REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 361ª
Sesión 41ª, en miércoles 17 de julio de 2013
Ordinaria
(De 16:15 a 18:47)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Larraín Peña, Carlos
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedan, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau; Secretaria General de Gobierno, señora Cecilia Pérez Jara; de Economía, Fomento y Turismo, señor Félix de Vicente Mingo; de Justicia, señora Patricia Pérez Goldberg, y del Trabajo y Previsión Social, señora Evelyn Matthei Fornet.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:15, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
El acta de la sesión 39ª, ordinaria, en 9 de julio del presente año, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Seis de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con los dos primeros da inicio a la tramitación de las siguientes iniciativas:
1.-
Proyecto que modifica la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, con el objeto de sustituir el sistema electoral aplicable a la elección de parlamentarios (boletín N° 9.030-07) (con urgencia calificada de "simple").
2.-
Proyecto de reforma constitucional que modifica la Constitución Política de la República en materia de reelección y vacancia de parlamentarios (boletín N° 9.031-07) (con urgencia calificada de "simple").
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con los dos siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de los siguientes asuntos:
1.-
Proyecto que modifica la ley N° 18.450 con el fin de fomentar la inversión privada en obras de riego o drenaje comprendidas en proyectos integrales y de uso múltiple cuyo costo supere las 30.000 unidades de fomento (boletín Nº 8.771-01).
2.-
Proyecto de ley que otorga a los funcionarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) condiciones especiales para la bonificación por retiro voluntario, por el período que indica, y otros incentivos al retiro (boletín Nº 8.815-01).
3.-
Proyecto de ley sobre interés máximo convencional (boletines Nos. 7.786-03, 7.932-03 y 7.890-03, refundidos).
4.-
Proyecto que modifica la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado (boletín Nº 7.686-07).
5.-
Proyecto que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y establece adecuaciones en la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia (boletín Nº 8.207-07).
6.-
Proyecto que modifica la ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, y otros textos legales que indica (boletín N° 8.466-07).
7.-
Proyecto de ley que modifica los estatutos de la prisión preventiva y de la suspensión de la ejecución de la pena en el caso de la conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias sicotrópicas con resultado de lesión o muerte (boletín N° 8.809-07).
8.-
Proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal con el fin de reforzar la protección de las víctimas, mejorar la función que desempeña el Ministerio Público y fortalecer la acción policial y la operatividad del sistema de justicia penal (boletín N° 8.810-07).
9.-
Proyecto de ley que crea el Fondo de Desarrollo del Norte y de las Comunas Mineras de Chile y le destina recursos (boletín N° 8.272-08).
10.-
Proyecto de ley que implementa la Convención de La Haya, que suprime la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros (Convención de la Apostilla), adoptada el 5 de octubre de 1961 en La Haya, Países Bajos (boletín Nº 8.556-10).
11.-
Proyecto de acuerdo aprobatorio del "Acuerdo para modificar el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá, hecho en Santiago el 5 de diciembre de 1996, tal como se ha modificado entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá", firmado en Santiago, Chile, el 16 de abril de 2012 (boletín Nº 8.951-10).
12.-
Proyecto de ley que elimina los aranceles para la importación de bienes provenientes de países menos adelantados (boletín Nº 8.969-10).
13.-
Proyecto de ley en materia de sanciones a vehículos impedidos de efectuar transporte público y de escolares (boletín N° 7.815-15).
14.-
Proyecto de ley que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones (boletín N° 8.034-15) (con urgencia calificada de "suma").
15.-
Proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.290, de Tránsito, y sus modificaciones posteriores, en sus artículos 196 y 197, referidos al delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte o lesiones gravísimas (boletín Nº 8.813-15).
Con los dos últimos hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", respecto de la tramitación de las siguientes iniciativas:
1.-
Proyecto que modifica la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, con el objeto de sustituir el sistema electoral aplicable a la elección de parlamentarios (boletín N° 9.030-07).
2.-
Proyecto de reforma constitucional que modifica la Constitución Política de la República en materia de reelección y vacancia de parlamentarios (boletín N° 9.031-07).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia el Presidente de la República, con el que requiere el acuerdo del Senado para nombrar como integrantes del Consejo de Alta Dirección Pública a la señora María Loreto Lira Domínguez y al señor Manuel Adrián Inostroza Palma (boletín N° S 1.587-05), respecto de lo cual hace presente la urgencia en los términos del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
Siete de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica la nómina de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que debe formarse, según lo dispone el artículo 70 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto de ley que crea los hospitales clínicos que indica en la Región Metropolitana (boletín Nº 8.618-11) (con urgencia calificada de "suma").
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el segundo informa su aprobación de las enmiendas propuestas por esta Corporación al proyecto de ley sobre procedimiento para otorgar concesiones eléctricas (boletín N° 8.270-08), con las excepciones que especifica, y comunica la nómina de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que ha de formarse, conforme lo dispone el artículo 71 de la Carta Fundamental.
--Se toma conocimiento y se designa a los señores Senadores de la Comisión de Minería para integrar la referida Comisión Mixta.
Con el tercero expresa que tomó conocimiento del rechazo parcial por el Senado de las enmiendas propuestas por esa Corporación al proyecto de ley sobre interés máximo convencional (boletines Nos. 7.786-03, 7.932-03 y 7.890-03, refundidos), e informa la nómina de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que ha de formarse, según lo dispone el artículo 71 de la Carta Constitucional.
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el cuarto informa que dio su aprobación a la enmienda propuesta por esta Corporación al proyecto de ley que establece plazo para otorgamiento del finiquito del contrato de trabajo (boletines Nos. 7.467-13 y 7.746-13, refundidos)
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con los tres restantes manifiesta que dio su aprobación a los siguientes asuntos:
1.-
Proyecto que modifica ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, con el fin de limitar la prohibición de ingreso a la Administración Pública (boletín N° 8.520-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
2.-
Proyecto de ley que aumenta la penalidad al delito de homicidio simple en el catálogo de los delitos contra la vida (boletines Nos. 8.216-07 y 8.609-07, refundidos).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
3.-
Proyecto de ley que establece el Día Nacional de la Trabajadora Temporera (boletín Nº 8.918-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
De la Excelentísima Corte Suprema:
Emite su parecer, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto que sustituye las leyes Nº 19.039, sobre propiedad industrial, y Nº 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (boletín Nº 8.907-03).
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Remite copia de las resoluciones recaídas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones:
1.-
Artículo 70, inciso cuarto, y artículo 64, inciso segundo, ambos del Código de Comercio.
2.-
Artículo 2331 del Código Civil.
--Se toma conocimiento y se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo:
Contesta solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Navarro, relativa al informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre ferias libres en Chile.
Responde acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Senadores señor Navarro, señora Allende y señores Gómez, Lagos, Muñoz Aburto y Rossi, tocante a reintegro de los trabajadores del Instituto de Fomento Pesquero y fortalecimiento de su institucionalidad (boletín Nº S 1.558-12).
De la señora Ministra de Obras Públicas:
Atiende petición, enviada en nombre de la Senadora señora Alvear, referente a una denuncia de la Junta de Vecinos N° 17 de Chada, comuna de Paine, en materia de cierre ilegal por un particular de un camino vecinal.
Da contestación a solicitud de antecedentes, formulada en nombre del Senador señor García, sobre el estado de avance del Proyecto Habilitación Playa Pucará en la comuna de Villarrica.
Remite, en atención a solicitud cursada en nombre del Senador señor Larraín Fernández, la lista de organizaciones de usuarios de derechos de aprovechamiento consuntivo de aguas que registra el Catastro Público de Aguas.
Del señor Ministro de Salud:
Da respuesta a petición, formulada en nombre del Senador señor Horvath, relativa a la inclusión de prestaciones asociadas a las fisuras labiopalatinas en el Plan Auge.
Contesta solicitud de información, remitida en nombre del Senador señor Muñoz Aburto, respecto del estado de avance de los proyectos de reposición de los hospitales de Puerto Natales y Porvenir.
Responde solicitud de antecedentes, cursada en nombre del Senador señor Navarro, acerca de medidas adoptadas por esa Cartera de Estado ante la captura de crustáceos en los procesos internos de las centrales termoeléctricas Bocamina II y Santa María.
Contesta acuerdo del Senado, adoptado a proposición del Senador señor Walker, don Patricio, en cuanto a destinación de recursos a los servicios de salud de regiones extremas con el fin de solventar el traslado de regreso de aquellos pacientes fallecidos que hubiera sido necesario llevar a centros hospitalarios de más alta resolución, y de sus familiares (boletín Nº S 1.568-12).
De la Señora Ministra del Medio Ambiente:
Atiende petición de información, cursada en nombre del Senador señor Navarro, relativa a estudios del potencial efecto de las plantas de celulosa en la calidad del agua de los ríos del país, particularmente en el caudal del Biobío.
Del señor Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes:
Da respuesta a una solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor Navarro, tocante a la existencia de extintores en las dependencias de aquel servicio.
Del señor Superintendente de Electricidad y Combustibles:
Responde consulta, formulada en nombre de la Senadora señora Allende, sobre suspensión del suministro de energía eléctrica que afectó a las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla los días 7 y 8 del mes de junio pasado, y de las acciones emprendidas para determinar sus causas y la eventual responsabilidad de empresas distribuidoras o transmisoras.
De la señora Superintendente de Servicios Sanitarios:
Contesta solicitud de antecedentes, enviada en nombre del Senador señor Navarro, relativa a estudios sobre los efectos que una erupción del volcán Copahue tendría en el abastecimiento de agua potable, y de las medidas de mitigación previstas en ese evento.
Del señor Director Nacional (s) de Gendarmería de Chile:
Responde solicitud de información, remitida en nombre de la Senadora señora Rincón, en materia de reconstrucción de la cárcel de Parral y de la posibilidad de mejorar los sistemas de traslado de funcionarios de Gendarmería desde Parral a Cauquenes y de relevos para el personal de Parral.
De la señora Directora del Trabajo:
Responde petición, formulada en nombre del Senador señor Navarro, sobre fiscalizaciones realizadas a las plantas del holding Celulosa Arauco en los dos últimos años, en materia de condiciones de trabajo de los empleados de planta y subcontratados y de higiene y seguridad.
Del señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Concepción:
Da contestación a solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Navarro, respecto del conflicto sobre titularidad de derechos planteado en el Mercado Central de esa comuna.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el oficio de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, con el que comunica la resolución del señor Ministro de Fuero recaída en la demanda civil en contra de la Ministra de Estado señora Carolina Schmidt Zaldívar, en cuya virtud solicita al Senado que, de conformidad con lo dispuesto en el N° 2) del artículo 53 de la Constitución Política de la República, determine si ha o no lugar a la admisión de dicha acción judicial (boletín Nº S 1.586-02).
--Queda para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la jornada, descanso y composición de la remuneración de los trabajadores de casa particular, y prohíbe el uso de uniformes a trabajadoras de casa particular (boletines Nos. 8.292-13, 7.807-13 y 7.675-13, refundidos) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Desafíos del Futuro, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea un Consejo Parlamentario de Futuro en Ciencia y Tecnología (boletín N° 7.906-07).
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Senadores señores Tuma, Girardi, Lagos y Quintana, con la que se inicia un proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto definitivo, refundido y sistematizado del decreto ley N° 211, para imponer penas privativas de libertad a conductas constitutivas del delito de colusión (boletín N° 9.028-03).
--Pasa a la Comisión de Economía.
De los Senadores señor Walker (don Patricio), señora Allende y señores Chahuán, Larraín Peña y Tuma, con la que inician un proyecto que modifica la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en materia de elección de senadores y diputados (boletín N° 9.032-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y a la de Hacienda, en su caso.
De los Senadores señores Tuma, Letelier, Muñoz Aburto y Sabag, con la que inician un proyecto que modifica la ley N° 20.671 con el objeto de suprimir el límite máximo para regularizar ampliaciones en viviendas sociales, siempre que la superficie edificada total no exceda de noventa metros cuadrados (boletín N° 9.029-14).
--Pasa a la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la Cuenta.
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, como titular de la Comisión de Defensa, pido recabar el acuerdo de la Sala a los efectos de fijar un nuevo plazo para presentar indicaciones, hasta el 5 de agosto, al proyecto que incorpora un título nuevo, sobre navegación fluvial, en el decreto ley N° 2.222, de 1978, Ley de Navegación.
El referido órgano técnico irá la próxima semana a Valdivia para discutir en terreno con los interesados en esta iniciativa. Por ello nos gustaría ese plazo adicional para, de ser necesario, incorporar alguna indicación que surja de alguna inquietud en esta materia.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
¿Habría acuerdo?
--Así se acuerda.
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El señor LABBÉ (Secretario General).-
Señores Senadores, en sesión de fecha de 10 de julio se aprobó en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que pone término a la existencia legal de la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas (EMAZA) (boletín N° 8786-27).
Lo que corresponde ahora es fijar un plazo para presentar indicaciones.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
¿Le parece a la Sala hasta el lunes 5 de agosto?
--Así se acuerda.
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, en sesión de hoy la Comisión de Obras Públicas por unanimidad acordó solicitar autorización a la Sala para discutir en general y en particular el proyecto de ley que introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
¿Cuál proyecto, señor Senador?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
El consignado en el boletín N° 8.149-09.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tendríamos que alterar la tabla.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
No, porque solamente estoy pidiendo la autorización de la Sala para poder trabajar el proyecto en general y en particular en la Comisión.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado?
--Acordado.
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, con respecto al proyecto que modifica la ley N° 18.450 con el fin de fomentar la inversión privada en obras de riego o drenaje, en la Comisión de Hacienda se ha planteado la necesidad de abrir un nuevo plazo para que el Ejecutivo pueda presentar una indicación.
Por lo tanto, solicito una ampliación, por unas pocas horas, para cumplir con dicha gestión y así poder continuar con la tramitación de la iniciativa.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
¿Para hoy mismo?
El señor LARRAÍN.-
Hoy día, a las 6 de la tarde, o mañana, si quiere, a las 12. Pero lo antes posible.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Muy bien.
¿Habría acuerdo de la Sala para fijar plazo para formular indicaciones al proyecto que fomenta la inversión privada en obras de riego o drenaje hasta mañana jueves 18, a las 12?
--Así se acuerda.
El señor LARRAÍN.-
Hubiera preferido hoy día, señor Presidente.
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Se me ha solicitado recabar la autorización de la Sala para que ingresen al Hemiciclo el señor Subsecretario de Previsión Social y la señora Superintendenta de Previsión Social.
El señor PROKURICA.-
Sí.
El señor NAVARRO.-
¡No, señor Presidente!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
¿Perdón?
El señor NAVARRO.-
No hay acuerdo.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
No se accede a lo requerido, entonces.
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Antes de comenzar con el análisis de la tabla de la sesión de hoy, quiero pedir asentimiento para que la materia signada con el número 6 del Orden del Día, que se refiere al proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que agrava penas y restringe beneficios penitenciarios en materia de delitos sexuales contra menores de edad (boletín N° 8.677-07), que está con urgencia calificada de "suma", la podamos poner en primer lugar y tratarla como si fuera de Fácil Despacho.
Si existiera acuerdo, se procedería en dichos términos.
El señor CANTERO.-
Muy bien.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Acordado.
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Lo último que se le ha pedido a la Mesa es saludar a los alumnos del 3° básico de la escuela Irene Morales de Carrizal, comuna de San Javier, que están en las tribunas. Ellos fueron puntaje nacional en el SIMCE de 2° básico y quisiera saludarlos y darles la bienvenida.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
Es una solicitud de la Senadora señora Rincón. Y la Mesa desea felicitarlos por estar hoy día acompañándonos.
También se hallan en las tribunas los Alcaldes de Santa Juana y de Nacimiento, más algunos dirigentes de dichas localidades. Así que saludos también para ellos.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
AGRAVAMIENTO DE PENAS Y RESTRICCIÓN DE BENEFICIOS
PENITENCIARIOS EN MATERIA DE DELITOS SEXUALES
CONTRA MENORES DE EDAD
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
De conformidad con lo recién acordado, corresponde discutir el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que agrava penas y restringe beneficios penitenciarios en materia de delitos sexuales contra menores de edad, con urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8677-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 61ª, en 19 de noviembre de 2012.
En tercer trámite, sesión 40ª, en 10 de julio de 2013.
Informes de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 10ª, en 9 de abril de 2013.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 21ª, en 8 de mayo de 2013.
Discusión:
Sesiones 13ª, en 10 de abril de 2013 (se aprueba en general); 26ª, en 22 de mayo de 2013 (se aprueba en particular).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La Cámara de Diputados efectuó tres enmiendas al proyecto que despachó el Senado, recaídas en la oración final que el artículo 3° propone agregar en el inciso primero del artículo 368 del Código Penal.
Las modificaciones son para:
-Sustituir la expresión "pena se impondrá" por "regla se aplicará".
-Suprimir la locución "en calidad de autor o cómplice,".
-Eliminar la frase "en esas mismas calidades,".
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios se transcribe el texto aprobado por el Senado y las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En discusión las enmiendas propuestas por la otra rama legislativa.
Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).-
Señor Presidente, este proyecto de ley fue aprobado por unanimidad por el Senado, en su primer trámite constitucional, y después lo fue por la Cámara de Diputados.
En mi calidad de Presidente de la Comisión de Constitución, voy a informar brevemente cuáles son sus aspectos más relevantes.
En primer lugar, se modifica el decreto ley N° 321, sobre libertad condicional, incluyendo determinados delitos sexuales cometidos contra menores de 14 años, que no estaban considerados, a la restricción vigente para delitos sexuales graves (como violación, etcétera), consistente en el aumento del tiempo de cumplimiento efectivo de la condena, de la mitad a dos tercios del período.
Hoy día, por regla general, un condenado por delitos sexuales contra menores puede optar a la libertad condicional una vez que haya enterado la mitad de la pena. Con el cambio, vamos a ampliar los delitos que requerirán dos tercios de la pena cumplida para poder optar a tal beneficio.
En segundo lugar, se modifica el decreto ley N° 409, sobre regeneración y reintegración del penado a la sociedad, lo que se conoce como "eliminación de antecedentes". ¿Qué pasa en la actualidad? Que una persona condenada por delitos sexuales contra menores, si es su primera condena, a los dos años limpia antecedentes, y si es reincidente, lo hace a los cinco años.
Ahora se aumenta el plazo de control para la eliminación de antecedentes por tales ilícitos a diez años, que equivale al lapso que hemos establecido como inhabilidad temporal para los condenados por delitos sexuales contra menores de edad, salvo que sean delitos graves contra menores de 14 años, porque -recordemos- ahí hay inhabilidad perpetua para trabajar con menores y rige otro tipo de normas.
Y, en tercer lugar, se modifica el Código Penal respecto de dos disposiciones.
Por un lado, se propone aumentar la pena asignada al delito de comercialización de material pornográfico infantil, que incluye la importación, exportación, distribución, difusión o exhibición, eliminando el rango más bajo a la pena asignada (actualmente va de 541 días a 5 años), que sube a 3 años y un día a 5 años, es decir, la misma pena que se aplica a la producción de pornografía infantil: presidio menor en su grado máximo.
Por otra parte, se busca ampliar los sujetos activos, que se hallan contemplados en la agravante del artículo 368. Así, también estará agravada la pena del delito sexual cuando se cometa contra un menor de edad para quien lo hiciere con motivo u ocasión de las funciones que desarrollare en un recinto educacional o con ocasión del transporte escolar de menores realizado a cualquier título. Este último aspecto fue agregado durante la discusión particular del proyecto en la Comisión de Constitución del Senado, ya que pareció relevante no establecer una definición demasiado rígida del posible sujeto activo en el caso de quien transporta niños.
En este mismo contexto, durante la discusión particular del proyecto en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se aclaró -y esta es la modificación- el alcance de la norma en lo referente a la cooperación en calidad de cómplice de estos delitos por parte de personas con abuso de autoridad o encargo, los que, en virtud de lo estipulado en el artículo 371 del Código Penal, serán castigados como autores. Además, se cambió la expresión "pena se impondrá" por "regla se aplicará", lo que resulta más adecuado con la redacción del resto del artículo.
Finalmente, debemos agradecer a todos los Senadores que apoyaron el proyecto en su primer trámite constitucional, y por supuesto a la Ministra de Justicia, señora Patricia Pérez, quien ha mostrado un decidido compromiso personal en el combate contra el abuso sexual infantil.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, desde luego, vamos a aprobar este proyecto de ley en la forma como viene recomendada por la Comisión de Constitución, con el fin de que se promulgue inmediatamente, porque todos estamos muy conscientes de que las penas para los abusadores de menores deben incrementarse y no dispensarse las facilidades que muchas veces los jueces se ven obligados a conceder, porque la normativa no ha sido lo suficientemente dura en ese aspecto.
Por eso, la modificación introducida mediante el artículo 2°, para intercalar un inciso segundo, nuevo, en el artículo 1° del decreto ley N° 409, me parece muy apropiada, porque señala: "Cuando la persona hubiere sido condenada a la pena temporal del artículo 39 bis, de conformidad con el artículo 372, ambos del Código Penal, el derecho a que se refiere el inciso anterior sólo se podrá ejercer transcurridos 10 años desde el cumplimiento de la pena, sin importar el número de condenas que dicha persona tuviere.".
Hay una verdadera alarma en varios sectores del país. Se han creado comités organizados espontáneamente, en Los Ángeles y Chillán, en los que las madres no se sienten con protección adecuada para defender a sus hijos. Incluso, los trámites judiciales son enormes, y a veces a los niños se les somete a cuatro, cinco interrogatorios distintos. Es decir, el daño que recibieron se multiplica varias veces. Y esto no ocurre en treinta días, sino en el transcurso de varios meses y a veces en uno o dos años. En consecuencia, de nuevo reviven esos momentos difíciles.
Por eso esas madres están agrupadas. Y han pedido ser recibidas en las diversas Comisiones del Senado, en especial en la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, porque han vivido experiencias dolorosas que es necesario que todos nosotros conozcamos debidamente.
Por eso, este proyecto en algo va colocando más rígida la ley, para perseguir y no dar ningún tipo de facilidades a las personas que causan tanto daño no solo a los niños, sino en muchos hogares de nuestra patria.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora PÉREZ (Ministra de Justicia).-
Señor Presidente, como lo expresó el titular de la Comisión de Constitución, Senador Patricio Walker, el proyecto en análisis obedece a la necesidad de llenar ciertos vacíos normativos de nuestra legislación y que impiden la sanción eficaz de los delitos sexuales cometidos contra niños.
Me refiero particularmente a la ampliación de los sujetos activos para la aplicación de la agravante, que en la actualidad no se extiende a quienes tienen contacto con niños fuera del ámbito educacional, como el transporte de los menores. Y cabe destacar que se trata -esto fue muy analizado tanto en el primero como en el segundo trámite- de un transporte escolar a cualquier título, sin restringirlo al remunerado.
También es importante resaltar la elevación del tiempo efectivo de la condena durante el control, al modificar el decreto ley No 321, sobre libertad condicional. En dicha normativa la regla general es que debe haber transcurrido la mitad del tiempo de la condena. Esta iniciativa eleva el tiempo a dos tercios.
De igual forma, se introducen enmiendas en cuanto al período de vigilancia que establece el decreto ley No 409, sobre eliminación de antecedentes. En este caso también se dispone un período más amplio de control, lo cual permite, obviamente, tener a la persona sujeta a una supervisión mucho más estrecha.
Tampoco es menor la elevación del tramo inferior de la pena del delito de comercialización de pornografía infantil, que hoy día parte en los 541 días y llega hasta 5 años. La idea es elevar este tramo inferior, de manera que no estemos, por ejemplo, en la hipótesis de una eventual salida alternativa como hoy día ocurre.
Todas estas modificaciones se han llevado adelante considerando el análisis jurisprudencial de los distintos fallos y las diversas materias que se han podido conocer con relación a esta materia.
También, como lo explicó el Senador señor Patricio Walker, ha sido importante la precisión referida a que la regla del artículo 371 del Código Penal se aplica específicamente a los autores.
Por todas estas consideraciones, señores Senadores, resulta tremendamente relevante impulsar esta iniciativa.
Hago propicia esta oportunidad para extender un agradecimiento especial a los miembros de la Comisión de Constitución del Senado, que contribuyeron de manera fundamental a perfeccionar el proyecto, que viene a llenar un vacío legislativo en el sistema y que es necesario resolver.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Se ha pedido abrir la votación.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En votación las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados.
--(Durante la votación).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier, para fundamentar su voto.
El señor LETELIER.-
En fecha reciente se efectuó una denuncia en los medios de comunicación -lo planteo, por su intermedio, señor Presidente, a la señora Ministra de Justicia, y como hay varias Secretarias de Estado presentes, quizás puedan hacer esta reflexión-, donde se señaló que en instituciones colaboradoras del SENAME hay niñas violadas que se prostituyen y terminan siendo víctimas de una sociedad permisiva.
Digo "sociedad permisiva", porque esto ha ido acompañado de un fenómeno en los últimos años: a las entidades colaboradoras del SENAME se les han quitado fondos. De esta forma, se ha restringido la protección a estos niños, que son los más vulnerables de los vulnerables de nuestro país: los niños abandonados.
Esta mañana la organización existente en Chile contra el abuso de menores ha estado protestando en el Ministerio de Justicia. Fueron a presentar una demanda al SENAME. Efectuaron un reclamo muy grande precisamente por este tipo de problemas sobre los cuales estamos legislando. Se trata por regla general de mamás y papás de niños violados o abusados sexualmente por gente cercana. Entiendo que todos conocemos la estadística. El 70 por ciento de los delitos sexuales en nuestro país se comete contra menores. Y el 70 por ciento de esos ilícitos los realizan personas conocidas, cercanas o parientes de las víctimas.
En esta coyuntura -donde se requiere reaccionar-, sin duda el proyecto de ley en análisis resulta oportuno.
Hace tiempo, varios Senadores presentamos la propuesta de agravar la pena cuando los autores de los delitos sean personas que tienen una relación de autoridad. Costó fijar este criterio. Esto tiene que ver también con las denuncias que ha habido en la Iglesia católica. Y la iniciativa se basa particularmente en eso y se extiende a otras situaciones de poder.
Creo que este proyecto constituye un avance.
Pero, para ser consistentes con la aprobación de la iniciativa -en particular lo digo para los parlamentarios que desde hace años venimos promoviendo legislar y defender a los niños y a las niñas-, necesitamos que tal esfuerzo legislativo sea coherente con las políticas públicas.
Para que quede claro y en actas, quiero decir que las políticas públicas para defender a los niños, las niñas y los adolescentes de nuestro país dejan mucho que desear en los últimos años.
El problema principal de los niños y las niñas que se encuentran al cuidado del Estado a través del SENAME radica en que se ha desatendido el financiamiento de las instituciones colaboradoras. Se trata de cientos de menores que se han visto abandonados, desprotegidos.
Si no fuera por las iglesias y las congregaciones, que poseen un compromiso especial, la situación sería desastrosa.
Conozco de cerca la realidad de mi Región, donde una congregación ha encabezado en la comuna de Quinta de Tilcoco el esfuerzo de cuidar y proteger a niños y niñas abandonados. Hace un año, nos correspondió casi ir a rogar e implorar al Ministerio de Justicia que no siguiera recortando los fondos.
Por ende, si normas legales como las que vamos a aprobar ahora no van acompañadas de políticas públicas para defender a los más vulnerables de los vulnerables, estaremos borrando con el codo lo que estamos aprobando hoy.
Necesitamos, no solo despachar este proyecto, sino hacernos cargo de aquellos niños y niñas que se encuentran en una de las condiciones más vulnerables hoy en día. Ellos no pertenecen a partidos políticos, están en una situación de tremendo abandono, de dramas familiares. Por lo tanto, pido que seamos consistentes y que el Estado les brinde la protección que les debe entregar, con el financiamiento que corresponde.
Voto que sí.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Girardi, para fundamentar su voto.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, creo que nos encontramos ante un proyecto muy importante, relevante.
Falta fortalecer la política en general sobre los derechos de los niños.
Tenemos una sociedad profundamente maltratadora. Y el problema radica en que el maltrato infantil es silencioso e invisible. Cuando uno pregunta a los padres si ellos maltratan a sus hijos, lo más probable es que la mayoría responda negativamente. Pero después, al consultarles a los niños si han sufrido algún tipo de vejamen, de maltrato físico (castigos) o sicológico (insultos), seguramente vamos a descubrir que hay una cantidad muy importante de agresiones.
De hecho, la Organización de las Naciones Unidas realizó hace algunos años un estudio, en el cual se estableció que 70 por ciento de los niños señala que sufre maltrato físico y sicológico.
Uno ve a diario, en todos los sectores socioeconómicos, un tipo de vida -muchas veces, de los progenitores- que se desarrolla sobre la base del insulto y la agresión entre los propios padres. Y los niños aprenden de un modelo de convivencia basado en una forma de maltrato que se va internalizando y se transforma en un estilo de vida que ellos asumen.
Muchas veces los papás se preguntan por qué sus hijos son tan agresivos cuando salen a la calle; por lo general, es porque aprenden un modelo de maltrato, de descalificación, en sus propios hogares.
¿Cuál es el problema? Cuando los maltratados sean mayores, van a ser madres y padres maltratadores.
Lo anterior se suma a situaciones que a veces se vinculan al abuso.
Resulta evidente que los niños maltratados física y sicológicamente y que han sufrido abusos sexuales durante su infancia van a ser potenciales abusadores o maltratadores cuando crezcan.
¿Por qué señalo lo anterior? Porque se trata de una pandemia que en Chile constituye una verdadera epidemia, porque sobre estos asuntos la sociedad no habla; se hallan en la absoluta invisibilidad.
Muchas redes de infancia y actores sociales han ido develando y poniendo en evidencia algo que no se veía: la agresión infantil en materia de abusos sexuales y de violaciones.
Me parece que este asunto hay que ponerlo en contexto con el maltrato, porque este último es el sustrato del problema. Muchas veces en familias con bajo capital cultural la convivencia se desarrolla en un ambiente de tremenda agresión. Los menores de ese grupo familiar padecen el síndrome del niño maltratado: problemas de autoestima, menor rendimiento escolar, daño sicosocial. Evidentemente, constituyen potenciales maltratadores a futuro.
¿Por qué manifiesto esto? Porque me parece que se debe prevenir primero; hay que ir al fondo de los problemas.
Ahora, con la misma fuerza con que señalo lo anterior, expreso mi postura de aumentar la sanción y las penas a quienes abusan de los niños, particularmente en el ámbito sexual mediante violaciones.
Han ocurrido situaciones dramáticas. Tal es el caso de una niña de 11 años que fue violada y que va a tener un hijo.
Me parece que falta en el país establecer una regulación, una reglamentación, que permita el aborto terapéutico cuando se produce una violación. Lo considero un derecho humano de la mujer, y en particular de las menores. Una niña de 11 años carece de discernimiento en cuanto a la posibilidad de ser madre; y menos lo tiene el violador, que es un delincuente al cual se debe aplicar todo el rigor de la ley.
Estimo que es una medida muy importante.
Pero también estamos viviendo una situación dramática con los 15 mil niños que hoy día se hallan en custodia en el sistema de residenciales.
Yo lo viví, porque me tocó hace años denunciar a la fundación Niño y Patria, donde los menores eran vejados y tratados de manera brutal y cruel.
Se cerró esa institución y se adoptó un sistema de residenciales. Pero un estudio de las Naciones Unidas reveló que, producto de la falta de fiscalización, de medios, de recursos, muchos de esos niños sufren maltrato físico y sicológico; que son objeto de violaciones y abusos sexuales. Esos menores víctimas, que son los más frágiles en la sociedad, muchas veces no tienen padre, ni madre, ni familia, y se derivan a una familia guardadora. Pero ahí les infligen brutales daños a su integridad física y sicológica, a sus derechos humanos.
Esa situación me parece muy delicada. También lo es el hecho de que, a pesar de que un estudio de la UNICEF denunció esos hechos en marzo pasado, recién ahora se estén tomando acciones. Aquí ha habido no creo que ganas de tapar nada, sino cierta indolencia e invisibilidad del problema.
Tenemos una situación compleja, ya que en Chile no hay una verdadera promoción, una verdadera educación y una verdadera fiscalización en lo relativo a los derechos de los niños. En el país no se están acatando los tratados internacionales que hemos suscrito sobre los derechos de los niños; no se está cumpliendo con las familias muchas veces -porque ser padre o madre requiere apoyo, educación, los cuales no se entregan- ni con nuestros centros de acogida. Carecemos de educación sexual, pues los menores son abandonados en su búsqueda de algo tan natural como su salud sexual e identidad sexual.
Pero hay promoción, mercadeo y un libre mercado del erotismo, en los cuales la sexualidad se usa como producto de marketing y donde la sociedad se encuentra abandonada.
Por eso, se necesitan políticas públicas para los niños, para sus derechos; se necesita educación para los padres y madres; se necesita educación sexual, y se necesitan también mayores sanciones para que podamos tener una ley integral.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueban las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto (29 votos favorables), y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
MODIFICACIÓN A SEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO PARA AFILIADOS INDEPENDIENTES Y VOLUNTARIOS
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Corresponde efectuar la segunda discusión del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica los artículos 88 y 89 de la ley N° 20.255, en relación con el régimen del Seguro Social contra Riesgos de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales aplicable a los afiliados independientes y voluntarios del nuevo sistema de pensiones, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8936-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 23ª, en 14 de mayo de 2013.
Informe de Comisión:
Trabajo y Previsión Social: sesión 32ª, en 18 de junio de 2013.
Discusión:
Sesión 40ª, en 10 de julio de 2013 (queda para segunda discusión).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Cabe tener presente que el artículo 1° permanente y los artículos primero y segundo transitorios de la iniciativa son de quórum calificado, por lo que requieren para su aprobación 19 votos favorables.
El texto que se propone aprobar se transcribe en el primer informe de la Comisión.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.-
Señor Presidente, el objetivo de este proyecto es modificar, de mensual a anual, el pago de las cotizaciones de los trabajadores independientes afiliados al Seguro Social contra Riesgos de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y postergar la cobertura a esos mismos cotizantes hasta julio del año siguiente al cual correspondan las remuneraciones y los meses trabajados, siempre y cuando en dicho lapso de tiempo esos trabajadores sigan realizando sus actividades en forma independiente.
No obstante, señor Presidente, resulta necesario conocer qué originó la urgencia de esta iniciativa.
En efecto, en 2013 el Servicio de Impuestos Internos aplicó descuentos a la devolución de tributos a un total de 149 mil trabajadores independientes, los cuales fueron utilizados para pagar cotizaciones previsionales para pensiones y para salud laboral. Según instrucciones de la Subsecretaría de Previsión Social, dichos descuentos se repartieron entre AFP, mutualidades de empleadores y el Instituto de Salud Laboral.
A la fecha, se desconoce en detalle esa distribución.
A junio de 2013 a 149 mil trabajadores independientes se les efectuaron descuentos, SIN QUE ELLOS CONOZCAN EL DESTINO DE LOS DINEROS, EL USO QUE SE LES DARÁ, NI MUCHO MENOS CÓMO PUEDEN ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE SALUD LABORAL.
¿Por qué se produjo tal situación? Porque la Subsecretaría de Previsión Social definió un procedimiento de opción tomando el principio de "el que calla otorga". Es así como en abril de este año, junto con la declaración de impuestos, se supuso que los trabajadores independientes que NO renunciaron a cotizar para pensiones y salud laboral estaban dispuestos a que se les descontaran desde la devolución de impuestos las cotizaciones para cubrir esos ítems. Es decir, el silencio se interpretó como aceptación.
Como los descuentos recién se entregaron a los administradores de salud laboral en el 2013 y son para rentas de 2012, se produjo una inconsistencia entre financiamiento y acceso a los beneficios. O sea, los trabajadores independientes han pagado por prestaciones de salud y de otros ámbitos a los que no podrán acceder: el año 2012 ya pasó.
Ahora que se generó este problema, el Ejecutivo nos presenta una iniciativa legal que no solo implica una solución parcial, dado que conlleva dificultades de aplicación práctica por las movilidades del mercado de trabajo, sino que además modifica en forma permanente la temporalidad en el pago de las cotizaciones para salud laboral y los períodos de cobertura asociados, sin preocuparse de la necesaria armonía que debe existir entre el sistema de salud laboral y el sistema de salud común.
Señor Presidente, la aplicación práctica del proyecto que analizamos en la Sala tiene preguntas sin respuesta hasta la fecha:
1.-
¿Qué va a pasar el año 2018, cuando la reforma previsional entre en régimen y la cotización mensual para el sistema de salud común sea obligatoria?
2.-
¿El Senado volverá a revisar la forma de financiamiento de los sistemas de seguridad social para los trabajadores independientes?
3.-
¿Qué ocurrirá con los diagnósticos de enfermedades profesionales?
Es importante señalar que la cobertura de tales enfermedades debe otorgarla el administrador vigente en la época en que el trabajador adquirió la enfermedad, que no necesariamente es el mismo del momento en que se hizo el diagnóstico médico. Es decir, el tratamiento de las enfermedades profesionales es diferente del que la ley da a los accidentes del trabajo.
Y aquí no hay que confundirse.
En esta Sala, señor Presidente, se señaló que lo importante es la época en que se hace el diagnóstico. Pero para la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales no es así.
4.-
Si se aplica la iniciativa presentada por el Ejecutivo, ¿cómo se resolverá el problema de la modificación en la relación laboral cuando el trabajador independiente pase a ser dependiente o deje de trabajar, por cualquier razón?
En efecto, señor Presidente, el proyecto en análisis no resuelve este tema y solo supondrá un enriquecimiento de los administradores de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
5.-
La iniciativa implica que los trabajadores independientes que se incorporen al mercado del trabajo quedarán sin cobertura de salud laboral durante el primer año. Entonces, cabe preguntar: ¿Qué pasará con ellos si sufren un accidente laboral? ¿Les diremos que a pesar de que están trabajando no tienen derecho a cobertura?
Las preguntas anteriores no tienen respuesta, porque van contra la lógica de lo que es un seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Y esto lo tienen claro los funcionarios de la Superintendencia de Seguridad Social. Por eso les complica el proyecto presentado, según lo refirió la Ministra señora Matthei en su intervención de la sesión pasada.
A nuestro entender, la solución al problema que afecta a 149 mil trabajadores independientes pasa por lo siguiente:
1.-
Devolver los descuentos efectuados el año 2012, dado que no se asocian a ninguna cobertura y que el procedimiento aplicado ("El silencio es aceptación") constituye un abuso por parte del Estado.
2.-
Que la Subsecretaría de Previsión Social ejecute las obligaciones que le impone la ley N° 20.255, en orden a difundir y promover, en forma masiva, la inclusión de los trabajadores independientes al sistema de seguridad chileno. Esta actividad es estrictamente necesaria, dado que apunta a mejorar la cultura en materia de seguridad social.
3.-
Para evitar problemas en la declaración de opción de 2014 la Subsecretaría de Previsión Social debiera, este año 2013, arbitrar las medidas necesarias para perfeccionar el procedimiento aplicado, superando el principio de "El que calla otorga", a través de la incorporación de al menos dos declaraciones: una de rechazo y otra de aceptación. Esta última tendría que detallar expresamente las afiliaciones correspondientes y los derechos de los afiliados. Con ello se permitiría una aplicación coherente con la ley N° 20.255, que estableció la reforma previsional.
Señor Presidente, he analizado en conciencia este proyecto y no me convence. Fui Superintendenta de Seguridad Social, por lo que conozco en profundidad este tema.
La Ley sobre Reforma Previsional, votada en este Parlamento, establece descuentos respecto de las cotizaciones previsionales, mediante la devolución de impuestos, en la medida que existan diferencias entre las rentas imponibles por las cuales el trabajador independiente efectuó mensualmente sus cotizaciones y las rentas por las cuales declaró impuestos.
La ley N° 20.255 dispone, entonces, que las cotizaciones para salud laboral son mensuales, y solo se aplican descuentos, por medio de la declaración de impuestos, si se producen diferencias al término de cada año. Asimismo, en caso de haber existido beneficios pecuniarios -por ejemplo, subsidios por incapacidad laboral-, la referida normativa obliga a las mutualidades y al Instituto de Salud Laboral a calcular las diferencias de cobertura y a pagarlas al trabajador independiente.
Creo que la ley N° 20.255 fue bien pensada: contiene la necesaria armonía entre salud laboral y salud común. Y el proyecto que ahora nos presenta el Ejecutivo conlleva un problema mayor: Los seguros de salud común y laboral no pueden ser asimilados al sistema de pensiones. Los dos primeros son de contingencia y el de pensiones fue diseñado para entregar beneficios en el largo plazo. No nos confundamos en ello.
Señor Presidente -con esto termino-, no estuve en la Comisión cuando se votó este proyecto, pues a esa hora debí asistir a una sesión de la Comisión de Minería y Energía. Pero de haber estado presente, habría votado en contra.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, está claro que el sistema de mutuales en Chile, y en particular todo lo que tiene que ver con seguridad social y el rol de la SUSESO, enfrentan un problema muy complejo.
Y la Ministra lo sabe muy bien. Porque hace rato que los trabajadores reclaman justicia y que sus accidentes del trabajo sean reconocidos.
Contamos con una institucionalidad extraordinariamente débil, precaria y que, las más de las veces, juega a favor de las empresas. Esa es la experiencia que han vivido miles de trabajadores. Recordemos que el 70 por ciento de los accidentes laborales son rechazados por las mutuales y luego consentidos por la Superintendencia.
Yo tengo una opinión crítica respecto de la Superintendencia. He conocido el proceso desde dentro: he conversado con decenas y decenas de sindicatos. Y cuando he planteado esta problemática a aquellos que hoy día son cotizantes del seguro contra riesgos de accidentes del trabajo, me han señalado que queremos obligar a cientos de miles de trabajadores a imponer en un sistema cuyas condiciones actuales son absolutamente insostenibles.
Es cierto, hay en tabla un proyecto de ley que crea la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, que fortalece el rol de la Superintendencia de Seguridad Social y actualiza sus atribuciones y funciones. Vamos a tener un largo debate sobre las modernizaciones que esto requiere.
Sin embargo, yo consulto: ¿Para quién es negocio incorporar a miles y miles de cotizantes cautivos, porque en verdad sus opciones son muy pocas? ¿Cuál es el tipo de beneficio que contempla esta innovación?
Algunos dirán, por cierto: "Van a estar protegidos". Pero los actuales trabajadores no lo están. Al contrario, se encuentran en grave riesgo. Son parte de un sistema deficiente, que las más de las veces opera en contra de ellos.
Por tanto, claramente esta incorporación, sin una reforma profunda, significará más bien llevarlos al matadero, a un sistema que no ha brindado cobertura ni ha respondido a los supuestos por los cuales fue creado.
Después de estudiar la ley N° 16.744 y de pensar en esos trabajadores independientes, habría que preguntarse: "¿Sabrán ellos que de 70 a 75 por ciento de sus accidentes van a ser negados, aun cuando sean laborales?" Cabe recordar que la ACHS -una de las peores mutuales del mercado- tuvo que devolver más de 2 mil millones de pesos a la isapre Más Vida, pues correspondían a pagos por concepto de accidentes del trabajo y no de licencias médicas.
Entonces, traspasar este número importante de trabajadores a un sistema absolutamente vencido, viciado nos plantea dudas.
Y anuncio mi voto en contra de esta iniciativa, porque no se puede trasladar a cientos de miles de trabajadores al sistema y luego ver cómo lo modificamos, cómo lo mejoramos. Debería ser al revés: primero discutir cuál es el sistema de protección laboral contra accidentes del trabajo que Chile requiere para su fuerza de trabajo, y después analizar si le inyectamos cientos y cientos de millones de dólares a fin de que sea capaz de responder.
Tal como lo ha dicho la Senadora Rincón, quien además cuenta con la experticia de haber sido Superintendenta de Seguridad Social, este es un mal proyecto. Y siento que ha tenido una escasa difusión entre los trabajadores de sindicatos. He pedido el informe -no lo tenemos a la vista; lo solicito una vez más, señor Presidente- para ver a cuántos sindicatos se escuchó, para saber qué opinan incluso los trabajadores de las propias mutuales, que han denunciado a la ACHS, entre otras, por incumplimientos legales gravísimos. Y estamos hablando de trabajadores de las mismas mutuales, no de otras empresas.
Además, cuando he preguntado cuáles son las empresas que la SUSESO debe fiscalizar, la Superintendenta me ha respondido que no tiene esa información. Es decir, no sabe cuántas de ellas están afiliadas a la ACHS y al resto de las mutuales.
Entonces, surge la pregunta de cómo es posible que la Superintendencia fiscalice si desconoce cuáles son las empresas afiliadas.
Por cierto, los trabajadores del Congreso Nacional se encuentran afiliados a la Asociación Chilena de Seguridad. Yo les pido a los señores Senadores que se pregunte a los funcionarios de nuestra Corporación qué imagen tienen de la ACHS, o que se consulte sobre el particular a los trabajadores del petróleo, quienes se retiraron masivamente del sistema, desde Arica hasta Magallanes, incluyendo la comuna de Concón y la Región del Biobío.
Los trabajadores que conocen el sistema se retiran cuando pueden o tienen libertad para hacerlo, como los del petróleo, y el resto evalúa lo que se les ofrece.
Yo me quedo con la opinión de la Senadora Rincón, ex Superintendenta de Seguridad Social; me quedo con la opinión que me han transmitido los trabajadores; me quedo con la opinión que me he formado respecto del gran negocio de las mutuales, del robo en descampado que son capaces de hacer a miles de trabajadores.
Señor Presidente, la ACHS tiene 108 sociedades anónimas cerradas -¡108!-, que no son fiscalizables ni por la Superintendencia de Seguridad Social ni por la Superintendencia de Valores y Seguros. Además, posee ocho inmobiliarias. Es exactamente igual al negocio de las universidades privadas, que partieron siendo sin fines de lucro y se transformaron por la vía de las empresas relacionadas.
¿Cuántos exsuperintendentes de la SUSESO hoy día son gerentes de la ACHS? Les dejo abierta la pregunta a los colegas que deseen averiguar el número de ellos que trabajan o trabajaron en las principales empresas de la ACHS y fueron números uno en la Superintendencia.
Aquí hay conflictos de intereses muy claros y hubo colusión, pues quienes formaron parte de la Superintendencia hoy día ejercen cargos importantes y muy bien remunerados al interior de las mutuales.
Por tanto, este proyecto debe ser objeto de un profundo debate, incluidas las observaciones planteadas no por el Senador Navarro, porque algunos podrían decir: "Navarro tiene una opinión sesgada producto de su accidente". ¡No! Poseo un juicio concreto y claro al respecto, pues he estudiado el tema, el cual ha sido ratificado por la ex Superintendenta Ximena Rincón.
Yo esperaría que no aplicáramos la teoría del jamón, es decir, que no discutiéramos esta materia a pedacitos, sino que definiéramos la institucionalidad respectiva y luego viéramos si los independientes del país -por cierto, son cientos de miles, o millones- están disponibles para cambiarse obligatoriamente a este sistema, porque eso hacemos mediante la ley en proyecto.
Al respecto, muchos trabajadores independientes me preguntan qué haría yo si tuviera la posibilidad de elegir y me señalan que los quieren llevar a la fuerza a un sistema altamente cuestionado. Eso se pretende con esta iniciativa: transferir un gran negocio a un sistema que tiene vicios, que debe ser revisado, fortalecido y modernizado.
