REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 361ª
Sesión 46ª, en miércoles 7 de agosto de 2013
Ordinaria
(De 16:17 a 20: 2)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES JORGE PIZARRO SOTO, PRESIDENTE;
JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, VICEPRESIDENTE, Y ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Larraín Peña, Carlos
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedan, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrió, además, el Ministro de Hacienda, señor Felipe Larraín Bascuñán.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:17, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor PIZARRO (Presidente).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 42ª y 43ª, ordinarias, en 30 y 31 de agosto del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
El acta de la sesión 26ª, ordinaria, en 9 de agosto del presente año, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Tres de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación de los siguientes asuntos:
1.-
Proyecto de ley sobre procedimiento para otorgar concesiones eléctricas (boletín N° 8.270-08).
2.-
Proyecto que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos con el fin de promover la interconexión de sistemas eléctricos independientes (boletín N° 9.022-08).
Con el segundo retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", respecto de los siguientes proyectos de ley:
1.-
El que pone término a la existencia legal de la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas (EMAZA) (boletín Nº 8.786-27).
2.-
El relativo al fortalecimiento de la regionalización del país (boletín N° 7.963-06).
3.-
El que modifica la ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma y otros textos legales que indica (boletín N° 8.466-07).
4.-
El que modifica los estatutos de la prisión preventiva y de la suspensión de la ejecución de la pena en el caso de la conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias sicotrópicas con resultado de lesión o muerte (boletín N° 8.809-07).
5.-
El que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de afectaciones de utilidad pública de los planes reguladores (boletín Nº 8.828-14).
Además, hace presente la urgencia, en el mismo carácter de "suma", para la tramitación del proyecto de ley que establece un sistema de supervisión basado en riesgo para las compañías de seguros (boletín Nº 7.958-05).
Con el último retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1.-
Proyecto que establece la Ley Orgánica de la Institucionalidad Estadística Nacional (boletín Nº 8.767-06).
2.-
Proyecto que modifica el Código Civil y otras leyes con el objeto de regular el régimen patrimonial de la sociedad conyugal (boletines Nos. 7.567-07, 5.970-18 y 7.727-18, refundidos).
3.-
Proyecto de ley que crea el Acuerdo de Vida en Pareja (boletines Nos. 7.873-07 y 7.011-07, refundidos).
4.-
Proyecto de ley que dicta normas sobre compensaciones a los usuarios de servicios de distribución de agua potable en casos de interrupciones o suspensiones no autorizadas o no comunicadas previamente a ellos (boletín N° 2.357-09).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De la Honorable Cámara de Diputados:
Con el que manifiesta que aprobó el proyecto de ley que fortalece el resguardo del orden público (boletín Nº 7.975-25) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Subsecretario del Medio Ambiente (S):
Responde solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor Navarro, sobre las fiscalizaciones realizadas por la Secretaría Regional Ministerial correspondiente al relleno sanitario Ecobío, de Chillán.
Del señor Subdirector de Racionalización y Función Pública, Dirección de Presupuestos:
Contesta acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Senadores señor Navarro, señora Allende y señores Girardi, Gómez, Lagos, Muñoz Aburto y Rossi, con el que piden a Su Excelencia el Presidente de la República que ejerza su iniciativa para regular legalmente la situación de las personas que perciben honorarios en los sectores público o privado (boletín Nº S 1.551-12).
De la señora Superintendenta de Servicios Sanitarios:
Da respuesta a solicitud de antecedentes, enviada en nombre del Senador señor Walker (don Ignacio), sobre la calidad del agua que suministra la empresa ESVAL a los habitantes de las comunas de La Ligua, Cabildo y Petorca.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Certificado
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual (boletín Nº 9.037-05) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--De conformidad con un acuerdo de Comités, queda para ser votado en la presente sesión.
Moción
De los Senadores señores Chahuán, Horvath, Pizarro y Tuma, con la que inician un proyecto de ley que reconoce como deporte nacional a los juegos deportivos ancestrales de los pueblos originarios (boletín Nº 9.057-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Proyectos de acuerdo
De los Senadores señoras Rincón, Allende y Alvear y señores Escalona, Frei (don Eduardo), Lagos, Navarro, Muñoz Aburto, Rossi, Tuma y Zaldívar (don Andrés), con el que solicitan al Contralor General de la República que adopte las medidas adecuadas frente a las graves irregularidades en los deberes funcionarios, ocurridas en el Servicio Nacional de Menores, en lo que atañe a la administración de los centros de atención de menores y procesos de adopción (boletín Nº S 1.594-12).
De los Senadores señor Walker (don Patricio), señora Alvear y señores Chahuán, Larraín Fernández y Sabag, dirigido a Su Excelencia el Presidente de la República, para que instruya al señor Ministro de Relaciones Exteriores en el sentido de solicitar al Gobierno de la República de Cuba la realización de nuevas investigaciones para esclarecer las circunstancias en que se produjo la muerte del señor Oswaldo Payá Sardinas (boletín Nº S 1.595-12).
--Quedan para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria respectiva.
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor WALKER (don Patricio).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor WALKER (don Patricio).-
Quiero saber si es posible votar hoy día el proyecto de acuerdo, del que se acaba de dar cuenta, en el que requerimos al Ejecutivo solicitar al Gobierno de Cuba la realización de nuevas investigaciones para esclarecer la muerte de Oswaldo Payá Sardinas.
El señor PIZARRO (Presidente).-
¿Habría acuerdo para proceder a votar ese proyecto de acuerdo al término del Orden del Día, antes de la hora de Incidentes?
El señor PROKURICA.-
Sí.
--Así se acuerda.
El señor WALKER (don Patricio).-
Gracias.
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El señor ESCALONA.-
Pido la palabra.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, ayer solicité, por segunda vez, que se pudiese adelantar en la tabla el proyecto que incorpora en el Código del Trabajo el contrato de teleoperadores de call centers.
La Sala así lo acordó, tomando en cuenta la situación de desmedro en que se encuentran dichos trabajadores y trabajadoras. Pero hoy nuevamente ha vuelto al número 12.
Yo entiendo que en la sesión anterior la postergación fue del todo razonable, porque se alargó el tema relativo a la Ministra señora Carolina Schmidt y luego se trató la iniciativa sobre incremento de remuneraciones y concesión de bonos al personal de la JUNJI.
Eso era natural y no pusimos ningún reparo. Pero el proyecto en comento figura hoy -repito- por tercera vez en el número 12 de la tabla, por lo cual permítame expresar mi queja, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Señor Senador, le aclaro la situación.
A usted también le ha tocado cumplir esta función y sabe que la tabla se va alterando según las urgencias que va colocando el Ejecutivo.
La iniciativa a que se refiere Su Señoría no tiene calificación de urgencia. Nosotros, dependiendo de los acuerdos que se adopten, colocamos los asuntos en los primeros o segundos lugares de las tablas respectivas; pero, una vez que se incluyen todos los que cuentan con urgencia, bajan (como en los ascensores: suben y bajan) en la tabla.
Yo le pedí a la Secretaría que incorporara ese proyecto después de todos los que tienen urgencia. Y por eso aparece con el número 12 en la tabla de esta sesión.
No obstante, en algún momento, en cualquier sesión o en otra reunión de Comités podremos volver a solicitar que se coloque en Fácil Despacho o en un lugar de privilegio de la tabla pertinente.
La señora RINCÓN.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ESCALONA.-
Pido la palabra.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Rincón, y después, el Senador señor Escalona.
La señora RINCÓN.-
Señor Presidente, voy a referirme a esa iniciativa y a un proyecto de acuerdo que se ha presentado.
En reunión de Comités habíamos acordado ir poniendo los asuntos concernientes a materias laborales en los primeros lugares de las tablas correspondientes.
En consecuencia, pido que en la próxima reunión de Comités se aborde el punto y el proyecto señalado se reponga en el lugar que ya se había fijado.
Entiendo que lo ocurrido fue producto de la discusión de temas específicos que hemos realizado en estos días. Por eso planteo que se reedite el acuerdo ya adoptado por los Comités en orden a privilegiar la ubicación del proyecto indicado, que fue aprobado hace bastante tiempo por la Comisión del ramo.
En seguida, señor Presidente, solicito discutir y votar esta tarde el proyecto de acuerdo que presentamos varios Senadores a fin de requerir a la Contraloría General de la República que arbitre medidas para revisar lo ocurrido en el Servicio Nacional de Menores, donde algunos niños y niñas han sufrido abusos o retenciones y no hay respuesta de parte del SENAME sobre tales hechos.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, yo entendí que luego de dos acuerdos sucesivos de la Sala en relación con priorizar el tratamiento de dicho proyecto, este iba a ser debidamente tomado en cuenta, porque, como bien usted también sabe, el sistema de urgencias del Ejecutivo lleva a que un texto de iniciativa parlamentaria nunca pueda ser tratado.
En consecuencia, habiendo ya dos resoluciones de la Corporación sobre el particular, deduje que había voluntad de analizar el proyecto.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Voluntad hay, señor Senador.
Lo que pasa es que los acuerdos se van adoptando para las sesiones respectivas. Lo determinado por los Comités, cuando se analizó el punto, rigió solo para esa sesión. Ahí, lamentablemente, no pudimos ver el proyecto por distintas razones, por lo que volvió a su ubicación normal.
Yo no tengo problema en que se trate.
Si le parece a la Sala, podemos hacer lo siguiente: acordar su discusión ahora mismo, como si fuera de Fácil Despacho, porque, de lo contrario, esta podría ser la tercera vez que no lo alcanzamos a debatir.
El señor Ministro de Hacienda me ha avisado que está atrasado unos minutos, pues se halla exponiendo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Así que mientras tanto es posible tratar la iniciativa en cuestión, para después pasar a la discusión del salario mínimo, que va a ser un poco más larga.
Por otro lado, debo señalar que, lamentablemente, se ha producido un malentendido con las visitas que venían a participar en el homenaje al Instituto Nacional con motivo de su bicentenario, el que iba a efectuarse en la sesión de hoy y para el cual se había citado con mucha anticipación, previo acuerdo con las autoridades de dicho establecimiento.
Al parecer, el malentendido se generó porque se les informó -no sabemos bien por quién- que debían estar acá a las 16, pues el homenaje comenzaría a las 16:30. No obstante, por resolución adoptada hace ya dos meses por los Comités, fue ubicado en tabla para las 18:30 horas de hoy, de manera especial, como ocurre con todos los homenajes.
Como Sus Señorías han visto, los miembros de la delegación del Instituto Nacional se han retirado del recinto, aparentemente muy molestos por la mala información que se les entregó.
Es lo que quería informar sobre ese particular.
En cuanto a lo otro, sugiero partir con el proyecto al cual hizo mención el Senador señor Escalona, sobre incorporación del contrato de teleoperadores al Código del Trabajo, hoy ubicado en el lugar número 12 de la tabla, tratándolo como si fuera de Fácil Despacho, para después seguir con la discusión del salario mínimo.
Si no hubiera objeción, se procedería en tales términos.
Acordado.
INCORPORACIÓN DE CONTRATO DE TELEOPERADORES EN CÓDIGO DEL TRABAJO
El señor PIZARRO (Presidente).-
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señora Alvear y señor Escalona, en primer trámite constitucional, que incorpora en el Código del Trabajo el contrato de teleoperadores, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8263-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señora Alvear y señor Escalona):
En primer trámite, sesión 14ª, en 2 de mayo de 2012.
Informe de Comisión:
Trabajo y Previsión Social: sesión 39ª, en 9 de julio de 2013.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo principal de la iniciativa es incorporar en el Código del Trabajo, mediante un capítulo nuevo, el contrato especial de los trabajadores que prestan servicios como teleoperadores en los denominados "contact centers".
La Comisión de Trabajo y Previsión Social hace presente que, no obstante tratarse de un proyecto de artículo único, lo discutió solamente en general, atendido que propone introducir un capítulo nuevo en el Título II del Libro I del Código del Trabajo, y deja constancia de que aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señora Rincón y señores García, Muñoz Aburto y Pérez Varela.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 17 y 18 del primer informe de dicho órgano técnico.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente, junto con el Honorable señor Escalona presentamos la iniciativa legal en estudio, con el objeto de proteger a un grupo de trabajadores bastante grande, compuesto por alrededor de 30 mil personas.
La labor que ellos desempeñan, según lo señalado por la OIT, es de las más estresantes que existen en el mundo. Además, tienen una jornada laboral que les impide realizar una vida normal.
Su sistema de remuneraciones se fija de acuerdo a la cantidad de horas efectivas que atienden los teléfonos. Por ejemplo, llevando la situación al límite, si reciben una llamada sobre el accidente de un hijo, ese tiempo se les descuenta por no corresponder al trabajo que realmente deben desempeñar.
En algunos lugares sus condiciones laborales son tan indignas, que a veces ni siquiera tienen la posibilidad de hacer uso de servicios higiénicos en los momentos en que los necesitan.
En atención a todo lo anterior, la iniciativa legal que se propone crea en el Código del Trabajo un estatuto laboral especial para los teleoperadores.
En segundo lugar, se establece una presunción legal que transforma el contrato en indefinido cuando se haya trabajado continua o discontinuamente para un mismo empleador por 240 días en un lapso de 12 meses.
También se consagra la obligación para el empleador de rotar los turnos.
Por otra parte, ningún trabajador podrá desempeñar turnos nocturnos por más de dos semanas consecutivas.
Cada dos horas al empleado tendrá derecho a descansar 15 minutos, tiempo que se considerará trabajado para todos los efectos y no será descontado del sueldo.
Entre llamado y llamado, el teleoperador deberá descansar al menos 15 segundos. No olvidemos que muchas veces los teleoperadores, mayoritariamente mujeres, son objeto de llamadas obscenas y, en ocasiones, por no poder responder satisfactoriamente a quien llama debido a no disponer de los elementos necesarios para hacerlo, también son objeto de insultos. Su situación laboral es bastante tensa.
De otro lado, la remuneración de los teleoperadores en ningún caso se determinará según las horas de conexión que mantengan con el sistema operativo.
Al mismo tiempo, se obliga a los empleadores a dictar un reglamento que regule las condiciones ambientales en que deben desempeñarse los teleoperadores (relacionadas con iluminación, ventilación, temperatura, humedad, espacio mínimo individual, ruido ambiental) y además las condiciones de seguridad. En algunos lugares se los encierra para que no puedan salir, lo cual reviste mucho peligro por la imposibilidad de evacuar sus puestos de trabajo frente a un accidente o algún fenómeno de la naturaleza, como terremotos u otros evento, tan frecuentes en nuestro país.
Por otra parte, se contempla -parece increíble que en el siglo XXI tengamos que dejarlo establecido en un cuerpo legal- la facultad para que estos trabajadores puedan concurrir a los servicios higiénicos y de aseo cuando realmente lo necesiten y no a la hora que se les imponga.
Por último, las empresas estarán obligadas a practicar exámenes médicos a los teleoperadores, a su costo, cada 6 meses.
Señor Presidente, la Comisión de Trabajo tuvo a bien escuchar a los sindicatos del sector, a las trabajadoras y también a los empresarios, tras lo cual, por la unanimidad de sus miembros, aprobó en general el proyecto, que considero indispensable.
Termino expresando que la ex Ministra del Trabajo, señora Evelyn Matthei, en su último día en el cargo -sin saberlo- se comprometió a ponerle urgencia a esta iniciativa legal. Y yo espero que el Secretario de Estado recién asumido cumpla ese compromiso, para poder despacharla con la rapidez necesaria.
He dicho.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Solicito la anuencia de la Sala para que me reemplace en la testera el Honorable señor Andrés Zaldívar.
Acordado.
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Andrés Zaldívar, en calidad de Presidente accidental.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, a lo expuesto por la Senadora Alvear, principal impulsora de este proyecto de ley, que también cuenta con mi personal respaldo como autor, quiero agregar que el propósito de la iniciativa es incorporar un Capítulo VIII en el Título II del Libro I del Código del Trabajo, con el fin de establecer claramente un dispositivo de protección legal y laboral para un extensísimo sector de trabajadores y trabajadoras que en este momento se encuentran en una situación de desamparo y desprotección.
Es sabido que las recientes tecnologías han significado nuevas formas productivas, las cuales muchas veces quedan fuera del alcance de la legislación, por lo que resulta indispensable modificarla y adaptarla con la finalidad de que no se cometan abusos que sean extremadamente lesivos para la dignidad de las personas que desarrollan este tipo de labores.
Por eso, en consecuencia, solicito el respaldo de la Sala para aprobar la idea de legislar.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, en el marco de la discusión de este proyecto, presentado por la Senadora Alvear, pudimos -como bien lo señaló Su Señoría- escuchar tanto a los dirigentes sindicales de los trabajadores como a las empresas. Pero también conocimos la labor que realiza la Dirección del Trabajo sobre esta materia.
Ello, a mi juicio, permitió contar con un antecedente previo a la presentación de esta iniciativa. Porque la fiscalización que ha efectuado la Inspección del Trabajo desde hace ya dos años posibilitó, por ejemplo, la discusión respecto al hecho de que la mayoría de los trabajadores de call centers suscriban contratos de trabajo por obra o faena, sistema que la propia Dirección del Trabajo ha calificado como absolutamente inconveniente.
Por lo tanto, resulta necesario que avancemos a fin de establecer aspectos particulares de esta relación laboral.
Me parece que ese Servicio ha realizado una labor significativa: conformó mesas de trabajo, efectuó fiscalizaciones, y ello ha permitido progresar sustancialmente en esta materia.
Con todo, no hay duda de que es absolutamente necesario legislar para determinar con gran claridad aspectos como los contratos de trabajo, la naturaleza de estos; las remuneraciones; las jornadas laborales, los permisos, en fin.
Yo planteé en el seno de la Comisión, y lo hago nuevamente aquí, en la Sala, que es indispensable también dar una mirada más global sobre este tema.
Esta industria podría ser bastante más dinámica de lo que hoy es en nuestro país. Sin embargo, se ha ido más bien deteriorando, como se desprende tanto de los dichos de los propios dirigentes sindicales y de los empresarios cuanto de las cifras que exhibe la Dirección del Trabajo.
Es más, señor Presidente, cuando se inició el plan de reconversión en Lota, al cerrarse ENACAR, recuerdo que una de las empresas que generaron mayor empleo al principio fue un call center que funcionaba en las dependencias del antiguo hospital de esa comuna.
¿Y cuál fue el resultado de ese proyecto? Lamentablemente, fue perdiendo fuerza, incentivos, y hoy día se contrata a muchos menos trabajadores de los que empleaba en aquella época. ¿Por qué? Porque esta industria no se encuentra adecuadamente regulada, no se han generado incentivos, ni políticas tanto laborales como de protección de datos personales que permitan su crecimiento. Y son otros los países que lideran esta actividad.
Por eso, junto con avanzar en materias laborales como las que aquí se han planteado -me parecen indispensables y, sin duda, podremos perfeccionarlas en la discusión particular-, resulta del todo necesario dar una mirada más amplia, para que estas empresas puedan generar empleos mejores y de mayor calidad, como se pensó en un momento, y no se vayan muriendo.
La competencia de esta industria es extranjera, se da con otros países, lo cual tiene que ver con los horarios en los cuales se trabaja. Por eso, la mirada que debe darse con respecto a esta industria es más bien global.
Si bien es cierto resulta absolutamente imprescindible avanzar en mejorar las normas laborales y de seguridad de los trabajadores, no haríamos el trabajo completo si no atendiéramos otros aspectos para poder desarrollar esta industria a fin de que verdaderamente sea una fuente de creación de empleos, como en determinado momento fue pensada y diseñada.
De ahí que recordara el plan de reconversión de la cuenca del carbón, en particular en la comuna de Lota, donde una de las actividades más importantes de la época fue un call center, que llegó a tener 250 a 300 personas contratadas. Hoy día eso no existe como alternativa.
En definitiva, voté a favor de la idea de legislar en la Comisión, y lo propio haré ahora. Pero hago un llamado en el sentido de que es preciso mirar mucho más ampliamente esta materia.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Recuerdo que estamos discutiendo esta iniciativa como si fuera de Fácil Despacho.
Por lo tanto, el último en intervenir será el Senador señor Muñoz Aburto, y luego procederemos a votar.
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente, en la Comisión de Trabajo y Previsión Social los trabajadores del sindicato SEYCO, que agrupa a los teleoperadores del call center de Walmart, señalaron que deben afrontar condiciones laborales muy precarias. Sostuvieron que en algunas empresas de ese sector incluso se ha impuesto la prohibición del uso de los servicios higiénicos, o habiéndose permitido su utilización, se les efectúan descuentos en sus remuneraciones.
Eso, señor Presidente, evidentemente constituye una vulneración de los derechos laborales no solo de esos trabajadores, sino también de todos aquellos que pueden estar sufriendo ese mismo tipo de vejamen.
Igualmente, nos manifestaron que no existen condiciones laborales mínimas para la prestación de servicios, toda vez que carecen de instalaciones adecuadas y se restringe arbitrariamente su derecho al descanso durante la jornada de trabajo. Ello ha generado una serie de casos de estrés laboral y, además, un impacto en su nivel de ingresos.
Asimismo, detallaron que el sistema de remuneraciones de los trabajadores de call centers se compone de sumas fijas, que no sobrepasan un monto equivalente al ingreso mínimo mensual, y de remuneraciones variables, equivalentes a cerca de 70 por ciento del total de los ingresos correspondientes a cada mes, las que operan sobre la base de parámetros impuestos unilateralmente por los empleadores.
No cabe duda de que nos encontramos en presencia de trabajadores, fundamentalmente mujeres, que están viendo vulnerados sus derechos en forma reiterada y constante.
En consecuencia, la ley en proyecto, iniciada en moción de los Senadores señor Escalona y señora Alvear, a nuestro juicio producirá una profunda modificación dentro de nuestro Código del Trabajo, que va a permitir -eso esperamos- el desarrollo de mejores relaciones laborales entre trabajadores y empleadores.
Ya es bueno que en Chile se imponga una cultura laboral de respeto entre ambos. Y este proyecto, señor Presidente, cumple con ese objetivo.
He dicho.
El señor LETELIER.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tal como señalé, pondré en votación este proyecto, sin perjuicio de que el Senador señor Letelier podrá intervenir para fundamentar su voto.
En votación general.
--(Durante la votación).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, estimados colegas, sin duda es importante la creación de un capítulo especial en el Código del Trabajo para darle identidad a este nuevo tipo de contrato, de actividad.
Hay que reconocer la particularidad de esta forma de trabajo en call centers o contac centers, como a veces también se los denomina. Y así viene propuesto en el texto.
Yo voy a aprobar en general esta iniciativa. Sin embargo, quiero advertir que hay que tener mucho cuidado en un punto.
En nuestra legislación, señor Presidente, se ha abusado de los contratos por obra o faena, que tienen su origen en la construcción, pero que se han ido ampliando a otras áreas de la economía.
Hoy día, los trabajadores agrícolas se mantienen en su gran mayoría, en particular los temporeros y temporeras, bajo contratos por obra o faena, que no hacen más que precarizar su empleo.
Trabajan en el mismo packing o en el mismo huerto, primero en las cerezas, luego en los carozos, después en las manzanas y al final en las peras, durante 11 meses. Y se usa la ficción de un contrato que tiene su origen en la construcción para plantear que, al cambiar la fruta, se trata de una actividad diferente, en circunstancias de que el trabajo es el mismo: selección, embalaje, etcétera. Y con ello se promueve la precarización del empleo. Es decir, se abusa del contrato por obra o faena, desnaturalizándolo.
Yo he hablado acerca de este asunto con representantes de la Cámara Chilena de la Construcción. A ellos les interesa, por razones obvias, que este tipo de contratos se fortalezcan, se reconozcan, se validen. Sin embargo, les he indicado que muchas veces ocurre que, en tanto otros sectores de la economía abusan de esta modalidad, tales contratos hoy se cuestionan.
El texto que se nos propone habla de un contrato "por obra o servicio determinado", y me parece que esa es una mala calificación.
Cuando se trata de un contrato por obra, corresponde a la elaboración de una obra física que se comienza y se termina (por ejemplo, la construcción de un edificio). Es decir, no obedece al cumplimiento de un plazo. Entonces, no es un contrato que pueda asimilarse a los de otros sectores de la economía.
Creo en la necesidad de reconocer que existen diferentes actividades económicas que requieren distintas regulaciones -algunas generales; otras específicas-, y, por ello, estoy a favor del proyecto. Pero con la salvedad de que no debemos usar mal el concepto de contrato por obra o faena, que, a la larga, no hace más que precarizar.
¿Por qué esto es tan obvio, señor Presidente? Porque en el inciso segundo del artículo 152 quáter A se plantea que "Tratándose de un contrato por obra o servicio determinado, se presumirá legalmente que el plazo del contrato es indefinido".
Con esa norma se trata de corregir el abuso que significa el contrato por obra o faena, que, por naturaleza, es temporal.
En esta materia es necesario precisar el tipo de contrato y no usar una nomenclatura que, en el fondo, daña a muchos trabajadores: precariza su empleo, lleva a una externalización o tercerización poco adecuada; pero que, sobre todo, distorsiona el origen del contrato por obra o faena. Este es un instrumento legal que proviene de la construcción y no debiéramos extenderlo a otras áreas de la economía, pues ello no haría más que poner a los trabajadores en las peores condiciones.
Voto a favor de la idea de legislar, pero anunció que presentaré indicaciones en la parte del articulado a que he hecho referencia.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (23 votos favorables) y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 2 de septiembre, a las 12.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Gómez, Kuschel, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor PIZARRO (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señores Chahuán, Horvath, y Sabag, precisando que los tres últimos se encontraban en la Comisión de Pesca.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Antes de entrar a la discusión del proyecto que reajusta el monto del salario mínimo, quiero saludar a los jóvenes del Colegio Manuel Baquedano de Santiago, quienes nos acompañan en gran número en las tribunas.
¡Bienvenidos!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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REAJUSTE DE MONTO DE INGRESO MÍNIMO MENSUAL
El señor PIZARRO (Presidente).-
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
Cabe recordar que, por acuerdo de Comités, esta iniciativa debe votarse en el día de hoy.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9037-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 44ª, en 6 de agosto de 2013.
Certificado de Comisión:
Hacienda: sesión 46ª, en 7 de agosto de 2013.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El principal objetivo de la iniciativa es reajustar el monto del ingreso mínimo mensual, lo que se aplicará también al ingreso mínimo mensual de los trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años y al ingreso mínimo mensual con fines no remuneracionales. Además, se reajustan las asignaciones familiar y maternal y el subsidio familiar.
La Comisión de Hacienda discutió el proyecto en general y en particular, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, y lo aprobó en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados, por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán) y Zaldívar.
Asimismo, la Comisión deja constancia de que debatió acerca de lo obrado en el primer trámite constitucional, en cuanto se otorgó retroactividad a los reajustes contenidos en la ley en virtud de una indicación de origen parlamentario, lo que podría implicar falta de constitucionalidad en relación con las normas contenidas en el artículo 19, número 24º, y artículo 65, inciso cuarto, número 4º, de la Constitución Política de la República.
Además, el órgano técnico hace presente que, por la unanimidad de sus miembros, acordó que sea la Sala del Senado la que se pronuncie sobre la admisibilidad antes referida.
El texto que se propone aprobar se consigna en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, si usted lo estima conveniente, me referiré ahora al tema de la admisibilidad. Pero de no estimarlo prudente, puedo hacerlo posteriormente, dado que se trata de un aspecto que ya se ha comentado.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Señor Ministro, me parece que es de la esencia de la discusión de esta iniciativa lo referido a la admisibilidad de la indicación aprobada en la otra rama legislativa.
Tiene la palabra, señor Ministro.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).-
Perfecto, señor Presidente.
En sesión del día lunes recién pasado, la Cámara Baja aprobó una indicación parlamentaria que había sido declarada inadmisible por la Mesa, criterio que el Ejecutivo comparte, tal como lo hicimos ver en esa ocasión.
Simplemente, para entender el asunto, el punto radica en lo siguiente.
La indicación de la Cámara de Diputados estableció la retroactividad del reajuste a partir del 1º de julio, lo cual presenta dos problemas.
Por un lado, significa un mayor gasto, dado que no solamente se establece la retroactividad respecto del salario mínimo, sino también sobre las asignaciones familiares.
En segundo lugar, aun el reajuste del salario mínimo que se usa para fines no remuneracionales tiene efectos en el gasto fiscal, toda vez que determina algunas prestaciones sociales como la asignación por muerte.
Este es un primer elemento: aquello que significa un mayor gasto fiscal es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
A mayor abundamiento, al haber declarado admisible esta indicación, se vulneró el numeral 4º del artículo 65 de la Constitución, que dispone que corresponde al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para "fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos".
La lectura simple de esa normativa constitucional deja meridianamente claro que esta es una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Asimismo, el salario mínimo no es un problema del sector público, desde el momento en que ningún trabajador de la Administración Pública gana ese monto. De hecho, en ese sector no hay nadie que reciba menos de 250 mil pesos.
Por lo tanto, esta es una situación que afecta a un grupo de trabajadores del sector privado. Y, dependiendo de cómo hiciéramos el cálculo, con un reajuste del ingreso mínimo de hasta 5 por ciento se llegaría a 200 mil personas, y con uno de hasta 25 por ciento, a 600 mil.
En consecuencia, más allá de eso, queda absolutamente claro el tema de la admisibilidad que se somete a conocimiento del Senado.
Solamente quería hacer presente la opinión del Ejecutivo y las bases que la sustentan.
Gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- A usted, señor Ministro.
Tiene la palabra el Honorable señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, mi preocupación apunta a lo mismo que acaba de señalar el señor Ministro de Hacienda, en orden a cómo vamos a tratar lo relativo a la retroactividad, que manifiestamente no corresponde. En la Comisión de Hacienda se sugirió que el Ejecutivo no formulara una indicación que traía preparada a propósito de ello. No sé si procede presentarla en la Sala. Mi duda es cómo vamos a votar.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, deseo referirme al tema planteado por el Ministro.
Efectivamente, en la Comisión de Hacienda abordamos esta materia.
El Gobierno había formulado una indicación mediante la cual pretendía reponer que el reajuste del salario mínimo tuviera aplicación desde la vigencia de la ley, a contar del mes de julio.
Sin embargo, después de intercambiar opiniones, el Ejecutivo se dio cuenta de que no era bueno presentarla, porque, en el fondo, estaría casi validando que lo resuelto por la Cámara de Diputados, de acuerdo con la tesis de ellos, era inconstitucional.
Por eso el Gobierno decidió retirarla, frente a la observación que nosotros planteamos, de manera de radicar en la Sala la discusión de la admisibilidad, que es lo que recomienda la Comisión de Hacienda. Y no lo hace solo por no querer pronunciarse, sino por aplicación de nuestra Ley Orgánica Constitucional.
Y quisiera explayarme sobre el particular.
Antes de la modificación que se introdujo al artículo 15 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, yo y otros señores Senadores, como Presidentes del Senado, desde 1990, cada vez que la Cámara de origen determinaba la admisibilidad o inadmisibilidad, como Cámara revisora no innovábamos sobre lo resuelto por aquella.
Yo no era Senador en el tiempo en que se efectuó la reforma a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso. Me dicen -conversé con el Honorable señor Hernán Larraín sobre el particular- que se modificó su artículo 15 para tratar de dirimir este asunto. Pero, a pesar de que se quiso hacer eso, no se definió. Y es lo que voy a alegar en este caso: por qué hay que mantener la tesis antigua.
El artículo 15 de la Ley Orgánica del Congreso dispone que la "inadmisibilidad de un proyecto de ley o de reforma constitucional que vulnere lo dispuesto en el inciso primero" -anotemos, en el inciso primero- "del artículo 65 de la Constitución Política (¿) será efectuada por el Presidente de la Cámara de origen. No obstante, la Sala de dicha Cámara podrá reconsiderar esa declaración.".
Y luego, en el inciso segundo, señala: "Con todo, si en el segundo trámite constitucional la Sala de la Cámara revisora rechazare la admisibilidad aprobada por la Cámara de origen, se constituirá una comisión mixta, de igual número de diputados y senadores, la que efectuará una proposición para resolver la dificultad.".
Pero el artículo 15 se refiere al inciso primero del artículo 65 de la Constitución.
¿Y qué señala dicho precepto, que no tendría aplicación en este caso?
Dispone que "Las leyes pueden tener origen en la Cámara de Diputados o en el Senado, por mensaje que dirija el Presidente de la República o por moción de cualquiera de sus miembros. Las mociones no pueden ser firmadas por más de diez diputados ni por más de cinco senadores.".
Sin embargo, no alude a los otros numerales del artículo 65.
Por lo tanto, lo que está reglamentado en el artículo 15 se refiere solo a una falta en el origen del proyecto: una normativa sobre impuestos no puede iniciarse en el Senado, sino en la Cámara de Diputados.
En consecuencia, hay que resolver qué pasa hoy cuando la Cámara Baja, con fundamento o sin él -ello podrá discutirse-, ha determinado que la norma es admisible.
En lo personal, creo que el Presidente del Senado no podría revisar la admisibilidad. Y si Senadores o Diputados -en el número que indica la Constitución-, o el propio Presidente de la República, el Senado o la Cámara Baja estiman que lo aprobado es inconstitucional, debería seguirse la lógica de presentar el requerimiento correspondiente ante el Tribunal Constitucional.
Por consiguiente, en este caso ni la Presidencia ni la Sala podrían pronunciarse acerca de la inadmisibilidad.
Hubiera sido bueno que esta materia se resolviera en el artículo 15 en forma directa. Me parece que sería conveniente en el próximo tiempo corregir esa disposición, para referirla a todos los casos en que se declare la admisibilidad en la Cámara de origen y se produzca una dificultad o controversia con la Cámara revisora.
Conversé sobre este tema con el Senador Hernán Larraín. He recibido varias informaciones al respecto. Pero he llegado a esa convicción. Creo que hay que mantener la tesis de que en esta Corporación no podemos revisar la admisibilidad una vez declarada por la Cámara de origen. Eso sí, el Gobierno y los parlamentarios tenemos el derecho de recurrir al Tribunal Constitucional para rectificar si ha habido algún error.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, efectivamente, con el Senador Zaldívar hemos estado conversando sobre esta situación. Y tengo sobre el particular dos opiniones.
Una se refiere al fondo del tema del proyecto de ley de reajuste. En cuanto a aquella parte en que se ha incorporado un efecto retroactivo por iniciativa parlamentaria, a mí no me cabe la menor duda de que se trata de una disposición claramente inconstitucional.
El artículo 65, número 4o, de la Carta Fundamental, establece con bastante precisión que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República "fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos".
Esto, sin lugar a dudas, es una responsabilidad que recae en el Ejecutivo.
Dice don Alejandro Silva que "cuando estas intervenciones se dirigen al sector privado, lo que se confía a la responsabilidad especial del Presidente, cuando se quiere dar paso a una ordenación legal, es la repercusión que puede tener, no tanto en cuanto a los mismos intereses privados de los sectores comprometidos, sino en el proceso económico colectivo general, en la tarea productiva nacional".
Por lo tanto, los parlamentarios pueden rechazar o reducir, pero no proponer un incremento del salario mínimo. Ello, al igual que en las demás disposiciones de gasto público o de creación de empleos y, en general, en el espíritu establecido en el artículo 65 de la Constitución en sus distintos numerales.
Existen también otras razones que a mayor abundamiento podrían justificar esta inconstitucionalidad.
Por un lado, el artículo 19, número 24o, que se refiere a la propiedad privada, en donde se establece que "Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador.".
El Tribunal Constitucional ha sostenido sobre esta materia que "el legislador no puede privar a una persona del dominio o propiedad legítimamente adquiridos bajo la legislación vigente, mediante la dictación de una ley posterior que con efecto retroactivo cree un requisito de validez en el título traslaticio o en el modo de adquirir, cuya omisión traiga como consecuencia la nulidad del acto y la restitución de la cosa objeto del contrato".
Podríamos alegar más antecedentes sobre la inconstitucionalidad. En aras del tiempo y del resto de los antecedentes que debo plantear, no me parece necesario. En mi concepto, la Cámara de Diputados obró equivocadamente al aprobar esta disposición como admisible. Porque rompe texto expreso de la Constitución. Hay materias susceptibles de interpretación, como la que señalaré luego. Pero, a mi juicio, esta no lo es.
Lo que quiero plantear a continuación es qué ocurriría si declaráramos la inadmisibilidad de esta disposición del proyecto de ley de reajuste del ingreso mínimo mensual.
Efectivamente, el artículo 15 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional dispone una forma de resolver. La interpretación que acabo de oírle al Senador Zaldívar se circunscribe solo a lo que señala el inciso primero del artículo 65 de la Carta Fundamental. Por lo tanto, restringe la capacidad de que dispone el Senado, en este caso como Cámara revisora, para referirse a una disposición considerada inadmisible por las causales del número 4° del artículo 65 de la Constitución, y no por lo preceptuado en su inciso primero.
Sin embargo, me parece que esa no es la interpretación correcta ni corresponde a la que le hemos dado en el Senado a esa misma disposición.
Porque el inciso segundo del artículo 15 expresa: "Con todo" -en otras palabras: a pesar de lo señalado en el inciso precedente- "si en el segundo trámite constitucional la Sala de la Cámara revisora rechazare la admisibilidad aprobada por la Cámara de origen" -o sea, no hace referencia a determinado artículo o número, sino a que si rechaza la admisibilidad acordada en la Cámara de origen-, "se constituirá una comisión mixta". Y el artículo sigue.
Es decir, la Cámara de Diputados aprueba una disposición porque la considera admisible. Y nosotros, en afán de Cámara revisora, vemos dicha disposición...
El señor PIZARRO (Presidente).-
Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor LARRAÍN.-
Le pido un par de minutos adicionales.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Está bien.
El señor LARRAÍN.-
Muchas gracias.
Como explicaba: en afán de Cámara revisora vemos dicha disposición y estimamos que ella no es admisible. Y si así lo acordamos, entonces se rechaza esa admisibilidad por carecer de constitucionalidad y se constituye la Comisión Mixta. No existe restricción acerca de a qué disposición se refiere esta declaración de inadmisibilidad.
Tanto es así, que quiero recordarles que la Sala del Senado le encomendó a la Comisión de Constitución revisar una propuesta de traspaso de categoría de los profesores municipales: desde la contrata a la planta funcionaria. Hay un proyecto que aprobó la Cámara de Diputados y aquí se le ha cuestionado su constitucionalidad. No tiene que ver con el inciso primero del artículo 65. Y, sin embargo, la Sala le encargó a la Comisión de Constitución revisar esa situación. Es decir, le hemos dado a dicha norma una interpretación amplia.
Cada vez que la Sala del Senado, como Cámara revisora, considere que una disposición que proviene de la Cámara de Diputados es inadmisible -y si así lo acuerda-, lo debe declarar en esos términos.
Además, lo anterior se relaciona con otro precepto de la Ley Orgánica que dispone que la declaración de inadmisibilidad (de un proyecto, de una indicación o de un artículo) puede ser hecha en cualquier estado de la tramitación del proyecto.
Y esta disposición era la que no se podía aplicar. Porque les recuerdo a Sus Señorías que cuando modificamos la Ley Orgánica del Congreso Nacional lo hicimos en dos sentidos:
Antes de la actual redacción del artículo 15, cuando una Comisión declaraba inadmisible una norma, la Sala no la podía revisar; lo cual era un absurdo, porque en el Senado la soberana no es la Comisión sino la Sala.
Y la segunda atribución que no teníamos era en caso de que viniera desde la otra Cámara una disposición inconstitucional. Aunque la consideráramos inconstitucional, no la podíamos declarar así por respeto a la otra rama legislativa, porque no había aquí un precepto que lo permitiera.
En ambos sentidos se modificó la Ley Orgánica.
Hoy día, una Comisión puede declarar una inadmisibilidad, pero la Sala puede revisarla. Y lo hemos hecho muchas veces.
O si la Cámara de Diputados declara una admisibilidad y nosotros consideramos que no es tal, lo podemos revisar. Es lo que estamos haciendo con la iniciativa sobre la incorporación a la planta de los profesores a contrata. Y deberíamos declararlo así si la Sala considera que tal incorporación es inadmisible. A mi juicio, tiene ese carácter.
Y a pesar de que yo pueda estar de acuerdo en que se le dé retroactividad al reajuste, a lo mejor con efecto a la fecha del primer proyecto sobre salario mínimo, creo que lo debemos declarar inadmisible y proceder a constituir una Comisión Mixta, si así lo acuerda la Sala.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, entiendo que estamos debatiendo en general el proyecto...
La señora ALLENDE.-
No, la admisibilidad.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Estimado señor Senador, efectivamente, se hizo la relación y nos hallamos en el debate en general. Lo que pasa es que se ha planteado la cuestión de admisibilidad acerca de la decisión de la Cámara de Diputados de asignarle efecto retroactivo al reajuste del salario mínimo y a las demás asignaciones que se incrementan conjuntamente.
Eso estamos discutiendo. Se refiere a la admisibilidad, pero es el fondo del asunto, en realidad.
El señor ESCALONA.-
Muy bien.
Le rogaría que se me diera, entonces, el total del tiempo considerado para opinar en general.
Señor Presidente, en relación con la iniciativa que nos ocupa, deseo felicitar al señor Ministro de Hacienda por hacer propio lo ajeno, con mucha soltura, en el debate de la Comisión de Hacienda, ya que ha presentado este aumento del salario mínimo a 210 mil pesos exactamente con los mismos argumentos con los que inicialmente se había hecho una propuesta, que recogieron los medios de comunicación, de 203 mil pesos y fracción en el mes de marzo, cosa que deseo recordarles a los colegas. Y luego se presentaron iniciativas por 205 mil, por 207 mil y finalmente por 210 mil.
Si uno revisa los mensajes que han acompañado a los respectivos proyectos, ellos son prácticamente idénticos. No estoy hablando del texto de los artículos, porque evidentemente son siempre similares y solo varían los guarismos, sino del contenido general y de la argumentación con que se sostiene el proyecto de ley.
Con los mismos argumentos con que se sustentaba una propuesta de 203 mil y fracción, ahora se sostiene otra de 210 mil pesos.
Quiero, en consecuencia, manifestar que los trabajadores chilenos han perdido, inexplicablemente y sin justificación, cerca de 7 mil pesos desde el mes de abril hasta la fecha, ocasionándoseles a los hogares de menores ingresos un grave daño patrimonial, porque todos sabemos que para esas familias tal cantidad de recursos es lo suficientemente significativa como para generarles un daño. Por algo estamos hablando del salario mínimo.
Y si miramos desde entonces a la fecha: abril, mayo, junio y julio, tenemos cuatro meses que representan en total una cifra bastante cercana a los 30 mil pesos. Es decir, con lo que se ha demorado el trámite de la iniciativa en examen, y con la tardanza del Gobierno en recoger la solicitud que diferentes sectores, tanto de Oposición como de Gobierno, hicieron desde el mes de marzo hasta la fecha, hubiésemos podido ahorrar ese daño patrimonial y la discusión de la admisibilidad no tendría ningún sentido. Ya habría desaparecido ese debate.
Esto estaría en plena aplicación.
Lo más notable, señor Presidente, es que las imputaciones que se hicieron por parte del Ejecutivo a quienes discreparon de su punto de vista en la ocasión fueron total y completamente inaceptables. Así se lo he manifestado al señor Ministro de Hacienda en la mañana durante el debate de la Comisión. Nosotros fuimos claramente agredidos por el propio señor Ministro en el curso de la discusión. Incluso se permitió ir mucho más allá de sus atribuciones como Secretario de Estado, porque estaba hablando de acuerdo con su cargo -ayer hicimos una larga reflexión sobre dicha materia- y no a título personal, al opinar respecto de la situación de la economía.
Y sobre la desaceleración de la economía, que diferentes estudios de especialistas indican con claridad que tiene su origen, en el primer trimestre de este año, en causas ajenas enteramente al debate nacional, como aquí mismo, en esta Sala, lo corroboró el señor Presidente del Banco Central, el señor Ministro de Hacienda se permitió decir que era producto del debate de las elecciones de fin de año.
Hizo, señor Ministro, imputaciones odiosas e infundadas a la Oposición, que son completamente inaceptables.
Y luego, con la misma redacción -es cosa de comparar los textos de los proyectos de marzo, de julio y de agosto- se presenta una propuesta que en su base es del todo distinta, porque cambia decisivamente el porcentaje del reajuste, fijando una cifra significativa, que eleva el salario mínimo a 210 mil pesos, resolución que nosotros acogemos y vamos a aprobar en el curso de esta sesión.
Aquello nos hace reflexionar en torno a la magia que tienen las elecciones, señor Presidente. Porque la cercanía de las primarias operó primero en el sentido de rechazar el envío del proyecto para que estuviera aprobado en el mes de junio y no tuviéramos ninguna discusión respecto a la admisibilidad, y posteriormente, haciendo que el señor Ministro de Hacienda cambiara por completo de criterio luego de que todos los medios de comunicación informaran que en la reunión del comité político constituido por los colegas de Gobierno -tanto los líderes de partido como los jefes de las bancadas parlamentarias- se había decidido demandar del Ejecutivo que remitiera un reajuste que elevara el ingreso mínimo a 210 mil pesos.
O sea, como dije al comienzo, el señor Ministro de Hacienda, con los mismos argumentos y con la misma fundamentación, hizo propio lo ajeno.
En otras palabras, lo que la opinión pública y diferentes sectores políticos le demandaron tuvo que presentarlo en último término al Congreso Nacional para validar la aprobación de este proyecto.
Entonces, viene la discusión final sobre la admisibilidad o la inadmisibilidad.
Esto tiene una muy fácil solución, señor Presidente -para qué hacer aquí una larga disquisición-: basta que el Gobierno patrocine la indicación o la presente directamente.
No aleguen que se lesiona la propiedad. Eso es una falacia. La única propiedad que se ha lesionado es la de decenas de miles de trabajadores a quienes no se les entregó oportunamente el reajuste del salario mínimo. Y ello, por una razón muy simple: porque año a año el proyecto de ley respectivo entra en vigencia el 1° de julio.
Fue una decisión política del Ejecutivo la que provocó el retraso. Porque entre el rechazo del primer proyecto, del mes de mayo, y el 30 de junio transcurrieron 45 días sin que hubiera ninguna iniciativa legal en discusión aquí, en el Parlamento. Y luego, prácticamente dos meses, hasta que se presentó el segundo proyecto, para terminar cuatro meses después del anuncio inicial del mes de marzo con el texto que consiguió los votos necesarios para su aprobación en el Congreso Nacional.
Es decir, el daño patrimonial que sufren las familias de menores ingresos tiene como origen la responsabilidad política del Ejecutivo de no hacer una proposición correcta en los tiempos y plazos razonables que existían para llegar a una solución que no generara la situación que se provocó.
No inventemos algo que no es real. Ninguna persona va a ser lesionada efectivamente en su propiedad. Los únicos lesionados son los trabajadores que esperaban los 210 mil pesos desde el 1° de julio en adelante. Porque de lo contrario, si no se hace la retroactividad, al final de cuentas, con el mes de diferencia, la pequeña franja de mejoramiento de los ingresos que significa subir del 6,2 al 8,8 por ciento virtualmente tiende a desaparecer.
Son muy pequeñas, son mínimas, son irrisorias las cifras que aquello significa en los contratos del mundo privado. En cambio, no hay ningún sector productivo ni empresa alguna que vayan a quebrar por los guarismos reducidos de que estamos hablando.
No transformemos el concepto de propiedad en una falacia para escamotearles a los trabajadores de menores entradas lo que les corresponde: que el reajuste del salario mínimo se les aplique efectivamente desde el 1° de julio.
Entonces, no hagamos despliegue de la retórica constitucionalista, no reiteremos conceptos que todos conocemos.
Señor Ministro, esto es de "fácil despacho" -como se dice acá frente a los proyectos que tienen acuerdo y pueden ser aprobados de manera rápida y expedita-: presente usted la indicación para que desde el 1° de julio en adelante se cancele el reajuste al salario mínimo a todos los trabajadores y trabajadoras a quienes les corresponde.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Señoras y señores Senadores, la Mesa estima conveniente que la Sala determine la admisibilidad o la inadmisibilidad de este proyecto tal como lo despachó la Cámara de Diputados.
Lo hemos hecho en otras oportunidades. Y es la interpretación un poco más amplia de lo que dice el artículo 15 de nuestra Ley Orgánica Constitucional.
Si no, sería bastante absurdo que nos remitiéramos de manera literal solo al inciso primero del artículo 65 de la Carta (entiendo que se refiere a si un proyecto viene patrocinado por 6, 7, 8 Senadores y, por lo tanto, es inadmisible), porque la enmienda que se introdujo a la Constitución fue justamente para tratar de despejar la cuestión de fondo.
Más allá del contenido, que yo comparto, el señor Ministro se refirió durante su intervención a la inadmisibilidad; y lo han hecho asimismo varios señores Senadores.
Es cierto que se podría solucionar el problema por la vía de que el Ejecutivo diera su patrocinio. Pero entiendo que se ha dicho que eso no está dentro de la línea planteada por el Gobierno.
Así que solicitaré el pronunciamiento de la Sala, para lo cual voy a abrir la votación.
Tengo la solicitud de un Comité de suspender la sesión para los efectos de que cada bancada analice esta situación. De manera que¿
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, punto de Reglamento.
El señor LAGOS.-
Yo, también.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Solo para cuestiones de Reglamento -hay varios Senadores inscritos-, porque procederé a suspender la sesión.
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, quiero sugerirle que, independiente de que se suspenda la sesión, primero votemos la idea de legislar, pues la inadmisibilidad no afecta a la legitimidad del proyecto, sino a una o dos de sus disposiciones.
Por lo tanto, propongo que primero nos pronunciemos en general y que después veamos la inadmisibilidad de las normas pertinentes. Si no, estaríamos declarando inadmisible la iniciativa entera. Y no creo que esa sea la idea.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Lo que pasa es que la retroactividad afecta a todo el proyecto.
El señor LARRAÍN.-
Sí, pero se halla establecida en el artículo 1°.
Si en el artículo 1° se eliminaran las expresiones pertinentes, el resto de la iniciativa quedaría aprobado.
Además, considero una buena señal que el Senado apruebe el salario mínimo y que la demora, si finalmente se consensúa la inadmisibilidad, sea producto de que va a haber una Comisión Mixta que resolverá lo concerniente a la retroactividad, pero no la cuestión del salario mínimo.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Señor Senador, la Mesa y la Secretaría interpretamos que lo de la admisibilidad está referido al reajuste, a las asignaciones de distinto tipo. Y es lo que se contiene en todo el texto. Están los guarismos, en fin.
Yo no tengo problema si votamos primero la idea de legislar. A decir verdad, es lo que corresponde hacer.
Si Sus Señorías quieren, primero efectuamos la votación en general y luego procedemos a la declaración de admisibilidad o de inadmisibilidad.
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, yo estoy de acuerdo con el Senador Larraín, porque procedimos así en la Comisión: votamos en general, sin perjuicio de que, cuando llegamos al problema de la vigencia, dijimos que el punto debiera tratarse en la Sala.
Si no hay norma, la vigencia es desde el momento de publicación de la ley.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Les pido, entonces, que primero hagamos la votación y después vayamos a la admisibilidad, que es lo que se ha estado discutiendo en el fondo.
En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Hay varios Senadores inscritos para fundamentar el voto.
El señor GÓMEZ.-
Quiero hacer una consulta.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, aquí partimos discutiendo en general con un tiempo de diez minutos. Ahora vamos a fundamentar el voto con cinco.
No entiendo cuál es la lógica. Porque si son diez, diez; si son cinco, cinco. ¡Pero para todos!
El señor PIZARRO (Presidente).-
Estamos en votación, señor Vicepresidente.
El señor GÓMEZ.-
¡Pero es que usted abrió la votación después de la petición de palabra durante el debate, señor Presidente!
El señor PIZARRO (Presidente).-
Conforme. Pero Su Señoría sabe cómo es esto.
¡El movimiento se prueba andando!
Estamos en votación, señor Senador, y dispone de cinco minutos para fundamentar su posición. Después, durante el debate particular, tendrá derecho a intervenir de nuevo.
El señor GÓMEZ.-
Bueno, a estas alturas -hoy día, ayer o pasado mañana-, ¡da lo mismo...!
Señor Presidente, primero, quiero decir que tiendo a pensar como el Senador Zaldívar en términos del análisis que hace de la norma constitucional, sin perjuicio de que lo que señala el Senador Hernán Larraín es efectivo.
Hay en la Carta disposiciones que establecen facultades exclusivas para el Ejecutivo en ciertas materias. Eso es real.
Sin embargo, el punto está en que toda la disquisición que vamos a tener acerca del Texto Fundamental y de si aprobamos o rechazamos tal o cual norma va a terminar con la iniciativa en la Cámara de Diputados, y luego, en una Comisión Mixta. De esa manera, seguiremos demorando un proyecto que, desgraciadamente, viene con un artículo que señala la entrada en vigencia desde el momento de la publicación de la ley. Y ello va a perjudicar a los trabajadores.
Lo racional -así se ha hecho siempre- es que el reajuste parta el 1° de julio. Esa ha sido la norma hasta ahora.
Empero, el Gobierno cambió hoy día, después de una larga tramitación, luego de una "cueca" muy rara. Porque partió con ciento no sé cuánto, siguió con 201 mil y terminó con 210 mil pesos, cifra que se propuso hace muchos meses.
Entonces, me preocupa la situación.
Señor Presidente, tengo aquí una información que es bueno recordar: el 7 de agosto de 2007 el Obispo Goic habló de un ingreso mínimo de 250 mil pesos, y dijo que era indispensable establecer un "sueldo ético".
Si uno traduce eso a dinero de hoy día, estamos hablando de 305 mil pesos.
O sea, ¡lo que se planteó en 2007 estamos discutiéndolo hoy para concretarlo el año 2015...!
De verdad, me resulta increíble que no seamos capaces de tomar una decisión desde el punto de vista del análisis real que debe realizarse para fijar el sueldo mínimo, que tiene que ver con la posibilidad de que una familia de cuatro integrantes cuente con un ingreso que le permita satisfacer sus necesidades básicas.
Eso no lo hacemos.
Entonces, no entiendo. Porque estamos hablando quizá de un par de millones de dólares -no sé cuál sería el gasto exacto- para establecer que el reajuste del sueldo mínimo tenga efecto retroactivo.
Aquí siempre se sostiene que la elevación del ingreso mínimo afecta a las pymes, al empleo, al trabajo, a la productividad, etcétera. No obstante, está claro -y así lo expresan muchas pymes- que es posible resolver el problema siempre y cuando el Gobierno, el Estado, todos nos pongamos de acuerdo en que, si hay que subsidiar o establecer criterios de reparto distintos de los existentes en la actualidad, se haga, para así llegar a un sueldo mínimo decente, digno.
Habrá que realizar un análisis de fondo para ver qué vamos a hacer respecto de la admisibilidad. Pero lo procedente acá -el Gobierno debe tomar la iniciativa; y espero que todas las bancadas exhiban el mismo criterio- es incorporar la indicación indispensable para que el aumento del sueldo mínimo sea retroactivo al 1° de julio.
Así ha sido hasta ahora. Pero lo que se está haciendo aquí es escatimar recursos y afectar a los más pobres de Chile. Porque, al final, siempre se corta el hilo por lo más delgado. Entonces, los que sufren son quienes reciben y van a seguir recibiendo un sueldo mínimo miserable.
Hoy día hablamos de 210 mil pesos, en circunstancias de que, cuando se planteó el punto -no lo hizo el Parlamento, sino un Obispo, en el año 2007-, se mencionó una cifra mayor.
Ahora se propone un sueldo mínimo de 210 mil pesos, y más encima se les rasguña a los trabajadores y a sus familias el reajuste de un mes, no obstante que el costo no es de una magnitud tal que pueda hacer quebrar a nuestro país o provocarle una crisis.
Yo voy a tratar de influir en algo con mi voto -y ojalá (insisto) nos pongamos de acuerdo- para que el Gobierno tenga la obligación de establecer la retroactividad con un sueldo mínimo de al menos 210 mil pesos, monto que a esta fecha, en verdad, tendría que ser muy superior.
Señor Presidente, usted dijo que iba a suspender la sesión para realizar una reunión de Comités; ahí tomaremos una decisión acerca de cómo votar. Pero ojalá que el Ministro de Hacienda recapacite.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Lagos, para fundamentar el voto.
El señor LAGOS.-
Solo para el record, me habría gustado contar con los diez minutos de que dispusieron otros Senadores durante la discusión. ¡Pero es más rápida la campanilla del Presidente, quien puso en votación la idea de legislar y nos quedamos con cinco minutos...!
Señor Presidente, quiero partir señalando que en el manejo del salario mínimo el Gobierno incurrió en un error que le ha jugado malas pasadas durante su período: el afán de innovar.
Es cierto que a veces no escucha. Y puedo entender que los Ministros de Hacienda tengan una manera particular de ver la vida. Pero acá hubo una innovación, tal como sucedió con la encuesta CASEN y con el Censo, que terminaron de mala manera. El Censo hoy día es titular de "La Segunda", que califica de "lapidario" el informe sobre lo ocurrido.
En el caso que nos ocupa también se innovó: se cambió el sistema, por decisión del Presidente de la República y del Ministro de Hacienda.
Todos los años, el ingreso mínimo se discute en junio, para que ojalá, tras su aprobación, entre a regir el 1° de julio.
Cuando no ocurre así y se extiende el debate, siempre se establece la retroactividad al 1° de julio.
¿Qué se hizo este año, para innovar?
Se anunció en marzo, junto con un bono, el que fue cuestionado por algunos en esta Sala.
Resultado -no quiero repetir toda la trayectoria-: 205 mil pesos (dos meses perdidos; el oficialismo en contra de ese monto); 207 mil a los dos meses (no ocurrió nada), y se terminó con 210 mil.
Como manifestó el Senador Escalona -¡le faltó citarme, en todo caso¿!-, fue "la magia de las elecciones".
Ahora, debo decirle al Ministro de Hacienda, con todo respeto, que tengo acá sus declaraciones.
El 15 de marzo de 2013 sostuvo: "hay que seguir trabajando con responsabilidad, porque elevar demasiado el salario mínimo condenaría al desempleo a personas que tienen baja calificación y también nos tenemos que preocupar de nuestras pymes, ya que casi el 80% de quienes ganan un salario mínimo trabajan en esas empresas".
Cinco días después, el 20 de marzo, afirmó que no era posible alcanzar montos más altos porque los reajustes deben hacerse "en un contexto que no perjudique el empleo", especialmente en las pymes.
Y, a renglón seguido, en esa misma fecha, el Ministro de Hacienda tuvo la temeridad de decir que había una desaceleración de la economía chilena.
De hecho, en la última reunión sobre proyección de las finanzas públicas se señaló una baja de 4,8 a 4,6 por ciento en el crecimiento.
O sea, más encima, se da un incremento del salario mínimo en un contexto de desaceleración.
Lo que quiero decir, con todo respeto, es que aquella no ha sido la explicación más rigurosa de por qué ahora podemos dar el aumento que se plantea.
No voy a entrar en las razones. Me preocupa, sí, el efecto retroactivo.
Si uno conversa hoy con una persona que gana el salario mínimo, recibe derechamente la pregunta de por qué el reajuste no va a tener efecto retroactivo.
Al respecto, debemos aclararle al Gobierno que solo estamos hablando del 1° de julio. No le estamos pidiendo, Ministro, pago retroactivo a partir de marzo, pese a que el Presidente de la República, por cadena nacional, un día domingo anunció con mucha fuerza un reajuste histórico. Pero terminamos en los 210 mil pesos que se plantearon el día uno mediante una indicación de los Senadores Zaldívar, Escalona y Lagos Weber -con el apoyo de muchas otras personas, incluso del oficialismo-, a la que hubo oídos sordos.
Entonces, quiero que el Ministro explique qué condiciones de la economía chilena permiten hoy un incremento del ingreso mínimo a 210 mil pesos, el cual no era factible el 15 de marzo.
Esa es la explicación que falta para tener una discusión seria.
Lamento que hayamos llegado a esta etapa, señor Presidente. Nunca imaginé que el Gobierno iba a dar el reajuste sin efecto retroactivo al 1° de julio. Yo no pretendía -mi ingenuidad no llega a tanto- que lo hiciera a partir del 1° de abril, cuando se efectuó el primer anuncio. Pero si las condiciones cambiaron y han permitido fijar un ingreso mínimo en 210 mil pesos, la pregunta es por qué este no se puede otorgar a partir del 1° de julio, en circunstancias de que el proyecto ingresó al Congreso cuando ese mes todavía no terminaba.
En consecuencia, le pido al señor Ministro que nos aclare cuál es la razón de fondo de la situación. Si la iniciativa se presentó en julio, ¿por qué no puede tener efecto retroactivo a la fecha mencionada?
Por último, cabe aclarar cuáles son las condiciones que cambiaron.
Deseo recordarle al titular de Hacienda que el Presidente del Banco Central fue claro al precisar que la desaceleración de nuestra economía obedeció a causas externas -fue el mismo criterio expuesto en el informe del Consejo Ministerial de la OCDE, al cual entiendo que el señor Ministro tuvo la buena ocurrencia de asistir- y no al anuncio de una reforma tributaria, una reforma educacional o una nueva Constitución, por más estructurales que sean.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, resultaría absolutamente incomprensible que trabajadores sometidos a una realidad de brutal injusticia con el ingreso mínimo no observaran hoy día la voluntad del Ejecutivo en orden a disponer la retroactividad.
Por mi parte, voy a concurrir con mi voto para que tal medida ojalá se concrete, sea por iniciativa del Ejecutivo o en la forma que se resuelva, porque no hay explicación que darles a esos hombres y mujeres. Sería impresentable que ello no se contemplara.
Además, a fin de evitar que se trate de una carga para las mipymes, el Estado perfectamente puede aportar los recursos que se necesiten.
Deseo aterrizar el asunto de una manera completamente distinta de lo que he escuchado hasta el momento y pedir la atención de la Sala y de quienes nos puedan estar viendo.
Hoy día le solicité a la Biblioteca del Congreso hacer una simulación, la cual se realizó exactamente tomando en cuenta la que se hace en las administradoras de fondos de pensiones. Vamos a considerar el ejemplo de un trabajador que en 1981 partió con un ingreso mínimo de 71 mil 400 pesos. Esa cantidad se mantuvo hasta 1993. En 1994 varió a 80 mil 500; en 1996, a 100 mil; en 1997, a 105 mil 500; en 1999, a 115 mil 648; en 2000, a 120 mil; en 2002, a 135 mil, etcétera. Y en este momento estamos discutiendo acerca de un monto de 210 mil.
Hagamos cuenta, entonces, que la persona ha impuesto durante 30 años de su vida. Habiendo recibido el ingreso mínimo, el total acumulado en su cuenta de ahorro previsional asciende a 10 millones 443 mil 350 pesos. Por ende, luego de trabajar durante ese período, sin lagunas -lo que es poco probable-, la pensión será de 63 mil 560 pesos. Vale decir, el Estado tendrá que otorgar un subsidio compensatorio. Una vez que se acabe el pozo de 10 millones será preciso recurrir a una pensión básica solidaria. O sea, ¡Chile está fabricando pobreza!
¡Este es el tema que debiera convocarnos! ¡Esta es la discusión que el país espera que nosotros y cualquier Gobierno sostengamos! ¡Luego de imponer -repito- durante 30 años de su vida, una persona obtiene una pensión de 63 mil pesos y se ve obligada a contar con la participación del Estado a través de un subsidio, y, agotado el pozo, termina con una pensión básica solidaria!
¡Eso es del todo impresentable! ¡Eso es del todo injusto! ¡Pero esta es la realidad! ¡Y es lo que estamos discutiendo hoy día! ¡Esta es la manera en que se ha fabricado pobreza!
Deseo detenerme en otro punto no menor: la situación de las pensiones mínimas. Ello, en la misma línea. Una pensión debiera ser igual al ingreso mínimo. Si no, nuestros adultos mayores se mantendrán en la más absoluta de las pobrezas y en el más absoluto de los desamparos.
Y se plantea otra cuestión, señor Presidente.
Cuando el año pasado, durante el debate del proyecto de Ley de Presupuestos en la Cámara de Diputados, se formuló una indicación respecto del decreto ley N° 889, normativa con incentivos para las regiones extremas, se dio una situación absolutamente contraria a lo que veníamos discutiendo junto con el Senador señor Muñoz Aburto. ¡Se les mintió brutalmente a las regiones extremas! ¡Nunca existió la remuneración diferenciada! La indicación determinaba que el empleador que pagara 20 por ciento más que el ingreso mínimo recibiría la devolución del 17 por ciento. Ocurre que ninguno que se encuentre en ese caso la está recibiendo hoy día. Esta última no se pide porque se termina perdiendo casi un 9 o un 10 por ciento. Entonces, se engañó a los trabajadores de esas zonas.
Y hoy estamos convocados para la discusión de un proyecto de ley de reajuste que claramente no resuelve la situación posterior que acabo de graficar.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Puede intervenir el Senador señor Carlos Larraín.
El señor LARRAÍN (don Carlos).-
Señor Presidente, entiendo que los aspectos de constitucionalidad quedaron para ser vistos más tarde. Varias personas, muy versadas, han esgrimido con mucha propiedad los argumentos pertinentes. Solo deseo referirme a la idea general.
Cuando se hace referencia al ingreso mínimo, se suele invocar el fantasma de la cesantía. Extrañamente, cuando se quiere minimizar la importancia de su determinación, se afirma que son 230 mil las personas a las que afecta. Y, por extensión, podrían llegar a 400 mil. Al contrario, cuando se quiere justificar una definición rebajada, se dice que más de 500 mil dependen de recibirlo.
Al Senador que habla, por lo menos, lo pone un poco caviloso la ambigüedad en la cifra. Pienso -y creo que interpreto a varias personas de Renovación Nacional- que el ingreso mínimo aumentado promueve y protege el trabajo de los más jóvenes y los mayores. En general, son sectores más bien marginales.
Si se atendiera a este tipo de remuneración tanto como se atiende a las solicitudes, muchas veces excesivas, de los empleados sindicalizados, organizados, otro gallo cantaría. La que efectivamente se beneficia con este monto es la gente de menos amparo, de menos amplificación. Y también tenemos una obligación con ella. Personalmente, creo que tal deber es mayor con los sectores más bien marginales de la economía que con aquellos que se organizan, se estructuran y hacen exigencias a veces desmedidas.
La remuneración que nos ocupa tiene que ver con lo que los entendidos llaman "ingresos autónomos". Es decir, una persona labora equis número de días en el mes y gana una suma que puede anticipar. Trabajo 23 días al mes y recibo 210 mil pesos. Estimo que eso es inapreciable.
A mi juicio, el ingreso mínimo mejorado, junto con los beneficios gratuitos de escolaridad y de salud, permite una vida mejor. Y, aumentado, es mucho mejor que bonos que salen del "real pecho". Porque en esta última materia hemos llegado a la época borbónica. Ello, particularmente en los gobiernos de Izquierda, que no suelen tener relaciones con la realeza. Entonces, el otorgamiento de montos de 30 mil o 40 mil pesos implican un costo de 200 millones de dólares. ¡Métale bonos! ¡Vienen del cielo¿! Prefiero, con mucho, un ingreso mínimo mejorado.
Ahora, en Renovación Nacional propusimos hace catorce meses -y por eso el punto nos toca muy de cerca- un ingreso mínimo de 200 mil pesos. Como me acotan aquí, habíamos llegado a un acuerdo con Senadores de otro Partido, el Demócrata Cristiano, para estabilizar el monto por dos años y evitar los avatares propios de los años de elecciones, que, mal que nos pese, sí los tienen. El planteamiento fue rechazado con gran acopio de información técnica, estadísticas, cuadros, curvas, tortas, columnas, etcétera. No se pudo.
Han pasado ya quince meses y estamos en 210 mil pesos.
Poniendo de lado el aspecto constitucional, que será examinado de nuevo en su momento -en todo caso, dejo en claro, al pasar, que no descubro la violación del derecho de propiedad que se advirtió aquí, de buena fe, por supuesto-, sí quiero dejar constancia de que, a mi entender, la obligación del Ejecutivo expresada en el artículo 65, inciso cuarto, de la Carta Fundamental, en el sentido de fijar la remuneración mínima, incluye la de instar para que esta llegue a aplicarse.
Han transcurrido semanas y todavía seguimos donde mismo. El costo adicional que representaría la retroactividad de treinta días es del orden de mil 800 millones de pesos. Entonces -y con esto termino-, cabe una petición al Ejecutivo, representado por el señor Ministro de Hacienda. Conviene evitar una disyuntiva, tan dura, en una cuestión de constitucionalidad, la cual es efectiva y puede terminar desbordando normas consideradas actualmente esenciales. Es cierto, hay flujo y reflujo en lo tocante a la iniciativa del gasto. Todos lo sabemos. Pero, hoy por hoy, prima la idea de que ella reside en el Presidente de la República. Pues bien, ¿para qué testear el punto hasta llegar a una situación de quiebre lógico -porque, en realidad, hay argumentos en todas las direcciones- por un ahorro fiscal de mil 800 millones de pesos?
Pienso que el Ejecutivo, sin echar la casa por la ventana, sin provocar un gran déficit fiscal, podría adoptar el criterio propuesto en la Cámara de Diputados y correr la fecha al 1° de julio. De ese modo ahorraríamos tiempo, se neutralizaría la discusión y no dejaríamos la Carta en vilo por un asunto que hoy es de pequeña cuantía, pero que en otro caso puede ser de suma cuantía y crear un problema institucional.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, quiero adherir, en primer lugar, a lo expuesto por el Senador señor Carlos Larraín. El asunto incluso se lo hicimos ver al señor Ministro en la Comisión de Hacienda. Podríamos evitar todo un debate, todo un aspecto constitucional que puede llevarnos a que el proyecto a lo mejor demore largo tiempo antes de ser despachado.
Deseo precisarle una sola cosa a mi Honorable colega. Si bien podría generarse un gasto de mil 800 millones de pesos, el Fisco estaría ahorrando 4 mil millones por el hecho de no aplicarse el reajuste a contar del 1° de julio. Y ello, incluso desde el momento en que el Presidente de la República dijo que quería subir el monto a 205 mil. Lo señalo como algo adicional.
A la inadmisibilidad voy a referirme después.
Creo que habría que asumir la propuesta formulada por el Senador señor Carlos Larraín, hasta como una manera de darle salida al problema, y todos estaríamos contentos de poder despachar el proyecto sin mayor trauma.
Yendo al fondo, voy a reiterar algo que manifestaron los Honorables señores Escalona y Lagos y que le expresé al señor Ministro en la Comisión: aquí hay una responsabilidad del Ejecutivo. El Primer Mandatario dijo un día sábado -sabía que el lunes siguiente era el aniversario del Gobierno- que haría dos propuestas al país: un bono y el anticipo del ingreso mínimo. Estoy seguro -es información de que uno dispone- de que ello no fue consultado. Ni siquiera se convocó a la Central Unitaria de Trabajadores para abrir el diálogo: se notificó. ¿Por qué? Porque fue una improvisación. Tanto lo fue, que el Presidente anunció que se iba a dar algo superior a 200 mil pesos. Ni siquiera precisó cuánto. Días después el proyecto se recibió con un monto de 203 mil y fracción.
Cuando llegó la iniciativa, en la Cámara de Diputados hubo una presión incluso de parlamentarios del propio Gobierno. El señor Ministro, quien había expuesto que no se movería de los 203 mil pesos porque se afectaría el empleo y se podría provocar casi una crisis económica, subió la cifra a 205 mil en la discusión. Y no tuvo éxito, porque varios Senadores y Diputados, de Gobierno o de Oposición, pedíamos un esfuerzo para llegar a 210 mil. Fracasó el proyecto.
¿Y qué pasó? Lo que se expresó acá: durante sesenta días -a ello obedece la responsabilidad del Gobierno en la vigencia del ingreso mínimo-, no se mandó la iniciativa.
Algunos malpensados creen que la razón reside en que, como se estaba efectuando una campaña de primarias en la que participaban dos candidatos oficialistas, estos hubieran quedado en una situación compleja, difícil, al referirse al ingreso mínimo o habrían podido efectuar declaraciones en contradicción con el propio Ministro de Hacienda.
Pudo ser esa la razón u otra. Mas repito: el proyecto no se mandó en sesenta días. ¿Cuándo se envió? Una vez realizadas las primarias, habiendo llegado en julio. ¿Y con qué cantidad? Con 207 mil pesos. La declaración del señor Ministro fue la misma: "¡No puedo dar más! ¿Por qué? Porque se afecta el empleo. Puede provocarse una gran crisis".
No me referiré al motivo por el que se había desacelerado la economía, etcétera. Ese es otro tema.
Pareciera que el titular de Hacienda va variando la explicación cada sesenta días. La iniciativa llegó a la Cámara de Diputados y los propios parlamentarios de su coalición le dijeron "no" a los pocos días. Y sostuvo una reunión -según entiendo, con el Comité Político de su sector- en la que seguramente varios de ellos le hicieron presente el problema. Entonces, ahí se tomó la decisión de subir a 210 mil pesos. ¡Esa cantidad no incide ahora en el empleo, no provoca crisis ni pánico, no afecta a la pequeña microempresa, que era lo que se daba como excusa de por qué no se podía subir más el ingreso mínimo!
En consecuencia, ¿quién es el responsable del atraso? El Gobierno, no la Oposición ni los parlamentarios oficialistas que hicieron ver el punto y reflexionaron al respecto, como lo expresa hoy el Senador señor Carlos Larraín con tanta franqueza.
¿Por qué el Gobierno no da un efecto retroactivo a contar de la fecha que siempre se ha considerado para el ingreso mínimo? Durante décadas, se ha contemplado el 1° de julio para su vigencia.
Por lo demás, el señor Ministro sabe que en varias oportunidades, al despacharse el proyecto con posterioridad, se le ha dado efecto retroactivo a partir de esa fecha.
Me dicen que ello obedecía a que se trataba de algunos días, no del mes completo, lo que podría afectar los contratos y la garantía del artículo 19, número 24°, de la Carta Fundamental. Me parece que no es así. Respecto de otras normas constitucionales se podría alegar en ese sentido con mucha más seriedad.
Entonces, ¿qué tenemos?
En lo personal, expuse aquí algo que no se acogió: aumentar la asignación familiar a 15 mil pesos en el primer tramo y a 10 mil en el segundo. Con eso se podría llegar a un ingreso mínimo del orden de 250 mil pesos para una familia tipo. Ello cuesta 75 millones de dólares y tiene pleno financiamiento, porque la factura electrónica que vamos a aprobar en el Congreso generará más de 600 millones de dólares.
Además, propuse que, en vez de rebajarse el impuesto de timbres y estampillas a 0,2 por ciento, lo que significa un costo de 200 millones de dólares, se destinaran nada más que 100 millones al financiamiento de la asignación familiar.
¿Qué es mejor: disminuir el impuesto de timbres y estampillas para los que piden créditos o aumentar la asignación familiar para las familias que más lo necesitan?
Por lo tanto, pienso que el Gobierno está en deuda. Por equidad, por ética política, tiene que buscar la fórmula para darle efecto retroactivo al ingreso mínimo a la fecha en que siempre se ha pagado. ¡Es lo que le pido a fin de evitarnos dificultades y no seguir perjudicando a los trabajadores!
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Le corresponde intervenir al Honorable señor Chahuán, como no está presente en la Sala, puede hacer uso de ella la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, es imposible no calificar de soberbia lo que ha ocurrido con el tema del salario mínimo.
En realidad, todos nos sorprendimos cuando, en marzo pasado, el Presidente Piñera, junto con el anuncio del bono, dijo intempestivamente que enviaría un proyecto de ley para reajustar el salario mínimo de 193 mil a 205 mil pesos.
Claramente, no hubo un diálogo con la Central Unitaria de Trabajadores.
Claramente, no hubo ninguna capacidad de escuchar.
Claramente, por desgracia, este Gobierno va a pasar a la historia, entre otras cosas, por ser el "Gobierno de la letra chica", situación que hemos sufrido en varios proyectos.
En esta oportunidad, se manifiesta a través de negar la retroactividad del beneficio. Para sorpresa de todos, se propone que el reajuste del monto del ingreso mínimo mensual, que siempre había regido a partir del 1º de julio, esta vez se aplique -ello grafica lo que llamamos "letra chica"- a contar del 1º de agosto.
Y no nos pueden culpar a nosotros de ello. Esto ha sido de absoluta responsabilidad del Ejecutivo, que tozudamente insistió en que no se podía subir más el monto del sueldo mínimo, pues ello afectaría el empleo, a pesar de que el discurso oficial entonces era bastante exitista.
En parte, nosotros respaldamos los logros alcanzados: evidentemente ha habido dinamismo en la economía y se han creado puestos de trabajo. Hoy día tenemos prácticamente pleno empleo, con una cifra de cesantía que no supera el 6,2 por ciento.
Y resulta que ahora, misteriosamente -como señaló muy bien el Senador Zaldívar, quizás a raíz de las primarias y de ciertos eventos políticos-, la propuesta cambió. Parece que el Presidente de la República escuchó a alguien de su propia coalición. Porque Renovación Nacional desde un comienzo planteó su desacuerdo con los 205 mil pesos. Nosotros también criticamos ese monto y nos unimos, como Oposición, al planteamiento de dicha colectividad política.
Recién en julio se propuso el monto de 207 mil pesos. Y, finalmente, el 30 del mismo mes se llegó a los 210 mil.
Entonces, francamente, aquí hay una responsabilidad total del Gobierno. Pudo haber aprovechado mejor el tiempo; pudo haberse burlado menos de los trabajadores; pudo haber sido más considerado con los más vulnerables, que son precisamente quienes ganan el salario mínimo. Estamos hablando de un universo aproximado de 600 mil beneficiarios, quienes, como sabemos, en general son personas con baja escolaridad, jóvenes y vulnerables.
Ante ello, si en esta sesión el Ejecutivo -más allá de la discusión sobre la admisibilidad, respecto de la cual tiendo a creer en la posición que explicitó el Senador Zaldívar- no da una señal mediante una indicación que diga que la vigencia de la futura ley de reajuste es retroactiva a partir del 1º de julio, va a pasar a la historia como el Gobierno de la letra chica.
Y pasará a la historia también por su ineficiencia: entre tantas otras cosas, se nos dijo que el Censo 2012 sería el mejor de la historia de Chile. ¡Y miren la vergüenza que hoy tenemos que vivir, la vergüenza que nos causa como país! La opinión de los expertos, incluso, sugiere realizar otro censo, aunque abreviado.
¡Cómo sería la distorsión! ¡Cómo sería la manipulación! ¡Cómo sería la inefectividad de tal instrumento, que implica serias consecuencias en el diseño de las políticas sociales!
Con todo lo anterior, quiero resaltar las tremendas inconsecuencias que hemos debido vivir.
Señor Presidente, es muy importante que seamos capaces de aprobar el reajuste del ingreso mínimo mensual de 210 mil pesos, lo cual está muy lejos de la cifra recomendada por el Obispo Goic y otras personas. Pero también cabe señalar que la relación que siempre se hace entre el aumento del salario mínimo y el fantasma del desempleo no es tan clara. Como ya expresé, en este momento nos encontramos en una situación de casi pleno empleo. Por tanto, no está muy comprobada esa relación que frecuentemente se argumenta.
Por otra parte, se debe considerar lo que establece el artículo 3º del Convenio Nº 131 de la OIT, que menciona los elementos que hay que tener en cuenta para determinar los salarios mínimos. Son los siguientes: "las necesidades de los trabajadores y de sus familias, habida cuenta del nivel general de salarios en el país, del costo de vida, de las prestaciones de seguridad social", etcétera. Y se agregan: "los factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo económico".
Además, su artículo 4º establece con claridad que, para la fijación de los sueldos mínimos, han de participar "en pie de igualdad, los representantes de las organizaciones de empleadores y de los trabajadores interesados". Y el Gobierno no ha cumplido en este sentido.
Tales elementos deberían tomarse en consideración.
Lamento la pretensión de que no puede haber retroactividad, y espero que se corrija.
De paso, hago presente que nos preocupa el déficit de 1,2 por ciento del producto interno bruto que nos va a dejar el actual Gobierno. Cuando se discuta el Presupuesto de la Nación, los parlamentarios podremos inquirir una explicación más profunda. Es cierto que el déficit de la Administración de la Presidenta Bachelet fue mayor (1,7 por ciento). Pero, ¡por favor!, en 2008 vivimos una crisis económica.
Sin embargo, en este período ha habido un precio del cobre excepcionalmente alto, por lo que resulta bastante incomprensible el índice aludido. Imagino que en algún momento se dará una explicación racional para entender tal déficit.
En concreto, señor Presidente, me parece el colmo de la pequeñez o de la letra chica el que se pretenda negar que el reajuste del sueldo mínimo rija, como ha ocurrido desde hace 20 años, a partir del 1º de julio.
Espero que la próxima vez, en lugar de improvisar, se consulte y dialogue previamente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, hace algunas horas conocimos el informe de la comisión de expertos que convocó el propio Instituto Nacional de Estadística (INE) para analizar los resultados del Censo 2012, cuyo costo fue de 30 mil millones de pesos (60 millones de dólares). El estudio es lapidario: ¡los datos no sirven; hay que realizar un nuevo censo!
Respecto al proyecto que nos ocupa, el Senador Carlos Larraín ha sido preclaro al hacer un llamado al Gobierno: 4 millones de dólares resuelven el tema de la constitucionalidad y permiten no seguir alargando esta agonía. La verdad es que, cuando el Estado paga mal, paga dos veces.
Aquí hubo un error, que no es de los trabajadores de Chile, ni de la mipyme, ni de este Parlamento. Se hicieron mal las cosas, en forma precipitada, para cumplir con las estadísticas.
Entonces, le pido al Ministro Larraín que escuche al Presidente de Renovación Nacional, que es el Presidente del Partido del Presidente de la República.
Si el Ejecutivo insiste en que no habrá retroactividad, solicito al Ministro que explique a los trabajadores de Chile por qué tuvo guardado, secuestrado, el proyecto durante cuatro meses; por qué quienes ganan el sueldo mínimo no han podido gozar de este importante reajuste.
Hay que hacer un reconocimiento al Primer Mandatario y al propio Ministro de Hacienda, por cuanto el aumento del salario mínimo a 210 mil pesos es interesante. ¡Pero tal monto lo pedimos el 19 de marzo de este año! En esa oportunidad, cumpliendo el rol que nos cabe como Oposición en la política, exigimos más. Porque esa es la función de todo bloque opositor. Cuando ustedes no eran gobierno, hicieron lo mismo, y siempre lograban algo.
Sin embargo, en aquella ocasión no se quiso negociar. No sé por qué. Hay un poco de esquizofrenia en esa actitud, señor Presidente. Porque efectivamente este Parlamento no puede aumentar el monto del reajuste; solo tiene facultades para aprobar, disminuir o rechazar la cifra propuesta. Así es la "monarquía presidencial".
En todo caso, la retroactividad no debe entenderse como un capricho o populismo.
Uno podría pensar que, como estamos más cerca de las elecciones, el Presidente se quiere ir bien evaluado porque pretende ser candidato presidencial el 2017. Y tiene todo el derecho de serlo, si así lo acuerda el actual oficialismo. Pero, entonces, este es un punto de inflexión importante: si no se aplica la retroactividad en este proyecto, tendremos una controversia que habrá de resolver el Tribunal Constitucional. Y con eso se seguirá demorando el despacho de la iniciativa. Entonces, uno podría suponer que, tal vez, ese es el objetivo: demorar la tramitación. Así, mientras más cerca de las elecciones se apruebe el aumento del salario mínimo, mejor será. Sin embargo, creo que en tal caso se comete un error.
La candidata Evelyn Matthei, como es de público conocimiento, cuando fue senadora y diputada, sostuvo que no debía existir el salario mínimo. En efecto, la candidata presidencial de este Gobierno dijo -en el estilo que todos le conocemos- que no debería haber sueldo mínimo, porque este le hacía mal a la economía y a los trabajadores. Tal tesis es bastante atrevida y yo, por cierto, no la comparto, al igual que los trabajadores de Chile.
¿Por qué el Gobierno se negó hace tres meses a subir el ingreso mínimo a 210 mil pesos? Ojalá el Ministro de Hacienda dé una explicación al país y a los trabajadores en esta Sala. Tenemos el legítimo derecho a pedírselo. No lo pueden hacer ni la CUT, ni los trabajadores, ni los recolectores de basura, quienes paralizaron sus labores y crearon una emergencia sanitaria para reclamar un mejor sueldo.
Pero yo me hago cargo. Yo sí puedo solicitarle al Ministro, respetuosamente, una explicación: ¿por qué hace tres meses no hubo una propuesta para elevar el salario mínimo a 210 mil pesos y hoy día sí la hay?
Monseñor Goic, el año 2007, pidió fijarlo en 250 mil pesos. ¡La Iglesia Católica lo planteó!
Si en esa oportunidad hubiéramos hecho caso a la Iglesia Católica -no lo hicimos en ese Gobierno de la Concertación-, ahora el ingreso mínimo mensual sería de 302 mil pesos, y estaríamos discutiendo otras variables.
Espero que la Nueva Mayoría -aspiro a que gane las próximas elecciones presidenciales- y el futuro Gobierno sean capaces, entre 2014 y 2015, de elevar el sueldo mínimo de 210 a 250 mil pesos. Este es un compromiso que, por cierto, quiero escuchar de mi candidata, Michelle Bachelet, al igual que los trabajadores de Chile.
Mientras tanto, considero que el aumento propuesto es significativo. En una oportunidad anterior señalé: "Es un reajuste ratón". Ahora no. Esta vez digo: "Es un reajuste valioso, importante". Y lo votaré a favor.
Sin embargo, me quedo con la tremenda duda -y con la rabia contenida- de saber por qué no se aprobó antes este proyecto y por qué los trabajadores van a tener que pagar el costo de ello. ¡Son 1.800 millones de pesos los que le cuesta al Gobierno darle retroactividad al beneficio!
Acabamos de perder 30 mil millones de pesos con lo del Censo 2012, debido a la tozudez de un organismo que no supo manejar las cosas. ¡Nos hicieron pagar a todos 60 millones de dólares, y ni siquiera sabemos cuántos chilenos somos!
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
Voto a favor.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Frei.
El señor FREI (don Eduardo).-
Señor Presidente, me sumo entusiastamente a la propuesta que ha hecho mi colega de la Región de Los Ríos.
El señor PROKURICA.-
¡Los ríos unidos jamás serán vencidos¿!
El señor FREI (don Eduardo).-
"Los ríos unidos jamás serán vencidos", me acotan.
Señor Presidente, a raíz de lo que ha pasado en estos días y de varios eventos que hemos tenido, tanto a nivel nacional como en el Parlamento, recuerdo que en 2009 se nos dijo que este iba a ser el Gobierno de la excelencia, de la eficiencia, de los profesionales destacados -todos con doctorados y todo electrónico-, pero, en verdad, lo que hemos vivido en estos cuatro meses con la famosa discusión del reajuste del salario mínimo ¡ya parece un chiste de don Otto!
Hemos visto todas las cosas habidas y por haber hasta la última decisión, la cual fue producto de la fuerza que pusieron, especialmente, los parlamentarios de los partidos de Gobierno para que se llegara a la propuesta de 210 mil pesos.
Eso sí, en el camino se quedó una oferta que el Ministro nos había hecho varias veces: establecer un sistema de reajuste plurianual. Esto quedó en el olvido, como uno de tantos ejemplos de la ineficiencia.
Asimismo, se ha abordado aquí el tema del censo. Recuerdo que se sostenía que este era "el mejor censo en la historia de Chile". Y hoy día sabemos que hay que realizarlo otra vez. En todo caso, el Director del INE acaba de informar que, a lo mejor, no se hace de nuevo, en fin.
Nos olvidamos también de lo relativo al famoso SIPCO, que pasó a ser un compromiso de campaña. En esta, el 2009 se señaló, a solicitud sobre todo de colegas de la Alianza, que se iba a rebajar el impuesto específico a los combustibles. Actualmente en nuestras Regiones, la gente paga cerca de mil pesos por el litro de gasolina.
Hemos visto lo que pasa en Tocopilla. Ayer escuchamos por televisión al Ministro de Vivienda y Urbanismo, quien señaló que en 2010 el avance de la reconstrucción en esa ciudad alcanzaba a 50 por ciento. Pero, según el informe entregado ese mismo año por la extitular de la Cartera, señora Magdalena Matte, la reconstrucción llegaba a 82 por ciento.
En fin, no tengo tiempo para seguir haciendo el inventario de la "eficiencia" de este Gobierno, con sus "excelentes" profesionales, todos con doctorados, etcétera. Bueno, de hecho, el Ministro de Hacienda cuenta con un gran doctorado y grandes méritos.
Entonces, uno se pregunta: ¿por qué hemos llegado a las situaciones descritas?
En la mañana estuvimos analizando lo que sucede con CODELCO. ¡Se sigue endeudando!
Este Gobierno ha recibido 25 mil a 26 mil millones de dólares de la Corporación Nacional del Cobre, y este año se le niega el aporte para inversiones. La prensa de hoy informa que de nuevo recurre a empréstitos. Ya está endeudada en cerca de 2 mil millones de dólares en 2013, con lo cual baja su clasificación internacional y le cuestan más caros los créditos.
En el fondo, no se tiene una visión de futuro respecto a qué va a pasar con CODELCO en los próximos años y cuál va a ser el cumplimiento de sus planes de inversión, para poder responder como lo ha hecho en este tiempo.
Me alegró mucho saber que la División Radomiro Tomic, que abrimos en nuestro tiempo, representa actualmente el 30 por ciento de todos los ingresos de CODELCO. ¡Treinta por ciento!
La semana pasada hubo una reunión para revisar el proyecto de Ley de Presupuestos. Queríamos saber algunas cosas y analizar lo relativo al déficit fiscal. Desgraciadamente, el Ministro tenía otro compromiso y debió dejarnos después de los primeros 20 a 30 minutos.
Resulta inentendible que un Gobierno que ha tenido el precio del cobre más alto en la historia -y aquí sí vale el récord histórico, no como en el caso del censo- no le entregue a CODELCO la plata que necesita y deje un déficit fiscal muy alto, que difícilmente podremos enfrentar.
De hecho, para hacerle frente, habrá que ocupar recursos públicos, lo que significa aumentar el déficit fiscal o generar endeudamiento. En ese escenario, llevar a cabo lo que todos requerimos: la reforma tributaria, se ve más cerca. ¡Después de este déficit fiscal y de lo que pasa con CODELCO, se ve más cercana todavía!
Señor Presidente, como ya se me termina el tiempo y no quiero abusar, concluyo manifestando que, en verdad, a mí me causa mucha impresión el que no se vislumbre la excelencia que se anunciaba: "los mejores profesionales", "los mejores pendrives", "las mejores tecnologías en todo". Y para comprobarlo, basta pasar revista a los pocos sucesos de los últimos días.
Si hubiese dispuesto de unos diez minutos más, habría efectuado un resumen de otros hechos acaecidos en los años que hemos vivido en esta situación, lo cual, en realidad, tienen muy poca explicación.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro.
No se halla en la Sala.
Al Senador señor Chahuán desde hace rato le estamos ofreciendo la palabra y no aparece.
El Honorable señor Horvath tampoco está.
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, por supuesto, votaré a favor la idea de legislar sobre el incremento del salario mínimo a 210 mil pesos, porque es indudable que los trabajadores están esperando este reajuste, que se fija todos los años.
He escuchado diversas intervenciones y debo manifestar que, en lo personal, me preocupan el ánimo y el tono con que se realiza el debate, pues reflejan claramente una intención política: dejar mal puesto al Gobierno; dejar mal puesto al Ministro de Hacienda; dejarnos como un Gobierno mezquino, que no quiere el progreso de los trabajadores ni el aumento de sus remuneraciones.
Señor Presidente, hoy día el ex Superintendente de Valores y Seguros don Guillermo Larraín, uno de los miembros del comando de la candidata presidencial de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, en una entrevista a un medio de comunicación (CNN Chile), expresa:
"Es muy difícil un sueldo mínimo de 250 mil pesos (sin afectar el empleo). Cualquier estudio más o menos razonable de cómo opera el mercado del trabajo nos indica que si tuviéramos un sueldo mínimo de la noche a la mañana de 250 mil pesos habría un problema importante de desempleo. Es deseable avanzar en materia de salario mínimo, pero 250 mil ciertamente está pasado del tejo".
¡Lo dice una autoridad de los Gobiernos de la Concertación! ¡Lo dice un integrante del equipo económico del comando de Michelle Bachelet!
Eso demuestra, con claridad, que frente a estos temas no podemos crear falsas expectativas, porque la ciudadanía, con toda razón, se entusiasma. Y, así como se entusiasma, también se decepciona y desilusiona, puesto que nosotros, en nuestras intervenciones públicas, aparecemos, voluntaria o involuntariamente, ofreciendo mejores condiciones, en circunstancias de que la triste realidad es que, finalmente, los mejoramientos hay que llevarlos a cabo de acuerdo con las condiciones tanto de la economía mundial como, por supuesto y muy particularmente, de la economía nacional.
Señor Presidente, se ha dicho aquí que este Gobierno ha tenido los mayores ingresos por el precio del cobre. No obstante, se debe señalar que los costos de CODELCO han aumentado significativamente. Es cosa de ver sus balances y los aportes que ha venido realizando al presupuesto fiscal en estos últimos años para darse cuenta de que claramente han disminuido de manera importante. Eso explica en parte por qué estamos con un déficit estructural de aproximadamente 1,2 por ciento del producto.
Quiero recordar que la reforma previsional del año 2008, propuesta por la entonces Presidenta Michelle Bachelet, se financió íntegramente, no subiendo ningún impuesto, sino pensando en los mayores recursos que se obtendrían por el precio del cobre.
Por lo tanto, este es un Gobierno que -tengo la convicción de ello- ha actuado con seriedad, con responsabilidad. No son justas las expresiones que uno escucha en algunas intervenciones en el sentido de que el ingreso mínimo se debió reajustar antes, de que el proyecto fue enviado con atraso, de que se debió haber fijado un monto de 250 mil pesos, etcétera.
No se le puede achacar lo anterior al actual Gobierno, pues todos tenemos que reconocer que ha enfrentado situaciones extraordinariamente difíciles y que, a pesar de eso, la economía crece; que, a pesar de eso, el desempleo disminuye, y que, a pesar de todo eso, las remuneraciones reales suben.
En consecuencia, creo que debemos aprobar la propuesta que hoy nos hace el Ejecutivo.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, esta tarde estamos sometidos a la discusión del proyecto sobre reajuste del ingreso mínimo mensual.
No obstante, sin querer ser majadero, me parece que si se hubiese acogido la fórmula propuesta por Renovación Nacional hace más de un año para establecer un salario mínimo con reajuste plurianual, con las mismas condiciones y cifras macroeconómicas que manejaba el Gobierno del Presidente Piñera y los elementos que se le presentaron al propio Ministro de Hacienda, nos habríamos evitado, en un año de contingencia electoral, parlamentaria y presidencial, el debate respecto del reajuste del ingreso mínimo y además se habría beneficiado a cientos de miles de familias chilenas que podrían haber dispuesto de un monto de 210 mil pesos desde el mes de abril de este año.
Señalo lo anterior porque nuestra propuesta, que planteamos al Ministro de Hacienda en reiteradas ocasiones, posibilitaba establecer no solo un salario mínimo plurianual, sino también avanzar en la determinación de una fórmula técnica que considerara elementos objetivos para fijar los reajustes del ingreso mínimo en los años sucesivos.
Sin embargo, ella no fue acogida.
Otra proposición que también incluimos fue la relativa a la posibilidad de aumentar la asignación familiar, levantada en su oportunidad por el Senador Zaldívar, la cual nos pareció razonable, pues ayudaba también a mejorar la dignidad de las familias chilenas al permitir, de alguna manera, un salario mínimo familiar, que igualmente podría estimarse adecuado.
En las actuales circunstancias, debo decir que si bien el Gobierno del Presidente Piñera no recogió estas iniciativas en su totalidad -aunque algo consideró en cuanto a la asignación familiar, elevándola, aunque no en los términos planteados-, sí ha hecho un tremendo esfuerzo. ¿Por qué? Porque el salario mínimo que hoy está en discusión representa el mayor reajuste de los últimos nueve años.
Es cierto que siempre queremos un sueldo mínimo mejor. Nos gustaba la fórmula del salario mínimo plurianual. Nos habría encantado poder establecer criterios objetivos para la fijación del ingreso mínimo en el futuro. También habría sido conveniente incorporar el aumento de la asignación familiar en los términos sugeridos por el Senador Zaldívar y otros parlamentarios, incluidos algunos de la Alianza.
No obstante, hoy nos encontramos frente a una propuesta del Ejecutivo que, efectivamente, significa un reajuste del salario mínimo como nunca lo hubo en los últimos nueve años. Y eso hay que ponerlo sobre la mesa y destacar el esfuerzo realizado por el Ministro de Hacienda y el Gobierno del Presidente Piñera.
Sin duda que se plantean algunos inconvenientes. El hecho de que se haya trabado en exceso la discusión en ambas Cámaras impidió contar, tal como anunció el Presidente de la República, con un reajuste anticipado del salario mínimo, terminando al final con uno aprobado en fecha posterior a la que tradicionalmente ocurría.
Por tanto, quiero pedir a los señores Senadores que, más allá de las condiciones en que nos habría gustado recibir el proyecto, reconozcan el importante esfuerzo desplegado por el Gobierno del Presidente Piñera y por el Ministro de Hacienda para llegar a un salario mínimo que rompe una barrera y llega a 210 mil pesos.
El Presidente de la República ha hablado de llegar, en el mediano plazo, a un sueldo mínimo de 250 mil pesos netos. Nos gustaría que alcanzara los 250 mil pesos líquidos. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer como país en el próximo tiempo.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Terminó su tiempo, señor Senador.
Dispone de un minuto adicional para concluir.
El señor CHAHUÁN.-
Gracias.
Sería interesante además poder condicionar la fijación del monto del salario mínimo a elementos objetivos como el crecimiento económico y otros datos macroeconómicos (tasas de desempleo, de inversión), pues ello nos permitiría garantizar efectivamente que, cuando al país le vaya bien, eso se vea reflejado también en los sectores más vulnerables.
Por consiguiente, la bancada de Renovación Nacional va a votar favorablemente el proyecto de ley, porque reconocemos el esfuerzo que ha hecho en este ámbito tanto el Gobierno del Presidente Piñera como el Ministro de Hacienda.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, en primer lugar, lamento que esta iniciativa haya pasado por tantas situaciones incómodas, como los rechazos de que fue objeto tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
Ojalá que este acuerdo hubiese llegado hace mucho tiempo, por cuanto la propuesta del Presidente de la República era reajustar el salario mínimo de manera anticipada, a contar de abril, con el propósito de que quienes lo perciben pudieran disponer de mayores ingresos desde esa fecha hasta el próximo año.
Menciono lo anterior, señor Presidente, porque no solo estamos hablando de las personas que perciben el salario mínimo, sino de muchas otras, en tanto aquel siempre es un referente para el reajuste que se les otorga a quienes no ganan dicho salario o están cerca de él en numerosas empresas y en diversas actividades.
Por lo tanto, la señal que se da es muy importante.
Por otro lado, señor Presidente, se habla de mezquindad porque es muy fácil hablar de mezquindad. Pero yo también puedo tomar las cifras de los períodos de la Concertación.
Y resulta que en el Gobierno de la Presidenta Bachelet el aumento real del salario mínimo fue de 2,1 por ciento, el cual contrasta con el que exhibe el del Presidente Piñera, que ha sido de 4 por ciento.
¿De esta mezquindad están hablando?
¡Estamos prácticamente duplicando el incremento del salario mínimo en términos reales respecto de los que hubo en el Gobierno de la señora Bachelet!
¿Y por qué los parlamentarios de la Concertación asumen ahora la actitud de señalar que todo es malo, señor Presidente?
De otro lado -y en esto quiero reconocer lo señalado tanto por el Senador Chahuán como por el colega Zaldívar-, para nosotros resultaba fundamental, adicionalmente al salario mínimo, el aumento de la asignación familiar. Porque a través de ella podemos llegar lo antes posible al ingreso ético familiar que necesita una familia de tres personas.
Por eso le solicitamos al Estado hacer un esfuerzo adicional, pensando sobre todo en las familias con mayor cantidad de niños o de cargas.
Y me preocupa el tema, señor Presidente, porque a mi juicio el crecimiento de la asignación familiar no va por el camino que nosotros esperábamos.
Ahora, en el tramo más bajo, se establece un valor de $8.426 por carga para beneficiarios cuyo ingreso mensual sea de hasta $220.354, o sea, muy cercano al ingreso mínimo.
Después, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $220.354 y no exceda de $321.851, tenemos una cifra de $5.294.
Y lo que encuentro lamentable es que el aumento de las asignaciones familiares que se entregan a beneficiarios cuyos sueldos sean de hasta $501.978 es de apenas 23 pesos: de $1.650 a $1.673.
Creo que esta es una materia que tenemos que abordar en el futuro, porque, si queremos apoyar a las familias con más niños, es fundamental que el Estado haga un esfuerzo adicional.
Y eso se viene planteando desde hace varios meses, a fin de que haya una asignación familiar escalonada, de modo que quienes tienen más hijos cuenten con mayor apoyo del Estado.
Lamento que no se haya llegado a una cifra superior, pero no tenemos iniciativa para aumentar gasto.
Además, señor Presidente, quiero aprovechar de plantear algunas inquietudes.
El sueldo de julio ya se pagó. Las pymes ya lo cancelaron.
Todos quisiéramos que el incremento propuesto fuera retroactivo. Sin embargo, en la eventualidad de que así fuera, me pregunto qué ocurriría con las imposiciones y las cotizaciones de salud que, como acabo de decir, ya están pagadas.
Tendría que presentarse una indicación para que, en tal caso, no hubiera multas y se permitiera enterar los diferenciales para salud y previsión.
¿Y qué pasa con los finiquitos que ha habido en este tiempo? ¿Qué ocurre con quienes ya terminaron su trabajo?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Le pido un minuto más, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Estamos en la hora.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
A todos los Senadores se les ha dado un minuto adicional.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Se supone que a las 18:30 se va a realizar un homenaje. Y si seguimos extendiéndonos no vamos a poder cumplir con los tiempos.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
¿Vamos a tener homenaje, señor Presidente?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Le voy a dar un minuto más para que termine su intervención, señor Senador.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Gracias, señor Presidente.
Decía que acá hay una cuestión adicional que analizar. Porque los sueldos de julio ya están pagados. Y si el Ejecutivo va a enviar una indicación, debe consignar en ella las facilidades para que la situación previsional y de salud de los trabajadores pueda regularizarse con el fin de que quienes ya enteraron los recursos correspondientes o lo están haciendo en estos días no sean objeto de castigos y no tengan problemas con las entidades que deben supervigilar el cumplimiento de tales obligaciones.
Voto afirmativamente el ingreso mínimo propuesto.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, solo quiero plantear el anhelo de las regiones por tener un salario mínimo regionalizado, el cual, desde luego, no se construye únicamente por ley, sino dando más oportunidades en las regiones, calificando más a las personas, generando más servicios y producción regional.
Esa es la manera sana de lograr un salario mínimo regionalizado.
Sin embargo, en el caso de la Región de Aysén, a raíz del Movimiento Social que planteaba once demandas, se logró un acuerdo con el Gobierno para destrabar el conflicto y hacer las lecturas a nivel regional, puesto que las demandas no solo eran legítimas, sino posibles de satisfacer. Y así ha quedado demostrado.
En relación con el decreto ley N° 889, que bonifica la contratación de mano de obra en zonas extremas (17 por ciento de las remuneraciones), se buscó que ello se viese reflejado claramente en el ingreso de las y los trabajadores.
Y así fue entendido cuando cuatro parlamentarios, junto con los dirigentes del referido movimiento, concurrimos a la Moneda, donde se logró un acuerdo para establecer una zona franca (se incluyeron los combustibles), que ya es ley de la República, y traspasar a los trabajadores el mismo beneficio que se les entregaba a los empresarios.
No obstante, la iniciativa para ello es preponderantemente del Ejecutivo. Y por la vía parlamentaria (a través de una indicación) se llegó a una fórmula distinta, mediante la cual se les otorga el beneficio a las empresas que paguen remuneraciones por sobre el ingreso mínimo. En este caso, estamos hablando de 220 mil pesos.
La verdad es que hay que evaluarlo en los hechos. Porque a nuestro juicio y por los antecedentes de que disponemos, ello no está funcionando, en cuanto el beneficio se transforma en un desincentivo, pues algunos prefieren no subir el salario mínimo al piso que se señala, mantener el ingreso mínimo legal y no acogerse a la bonificación.
Eso ha significado un daño bastante grave a las trabajadoras y los trabajadores, y a la propia región, porque los fondos no quedan en ella.
En tal sentido, no solo quiero exponer esta situación, sino pedir -por su intermedio, señor Presidente- que se oficie a los dos Ministros relacionados con esta materia: el Ministro de Hacienda, acá presente, y el ministro político que en su minuto concurrió al referido acuerdo, el Ministro Secretario General de la Presidencia, don Cristián Larroulet, para que podamos evaluar, con motivo del tratamiento del salario mínimo, la real condición que se vive en las distintas regiones del país, en particular en la Región de Aysén.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, yo siento que el debate sobre el sueldo mínimo lo estamos haciendo como un ritual todos los años. Y en cada oportunidad muchos Senadores planteamos la necesidad de terminar con esta discusión y establecer una fórmula que considere distintas variables, para así no tener que estar en tensión el Parlamento, los trabajadores, la sociedad chilena, en cuanto a una materia vinculada con la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo.
Creo que estamos en deuda con Chile para establecer una fórmula permanente.
Pero yo quiero destacar que el debate que estamos llevando a cabo respecto de las cifras dice relación más con los efectos del modelo que hemos creado, pues quienes más se resienten con este reajuste son, sin duda, las empresas más pequeñas, que reciben un impacto mayor en sus presupuestos y en sus costos cuando tienen que aplicar, al igual que las grandes o medianas empresas, el reajuste del sueldo mínimo. Este, por lo demás, lo pagan aquellas que contratan trabajadores que no tienen la posibilidad de acceder a una negociación colectiva ni tampoco cuentan con una estructura de sindicalización.
Entonces, es el modelo lo que deberíamos analizar con mayor profundidad, a efectos de revisar los ingresos de los trabajadores. De esa manera, tendríamos que examinar, por una parte, la legislación laboral y la organización que se dan los trabajadores para negociar sus remuneraciones y, por otra, la estructura económica, donde impera una gran concentración de la propiedad en pocas manos, que controlan cada uno de los rubros de la actividad comercial y productiva.
Así, vemos que en materia de supermercados el 95 por ciento de la oferta se concentra en tres manos, cosa que también ocurre en las comunicaciones, en el transporte, en los bancos. En definitiva, esas son áreas donde no hay competencia.
¿Y por qué eso tiene que ver con el sueldo mínimo? Porque los pequeños no pueden competir y se encuentran cautivos de una negociación que depende del que tiene una posición dominante en el mercado.
En consecuencia, más que debatir respecto a cuánto debe ascender el ingreso mínimo, nosotros deberíamos preocuparnos de cómo cambiar una sociedad donde existe una alta concentración y una falta increíble de competencia.
Recientemente, nos hemos preocupado en Comisión Mixta del proyecto relativo a la tasa máxima convencional, que ya fue rebajada tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados -yo diría que mantenemos algunas diferencias menores-, y, reconociendo la realidad, su monto se disminuye de 57 a 35 por ciento en promedio.
Fíjese, señor Presidente, que tras casi un año de discusión sobre esa iniciativa, certificamos que muchas entidades crediticias cobran en exceso y que las tasas máximas se mantienen en las mismas condiciones.
Eso confirma que no existe competencia en el mercado, y, como no la hay, los más chicos sufren las consecuencias de un efecto perverso. Ello debe movernos a analizar cómo mejoramos las remuneraciones de los trabajadores de las empresas más pequeñas.
Opino que el reajuste propuesto por el Gobierno llega con dos meses de atraso -desde mayo estamos debatiendo este asunto-, y hoy día nos hallamos en el mismo punto de partida, en la misma cifra que se había acordado entre la Oposición y algunos personeros de Renovación Nacional. Ya los trabajadores perdieron el reajuste de julio, salvo que aprobáramos la admisibilidad de la retroactividad de un mes que plantea la Cámara de Diputados -será votada en la Sala-, lo cual nos permitiría pagar a partir de ese mes el reajuste que incrementa de 193 mil a 210 mil pesos el sueldo mínimo.
Quiero expresar mi deseo en el sentido de que podamos acoger la admisibilidad de esa disposición, toda vez que resulta coherente con lo que resolvimos en el día de ayer cuando otorgamos una bonificación a los funcionarios de la JUNJI con un efecto retroactivo de 18 meses, desde enero del 2012, lo cual va a mejorar sus posibilidades...
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Concluyó su tiempo, señor Senador.
Dispone de un minuto más.
El señor TUMA.-
Gracias, señor Presidente.
Decía que va a mejorar sus posibilidades de recibir un bono calculado a partir de la fecha que acabo de indicar.
Por consiguiente, ¿por qué no podría concederse a todos quienes ganan el sueldo mínimo este reajuste a contar de julio del presente año?
Creo que los trabajadores pueden y deben recibir una remuneración que no solamente involucre ese incremento. Me inclino por que mejoremos sustantivamente la asignación familiar, porque da, con justicia, una cantidad de dinero a las familias más numerosas, y, además, es de cargo fiscal y no tiene efecto sobre las pymes.
Por lo tanto, señor Presidente, espero que en el futuro -ojalá el próximo año- llevemos a cabo una discusión para establecer una fórmula de reajuste que comprenda también un aumento significativo de la asignación familiar.
Voto favorablemente el proyecto.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, en este Senado hemos visto debates y debates, pero creo que el de hoy día va a ser recordado como uno de los más injustos que yo al menos, modestamente, he podido apreciar. Porque este no es un Gobierno que se inicia, sino uno que ya puede ser evaluado por sus resultados. Entonces, es posible opinar objetivamente si en materia económica Chile se encuentra mejor o peor de lo que estaba cuando comenzó su mandato, y no conozco a nadie que pueda afirmar de buena fe -¡de buena fe!- que nos hallamos peor que hace tres años.
Según las intervenciones que he oído -estaba en mi oficina trabajando- pareciera ser que nos encontramos en un momento de drama social y económico insólito y que hay una suerte de venganza contra el Ministro de Hacienda, casi por hacerlo bien...
El señor PROKURICA.-
¡Un ajusticiamiento!
El señor COLOMA.-
Yo no he visto nunca un ajusticiamiento -como bien dice mi colega- más impresionante que el que se comete ahora por parte de algunos parlamentarios que suelen ser algo más moderados. Porque, en vez de reconocer que se ha realizado un buen y responsable uso de las políticas públicas, prefieren dispararle al Ministro para que, ojalá, no quede ni siquiera el recuerdo de que alguna vez hubo un titular de Hacienda serio y responsable.
¡Y que conste que no siempre he estado de acuerdo con él!
En definitiva, conforme a esas intervenciones -no sé si hay alguna persona extranjera en las tribunas-, este país se aproximaría a una debacle, iría a la deriva o estaría en liquidación, en circunstancias de que, a mi juicio, nos encontramos en una situación completamente diferente.
¿Cómo se mide un Gobierno en materia económica? Por elementos objetivos.
Primero, el empleo: hoy día existe cerca de un millón de puestos de trabajo más que hace tres años; eso obedece al uso de las políticas públicas, entre ellas, la del salario mínimo.
Segundo, el crecimiento: Chile ahora crece de verdad, con mayúsculas, no con letra chica como ocurría antes. Y todos los que somos representantes, en especial del mundo regional, observamos que, mientras antiguamente se formaban "sindicatos de cesantes", en la actualidad, por fortuna, mucha gente tiene más de una alternativa de trabajo.
Y, tercero, las políticas sociales: proyectos de ley que en otra época eran emblemáticos (el posnatal, la reducción del 7 por ciento para las cotizaciones de los pensionados) hoy día son realidades.
Señores Senadores, ¿eso es casualidad -en una de esas, alguien me dice que el país se ganó el Loto-, o se debe a un manejo responsable de las finanzas públicas y a incentivos correctamente colocados?
Yo creo que obedece a lo último.
Entonces, yo quiero hacer una defensa formal del Ministro de Hacienda y del Gobierno, que han sido lo más parecido a basureados en algunas intervenciones, por el delito, entre comillas, de tener a Chile en una buena situación económica.
El ingreso mínimo que hoy día se nos presenta es el más alto de la década, porque se tomó una opción y existe capacidad, aunque, obviamente, hay una presión para que no aumente el desempleo.
Por ello, modestamente, pienso que el Senado debería felicitar al Ministro de Hacienda, no agarrarlo a patadas, pues la forma de enfrentar estas políticas públicas ha sido muy rescatable.
Asimismo, señor Presidente, deseo hacer una breve referencia a la admisibilidad de lo aprobado en la Cámara de Diputados, lo que ha sido planteado por algunos señores parlamentarios.
A mi juicio, lo que propone la otra rama legislativa es claramente inadmisible. Y pondré dos ejemplos.
De primar el criterio de la Cámara Baja, si las bancadas de enfrente fueran Gobierno -en el próximo período, el subsiguiente o más adelante; nadie lo sabe-, y yo como Senador dijera: "Tengo una mayoría, voy a hacer retroactivo este reajuste por seis meses" -admitamos que el 1º de julio es una fecha cualquiera; no hay ley sobre esto, podría ser por seis meses o un año-, imagínense la inseguridad que ello provocaría en el ámbito de la inversión.
Y una segunda argumentación: la retroactividad tiene efecto en el mundo privado.
Como no conocía este tema, hice la consulta -por eso me demoré en intervenir- acerca de cuánta gente usa el monto del ingreso mínimo para efectos de pagar los finiquitos en el sector privado. Y puedo decir que desde hace un mes y medio -es normal; hay gente que se cambia de trabajo-, se han cancelado 92 mil finiquitos -¡92 mil finiquitos!- sobre la base del valor del salario mínimo.
¿Cuál es la situación jurídica que se produce? O sea, hoy día o quedan sin efecto¿
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Concluyó su tiempo, señor Senador.
Tiene un minuto adicional.
El señor COLOMA.-
¿ o hay que reliquidar.
¿Qué ocurre con el mundo privado? Hemos visto que en el sector público el ingreso mínimo no surte gran efecto y en las grandes empresas, tampoco. Pero a las pequeñas y a las medianas les dicen: "No, señor, usted calculó mal los costos. Ahora debe hacerlo para atrás de otra manera".
El día que en Chile se instale la posibilidad de hacer eso significará que la seguridad jurídica vale cero. Porque cualquier mayoría parlamentaria circunstancial podrá generar una reliquidación de los costos de las pymes. Y, desde mi perspectiva, ello sería fatal.
En definitiva, apruebo el reajuste del ingreso mínimo. Y felicito al Gobierno y al Ministro de Hacienda, aunque sea una voz en el desierto (sin embargo, creo que hay muchos que lo piensan, pero no lo dicen). Y respecto de la retroactividad, a mi juicio, existe una situación de inadmisibilidad completamente clara.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, Honorable Senado, por supuesto, voy a concurrir con mi voto favorable a esta iniciativa.
Con motivo de este debate, han surgido una serie de temas que me gustaría dejar planteados en esta discusión.
Lo primero que quisiera destacar es que si hay algo que ha caracterizado a Chile en los últimos veinte o veinticinco años es que quienes han dirigido la Cartera de Hacienda han sido responsables. Eso diferencia a nuestro país del resto. Y me atrevería a señalar que ello es así particularmente en este período, en que se ha debido sortear una crisis internacional muy seria, muy profunda, pero donde Chile ha registrado crecimientos altos y generado empleo, a pesar de ese escenario internacional extremadamente delicado. Por lo tanto, debo resaltar también en el actual Ministro de Hacienda su manejo en materia económica.
No obstante, han surgido ciertos asuntos a los cuales me quiero referir.
Hace aproximadamente nueve días, en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos se efectuó una evaluación de la gestión financiera.
Y en ese punto deseo colocar la primera voz de alerta.
En lo personal, en el escenario futuro me preocupa profundamente la caída de ingresos.
De acuerdo con un informe que entregó la Dirección de Presupuestos, sobre todo caen de manera muy fuerte todos los ingresos tributarios.
Los provenientes de la minería privada disminuyen en 74 mil millones de pesos, y los del resto de los contribuyentes -excluyendo a los mineros- bajan en 334 mil millones de pesos.
Por su parte, los ingresos provenientes de CODELCO caen en 615 mil millones de pesos: hay una variación de 25,5 por ciento entre la proyección 2013 y la Ley de Presupuestos 2013, en tanto que el resto de los contribuyentes desciende en 1,5 por ciento y la minería privada en 6,7 por ciento.
Lo anterior nos plantea un escenario externo delicado.
La caída, particularmente de los ingresos mineros, que representan casi 700 mil millones del total de 788 mil millones de pesos de menores ingresos, evidentemente obedece al precio del cobre: 3,61 dólares en 2012 y 3,40 dólares en 2013. Hay una caída en los ingresos.
Resulta especialmente preocupante la situación de CODELCO. Sobre este tema deberíamos celebrar una sesión especial. Porque el problema no se debe solo a un aumento de costos. También hay dificultades en lo relativo a la concreción y financiamiento de los proyectos estructurales. Si CODELCO no los desarrolla, en el año 2017 la empresa estatal no va a entregar excedentes al Fisco. Es decir, podemos registrar una reducción de ingresos en materia de excedentes de alrededor de 4 mil millones de dólares.
Ese es un asunto que debemos abordar. Fue analizado en profundidad hoy en la mañana en la Comisión de Minería y Energía, donde existe bastante unanimidad. Pero -insisto- esto amerita celebrar una sesión especial, por el impacto fiscal que generará la situación de CODELCO en nuestro país.
Incluso en el escenario de quienes plantean una reforma tributaria, al final, si esta se implementa, será para cubrir un déficit y no para afrontar las expectativas que en este minuto se están desarrollando en la población.
Apruebo la idea de legislar. A la vez, afirmo que la indicación que se presentó en la Cámara de Diputados es claramente inconstitucional. Pero hago ver que no vamos a enfrentar un escenario fácil. En este sentido, debemos preocuparnos particularmente de los proyectos estructurales de CODELCO, por su impacto fiscal.
En consecuencia, lo expuesto amerita que como Senado tomemos mayor conciencia para por lo menos hacer frente a una realidad que, dados los escenarios, no es la más promisoria.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente, año a año discutimos en el seno de esta Corporación las iniciativas de reajuste del ingreso mínimo. Los argumentos son iguales, no se innova en ellos. No obstante, uno ha de estar conteste en que el salario mínimo que se fija para las trabajadoras y los trabajadores de Chile no es el que realmente satisface sus necesidades.
Prueba de lo que señalo es que el gran endeudamiento de la sociedad chilena con el retail y con el sistema financiero corresponde a los trabajadores y a las trabajadoras, quienes, al no poder satisfacer sus necesidades básicas con el ingreso mínimo que se establece, deben recurrir al crédito de las casas comerciales, del sistema financiero.
Tal sobreendeudamiento provoca graves deterioros en la convivencia de las familias y una serie de tropiezos judiciales, por la pérdida de los pocos bienes que han adquirido a través de estos créditos, debido a los embargos.
Estamos frente a un salario mínimo que es el fiel retrato de la desigualdad en la distribución de la riqueza existente en nuestro país. Somos un país cuyo ingreso per cápita asciende a los 20 mil dólares y, sin embargo, tenemos sueldos similares a los de naciones que ni siquiera se encuentran en vías de desarrollo, que son absolutamente subdesarrolladas.
Estos 210 mil pesos de ingreso mínimo -voy a apoyar la iniciativa- también son el fiel retrato de la concentración que tiene el Estado de Chile, en el sentido de que fija un salario mínimo para el país en su globalidad.
Desde tal perspectiva, a todos los Ministros del Trabajo les he presentado una propuesta de sueldos mínimos regionalizados, por macrozonas. Porque la situación de las zonas extremas, de Aysén y de Magallanes, no es la misma que la del centro del país. Los 210 mil pesos no satisfacen las necesidades de igual manera en las regiones en comparación con la zona central. Por eso, la gran aspiración de las trabajadoras y los trabajadores de Magallanes es que el ingreso mínimo de su región no sea inferior a 350 mil pesos. Si una canasta básica en 1996 era de 189 mil pesos, imaginémonos ahora el valor de ella, que está sobre los 250 mil pesos.
Sin embargo, ha habido oídos sordos de parte de todos los Gobiernos a la petición de regionalizar el salario mínimo. Sabido es que las regiones no son iguales en todo el país: las del extremo norte difieren con las del extremo sur. Y por eso me parece de toda lógica hablar de salarios regionalizados para diversas macrozonas del país, partiendo en Arica y terminando en Magallanes.
También quiero señalar que el hecho de que los mayores de 65 años reciban un salario mínimo de 123 mil 176 pesos hace inviable la propuesta de quienes sostienen que debiera aumentarse la edad para jubilar, porque con ese monto no van a mejorar su cuenta de capitalización individual.
Por último, señor Presidente, deseo sumarme a la petición que han formulado los Senadores de la Región de Aysén -especialmente el Honorable señor Horvath- en orden a que el Ministerio de Hacienda nos informe cuál ha sido el comportamiento de la bonificación a la mano de obra en las zonas extremas, como Magallanes.
Voto a favor.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.-
Señor Presidente, todos los años sostenemos la misma discusión sobre la importancia del reajuste al monto del ingreso mínimo mensual, la cual, sin lugar a dudas -y hay datos que han dado los distintos colegas que han intervenido-, resulta relevante no solo por el salario mínimo en sí. Puedo señalar que al menos para la circunscripción que represento significa un debate importante. Por ejemplo, a la provincia de Linares se la conoce como "la ciudad del salario mínimo", dado que el monto de las remuneraciones en esa ciudad es muy cercano al ingreso mínimo.
Por lo tanto, lo que hagamos o dejemos de hacer en este Parlamento obviamente que incide en la vida de muchas personas. Da lo mismo cuántas sean. Para numerosa gente es significativa la cifra que se estipule.
Pero el monto del salario mínimo no solo es importante para efectos de la remuneración de las personas, como ha manifestado el Senador Coloma (aunque por su intervención no sé qué estaba oyendo desde su oficina; me provocó alguna duda lo que habría escuchado que se estaba sosteniendo en la Sala), sino también para fines no remuneracionales, para muchos aspectos y parámetros en nuestra vida.
El año pasado, el Gobierno no quiso escuchar. Y creo que esa es la crítica que se ha expresado en esta Sala, y no películas de terror ni reparos injustificados. A mi juicio, hay muchos reconocimientos, señor Ministro -por su intermedio, señor Presidente-, que podríamos hacerle el día de hoy. Pero en este punto las críticas apuntan fundamentalmente al hecho de no haber querido escuchar. Se pidió que se aumentara el monto del salario mínimo. Lo solicitó el propio Presidente del partido del Primer Mandatario. Se habló de una cifra que superaba los 200 mil pesos. Y llegamos a un guarismo mayor al esbozado en ese minuto por el Gobierno, pero que no semejaba el que todos queríamos y esperábamos.
Ahora, el incremento que discutimos claramente es mayor al que se había señalado en su origen. Llegamos a los 210 mil pesos, que era un monto que se había solicitado en este Parlamento. Y nos demoramos varios meses en arribar a esta cifra.
Entonces, quienes nos ven y escuchan fuera del Congreso, en las casas de tantas familias, no nos entienden. Porque ese monto había sido pedido por muchos de los colegas que hoy han hablado en el Senado.
Y nos demoramos varios meses en alcanzarlo.
Por cierto, eso contrasta con la rapidez con que aprobamos otras iniciativas. Y en la que nos ocupa, obviamente relevante, nos hemos tardado más de lo adecuado.
Tenemos, sin lugar a dudas, una gran deuda con los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.
Las consideraciones para fijar el salario mínimo no pueden ser puramente económicas, sino que también han de atenderse cuestiones culturales, políticas, éticas. Y un factor que han esbozado algunos colegas, vinculado con el territorio, debiera estar presente en nuestro debate.
Tenemos que buscar una fórmula más moderna para poder establecer este parámetro. Es preciso seguir avanzando en la materia de que se trata y asegurar sueldos dignos para lograr equidad en nuestro país.
Monseñor Goic, hace ya varios años, planteó la necesidad de un ingreso ético que debía llegar a los 250 mil pesos mensuales.
El ingreso mínimo actual solo cubre el 60 por ciento del valor de la línea de la pobreza en una familia de cuatro miembros.
Al 55 por ciento de los trabajadores no calificados informales y al 40 por ciento de los no calificados formales no les alcanza con su salario para sus gastos básicos y regulares, según datos de la Encuesta de Salud y Trabajo. Esto significa que gran parte de los hogares de nuestro país no cubre con su ingreso mínimo aquellas cosas básicas para tener una vida digna. Son más de 600 mil familias que, obviamente, están pendientes de lo que hoy día discutimos.
Según las estadísticas entregadas por el INE, el desempleo en el trimestre abril-junio alcanzó 6,17 por ciento...
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Ha concluido su tiempo, señora Senadora.
Se le concederá un minuto adicional.
La señora RINCÓN.-
Muchas gracias.
Sin lugar a dudas, la cifra del salario mínimo que ahora se discute va a incidir en las familias de nuestro país. Considero que tenemos que ver cómo modernizamos la fijación de tal parámetro, cómo lo hacemos no anualmente sino que en un período mayor y cómo abordamos, de una vez por todas, el monto de las asignaciones familiares, que claramente incide en las familias numerosas.
Por eso, señor Presidente, concurro con mi voto a favor, y hago un llamado para que reflexionemos, no en esta fecha sino con antelación, a los efectos de transformar este parámetro en forma decidida.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, he sido aludido en varias ocasiones.
Solo quiero, en primer lugar, agradecer las alusiones que han sido cariñosas, y asimismo responder algunas de las que no lo han sido tanto.
Y terminaré con una propuesta que espero que ayude a destrabar esta discusión, porque estimo que existe una alternativa que podría significar un avance en algo que se ha planteado.
En cuanto a por qué nos hemos atrasado en la discusión de este proyecto, debo decir que pedí un informe, que abarca desde el año 90, acerca de los tiempos de tramitación del salario mínimo.
Durante los gobiernos de la Concertación, el período máximo de tramitación fue de dos semanas.
En nuestro caso, en el año 2013, solo el primer proyecto demoró 50 días y terminó con veto presidencial. Y, en forma inédita, este fue rechazado.
Entonces, uno podría decir que el retraso en la discusión del salario mínimo se debe al rechazo de la propuesta de 205 mil pesos que se hizo en marzo recién pasado.
Ahora, alguien podrá contestar y decirme que los 205 mil pesos no eran suficientes. Pero pregunto, ¿en relación a qué? En marzo, dicha cifra significaba un 6,2 por ciento de incremento, que daba alrededor de 5 por ciento real, lo que era más del doble de lo entregado en el Gobierno anterior.
Por ende, tampoco uno puede, bajo el criterio de la mezquindad del reajuste, alegar que había un rechazo de lo que estábamos planteando.
Y ahora paso a considerar algunos de los aspectos que se han dado a conocer acá en forma positiva.
En términos de asignaciones familiares estuvimos disponibles para avanzar al respecto. De hecho, hicimos una propuesta -significó el último retraso en el proyecto del salario mínimo- a fin de progresar en la tramitación. Y demostramos que era mejor para un hogar de 4 integrantes, con 3 cargas familiares, un salario mínimo de 207 mil con 10 mil pesos de asignación familiar, porque eso significa 5 mil pesos más, aproximadamente, de lo que se ofrece hoy día, con un 8,8 por ciento de reajuste. El incremento era casi de 30 por ciento en la asignación familiar.
Esto tampoco prosperó, señor Presidente.
Por lo tanto, en verdad, no nos hemos quedado por falta de diálogo, de interés por explorar soluciones como la que formuló el Senador Zaldívar. Reconocemos que él planteó una asignación familiar de 15 mil en vez de 10 mil pesos; no obstante, nosotros estábamos dispuestos a aumentarla casi en 30 por ciento.
Eso no progresó.
En segundo lugar, respecto de los reajustes plurianuales, nos hallamos disponibles para debatir el asunto. Y cuento con un borrador de un proyecto de ley sobre el particular. O sea, no tengo problema alguno en discutirlo, aunque la normativa no se aplique durante este Gobierno. Porque, con franqueza, me interesaría legarle a la próxima Administración -cualquiera que sea, de un color u otro- un mecanismo más expedito, más racional para debatir el salario mínimo, mediante el cual no se entrampe la discusión, especialmente en los períodos de elecciones.
Así es que también comparto ese criterio.
En tercer término, se habla de que alrededor de 1.800 millones de pesos nos separan de una solución.
Pero el problema no es ese. Y si lo fuera estaría resuelto. Ofrezco desde ya establecer efecto retroactivo al proyecto de ley en la parte en que el Estado lo puede hacer: las asignaciones familiares y el subsidio único familiar. Eso no tiene un problema constitucional. Podemos efectuar ese reajuste a partir del 1° de julio. Dejo planteada esa propuesta.
Espero que eso contribuya a destrabar la discusión en el sentido de reconocer la inadmisibilidad y de que se pueda partir con las asignaciones y el subsidio el 1° de julio.
¿Cuál es el problema de establecer el salario mínimo a contar de esa fecha? La retroactividad, porque ella iría, desde el punto de vista constitucional y de acuerdo a un informe en derecho que tengo a mano, contra lo preceptuado en el artículo 19, N° 24°, de la Carta, que consagra el derecho de propiedad "sobre toda clase de bienes corporales o incorporales".
Un contrato laboral es un bien incorporal. Por lo tanto, existe un problema: los contratos que surtieron efecto -las prestaciones se hicieron y los salarios se pagaron- ya caducaron.
Por consiguiente, para destrabar la discusión, reitero mi propuesta, que significa un mayor costo del orden de 1.500 a 1.800 millones de pesos.
Sin embargo, no radica ahí la dificultad que estamos enfrentando.
Seamos claros: en el sector público nosotros tenemos que responder por sus funcionarios, y en el privado, debemos respetar los contratos que se suscriben. En el caso de los empleados públicos, ninguno gana menos de 250 mil pesos, por ende, el problema no existe allí, sino en los contratos privados que ya se perfeccionaron, cuyas prestaciones se realizaron y los salarios se pagaron.
En consecuencia, estaríamos afectando -lo plantearon los Senadores Coloma, García-Huidobro, y otros- a terceros, lo cual dificulta la posición de hacer algo en términos retroactivos.
Tengo también¿
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Dispone de un minuto más, señor Ministro.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).-
Tengo en mi poder también algunos fallos del Tribunal Constitucional que van en la misma dirección.
En tal virtud, señor Presidente, si lo que señalé anteriormente fuera el problema, estoy dispuesto a avanzar en la retroactividad del pago de las asignaciones familiares y el subsidio único familiar al 1° de julio.
Gracias.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (31 votos favorables).
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker, (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
En este momento han llegado a la Mesa dos asuntos:
Permiso constitucional
Solicitud del Senador señor Navarro para ausentarse del territorio nacional a contar del 11 de agosto de 2013.
--Se accede.
Informe
Primer informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y nuevo primer informe de las Comisiones de Hacienda y de Transportes y Telecomunicaciones, unidas, recaídos en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.378, que crea un subsidio nacional al transporte público remunerado de pasajeros, incrementando los recursos del subsidio y creando el fondo de apoyo regional (FAR) (boletín N°8.289-15) (con urgencia calificada de "suma").
--Queda para tabla.
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
El Comité Demócrata Cristiano ha pedido suspender la sesión para efectuar una reunión de Comités.
Se suspende la sesión por 10 minutos.
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--Se suspendió a las 19:11.
--Se reanudó a las 19:38.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Continúa la sesión.
Se suspende la sesión por 15 minutos.
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--Se suspendió a las 19:38.
--Se reanudó a las 19:49¿ (FIN DE TURNO)
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Continúa la sesión.
Entiendo que el Vicepresidente del Senado, Honorable señor Gómez, suspendió la sesión para tener un cuarto intermedio al objeto de aproximarse a un acuerdo y ver la forma de seguir adelante con la tramitación de este proyecto. Y, al parecer, eso fue posible.
Le daré la palabra en primer lugar al señor Ministro de Hacienda.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Si el señor Ministro no tiene inconveniente, antes le otorgaré la palabra al Senador señor Zaldívar.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).-
No hay problema.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, hemos estado hablando con el señor Ministro con el propósito de destrabar el problema, sobre todo para evitar un daño mayor a quienes perciben el salario mínimo. Ello, porque cualquier salida que significara operar con las mayorías nos conduciría seguramente al Tribunal Constitucional, lo que entrabaría aún más lo concerniente a la vigencia.
Planteamos la idea de declarar inadmisible la disposición pertinente y, por tanto, llevar el punto a Comisión Mixta, de acuerdo al artículo 15 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, según la interpretación que aquí se dio (yo tenía reparos; sin embargo, la acepto).
El señor Ministro, además de explicar que la asignación familiar y el subsidio familiar se pagarán a contar del 1° de julio, quedó en hacernos una presentación para elevar el monto de la asignación familiar del primer tramo por sobre el 8,8 por ciento; ello significaría aumentar los 8 mil y tantos pesos en alrededor de 200 pesos por carga.
Aquello, en todo caso, no corresponde a lo que pedimos. Nosotros solicitamos -y seguiremos insistiendo en ello- una asignación familiar más elevada.
Por cierto, nos parece correcto otorgar tal beneficio al primer tramo, pues ahí se concentra la mayor cantidad de personas que perciben el salario mínimo de hasta 220 mil 354 pesos.
Si se sometiera el punto a votación ahora y el referido artículo se aplicara en la parte pertinente, la iniciativa debería ser vista por una Comisión Mixta. Y usted, señor Presidente, podría dejarla citada para el próximo martes, pues la Cámara Baja ya habrá designado a los señores Diputados que la integrarán.
Ese es, en principio, el acuerdo que nos plantearon. Y es lo más que pudimos obtener.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Corresponde el uso de la palabra al señor Ministro.
El señor LARRAÍN.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).-
¿Su Señoría desea intervenir antes que el señor Ministro?
El señor LARRAÍN.-
Sí.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, el señor Ministro de Hacienda se reunió también con los Senadores de la Alianza para analizar el escenario que se ha planteado.
Nosotros creemos que en la fórmula que se está conversando se juntan dos objetivos razonables.
Uno, se reconoce la inadmisibilidad, lo que es importante para los efectos del precedente en el sentido de no generar cambios en la forma como se resuelven ciertas materias. Porque hay que pensar que la vida continúa.
Y dos, constituye una buena solución la fórmula de que las asignaciones familiares y el SUF se paguen a partir del 1° julio -es decir, con efecto retroactivo- y de que, adicionalmente, el tramo de los sectores más humildes -entiendo que corresponde a alrededor de 10 por ciento de quienes reciben asignación familiar- se aumente de manera tal que implique un beneficio mejor.
En consecuencia -y creo representar a los Senadores de la Alianza-, estamos de acuerdo con aquella fórmula, que espero sea refrendada por el señor Ministro.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, efectivamente, me reuní en forma separada tanto con representantes de los Senadores de la Oposición cuanto con representantes de las bancadas de la coalición de Gobierno.
Estudiamos la situación. Y me alegra que la propuesta que formulé hace poco tiempo en esta misma Sala haya contribuido a generar un acuerdo. Ella apuntaba a establecer el mejoramiento de las asignaciones familiares y del subsidio único familiar con efecto retroactivo, a partir del 1° de julio. Y la formulé con gusto, pese a que eso significa un mayor desembolso de recursos públicos; pero creo que están bien empleados.
Posteriormente, ha habido durante harto tiempo -es bastante conocido, porque se ha actuado públicamente- peticiones de Senadores tanto de la Concertación cuanto de la coalición de Gobierno en el sentido de mejorar las asignaciones familiares.
Eso es algo que desde el Ejecutivo miramos con buenos ojos, dentro del marco de posibilidades de seguir mejorando las asignaciones familiares, y especialmente, en este caso, las del primer tramo, que es aquel donde probablemente se concentra la mayor cantidad de gente que recibe el salario mínimo. ¿Por qué? Porque son personas con ingresos inferiores, después del reajuste, a 220 mil pesos.
Por tanto, estamos en condiciones de tomar el compromiso de presentar en la Comisión Mixta una propuesta que contemple esos dos elementos, es decir, la retroactividad en las asignaciones y el subsidio único familiar, y un mejoramiento en el primer tramo, de una magnitud relevante, en torno a lo que se ha planteado en la discusión.
Gracias.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
"Relevante". ¡Hay que subrayarlo!
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).-
Repito: en torno a lo que se ha planteado aquí.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Entonces, para tener claridad e informar después a la Cámara de Diputados, cabe consignar que, por acuerdo de la Sala, se declarará inadmisible el artículo 1° del texto que hizo llegar dicha Corporación, donde se establece la retroactividad del reajuste al 1° de julio.
Si ello es así, los otros artículos han de ser objeto de la misma declaración, por encontrarse relacionados.
De ese modo, todo se someterá al informe de la Comisión Mixta.
El acuerdo significa, entonces, en la práctica, de conformidad con la indicación presentada por el señor Ministro, que la idea es que el reajuste rija desde el primer día del mes de publicación de la ley.
Eso tiene que formar parte del compromiso.
Y supongo que el Senado y la Cámara se comprometen a que la publicación se verifique durante el mes en curso. Si no, se correría el riesgo de que si se pasa a septiembre, la vigencia sería a partir del 1° de ese mes y no del 1° de agosto.
La retroactividad sería a contar del 1° de julio con relación a las asignaciones.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, es preciso que se diga que se trata del 1° de agosto, para evitar discusiones. Cuando se elabore la disposición en la Comisión Mixta, el texto tiene que expresarlo, a fin de que no se afirme después que existe un problema de constitucionalidad por la retroactividad a esa fecha, en relación con el 15 del mismo mes, por ejemplo.
El señor PIZARRO (Presidente).-
No creo que haya dificultad, señor Ministro, en especificar ese punto.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, si el proyecto pasa a Comisión Mixta y estamos listos el martes próximo, no habrá ningún inconveniente en publicar el cuerpo legal en el mes en curso. Es casi lo mismo decir 1° de agosto o primer día del mes de publicación de la ley, porque ello coincidirá de todas maneras.
El señor LARRAÍN.-
Puede precisarlo la Comisión Mixta.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Sobre la base de la explicación del señor Ministro, determinemos que la fecha es el 1° de agosto. Me parece que es lo más lógico.
Si no hay objeciones, así se hará.
Acordado.
A continuación se definirá lo relativo a la inadmisibilidad.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La Secretaría entiende que la inadmisibilidad es por aplicación del artículo 15 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Por lo tanto, es necesario designar a los representantes del Senado en la Comisión Mixta.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Serán los miembros de la Comisión de Hacienda.
¿Habría acuerdo para declarar la inadmisibilidad?
--Se declaran inadmisibles el artículo 1° y las disposiciones relacionadas.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Deseo dar a conocer que están pareados los Senadores señores Ignacio Walker y Carlos Larraín, Pérez Varela y Quintana, Girardi y Cantero, Gómez y Coloma.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminado el Orden del Día.
SOLICITUD A CUBA DE NUEVAS INVESTIGACIONES SOBRE MUERTE DE SEÑOR OSWALDO PAYÁ SARDINAS.
PROYECTO DE ACUERDO
El señor PIZARRO (Presidente).-
Proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señor Walker (don Patricio), señora Alvear y señores Chahuán, Larraín (don Hernán) y Sabag, para pedir a Su Excelencia el Presidente de la República que se soliciten al Gobierno de la República de Cuba nuevas investigaciones sobre la muerte del señor Oswaldo Payá Sardinas.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1595-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 46ª, en 7 de agosto de 2013.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El texto está dirigido al Primer Mandatario para pedirle que instruya al señor Ministro de Relaciones Exteriores con miras a la finalidad expresada.
El señor PIZARRO (Presidente).-
En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (19 votos contra uno y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, Chahuán, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Orpis, Pizarro, Prokurica, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votó por la negativa el señor Navarro.
No votó, por estar pareado, el señor Gómez.
MEDIDAS POR IRREGULARIDADES FUNCIONARIAS EN SERVICIO NACIONAL DE MENORES. PROYECTO DE ACUERDO
El señor PIZARRO (Presidente).-
Proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señoras Rincón, Allende y Alvear y señores Escalona, Frei, Lagos, Navarro, Muñoz Aburto, Rossi, Tuma y Zaldívar, para solicitar al Contralor General de la República la adopción de medidas frente a graves irregularidades en deberes funcionarios ocurridas en el Servicio Nacional de Menores.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1594-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 46ª, en 7 de agosto de 2013.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La situación que se menciona atañe a la administración de los centros de atención de menores y los procesos de adopción.
El señor PIZARRO (Presidente).-
En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (14 votos a favor y un pareo).
Votaron las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Bianchi, Frei (don Eduardo), Horvath, Larraín (don Hernán), Letelier, Navarro, Pizarro, Prokurica, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
No votó, por estar pareado, el señor Gómez.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de darse curso a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
--Los oficios cuyo envió se anunció son los siguientes:
Del señor BIANCHI:
Al señor Ministro de Defensa Nacional, solicitándole INVESTIGACIÓN SUMARIA Y EXAMEN MÉDICO EN SITUACIÓN DE SEÑOR SEGUNDO QUINTULLANCA ÁLVAREZ, PUNTA ARENAS; y al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, pidiéndole INDICACIÓN EN MODIFICACIÓN DE LEY N° 20.378, PARA FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS DE TRANSPORTE ESCOLAR EN COMUNAS RURALES, así como también INDICACIÓN PARA INCORPORACIÓN DE PROYECTO "CHILE POR CHILE" EN FONDO DE APOYO REGIONAL.
)-------------(
--Se levantó la sesión a las 20:2.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción