercial y se ubica en el lado izquierdo del avión, puede apreciar la cantidad de agua que es posible embalsar, sin que se alteren comunidades ni otros potenciales de desarrollo de la zona, para generar energía hidroeléctrica y con centrales de pasada que casi no tienen muros, salvaguardando los caudales ambientales y, además, dotando de agua para riego y para bebida en un país donde la sequía está avanzando como consecuencia del cambio climático.
Ridiculizar la energía geotérmica es un chiste. Yo tomé clases de geotermia y las razones son totalmente distintas.
Además, tenemos vientos.
En fin, nos engolosinamos con el gas argentino. Y cuando se cortó, la consecuencia fue recurrir a las energías fósiles, que en más de 90 por ciento son importadas.
Por otro lado, si esta iniciativa es específica para interconectar el Central con el del Norte Grande, tendría que decirlo. Porque aquí se ha mencionado interconectar el Sistema Eléctrico de Aysén con el de Magallanes, lo cual, desde luego, ahora es absurdo. Pero sí podría tener sentido unir el de Aysén con el de Puerto Montt, para viabilizar HidroAysén u otros proyectos. En esa eventualidad, desde luego, estaríamos ante una vía que no corresponde.
Por otra parte, ¿esta será energía de transmisión continua o alterna? Porque en el caso de la alterna uno se puede subir y bajar y fomentar que otros actores entren al sistema. Pero en el de la continua, solo el conversor cuesta 500 millones de dólares, es decir, cercena la posibilidad de que otros ingresen.
Señor Presidente, hay mucho que decir al respecto.
Yo invito a las personas que tienen esa visión del siglo XXI a que consideren también la eficiencia energética, que bien aplicada en Chile permitiría ahorrarnos (esto se llama "negawatt") 2 mil 600 megawatts, o sea un HidroAysén completo, de aquí al año 2020.
¿Por qué no avanzamos en forma paralela en ello?
Hay que darse una vuelta por el mundo, señor Presidente, y ver en qué están empeñados hoy día los países. Tenemos el desierto más árido del planeta. Si se utilizara el diez por ciento de su potencial, ahí se generarían cien mil megawatts.
Por lo tanto, creo que las soluciones...

El señor PIZARRO (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señor Senador.
Se le concederá un minuto adicional.

El señor HORVATH.- Muchas gracias.
Las soluciones van por una visión distinta. Como Chile no posee gas, ni petróleo, ni carbón en cantidades suficientes, resulta natural que deba inclinarse por las energías renovables no convencionales, que son las que no provocan los impactos adversos que he señalado.
Y, además, se requiere introducir un profundo cambio en la institucionalidad. No se trata de meter la mano al bolsillo de las empresas, sino de crecer con nuevos actores. Es el desafío al cual estamos llamando.
El presente proyecto conlleva ventajas aparentes, pero también despierta grandes dudas. La única posibilidad de arreglarlo es en su discusión en particular. Y espero que las personas que han firmado los acuerdos anteriores se allanen a despejar tales dudas, que son bastante profundas.
Gracias.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez.

El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, el Senador Prokurica señaló que pareciera haber Senadores que quisieran que se cortara la luz en Chile, pues se oponen a todo. Pero debo decir que cuando uno sustenta una opinión distinta la trata de fundamentar.
Yo no he atacado nunca a un colega ni lo he tratado mal, sino que simplemente he manifestado mis opiniones políticas y mis opiniones técnicas. Y, por supuesto, nos asiste el derecho a hacerlo.
En este caso particular, me abstuve en la Comisión porque considero que un proyecto de esta naturaleza requiere una discusión bastante detallada y definiciones claras. Aquí se han formulado varios planteamientos que es necesario resolver antes de despachar la iniciativa. Eso no significa que esté en contra de su aprobación. Al revés, lo estimo un camino interesante para solucionar hoy día una emergencia, respecto a la cual nos han tenido durante harto tiempo en la campaña del terror: que va a subir la luz, que se va a cortar la energía, en fin, cuando aquí hay que adoptar diversas medidas.
Una medida esencial es la eficiencia energética -como lo señalaba el Senador Horvath-, la cual debiera considerar compromisos y un desarrollo especial. Pero el Gobierno tampoco ha cumplido metas en este ámbito. Y hay una cantidad importante de megawatts que se podrían ahorrar.
Otra medida muy relevante es el impulso a nuevas energías, las renovables: que existan recursos, que exista decisión para su desarrollo. Y ello es posible en un país rico en esas energías y pobre en las fósiles, que son las más caras. Para nosotros resultaría significativo que pudiera establecerse dicho criterio.
Sin embargo, hay algunas preguntas que considero importante formular al señor Ministro de Energía.
Por ejemplo, por qué en este proyecto, aparentemente, se le entrega mayor discrecionalidad a la Comisión Nacional de Energía para establecer las bases de licitación de proyectos recomendados por el estudio de transmisión troncal, sin la obligación de que estos se ajusten a dicho estudio (se elimina la frase final del inciso segundo del artículo 96).
Y, además, por qué se consagra que dicha Comisión "podrá, adicionalmente, incorporar las obras de expansión que estime necesarias", sobre lo que recomienda el plan de expansión anual (artículo 99).
Es dable preguntarse, asimismo, si este sistema que vamos a conectar dispondrá de protección respecto a la energía que se utilizará. Porque si se usa todo el potencial que hoy día no se ocupa en el norte para transmitirlo al sur a través de energías contaminantes, deberemos analizar la manera de establecer ciertos criterios con el fin de que, si no es posible aplicar otra fórmula, tales energías se utilicen solo como último recurso.
Son temas indispensables de resolver.
Por eso, cuando uno se abstiene es, simplemente, porque tiene dudas y no porque quiera crear caos en el país. Se trata de proyectos de tal magnitud e importancia que requieren respuestas a determinadas preguntas. Pero, desgraciadamente, cuando uno las plantea en la Sala poco menos que se desata una guerra mundial, cuando lo lógico es que podamos discutirlas y entenderlas entre todos.
Otra interrogante significativa es quién paga la interconexión. Eso lo explicó claramente el Senador Orpis.
Entonces, aquí hay temas importantísimos por dilucidar. Pero se coloca "discusión inmediata" al proyecto; se discute poco en la Comisión; se aprueba, y avanzamos y avanzamos en temas de fondo, relevantes, que el Estado chileno debiera asumir no solo en el ámbito de la empresa privada, pues todo se destina aquí a ella. ¿Por qué no debatimos acerca de una empresa nacional de energía, que sea estatal, a efectos de que también pueda participar? Lo mencionaba el Senador Frei: no deberíamos tener una sola línea; sino dos.
Esas son cuestiones esenciales, con las cuales pensamos en el futuro y no únicamente en lo inmediato: en el problema económico que eventualmente puedan atravesar las empresas, metiendo de por medio la campaña del terror en el sentido de que va a subir la luz, cuando en realidad lo que importa es que haya una proyección, una definición política acerca de cómo realizar tales cambios.
Y nunca hemos hablado de eso.
Ahí está la ENAP. Y lo único que se señala sobre ella es que hay que cerrarla o hacer que se rija por un gobierno corporativo, pues está llena de deudas. Perfectamente podría devenir en una empresa nacional de energía. Y el Estado debiera adoptar una clara decisión para asumir una participación real en los asuntos energéticos, porque no existe otra institución que pueda velar mejor por el bien público, por el bien de los ciudadanos, que una empresa estatal. Porque los privados no son benefactores...

El señor PIZARRO (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señor Senador.
Se le concederá un minuto adicional.

El señor GÓMEZ.- Muchas gracias.
Decía que los privados no son benefactores: se meten en esto pues les significa un negocio y ganan plata. No estaríamos debatiendo esta iniciativa si no fuera debido a que el Panel de Expertos decidió que el Estado no podía hacer la unión. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran representadas las empresas. Entonces, se tuvo que enviar un proyecto para saltárselas.
¡Por favor! ¡Hablemos en serio! Y para hablar en serio hay que incorporar la visión y la idea de que el Estado tiene bastante más que hacer en materia energética que simplemente facilitarles a las empresas el paso de las concesiones, facilitarles los recursos, facilitarles todo aquello que tenga significado en lo económico.
Aquí hay que preocuparse de la ciudadanía. Para eso el Estado debe ser un actor relevante. Y ahora no lo es. Es un actor secundario. Ni siquiera existen regulaciones fuertes y potentes como para estar seguros de que se van a controlar estos sistemas.
En esta ocasión, señor Presidente, porque espero que podamos discutir estas materias con el Ministro de Energía en la Comisión y que tengamos la posibilidad de mejorar el proyecto, voy a votarlo favorablemente. Me abstuve en la Comisión, pues en ella no se realizó esta conversación: solo se decidió votar y pasar la iniciativa a la consideración de la Sala. Y por esa razón hay que debatirla aquí.
Gracias.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Kuschel.

El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, yo también quiero anunciar mi voto favorable al proyecto. Me parece muy importante y urgente que nos aboquemos a él. Y junto con la iniciativa de las carreteras eléctricas, esta de la interconexión nos permitirá unir los dos principales sistemas de distribución energética del país y proyectarnos hacia la posibilidad de importar energía eléctrica desde el norte: de Perú, eventualmente de Ecuador y Colombia, donde sí se realizan muchas inversiones de generación de energía más barata.
Ya se ha dicho, nosotros generamos energía cada vez más cara y sucia. Y, sin embargo, los proyectos no avanzan aquí, como tampoco las iniciativas de inversión en estas materias, porque se hallan sometidas a infinidad de trámites, en que intervienen diversos poderes del Estado en forma contradictoria; no existe ninguna certeza jurídica; no se concretan las inversiones; hay enormes atrasos. Y los costos los estamos pagando todos.
Se me informaba que hoy el costo de la energía eléctrica en Perú es la mitad del que tenemos nosotros. Y, si realmente nos interconectáramos, podríamos llegar a una situación intermedia. Espero que así sea.
Creo que el establecimiento de la carretera eléctrica, que acabamos de aprobar; junto con esta posibilidad de interconexión con el norte y, eventualmente, con algunos países que sí disponen de energía -ya tenemos una experiencia con un vecino que lamentablemente sigue fijando las tarifas a un precio demasiado bajo, lo que lleva a que no exista inversión ni generación de energía- van en la línea correcta. Porque, afortunadamente, hay naciones en otros sectores de nuestro continente que, por ahora, hacen las cosas bien en esta materia y podrían suplementar las deficiencias que nosotros exhibimos manifiestamente.
Por eso, voto a favor de la iniciativa. Pienso que esto tendrá un gran potencial de aquí a dos o tres años.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (27 votos a favor y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Pérez (doña Lily) y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Gómez, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvo el señor Horvath.

El señor PIZARRO (Presidente).- Se deja constancia en la Versión Oficial de la intención de voto favorable de los Senadores señores Ignacio Walker y Quintana.
Debo señalar que se ha pedido determinar un plazo para formular indicaciones a esta iniciativa, que se encuentra con "discusión inmediata". Por ello, conversamos con el Ministro sobre el particular, quien accedió a retirar la urgencia para poder acoger esa solicitud y hacer el debate en particular a la vuelta de la semana regional.
En consecuencia, si le parece a la Sala, fijaremos como plazo para presentar indicaciones el día lunes 26 de agosto, a las 12.
--Así se acuerda.




CREACIÓN DE REGISTRO NACIONAL DE INSPECTORES TÉCNICOS DE OBRA (ITO) Y REGISTRO NACIONAL DE REVISORES DE PROYECTOS DE CÁLCULO ESTRUCTURAL


El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea y regula los registros nacionales de inspectores técnicos de obra (ITO) y revisores de proyectos de cálculo estructural, y que modifica normas legales para garantizar la calidad de construcciones y agilizar las solicitudes ante las Direcciones de Obras Municipales, con segundo informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8139-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 38ª, en 1 de agosto de 2012.
Informes de Comisión:
Vivienda y Urbanismo: sesión 63ª, en 20 de noviembre de 2012.
Vivienda y Urbanismo (segundo): sesión 36ª, en 2 de julio de 2013.
Discusión:
Sesión 82ª, en 11 de diciembre de 2012 (se aprueba en general).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 11 de diciembre de 2012.
La Comisión de Vivienda y Urbanismo deja constancia en su informe, para efectos reglamentarios, de que los artículos 1°, 6°, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 26 y 27, contenidos en el artículo primero; los números 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) y 11) del artículo segundo, y los artículos tercero y cuarto no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo cual deben darse por aprobados, salvo que algún señor Senador, contando con la unanimidad de los presentes, solicite su discusión o votación. Ahora bien, el artículo tercero es de rango orgánico constitucional y requiere para su aprobación 21 votos favorables, por lo que, si el señor Presidente así lo decidiera, habría que ponerlo después en votación.
--Quedan aprobados reglamentariamente, con excepción del artículo tercero.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión de Vivienda y Urbanismo efectuó una serie de enmiendas al texto aprobado en general, todas las cuales fueron aprobadas por unanimidad.
Cabe recordar que las modificaciones unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión o existan indicaciones renovadas.
De estas enmiendas unánimes, la recaída en el artículo 23 contenido en el artículo primero requiere para su aprobación 21 votos afirmativos, porque incide en normas orgánicas constitucionales. En consecuencia, habría que proceder a votarla posteriormente, siempre que no se le aplicara el mismo pronunciamiento del artículo tercero.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En votación el artículo tercero.

--(Durante la votación).

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, como ha informado el señor Secretario, en la Comisión de Vivienda hubo un amplio acuerdo y prácticamente todos los artículos y sus modificaciones vienen aprobados por unanimidad.
En este segundo informe se introdujo una gran cantidad de cambios respecto al proyecto aprobado en general. La gran mayoría se refieren a adecuaciones formales en el orden de las normas o las citas que se hacen de otros artículos, aunque también hay precisiones en la redacción de algunas disposiciones, incluyendo en algunos casos enmiendas incluso gramaticales.
Existen, de todos modos, modificaciones en asuntos relevantes, como el explicitar que el Registro de los inspectores técnicos de obra y revisores de proyectos de cálculo estructural regirá para todo el territorio nacional y tendrá un carácter público y permanente, con lo cual se posibilitará que los expertos puedan prestar sus servicios en más de una zona del país y que el público pueda consultar quiénes están efectivamente inscritos y, por lo tanto, reconocidos como inspectores.
A ello se agrega la introducción de la imposición para que las normas técnicas de aplicación obligatoria se publiquen en Internet y estén a disposición de cualquier interesado en forma gratuita.
También se amplía el rango de sanciones para las infracciones gravísimas, ya que originalmente se consideraban la eliminación del Registro y la suspensión hasta por tres años, y ahora se agregó que esta última puede ir de uno a tres años, lo que parece de toda lógica desde el punto de vista de la facultad de la autoridad para graduar la sanción acorde a la falta.
Por otro lado, se incluyen dentro de las infracciones a las tareas de supervisión el hacer uso del certificado que acredita la inscripción en el Registro una vez expirada su vigencia, así como el no informar oportunamente al Registro cualquier modificación de los antecedentes que forman parte de la inscripción, conforme lo establece el reglamento. Con ello se cubren mejor las eventuales trasgresiones y se faculta a la Seremi de Vivienda y Urbanismo para suspender las obras con la sola formulación de cargos relativos a faltas graves o gravísimas por modificaciones al proyecto de cálculo estructural, debiendo resolverse la continuidad de la medida en un plazo máximo de diez días.
Otro cambio adoptado por la Comisión es el de eximir a las universidades de la exigencia que se hace a personas jurídicas, en el sentido de incluir en su objetivo social la revisión de proyectos de cálculo estructural para poder inscribirse en el Registro.
En general, como se podrá comprobar, se trata de cambios al texto original en asuntos que son bastante técnicos, pero que dan cuenta de la voluntad de la Comisión de Vivienda por mejorar la iniciativa en muchos aspectos que no habían sido considerados por el Ejecutivo.
Creo que esta normativa demuestra la disposición de los parlamentarios de Gobierno y de Oposición para lograr acuerdos en materias de común interés y cómo el Senado puede perfeccionar los proyectos del Poder Ejecutivo cuando se dispone del tiempo necesario para el estudio de sus propuestas, como ha ocurrido en este caso.
Este texto viene aprobado por unanimidad y fue muy mejorado, de acuerdo con el Ejecutivo, que también participó en todo su desarrollo.
Gracias.
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Antes de continuar, pido a la Sala autorización para que inmediatamente después de la iniciativa en debate analicemos la signada con el número 4 en la tabla. Se trata del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la jornada, descanso y composición de la remuneración de los trabajadores de casa particular.
La semana pasada estuvieron acá sus representantes.

El señor MUÑOZ ABURTO.- No hay acuerdo.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Muy bien.
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, en primer lugar, quiero agradecer la concurrencia de los Senadores, de manera transversal, a la aprobación de este proyecto, iniciado en mensaje del Presidente de la República. Allí contamos con la presencia permanente de los Honorables señores Pedro Muñoz, Juan Pablo Letelier, Víctor Pérez, Hosaín Sabag -que acaba de hablar- y Eugenio Tuma.
Los objetivos planteados por esta iniciativa son:
Crear el Registro Nacional de Inspectores Técnicos de Obra, llamados ITO, y dar rango legal al Registro Nacional de Revisores de Proyectos de Cálculo Estructural.
Aumentar los niveles de autocontrol de los diferentes actores que intervienen en una construcción, estableciendo expresamente la responsabilidad de los profesionales que participan tanto en los proyectos como en la ejecución de las obras de construcción, manteniéndose la responsabilidad del propietario primer vendedor.
Establecer un mecanismo de fiscalización -esto es muy importante- externa y la obligatoriedad para que en las edificaciones se adopten medidas mínimas de gestión y control de calidad.
Quiero hacer presente, además, que durante toda la tramitación de este proyecto de ley en la Comisión contamos con el aporte permanente del asesor directo del Ministro, arquitecto José Ramón Ugarte, y con la presencia en muchas oportunidades del titular de Vivienda y Urbanismo, don Rodrigo Pérez.
Deseo señalarlo porque esta iniciativa -como dije, iniciada en mensaje del Primer Mandatario- se inscribe en la tarea de perfeccionar el marco normativo de las construcciones en Chile, sobre todo, mirando la situación posterremoto.
Nuestro país es tremendamente sísmico y ha sido asolado por varios fenómenos telúricos. Y lo que se busca con esta normativa es fijar criterios en esa línea. Se trata de la tercera iniciativa de mejoramiento de las normas para enfrentar de mejor manera este tipo de catástrofes.
Digo lo anterior porque en enero de 2011 fueron promulgados dos decretos por el Presidente Piñera: el decreto N° 117, relativo a diseño sísmico de edificios, y el decreto N° 118, sobre requisitos para construcciones en hormigón armado.
Asimismo, señor Presidente, resulta de gran relevancia manifestar que este proyecto aborda cinco tareas específicas, además de los criterios antes señalados:

1.- Garantizar la calidad de la edificación mediante el establecimiento de un Inspector Técnico de Obra y la obligatoriedad de contar con él en determinadas obras;

2.- Aumentar los niveles de autocontrol, definiendo las responsabilidades de los profesionales;

3.- Mejorar los procedimientos de las Direcciones de Obras -este punto, de gran importancia, fue muy debatido al interior de la Comisión de Vivienda y Urbanismo- estableciendo sanciones en caso de incumplimiento de los plazos máximos y derivando en la intervención de la Seremi de Vivienda respectiva;

4.- Entregar la facultad de declarar la inhabitabilidad de edificaciones a los municipios, previo informe de la Dirección de Obras y,

5.- Entregar la facultad de realizar modificaciones de deslindes de predios a los Directores de Obras.
Hubo bastante debate al interior de la Comisión; se presentaron diversas indicaciones, mediante las cuales pudimos efectivamente mejorar un proyecto que ya era muy positivo.
Por otro lado, recibimos en el órgano técnico a muchísimas personas que tenían algo que decir respecto a esta iniciativa.
Acudieron integrantes de la Asociación Chilena de Sismología e Ingeniería Antisísmica y de la Sociedad Chilena de Geotecnia.
En un principio, existió la posibilidad de no contar con la presencia de representantes de esas dos entidades en la Comisión Nacional de Apelación. Pero el Ejecutivo nos apoyó en la idea de que era muy importante que miembros de ambos organismos formaran parte de esa Comisión.
Por último, quiero señalar que el debate fue tremendamente rico y constructivo.
Es preciso destacar que esta iniciativa busca que los largos y burocráticos trámites ante las Direcciones de Obras Municipales sean bastante más cortos, más eficientes y no provoquen la frustración que muchas veces hoy día se genera en los propietarios, en las personas, en los usuarios, cuando estas instituciones de orden¿

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Concluyó su tiempo, señora Senadora.
Dispone de un minuto más.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Con esto termino, señor Presidente.
Por eso es importante la creación de los Inspectores Técnicos de Obra (ITO), que estos puedan fiscalizar, que cuenten con un registro permanente y que sean personas que resulten confiables para determinar la calidad de este tipo de obras cuando se hacen modificaciones o se diseñan nuevos proyectos.
He dicho.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, considero que el proyecto que nos ocupa perfecciona de manera muy significativa la actual legislación.
Deseo recordar que, después de un debate habido en ambas Cámaras años atrás, se aprobó una normativa sobre calidad de las viviendas a través de la cual se le entregaba a una sola persona la responsabilidad por las fallas y defectos de la construcción: el propietario primer vendedor. Y este podía contratar a dos entes que lo ayudaran en esa labor fiscalizadora: el revisor independiente y el revisor de cálculo estructural.
Esta iniciativa viene a establecer, mediante el autocontrol, una mayor responsabilidad de los profesionales que intervienen en la determinación de la calidad de la construcción. Por lo tanto, la garantiza de mejor manera. Porque, al otorgarle responsabilidades más claras, más específicas -por ejemplo- al arquitecto o a todo profesional que se haga cargo del cálculo estructural o del estudio de mecánica de suelos, estamos dando una mejor dirección al trabajo de asegurarles a quienes adquieren una vivienda -no solo de carácter social, sino también comercial- que esta cumple todas las normas de nuestra legislación y, por lo tanto, con las relativas a la calidad de ella.
Las normas por las cuales se construye en Chile han probado, especialmente en el último terremoto, que son de gran nivel y alto estándar. Y, por consiguiente, su cumplimiento le garantiza a quien adquiere una vivienda que esta será de buena calidad.
Por eso, señor Presidente, creo que debiéramos aprobar esta iniciativa, no solo porque en la Comisión de Vivienda desarrollamos una buena discusión de carácter técnico, o tuvimos un buen asesoramiento por parte de profesionales del Ministerio de Vivienda, sino porque me parece que la perfeccionamos utilizando la experiencia que tenemos de legislaciones anteriores. En efecto, concluimos que es fundamental no solamente crear el Registro Nacional de Inspectores Técnicos de Obra; otorgar rango legal al Registro Nacional de Revisores de Proyectos de Cálculo Estructural, y modificar una serie de disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sino que también es muy importante que el arquitecto, el constructor y el calculista sepan que van a tener responsabilidades y deberán responder frente a los errores o al mal trabajo que ellos realicen en una determinada construcción.
A mi juicio, de ese modo se garantiza de manera efectiva a quien adquiere una vivienda el trabajo de los profesionales que participaron en su construcción y cuyos nombres deben estar especificados en el permiso correspondiente.
Ello es muy importante para la gente, señor Presidente. ¡Es muy importante!, particularmente para quienes adquieren viviendas, logren subsidios del Estado o sean beneficiarios de viviendas de carácter social. Y yo estoy seguro de que para ellos este es un tema que les va a interesar, porque se les mejora su condición frente a quien mandató construir la vivienda y a los profesionales que participaron en esa obra.
Considero que los procedimientos que se establecen mejoran la posición de quien adquiere una vivienda.
En segundo lugar, este proyecto avanza en un aspecto que también es fundamental: tratar de terminar con la burocracia que en determinado momento muchos sienten en las direcciones de obras. Con tal objeto, se acotan plazos a fin de entrar en un camino de mayor fluidez, más rapidez y mejor certeza para quienes presentan permisos de construcciones o buscan que se les entreguen las correspondientes autorizaciones.
En definitiva, señor Presidente, esta iniciativa perfecciona adecuadamente la legislación que existe en este momento. Y por eso la vamos a votar favorablemente.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, el proyecto que aprobamos por unanimidad en la Comisión de Vivienda tiene por finalidad hacer transparente la labor de los inspectores técnicos de obra.
Yo me motivé con él porque, producto del análisis de otra iniciativa legal que creaba el cálculo estructural de ingeniería para todo tipo de proyectos, participé como autor de la normativa que establecía el inspector técnico. Pero lo que no había en ese proyecto era cómo se regulaban la transparencia, los conflictos de intereses, la participación de inspectores técnicos en obras propias o en obras vinculadas a sociedades, o cómo se elegía al inspector técnico con respaldo de la fe pública.
Es por eso que se crea el Registro Nacional de Inspectores Técnicos de Obra, que considerará los antecedentes técnicos de la persona, los datos relacionados con su historia profesional y, también, su idoneidad técnica acorde al tipo de obra de que se trate. Y, por tanto, del mismo modo en que se establecen incompatibilidades, se contemplan exigencias desde el punto de vista curricular y de los antecedentes técnicos. Además, se hace un seguimiento de la labor del inspector técnico, de las tareas que desarrolla y de los certificados que otorga. Asimismo, se abrevian los plazos para los efectos de que la Administración Pública vaya respondiendo en plazos acotados frente a lo que llamamos la "tramitocracia" o "burocracia" en los papeleos o trámites que se requieren para autorizar determinadas obras.
Considero que el proyecto va exigiendo el cumplimiento de la credibilidad en este tipo de instituciones que hemos creado, lo que debería estar amparado en el Registro que se establece, en los informes que se entreguen, en la fiscalización que se realice y en las sanciones que se contemplen para quienes no cumplan o efectúen su trabajo en obras en que tengan conflictos de interés.
Por esa razón, me parece que la iniciativa apunta en la dirección correcta.
Recién el Senador Quintana me decía: "Bueno, ¿pero para qué el proyecto si ya se creó el inspector técnico?". Lo que pasa es que ahora se crea el Registro Nacional de Inspectores Técnicos de Obra y, además, se consignan las incompatibilidades y el modo de fiscalización. De esta manera estamos logrando que sea más transparente la labor de esta institución, que son los inspectores técnicos, para hacer fe de que lo que se construye en Chile se lleva a cabo con bases ciertas, con cálculos estructurales, y de que quienes participan lo hacen amparados en antecedentes profesionales que han sido certificados previamente y calificados para ingresar a dicho Registro.
Señor Presidente, estimo que este proyecto constituye un avance. Por eso lo aprobamos en forma unánime en la Comisión de Vivienda, y esperamos que la Sala lo despache también del mismo modo.
He dicho.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el artículo tercero del proyecto (26 votos favorables) y se deja constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido.
Votaron las señoras Allende, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).

El señor LABBÉ (Secretario General).- Ahora corresponde pronunciarse respecto de las enmiendas unánimes introducidas por la Comisión de Vivienda y Urbanismo, de las cuales una requiere quórum especial para su aprobación.

El señor PROKURICA.- Con la misma votación, señor Presidente.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para aprobarlas con la misma votación anterior?

La señora ALLENDE.- Sí, señor Presidente.
--Se aprueban (26 votos favorables), dejándose constancia de que, respecto del artículo 23 contenido en el artículo primero del proyecto, se cumple el quórum constitucional exigido, y queda concluida su discusión en este trámite.

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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pedro Muñoz.

El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, como titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, solicito que la iniciativa que modifica la jornada, descanso y composición de la remuneración de los trabajadores de casa particular, y prohíbe el uso de uniformes a trabajadoras de casa particular vuelva al mencionado órgano técnico.
Esta es una petición que han formulado ANECAP, el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular a nivel nacional y la Coordinadora de Trabajadoras de Casa Particular, con la finalidad de que sus dirigentes puedan conversar con el nuevo Ministro del Trabajo, ya que tienen observaciones de fondo que plantear al proyecto aprobado por la Cámara de Diputados.
Gracias.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición del Presidente de la Comisión de Trabajo.
Acordado.
--(Aplausos en tribunas).

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminado el Orden del Día.
VI. TIEMPO DE VOTACIONES



AUMENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA USUARIOS DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA. PROYECTO DE ACUERDO

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Proyecto de acuerdo presentado por la Senadora señora Lily Pérez, en el que formula una solicitud al Primer Mandatario.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1588-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 42ª, en 30 de julio de 2013.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El propósito de la iniciativa es solicitarle a Su Excelencia el Presidente de la República que modifique los decretos supremos números 94 y 212, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en materia de seguridad de los usuarios en los terminales de locomoción, para aumentar las medidas de seguridad con el objeto de proteger a los usuarios.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (19 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Horvath, Larraín (don Hernán), Muñoz Aburto, Pizarro, Prokurica, Quintana, Sabag, Tuma y Zaldívar (don Andrés).
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Senador señor Hernán Larraín, tiene la palabra.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, solicito que pida la autorización de la Sala para que las Comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente, unidas, puedan sesionar paralelamente para tratar un proyecto de ley a cuya discusión se ha invitado a algunas personas.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- ¿Ahora?

El señor LARRAÍN.- Sí, señor Presidente.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Aunque solo nos quedan 2 proyectos de acuerdo por votar, pienso que no habría problemas.
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
--Así se acuerda.



ESTABLECIMIENTO DE MECANISMO DE REAJUSTE PARA PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS NO MENOR A 6 POR CIENTO. PROYECTO DE ACUERDO

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, Prokurica y Tuma, mediante el cual solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que establezca un mecanismo de reajuste no menor al 6 por ciento de las pensiones básicas solidarias, cuyo propósito es que los pensionados accedan a ingresos que les permitan subsistir.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1590-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 43ª, en 31 de julio de 2013.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (13 votos a favor).
Votaron la señora Rincón y los señores Cantero, Chahuán, Escalona, García-Huidobro, Gómez, Horvath, Muñoz Aburto, Pizarro, Quintana, Sabag, Tuma y Zaldívar (don Andrés).


APERTURA DE DEBATE PÚBLICO SOBRE IMPLICANCIAS DE ACUERDO ESTRATÉGICO TRANSPACÍFICO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA. PROYECTO DE ACUERDO


El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Navarro, Gómez y Tuma, mediante el cual solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República la apertura de un debate de carácter técnico y político sobre las implicancias del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica en materia de intercambio comercial y relaciones internacionales, en especial respecto de los procesos de integración regional.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1591-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 45ª, en 6 de agosto de 2013.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El propósito de la iniciativa es que se generen las condiciones para que se produzca tal debate, más allá de los procedimientos y mecanismos diplomáticos utilizados en el marco de la negociación que el Gobierno lleva adelante en la materia.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En votación.

Tiene la palabra el Senador señor Cantero.

El señor CANTERO.- Señor Presidente, me parece que el proyecto de acuerdo debe votarse favorablemente, porque lo único que pretende es abrir acceso a la información. Temas tan trascendentes como estos deben estar siempre de cara a la ciudadanía y evitar la incertidumbre que genera la desconfianza.
En consecuencia, considero muy positivo que el Senado dé una señal en ese sentido.
Voto a favor.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En realidad, no cabe fundamentar el voto en los proyectos de acuerdo.
¡Solamente le he dado la palabra, señor Senador, porque usted es mi amigo y representamos a la misma Región...!

El señor CANTERO.- ¡Para eso son los amigos: para quererlos¿!

La señora RINCÓN.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- No le puedo dar la palabra, señora Senadora.

El señor ESCALONA.- ¿Y para votar en contra, tampoco?

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tampoco. En estos casos no se funda el voto.

La señora RINCÓN.- ¡Aquí hay discriminación¿!
¡Hay una discriminación positiva hacia el género masculino¿!
¡Voy a reclamar contra usted, señor Presidente¿!

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (13 votos a favor).
Votaron las señoras Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Cantero, Chahuán, Escalona, Gómez, Horvath, Muñoz Aburto, Pizarro, Quintana, Sabag, Tuma y Zaldívar (don Andrés).


El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- ¿Quiere intervenir, Senadora Rincón?

La señora RINCÓN.- Sí, señor Presidente.
¿Me va a dar la palabra?

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Por supuesto. Como ya se votó el proyecto de acuerdo, no tengo inconveniente.
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

La señora RINCÓN.- Solo para recalcar lo señalado por mi colega el Senador Cantero, señor Presidente.
Este tema se lo planteamos en su oportunidad, con el Senador Ricardo Lagos, al Canciller en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Creemos que hay que abrir y transparentar la discusión sobre la materia, que le interesa, en particular, a la comunidad. Ese y no otro es el objetivo que persigue el proyecto de acuerdo: simplemente, abrir un debate en el país.
Gracias, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Muy bien.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
De la señora ALVEAR:
Al señor Ministro de Salud, para que informe al Senado acerca de RECURSOS FINANCIEROS COMPROMETIDOS EN LEY DE PRESUPUESTOS PARA HABILITACIÓN DE HOSPITAL CLÍNICO DE ÑUÑOA (Región Metropolitana).
Del señor BIANCHI:
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, pidiéndole OTORGAMIENTO DE 40 SUBSIDIOS HABITACIONALES ADICIONALES PARA LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS (Región de Magallanes).
Del señor ESCALONA:
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, solicitándole AUMENTO DE DOTACIÓN POLICIAL Y HABILITACIÓN DE COMISARÍAS EN SECTOR MEDIO CAMINO DE TALCAHUANO Y EN COMUNA DE CHIGUAYANTE (Región del Biobío).
De la señora RINCÓN:
Al señor Contralor General de la República, con el objeto de pedirle INCORPORACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE CASCO DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA DE BARRIO YUNGAY, COMUNA DE CAUQUENES (Región del Maule), EN PROGRAMA DE AUDITORÍA N° 7.003, DE 2013.
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--Se levantó la sesión a las 19:39.
Patricio Fernández Ruiz-Tagle,
Jefe de la Redacción subrogante