Entonces, antes de discutir esta iniciativa que traslada a los independientes, yo preferiría tener claro qué debemos modificar de la ley N° 16.744 y qué tipo de Superintendencia y de institucionalidad vamos a tener.
De lo contrario, estaremos cometiendo una grave irresponsabilidad: se someterá a los independientes a un sistema que no les garantiza protección laboral, al igual que no lo hace con los actuales afiliados, como los trabajadores del cobre, los subcontratistas, en fin, todos los trabajadores de Chile, que, pese a pagar a las mutuales por los seguros correspondientes a través de sus empleadores, no tienen garantizada la cobertura acordada.
En definitiva, se trata de una situación que debe ser transparentada.
Por eso voy a votar en contra de la normativa, no porque considere innecesaria la incorporación de los independientes, sino porque tenemos que contar con un sistema que asegure la integración y la protección de todos los trabajadores chilenos: de los que tienen contrato, de los que pertenecen al Estado y también de los independientes.
Esta iniciativa coloca a los independientes en una situación de mayor riesgo, de incertidumbre y, por cierto, los somete a una institucionalidad precaria, que no logra proteger a los actuales afiliados. Por tanto, su incorporación hoy solo representa mayores ingresos para quienes ejercen la tarea lucrativa de administrar las mutuales.
Señor Presidente, me pronunciaré negativamente, pero espero que podamos lograr un acuerdo -aunque, en verdad, el Gobierno dialoga poco, ahogado por sus permanentes conflictos de intereses- para discutir sobre la institucionalidad vigente y luego acerca de la incorporación de los trabajadores independientes.
Voto en contra, señor Presidente.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
--(Aplausos en tribunas).
)---------(
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Hoy día hemos tenido numerosas visitas en las tribunas. Y quiero saludar a los integrantes de la Escuela de Fútbol Chillán Viejo de Colo Colo antes de que se retiren.
¡Bienvenidos!
Les deseo un buen viaje de retorno.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
)-----------(
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MATTHEI (Ministra del Trabajo y Previsión Social).-
Señor Presidente, quiero leer textualmente el inciso segundo del artículo vigésimo noveno transitorio de la ley N° 20.255:
"Durante los tres primeros años de la entrada en vigencia del Título señalado en el inciso anterior, los trabajadores a que se refiere el inciso primero del artículo 89 del decreto ley N° 3.500, de 1980, deberán efectuar las cotizaciones del Título III del mencionado decreto ley, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 92 F de dicho decreto ley, salvo que en forma expresa manifiesten lo contrario.".
Entonces, lo que señaló recién la Senadora Rincón es totalmente incorrecto. Nosotros no hemos efectuado ninguna interpretación. La ley N° 20.255, que se refiere, como ustedes saben, a la reforma previsional aprobada durante el anterior Gobierno, dispone que los trabajadores independientes tienen que pagar sus respectivas cotizaciones, "salvo que en forma expresa manifiesten lo contrario".
Por lo tanto, lo único que nosotros hicimos fue aplicar la normativa en vigor. Puede que a algunos no les guste, pero es lo que aprobó este Congreso.
Y ya no se trata de 145 o 190 mil trabajadores que efectivamente pagaron, como se dijo, sino de más de 300 mil, a los cuales se les debía retener sus cotizaciones, porque era obligatorio cancelarlas. Estos se encuentran hoy día en el peor de los sistemas, pues así salió la referida legislación: pagaron su seguro contra accidentes del trabajo, pero no tienen cobertura, porque esta era para el año anterior. Es decir, se paga ahora con respecto al año ya transcurrido.
Esa es la situación con que nosotros nos encontramos, señor Presidente.
Por consiguiente, lo único que pretendemos -no se trata de una materia fácil- es que aquellos que paguen ahora por lo menos se encuentren cubiertos el próximo año. De otra forma, sería una burla. ¡Cómo se va a pagar un seguro de accidentes del trabajo correspondiente al año anterior! Si durante ese período un independiente sufre un accidente, no tiene cobertura. Y si no tiene ninguno, da lo mismo pagarlo después.
En consecuencia, nosotros creemos que es lógico que si se cancela un seguro contra accidentes del trabajo, este cubra el período que viene y no el que pasó, porque en el último caso sí que se harán ricas las mutuales: se quedarán con todo el dinero sin dar ningún tipo de cobertura.
Ahora, lo ideal es que se cotice en forma mensual.
De otro lado, debo señalar que es una pena que no haya estado presente la Senadora Rincón cuando se analizó este sistema, porque mostramos todas las campañas que lanzamos al respecto.
El drama es que se pueden hacer todas las campañas que se quiera, pero por algo el pago de las cotizaciones previsionales es obligatorio en Chile y en todos los países. Porque aunque estas -que fueron buenas y numerosas- muestren lo importante que es cotizar, a la gente no le importa, pues siempre tiene cosas más urgentes que el pago de la previsión. De ella las personas se preocupan recién a partir de los 50 años, aproximadamente, no antes. No cotizan aun cuando dispongan de dinero.
Por eso se hizo obligatorio para los independientes el pago de las cotizaciones previsionales.
Hoy día, como dije, el inciso segundo del artículo vigésimo noveno transitorio de la ley N° 20.255 establece que los independientes "deberán efectuar las cotizaciones del Título III del mencionado decreto ley, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 92 F de dicho decreto ley, salvo que en forma expresa manifiesten lo contrario.".
Por lo tanto, el silencio se tiene que interpretar, de acuerdo con la ley vigente, en el sentido de que los trabajadores están obligados a pagar dichas cotizaciones, salvo que manifiesten expresamente su deseo de no hacerlo.
Creo que nadie, señor Presidente, podría formular una interpretación distinta.
En definitiva, los trabajadores se encontraban obligados a efectuar el correspondiente pago. Y, no obstante que se les retuvieron los fondos, solo estaban cubiertos por el seguro respecto del año anterior.
Así salió la ley, con ese problema.
En consecuencia, lo único que pretendemos es que quienes pagaron sus cotizaciones tengan, por lo menos, un servicio en función de lo pagado. Porque si dejamos la normativa vigente tal cual está, las mutuales van a quedarse con la plata y los trabajadores a los que se les retuvo el dinero no tendrán cobertura alguna. Y el próximo año pasará lo mismo, porque volverán a pagar en abril, lo cual significará cubrir la anualidad anterior.
Entonces, señor Presidente, este es un tema de justicia esencial.
Nos parece inaceptable obligar a los trabajadores a pagar por un servicio que no se les brindará. Porque -reitero- ¿cómo podremos cubrirlos por el año que pasó, si ello es imposible?
Ahora bien, los señores Senadores podrán votar en contra este proyecto de ley; sin embargo, lo único que lograrán con ello será enriquecer a las mutuales y dejar descubiertos a los trabajadores que obligatoriamente deben efectuar las correspondientes cotizaciones, porque así lo establece la ley.
En el artículo vigésimo noveno transitorio de dicha normativa -que no fue elaborada por el actual Gobierno- se halla consignada la materia en cuestión, y ustedes lo pueden leer.
Por consiguiente, solo les pido que, por favor, no permitamos que los trabajadores paguen por nada, que es lo que está ocurriendo en este minuto: pagaron y no tendrán ningún servicio a cambio.
Gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, la intervención de la Ministra Matthei me ahorra argumentos.
Nosotros debemos reconocer -por lo menos, quienes éramos parlamentarios el año 2008 y aprobamos la reforma previsional- que, en virtud de los artículos 88 y 89 de la ley N° 20.255, los trabajadores independientes que obtienen devolución de impuesto a través de la Tesorería General de la República en la operación renta de cada año pueden efectuar cotizaciones por la Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, además de hacerlo en su respectiva AFP.
En cuanto a las Administradoras de Fondos de Pensiones no hay problema, porque los recursos se incorporan inmediatamente al fondo del trabajador, y este los utilizará en el momento en que se pensione, cuando jubile. Así opera el sistema de pensiones, no así el sistema de protección contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. En este último caso lo que hay es un seguro.
Y lo que establecimos en los artículos 88 y 89 de la reforma previsional resultó un absurdo, y reconozcámoslo así. ¿Cuál fue ese absurdo? Decir: "Mire, en abril de cada año, en la declaración de renta anual, usted va a pagar un seguro hacia atrás; es decir, se cubrirá de riesgos que ya no son, que no están". Porque el año por el que la persona cotiza simplemente se fue, pasó.
Lo natural, lo lógico, lo razonable es que el período que se va a cubrir mediante el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales sea hacia delante.
Eso es lo que busca corregir el proyecto de ley. Y por ello tenemos que votarlo a favor. De lo contrario, acontecerá lo que señaló la Ministra Matthei, con toda razón: se obligará a cotizar a cada trabajador independiente, que permitió que se le hiciera un descuento de su devolución de impuestos, para cubrir un riesgo por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que ya no existe, porque ese seguro correspondió a un período anterior.
Señor Presidente, siempre es más popular disponer que los trabajadores independientes -y este uno de los dramas que experimenta nuestro país- no coticen en las AFP, ni que efectúen cotizaciones para protegerse de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y simplemente exigir que el Estado se haga cargo de tales situaciones: de las pensiones o de ese tipo de cobertura.
Pero no es así como funcionan los países. En la medida en que cada uno de nosotros vaya haciéndose responsable de su propia protección social, impulsada obviamente por buenos sistemas de control y de administración, con las garantías y los resguardos que el Estado debe brindar a través de las instituciones, será posible mejorar la cobertura, las pensiones, y proteger más a nuestros trabajadores, incluyendo a los independientes, a fin de que estos últimos puedan acceder también a las coberturas por enfermedades profesionales y accidentes del trabajo.
Lo contrario se acerca mucho a lo que es el populismo, la demagogia, porque, en definitiva, se busca que el Estado se haga cargo de todo, y sabemos que responsablemente no puede hacerse cargo de todas y cada una de las situaciones de nuestros compatriotas. Él tiene que focalizar apuntando, indudablemente, a los sectores más vulnerables, a los más pobres de la población.
Señor Presidente, este es un proyecto altamente técnico, muy complejo, que, en esencia, trata de solucionar lo que dijo la Ministra Evelyn Matthei: los trabajadores están cotizando por un riesgo que ya pasó. Lo razonable es que lo hagan por el que media entre junio de 2013 y junio de 2014; o sea, que los recursos que ellos permiten que se les descuenten de su devolución de impuestos sean utilizados para cubrir el riesgo que viene y no la contingencia pasada.
Por eso, hago un llamado a este Senado para que votemos favorablemente la iniciativa propuesta por el Ejecutivo, pues no hace otra cosa que corregir un error en el que incurrimos el año 2008.
Gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Pido a las señoras y señores Senadores que, si quieren tener reuniones particulares, por favor, las realicen afuera de la Sala porque hay que respetar la palabra de quien está hablando.
--(Aplausos en tribunas).
Se me ha solicitado abrir la votación manteniendo los tiempos.
¿Habría acuerdo?
El señor ESCALONA.-
No, señor Presidente.
El señor LETELIER.-
Me opongo.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Bien.
Entonces, tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, este es un proyecto originado en un mensaje y contiene normas de quórum calificado.
Su objetivo es establecer la obligación anual de cotizar a los trabajadores independientes que perciben honorarios para el Seguro Social¿
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Excúseme que lo interrumpa, Su Señoría.
Insisto: si las señoras y los señores Senadores desean tener alguna reunión, les ruego que la lleven a cabo afuera del Hemiciclo para poder escuchar al orador que está haciendo uso de la palabra.
Puede continuar el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Gracias, señor Presidente.
Decía que la iniciativa apunta a establecer que los trabajadores independientes a honorarios tienen la obligación anual de cotizar para el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, tal como se paga la cotización relativa a las pensiones y sobre la misma renta imponible de esta.
La normativa mantiene la autorización para que este grupo de trabajadores realice pagos provisionales mensuales o cotizaciones voluntarias en el mismo período a objeto de cubrir los meses sin cobertura, aunque precisa que en este último caso no estarán obligados a cotizar en salud hasta el año 2018.
Finalmente, propone ajustar el régimen de cotización voluntaria para el mencionado seguro de los trabajadores independientes que no perciben honorarios.
Este proyecto se justifica plenamente dado que no ha terminado de ser efectiva la ley N° 20.255, de 2008, que estableció la incorporación obligatoria, aunque en forma gradual, de los trabajadores independientes al sistema, cuando sus rentas imponibles anuales sean superiores a un ingreso mínimo mensual, ya que existen diferencias con la norma que regula el pago de las cotizaciones de los trabajadores independientes al Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la ley N° 16.744, la que, además, exige que los pagos sean mensuales para que los trabajadores puedan acceder a los beneficios de este seguro.
Existen, sin embargo, algunos aspectos en dicho sistema que deberían ser resueltos en esta iniciativa, como es el destino de los dineros que son recaudados para cotizaciones previsionales a través de la declaración de impuestos y la devolución de los dineros pagados cuando el trabajador pasa a ser dependiente.
No obstante lo anterior, estamos recién en la discusión en general y se debe reconocer que el proyecto es necesario para poder generar un espacio de discusión en estos temas específicos tan importantes y que afectan a miles y miles de trabajadores que se desempeñan a honorarios en nuestro país.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Se ha solicitado nuevamente a la Mesa que se proceda a abrir la votación, conservando los tiempos para intervenir.
¿Habría acuerdo?
El señor BIANCHI.-
Sí.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
En votación la idea de legislar.
Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
--(Durante la votación).
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, yo creo que necesariamente tenemos que votar a favor este proyecto, porque lo único que hace es mejorar el procedimiento que estableció la ley de reforma previsional del Gobierno de la ex Presidenta Bachelet. Fue entonces cuando se fijó un mecanismo para que los trabajadores independientes pudieran expresar su voluntad en orden a cotizar o no. Y, tal como sostuvo la Ministra del Trabajo, más de 300 mil trabajadores han manifestado su voluntad de cotizar. Por ende, al momento de aplicar la Ley de Rentas se les descuenta tanto para sus pensiones cuanto para el seguro de accidentes laborales.
El Senador señor García lo dijo con absoluta claridad y nitidez: esto no representa ninguna dificultad para el tema de las pensiones. El problema surge con el Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, cuyo pago es mensual y no anual. Porque, en la práctica, la normativa que aprobamos en 2008 o 2009 establece que al momento de aplicarse la Ley de Rentas en el mes de mayo al trabajador se le debe descontar el pago completo del seguro contra accidentes del trabajo que corresponde al año anterior. Entonces, se produce la siguiente situación: si la persona experimentó un riesgo para su salud en el año anterior, no pudo ser atendida porque no tenía pagadas sus cotizaciones.
¿A qué nos vemos enfrentados? A que la legislación obliga al trabajador a asumir el pago de una deuda por concepto de un seguro que jamás va a ser usado, pero que igual debe pagar por ley. Pero -reitero-, a causa de la legislación vigente, aquel seguro nunca podrá ser empleado.
¿Y qué hace el proyecto de ley en discusión? Establece una cobertura futura. Es decir, resuelve el problema que arrastramos desde la legislación que instauró la reforma previsional. Y lo soluciona porque ahora le decimos al trabajador: "Sabe, en el mes de mayo se le debe aplicar lo que dispone la Ley de Rentas, y le vamos a descontar lo que tiene que ver con su pensión (y eso se va a destinar a su fondo), pero también lo que corresponde a su seguro contra accidentes laborales, cuya cobertura va a ser a futuro". No le vamos a exigir que se haga cargo de una deuda que no tiene razón alguna, sino que vamos a otorgarle una posibilidad futura para que verdaderamente el trabajador quede cubierto por la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Por lo tanto, este proyecto viene a proteger adecuadamente a los trabajadores y a darle un sentido a los recursos que se les descuentan en el mes de mayo producto de la aplicación de la Ley de Rentas.
En caso de que esta iniciativa fuera rechazada, seguiremos empleando la normativa actual, que hace que esos dineros pasen a formar parte de un fondo que no tiene ningún sentido, que no beneficia en modo alguno al trabajador, pues no le asegura absolutamente nada. Pero si aprobamos lo que ahora se nos propone y transformamos este proyecto en una ley de la República, vamos a asegurar a los trabajadores de mayo a mayo, al objeto de dejarlos cubiertos por la Ley de Accidentes del Trabajo.
Por consiguiente, creo que la discusión habida aquí carece de toda base, pues lo que se está tratando de superar y mejorar corresponde a normas que quedaron imperfectas durante la discusión de la reforma previsional de los años 2008, 2009. ¡Tan simple como eso! Y me parece que la solución que ha entregado el Ministerio del Trabajo es la correcta: cobertura futura y no pagar deudas hacia atrás, cuestión que carece de todo sentido, pues significa un costo adicional para el trabajador y no se le asegura nada. Ahora, los recursos están disponibles para cubrir un seguro que, de acuerdo con la Ley de Accidentes del Trabajo, tiene una serie de operatorias y, por ende, le otorga derechos al trabajador mediante la aplicación adecuada de dicha normativa.
Reitero: rechazar el proyecto de ley va por un camino inconducente, no resuelve nada y agrava la situación de los trabajadores. Asimismo, hace que sus recursos pasen a un fondo determinado -¡todos sabemos a dónde van!-, sin reportar ningún beneficio, ni siquiera eventual, a los trabajadores del país.
En consecuencia, señor Presidente, en virtud de los argumentos que entregó la Ministra del Trabajo y de lo que expuso el Senador señor García, insistimos en la necesidad de aprobar el proyecto.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.-
Señor Presidente, sin duda, el único error que se pudo haber cometido al establecer la ley en cuestión fue no precisar qué podría ocurrir si alguien no expresaba la voluntad de no querer este seguro, ni de a qué organismo pertenecer. Pero como el Estado tenía una obligación, que no se cumplía a través de campañas informativas, sino mediante el requerimiento de los trabajadores respecto de qué iban a hacer en particular en cuanto a este seguro, había que preguntarles si iban a adscribir o no a esta Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, y, en caso de hacerlo, a qué organismo iban a pertenecer.
Sin embargo, aquello no se hizo, no se dio cumplimiento a la ley. Esa era una obligación del Estado. Y por aquella omisión, que no fue del trabajador, sino de quien tenía que cumplir el mandato legal, hoy día nos encontramos con estos 149 mil trabajadores a los que se les ha descontado de sus ingresos, de sus rentas, una cotización que no les da o no les ha dado derecho a nada.
Por eso, señor Presidente, la reflexión necesaria es en torno a las soluciones. Es cierto: es fácil negarse sin proponer. Pero las soluciones pasan, primero, por señalar que no hay un error en la ley N° 20.255, que aquí se llevó a cabo una retención de dineros aduciendo silencio de parte del trabajador. Por tanto, lo que cabe es devolverle el monto de esos descuentos a cada uno de ellos. Segundo, hay que establecer que estas cotizaciones laborales son mensuales.
Aquí no estamos frente a un hecho que se va a producir, como ocurre con la vejez que da derecho a obtener una pensión, sino ante una contingencia que puede o no acontecer: puede suceder o no un accidente, una enfermedad. ¿Y quién paga por ese accidente? ¿Quién paga por esa enfermedad?
Vuelvo a insistir: no la va a pagar un organismo determinado según la fecha del diagnóstico de la enfermedad, sino desde el momento en que esta se originó. Y ese hecho no es menor.
Quienes hemos desarrollado actividades en el ámbito de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales sabemos que esto tendrá incidencias directas en el manejo económico del seguro, que no es menor a quién se le va a imponer la carga de su cobertura. Por eso, la mensualidad versus la anualidad no es algo que revista poca importancia, señor Presidente. Se lo señalamos muchas veces a los equipos técnicos de la Superintendencia y del Ministerio. En mi opinión, hay que rectificar aquello en el sentido original de la ley N° 20.255.
Finalmente, insisto en que la reforma previsional de la Presidenta Bachelet, aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados, está bien pensada.
Los seguros de salud común y laboral no pueden asimilarse al sistema de pensiones: los dos primeros son de contingencia y el referido sistema se encuentra diseñado para entregar beneficios de largo plazo.
No hay que confundirse ni equivocarse a ese respecto.
Por ello, voy a votar en contra.
A mi juicio, esta iniciativa, como en la Comisión de Trabajo no hubo espacio para introducir modificaciones, debe ir a Comisión Mixta, instancia donde será factible discutir los cambios necesarios para que despachemos una buena ley.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, de lo que he escuchado, hay una parte que todavía no logro comprender.
La Ministra Matthei nos planteó que el Gobierno quiere que no se cobre por un servicio que no se ha prestado.
Entonces, como primer paso, ¡que devuelvan la plata!
Entiendo que aquí hay una discrepancia en la interpretación de una norma en el sentido de si se debió hacer el referido descuento o no. Sin embargo, no existe discusión en cuanto a que no procede pagar por un servicio no prestado.
Por ende, lo primero que uno no comparte es que a muchas personas -más de 100 mil: 115 mil, 149 mil- se les efectuó un descuento por algo que no correspondía.
Si se tratara de la Ley del Consumidor, ¡tendríamos una demanda colectiva de oro! Y seguro que se ganaría.
Entonces, lo primero que uno no entiende es por qué no se devuelven los recursos involucrados.
En segundo lugar, pienso que el pago por la prestación en comento debe ser mensual.
No entiendo ni comparto la celeridad con que se quiere tramitar este proyecto.
Con relación a la ley que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, los servicios que se les prestan a los trabajadores, en particular por las Compin, dejan mucho que desear.
Pienso que en algún momento se revisarán los protocolos para evitar que tantos trabajadores justos paguen por unos pocos pecadores, situación que, al parecer, se ha agudizado en el último tiempo.
Señor Presidente, no veo la necesidad de aprobar esta iniciativa tal como está. Y la Ministra me dio la pauta en cuanto a por qué no se debe votar a favor: porque no se resuelve el problema consistente en devolverle a la gente la plata que se le cobró por un servicio no prestado.
Yo partiría por ahí. Y, como cuestión separada, vería cómo, si fuese necesario, perfeccionar la norma pertinente a futuro.
Voy a votar que no.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, seré breve, porque los argumentos ya se han dado.
Creo que este es un proyecto inconstitucional. Y si no lo fuera a la letra de la Constitución del 80, lo sería claramente en su espíritu.
Estoy hablando de la Constitución del 80, no de otra.
Mediante la ya referida ley se cometió un acto de expropiación a las personas.
Yo quiero solicitarle al Ejecutivo, a través de la señora Ministra del Trabajo, que los dineros respectivos regresen a sus legítimos dueños y que envíe una nueva iniciativa de ley para resolver el problema que dicha Secretaria de Estado señaló acá.
Es paradójica la situación que se ha registrado. Porque durante veinte o más años le he escuchado a la Derecha decir que quienes expropian a la gente son los socialistas. Bueno: yo creo que no es así.
Estamos ante un acto de expropiación a las personas involucradas, y eso, en mi concepto, es totalmente inconstitucional.
Así que le ruego al Gobierno que envíe una iniciativa que solucione el problema expuesto y que, mientras tanto, se les devuelva a quienes corresponda lo que legítimamente les pertenece.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Ministra señora Matthei para precisar algunos dichos.
La señora MATTHEI (Ministra del Trabajo y Previsión Social).-
Señor Presidente, por su intermedio, quiero manifestarles a los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra que no se ha entendido bien el proyecto.
La ley Nº 20.255 obliga a cobrar la prima del seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. O sea, es la reforma previsional la que impone tal obligación.
La misma legislación establece que, si el trabajador no manifiesta expresamente su voluntad en contrario, debe pagar.
Desgraciadamente, cuando analizamos el proyecto de reforma previsional no nos dimos cuenta de que los trabajadores respectivos iban a pagar en abril pero quedarían cubiertos por el año anterior.
Tal fue un pequeño error de la señalada reforma. Pero, a decir verdad, ese no era el aspecto principal que nos preocupaba cuando discutíamos la iniciativa mediante la cual se planteó aquella.
Es una pena, señor Presidente, que, cuando una se está refiriendo a afirmaciones que no se atienen a la realidad ni a la ley, los Senadores que las hacen salgan de la Sala.
Nosotros estamos tratando de corregir un pequeño error que, desgraciadamente, se cometió en la ley N° 20.255.
El mencionado cuerpo legal (artículo vigésimo noveno transitorio) obliga a cotizar, y también, a pagar el seguro contemplado en la ley Nº 16.744, cuya cobertura, además, era por el año anterior.
En consecuencia, no ha habido expropiación ni nada parecido: solo existió un error legislativo, del cual todos somos responsables.
Yo formé parte de la Comisión que estudió el proyecto de reforma previsional -por tanto, no le echo la culpa a nadie-, donde no nos dimos cuenta del problema en comento.
La gente pagó el valor de la prima -estaba obligada a hacerlo, pues no manifestó oposición-, pero no quedó protegida.
¡Cómo no va a ser razonable otorgarle cobertura a futuro!
Ello, a menos que ahora quieran cambiar la reforma previsional. Si desean modificarla para establecer que los trabajadores independientes no estarán obligados a pagar el seguro contemplado en la ley Nº 16.744, bueno, esa es otra cuestión. Pero, cuando se discutió la reforma previsional, todos estuvimos de acuerdo en que sí debían cotizar para la pensión y para el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
Señor Presidente, ¡no hay nada peor para una persona que vivir de un sueldo o de un honorario y de repente sufrir un accidente que la inhabilita para seguir laborando! Y los independientes, cuando no trabajan, no ganan y, por ende, no comen, pues no están cubiertos por un contrato laboral.
Repito: mientras analizábamos la reforma previsional, todos concordamos en que los independientes sí debían pagar el seguro consagrado en la Ley sobre Accidentes del Trabajo; y el problema emanó de que en ese minuto no nos dimos cuenta de que ¡se pagaba en abril para estar cubierto durante el año anterior...!
Entonces, no se trata de un capricho ni de la Superintendencia ni de la Subsecretaría del ramo: la ley nos obligó a hacer el descuento pertinente.
Nosotros no queremos que se pague sin recibir a cambio una prestación.
Señor Presidente, el único problema que podríamos tener a futuro, de aprobarse esta iniciativa, sería que, por ejemplo, un trabajador independiente cubierto por los próximos doce meses celebrara un contrato laboral, pues a partir del momento en que lo hiciera debería empezar a pagar mensualmente.
Otra cosa que debo decir es que los trabajadores independientes nunca pagarán mensualmente. Y todos lo sabíamos cuando discutimos el proyecto de reforma previsional.
Sin duda, lo ideal sería pagar cada mes. Pero la gente no es así: no lo hace. Por ello, hay que obligarla a pagar.
Todo eso lo conversamos en su oportunidad con Alberto Arenas y otros personeros. Y decidimos que se iba a cobrar en algún minuto: en abril, al registrarse la devolución de impuestos. Sabíamos que, de otra manera, no se haría el pago mensualmente, que es lo ideal.
Señor Presidente, se trata de una obligación. Así se aprobó la ley, y la hemos aplicado tal cual salió.
Ahora, si los señores Senadores desean que los independientes no paguen el seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, están en su derecho. Pero ese ya es otro tema, que implica revertir la reforma previsional, materia que discutimos en su momento con mucha profundidad.
El señor LETELIER.-
¿Dónde está la norma que exige que el Estado cobre?
La señora MATTHEI (Ministra del Trabajo y Previsión Social).- Aquí tengo el documento. Si Su Señoría quiere, se lo hago llegar.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, creo que, como en muchas oportunidades, hemos puesto delante la carreta y detrás los bueyes.
Porque tenemos un problema grave: hay una política insuficiente para proteger a los trabajadores en el ámbito de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales.
En esta materia existe un aspecto en torno al cual se requiere definir ciertos criterios, en primer lugar.
Por una parte, pienso que las mutuales han ido bastante más allá del espíritu de la ley. Se han transformado en un verdadero negocio y han generado un conjunto de instrumentos para, de cierta manera, eludir su compromiso fundamental. Muchas veces no cumplen el rol preventivo que debieran jugar con relación a las empresas, y en reiteradas oportunidades terminan protegiendo situaciones que podrían poner a los trabajadores en riesgo en cuanto a los accidentes laborales y las enfermedades profesionales. Yo por lo menos he sido testigo de eso.
De otro lado, aquellos que no participan en el sistema mutual tienen un mecanismo de resguardo exiguo en materia de la prioridad que debe existir tratándose de accidentes del trabajo o de enfermedades profesionales.
Hoy día no se ejerce una fiscalización efectiva sobre los riesgos laborales. Es más: las seremías correspondientes carecen de personal para fiscalizar los accidentes graves que se registran.
Yo les aseguro que, si fiscalizáramos en el mismo día accidentes graves sufridos por trabajadores que son hospitalizados o fallecen, comprobaríamos que en casi 90 por ciento ocurren por negligencia en los centros laborales.
En el área de las enfermedades profesionales existe un problema gravísimo: la legislación aplicable es arcaica. Hoy, para determinar una enfermedad profesional todavía hemos de identificar un agente causal específico. Pero, por ejemplo, la hipertensión arterial es multicausal, no tiene un agente causal único; por lo tanto, no se considera enfermedad profesional, pese a que en numerosas ocasiones reviste este carácter. Y lo mismo sucede con las patologías de columna, que, siendo multicausales, tampoco se hallan asociadas a enfermedades profesionales.
Este tema, en torno al cual hay distintas opiniones, podría discutirse. En todo caso, me parece que de una vez por todas debemos contar con una política que de verdad resguarde a los trabajadores, particularmente en lo concerniente a los accidentes laborales. Porque no se está fiscalizando; no existen recursos suficientes, ni siquiera tratándose de accidentes graves. No hay una acción preventiva real para los adscritos al sistema público.
Las mutuales, en mi concepto, requieren una cirugía mayor, pues con ellas está sucediendo algo parecido a lo que acontece con las universidades que no persiguen fines de lucro pero obtienen este a través de mecanismos completamente reñidos con el espíritu de la ley.
Por eso, señor Presidente, opino que en la materia que nos ocupa lo relevante es fijar la prioridad correspondiente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, creo que la señora Ministra hace una fuerte omisión en el debate, ya que la ley dispuso un procedimiento conforme al cual la persona a la que se le iba a efectuar la retención tenía que ser consultada finalmente.
El ya mencionado artículo vigésimo noveno transitorio es sumamente claro. En el segundo inciso, después del punto seguido, dice: "La Superintendencia de Pensiones mediante una norma de carácter general establecerá el procedimiento para el ejercicio de este derecho.". Y esa norma no se encuentra establecida.
Entonces, cuando el Estado ha hecho una retención arbitraria, corresponde en consecuencia que repare la situación que provocó. O sea, derechamente, debe reparar el daño que les causó a las personas. Y, por cierto, nosotros tenemos absoluta disposición para colaborar en la búsqueda de una redacción que permita resolver la aplicación de la ley respectiva a futuro.
Ante el incumplimiento de la obligación impuesta a la Superintendencia de Pensiones, no se puede simplemente por ley tomar la decisión de expropiarles a tales personas -yo creo que es una expropiación- los recursos pertinentes por vía administrativa. No se trata de que se les cobró -porque, en el lenguaje común, "cobrar" significa que alguien fue a la ventanilla de una oficina y (valga la redundancia) se le cobró-: aquí, administrativamente, a esas personas les retuvieron recursos que les pertenecían.
Por consiguiente, no me parece válido lo que señala la señora Ministra, a quien le reitero que no es nuestro ánimo impedir que se legisle. Empero, hay un problema previo, primero: determinados recursos deben entregarse a sus legítimos dueños.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, estamos ante una legislación con errores e imperfecta. No obstante, las cosas se deshacen tal como se hacen.
Cuando los supuestos beneficiarios de la ley en comento tenían la oportunidad de renunciar al sistema diseñado, no pudieron hacerlo porque nadie les preguntó si querían manifestar su negativa al cobro pertinente.
La ley estableció que el beneficiario debía rechazar en forma expresa el pago. Pero nadie le dijo cómo, dónde, en qué momento, mediante cuál formulario.
Eso no está. Y es una omisión de la Superintendencia de Pensiones, que se hallaba facultada legalmente para diseñar en forma detallada el mecanismo de consulta a la gente.
Por eso, creo que la solución no es otra que restituir los dineros cobrados indebidamente. Porque el espíritu de la ley era dar una cobertura. Ello no fue factible. En consecuencia, los dineros no pueden ser recibidos por las mutuales, sino que deben devolverse a quienes fueron objeto del cobro.
Como aquí se ha dicho, estamos disponibles para establecer un mecanismo que permita, primero, restituir los dineros; luego, corregir los vicios de que adolece la ley, y finalmente, obligar a la Superintendencia a que, en cumplimiento de su deber, establezca de manera expresa cómo los trabajadores independientes pueden objetar el descuento.
Por eso, creo que lo conveniente es, con el mejor de los ánimos, llevar el proyecto a una Comisión Mixta para que busque la forma de restituir los dineros y corregir la ley, a fin de que en el futuro no se siga registrando la expropiación sin sentido que hemos hecho. Se habla de 300 mil trabajadores independientes, y nadie sabe dónde está la plata que en algún momento Impuestos Internos les descontó indebidamente, sin que mediara cobertura alguna en el ámbito de los accidentes laborales.
La señora MATTHEI (Ministra del Trabajo y Previsión Social).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Señora Ministra, estamos en votación. Solo puedo darle la palabra para rectificar.
La señora MATTHEI (Ministra del Trabajo y Previsión Social). No, señor Presidente.
Gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tengo que explicarles a Sus Señorías que en esta instancia no corresponde el trámite de Comisión Mixta.
De aprobarse en general, el proyecto, que se halla en primer trámite constitucional, volverá a la Comisión de Trabajo.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Debo reiterar que, tal como se expresó en la relación, para la aprobación de algunos artículos, de quórum calificado, se requieren 19 votos afirmativos. No sucede así con otros; específicamente, con los relativos al financiamiento.
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (17 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Uriarte.
Votaron por la negativa las señoras Allende y Rincón y los señores Escalona, Frei (don Eduardo), Girardi, Lagos, Letelier, Navarro, Tuma y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores Bianchi y Gómez.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Corresponde fijar plazo para formular indicaciones.
El señor PROKURICA.-
Que sea una semana.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
¿Estaría bien el lunes 29 del mes en curso?
El señor NAVARRO.-
¿En qué fecha se reanudan las sesiones después de la semana regional, señor Presidente?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se determinará el 5 de agosto para la presentación de indicaciones.
Acordado.
CREACIÓN DE SISTEMA DE APORTES A ESPACIO PÚBLICO
APLICABLE A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
El señor GÓMEZ (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y leyes complementarias para establecer un sistema de aportes al espacio público aplicable a los proyectos de construcción, con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo. El asunto se encuentra en segunda discusión.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8493-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 100ª, en 5 de marzo de 2013.
Informe de Comisión:
Vivienda y Urbanismo: sesión 29ª, en 11 de junio de 2013.
Discusión:
Sesión 30ª, en 12 de junio de 2013 (queda para segunda discusión).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho del proyecto calificándola de "suma", la cual ha retirado en este momento.
Cabe hacer presente que los artículos 1°, números 1), 3), 4), 5) y 10); 2°, números 1), 2), 3) y 4); 4°, número 3), y 5°, permanentes, así como también el artículo primero transitorio, son de rango orgánico constitucional, por lo que requieren 21 votos para ser acogidos.
El señor FREI (don Eduardo).-
Señor Presidente, ¿cuál es el quórum para sesionar?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
De doce señores Senadores, como el que se registra en este momento.
El señor BIANCHI.-
Pero se necesitan 21 votos para la aprobación.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Eso ya se relaciona con el pronunciamiento.
Me dice el señor Secretario que mientras no haya votación no hay problema.
En segunda discusión, ofrezco la palabra.
Puede hacer uso de ella el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, habiéndose ya solicitado segunda discusión, pido, en nombre del Comité Movimiento Amplio Social, aplazamiento de la votación.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
No hay más inscritos.
--Queda aplazada la votación del proyecto.
MAYOR PLAZO A CONCESIONARIAS DE RADIODIFUSIÓN
DE MÍNIMA COBERTURA PARA ACOGERSE A LEY N° 20.433
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que permite ampliar el plazo para que las concesionarias de radiodifusión de mínima cobertura puedan acogerse a la ley N° 20.433, que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8817-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 8ª, en 3 de abril de 2013.
Informe de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 29ª, en 11 de junio de 2013.
Discusión:
Sesión 30ª, en 12 de junio de 2013 (queda para segunda discusión).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho de la iniciativa y la calificó de "suma", la cual ha retirado en este momento.
La Comisión discutió el proyecto en general y en particular, en virtud del acuerdo adoptado por la Sala el 14 de mayo recién pasado, e introdujo diversas enmiendas al texto despachado por la otra rama del Congreso, todas ellas aprobadas por unanimidad.
Hay un boletín comparado a disposición de Sus Señorías, en el que se consigna, en la tercera columna, la proposición del órgano técnico.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En discusión general.
Ofrezco la palabra.
El señor BIANCHI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Sí, Su Señoría.
El señor BIANCHI.-
Se trata de algo muy simple: deseo dejar constancia de que me abstendré de votar en el asunto que nos ocupa, porque familiares míos poseen medios de comunicación.
--(Aplausos en tribunas).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Puede intervenir el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, habría querido que estuviera presente el señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones o al menos el señor Subsecretario de Telecomunicaciones, porque claramente la iniciativa busca reparar un error respecto de centenares de radios comunitarias.
Estas últimas cumplen una abnegada labor de información -son gratuitas- en un diámetro de 10 o 20 cuadras, trabajan con voluntariado, y de la noche a la mañana quedaron fuera. Pareciera que muchos no deseasen su existencia, pero fueron fundamentales en Nonguén, por ejemplo, durante las inundaciones del año 2006, así como también con motivo del tsunami y del terremoto de 2010. Debiera existir una política de Estado para fomentar, normalizar y sustentar este tipo de emisora, que no es comercial, que no es competitiva.
Entonces, el proyecto solo fija un término para que estas radios puedan recuperar lo que tuvieron. O sea, eran legales, pasaron a ser ilegales y ahora les decimos: "Se les otorga un nuevo plazo, de 90 días -tres meses-, para su regularización".
Del titular de la Cartera y del Subsecretario -a este último acabo de verlo en la Cámara de Diputados- tengo la mejor de las opiniones; mas deseo recordarles a nuestros colegas de enfrente, de las bancadas de la Derecha, que los Ministros sectoriales del Gobierno concurren cuando les da la gana, salvo el señor Larroulet, quien viene solo a dividir a la Nueva Mayoría. Y lo consigue. En eso es exitoso.
Repito que me habría gustado que el señor Ministro de Transportes y el Subsecretario hubieran asistido, porque creo que no es suficiente dar solo 90 días más para la inscripción.
Esto es como el viejo cuento del niño que se pone a llorar cuando le quitan un dulce y que sonríe cuando le devuelven lo que le pertenecía y le dicen: "Quédate contento". En efecto, las radios comunitarias eran legales y les quitamos la legalidad. Ahora les devolvemos esta última y esperamos aplausos.
¡No! Me parece que efectivamente se requieren aportes públicos. Y espero que en la Ley de Presupuestos -afortunadamente hay en la Sala varios miembros de la Comisión de Hacienda- podamos establecer cómo aumentamos los recursos para que esas emisoras sigan ejerciendo su labor, que es muy importante y también alternativa a los medios tradicionales, los cuales sin duda en muchas partes, salvo excepciones, presentan un sesgo claramente determinado.
Se otorga, entonces, "un plazo suplementario de 90 días contado desde la publicación de la presente ley", dice el inciso primero del artículo 1° del proyecto, para que los "titulares de concesiones de radiodifusión sonora de mínima cobertura soliciten acogerse a la ley N° 20.433, que crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana, conforme a lo dispuesto en el artículo 2° transitorio" de este último cuerpo legal.
El inciso segundo, por su parte, expresa que "Todas las solicitudes que se presenten para acogerse al plazo suplementario establecido en el presente artículo, serán resueltas, en forma simultánea, por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, previa declaración de admisibilidad en el plazo de 30 días contado desde el vencimiento de dicho plazo, siendo aplicable a estas solicitudes lo dispuesto en el artículo 5° transitorio de la ley N° 20.433".
A mi juicio, el texto va a ser motivo de alegría, pero no de gozo profundo, ya que lo que echan de menos los trabajadores de este tipo de radio -no me refiero a las municipales, que también perdieron la concesión y se quedaron sin la posibilidad de ser legales, aunque, seamos francos, muchas siguieron transmitiendo, estimo que con toda legitimidad- es una política de fortalecimiento, pues las instalaciones se encuentran en zonas donde cumplen su tarea al no existir medios alternativos.
Entonces, reclamo -el Ministro señor Larroulet nos acompaña- una política de Estado. ¿Cuál es el apoyo que este les dará a los medios de comunicación libre, comunitarios, de que se trata? Porque no pueden depender solo del bolsillo de quienes los administren. Y como no queremos convertirlos en comerciales, pues podrían desvirtuarse -entonces pasarían a ser radios competitivas-, tienen que seguir recibiendo subsidios.
Mi pregunta -que no podrá tener respuesta- es cuánto hemos subsidiado a las radios comunitarias en los últimos veinte años y en los cuatro años del Gobierno actual; cuánto contemplará por ese concepto la próxima Ley de Presupuestos, para adquisición de equipo y mejoramiento tecnológico. Porque aquí no se pide plata para remuneraciones ni para proyectos que beneficien a sus administradores: siempre se están solicitando recursos para prestar un mejor servicio a la comunidad.
Por lo tanto, voy a votar a favor del proyecto de ley, que solo amplía un plazo. Se subsana un grave error, un agravio que se les infligió a radios comunitarias y municipales, pero no se avanza un milímetro en fortalecerlas.
Necesitamos discutir una propuesta de esta naturaleza.
En un país con una alta concentración de medios, particularmente de radios, el grupo español PRISA reúne más del 60 por ciento del espacio radioeléctrico. O sea, ¡tiene más de 200 estaciones en todo Chile!
La concentración atenta contra la pluralidad; la concentración amenaza siempre la democracia; la concentración elimina -esto va para los defensores del libre mercado- la competencia. La concentración de medios de comunicación, especialmente de radios, salvo honrosas excepciones, como la Bío-Bío o la Cooperativa, emisoras independientes y que no forman parte de consorcios -extranjeros, por lo demás-...
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Concluyó su tiempo, Su Señoría.
Dispone de un minuto más.
El señor NAVARRO.-
Gracias, señor Presidente.
Tiene que existir un cierto contrapeso. Y estimo que las radios comunitarias generan un eslabón en la base del núcleo de la estructura organizativa de la ciudadanía: la junta de vecinos.
En consecuencia, dirijo mi reclamación al Estado, al Gobierno actual y al próximo. Si este no quiere hacerlo, impulsaremos durante la Administración de Michelle Bachelet un programa especial de apoyo a las radios comunitarias y que permita su desarrollo, de modo que no solo les "devolvamos el dulce" y les devolvamos la legalidad que nunca debimos haberles quitado.
Repito que me pronunciaré a favor, señor Presidente, con las observaciones que he expuesto.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
--(Aplausos en tribunas).
La señora ALLENDE.-
Podemos empezar a pronunciarnos.
El señor NAVARRO.-
¿Es posible abrir la votación, señor Presidente?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
No, Su Señoría. Se terminará de discutir el proyecto.
La señora ALLENDE.-
Se puede fundamentar el voto.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Corresponde el uso de la palabra al Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, seré breve.
Si nos hallamos impedidos de continuar con el Orden del Día, lo veremos en un momento.
Lo práctico es que la iniciativa en debate tiene por objeto hacer viable el que un grupo muy grande de radios comunitarias regularicen su situación.
Durante los últimos veinte años, hemos ido cambiando la nomenclatura. Algunos las llamaban "ilegales", a principios de los noventa. Habiéndose registrado una regulación, se formalizaron las existentes de hecho. En otro momento se entró a calificar radios de baja o mínima cobertura. En un proyecto aprobado hace un par de años se quiso contemplar el caso de algunas emisoras cuyos traspasos no habían sido regularizados.
¿Cuál es uno de los criterios aplicables? El de que las emisoras no se encuentren en manos de los municipios y no se presten, con relación a los intereses del administrador municipal, para una sobrepolitización de asuntos netamente comunitarios. Queremos radios comunitarias propiamente tales.
En la legislación despachada hace un tiempo se hizo viable la posibilidad de que algunas de estas últimas no pertenecientes a municipios o a organismos vinculados a ellos contaran con aportes económicos que el ordenamiento anterior no permitía.
En la presente propuesta, junto con otorgarse un plazo especial para regularizar la existencia de las emisoras, se han establecido algunas cortapisas, entre ellas la de que ningún titular de concesión cuente con más de una. ¿Por qué? Porque, tratándose de las 144 estaciones que no normalizaron su situación, muchas radios comerciales creaban otras de mínima cobertura para burlar la ley -ello era más fácil que mantener una concesión comercial- y las usaban de simples repetidoras, para establecer, en otras palabras, un tipo de minicadena más amplia en ciertas zonas. El proyecto en examen, junto con ampliar un proceso para regularizar las emisoras comunitarias propiamente tales y sobre la base de que no queden en manos de los municipios, dispone que quienes tengan más de una concesión no pueden acceder al sistema.
Algunas personas no han hecho referencia a grupos de radios comerciales -se entiende que ello no corresponde-, sino que han entrado a discutir si las iglesias evangélicas deben tener derecho a poseer más de una emisora comunitaria.
Pero digamos las cosas como son -y lo manifiesto con todo el respeto que me merecen esas confesiones, ya que quienes han seguido mi trayectoria pueden haber observado que siempre he defendido la diversidad religiosa y la igualdad de culto-: el objetivo de las radios comunitarias no es presentar una cierta inclinación o compromiso religiosos. Ese no fue su origen. Mucho menos cabe entender que una iglesia debe contar con varias radios para establecer cadenas de difusión religiosa. Lo señalo, no porque tenga algo en contra de la difusión de un credo o una opción de fe, sino porque se desnaturaliza absolutamente el propósito de este tipo de emisoras.
Por último, la iniciativa en estudio termina con una exigencia que quizás fue una de las causas de la dificultad experimentada por muchas personas para llevar a cabo la regularización. Sobre la base de una ley general, a quienes querían normalizar el traspaso se les obligaba a consultar a la Fiscalía Nacional Económica, con el fin de evitar una colusión o ciertos monopolios radiales. Como se podrá acceder a solo una concesión, se eliminó dicho trámite, el cual determinó la viabilidad de muchos de los procesos de regularización que se quisieron hacer en el pasado.
Votaré a favor del proyecto, con la esperanza de que las 144 radios comunitarias o por lo menos la mayoría de ellas puedan subsistir.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Se ha solicitado abrir la votación.
¿Habría acuerdo para ello?
Acordado.
--(Durante la votación).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, seré muy breve, ya que deseo anunciar nuestro pronunciamiento a favor de la iniciativa.
Consideramos importante dar la oportunidad de regularizar. Somos plenamente conscientes del cometido de una radio comunitaria y cada uno de nosotros lo conoce de sobra, del rol que juega en la comuna y de la importancia que reviste para la ciudadanía el poder contar con un instrumento de esta naturaleza, sin desvirtuarlo, por supuesto, y sin tratar de burlar la ley ni de generar situaciones que no son propias de estas emisoras.
Solo cabe manifestar que enhorabuena si vamos a darles un mayor plazo y flexibilidad para que puedan regularizar su situación como corresponde, momento a partir del cual sea posible registrar un funcionamiento normal y normado, que es lo que esperamos.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Puede intervenir el Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, he seguido el debate sobre el proyecto de ley y comprendo cuál es el objetivo que se persigue. Por lo menos el enunciado es positivo: dar un plazo adicional para que quienes se acojan a las exigencias de una ley que se dictó hace muchos años puedan beneficiarse de la nueva legislación, que tiende a regular las llamadas "radios de mínima cobertura" o "radios comunitarias".
La ley que se quiere modificar hoy estableciendo un plazo nuevo fue publicada en el Diario Oficial hace más de tres años: el 4 de mayo del 2010. O sea, tres años y fracción.
En consecuencia, muchos creemos, incluida la ANARCICH (Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, que reúne a las verdaderas radios comunitarias de nuestro país), que había un plazo más que suficiente para beneficiarse de lo establecido por la nueva ley.
Ahora bien, en los hechos y de acuerdo a lo que uno ha conversado con los dirigentes de dicha asociación, con la prórroga que hoy se plantea las que están siendo favorecidas no son necesariamente pequeñas radios comunitarias, como todos las conocemos.
El Senador Letelier dijo que aquí hay gente con muchas radios comunitarias que las inscriben porque de ese modo resulta más fácil acceder a las emisoras y al dial.
La extensión propuesta beneficiará a empresas y personas jurídicas que persiguen fines de lucro, y de paso, a los municipios, que la nueva ley no contempla como concesionarios de radios comunitarias. Luego, habrá un plazo que al final del día favorecerá de manera encubierta a quienes, pretendiendo tener una radio comunitaria, van a perseguir fines de lucro.
Como señalé, esas empresas tuvieron tres años para traspasar sus concesiones a organizaciones no lucrativas y no lo hicieron. Había un plazo para ello.
Señor Presidente, hay empresas que cumplieron con la normativa legal, que son las verdaderas radios comunitarias, las que pelearon la modificación a la ley durante muchos años, que incluso todavía están insatisfechas con respecto a la norma actual. Y lo que incomoda es que hoy día se esté legislando para permitir una transición adicional a aquellas radios que en su esencia no son comunitarias.
Si tuviera la convicción de que los casos para los que vamos a legislar son de radios que, en su mayoría, cumplen su función de fomentar la libertad de expresión, la diversidad local, fortalecer a las comunidades, no tendría problema en permitir este plazo. Pero si hay alguien que en estos tres años y medio aprovechó la ley y cumplió con ella fueron las verdaderas radios comunitarias.
Por eso, señor Presidente, voy a votar en contra de la ampliación del plazo que se nos propone.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, este proyecto de ley tiene por objeto salvar una situación que afecta a muchas radioemisoras comunitarias que no alcanzaron a regularizar su estado dentro del plazo adicional de 180 días que se les otorgó en virtud de la ley N° 20.566, de enero de 2012, para acogerse, a su vez, a las disposiciones de la ley N° 20.433, que creó los servicios de radiodifusión comunitaria bajo un régimen concesional.
Al no haber ejercitado ese derecho dentro del plazo extendido, un total de 114 radioemisoras de este tipo quedarán en riesgo de extinguirse, lo que representa casi un tercio del universo existente. Ello implica, indudablemente, un grave perjuicio tanto para las mismas estaciones radiales como para las zonas aisladas en donde esta clase de radios cumple un rol social insustituible. Un ejemplo palpable de esta seria situación lo constituye la radio comunitaria Picaflor Rojo, de la comuna de Juan Fernández, a la que represento en este Hemiciclo.
Por ello, el proyecto en análisis establece el otorgamiento de un nuevo plazo de 180 días para llevar a cabo la inserción en el nuevo régimen, así como para que los titulares de las concesiones las puedan transferir.
En cumplimiento del acuerdo otorgado por la Sala en sesión de 14 de mayo último, discutimos este proyecto en general y en particular en el primer informe.
Durante el debate recibimos a los directivos de organizaciones que agrupan a estas emisoras, tales como la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC); la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile (ANARCICH); la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), que agrupa a las radios comerciales. Ellos expusieron sus respectivos puntos de vista, al igual que sus dudas e inquietudes, todo lo cual permitió enriquecer la discusión, gracias a esos valiosos aportes.
De acuerdo a lo analizado y aprobado en la Comisión, establecimos que el plazo suplementario sea de 90 días en lugar de los 180 que se había otorgado primitivamente.
Asimismo, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, previa declaración de admisibilidad de las solicitudes pertinentes, deberá resolverlas en forma simultánea dentro de 30 días contados desde el vencimiento del referido plazo.
De igual modo, y con la finalidad de acelerar el proceso, se eliminó la exigencia del informe que debe emitir la Fiscalía Nacional Económica cuando exista un hecho o acto relevante que modifique la propiedad de los medios de comunicación social sujetos al sistema de concesión, como los regulados en esta ley.
Por otra parte, se amplía de dos a tres años el plazo para que la Subsecretaría tramite de oficio la modificación de elementos de la esencia de una concesión de radiodifusión sonora, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3° transitorio, que establece que "Las concesiones de mínima cobertura que no queden acogidas por esta ley, conforme con el artículo precedente, no podrán renovarse una vez expirado el término de su vigencia".
Y, finalmente, se agregaron los artículos 7° y 8° transitorios, para los efectos de que los concesionarios de radiodifusión de mínima cobertura puedan transferir sus concesiones, siempre que estas no hayan caducado, y para establecer como vigentes aquellas concesiones otorgadas con anterioridad a la publicación de esta ley, aun cuando el decreto respectivo se dicte con posterioridad a ella.
Creemos que con estas modificaciones se logra regularizar en forma definitiva la situación que afecta a los concesionarios de radioemisoras de mínima cobertura que por diversos motivos no pudieron hacerlo dentro de los plazos anteriormente concedidos. Y, por lo tanto, solicitamos la aprobación del proyecto votándolo favorablemente.
Esta normativa es particularmente relevante en aquellos lugares donde la radio comunitaria ejerce una función especial. Estamos hablando de zonas limítrofes, fronterizas o territorios insulares, como el caso de la radio Picaflor Rojo, del archipiélago de Juan Fernández.
Por lo mismo, porque hay que hacerse cargo de esta situación, a fin de no permitir que esas zonas queden sin una radioemisora, que finalmente conecta a los ciudadanos, genera redes de comunicación, de solidaridad y de contacto permanente con sus habitantes, este proyecto debe ser aprobado.
De otro lado, algunos Senadores -entre ellos, el colega Lagos- señalaron que las radios comerciales o de iglesias evangélicas tenían gran cantidad de concesiones.
Para resolver tal situación, la Comisión determinó que solo podrán regularizar una de esas concesiones a través de este instrumento, aun cuando el concesionario original de concesiones de mínima cobertura haya tenido varias.
Así que, solucionados todos los inconvenientes planteados por el señor Lagos y otros Senadores, pido que esta iniciativa se vote favorablemente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, este es, como bien señaló el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, un proyecto absolutamente necesario para rectificar normas que nosotros mismos aprobamos por unanimidad hace menos de tres años y que les generan ciertas dificultades a las radios pertenecientes a las municipalidades.
Todos fuimos testigos en muchas ocasiones del uso político que se les dio a estas radios, lo que claramente constituyó una de las razones por las cuales se determinó que debían traspasarse a otra categoría jurídica y desprenderse del control municipal.
Por lo tanto, creo que los plazos sugeridos van en la línea correcta.
Me parece que, además, esto nos permitirá analizar otra situación, que se da en mi Región y a lo mejor también en la zona que usted representa, señor Presidente: la de aquellas localidades aisladas, absolutamente alejadas de los centros urbanos del país.
Por ejemplo, en Antuco hay una radio municipal que es el único medio de comunicación que allí existe y que, de acuerdo a esta legislación, debería caducar en determinado momento y, en consecuencia, dejar de transmitir. Se trata de una localidad aislada donde la radio comunitaria brinda un gran servicio.
El nuevo plazo que establece este proyecto permitirá -y por eso lo voy a votar favorablemente- analizar dicha situación con más calma y mayor detenimiento y poder superar las dificultades que se le generarían, por ejemplo, a la localidad de Antuco cuando se cumplieran los plazos para la aplicación definitiva de la ley. Y posibilitará, a lo mejor, que igualmente en otros sectores del país se mire esta materia con mayor atención.
Me parece bien que no sean las municipalidades las propietarias de radios comunitarias. Pero la situación de las localidades aisladas merece una nueva mirada por parte de este Senado.
He dicho.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (17 votos a favor y uno en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Chahuán, Coloma, Espina, García, Girardi, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Navarro, Pérez Varela, Prokurica, Quintana y Uriarte.
Votó por la negativa el señor Lagos.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Hay que fijar plazo para presentar indicaciones, pero en este momento no se reúne el quórum suficiente para adoptar acuerdos.
Por consiguiente, terminado el Orden del Día.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
)----------(
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor CANTERO:
Al señor Ministro de Relaciones Exteriores, pidiéndole que remita ANTECEDENTES, PROTOCOLOS DE SOLUCIÓN, ACUERDOS Y DECRETOS EXISTENTES SOBRE SITUACIÓN DE "PARQUE ASTRONÓMICO ATACAMA", EN CHAJNANTOR (Región de Antofagasta); al señor Ministro de Bienes Nacionales, a fin de que resuelva las contingencias que han impedido el CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO QUE HACE RESIDIR PROYECTO "PARQUE ASTRONÓMICO ATACAMA" EN CONICYT, y al señor Ministro Secretario General de la Presidencia, para que informe si corresponde la APLICACIÓN DE CONSULTA INDÍGENA CONTENIDA EN CONVENIO 169 DE OIT A PROYECTOS "CCAT" Y "TAO".
Del señor NAVARRO:
Al señor Ministro de Agricultura, para solicitarle remitir antecedentes referidos a INVERSIÓN REGIONAL EN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE BENEFICIOS FORESTALES, ESPECIFICANDO DURACIÓN, EMPRESAS CONTRATADAS Y MEDIOS CONSIDERADOS; a la señora Ministra del Medio Ambiente, a fin de requerirle información sobre FISCALIZACIONES POR SEREMI DEL RAMO ACERCA DE RELLENO SANITARIO ECOBÍO DE CHILLÁN; a la señora Superintendenta de Servicios Sanitarios, solicitándole datos concernientes a RECEPCIÓN DE RILES Y LODOS INDUSTRIALES EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE ESSBIO EN COMUNA DE HUALPÉN (Octava Región), y al señor Director del Servicio Electoral, para que proporcione información en cuanto a NÚMERO DE RECLAMOS Y DE DESAFILIACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS TRAS ELECCIONES PRIMARIAS PRESIDENCIALES.
Del señor PROKURICA:
Al señor Vicepresidente de ENAMI, para que informe sobre MEDIDAS ANTE DENUNCIA DE SEÑORA ANA PUGA CONTRERAS.
De la señora RINCÓN:
Al señor Ministro de Salud, solicitándole CONDONACIÓN DE DEUDA O FACILIDADES DE PAGO POR PRESTACIONES MÉDICAS OTORGADAS A DON VÍCTOR CAMPOS SALAS, DE LA COMUNA DE LINARES, y al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, pidiéndole otorgar POSIBILIDAD DE POSTULACIÓN A SUBSIDIO "FONDO SOLIDARIO VIVIENDA DE RECONSTRUCCIÓN PATRIMONIAL" A DON EDUARDO HENRÍQUEZ HERNÁNDEZ, DE LA COMUNA DE CAUQUENES (ambas localidades de la Región del Maule Sur).
Del señor SABAG:
Al señor Subsecretario de Deportes, consultando sobre POSIBILIDAD DE TRASPASO DE TERRENOS ALEDAÑOS A ESTACIÓN DE FERROCARRILES DE CHILLÁN PARA PRÁCTICA DE FÚTBOL.
Del señor WALKER (don Ignacio):
A los señores Ministros del Interior y Seguridad Pública, de Defensa Nacional y de Hacienda, pidiéndoles informar sobre ESTADO DE SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO COMO VÍCTIMAS DE ACTOS ILEGALES Y VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS DE CONSCRIPTOS QUE CUMPLIERON SU SERVICIO MILITAR ENTRE 1973 Y 1990.
)----------(
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
En incidentes, el primer turno le corresponde al Comité Partido Radical Social Demócrata, que no hará uso de su tiempo.
Tampoco intervendrán los Comités Partido Unión Demócrata Independiente, Partido Renovación Nacional e Independientes.
El Comité Partido MAS hará uso de la palabra después.
El señor NAVARRO.-
¿Ya asignó los tiempos, señor Presidente?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
No, no he dado ninguno todavía.
En el turno del Comité Partido Socialista, tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, el tiempo que me sobre se lo voy a ceder al Senador señor Navarro.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Muy bien.
SITUACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE INSTITUCIONES
COLABORADORAS DEL SENAME. OFICIO
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, puntualmente quiero plantear una inquietud y después solicitar una información.
El Servicio Nacional de Menores ha sido objeto de grandes críticas durante esta última semana, sobre todo por lo que ha ocurrido en instituciones colaboradoras cuya misión es tener a su cargo a niños, niñas y adolescentes que los tribunales de justicia han derivado para su cuidado.
No olvidemos que las instituciones colaboradoras del SENAME, por regla general, se encargan de dos tipos de situaciones.
La primera de ellas se refiere a niños en condiciones de abandono, que han sido objeto de maltrato o cuyos derechos han sido vulnerados.
Un segundo grupo se halla relacionado con aquellos niños y niñas en situación de vulnerabilidad que, siendo menores de edad, han tenido problemas con la justicia. Cuando se trata de menores de 12 o 14 años, evidentemente que no corresponde que vayan a instituciones como los COD y CERECO, que más bien se encuentran orientados a otro propósito.
Señor Presidente, durante los últimos años se ha reducido gravemente el financiamiento para las instituciones colaboradoras. Los medios de comunicación han dicho que en ellas se producen situaciones de abusos contra niños, violaciones, y algunos hasta han insinuado que niños y niñas acogidos por tales instancias llegan a formar parte de redes de prostitución.
Para que el Senado de la República pueda debatir con mayor propiedad sobre estos temas, me gustaría solicitar que la señora Ministra de Justicia pueda entregar a esta Corporación la siguiente información:
1) Cuántas instituciones colaboradoras del SENAME existían al año 2000, al 2005 y al 2010, y su número para cada uno de los últimos tres años.
2) Que nos informe cuál es el monto de la subvención que se ha pagado por niño, niña o adolescente internado en estas instituciones, por cada uno de los años antes mencionados, debidamente reajustado a la moneda que el Ministerio de Justicia desee utilizar para realizar los cálculos, aunque pudiese ser la del año 2013.
3) Que nos indique si las instituciones colaboradoras se han reducido y, en tal caso, que explique cuáles son, a su juicio, las causas.
4) Que el Ministerio de Justicia nos pueda entregar la información de cuánto es el costo efectivo por mantener a un menor (niño, niña o adolescente) en dichas instituciones y qué porcentaje de él cubre el financiamiento del Estado.
5) Por último, señor Presidente, me gustaría que en la contestación a esta petición, la señora Ministra de Justicia señalara qué porcentaje de niños y niñas que arrastran problemas con la justicia o están en situaciones de abandono no se hallan acogidos por alguna institución colaboradora del SENAME.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
ACTUACIÓN DE SERVIU COMO ENTIDAD GESTIONADORA EN ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS. OFICIO
El señor LETELIER.-
En otro orden de cosas, señor Presidente, en materia de vivienda hemos escuchado en el último tiempo una serie de denuncias y por eso brevemente voy a solicitar información al señor Ministro de Vivienda para dejar el debate para otra instancia.
Me gustaría saber, en términos prácticos -porque no sé si lo que pasa en la Región de O'Higgins es algo que ocurre también a nivel nacional-, cuál es el monto de los subsidios asignados por programa en cada región. Aclaro que pregunto por la cantidad de subsidios -no por el monto en unidades de fomento- otorgados al programa de patrimonio familiar; al de subsidios sin deuda; al de subsidios con deuda. Además, quisiera conocer cuántos de estos subsidios han sido entregados por asignación directa en cada uno de los últimos cuatro años y qué comités de vivienda han sido los beneficiados. Y, por último, en cuántos de estos casos el Ministerio de Vivienda, a través del SERVIU, ha actuado como Entidad de Gestión Inmobiliaria y Social (EGIS).
Para formular en forma exacta la pregunta, me gustaría saber cuántos comités de vivienda han postulado a subsidio en los últimos cuatro años, en términos de grupo; cuántos han contado con la asistencia de una EGIS, y en cuántos de esos casos el SERVIU ha actuado como entidad gestionadora. Y, para precisar, solicito que se me informe, para el caso de la Sexta Región, frente a cuántos comités de vivienda los señores directores del SERVIU han asumido la responsabilidad de actuar ellos como EGIS.
Creo, señor Presidente, que el conflicto de interés es evidente.
¡Cómo una institución que postula y que a la vez asigna los subsidios puede ser imparcial al momento de la asignación de los beneficios!
Por tales motivos, señor Presidente, pido que nos hagan llegar la información para poder asegurar claridad acerca de lo que pasa con los recursos públicos.
En mi Región, en la comuna de Quinta de Tilcoco, el comité Villa O'Higgins ha esperado por años. Habiendo obtenido terrenos comprados por una institución colaboradora, no le asignan subsidios. Instituciones que han seguido las reglas del Ministerio de Vivienda, que han postulado tres veces sin que deban presentar proyectos, no han salido en ninguno de los llamados. Hay comités de vivienda que están aguardando por años la posibilidad del subsidio, cumpliendo los requisitos del Ministerio, pero se les han adelantado otros comités.
A mi juicio, es necesario que tengamos transparencia en la administración de los recursos en cada una de las zonas del país. Y por eso que esta información la pido para las 15 regiones del territorio nacional.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Corresponde el turno al Comité Partido Demócrata Cristiano.
No hará uso de la palabra.
Comité Partido Por la Democracia.
El señor QUINTANA.-
Le hemos cedido el tiempo al MAS.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Entonces, el Senador señor Navarro dispone de 12 minutos.
TRASPASO DE FUNCIONARIOS DE ASMAR DESDE SISTEMA DE AFP A CAPREDENA. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, quisiera que se oficiara al Ministerio de Defensa Nacional y también a CAPREDENA a ver si es posible que nos informen los motivos por los cuales 22 funcionarias y funcionarios de ASMAR Talcahuano, que en reiteradas oportunidades han demandado ya a varios Ministros de Defensa Nacional, en distintos Gobiernos, a través de sus dirigentes (antes con Mikel Capetillo y hoy día con Cristián Lagos, quien encabeza la directiva del sindicato de ASMAR), teniendo 28 y más años de pertenencia en sus cargos, no han podido jubilar. Hoy día la oferta o la probabilidad es que lo hagan a través de las AFP, con las condiciones que conocemos. O sea, al final, es caer en la inopia, en el desamparo absoluto.
Hay un vacío legal, entre febrero de 1984 y noviembre de 1985, que permitió que por dictámenes de Contraloría funcionarios pudieran volver a CAPREDENA, a la que estaban adscritos y desde la cual fueron cambiados.
Por eso, queremos pedir formalmente al señor Ministro de Defensa y a la Armada de Chile, que administra y de la cual depende directamente ASMAR, que la solicitud de dichos funcionarios sea acogida.
Estamos en pos de ir generando justicia en torno a la verdadera desgracia que han significado las AFP para los trabajadores de este país. Y cada vez que podemos hacer correcciones al modelo mediante leyes o indicaciones, esto se hace posible.
Estamos discutiendo un proyecto para reformar el sistema previsional de las Fuerzas Armadas. Es la ocasión para llegar a un acuerdo e incluir a estos funcionarios de ASMAR. Perder esta oportunidad sería pisotear sus derechos. Y si el Gobierno es consciente de lo que se hizo al traspasarlos a la fuerza desde CAPREDENA a las AFP, tiene hoy la oportunidad de corregir eso.
Esos servidores han sido respetuosos y conscientes. Han venido insistiendo por los mecanismos formales. Espero que el Ejecutivo, y particularmente el Ministerio de Defensa y quien lleva adelante el proyecto de ley de reforma previsional de las Fuerzas Armadas, puedan, mediante una indicación, incorporarlos, ya que una ley especial sin duda resulta más dificultosa.
Este es el momento y no otro, para que no nos vendan tipos de soluciones que no son factibles. Es posible hacerlo; se trata de un número reducido de recursos. En el fondo, se trata de hacer justicia. Hay que lograr que los funcionarios puedan volver a CAPREDENA, intentando salvarlos de las garras de las AFP. Ojalá que así suceda. Es la aspiración que tenemos en un próximo Gobierno, en orden a terminar con este sistema y generar uno que cumpla con las promesas, ya que el pago actual es de completa responsabilidad del Estado.
El 60 por ciento de las pensiones reciben la garantía estatal. Por lo tanto, el Fisco sigue pagando, sin darse cumplimiento a las promesas de las AFP.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
REPAROS A ESTRUCTURA DE FUTURO MINISTERIO DEL DEPORTE. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, hoy estuvimos a punto de discutir el proyecto que crea el Ministerio del Deporte.
Quienes integramos la Comisión de Educación hemos sido claros. Se trata de una iniciativa que va a poner una chapa de Ministerio, pero que, en definitiva, no lo convierte en tal. La totalidad de las asociaciones de funcionarios han manifestado su opinión contraria al proyecto que lo crea, el cual no cautela sus derechos laborales. Se produce un conjunto de circunstancias en las cuales los trabajadores pueden salir afectados.
--(Aplausos en tribunas).
Estimo que no es admisible que la creación de un Ministerio signifique generar cuatro seremías y poner un plazo de cinco a seis años para contar con ellas en todo el país. No se da un solo recurso adicional que permita a ciencia cierta establecer que el IND se transformará en un Ministerio de verdad. Va a ser un fraude si se traspasa en esas condiciones.
--(Aplausos en tribunas).
Y se lo hemos dicho de manera responsable a los Ministros, al Gobierno.
Todos coincidimos en que Chile merece y debe tener un Ministerio del Deporte, financiado, y que se preocupe del deporte de elite, de alta competencia, pero también del popular. Y para eso se requieren más recursos, infraestructura, institucionalidad y funcionarios debidamente resguardados en sus derechos.
Eso significa, entonces, que aquí se requiere un acuerdo. Entregar la facultad al Ejecutivo, como lo ha hecho este Gobierno, para que mediante un reglamento o un decreto se disponga cómo se establecen y organizan los Ministerios es una irresponsabilidad no solo con los trabajadores, sino también con los supuestos beneficiarios.
Si Chile va a tener un Ministerio del Deporte, este debe recoger lo mejor de la experiencia internacional. Y debe considerar una infraestructura que pasa por el recurso humano, por sus trabajadores. No atender sus derechos va a menoscabar este mal llamado "Ministerio del Deporte". Y si no se aprueba ahora, ello se hará en el próximo Gobierno. Pero lo que el país necesita es una verdadera Secretaría de Estado y no un Instituto Nacional de Deportes con una placa de Ministerio, el cual en este proyecto no reúne las condiciones para serlo.
Pido que esta intervención se haga llegar a la señora Ministra de Educación, al señor Director del Instituto Nacional de Deportes. Y solicito que el Gobierno, nos pueda responder por qué se guarda esa facultad; por qué no se fijan por ley los cargos y la planta; por qué no se pone fin de una vez a los contratos a honorarios y a contrata, y por qué no se establece una norma que determine exactamente el personal, su especialización y las condiciones laborales para que tal Ministerio se cree.
Señor Presidente, no estoy disponible para seguir aprobando Ministerios y proyectos de ley que consideren funcionarios a contrata y a honorarios. El Estado es un pésimo empleador. Si continuamos con la actual política, no vamos a enderezar un árbol que ya está chueco. El Estado debe dar el ejemplo en materia de respeto laboral a sus trabajadores. Y crear Ministerios sin tomar en cuenta la opinión y la voluntad de los funcionarios es un pésimo precedente.
Pido que esta intervención sea enviada al Presidente de la República, a la Ministra de Educación, al Director Nacional del Instituto Nacional de Deportes y a los sindicatos de trabajadores del IND.
--(Aplausos en tribunas).
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
PROBLEMAS CON RECURSOS BENTÓNICOS Y PELÁGICOS. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, quiero que se oficie a la Subsecretaría de Pesca a fin de que nos informe acerca del estado actual de los recursos bentónicos a lo largo de la costa de Chile.
Los pescadores y buzos mariscadores de recursos bentónicos (de orilla, de profundidad) se encuentran en una situación absolutamente grave. También lo están los de recursos pelágicos, como la sardina, la anchoveta y el jurel.
Las cifras revelan que se trata de recursos sobreexplotados.
Al Estado le asiste una responsabilidad. Autorizó una sobreexplotación el 2012. Lo advertimos. En Perú había veda de la sardina y de la anchoveta, pero aquí extraíamos esas especies de doce centímetros. Eran peces de una edad en que se encontraban con huevos. Lo denunciaron los tripulantes industriales, los artesanales. Sin embargo, se siguió pescando. Hoy día vemos los resultados.
Esto le va a costar millones y millones de dólares al Estado de Chile. Pero los que no pueden pagar el costo de estos errores son los pescadores artesanales.
Apelo por los trabajadores de recursos bentónicos y por los buzos mariscadores, los que no tienen subsidios en este esfuerzo que ha llevado adelante el Gobierno para enfrentar la crisis. Hablo en particular de la federación que agrupa a quienes extraen la jibia.
La jibia -no sé si el señor Presidente la ha probado- es un manjar exquisito. El que no está prevenido la va a confundir con el pulpo. La extraen los artesanales con una arte de pesca que es el espinel. Las sacan una a una para el consumo humano. Pero también está la pesca de arrastre de los industriales, que significa miles de toneladas.
Lo más increíble es que ni un solo estudio establece cuál es el ciclo biológico de reproducción de la jibia.
De hecho, ni siquiera hay cuota. Porque no es una pesquería que esté clasificada.
Señor Presidente, si no ponemos ojo y no contamos con un estudio inmediato del ciclo reproductivo de la jibia y de las condiciones en que puede ser extraída, vamos a liquidar un producto que fue acusado de ser el depredador del jurel, pero que luego se convirtió en el salvador de la harina de pescado. Porque la industria sigue elaborando ese producto con la jibia, aun cuando de ella hay una demanda extraordinaria del mercado japonés y de Oriente en general cuando es extraída con técnicas que solo pueden emplear los pescadores artesanales.
David Castro, presidente de los jibieros de la Región del Biobío, ha hecho un esfuerzo extraordinario por ser escuchado, a fin de que la jibia esté a nombre de los artesanales. En estos momentos de crisis son los pescadores artesanales los únicos que pueden preservar una extracción moderada que permita ingresos para miles de familias, sin poner en riesgo el recurso.
Hemos reclamado ante el entonces Ministro Longueira y el actual Ministro De Vicente que la jibia se pesque de manera temporal, hasta que contemos con una Ley de Pesca justa y sea asignado única y exclusivamente a los artesanales. De no ser así, corremos el riesgo de sobreexplotación y con ello ocurrirá lo mismo que con el resto de los recursos pesqueros que hoy se encuentran en crisis.
Pido que el oficio sea remitido al Ministro de Economía, al Subsecretario de Pesca, al SERNAPESCA y al Presidente de la República; y que la respuesta sea enviada a las organizaciones de pescadores artesanales de la Región del Biobío y de la Décima Región, particularmente a las de los pescadores de jibia.
En el caso de quienes extraen recursos bentónicos -que han conversado hoy con el Ministro De Vicente-, necesitamos pulir lo que va a ser la acuicultura. Se han depredado los mares. Queda la acuicultura. Los pescadores deben ser educados y capacitados, para que puedan explotar el recurso a orilla de mar o en tierra. Una ley sobre el particular resulta urgente y necesaria para cultivar los peces y los crustáceos, en definitiva, para pasar a una etapa diferente.
Los pescadores y buzos de recursos bentónicos tienen áreas de manejo, pero están contaminadas; en el caso de Talcahuano, debido al derrame de petróleo de ENAP. Han pasado casi seis años sin que se haya pagado un peso de indemnización a los trabajadores, y particularmente a los buzos y mariscadores de la zona, después de un error garrafal de esa empresa. Hay un juicio pendiente. ENAP sigue defendiéndose, malamente, echándole la culpa a la compañía aseguradora. Los recursos están disponibles. Pero no ha sido posible que los trabajadores sean compensados o indemnizados. Espero que la empresa resuelva esto a la brevedad.
Por lo tanto, pido que se oficie a la Empresa Nacional del Petróleo, a fin de que nos pueda informar acerca de este juicio, que representa un problema para esa institución, ya que debe resguardar activos para asegurar esa demanda.
Se ha comprobado el daño y se ha establecido la responsabilidad de la ENAP. Quienes no son responsables están pagando hasta ahora las consecuencias. Son miles de pescadores y sus familias de la Región del Biobío, particularmente de Talcahuano.
--Se anuncia el envío de los oficios requeridos, en nombre del Senador señor Navarro, conforme al Reglamento.
CARTA A PRIMER MANDATARIO SOBRE VIOLENCIA Y VULNERACIÓN DE SENAME A DERECHOS DEL NIÑO. REITERACIÓN DE OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, solicito oficiar, entre otras autoridades, una vez más al SENAME y al propio Primer Mandatario sobre la materia del epígrafe.
La hora de Incidentes del Senado no se transmite por televisión debido a una decisión absurda del comité editorial de TV de esta Corporación. Se trata de una determinación arbitraria que lesiona el derecho de las minorías a expresarse en tal espacio. Espero que tal situación sea corregida. De lo contrario, me veré en la obligación de hacer uso de mi derecho reglamentario de pedir la hora cuando sea necesario. Porque el que un comité editorial se empeñe en que las minorías no se den a conocer en esta instancia no es lo adecuado.
Deseo plantear de la mejor de las formas la necesidad de llevar a cabo una reunión, a fin de reponer la transmisión televisiva de la hora de Incidentes. Al parecer, alguien teme a las ideas que se exponen en esta parte de la sesión.
En democracia no hay que amedrentarse por que haya más democracia, que es el derecho de los Senadores a exponer sus puntos de vista.
Señor Presidente, el 13 de junio de 2012 realizamos una larga intervención sobre la violación de los derechos de los menores en hogares del Servicio Nacional de Menores. En esa oportunidad, solicitamos dar a conocer al Presidente de la República -era una exposición larguísima, de varias páginas- una carta que consignaba los graves atropellos, particularmente en materia sexual, que estaban sufriendo los niños en los centros del SENAME.
Pese a que denunciamos esos hechos hace un año, no se ha tomado medida alguna.
Por lo tanto, pido enviar copia de mi intervención al Jefe del Estado, a la Ministra de Justicia, al Director del SENAME y a todos los organismos sociales privados que están hoy día preocupados del tema.
No obstante que en Incidentes formulamos una denuncia y solicitamos correcciones, no hemos sido escuchados.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senador señor Navarro, en conformidad con el Reglamento.
ENTREGA DE DEPARTAMENTOS EN POBLACIONES CAMILO OLAVARRÍA Y CENTINELA 2. OFICIO
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, solicito oficiar al Ministerio de Vivienda para que informe sobre la situación de los departamentos en las poblaciones Camilo Olavarría y Centinela 2, a fin de saber su fecha de entrega, y particularmente la solución que se está dando a los graves problemas técnicos que han presentado.
--(Aplausos en tribunas).
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, de acuerdo con el Reglamento.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Los Comités Demócrata Cristiano y Partido Por la Democracia no harán uso de sus tiempos.
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:47.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción