REPÚBLICA DE CHILE

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

PUBLICACIÓN OFICIAL

LEGISLATURA 361ª

Sesión 42ª, en martes 30 de julio de 2013

Ordinaria

(De 16:14 a 19:28)

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES JORGE PIZARRO SOTO, PRESIDENTE,

Y GUIDO GIRARDI LAVÍN, PRESIDENTE ACCIDENTAL

SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR

____________________

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

I. ASISTENCIA

Asistieron los señores:

--Allende Bussi, Isabel

--Alvear Valenzuela, Soledad

--Bianchi Chelech, Carlos

--Cantero Ojeda, Carlos

--Chahuán Chahuán, Francisco

--Coloma Correa, Juan Antonio

--Escalona Medina, Camilo

--Espina Otero, Alberto

--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo

--García Ruminot, José

--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro

--Girardi Lavín, Guido

--Gómez Urrutia, José Antonio

--Horvath Kiss, Antonio

--Kuschel Silva, Carlos

--Lagos Weber, Ricardo

--Larraín Fernández, Hernán

--Larraín Peña, Carlos

--Letelier Morel, Juan Pablo

--Muñoz Aburto, Pedro

--Novoa Vásquez, Jovino

--Orpis Bouchón, Jaime

--Pérez San Martín, Lily

--Pérez Varela, Víctor

--Pizarro Soto, Jorge

--Prokurica Prokurica, Baldo

--Quintana Leal, Jaime

--Rincón González, Ximena

--Rossi Ciocca, Fulvio

--Sabag Castillo, Hosaín

--Tuma Zedan, Eugenio

--Uriarte Herrera, Gonzalo

--Von Baer Jahn, Ena

--Walker Prieto, Ignacio

--Walker Prieto, Patricio

--Zaldívar Larraín, Andrés

Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau; de Educación, señora Carolina Schmidt Zaldívar, y de Vivienda y Urbanismo, señor Rodrigo Pérez Mackenna. Asimismo, estuvieron presentes el Subsecretario de Economía, señor Tomás Flores Jaña, y el asesor legislativo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señor José Ramón Ugarte Gurruchaga.

Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.

II. APERTURA DE LA SESIÓN

--Se abrió la sesión a las 16:14, en presencia de 13 señores Senadores.

El señor PIZARRO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.

III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor PIZARRO (Presidente).- Las actas de las sesiones 40ª y 41ª, ordinarias, en 10 y 17 de julio del presente año, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.

IV. CUENTA

El señor PIZARRO (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:

Mensajes

Seis de Su Excelencia el Presidente de la República:

Con el primero da inicio a un proyecto que modifica la ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, para establecer la medida de control preventivo de identidad (boletín N° 9.036-07).

--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Con el segundo solicita el desarchivo del proyecto de acuerdo que aprueba la "Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales", adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su Decimosexta Reunión, celebrada en París el 12 de noviembre de 1970 (boletín N° 364-10).

--Se accede a lo solicitado y queda para tabla.

Con el tercero retira la urgencia a los siguientes proyectos de ley:

1.- El que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y leyes complementarias, para establecer un sistema de aportes al espacio público aplicable a los proyectos de construcción (boletín N° 8.493-14).

2.- El que permite ampliar plazo para que las concesionarias de radiodifusión de mínima cobertura puedan acogerse a la ley N° 20.433, que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana (boletín N° 8.817-15).

--Se tienen presentes los retiros y se manda agregar el documento a sus antecedentes.

Con el siguiente retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto de ley que crea el Ministerio del Deporte (boletín Nº 8.085-29).

Con el quinto retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", respecto de los siguientes asuntos:

1.- Proyecto sobre fomento forestal, que modifica y extiende los incentivos a la forestación establecidos en el decreto ley N° 701 (boletín N° 8.603-01).

2.- Proyecto de ley que establece un sistema de financiamiento para la educación superior (boletín Nº 8.369-04).

3.- Proyecto de ley que adapta normas laborales al ámbito del turismo (boletín Nº 8.770-23).

4.- Proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de Acreditación e instaura un nuevo sistema de acreditación de las instituciones de educación superior (boletín Nº 8.774-04).

5.- Proyecto de ley relativo a autorización de funcionamiento de jardines infantiles (boletín Nº 8.859-04).

6.- Proyecto de ley sobre administración de fondos de terceros y carteras individuales, y derogación de cuerpos legales que indica (boletín Nº 7.966-05).

7.- Proyecto que modifica la Ley Orgánica de Tribunales Tributarios y Aduaneros en materia de plantas (boletín Nº 8.662-05).

8.- Proyecto de ley que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y la Agencia Nacional de Protección Civil (boletín N° 7.550-06).

9.- Proyecto de ley sobre probidad en la función pública (boletín Nº 7.616-06).

10.- Proyecto que enmienda la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, a fin de limitar la prohibición de ingreso a la Administración Pública (boletín N° 8.520-06).

11.- Proyecto de ley respecto de comunicación de órdenes de apremio en juicios de alimentos (boletín N° 7.765-07).

12.- Proyecto de ley que autoriza la publicación en medios electrónicos de actos que deban ser publicados en periódicos de circulación nacional, regional o local (boletín Nº 8.314-07).

13.- Proyecto de reforma constitucional que dispone la obligatoriedad del segundo nivel de transición y establece un sistema de financiamiento gratuito desde el nivel medio mayor (boletín Nº 8.997-07).

14.- Proyecto de ley sobre procedimiento para otorgar concesiones eléctricas (boletín N° 8.270-08).

15.- Proyecto de ley que modifica el Código Sanitario en materia de regulación referente a farmacias (boletines Nos. 6.523-11, 6.037-11, 6.331-11 y 6.858-11, refundidos).

16.- Proyecto de ley que crea los hospitales clínicos que indica en la Región Metropolitana (boletín Nº 8.618-11).

17.- Proyecto de ley que instaura la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, fortalece el rol de la Superintendencia de Seguridad Social y actualiza sus atribuciones y funciones (boletín N° 7.829-13).

18.- Proyecto de ley que modifica la jornada, el descanso y la composición de la remuneración de los trabajadores de casa particular, y prohíbe el uso de uniformes a trabajadoras de casa particular (boletines Nos. 8.292-13, 7.807-13 y 7.675-13, refundidos).

19.- Proyecto que modifica los artículos 88 y 89 de la ley N° 20.255, en relación con el régimen del seguro social contra riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales aplicable a los afiliados independientes y voluntarios del nuevo sistema de pensiones (boletín Nº 8.936-13).

20.- Proyecto de ley que crea y regula los registros nacionales de inspectores técnicos de obra (ITO) y de revisores de proyectos de cálculo estructural, junto con modificar normas legales para garantizar la calidad de construcciones y agilizar las solicitudes ante las direcciones de obras municipales (boletín Nº 8.139-14).

21.- Proyecto de ley que permite la introducción de la televisión digital terrestre (boletín N° 6.190-19).

22.- Proyecto que enmienda la ley N° 20.378, que instituye un subsidio nacional al transporte público remunerado de pasajeros, con el objeto de incrementar los recursos de ese subsidio y crear el Fondo de Apoyo Regional (FAR) (boletín N° 8.289-15).

Además, hace presente la urgencia, en el mismo carácter de "suma", para la tramitación de las siguientes iniciativas:

1.- Proyecto que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, con el fin de promover la interconexión de sistemas eléctricos independientes (boletín N° 9.022-08).

2.- Proyecto de ley que establece penas para la fabricación, tenencia, transporte, comercialización y utilización del "hilo curado" (boletín Nº 8.579-25).

3.- Proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otras leyes complementarias, para instituir un sistema de aportes al espacio público aplicable a los proyectos de construcción (boletín N° 8.493-14).

Con el último retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", respecto de los siguientes asuntos:

1.- Proyecto de ley que autoriza el levantamiento del secreto bancario en investigaciones de lavado de activos (boletín N° 4.426-07).

2.- Proyecto de ley sobre medidas de seguridad en pasarelas, pasos sobre nivel y puentes que cruzan carreteras (boletín N° 8.201-09).

3.- Proyecto que modifica la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares (boletín Nº 8.329-15).

--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.

Oficios

Cuatro de la Honorable Cámara de Diputados:

Con el primero expone que rechazó el proyecto de ley que regula la actualización de los padrones electorales (boletín N° 8.972-06) e informa la nómina de los Honorables señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que ha de formarse conforme al artículo 70 de la Constitución Política de la República.

--Se toma conocimiento y se designa a los señores Senadores de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización para integrar la referida Comisión Mixta.

Con los tres siguientes manifiesta que ha dado su aprobación a las siguientes iniciativas:

1.- Proyecto de ley relativo a autorización de funcionamiento de jardines infantiles (boletín Nº 8.859-04) (con urgencia calificada de "suma").

--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y a la de Hacienda, en su caso.

2.- Proyecto de reforma constitucional que dispone la obligatoriedad del segundo nivel de transición y establece un sistema de financiamiento gratuito desde el nivel medio mayor (boletín Nº 8.997-07) (con urgencia calificada de "suma").

--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

3.- Proyecto de ley que introduce modificaciones a la legislación tributaria en materia de factura electrónica y que dispone otras medidas que indica (boletín Nº 8.874-05).

--Pasa a la Comisión de Hacienda.

Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:

Remite copia de las resoluciones recaídas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las siguientes disposiciones:

1.- Artículos 292, inciso final, y 492, inciso segundo, del Código del Trabajo.

2.- Artículo 19 de la ley N° 18.410, que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

--Se toma conocimiento y se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Del señor Contralor General de la República:

Absuelve consulta, formulada en nombre de la Senadora señora Rincón, relativa a la procedencia de cursar invitación a todos los parlamentarios de una zona con ocasión de las actividades que realice una autoridad de Estado en ejercicio de funciones públicas.

Del señor Ministro de Defensa Nacional:

Contesta consulta, enviada en nombre del Senador señor Escalona, con la adhesión del Senador señor Uriarte, respecto de la posibilidad de legislar para otorgar títulos de dominio a los habitantes de las viviendas conocidas como "palafitos", ubicadas en el borde costero de la provincia de Chiloé.

De la señora Ministra de Educación:

Responde petición, cursada en nombre del Senador señor Escalona, sobre asignación de recursos presupuestarios del Programa de Infraestructuras de la Cartera de Educación para reponer la escuela municipal de Compu, comuna de Quellón.

Adjunta oficio de la División de Planificación y Presupuesto de esa Secretaría de Estado, relativo al cumplimiento de la obligación contenida en la glosa número 14 de la Partida 09, Programa 01, Capítulo 01, de la ley N° 20.646; materia consultada en nombre de los Senadores señores Chahuán y Larraín Fernández.

Remite información, solicitada en nombre del Senador señor Navarro, respecto de las inversiones realizadas por el Ministerio de Educación en Dichato, comuna de Tomé, durante los años 2010 a 2012.

De la señora Ministra de Justicia:

Contesta acuerdo del Senado, adoptado a proposición de los Senadores señor Prokurica, señora Alvear y señores García, Horvath, Kuschel, Letelier, Orpis, Sabag, Patricio Walker y Andrés Zaldívar, tocante a legislar para conferirle autonomía al Servicio Médico Legal y dotarlo de presupuesto y planta adecuados a la naturaleza de sus funciones (boletín Nº S 1.567-12).

De la señora Ministra de Obras Públicas:

Remite sendos informes del señor Coordinador de Concesiones de Obras Públicas, para atender las siguientes peticiones de antecedentes:

1.- La cursada en nombre de la Senadora señora Alvear, sobre materias concernientes a expropiación de faja de terreno en la comuna de La Reina con el objeto de desviar el trazado de la futura autopista Vespucio Oriente.

2.- La requerida en nombre del Senador señor Navarro, referida a los requisitos para modificar la estructuración vial de la Ruta del Itata a fin de facilitar el ingreso al Centro de Manejo de Residuos, ubicado en Penco, de los vehículos de recolección de residuos domiciliarios en la provincia de Concepción.

Adjunta informe del señor Director Nacional de Obras Hidráulicas (TP), que atiende consulta enviada en nombre del Senador señor Kuschel, sobre factibilidad de un proyecto de evacuación de aguas lluvias desde el sector del Liceo de Carelmapu y poblaciones adyacentes, en la comuna de Maullín.

Informa que la consulta, realizada en nombre de los Senadores señores Kuschel y Prokurica, relativa a la necesidad de coordinar los diseños y pavimentaciones de accesos a puertos con las administraciones portuarias, fue remitida al Ministerio de Vivienda y Urbanismo por ser el órgano encargado de esa clase de coordinaciones.

Del señor Ministro de Salud:

Da respuesta a solicitud de información, enviada en nombre de la Senadora señora Allende, sobre el proceso de construcción y normalización del hospital regional San José del Carmen, de Copiapó.

Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo:

Atiende consulta, formulada en nombre del Senador señor Navarro, atinente a la calificación como área urbana de la localidad de Coliumo, en la Región del Biobío.

Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones:

Responde petición de antecedentes, hecha en nombre de la Senadora señora Allende, concerniente a dependencia institucional de los telecentros comunitarios del programa "Quiero mi Barrio" y de sus condiciones presupuestarias y de funcionamiento.

Del señor Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes:

Contesta acuerdo del Senado, adoptado a proposición de los Senadores señora Pérez San Martín y señores Chahuán, Gómez, Horvath, Lagos, Navarro e Ignacio Walker, relativo a la adopción de medidas especiales que permitan la continuidad de la Orquesta Marga Marga (boletín Nº S 1.539-12).

Del señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo:

Atiende solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor Navarro, en materia de estudios o informes relativos a la posibilidad de que la provincia de Ñuble pueda llegar a ser una región.

Del señor Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras:

Contesta petición de antecedentes, remitida en nombre del Senador señor Muñoz Aburto, referente a la legalidad de los cobros por "avances en efectivo" que realizan los emisores de tarjetas de crédito y a la forma de obtención de las bases de datos que utilizan las instituciones sometidas a esa entidad de control para realizar campañas de promoción.

De la señora Directora de Presupuestos:

Informa que ese servicio dispuso en la formulación presupuestaria 2014, en el marco de gasto autorizado, el estudio de la asignación de recursos adicionales para solventar el traslado del Tribunal Electoral Regional de Aysén; materia consultada en nombre del Senador señor Horvath.

De la señora Directora Jurídica (s) del Consejo para la Transparencia:

Remite copia de la declaración de inadmisibilidad de la reclamación de amparo al derecho de acceso a la información interpuesta en contra del Senado, por no ser asunto de competencia de ese Consejo.

Del señor Secretario General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas:

Responde petición, formulada en nombre del Senador señor Horvath, para modificar el reglamento de la beca de alimentación en lo tocante a la pérdida del derecho a percibirla de los alumnos de educación superior que cambien de carrera después de cursar el primer año.

Del señor Vicepresidente Ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería:

Da contestación a solicitud de antecedentes, remitida en nombre del Senador señor Prokurica, respecto de medidas adoptadas por esa empresa en relación con una denuncia presentada por la señora Ana Puga Contreras.

De la señora Gerente General para la Competitividad e Innovación de la Región de Atacama:

Responde petición de antecedentes, enviada en nombre de la Senadora señora Allende, sobre la licitación concerniente a "Estudio de planta desaladora para consumo humano para la provincia de Copiapó y comuna de Chañaral" y a "Estudio de impacto ambiental Planta Desaladora Caldera".

De la señora Secretaria Regional Ministerial del Medio Ambiente de La Araucanía:

Emite opinión técnica, solicitada en nombre del Senador señor García, respecto del conjunto de propuestas hechas por la empresa Intergas en materia de un nuevo Plan de Descontaminación MP2,5 Temuco-Padre Las Casas.

Del señor Jefe de Gabinete del Ministro de Hacienda:

Da respuesta a acuerdos adoptados por el Senado, referentes a las materias que se enuncian a continuación:

1.- El propuesto por los Senadores señor Navarro, señora Allende y señores Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, Quintana, Rossi y Tuma, en cuanto al fortalecimiento de la Dirección Nacional del Servicio Civil (boletín Nº S 1.554-12).

2.- El presentado por los Senadores señor Navarro, señora Allende y señores Girardi, Lagos, Letelier, Quintana y Rossi, relativo al envío a tramitación legislativa de un proyecto de ley para que el Servicio de Impuestos Internos condone las multas e intereses de los contribuyentes que sean micro, pequeñas o medianas empresas (boletín Nº S 1.557-12).

--Quedan a disposición de Sus Señorías.

De la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso:

Comunica sentencias recaídas en la acción de protección de derechos constitucionales ejercida en nombre del señor Harald Beyer Burgos, con relación a la decisión adoptada por esta Corporación conforme a la atribución exclusiva que le confiere el artículo 53 N° 1) de la Constitución Política de la República.

--Se toma conocimiento.

Informes

Dos de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones:

1.- El recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, en materia de sanciones a vehículos impedidos de efectuar transporte público y de escolares (boletín N° 7.815-15) (con urgencia calificada de "suma").

2.- El que recae en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones (boletín N° 8.034-15) (con urgencia calificada de "suma").

De la Comisión de Minería y Energía, recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, con el fin de promover la interconexión de sistemas eléctricos independientes (boletín N° 9.022-08) (con urgencia calificada de "suma").

De la Comisión de Economía, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que adapta normas laborales al ámbito del turismo (boletín Nº 8.770-23) (con urgencia calificada de "suma").

--Quedan para tabla.

Mociones

De los Senadores señores Lagos, Letelier y Quintana, con las que dan inicio a los siguientes asuntos:

1.- Proyecto de reforma constitucional, que establece un sistema proporcional de elección de los parlamentarios y reduce los quórums de aprobación de las normas constitucionales y legales (boletín Nº 9.038-07).

2.- Proyecto que modifica la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, que reestructura los distritos y circunscripciones electorales y dispone un nuevo mecanismo de elección (boletín N° 9.039-07).

--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Proyecto de acuerdo

De la Senadora señora Pérez San Martín, con el que pide a Su Excelencia el Presidente de la República que modifique los decretos supremos Nos. 94 y 212, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en materia de seguridad de los usuarios en los terminales de locomoción (boletín Nº S 1.588-12).

--Queda para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria respectiva.

Comunicación

De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, con la que expone que ha acordado solicitar a la Sala el cambio del trámite del proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Muñoz Aburto y Sabag, que establece como obligación del arrendador de inmuebles nuevos la entrega de una copia del certificado de recepción definitiva de obras de edificación de la Dirección de Obras de la Municipalidad respectiva (boletín N° 8.994-07), de forma tal que se encomiende su estudio a la Comisión de Vivienda y Urbanismo.

--Así se acuerda.

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la Cuenta.

Para referirse a la Cuenta, tiene la palabra el Honorable señor Cantero.

El señor CANTERO.- Señor Presidente, solicito, en nombre de la Comisión de Educación, ampliar el plazo para formular indicaciones al proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación Superior hasta el lunes 5 de agosto, a las 12.

El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a la petición de Su Señoría?

El señor NOVOA.- Sí.

El señor PIZARRO (Presidente).- Acordado.

ACUERDOS DE COMITÉS

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Los Comités, en sesión de hoy, adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1.- Tratar en la sesión ordinaria de hoy, en el primer, segundo y tercer lugar del Orden del Día, los proyectos signados en la tabla con los números 4, 3 y 9, respectivamente. A saber:

-Proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otras leyes complementarias, para establecer un sistema de aportes al espacio público aplicable a los proyectos de construcción (boletín N° 8.493-14).

-Proyecto de ley que regula la venta y arriendo de videojuegos excesivamente violentos a menores de 18 años y exige control parental a consolas (boletín N° 5.579-03).

-Proyecto de ley sobre medidas de seguridad en pasarelas, pasos sobre nivel y puentes que cruzan carreteras (boletín Nº 8.201-09).

2.- Colocar en la sesión ordinaria de mañana, en el primer y segundo lugar del Orden del Día, los proyectos signados con los números 7 y 6 de la tabla, esto es, el que crea el Ministerio del Deporte (boletín N° 8.085-29) y el que instituye la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, fortalece el rol de la Superintendencia de Seguridad Social y actualiza sus atribuciones y funciones (boletín N° 7.829-13).

3.- Integrar la Comisión Mixta que debe resolver las diferencias suscitadas entre ambas Cámaras, respecto del proyecto de ley que permite la introducción de la televisión digital terrestre (boletín N° 6.190-19), con los Senadores señora Von Baer y señores Chahuán, Girardi, Letelier y Pizarro.

4.- Requerir el pronunciamiento de la Sala sobre un proyecto de acuerdo relativo a las expresiones vertidas por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con relación a un señor Senador de esta Corporación, una vez que se presente dicho proyecto de acuerdo.

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El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Algo más, señor Secretario?

El señor LABBÉ (Secretario General).- Sí, señor Presidente.

En sesión del 17 de julio pasado se aprobó en general la iniciativa, en segundo trámite constitucional, que permite ampliar el plazo para que las concesionarias de radiodifusión de mínima cobertura puedan acogerse a la ley N° 20.433, que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana.

En esa oportunidad no se pudo fijar plazo para presentar indicaciones.

De consiguiente, correspondería hacerlo ahora, salvo que ello no se pidiera, caso en el cual esa iniciativa podría darse por aprobada también en particular.

El señor PIZARRO (Presidente).- Consulto a la Sala si resulta necesario abrir un plazo para presentar indicaciones al proyecto que el señor Secretario individualizó precedentemente.

De no serlo, podríamos darlo por aprobado en particular.

La señora ALLENDE.- ¿Cuál es la iniciativa?

El señor PIZARRO (Presidente).- Por favor, señor Secretario, repita lo que señaló con anterioridad, porque algunos señores Senadores no lo escucharon.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Se trata del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga mayor plazo a las concesionarias de radiodifusión de mínima cobertura para acogerse a la ley N° 20.433, que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana.

El señor PIZARRO (Presidente).- Les pregunto a los señores miembros de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones si es necesario fijar un plazo para formular indicaciones al proyecto o si podemos darlo por aprobado en particular.

En todo caso, un Honorable colega acaba de solicitar a la Mesa que se determine un término de una semana.

¿Le parece a la Sala que se fije plazo para presentar indicaciones a la iniciativa hasta el lunes 5 de agosto, a las 12?

El señor PROKURICA.- Sí, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- Acordado.

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El señor BIANCHI.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, en su momento se solicitó en la Sala que tanto la Comisión de Gobierno, que presido, como la de Constitución vieran el proyecto sobre probidad en la función pública.

Le hicimos llegar el documento correspondiente al Presidente de la Comisión de Constitución, don Patricio Walker, y él nos señaló la conveniencia de que el asunto lo estudie solo la de Gobierno, sin perjuicio de que en aquella se tenga información permanente acerca de la iniciativa.

Por lo tanto, señor Presidente, le pido que recabe la anuencia de la Sala para que la iniciativa sobre probidad en la función pública sea considerada solo por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado?

La señora ALLENDE.- Conforme.

--Así se acuerda.

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El señor PIZARRO (Presidente).- Vamos a pasar al Orden del Día.

El señor Ministro de Vivienda nos ha solicitado pedir autorización para el ingreso de don José Ugarte, asesor de esa Cartera, a fin de participar en el análisis de la iniciativa que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

¿Habría acuerdo?

El señor LETELIER.- ¿De qué proyecto se trata?

El señor PIZARRO (Presidente).- Del que los Comités acordaron colocar en el primer lugar de la tabla: el que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otras leyes complementarias para establecer un sistema de aportes al espacio público aplicable a los proyectos de construcción.

Se encuentra con su votación aplazada y en discusión general.

El señor LETELIER.- Pido la palabra.

El señor PIZARRO (Presidente).- La tiene, Su Señoría.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, no estaba en conocimiento -doy las disculpas del caso- de que se hubiera alterado el orden de la tabla con el objeto de considerar en primer lugar el proyecto que se menciona.

Algunos somos partidarios de pedir segunda discusión, pues queremos contar con un informe que despeje algunas dudas de constitucionalidad que se nos han presentado.

A menos que el Ministro quiera que hagamos el debate de constitucionalidad de inmediato, sugiero que nos ocupemos primero en otra iniciativa.

El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, ocurre que este proyecto tiene su votación aplazada. Entonces, solo cabe pronunciarse. Esa es la razón por la cual lo incluimos en el primer lugar de la tabla, a fin de poder despacharlo.

Después vendrá el debate en particular, y ahí se podrán efectuar las correcciones que parezcan pertinentes.

¿Habría acuerdo para que ingresara el señor José Ugarte, asesor legislativo del Ministerio de la Vivienda?

La señora ALLENDE.- Sí.

El señor PIZARRO (Presidente).- Acordado.

V. ORDEN DEL DÍA

Boletín N° 8493-14

ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE APORTES A ESPACIO PÚBLICO APLICABLE A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

El señor PIZARRO (Presidente).- Conforme a lo resuelto por los Comités, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otras leyes complementarias, para establecer un sistema de aportes al espacio público aplicable a los proyectos de construcción, con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, y urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (8493-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 100ª, en 5 de marzo de 2013.

Informe de Comisión:

Vivienda y Urbanismo: sesión 29ª, en 11 de junio de 2013.

Discusión:

Sesiones 30ª, en 12 de junio de 2013 (queda para segunda discusión); 41ª, en 17 de julio de 2013 (queda aplazada la votación).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe hacer presente a Sus Señorías que los numerales 1), 3), 4), 5) y 10) del artículo 1°; los números 1), 2), 3) y 4) del artículo 2°; el número 3) del artículo 4°, y el artículo 5° permanentes, así como el artículo primero transitorio, son de rango orgánico constitucional, por lo que requieren para su aprobación de 22 votos favorables.

Según lo planteaban algunos señores Senadores, tratándose de un pronunciamiento en general, se podría realizar una sola votación que incluya las normas de quórum.

El señor PIZARRO (Presidente).- Así es.

Tiene la palabra la Honorable señora Lily Pérez, Presidenta de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, quiero dirigirme a la Sala y, además -por su intermedio, señor Presidente-, al Ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, quien nos acompaña y ha liderado este proyecto de ley.

Nosotros trabajamos esta iniciativa en forma muy consensuada, aguda, fuerte e intensa al interior de la Comisión de Vivienda del Senado, que tengo el honor de presidir. Y participaron en su discusión los Senadores Sabag, Tuma, Letelier, Pérez Varela y Muñoz Aburto.

Deseo señalar brevemente que este proyecto va a causar un gran impacto, sobre todo a nivel de los municipios y de las comunas de Chile, por cuanto cambia radicalmente la forma de mirar el aporte de los privados en materia de espacios públicos, y tiene como objeto final recuperar el sentido de lo que significa la instalación de los barrios.

Hoy día existen grandes proyectos emplazados en determinadas comunas, los cuales, obviamente, traen aparejados una serie de obras complementarias, pero que no están reguladas en una ley que raye la cancha eficientemente para que las entidades edilicias cuenten con una herramienta legal que les permita recolectar recursos y que esas obras se desarrollen en las respectivas comunas.

Un cambio en ese sentido hará mucho más atractivo invertir en diversos municipios y no solo en donde hoy día hay más recursos y se llevan a cabo proyectos de alta envergadura.

Esta iniciativa busca que todas las construcciones que se emplacen en áreas de alta densidad realicen un aporte proporcional al efecto que originen sobre el espacio público.

Asimismo, establece que en toda urbanización de terrenos se cederán -y esto es muy importante- gratuita y obligatoriamente para la circulación, áreas verdes, desarrollo de actividades deportivas y recreacionales y equipamiento -digo esto aprovechando que aquí también vamos a ver el proyecto que crea el Ministerio del Deporte, que es algo que también nos interesa mucho, y va en la misma línea- las superficies que señale la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

No quiero entrar al detalle del proyecto porque una mesa técnica abordará en particular todo lo concerniente a su desarrollo. Y los privados, que obviamente tienen un interés muy importante en poder participar, también integrarán esa mesa, que ha sido establecida por el Ejecutivo a través del Ministerio de Vivienda.

Por lo tanto, considero muy relevante aprobar esta iniciativa, otorgándoles el quórum correspondiente a todas a aquellas normas que así lo requieren, porque -como dije- va a cambiar radicalmente la mentalidad de cómo emplazar estos proyectos de gran envergadura y de cómo lograr atraer la inversión de privados para que ellos se instalen en comunas más pequeñas y con menos recursos que hoy día no experimentan este tipo de desarrollo inmobiliario.

Por último, deseo agregar que durante la discusión en general de esta iniciativa en la Comisión, algunos manifestaron su aprensión en cuanto a que esto pueda convertirse en un nuevo impuesto para los usuarios. Este punto es muy importante y lo hemos abordado con el Ministerio de Vivienda; también se está analizando al interior de la mesa técnica que se conformó para estudiar el reglamento interno que va a regir en relación con este proyecto, y se considerará en la discusión particular a través de la presentación de indicaciones por parte de los Senadores miembros de la Comisión. Ello, para hacer que este proyecto, que es óptimo, sea aún mejor.

He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor PÉREZ (Ministro de Vivienda y Urbanismo).- Señor Presidente, esta es una muy buena iniciativa, que tuvo una acogida muy positiva en la Cámara de Diputados: se aprobó por una amplísima mayoría y fue objeto de una discusión muy rica. Es un proyecto -yo diría- que ha sido aceptado transversalmente desde el punto de vista político y que viene a resolver un grave problema que se presenta hoy día en la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Desde 1931 existe la obligación de que toda nueva urbanización, al momento de ejecutarse, debe ceder gratuitamente al espacio público parte de su terreno para calles, áreas verdes y equipamiento. El artículo 70 de la legislación vigente dispone que se puede ceder hasta el 44 por ciento, que es un concepto que se aplica desde aquella fecha en nuestro país. Pero tiene un inconveniente muy grave: rige solo para los nuevos loteos y no para los proyectos de densificación urbana, como son las construcciones de edificios, que significan una carga importante en lo que respecta a los espacios públicos.

Lo anterior es porque la ley establece que dicha obligación únicamente se puede cumplir mediante la cesión del terreno propio. Por lo tanto, cuando se ejecuta cierto proyecto -por ejemplo, la construcción de un edificio, o uno de densificación-, raramente es posible ceder parte de esa superficie, por cuanto, de ser así, sencillamente no se podría llevar adelante aquel.

Hay una norma en la Ordenanza General que consigna el requerimiento de estudios de impacto vial -los famosos "EISTU"-. Pero el problema que presenta esa disposición es que solo figura en el reglamento y no tiene respaldo legal. Ella señala que los proyectos de densificación urbana, cuando incluyan más de 250 estacionamientos si se trata de un proyecto habitacional, o más de 150 estacionamientos si se refiere a otro tipo de proyectos de densificación, deben llevar adelante un EISTU, y para aprobarse este estudio se exigen determinadas obras de mitigación.

Y lo que ha ocurrido en la práctica es que cerca de 96 por ciento de los proyectos no aportan al espacio público. ¿Por qué? Porque sencillamente se construyen 249 o menos estacionamientos, y por esa vía dan vuelta la norma que está en el reglamento.

Entonces, surgen dos problemas: por una parte, se elude la obligación de aportar al espacio público colocando un estacionamiento menos que el máximo requerido por la Ordenanza, y por otra, que esto no se encuentra sustentado en la ley.

¿Y qué se propone? Agregar en el artículo 70 de la ley vigente que la exigencia de cesión al espacio público sea aplicada proporcionalmente en relación con la intensidad de utilización del suelo que establezca el correspondiente instrumento de planificación territorial, bajo las condiciones que determine la Ordenanza General. Asimismo, los parámetros se aplicarán para las cesiones cuando se produzca crecimiento urbano por densificación.

Esa sola y sencilla norma permite que todos los proyectos aporten, independiente del tamaño o de si se trata de aquellos que son por extensión o por densificación.

Creemos que eso es muy importante: se va a mantener el que la cesión máxima de terreno sea de 44 por ciento, que es algo que ha estado por muchos años en la legislación, y el aporte será en función de tres variables: el tamaño del proyecto, el destino de este (si es para vivienda, oficina, comercio, educación, etcétera) y la ubicación de él. Además, habrá una tabla o una fórmula que va a estar definida en la Ordenanza, mecanismo que permitirá que los aportes sean conocidos. O sea, cualquier ciudadano podrá conocer los aportes que se requieren en un proyecto antes de tomarse la decisión de realizar la respectiva inversión.

Además, se establece algo muy relevante, cual es que las cesiones de terreno a que se refiere el mencionado artículo podrán cumplirse pagando su valor a la municipalidad. Dicho pago podrá ser en dinero o en obras. Para exigir los aportes, el municipio deberá tener un plan de inversiones. Los recursos solo se podrán utilizar en dicho plan y no se van a poder desviar para otros fines.

En caso de que el pago se haga en obras, estas formarán parte del plan de inversiones, y -repito- los recursos que recaude la municipalidad se destinarán a la ejecución de aquellas identificadas en ese plan; al pago de expropiaciones para materializar dichas obras; a la actualización del plan de inversiones, y a determinados gastos administrativos que requiera la mantención de este, con un límite.

Las obras deberán estar ejecutadas o garantizadas antes de la recepción definitiva del proyecto.

Cuando se trate de proyectos de "escala mayor", el Ministerio de Vivienda, a través de las seremías, va a determinar el área de influencia y la proporción en que se reparten los recursos entre los diversos municipios involucrados.

Además, se permitirá cobrar esos aportes en un plazo de dos años, hasta contar con un plan de inversiones.

Los principios rectores que hay detrás de la iniciativa legal son los siguientes:

Aplicación equitativa o universal: todos van a contribuir, ya sean proyectos públicos o privados, grandes o pequeños, con lo cual se podrá cambiar la realidad actual de nuestro país, dado que el 96 por ciento de los proyectos de densificación que se ejecutan no realizan aportes al espacio público.

Proporcionalidad: los aportes deben ser equivalentes al efecto de los proyectos sobre el espacio público.

Objetividad: el cálculo de los aportes se hará de acuerdo a reglas objetivas y de conocimiento público.

Singularidad: el aporte debe ser uno solo, para el destino que fue creado: la ejecución del plan de inversiones.

Por último, dicho plan ha de enfocarse en las personas y no solamente en vialidad. El plan de obras¿

El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Le falta mucho, señor Ministro?

El señor PÉREZ (Ministro de Vivienda y Urbanismo).- Un segundo.

El señor PIZARRO (Presidente).- Dispone de dos segundos.

El señor PÉREZ (Ministro de Vivienda y Urbanismo).- Gracias, señor Presidente.

Decía que el plan va a contemplar no solo lo relativo a vialidad, sino también lo concerniente a equipamiento, áreas verdes y otras obras importantes para la comunidad.

Por lo tanto, la iniciativa resuelve una distorsión muy grande existente hoy día, cual es que más del 96 por ciento de los proyectos no aportan al espacio público, y los de densificación se ven impedidos de aportar.

Gracias.

El señor PIZARRO (Presidente).- Se procederá a la votación, pues esta materia es sin debate. No obstante, se podrá fundamentar el voto.

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El señor ROSSI.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra para referirse a una cuestión de reglamento, señor Senador.

El señor ROSSI.- Señor Presidente, deseo solicitar que se recabe el asentimiento de la Sala a fin de que la Comisión de Salud pueda sesionar paralelamente, entre las 17 y las 19, con el objeto de tratar el proyecto relativo a los fármacos. Esto fue acordado por la unanimidad de los miembros de dicho órgano técnico.

El señor PIZARRO (Presidente).- Todos los proyectos en tabla son de rango orgánico constitucional, y varios señores Senadores no dan el acuerdo.

El señor ROSSI.- Hubo unanimidad en la Comisión.

El señor PIZARRO (Presidente).- Pero aquí no hay acuerdo.

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El señor PIZARRO (Presidente).- Entonces, se procederá a abrir la votación.

El señor ESCALONA.- No hay acuerdo, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- ¿No hay acuerdo para qué, señor Senador?

El señor ESCALONA.- Para abrir la votación.

El señor PIZARRO (Presidente).- La Mesa no necesita el acuerdo de la Sala. Además, en la sesión anterior se aplazó la votación.

El señor LETELIER.- ¿Y cuándo se hará la discusión?

El señor PIZARRO (Presidente).- No hay debate, señor Senador.

Ya se hizo la segunda discusión y, luego, se pidió el aplazamiento de la votación. Este proyecto tiene una larga historia.

El señor ESCALONA.- Señor Presidente, me inscribí para hacer uso de la palabra.

El señor PIZARRO (Presidente).- A nadie se la he concedido antes. Solo se ha procedido a rendir informe sobre la materia y también hemos escuchado al señor Ministro.

En votación general el proyecto.

--(Durante la votación).

El señor PIZARRO (Presidente).- Para fundamentar el voto, está inscrito, en primer lugar, el Honorable señor Novoa.

El señor NOVOA.- No haré uso de la palabra, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, yo no estuve presente en la sesión anterior y varios Senadores no pudimos participar en el debate. Por eso, reclamo un mayor tiempo para intervenir. Soy miembro de la Comisión de Vivienda y hemos debatido largamente la iniciativa. Por lo tanto, le solicito que, en lo posible, me considere unos minutos más.

El proyecto, originado en mensaje, fue despachado por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, y lo aprobó por unanimidad la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado.

En términos generales, el propósito de la iniciativa es lograr un mejor equilibrio en las ciudades entre los proyectos privados y los espacios públicos, de modo que estos sean proporcionales al número de habitantes de un lugar.

Para ello, se modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otros cuerpos legales relacionados y se crea un sistema que permita a todos los proyectos de construcción la cesión de terrenos, otorgando la posibilidad de pagar el aporte en dinero o en obras.

La obligación de ceder parte de un terreno para equipamiento comunitario data -como ya dijo el señor Ministro- de 1931, con modificaciones posteriores, incluyendo la apertura de calles al interior de las urbanizaciones, siempre de acuerdo a los planos reguladores y según una tabla que fija los porcentajes en conformidad a la superficie ocupada por la urbanización.

En el decreto supremo N° 47, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, se autoriza por primera vez que esas cesiones se puedan efectuar fuera del área de las urbanizaciones.

Junto con adecuar las normas a la realidad actual, se trata también de establecer ciertas flexibilidades para los casos en que se produce una variación de la densidad habitacional por la incorporación de nuevos proyectos en áreas residenciales.

Para ello se propone un nuevo sistema de aportes que contempla, entre otros, los principios de equidad, proporcionalidad y objetividad, siempre dentro del marco del propósito de mejorar los espacios públicos.

Sin duda, uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es la propuesta de permitir que la cesión gratuita de terreno por parte de los proyectos se realice mediante el pago del valor equivalente de la superficie a ceder, ya sea en dinero, en obras en el espacio público o la cesión de terrenos para áreas verdes o el equipamiento en un lugar distinto al del proyecto, siempre con el acuerdo previo de la municipalidad.

A lo anterior se debe agregar la presunción del impacto que esas modificaciones podrían tener en el costo de las viviendas, en particular, en el caso de las sociales. Por eso es necesario examinar el proyecto con especial atención, aunque, al mismo tiempo, es innegable que no se puede entregar al mercado la tarea de mejorar la calidad de vida en las ciudades y que al Estado le corresponde una función reguladora a la que no le es posible renunciar.

En ese sentido, resulta esencial examinar con cuidado las facultades de las municipalidades, dada la discrecionalidad con que se opera y la necesidad de establecer una coordinación entre los distintos municipios de las ciudades de mayor tamaño, puesto que, en ocasiones, un proyecto puede cumplir con las normas municipales, pero es factible que produzca un impacto que exceda la jurisdicción de una entidad edilicia.

Durante la discusión del proyecto en la Comisión, los Senadores y los especialistas invitados hicieron presente una serie de observaciones importantes, respecto de las cuales el Ejecutivo se comprometió a enviar las indicaciones correspondientes.

Debo señalar, señor Presidente, que este no es un proyecto tan inocente. Sin embargo, lo encuentro positivo. Cuando se realizan grandes construcciones en las ciudades, donde los espacios son relativamente pequeños, las empresas deben aportar el 44 por ciento del valor del terreno en dinero o en obras que pueden complementarse.

Considero que no es problema que las personas efectúen esos aportes por el impacto externo que ocasiona ese tipo de obras. En el caso del edificio de CENCOSUD que se levantó en Santiago, por supuesto que había que construir puentes y otras vías. Eso nadie lo discute. Pero aquí estamos hablando de que la plata no se va a destinar para eso, sino para otros sectores de la comuna que no sufren el impacto por las obras.

Hace pocos días, Chilevisión vendió -no recuerdo la cifra exacta- en 40 o 50 millones de dólares un terreno de casi una hectárea a Televisión Nacional. Y si este canal va a construir y no puede ceder parte de ese terreno, tendría que pagar el 44 por ciento en impuestos por las externalidades que ocasione, pero no para realizar obras de mitigación ahí, porque no se podrían efectuar en ese lugar, sino para ejecutarlas en cualquier parte de la comuna.

Me parece que este es un impuesto adicional que se le aplica a la construcción.

En la Comisión, muchos de los invitados y representantes de empresas constructoras hicieron observaciones sobre esta materia, las cuales se las dimos a conocer al Ejecutivo. Y este es un asunto no menor que debemos acotar mediante indicaciones en el próximo trámite.

No hay problemas en aprobar en general la iniciativa, y anuncio mi voto favorable.

Sin embargo, reitero que el proyecto no es tan inocente, porque implica un fuerte aumento del valor de las viviendas, incluso las sociales. Y ya no podremos hablar de 400 o 500 UF de subsidio, sino que este deberá ser mucho más elevado. Porque todo lo que nosotros aprobamos alguien lo paga. ¿Quién?

Eso es lo que tenemos que ver aquí. Si se trata de la construcción de oficinas o de edificios para otro fin, deberá cargarse al valor de la obra.

El aporte corresponderá al 44 por ciento del precio del terreno. Y los terrenos se hallan en las grandes ciudades; ninguno en las pequeñas.

Señor Presidente, yo apruebo el proyecto, pero llamo la atención de los colegas en cuanto a que tiene un trasfondo mucho mayor. Y espero que se establezca un plazo prudencial para la presentación de indicaciones (no de 10 o 15 días, sino mayor), a fin de estudiar cada una de las normas y formular una propuesta clara que dé tranquilidad a todos los sectores productivos de nuestro país.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra, para fundamentar su voto, el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, esta iniciativa fue debatida en la Comisión de Vivienda y Urbanismo, donde se aprobó por unanimidad no obstante ciertos reparos o reservas que formulamos algunos Senadores respecto a cómo se invertirán los recursos que en determinado momento habrán de depositarse en un fondo de la municipalidad pertinente.

Este es un gran paso que estamos dando como país, pues a menudo nos encontramos con barrios donde los vecinos reclaman porque carecen de áreas verdes, o porque al construirse en terrenos urbanos no se han dejado espacios suficientes para esparcimiento, para estacionamiento o para la circulación. En definitiva, las ciudades se han ido levantando prácticamente sin ninguna planificación.

El texto sugerido introduce un elemento de planificación que les da a las instituciones, en especial a los SERVIU y al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la capacidad necesaria para canalizar recursos en favor del bien común.

Estimo que, pese a todas las observaciones que le podamos hacer, es preciso apoyar, aprobar y mejorar este proyecto, ya que posibilita construir no solo edificios o viviendas, sino también sus entornos. Y estos han de ser adecuados y bien vistos por la comunidad, de modo que sus miembros no se sientan agobiados por no tener dónde pasear o dónde estacionar sus vehículos.

A veces se construyen poblaciones con muy pocos accesos o sin ninguno, y alguien tiene que resolver ese problema de buena manera.

No le podemos exigir a quien construye un pequeño número de viviendas que él solo se encargue de habilitar accesos, pero sí es factible que lo hagan varios constructores que en el mismo período van a edificar muchas poblaciones.

Entonces, esta iniciativa tiene una mirada de colectivo, de Estado, más que la mirada de las constructoras, las que, sin duda, van a subir sus costos.

Pero alguien tiene que pagar esto.

Por supuesto, el Estado también habrá de pagarlo, en la medida que el valor de los subsidios deberá subir. Porque no es lo mismo financiar un subsidio con la norma que obliga al constructor a destinar ciertas áreas al uso público para beneficio comunitario que sin ella.

En consecuencia, creo que este proyecto tiene muchísimos méritos.

Ha sido objeto de algunas observaciones (recojo la efectuada por el Senador Sabag, que comparto), y hay que corregirlo. Pero no por eso vamos a rechazar un articulado que permite avanzar significativamente. Y así como lo aprobamos por unanimidad en la Comisión, espero que la Sala haga lo propio.

Aparte lo anterior, contiene normas mediante las cuales los municipios pueden formular observaciones y zanjarlas rápidamente, no en los plazos que toma la modificación de un plan regulador, que significan años. Aquí se consignan plazos para determinados efectos, como el ajuste en trazados o precisiones respecto a la delimitación de zonas o áreas establecidas en el plan de inversiones en el espacio público que tenga el municipio (porque también se obliga a este a elaborarlo).

En síntesis, la iniciativa ordena las ciudades, su crecimiento.

¿Va a tener un costo? Claro. Pero ello redundará en beneficio para la comunidad.

Por consiguiente, invito a los Senadores a dar la unanimidad para aprobar la idea de legislar y a mejorar el articulado en la discusión particular.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra al Senador señor Pérez Varela para fundamentar su voto.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, sin duda, uno puede calificar este proyecto como un avance significativo.

¿Qué pasa hoy en nuestras ciudades? Comúnmente vemos inversiones en edificios, en centros comerciales, pero no hay ninguna normativa real y concreta para regularlas en forma objetiva.

Lo que existe es lo que señalaba el Ministro de Vivienda: una normativa dictada hace décadas para todo lo que son los proyectos inmobiliarios, las urbanizaciones, con entrega de terreno.

Sin embargo, eso no cae en el ámbito de la construcción de edificios o de centros comerciales, los que involucran una gran densidad de población.

¿Y cómo enfrentar eso adecuadamente?

Hace tiempo -6 o 7 años atrás- se estableció a través de un decreto que toda construcción debía contar con la aprobación de un estudio de impacto sobre el sistema de transporte urbano. Pero ese mecanismo no ha dado resultado porque, básicamente, el inversionista, la inmobiliaria o el constructor quedan al arbitrio de la municipalidad.

Además -como muy bien señaló el Ministro-, dado que en un proyecto habitacional se establece la construcción de determinado número de estacionamientos, se hace uno menos, evitando así las correspondientes inversiones, que son absolutamente necesarias.

Repito: esa norma reglamentaria acerca del estudio de impacto sobre el sistema de transporte urbano no ha dado los resultados esperados. Por ende, es esencial derogarla, para que no se generen dificultades, ambigüedades y contradicciones con el mecanismo propuesto ahora.

Por lo tanto, el espíritu de esta iniciativa de establecer disposiciones objetivas, transparentes y previas para poder avanzar va en el camino correcto.

En la Comisión les planteamos a los personeros del Ministerio de Vivienda la necesidad de que los instrumentos que se empleen dispongan claramente cómo va a aportar al espacio público la construcción de un edificio o la de un centro comercial. Porque es del todo diferente de lo exigido hoy para las urbanizaciones: la cesión de parte del terreno, que puede llegar hasta el 44 por ciento.

Eso, que ha funcionado bien y permite en la mayoría de las urbanizaciones que existan avenidas, jardines, plazas, multicanchas, sedes sociales, en fin, no ocurre respecto de un edificio o de un centro comercial que no tienen un gran terreno y, por lo tanto, deben realizar su aporte en obras o en dinero. Por ello, el instrumento que se utilice ha de ser extraordinariamente preciso y adecuado, y estar en concordancia con el sentido de la respectiva construcción.

Por consiguiente, durante la discusión particular tendremos que ser muy rigurosos a los efectos de consignar una norma que mejore las ciudades y no signifique un costo desmesurado para las personas.

No debemos olvidar, señor Presidente, que tiempo atrás efectuamos una modificación y derogamos ciertas exenciones del IVA en materia de construcción. Y eso -entre otras razones- ha significado que al día de hoy hayamos expulsado a la clase media de comunas como Las Condes y Providencia, e incluso Ñuñoa.

Entonces, debemos abordar aquello con especial atención. Pero no hay duda de que la voluntad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo es avanzar en la creación de un instrumento que permita construir las ciudades de manera mucho más ordenada.

El crecimiento de nuestras urbes no es ordenado, y siempre enfrentamos una serie de dificultades para extender los límites. Ello amerita normas objetivas. Y la objetividad ha de manifestarse en el plan de obras específico que debe confeccionar cada municipio; en la canalización de los aportes hacia las municipalidades, y en la utilización de los recursos respectivos exclusivamente para la concreción de aquel.

Así, todo el que invierta en un edificio, en un centro comercial o en cualquier proyecto inmobiliario conocerá anticipadamente el costo de su aporte al espacio público y sabrá cómo entregarlo.

Eso constituye un avance notable con relación a las normas reglamentarias del estudio de impacto sobre el sistema de transporte urbano que rigen hoy, pues quienes invierten saben cuándo ingresan sus proposiciones a las municipalidades pero no cómo salen, ya que no hay ninguna disposición objetiva en ese punto.

Esta iniciativa -repito- constituye un avance. Y durante su discusión en particular habrá que tener especial cuidado, para que los instrumentos propuestos respondan adecuadamente a la voluntad expresada aquí.

Algunos han planteado dudas de constitucionalidad. Me parece muy bien que con motivo del segundo informe se analicen con precisión, pues se abre hoy la gran oportunidad de tener un instrumento legal que sirva para que el crecimiento de nuestras ciudades sea ordenado, coherente, y para que los espacios públicos crezcan de manera apropiada, en consonancia con la inversión que hacen los privados.

Vamos a votar favorablemente esta iniciativa, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.

El señor ESCALONA.- Señor Presidente, lamento no poder acceder a la solicitud que nos hizo nuestro colega y estimado amigo Senador Tuma en el sentido de que todos votemos afirmativamente.

Voy a pronunciarme en contra de la ley en proyecto por considerar que, de aprobarse, se transformará en la fiesta de las inmobiliarias.

El primer artículo nuevo que se propone señala: "Las municipalidades y demás organismos públicos" -es decir, los SERVIU, específicamente- "no podrán formular, respecto de una solicitud de cualquiera de las actuaciones a que se refiere la presente ley, otras exigencias de pagos, ejecución de obras, garantías, aportes o cualquier otra contribución, en dinero o especies, distintas de las contempladas expresamente en la ley.".

Acá, al revés de lo que hipócritamente señala la redacción planteada, se está autorizando el pago en especies. Porque ella es bastante clara: "y demás organismos públicos no podrán formular". O sea, está autorizando para que a los SERVIU y a otros organismos del Estado no se les cancele en dinero como corresponde.

En consecuencia, eso abre un campo infinito para todo tipo de negociados. Porque cómo se van a valorar las especies; cómo se conocerá exactamente el valor, por ejemplo, del pedazo de terreno que se le ofrezca al organismo público, el cual no tendrá otra posibilidad que aceptarlo.

Porque esa norma expresa muy claramente: "Las municipalidades y demás organismos públicos no podrán formular, respecto de una solicitud de cualquiera de las actuaciones a que se refiere la presente ley, otras exigencias de pagos". O sea, no podrán formular exigencias de pagos que no sean "ejecución de obras, garantías, aportes o cualquier otra contribución, en dinero o especies".

Entonces, a los organismos públicos los están volviendo a la edad de piedra, al tiempo del trueque: ¡les pueden pagar en especies...!

¡Me parece insólita esa redacción!

Y luego, señor Presidente, en el número 2) -página 2 del comparado- se dice:

"Podrán aprobarse enmiendas a los planes reguladores intercomunales, mediante el procedimiento simplificado que establezca la Ordenanza General, cuando se trate de las siguientes materias:

"1.- Ajustes en los trazados viales.

"2.- Precisiones respecto de la delimitación de las zonas o áreas establecidas en el plan.

"3.- Textos refundidos, ordenados y sistematizados de la ordenanza y planos.

"Para estos efectos, el plazo de pronunciamiento de las municipalidades a que se refiere el artículo 36 será de treinta días.".

Obvio. Se cierra el círculo: se va a pagar en especies y, además, a los organismos públicos no les dan tiempo para replicar. ¡En treinta días se cerró el negocio...!

Este es un proyecto insólito.

Por eso, lo voto en contra.

El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde el uso de la palabra al Senador señor Hernán Larraín, quien no está en este momento.

Tiene la palabra el Honorable señor Frei.

El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, como se abrió la votación y nos dieron solo cinco minutos para fundar el voto, prácticamente deberé limitarme a leer los titulares de mi intervención, porque en ese breve lapso no tengo ninguna posibilidad de exponer todos los alcances que me merece este proyecto.

Si bien la idea general de la iniciativa puede resultar atractiva en el sentido de que, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, todos los proyectos de construcción debieran aportar al espacio público, su texto oculta una serie de efectos negativos -lo que se ha llamado "letra chica"- que atentan contra los objetivos perseguidos y, más aún, contra la política urbana que el propio Gobierno quiere aprobar. Y ello se desprende de las siguientes observaciones.

Primero, mayor rentabilidad para los urbanizadores y menos calidad de vida para los ciudadanos.

Luego están el problema de las cesiones, la incorporación del artículo 70 bis (se remite al artículo 70 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones), etcétera.

No entraré a todo el detalle -según expresé, no tengo ninguna posibilidad de hacerlo-, sino que voy a leer la conclusión pertinente.

Se puede llegar al absurdo de que un urbanizador haga un loteo sin ceder y, por lo mismo, sin ejecutar áreas verdes, calles, áreas para recreación, y sin ceder terrenos para equipamiento. En vez de ello, solo pagaría a la municipalidad el costo asociado al valor del terreno.

Con posterioridad viene el problema de la urbanización.

El artículo 134 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones establece como parte de las obligaciones del urbanizador del loteo "ejecutar a su costa", entre otras obras, las derivadas de las cesiones del artículo 70, tales como calles, etcétera.

Por lo tanto, la LGUC obliga no solo a ceder terrenos, sino también a urbanizarlos. Pero, por efecto del artículo 70 bis que se propone, si un inmobiliario decide pagar las cesiones en dinero, ello implicará que la obligación de ejecutar las obras de urbanización en el caso de los loteos no tenga ninguna aplicación.

En seguida está el problema de los terrenos afectos a utilidad pública.

También aquí leo solo la conclusión.

Por la vía de la interpretación se puede llegar a otro absurdo, cual es que el pago en dinero no extingue una declaratoria de utilidad pública por el artículo 59 de la misma Ley, con lo que el inmobiliario, además de ahorrarse dinero destinado a calles y parques, podría exigirle a la municipalidad, si quisiera realizar unas u otros, que le expropiara los mismos terrenos, a lo cual habría que agregar el costo de su urbanización.

Después viene el problema de las garantías, en que, a mi juicio, se deja totalmente desprotegida a la municipalidad.

A continuación tenemos el problema de los condominios.

Por último, quisiera señalar que durante la discusión del proyecto en la Comisión el Subsecretario de Vivienda y Urbanismo manifestó lo siguiente: "en las comunas más consolidadas los grandes proyectos requerirán un alto grado de mitigación y por ende un mayor aporte, y que la nueva legislación tendrá carácter redistributivo para comunas más pequeñas, como El Bosque, San Joaquín, San Pedro de la Paz,...".

Empero, esa cualidad redistributiva no se encuentra contemplada en el texto del proyecto de ley, lo que, además de constituir una falta a la verdad, implica que, en el mejor de los casos, se mantienen los actuales índices de segregación urbana, que es una de las formas más tangibles de la desigualdad existente en nuestro país, aspecto en el cual la OCDE nos ha puesto en el primer lugar entre sus miembros.

El proyecto no solo mantiene niveles de desigualdad en las ciudades, sino que además los incrementa, ya que los dineros aportados en virtud del sistema que se propone van a dar a una cuenta especial destinada solo a las obras del Plan de Inversión y no son susceptibles de incorporarse al Fondo Común Municipal, que sí es un mecanismo de repartición de recursos. Con ello, solo en los sectores de mayores ingresos se recibirán aportes de los desarrolladores inmobiliarios en una cantidad infinitamente superior a la de las comunas pobres, dados la mayor actividad inmobiliaria y el valor más elevado de los terrenos.

En último término, insistiendo en que cinco minutos son insuficientes para referirse a un proyecto que debe ser objeto de un largo debate, leo mi conclusión.

El proyecto le otorgaría al gestor inmobiliario mayores rentabilidades, comparadas con las que hoy tiene, por lo siguiente:

a. Se ahorra el costo de ceder y urbanizar;

b. Se ahorra el costo de ejecutar las áreas verdes, calles y superficies para el desarrollo de actividades deportivas y recreacionales;

c. Se ahorra el costo de ceder terrenos para equipamiento, y

d. Se incrementa la rentabilidad de su proyecto al destinar estos terrenos a la construcción de más viviendas. Esto, además de dicho incremento, aumentará las insuficiencias de áreas verdes y de equipamiento en los barrios.

Conforme a todos los antecedentes que entregué y a otros que podría detallar -espero que se efectúen las correcciones necesarias; porque entiendo que la idea de legislar se aprobará mayoritariamente-, voto que no.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pedro Muñoz.

El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, esta iniciativa, tal como se halla planteada respecto a los espacios públicos, no soluciona los problemas: los agudiza. Sí resuelve los problemas de las inmobiliarias, responsables de los proyectos de baja calidad.

Únicamente quiero poner dos ejemplos.

Se suprime la exigencia de un estacionamiento por cada dos unidades de vivienda para los bloques en altura. Obviamente, mientras más departamentos, más estacionamientos y, por ende, mayor espacio. Se permite, asimismo, que el plan regulador excepcione tratándose de conjuntos de menor altura.

Quien ha visitado esos conjuntos sabe de las disputas existentes por los espacios comunes, así como también del drama de las viviendas de baja altura. La gente amplía la cocina por la vía de ocupar el terreno destinado a estacionamiento, deja su vehículo en la calle y el pasaje se hace intransitable.

Así es la vida en nuestras ciudades.

Otro ejemplo. Se permite a las inmobiliarias compensar, con donaciones a la municipalidad del equivalente en dinero, los aportes al espacio público, sin hacer cesiones, o bien, hacerlas, pero en otros lugares.

Pues bien, uno de los principales problemas de nuestros barrios es la carencia de áreas verdes, de equipamiento, de espacios para la cultura y el deporte, para la recreación, para jugar con los hijos, para hacer la vida más grata. ¿Lo soluciona el proyecto? ¿Le impone nuevas obligaciones al urbanizador? No. Agrava los problemas al flexibilizar las reglas para que la inmobiliaria pueda resarcir de otro modo.

¿De qué les sirve a los pobladores que la empresa constructora compense al municipio en dinero o haciendo una plaza o multicancha 15 o 20 cuadras más allá? ¿Hará eso la vida más grata? ¿Mejorará la calidad de nuestras poblaciones? No.

Lo que necesitamos, estimados colegas, es una regulación que asegure mejores barrios; que aumente y no flexibilice los estándares básicos; que evite arbitrariedades y subterfugios; que fomente el espacio urbano de calidad; que solucione los problemas de la gente y no los de las inmobiliarias, ya sobreprotegidas en leyes e impuestos, o seguiremos agravando el hacinamiento y precariedad urbanos.

A pesar de lo dicho, en la Comisión de Vivienda voté a favor. Y voy a volver a hacerlo. Porque estimo que la regulación del espacio urbano debe cambiar. Porque creo que las exigencias actuales son escasas. Porque me parece que la regulación vigente conduce a barrios con altos estándares para los sectores altos y a barrios de muy mala calidad para los más pobres. Porque quiero avanzar en el término de la segregación.

Lo anteriormente expuesto me lleva a sostener que el proyecto debe ser remplazado sustantivamente en el segundo trámite.

Espero que aumenten, y no disminuyan, las exigencias en materia de cesiones y urbanización.

Espero que se obligue a estándares uniformes y no a eludir las obligaciones de estacionamientos, áreas verdes y espacios comunitarios.

No estoy disponible para un cambio normativo que supere un problema y permita a las inmobiliarias mantener altas rentabilidades a costa de construir, para sectores de bajos ingresos, proyectos baratos y de baja calidad que en el mediano plazo provoquen las dificultades de habitabilidad que conocemos.

La iniciativa en debate, señor Presidente, así como está, tiende a que las inmobiliarias vuelvan a construir viviendas de bajo valor, cuya oferta ha caído dramáticamente, pero disminuyendo aún más el estándar urbano. En unos cuantos años más ello generará, sin duda, nuevos Bajos de Mena y presiones para que el Estado corrija la situación.

Llamo a los señores Senadores a revisar con detención lo que se propone. Si la legislación urbana plantea hoy las cuestiones que todos conocemos, la ley en proyecto generará aún peores barrios y ciudades si no corregimos su contenido con indicaciones.

He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, el articulado en estudio exhibe un objetivo interesante. Parece bueno que los proyectos que causen un impacto urbano tengan la obligación de hacer aportes al desarrollo del espacio público. Ello suena bien. Mas juzgo que el enfoque del texto es absolutamente desequilibrado en la defensa del interés general. Se contempla un mecanismo que facilita a las inmobiliarias la proposición de cómo pueden verificar ciertas contribuciones con esa finalidad; pero no se considera ninguna garantía para el Estado, para los vecinos, para los que van a sufrir los efectos. No me refiero solo a los directos, sino también, por sobre todo, a las externalidades.

A tal punto es así que el artículo 5° bis que se intercala en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades dispone que "Los fondos que la municipalidad recaude por concepto de aportes al espacio público, a que se refiere la ley General de Urbanismo y Construcciones, podrán ser administrados por ésta o delegar su administración a otra entidad pública o privada, con o sin fines de lucro". Es decir, se trata, a la vez, de la privatización de una función pública.

Deseo consignar que es necesario hacer una reflexión un poco más detenida de lo que se quiere.

El artículo 70 bis que se incorpora en la Ley General de Urbanismo y Construcciones dispone que las cesiones de terreno -el artículo 70 vigente señala un criterio- "se podrán cumplir pagando el valor equivalente al terreno a ceder a la municipalidad respectiva". O sea, esa es una lógica de desarrollo de la ciudad. Esta última es la que dice relación con lo que todos queremos discutir. El problema radica en que el texto encierra un concepto de cómo se construye la ciudad en virtud del cual algunos pueden evitar imposiciones al pagar para ejecutar obras en otro lado y no necesariamente donde se verifica el impacto.

Dependiendo del tamaño de la comuna y del lugar -en Temuco, en Rancagua-, resulta claro que se puede impactar el centro en una forma brutal. Pero es posible comprar unos terrenos en la periferia para quizás destinarlos a áreas verdes. Mas en esa forma no se hace una mejor ciudad. No se garantizan la vialidad o los espacios públicos necesarios para evitar un uso intenso, diría, de la superficie.

Se contempla un concepto interesante, sin duda, en cuanto a la intensidad de utilización del suelo. Y está bien. Pero no se dice cómo se quiere mitigar cuando ello sea excesivo. No se ha pensado en un aumento del tipo de beneficios que se deben dar a la ciudad y al contorno. No media una garantía en la materia.

En cuanto a los estacionamientos, a mi juicio la redacción -voy a mencionar otro aspecto- se orienta en una forma poco feliz.

No entiendo por qué, cuando se trata de una vivienda social, tiene que existir un estacionamiento por cada dos de ellas. No comprendo por qué seguimos con estándares de un país subdesarrollado y no con los de uno que quiere ser desarrollado. ¿Por qué, en el caso del condenado a una vivienda social, va a haber un auto con estacionamiento y otro en la vereda, o detrás de las rejas, o en una situación inadecuada?

No advierto cuál es la mentalidad de algunos urbanistas con relación a tal propósito. Pero, cuando se levantan grandes edificios, percibo que quieren decir: "Tratemos de fomentar el uso del transporte público".

No creo que el texto garantice la construcción de una mejor ciudad.

En seguida, me preocupa mucho la redacción del artículo 15 bis que se agrega a la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Me inquieta sobremanera que se disponga explícitamente que los organismos públicos no podrán exigir, respecto de una solicitud de cualquiera de las actuaciones a que se refiere la ley en proyecto, algo más de lo que particularmente se señala.

Aquí se están cercenando facultades de los consejos regionales, porque es algo que va incluido en un cuerpo legal paralelo sobre las nuevas atribuciones de los gobiernos regionales, que algunos queremos empoderar aún más.

Y, por último, señor Presidente, no abrigo la convicción de que sea conveniente la modificación exprés de los planes reguladores. Quizás en un mes se pueda hacer algún tipo de cambio; pero, por la amplitud de la redacción, estimo que se puede generar una ventana para un camino inadecuado.

Seguí el debate inicial de la iniciativa pensando que es posible establecer un sistema de aporte al espacio público que pueda lograr que las inmobiliarias intermedias contribuyan también al desarrollo de las ciudades. Esa es una parte que respaldo. Pero el texto que estamos conociendo en general no me convence que vamos a llegar a buen puerto.

Y, a diferencia de mi colega Muñoz Aburto, que tiene mucha esperanza en que se va a poder modificar el proyecto, mi impresión es que los intereses de algunas inmobiliarias son más fuertes.

He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- El señor Ministro podrá intervenir después de proclamado el resultado del pronunciamiento de la Sala.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (26 votos a favor y 3 en contra), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido, y se fija el lunes 26 de agosto próximo, a las 12, como plazo para presentar indicaciones.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).

Votaron por la negativa los señores Escalona, Frei (don Eduardo) y Letelier.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor PÉREZ (Ministro de Vivienda y Urbanismo).- Señor Presidente, solo ocuparé un momento para aclarar algo que me parece importante.

En algunas intervenciones se hizo referencia a "la fiesta de las inmobiliarias" -quiero dejar establecido que es justamente al revés- y también se manifestó preocupación por el concepto de desarrollo de las ciudades.

Precisamente lo que tenemos hoy día podríamos calificarlo, en alguna medida, de "fiesta de las inmobiliarias". Es posible observar que el 96 por ciento de los proyectos de densificación urbana no realizan ningún aporte al espacio público, porque contemplan un estacionamiento menos que el mínimo requerido por una norma de la ordenanza. Podría decirse que se carece de un sustento legal, como el que dice relación con el requisito del Estudio de Impacto Sobre el Transporte Urbano (EISTU) para aprobar iniciativas inmobiliarias.

Repito que justamente se busca lo contrario: que todos los proyectos mencionados contribuyan al espacio público de acuerdo con las externalidades que generan. Creo que el Senador señor Tuma, al mencionarlo, rescató muy bien el espíritu en el sentido de que los municipios tendrán que contar con un plan de inversiones, el que por lo menos ha de contemplar toda la vialidad considerada en el plan regulador comunal y, ojalá, un montón de otras inversiones que contribuyan al desarrollo de la ciudad.

Por lo tanto, se persigue el doble propósito de lograr, por una parte, que todos los proyectos aporten conforme a los efectos que provocan en el espacio público y de que los municipios cuenten, por la otra, con un plan de inversiones de mediano o de largo plazo que tiene que ser aprobado por su concejo tal como en el caso de un plan seccional y donde van a incluirse las prioridades que las propias comunas definan como desarrollo futuro de la ciudad.

Así que la iniciativa precisamente apunta a lograr una mejor ciudad y a que todos los privados contribuyan al espacio público según el impacto que generen, aporte este último que sea, además, justo, conocido por todos -no algo que se negocia, como hoy día, entre un privado y un ente público- y con reglas claras.

Ese es el espíritu detrás del texto, independiente de las perfecciones que se puedan introducir, y estaremos encantados de recibir todas las ideas que sea posible acoger.

Muchas gracias.

Boletín N° 5579-03

REGULACIÓN DE VENTA Y ARRIENDO DE VIDEOJUEGOS EXCESIVAMENTE VIOLENTOS

El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula la venta y arriendo de videojuegos excesivamente violentos a menores de 18 años y exige control parental para el uso de consolas, con segundo informe de la Comisión de Economía y urgencia calificada de "simple".

--Los antecedentes sobre el proyecto (5579-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 90ª, en 1 de marzo de 2011.

Informes de Comisión:

Economía: sesión 90ª, en 17 de enero de 2012.

Economía (segundo): sesión 4ª, en 19 de marzo de 2013.

Discusión:

Sesiones 1ª, en 13 de marzo de 2012 (se aprueba en general); 30ª, en 12 de junio de 2013 (queda aplazada la votación).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión deja constancia de que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones y de que realizó diversas enmiendas, acordadas por unanimidad, al proyecto aprobado en general.

Estas últimas deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición o de que existan indicaciones renovadas.

De dichas enmiendas, la recaída en el inciso tercero del artículo 49 bis que se incorpora a la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, contenido en el artículo 1º del texto en debate, debe ser acogida con 22 votos por incidir en normas de rango orgánico constitucional.

Como todas ellas fueron sancionadas por unanimidad en la Comisión, se puede realizar una sola votación, sobre la base, naturalmente, de que la recién mencionada debe reunir el quórum necesario.

El señor PIZARRO (Presidente).- Procederemos en la forma señalada por la Secretaría. Ruego hacer sonar los timbres.

No hay indicaciones renovadas.

En votación las proposiciones de la Comisión.

--(Durante la votación).

El señor PIZARRO (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, básicamente, el objetivo de la iniciativa es modificar la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores para imponer a fabricantes e importadores de videojuegos la obligación de colocar en los envases de comercialización leyendas que señalen claramente el nivel de violencia del producto respectivo.

El proyecto, iniciado en una moción presentada en la Cámara de Diputados, dispone que la advertencia al menos debe ocupar el 25 por ciento del espacio de ambas caras del envase o envoltorio y da la facilidad de homologar la observación hecha en el extranjero en orden a la regulación para determinadas edades.

Un segundo objetivo es el de modificar la ley Nº 19.846, sobre Calificación de la Producción Cinematográfica, con la finalidad de otorgar al Consejo de Calificación Cinematográfica competencia para determinar el nivel de violencia del videojuego cuando este no contemple la clasificación de la edad que deben tener los niños para usarlo.

Sin perjuicio de lo señalado y en atención a la existencia de estándares de calificación internacionales ampliamente reconocidos en la industria y por los gobiernos de distintos países, no será necesaria la intervención del Consejo si fabricantes o importadores observan la equivalencia con los sistemas de calificación del país de origen del videojuego que hayan sido reconocidos por resolución de dicho organismo.

En definitiva, señor Presidente, nos encontramos frente a un avance en la protección de niños que no reúnen la condición de un criterio formado para conocer videojuegos de alta violencia.

Con todo, permitimos que los padres actúen por la vía de la vigilancia que deben mantener sobre sus hijos.

La sanción a quien infrinja las normas de rotulación va de una a 50 unidades tributarias mensuales y se faculta al juez para aplicar, en caso de reincidencia, el doble de la multa.

El órgano técnico aprobó por unanimidad sus proposiciones. Nos constituimos en "Comisión Mixta", con miembros del Senado y de la Cámara de Diputados, para resolver de buena manera, y con acuerdo de importadores y de representantes del ámbito de la protección de los niños.

En consecuencia, votaré a favor.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, desde luego, votaré a favor todas las enmiendas unánimes propuestas por la Comisión de Economía.

En lo esencial, este proyecto modifica la ley Nº 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, a fin de que sea obligatorio incluir en los envases de los videojuegos advertencias que señalen claramente el nivel de violencia que contienen.

Hago presente que hay una enmienda con rango de norma orgánica constitucional.

También se incluye la prohibición de vender o arrendar videojuegos calificados para mayores de 18 años a personas que no acrediten esa edad.

Por otra parte, se reforma la ley No 19.846, sobre Calificación de la Producción Cinematográfica, para que el Consejo de Calificación Cinematográfica pueda pronunciarse acerca del nivel de violencia de los videojuegos.

Se crean nuevos grupos de calificación, según la edad y el contenido; se exige que la leyenda de advertencia ocupe al menos la cuarta parte de ambas caras del envase, y se contempla como sanción el decomiso de los productos y una multa de hasta 50 UTM.

La discusión en la Comisión permitió aclarar que no se trata de una censura previa a este tipo de productos ni de que nuestro país establezca un sistema de calificación adicional al que ya existe para Estados Unidos, Europa y Asia. Lo que se busca es adecuar estos modelos para su mejor comprensión.

Sin embargo, hubo aspectos del debate que no se recogieron en la iniciativa, como las críticas de los empresarios interesados en este mercado acerca de la excesiva rigidez para las importaciones, la dimensión de las advertencias impresas, los factores que deberá tomar en cuenta el Consejo de Calificación Cinematográfica y la inexistencia de medidas de orientación.

En consecuencia, señor Presidente, creo que la ley en proyecto es del todo adecuada. Por eso voto a favor de todas las modificaciones introducidas por la Comisión.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro, para fundamentar su voto.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, tal como lo manifestaron los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, esta iniciativa busca evitar que los niños y jóvenes usen videojuegos violentos, ya que se ha podido comprobar que estos provocan más agresividad que los programas de televisión violentos, por cuanto en los primeros interactúan personalmente.

Para esos efectos, el proyecto en análisis modifica la ley No 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, a fin de imponer a los fabricantes e importadores de videojuegos la obligación de colocar en los envases en que comercialicen dichos productos leyendas que señalen claramente el nivel de violencia de su contenido.

Asimismo, se introducen enmiendas a la ley No 19.846, sobre Calificación de la Producción Cinematográfica, con la finalidad de otorgar al Consejo de Calificación Cinematográfica competencia para calificar el nivel de violencia de los videojuegos.

La iniciativa que nos ocupa fue aprobada por la Cámara de Diputados, y el Senado ya se pronunció a favor de la idea de legislar.

Se propone incorporar un artículo 49 bis a la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores para obligar a los fabricantes y/o importadores de videojuegos a señalar en los envases y en toda publicidad relativa a ellos el nivel de violencia y el valor educativo de cada videojuego.

Conforme a tales parámetros, en un principio se sugirió clasificar los videojuegos en aptos para "mayores de 3 años", "mayores de 7 años", "mayores de 12 años", "mayores de 16 años" y "mayores de 18 años".

El Senador Hernán Larraín y yo presentamos indicaciones para orientar en forma distinta la clasificación de videojuegos violentos. Estas fueron aprobadas prácticamente en su integridad por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Economía. Se estimó necesario modificar el enfoque, por cuanto parecía contrario al objeto de la iniciativa hablar de violencia "apta" para menores de 3 años o de 8. En efecto, ningún tipo de violencia puede ser considerada "apta para niños". Por ello, las indicaciones se refieren a videojuegos "no recomendados" para menores de cierta edad.

Tales enmiendas, además, plantean los parámetros que debieran tomarse en cuenta para una clasificación adecuada, fundada no en el nivel de violencia, sino en la bondad del producto, por su contenido educativo o cultural. Con ello se logra que los videojuegos positivos sean fácilmente detectados y conocidos por las personas que quieren comprar uno para un niño o un joven.

Por otra parte, mediante las indicaciones referidas, se elimina la norma que prohibía a los chilenos acceder a las páginas de Internet que contengan publicidad que no concuerde con la chilena, por cuanto ello es imposible en la práctica.

Creo que este proyecto va en el camino correcto para tener niños más sanos, que no se expongan a una imagen de violencia permanente y a un tipo de elementos que lo único que hace es afectar negativamente el desarrollo y la educación de los menores.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueban las enmiendas de la Comisión de Economía (25 votos a favor y una abstención), dejándose constancia de que se cumplió el quórum constitucional exigido, y queda despachado el proyecto en este trámite.

Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).

Se abstuvo el señor Muñoz Aburto.

Boletín N° 8201-09

ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN PASARELAS, PASOS SOBRE NIVEL Y PUENTES QUE CRUZAN CARRETERAS

El señor PIZARRO (Presidente).- Conforme a los acuerdos de Comités, corresponde tratar el proyecto, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores García-Huidobro, Uriarte, Larraín (don Hernán), Orpis y Pérez Varela, sobre medidas de seguridad en pasarelas, pasos sobre nivel y puentes que cruzan carreteras, con segundo informe de la Comisión de Obras Públicas, informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "simple".

--Los antecedentes sobre el proyecto (8201-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley (moción de los Senadores señores García-Huidobro, Uriarte, Larraín Fernández, Orpis y Pérez Varela):

En primer trámite, sesión 2ª, en 14 de marzo de 2012.

Informes de Comisión:

Obras Públicas: sesión 53ª, en 9 de octubre de 2012.

Obras Públicas (segundo): sesión 39ª, en 9 de julio de 2013.

Hacienda: sesión 39ª, en 9 de julio de 2013.

Discusión:

Sesión 60ª, en 7 de noviembre de 2012 (se aprueba en general).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La iniciativa fue aprobada en general en sesión de 7 de noviembre de 2012.

La Comisión de Obras Públicas deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.

El referido órgano técnico efectuó una enmienda al texto aprobado en general, consistente en reemplazar los tres artículos propuestos por un artículo único con dos numerales, modificación que fue aprobada por unanimidad.

Por su parte, la Comisión de Hacienda aprobó, en los mismos términos, el texto despachado por la Comisión de Obras Públicas.

Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión.

Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Obras Públicas y el texto final que resultaría de aprobarse dichas modificaciones.

El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión particular.

Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, paso a informar el trabajo de la Comisión de Obras Públicas respecto del debate en particular del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre medidas de seguridad en pasarelas, pasos sobre nivel y puentes que cruzan carreteras.

Esta iniciativa aborda un nuevo problema que se ha generado en el país como consecuencia de la modernización de la infraestructura vial que se ha producido en las últimas décadas. El enorme avance ha dado lugar a un nuevo fenómeno delincuencial: el lanzamiento de objetos contundentes a los vehículos que circulan por las carreteras, práctica que ha causado lesiones, daños y muertes, como ocurrió en un caso el año pasado.

Ante la persistencia de tales prácticas y la necesidad de proteger la integridad de las personas, se ha hecho necesario que los pasos a desnivel y las pasarelas cuenten con nuevas medidas de seguridad para proteger mejor a los automovilistas frente a la vandálica práctica descrita.

Para ello, el proyecto en informe hace de cargo del Ministerio de Obras Públicas el establecimiento, mediante reglamento, de normas mínimas de seguridad que deberán considerar las pasarelas peatonales y los pasos desnivelados o puentes que cruzan carreteras, para evitar el lanzamiento de objetos contundentes a los vehículos en circulación.

Según la iniciativa, esas nuevas normas de seguridad serán parte integrante de los nuevos contratos de construcción de obras y de concesión de carreteras, en cuyas bases de licitación se deberán contemplar niveles de servicio acordes con las normas de seguridad que serán fijadas por el referido decreto del Ministerio de Obras Públicas, además de sanciones y multas ante el incumplimiento de dichos estándares.

Asimismo, como ya existen numerosas carreteras concesionadas en todo el país, para que las nuevas medidas de seguridad sean incorporadas en tales vías, el proyecto contempla una excepción a los actuales límites de ampliación de obras que dispone la Ley de Concesiones, que ya se encuentran copados en casi todas nuestras autopistas. Estas ampliaciones permitirán al Fisco ordenar nuevas obras, por las cuales compensará al concesionario.

Al mismo tiempo, y para la debida transparencia de las inversiones que en definitiva debe solventar el Estado, la iniciativa exige que, "si el valor de su incorporación excediera el cinco por ciento del presupuesto oficial de la obra o correspondiere a una suma superior a cien mil unidades de fomento, su ejecución deberá ser licitada por el concesionario, bajo la supervisión del Ministerio de Obras Públicas, en la forma que establezca el reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas". De esta manera, esas inversiones se compensarán al concesionario en su real valor.

Cabe hacer presente que las referidas disposiciones no serán aplicables respecto de contratos de concesión resultantes de procesos de licitación cuyas ofertas se hayan presentado con anterioridad a la entrada en vigencia de esta futura ley, salvo para los concesionarios que, dentro del plazo de tres meses siguientes a la publicación del reglamento, opten por la aplicación de tales normas en sus respectivos contratos.

La Comisión de Obras Públicas deja constancia de que este proyecto, originado en una moción de los Senadores señores Uriarte, Larraín Fernández, Orpis, Pérez Varela y quien habla, contó con el respaldo del Ejecutivo, que, al presentar sus indicaciones, asumió el compromiso de dictar normas de seguridad para las pasarelas, de adoptarlas en la construcción de las nuevas autopistas y de costear la ejecución de las obras complementarias que demande su incorporación.

A las concesionarias, sin duda, les preocupa la actual situación y asumirán esas medidas de resguardo para evitar atentados que generen demandas de personas por daños, lesiones o muertes a raíz del lanzamiento de objetos contundentes desde las pasarelas de las carreteras en concesión.

Por las razones expuestas, la Comisión de Obras Públicas aprobó la iniciativa que nos ocupa por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Quintana, Sabag y quien habla). Lo mismo hicieron los integrantes presentes de la de Hacienda.

El año pasado se denunciaron 229 incidentes en las carreteras. Sin duda, el más trágico fue el que causó la muerte de la periodista Andrea Urrejola a consecuencia de una pedrada recibida en el cruce de Requínoa.

Pero ha habido otros sucesos.

En el año 2000, la señora Carla Roasenda sufrió graves lesiones en la Autopista del Sol. En 2002, la señora Gladys Valck quedó con graves secuelas neurológicas debido a una pedrada lanzada en la ruta 5. En 2007, la señora Karina Maureira fue víctima de un delincuente en la autopista Vespucio Sur. En 2004, la señora Nancy Herraz fue atacada en la ruta 78, y en 2010, la señora Cecilia Inostroza sufrió un hecho similar en el sector de Tobalaba. Y no podemos dejar de recordar la pedrada que recibió el automóvil de la Senadora señora Lily Pérez cuando viajaba por el Troncal Sur de la ruta 68 el año 2010.

Señor Presidente, creo que el proyecto en examen va en el camino correcto, por cuanto busca proteger a todos los conductores y a los vehículos que transitan por las rutas concesionadas y, también, por las que pertenecen al Estado. En los lugares peligrosos de esas carreteras tendrán que hacerse las inversiones pertinentes para resguardar a quienes por ahí circulan.

Anuncio mi voto a favor.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag.

El señor FREI (don Eduardo).- Votemos.

El señor SABAG.- El Honorable señor Frei está pidiendo que se abra la votación.

El señor PIZARRO (Presidente).- Procederemos a ello luego de su intervención, Su Señoría.

El señor SABAG.- Muy bien.

Señor Presidente, la iniciativa tuvo su origen en una moción de los Senadores señores García-Huidobro, Uriarte, Larraín Fernández, Orpis y Pérez Varela.

El texto inicial del proyecto fue reemplazado por una indicación del Ejecutivo, aprobada por unanimidad en la Comisión de Obras Públicas, aunque con cambios menores. La de Hacienda, por su parte, solo cuestionó que la Dirección de Presupuestos presentara un informe financiero señalando que el costo de la iniciativa -sin precisar un monto- no era relevante.

Las modificaciones introducidas mantienen el sentido original del proyecto. Solo incorporan mayores precisiones, distinguiéndose entre las carreteras que ya se encuentran concesionadas y las que se liciten después de entrar en vigencia la ley. Se dispone que el Estado se haga cargo de las inversiones en el primer caso y las concesionarias se responsabilicen del asunto en el futuro, aunque se estipula un plazo de tres meses para que estas acepten asumir dicho cargo, a fin de ofrecer un mejor servicio y condiciones de seguridad a sus usuarios.

Se establece, además, que las medidas de protección se aplicarán a pasarelas y pasos desnivelados o puentes que pasen sobre caminos unidireccionales, con dos o más pistas por calzada, sin cruces a nivel y con velocidades mayores a 80 kilómetros por hora.

No cabe duda de que la iniciativa en análisis, que ya fue aprobada por unanimidad en la Comisión, es altamente conveniente por las condiciones que señaló el Senador señor García-Huidobro, provocadas por los muchos accidentes -algunos de ellos fatales- que han ocurrido justamente por la existencia de estas pasarelas.

En las primeras obras concesionadas se omitieron muchas de estas mejoras para la calidad de las carreteras y naturalmente se cometieron -yo diría- muchos deslices sobre esa materia. Pero en las nuevas concesiones se contemplarán absolutamente todas las seguridades que deben brindarse para la protección de los peatones y también, por supuesto, para los automovilistas.

Considero que es una muy buena ley, la cual, naturalmente, aprobamos en la Comisión de Obras Públicas por unanimidad, y espero que cuente también con el voto de nuestros colegas aquí, en la Sala.

El señor PIZARRO (Presidente).- Antes de dar la palabra a la Senadora señora Lily Pérez, abriremos la votación.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Como usted desee.

El señor PIZARRO (Presidente).- En votación las enmiendas propuestas por la Comisión de Obras Públicas.

--(Durante la votación).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Lily Pérez, para fundar su voto.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, es bien complejo para mí hablar acerca de este proyecto de ley, por cuanto fui víctima de las consecuencias que provoca la falta de aplicación de una normativa como la que ha propuesto un grupo de Senadores, encabezados por el Honorable señor García-Huidobro. En verdad, el asunto es muy complicado para cualquier persona que haya sufrido algún tipo de agresión en carretera.

En primer lugar, no todas las pasarelas se hallan cubiertas por mallas de protección. Al no existir dicha medida de seguridad, una persona que transita por ellas puede arrojar piedras de grandes dimensiones a la carretera. Y todos sabemos que, por la velocidad con que circulan los automóviles, tales proyectiles adquieren una fuerza realmente impactante.

Muchas personas han muerto por esa causa o han perdido alguna parte de sus miembros, quedando con secuelas o daños permanentes. Se han perdido muchas vidas, como recordó el Senador señor García-Huidobro.

Una de las cosas que más me han preocupado es el funcionamiento de las concesionarias en reacción a este tipo de accidentes.

Recuerdo haber sufrido el incidente -lo mencionó el Senador señor García-Huidobro- el año 2010 en la autopista Troncal Sur. Venía desde Quillota hacia Valparaíso (al Senado). Luego de recibir la pedrada desde un paso sobre nivel, llamé al teléfono que aparece en la boleta del peaje, y me contestaron en la concesionaria de Los Andes. No tenía ninguna relación el lugar desde el cual me respondían: para el tramo Quillota-Valparaíso atendieron desde Los Andes. ¡Ese era el número telefónico que aparecía en la boleta del peaje para llamar en situaciones de emergencia!

Afortunadamente, en mi caso -y en otros también- el asunto no tuvo consecuencias graves. Pero cabe preguntarse: ¿qué pasa con la atención debida en los accidentes en los que resulta insustituible el rol de las personas que deben velar por el buen funcionamiento de las rutas concesionadas?

Ese es un botón de muestra.

Por eso, señor Presidente, sí tiene sentido el texto legal que han propuesto los señores Senadores patrocinantes.

Se requiere mayor protección y que el Estado pueda decir algo con respecto a las concesionarias que, si bien están trabajando en beneficio de la gente, a la vez, deben entregar un servicio coherente, principalmente cuando suceden episodios de esta naturaleza.

Así que, señor Presidente, de todas maneras apoyar este proyecto es un aporte. Y me parece que también nos tiene que servir de precedente para que todas las concesiones que se entreguen mediante la ley respectiva vayan aparejadas de medidas de seguridad realmente afinadas y muy bien revisadas en los textos legales y reglamentarios, porque este tipo de situaciones se producen y, al final, la gente no solo siente una indefensión enorme, sino que la constata cuando ocurre una emergencia de esta índole.

He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, sin duda, uno de los aportes más significativos que la ciudadanía esperaba -y que se llevan adelante, particularmente mediante la Ley de Concesiones- era la mejora del estándar de nuestras carreteras. Y creo que esa aspiración se ha logrado en una serie de aspectos. Pero ahora nos hemos visto enfrentados a una forma delincuencial para la que las carreteras no estaban preparadas.

Por lo tanto, ¿cómo reaccionar frente a este fenómeno? ¿Qué podemos hacer para que nuestras autopistas, construidas mediante la Ley de Concesiones o directamente por el Ministerio de Obras Públicas, sean cada día más seguras, garantizando el tránsito adecuado de las personas y los medios de transporte y ofreciendo condiciones técnicas no solo para que los vehículos circulen a una velocidad razonable, sin riesgo de ninguna naturaleza, sino también para impedir que se crucen animales o que personas lancen piedras u otros objetos contundentes?

Ese es el objetivo por el cual el Senador García-Huidobro nos convocó a participar en este proyecto de ley.

A mi entender, la fórmula que en definitiva se encontró es adecuada y necesaria: mandatar al Ministerio de Obras Públicas para que dicte un reglamento que determine con claridad el uso de medidas de seguridad y resguardo. Y no solo para señalar cuáles serán, sino también para fijar en qué lugares deberán establecerse.

En los nuevos contratos de concesión, en los nuevos llamados a licitación, estas medidas tendrán que estar integradas. Y cuando se produzcan ampliaciones de contratos -como ocurre en variados momentos- también deberán ser obligatorias.

En consecuencia, creemos que se trata de un instrumento adecuado para ampliar la seguridad de nuestras carreteras, lo cual es, a fin de cuentas, la gran finalidad, el gran propósito por el cual hoy día se lleva adelante la Ley de Concesiones, así como todos los programas del Ministerio de Obras Públicas.

Hay que lograr de manera objetiva, práctica, que las personas transiten con seguridad por las autopistas, evitando no solo accidentes, sino también hechos delincuenciales como los que han relatado en forma brutal el Senador García-Huidobro y la Senadora Lily Pérez, los cuales generan, además de daño para los afectados, incertidumbre, temor y miedo a transitar a determinadas horas y bajo ciertas circunstancias por algunos lugares.

Lamentablemente, ni el Ministerio de Obras Públicas, por un lado, ni las empresas concesionarias, por el otro, han reaccionado de la manera eficaz que uno hubiera esperado.

Por lo tanto, se debe consagrar un mecanismo legal, un reglamento obligatorio que establezca con certeza las acciones a adoptar, que mandate con claridad a los responsables de la construcción y mantención de nuestras rutas para que tomen todas y cada una de las medidas de seguridad tendientes a que la ciudadanía, los camioneros, los transportistas, las personas que conducen vehículos particulares, los buses interprovinciales, el transporte público, puedan circular con mayor seguridad.

Creo que esta es una buena iniciativa, un instrumento adecuado para enfrentar el desafío que tenemos.

Por eso, quiero agradecerle al Senador García-Huidobro por habernos convocado a participar en esta moción, particularmente porque en regiones la solución a este problema constituye una necesidad. Esperamos que, una vez transformada en ley, veamos pronto obras y proyectos que mejoren sustantivamente la seguridad en nuestras carreteras.

He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín para fundamentar su voto.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, solo deseo formular dos reflexiones claras y precisas a una normativa cuyo interés práctico es enorme.

La primera tiene que ver exactamente con eso. Esta iniciativa, liderada por el Honorable señor García-Huidobro, fue secundada por los Senadores señores Uriarte, Pérez Varela, Orpis y el que habla. Y lo hicimos precisamente porque se trata de resolver un problema concreto que existe en nuestra realidad regional. Es probable que al interior de las grandes ciudades esta situación no se produzca, pero en regiones -carreteras, autopistas, caminos vecinales de alto tráfico- es de mucha ocurrencia.

Por consiguiente, resolver las deficiencias de seguridad a través de medidas que prevengan hechos como los descritos -extraordinariamente lamentables, ya que las personas que viajan en sus vehículos pueden incluso perder la vida (de hecho, ha ocurrido) o ser gravemente amenazadas (como le pasó a la Senadora Lily Pérez)- es algo que debemos llevar a cabo en forma clara.

A mi juicio, esta iniciativa, que es simple, tiene el mérito de ser una solución concreta a un problema real. Y su valor, en tal sentido, es muy grande.

En segundo lugar, resulta importante advertir que muchas veces no podemos sacar adelante proyectos relativos a situaciones conocidas por nosotros por corresponder a materias de iniciativa exclusiva del Primer Mandatario.

En este caso, se dio la feliz coyuntura de que una inquietud fue recogida en el ámbito parlamentario, en forma limitada, aunque, a Dios gracias, el Ejecutivo la entendió y la complementó para hacerla efectiva. De esa manera, hoy día tenemos una normativa que no solo es admisible, sino que además refleja el buen trabajo concordado entre parlamentarios y el Ejecutivo para resolver, como decía, un problema concreto.

Por tales razones, señor Presidente, me parece que estamos frente a una moción que ha sido perfeccionada con las indicaciones y la labor efectuada por la Comisión de Obras Públicas, que valoramos enormemente y que, por tanto, apoyaremos en forma clara.

He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, estimo que esta es una muy buena iniciativa legal, ya que no existe acto de mayor cobardía que aquel en que alguien se para en una pasarela y tira piedras a los vehículos que pasan sin otra finalidad que la de querer causar un daño que, como se ha visto en los numerosos ejemplos aquí mencionados, puede costarle la vida a una persona o causarle lesiones que la dejen deforme y marcada por el resto de sus días; acto que, además, se lleva a cabo con dolo directo o eventual, en el sentido de que no se distingue a la víctima del delito, que puede ser el conductor del vehículo, una guagüita, un niño, un anciano, y que es una acción criminal de las que motivan el mayor reproche social, por ser un delito cometido con alevosía y premeditación. O sea, se sabe que se va a causar un daño, pero se tiene la cobardía de insistir en la conducta, no obstante desconocerse quién será la víctima.

Alguien se preguntará por qué hago esta distinción. La verdad es que cuando hay un crimen, un asesinato, el hechor sabe que determinada persona es la víctima, la evalúa y actúa contra ella. Pero en este caso se trata de un acto absolutamente alevoso, que no tiene ningún tipo de justificación.

En otro orden, me gustaría que alguno de los Senadores que analizaron la moción me explicara la disposición que modifica el artículo 84° del decreto con fuerza de ley N° 850, de 1998, del Ministerio de Obras Públicas, donde se señala que debe tratarse de carreteras con velocidades mayores a 80 kilómetros por hora.

Tengo una duda. Entiendo que existen platas del Estado involucradas, porque todas las futuras concesiones van a incluir recursos para implementar mecanismos de resguardo en las pasarelas y que aquellas que están licitándose tendrán un período en el cual se agregará dinero complementario para cubrir el gasto.

Mi pregunta es: ¿por qué, si existen tantas pasarelas, se propone una solución a medias? Porque, si una persona conduce su vehículo por una carretera, o una calle, o una vía en que el límite de velocidad es de 40 o 50 kilómetros por hora y alguien le tira una piedra que pesa 4 o 5 kilos, el acto de maldad es el mismo. ¿Por qué en estos casos no se van a tomar las mismas medidas de seguridad?

Me cuesta entender el criterio que hubo para hacer esta distinción, salvo que ella se deba, como escuché por aquí, a un problema de recursos. Pero, si finalmente se quiere resguardar a las personas hacia el futuro, lo razonable es que cada pasarela que se construya -todas- tenga protección, cualquiera que sea la velocidad con que esté autorizada la circulación de los vehículos.

No veo por qué una pasarela ubicada en una vía donde la velocidad máxima es 60 kilómetros por hora va a estar exenta de estas medidas de seguridad. Sin duda debiera tenerlas, a lo menos hacia el futuro.

Por lo tanto, señor Presidente, voy a respaldar la iniciativa, pero me gustaría que algún miembro de la Comisión de Obras Públicas me contestara tal interrogante. Si no, al menos manifiesto mi aprensión para que el punto se pueda clarificar y modificar en la Cámara de Diputados. A mi juicio, toda construcción de pasarelas, cualquiera que sea la velocidad con que se transite por los caminos, debiera contemplar medidas de seguridad, porque lamentablemente hay incivilizados que arrojan piedras y otros objetos causando daño a las personas.

Como he dicho, me gustaría que alguien me explicara el fundamento del límite de los 80 kilómetros por hora. Igual voy a votar a favor, por cuanto la normativa está bien, pero tengo una aprensión por ese límite de velocidad, ya que esto debiera regir siempre, independientemente de aquello. Quien construye las pasarelas es, o el municipio o una empresa a la que este le encarga la obra, con fondos propios o sectoriales del Ministerio de Obras Públicas, o del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando así corresponde; pero en todas esas construcciones debiera estar incluida la obligación de disponer estas medidas de seguridad y no solo en las que se realizan en vías en que el límite de velocidad es superior a 80 kilómetros por hora. Esta última es una distinción a la que no le veo mayor justificación.

Con esta prevención, señor Presidente, voto a favor.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueban las enmiendas propuestas por la Comisión de Obras Públicas (26 votos afirmativos), y el proyecto queda despachado en este trámite.

Votaron las señoras Allende, Alvear, Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).

El señor PIZARRO (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señores Coloma, Rossi y Letelier.

Boletín N° 8466-07

FOMENTO DE FIRMA Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

El señor PIZARRO (Presidente).- Conforme a lo convenido por los Comités, corresponde tratar el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma y otros textos legales que indica, con informe de la Comisión de Economía y urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (8466-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 37ª, en 31 de julio de 2012.

Informe de Comisión:

Economía: sesión 36ª, en 2 de julio de 2013.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es facilitar y fomentar el uso de la firma electrónica avanzada, tanto por parte de los particulares como de los organismos públicos; ampliar el ámbito de aplicación y crear incentivos para el uso de los documentos electrónicos.

La Comisión de Economía discutió este proyecto en general y en particular, en virtud del acuerdo adoptado por la Sala en su sesión del 8 de enero de 2013, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Espina, García, Tuma y Zaldívar. Asimismo, lo aprobó en particular con diversas enmiendas que acordó también por unanimidad.

Cabe tener presente que la letra b) del artículo 7°, propuesto por el numeral 9) del artículo primero del proyecto de ley, tiene el carácter de norma orgánica constitucional, por lo que requiere para su aprobación de 22 votos favorables.

El texto de la iniciativa que la Comisión de Economía propone aprobar solo en general se transcribe en las páginas 60 a 80 del primer informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general.

Tiene la palabra el Senador señor Novoa.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, el proyecto sobre firma electrónica avanzada y certificación de firma fue analizado en la Comisión de Economía en general y en particular en el primer informe, sin perjuicio de que a la Sala le corresponde pronunciarse solamente respecto de la idea de legislar.

Durante su discusión en la Comisión se le introdujeron diversas modificaciones al texto enviado por el Ejecutivo con el objeto de ir despejando algunas inquietudes que se habían suscitado.

Se revisó exhaustivamente toda la parte que se refiere en forma específica a la firma electrónica avanzada y a la certificación de fecha de los documentos electrónicos, donde se habían planteado algunas objeciones o temores por parte de distintos abogados especializados en el estudio de esta materia.

En definitiva, la Comisión aprobó el texto unánimemente, tanto en general como en particular, dejando constancia de que la discusión pormenorizada de la iniciativa estuvo centrada en sus aspectos más técnicos, especialmente en aquellos que habían suscitado debate. En cuanto al resto del articulado, a la parte más formal o reglamentaria -por llamarla de alguna manera-, no se hizo una revisión a fondo, porque el proyecto, aun cuando haya sido discutido en general y en particular en el primer informe, de todos modos tiene que ser sometido a un período de indicaciones y todos los Senadores, incluidos naturalmente los miembros de la Comisión de Economía, podrán plantear perfeccionamientos.

Quisiera señalar que la firma electrónica y el procedimiento para establecerla ya llevan varios años de aplicación en Chile. Sin embargo, se ha constatado que su uso no se ha generalizado. Y el Ejecutivo sostiene que ello se debe a que no existe un mecanismo especial que pueda dar una certificación o garantizar de mejor forma la autenticidad de una firma.

Por eso, la modificación a la Ley sobre Documentos Electrónicos básicamente consiste en establecer una firma electrónica avanzada, que otorgue un mayor grado de seguridad y que también contemple la posibilidad de que los documentos públicos puedan ejecutarse mediante este sistema.

El otro punto que, según el espíritu del proyecto, contribuirá a generalizar el uso de la firma y los documentos electrónicos, es la certificación de fecha. Del mismo modo en que hay entidades que certifican la autenticidad de la firma electrónica, existirá la opción de certificar de manera fehaciente la fecha y hora en que un documento es emitido y la fecha y hora en que queda suscrito por las personas que lo firman electrónicamente.

Para concluir, debo señalar que en la discusión en general y en particular, con ocasión del primer informe, la Comisión se tomó bastante tiempo.

Así, se escuchó la opinión de distintos expertos en la materia y se llegó a acuerdos unánimes respecto a la necesidad de avanzar en la legislación, en el entendido de que los tiempos que corren indican que la gran mayoría de los documentos serán elaborados de manera electrónica. Por ello, facilitar la generalización de su uso, al igual que el de la firma electrónica, ayudará enormemente en las transacciones y en la actuación de las autoridades y pondrá a tono nuestra legislación con la época en que vivimos.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, como se ha mencionado, el objetivo de esta iniciativa es facilitar y fomentar el uso de la firma electrónica avanzada tanto por los particulares cuanto por los organismos públicos, ampliar su ámbito de aplicación y crear incentivos para el uso de los documentos electrónicos.

Con tal fin, se plantea la modificación de diversas normas del Código Civil y del Código de Procedimiento Civil; la ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y -lo señaló el Senador Novoa- servicios de certificación de dicha firma; la ley N° 20.217, que enmendó la anterior y la ley N° 18.092, concerniente a letras de cambio y pagarés.

Nadie puede poner en duda que la instauración de la firma electrónica ha constituido un paso de primera importancia en la agilización de muchos trámites y que, por lo tanto, ha servido para incrementar la competitividad de las empresas y los servicios públicos.

Este proyecto propone ampliar aún más el ámbito de aplicación de este sistema de autenticación de las personas que expresan su voluntad, además de perfeccionar la legislación ya existente a la luz de la experiencia vivida como país. En efecto, transcurridos diez años desde la dictación de la primera normativa sobre la materia, es posible constatar que hay un escaso uso de esta modalidad de suscripción de contratos y certificados, en lo cual se incluye a los propios organismos del Estado.

Esta iniciativa se enmarca también dentro de los esfuerzos del Gobierno por promover el progreso de las pymes. Y aunque en la Comisión se plantearon algunas críticas, especialmente en lo relativo a la equivalencia del valor probatorio con el concepto de instrumento público o la manera en que se produce efectivamente el sellado de tiempo para que tenga utilidad práctica, en esencia su texto se debe analizar con cuidado y suma prudencia por incidir directamente en la manera en que se estructura nuestra sociedad.

Estimo que la modernidad en que vivimos nos lleva a aprobar este proyecto de ley, el cual es altamente conveniente para los tiempos actuales y para la competitividad de los sectores privado y público.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, he pedido intervenir para complementar las intervenciones de los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, especialmente la del Presidente de la Comisión de Economía, el Senador Novoa.

Efectivamente, en dicho órgano técnico realizamos un examen exhaustivo de la iniciativa legal, tanto en general cuanto en particular, y tratamos de precisar lo más posible el texto que hoy día vemos en la Sala. Seguramente, este deberá volver a Comisión para un segundo informe y así tendremos plazo para efectuar una nueva revisión.

Como aquí se dijo, hace 10 años se dictó en Chile la ley N° 19.799, que estableció el sistema de firma electrónica. Sin embargo, durante ese período ese procedimiento no ha marchado de acuerdo al progreso experimentado por los nuevos sistemas de telefonía y de Internet. Incluso, en los últimos tratados que hemos suscrito con Australia y Estados Unidos, se nos ha recomendado, a efectos de avanzar en los temas de comercio exterior, que incorporemos una normativa relacionada con la firma electrónica.

A nuestro juicio, la iniciativa en debate avanza en tal sentido.

Debo señalar también que al momento de legislar hemos tratado de cuidar el principio de la certeza jurídica, porque es un elemento fundamental que dice relación con la confianza. Y lo hemos hecho para que el sistema de firma electrónica pueda realmente aplicarse en nuestra nación conforme a la modernidad imperante.

Por tales razones, le recomendamos a la Sala que apruebe en general esta iniciativa, sin perjuicio de que una vez que se fije fecha para presentar indicaciones podamos perfeccionarla en los aspectos que no pudimos mejorar con ocasión del primer informe.

El proyecto contó con el voto unánime de todos los miembros de la Comisión, tanto en general cuanto en particular.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, quiero anunciar el voto favorable de los Senadores de Renovación Nacional a esta iniciativa que busca facilitar y fomentar el uso de la firma electrónica avanzada por particulares y organismos públicos.

De igual manera, el proyecto en discusión busca ampliar el ámbito de aplicación de la firma electrónica avanzada y, por supuesto, crear incentivos para la utilización de documentos electrónicos.

Tal cual señalaron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, resulta cada vez más frecuente que numerosas actividades cotidianas que antes realizábamos de manera personal y en papel hoy las efectuemos por la vía electrónica y en formato digital.

Por lo tanto, hacia allá va el mundo, las economías modernas. Y nuestro país, que tiene una economía muy abierta, no puede quedarse atrás.

De ahí la importancia de modernizar nuestra legislación, de ponerla al día.

Tenemos un cuerpo legal en materia de firma electrónica que data de hace diez años. No es tanto tiempo en términos generales, pero en términos de avance tecnológico, por supuesto que sí lo es. En una década -¡qué duda cabe!- la tecnología ha progresado, ha avanzado muchísimo. Y, por ende, actualizar nuestra legislación e incentivar el uso de las tecnologías electrónicas en nuestras actividades más cotidianas es algo deseable.

En todo ello debe tenerse presente, como expresó el Senador Andrés Zaldívar, la certeza jurídica, es decir, que con la utilización de la firma electrónica avanzada con sellado de tiempo (esto es, con la certificación de que el documento se extendió el día, el mes y la hora que en él se indican) se da plena fe de la autenticidad de estos instrumentos, y también de la voluntad de los contratantes, de quienes concurren con su firma electrónica avanzada.

Por eso, señor Presidente, esta es una iniciativa muy relevante, muy modernizadora y muy necesaria para los tiempos que vienen. Y, como ya señalé, los Senadores de Renovación Nacional la vamos a votar favorablemente.

Por último, señor Presidente, le solicito que recabe el asentimiento de la Sala para que pueda ingresar el Subsecretario de Economía, don Tomás Flores, a efectos de contar con su presencia durante el debate del proyecto.

El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a ello?

El señor PROKURICA.- Sí, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- Acordado.

Vamos a tratar de que entre a la Sala antes de someter a votación la iniciativa¿

El señor PROKURICA.- ¡Antes de que toque la campanilla¿!

El señor PIZARRO (Presidente).- El señor Subsecretario es privilegiado, porque ingresará justo cuando se va a votar el proyecto...

No hay nadie más inscrito.

¿El señor Subsecretario quiere intervenir?

¿No?

En votación el proyecto.

Se harán sonar los timbres para llamar a Sus Señorías, porque una norma es de quórum especial.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (25 votos favorables) y se deja constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido.

Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).

El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde fijar plazo para presentar indicaciones.

El señor GARCÍA.- Que sean 15 días, señor Presidente.

El señor PROKURICA.- Eso es mucho. Con una semana estaría bien.

El señor PIZARRO (Presidente).- Podría ser el 26 de agosto, porque entremedio se encuentra la semana regional.

El señor GARCÍA.- Una semana menos.

El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se fijará plazo para formular indicaciones hasta el lunes 26 de agosto, a las 12.

--Así se acuerda.

Boletín N° s1589-12

RECHAZO A DECLARACIONES DE PRESIDENTE DE VENEZUELA EN CONTRA DE SENADOR SEÑOR NOVOA. PROYECTO DE ACUERDO

El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa un proyecto de acuerdo suscrito por los Honorables señores García-Huidobro, Prokurica, Rossi, Tuma y Sabag, con el que solicitan que el Ministerio de Relaciones Exteriores haga llegar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela el rechazo enérgico del Senado a las injurias formuladas por su Jefe de Estado en contra del Honorable señor Novoa.

El señor PIZARRO (Presidente).- De conformidad con lo resuelto precedentemente por los Comités, se votará esta iniciativa a continuación.

--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1589-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:

Se da cuenta en sesión 42ª, en 30 de julio de 2013.

El señor PIZARRO (Presidente).- En votación.

El señor PROKURICA.- "Si le parece", señor Presidente.

El señor CHAHUÁN.- "Si le parece".

El señor PIZARRO (Presidente).- Si no hay objeción, se aprobará.

--Por unanimidad, se aprueba el proyecto de acuerdo.

Boletín N° 8951-10

ACUERDO MODIFICATORIO DE TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHILE Y CANADÁ

El señor PIZARRO (Presidente).- En seguida, corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Acuerdo para modificar el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá, hecho en Santiago el 5 de diciembre de 1996, tal como se ha modificado entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá", firmado en Santiago de Chile el 16 de abril del 2012, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores y urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (8951-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de acuerdo:

En segundo trámite, sesión 27ª, en 4 de junio de 2013.

Informe de Comisión:

Relaciones Exteriores: sesión 32ª, en 18 de junio de 2013.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es incorporar un nuevo Capítulo de Servicios Financieros al Tratado de Libre Comercio antes mencionado.

La Comisión de Relaciones Exteriores discutió el proyecto en general y en particular y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Kuschel, Larraín (don Hernán), Letelier, Tuma y Walker (don Ignacio).

Cabe hacer notar que el referido órgano técnico deja constancia de que la iniciativa incide en normas de rango orgánico constitucional y de quórum calificado, por lo que para su aprobación se requieren 22 y 20 votos favorables, respectivamente.

El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.

Ofrezco la palabra.

Tiene la palabra el Senador señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, el propósito de esta iniciativa es modificar el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá para incorporar un nuevo Capítulo sobre Servicios Financieros, tal como anteriormente se agregó un Capítulo sobre Contratación Pública, que entró en vigencia en enero del año 2009.

El presente instrumento internacional, el primero que negoció Chile con un país del Grupo de los Ocho y el primero que incluyó dimensiones adicionales del comercio a la simple transacción de bienes, ha cumplido 15 años de vigencia. En este período las cifras demuestran el éxito alcanzado, con un intercambio comercial con Canadá que el 2011 ascendió a 1.774 millones de dólares, lo que representa un incremento de 15 por ciento en relación con el año anterior. A ello se añade que desde el 2003 la balanza comercial entre ambas naciones ha sido crecientemente favorable a Chile.

Lo que se propone agregar es el Capítulo H bis, nuevo, sobre Comercio de Servicios Financieros, y su respectivo Anexo VI, que incorpora las listas de reserva de las Partes.

De acuerdo con el mensaje del Ejecutivo, el nuevo Capítulo H bis asegura un marco jurídico estable y predecible para el comercio de los servicios financieros, que incluye los de seguros y los relacionados con seguros, los bancarios y los auxiliares a un servicio de naturaleza financiera. Además, contempla normas para la no discriminación o para la no exigencia de residencia o nacionalidad en cargos directivos (altos ejecutivos y directorios).

En todo caso, las Partes mantienen el derecho a adoptar medidas conforme a sus listas de Reservas, a lo que se adiciona una cláusula prudencial, que permitirá adoptar nuevas regulaciones en el futuro.

Sobre los alcances de la cláusula prudencial habría que pedir mayor información a la Cancillería, en especial cuando nos encontramos en una economía globalizada, donde las inversiones se trasladan de un país a otro con sorprendente rapidez.

En virtud de lo anterior, soy partidario, por supuesto, de aprobar este proyecto de acuerdo relacionado con el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá, que ha sido altamente conveniente para nuestros intereses.

Gracias.

El señor PIZARRO (Presidente).- Se procederá a abrir la votación.

Hay que hacer presente que la iniciativa contiene normas que requieren quórum especial para su aprobación. De manera que se llamará a los señores Senadores a votar.

En votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.

--Por 25 votos a favor, se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo, dejándose constancia de que se reúnen los quórums constitucionales exigidos.

Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, Girardi, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, solicito que se agregue mi voto afirmativo.

El señor PIZARRO (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor García-Huidobro.

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El señor PIZARRO (Presidente).- El Honorable señor García, miembro de la Comisión de Economía, ha solicitado que pida el acuerdo unánime de la Sala para tratar a continuación el proyecto signado con el número 19 del Orden del Día, en segundo trámite constitucional, que modifica la jornada, descanso y composición de la remuneración de los trabajadores de casa particular y prohíbe el uso de uniformes a trabajadoras de casa particular.

En las tribunas se halla una delegación importante de representantes de las asesoras del hogar.

Si le parece a la Sala, se iniciará la discusión en general de la iniciativa.

No hay acuerdo.

Boletín N° 2973-11

MODIFICACIÓN A LEGISLACIÓN SOBRE EXPENDIO, COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde pronunciarse, en la segunda discusión, sobre el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece modificaciones a la legislación sobre expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas, con informe y nuevo primer informe de la Comisión de Salud.

--Los antecedentes sobre el proyecto (2973-11, 4181-11, 4192-11 y 4379-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 26ª, en 11 de junio de 2008.

Informes de Comisión:

Salud: sesión 9ª, en 13 de abril de 2011.

Salud (nuevo): sesión 21ª, en 8 de mayo de 2013.

Discusión:

Sesiones 11ª, en 20 de abril de 2011 (se aplaza su discusión); 30ª, en 12 de junio de 2013 (queda para segunda discusión).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La primera discusión del proyecto se efectuó el 12 de junio pasado.

Cabe recordar que la Comisión de Salud lo debatió en general y en particular en virtud del acuerdo adoptado por la Sala en sesión del 5 de mayo de 2009.

Se hace presente que el número 5 del artículo 3° del proyecto es de rango orgánico constitucional y requiere para su aprobación de 22 votos favorables.

Asimismo, por acuerdo de la Sala, del 6 de abril de 2011, la iniciativa debe ser estudiada, en el segundo informe, por las Comisiones de Agricultura y de Salud, unidas.

El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Secretario, entiendo que ya fue visto por las Comisiones unidas.

El señor LABBÉ (Secretario General).- No, señor Presidente.

En el segundo informe tiene que ser considerado por ambas Comisiones.

El señor PIZARRO (Presidente).- Pero estamos en el segundo informe.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Estamos en la segunda discusión del proyecto.

El señor PIZARRO (Presidente).- En el debate en general.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Así es.

El señor PIZARRO (Presidente).- Conforme.

En la segunda discusión, tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, la iniciativa tuvo una larga tramitación en la Cámara de Diputados, donde finalmente se logró fusionar cuatro mociones, lo cual permitió destrabar un proyecto que va en la dirección correcta al regular y advertir respecto al consumo excesivo de bebidas alcohólicas.

Una de esas iniciativas decía relación con el etiquetado de las bebidas alcohólicas. Y en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados se llegó a un acuerdo con la de Salud para los efectos de fijar el tamaño del rotulado con las advertencias.

Por otra parte, se fusionaron una serie de indicaciones que establecían restricciones a la publicidad de bebidas alcohólicas, tanto en los medios de comunicación social como en la vía pública.

En ese sentido, hago un llamado a mejorar el proyecto. Estoy convencido de que ello es posible. La idea es aprobarlo para que, tal como ya lo resolvió la Sala, vaya a las Comisiones de Salud y de Agricultura, unidas, a fin de que prosiga su tramitación.

Esta iniciativa estuvo para ser incorporada en la tabla desde hace prácticamente 3 años, y no se ha podido despachar porque habitualmente se pedía segunda discusión o, simplemente, se sacaba del Orden del Día.

Por eso, señor Presidente, pido que aprobemos en general el proyecto para enviarlo a las Comisiones de Agricultura y de Salud, unidas, donde podremos introducirle las modificaciones pertinentes. De ese modo los miembros de ambos órganos técnicos encontraremos un punto de equilibrio para despachar una buena normativa.

En tal virtud, solicito a los señores Senadores que voten a favor a efectos de proseguir la tramitación de esta iniciativa legal.

He dicho.

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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto.

El señor MUÑOZ ABURTO.- Es un tema de Reglamento, señor Presidente.

En mi calidad de Presidente de la Comisión de Trabajo pido que, dado que se postergó la vista del proyecto signado con el número 19, sobre las trabajadoras de casas particulares, en su reemplazo se discuta el que figura en el número 18 de la tabla, iniciado en moción de los Senadores señora Alvear y señor Escalona, que incorpora en el Código de Trabajo el contrato de teleoperadores, que viene con informe favorable de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, ¿usted está pidiendo que adelantemos su discusión y lo veamos a continuación de la iniciativa que estamos debatiendo?

El señor MUÑOZ ABURTO.- Así es.

La señora ALLENDE.- Exactamente.

El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, una vez terminada la discusión del proyecto sobre expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas, se tratará el relativo al contrato de los teleoperadores.

El señor CHAHUÁN.- Está bien.

--Así se acuerda.

El señor MUÑOZ ABURTO.- Gracias, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- Senadora señora Allende, ¿usted había solicitado la palabra para referirse a un tema de Reglamento?

La señora ALLENDE.- Era para pedir lo mismo, señor Presidente.

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El señor PIZARRO (Presidente).- Continuando con la segunda discusión del proyecto, tiene la palabra el Senador señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, la iniciativa, que es de larga data y ha sido motivo de mociones de varios señores Diputados, fue aprobada en la Cámara Baja el 31 de julio de 2007. O sea, hace ya 6 años. Y, por supuesto, aquí, en la Sala del Senado, no se había podido ver hasta el día de hoy.

El propósito de este texto refundido es, entre los principales aspectos, regularizar la publicidad que incentiva el consumo de alcohol, revertir su consumo entre los menores de edad, incorporar en los envases y en la publicidad advertencias sobre los efectos del alcohol en la salud.

Para ello, se propone que cada etiqueta lleve una leyenda, que prevenga sobre los efectos del consumo excesivo, estableciendo detalladamente las características de dicho aviso, las cuales fueron consensuadas con los sectores vinculados al tema.

La principal novedad del nuevo primer informe de la Comisión de Salud es que se elimina un artículo referente a la facultad de Carabineros para ingresar al respectivo recinto, incluso por la fuerza, cuando se denuncie que allí se viola la norma que dispone que los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas deben estar separados de las viviendas, a excepción de hoteles o pensiones.

Creo que esa disposición debería ser repuesta. En su lugar se agrega una nueva norma, que obliga a los fabricantes, productores, distribuidores e importadores de alcoholes a informar en los envases los elementos que contienen, para lo cual se faculta adicionalmente al Ministerio de Salud para reglamentar la forma de hacer esta publicación.

La Sala del Senado dispuso que el proyecto, después de su aprobación por la Comisión de Salud, fuera conocido también por la de Agricultura, pero el informe de esta aún no se encuentra listo.

La importancia de la lucha contra el consumo excesivo de alcohol se basa en que anualmente se registran alrededor de 2 mil muertos y 55 mil heridos en accidentes de tránsito. Es decir, un promedio diario de más de 5 muertes por esta causa, 3 de las cuales están asociadas al alcohol, con un costo para el país cercano a 1.200 millones de dólares.

Por eso, estimo prudente que se apruebe en general el proyecto; que en el segundo trámite reglamentario se cumpla lo ya acordado por la Sala en cuanto a que lo estudien las Comisiones de Salud y de Agricultura, unidas, con las indicaciones que se formulen, y que posteriormente llegue de nuevo a la Sala para su despacho.

Gracias.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.

Solicito el asentimiento de la Sala para que me reemplace en la testera, por algunos minutos, el Senador señor Girardi.

Acordado.

--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Girardi.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, debo señalar que el proyecto contiene artículos simplemente insostenibles desde el punto de vista de votar su idea de legislar.

Cada vez que ha llegado a la Sala se ha devuelto a Comisión para intentar que en ella se eliminen algunas normas que, al menos para algunos de nosotros, son extraordinariamente inconvenientes.

Por cierto, yo no tengo ningún reparo en que legislemos para disponer de una mayor regulación de la publicidad en el contenido de las etiquetas. Pero el texto consigna disposiciones por completo equivocadas, como la siguiente:

"Artículo 2°.- La publicidad de bebidas alcohólicas en televisión sólo podrá realizarse entre las veintitrés y las seis horas. Se prohíbe la publicidad directa o indirecta, de bebidas alcohólicas en radios, entre las dieciséis y las dieciocho horas.".

Señor Presidente, considero razonable que exista una regulación como esa respecto del cigarrillo, sobre el cual no hay duda que provoca daño y no aporta ningún beneficio.

Pero en el caso del alcohol, no es verdad que per se causa daño. Sin embargo, la iniciativa en estudio señala que no se puede hacer publicidad del alcohol, del vino que nuestro país exporta, en circunstancias de que este producto, consumido con prudencia y moderación, no genera efecto nocivo alguno. Y nadie ha podido demostrar lo contrario.

Entonces, los niveles de restricción a que estamos llegando en algunas materias son -repito- francamente inconvenientes.

El inciso segundo del citado precepto expresa: "Se prohíbe cualquier forma de publicidad comercial o no comercial, directa o indirecta de bebidas alcohólicas en actividades deportivas,".

Yo me pregunto: ¿qué problema hay en que un equipo de fútbol sea auspiciado por una marca de cerveza? ¡Entendamos bien el asunto!

Entre paréntesis, quiero señalar que yo no tengo vinculación, directa ni indirecta, con fabricantes de bebidas alcohólicas de ninguna naturaleza.

Lo preciso para evitar malas interpretaciones¿

La señora ALLENDE.- Suspicacias.

El señor ESPINA.- ¿ y suspicacias.

Pienso que esa norma excede absolutamente el sentido común.

¿Por qué un equipo de fútbol no va a poder realizar publicidad razonable de una marca de vino? ¿Cuál es el motivo? ¿Eso va a convertir en alcohólicos a los niños chilenos?

Con tal predicamento, si le hace publicidad a los dominales, ¿los menores van a ser fanáticos de ese medicamento?

Señor Presidente, esta no es la manera como se construye una sociedad, que debe tener protección. Pero estimo que en este ámbito se exceden con creces las limitaciones que deben establecerse.

Por eso yo solicité a los autores de la moción que eliminaran aquellas normas en las cuales se incurre en un exceso absolutamente infundado.

O sea, según el proyecto, no se podrá hacer publicidad al alcohol, salvo después de las 11 de la noche. Y no sé por qué se agrega "entre las dieciséis y las dieciocho horas".

Tampoco podrán hacer publicidad los clubes deportivos. ¡No vislumbro por qué esto haya de ser un pecado! Distinto sería que su camiseta dijera: "Consumir alcohol en exceso hace bien para la salud".

¡Por favor, no veo motivo para establecer estos grados de limitantes!

Se ha equivocado el camino. ¡Si este no consiste en prohibir la publicidad, menos cuando ella muchas veces ayuda a que los clubes deportivos tengan un financiamiento adecuado!

No se trata de una actividad ilícita. ¡Y entre el alcohol y el cigarrillo hay una tremenda diferencia!

No conozco a nadie que postule que el cigarrillo hace bien. Y después de todos los estudios que se vieron en el Senado, no hubo nadie que dijera: "¿Saben qué más? El cigarrillo hace bien". Incluso, aquellos que fumamos -es mi caso- estamos felices con la norma, pues restringe enormemente la posibilidad de fumar y ayuda a no hacerlo.

Pero respecto del alcohol -lo señalo de modo objetivo-, el precepto en comento es del todo exagerado.

Entonces, se nos pone en la disyuntiva de votar a favor un proyecto que apunta a regular las normas sobre publicidad, pero con disposiciones que exceden por entero el sentido común y lo razonable, desde mi modesto punto de vista, porque no soy juez de la conducta de los demás.

Y el inciso cuarto de dicho artículo establece: "Los artículos deportivos destinados a ser distribuidos masivamente, tales como camisetas, uniformes u otros, y aquellos de "merchandising" vinculados a actividades deportivas, no podrán contener publicidad de bebidas alcohólicas, ni siquiera cuando con ello se busque replicar más fielmente algún artículo usado por un deportista o equipo deportivo determinado.".

Señor Presidente, creo que he dado los fundamentos de por qué se me pone en la obligación de votar en contra de este proyecto.

Si me dijeran que la iniciativa tiende a regular exclusivamente que las etiquetas de las bebidas alcohólicas contengan indicaciones razonables: que el consumir alcohol en exceso hace daño; que ello no corresponde en el caso de las embarazadas, como se ha señalado, y una serie de otras recomendaciones, me parecería bien. Pero se cae en niveles de restricción como los mencionados, que en realidad son extremados y que, en mi concepto, no tienen justificación.

Tal vez somos varios los que pensamos así. Pero, ¡por favor!, no digan que me hacen lobby las empresas productoras de vinos, porque ninguna lo ha hecho nunca; ni que queremos protegerlas. ¡No!

Repito: no me han hecho nunca lobby sobre este tema, ni me interesa que me lo hagan. Y si lo hacen, tendrán derecho a hablar conmigo 300 veces, pero no cambiaré mi punto de vista por el hecho de que alguien me llame o no me llame. Y lo mantendré, porque considero que esta norma es absolutamente excesiva.

Por ese motivo, anuncio que me pronunciaré en contra del texto que nos ocupa.

La señora RINCÓN.- Pido la palabra, para plantear un punto de Reglamento, señor Presidente.

El señor GIRARDI (Presidente accidental).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, después de escuchar algunas intervenciones y dada la importancia de este proyecto de ley, en mi calidad de Comité solicito postergar la votación, a fin de estudiarlo con más antecedentes.

El señor LARRAÍN.- ¿Pide segunda discusión, señora Senadora?

La señora RINCÓN.- No. Aplazamiento de la votación.

Gracias, colega Hernán Larraín.

El señor GIRARDI (Presidente accidental).- O sea, podemos discutirlo igual.

¿Está de acuerdo en que prosiga el debate?

La señora RINCÓN.- Así es.

El señor GIRARDI (Presidente accidental).- Entonces, tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, me hacen mucho sentido algunas de las intervenciones anteriores. Pero voy a exponer una situación que vivimos en la Patagonia, que si bien no tiene relación directa con este proyecto en sí, va a terminar teniéndola.

Quiero referirme a los locales comerciales denominados "boliches" en los barrios, los cuales, en su gran mayoría, tanto en la Región de Aysén como en la de Magallanes, tienen conectado el negocio con la cocina o el comedor de la vivienda.

La iniciativa propone quitarles un derecho adquirido, que tuvieron desde siempre. Porque fueron objeto de una excepción. Se dictaron normas que eximieron a sus dueños de aquella prohibición y ellos invirtieron en una patente de alcoholes para ejercer dicho comercio. Y precisamente las bebidas alcohólicas se encuentran entre los productos que más venden.

Con los Senadores Muñoz Aburto, Horvath y Patricio Walker (nos vinculamos regionalmente) hemos visto la preocupación de propietarios de cientos de pequeños locales de barrios ante el hecho de que, se quiera o no, la ley en proyecto, cuya votación se pidió aplazar, apunta en cierta medida a hacer desaparecer la actividad que desarrollan.

Como señalé, esos pequeños comerciantes adquirieron una patente de alcoholes e hicieron las inversiones necesarias. Pero hoy día se les prohíbe ejercer su actividad. Y ya están recibiendo los primeros partes que cursan los carabineros y las municipalidades, justamente en la idea de hacer desaparecer por completo esa clase de comercio.

Se están colocando restricciones. No me parecen mal, aunque no las comparto cuando son excesivas.

Ahora bien, más allá de lo expresado acá respecto a la promoción de bebidas alcohólicas mediante clubes deportivos, la regulación de la publicidad que se propone a través de esta iniciativa es, en mi concepto, tremendamente exagerada, por decirlo de alguna manera.

Yo tampoco tengo ningún vínculo con las bebidas alcohólicas. No me ha llamado ningún productor, ni he conversado con nadie de ese ámbito.

Confieso, sí, que sostuve una reunión con comerciantes de barrios de distintas comunas -al menos de mi Región-, quienes me hicieron presente su inquietud ante el riesgo de perder una actividad que han desarrollado por muchos años. Porque el proyecto que nos encontramos analizando esta tarde, si bien no guarda relación directa con su problema, de manera indirecta les imposibilitará recuperar el derecho que adquirieron al comprar su patente de alcoholes, ya que les exige cerrar sus negocios por la circunstancia de atender al público desde su domicilio.

Agreguemos a lo anterior la condición climática, que hace que tanto en Aysén como en Magallanes exista la excepción en comento, que en algún momento me gustaría discutir.

Y, además, ¡yo no tomo...!

He dicho.

El señor GIRARDI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, comparto plenamente lo que planteó el Senador Espina y que hemos discutido en otras ocasiones en el Parlamento.

Una cosa es tratar de generar normas que orienten conductas (por ejemplo, advertir que el consumo de alcohol puede dificultar la capacidad para conducir o anularla) o algún tipo de política pública (por ejemplo, impedir o eliminar los excesos), pero algo muy distinto -lo hemos conversado con el Senador Girardi, quien ahora está presidiendo esta sesión- lo que se pretende con este proyecto: una especie de satanización de todo lo que tenga que ver con el alcohol.

Yo, que represento a una zona viñatera, la Séptima Región (otros representan a zonas pisqueras), no me siento avergonzado por el hecho de que haya tantas personas dedicadas a tal actividad.

Incluso, para muchos efectos, puede parecer contradictorio que por un lado se postule a Chile como "la capital del vino" o que internacionalmente se busque valorar las condiciones para producir determinadas variedades, y por otro, a través de este proyecto, se dinamite cualquier posibilidad de difusión o propaganda respecto de algo que es legítimo. Si fuera ilegítimo o ilegal, ello me parecería razonable. Pero resulta absurdo si es perfectamente legítimo y legal.

Yo tiendo a pensar que en esta materia a veces existe una especie de chiismo, en que la prohibición pasa a constituirse en la regla común, cualquiera que sea la actividad.

Creo mucho más en las libertades; en que las personas puedan, si no causan daño a terceros, generar determinado tipo de conductas. Y no me avergüenzo de que en nuestro país haya lugares con características especiales que permitan, por ejemplo, producir estupendos vinos, o buenas cervezas, o piscos de gran calidad.

Si el Parlamento señala que eso genera una suerte de capitidisminución o de avergonzamiento, está equivocado. Y si establece un listado gigantesco de prohibiciones sobre la materia, apunta en un sentido a mi juicio incorrecto.

Entiendo que aquí pueda haber legítimas aprensiones acerca del punto. Pero insisto: una cosa es generar políticas públicas de advertencia contra los excesos -ello me parece perfectamente razonable; y algo de eso plantea el proyecto- y otra muy distinta colocar en una categoría completamente diferente al alcohol, el que puede consumirse en forma responsable y -reitero- ha sido, paradójicamente, uno de los ejes del desarrollo económico de Chile, pero de repente aparece vetado.

Por eso, me alegra que el Comité Demócrata Cristiano haya planteado el aplazamiento de la votación.

En lo que a mí respecta, advierto en esta iniciativa una forma negativa de abordar el tema.

Yo habría sido partidario -y lo voy a plantear- de que el proyecto pasara a la Comisión de Agricultura antes de la votación en general.

¡Si ese fue el sentido de lo que discutimos!

Pero ahora se está buscando un sistema alambicado -¡el alambique se vincula con el alcohol...!- conforme al cual primero se vota la idea de legislar y después se realiza la discusión particular en Comisiones unidas, en circunstancias de que, según entendí, la normativa debía analizarse previamente en cada órgano especializado.

He dicho.

El señor GIRARDI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.

El señor ESCALONA.- Señor Presidente, yo también me sumo a la importancia que reviste profundizar más en este proyecto y a la idea de que el aplazamiento de la votación permitirá tal vez un mejor intercambio de opiniones.

Sin embargo, quiero hacer mención -aunque se relacione indirectamente con el contenido de este proyecto- de los abusos extremos que se cometen con los campesinos propietarios de viñedos.

He tomado conocimiento, por ejemplo, de que en el valle del Itata a los miembros de la economía familiar campesina se les compra el kilo de uva a entre 40 y 60 pesos. Y en ciertos momentos se ha llegado al absurdo de pagar 20 pesos por kilo, generándose un círculo de opresión de los pequeños productores enteramente incalificable.

Tal actitud no es de intermediarios inescrupulosos, lamentablemente, sino de las grandes compañías.

No tengo el ánimo de enjuiciar a nadie en particular, pero debo señalar que productoras de vinos que desembolsan enormes cantidades de dinero para publicidad y que aparecen frente a la ciudadanía como rectoras del avance de Chile y de nuestra agroexportación son las protagonistas de ese tipo de prácticas.

En el curso de los últimos años, incluso en momentos en que en numerosas comunas se vivía el drama de las consecuencias del terremoto y del tsunami, se les impusieron a los productores campesinos condiciones enteramente leoninas, muy lejos de la conducta que debiesen tener megaconglomerados económicos cuyas ventas llegan a muchas decenas de miles de millones de pesos.

Aunque ello no tenga que ver exactamente con la materia que aborda esta iniciativa, he querido hacer presentes en la Sala del Senado dichas prácticas abusivas, que me parecen por completo incalificables y que profundizan y acentúan una desigualdad inaceptable en nuestro país.

He dicho.

El señor GIRARDI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, no sé si el debate que haremos en torno a este proyecto va a ser acerca de salud pública o sobre defensa de una industria.

Yo entiendo que hay una dimensión relacionada con la consecuencia que se requiere al abordar la situación: tal como somos un país con altísimos indicadores de tabaquismo, tenemos graves problemas de alcoholismo y de consumo excesivo de alcohol, particularmente en ciertos estamentos etarios.

Ese es el dato duro.

Se debería, tal como sucede con el tabaco, prohibir todo tipo de publicidad, si uno quisiera ser consistente en esta materia.

De igual manera, siendo yo partidario de un equipo de fútbol albo, no me parece que corresponda que su camiseta -tampoco la de cualquier club deportivo, profesional o semiprofesional- lleve publicidad de una empresa que produce bebidas alcohólicas, pues ello no apunta en la dirección que todos queremos. Y siento que la información se podrá precisar.

La eliminación de la publicidad en todas sus formas es un mínimo común denominador que nos debería unir a todos.

Yo represento, al igual que el Senador Coloma, a una zona productora de vinos. Podremos discutir cuál de los valles genera el mejor. No tengo ninguna actividad vitivinícola, de ningún tipo. Me asiste la convicción de que en el valle de Colchagua y en Totihue se producen vinos de excelencia. Pero los vinos que se elaboran masivamente en nuestro país son de exportación y no dependen de la publicidad.

Al igual que el pisco, la gran mayoría de los vinos producidos en Chile no requiere publicidad para su venta.

Tengo la impresión de que una señal correcta, en un país que aspira a ciertos parámetros de desarrollo, ha de entender que este tipo de debate debe girar, como primera prioridad, en torno a los temas de salud pública y no a si uno defiende una industria u otra.

Señor Presidente, yo soy defensor de la idea de que la persona mayor de edad puede hacer lo que quiera con su vida, en todos los ámbitos, en tanto no atente contra los derechos de terceros.

Por eso, me parece bien que se precisen otras normas contenidas en este proyecto. Por ejemplo, la de que las organizaciones comunitarias, las cuales no tienen patentes permanentes, puedan en ciertas situaciones contar con una de venta eventual.

Opino que deberíamos sincerar esta materia más de lo que dice la ley en proyecto. Porque todos sabemos que en los campos deportivos de nuestro país los clubes venden bebidas alcohólicas durante los fines de semana -disculpen si me equivoco en el lenguaje que voy a usar- y muchas veces terminan en una relación no sana con la entidad fiscalizadora, que les quita o no lo que adquieren o tienen a consignación dependiendo del trato que les dan en otros ámbitos.

Señor Presidente, creo importante tener un denominador común sobre publicidad, advertencia, y después, generar los mecanismos incluso para acoger lo que nos insinuó el Senador de Punta Arenas, quien señaló que es necesario establecer cierto criterio de flexibilidad ante las condiciones climáticas, etcétera.

Considero que se debe y se puede hacer, siempre que entendamos que el consumo excesivo de alcohol es en nuestro país un problema que ha de abordarse y que ninguna razón de fondo impide enfrentarlo en forma si no idéntica al menos parecida a como se afronta la cuestión del tabaco.

Señor Presidente -y con esto termino, por lo que pido medio minuto adicional-,¿

El señor GIRARDI (Presidente accidental).- Puede concluir, señor Senador.

El señor LETELIER.- ¿ no tengo ningún interés en que se perjudique ni a la industria pisquera en el norte ni a la industria vitivinícola en el sur; de ningún modo objeto que existan y se desarrollen las múltiples empresas productoras de cerveza que hay en Chile, pero pienso que estamos en condiciones de dar un paso para restringir o prohibir la publicidad y para efectuar ciertas advertencias básicas en esta materia.

Yo no creo que las advertencias tengan gran efecto en la reducción del consumo. Me parece mucho mejor disminuir la publicidad y, como sociedad, dar una señal -entre otras- en el sentido de que los clubes deportivos no deben exhibir la vinculada con bebidas alcohólicas; eso, como elemento mínimo. Y lo planteo aunque ello afecte a un equipo que a muchos nos gusta, que tiende a recibir grandes cantidades de recursos provenientes de algunas empresas de aquel rubro.

He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Señor Presidente, a este Parlamento le toca siempre enfrentar situaciones complejas y difíciles en que hay visiones legítimas pero que, a mi entender, tienen jerarquías distintas.

Me parece muy bien que para algunos Senadores sea prioritario representar los intereses de un sector productivo. El problema estriba en que estamos hablando de una actividad que guarda una importante relación con la salud, con la vida de las personas.

Este proyecto, a diferencia del relacionado con el tabaco, no busca impedir la ingesta de bebidas alcohólicas. En ninguna de sus normas existe asociación alguna con el propósito de señalar que no hay que consumirlas.

En él subyacen dos elementos centrales. Y quiero llamar la atención de Sus Señorías, por la relevancia de ambos.

Apela al beber responsable, a proteger la vida. Porque, en bajas dosis, el alcohol no provoca daño -es cierto-; pero en dosis altas genera un conjunto de problemas relacionados no solo con la toxicidad sino también con terceros. Y por eso el Congreso Nacional aprobó el proyecto de ley de tolerancia cero.

Esta es una iniciativa absolutamente transversal. Una de sus impulsoras fue la Diputada Cristi; también firmó la moción el a la sazón Diputado Chahuán. Fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Salud, con el voto de la entonces Senadora Matthei.

Por lo tanto, hay en ella una transversalidad relevante de personas que estiman que la salud, jerárquicamente, es un bien superior a la protección de cuestiones económicas.

Ahora, yo veo aquí un aspecto de fondo: por qué es necesario resguardar a la sociedad.

Si Sus Señorías leen bien, verán que este proyecto no está dirigido a los adultos -a estos se les entregó un mensaje: el beber responsable-: su objetivo es proteger a los niños.

En Chile, guste o no, hay una prevalencia de consumo que empieza a los 11 años. A las clínicas privadas llegan niños -particularmente niñas- de 12 o 13 años intoxicados por ingesta alcohólica. Porque hoy día el alcohol está asociado a un estatus de pertenencia a un grupo o a una tribu de identidad de los jóvenes. Y, como nuestra sociedad tiene carencia de valores y de elementos que den sentido de pertenencia, ahora este se expresa en función de la zapatilla que se usa, del producto que se consume.

Y aquí tenemos una cuestión compleja: cuando esta iniciativa habla de regular la publicidad de bebidas alcohólicas en la televisión para evitar que se exhiba en horarios destinados a menores, es evidente que no está pensando en proteger a los adultos.

¿Cuál es la libertad de un niño -porque se habla de "libertad"- cuando se lo expone a una publicidad engañosa, subliminal, que asocia el consumo de alcohol al éxito, a lo placentero, a lo entretenido, a lo (como dicen los menores) bacán? ¿Qué opción tiene el menor para defenderse de esa publicidad? ¡Ninguna!

Es decir, un niño es rehén de dicha publicidad, que se dirige a él.

En el mismo sentido, ¿por qué cuestionar el alcohol asociado al deporte?

No hay mejor publicidad que ligar algo, como una droga, al deporte, que genera todo lo contrario.

Y aquí se presenta una cuestión muy de fondo. Estudios de neurociencia que me gustaría mostrar mañana demuestran la liberación de dopamina cada vez que se consume alcohol. Este último producto es una droga tan potente como la nicotina, la marihuana y otras. La diferencia radica en que es lícito. Y distintos factores también provocan el efecto señalado: la relación sexual, la visión de un plato apetitoso. Por eso son todos adictivos. Pero cuando uno consume varias veces un alimento apetitoso o se expone a ver pornografía, por ejemplo, los niveles de intensidad de la dopamina van bajando en el tiempo, en tanto que con el alcohol se mantienen siempre altos. Es decir, una persona que bebe va a experimentar siempre una relación placentera, y, por lo tanto, se genera ahí el elemento que introduce la adicción. Esa es la razón por la cual es necesario proteger a los niños.

El proyecto, tal como está concebido, en ninguna parte dice que no hay que beber alcohol. El articulado apela -le pido un minuto para concluir, señor Presidente- a que los adultos sean destinatarios de una indicación que hoy día, de hecho, se hace con relación a la cerveza: "Deja las llaves", "Bebe responsablemente". Es un aspecto nuevo. Ello se dirige a la protección de quienes no se pueden defender, y es responsabilidad del Congreso proporcionar un resguardo de esa índole por sobre el de los intereses económicos.

Pido que no se use nuevamente el argumento de que el texto tiene que pasar a la Comisión de Agricultura, porque todos sabemos lo que les sucede a estas iniciativas en ese órgano técnico: se rebaja el estándar que tiene que ver con la protección de la salud y se reafirma, como ha ocurrido en muchas, el de protección de la visión más bien económica, la cual creo que aquí tiene que estar supeditada a una defensa de un bien común superior.

Por eso hago un llamado a reflexionar sobre aquello en que estamos legislando. Tenemos una oportunidad de resguardar la salud de los niños, que son las víctimas de la publicidad engañosa.

He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, el Senador que habla habría dado el paso de aprobar la idea de legislar. Y lo señalo porque, más allá de que el beber moderadamente no cause daño, Chile vive un serio problema de alcoholismo, lo que particularmente afecta a los adolescentes, como lo expuso quien me antecedió en el uso de la palabra.

Desgraciadamente, el informe de la Comisión no contiene ningún dato al respecto. Y creo que sería importante, para robustecerlo, que se consignara cuál es la magnitud del alcoholismo en el país, en especial a nivel de ese sector de los jóvenes.

Ahora, el proyecto es perfectible, sin duda. Básicamente, regula dos materias. Aquí se ha centrado el debate en la publicidad, pero quiero referirme a otro aspecto, que dice relación con el artículo 39 de la ley N° 19.925, sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas.

Siempre he sostenido que una de las herramientas más eficaces para generar cultura y conducta es la prevención, en particular a nivel escolar. Lo mismo pasa con las drogas. La disposición recién citada se refiere a ello -corresponde a la ley vigente- y determina que "En todos los establecimientos educacionales, sean de enseñanza parvularia, básica o media, se estimulará la formación de hábitos de vida saludable y el desarrollo de factores protectores contra el abuso del alcohol. Se incluirán temas relativos a cultura gastronómica y a actividades sociales que consideren un consumo adecuado de bebidas alcohólicas, a fin de prevenir positivamente el alcoholismo.".

Me parece importante reemplazar la expresión "se estimulará" por la frase "el currículo de enseñanza del establecimiento deberá incorporar". Creo que resulta tremendamente positivo que el proyecto contemple la obligatoriedad, porque, si se llevara a cabo una pequeña fiscalización en establecimientos educacionales, me surge una serie de dudas con relación a cuántos mantendrían programas efectivos en la prevención del consumo de alcohol. Aquí, afortunadamente, se determinaría -repito- una norma obligatoria, al no emplearse un verbo extremadamente débil como el de "estimular", sino la expresión en el sentido de que el establecimiento necesariamente "deberá incorporar" las medidas correspondientes.

Y en lo personal, voy a perfeccionar mucho más allá el texto en la discusión particular, porque en los colegios se registran serios problemas de alcohol y de drogas.

Por lo tanto, una de las partes más relevantes, para mí, de la iniciativa precisamente es la que dice relación con el artículo 39.

Pero fallamos en una serie de aspectos incluso cuando se debatió la prevención obligatoria del consumo de drogas en los colegios: no se señala el tiempo suficiente para la incorporación. No basta decir que se van a considerar estas materias en la formación de hábitos saludables, sino que tan importante como incluir una norma obligatoria es establecer cómo se procederá. Solo definiendo este último punto vamos a dar garantías de que la prevención del alcohol y de la droga efectivamente debe incluirse en todos los niveles de enseñanza.

En síntesis, señor Presidente, estimo que, más allá de la polémica que haya generado lo relativo a la publicidad, una de las normas más importantes, desde mi punto de vista, es la del artículo 39, porque va a permitirnos incorporar en todos los establecimientos del país la prevención del consumo de alcohol en la adolescencia.

Gracias.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, el texto en estudio no tiene un solo objetivo, sino varios: fundamentalmente los de proteger la salud y a los menores, evitar accidentes de tránsito, mejorar la productividad laboral, todos los cuales se ven afectados cuando el consumo del alcohol es excesivo. Por lo tanto, la finalidad está vinculada a un propósito de bien cuando se registra esta última situación.

Sobre esa base, lo que el proyecto hace es establecer ciertas regulaciones y obligaciones educativas, tanto generales como específicas, de acuerdo con lo que recién se mencionaba; pero también algunas prohibiciones. Y, para mi gusto, encuentra bastante justificación y explicación en la primera parte, pero menos en la segunda. Es decir, cuando se trata de regular, de educar al público o a la juventud, estamos frente a un tipo de disposiciones; cuando se hace referencia a prohibiciones, estamos frente a un objetivo distinto.

Y aquí no es indiferente la discusión acerca de si nos hallamos ante un problema de regulación de un sector productivo o ante un problema de salud pública. Porque sucede que si tenemos un sector productivo empoderado para actuar, cuyas decisiones son lícitas desde el punto de vista de su actividad y que, por lo tanto, se puede desarrollar en el país, ello obedece a que no es incompatible con la salud pública. No podría concebirse una industria cuyo objetivo fuera, en lo atinente a la salud, nocivo para las personas. Sería un contrasentido, un antibién, y, en consecuencia, no estaría autorizada. Es legítimo aseverar, entonces, que si se trata de un rubro compatible con la salud pública, puede existir como industria. Este no es un análisis economicista, sino simplemente de coherencia lógica.

Por lo tanto, no son dos cuestiones que se puedan disociar. Y me parece razonable que el proyecto también sea visto por la Comisión de Agricultura, porque estamos frente a una actividad importante, de la cual Chile se enorgullece, junto con prestigiarse en el mundo por la calidad de sus vinos, en la medida en que estos son y forman parte de la calidad de la vida.

Sin embargo, como en muchas otras actividades, el exceso y los malos hábitos pueden causar efectos muy negativos. Pero ese ya no es un problema de la industria del vino, sino de la forma de consumir.

Por eso, valoro el proyecto en muchos sentidos, pero lo cuestiono en no poco. Porque una cosa es regular, educar y formar hábitos saludables, y otra, prohibir. Y el texto está lleno de prohibiciones.

Entre ellas se encuentra la de realizar publicidad comercial o no comercial, directa o indirecta, de bebidas alcohólicas en actividades deportivas o en alguna destinada a menores. Desde luego, unas y otra no son lo mismo. El impedimento puede tener sentido en la última, pero ¿por qué se extiende a las primeras?

Por otra parte, hay prohibiciones ya no solo al consumo de bebidas alcohólicas, sino también a la venta, como la aplicable a estaciones de servicios o bombas bencineras y a cualquier otro establecimiento emplazado en el mismo terreno.

Lo mismo sucede en el caso de los espectáculos masivos, ya no solo de fútbol profesional, cuando el Intendente los califique de alto riesgo.

A la vez, el ingreso a discotecas que vendan bebidas alcohólicas se prohíbe ya no a menores de 16 años, sino a menores de 18, lo cual obviamente altera hábitos muy significativos de la juventud.

Es decir, nos encontramos frente a un proyecto con aspectos muy positivos en sus objetivos cuando se refiere a las regulaciones, pero que entra en el campo de las prohibiciones, lo que me parece que excede el ámbito lógico de su naturaleza. Por eso, quisiera que fuese enviado a la Comisión de Agricultura antes de tomar una resolución sobre el fondo, para ver si podemos llegar a un entendimiento distinto del que propone la Comisión de Salud.

He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- No se encuentra presente el Senador señor Chahuán.

Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, como lo consignó en su minuto el colega recién mencionado por usted, ha habido varias iniciativas en esta línea, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y, desde luego, han ido por el lado de las advertencias, de la publicidad, de generar conciencia y, en algunos casos bien específicos, de restringir y hasta dónde hacerlo.

De hecho, el Senador señor Orpis efectuó un alcance al artículo 39 de la ley No 19.925, habiendo sido justamente quien habla el autor de la indicación que incluyó lo relacionado con "la formación de hábitos de vida saludable y el desarrollo de factores protectores contra el abuso del alcohol", así como también, en especial, lo atinente a "temas relativos a cultura gastronómica y a actividades sociales que consideren un consumo adecuado de bebidas alcohólicas", como una misa o una celebración.

¿Y ello de dónde viene?

Tengo la experiencia de haber trabajado muchos años en el Ministerio de Obras Públicas y particularmente en Vialidad, donde había una suerte de hábito en el sentido de que era preciso evitar acercarse mucho al alcohol, por los riesgos que eso significaba, no solo en lo laboral, sino también en la vida personal.

Quienes estaban a cargo de la prevención de riesgos en dicha Cartera se daban cuenta, por registrarse un período de más de treinta años en que se trató de asustar desde el punto de vista de los daños que provocaba el consumo en los aspectos físico y psicológico, en el entorno social y familiar, en el deterioro del patrimonio, en fin, de que esa medida no tenía éxito, de que el mayor susto que se intentaba generar no causaba ningún efecto. Entonces, se cambiaron los códigos, y en vez de prohibir y atemorizar se empezó a enseñar a tomar, es decir, a no hacerlo nunca con el estómago vacío, a no mezclar nunca distintos tipos de alcohol, a saber lo que se bebe para tomarle el gusto. Con eso se buscaba dar un salto cultural y ponerle riendas al asunto. Y la verdad es que ello resultaba, lejos, mucho mejor.

Por lo tanto, creo que lo conveniente es una combinación. Porque, al igual que lo que vimos en el programa Contacto respecto a la vida sexual de los jóvenes en Chile, el Ministerio de Educación está fallando por omisión, en términos bastante graves, tanto en esta materia como en otras. Y la gente toma decisiones distintas cuando la asustan con algo. Lo mismo sucedió en el caso de la protección contra la radiación ultravioleta producto del daño en la capa de ozono: si se les dice a las personas que les dará cáncer a la piel, que pasarán malos ratos y tendrán problemas, ello de alguna manera lo consideran; pero si se advierte que envejecerán prematuramente, ahí sí lo tienen en cuenta.

En consecuencia, existen códigos distintos en estas materias, las cuales no solo se resuelven por la vía de la prohibición, de las multas, sino que también es preciso generar una acción más positiva, de manera que las personas en forma responsable les pongan riendas a cuestiones como la que nos ocupa, que forman parte de nuestra cultura.

Desde luego, votaré a favor. Y formularemos las indicaciones del caso.

He dicho.

--Queda aplazada la votación del proyecto.

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminado el Orden del Día.

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El señor LARRAÍN.- Pido la palabra.

El señor PIZARRO (Presidente).- Puede intervenir, Su Señoría.

El señor LARRAÍN.- Antes de entrar al Tiempo de Votaciones,¿

La señora RINCÓN.- Falta tratar un proyecto.

El señor LARRAÍN.- ¿ quiero plantear una solicitud.

Un proyecto ya despachado por la Comisión de Agricultura otorga a los funcionarios del INDAP condiciones especiales para la bonificación por retiro voluntario, contemplándose un cierto período y otros incentivos. La iniciativa se encuentra avalada por los trabajadores, por sus dirigentes, y ha tenido muy buena recepción, registrando una aprobación unánime.

Ahora corresponde que la estudie la Comisión de Hacienda, pero existe la posibilidad y la voluntad de incorporar una modificación. Con el propósito de que el trámite sea más rápido, pido que se autorice a dicho órgano técnico para ver el proyecto en general y en particular, de manera de efectuar las revisiones y de que cuando este llegue a la Sala se pueda tratar a lo mejor en la misma forma. El texto no presenta dificultades, pero requiere un perfeccionamiento.

El señor PIZARRO (Presidente).- Perdón, señor Senador.

Para entenderle bien, ¿Su Señoría está solicitando que la iniciativa, antes de ser discutida en general en el Hemiciclo,¿?

El señor LARRAÍN.- Pedimos que se autorice a la Comisión de Hacienda para que la estudie no solo en general, como lo hicimos nosotros en Agricultura, sino también en particular. Ello, a fin de que una pequeña modificación sea incorporada, con lo cual se agilizará el trámite.

El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.

Acordado.

VI. TIEMPO DE VOTACIONES

ADMISIBILIDAD DE ACCIÓN JUDICIAL CONTRA MINISTRA DE ESTADO SEÑORA CAROLINA SCHMIDT ZALDÍVAR

El señor PIZARRO (Presidente).- Conforme al artículo 199 del Reglamento, corresponde fijar el día en que el Senado comenzará a conocer de la solicitud de admisibilidad de una acción judicial en contra de la Ministra de Educación, señora Carolina Schmidt Zaldívar, pues la Comisión de Constitución ya emitió su informe.

Si le parece a la Sala, se determinará para dicho efecto el próximo martes 6 de agosto.

--Así se acuerda.

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminado el Tiempo de Votaciones.

En consecuencia, se levanta la sesión, sin perjuicio de darse curso a los oficios que han llegado a la Mesa.

PETICIONES DE OFICIOS

--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:

De la señora ALLENDE:

A la señora Directora Nacional del Trabajo, pidiéndole PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO ACERCA DE JORNADA DE TRABAJADORES DE COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA, TERCERA REGIÓN.

De la señora ALVEAR:

Al señor Ministro de Salud, a fin de que dé a conocer CONCLUSIONES ACERCA DE EVENTUAL CAUSALIDAD ENTRE ENFERMEDADES Y CONDICIONES SANITARIAS DE SECTOR LA CAÑAMERA, BAJOS DE MENA, y al señor Alcalde de Puente Alto, para que informe respecto de MEDIDAS ANTE ESTUDIO DE CENTRO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE EN BAJOS DE MENA, COMUNA DE PUENTE ALTO.

Del señor BIANCHI:

A las señoras Ministra del Medio Ambiente y Secretaria Regional Ministerial del Medio Ambiente de Magallanes y de la Antártica Chilena, solicitándoles EXCEPCIÓN DE DUODÉCIMA REGIÓN ANTE NUEVAS EXIGENCIAS EN REVISIÓN TÉCNICA DE GASES PARA VEHÍCULOS CATALÍTICOS.

Del señor HORVATH:

Al señor Ministro de Minería, para que informe acerca de CORRESPONDENCIA DE PETICIONES DE CONCESIONES MINERAS CON SU PROPÓSITO EN REGIÓN DE AYSÉN Y ENTRE RÍOS PANGAL Y BLANCO.

Del señor MUÑOZ ABURTO:

A los señores Ministro de Salud e Intendente de la Duodécima Región, para que se analice FACTIBILIDAD DE NO INCORPORACIÓN DE SECTOR SALUD DE MAGALLANES A JORNADA CONTINUA DE ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO.

Del señor ORPIS:

Al señor Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, con el objeto de pedir DECLARACIÓN DE MONUMENTO HISTÓRICO DE SECTOR "CARNAVALES" Y OFICINA SALITRERA "SAN ANTONIO", REGIÓN DE TARAPACÁ.

Del señor URIARTE:

Al señor General Director de Carabineros, a fin de que informe sobre CANTIDAD DE FUNCIONARIOS FISCALIZADORES DE LEY DE TRÁNSITO Y PARA PROTECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES EN REGIÓN DE COQUIMBO, Y CONDICIONES DE SU LABOR.

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--Se levantó a las 19:28.

Manuel Ocaña Vergara,

Jefe de la Redacción