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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 361ª
Sesión 40ª, en miércoles 10 de julio de 2013
Ordinaria
(De 16:17 a 20:5)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES JORGE PIZARRO SOTO, PRESIDENTE,
JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, VICEPRESIDENTE, Y ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedan, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau, y del Trabajo y Previsión Social, señora Evelyn Matthei Fornet. Asimismo, estuvieron presentes el Subsecretario de Previsión Social, señor Augusto Iglesias Palau; la Directora del SERVEL subrogante, señora Elizabeth Cabrera Burgos; el Consejero del SERVEL, señor Patricio Santamaría Mutis, y el Miembro del Consejo Directivo del SERVEL, señor Gonzalo Molina Ariztía.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:17, en presencia de 19 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor PIZARRO (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 35ª, especial y 36ª, extraordinaria, en 2 de julio, y 37ª, especial, y 38ª, ordinaria, ambas en 3 de julio, todas del año en curso, que no han sido observadas.
IV. CUENTA

El señor PIZARRO (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Tres de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero retira la urgencia al proyecto que propicia la ampliación de la matriz energética mediante fuentes renovables no convencionales (boletín N° 7.201-08).
--Se tiene presente el retiro y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el segundo hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto de ley que crea el Ministerio del Deporte (boletín Nº 8.085-29).
Con el tercero hace presente la urgencia, calificándola de "simple", respecto del proyecto de ley que crea el acuerdo de vida en pareja (boletines Nos. 7.873-07 y 7.011-07, refundidos).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Cinco de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero informa que dio su aprobación, en los mismos términos en que lo hizo esta Corporación, al proyecto, iniciado en moción de la Senadora señora Pérez San Martín, que modifica la ley Nº 20.340 con el objeto de extender su aplicación a los beneficios habitacionales que otorga el Estado sin otra consideración que la focalización de los recursos (boletín N° 8.527-14).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República.
Con los dos siguientes comunica que dio su aprobación a los siguientes asuntos:

1.- Proyecto de acuerdo que aprueba el "Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Federal de Alemania sobre una Actividad Laboral Remunerada de Familiares Dependientes de Miembros de una Representación Diplomática o Consular", suscrito en Berlín el 22 de octubre de 2012 (boletín N° 8.939-10).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.

2.- Proyecto de ley que establece la meta todo Chile a llamada local (boletines Nos. 8.787-19 y 8.790-15, refundidos).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Con el cuarto comunica que aprobó, con las enmiendas que señala, el proyecto de ley que agrava penas y restringe beneficios penitenciarios en materia de delitos sexuales contra menores de edad (boletín Nº 8.677-07) (con urgencia calificada de "suma").
--Queda para tabla.
Con el último expone que prestó su aprobación a las enmiendas propuestas por esta Corporación al proyecto de ley que permite la introducción de la televisión digital terrestre (boletín N° 6.190-19, con urgencia calificada de "suma"), exceptuadas las recaídas en las disposiciones que el referido documento expresa, las que rechazó, y comunica la nómina de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que ha de formarse según lo establece el artículo 71 de la Constitución Política de la República.
--Pasa a los Comités.
Del señor Intendente de la Región de La Araucanía:
Da respuesta a consulta, formulada en nombre del Senador señor García, sobre estado del proyecto FNDR para diseño de edificio de administración y nuevos depósitos en el Archivo Regional de La Araucanía, ingresado en el Banco Integrado de Proyectos con el código 30128731.
--Queda a disposición de Sus Señorías.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley que crea el Ministerio del Deporte (boletín Nº 8.085-29) (con urgencia calificada de "suma").
--Quedan para tabla.
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la Cuenta.
V. ORDEN DEL DÍA



ACTUALIZACIÓN DE PADRONES ELECTORALES


El señor PIZARRO (Presidente).- En el Orden del Día, el primer asunto es el proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, en primer trámite constitucional, que establece normas para la actualización de los padrones electorales, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8972-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 27ª, en 4 de junio de 2013.
Informe de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 39ª, en 9 de julio de 2013.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de esta iniciativa era actualizar los padrones electorales excluyendo a aquellas personas declaradas ausentes por desaparición forzosa, de acuerdo con la ley N° 20.377.
Ahora bien, el objetivo del proyecto despachado por la Comisión es excluir, en la elaboración del Padrón Electoral, a los electores de 80 años o más que no cuenten con documentos de identidad vigentes.
El referido órgano técnico deja constancia de que discutió este proyecto en general y en particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, y de que aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Frei, Orpis y Bianchi.
También lo despachó en particular, con enmiendas derivadas de la aprobación de una indicación sustitutiva del Ejecutivo, con los votos de los Senadores señores Frei y Orpis y la abstención del Senador señor Sabag.
Cabe tener presente que esta iniciativa debe ser aprobada con 21 votos favorables, por incidir en normas de rango orgánico constitucional.
El texto que se propone aprobar se consigna en las páginas 18 y 19 del informe de la Comisión de Gobierno y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto.

Hay varios señores Senadores inscritos para intervenir.
Tiene la palabra, en primer lugar, el Honorable señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, el objetivo de este proyecto de ley es efectuar ciertas correcciones y precisiones que permitan depurar el Padrón Electoral y actualizar el Registro Electoral.
En la elección municipal del año 2012 y en la reciente elección primaria quedaron en evidencia ciertas falencias de la inscripción automática, cuya implementación significó el aumento de cerca de 5 millones de electores.
Uno de los principales problemas detectados es la presencia en el Padrón Electoral de personas fallecidas o con la calidad de desaparecidos forzosos. Esta situación hace necesaria una actualización del Registro y del Padrón Electoral que nos permita ir corrigiendo el sistema de automatización de la inscripción.
En relación con las causas del problema, se han identificado tres circunstancias:
En primer lugar, todos los nacidos en Chile que se radican y fallecen en el extranjero. Si la defunción no se inscribe en nuestro país, el Registro Civil y el SERVEL no tendrán dicha constancia, por lo que seguirán apareciendo en los respectivos padrones.
En segundo lugar, las personas desaparecidas.
Y, en tercer lugar, el proceso de automatización del Registro Civil, que se inició en 1982. Todas las defunciones inscritas antes de esa fecha no contemplan el RUN de la persona fallecida, lo que ha dificultado la actualización de los registros.
Según información del Servicio Electoral, a mayo de 2013 había 565 mil 600 electores entre 80 y 139 años de edad, presumiéndose que dentro de esta cifra existe un número indeterminado de personas fallecidas.
Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas, la población chilena que supera los 80 años bordea los 360 mil individuos, por lo que se estima que en el actual Padrón Electoral figuran unas 200 mil personas fallecidas.
Las propuestas que contempla el proyecto son las siguientes:
En primer lugar, excluir del padrón electoral a los mayores de 80 años que no cuenten con sus documentos de identidad vigentes, por no haberlos renovado durante los últimos 11 años anteriores al cierre del Padrón, lapso que corresponde a la suma del período máximo de vigencia de los documentos de identidad y al plazo de extensión de su vigencia para efectos electorales.
En segundo término, se establece una nueva causal de exclusión del Registro Electoral para aquellas personas declaradas ausentes por desaparición forzada, en conformidad a la ley N° 20.377, que estableció dicho procedimiento para las desapariciones ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
En estos casos, el juez de letras deberá informar al SERVEL los nombres de las personas respecto de las cuales se haya dictado sentencia declarando su calidad de desaparecido forzoso.
Si dicha declaración se hubiera realizado con anterioridad a la publicación de la presente iniciativa, será el Registro Civil el que deberá informar al SERVEL sobre tal situación.
En conclusión, de la manera propuesta tendremos un Registro Electoral más real y depurado.
Además, le hemos pedido al Ejecutivo la presentación de una indicación a los efectos de que por lo menos 120 días antes del proceso electoral se pueda notificar a aquellos que, apareciendo en el Registro, no vayan a poder votar porque no reúnen las condiciones requeridas. ¿Para qué? Para evitar lo ocurrido en las primarias presidenciales, donde hubo muchas personas que, queriendo participar en el proceso, llegaron a sufragar y no pudieron hacerlo porque figuraban con problemas.
A mi juicio, señor Presidente, este proyecto significa un adelanto, una forma de ir depurando el Padrón Electoral y de ir mejorando nuestra democracia.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Eduardo Frei, quien hará la relación del proyecto en representación del Presidente de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, el día de ayer, por ausencia de su titular, me tocó presidir la Comisión de Gobierno, y ahora me gustaría dar cuenta de los dos temas básicos de que trata la iniciativa, que en parte ya señaló el colega Prokurica.
Tal como se halla establecido, hay dos temas involucrados en este proyecto.
Uno es la exclusión del Padrón Electoral de los mayores de 80 años que no cuenten con documento de identidad vigente por no haberlo renovado por un tiempo largo que supere al de su vigencia.
Las cifras son altamente significativas. En el mensaje del Ejecutivo se partía de una cantidad de más de 550 mil personas. Finalmente, hechas las depuraciones, se llegó a un número aproximado a las 200 mil.
El otro asunto tiene que ver con la exclusión del Registro Electoral de individuos declarados ausentes por desaparición forzada, que prácticamente corresponde a la parte más importante del proyecto: incide en cuatro artículos permanentes y uno transitorio. La Comisión citó al Servicio Electoral, al Registro Civil, al Instituto Nacional de Derechos Humanos y a especialistas en la materia para los efectos de dilucidar el punto.
Tras varias sesiones, a las que también asistió el Ministro Larroulet, se llegó a la conclusión de que resultaba imposible resolver el problema de la desaparición forzada. Además, existe el antecedente de un proyecto sobre el particular radicado en la Comisión de Derechos Humanos. Por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, se había oficiado al Ejecutivo para que mandara un proyecto que resolviera este inconveniente, creando un registro de personas desaparecidas, no solo para la cuestión electoral, sino para toda la otra serie de materias que conocemos.
Por lo tanto, después de discutir la normativa propuesta en un par de reuniones, finalmente la Comisión acordó con el Ejecutivo resolver únicamente el asunto de los mayores de 80 años, para lo cual se presentaron unas indicaciones que también se conversaron con el SERVEL y el Registro Civil.
Se dejó afuera todo lo relacionado con la desaparición forzada, sin perjuicio de convenirse por unanimidad que se oficiara de nuevo al Ejecutivo pidiéndole el envío del referido proyecto, que es necesario -lo está pidiendo el Instituto de Derechos Humanos desde hace ya varios años- para solucionar la situación que afecta a esas personas y, sobre todo, a sus familias.
En resumen, señor Presidente, la Comisión de Gobierno acordó resolver solo uno de los problemas, y respecto del otro, solicitarle al Ejecutivo que definitivamente mande una iniciativa que cree un registro de personas desaparecidas, petición que -como acabo de decir- fue formulada por el Instituto de Derechos Humanos.
Eso fue lo aprobado ayer en el órgano técnico. Hay un artículo que presenta un detalle que seguramente explicará el Senador Sabag. Y, por tratarse de un proyecto de artículo único, la Comisión lo discutió en general y en particular a la vez.
Gracias.

El señor PIZARRO (Presidente).- Ha llegado a la Mesa una solicitud para que se autorice el ingreso a la Sala de dos representantes del Servicio Electoral, los señores Patricio Santamaría y Gonzalo Molina, y de la Directora subrogante del SERVEL, señora Elizabeth Cabrera.
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.

El señor PROKURICA.- Por supuesto.
--Acordado.

El señor PIZARRO (Presidente).- Está inscrito para hacer uso de la palabra a continuación el Honorable señor Rossi.

El señor ROSSI.- Señor Presidente, el Senador Frei ha sido muy claro al informar a la Sala en qué consiste este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, cuya finalidad es ir depurando el Padrón Electoral para que este se acerque cada vez más a la realidad. Porque, efectivamente, en las últimas elecciones aparecieron incluidas en él personas ya fallecidas.
Ese tipo de cosas, aunque no alcancen porcentajes relevantes, siempre pueden significar algún tipo de problema o poner en tela de juicio un proceso electoral. Y Chile, en verdad -tenemos que sentirnos muy orgullosos de ello-, es un país que posee una tradición de elecciones transparentes y escrutinios muy reglados. Nuestros procesos electorales dan garantías a todos los sectores y son un patrimonio que debemos cuidar y preservar, por cuanto son muy importantes para la democracia. Uno de sus pilares tiene que ver, justamente, con que los procesos electorales sean transparentes y den garantías a todos.
En cuanto al proyecto, sé que hay preocupación por excluir del Padrón a los mayores de 80 años que no cuenten con sus documentos de identidad. Pero, ¡ojo!, se trata de personas de esa edad que no hayan renovado su cédula de identidad en los últimos once años. Y la gente requiere dicho documento para la realización de trámites y, la más vulnerable, para la obtención de beneficios en municipios y otras reparticiones públicas. Por lo tanto, es muy extraño que alguien pase once años de su vida sin su cédula de identidad al día, en circunstancias de que debe renovarse cada diez.
En consecuencia, se puede prever que un octogenario que en los últimos once años no renovó su carné de identidad probablemente esté muerto y haya que sacarlo del Padrón.
Ahora, como el derecho a voto es un derecho ciudadano importante, hay que ser cuidadoso y establecer mecanismos adecuados de notificación. Por eso, el Servicio Electoral procederá a notificar apropiadamente a aquellos individuos que se encuentren incorporados en este registro especial de eventuales fallecidos, por las razones que mencionaba, de manera que el afectado, si aún está vivo, tenga la posibilidad de apelar para que su nombre sea repuesto en el Padrón y pueda ejercer su derecho a sufragio.
En segundo lugar -quizás lo más importante, por cuanto nos deja una tarea para el futuro-, se halla la situación del grupo de personas que no murieron de muerte natural y se ignora su paradero. Sabemos que fueron detenidas, las razones de su detención y las circunstancias en que ello tuvo lugar, pero se desconoce dónde están. Me refiero a los detenidos desparecidos. Y nos pareció -por suerte hubo coincidencia en todos los sectores de la Comisión- que de alguna manera se pasaban a llevar derechos muy fundamentales de ellos, de su memoria y de su familia, al ser simplemente excluidos del padrón.
Lo que nos recomienda el Instituto Nacional de Derechos Humanos -ojalá lo recoja el Ejecutivo y lo podamos elaborar todos juntos en el Congreso- es contar con una ley que establezca un registro especial para aquellas personas desaparecidas de manera forzosa y que hoy día figuran en el padrón electoral.
En mi opinión, eso forma parte de la debida reparación. Es una reivindicación, es un reconocimiento, es mantener viva la memoria.
Los países necesitan conservar viva su memoria. Y hay muchas experiencias. Respecto del holocausto judío, el esfuerzo llevado adelante por Israel para mantener viva la conciencia colectiva y traer desde el pasado al presente y proyectar al futuro incluso lo relativo a la forma en que sus correligionarios fueron muertos, hechos desaparecer o torturados.
Debemos avanzar en ese sentido. En esta ocasión no se abordó tal materia por la premura respecto del otro aspecto. Pero debiésemos contar con un registro especial que honrara la dignidad de aquellos hechos desaparecer simplemente por pensar distinto.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, no cabe duda de que nos encontramos ante un proyecto importante, por cuanto tiende a actualizar los padrones electorales, fundamentalmente a raíz de lo ocurrido en los últimos procesos eleccionarios. Por ejemplo, en los comicios municipales votó menos del 50 por ciento de los ciudadanos. Se decía que el padrón no estaba depurado. ¡Hasta un ex Presidente de la República aparecía todavía con derecho a voto! Resulta evidente, entonces, que había errores. Y se ha querido actualizar el registro de la mejor forma.
Estimo altamente pertinente la iniciativa. Mi voto de abstención en la Comisión obedeció a que tengo una duda razonable sobre el particular. Lo conversé con el Ministro y con todas las personas y autoridades que participaron en aquella. Y creo que se puede resolver. El Secretario de Estado está muy llano a buscar una salida, y yo estaré de acuerdo con ella.
Por disposición del Ejecutivo y del Congreso, aprobamos la inscripción automática, a la cual hoy se encuentran incorporados todos quienes tienen derecho a hacerlo. Entonces, mi inquietud apunta fundamentalmente a que nos acostumbramos a esto, pero ahora nos pasamos al otro lado, borrando automáticamente a quienes tienen más de 80 años, porque no han renovado su carné en once años. Y se sostiene que puede haber personas que tendrían 130 años de edad, pero, a la vez, debe suponerse que muchas de ellas están muertas. Se plantea que tales personas para cobrar una pensión o realizar un trámite, deben de haber ocupado la cédula de identidad en alguna oportunidad. Sin embargo, muchas no tienen pensión. Son campesinos que no requieren ayuda del Estado y que se descuidaron en actualizar su carné.
Yo era partidario de mandarles una notificación en que claramente se les dijera que, por no hallarse con su carné al día, estarían impedidos de votar el 17 de noviembre, con lo cual quedarían advertidos. Pero no me parece adecuado que el día de los comicios llegue un número importante de ciudadanos -10 mil, 20 mil-, mayores de 80 años, a los cuales no se los deje sufragar. Y resulta que pueden haber renovado su cédula quince o treinta días antes, pero la nómina de votación se envía antes. Entonces, a la luz del listado correspondiente, no puede sufragar. Por lo tanto, si se ha renovado el carné veinte días antes y no puede emitir su voto, vamos a crear malestar.
Por eso el Ministro trae ahora una propuesta.
Yo no me ciego. No estoy en contra de nada. Pero mañana o pasado se podría decir que con las leyes que aprueban el Parlamento y el Gobierno, a ciertas personas se les quita el derecho a voto. Lo vivimos recientemente en las primarias.
Muchos sabíamos quiénes tenían derecho a voto. Podían sufragar los militantes de los partidos políticos, pero no quienes pertenecían a otras tiendas políticas. Los independientes, sí. ¡Los ciudadanos ni siquiera sabían que estaban inscritos en partidos! ¡Por Dios, qué malestar! ¡Cómo protestaron en distintas partes! Con legítimo derecho, porque seguramente algunos de ellos fueron engañados y aparecían patrocinando a partidos respecto de los cuales nunca estuvo en su afán hacerlo.
El Ministro trae una proposición debidamente legalizada. Estimo que ella puede ser pertinente. Aclarado eso, me parece que todos vamos a quedar tranquilos. Si la persona debidamente notificada no renueva su carné, será excluida de la votación. Pero, si llega con su cédula de identidad al día y la han borrado, vamos a estar en un lío, porque sencillamente no dejaremos emitir su pronunciamiento a alguien pese a tener derecho, pues su documentación se encuentra en orden.
Por eso, deseo que el Ministro dé a conocer su proposición, que tal vez puede ser la adecuada. Con ello vamos a estar todos muy tranquilos, pues nadie quedará impedido de votar.
He lamentado mucho que con los actuales avances tecnológicos todavía haya personas muertas hace muchos años y que no están borradas del padrón electoral.
El Senador señor Prokurica decía que antes no había RUT. Por no contar con él, nos perdimos. Además, el sistema era manual. Por eso no se produce una adecuada depuración en el padrón. Hoy disponemos de elementos mucho más modernos. Pero, ¡cómo nos actualizamos sin causar un daño, sobre todo a los mayores de 80 años, que merecen todo nuestro respeto!

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, ¿cuál fue el origen o cómo se generó esta iniciativa legislativa? Se encuentra en la normativa sobre inscripción automática, la cual incorporó a cinco millones de electores adicionales. ¡Ahí está el origen del problema! Y sucede que tienen derecho a votar todas las personas vivas que cumplan ciertos requisitos. Y la dificultad surge particularmente debido a que el Servicio de Registro Civil hasta 1982 contaba con registros manuales. Y respecto de un número importante de personas fue muy difícil determinar si estaban fallecidas o no. No se podía acreditar.
¿Por qué debe depurarse el padrón electoral? Es la segunda pregunta que uno debería plantearse. Porque el sistema tiene que ser transparente. Y, cuando no está depurado, pueden producirse suplantaciones u otro tipo de irregularidades que al final terminan empañando el proceso electoral.
Ese es el origen de la iniciativa legal en debate.
Yendo al tema de fondo, debo recordar que hubo una primera iniciativa del Ejecutivo para resolver el problema. Ingresó a tramitación el 6 de marzo del año en curso. Buscaba perfeccionar la ley No 20.568. Sin embargo, el texto que se despachó fue objetado por el Tribunal Constitucional, el que consideró que no había un mecanismo de publicidad para dar a conocer la situación a las personas excluidas del padrón electoral.
Por lo tanto, el proyecto en análisis tiene su origen precisamente en ese fallo del Tribunal Constitucional, que obliga a dictar una nueva normativa en esta materia, con lo cual se resuelve el problema. Y hay que solucionarlo, porque, como señaló la Directora subrogante del SERVEL, son 540 mil las personas mayores de 80 años.
En este punto, me gustaría, conceptualmente, dejar planteado un tema.
No es que ciertas personas sean eliminadas del registro. Esto se hace cuando fallecen. Hay una diferencia conceptual entre el registro y el padrón electoral. Mientras no se acredite el fallecimiento de una persona, no es eliminada del padrón aplicable a un acto en particular; es decir, a la elección o plebiscito respectivos.
Y yo relaciono de inmediato ese hecho con otras de las hipótesis planteadas, particularmente la de la detención forzada, porque las personas respecto de las cuales hay sentencias ejecutoriadas no se han eliminado del registro, independiente de que haya unanimidad en torno al envío de otro proyecto de ley sobre la materia.
Si el Tribunal Constitucional objetó el mecanismo de publicidad para la gente excluida, lo esencial en esta iniciativa precisamente apunta a las normas objetadas.
¿Cuáles son esas disposiciones de publicidad que establece este proyecto de ley? Básicamente tres: debe haber notificación; tiene que publicarse el padrón, que es auditado para una elección en particular, y avisar a las personas excluidas entre los 120 y los 90 días anteriores a la elección o plebiscito.
Un inciso del artículo 28 bis establece expresamente la norma sometida a la consideración de la Sala: "¿ el Servicio Electoral deberá notificar a los electores incluidos en la nómina especial, mediante carta certificada dirigida al domicilio electoral consignado en el Registro Electoral, la circunstancia de haber sido excluidos del Padrón Electoral de la elección de que se trate, en virtud de este artículo.".
Con posterioridad, los excluidos, a diferencia de lo que ocurre en la normativa actual, pueden reclamar ante el Tribunal Electoral Regional -antes se hacía ante el Servicio Electoral- diez días después de publicado el padrón.
Lo importante es que esa exclusión -como señalaba- rige solo respecto de una elección en particular. No se trata de una eliminación permanente del registro, sino una relativa al padrón de una votación específica.
El Senador señor Sabag planteó una aprensión que comparto y que fue recogida por el Ejecutivo, relativa a los mayores de 80 años. Seguramente la norma pertinente va a ser aprobada por la unanimidad en la Sala. En cuanto a esas personas, él deseaba que se tomaran ciertos resguardos, los que, a mi juicio, no cambian en nada la arquitectura del proyecto. Por el contrario, lo perfeccionan.
Por las razones que expliqué, me parece razonable la proposición del Ejecutivo de depurar el padrón electoral. Fueron inscritas más de cinco millones de personas. No había datos concretos, porque se llevaban registros manuales hasta el año 82.
Por lo tanto, sin haber una presunción o sin que se acredite el fallecimiento, son excluidos del padrón electoral los mayores de 80 cuando hayan transcurrido 11 años del vencimiento del carné de identidad.
Por tales razones, apoyo este proyecto, ya que considero que la mayor garantía de un país durante un proceso electoral es la transparencia y la prevención de que, por distintas vías en este caso, exista una eventual suplantación de la gente que puede votar o que, a partir de tales datos, se produzcan irregularidades que atenten contra el padrón electoral.
Un padrón electoral debe ser lo más depurado posible. Y esta iniciativa contribuye a que de él se puedan excluir en elecciones concretas a personas que difícilmente puedan sufragar, por lo cual no deberían figurar en el padrón.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez.

El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, me parece bien que busquemos fórmulas para mejorar el proceso de inscripción y el padrón electoral porque es una de las maneras de asegurar que las votaciones sean limpias.
Solo tengo algunas aprensiones y preocupaciones.
La Constitución establece claramente quiénes son ciudadanos y quiénes tienen derecho a votar. Además, preceptúa claramente las razones por las cuales no se puede ejercer tal derecho.
El artículo 16 dice:
"El derecho de sufragio se suspende:

"1º.- Por interdicción en caso de demencia;

"2º.- Por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista, y

"3º.- Por haber sido sancionado por el Tribunal Constitucional en conformidad al inciso séptimo del número 15º¿", etcétera.
Ahí se encuentran los motivos de la suspensión del derecho a sufragio.
Por su parte, el artículo 17 prescribe: "La calidad de ciudadano se pierde:

"1º.- Por pérdida de la nacionalidad chilena;

"2º.- Por condena a pena aflictiva, y

"3º.- Por condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista¿", etcétera.
Estamos hablando de un universo -según decía la Directora del Servicio Electoral, señora Elizabeth Cabrera- de 540 mil personas.
Por lo tanto, debe tenerse cuidado y ojo en cómo llevar a cabo esta depuración del padrón electoral. Porque puede ocurrir que quienes no hayan renovado su carné durante 11 años en alguna oportunidad se sientan imposibilitados de votar al momento de sufragar. Porque la fórmula de publicidad que se plantea en el proyecto es enviar la notificación al último domicilio registrado 11 años atrás.
Resulta difícil que ese mecanismo se pueda conectar con la situación de quienes son mayores de 80 años y no han ejercido su derecho a voto, pero que, en algún momento, quieran sufragar.
Por eso, me da la impresión de que se debe tener cuidado con cómo establecer este criterio y, tal vez, exigir ciertas acciones mayores de parte de los servicios pertinentes para depurarlo de buena manera, a fin de que no se vean excluidos los que quieran votar.
En una conversación con el Ministro Larroulet, le mencionaba que la norma me parecía inconstitucional. Pero él señala que el planteamiento, en definitiva, no es la eliminación del registro, sino del padrón auditado para cierta elección.
Por eso no continúo con la idea de que eventualmente lo pudiera ser.
Me preocupa que la acción del Estado para que las personas que eventualmente podrían estar vivas no puedan votar se limita simplemente a notificar de la manera establecida, pues va a ser muy difícil la conexión de ese trámite con la realidad. Estamos hablando de gente que lleva más de 11 años sin conectarse al sistema.
Lo segundo que me inquieta tiene que ver con la norma de la letra f) que se propone agregar en el numeral 1) del artículo único del proyecto: "Declaración de ausencia por desaparición forzada de una persona, efectuada en virtud de la Ley N° 20.377, que deberá ser eliminada del Registro.".
Tal disposición obliga finalmente a los familiares a pedir esa declaración.
Recuerdo que, en algunas reuniones de la Comisión de Derechos Humanos, los representantes de las organizaciones de tales derechos pedían hacer un listado de los detenidos desaparecidos forzosos, más que obligarlos a cumplir un trámite que, para muchos, resulta inconducente. No sé si sería posible. Constituiría una fórmula mucho más fácil, desde el punto de vista de los familiares de los detenidos desaparecidos, la de no imponerles una actividad judicial, que es lo que se plantea.
Desconozco su factibilidad y lo hago presente solo como una inquietud.
Mi tercera preocupación apunta al cumplimiento de la palabra por parte del Ministro Larroulet.
Varios compatriotas habilitados para votar no pueden hacerlo -me refiero a quienes viven en el extranjero-, ya que no se ha cumplido la promesa de enviar un proyecto de ley que permita a esos chilenos votar en consulados o en lugares que se determine.
Me parece que ese compromiso hay que cumplirlo de una vez por todas.
Entiendo que no guste la votación de compatriotas que habitan fuera del territorio nacional porque probablemente se cree que van a pronunciarse más a favor de un sector que de otro. Pero la verdad es que la mayoría de los chilenos que viven en el extranjero viven en otros países por otras razones. Y exigen, cada vez que hay votaciones, como la última, poder ejercer ese derecho.
Entonces, yo no sé si hay motivaciones políticas o falta de voluntad para no legislar sobre el particular.
Pero aquí hubo un compromiso. ¡Y hay que cumplirlo! Todos aprobamos la iniciativa sobre inscripción automática y voto voluntario y, durante su debate, solicitamos que se tramitara un proyecto que permitiera el voto de los chilenos en el extranjero.
Para tal efecto, se estableció un criterio: que esos compatriotas se inscribieran en el consulado pertinente para que se manifestara la voluntad de votar. A muchos no nos gustaba esa solución, pero igual era un camino para sacar adelante esa iniciativa.
¡Pero nada de ello se ha materializado!
Es el momento de que se nos diga, públicamente, si se va a avanzar o no en la materia. No hacerlo es incumplir algo que, a mi juicio, es importante tanto para los chilenos que viven en el extranjero como para quienes defendemos el derecho a sufragio de todo ciudadano, lo que está establecido en las normas vigentes y que, naturalmente, exigimos que se respete.
Deseaba exponer esos tres puntos, señor Presidente.
Muchas gracias.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
Luego de ello, se abrirá la votación.

El señor LARROULET (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Seré muy breve, señor Presidente.
Efectivamente, hemos presentado una indicación que recoge la inquietud que planteó, entre otros, el Senador Sabag en el sentido de ampliar el período durante el cual se notifica a las personas inhabilitadas para votar, por no cumplir el requisito de haber renovado carné en los últimos 11 años a partir de los 80 años de edad. La idea es fijar un lapso mayor (seis meses) como mecanismo permanente de notificación, de manera de disponer de tiempo suficiente para actualizar la cédula de identidad y normalizar la situación antes de cada elección.
Es una indicación muy simple, que ya fue presentada por el Ejecutivo.

El señor PIZARRO (Presidente).- Gracias, señor Ministro.
En votación general el proyecto.
Adelanto que hay dos indicaciones que veremos después.
--(Durante la votación).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, por su intermedio, deseo formular una consulta al Ministro Larroulet, que dice relación, básicamente, con el caso de chilenos que nacieron fuera del territorio de la república y que, habiendo cumplido con todos los requisitos legales pertinentes, en la última elección no aparecieron en los padrones electorales. Me llegaron, al menos, diez denuncias de ese tipo en mi circunscripción. Se trata de personas que, además, residen en el país desde hace mucho tiempo.
La dificultad, según nos señaló el experto electoral Andrés Tagle en su momento, fue que, como la residencia comenzó hace bastante tiempo, no había antecedentes de ello en Investigaciones.
Esa gente quiso votar en las primarias, pero no pudo hacerlo porque no estaba en los registros.
Me gustaría preguntarle al Ministro -por su intermedio, señor Presidente- si con este proyecto será posible subsanar tal asunto o si se requiere presentar otra iniciativa legal.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina, para fundamentar el voto.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, también deseo hacerle una consulta al señor Ministro. Si usted lo autoriza, espero que este pueda contestar antes de que se sumen los votos.
Yo tengo una diferencia de fondo con relación a la edad establecida en el proyecto. A mi juicio, excluir del padrón electoral a personas de más de 80 años, por la sola circunstancia de que durante los últimos 11 no han renovado su carné de identidad, es simplemente desconocer lo que ocurre en el mundo del campo. En las zonas rurales existe muchísima gente mayor de 80 años que no ha renovado su cédula.
Y no es verdad que, cuando las personas van a hacer un trámite, una diligencia, los funcionarios a cargo miran la fecha en que vence el carné. ¡No la miran! Simplemente verifican la identidad.
Con esta iniciativa estamos excluyendo a personas. A mí me parece que vamos a pasar un bochorno. Basta que el día de una elección cualquier ciudadano diga: "Tengo 80 y tantos años de edad; efectivamente no he renovado mi carné; bajé del campo a votar, y me dicen que no tengo derecho a hacerlo".
Días atrás planteé en la Sala de Senadores de la Alianza que lo razonable es subir el requisito a 90 años. Se me replicará: "Es que ahí va a figurar mucha gente muerta en el padrón, gente que no vota". ¡Qué importa! El padrón electoral de la primaria, que iba a ser una debacle -muchos auguraron que generaría una crisis total, el colapso del sistema-, funcionó perfecto. ¡Perfecto! No hubo dificultades, salvo lo relativo a las personas que aparecieron registradas en partidos políticos, en circunstancias de que no se inscribieron nunca en ellos. Pero ese es un fraude de los partidos o de quienes las afiliaron ilegalmente (puede que los partidos ni siquiera hayan sabido). Con todo, eso nada tiene que ver con el tema en análisis.
Por tanto, señor Presidente, quiero pedirle a la Sala que reconsideremos el punto referido.
No sé si se va a votar el proyecto solo en general o también en particular. En este último caso, no podría presentar indicación.
Lo concreto es que vamos a cometer un tremendo error si excluimos del padrón electoral a las personas mayores de 80 años, por el solo hecho de que hayan pasado 11 años sin renovar el carné de identidad.
Sugiero que esa edad tope se eleve a 90 años. Y si, por esta razón, figuran en el registro ciudadanos que ya están muertos, todo el mundo entenderá la situación, pues este es un sistema nuevo, diseñado de buena fe, que está sujeto a perfeccionamientos.
De lo contrario, vamos a pasar un chascarro. Acuérdense de esto en la próxima elección presidencial: va a concurrir a sufragar mucha gente mayor de 80 que vive en el campo y que no ha renovado su carné. Entonces se enterará que nosotros la excluimos del proceso eleccionario.
Se señala que se notificará antes a esas personas. ¡Pero si estas muchas veces no residen en el domicilio inscrito en el Registro Electoral! ¡No tiene nada que ver una dirección con otra! ¡Viven en otros lugares!
Además, las comunidades mapuches tienen como domicilio electoral "la comunidad", no una dirección exacta.
Reitero: vamos a cometer un error. Seremos responsables de que ancianos mayores de 80 años que no han renovado su carné de identidad no puedan votar, pues en esa oportunidad se les dirá que están inhabilitados de participar en el proceso. Se trata de gente que ha recorrido a veces largas distancias para llegar al lugar de votación.
Estamos tomando una decisión que me parece profundamente equivocada.
No veo problemas en que se establezca como tope los 90 años, máxime cuando las personas hoy día viven mucho más. Con esa edad y el requisito de no haber renovado el carné en 10 años, bueno, el riesgo se aminora. Pero, ¿80 años?
Entonces, señor Presidente, pido que la Sala reconsidere el punto. No sé si va a fijar un plazo para la formulación de indicaciones. Si no lo hay, me abstendré. No tengo otra opción. Pero -insisto- la Sala debiera abordar esta materia y resolver de la manera como he solicitado, porque estimo que es lo correcto.

El señor PIZARRO (Presidente).- Recuerdo a Su Señoría que estamos en la votación de la idea de legislar.
Después debemos analizar dos indicaciones.
Efectivamente, usted podría presentar otra -todavía dispone de tiempo para ello- o, si no, votar en contra, lisa y llanamente, del artículo 28 bis, que es donde se establece la edad a que hizo referencia. Si esa norma se rechazara, no quedaría fijado ningún límite etario.
Hay varios colegas inscritos para fundamentar el voto.
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, no iba a hablar inicialmente, pero me motivó la argumentación del Senador que me antecedió en el uso de la palabra.
Quiero reforzar su planteamiento en orden a que no podemos despachar este proyecto de ley si se corre el riesgo de atentar gravemente contra los derechos ciudadanos de personas mayores.
Yo preferiría que siguiera abultándose el número de quienes no concurren a votar, en lugar de correr el riesgo de impedir que un ciudadano mayor de 80 años ejerza su derecho a sufragio, por no haber renovado su carné en los últimos 10 años.
Señor Presidente, sugiero buscar una redacción que permita ir eliminando del padrón electoral a las personas que supuestamente están fallecidas, porque no han concurrido a votar o a hacer alguna gestión en el Registro Civil.
En todo caso, me cuesta entender por qué dicho órgano no puede cruzar información con el Servicio Electoral para determinar qué personas están fallecidas. No veo por qué resulta imposible eliminarlas de manera automática del padrón electoral con los antecedentes que posee el Registro Civil.
Ahora, si eso no fuera posible, sugeriría, mediante una indicación, realizar gradualmente la actualización. Porque se debe advertir a los ciudadanos afectados que se los excluirá del padrón electoral en el evento de que hayan pasado más de diez años sin renovar su carné en el Registro Civil.
Con todo, eliminar del padrón a las personas por sí y ante sí, sin previo aviso ni publicación alguna, cambiando la legislación de la noche a la mañana, sin advertencia, me parece un atentado contra su derecho de sufragio.
Por lo tanto, anuncio la presentación de una indicación -no sé si aún es posible formularla considerando la urgencia del proyecto-, para graduar la aplicación del proceso que pretende limpiar el padrón electoral. Con lo propuesto, se busca hacer eso sin conocimiento ni autorización de los electores.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.

La señora ALVEAR.- Señor Presidente, en esta materia siempre he tenido dudas respecto del límite de edad de los 80 años -se lo manifesté en su momento al Honorable señor Sabag- y, también, de lo concerniente a los detenidos desaparecidos, que felizmente se excluyó del proyecto.
Me asusta lo relativo a los 80 años; más aún, cuando en nuestra población la esperanza de vida es cada más alta.
Es efectivo que personas mayores de esa edad no renuevan su cédula de identidad. Mujeres adultas, dueñas de casa -es muy corriente a esa edad- no han necesitado renovar su carné, pues no reciben pensión alguna.
Resulta, señor Presidente,¿

El señor PIZARRO (Presidente).- Señores Senadores, les pido silencio, por favor.

La señora ALVEAR.- ¿ que estamos quitándole automáticamente a un ciudadano o a una ciudadana su derecho a sufragio. Tales personas quedan inscritas de forma automática y, de igual manera, son eliminadas del padrón electoral por razones de edad, no sabiendo si están vivas o muertas.
Incluso más, respecto de la norma que regula este asunto tengo dudas de constitucionalidad. Estaba conversando sobre el punto con el Senador señor Zaldívar, quien comparte mi inquietud. Por ley, no podemos quitar a nadie la ciudadanía, consagrada en disposiciones constitucionales, por razones de edad.
Esta materia no se analizó en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Pero, a mi juicio, existen reparos constitucionales en cuanto al precepto en cuestión.
En consecuencia, si no se modifica lo propuesto en ese ámbito, me voy a abstener. No quiero ser responsable con mi voto de generar una situación sobre la que tengo una duda enorme, tanto por los efectos prácticos que pueda ocasionar como por la constitucionalidad de la disposición que la contempla.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, creo que las inquietudes que se han planteado son las mismas que nos preocupan a todos.
Entiendo y comparto el objetivo que motivó al Ejecutivo a presentar esta iniciativa: depurar el padrón electoral. Ello me parece correcto.
La pregunta es si con el mecanismo propuesto no estamos generando un nuevo problema. No actualizar el padrón significa que personas que pueden haber fallecido aún figuren en él. Hacerlo, en cambio, genera la posibilidad de excluir del proceso a personas mayores de 80 años que quieren votar y que no han renovado su carné en más de once años.
¿Será ese el camino correcto?
Debo confesar que no tengo claridad al respecto, por cuanto se juntan varios elementos en el análisis.
Por lo que me he informado, el problema de constitucionalidad no sería tal, ya que el Tribunal Constitucional se pronunció sobre esta materia. Solo reparó en la necesidad de mayor publicidad a la notificación del afectado. Por tanto, corrigiéndose esa dificultad -se logra en el proyecto-, se salva la inquietud de constitucionalidad.
Por otro lado, si a la persona se le venció el carné hace más de un año, no va a poder votar. En rigor, se autorizará a sufragar a quienes no han renovado el documento de identidad en hasta once años. En ese sentido, efectivamente, hay una norma que facilita el derecho a votar de las personas, en lugar de perjudicarlo.
Pero insisto en que se presentará un problema el día de las elecciones -el Senador Espina lo planteó bien-: gente que concurrirá a votar se dará cuenta entonces de que está marginada del padrón.
Esa será la dificultad más compleja. Ahí ya no se tratará de tener la cédula de identidad vencida, sino de no aparecer en el padrón, derechamente.
Tengo la impresión de que ese efecto puede ser muy contradictorio. Es muy complejo.
Ahora, si el Ejecutivo persiste en la norma, la voy a apoyar.
Pero quiero levantar la inquietud respecto de lo que puede ocurrir: personas que irán a votar, con el carné vencido, no aparecerán en el padrón electoral, lo cual es muy distinto de quienes concurrirán a votar y no podrán hacerlo por no tener vigente dicho documento.
Lo anterior, a mi juicio, puede ser muy complicado.
El día de la elección será tarde para discutir si la norma es constitucional o no, porque el Tribunal Constitucional ya fijó los criterios al respecto. Y si fuera inconstitucional, la reclamación se consideraría inoportuna. La gente no se satisfará con una explicación y ese día podrían generarse altercados en muchos lugares, como los ocurridos en la última elección primaria, a propósito de los cambios de mesa y de domicilio de los votantes.
Ese tipo de situaciones ensucia los actos electorales.
Por ello, yo también llamo a la reflexión y a estudiar si en la discusión en particular de la iniciativa todavía es oportuno introducir alguna indicación para corregir lo propuesto, por ejemplo, aumentando la edad tope en que la situación descrita se haría efectiva.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, me asiste la misma inquietud. Me la planteó primero el Senador señor Gómez.
Ante la duda, empecé a revisar la normativa constitucional.
A mi entender, efectivamente nos encontramos frente a un problema constitucional delicado. Si bien la iniciativa no establece expresamente que se quita la ciudadanía a las personas mayores de 80 años que no hayan renovado su carné en 11 años, se las priva de uno de los derechos esenciales que caracterizan la calidad de ciudadano, los cuales se hallan establecidos en el artículo 13 de la Constitución.
Dicho precepto señala: "Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva.
"La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran.".
Y el inciso segundo del artículo 28 bis propuesto, respecto de los mayores de 80 años que no han renovado su cédula de identidad en 11 años, dispone que "se considerarán inhabilitados para sufragar en la respectiva elección".
En el fondo, se sugiere una norma que contradice el artículo 16 de la Carta, que señala las causales por las cuales se pierde el derecho de sufragio. Dicha disposición constitucional dice:
"1º. Por interdicción en caso de demencia;
"2º. Por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista, y
"3º. Por haber sido sancionado por el Tribunal Constitucional" en las condiciones que indica.
Y más aún, el artículo 17 estipula cuándo se pierde la calidad de ciudadano. Como lo ha señalado el Senador Gómez, ello ocurre por pérdida de la nacionalidad chilena, por condena a pena aflictiva, por condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista.
Entonces, creo que efectivamente aquí estamos ante un problema constitucional.
Yo entiendo el sentido de lo que se pretende con esta normativa. Y concuerdo en que es bueno limpiar el padrón electoral y tratar de reducirlo a su realidad. Pero la verdad es que, tal como estamos legislando, pienso que se está cometiendo un error constitucional. Tengo una clara duda constitucional al respecto. Así también lo expresaron la Senadora Alvear, el Honorable colega Hernán Larraín, y me pareció habérselo escuchado al Senador Espina.
Se me ha planteado la posibilidad de aumentar la edad de 80 a 85 años. Yo firmé la indicación más que nada como un paliativo. Pero creo que no soluciona la cuestión de fondo. Aquí -como dije- hay un problema constitucional.
Debió haberse planteado como una disposición transitoria de la Constitución, haciendo las salvedades señaladas en los artículos 13, 16 y 17 de la Carta Fundamental. Tendría que haber sido una disposición transitoria que le diera consistencia a la normativa que estamos discutiendo ahora, incluso estableciendo una edad superior a la que se indica aquí.
Por esas razones, señor Presidente, me voy a abstener, sin perjuicio de haber firmado -como señalé- una indicación más que nada como una manera de evitar que el error constitucional sea aún mayor.
Gracias.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
Como no se encuentra presente, le corresponde intervenir al Honorable señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, lo que hace este proyecto de ley es resolver un problema que planteó el Tribunal Constitucional respecto de un punto específico: establecer un mecanismo de publicidad, y en segundo lugar, consignar un procedimiento de reclamo cuando una persona haya sido excluida del padrón electoral. Es decir, pretende resolver exactamente lo expuesto por dicho organismo.
Ahora bien, a mí me parece que es muy importante depurar el padrón electoral. La Directora del Servicio Electoral subrogante mencionó una cifra: hay 540 mil personas inscritas que tienen 80 o más años de edad, y en cuanto a los fallecidos, se presume un horizonte de 100 mil.
La verdad, señor Presidente, es que con una cifra de esa magnitud evidentemente es posible que se genere una suplantación o se produzcan irregularidades. Por tanto, lo único que garantiza que en un padrón electoral no se cometan irregularidades durante el proceso electoral es depurándolo con motivo de cada elección en particular. Por eso que el padrón es auditado.
A ello apunta exactamente esta iniciativa legal.
Por otro lado, en lo que respecta a llegar a consenso en torno al tema de los 85 años, estoy dispuesto a hacerlo. Pero para mí lo relevante es depurar ese padrón. Porque, si bien aquí se mencionó el ejemplo de una persona mayor de 80 años que concurre a votar y ha quedado excluida de ese padrón, no es menos cierto que genera mucha confusión el hecho de que en el registro aparezca gente que ya ha fallecido, que es lo que trata de resolver esta iniciativa legal.
La incorporación de 5 millones de ciudadanos, fruto de la inscripción automática, fue la que produjo el problema, porque desde el año 82 hacia delante se exigía registros computacionales para acreditar las personas fallecidas. El resto va a ser muy difícil de determinar por cuanto no hay datos conexos; solo existen antecedentes inconclusos.
En consecuencia, señor Presidente, creo que es un error dejar este tema abierto. Y, por lo tanto, lo que hace este proyecto es avanzar en la depuración del padrón electoral, en tratar de resolver el problema, de ir acotándolo.
Si se establecen 85 años, la verdad es que no tengo ningún inconveniente en ese sentido. Pero es necesario depurar el registro, sobre todo si aquí se está resolviendo aquello que planteó el Tribunal Constitucional en forma específica.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, no resulta del todo claro por qué no se pueden cruzar los datos del Registro Civil con los del Servicio Electoral.
En un país donde no se logra saber cuántas personas fallecen, a mí me empiezan a entrar las dudas de que haya un control exacto de cuántas nacen.
Hace algunos años, cuando discutíamos si las pensiones del INP o las que paga el Ministerio del Trabajo tenían de verdad una contraparte real, se nos informó que el 4 por ciento del millón y medio de las pensiones que se pagaban eran para beneficiarios que no disponían de cédula de identidad, es decir, para gente que había nacido pero que sus antecedentes estaban perdidos. Y se trataba de mayores de 85 años, respecto de los cuales no existía registro; ni siquiera contaban con el carné verde con hojitas, sino que simplemente no existía documentación. Por lo tanto, delegaban poder en un tercero para que les cobrara la pensión.
En consecuencia, tenemos un problema de registro de datos.
Cabe señalar que nuestro Servicio de Registro Civil es uno de los más modernos de América Latina; se caracteriza por ser de alto nivel y de buena calidad. No veo por qué, entonces, no existe hoy día un programa que pueda chequear todo aquello y permita que a las personas con derecho a voto este se les extinga solo con motivo de su fallecimiento.
La exclusión a priori es tremendamente compleja en un país donde cada día la tercera edad cobra mayor significado, más vigencia. Ella es lesiva para los intereses de estas personas.
En su oportunidad, este Senado aprobó un proyecto de acuerdo donde le solicita al Presidente de la República plantear ante las Naciones Unidas el establecimiento de la Declaración Universal de los Derechos del Adulto Mayor, así como también existe la Declaración Universal de los Derechos del Niño.
Por consiguiente, poner límites a la edad o hacer un padrón especial donde además se le enviará a la persona un mensaje a su dirección consultándole: "¿Está viva o está muerta?"; "Infórmenos si falleció o no falleció", resulta un poco absurdo.
Eso es lo que yo desprendo de este proyecto de ley, pues dice la norma pertinente: "¿ el Servicio Electoral deberá notificar a los electores incluidos en la nómina especial, mediante carta certificada". Y en esa nómina figurarán los electores excluidos en virtud de lo dispuesto en el inciso anterior, es decir, aquellos que se presumen muertos.
Considero que es un poquito ofensivo para la familia que le llegue una carta preguntándole si ha fallecido o no su familiar, y lo es más aún si está vivo, porque puede encontrarse en una delicada situación de salud.
La actualización de los registros, señor Presidente, es necesaria porque los datos son significativos y están en el informe: "a mayo del 2013 la información del Servicio de Registro Civil da cuenta de 45.884 mayores de 100 años;" -habrá que saber dónde están, ir a preguntarles la fórmula de vida- "76.531 mayores de 90 años y menos de 100, y 443.185 mayores de 80 años y menores de 90, lo que arroja un total de electores vigentes de 565.600 personas, de las que ha de presumirse un número indeterminado de fallecidos. Si según el INE Chile tiene para el año 2018 una proyección de 359.112 personas mayores de 80 años, la cifra de potenciales fallecidos podría estimarse en 200.000 personas.".
Señor Presidente, si bien estos antecedentes nos llaman la atención, necesitamos en forma urgente tener un control respecto de la natalidad y otro relacionado con los fallecimientos. Nuestro país cuenta con una tasa de natalidad que es inferior a los fallecimientos. Lo hemos dicho anteriormente. Ello ocurre no solo en Chile, sino también en diversas naciones de América Latina.
Por lo tanto, no me parece que la solución sea excluir a priori. Porque si alguien quiere suplantar a una persona fallecida, tendrá que conseguir su carné de identidad, y una suplantación masiva es extremadamente compleja y difícil.
Hay otros países -Venezuela, por ejemplo- cuyos padrones electorales o elecciones han sido cuestionados. Nosotros tenemos hasta Salvador Allende en los registros electorales actuales. Esta materia es altamente cuestionable dentro de los parámetros de la transparencia y de las garantías de un sistema electoral.
Eso es lo que pasa hoy día.
Yo quiero mejorar aquello. Chile sigue siendo un país donde las posibilidades de fraude electoral son mínimas. Y cuando han existido fraudes han sido sancionados, como ocurrió hace un año en Talcahuano con la elección municipal, donde se alteraron las votaciones.
En consecuencia, señor Presidente, lo que se propone acá resulta además ofensivo para las personas mayores de 80 años. Y muchos de los que están acá aspirarán a seguir votando a esa edad, por cuanto algunos nos han calificado de "animales políticos" -por así decirlo-, o bien, de "servidores públicos".
¡En todo caso, algunos de los señores Senadores que se encuentran cerca de esa edad tienen el legítimo derecho a plantear sus inquietudes personales¿!
Pero como aquí estamos legislando para el país y para una inmensa mayoría de chilenos, ojalá que podamos resolver este asunto de la mejor manera, sin violentar los derechos ni las sensibilidades de nadie.
Yo no sé si hay tiempo para formular una indicación. No me parece correcta la propuesta que se hace hoy, señor Presidente, y por eso la voy a votar en contra. Creo que corresponde a una determinación arbitraria que puede mejorarse. Y si no es así, que alguien lo explique en la Sala. Todo siempre es perfectible. Y este corte en los 80 o en los 85 años, sigue siendo malo.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, hay indicaciones presentadas. Por tanto, si usted lo desea, todavía puede renovar alguna.
Estamos en la votación en general del proyecto. En seguida nos ocuparemos de analizar las indicaciones.
Tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, aprovechando que la Directora del SERVEL subrogante se encuentra en este instante en la Sala, quiero consultar acerca de una situación bastante compleja.
Me gustaría saber si en lo que respecta a los discapacitados mentales, en caso de que los tribunales los hayan declarado en interdicción, la información pertinente está llegando al SERVEL. Porque sé de algunos que se encuentran en esa condición y que hoy día figuran en los registros electorales debido a la inscripción automática, pero desconozco si la totalidad de los tribunales han informado de ello al SERVEL.
Se trata de una situación compleja que se produjo por haber sido incorporados, al igual que todos los chilenos, mediante un registro automático para ejercer su derecho a voto.
Hago la consulta porque creo que este es uno de los puntos pendientes que debiéramos abordar.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa.

El señor NOVOA.- No voy a intervenir, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- Muy bien.
Tiene la palabra la Honorable señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, creo que varias de las inquietudes ya se han expresado. No obstante, quisiera volver sobre el planteamiento que hizo el Senador Hernán Larraín y preguntarle al respecto a la Directora del Servicio Electoral subrogante, si es que se puede.
La problemática que tenemos aquí dice relación con la existencia de un padrón que obtiene los datos del Registro Civil. Y este no tiene actualizada -por un tema tecnológico, que se inició a principios de los 80- la información antes de esa fecha, pues a partir de ella cuenta con los registros al día.
Sabemos lo importante que es tener un padrón electoral lo más depurado posible. Sin embargo, me parece bastante grave que una persona concurra a votar y no se halle inscrita en él. Esa situación es sumamente compleja. Y de hecho es "peor", según dijo el Senador Larraín, y yo comparto esa opinión.
Decirlo ahora significa no haber escuchado todas las discusiones que tuvimos al momento de debatir la inscripción automática, porque siempre supimos que esta iba a exhibir este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque los únicos padrones absolutamente limpios son aquellos con inscripción voluntaria. Y con relación a esta materia hay muchas legislaciones y prácticas comparadas que podemos observar en otros países.
El problema de contar con un padrón que no se encuentre cien por ciento depurado tiene que ver con que posibilita que haya fraude electoral. O sea, una persona se puede hacer pasar por otra. En el fondo, podría suplantar a alguien que hubiera fallecido y votaría igual.
Entonces, pregunto ¿qué es peor? Que una persona vaya a votar y se encuentre con que no puede hacerlo porque fue excluida del padrón electoral, dada la fórmula a que llegamos acá, o porque, como sostuvo el Senador Sabag, no renovó a tiempo su carné de identidad, pues lo hizo 15 días antes del proceso, y le quitamos su derecho a votar; o que no tengamos cien por ciento depurado el padrón. Esa es la consulta que hago al Ejecutivo o a la Directora del SERVEL subrogante.
Cuando nos comparamos con otros países -latinoamericanos y también europeos-, que experimentan exactamente los mismos problemas, ¿con qué nos encontramos? ¿Presentan problemas de fraude cuando no tienen depurados en un cien por ciento sus padrones electorales? ¿Los tienen o no? ¿Qué tan graves son estos? Hablo de naciones que cuentan con inscripción automática desde hace mucho más tiempo que nosotros. ¿Con qué realidad nos encontramos ahí? Porque en nuestro país tenemos solo dos experiencias al respecto, si consideramos las primarias, y todo nuestro análisis se basa en ellas. Pero, ¿qué pasa en el tiempo? Le pregunté al Ministro Larroulet cuánto nos vamos a demorar para que el Registro Civil tenga ingresado el cien por ciento de esta información. Me respondió que pueden pasar veinte años. ¡Veinte años es mucho tiempo en lo que respecta a elecciones!
Quiero saber qué tan problemático puede ser que no tengamos el padrón depurado en un cien por ciento y qué experiencias hay en otros países que presentan el mismo problema.
Quizás ahora no nos parece grave y nos resulta más delicado que una persona llegue a votar y no lo pueda hacer. Pero quizás en el tiempo, cuando se haya podido efectuar una mayor búsqueda de datos acerca de qué personas no han concurrido a ejercer su derecho -porque son poquititas las que acuden a sufragar-, se podrá llegar a saber, en cada mesa, quiénes no van a votar. Pero eso nos puede llevar a un problema mucho más grave, porque es posible que nos encontremos con que la no depuración completa del padrón ha permitido el fraude.
Eso es lo que me gustaría saber, porque en este minuto me parece supercomplejo que a través de una legislación como la que se halla en debate dejemos a las personas sin poder votar, pero quizás sea peor el efecto final.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba la idea de legislar (22 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Sabag, Uriarte y Walker (don Patricio).
Votó por la negativa el señor Navarro.
Se abstuvieron la señora Alvear y los señores Gómez, Tuma y Zaldívar (don Andrés).


El señor PIZARRO (Presidente).- En consecuencia, queda aprobado en general el proyecto.
Antes de entrar en la discusión en particular y ver las indicaciones, le voy a dar la palabra al señor Ministro para que responda las consultas que formularon los señores Senadores.

El señor LARROULET (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, se han hecho preguntas muy específicas. Y me gustaría cederle la palabra, si usted lo permite, a la Directora del SERVEL subrogante, pero antes, a propósito de la consulta de la Senadora Von Baer, quiero decir que el Ejecutivo ha trabajado con el Servicio Electoral en este proyecto de ley, precisamente, porque consideramos de enorme importancia contar con un registro electoral y también con un padrón electoral que no generen ningún tipo de dudas sobre los procesos electorales en la ciudadanía.
Cuando uno tiene en un registro y en un padrón electoral un número significativo de personas que por distintas razones han fallecido, dadas las complejidades de poder depurar dicho registro y ese padrón, pues toma mucho tiempo hacerlo, creemos que hay un valor superior: contar con un padrón electoral que genere la confianza suficiente en la ciudadanía.
Por eso es que hemos insistido en este trabajo. Hemos buscado un acuerdo y un consenso con el mayor respaldo técnico posible, toda vez que sabemos que este constituye un interés común del Gobierno, del Congreso, de la mayoría de la ciudadanía.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora del Servicio Electoral subrogante.

La señora CABRERA (Directora del SERVEL subrogante).- Señor Presidente, por su intermedio pasaré a responder las consultas efectuadas por los señores Senadores.
La primera dice relación con las personas nacidas en el extranjero.
Los chilenos nacidos en el extranjero, a efectos de ejercer el derecho a sufragio, deben cumplir constitucionalmente el requisito del año de avecindamiento, situación que solo puede ser acreditada por la Policía de Investigaciones.
Existen en la normativa dos vías a través de las cuales se puede obtener esa acreditación: de oficio, por medio de la PDI, que nos informa mensualmente sobre la situación, o mediante un requerimiento del ciudadano en el que nos señale directamente el cumplimiento del requisito; así nosotros lo incorporamos al Registro.
Entonces, está contemplada en la ley N° 18.556 la forma como se pueden incorporar al Registro Electoral las personas que se encuentran en aquella circunstancia.
Con relación a lo que señalaba el Senador García-Huidobro, debemos tener presente que una de las causales de exclusión del Registro Electoral es la interdicción por causa de demencia, solamente; es decir, la declarada por un tribunal. Y para ello debe mediar una solicitud presentada por la familia o por los encargados de aquellos que sufren esa discapacidad. Únicamente en tal caso podemos excluir del Registro a estas personas, quienes siguen figurando en él hasta que se realice el referido trámite.
Por último -me hago cargo de lo que expresaba la Senadora Von Baer-, resulta indudable que a un sistema electoral le interesa que en el Padrón se encuentren todos los que pueden votar. Esto es lo más importante.
Es factible que de repente tengamos gente de más por no haber efectuado el proceso de depuración. Pero ese no es el fuerte del Padrón. Lo que se debe garantizar es que en él figuren todos los habilitados para votar.
Los casos de fraude en Chile son mínimos. El sistema -Sus Señorías lo conocen- no permite una situación grosera en cuanto a la existencia de hechos específicos de tal índole registrados en algún momento.
Nosotros somos muy cuidadosos, y trabajamos directamente con el Registro Civil para que la información cruzada entre ambos Servicios sea lo más depurada y actualizada posible.
Lo que se plantea hoy día aquí, en el Senado, es una solución a un problema que constituyó un escándalo.
Si Sus Señorías recuerdan, nosotros estábamos muy tranquilos con nuestro Registro y con nuestro Padrón, pero bastó que figuraran personas fallecidas para que se elevara una voz fuerte relacionada con los problemas que presentaba uno u otro.
La solución diseñada por el Ejecutivo, de la cual nos hemos hecho cargo, es la depuración del Padrón en cuanto sea factible.
Nosotros nos hacemos cargo de que no se puede depurar nuestro Padrón en cien por ciento. Ello es así en todos los países, porque en la vida de las personas se registran situaciones en plazos que imposibilitan la actualización inmediata de los antecedentes. Entonces, siempre va a existir gente que el día de la votación se encuentre muerta o que por alguna situación específica no deba estar en el Padrón y figure en él.
En definitiva, la solución propuesta nos conviene como Servicio y como sistema electoral, aunque nos permita una depuración mínima.
Gracias, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Secretario, pasemos a las indicaciones.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Están en primer término las presentadas al artículo 28 bis, nuevo, que la Comisión de Gobierno sugiere incorporar a la ley N° 18.556.
La primera indicación, del Senador señor Tuma, recae en la parte inicial de esa norma, y propone remplazar el guarismo "80" por "95".
La segunda sugiere sustituir "80 años o más" por "85 años o más". Fue formulada por los Senadores señora Alvear y señores Espina, Zaldívar y Sabag.

El señor PIZARRO (Presidente).- Vamos a pedir que se toquen los timbres, porque las indicaciones son de quórum especial.
En discusión las indicaciones recaídas en el artículo 28 bis, nuevo.
Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, el objetivo de la indicación que eleva el guarismo de "80" a "95" es minimizar el número de personas que pueden quedar sin derecho a voto.
Naturalmente, el Servicio Electoral persigue depurar el Padrón. En este sentido, creo que excluyendo a las personas que hace muchos años cumplieron 95 años y a las que fallecieron podríamos limpiarlo hasta un nivel razonable sin arriesgarnos a que una inmensa mayoría de adultos mayores quede impedida de votar por no haber renovado su carné.
He dicho.

El señor ESPINA.- Votemos.

El señor ORPIS.- ¿Cuál indicación se votará?

El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, nos pronunciaremos primero sobre la indicación que propone remplazar "80" por "85". De aprobarse, es evidente que se caerá la que sustituye "80" por "95".
--Así se acuerda.

El señor PIZARRO (Presidente).- En votación.

El señor SABAG.- ¿Cuántos votos favorables se necesitan?

El señor PIZARRO (Presidente).- Veintiuno, señor Senador.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.

--Se rechaza la indicación que remplaza el guarismo "80" por "85", por no haberse reunido el quórum constitucional requerido (16 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Gómez, Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Sabag y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Frei (don Eduardo), Horvath, Muñoz Aburto y Prokurica.
Se abstuvieron los señores Lagos, Tuma y Walker (don Patricio).


El señor PIZARRO (Presidente).- Queda rechazada también la indicación del Honorable señor Tuma y, en consecuencia, se mantiene el guarismo "80".

El señor TUMA.- ¡Mi indicación no se ha votado!

El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, si no se aprobó la que sustituía "80" por "85", menos se va a acoger la que propone el guarismo "95". Hubo votos en contra y abstenciones.

El señor TUMA.- ¡Votemos!

El señor PIZARRO (Presidente).- Está en su derecho a solicitarlo, señor Senador, pero...

El señor TUMA.- Bien.
El señor NOVOA.- ¡Transemos en 108¿!

El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde analizar las indicaciones presentadas por el Ejecutivo.

El señor GARCÍA.- Deseo plantear un punto de Reglamento, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Consejero del SERVEL señor Patricio Santamaría, quien solicitó autorización para intervenir.

El señor KUSCHEL.- ¡Reglamento, señor Presidente!

El señor SANTAMARÍA (Consejero del SERVEL).- Señor Presidente, Honorable Senado, recién, y en forma muy breve, la Directora del Servicio Electoral subrogante recordó la situación que se produjo en las últimas elecciones municipales, que revistió incluso caracteres de escándalo, con motivo de haberse incluido en el Padrón a personas fallecidas o desaparecidas.
Ello, además, tuvo para el Servicio Electoral un efecto institucional bastante grave.
Hasta antes de esos comicios, cuando dicho Servicio definía el Padrón, un 7 por ciento de la ciudadanía, según el "Observatorio de la Democracia", entendía que podía haber índices de corruptibilidad en la definición de aquel y en el tema electoral.
Después de las elecciones municipales de octubre del 2012, ese índice subió al 38 por ciento. Obviamente, hubo otras razones. Pero, sin duda, una muy importante fue que aparecieran en el Padrón el ex Presidente Allende -como Sus Señorías recordarán- y muchas otras personas notables ya fallecidas.
Algunos señores Senadores se han preguntado por qué -a mí también me costó entenderlo-, con los niveles técnicos e informáticos existentes, sobre todo en el Registro Civil, no podíamos recibir la información de este Servicio.
Debo recordar que hoy día el Servicio Electoral no tiene facultades para generar el Padrón. Solamente recibe información de diferentes instituciones. A partir de ahí se elabora aquel.
¿Qué hace que 565 mil personas de entre 80 y 139 años de edad aparezcan en el Registro Civil como vivas?
Ese es el rango que hay. ¡Lejos hemos establecido uno o varios récords Guinness!
De esa cantidad de personas de entre 80 y 139 años de edad, 108 mil no han renovado su cédula de identidad desde 2002. No han cobrado una pensión. Ni siquiera podrían haber venido a visitar este Honorable Congreso.
De hecho, no votaron en las últimas elecciones.
No recibieron la votación de esas 108 mil personas dos Presidentes de la República; todos los miembros de este Senado y los de dos Cámaras de Diputados, y, probablemente, los representantes de tres gobiernos locales.
El problema estriba en que se trata de personas nacidas antes de 1982 y que no tienen RUN.
Esto parece bastante fácil; está en registros manuales.
Cuando aparece un certificado solo con el primer nombre y el primer apellido -como ocurrió en el caso del ex Presidente Allende-, por lo restrictivo de las normas -y debe ser así- que maneja nuestro Servicio, no se puede eliminar ningún registro.
En el caso del ex Presidente Allende hubo que realizar un estudio, el que abarcó tres páginas. Podemos hacerlo llegar a cada Senadora y Senador -porque no es un documento reservado- para que conozcan la investigación que se debió efectuar para poder inscribir la defunción pertinente.
Por tanto, respecto a lo que planteó el Senador Navarro, el nombre del señor Allende ya no figura en el Registro Civil ni en el Padrón Electoral.
Empero, siguen apareciendo aquellas 565 mil personas de hasta 139 años de edad.
Un caso muy concreto.
Hay un certificado de defunción aplicable a 23 primeros nombres y primeros apellidos. De alguna manera lo hemos graficado en la modernización que ha tenido nuestro país. Pero quedan algunos resabios, ciertos rezagos. Y este es uno de los importantes. Como Sus Señorías ven, afecta al sistema democrático y a un organismo tan relevante como el Servicio Electoral.
Ante eso, ¿qué se hizo?
El Ejecutivo envió una iniciativa de ley.
Hace dos meses este Honorable Senado aprobó, con menos publicidad, un proyecto que permitía exactamente lo mismo: que a personas de 80 años o más que en los últimos 15 años no habían renovado su cédula de identidad las excluyéramos del Padrón, las notificáramos y les diéramos la posibilidad de reincorporarse a través de los distintos recursos judiciales.
Además -y en esto quiero hacer hincapié-, se facultaba al Servicio Electoral para que a los menores de 80 años de edad -de 30, 40, 50, 60- que no hubieran renovado su carné en los últimos 21 años también los excluyera del Padrón, sobre la base de que era un período suficientemente largo como para que alguien, aunque viviera en el campo, no hubiera gozado de beneficios previsionales, celebrado un contrato de trabajo, etcétera.
La Cámara Alta -reitero- aprobó dicha iniciativa. Hubo -les consta a los Senadores señora Alvear y señor Zaldívar, y al propio Senador Sabag- un control de constitucionalidad en el aspecto señalado. Y el Tribunal pertinente estimó que era constitucional la posibilidad de aplicar esa solución, por una razón muy sencilla: si no, se habría objetado la obligación de acreditar la identidad en el momento de llegar a sufragar. Ese es un requisito de la ley: para poder votar, uno debe acreditar su identidad. Y ello no significa que sea inconstitucional por la existencia de normas de la Carta Fundamental que establecen el derecho a sufragio.
Veo que se acaba mi tiempo, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- Así es.

El señor SANTAMARÍA (Consejero del SERVEL).- Termino de inmediato. Excúseme. Seré muy breve.
Es la primera vez que hablo en el Senado. ¡Y a lo mejor es la última...!, me dice el Honorable señor Horvath.
Aquel es el punto, señor Presidente. El Tribunal Constitucional estimó que era constitucional porque se establecía un requisito mayor.
Si mi cédula de identidad y mi pasaporte se me quedan en la casa, no puedo votar. Con mayor razón si en los 11 años precedentes no he sufragado en ninguna elección ni he renovado mi carné.
Donde sí hubo un problema, pero muy acotado, fue en la publicidad.
Uno dice: "El Tribunal Constitucional rechazó". Pero hubo empate entre diez miembros. Finalmente, lo que definió que faltaba publicidad en el proyecto que aprobaron el Senado y la Cámara de Diputados fue el voto dirimente del Presidente de ese órgano.
Cinco Ministros estuvieron por la constitucionalidad de la publicidad. Si el voto dirimente del Presidente se hubiese emitido en esta línea, la ley proyectada se estaría aplicando; probablemente, los señores Senadores estarían tratando otra materia, y nosotros tendríamos la posibilidad de no repetir una situación como la que se registró en las elecciones municipales de 2012, que provocó graves problemas al Servicio Electoral.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- Seguiremos con las indicaciones presentadas.

El señor GARCÍA.- Pido la palabra.

El señor PIZARRO (Presidente).- La tiene, Su Señoría.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, le solicito que recabe la unanimidad de la Sala para repetir la votación de la indicación vinculada con los 85 años, pues hubo abstenciones y votos negativos probablemente porque algunos colegas pensaron que se trataba de la presentada por el Senador Tuma, que planteaba el guarismo "95".
A lo mejor una nueva votación permitiría aprobar los 85 años, que me parecen más razonables que 80.

El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, la norma pertinente es de quórum especial: o sea, para aprobar una indicación recaída en ella es necesario reunir los votos exigidos por la Carta.
Lamentablemente, no es posible repetir la votación.
Corresponde ocuparse en las indicaciones que el Ejecutivo formuló al inciso tercero del artículo 28 bis.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El Gobierno presentó dos indicaciones al inciso tercero del artículo 28 bis.
Mediante la primera remplaza el término "veinte" por "ochenta". Por ende, de aprobarse, la primera frase diría: "Entre los ciento ochenta y los noventa días anteriores a una elección o plebiscito, el Servicio Electoral deberá notificar a los electores incluidos en la nómina especial mediante carta certificada¿".
La segunda indicación es para incluir la expresión "o de poder ser" después de "circunstancia de haber sido". Si se acogiera, la parte correspondiente del inciso quedaría así: "deberá notificar a los electores incluidos en la nómina especial, mediante carta certificada dirigida al domicilio electoral consignado en el Registro Electoral, la circunstancia de haber sido o de poder ser excluido del Padrón Electoral de la elección de que se trate, en virtud de este artículo.".
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación ambas indicaciones, porque están ligadas.

El señor MUÑOZ ABURTO.- ¿Son de quórum especial?

El señor PIZARRO (Presidente).- Sí, señor Senador.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.

--Por 22 votos a favor, se aprueban las indicaciones del Ejecutivo, dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido, y queda despachado en particular el proyecto.
Votaron las señoras Alvear, Rincón y Von Baer y los señores Chahuán, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Sabag, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).


El señor PIZARRO (Presidente).- Agradecemos la participación del señor Ministro y de los señores representantes del Servicio Electoral.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa una solicitud de permiso constitucional del Honorable señor Pizarro para ausentarse del país entre los días 12 a 19 del mes en curso.
--Se accede.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Se encuentra con nosotros, en las tribunas, la Embajadora de Palestina, señora Mai Al Kaila, quien termina su misión diplomática en Chile, a la que esta Corporación acordó rendirle un homenaje en reconocimiento a la fructífera labor de acercamiento que ha realizado entre nuestros pueblos.
Si le parece a la Sala, ello se efectuará ahora y después proseguirá el Orden del Día.
Acordado.


HOMENAJE A EMBAJADORA DE PALESTINA, SEÑORA MAI AL KAILA, CON MOTIVO DE TÉRMINO DE MISIÓN

El señor PIZARRO (Presidente).- Ofrezco la palabra, en primer lugar, al Honorable señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, el Senado rinde homenaje hoy a la Embajadora de Palestina, doctora Mai Al Kaila, con motivo de concluir el tiempo de su designación en Chile, iniciada hace poco más de siete años.
Durante este período, la labor que ella ha desplegado permitió comprobar con creces las positivas expectativas que se despertaron desde el comienzo a raíz de su abultado currículum, en el cual es preciso destacar su especialización en Obstetricia y Ginecología, y su participación en Al Fatah y en la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, además de su condición de miembro honorario de decenas de organizaciones no gubernamentales nacionales, regionales e internacionales, con especial énfasis en movimientos de mujeres, justicia, paz y derechos humanos.
Teníamos fundados motivos, entonces, para esperar que cumpliera de manera eficiente su misión, pero lo que no podíamos prever es que importara tanto valor como persona y pudiésemos estrechar tan sólidos lazos de amistad, los cuales hacen especialmente emotiva su partida.
Confirmando con hechos su trayectoria, ha sido capaz de forjar amistades profundas y duraderas y de facilitar de manera enorme la fluidez de las relaciones de la comunidad palestina residente, así como también con otras y con los dirigentes políticos llamados a promover la causa del reconocimiento de esa nación.
Sin duda, representar a Palestina no es lo mismo que ser embajador de cualquier otro país, pues es algo que ofrece particularidades que lo convierten en un caso especial dentro de la comunidad mundial.
Y, en relación con Chile, es además uno de los lugares de donde ha surgido el mayor número de inmigrantes. En efecto, nuestros compatriotas de origen árabe llegan a unos 800 mil, y de estos, entre 450 mil y 500 mil son palestinos, básicamente provenientes de Belén, Beit Jala, Beit Sahour y Beit Safafa.
Por lo demás, cuatro de cada cinco arribaron a Chile en las tres primeras décadas del siglo pasado. Es decir, se trata de familias enteras que ya se han integrado plenamente a nuestra sociedad, de la cual son una parte importantísima tanto desde el punto de vista social como económico y político. No en vano en esta misma Sala somos varios los descendientes de árabes y ostentamos con mucho orgullo esa condición.
Es preciso sumar, por cierto, un centenar de nuevos llegados en el año 2008, quienes huían de los combates que han venido recrudeciendo en territorio palestino.
Es a un país que ya exhibía una fuerte vinculación con esas raíces, entonces, al que se trasladó la doctora Mai Al Kaila para cumplir sus funciones diplomáticas. Y en el momento de su partida es justo reconocer que lo ha hecho de manera brillante, con sabiduría y prudencia, sabiendo cuándo y cómo forjar la unidad de la colonia y apelar a las autoridades para los objetivos palestinos.
Basta recordar que fue durante su gestión que Chile apoyó la demanda de Palestina por ser reconocida como nación por la Organización de las Naciones Unidas.
Permanentemente hemos sido muchos, no solo los descendientes de árabes, los que hemos brindado apoyo a dicha exigencia y a la atención a las víctimas de un conflicto que se arrastra por demasiados años.
El ya señalado es un logro de la mayor trascendencia, porque son miles las personas, en todo el mundo, que aguardaban con ansias su materialización.
Y se manifestó, al mismo tiempo, un claro compromiso de Chile con una vocación internacional en favor de la paz y del respeto por todos los grupos, con total independencia de conveniencias o presiones.
Era una tarea sumamente difícil y la doctora Mai Al Kaila logró sortearla con pleno éxito.
Más importante aún fue que obtuviera, durante su gestión, que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera reconociese a Palestina como Estado, con todo lo que ello implica en términos de intercambio, cooperación y apoyo entre ambas naciones, amén del posicionamiento de la propia Embajadora como representante de Palestina ante las autoridades nacionales.
Tal declaración trae consigo un amplio camino de posibilidades de desarrollar iniciativas de común interés para palestinos y chilenos, así como también de continuar mejorando las condiciones de vida de los inmigrantes y ampliando su capacidad de contribuir a la tierra que los ha acogido.
Y todo ello ha sido factible, en gran medida, por la persistencia y los buenos oficios de nuestra amiga Embajadora. Estos hitos son demostración palpable de sus logros como representante del Gobierno palestino, en especial cuando se consideran, como ya hemos dicho, las difíciles condiciones que enfrenta esa nación.
En el papel es fácil para todos decir que queremos la paz, pero se trata de encontrar soluciones, y en ese sentido nos hemos comprometido, como sociedad, con las propuestas palestinas. Cuando se tienen que enfrentar intereses contrapuestos y presiones de todo tipo, así como la necesidad de armonizar el bienestar de unos y otros, decidir el apoyo a todo un pueblo siempre ha de estar dentro de las prioridades, pero, más allá de consideraciones éticas, es preciso asumir que se trata de un asunto político, por lo que la obtención de ese respaldo es la mejor demostración de las habilidades de nuestra homenajeada.
Si a lo anterior sumamos la evidente mayor unidad de la colonia residente que se ha alcanzado durante este tiempo, se justifica con creces el presente reconocimiento.
Por todas estas razones, pero en especial porque hemos aprendido a conocerla y estimarla, le deseamos a la doctora Mai Al Kaila el mayor de los éxitos en sus nuevas responsabilidades, seguros de que obtendrá el mismo que logró entre nosotros, y aprovechamos de enfatizarle que en Chile siempre tendrá buenos amigos.
Solo nos queda agradecerle su generosidad y disposición para asistir siempre a nuestros compatriotas de origen palestino.
Le brindo este reconocimiento en mi nombre y, por supuesto, en el de toda la bancada de la Democracia Cristiana.
Muchas gracias.
--(Aplausos en Sala y en tribunas).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente; Honorable Sala; integrantes de la colonia palestina que hoy nos acompañan; estimados representantes de sus organizaciones en nuestro país; queridos amigos; Embajadora y amiga Mai Al Kaila:
¡Salam aleikum!
Es un privilegio para este parlamentario rendir un merecido homenaje a la Excelentísima señora Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria del Estado Palestino en Chile, doctora Mai Al Kaila, con motivo del término de su misión diplomática, caracterizada por un gran acercamiento entre nuestros pueblos al que ella ha contribuido con su trabajo integrador de tanta importancia.
La doctora Mai Al Kaila asumió su cargo en noviembre del año 2005, después de una fructífera y extensa trayectoria como médico en su país y defensora de la causa palestina, y fundamentalmente de los refugiados.
Nació en Jerusalén en 1955, cursando estudios en las escuelas católicas de Bir-Zeit y Ramallah. En 1975 se graduó como enfermera en la Escuela de la Federación Luterana Mundial en Jerusalén.
Pero sus aspiraciones eran mayores, y así fue como posteriormente se trasladó a España, donde cursó estudios de medicina en la Universidad de Granada, en la cual obtuvo el título de médico cirujano en 1983.
Durante ese período, fue Directora y Secretaria General de la filial de la Unión General de Estudiantes Palestinos, organización en la cual el Senador que habla también participó a través de la filial en nuestro país.
Una vez que regresó a su patria, y a raíz de actividades en defensa de su pueblo, Mai Al Kaila tuvo que sufrir el encarcelamiento, en 1986, en recintos penales israelíes.
Posteriormente cursó un posgrado en la Universidad de Berkeley, en California, Estados Unidos, donde obtuvo en 1992 el grado de magíster en Salubridad Pública. Más tarde, en 1997, le fue otorgado el título de especialista en ginecología y obstetricia.
En forma paralela al ejercicio profesional, en el que puso sus conocimientos a total disposición de sus compatriotas, especialmente en programas de planificación familiar y maternidad segura, destacó, desde muy joven, por su participación en la causa palestina y en la defensa de los refugiados tanto en la Franja de Gaza como en la Ribera Occidental.
Entre 1992 y 1995, después de fundar la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, participó activamente, en representación de esa entidad, en diversas conferencias y encuentros internacionales, destacando por la defensa de los derechos humanos y del Movimiento de Mujeres de su país.
Fue miembro del Comité Superior de Al Fatah entre 1993 y 2005 y se desempeñó como Secretaria General del Movimiento de Mujeres de Al Fatah entre 1999 y 2005. De igual modo, desde 1992 hasta 2005 presidió la Asociación de Mujeres de Bir-Zeit, ciudad donde vive su familia y es alcalde su hermano, a quien tuvimos el honor de conocer hace algunos meses.
Todos estos relevantes méritos, unidos a sus diversas presentaciones en distintas instancias internacionales y a diferentes documentos que elaboró para la defensa de los derechos de su pueblo, llevaron a las autoridades de su nación a nombrarla, en 2005, Jefa de la Misión Diplomática en Chile.
Nuestro país cuenta con la comunidad palestina más numerosa en el exterior, después de Jordania, habiendo contribuido sus integrantes, en variados ámbitos de acción, a nuestro desarrollo económico y social, así como también a nuestra cultura y bienestar. Hay trescientos mil chilenos de ese origen. Por eso fue tan importante su designación.
La doctora Mai Al Kaila ha hecho grandes esfuerzos por sellar la hermandad entre ambas naciones y ha podido traer a muchos refugiados que encontraron su segunda patria en Chile, donde fueron acogidos en forma muy generosa. A ello obedece que se hayan integrado plenamente al seno de nuestra sociedad.
Quiero destacar la actividad de la Embajadora para que nuestro país pudiera acoger a refugiados que se encontraban en la frontera entre Iraq y Siria, personas en condición de apátridas que no habían sido reconocidas por el gobierno de Saddam Hussein. De esa forma, logró que en La Calera, Recoleta y Ñuñoa se recibiera a un grupo importante que se ha integrado plenamente a nuestra nación.
Ese también es un mérito muy particular suyo, Mai.
Durante el ejercicio de su misión, asimismo se preocupó de fortalecer los lazos entre Chile y el Estado Palestino, reconocido oficialmente en el año 2011. Participó activamente en organizaciones de la colectividad, tales como la Federación Palestina, la Fundación Belén 2000, la rama chilena de la Unión General de Estudiantes Palestinos y el Club Palestino.
No es menor que, durante el ejercicio diplomático de Mai Al Kaila, el Gobierno del Presidente Piñera tomara la importante decisión de reconocer al Estado Palestino. Este hecho histórico fue fruto de la voluntad de la actual Administración, de las organizaciones que coadyuvaron para tal efecto, pero, fundamentalmente, de la activa participación de la Embajadora.
Por su activa labor en favor de la integración entre ambos países, nuestro Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, la distinguió recientemente con la Orden al Mérito de Chile, en el grado de Gran Cruz, que es la máxima condecoración con la que se premian los servicios destacados prestados por extranjeros.
Nuestro país tiene la más grande colonia de palestinos en la diáspora, y es la primera vez que el Estado otorga ese galardón, muy merecido, a una persona oriunda de Palestina, lo cual demuestra nuestro reconocimiento a la inmensa labor de la Embajadora en favor del acercamiento entre ambas naciones, de la amistad y del fortalecimiento de diversos vínculos.
Cabe recordar que, durante el mandato de la doctora Mai Al Kaila, se verificó la primera visita oficial de un Jefe de Estado chileno a Palestina, efectuada por el Presidente Sebastián Piñera. En esa oportunidad se celebraron innumerables convenios de cooperación, entre ellos uno relativo a la policía que está pronto a hacerse efectivo, los que muestran el compromiso y la cercanía entre ambos pueblos. Ello quedó rubricado en el abrazo cordial entre los Presidentes Mahmud Abbas y Sebastián Piñera.
Estamos ciertos de que la doctora Mai Al Kaila puede regresar a su patria con el legítimo orgullo de haber cumplido a cabalidad con su importante cargo y, por esta misma razón, no nos cabe duda de que el gobierno de su país la ha destinado a una importante, grata, nueva e interesante misión, esta vez en Italia, que Mai cumplirá con igual dedicación y vocación de servicio público, y de que continuará defendiendo los derechos de sus compatriotas -como siempre lo ha hecho- ante los diversos embates que ha debido enfrentar.
No puedo terminar estas palabras sin destacar antes que uno de los motivos del trabajo mancomunado que ha realizado Mai para generar una cooperación importante ha sido, sin duda, la presencia relevante de palestinos y de hijos de palestinos en nuestro país, que sienten igual compromiso con Chile y Palestina.
Eso finalmente llevó a que Mai se embarcara en una cruzada de hermanamiento de ciudades palestinas y chilenas.
Hace poco concurrimos a la firma de un convenio de hermandad entre Valparaíso y Birzeit, ciudad en la cual -ya lo señalamos- el clan, la hamûla de la Embajadora, es particularmente conocida. Y estoy muy orgulloso de que dicho convenio se haya firmado con nuestra ciudad de Valparaíso. Pero también podemos mencionar los acuerdos de hermandad de Belén con Villa Alemana y de Beit Jala con La Calera.
Doctora Mai Al Kaila, distinguida Embajadora, querida amiga, quiero felicitarla con sinceridad por la labor desempeñada en nuestro país, la cual agradecemos profundamente, y le deseamos mucho éxito en el regreso a su patria, con la satisfacción del deber cumplido.
Mai, ¡shukran!
He dicho.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.

El señor ESCALONA.- Señor Presidente; Honorables colegas; estimada Embajadora de Palestina, señora Mai Al Kaila; señores diplomáticos que la acompañan, y representantes de la comunidad palestina que se encuentran con nosotros esta tarde:
Se hace un homenaje a una persona por diferentes razones: por su trayectoria; por su esfuerzo académico o intelectual; por los descubrimientos científicos que puede haber hecho en favor de la humanidad. En este caso, el Senado de Chile le rinde homenaje a Mai Al Kaila por su brillante labor diplomática.
Efectivamente, como señalaron los Senadores Sabag y Chahuán, este no es un hecho habitual: la sola circunstancia de que representantes de las diferentes bancadas, tanto de Gobierno como de Oposición, se hermanen en este homenaje comprueba que, como embajadora, ha realizado un trabajo sagaz, lúcido, perspicaz y de una valiosa contribución a su pueblo, que espera alcanzar el gran propósito de tener su propio Estado independiente, de transformar a Palestina en una nación-estado, en consonancia con los avances de la civilización del siglo XXI.
Naturalmente, no es tarea fácil. Para que Palestina obtenga el Estado que le corresponde existen poderosos obstáculos. Son influyentes, gravitantes, tanto en la arena externa como en nuestro propio país.
Aún hay un sector en la comunidad internacional que permanece con la ceguera de pensar de acuerdo a como el mundo era antes de 1989. Desde el derrumbe del Muro de Berlín ha pasado ya casi un cuarto de siglo. El planeta ya no se divide entre Este y Oeste, o entre bloque soviético y antisoviético; ha ido evolucionando en una nueva perspectiva.
Cuando la Unión Soviética colapsó, pasamos a un mundo unipolar, con una gran y única potencia, cuya voz decidía los asuntos del orbe. Pero, en poco tiempo, se ha evolucionado a una situación de mayor normalidad. Se ha ido configurando un mundo multipolar. Han emergido con fuerza otras potencias, como el sorprendente caso de China. Y, a pesar de sus dificultades económicas en los últimos años, la Unión Europea también se ha consolidado como gran protagonista internacional.
En lo que respecta a nuestra región, América del Sur ha logrado mantener, en el curso de los últimos años, una línea de creciente gravitación. Y no hemos retrocedido hacia las épocas de las dictaduras, que tanto costo nos significaron.
Han surgido nuevas alianzas, como el entendimiento entre Brasil, Rusia, India y China, países a los que después se agregó Sudáfrica, constituyendo ahora el BRICS (con una ese final).
O sea, el mundo es diverso; muestra distintos protagonistas. Y, en él, Palestina tiene su espacio y su rol, que es insustituible.
¡Cuánto ayudaría a la paz mundial que Palestina lograra su propio Estado independiente!
¡Qué lástima que todavía haya personas -cuyas voces son muy poderosas en el mundo y, por lo tanto, decisivas- que siguen pensando que no es bueno que Palestina tenga su propio Estado!
Basta mirar lo que está pasando ahora en las naciones cercanas, en su entorno inmediato.
Estoy seguro de que la lucha que ha dado el pueblo palestino ha generado en su país líderes políticos sabios, experimentados, que han logrado superar profundas dificultades.
No es fácil vivir en la diáspora cuando se es perseguido. Es duro el exilio. Más dura todavía es la persecución interna. Y peor aún, la cárcel, que usted misma ha sufrido, señora Embajadora, por sus ideas y por el derecho a la existencia de su pueblo como Estado independiente.
Sin embargo, eso también forma políticos capaces de gobernar y de mirar hacia el futuro.
Yo estoy seguro de que un Estado independiente de Palestina en el Medio Oriente sería una poderosísima contribución al entendimiento entre esas naciones, a la paz, a la superación de las severas dificultades que hoy están enfrentando. Un Estado palestino independiente ayudaría a la superación de la intolerancia religiosa. Palestina tiene políticos sabios que contribuirían a superar el fanatismo, los enfrentamientos estériles, la confrontación irracional.
Y usted, señora Embajadora, ha hecho un enorme aporte a que esta noción, estas ideas sean también conocidas en nuestro país, que se halla tan lejano: son miles los kilómetros que nos separan geográficamente.
Pero con su esfuerzo y su trabajo hemos tenido aquí, por ejemplo, expresiones culturales de Palestina que nos han maravillado. En el propio Salón de Honor del Congreso Nacional nos honraron con su presencia y su participación jóvenes palestinos que nos mostraron toda su fuerza y su capacidad creativa.
Hemos conocido de sus figuras en el mundo de la cultura, de la investigación científica; de cómo, pese a las condiciones difíciles de su pueblo, ellos igual logran dar vida a sus propios conceptos, a su propia creatividad, al ejercicio de su libertad creadora; de cómo defienden su condición de persona y, al mismo tiempo, luchan por su comunidad nacional.
Son un ejemplo.
Y usted, señora Embajadora, ha efectuado una poderosísima contribución para que Chile se haga parte en el esfuerzo que se lleva adelante en su tierra.
Como nobleza obliga, valoro lo que ha realizado el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera: el reconocimiento que ha hecho de Palestina, de su presencia en su tierra. Han sido pasos valientes los del Primer Mandatario. Y yo, como opositor, reconozco el coraje que ha habido en esas decisiones políticas, que han acercado aún más a Palestina con Chile.
Señora Embajadora, le deseamos que la tarea, tan digna pero tan firme, tan suave pero tan resuelta, que usted ha llevado adelante en nuestro territorio, continúe entregando sus frutos para su pueblo en otras latitudes, donde su patria, o su Estado -que está en formación-, la designe para que continúe trabajando por un Estado palestino independiente y por la paz y el entendimiento entre las naciones.
¡Que le vaya muy bien, estimada Embajadora!
Muchas gracias.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, Honorable Senado, estimada amiga Embajadora Mai Al Kaila, estimados representantes de la delegación palestina, estimados dirigentes de diversas organizaciones árabes que nos acompañan esta tarde:
Quiero señalar que la bancada del Partido Por la Democracia me ha designado para rendir homenaje en su nombre a la Excelentísima señora Embajadora del Estado de Palestina en Chile, doctora Mai Al Kaila, con ocasión del término de su misión diplomática en nuestro país.
Esta es la primera vez, hasta donde existe recuerdo institucional, que el Senado de la República recibe al embajador de una potencia extranjera con la finalidad de homenajearlo por terminar sus servicios en nuestra nación. Este hecho, que de por sí es excepcional, demuestra la transversalidad política que existe en este Hemiciclo para reconocer los méritos profesionales y personales de la Embajadora Al Kaila.
Mai llegó a Chile como representante de la Autoridad Nacional Palestina el año 2005, y regresa a su país como la Embajadora saliente del Estado de Palestina en Chile. Este es, sin duda, su mayor éxito diplomático y político: haber sido una de las personas que lideraron el proceso de sensibilización de nuestras autoridades gubernamentales y políticas en orden a que Chile reconociera a Palestina, en enero de 2011, como Estado pleno y soberano, estableciendo, en consecuencia, relaciones diplomáticas plenas.
Estimados colegas, la doctora Al Kaila forma parte de una generación de palestinos de excepción, quienes, nacidos apenas iniciado el proceso de descolonización europea, debieron enfrentar la imposición de las Naciones Unidas en cuanto a la formación del Estado de Israel en territorio palestino, con lo cual se dio origen al más largo proceso de ocupación militar de un país extranjero en toda la historia contemporánea, el que a la sazón, y ante la pasividad de la comunidad internacional, ya lleva más de 60 largos años.
Sin embargo, Mai pertenece a una raza, a una cultura y a un pueblo que se resisten a desaparecer. Palestina ha sido ocupada militarmente y explotada económicamente por fenicios, romanos, hebreos, persas, cruzados, provenientes de todas las latitudes de Europa, y desde el siglo XIX, por turcos, ingleses e israelíes. Pero sepan ustedes, estimados colegas, que jamás los hijos de esa tierra han dudado siquiera un segundo sobre la autoconciencia de su identidad nacional y sobre su voluntad y vocación de constituir un Estado Pleno, Soberano e Independiente.
Nuestra homenajeada vivió en carne propia la persecución, la prisión y los abusos indecibles cometidos por la potencia ocupante. Y tal vez por ello resulta tan destacable su historia de vida individual; una vida marcada por la superación de los obstáculos, por la disciplina, por el estudio y el trabajo, y por la consecuencia ética y política, expresada en su personal compromiso con las luchas por la liberación nacional de su patria, un país que ha resistido, con dignidad y valentía, las atrocidades cotidianas de la ocupación.
Mai se formó como enfermera en Jerusalén a los 20 años. Luego partió a España, donde se graduó como médico cirujano en Granada, la ciudad más árabe de España, antigua capital del Reino Nazarí. Finalmente partió a los Estados Unidos, donde obtuvo un posgrado en salud pública en una de las diez universidades más importantes del mundo: la Universidad de California, en Berkeley.
Tras concluir sus estudios, y renunciando a la seguridad que le daba extender su permanencia en los Estados Unidos de América o continuar con una carrera como médico en prácticamente cualquier país del mundo, ella opta por regresar a los Territorios Ocupados. Fue en la Franja de Gaza donde se inserta en el programa de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos y desarrolla un proyecto para salvaguardar la vida y la salud de los niños y las mujeres de su tierra. Esta tarea le valdría el reconocimiento nacional e internacional por sus aportes en salud materno-infantil, puesto que su trabajo permitió revertir las dramáticas tasas de mortalidad en dicho ámbito.
Paralelamente a esta labor como especialista sanitaria del más alto nivel, desarrolló una carrera política al interior de Al Fatah, llegando a ocupar la Secretaría General de Asuntos de la Mujer de la principal formación política palestina, que ha liderado los esfuerzos por la plena autonomía e independencia.
Mai Al Kaila siempre ha sido una mujer de grandes desafíos. Al poco tiempo de su llegada a Chile, supo desarrollar un trabajo diplomático digno de cualquier profesional de las relaciones internacionales. Cultivó vínculos de conocimiento y aprecio con personeros de distintos ámbitos del quehacer nacional. Políticos de todos los sectores; hombres y mujeres de empresa; trabajadores de la cultura, intelectuales y la propia comunidad diplomática asentada en el país supieron, por su boca, del mensaje de su Gobierno y de su Pueblo, que pedía de Chile, uno de los países con mayor población de origen palestino del mundo, la oportunidad de ser reconocidos como un Estado pleno. Y, con el apoyo de mucha gente de buena voluntad, lo consiguió.
Con el Senado tuvo una relación especial. Tanto así que una compuesta por nueve Senadores fue la primera delegación que concurrió, de la mano de esta embajadora, a los territorios ocupados.
Justo es reconocer en este instante al Parlamento, a nuestro Canciller y al Presidente Piñera, que supieron leer la nueva realidad del sistema internacional, en donde una Palestina soberana y autónoma constituye un requisito indispensable para la estabilización y la paz en el Medio Oriente.
El gesto de Chile iba en la misma dirección de las decisiones que comenzó a adoptar la mayor parte de los países del mundo. De esta manera, la diplomacia palestina logra su mayor éxito en el 2012, cuando por una amplísima mayoría logró que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas admitiera a Palestina como un Estado observador, paso previo para su plena inserción en la comunidad de las naciones.
Quiero recordar esta tarde los sueños del que fue probablemente el más prominente intelectual palestino en Occidente, Edward Said, fallecido hace pocos años. Él siempre anheló la construcción de una Palestina laica, pluralista, democrática y progresista; una Palestina con ciudadanos incluso de distintas razas y credos religiosos o ideologías capaces de cohabitar en paz y concordia. Said soñaba con un país respetuoso del Derecho Internacional y constructor de un sólido Estado de Derecho.
No una, sino muchas veces pensé que ese sueño de Said era imposible, pues observaba con desazón cómo los pocos avances en el proceso de paz eran opacados por retrocesos cada vez peores. Incluso, llegué a pensar que nunca vería cumplido ese anhelo tan justo. Pero, afortunadamente, esos episodios negativos fueron solo accidentes dentro de una larga historia que se sigue escribiendo día a día, pues cada vez son más las palestinas y los palestinos que, como mi querida embajadora Al Kaila, revelan con cuanta persistencia, tesón y entusiasmo tratan de lograr la plena independencia de Palestina, requisito para conseguir la paz, que será la antesala del desarrollo económico y social de la zona.
Sin duda, falta mucho.
El mayor esfuerzo es probablemente institucional. Consiste en que las Naciones Unidas, en consonancia con la etapa de desarrollo de la humanidad, se transformen efectivamente en un organismo al servicio de la paz y la igualdad entre las naciones y no sea solo una caja de resonancia de las decisiones de potencias hegemónicas. Unas Naciones Unidas capaces de dar efectividad al Derecho Internacional serán las únicas que permitirán terminar con esa ocupación militar y con la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades públicas en los territorios ocupados de la Franja de Gaza y la Cisjordania.
Estimados colegas, aunque parezca increíble, la nación palestina es, en el mundo, la que tiene la mayor proporción de profesionales en relación con su población. Muchísimos de ellos son de excelencia, como nuestra homenajeada. Confío en que ese enorme capital social y humano de base será el pilar sobre el cual Palestina ha de asentar su destino como Estado soberano en el futuro. Y nuestra homenajeada, la embajadora Mai Al Kaila, parte precisamente a sumarse a esa tarea titánica de seguir construyendo el futuro de Palestina.
Al despedir esta tarde a la embajadora del Estado de Palestina en Chile no solo despedimos a una diplomática que ya ha hecho historia en nuestras relaciones bilaterales, sino también a una amiga que se lleva no solo reconocimientos y condecoraciones, sino sobre todo nuestro entrañable afecto, amistad y cariño y los deseos de los mayores éxitos en sus nuevos desafíos profesionales, familiares y políticos, por el bien personal y el de la sufrida patria de Palestina.
Querida embajadora, Állah máak.
He dicho.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor PIZARRO (Presidente).- De esta manera, querida embajadora, el Senado ha rendido un justo homenaje a su gestión de estos años en Chile.
Gracias por su talento, por su profesionalismo y, sobre todo, por su calidad humana.
Como le han reconocido todos los señores Senadores, esperamos no solo que le vaya bien, sino que podamos verla de nuevo.
¡Muchas gracias!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Ha llegado a la Mesa una solicitud de permiso constitucional, del Senador señor Chahuán, para ausentarse del territorio nacional entre el 11 y el 16 del mes en curso.
--Se accede a lo solicitado.



NUEVA FÓRMULA DE CÁLCULO PARA INTERÉS MÁXIMO CONVENCIONAL


El señor PIZARRO (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto, en tercer trámite constitucional, relativo al interés máximo convencional, con informe de la Comisión de Economía y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre los proyectos (7786-03, 7890-03 y 7932-03, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
1) Proyecto, boletín N° 7786-03 (moción de los Senadores señores Tuma, Bianchi, Escalona, Letelier y Zaldívar (don Andrés):
En primer trámite, sesión 34ª, en 13 de julio de 2011.
Informes de Comisión:
Economía: sesión 56ª, en 27 de septiembre de 2011.
Economía (segundo): sesión 51ª, en 2 de octubre de 2012.
Discusión:
Sesiones 63ª, en 18 de octubre de 2011 (se aprueba en general); 64ª, en 19 de octubre de 2011 (se fija plazo para presentar indicaciones).
2) Proyecto, boletín N° 7890-03 (moción de los Senadores señores Chahuán y Prokurica):
En primer trámite, sesión 48ª, en 31 de agosto de 2011.
Informes de Comisión:
Economía: sesión 35ª, en 17 de julio de 2012.
Economía (segundo): sesión 51ª, en 2 de octubre de 2012.
Discusión:
Sesión 44ª, en 29 de agosto de 2012 (se aprueba en general).
3) Proyecto, boletín N° 7932-03:
En primer trámite, sesión 52ª, en 13 de septiembre de 2011.
En tercer trámite, sesión 7ª, en 2 de abril de 2013.
Informes de Comisión:
Economía: sesión 63ª, en 18 de octubre de 2011.
Economía (segundo): sesión 51ª, en 2 de octubre de 2012.
Economía (tercer trámite): sesión 29ª, en 11 de junio de 2013.
Discusión:
Sesiones 64ª, en 19 de octubre de 2011 (se aprueba en general); 52ª, en 3 de octubre de 2012 (se aprueba en particular); 30ª, en 12 de junio de 2013 (queda para segunda discusión); 39ª, en 9 de julio de 2013 (queda pendiente la discusión).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Ayer quedó pendiente la votación de las modificaciones correspondientes al numeral 4) del artículo 1o del proyecto, en lo relativo al artículo 6o bis. La Comisión, por unanimidad, propone rechazar los números 1 y 3. Por su parte, también por unanimidad, propone aprobar el número 2.


El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez.

El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, recibí una detallada información acerca del proyecto, que fue lo que solicité ayer a la Sala y a los Senadores que participaron en la Comisión.
En consecuencia, retiro mi petición de votar artículo por artículo, pues en el documento pertinente se entrega una explicación clara de cada uno de ellos.

El señor PIZARRO (Presidente).- Entonces, si le parece a la Sala, podríamos proceder a votar en un solo acto el resto del informe de la Comisión, lo que significa aprobar el rechazo de los artículos respecto de los cuales se decidió que pasaran a Comisión Mixta y, lógicamente, la aprobación de aquellos donde no hubo inconveniente.

El señor GARCÍA.- ¿Votar "sí" es pronunciarse a favor del informe?

El señor PIZARRO (Presidente).- Así es, señor Senador.
En votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.


El señor LABBÉ (Secretario General).- Resultado de la votación del resto del informe de la Comisión de Economía relativo a las modificaciones de la Cámara de Diputados: 13 votos a favor, una abstención y un pareo.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Rincón y los señores Chahuán, Escalona, Frei (don Eduardo), García, Kuschel, Orpis, Pizarro, Prokurica, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvo el señor Gómez.
No votó, por estar pareado, el señor Muñoz Aburto.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se dejará constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Novoa.

Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, tras revisar el articulado del proyecto, solicito que agreguemos también entre las normas que debe revisar la Comisión Mixta el artículo 31 propuesto en el número 2 del numeral 8 del artículo 1°, relacionado con la información que va a recibir la Superintendencia y que entregará a las distintas instituciones financieras.
Considero que deberíamos analizar tal materia en la siguiente instancia, al objeto de asegurar que los datos que se entreguen sean compatibles con la necesidad de perfeccionar esta disposición, de hacerla transparente y de proteger la reserva de antecedentes privados de las personas.

El señor PIZARRO (Presidente).- Como advierto anuencia de los miembros de la Comisión y de la Sala, podríamos acordar la aprobación en esos términos.
Dejaríamos constancia de la necesidad de incorporar al debate de la Comisión Mixta el artículo 31 propuesto en el proyecto.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Tiene que darse por rechazada la norma.
El señor PIZARRO (Presidente).- Entonces, si le parece a la Sala, procederemos de esa forma.
--Se aprueba el resto del informe de la Comisión de Economía, con excepción del artículo 31 nuevo contenido en el número 2 del numeral 8 del artículo 1° del proyecto, que se rechaza, y queda despachada la iniciativa en este trámite.




MODIFICACIÓN A SEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO PARA AFILIADOS INDEPENDIENTES Y VOLUNTARIOS


El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica los artículos 88 y 89 de la ley N° 20.255, en relación con el régimen del Seguro Social contra Riesgos de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales aplicable a los afiliados independientes y voluntarios del nuevo sistema de pensiones, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8936-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 23ª, en 14 de mayo de 2013.
Informe de Comisión:
Trabajo y Previsión Social: sesión 32ª, en 18 de junio de 2013.

El señor PIZARRO (Presidente).- La iniciativa contiene normas de quórum calificado.
Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Entiendo que se va a solicitar segunda discusión.

El señor PIZARRO (Presidente).- Sí, pero podemos hacer ahora la primera discusión.

El señor PROKURICA.- Yo voy a pedir segunda discusión.

El señor PIZARRO (Presidente).- La señora Ministra ha pedido la palabra. Se la daré después de la relación.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Los objetivos principales de la iniciativa son:

1.- Establecer como anual la obligación para los trabajadores independientes que perciben honorarios de cotizar en el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, tal como lo es la cotización para pensiones y sobre la misma renta imponible de esta, sin perjuicio de los pagos provisionales mensuales o cotizaciones voluntarias para pagar los meses sin cobertura. En este último caso, no estarán obligados a cotizar para salud hasta el año 2018.

2.- Ajustar el régimen de cotización voluntaria para el mencionado seguro de los trabajadores independientes que no perciben honorarios.
La Comisión discutió el proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar con los votos favorables de los Senadores señores Bianchi, García y Pérez Varela y la abstención del Honorable señor Muñoz Aburto.
Cabe tener presente que los artículos 1° permanente y primero y segundo transitorios son de quórum calificado, por lo que requieren para su aprobación 19 votos.
El texto que se propone se consigna en el informe de la Comisión.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra la señora Ministra.

La señora MATTHEI (Ministra del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente, ¿será posible permitir que entre a la Sala el Subsecretario de Previsión Social?

El señor PIZARRO (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para autorizar el ingreso del señor Subsecretario de Previsión Social.
--Se accede.

La señora MATTHEI (Ministra del Trabajo y Previsión Social).- En todos los países del mundo, el pago de cotizaciones es obligatorio. Si fuese voluntario, la inmensa mayoría de la gente no cotizaría.
Los trabajadores, en general, se empiezan a preocupar de la pensión cuando cumplen más o menos 50 años de edad. Antes no constituye un problema para ellos.
En el caso de los independientes, la cantidad de personas que estaba cotizando antes de que esto de alguna manera fuera obligatorio era muy pequeña.
Por eso en la reforma previsional se señaló que quienes den boletas por honorarios tienen la obligación de cotizar, lo que empieza a correr a partir de este año.
Sin embargo, el sistema es sui géneris, porque, al momento de pagar impuestos, alguien puede decir que prefiere no cotizar. Pero la "obligación obligación", la perentoria -nadie podrá negarse a su cumplimiento-, empieza recién en el 2015.
Nosotros hicimos múltiples campañas para que la gente realmente pagara. Y la verdad es que de 120 mil personas que cotizaban antes de la operación renta, conseguimos aumentar esa cantidad a 310 mil, lo cual es harto.
Pero nos encontramos con una dificultad: en la reforma previsional, se estableció que los trabajadores podían cotizar en forma anual. Cuando se hace la operación renta se les retiene -hasta el 2015 eso es posible; pero, a partir de ese año será obligatorio- el pago de las cotizaciones.
En el caso de las cotizaciones previsionales (AFP y Seguro de Invalidez y Sobrevivencia) no hay problema alguno en que se cancele anualmente. En cambio, cuando se trata del Seguro Social contra Riesgos de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, la ley prescribe, de forma explícita, que debe ser mensual. Al pagar un mes, queda cubierto el próximo.
Por lo tanto, la gente que ya hizo efectiva la operación renta va a estar cubierta por el año anterior. Y cuando vuelva a pagar en 12 meses más lo estará por este año. Es lo mismo que si se cubriera ahora el seguro contra incendio de la casa con la cobertura del año pasado. Da lo mismo si la casa se incendió, ya que no estaba cubierta; si no tuvo siniestro, para qué el seguro.
En consecuencia, este proyecto señala que el pago del Seguro Social contra Riesgos de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales va a ser anual para los trabajadores, de manera que, cuando paguen en la operación renta, van a estar cubiertos desde julio de ese año hasta junio del próximo.
Se trata de un tema de justicia. Si no obligáramos a hacerlo, probablemente esas personas no pagarían en forma mensual. Por algo en la reforma previsional se trabajó en este sistema consistente en pagar en el momento de la liquidación de la declaración de renta, pues la única forma de obligar a cancelar es que se haga junto con el pago de los impuestos.
Pero el drama es que las personas acogidas a la Ley de Accidentes del Trabajo van a estar pagando sin quedar cubiertas nunca.
En suma, la iniciativa propone una adecuación para que el pago de mayo sirva para cubrir, en forma permanente a partir de julio de un año hasta junio del siguiente. Se trata de un cambio bastante pequeño.
En verdad, el proyecto es un poco enredado; pero, en general, todo lo relativo a previsión resulta complejo.
Pero eso básicamente es lo que se pretende.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, como señaló la Ministra señora Matthei, esta iniciativa dispone que, cuando a los trabajadores independientes que en la operación renta de cada año reciben una devolución de impuestos se les descuente lo pertinente para cubrir la cotización del Seguro Social contra Riesgos de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, se entienda que cancelan el seguro hacia delante y no hacia atrás. Porque, en este segundo caso, como el riesgo no fue cubierto, no tiene sentido el pago.
Este fue, de alguna manera, un error en el que incurrimos cuando establecimos que todos los independientes debían cotizar en una administradora de fondos de pensiones. En realidad, tal medida tiene lógica: hacerlo para atrás o para adelante da lo mismo, pues lo cotizado se acumula en la respectiva cuenta individual y gana rentabilidad dependiendo del fondo inscrito. En esto no existe problema. Pero sí lo hay respecto de la cotización del seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Como se trata de un seguro, lo razonable es que se tome hacia adelante y no hacia atrás.
Por lo tanto, señor Presidente, el proyecto es simple, aunque parezca complejo. Busca hacer algo enteramente lógico y en beneficio de los trabajadores independientes, quienes, a partir de esta Operación Renta, cancelaron por primera vez la cotización correspondiente al seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
Señor Presidente, me voy a pronunciar a favor de la idea de legislar cuando esta se ponga en votación.
Muchas gracias.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, la verdad es que el seguro contemplado en la Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales cubre los accidentes y, también, las enfermedades. Por tanto, es posible hacer uso del beneficio del seguro a causa de una enfermedad provocada tiempo atrás y manifestada en el momento en que se reclama.
En mi opinión, la discusión acerca de este proyecto de ley debe abordar también ese aspecto.
Y hay que ser extremadamente cuidadosos con el periodo de cobertura, porque se trata del cargo de una cotización respecto del tiempo trabajado hacia atrás, en que pudo haberse provocado una enfermedad profesional que aún no se evidencia. Esto ocurre en las labores de altura, en la minería, en fin, donde no se manifiesta la enfermedad hasta que se diagnostica. Ello, obviamente, es distinto de lo que pasa con las pensiones, en que el beneficio es futuro.
En consecuencia, tengo mis reparos a la iniciativa. Los hice presentes a través de nuestros equipos técnicos, pero no fuimos capaces de convencer a los asesores de la Superintendencia del ramo.
Además, cabe dejar constancia de otro asunto, que dice relación con una serie de situaciones en que no se actuó oportunamente, desde el punto de vista de informar e imputar los beneficios de determinado número de trabajadores a quienes se les hizo la retención. No renunciaron, pero tampoco manifestaron a qué administrador se enviaron esos recursos.
A mi juicio, este proyecto viene a corregir ese inconveniente. Hay que abordar y debatir el punto. Hicimos sugerencias, y espero que en la discusión en particular podamos introducir las modificaciones del caso.
Insisto: se trata no solamente de los accidentes, sino también de las enfermedades generadas tiempo atrás y que se manifiestan en determinado momento, lo cual no necesariamente se ha recogido en lo que han expresado los colegas.
Gracias, señor Presidente.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Ministra.

La señora MATTHEI (Ministra del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente, ante una enfermedad profesional, lo importante es estar cubierto cuando efectivamente se manifiesta. Es entonces cuando se acude a determinar si ella tuvo su origen en la actividad profesional o no.
Nosotros estaremos encantados de conversar acerca de este asunto con cualquier equipo técnico y, también, con la propia Senadora Rincón, quien, por lo demás, fue Superintendenta de Seguridad Social y, por ende, sabe de este tema.
Solo quiero precisar que esto se trabajó en forma sumamente exhaustiva con todos los equipos técnicos de la SUSESO, los cuales al principio se resistieron bastante a llevar un seguro que ha operado con carácter mensual a términos anuales. Ello va muy en contra de la lógica de la ley Nº 16.744. Sin embargo, finalmente vieron que muchos independientes van a pagar de manera anual. Y lo peor de todo era la situación de pagar un seguro y no tener cobertura, porque siempre la cobertura iba a ser por eventos que o habían sucedido o no habían sucedido.
Esa fue una discusión larga y no hay problema en volver a realizarla acá.
Entiendo el planteamiento de la Senadora Rincón en el sentido de que las enfermedades se van desarrollando a lo largo del tiempo y en algún momento se evidencian, en algún momento el trabajador se da cuenta -cae la gota que rebasa el vaso del daño- de que efectivamente está enfermo. Lo importante es estar cubierto ahí, cuando se manifiestan los síntomas de la enfermedad.
Gracias, señor Presidente.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, no pretendo entrar al debate en particular de la iniciativa, porque lo vamos a efectuar más adelante.
Como recuerda la Ministra, yo fui Superintendenta de Seguridad Social durante cinco años. Entonces el asunto referido fue uno de los temas que nos tocó regular y conocer en detalle.
Ese es, precisamente, el problema: que el afectado tenga cobertura, que cuente con las cotizaciones en el período en que se originó la enfermedad profesional.
El tema de la anualidad lo discutimos con los asesores técnicos. Al respecto, entiendo la resistencia de los equipos de la Superintendencia de Seguridad Social, porque tal asunto presenta inconvenientes. Por ejemplo, ¿qué va a ocurrir con un trabajador al que, siendo independiente, se le calcule la cotización y se le impute a la declaración de impuestos si, dentro de ese período anual, pasa a ser dependiente y, como es lógico, tiene una cotización distinta por ese concepto? Ahí se vislumbra una dificultad que no logramos dilucidar.
Esa discusión la vamos a tener cuando analicemos el proyecto en particular.
Y reitero que comprendo la reticencia mostrada por los equipos de la Superintendencia, porque obviamente tiene complejidades la cotización anual, además de todas las virtudes que describe la Ministra y que uno le reconoce.
Otros sistemas operan de esta manera. Es más, en otros países -España es el mejor ejemplo- hay un organismo estatal que se encarga de recaudar los fondos de la seguridad social y repartirlos a los administradores respectivos. En el caso de la Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales es así. Recauda el Estado y, luego, entrega a los organismos administradores.
Esta es una gran discusión y, obviamente, podemos hacerla. Pero no quiero entrar en el detalle hoy. Esa materia se debatirá cuando se trate la iniciativa en particular.
He dicho.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, en virtud del Reglamento del Senado, pido segunda discusión.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Como no hay más inscritos, pasaremos a la siguiente iniciativa.

--El proyecto queda para segunda discusión.




FIN DE EXISTENCIA LEGAL DE EMPRESA DE ABASTECIMIENTO DE ZONAS AISLADAS


El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que pone término a la existencia legal de la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas (EMAZA), con informe de la Comisión de Economía y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8786-27) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 17ª, en 17 de abril de 2013.
Informe de Comisión:
Economía: sesión 29ª, en 11 de junio de 2013.
Discusión:
Sesión 30ª, en 12 de junio de 2013 (queda para segunda discusión).

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe recordar que en sesión de 12 de junio se solicitó segunda discusión respecto de esta materia.
El objetivo de esta iniciativa es poner término a la existencia legal de la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas (EMAZA) y disponer su liquidación.
La Comisión de Economía discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores García, Tuma y Zaldívar.
El texto que se propone aprobar se transcribe en el primer informe.


El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En la segunda discusión, tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas (EMAZA) tuvo su razón de ser, pero, con el correr del tiempo, ha dejado de ejercer su función, puesto que el concepto de "zonas aisladas" hoy día no hace necesaria su existencia.
Actualmente, la empresa cuenta con una sola funcionaria, su Vicepresidenta Ejecutiva, además de un fiscal que ejerce ad honórem; tiene un costo administrativo de mantención mensual de 5 millones y medio de pesos, y posee un bien raíz en Santiago avaluado en 330 millones de pesos.
La idea es ponerle término a la empresa, liquidarla, por cuanto no hay motivo para su existencia. Se debe evitar un gasto fiscal carente de sentido.
En la Comisión, luego de escuchar a la funcionaria de EMAZA y al Ejecutivo, aprobamos la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, tal como señala el informe y los antecedentes conocidos, la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas es la heredera de la Empresa de Comercio Agrícola (ECA), fundada en 1960, cuyo propósito era doble: por un lado, abastecer de productos (alimentos, vestuario, herramientas necesarias) a la gente de las zonas aisladas a precios razonables y, por otro, ejercer un poder comprador de productos locales, con lo cual se establecía una mínima presencia del Estado en lugares donde, por razones evidentes de aislamiento, el sector privado y los emprendimientos locales no eran capaces de cubrir los costos de transporte ni contaban con la cantidad de personas suficiente para generar un círculo virtuoso que les permitiera financiar la actividad.
La figura cambia cuando parte de los 56 almacenes de la empresa sufre una suerte de privatización semiencubierta. En efecto, a los funcionarios de EMAZA -ya no había poder comprador, sino solo abastecimiento de productos (incluso, de combustibles)-, se les ofrece hacerse cargo de estos negocios y, para ello, se les traspasan los bienes de la empresa.
Eso funcionó bien en algunas partes, y en otras, no tan bien. Pero el proceso, pese a nuestras quejas, continuó su marcha.
Hasta hace unos años, como señala el informe, quedaba un solo almacén en operación, el de Isla de Pascua, debido justamente a sus condiciones de aislamiento. Sin embargo, se llegó a un acuerdo con proveedores locales para que se actuara de la misma manera antes descrita. De esa forma, se cerró el último local de venta de EMAZA en funcionamiento.
Esa es la razón que justifica la presentación de este proyecto.
Carece de sentido mantener a un grupo de personas (administrativos, directivos, Consejo) y propiedades inmuebles si, en el fondo, la empresa ya no tiene ninguna acción concreta que realizar.
No obstante, hemos conversado con el señor Ministro de Economía, Félix de Vicente, a quien le planteamos que las zonas aisladas continúan existiendo en el país. No podemos desconocer que gran parte de la zona austral, de valles interiores de montaña, de zonas costeras, como Isla de Pascua y Juan Fernández, todavía requieren una política especial de abastecimiento. Si no, se encarecen demasiado los productos.
A mi juicio, la mínima preocupación del Estado en ese sentido no se estaría cumpliendo a cabalidad. Se precisa que el Ejecutiva asuma, independiente de los gobiernos que vengan, una postura clara y una política sobre el particular.
De hecho, hay un trabajo sobre fronteras interiores que sigue vigente. Hubo una unidad en la Subsecretaría de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior que evaluaba permanentemente tal situación, según distintos indicadores, a fin de resolver condiciones de aislamiento de las personas. Solo en la Región de Aysén existen alrededor de 100 valles, que apenas cuentan con sendas para transitar a caballo, lo cual dificulta acceder a campos y localidades.
Este proyecto se entiende en la lógica de que la institucionalidad ya no está cumpliendo su objetivo. Pero aún se requiere generar una política especial dentro del Estado -y el Ministro manifestó estar de acuerdo, aunque, lamentablemente, no se halla presente-, para seguir yendo en auxilio de las comunidades de zonas aisladas que necesitan abastecimiento y servicios.
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Solicito la autorización de la Sala para que me remplace en la testera el Honorable señor Zaldívar.
Acordado.
--Pasa a dirigir la sesión el Senador señor Zaldívar, en calidad de Presidente accidental.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, efectivamente la Comisión de Economía estudió este proyecto, que busca poner fin a la existencia legal de la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas.
EMAZA tuvo su origen en la llamada "ECA" (Empresa de Comercio Agrícola), fundada en los años sesenta, cuyo objeto era satisfacer el abastecimiento de zonas aisladas. Para ello, según indica la historia, se instalaron cerca de 56 almacenes de venta.
Dicha organización, cien por ciento estatal, prestó servicios desde 1960 hasta, aproximadamente, el 2000. Luego empezó a decaer su actividad, dado que, en la mayoría de las localidades aisladas, el sector privado empezó a satisfacer las necesidades. Posteriormente, el propio Gobierno incentivó a los funcionarios de EMAZA a hacerse cargo del negocio, lo cual llevó a la empresa a desprenderse de esas responsabilidades y de sus bienes.
Como se ha señalado, actualmente existe una sola funcionaria, su Vicepresidenta Ejecutiva, quien no desarrolla ninguna actividad. Al contrario, produce déficit y una carga permanente para el Estado, por lo que no queda más que autorizar el cierre de la empresa. Como esta se creó por ley, debe ponérsele término también por ley. Por eso estamos discutiendo esta iniciativa legal.
Sin embargo, ello no significa que el Estado deba desentenderse de la responsabilidad de asegurar el abastecimiento de muchos sectores rurales muy aislados, que requieren mayor apoyo estatal. No estamos diciendo que, con el cierre de EMAZA, se termina la obligación del Estado de preocuparse por las zonas aisladas.
Vamos a aprobar el cierre de dicha empresa. Yo di mi voto a favor en la Comisión, y haré lo mismo acá.
Pero -reitero- el Estado tiene que desempeñar un rol más preponderante en muchos sectores del territorio nacional, que requieren su apoyo en cuanto al abastecimiento de productos, al menos de mercaderías de primera necesidad, como medicamentos y artículos de urgencia. Además, hay que considerar que, en muchos casos, las personas que habitan en esas regiones están haciendo patria. Y el Estado pareciera no estar ahí, no obstante lo indispensable de su presencia para brindar ayuda a esos ciudadanos.
Señor Presidente, con esa observación, con ese llamado de atención, con ese "téngase presente", votaré favorablemente el proyecto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Sugiero a la Sala abrir la votación para evitar quedarnos sin quórum, sin perjuicio del derecho a fundamentar el voto de cada uno de los señores Senadores inscritos.
¿Habría acuerdo?
--Así se acuerda.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, debo señalar que, en octubre del año recién pasado, EMAZA cerró su último local de ventas, el que abastecía a Isla de Pascua. Ello se debió, fundamentalmente, a la necesidad de entregar los terrenos que ocupaba a familias pascuenses, quienes reclamaron derechos ancestrales sobre ellos.
El Gobierno entendió que la entrega de esos predios era una obligación de su parte, así como también lo era cerrar la única agencia de dicha empresa en funcionamiento, pues finalmente el sector privado se estaba haciendo cargo del abastecimiento de ese territorio insular.
Por lo tanto, EMAZA, en los hechos, ha terminado sus operaciones en el país.
Sin embargo, sigue teniendo dentro de su personal a una vicepresidenta ejecutiva y a un fiscal; continúa cumpliendo con obligaciones ante la Contraloría General de la República, y por ley debe tener un consejo y un servicio de bienestar.
Por lo tanto, para evitar que siga cumpliendo con obligaciones de información, de control, de gobierno corporativo, sin que exista motivo para ello ni operación comercial alguna que lo justifique, lo razonable es poner fin a la existencia de la empresa, y, por supuesto, hacerlo tal como se creó. Nació mediante ley y hay que ponerle término de la misma forma.
He escuchado atentamente a Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, quienes han manifestado su preocupación por cómo se pueden abastecer las zonas aisladas, las cuales sin duda todavía existen en nuestro país, debido a su geografía y a la distribución poblacional. Y, al respecto, creo que, más que una empresa del Estado, es muy importante fortalecer aquí la iniciativa de privados, de personas que van a partir con modestos emprendimientos, pero que estoy seguro de que pondrán sus mejores esfuerzos para llevar los bienes y servicios más fundamentales a sus respectivas localidades. Y no me cabe duda de que lo harán con mucha más pertinencia y con bastante más oportunidad que una empresa del Estado, que normalmente es muy centralizada.
Por eso, señor Presidente, me parece que no debemos tener temor por el abastecimiento de las zonas aisladas. Hay que confiar en que en cada localidad, en cada lugar apartado habrá personas interesadas en llevar a cabo esta labor, y que lo harán bien, con un alto sentido patriótico, porque finalmente en las zonas aisladas es donde, quizás, más se hace patria.
Voto favorablemente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez.

El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, lamento que este Senado vaya a votar a favor -espero que no, pero me da la impresión de que sí lo hará- el término de la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas (EMAZA), y que los fundamentos sean, por ejemplo, decir que "resulta además de necesario y urgente, procedente y pertinente poner término a la actividad empresarial del Estado en este caso específico, al no existir las condiciones que justificaron su creación y fundamento de su objeto.". O que se utilicen argumentos como el del señor Subsecretario, quien "indicó que, como ha dejado en evidencia, ya no es posible cumplir el objeto con el que fue creada EMAZA, pues no existen comunas aisladas donde no exista abastecimiento de productos esenciales. Por lo mismo, la Empresa se transforma en un obstáculo al desarrollo del emprendimiento en las comunas que eventualmente opere, contraviniendo con ello el artículo 19 N° 21° de la Constitución.".
O sea, lo que aquí se está haciendo es precisamente reafirmar la doctrina que ha regido desde antes de los años 80 hasta ahora, en orden a que es el mercado, el emprendimiento -entre comillas-, el que se hará cargo de problemas que son imposibles de resolver en comunas aisladas y en las cuales va a campear finalmente la especulación, los precios caros, la posibilidad de que los medicamentos se vendan a cualquier precio, el desabastecimiento, como sucede en la actualidad.
Por eso, a mí me sorprende la declaración del señor Subsecretario de que no hay zonas aisladas en Chile. ¡En qué país vive! Si es cosa de ver lo que pasó hace poco tiempo en el sur, donde hubo un corte y la gente quedó aislada, sin ninguna posibilidad de acceder a otras zonas o comunas, debiendo recurrir al único proveedor que existe en dicho lugar, el que vende los productos al precio que se le antoja, en circunstancias de que el cometido de esta empresa era precisamente permitir el abastecimiento.
He escuchado aquí que se va a buscar la manera de que el Estado cumpla ese rol. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Bajo qué concepto? ¿En virtud de qué norma? ¿Conforme a qué condiciones lo hará si la única empresa con que él cuenta para abastecer a las zonas aisladas es precisamente EMAZA, que tiene por finalidad, como dice el decreto con fuerza de ley mediante el cual se creó, proveer de productos esenciales a la población de comunas aisladas?
A mí me extraña que estén a favor de ello algunos Senadores que perfectamente pueden tener la convicción de que poner término a dicha empresa constituye un gravísimo error. Y, desde el punto de vista político además, lo que estamos haciendo es aceptar que el Estado no tenga la posibilidad de abastecer y, también, de colaborar en la fijación de precios a través de la competencia.
Lo he dicho en innumerables oportunidades: en nuestro país las farmacias hacen lo que se les ocurre, porque no hay forma de establecer precios; venden al valor que se les antoja, y lo hacen al 6 mil por ciento. Y no hay manera de controlar eso, ya que no existe competencia, dado que en el mercado están presentes tres cadenas que son poderosas. Por eso los pequeños fueron desapareciendo.
Ahora bien, con esta fórmula, con esta decisión del Senado -la cual me extraña que se tome- finalmente también se va a impedir que haya competencia, y que lleguen medicamentos, comestibles y otros enseres necesarios a las zonas aisladas. Y eso lo vamos a dejar abierto al emprendimiento -entre comillas-, lo que significa especulación -entre comillas-. Ello implica que se podrá hacer lo que se desee con la gente que no tiene otra alternativa que comprarle a determinada persona, vale decir, la que dispone de recursos para establecerse en el lugar.
Por eso, a mí me parece realmente increíble que en este Senado, teniendo mayoría nosotros, la Oposición, permitamos que finalmente logre instalarse el concepto de que el Estado no tiene ninguna función en materias tan relevantes como las que hemos estado abordando¿

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene un minuto más, señor Senador.

El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, eran diez minutos. Cuando se pidió abrir la votación se hizo sobre la base de mantener el tiempo.
En todo caso, no los voy a ocupar todos. Solo le pido que no me dé un minuto, sino el tiempo que me corresponde.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Puede continuar, Su Señoría.

El señor GÓMEZ.- La verdad es que a mí me preocupa el tema, porque lo que se ha hecho, desde el Gobierno militar hasta el día de hoy, ha sido poner al Estado en una pequeña e ínfima condición. Y aquí, teniendo siempre la posibilidad de abastecer, de darles recursos a las zonas aisladas, de permitir su desarrollo, de otorgarles capacidades, se vota favorablemente para eliminar la referida empresa.
Si al final EMAZA no existe porque la estrangularon, no porque no desarrolle funciones. ¿O alguien me va a decir que en Isla de Pascua hay competencia? ¿O que en zonas como las de Aysén, o en la misma Región de Antofagasta, en Ollagüe, existe la posibilidad de que haya competencia y emprendimiento para satisfacer las necesidades con la entrega de productos al valor que corresponde? ¡No, pues, señor Presidente!
Si lo que están haciendo aquí es destruir lo único que existía en Chile para defender a los ciudadanos, que están convertidos en consumidores. Y eso lo aceptamos.
Yo, señor Presidente, por lo menos, ¡voy a votar que no!, porque me parece increíble que se haga desaparecer a esta empresa, que sirve y ha servido por muchos años.
Aquí se habló de la historia de la ECA. Y se dice que esto es para que surja el emprendimiento; ¡pero lo que va a surgir será la especulación y el problema grave de las zonas aisladas de no tener dónde comprar sino a quien le vende al precio más caro, porque el Estado rescinde de sus obligaciones!
Voto en contra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.

El señor ESCALONA.- Señor Presidente, deseo manifestar que estoy en contra de que se ponga término a dicha empresa. Me parece un hecho profundamente desafortunado.
No quisiera ofender a ninguno de mis colegas, por el respecto que nos merecemos todos, pero creo que es una vergüenza que ella se cierre, que se acabe con esta normativa.
Me guío por lo que dice el propio informe en los antecedentes de hecho.
La empresa se creó mediante decreto con fuerza de ley de 1960, durante el Gobierno de don Jorge Alessandri Rodríguez. O sea, se originó en un Gobierno de Derecha, que entendió que no era posible que el mercado llegara a todos los lugares del país y que resultaba indispensable resolver las carencias en las zonas apartadas y aisladas a través de la acción del Estado.
Hace muy pocas semanas, en la Comisión Especial de Zonas Extremas se estudió con detenimiento la situación de la conectividad de las Regiones Undécima y Duodécima. Se tomó conocimiento de las gravísimas dificultades que existen para llegar a esas zonas. Resulta que los transportistas tienen que hacer el viaje a través de Argentina, cubriendo enormes distancias y asumiendo costos muy elevados, entre otros motivos por el precio del combustible.
No tenemos conectividad en esa región del país y, además, la conexión marítima no es suficiente. Existe una sola empresa que la realiza y debo decirles, estimados colegas, a quienes lamentablemente no se han informado con detenimiento, que arroja pérdidas y que si no fuera por el subsidio que le otorga el Estado no podría funcionar.
Por lo tanto, lo que ahora estamos haciendo da cuenta de una decisión totalmente irresponsable. No existen condiciones para asegurar el abastecimiento de las zonas más apartadas del país. El conflicto de Aysén no fue casual. Los brotes que han surgido en otras regiones del país tampoco lo son. Y no se trata de llegar hasta las zonas más alejadas y extremas para darse cuenta de ello. Es cosa de mirar las situaciones que se dan en la propia zona central del país. La provincia de Arauco está aislada por la cordillera de Nahuelbuta y las dificultades de conectividad que presenta son enormes. Ahora se está construyendo una ruta que va a resolver en parte tales inconvenientes, pero los problemas de abastecimiento no se hallan completamente solucionados.
Asimismo, se cita el caso de Isla de Pascua. Hacia el centro-norte hay zonas que, precisamente, por el aislamiento que genera el desierto, se ven afectadas. Y va a ser muy difícil que el mercado logre resolver los problemas de abastecimiento de aquellos lugares.
Entonces, no es prudente que el Estado se mutile a sí mismo y se derogue una normativa como esta. Puede ser cierto que en este momento dicha empresa no esté operando, pero en cualquier momento podría ser necesario que lo hiciera. Es verdad lo que dice el informe: ¡la empresa no está operando! Pero, ¿alguien hizo un estudio serio respecto de los costos que significa que ella no esté operando, con relación al aumento de los precios de los alimentos, teniendo en consideración los costos que implica vivir en las zonas más apartadas y aisladas del país?
Estimados colegas, esas regiones se están despoblando. Las tensiones de crecimiento del centro son enormes, precisamente por las dificultades que tiene la gente para vivir en esas zonas. Y uno de los inconvenientes es precisamente el precio de los alimentos, cuestión que el mercado no ha podido resolver.
No voy a mencionar solamente a la Undécima y a la Duodécima Regiones, hablemos también de la Región de Los Lagos donde, aparentemente, todo el problema estaría solucionado gracias a la ruta 5. ¡Las dificultades de abastecimiento que aquejan a los vecinos de la comuna de Cochamó son enormes! ¡Los inconvenientes para llegar allí son gigantescos! ¡Las condiciones de vida de la gente son muy duras! Porque la articulación de costos del precio de los combustibles con los de los alimentos hace que la vida sea extraordinariamente difícil y, entonces, la gente salta primero a Puerto Montt y después a Temuco, a Concepción, hasta llegar a Santiago. Al final parece que queremos que el país llegue hasta Temuco.
Siento que estamos tomando una decisión completamente irreflexiva. No se ha medido en todas sus consecuencias.
Yo veo que los dados ya se lanzaron, pero desde mi punto de vista se trata de una decisión que por un simple aspecto formal, por decir que la ley no está operando, no mide las consecuencias que reviste el hecho de derivarla.
A los colegas de las bancadas de la Derecha les quiero recordar que hay un estudio elaborado por el Ejército de Chile, que se llama "Fronteras Interiores", que habla precisamente de estos temas, de las gravísimas dificultades que se observan en algunas zonas del país, las cuales ni siquiera están alejadas, como en el caso de las Regiones de Aysén o de Los Lagos, y da cuenta de los fenómenos de aislamiento que se generan dentro de Chile. Pero resulta que nosotros, como si se tratara de una decisión fácil, muy sueltos de cuerpo, vamos a derogar una ley que se aprobó en el Gobierno de don Jorge Alessandri Rodríguez y vamos a terminar con aquello que, en caso de ser necesario, nos permitía operar y actuar frente a situaciones de aislamiento que se dan en algunas regiones.
El asombro me domina, señor Presidente.
No me explico cómo somos capaces de tomar decisiones tan irreflexivas que al final le causan un grave daño al país.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, hay quienes piensan que EMAZA fue creada como una empresa del Estado para reportar utilidades. Y está claro que una empresa de esta naturaleza jamás iba a entregar utilidades, pues tenía un rol subsidiario.
Mientras no haya conectividad con todo el país y este instrumento del Estado no sea capaz de garantizar por sí mismo, mediante alguna fórmula, que las zonas extremas o los lugares aislados no van a quedar desabastecidos, mi pregunta es ¿cuál será entonces el mecanismo que el Estado va a garantizar para que las zonas aisladas dispongan de los elementos que requieren, dado que EMAZA, que cuenta con una facultad legal, va a desaparecer?
De no aclararse ese aspecto vamos a quedar sujetos a lo que nos entreguen los emprendimientos. Aquí se ha dicho: "¡Bienvenidos los emprendimientos!". Pero cuando ese emprendimiento sea rentable vamos a ver, entonces, que habrá productos extremadamente caros, porque la única manera de rentabilizar es mediante el sobreprecio, es decir, un precio que recargue el flete, el costo de oportunidad.
Por lo tanto, mantener estratégicamente una empresa de esta naturaleza es siempre una virtud para el Estado. Porque si el mercado no resuelve, entonces lo hace el Estado. Si hay emprendimiento, ¡bienvenido! Pero si esos emprendimientos no aparecen, porque es extremadamente caro o porque no hay interés, el Estado dispone de un instrumento. Desprenderse de este mecanismo para resolver problemas esenciales, conforme al rol que la Constitución le asigna al Estado (garantizar el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a sobrevivir), me parece un error.
Me dicen que estamos perdiendo 8 o 5 millones de pesos mensuales. Pero, ¡por favor!, basta revisar a cuánto ascienden los costos administrativos que generan múltiples empresas del Estado para percatarse de que no se trata de una pérdida, sino de un costo latente. Es decir, pagamos por eso, pero tenemos un instrumento.
El Estado cuenta con muy pocos instrumentos para resolver problemas de carácter social y muchas veces se recurre a algunos que no son los más adecuados. Por ejemplo, durante la crisis pesquera se utilizaron el SENCE y SERCOTEC, que no son los instrumentos adecuados. Entonces, para abastecer a las zonas aisladas, vamos a tener que llamar a licitación. Eso es lo que va a ocurrir: tendremos que traspasar la responsabilidad del Estado a un privado, con el costo que implica una licitación, que va a ser mucho más elevado que el costo mensual que hoy día representa -entre comillas- la pérdida de esta empresa.
Yo pregunto, ¿qué debería hacer EMAZA si hoy existen lugares cuya situación de aislamiento no se halla definida? Debiera estar evaluando para el Estado cómo funcionan los mercados en esa zona, si afectan los derechos esenciales de quienes viven allí.
La Vicepresidenta Ejecutiva o un equipo pequeño tendrían que analizar dónde existe necesidad de abastecimiento; en qué lugar ella se encuentra cubierta por el mercado, y, en este caso, si los emprendimientos de los privados respetan los derechos del consumidor.
Si en una zona aislada hay una empresa, esta pone los precios que quiere. Entonces, debería estudiarse qué regulación es adecuada para que sus precios estén acordes con sus costos -de traslado, en fin- y no sean desproporcionados.
En definitiva, el Estado tendría que disponer de un instrumento para que, de precisarse, regulara aquello, con el fin de que las empresas supieran que si cobran excesivamente y hay abuso, usura, la autoridad podrá intervenir.
Señor Presidente, la pérdida de EMAZA es innecesaria. Su creación legal en los años 60 tuvo una finalidad: que el Estado, como deber suyo, atendiera permanentemente a los sectores aislados.
Por lo tanto, si el argumento para ponerle término es que registra un déficit de 5,5 millones de pesos mensuales, ello no resulta coherente con la idea de desprenderse de un instrumento establecido por ley, que fue eficaz en su momento, pero que tiene una latencia indesmentible.
Cuando hay épocas de cobertura de mercado, una empresa de tal naturaleza debe hacer evaluaciones: ¿Cuánto cuestan los productos básicos en las zonas aisladas? ¿Su valor guarda relación con los costos del transporte y con los precios del mercado regional?
Y EMAZA puede generar una función anexa: la de revisar constantemente que el Estado o el mercado abastezcan a los lugares aislados.
La afirmación de que en Chile no hay zonas aisladas es temeraria, porque la existencia de ellas depende de la naturaleza. En este país, lleno de accidentes geográficos y sometido a un clima riguroso, siempre habrá territorios aislados.
Y quiero hacer un recuerdo, señor Presidente.
En el Alto Biobío, durante 10 años ENDESA les garantizó a los pehuenches la entrega de alimentos para sus animales en el fundo El Barco, ubicado en la cota 900. Terminó el convenio, y ahora hay que llevarles el pasto en helicóptero, a un costo que es dable imaginar; porque dicha empresa ya se desprendió del compromiso. Y algo parecido ocurre en El Huachi, con el agua y la leña.
Entonces, estas cosas funcionan cuando existe mercado. Pero cuando no lo hay, se requiere al padre Estado.
El informe de la Comisión de Economía da cuenta de que EMAZA registra un costo marginal de operaciones ascendente a 5,5 millones de pesos, entendido como costo negativo.
Sin embargo, sucede que la prevención no es un costo negativo. Cuando nuestras fuerzas de seguridad no actúan porque hay paz, uno no puede afirmar que está perdiendo plata. O sea, no es posible decir: "Hemos gastado en Carabineros, pero no ha habido ningún robo. Por lo tanto, estamos perdiendo plata".
Ojalá no hubiera ninguna zona aislada. Pero debe contarse con un instrumento para abastecer donde sea necesario.
Crear un mecanismo estatal o suplir el existente mediante el proceso de licitaciones a privados -estos no van a ir a hacer caridad, beneficencia, filantropía a las zonas extremas, sino que le cobrarán al Estado- tendrá, a mi juicio, un costo total muy superior al costo marginal de operaciones.
El costo marginal de operaciones que registra EMAZA se entiende hoy día como una pérdida. Sin embargo, yo lo considero un costo de mantención de un instrumento capaz de apoyar la subsistencia de los compatriotas que hacen patria en lugares aislados o donde la geografía o la propia ineficiencia del Estado impiden la conectividad.
Siento que no debemos desprendernos de este mecanismo. Se trata de un costo que podemos absorber. Y ello pasa por las funciones.
Me habría gustado que el informe hubiera indicado el número de localidades donde se afirma que hay emprendimiento, y además, incluido un análisis de precios, para garantizar que los cobrados permiten que la gente viva en los territorios aislados.
Los Senadores que representan a las zonas extremas deben de saber que, si el precio de un kilo de pan o de un litro de leche supera cinco veces su costo, nadie podrá ni querrá vivir en ellas.
El hacer patria, el marcar presencia territorial en las zonas extremas es un deber, no de los ciudadanos, sino del Estado.
Señor Presidente, en esta materia ha habido un análisis economicista.
Uno podría decir que EMAZA cumplió un rol histórico, que tiene una sola funcionaria, en fin. Pero estimo, por un lado, que el Estado puede arrepentirse de su eliminación, y por otro, que sus costos marginales de operación pueden absorberse.
En tiempos en los que no hay aislamiento, el rol de dicha empresa puede ser el de evaluar, prevenir, asistir y estar atenta para garantizar que el papel del emprendimiento privado, que me parece bien, se cumpla sin abusar de las personas y las familias que viven en zonas aisladas.
Como pienso que vamos a perder una herramienta que en cierto momento puede ser determinante y que ello le saldrá más caro al Estado, voy a votar en contra de este proyecto de ley.
Yo habría modificado algunas de las facultades de EMAZA (aún estamos a tiempo), por una parte, para que cuando no existan grandes dificultades ni muchas localidades aisladas cumpla un rol de asistencia, de acompañamiento, de entrega de información al Estado, y por otra, para que donde no haya emprendimiento se haga presente con un equipo pequeño, de bajo costo.
Desprenderse de ese instrumento estatal nos costará caro.
No queremos un Estado grande -pueden acusarnos de estatistas-: queremos un Estado eficiente, que cumpla su rol.
Los Senadores de las zonas extremas saben cuán caro cobran los contratistas, cuánto cuesta llegar por la vía de las licitaciones para realizar tareas en las que EMAZA tiene experticia.
En definitiva, el remedio puede salir peor que la enfermedad. Se termina con la empresa como remedio para la enfermedad, consistente en un déficit que se entiende como pérdida, en circunstancias de que, a mi parecer, se trata de una provisión o prevención respecto a necesidades que el Estado debe cubrir en cumplimiento de su rol.
Por eso, señor Presidente, voto en contra del cierre de EMAZA.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, es evidente que el mercado no soluciona todos los problemas. Desde luego, es imposible que lo haga en los lugares donde no existe. Además, en algunas zonas no se dan las condiciones para desarrollar iniciativa privada.
La dificultad de los territorios aislados es precisamente esa: no hay mercado, no se dan aquellas condiciones.
Eso no está en duda.
Empero, la solución no consiste en crear una empresa, en hacerse cargo en forma directa del problema.
Lo que fue una buena salida en los 60 puede que, 53 años después, no sea adecuado para los tiempos actuales.
El Estado ha de hacerse cargo de las zonas aisladas, y para eso están los gobiernos regionales, el Ministerio del Interior, la Subsecretaría de Desarrollo Social, los municipios. El Estado dispone de varios instrumentos para posibilitar el acceso a los lugares donde no funciona el sector privado.
El problema con EMAZA, entonces, no es tener una pérdida, sino sencillamente que desde el año 2000, bajo el Gobierno del Presidente Lagos, se comenzó a desarrollar una política distinta, conforme a la cual la solución del problema no le corresponde a ella, sino a otros organismos del Estado.
Por consiguiente, no se trata de algo inconsistente, que se produzca de forma sorpresiva, sino que obedece a que desde el 2000 se ha venido siguiendo una política muy clara.
Ahora, la dificultad actual de EMAZA es su inutilidad.
Recuerdo que cuando se discutió el proyecto que dio origen a la ley N° 20.219, mediante la que se reguló el destino de sus funcionarios, en el Senado hubo una gran discusión porque muchos querían mantener su situación. Hasta que se hizo una pregunta: ¿En qué zonas aisladas están los funcionarios de EMAZA? ¡El 90 por ciento trabajaba en Santiago!
¡Ahí se fue abajo la defensa de dicha empresa!
¿Cuál es el problema principal en Isla de Pascua? ¿Que no hay locales comerciales para atender las necesidades?
La dificultad esencial de Isla de Pascua es el transporte. En él tiene que hacerse presente el rol subsidiario del Estado. Y si quisiéramos que este actuara, deberíamos tener una empresa aérea y una empresa naviera estatales, no a EMAZA.
Obviamente, hoy no se desarrollan empresas navieras para llevar elementos a Isla de Pascua: se contrata. Y lo mismo ocurre con las líneas aéreas.
Entonces, la solución del problema ha de abordarse de manera completamente distinta.
Y no estamos hablando de un costo marginal de 5 millones y medio de pesos mensuales. Porque si a mí me dijeran que las dificultades de abastecimiento en Chile se resuelven con un desembolso estatal de 5 millones y medio al mes, compraría esa solución de inmediato; sin duda, es mucho más caro el abastecimiento en las zonas aisladas.
Lo que pasa con EMAZA es que el costo asciende a 5 millones y medio de pesos mensuales porque tiene una funcionaria: la Vicepresidenta Ejecutiva.
Carece de sentido, pues, mantener esa empresa y aferrarse a una solución de los años 60, no acorde con los tiempos actuales.
Por eso, me parece conveniente aprobar este proyecto, pero señalando, sí, que el problema de abastecimiento en las zonas aisladas debiera ser preocupación del Estado, de los gobiernos regionales, del Ministerio del Interior, de las municipalidades, porque, evidentemente, el sector privado no va a resolver las dificultades de los colonos, de las personas que viven en lugares de muy difícil acceso.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señor Presidente, este proyecto, que en el papel aparentaba ser de despacho fácil, ha generado un debate entretenido (entretenido en el sentido sano del término; no es que sea simpático), con una mirada distinta.
EMAZA se estableció en los años 60 para proveer directamente de bienes a nuestros conciudadanos de las zonas aisladas.
Quiero hacer varias reflexiones al respecto.
Primero, en cuanto a la afirmación temeraria de que en Chile no hay regiones aisladas, debo recordar que el 13 de julio de 2010 la Cámara Alta, unánimemente, creó la Comisión Especial de Zonas Extremas, conformada por un número importante de Senadores de ellas, entre quienes me cuento, por representar a la comuna de Juan Fernández y a la provincia de Isla de Pascua.
Uno de los antecedentes que entonces tuvo en consideración esta Sala fue el de que, conforme a un informe de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, realizado en conjunto con la Universidad Católica, de 302 comunas (88 por ciento de todas las de Chile), se definen 74 como de aislamiento relativo y 25 como de aislamiento crítico.
Por tanto, en nuestro país existe aislamiento, y de muchas formas.
Segundo, la empresa fue constituida para un fin específico. Pero hoy día en algunos lugares, como consecuencia del progreso de nuestra nación, se ha registrado un desarrollo comercial y económico importante que permite que haya mercados, los que -como dijo el colega que me antecedió en el uso de la palabra- antes no existían, por lo cual no cabía sino que el Estado interviniera y se hiciera presente.
Pero lo que ocurre es que algunos mercados siguen siendo muy imperfectos.
Pues bien, Senadores que me precedieron -los colegas Navarro, Escalona y otros- preguntan si se debe cerrar EMAZA porque, de acuerdo a sus estatutos, tiene que cumplir un papel muy específico y acotado, lo que en algunos lugares de Chile "no se justificaría".
Se plantea, de otro lado, que sus costos son muy altos y que un sinnúmero de antecedentes normativos señalan que su existencia no tiene sentido.
Yo pregunto: ¿La única opción es mantenerla? ¿O se puede replantear su existencia? ¿Hay que derogar la ley que creó a EMAZA? ¿O tal vez sería posible suspender su funcionamiento?
Lo que quiero decir es lo siguiente.
De aplicarse el criterio expuesto, en Chile no habría tenido lugar mucho de nuestro desarrollo en infraestructura y varias políticas públicas no existirían.
Para empezar, los antepasados de los colegas de enfrente -entre ellos el Senador Novoa- no habrían podido participar en las sesiones de la Cámara Alta, por la inexistencia del tren al sur, el cual no se autofinanciaba. Tampoco habrían contado con el viaducto del Malleco. ¡Menos! ¡Eso era botar la plata...! Con lo que costó se podrían haber satisfecho otras necesidades sociales básicas.
O sea, hay que tener un criterio mínimo y una mirada más amplia.
El informe de la Comisión de Economía no contiene un planteamiento razonable. Dice que, según el mensaje, su sola existencia transforma a EMAZA "en una competencia desleal, al constituirse en un obstáculo al desarrollo de estas actividades económicas emprendidas por comerciantes medianos y pequeños".
Pongámonos de acuerdo: si no está funcionando desde hace una cantidad indeterminada de meses y tiene una sola funcionaria, no sé cuál es la competencia desleal que realiza. Ello, salvo que alguien más perspicaz me diga: "No, pues, Lagos. Lo que ocurre es que está la amenaza de una competencia desleal de una empresa del Estado". Y mi respuesta va a ser: "No, pues, amigo. La presencia de esta empresa va a posibilitar que algunos comerciantes se autorregulen". O sea, si -como decía el Senador Navarro- están vendiendo a precios usurarios, una herramienta estatal debe permitir que se enfrente esa situación.
Yo puedo entender el planteamiento que postula reformar los estatutos, modificar en términos de lo que se les exige hoy a las empresas. Pero no terminemos con EMAZA. No es necesario hacerlo.
Actualmente, derogar una ley no cuesta nada: nos ponemos de acuerdo, mayoría, se elimina la legislación pertinente y se acaba EMAZA. Sin embargo, generar una empresa pública, con las condiciones existentes, con la Constitución actual, es prácticamente imposible.
Yo, además de representar a Isla de Pascua, donde queda un solo local...

El señor GARCÍA.- Y no está operativo.

El señor LAGOS.- Lo sé, señor Senador: no está operativo. Pero mi pregunta es por qué debo matar esa posibilidad futura.
Tal vez allí no sea necesario. Pero en el sur de Chile, sí. Es cosa de ver los reportajes que se transmiten a diario: los niños van a la escuela en botes o en balsas; todos los pobladores se hallan aislados; los bienes son carísimos. En Magallanes hubo un tremendo movimiento social porque iban a subir el precio del gas.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Perdón, señor Senador, pero concluyó su tiempo.
Su Señoría dispone de un minuto adicional.

El señor LAGOS.- ¡Cómo! ¿Ya pasaron los diez minutos?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Son cinco minutos, señor Senador, pues está fundamentando el voto.

El señor NAVARRO.- Quedamos en diez.

El señor LAGOS.- Así fue.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Los diez minutos eran para quienes estaban inscritos. Y el último fue el Honorable señor Navarro.

El señor LAGOS.- No voy a hacer ningún punto,...

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- No tengo inconveniente en darle más tiempo.

El señor LAGOS.- ... pero escuché perfectamente cuando Su Señoría dijo que se iban a mantener los diez minutos en la votación.
No importa, señor Presidente. Somos amigos. Para qué nos vamos a hacer problemas. Por lo demás, ¡no necesito más de un minuto...! Solo quiero el mismo trato que se les da a los restantes Senadores.

El señor NAVARRO.- ¡Lagos pide igualdad...!

El señor LAGOS.- Yo exijo mis diez minutos, aunque use uno.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Su Señoría, le reitero que disponen de diez minutos los Senadores que estaban inscritos antes del cierre del debate; los restantes, de cinco, para fundar el voto.

El señor LAGOS.- Si es como dice, señor Presidente, tiene toda la razón.
Entonces, voy a concluir mi fundamentación.
Acá hay una diferencia de criterios. A algunos les encanta cercenar a las empresas públicas y terminar con ellas. Lo hicieron durante diecisiete años: las privatizaron todas, y a precio de huevo.
A EMAZA se la dejó morir. Y para mí es irrelevante que el proceso haya comenzado en la Administración del Presidente Lagos, mi viejo, porque creo que no se trata de una buena política.
Lo digo así, tranquilamente: el cierre no me parece sano.
Se hace un esfuerzo tremendo para unir a nuestro país de distintas formas -no solo en materia de infraestructura-, pero a EMAZA, en vez de buscarle una función diferente o de reestudiarla más a fondo para determinar el rol regulador que podría jugar para, tal vez, inhibir las malas prácticas existentes sobre todo en el sur o en nuestros sectores cordilleranos, se decide eliminarla.
Desde ese punto de vista, pienso que no es la mejor decisión.
Por eso, voy a votar en contra de este proyecto de ley.
Muchas gracias.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- También por diez minutos. Su Señoría sabe que no puedo hablar desde la testera.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Cinco minutos, señor Senador, de acuerdo con el Reglamento.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, a decir verdad, me asusté cuando en cierto momento entré a la Sala -Su Señoría, gentilmente, nos remplazaba en la Mesa al Senador Gómez y a mí-, pues pensé que se estaba hablando de algo estratégico, esencial para la soberanía del país y para poder atender a nuestros habitantes en un aspecto tan elemental como el de acceder al suministro de alimentos, de combustibles, etcétera.
Sin embargo, luego leí atentamente el informe de la Comisión de Economía. Y la verdad es que este proyecto obedece al diseño, que comparto, de un plan estratégico del Presidente Ricardo Lagos, socialista, quien lo formuló con una visión de país muy relevante.
Ahora, uno tiene que pensar en por qué se propone cerrar una empresa de esta índole.
La Empresa de Comercio Agrícola, creada en 1960, terminó en 1989, y EMAZA es heredera de la famosa "ECA", que algunos de los colegas más antiguos recordarán. Y a partir del año 2000 se da inicio al plan estratégico de cierre.
¿Cuáles fueron las razones de la medida?
Primero, el objetivo para el cual la entidad fue establecida empezó a dejar de tener sentido: el abastecimiento a áreas adonde se suponía que tenía que llegar se estaba desarrollando sin problemas y por otros métodos.
Segundo, su costo era importante para el erario, además de estar generando pérdidas mucho más significativas todavía.
Entonces, ¿qué hizo, de manera inteligente, a mi juicio, el Presidente Lagos? En su plan estratégico, que me parece que obedeció a una buena idea, bien implementada -lamento que su hijo no se encuentre presente en este momento, aunque quizás le da lo mismo-, dijo: "Es mejor que una empresa del Estado que deja de cumplir su objetivo, que genera pérdidas y que exige recursos, escasos, de todos los chilenos para solventar su ineficiencia sea transformada en una oportunidad para sus trabajadores".
A diferencia de lo expresado por mi colega Ricardo Lagos Weber, lo que se hizo fue justamente lo contrario de las privatizaciones realizadas en el Gobierno militar: se les dio a los trabajadores la oportunidad de transformarse en pequeños emprendedores efectuando la misma pega que sabían hacer. Y ello es lo esencial. Por eso se empezó a cerrar todos los almacenes y a modificar la estructura de distribución de alimentos y la gestión de la Empresa.
Ahora nos encontramos ante la situación absurda de que, en la práctica, producto de la implementación del plan estratégico, se fue desarrollando el cierre.
¿Cuál es la deuda actual de EMAZA, si mantenemos la continuidad? Según el informe que se ha proporcionado, registra una pérdida acumulada de 8 mil 850 millones de pesos.
En cuanto a personal, me parece que hoy se le pagan 2 millones y tanto de pesos a una persona, y no sé cuánto a otra. Son 5 millones y medio en total. La cuestión era peor hace algunos años, ya que los miembros del Consejo, nombrados por Gobiernos nuestros, recibían remuneraciones y no hacían absolutamente nada. ¡Era la mejor pega!
Entonces, ¡por favor!, sepamos bien a qué hacemos referencia.
Si el punto de fondo es que queremos tener una empresa que pueda solucionar el problema de algunas zonas aisladas, aboquémonos a eso.
El Estado dispone de otros instrumentos a través de los cuales entrega subsidios en transporte y en combustibles; destina directamente ayuda a las familias más vulnerables; distribuye alimentos cuando se registran situaciones complejas de catástrofe, de emergencia o de lo que sea. Es decir, muchas otras fórmulas garantizan una mejor focalización y no le resultan lesivas.
Quiero dejar clara esta parte, porque no me gusta que se piense que el Estado resuelve todos los problemas. ¡Si este no garantiza eficiencia ni mucho menos que a la gente le lleguen precios bajos¿! Al revés. Muchas veces, su ineficiencia obliga a altos costos de producción y, por lo tanto, altos precios de venta de algunos de los artículos en que interviene.
Y me preocupa una cosa, señor Presidente.
Como Senado, estamos llegando a límites que no me parecen razonables, porque hoy estamos planteando una forma de administrar la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas. ¡Desde esta Corporación, vamos a elaborar un mecanismo que permita crear alternativas de gestión de negocios para que sea rentable¿! ¡Supongo que la gente que ha estado estudiando el asunto entiende más que nosotros del funcionamiento de una empresa y de cómo manejarla¿!
Y ayer nos metimos en la administración o en la forma de la toma de decisiones en Televisión Nacional.
Llamo la atención al respecto. Porque una cosa es dar una opinión, y otra, pretender gestionar o administrar desde acá empresas del Estado. Ello no le corresponde al Senado. No creo que estemos en condiciones de hacerlo ni que sea el mejor procedimiento.
Me gustaría, sí, entrar al tema de fondo, con lo cual termino, señor Presidente. Si hay alternativas que sea necesario llevar adelante para garantizar suministros esenciales a sectores aislados -no son solo los de la zona sur, en lo cual coincido con algunos señores Senadores-, tenemos que implementar las medidas con que el aparato del Estado cuenta para tal efecto. Se dispone de las oficinas de emergencia y de los subsidios que se otorgan en distintas áreas de la acción que a este le compete. Y eso es todo.
Porque no es el camino adecuado, sin perjuicio de que tampoco es la materia en análisis, la tergiversación del debate al plantearse una situación extrema en el sentido de que la gente se va a quedar sin suministros o será objeto de abusos sistemáticos si no existe la Empresa.
Voto que sí.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Kuschel.

El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, es preciso recordar que la Empresa prestó cierta utilidad inmediatamente después del terremoto de 1960. Entiendo que en esa época se fundó, con el nombre de Empresa de Comercio Agrícola, para abastecer zonas aisladas.
Y el Presidente Lagos, cuando ya habían avanzado mucho otras alternativas de integración, decidió ir reduciendo la actividad del Estado en la provisión de bienes con ese propósito.
Parece que aquí se olvidaran las leyes aprobadas, no solo ayer, sino también en fechas anteriores.
Nosotros participamos en la Comisión de Zonas Extremas, y tengo presente que en 1973 el camino de Puerto Montt a Caleta La Arena llegaba únicamente hasta Piedra Azul. En 1982 avanzó hasta un poco más allá de Chaicas, y hace dos o tres años se implementó la Ruta Bimodal, con lo cual desapareció el aislamiento de gran cantidad de comunidades. El camino de Puerto Montt a Llanada Grande y Segundo Corral está prácticamente listo. Ya no es necesaria esta clase de empresa.
Por lo demás, cuando operaba EMAZA, la gente reclamaba mucho de que no se abrían las oficinas; de que era muy poca la variedad de mercaderías; de que los artículos llegaban en forma extemporánea, como el fertilizante; de que los alimentos no se recibían en buenas condiciones, en fin. Era algo más o menos parecido a lo que sucedía con la Junta de Auxilio Escolar y Becas.
El Congreso también ha aprobado subsidios al transporte marítimo y al traslado de estudiantes a las islas. En la provincia de Chiloé hay un poco menos de 40 habitadas; en la de Llanquihue, 12. En casi todas ellas se han construido rampas, lo que hemos aprobado aquí, en el Congreso, cuando se discute el proyecto de Ley de Presupuestos. Y a la mayor parte, sobre todo a las más grandes, se puede llegar en auto mediante transbordadores.
Entonces, la situación ha cambiado radicalmente.
Planteo, una vez más, la necesidad de terminar el camino a Chile por Chile, desde Caleta Pichanco a Caleta Gonzalo. Porque Futaleufú, en la provincia de Palena -lo he señalado otras veces y lo reitero-, tiene el combustible más caro de Chile, por ejemplo, nunca suministrado por EMAZA ni antes por la ECA. Pero cuando se concluya esa ruta -el colega Horvath también lo ha mencionado- todas estas dificultades van a desaparecer.
Estimo que destinar los recursos existentes a subsidiar distintos medios de transporte, incluido el aéreo, por avión o por helicóptero -ello comprende el traslado de forraje y fertilizante-, es mucho mejor que mantener la Empresa.
Por eso, también voto a favor.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (13 votos contra 4 y una abstención).
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores Cantero, Chahuán, García, García-Huidobro, Kuschel, Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Escalona, Gómez, Lagos y Navarro.
No votó, por estar pareada, la señora Rincón.
El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde fijar plazo para formular indicaciones, pero no hay quórum para adoptar acuerdos, de modo que ello se determinará la próxima semana.

Por la misma razón, la Mesa también se encuentra impedida de recabar el asentimiento de la Sala con el objeto de prorrogar el Orden del Día y pasar después a la hora de Incidentes.
Así que al Senador señor Navarro le ofrezco las disculpas del caso.
En consecuencia, se levanta la sesión, sin perjuicio de darse curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
De la señora RINCÓN:
A la señora Ministra de Educación, solicitando CATASTRO DE ASISTENTES DE EDUCACIÓN EN COMUNAS DE MAULE SUR HASTA 1980, y al señor Gerente de Seguridad y Operación Norte, Centro y Sur de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, pidiendo atender solicitud de MANTENCIÓN DE CRUCE PEATONAL "ESTACIÓN RETIRO" Y DE GUARDIAS DE SEGURIDAD, COMUNA DE RETIRO.
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--Se levantó la sesión a las 20:5.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción