REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 361ª
Sesión 32ª, en martes 18 de junio de 2013
Ordinaria
(De 16:22 a 19:47)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES JORGE PIZARRO SOTO, PRESIDENTE,
Y JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Larraín Peña, Carlos
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedan, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
Concurrieron, además, los Ministros de Hacienda, señor Felipe Larraín Bascuñán, y de Energía, señor Jorge Bunster Betteley. Asimismo, estuvo presente el Subsecretario General de Gobierno, señor Mauricio Lob de la Carrera.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:22, en presencia de 18 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor PIZARRO (Presidente).-
Las actas de las sesiones 29ª y 30ª, ordinarias, en 11 y 12 de junio, respectivamente, y 31ª, especial, en 17 de junio, todas del presente año, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes.-
Cinco de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "discusión inmediata", respecto de la tramitación del proyecto de ley sobre procedimiento para otorgar concesiones eléctricas (boletín N° 8.270-08).
Con los dos siguientes retira la urgencia y la hace presente nuevamente, calificándola de "suma", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1.-
Proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación Superior (boletín Nº 8.041-04).
2.-
Proyecto de ley que crea el Ministerio del Deporte (boletín Nº 8.085-29).
3.-
Proyecto de ley que crea un sistema de financiamiento para la educación superior (boletín Nº 8.369-04).
4.-
Proyecto de ley que regula la actualización de padrones electorales (boletín N° 8.972-06).
5.-
Proyecto de ley que modifica el Código Sanitario, en materia de regulación referente a farmacias (boletines Nos. 6.523-11, 6.037-11, 6.331-11 y 6.858-11, refundidos).
6.-
Proyecto de ley que modifica el Estatuto Orgánico de las Mutualidades de Empleadores (boletín N° 8.573-13).
Con el cuarto hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", para el proyecto de ley que crea y regula los registros nacionales de inspectores técnicos de obra (ITO) y de revisores de proyectos de cálculo estructural, y modifica normas legales para garantizar la calidad de construcciones y agilizar las solicitudes ante las Direcciones de Obras Municipales (boletín Nº 8.139-14).
Con el último retira la urgencia y la hace presente nuevamente, calificándola de "simple", respecto de los siguientes asuntos:
1.-
Proyecto de ley que regula la exhibición y ejecución artísticas en bienes nacionales de uso público (boletín N° 8.335-24).
2.-
Proyecto de ley sobre medidas de seguridad en pasarelas, pasos sobre nivel y puentes que cruzan carreteras (boletín N° 8.201-09).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que informa que prestó su aprobación al proyecto que renueva la vigencia de la ley N° 19.648, de 1999, sobre acceso de docentes a contrata a la titularidad en establecimientos públicos subvencionados (boletín Nº 8.784-04).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para que informe sobre su admisibilidad.
Del señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo:
Responde dos acuerdos adoptados por esta Corporación sobre las siguientes materias:
1.-
Reintegro de trabajadores del Instituto de Fomento Pesquero y fortalecimiento integral de su institucionalidad (boletín Nº S 1.558-12), a proposición de los Honorables señor Navarro, señora Allende y señores Gómez, Lagos, Muñoz Aburto y Rossi.
2.-
Establecimiento de una política pública de interconexión de sistemas y plataformas diversos que considere servicios de "computación en la nube" (cloud computing) (boletín Nº S 1.540-12), a requerimiento de los Honorables señores Navarro, Gómez y Quintana.
De la señora Ministra de Educación:
Contesta solicitud de información, enviada en nombre de la Honorable señora Alvear, acerca del programa de revitalización de la educación pública y, en particular, las medidas para mejorar la calidad de la educación municipal.
Del señor Jefe de Oficina de Salud de la Provincia de Linares:
Responde petición, remitida en nombre de la Honorable señora Rincón, relativa a la búsqueda de una solución a la acumulación de basura y presencia de roedores debido al funcionamiento de una planta de reciclaje en la unidad vecinal de la Junta de Vecinos Salvador Allende, comuna de Linares.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
Dos de la Comisión de Trabajo y Previsión Social:
1.-
El recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica los artículos 88 y 89 de la ley N° 20.255, en relación con el régimen del seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales aplicable a afiliados independientes y voluntarios del nuevo sistema de pensiones (boletín Nº 8.936-13) (con urgencia calificada de "suma").
2.-
Segundo informe recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que amplía el plazo del derecho a ausentarse del trabajo, para la madre, en caso de que la enfermedad sufrida por el hijo sea cáncer (boletín N° 5.857-13).
De la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que instituye el 29 de abril de cada año como Día de los Sewellinos y Sewellinas (boletín N° 8.807-04).
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del "Acuerdo para modificar el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá, hecho en Santiago el 5 de diciembre de 1996, tal como se ha modificado entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá", firmado en Santiago, Chile, el 16 de abril de 2012 (boletín Nº 8.951-10).
--Quedan para tabla.
Proyecto de acuerdo
De los Honorables señores Navarro, Lagos y Muñoz Aburto, con el que se pide a Su Excelencia el Presidente de la República un debate de carácter técnico y político sobre las implicaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP), en materia de intercambio comercial y relaciones internacionales, en especial respecto de los procesos de integración regional (boletín Nº S 1.585-12).
--Queda para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria respectiva.
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la Cuenta.
Tiene la palabra el señor Secretario.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Los Comités, en sesión del día de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:
1.-
Que se trate como si fuera de Fácil Despacho, en la presente sesión ordinaria, el proyecto signado con el número 9) en el Orden del Día, esto es, el que incorpora un título nuevo, sobre navegación fluvial, en el decreto ley N° 2.222, de 1978, Ley de Navegación.
2.-
Colocar en tabla de Fácil Despacho, en la sesión ordinaria de mañana, siempre que se dé cuenta del respectivo informe de la Comisión de Obras Públicas, el proyecto que modifica el artículo primero transitorio de la ley N° 20.410 para confirmar la vigencia inmediata de la norma que derogó la indemnización compensatoria por no pago de tarifa o peaje en obras concesionadas.
3.-
Incluir en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana el proyecto de ley sobre procedimiento para otorgar concesiones eléctricas.
4.- Designar al Honorable señor Orpis como representante del Senado en la Comisión Premio Nacional del Deporte de Chile.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Saludo a los jóvenes del segundo año medio del Instituto Superior de Comercio de Valparaíso que se hallan en la tribuna. Ellos están desarrollando una actividad respecto a debates, y, por supuesto, asimismo se interesan en escuchar los que aquí tienen lugar.
Y también aprovecho de hacerlo en relación con representantes de la agrupación Amigos de la Ley Emilia, quienes también se encuentran presentes, según me han informado.
INCORPORACIÓN DE TÍTULO SOBRE NAVEGACIÓN FLUVIAL EN DECRETO LEY N° 2.222, DE 1978
El señor PIZARRO (Presidente).-
Conforme a lo acordado por los Comités, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional e iniciado en mensaje, que incorpora un Título nuevo, sobre navegación fluvial, en el decreto ley N° 2.222, de 1978, Ley de Navegación, con informe de la Comisión de Defensa Nacional y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8913-02) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 18ª, en 30 de abril de 2013.
Informe de Comisión:
Defensa Nacional: sesión 26ª, en 22 de mayo de 2013.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo principal de la iniciativa es promover la navegación en los ríos y resguardar la seguridad en el transporte, para lo cual se regulan todas las labores concernientes a dicha actividad o relacionadas con ella.
La Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Coloma, Frei, Gómez y Larraín (don Carlos), aprobó la idea de legislar.
El texto propuesto se transcribe en el primer informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general.
Tiene la palabra el Honorable señor Frei.
El señor FREI (don Eduardo).-
Señor Presidente, quisiera agradecer la decisión de tratar el asunto como si fuera de Fácil Despacho, ya que solo cabe pronunciarse sobre la aprobación de la idea de legislar.
Este es un proyecto largamente ambicionado por la comunidad valdiviana, ya que el problema central radica en que a la navegación en todos los ríos de la Decimocuarta Región se le aplica el sistema de la DIRECTEMAR, propio de la actividad marítima. Ello tiene implicancias, no solo en la circulación y el tránsito de mercaderías y personas, sino también en la seguridad; en el tipo de muelles que requiere cada rubro; en el borde que se gana, muchas veces, producto de procesos de limpieza de ríos y de dragados, y, fundamentalmente, en la posibilidad de establecer -algunos sectores y empresarios ya lo han hecho- un transporte fluvial permanente. Hay más de 16 muelles en sitios laborales, en universidades, en distintos lugares de Valdivia.
Por ello, la iniciativa se consideró con todos los gremios, encabezados por la Asociación de Turismo Fluvial de la ciudad, habiendo participado transbordadores, dragadores y actividades relacionadas con el uso de ríos en la Región. Ha sido largamente anhelada.
También trabajamos con el Senador señor Carlos Larraín y los asesores respectivos.
Pero el proyecto tiene la característica de que fue desarrollado e implementado por la gente de Valdivia -intervinieron algunos especialistas de las distintas universidades, del gobierno regional-, que fue su principal redactora.
Y en Santiago contamos con la colaboración de los Ministerios de Defensa y de Economía.
¡No voy a dar nombres, para que no digan que estoy interviniendo en la campaña electoral...!
El señor PROKURICA.-
¡La de quienes se hallan enfrente...!
La señora VON BAER.-
¡No hay problema...!
El señor PROKURICA.-
¡Igual Orrego no va a despegar...!
El señor FREI (don Eduardo).-
Gracias a los factores que he señalado también logramos, a fines de enero recién pasado, presentar el texto en Valdivia. Y la Comisión de Defensa tuvo a bien despacharlo rápidamente.
Estamos convocados a visitar la ciudad en julio para escuchar a todos los sectores interesados, universitarios y gremiales, los que van a hacernos propuestas en relación con algunas indicaciones que quieren para mejorarlo.
Por eso, pido que la Sala apruebe la idea de legislar, para que podamos concretar ese viaje, y que fijemos plazo hasta mediados del próximo mes para presentar indicaciones.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Puede intervenir el Honorable señor Carlos Larraín.
El señor LARRAÍN (don Carlos).-
Señor Presidente, el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra ha descrito el ambiente general en torno a la propuesta de ley que nos ocupa.
Efectivamente, se ha registrado una intervención activa de varias fuentes laborales relacionadas con la navegación fluvial. Estimamos que la iniciativa contempla la mayor parte de las ideas que se han barajado y que ella no va a ser aplicable solo a la Región de Los Ríos -a la que pareciera encontrarse dirigida-, pues hay otras zonas donde puede tener vigencia. Y de ahí que me permito consignar, muy somera y rápidamente, cuáles son los ingredientes principales del texto en estudio.
El proyecto consta de un artículo único, con dos números -uno de ellos intercala un TÍTULO XI, nuevo, a la Ley de Navegación-, y de un artículo transitorio.
Hoy por hoy, la navegación fluvial no se distingue de la marítima. Por lo tanto, la normativa correspondiente a esta última es efectivamente demasiado gravosa para la primera. Ahora se define lo que es navegación fluvial, con la diferencia que he señalado; se explicita cuál será la autoridad fiscalizadora; se proporciona una nueva clasificación de naves y artefactos fluviales; se crea la figura de Patrón Fluvial, equivalente a la de Capitán, en los términos de la Ley de Navegación; se fijan obligaciones legales para el comandante de una nave; se deja entregada la regulación de la dotación a un reglamento; se fijan los efectos de un accidente, y, finalmente, se abordan las fiscalizaciones y certificaciones correspondientes a la autoridad, en cuanto a la seguridad de naves y artefactos fluviales.
En conclusión, estimamos que la iniciativa es favorable, no solo porque efectivamente es muy esperada por la comunidad de la Región que represento, sino también porque puede tener una aplicación más amplia.
Votaré por aprobarla, desde luego -y solicito a mis Honorables colegas hacer lo mismo-, pero será necesario abrir un período para hacer algunas indicaciones que perfeccionen el texto.
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, es necesario destacar que el proyecto surgió principalmente por gestiones de la comunidad de Valdivia -en especial, de las asociaciones gremiales del ámbito fluvial, respaldadas desde un principio por los Honorables señores Frei y Carlos Larraín, representantes de la Región de Los Ríos- y de las autoridades comunales, por supuesto. La iniciativa presenta un especial énfasis, entonces, en las condiciones específicas del río Calle-Calle, cuyo nombre cambia luego al de río Valdivia.
En este sentido, espero que la discusión particular sirva para recoger la opinión de vecinos y empresarios vinculados a otros cursos fluviales navegables, todos ellos en el sur, muy especialmente el río Biobío, que cruza la Región del mismo nombre.
En lo esencial, se incorpora un título nuevo, denominado "De la Navegación Fluvial", a la Ley de Navegación, de 1978, el cual se basa en la legislación internacional. Básicamente, se reconoce que la autoridad en la materia estará centrada en la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, la que, luego de dictarse un reglamento, tendrá a su cargo la organización y control de la navegación en los ríos.
Juzgo procedente aprobar en general el proyecto, pero, sobre todo, abrir la discusión y análisis de su contenido a otras comunidades fluviales.
Estimo también importante aprovechar esta oportunidad para considerar otros aspectos de interés económico y turístico, como la promoción de actividades de navegación de carga y de esparcimiento en otros ríos de nuestro extenso país y la posibilidad de comprometer fondos públicos y privados para hacer navegables cursos de agua en la zona central. Todos conocemos el interés del propio Presidente de la República en hacer navegable el Mapocho, y creo que el texto en debate constituye una buena plataforma para iniciativas similares.
Por supuesto, voy a votar a favor.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Puede intervenir el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Como Presidente de la Comisión de Defensa, quiero hacer una breve relación sobre el proyecto, aunque ya se han proporcionado explicaciones sobre su contenido.
Sus Señorías pueden darse cuenta de que el articulado se tramitó con una gran celeridad, pero, como es preciso hacerlo considerando la opinión de la gente, se desplegó una amplia capacidad de escuchar a toda la comunidad interesada. Ojalá que en las iniciativas legales se aplicara siempre este criterio y que de repente no se baipaseara una forma de proceder tan sana en democracia.
Lo que busca el proyecto, básicamente, es contemplar una situación relativamente extraña en el sentido de que no existen normas específicas para la navegación fluvial. Si uno trata de buscar las disposiciones reguladoras en la materia, no va a encontrarlas. Son las reglas generales del ámbito marítimo las que se adecuan, en la práctica, según la autoridad y el criterio existente en su momento.
Se ha mencionado el caso de la Región de Los Ríos y de Valdivia, pero puede haber otros que quieran desarrollar su industria turística fluvial por la vía de transformar barcos o botes en taxis, por ejemplo -así se explicó en la Comisión-, y generar paraderos especiales, lo que en la práctica no es posible, porque la regulación obedece a la lógica de la navegación marítima. Es algo que no parece adecuarse, entonces, a lo que realmente se requiere.
Esa es la situación que de alguna manera considera la iniciativa que nos ocupa y que es importante fijar como regla general: establecer definiciones respecto de capitanía de puerto y considerar en un reglamento diversos elementos.
Eso es lo que debemos estudiar bien en la discusión en particular: el funcionamiento; las reglas; las normativas, no iguales a las marítimas pero que sí puedan aplicarse en los ríos. Se trata de un instrumento para desarrollar las actividades comerciales, turísticas, de comunicaciones internas, que, según se explicaba largamente en la Comisión, no se habían podido llevar adelante.
Un segundo mérito del proyecto radica en que nace de la comunidad. Asistieron todas las autoridades. Fue planteado por el Alcalde de Valdivia, don Omar Sabat, y por todas las organizaciones fluviales de la zona. Y también resulta importante recalcar el esfuerzo hecho por el Gobierno. Esta iniciativa fue firmada por muchas autoridades, porque incide en temas de economía, de transporte, de defensa, de administración interior, que hubo que armonizar para darle curso a esta forma nueva de enfrentar la navegación fluvial en nuestro país.
Asimismo, destaco que, efectivamente, fue el Senador Frei quien me pidió que se le diera un trámite de discusión lo más rápido posible al proyecto. Así lo hice, con especial consideración, y además porque este -como dije- nace de la comunidad. También concurrió a la reunión pertinente de la Comisión el Senador Carlos Larraín, en remplazo de uno de sus miembros. Y en conjunto se llevó adelante un gran esfuerzo para impulsar esta iniciativa.
Del mismo modo, el órgano técnico acordó funcionar durante la discusión particular -así lo solicitó a la Comisión de Régimen Interior- en Valdivia, en la Región de Los Ríos, a petición de los parlamentarios de la zona. A dicha sesión están invitados todos los Senadores que tengan algún interés en este tema, que -insisto- nace en Valdivia, pero puede extenderse a otros lugares con capacidad fluvial. Por ejemplo, en la Región que represento el río Maule contó en su momento con mecanismos de funcionamiento fluvial, pero al no existir la normativa pertinente en verdad quedó bastante poco desarrollado.
En resumen, esperamos avanzar el 18 de julio en la Municipalidad de Valdivia y ser capaces de sacar este proyecto en un tiempo muy breve, pero suficientemente conversado, como hay que hacer las cosas cuando uno respeta a fondo la institucionalidad.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Les recuerdo que estamos tratando la iniciativa como si fuera de Fácil Despacho. La tabla del Orden Día es bastante extensa.
Tiene la palabra el Senador señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente, anuncio mi voto favorable.
Me parece una iniciativa excelente de la comunidad fluvial de Valdivia, que puede ser aplicada a otros ríos, en particular al Pudeto, en Ancud; al Maullín; al Quenuir. Y tal vez se podría emplear en las aguas interiores, dadas sus características.
Felicito a los Senadores señores Eduardo Frei y Carlos Larraín por este proyecto, que puede significar un gran potencial para la navegación, especialmente turística, en el sur de nuestro país.
Gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, en primer lugar, felicito la tarea de los Senadores Eduardo Frei y Carlos Larraín en orden a lograr que esta legislación sea pronto realidad. Por supuesto, extiendo mis felicitaciones a la comunidad organizada de Valdivia, que ha estado también detrás de la presente iniciativa legal.
Resalto que nos encontramos ante una normativa de carácter nacional y que busca regular la navegación en nuestros ríos.
La Región de La Araucanía, que represento en el Senado, cuenta con ríos extensos y de caudal suficiente para permitir una navegación mayor. El problema radica en los embancamientos generados con motivo del terremoto y maremoto de 1960. Por ello, creo que, además de la aprobación de la legislación en proyecto, el MOP se debería hacer cargo del desembancamiento de los ríos, particularmente en lugares como Puerto Saavedra, Queule, Toltén, el propio río Imperial, de manera de aprovechar estos caudales para fomentar el turismo. En mi opinión, durante muchos años les hemos dado la espalda a nuestros ríos. Y llegó la hora de hacernos cargo de ello y de incorporarlos en plenitud al desarrollo de nuestra Región, del país, especialmente en el ámbito turístico.
Anuncio mi voto a favor.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Cerrado el debate.
En votación general.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Para fundamentar su voto, tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, el proyecto en votación genera un impacto definitivo en aquellas regiones -como se ha señalado- con aptitud fluvial o que han tenido ríos navegables, como ocurre en especial con el río Imperial en la Novena Región.
Para tal efecto, los alcaldes de Imperial, Carahue, Saavedra, acompañados del Diputado Joaquín Tuma y de la Comisión Especial para el Desarrollo del Turismo, de la Cámara Baja, han conocido esta materia y han viajado a Valdivia a reunirse con sus autoridades. Naturalmente, la iniciativa en discusión tendrá un impacto muy positivo en el desarrollo de la navegación y del turismo no solo en Valdivia, sino también en otras zonas del país.
Termino felicitando a quienes impulsaron este proyecto. Sin duda, constituirá un gran potencial para el desarrollo del turismo en muchas regiones, particularmente en la de La Araucanía.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro, para fundamentar su voto.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, para una Región como la Octava, la recuperación del Biobío navegable siempre ha sido un sueño por realizar.
Hago presente que el nuevo artículo 173, relativo a los operadores, establece que un reglamento fijará las condiciones en que podrán operar las naves o artefactos fluviales.
Y el nuevo artículo 183, relacionado con el cumplimiento de los requisitos por parte de la tripulación y dotación mínima de las embarcaciones, también considera un reglamento.
La experiencia nos señala que la dictación de los reglamentos se extiende demasiado. Mi recomendación apunta a que, habiendo unanimidad para un proyecto de esta naturaleza, que pretende recuperar la navegación en nuestros ríos, los reglamentos sean implementados lo más pronto posible. Y ojalá sean también discutidos y elaborados con la opinión de la ciudadanía, es decir, de los directamente interesados, quienes hoy día trabajan en las redes fluviales en turismo y operan naves, por ejemplo, en Valdivia. Espero que esos textos den a luz a la brevedad los requisitos para que la iniciativa legal, una vez aprobada, sea efectiva.
Voto a favor de este proyecto.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Frei, para fundamentar su voto.
El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, con relación a lo manifestado por el Senador Navarro, hemos tenido en consideración el tema de los reglamentos que se plantean en esta iniciativa. Los borradores ya se encuentran confeccionados. Y fueron elaborados por la misma gente con la cual trabajamos en el proyecto. La idea es que, una vez establecido el plazo para formular indicaciones, presentemos el borrador de los dos reglamentos, para que se debatan en la discusión en particular, de manera de que quede lo más reglado posible todo el sistema de navegación fluvial en los respectivos instrumentos normativos.
El señor PIZARRO (Presidente).-
No hay más inscritos.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (30 votos a favor y un pareo).
Votaron a favor las señoras Allende, Alvear, Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Muñoz Aburto, Navarro, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
No votó, por estar pareado, el señor Novoa.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señora Lily Pérez y señores Letelier, Rossi y Ruiz-Esquide.
Si le parece a la Sala, se fijará plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 22 de julio, a las 12. Ello obedece a que la semana anterior se constituirá la Comisión de Defensa Nacional en Valdivia, y lo lógico es que las indicaciones se formulen después de recibir su información.
--Así se acuerda.
AUMENTO DE PENA A DELITO DE MANEJO EN ESTADO DE EBRIEDAD CON RESULTADO DE MUERTE O DE LESIONES GRAVÍSIMAS
El señor PIZARRO (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.290, de Tránsito, y sus modificaciones posteriores, en sus artículos 196 y 197, referidos al delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte o de lesiones gravísimas, con informes de las Comisiones de Transportes y Telecomunicaciones y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8813-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 11ª, en 10 de abril de 2013.
Informes de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 20ª, en 7 de mayo de 2013.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 30ª, en 12 de junio de 2013.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo de la iniciativa despachada por la Cámara de Diputados es elevar la pena del delito de manejo en estado de ebriedad cuando se causen lesiones gravísimas y cuando sea con resultado de muerte. Se suma a esto la inhabilitación perpetua para conducir y la incautación del vehículo si el autor es su dueño.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones discutió este proyecto en general y en particular, por ser de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señora Rincón y señores Cantero y Chahuán), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
La Comisión de Transportes deja constancia de que en su seno se dio a conocer que existe una moción, cuyos autores son los Honorables señores Chahuán, Girardi, Letelier, Uriarte e Ignacio Walker, que también se refiere a esta materia.
La Sala, con fecha 5 de junio de 2013, acordó que la iniciativa fuera informada, además, por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Este órgano técnico discutió la iniciativa en general y en particular y le introdujo diversas enmiendas, que fueron aprobadas por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señora Alvear y señores Chahuán, Carlos Larraín, Espina, Hernán Larraín y Patricio Walker).
La Comisión de Constitución consigna que las enmiendas incorporadas apuntan a atribuir mayor gravedad al delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte o de lesiones graves gravísimas y que para estos fines propone modificar tanto el inciso tercero del artículo 196 de la Ley de Tránsito como el artículo 15 bis de la ley N° 18.216.
Complementariamente, se establece una disposición transitoria, nueva, destinada a armonizar la entrada en vigor del artículo 2º de la iniciativa con lo establecido a este respecto en la ley N° 20.603, que modificó el régimen de penas alternativas.
El texto que se propone aprobar se consigna en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Senador señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).-
Señor Presidente, Honorable Sala, esta iniciativa, conocida como "Ley Emilia", se originó en una moción presentada en la Cámara Baja por los Diputados señoras Muñoz y Sepúlveda y señores Aguiló, Carmona, Hugo Gutiérrez, Hasbún, Jarpa, Latorre, Schilling y Teillier, quienes se hicieron eco de la dramática realidad que afecta a la familia de la menor Emilia Silva Figueroa, recientemente fallecida a consecuencia de la colisión de un vehículo guiado por un conductor en estado de ebriedad al automóvil en que esta niñita se desplazaba.
Lo anterior motivó que se propusiera una elevación de la pena asignada por el artículo 196 de la Ley de Tránsito al delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de lesiones graves gravísimas o de muerte.
En tal sentido, la pena de presidio menor en su grado máximo pasaba a presidio mayor en su grado mínimo a medio. Además, se planteaba que el condenado no pudiera acceder a ningún beneficio penitenciario y se contemplaba la incautación automática del vehículo utilizado en el hecho.
Al analizarse la iniciativa en nuestra Comisión, se advirtió que su texto ofrecía una serie de dificultades técnicas. En efecto, se tomó conocimiento de las dudas planteadas por diversos juristas acerca de la técnica legislativa empleada y de la existencia de problemas de sistematicidad con otras normas penales y procesales que rigen la materia.
La Comisión, sin embargo, tuvo presente que las motivaciones de la iniciativa son justificadas y que tanto el caso de Emilia Silva como muchos otros casos similares han causado una gran conmoción en la comunidad.
Por ello, concluyó que era recomendable buscar fórmulas para superar tales dificultades y alcanzar un texto que, sin desequilibrar nuestro sistema punitivo, lo mejorara y le proporcionara alguna satisfacción a las víctimas de este deplorable delito y también, por supuesto, a sus familiares.
Dada la relevancia de la materia en análisis, se recabó la colaboración de los profesores señores Juan Domingo Acosta Sánchez y Julián López Masle. Además, para agilizar la tramitación del proyecto, y por ser este de artículo único, la Comisión lo discutió en general y en particular, a la vez.
Es así como estamos presentando a la Sala un texto distinto del que fuera despachado por la Cámara de Diputados y por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones de esta Corporación, pero que preserva el propósito original de atribuir mayor gravedad al ya mencionado delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte o de lesiones graves gravísimas.
Las proposiciones de nuestra Comisión son las siguientes:
1.-
En cuanto a las modificaciones que se plantean a la Ley de Tránsito, se mantiene solamente una, referida al inciso tercero del artículo 196, que aumenta el nivel de la sanción máxima aplicable al ya mencionado delito.
En virtud de lo anterior, la pena vigente de presidio menor en su grado máximo se remplaza por la de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. Es decir, la pena actual de 3 años y un día a 5 años pasa a ser de 3 años y un día a 10 años.
Esta propuesta acarrea los siguientes efectos:
1) Aumenta la sanción punitiva por extensión del marco penal aplicable, que queda constituido por una pena compuesta de dos grados (presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, es decir -reitero-, 3 años y un día a 10 años).
2) Siendo el grado superior pena de crimen, resulta aplicable -esto lo señaló específicamente el profesor Julián López- el criterio orientador de peligro para la seguridad de la sociedad, a efectos de la decisión sobre prisión preventiva, conforme a lo previsto en el artículo 140, inciso cuarto, del Código Procesal Penal, que dispone lo siguiente:
"Se entenderá especialmente que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, cuando los delitos imputados tengan asignada pena de crimen en la ley que los consagra".
Estamos hablando de la pena abstracta, no concreta, al establecer un tramo: pena de 5 a 10 años de presidio -nos señaló el profesor Julián López-, que tiene asignada pena de crimen. Y, por lo tanto, ello debiera favorecer la dictación de la prisión preventiva.
3) En los casos en que el juez decida la aplicación del grado superior, queda excluida la posibilidad de la aplicación de penas sustitutivas, ya que estas requieren la imposición de penas privativas o restrictivas de libertad que no excedan de 5 años.
4) Cuando el juez decida la aplicación del grado inferior, la aplicación de una pena sustitutiva quedará entregada a la evaluación judicial del cumplimiento del requisito pertinente de cada pena sustitutiva.
Las restantes modificaciones propuestas a la Ley de Tránsito se desestimaron. La que impedía que el condenado optara a cualquier tipo de beneficio penitenciario se desechó por su vaguedad y porque la enmienda ya acordada fija un criterio claro que determina y dirime esta materia. Finalmente, la relativa a la incautación del vehículo con el que se comete el ilícito se desestimó, porque dicha medida procede actualmente sin necesidad de una reforma legal, por aplicación del artículo 187 del Código Procesal Penal.
En segundo lugar, incluimos en el proyecto un artículo 2°, nuevo, sobre aplicación de penas sustitutivas de las sanciones privativas o restrictivas de libertad. La propuesta consiste en modificar el artículo 15 bis de la ley N° 18.216, de manera de hacer aplicable, en forma expresa, la pena de libertad vigilada intensiva al delito en estudio.
Dicha propuesta resulta adecuada, primero, porque evitará los supuestos en que procede la remisión condicional de la pena para el caso, asunto que la comunidad tanto resiente (el condenado va a firmar una vez al mes, por lo que, naturalmente, las víctimas o sus familiares tienen una terrible sensación de impunidad); y segundo, por cuanto quien es condenado a la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva queda obligado a asistir a un tratamiento de rehabilitación del consumo problemático de alcohol o drogas. De no cumplirse esta medida -que es de gran eficacia para la rehabilitación del condenado-, se revocará -esto es importante tenerlo presente- la pena sustitutiva y se aplicará la privativa de libertad originalmente impuesta, o sea, la libertad vigilada especial, que opera con brazalete electrónico.
Es cierto que la ley que establece esta última todavía no entra a regir. Por eso, ella tendrá aplicación una vez que tal normativa se halle plenamente vigente. El brazalete electrónico, con sistema satelital (GPS), se puede poner en los tobillos o en la muñeca. En verdad puede controlarse que la persona, por ejemplo con reclusión parcial en su casa, permanezca en ella 8 horas al día y no esté libre.
En tercer término, complementariamente hemos establecido una disposición transitoria, por lo que señalé, destinada a armonizar la entrada en vigor del artículo 2° del proyecto con lo establecido a este respecto en la ley N° 20.603, que modificó el régimen de penas alternativas.
La Comisión tuvo en vista que el artículo 8° de la ley N° 20.603, que introdujo diversas enmiendas a la ley N° 18.216 -entre ellas, la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva-, prescribe que esta medida regirá a contar de la publicación en el Diario Oficial de las adecuaciones que en virtud de la primera norma citada deben incorporarse en el decreto supremo N° 1.120, de 1984, del Ministerio de Justicia, reglamento de la ley N° 18.216.
Por tal razón, la modificación propuesta en esta ocasión a la ley N° 18.216 debe quedar sujeta a la misma condición de vigencia.
Ese es, básicamente, el contenido del texto propuesto.
Debo resaltar que en la Comisión de Constitución el proyecto fue aprobado en general por unanimidad, y que en la votación en particular cada una de las modificaciones contó también con el consenso de sus miembros, Honorables señora Alvear y señores Chahuán (en reemplazo del Senador señor Carlos Larraín), Espina, Hernán Larraín y quien habla.
Finalmente, cabe expresar que en el estudio de la iniciativa se tuvieron en consideración las proposiciones contenidas en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Chahuán, Girardi, Letelier, Uriarte e Ignacio Walker, que modifica los estatutos de la prisión preventiva y de la suspensión de la ejecución de la pena en el caso de la conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias sicotrópicas con resultado de lesión o muerte, contenido en el boletín N° 8.809-07.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, debo reconocer que frente a este proyecto tengo no una crisis de memoria, sino de conciencia. Los psiquiatras -y en política se ve mucho- sostienen que la conciencia no es más que un problema de memoria.
Mediante esta iniciativa se castiga -como se indica en uno de los informes- con una severidad que no me parece adecuada. No hay nada más trágico que alguien que abusa del alcohol al manejar un vehículo mate gente. Pero también es verdad que toda pena debe tener cierto correlato con los otros castigos que la sociedad impone a la comisión de ciertos delitos.
Me parece que lo aprobado por la Comisión de Transportes es excesivo. Lo digo con sinceridad.
Y lo encuentro excesivo porque, si se empieza a aplicar una escala de penas razonable, va a llegar un momento en que ya no habrá más tiempo de prisión para poder hacer una correlación justa con respecto a la pena para el que atropella, mata o lo que fuere, y se va a volver a aplicar la pena de muerte.
De eso no me cabe duda. Se va a terminar pensando que se puede matar simplemente a una persona, condenando al culpable a la pena de muerte, porque en definitiva ya no habrá más escala comparativa.
Por eso, votaré a favor de lo propuesto por la Comisión de Constitución.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, el proyecto de ley que nos ocupa -conocido también como "Ley Emilia", en recuerdo de la menor Emilia Silva Figueroa y de la lucha que han dado sus padres, Benjamín y Carolina, para que el caso de su hija no quede en la impunidad- fue analizado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, la que introdujo diversas modificaciones al texto aprobado por la Comisión de Transportes y Comunicaciones -que presido-, a las que me referiré a continuación.
Todos estamos contestes en que es necesario aplicar la máxima rigurosidad de la ley a quienes, conduciendo bajo los efectos de sustancias sicotrópicas o en estado de ebriedad, causen lesiones gravísimas o la muerte de personas.
Precisamente en este contexto, hace dos meses presentamos, junto con los Senadores Girardi, Uriarte y Letelier, una moción con el objeto de que a los autores de tales delitos se los considere un peligro para la sociedad, de manera que, al formalizarse la investigación en su contra, se los mantenga en prisión preventiva y, asimismo, cuando se les imponga una pena no se les otorguen los beneficios de la ley N° 18.216.
Además, presentamos otro proyecto de ley, que establece como agravante el hecho de que el conductor que ocasiona un accidente automovilístico huya del lugar sin dar aviso a la Policía y al centro hospitalario o de atención médica más cercano.
La Comisión de Constitución, después de efectuar un debate en el que se tuvieron a la vista los informes de dos destacados penalistas, los profesores señores Juan Domingo Acosta y Julián López, y se consideraron los principios de racionalidad y proporcionalidad que inspiran el Derecho Penal, estimó pertinente aumentar la pena vigente -esto constituye un avance importante-, de presidio menor en su grado máximo (3 años y un día) a la de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo (3 años y un día a 10 años).
Con ese aumento la pena asignada al delito queda calificada como de crimen, por lo cual, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 140 del Código Procesal Penal, se considerará que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, de modo que el juez deberá decretar su prisión preventiva.
En lo que respecta a las penas sustitutivas a que podría acceder el imputado, también será prácticamente imposible aplicarle una de ellas, toda vez que, si el tribunal decide imponer el grado superior, no podrá obtener ese beneficio, ya que el artículo 15 bis, letra a), de la ley Nº 18.216 establece que para la aplicación de penas sustitutivas se requiere que la condena no exceda de cinco años de privación de libertad.
Esta última disposición requerirá que entre en vigencia la modificación del reglamento que incorpora las adecuaciones que, en virtud de la ley Nº 20.603, se introdujeron a la ley Nº 18.216. Dicho reglamento todavía no se encuentra vigente.
No obstante, es necesario dejar constancia de que el Senador Espina propuso una modificación de las penas para que, en el caso de que un conductor que maneje un vehículo en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias psicotrópicas causare la muerte de una persona, se le condene a la pena de presidio mayor en su grado mínimo, esto es, aquella que fluctúa entre cinco años y un día a diez años.
Asimismo, si el imputado manejase en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias psicotrópicas y causare las lesiones graves o gravísimas descritas en el artículo 397, Nº 1), del Código Penal, se le impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, vale decir, una privación de libertad que fluctúa entre tres años y un día a diez años.
Esta proposición, que lamentablemente no fue acogida en la Comisión, en mi concepto era más equitativa, ya que dispone sanciones más adecuadas a los ilícitos cometidos dada la gravedad de estos y, por otra parte, cumple plenamente con los principios de racionalidad y proporcionalidad que inspiran el Derecho Penal.
Por lo tanto, considero que el proyecto en la forma en que definitivamente ha quedado redactado cumple solo en forma parcial los objetivos que se persiguieron, esto es, que los responsables de esos ilícitos reciban penas adecuadas a la gravedad de su conducta y, por ende, sean considerados un peligro para la sociedad.
Esto no constituye populismo penal, como sostuvo un matutino de circulación nacional, sino que es una necesidad imperiosa que el Poder Legislativo debe abordar, ya que es nuestro deber hacer una evaluación de las leyes vigentes y, por ende, modificar aquellas que requieren reformas, como la que propone el proyecto que en esta ocasión nos convoca.
En consecuencia, tratándose de una materia que hemos impulsado desde el Senado en paralelo a una moción iniciada en la Cámara de Diputados, la que finalmente obtuvo la urgencia dada por los Ministros del Interior y de Transportes y Telecomunicaciones, voy a aprobar en general esta iniciativa legal.
Pido que se fije un plazo para formular indicaciones a efectos de revisar la graduación de la pena en términos de que, cuando se produjere un accidente con resultado de muerte por alguien que conduce bajo la influencia del alcohol o de sustancias psicotrópicas, hallemos una fórmula que permita asegurar una pena mayor, como manifesté anteriormente.
Creemos que la Comisión de Constitución -eso quiero rescatar- ha hecho un tremendo esfuerzo para encontrar un mecanismo desde el punto de vista de la racionalidad y la proporcionalidad del Código Penal.
Sin embargo, pensamos que, en el caso de muerte, es posible llegar a una pena mayor.
Concurrí a la Comisión de Constitución y, posteriormente, me he formado la convicción de que es posible asegurar una pena que vaya desde los cinco años y un día a los diez años en el caso de que un conductor que maneje en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias psicotrópicas causare la muerte de una persona.
Por las razones anteriormente expuestas, pediré plazo para presentar indicaciones a fin de que ese aspecto sea revisado en la Comisión de Constitución.
--(Aplausos en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Solicito a las personas que se encuentran en las tribunas no hacer manifestaciones ni a favor ni en contra.
Ruego que escuchen tranquilos, más allá de la simpatía que pueda causarles la intervención de un determinado Senador.
Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Señor Presidente, al parecer, según algunos miembros de la Comisión de Constitución, no se podrían presentar indicaciones.
La señora ALVEAR.-
El proyecto fue aprobado en general y particular.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Como me acotan que la iniciativa fue aprobada en general y en particular en la Comisión, entonces tendríamos que votar a favor o en contra del texto que se nos presenta hoy día.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Señora Senadora, nos hallamos en la discusión general. Después corresponde entrar a la particular.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Lo tengo claro, señor Presidente.
No quiero que nadie se confunda respecto de lo que vamos a votar. Por eso, para refrendar lo expresado, necesito saber si entendí correctamente, pues el Senador señor Chahuán acaba de pedir plazo para indicaciones. Se ha sostenido que esto no es admisible, según algunos integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Quiero saberlo, porque de ello dependerá mi votación.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Reitero que estamos en la discusión general.
Cualquier Senador tiene derecho a solicitar plazo para formular indicaciones, las cuales serán conocidas durante la discusión particular del proyecto, que debe volver a la Sala.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Agradezco la precisión del señor Presidente, porque es imprescindible que eso quede absolutamente claro.
Soy una convencida de que un automóvil conducido por una persona en estado de ebriedad deja de ser un medio de transporte y se convierte inmediatamente en un arma en contra de sí misma y de los peatones. Muchos transeúntes han fallecido al ser atropellados por conductores irresponsables que manejaban en estado de ebriedad.
Quiero ser coherente con mis votaciones cuando se debatió el proyecto de ley de tolerancia cero. Yo me pronuncié a favor de la norma legal que imponía tolerancia cero frente a la conducción bajo los efectos del alcohol.
Y, en ese sentido, este proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por supuesto representa un paso adelante, pero, a mi juicio, insuficiente.
Opino que en estos casos las sanciones deben ser tremendamente ejemplificadoras frente a la conducta que nosotros debemos evaluar en el Senado, no solamente por el hecho que nos conmovió durante el último tiempo.
Son muchísimos los ejemplos de familias que han quedado destrozadas por personas que, conduciendo bajo los efectos del alcohol, han asesinado a otras mediante atropellamientos o accidentes de vehículos. No es igual el caso de alguien que se ve involucrado en un accidente que el de un conductor que, bajo los efectos del alcohol, produce una colisión o un atropello con resultado de muerte.
Por eso, en la misma línea del planteamiento formulado por el Senador señor Chahuán, obviamente no puedo sustraerme a la aprobación del informe de la Comisión de Constitución, pero comparto la idea de formular indicaciones -así lo dije a la hora de almuerzo en la reunión de nuestra bancada- para establecer sanciones de carácter máximo ante este tipo de delitos.
Eso me parece muy relevante.
Sé que esta iniciativa es un paso adelante. Sin embargo, el proyecto original establecía que para quienes causen la muerte de una o más personas se impondrá la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio, en circunstancias de que la Comisión de Constitución ahora nos sugiere "las penas de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo".
Con franqueza, debo decir que me gusta más el texto original. Desearía que pudiéramos reponerlo -ojalá- a través de una indicación. De ser así, votaré a favor de ella, como también lo haré en lo que concierne al informe de la Comisión de Constitución.
Insisto en que nosotros tenemos que aprobar textos legales que sean coherentes entre sí.
En el Senado aprobamos la Ley de Tolerancia Cero contra el consumo de alcohol. Recuerdo que algunos se opusieron -todas estas normas legales son muy discutibles-, pero la señal que quisimos dar a la opinión pública es que no resulta aceptable conducir luego de tomar alcohol o consumir drogas.
Por eso, en el debate del proyecto de ley sobre tolerancia cero, dijimos que no es admisible conducir y beber alcohol.
Por lo tanto, en ese sentido resulta muy coherente establecer sanciones que sean realmente fuertes y efectivas para sancionar este tipo de delitos, porque conducir en estado de ebriedad es un delito y creo que nosotros tenemos que considerarlo en esa forma.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, cuando este proyecto llegó al Senado tuve la oportunidad de entrevistarme con don Benjamín Silva y doña Carolina Figueroa -que, según entiendo, están en las tribunas-, y les señalé que no albergaran ninguna duda de que los integrantes de la Comisión -yo, en particular- harían todo lo posible por dictar una legislación que resultara justa y corrigiera los errores que se observan en la actual ley. Y ello, sobre la base de analizar de qué forma se pueden aplicar las sanciones que merecen quienes cometen el horroroso delito del que fue víctima su hija de ocho meses de edad.
La presente iniciativa -quisiera explicárselo a los miembros de esta Corporación- contiene tres partes distintas.
La primera dice relación con la pena aplicable al delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte o lesiones graves gravísimas. La actual legislación establece una pena de tres años y un día a cinco años de cárcel, y lo que hizo la Comisión fue duplicarla, elevar el techo a diez años y mantener el piso en tres años y un día, de tal manera que la pena va de tres años y un día a diez años de cárcel.
Este es un delito de características bien especiales, porque no requiere de una imprudencia adicional respecto de lo que significa -y, por cierto, es una imprudencia- manejar bajo los efectos del alcohol. Es tan especial que, por ejemplo, una persona puede ser inocente de un choque, pero, si conducía con más de 0,8 gramos de alcohol y se ve involucrada en un accidente en el cual no tiene ninguna responsabilidad -imaginemos que lo impactaron por la parte de atrás de su vehículo-, afronta una pena de tres años y un día a diez años de cárcel.
A diferencia de lo que ocurre en nuestro Código Penal, donde los cuasidelitos requieren lo que se denomina "imprudencia temeraria", este es un delito en que el individuo puede no haber actuado con imprudencia, sino haber sido víctima de alguien que pasó un disco "Pare" y lo chocó. Pero, si había tomado tres copas de vino -lo que ya es una imprudencia- y marcaba más de 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre, enfrentará una pena que va de tres años y un día a diez años.
Ese es el fundamento de por qué la Comisión le dio amplitud al juez. Porque el brutal crimen de Emilia -ella estaba en la parte trasera de un vehículo detenido, al que impactó una camioneta en ese preciso lugar, quitándole la vida- es, por cierto, una conducta de tal nivel de reproche social que amerita una sanción altísima. Pero el mismo delito se puede dar en las circunstancias que he señalado, vale decir, que una persona no sea culpable del accidente y, sin embargo, tenga que enfrentar una pena de cárcel.
Por eso nosotros optamos por darle amplitud al juez.
En un momento yo planteé que la pena fuera de cinco años y un día a diez años, pero nuestra Comisión, que trabaja en equipo, llegó al convencimiento de que la sanción establecida en definitiva parecía la racional para la variedad de casos que se pueden presentar.
El segundo aspecto apunta a que esta es una pena abstracta, pues, si alguien configura dos circunstancias agravantes -por ejemplo, haber sido detenido con anterioridad por conducir en estado de ebriedad y haber participado en otros delitos o accidentes-, el juez puede elevársela más allá de los diez años. Así lo señala expresamente nuestro Código Penal al establecer que, no concurriendo ninguna circunstancia atenuante y habiendo dos o más agravantes, se puede imponer la pena inmediatamente superior en un grado.
El asunto es discutible. La latitud planteada es que sea de tres años y un día a diez años. Por cierto, va a haber indicaciones. Pero nuestro leal saber y entender nos indica que eso le da una amplitud o margen al juez para juzgar, dependiendo de la gravedad del delito, de las características que este tenga, si aplica la pena de diez años o una menor.
Ahora bien, hay algo que, con toda razón, reclamaba particularmente doña Carolina, cual es que en primera instancia al autor del crimen se le dejó en libertad, en circunstancias de que había presunciones para ser considerado un peligro para la sociedad. La Comisión también arregló ese problema, pues, al consignar que la pena va de tres años y un día a diez años, incluyó el hecho en los delitos de crimen y, al hacerlo, permitió que se aplicaran las normas del Código Procesal Penal, que señalan en forma expresa que se entenderá especialmente que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad cuando el delito imputado tenga asignada una pena de crimen.
Por lo tanto, el segundo problema, que es que los jueces, mientras dura el proceso, pueden dejar libres a quienes cometen estos delitos en estado de ebriedad, se resuelve sobre la base de que, teniendo el ilícito pena de crimen, el juez debe considerar ese factor como un peligro para la sociedad para los efectos de determinar si la persona queda o no con la medida cautelar de prisión preventiva.
El tercer tema -y me lo reclamó, con toda razón, la madre de la niña- es que resulta una barbaridad que un individuo, después de haber sido condenado, quede con remisión condicional de la pena, firmando cada quince días en un recinto de Gendarmería.
Estudiando la materia con penalistas, se estableció que en este tipo de delitos, si se trata de una persona respecto de la cual el juez estimare que finalmente no cumplirá su pena en la cárcel, no queda otra alternativa que aplicarle la llamada "libertad asistida especial". ¿En qué consiste? Primero, se obliga al magistrado -que no le puede otorgar la remisión condicional de la pena- a mantener al individuo en su domicilio o en el lugar que determine, durante un lapso máximo de ocho horas diarias -es decir, queda sometido a reclusión nocturna-. Segundo, el imputado tiene prohibición de aproximarse a la víctima, sus familiares u otras personas que determine el tribunal. Y tercero, debe usar el sistema telemático, esto es, el brazalete.
De esa forma se resuelve el tercer problema, que consiste en impedir que alguien que comete un delito de esta naturaleza finalmente quede con remisión condicional de la pena, firmando en libertad.
Tal como se lo expliqué a los padres de Emilia, si hay un juez descriteriado -lo digo con todo respeto-, eso no lo vamos a poder resolver con la ley, sino como se hizo en este caso. En efecto, el magistrado, cometiendo un profundo error, no dejó al individuo en prisión preventiva, como correspondía, a pesar de que iba con dos grados de alcohol en la sangre, chocó por atrás y mató a una persona, lo que hacía presumir que constituía un peligro para la sociedad. Y el asunto se resolvió apelando al tribunal superior, el cual sí lo mantuvo en prisión preventiva.
Solo puedo decir, señor Presidente, que legislar sobre esta materia no es fácil. Pensar que se debe aplicar todo el rigor y el peso de la ley, pero teniendo en cuenta que ningún caso es igual a otro, requiere actuar conforme al leal saber y entender de cada uno.
Yo doy fe de que los miembros de la Comisión de Constitución hemos hecho un trabajo en conciencia acerca de lo que estimamos más justo: pena de diez años para quien cometa este tipo de delito; prisión preventiva, si es un peligro para la sociedad, y finalmente, la imposibilidad de que el individuo obtenga, dictada la condena, la remisión condicional de la pena.
Si los señores Senadores formulan indicaciones, las estudiaremos y veremos cómo perfeccionar el proyecto. Pero puedo asegurar que hemos realizado un esfuerzo por legislar de acuerdo con la gravedad de la conducta que se ha cometido y con las distintas hipótesis que se pueden dar, para que cuando corresponda se aplique una dura sanción y realmente se haga justicia frente a hechos de esta naturaleza.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, estimados colegas, quiero partir de una constatación.
Si le arrebatan la vida a una hija o un hijo, a la compañera o al compañero que uno tiene, o a otro ser querido, no hay absolutamente nada que lo repare. ¡Nada! ¡Menos la administración de justicia! ¡No lo repara!
A quienes piensan que la justicia produce ese efecto, les puedo decir, dadas mi experiencia y mis convicciones, que no es así. Porque nada paga la pérdida de un hijo, de un padre, de una compañera.
Las leyes establecen normas para definir lo que la sociedad considera aceptable o no aceptable y, frente a esto último, cómo debe reaccionar.
Sin embargo, ahora nos hallamos insertos en este debate porque existe una constatación.
Hace cincuenta años no había la cantidad de vehículos que tenemos hoy. En la actualidad existen muchos. Por lo mismo, si alguien tomaba un vaso de vino o una chuica arriba de un carretón, a nadie le importaba. Disculpen que lo plantee en estos términos. Pero ahora beber alcohol y subirse a un vehículo es objeto de sanciones, pues existe la Ley de Tolerancia Cero. Uno podrá discutir si los niveles que se fijaron son o no los correctos. Si es 0,8, 0,5 o cualquier otro, siempre será arbitrario. Es solo una cifra.
Lo cierto es que cuando uno maneja un vehículo tiene que asumir su responsabilidad. La sociedad no puede tolerar que una persona que ha consumido alcohol y causado un accidente, con resultado de lesiones gravísimas o de muerte, al día siguiente ande caminando por las calles como si nada hubiese ocurrido.
Es decir, lo primero que uno desea y busca es que el individuo que incurre en dicha conducta sea considerado un peligro y, por tanto, no recupere de inmediato su libertad, y no lo haga hasta someterse a un tratamiento, sea porque se trata de una actitud que algunos califican de semicriminal o criminal, o bien porque se trata de alguien que presenta una patología extrema, que no entiende que no debe manejar un vehículo si está curado.
En ese sentido, este proyecto de ley es un avance, pues consagra sanciones que le indican a la sociedad que no es admisible ese tipo de conductas y que, por ende, cuando sean castigadas, se impondrán penas que, figurando dentro del sistema general del país, consigan generar cambios en los comportamientos de las personas.
Yo sé, por experiencia propia, que las sanciones no reparan el daño causado. Nada lo logra. Pero esta iniciativa, a mi juicio, permite al menos dar un paso en la dirección correcta.
Por cierto, en algún momento habría que estudiar el régimen general de penas que existe en Chile, de modo que al debatir proyectos como este fuera posible armonizar las sanciones establecidas para delitos de esta índole con las estatuidas para otros, como el asesinato con premeditación.
Yo uso el concepto de asesinato de manera distinta de como lo empleó una distinguida colega que lo mencionó antes en la Sala. Para mí, tiene que ver con la premeditación, con el carácter de la intención. En nuestro país hay muchas personas que han asesinado a otro ser humano y las penas que cumplen son a mi juicio bajísimas. Por desgracia, nuestra sociedad castiga más a quienes cometen delitos contra la propiedad que a aquellos que atentan contra la vida, que dañan el derecho humano básico de otro.
En Chile, señor Presidente, a veces a uno le va peor robándose una gallina que causando lesiones gravísimas a otra persona.
Por eso, tenemos un problema que va más allá de este proyecto de ley y que dice relación con las prioridades de la sociedad y con las conductas que ella desea que no ocurran.
Por desgracia, nuestro sistema sancionatorio valora poco la vida. ¡Poco! Se considera peor estafar, el robo con intimidación, que matar. Yo entiendo que es difícil construir un sistema de penas y espero que en algún momento podamos abordarlo en mejor forma.
Este proyecto de ley, señor Presidente, lleva el nombre de una niñita que murió producto de una tragedia en nuestro país, donde todos los días mueren niños y niñas, adultos y peatones a manos de conductores irresponsables.
Yo espero que este avance, aunque sea parcial, aunque quizás no signifique todo lo que esperábamos, permita lograr un acuerdo unánime y dar una señal para que efectivamente cambien las conductas.
Me gustaría que en la Ley de Tránsito se estableciera a futuro la obligación de que toda chilena o chileno que conduzca un vehículo cuente con un seguro, tal como ocurre en otros países. Y no me estoy refiriendo a un seguro de estos pequeños, de daños contra terceros, sino a uno pensado en el conductor, para que se restrinja quién sale a manejar, quién queda al mando de un vehículo, de modo que estas personas se hagan responsables de los efectos que pueden producir.
No es que la pérdida de una vida se pueda reparar con indemnizaciones de algún tipo, pero hay que generar una mentalidad, una lógica de país distinta, donde el valor de la vida esté ubicado en primer término.
Señor Presidente, en el entendido de que en las Comisiones se logró construir un acuerdo, de que este es un avance, y de que esta normativa es mejor que la que tenemos ahora, voy a votar a favor.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, el manejo en estado de ebriedad es motivo de una de las leyes que más ha costado modificar a consecuencia de que existe la convicción y la cultura de que conducir bajo los efectos del alcohol es casi una situación socialmente aceptada, hasta antes de la nueva ley que se publicó. De hecho, se escuchaba mucho decir "Manejo mejor curado". Además, muchas personas condenadas por conducir un vehículo en ese estado han sido invitadas a programas televisivos donde se hace fiesta y risa con estos temas. Así lo he visto en varias oportunidades en algunos canales. Y es porque existía la sensación de que no era raro que en Chile se pudiera manejar en tales condiciones.
Quiero decirle, señor Presidente, que en el marco de un programa que se realiza en la ciudad de Antofagasta, denominado "Aún te espero", durante siete años (partió en 2006) se ha hecho una campaña permanente para educar a la población y evitar accidentes causados por el manejo en estado de ebriedad. Cada año la campaña tenía un nombre particular relacionado con la prevención de este tipo de situaciones.
En un minuto los directivos de dicho programa me invitaron a participar junto con el Senador señor Cantero. Después de cinco años, ellos consideraban que todo el esfuerzo de educación que habían efectuado no tenía correlato suficiente en la ley. Por lo tanto, tenía que llevarse a cabo una modificación legal que estableciera penalidades distintas de las consagradas en la actual legislación.
En Antofagasta han ocurrido tragedias tan grandes y graves como la que afectó a Emilia. Recuerdo, por ejemplo, que un conductor en estado de ebriedad mató prácticamente a una familia completa.
La campaña referida muestra imágenes muy duras, precisamente para evitar que tales accidentes se vuelvan a producir.
Así, el Honorable señor Cantero y yo presentamos en 2010 una moción sobre la materia, que dio origen al proyecto cuyo boletín es el Nº 7.266-07.
Pero, como en Chile todas las cosas se hacen de a poquito, en chiquitito, el Gobierno decidió enviar otra iniciativa de ley, que dejó de lado la nuestra. Y en la propuesta del Ejecutivo quedaron fuera los temas que hoy estamos discutiendo, entre muchos más.
Una situación que no se ha resuelto es la relativa a las atenuantes. Si un conductor ebrio choca y tiene dos atenuantes, no va a cumplir su pena en la cárcel. Así lo establecimos. Y luego de un lapso de tiempo -alrededor de cinco años-, esa persona podría blanquear sus papeles y, por ende, volver a sacar licencia, a pesar de que pudiera disponerse la suspensión a perpetuidad. En ese punto existe una colisión de normas.
En fin, hay una serie de casos que no están bien resueltos.
Pido al Senado que retome el análisis de la aludida iniciativa de mi autoría. Este es otro compromiso incumplido del Gobierno: había quedado en seguir debatiendo dicho proyecto -usted se acuerda, Senador Cantero-, por cuanto efectivamente contiene mayores precisiones respecto de las normas de castigo.
Con todo, estoy de acuerdo con la propuesta legislativa que nos ocupa -no tengo problema en votarla a favor-, pues busca evitar que alguien conduzca en estado de ebriedad y mate a una persona inocente.
Yo difiero, por ejemplo, de quien señala que no es responsable del accidente si lo chocan por atrás. ¡Hay que impedir que maneje quien toma alcohol! De eso se trata la iniciativa. No es un problema de permisividad: un poco más, un poco menos. Si yo conduzco luego de beber y soy parte de un accidente que termina en la muerte de alguien, ¡soy responsable!
Reitero: debemos evitar que se maneje cuando se ingiere alcohol.
Nuestra propuesta era rígida. Se discutió mucho acá respecto de las cifras de gramos de alcohol por litro de sangre. Y empezaron a hacerse algunos chistes sobre el asunto: que vamos a poder tomar una copita o dos copitas. Y ahí cambiamos el sentido de la ley.
¡Es necesario transmitir que muchas familias han sufrido las consecuencias de los accidentes, con muertes, con lesiones graves y con una afectación tremendamente dura!
Para que no ocurra esa situación, es relevante establecer el siguiente criterio: el que toma no maneja. En efecto, quien quiera beber y pasarlo bien ¡que no conduzca!
Ese es el camino. Es lo que les transmito a mis hijos. Porque, de no asumir esa conducta, podrían afectar a terceros. Y espero que eso nunca ocurra. Les digo: "¡No manejen cuando tomen!".
En todo caso, señor Presidente, entiendo que habrá que revisar el proyecto en particular y se fijará un plazo para formular indicaciones.
Anuncio que soy partidario de aplicar sanciones más rígidas, más duras para los responsables de las lesiones contempladas en el artículo 397, Nº 1, del Código Penal, o para el que cause la muerte, que es lo más grave.
Debe haber cierta gradualidad respecto de las otras situaciones. De lo contrario, no habrá una aplicación coherente de las normas penales por parte del juez. Y va a ocurrir exactamente lo que acontece y ha acontecido siempre con la Ley de Drogas: es tan dura que los magistrados al final aplican la normativa de tal forma que da la sensación de que quienes son traficantes se transforman en consumidores. Y así, la ley no se cumple. Estoy hablando de drogas duras (cocaína, pasta base, heroína).
Señor Presidente, en mi opinión, no se puede dejar de apoyar la ley. Pero ahora se requiere un texto concordado y completo, en el cual nos preocupemos también de los decretos leyes Nos 201, 321 y otros más que precisan ser reformados.
Es necesario establecer criterios para que las sanciones consignadas en las sentencias queden claramente fijadas en los registros.
Como se ve, hay una serie de normas por abordar.
Por ello, pido que ojalá se pueda retomar la discusión de la iniciativa antes mencionada (boletín Nº 7.266-07). Espero que se analice en profundidad y que, de verdad, podamos despachar una ley que nos permita cumplir el objetivo final: educar a la población sobre la materia.
Si alguien toma, que no maneje. En caso contrario, se producirá un accidente y el conductor será responsable de terminar la vida de una persona, como el caso tan tremendo de la niñita que recordamos hoy, cuyo nombre es el que lleva esta futura ley.
Ese es el punto central, señor Presidente.
Si no procedemos como sugerí, vamos a parcializar las cosas, en circunstancias de que se requiere una legislación orgánica completa.
Solicito que retomemos el análisis de la aludida iniciativa en los próximos días, sin perjuicio de aprobar el proyecto que nos ocupa.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, sin duda, esta es una materia especialmente dura para quienes han sufrido una situación de esa naturaleza.
Al principio, no pensaba intervenir en el debate. Pero, lamentablemente, he vivido una experiencia de esa índole y creo que es bueno compartir la vivencia y el contexto en que ella se desarrolló.
El 7 de enero de 2011 una persona en estado de ebriedad chocó por atrás el vehículo de mi hermano, quien murió. El conductor responsable nunca fue detenido, no recibió ninguna sanción de carácter penal. Y dos meses después andaba manejando.
Esa situación, sin duda, es extraordinariamente fuerte y dolorosa para quienes la sufren.
Por ello, quiero valorar el esfuerzo hecho por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y por el Congreso, en general, al aprobar la llamada "Ley de Tolerancia Cero".
Si esta normativa hubiera estado vigente entonces, aquella persona no habría podido manejar otra vez, se habría quedado sin licencia. En efecto, el artículo 196 de dicho cuerpo legal establece una sanción de dos años de suspensión de la licencia a quien causare un accidente. Si el afectado incurriere en un segundo evento, la suspensión será de cinco años. Y se cancelará su permiso si es sorprendido en una tercera ocasión. Pero, si el accidente terminara en la muerte de una persona, como es el caso que he descrito, la pena sería de inhabilidad perpetua para conducir.
Por lo tanto, ha habido un avance importante respecto de lo que existía el 7 de enero de 2011. Lo digo así de claro.
Me tocó enfrentar el proceso que se llevó adelante y conversar con el fiscal. Y vi la absoluta impotencia de este ante la imposibilidad de poder seguir avanzando en esta materia.
Si hubiéramos tenido la Ley de Tolerancia Cero por lo menos se podría haber conseguido que esa persona, que claramente actuó irresponsablemente y que, sin lugar a dudas, volverá a incurrir en la misma conducta, no manejara nunca más.
Por ende, trasladado ahora el problema a la discusión penal, que es distinta a la que se dio en el debate del proyecto sobre tolerancia cero alcohol, el esfuerzo realizado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia me parece que va en el camino correcto. La iniciativa aumenta la penalidad existente, que permitió esa impunidad el 7 de enero de 2011, y queda contemplada como pena de crimen, lo que facultará al fiscal, por lo tanto, sucedido el hecho, a solicitar al juez de garantía la detención del imputado.
Ese es un cambio fundamental. A mí me tocó vivir la experiencia de que el conductor ni siquiera fue detenido, sino enviado a su casa, pese a su evidente estado de ebriedad.
Con lo propuesto, claramente se genera una situación -para definirla de alguna manera- de justicia con la familia afectada, en el sentido de que la sociedad algo está haciendo para condenar a una persona que le ha generado dolor y una pérdida tan grande.
Yo concuerdo con el Senador Letelier en que lo ocurrido no se repara absolutamente con nada, con ninguna sanción, pero sí provoca la sensación de que la sociedad está actuando en un determinado sentido.
Por lo tanto, si se añade solo lo de la prisión preventiva y lo de la tolerancia cero, creo que vamos en el camino correcto.
Sin embargo, también estoy de acuerdo en que se debe regular -a lo mejor, a través de indicaciones- lo relativo a las atenuantes. Me parece que debemos discutir y analizar cómo ellas operan en casos de esta naturaleza.
Pero lo que más me lleva a valorar la labor de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es que se le haya otorgado al juez un amplio margen de acción.
En ese sentido, que los jueces tengan un ámbito de libertad para poder aplicar las penas dentro de cierto rango, para valorar los hechos, porque todos estos accidentes -que claramente son trágicos para algunos- poseen sus propias características y se dan en determinado contexto, resulta muy importante. Y ese rango será posible, en primer lugar, al considerar para tal delito una penalidad de crimen, lo cual permitirá aplicar al juez una pena que va desde los 3 años y un día hasta los 10 años, que es lo máximo que aumenta la penalidad, según se consigna en la propuesta que nos hace la Comisión de Constitución.
Eso, a mi juicio, genera un avance importante. Porque, sin duda desde la perspectiva de la situación personal de dolor que uno puede estar viviendo, se produce la tentación de asignar una pena que termine rompiendo la estructura de penalidades determinada por el Estado, lo cual considero que no es bueno.
Siempre será necesario mirar el problema desde una visión que las familias afectadas o quien lo sufre no lo puede hacer; por eso no pensaba intervenir. Pero lo que nos informó primero el Senador Patricio Walker y nos explicó luego con mucha precisión el colega Espina nos lleva a hacer un llamado a la Sala para que se apruebe lo que la Comisión de Constitución nos sugiere, puesto que aumenta la penalidad, considerándose ahora pena de crimen, por lo tanto, será aplicable la prisión preventiva para el imputado al entenderse que representa un peligro para la sociedad.
En la actualidad, ello no es posible. Por eso el conductor que yo conocí en la urgencia del Hospital Regional de Concepción no fue calificado como peligro para la sociedad y el fiscal no tuvo ninguna posibilidad de hacer efectiva la prisión preventiva, o su detención.
Por lo tanto, creo que eso ya marca un camino, aparte de lo relativo a la libertad de los jueces para aplicar las penas. A mi juicio, si los magistrados fueran rigurosos y dados a respetar el espíritu de la ley podríamos llegar a la sanción que corresponda. Pero lo importante es que la sociedad castigue de manera ejemplar a quienes manejan en estado de ebriedad y causen el daño mencionado.
Estimo que Ley de Tolerancia Cero representó un avance muy importante, y esta legislación en proyecto, en términos penales, nos va a posibilitar un mundo absolutamente distinto al que teníamos hasta hace poco más de dos años, lo cual demuestra cuánto hemos avanzado para sancionar lo que puede considerarse un flagelo para la sociedad, de acuerdo a lo que uno ve comúnmente en las noticias o en las informaciones de los fines de semana relativas a los accidentes de tránsito, que mayoritariamente son causados por personas que conducen en estado de ebriedad.
Por eso, señor Presidente, llamo a aprobar el informe que nos ha presentado la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, porque no solo significa un avance, sino también la generación de una realidad distinta y nueva en comparación con lo que teníamos pocos años atrás.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, la verdad es que si hay algo difícil en el ámbito de la legislación penal es definir la sanción que le corresponde a un delito determinado. Porque si uno lo mira aisladamente, puede tener una opinión bastante clara y contundente, pero cuando empieza a analizar los distintos tipos de bienes jurídicos protegidos, comienzan las dificultades y a tornarse más difícil precisar si lo que estamos legislando en cierto momento es correcto y justo comparado con lo que se está realizando en otro instante puntual.
Por eso la reacción de uno ante una situación tan trágica como la de Emilia Silva Figueroa, que murió de tan solo 9 meses por el impacto que un vehículo conducido por un hombre en estado de ebriedad provocó en el que se desplazaba su familia, es muy dura y voluntariosa en el sentido de, si de uno dependiera, aplicar a ese conductor la sanción más rigurosa posible.
Cuando uno escucha al Senador que me antecedió en el uso de la palabra -el Honorable señor Víctor Pérez- referirse a una situación similar que afectó a su hermano, que por desgracia sufrió un accidente que le costó la vida, comprende el sentimiento que lo embarga. No obstante, como bien se ha dicho, ese sentimiento o esa pena no se compensan bajo ningún concepto.
Pero igual nosotros tenemos que establecer criterios, sanciones y penalidades. ¿Cómo hacerlo? Hay criterios al respecto. Esta dificultad no es nueva, por lo tanto, ya se han generado determinados criterios, que los penalistas o la gente que se dedica en forma más profesional y acabada, con estudios comparados, ha formulado con el correr del tiempo.
Así, por ejemplo, aquellos delitos que tienen solo carácter de tentativa, es decir, un intento de lograr su materialización, pero que no logran consumarse, son castigados con penas inferiores a los que alcanzan a llevarse a cabo.
Del mismo modo, cuando una persona tiene un rol de encubridor o de cómplice de un delito, se aplica una pena inferior a la que recibiría su autor.
Igualmente, cuando se cometen delitos con culpa, se castigan de manera diferente si hubo intención o dolo al momento de ser perpetrados.
También existen ciertos criterios respecto de delitos que entrañan peligro o riesgo de que algún daño físico se le pueda ocasionar a otra persona, para sancionarlos de forma menos grave que aquellos que causan lesiones directamente.
Es decir, hay maneras de ir enfocando los distintos tipos de delitos y, a partir de ahí, ir configurando una cierta escala de equilibrio que permita establecer una proporcionalidad entre el daño causado y la sanción.
Eso es lo que debemos resolver, señor Presidente.
¿Qué ocurrió en la Comisión de Constitución cuando llegó a nuestro conocimiento el proyecto en cuestión?
Primero analizamos que hoy día, cuando una persona que conduce en estado de ebriedad que ocasione lesiones graves gravísimas o la muerte de otra, tiene como sanción la pena de presidio menor en su grado máximo, es decir, de 3 años y un día a 5 años.
El proyecto que nos llegó planteaba que si una persona conduce en estado de ebriedad y causa lesiones graves gravísimas comete un delito que tiene asignada una pena de crimen, que en ese evento sería de 5 años y un día a 10 años, y si provoca la muerte, de 5 años y un día a 15 años.
Ese hecho traspasa la conducta imprudente, negligente, culposa y la equipara al delito de homicidio doloso, y en algunos casos, calificado, según las penalidades que estamos analizando ahora.
Consultados distintos penalistas, nos dijeron: "Se está produciendo aquí una desproporción, porque no siempre los hechos ocurridos merecen una sanción tan dura. Puede que los haya; pero no en todos los casos van a merecer una pena de tal índole".
Por lo tanto, si ponemos un piso muy alto y equiparamos esta conducta al delito de crimen, podemos cometer un error por exceso.
Esa es la discusión que tenemos.
Cuando vemos, por ejemplo, que un editorial de un medio de circulación nacional califica lo que ahora resolvemos de "populismo penal" porque estamos yendo demasiado lejos, uno se pregunta cómo es eso. Otros, al contrario, nos dicen que somos blandos porque no estamos colocando toda la dureza cuando buscamos articular una debida proporción.
Sin embargo, a riesgo de que nos consideren o populistas o blandos, debemos ser justos; procurar a nuestro saber y entender, con las limitaciones que todos tenemos, disponer aquello que nos parezca proporcional, equitativo, adecuado. Y la solución a que llegamos la considero razonable.
Fui quien propuso en la Comisión que en lugar del piso propuesto estableciéramos una gama más amplia: mantener lo que preceptúa la ley original, o sea, 3 años y un día (presidio menor en su grado máximo), al primer escalón del presidio mayor en su grado mínimo. Con ello logramos que el espacio existente hoy, de 3 años y un día a 5 años, se extienda a 10 años en el límite superior, y asimismo, que la definición de lo que corresponda como sanción tenga que ver con los hechos que específicamente ocurran en ese caso.
Por lo tanto, pueden darse situaciones trágicas y graves -como el caso que motiva la ley en proyecto: el deceso de Emilia Silva Figueroa- que lleven al juez a aplicar la pena más alta, pero en otras, en que no exista igual gravedad, a imponer una sanción menor.
No estamos, entonces, siendo ni blandos ni duros, sino abriendo un espacio para que el magistrado pueda, con buen criterio, dar con la sanción correspondiente.
Y si toma el camino de la pena más dura, la de crimen, consecuencialmente se verán restringidos los espacios de libertad, que es lo que produce la irritación, la molestia, no solo por el hecho mismo, sino además porque a quien cometió el delito no le pasa nada y muy luego se lo ve caminando o conduciendo de nuevo.
Aquello se modifica con la proposición que realizamos. Y me parece que, con todas las limitaciones que tiene -repito: siempre será objeto de discusión-, hay aquí un camino que da con una solución justa porque permite aplicar las sanciones que corresponden atendida la gravedad de los casos.
Y estamos hablando del primerizo, de la persona que comete el delito por primera vez. Porque si incurrió en él por segunda vez, la situación cambia de manera radical: inevitablemente, no escapará de la sanción de reclusión, aunque se trate del ilícito que podríamos calificar, entre comillas, de menos grave.
Por consiguiente, pienso que estamos caminando en forma adecuada, haciéndonos cargo de que la norma actual no da cuenta de todos los casos ni de la gravedad que puede revestir la conducción en estado de ebriedad. De manera que abrimos una oportunidad para que los jueces sancionen en forma más contundente, pero sin ponerlos en el pie forzado de tener que referirse a ello, porque estamos equiparando la conducta en cuestión a lo menos a un homicidio y -como expresé- no siempre nos hallamos frente a una situación de tal connotación.
Eso es lo que estamos haciendo, precisamente porque, dadas las características de nuestra sociedad, en que el manejar es algo habitual, se pueden producir hechos menos y más graves.
De ahí que la solución que estamos propiciando me parece justa, adecuada. Y se ve reforzada, además, por la Ley de tolerancia cero, que va sumando un criterio no solo cultural sino también punitivo a la conducta que procuramos configurar: que bajo ninguna circunstancia se conduzca en estado de ebriedad o con algún grado de alcohol.
Es eso lo que queremos lograr. Y, de hecho, ya ha habido una reacción social.
Entonces, señor Presidente, espero que con lo ocurrido ya con la Ley de tolerancia cero y con las modificaciones que estamos proponiendo desde la Comisión de Constitución tengamos la tranquilidad de estar dando un paso duro para evitar en el futuro situaciones similares a la que motivó la iniciativa que nos ocupa.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, este debate es de suyo interesante. Creo, pues, que miles de familias y, también, cientos de conductores lo están siguiendo a lo largo de todo Chile.
Nos hallamos frente a un caso particular preocupante: el asesinato de Emilia.
Leí el informe de la Comisión de Constitución. Se analizan penalidades. Se habla de prohibir la libertad condicional (se innova en nuestra legislación); del principio de la proporcionalidad; del dolor de Benjamín Silva, padre de Emilia; de un conjunto de penas, en fin.
Pero quiero señalar lo que pretendemos lograr con la ley en proyecto: que no haya ni una Emilia, ni un joven, ni un hijo, ni un mayor, ni un adulto muertos por la irresponsabilidad de un conductor ebrio.
Entonces, apostamos en la discusión a aumentar las penas, como lo señaló el Senador Espina: las duplicamos.
A los debates de Comisión asistieron la CONASET y especialistas. La idea es evitar la cuestión de fondo: ¡No más Emilias! ¡No más muertos por conductores ebrios!
En tal sentido, yo estoy disponible para discutir y ver cómo mejoramos la legislación disuasiva, aunque claramente -lo he sostenido en otras ocasiones- el aumento de las penas, lamentablemente, no permite resultados sustantivos en cuanto al mejoramiento de las conductas.
Señor Presidente, quiero recordar que en 2004, después de 7 años de debate en la Cámara de Diputados, llegó al Senado un proyecto de ley, iniciado en una moción de mi autoría, destinado a modificar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza vigente en esa época para incorporar en la educación media contenidos tendientes a lograr lo que se denominaba "buen conductor, buen peatón, buen pasajero". Es decir, se establecía para ese nivel, como ramo de la malla curricular, la obligación de estudiar las normas del tránsito a fin de formar mejores conductores, mejores peatones, mejores pasajeros.
En el mundo entero, la única solución para enfrentar el problema que nos ocupa es la formación de los futuros conductores desde la base.
La referida iniciativa se aprobó por unanimidad tanto en la Comisión de Educación cuanto en la Sala de la Cámara de Diputados. Y luego, en 2004, pasó al Senado, donde fue rechazada por la Sala sin debate.
Eso me provocó una decepción enorme. Tal vez mi decisión de ser Senador surgió allí. Porque me cuestioné que los Diputados hayamos trabajado en ese proyecto siete años con la CONASET, con la SIAT, con los familiares de las víctimas de accidentes del tránsito, con la AVAT, para entrar al tema de fondo, y que el Senado, tras una decisión jurídica, nos dijera: "No hay que reformar la LOCE, sino la Ley de Tránsito".
¡Sin debate, esa iniciativa se rechazó por unanimidad!
Señor Presidente, tengo en mis manos un documento que da cuenta de las estadísticas trágicas de la CONASET:
Fiestas Patrias
Año 2000, 15 a 19 de septiembre: accidentes, 493; fallecidos, 29; lesionados, 716.
Año 2012, 14 a 19 de septiembre: accidentes, 1.046 (se duplicaron); fallecidos, 32; lesionados, 937.
Semana Santa período 2000-2013
Año 2000, 20 a 23 de abril: accidentes, 360; fallecidos, 14; total lesionados, 464.
Año 2013, 28 a 31 de marzo: accidentes, 574; fallecidos, 10; total lesionados, 563.
Navidad
Año 2000, 22 a 25 de diciembre: accidentes, 419; fallecidos, 29; total lesionados, 487.
Año 2012, 21 a 25 de diciembre: accidentes, 937 (se duplicaron); fallecidos, 27; total lesionados, 756.
Año Nuevo
Año 2000, 29 de diciembre a 1 de enero: accidentes, 360; fallecidos, 25; total lesionados, 484.
Año 2011, 30 de diciembre a 1 de enero: accidentes, 459; fallecidos, 13; total lesionados, 517.
Señor Presidente, las cifras de la CONASET son sustantivas y claras.
Siniestros de tránsito y consecuencias según Causa, año 2012
Total alcohol en conductor: siniestros, 3.678.
Total general: siniestros, 61.791 (es decir, aproximadamente 10 por ciento de los accidentes, con resultado de muerte o no, fueron producto de la ingesta de alcohol; el 90 por ciento restante obedeció a otras causas).
Total alcohol en conductor: fallecidos, 148.
Total general: fallecidos, 1.523.
Entonces, ¿vamos en la dirección correcta? Sí.
Y en cuanto a las penas, podemos aumentarlas; podemos revisar la libertad condicional, en fin.
Ahora bien, aparte la iniciativa que presenté el año 2002 en la Cámara de Diputados -como dije, allí se aprobó por unanimidad en 2004 y en el Senado naufragó-, tengo en mis manos el proyecto de ley que consigna una advertencia sobre el consumo excesivo de bebidas alcohólicas: martes 25 de abril de 2006; autor, Senador Navarro.
Mediante él propuse establecer una obligación que existe en Brasil, en Estados Unidos (en California y en muchos otros estados), en Alemania, en Francia: la de rotular las bebidas alcohólicas con una advertencia similar a la de los cigarrillos (El tabaco mata) en cuanto a que consumirlas en exceso puede provocar la muerte.
A través del artículo único de la referida iniciativa sugiero incorporar en la ley N° 18.455 tres incisos del siguiente tenor:
"Los envases o etiquetas de cualquier bebida alcohólica cuya graduación fuese igual o mayor a 4,5°, deberán llevar en forma legible, usando colores distinguibles entre el texto y el fondo, ocupando un 15% de la superficie total de la etiqueta, el siguiente mensaje: "Advertencia: EL CONSUMO EXCESIVO DEL ALCOHOL, PUEDE CAUSAR DAÑOS EN SU SALUD".
"La misma frase se incluirá en los avisos publicitarios que se inserten en diarios, revistas, spots televisivos, difusión radial...".
¡Año 2006!
Estado de tramitación de ese proyecto, iniciado en moción del Senador Navarro:
Primer informe de la Comisión de Salud, 14 de diciembre de 2006. ¡Detenido!
¡No hay posibilidad de avanzar en la educación sobre la materia!
Agosto de 2008: "Proyecto de ley que establece un nuevo régimen de penas en caso de fugas en accidentes de tránsito".
¡Lo de las fugas es terrible!
Año 2007: el 46 por ciento de los conductores huyen de los accidentes de tránsito que provocan, sin que se pueda ubicarlos.
Por ejemplo, en la Región Metropolitana, de 637 atropellos con resultado de muerte o lesiones, huyeron 290 conductores (casi 50 por ciento). En la Octava Región las cifras fueron 99 y 57 (60 por ciento); en la Quinta, 107 y 84 (80 por ciento); en la de Los Ríos, 14 y 12 (90 por ciento); en la de Los Lagos, 16 y 12 (75 por ciento), respectivamente.
Pero hay algo más grave: los lesionados o los familiares de los muertos no tienen a quién demandar judicialmente por daño emergente, ni (esto es peor) por lucro cesante, ni tampoco por daño moral. Y se registra una situación incluso peor: como no se conoce la patente del vehículo involucrado, tampoco se puede cobrar el seguro obligatorio de accidentes personales, SOAP, que, con el monto máximo de cobertura que prevé, podría contribuir en algo a la reparación de los daños.
Entonces, la señal es ¡Fugarse resulta recomendable!
Yo propongo subir las penas y consignar sanciones preventivas.
Miércoles 13 de enero de 2010: ingreso de proyecto que modifica la sanción penal por conducir un vehículo motorizado en estado de ebriedad o de drogadicción causando lesiones graves.
Es exactamente lo que estamos planteando a propósito de la "Ley Emilia": endurecer las penas, establecer mayores sanciones preventivas.
Señor Presidente, vamos en la dirección correcta. Sin embargo, pienso que el asunto es más profundo. Al final del día, el tema va a ser educación: formación de conductores, de peatones y de pasajeros.
¡Eso es educación! ¡Tal es la solución que han adoptado los países modernos para enfrentar la problemática de los accidentes del tránsito!
Hoy día discutimos la "Ley Emilia". Concuerdo con ella. ¡Mano dura a quienes violen la normativa legal y provoquen muerte, lesiones o daño! Pero no puede haber solo un debate jurídico en torno a penas. Aquí se halla envuelto un asunto de educación, un problema de país. La cuestión involucra a sobre 2 mil fallecidos. Porque no se trata únicamente de quienes perecen en el instante del accidente, sino también del 15 por ciento que muere en los hospitales. O sea, hay una cifra oculta, vedada. En Chile son entre 2 mil 100 y 2 mil 600 los muertos en accidentes de tránsito, un diez por ciento de ellos a raíz de la ingesta de alcohol.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Perdón, señor Senador, pero concluyó su tiempo.
Su Señoría dispone de un minuto adicional.
El señor NAVARRO.-
Por tanto, señor Presidente, aquí hay prácticamente una pandemia, pues cada cinco horas fallece una persona a causa de accidentes de tránsito.
¡Imaginemos las dificultades de cualquier persona para decidirse a visitar una nación que exhibe un registro de aquella índole!
Tenemos, pues, un problema de país que al Estado le cuesta más de 500 millones de dólares por concepto de seguros, prestación de servicios, atención a las víctimas, en fin.
Yo voy a votar a favor de la ley en proyecto porque me parece que transita por el camino correcto. Y vía indicaciones podremos aportar elementos que vayan a la cuestión de fondo: evitar que conductores ebrios asesinen a niñitas y otras personas. Pero eso requiere un compromiso del Parlamento y del Gobierno de turno a los efectos de salir al paso de la trágica situación que sobre el particular se registra en Chile.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Uriarte.
El señor URIARTE.-
Señor Presidente, en efecto, los tipos penales tienen una función preventiva muy importante, que opera para el futuro y que se halla ligada a la educación, a lo que pueda hacerse en los colegios. Y eso es lo que en último término marca la pauta en una buena política pública.
Pero también los tipos penales cumplen un rol retributivo, que es lo que motiva que el autor de un delito deba pagarle por su conducta a la sociedad.
Una política criminal adecuada ha de tener un buen equilibrio entre ambas funciones, de modo que por un lado sea factible hacer prevención y por otro se pueda castigar a los culpables de un comportamiento que no solo causa daño a la víctima sino que, además, provoca alarma pública.
Este proyecto, precisamente, forma parte de una gran política pública, de la que también es parte -valga la redundancia- la Ley de tolerancia cero, que ha hecho bastante para emitir señales concretas en cuanto a la necesidad de disminuir la cantidad de accidentes con resultado de muerte o de lesiones protagonizados por personas que conducen bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad.
La iniciativa que dio origen al referido cuerpo legal se discutió mucho en el Senado. Pero el resultado final fue positivo. Así, las estadísticas indican que la Ley de tolerancia cero bajó la cantidad de accidentes. Contra todos los pronósticos apocalípticos, se ha demostrado que esa legislación es una política pública eficaz que ha permitido modificar o reforzar conductas.
Se cambió la graduación alcohólica permitida para conducir. ¡Bien! Ahora falta entrar derechamente al aumento de las penas. Y es lo que hace este proyecto.
Señor Presidente, soy coautor de una iniciativa similar. Por eso, voy a defender hasta el final la que nos ocupa esta tarde, pues creo que en Chile debemos, aparte educar en prevención y rehabilitación (el proyecto en debate lo hace), dar señales muy claras en cuanto a que en esta materia no hay espacio para negociación alguna: se tiene que castigar con el mayor rigor de la ley a quienes conduzcan en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol.
Por lo expuesto, celebro que este proyecto haya pasado por diversas instancias, e incluso, que haya sido objeto de perfeccionamientos en la Comisión de Constitución.
Me parece apropiado, asimismo, que la iniciativa en discusión plantee una proporcionalidad bastante mejor elaborada y más sana que la consignada originalmente.
Todo lo que sea factible hacer para perfeccionar tipos y sanciones va en la línea de lo que queremos: que finalmente las penas se puedan aplicar. De lo contrario, corremos el gran riesgo de que tribunales y jueces de garantía no se atrevan a imponer las que resulten excesivamente desproporcionadas.
Sin embargo, como no solo se aumentan las sanciones, sino que además cabe recurrir a una medida como la prisión preventiva y se incorporan figuras muy especiales, contemplándose la posibilidad de obligar a tratamientos de rehabilitación, o disponer una vigilancia efectiva de parte de Gendarmería, o determinar la obligación de permanecer en el domicilio por más de ocho horas, creo de verdad que esta es una gran iniciativa, la cual se hace cargo de todas las funciones que tiene que cumplir un tipo penal.
Por tal razón, vamos a aprobarla entusiasta y resueltamente en la discusión general, y esperamos poder despacharla lo más pronto posible.
El señor PIZARRO (Presidente).-
A continuación le corresponde el uso de la palabra al Honorable señor Patricio Walker.
No se encuentra en la Sala.
Puede intervenir la Senadora señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente, lo primero que quisiera manifestar es que, como mujer, como madre, me conmoví profundamente -al igual que todo el país, por cierto- cuando ocurrió el hecho tan doloroso que involucró a Emilia.
Y como tuve la oportunidad de conocer a sus padres, he solidarizado con ellos, he sentido su pena, y también los he felicitado, porque estimo que, en lugar de ahogarse en el dolor, como les ocurre a muchos otros frente a tragedias tan enormes, lo han orientado en una causa por el bien de todos los chilenos: que no vuelva a suceder lo que están viviendo. Por eso, felicito la labor que han llevado a cabo con tanta tenacidad y su presencia en el Congreso, sus conversaciones con parlamentarios y su despliegue para sacar adelante la iniciativa legal que nos ocupa.
Creo, al mismo tiempo -lo expresaré con igual franqueza-, que nosotros hemos trabajado con el objeto de lograr una ley equilibrada y que permita al juez establecer las penas que correspondan, de acuerdo con el tipo de delito que se cometa.
Me explico, señor Presidente.
El delito cometido por el hombre que originó una situación brutal al manejar en estado de ebriedad y ocasionar la muerte de Emilia es distinto de lo que puede pasarle a alguien que ha tomado dos vasos y medio de vino y al que se le cruza un borracho en una carretera o se le tira delante del auto, a quien atropella. El juez tiene que aplicar penas diferentes.
Tampoco es lo mismo si la persona que ha tomado dos vasos y medio de vino se encuentra detenida en un semáforo y la impactan por detrás, fruto de lo cual muere su acompañante. ¿Se aplicará la misma sanción que al conductor en estado de ebriedad que atropella y huye?
¡Por supuesto que tiene que existir una gama de penas que le permitan al juez fijar la que resulte adecuada al tipo de delito cometido! Porque el implicado en un accidente entre tres vehículos en el que quedó al medio, sin culpa de su parte, no puede terminar, por haber bebido dos copas y media de vino, con una sanción igual a la de quien actuó con imprudencia temeraria. No digo que quede sin enfrentar consecuencia alguna.
Lo que estamos haciendo, señor Presidente, es elevar las penas. La actual legislación determina, para el manejo en estado de ebriedad, 541 días a tres años de presidio si el resultado es de lesiones menos graves y graves, y tres años y un día a cinco años de presidio si es de lesiones gravísimas o muerte. Ahora se establecen hasta diez años, lo que dice relación con una conducta acreedora a pena de crimen y que queda comprendida en el artículo 140, inciso cuarto, del Código Procesal Penal. ¿Y qué dice esta disposición? Expresa que "Se entenderá especialmente que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, cuando los delitos imputados tengan asignada pena de crimen en la ley que los consagra.".
Editoriales de diarios han aseverado que estamos haciendo populismo penal.
Al elevarse la sanción hasta diez años y contemplarse un catálogo diferente, el juez podrá fijarla de entre una gama de alternativas, según el hecho cometido. Cuando tenga lugar una situación como la de esta pequeñita, obviamente la pena va a ser distinta.
También es importante decirle al país algo que les comentamos a los papás de Emilia antes de la sesión de la Comisión de Constitución. Les señalamos: "La situación no va a cambiar en este caso, respecto del cual va a seguir rigiendo la actual legislación. La nueva ley va a producir efectos para el futuro, no en relación con el hecho tan doloroso que se registró". Eso es así.
Y termino, señor Presidente, porque ya mis colegas han expuesto un conjunto de argumentos que no quiero repetir. En la reunión previa también les expresamos a los papás y a los abogados que han acompañado a la familia de Emilia lo relativo a que, no obstante aumentarse aún más la pena, se va a poder llegar igual a 61 días con tres atenuantes como las que el juez puede aplicar.
Responsablemente deseo consignar que hemos intentado elaborar una legislación adecuada, con un rango que duplica lo actual. No estamos generando impunidad. ¡Por favor! Insisto en que se eleva a diez años el techo de la sanción, que ahora es de cinco años, y que la norma la deja como pena de crimen, lo que trae aparejado el concepto de peligro para la sociedad. Y ese es un cambio rotundo, señor Presidente.
Así que cuando erróneamente se nos plantea, a través de twitter, de las redes o de conversaciones, que estamos bajando el castigo, en forma categórica respondo que las penas son hoy de 541 días a 5 años de presidio y que las estamos elevando hasta 10 años. Eso es decirle "no" a la impunidad.
He dicho.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (29 votos a favor y un pareo), fijándose hasta el 15 de julio, a las 12, el plazo para presentar indicaciones.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García-Huidobro, Girardi, Gómez, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Uriarte, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
No votó, por estar pareado, el señor Novoa.
ENMIENDA A LEY ORGÁNICA DE TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS EN MATERIA DE PLANTAS
El señor PIZARRO (Presidente).-
Proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley Orgánica de Tribunales Tributarios y Aduaneros, en materia de plantas, con informes de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8662-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 57ª, en 30 de octubre de 2012.
Informes de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 26ª, en 22 de mayo de 2013.
Hacienda: sesión 26ª, en 22 de mayo de 2013.
Discusión:
Sesión 30ª, en 12 de junio de 2013 (queda para segunda discusión).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Habiéndose hecho la relación en la sesión de 12 de junio recién pasado, cabe recordar que la iniciativa es de rango orgánico constitucional, por lo que requiere 21 votos para su aprobación.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general.
Puede intervenir el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, el proyecto en examen apunta a modificar la ley N° 20.322, que fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria y aduanera.
Con ese texto legal, como sabemos, la fiscalización y el cobro de tributos impositivos y aduaneros se separaron definitivamente del ejercicio de la jurisdicción, dándose un paso en verdad fundamental y que todos estábamos pidiendo.
Bajo la antigua regulación, superada mediante la ley a la que he hecho referencia, funcionarios de los mismos servicios fiscalizadores cobraban e imponían las sanciones tributarias contempladas en el ordenamiento. Eran llamados a actuar como jueces para resolver conflictos originados en diferencias entre el contribuyente y el organismo contralor. La mínima racionalidad procesal y los presupuestos del ejercicio de la jurisdicción, que exigen un juez independiente de las partes y del conflicto intersubjetivo, demostraron la inconveniencia de continuar admitiendo que uno de los intervinientes en el proceso pudiera ser al mismo tiempo juez y parte.
Todavía más grave fue la utilización, bajo la vigencia del sistema procesal tributario reemplazado, de la práctica habitual de que funcionarios llamados por ley a ejercer la jurisdicción la delegaran en personal subalterno. La situación, como es de público conocimiento, llevó a la interposición de innumerables acciones judiciales para pedir la nulidad de los procedimientos llevados a cabo por esos aparentes jueces tributarios, quienes realmente carecían de jurisdicción, en virtud de la imposibilidad constitucional de que ella sea delegada.
Por lo anterior, no cabe duda de que las modificaciones introducidas por la ley N° 20.322 han significado un profundo y radical avance para la justicia tributaria y de que su implementación ha sido exitosa.
Con todo, no es un misterio que se ha detectado una sobreestimación del número de causas proyectadas para los tribunales tributarios y aduaneros, por lo que las dotaciones de las plantas de funcionarios son hoy mayores que las necesarias.
La evidencia de tal situación se ha dado gracias a que el cuerpo legal recién citado contempló, acertadamente, una entrada en vigencia progresiva de sus disposiciones. La reforma se fue implementando a lo largo del país en cuatro etapas, separadas por un año, culminando la última de ellas en 2013, con la introducción del nuevo sistema en las Regiones Metropolitana, de Valparaíso y del Libertador General Bernardo O'Higgins.
Por la experiencia registrada y con los datos del Ministerio de Hacienda, es posible comparar la cifra de ingreso de causas que se proyectó con la que se ha dado en la práctica. Durante la discusión de la que se transformó en ley N° 20.322, se consideró que para 2012 existiría en el sistema una carga de trabajo de 9 mil 22 causas, sin contar la Región Metropolitana. La realidad es que los ingresos alcanzan hoy solo a 546. Ello quiere decir que solo se inició el 6 por ciento de lo que se esperaba, lo que representa un notorio error de cálculo.
Las estimaciones, corregidas en 2012, muestran un descenso en las causas correspondientes a la Región Metropolitana, desde cerca de 10 mil a mil 500, sin incluirse juicios por reavalúos de bienes raíces. De ese modo, el conjunto en todo el sistema no superaría los 2 mil 500 ingresos.
Con los nuevos números, se pasaría a un promedio de 18 causas por funcionario, durante el año 2013, lo que permitiría mantener un margen adecuado en caso de que las nuevas proyecciones sean bajas.
A fin de evitar gastos innecesarios al Estado, el proyecto, en vista de los números aludidos, reduce las plantas de funcionarios de los tribunales tributarios y aduaneros de Arica, Iquique, Copiapó, Santiago, Valparaíso, Rancagua, Talca, Concepción, Valdivia, Puerto Montt y Punta Arenas.
En general, la medida no será inmediata, pues los cargos ya proveídos y ocupados serán eliminados cuando queden vacantes en el futuro.
En los tribunales de Arica, Iquique y Concepción se eliminarán los cargos de auxiliar y resolutor cuando comience a regir la iniciativa, pues dichas funciones nunca se llenaron.
Por otro lado, también se modifica la subrogación legal de jueces y secretarios tributarios y aduaneros.
Adicionalmente, se suprimen algunos cargos en las Cortes de Apelaciones de Valparaíso, de Concepción y de San Miguel, debido a la eliminación de salas exclusivas para el conocimiento de causas tributarias y aduaneras.
Creemos que es preciso hacer algunas modificaciones al proyecto, señor Presidente, pero pensamos que este sigue la línea correcta en el sentido de disminuir la cantidad de funcionarios, porque se estimó un número de ingresos mucho mayor que el registrado.
Gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, la iniciativa apunta, en primer lugar, a reducir el tamaño de las plantas de los tribunales tributarios y aduaneros, básicamente porque la estimación de las causas que iban a ingresar a los nuevos organismos jurisdiccionales fue muy superior a lo que ocurre en la realidad.
Basta consignar que el promedio de aquellas previstas por funcionario era de 127. Pero en la práctica ha llegado solo a 7.
Por lo tanto, parece del todo razonable reducir las dotaciones y que en los lugares donde los cargos estén siendo servidos la disminución opere una vez que se produzca la respectiva vacancia.
El segundo objetivo del proyecto apunta a corregir errores y mejorar la ley N° 20.322, que fortaleció y perfeccionó la jurisdicción de los tribunales tributarios y aduaneros.
Y el tercer objetivo es establecer el derecho de opción de los contribuyentes para tramitar sus causas ante el nuevo sistema, es decir, en los tribunales tributarios y aduaneros, o bien para permanecer en el antiguo.
Las medidas que propone el Gobierno son del todo razonables. No se ven motivos para mantener plantas mayores que las necesarias a efectos de tramitar con la debida agilidad los juicios que se verifican en la realidad y cuyo número, como dije, es muy muy inferior al estimado inicialmente.
Por todo lo expuesto, voto a favor de la iniciativa.
El señor NOVOA.-
Pido la palabra.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Puede intervenir, Su Señoría.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente, seré muy breve.
Este proyecto lo analizamos en la Comisión de Hacienda, y la opinión unánime fue que debía ser aprobado. En su paso por la Comisión de Constitución se generaron ciertas observaciones, pero fueron solucionadas mediante indicaciones presentadas por el Ejecutivo.
Por consiguiente, parece razonable aprobarlo en general. Y siempre existe la posibilidad de que algún señor Senador quiera formular indicaciones si considera que ha quedado algo pendiente.
Reitero que en el análisis que hicimos en la Comisión de Hacienda se estimó que las principales objeciones al texto habían sido resueltas.
Muchas gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, este proyecto es raro, porque cuando se trata del aparato del Estado nos abocamos a pedirle al Ministro de Hacienda mayores plantas y menos personal a honorarios y a contrata.
El Estado es un pésimo empleador. En los niveles municipales mantiene profesores a contrata durante 16 años; en otros servicios públicos, como Chiledeportes, la mitad de los trabajadores son a contrata y a honorarios, y en el SERNAM, en el Instituto Nacional de la Juventud y en diversos Ministerios el personal a contrata llega, no al 20 por ciento de la planta como establece la ley, sino al 40 por ciento. Y algunos, por cierto, sin derecho a horario, sin derecho a vacaciones, sin derecho a ningún tipo de beneficio legal.
En la iniciativa en debate se reducen las plantas de los tribunales tributarios y aduaneros. Y, tal como se expresa en el informe de la Comisión de Hacienda, los funcionarios que hicieron la proyección respecto al ingreso de causas son los mismos que ahora determinan que se deben disminuir las plantas.
Además, el informe consigna lo siguiente.
"El Honorable Senador Novoa manifestó que la consulta sobre la razón de la diferencia tan amplia entre lo proyectado y lo que realmente está ocurriendo es válida, porque los funcionarios de los Servicios que efectuaron la proyección y que ahora presentan una nueva estimación son básicamente las mismas personas que se preocupan de la parte técnica. Del mismo modo, expresó que le gustaría saber si existe una razón de fondo que explique la referida diferencia.
"El Subsecretario, señor Dittborn, explicó que del análisis efectuado con directivos del Servicio de Impuestos Internos han surgido varias causas que explicarían la diferencia en la proyección, y aunque no existe acuerdo sobre cuál sería la razón fundamental, sí se ha determinado que una de las principales es que el mismo Servicio cambió de conducta, intentando arreglar los problemas a nivel administrativo, antes de llegar a la primera instancia judicial, lo que disminuyó el número de procedimientos judicializados.
"El Honorable Senador señor Lagos citó la opinión del integrante de la Comisión Tributaria del Colegio de Abogados de Chile, señor Cristián Blanche, (¿) quien señaló que la ley establece que los reclamos por un monto superior a $1.500.000 deben ser siempre patrocinados por un abogado, e hizo presente que los contribuyentes de regiones generalmente son asesorados por un contador, por lo que se ha entendido que habría una barrera de entrada para ejercer acciones legales ante estos tribunales, lo que explica en parte el bajo número de ingresos que se denuncia en el proyecto.
"Acotó que esta sería una barrera de entrada que también ayuda a explicar el bajo número de causas ingresadas".
Entonces, señor Presidente, yo no sé si al final el problema de que no ingresen más causas se debe a la exigencia de que sean patrocinadas por un abogado -este es un tema complicado-, pues cuando ellas involucran sumas pequeñas el pago a un abogado sale más caro que el juicio; más caro que la litis; más caro que la disputa.
¿No será necesario revisar el punto y establecer que ciertas causas no requieran abogado? ¿No será conveniente elevar a 5 millones de pesos el monto de los reclamos que ameriten el patrocinio de esos profesionales, y establecer que aquellos inferiores a un millón y medio, dos millones o tres millones los pueda tramitar un contador auditor?
El proyecto plantea empezar a bajar el número de funcionarios de algunos tribunales tributarios y aduaneros porque hay menos causas, sin tener presente que existen barreras de acceso tan claras como la exigencia de abogado en causas superiores a un millón y medio de pesos -¡causas superiores a un millón y medio de pesos¿!-; o sea, si tengo una por un millón 700 mil pesos, requiero abogado; si tengo una por 200 millones, requiero abogado.
Señor Presidente, el informe que tengo a la vista solo se aboca a la forma de corregir las plantas. Pero sobre el itinerario de cómo disminuirlas no hace un análisis exhaustivo.
No creo que este sea un informe serio. En su propio texto reconoce que los motivos del bajo ingreso de causas no están claros.
Reitero: no existe acuerdo sobre cuál es la razón fundamental de ese bajo ingreso. Eso sí, se ha determinado que una de las principales es que el mismo Servicio de Impuestos Internos cambió de conducta.
Y si en el futuro el mismo Servicio cambia otra vez de conducta y decide que no puede haber resolución administrativa, ¿vamos a penar por la falta de funcionarios?
Entonces, señor Presidente, yo requiero mayores niveles de información y de evaluación y no una mera expectativa basada en la opinión de algunos funcionarios no identificados.
El informe es muy pobre respecto al diagnóstico del problema.
Ojalá que la misma agilidad que el Ejecutivo muestra para disminuir esas plantas la tuviera cuando proponemos aumentar las de otras reparticiones; cuando queremos terminar con el burdo engaño, con la farsa de tener a miles y miles de trabajadores a contrata en los servicios públicos¿
Excúseme, señor Presidente, pero me emociono con este tema. Porque el Gobierno es expedito en la tramitación de la iniciativa que nos ocupa, pero no cuando le pedimos aumentar el personal y pasar de honorarios y de contrata a la planta a miles de funcionarios, como ocurre con 600 funcionarios del Hospital Clínico Regional de Concepción, que trabajan a contrata desde hace más de 14 años.
Con relación al proyecto, resulta inconveniente legislar con esta premura. Distinto sería si nos dijeran: "Hay una auditoría realizada por la Contraloría" o "Un estudio, encargado por el propio Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas, determina que esto no va a ser reversible". ¡Pero no! Solo hay una estimación efectuada por los mismos funcionarios que hicieron la proyección de ingreso de causas. Y no hay acuerdo sobre las razones fundamentales de su bajo número.
Eso no me parece serio tratándose de un tema tan importante, señor Presidente.
Antes de tomar una decisión de voto, espero poder escuchar a los miembros de la Comisión y al señor Ministro.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
No hay más oradores inscritos.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).-
Gracias.
Señor Presidente, con relación al punto que se acaba de exponer, la verdad es que uno tendría que pensar más allá de qué motivó las desviaciones.
Como explicó el Senador Prokurica, las desviaciones no se produjeron entre una proyección y otra, sino entre la proyección realizada antes de que la legislación sobre tribunales tributarios y aduaneros entrara en vigencia y lo que se ha dado en la práctica.
Por lo tanto, no es una opinión contra opinión. Es una proyección que se quedó larga, y si hubiese sido por poco, no estaríamos discutiendo este proyecto. Pero el problema es que se registra una desviación de veinte a uno entre la proyección de causas y el número efectivo de ellas que han ingresado a estos tribunales.
Por ejemplo, cuando se analizan las cifras del total de causas proyectadas se observa que para el año 2012 se estimaba que habría 9 mil 22, en circunstancias de que el número real que ingresó fue de 546. O sea, la diferencia es de casi 18 veces. Asimismo, en Arica se esperaban 100 causas por funcionario; y hay solo cinco.
Entonces, aquí nos encontramos ante una situación de hecho. Se hizo una proyección; los tribunales tributarios y aduaneros han estado operando por tres años ya; existe experiencia y, lamentablemente, las estimaciones en que se basó la iniciativa original cuando se aprobó fueron incorrectas.
Nuestro afán en este caso no es cortar plantas, sino simplemente advertir que ellas están no ligeramente sobredimensionadas, sino muy sobredimensionadas, con diferencias que fluctúan entre 15 y 25 veces más respecto de las proyecciones iniciales.
Eso es lo que motiva, aparte de algunas correcciones puntuales a las cuales no me voy a referir, la presentación de este proyecto.
Ese es el asunto de fondo: se ha registrado una diferencia entre lo que se proyectó, que por una razón u otra está muy lejos de la realidad, y lo ocurrido en la práctica.
En consecuencia, nos encontramos frente a una sobredimensión de plantas, y la iniciativa en comento pretende corregirla.
Gracias, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- A usted, señor Ministro.
Solicito el acuerdo de la Sala para abrir la votación.
Acordado.
--(Durante la votación).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, me parece que el tema de las plantas es lo menos importante de esta iniciativa porque, sin lugar a dudas, su reducción es mínima.
En el caso de la Sexta, la Cuarta y la Quinta Regiones, las dotaciones quedan exactamente igual. En la Metropolitana todavía no se han implementado estos tribunales.
Sin embargo, la iniciativa tiene otros objetivos muy relevantes que motivan su aprobación.
Primero, remplazar las salas de Cortes de Apelaciones de dedicación exclusiva para el conocimiento de las causas tributarias por salas de conocimiento preferente.
Segundo, corregir algunos errores contenidos en la ley que creó los tribunales tributarios y aduaneros.
Y, por último, establecer el derecho de opción de cambio de jurisdicción para aquellos litigantes de procesos que actualmente estén siendo conocidos por la antigua judicatura tributaria o aduanera.
El mensaje indica que, si bien la puesta en práctica de la reforma que creó los tribunales fue exitosa, y sin perjuicio de que aún queda por implementar la última etapa de la reforma, se ha detectado una sobrestimación del número de causas proyectadas.
¡Y por Dios que es importante lo anterior, señor Presidente! Porque hay que considerar que se trató de una iniciativa largamente discutida en el Congreso Nacional, que buscaba que el Servicio de Impuestos Internos dejara de ser juez y parte.
Por lo tanto, el hecho de que hoy día existan los tribunales tributarios va en el camino correcto para que los usuarios tengan la posibilidad de apelar cuando se dictan resoluciones frente a las cuales ellos no estén de acuerdo.
De otro lado, el Subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn, explicó que el error de las proyecciones podría basarse, entre otras razones, en que el mismo Servicio de Impuestos Internos cambió de conducta después de la promulgación de la ley que creó los tribunales tributarios, con la intención de arreglar los problemas en el nivel administrativo, antes de llegar a la primera instancia judicial, lo que disminuyó el número de procedimientos judicializados.
Eso me parece muy significativo.
En consecuencia, la reducción del tamaño de las plantas -es prácticamente mínima- no es tan relevante en comparación con otros ajustes que introduce la iniciativa de ley.
Por consiguiente, mediante las indicaciones que se van a formular en la discusión particular, hay posibilidades de sacar un proyecto que vaya en el camino que corresponde, en cuanto a ser lo más exitoso posible para que los usuarios de Impuestos Internos que no se encuentren conformes con determinada resolución puedan apelar ante estos tribunales, que son independientes, con el objeto de cambiar un fallo original o de enmendar situaciones de injusticia.
Por las razones expuestas, señor Presidente, me parece imprescindible aprobar la idea de legislar del proyecto, y en el transcurso de su tramitación presentaremos las indicaciones correspondientes.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, es efectivo que estamos ante una iniciativa rara, como bien la definió un colega que me antecedió en el uso de la palabra. Pero que sea rara no significa que sea mala, a mi juicio...
El señor LAGOS.-
¡No, pues!
El señor COLOMA.-
... Por el contrario, marca una forma de hacer las cosas que me parece correcta para un Parlamento y para una sociedad.
Obviamente, los cálculos son proyecciones. Y concuerdo con lo que han dicho algunos Senadores en el sentido de que si hay un error manifiesto tendrá que investigarse y resolverse de mejor forma, porque se trata de los mismos informes que se utilizan para analizar si se amerita aumentar plantas en otras reparticiones. Sin embargo, creo que hay seriedad cuando en un momento determinado alguien dice: "Aquí hubo un exceso y, por tanto, para el bien de los recursos del Estado, corresponde hacer un descuento y un ahorro". Eso legitima la posición de quien señala: "Tengo que aumentar el personal en otra parte".
Ese es el trasfondo del proyecto: aplicar en forma seria las políticas públicas. Y si lo que indican los datos es verdad -durante la discusión particular podrá chequearse, lugar a lugar, si hubo una planificación o una proyección muy diferente-, lo peor que le puede pasar a un Estado es mantener una situación inequitativa o errónea, desde el punto de vista del uso de los recursos públicos, y no hacer lo que para algunos constituiría un error gravísimo: rebajar el número de funcionarios en determinada planta. Al contrario. Si ocurre lo que se ha afirmado -cuestión que siempre habremos de demostrar-, aquello hablará en forma adecuada de que uno de nuestros principales deberes es cuidar las finanzas públicas.
Esto no es llegar y abrazarse. No es positivo proponer incrementar los gastos y aumentar las plantas, ni tampoco, per se, negativo. En algunos casos, puede ser importante, en otros necesario. Pero el mérito de un Gobierno o de un Parlamento no se encuentra en agrandar el tamaño del Estado. De repente, cuando se registran errores, resulta sumamente significativo tener la autocrítica suficiente para reducirlo, lo cual da legitimidad moral cuando uno quiere realizar lo inverso.
Por eso, señor Presidente, el que no tenga recuerdo de un proyecto como el que nos ocupa -puedo estar equivocado-, no necesariamente indica que sea negativo. Puede ser relevante en la medida que se proyecten con mayor eficiencia los gastos públicos, que son recursos de todos los chilenos y que debemos hacer cundir lo mejor posible.
En consecuencia, voto a favor de la idea de legislar.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente, en su oportunidad califiqué públicamente a esta iniciativa como producto de una decisión precipitada, dado que el Gobierno la presentaba bajo el supuesto de haber "detectado una sobrestimación del número de causas proyectada para los Tribunales Tributarios y Aduaneros", lo que a su juicio llevaba a concluir que las dotaciones son mayores a las estrictamente necesarias y proyectadas.
En el fondo, este proyecto significaba, simplemente, echar pie atrás en el proceso de modernización de nuestra justicia tributaria y aduanera, al pretender reducir el número de jueces sin que hubiese finalizado siquiera el proceso de instalación de esta ambiciosa y necesaria política pública que, entre otras cosas, procura terminar definitivamente con la lógica de un Estado que es juez y parte en materias tan sensibles como las que analiza la justicia tributaria y aduanera.
En concreto, la iniciativa proponía una drástica reingeniería en la planta de funcionarios de los tribunales tributarios y aduaneros, reduciendo en 37 cargos la dotación de la entidad, pues pasaba de tener 117 profesionales a estar integrada por 80, considerando en el recorte tanto a las salas ya instaladas como a aquellas por instalar, entre las cuales se hallan los cuatro tribunales de la Región Metropolitana, además de los de las Regiones de Valparaíso y de O'Higgins, que también se encuentran pendientes para esta última etapa.
Afortunadamente, en la Comisión de Hacienda del Senado, el Gobierno enmendó esta primitiva decisión, razón por la cual se aprobó por unanimidad un proyecto diferente al originalmente presentado.
Con todo -aun cuando voy a aprobar esta iniciativa en general-, no puedo dejar pasar inadvertida la opinión que sobre ella tiene la Asociación de Magistrados de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, la que comparto, como también la necesaria independencia que deben tener estos tribunales respecto al Gobierno de turno.
En efecto, parece una materia inconclusa el que sea la propia Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, dependientes de la Subsecretaría de Hacienda, la que autorice las contrataciones de personal de tales instancias. Dicha Subsecretaría es la que debe hacerlo.
La Asociación de Magistrados ha señalado que entregar a la administración la dotación del personal necesario en tiempos de mayor cantidad de causas implica un serio riesgo para la independencia de los tribunales, afirmación que comparto. Y esto, a mi juicio, es delicado, porque se requiere que estos órganos, cualesquiera sean, actúen siempre con la debida independencia frente al Gobierno de turno.
En esta lógica, cada vez que un tribunal necesite completar la dotación de personal, tendrá que solicitar y luchar por su contratación ante la Unidad Administradora, quedando sometido en último caso a la voluntad de ella. Sin lugar a dudas que, por tal vía, se puede afectar la gestión de estos tribunales, y es posible que se premie o se castigue a los jueces más condescendientes con los intereses del Gobierno de turno.
Y eso, señor Presidente, es grave.
Por tanto, dado que en la Comisión de Hacienda del Senado se superaron importantes dificultades, como ya lo señalé, apruebo en general este proyecto en el entendido de que en la discusión particular podremos garantizar algo que es fundamental en nuestro país: la independencia de estos tribunales, corrigiendo las atribuciones que tiene el Ejecutivo respecto de ellos, en un área tan sensible como la contratación de sus funcionarios.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, este es un proyecto no sé si raro, pues no es común que después de una estimación relacionada con la demanda que va a tener un servicio, al final del día, con los elementos sobre la mesa, surjan discrepancias como las de ahora.
Se calculaban alrededor de 125 causas por funcionario y, en los hechos, son siete. O sea, claramente hay una desproporción entre lo que se proyectó y lo que ocurre. A mi juicio, lo que hace el Ejecutivo es correcto en el sentido de decir que esta situación debe ajustarse.
Felizmente, se cambió el proyecto original, pues lo que este hacía era recortar las plantas o el número de funcionarios en los tribunales ya existentes y en los que se crearían en el país. Con ello se revirtió el problema porque la reducción será respecto de aquellas instancias que, en la práctica, han demostrado tener una menor demanda. Los cuatro tribunales de la Región Metropolitana, el de la Región de Valparaíso y el de la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins no se verían afectados.
En todo caso, quiero decir que, en lo concerniente a las causas, no deja de ser interesante lo que manifestó el propio Subsecretario Dittborn, quien señaló que, como consecuencia de que habría un ente independiente que va a velar por la forma en que el servicio judicial tome sus resoluciones, hoy día se procede con mayor prudencia y, tal vez, de manera más diligente, disminuyéndose las causas. O sea, si vamos a tener un juez imparcial que no se hará parte en el asunto, entonces, cae de maduro y es de Perogrullo que así debería ser el servicio judicial. No es que ahora lo hagan bien, sino que tal vez actúan de manera más acuciosa, para evitar la judicialización.
Además -en esto se anticipó el Senador Navarro-, durante la discusión de este proyecto en la Comisión de Hacienda, efectivamente hicimos presente lo señalado por el señor Christian Blanche, integrante de la Comisión Tributaria del Colegio de Abogados de Chile, quien manifestó que aquellas causas de un millón 500 mil pesos hacia arriba requieren ser patrocinadas por un abogado para gatillar las resoluciones de los Tribunales Tributarios y Aduaneros. Para hacer la historia corta, lo que está sucediendo es que por esos montos se prefiere, a ratos, no contratar a tales profesionales.
En consecuencia, como no pretendo que no sean abogados quienes accionen ante los tribunales, en mi opinión, lo que debe hacerse entonces es subir el umbral para permitir que causas de hasta 4 o 5 millones de pesos puedan ser patrocinadas o apoyadas por un contador, y no recurrir a un letrado.
En lo demás, pienso que sería un despropósito tener plantas de personal en casos que claramente no se justifican.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, aquí hay un informe de la Corte Suprema en el que se consignan varias dudas sobre este proyecto, en cuanto a que se producirá una readecuación sin tener claramente vigentes las regiones donde efectivamente habrá causas tributarias. Dice también el Máximo Tribunal que se deja solo la alternativa de sala especializada para la Corte de Santiago, y se supone que ello también podría hacerse en otras cortes.
Por tanto, espero que tengamos la posibilidad de formular indicaciones sobre el particular.
Me resulta curioso que, si los tribunales cuentan con personal suficiente, se proponga rebajarlo. Tenemos casos en los cuales se observan situaciones complejas desde el punto de vista de su dotación. Es cierto que se pueden disminuir recursos, pero quizás debiéramos intentar, al menos, asumir el compromiso de usarlos en solucionar los problemas de otros tribunales donde falta personal y la situación es bastante difícil.
No sé si lo propuesto va a traer alguna consecuencia para la macroeconomía chilena y en lo que respecta al informe de los países acerca de las promesas electorales en Chile. Y sería interesante ver si hay la voluntad de analizar también otros tribunales que están en muy malas condiciones en materia de personal.
Acercándonos aún más al problema, debo decir que el Servicio de Impuestos Internos -cuyos funcionarios están encargados de analizar las declaraciones tributarias y de ver la forma de recuperar recursos- dispone de poco personal, el cual está distribuido de manera tal que le cuesta cumplir esa labor. Lo mismo pasa en Aduanas.
Entonces, al margen de que puede ser algo razonable el rebajar costos, yo no dejaría que los recursos se fueran a fondo perdido, sino que ojalá se utilicen en potenciar a aquellos organismos con escaso personal y pocas capacidades para realizar su tarea.
Como queda la etapa de la presentación de indicaciones, es posible que se resuelvan algunas de las apreciaciones que ha hecho la Corte Suprema.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (24 votos a favor y 2 abstenciones) y se deja constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, García, García-Huidobro, Girardi, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Rossi, Uriarte, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
Se abstuvieron los señores Navarro y Pizarro.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, solicito agregar mi voto.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Se dejará constancia en la Versión Oficial de la intención de voto favorable de Su Señoría.
A continuación, corresponde fijar plazo para presentar indicaciones. La Mesa sugiere el 22 de julio, a las 12.
¿Habría inconveniente?
--Así se acuerda.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Antes de pasar al punto número 3 de la tabla, solicito el asentimiento de la Sala para que pueda ingresar al Hemiciclo el Subsecretario del Ministerio Secretaría General de Gobierno, don Mauricio Lob.
¿Habría acuerdo?
El señor PROKURICA.-
Sí, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Acordado.
AMPLIACIÓN DE GIRO DE EMPRESA TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE
El señor PIZARRO (Presidente).-
Proyecto, iniciado en mensaje, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.132, de Televisión Nacional de Chile, para ampliar el giro de la empresa, con segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8273-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 14ª, en 2 de mayo de 2012.
Informes de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 39ª, en 7 de agosto de 2012.
Transportes y Telecomunicaciones (segundo): sesión 102ª, en 6 de marzo de 2013.
Discusión:
Sesiones 44ª, en 29 de agosto de 2012 (queda para segunda discusión); 48ª, en 11 de septiembre de 2012 (se aprueba en general); 30ª, en 12 de junio de 2013 (queda para segunda discusión).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Respecto de esta iniciativa, en sesión de 12 de junio se solicitó segunda discusión.
La Comisión deja constancia de que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones, y de que efectuó tres enmiendas al proyecto aprobado en general, las cuales fueron acordadas por unanimidad, por lo que deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición respecto de alguna de ellas o se presentaren indicaciones renovadas.
Hago presente que se acaban de entregar a la Secretaría varias de ellas.
Vamos a tener que ordenarlas.
El señor PIZARRO (Presidente).-
A lo mejor, algunas tienen relación con los dos artículos.
Sin el ánimo de entrar al fondo del proyecto, recuerdo que durante el debate de la Comisión, muchas de las indicaciones presentadas correspondían a lo que se ha llamado el "proyecto largo" de Televisión Nacional de Chile.
Esta iniciativa solo busca ampliar el giro de la empresa para hacerla competitiva y permitir a TVN actuar en igualdad de condiciones con el resto de los canales, los que no tienen restricciones.
Esa fue la razón por la que la mayoría de las indicaciones presentadas en la Comisión fueron rechazadas.
Señor Secretario, ¿cuánto tiempo requiere ordenarlas? Para ello se podría suspender la sesión.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Unos diez minutos, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Entonces, se suspende la sesión por ese lapso, a fin de ordenar las indicaciones renovadas que se presentaron.
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--Se suspendió a las 19:13.
--Se reanudó a las 19:30.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Continúa la sesión.
Señor Secretario, antes de dar término al Orden del Día, entréguenos una explicación sobre las indicaciones a este proyecto.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Señores Senadores, se ha renovado un conjunto de indicaciones, varias de las cuales fueron declaradas inadmisibles en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, lo que no obsta a que, de acuerdo con el inciso final del artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la Sala pueda revisar esa situación.
En todo caso, no es lo que se ha pedido en este momento. Solo se han renovado las indicaciones.
En esa calidad están las dos primeras, las Nos 3 y 4. La primera es para agregar un inciso segundo, nuevo, al artículo 2º, y la otra, para incorporarle dos incisos al mismo artículo. Ello correspondería a la primera página del boletín comparado.
Yo no sé cuál es la intención de los señores Senadores que han renovado las indicaciones. Pero lo primero que habría que hacer, siempre y cuando se pida, es votar en la Sala la admisibilidad de las indicaciones, de conformidad con el inciso final del artículo 25 de la Ley Orgánica del Congreso.
También fueron declaradas inadmisibles en la Comisión las indicaciones renovadas Nos 20, 21, 22, 23, 24, 27, 31 y 33.
El señor PIZARRO (Presidente).-
¿Todas fueron declaradas inadmisibles, señor Secretario?
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Casi.
El señor PIZARRO (Presidente).-
¿Hay alguna considerada admisible?
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señor Presidente, no me atrevería a afirmar que todas están en esa condición. Eso sí, muchas fueron declaradas inadmisibles.
El señor LARRAÍN.-
¿Podría la Mesa declarar la inadmisibilidad de ellas?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Vamos a hacer lo siguiente, señor Senador.
El señor LARRAÍN.-
Si así fuera, podríamos avanzar.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Estamos con el Orden del Día concluido.
Como Mesa, me gustaría revisar bien el tema de las indicaciones inadmisibles, que la Secretaría ha visto por encima, aunque con buenos argumentos, por supuesto.
Yo sugiero continuar la discusión del proyecto en la sesión de mañana. Ahí tomaríamos la decisión de si procede que la Sala vote la admisibilidad o no.
¿Les parece?
El señor NAVARRO.-
Pido la palabra.
El señor PIZARRO (Presidente).-
La tiene, señor Senador.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, esta ha sido una iniciativa de largo debate en la que se han buscado acuerdos con el Ejecutivo. Debo entender ahora que el Gobierno no comparte las indicaciones que han sido renovadas. O sea, no estamos de acuerdo en esta materia.
El Ejecutivo insiste en su tesis de hacer de TVN un canal, en los hechos, privado. Quisiera preguntar al señor Subsecretario, por su intermedio, señor Presidente, si el Gobierno se mantiene en esa disposición.
Los diez Senadores que firmamos la renovación de las indicaciones sí aspiramos a dialogar con el Ejecutivo, a fin de lograr que todas o la mayoría de ellas sean acogidas, de tal manera de votar a favor el resto del proyecto de ley.
Por lo tanto, consulto al señor Subsecretario si el Gobierno mantiene su posición de no compartir estas indicaciones.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Señor Senador, de acuerdo con el Reglamento de nuestra Corporación y la ley que nos rige, la Sala puede resolver la admisibilidad de indicaciones declaradas inadmisibles en la Comisión.
El señor NAVARRO.-
Así es.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Entonces, como habrá que conocerlas de todas maneras y estamos con la hora pasada, planteo continuar con esta discusión mañana. Retomado el debate, lo primero que haremos es pedir a la Sala que defina la admisibilidad de tales indicaciones, independiente de lo que el Ejecutivo resuelva hacer después.
Esa es la situación.
Por lo tanto, damos por terminado el Orden del Día y pasamos a la votación de los proyectos de acuerdo.
Ruego a Sus Señorías mantenerse en la Sala para no quedarnos sin quórum de votación.
IMPLEMENTACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE PLAN PARA DETERMINACIÓN Y POSIBLE EXPLOTACIÓN DE RESERVAS DE HIDRATOS DE GAS SUBMARINOS. PROYECTO DE ACUERDO
El señor PIZARRO (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Prokurica, Frei, Horvath, Kuschel, Larraín Peña, Muñoz Aburto y Walker (don Patricio), con el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República la implementación y financiamiento de un plan que determine las reservas de hidratos de gas submarinos existentes en las costas de Chile y la factibilidad de su explotación.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1574-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 26ª, en 22 de mayo de 2013.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El propósito del proyecto es asegurar el suministro energético, aminorando la dependencia de otros países, y utilizar fuentes de energía menos contaminantes.
El señor PIZARRO (Presidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (20 votos).
Votaron las señoras Allende, Alvear y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Letelier, Navarro, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica y Uriarte.
EXTENSIÓN DE BONO POR RETIRO VOLUNTARIO ESTABLECIDO PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN. PROYECTO DE ACUERDO
El señor PIZARRO (Presidente).-
Proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señores Chahuán, Larraín Fernández, Prokurica y Ruiz-Esquide, con el que piden a Su Excelencia el Presidente de la República el envío a tramitación legislativa de un proyecto de ley que extienda hasta el 31 de diciembre de 2014 el bono por retiro voluntario que el artículo 9º transitorio de la ley Nº 20.501 estableció para los profesionales de la educación, sin menoscabo del bono poslaboral dispuesto por la ley Nº 20.305.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1575-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 26ª, en 22 de mayo de 2013.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo de la iniciativa es que los profesionales de la educación que no pudieron acceder al incentivo por faltarles poco tiempo para cumplir las edades exigidas puedan hacerlo ahora.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Si le parece a la Sala,¿
El señor PROKURICA.-
Votemos, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (19 votos).
Votaron las señoras Allende, Alvear y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Muñoz Aburto, Navarro, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica y Uriarte.
PRÓRROGA DE BONIFICACIONES ESTABLECIDAS COMO INCENTIVOS AL RETIRO PARA FUNCIONARIOS DE UNIVERSIDADES ESTATALES. PROYECTO DE ACUERDO
El señor PIZARRO (Presidente).-
Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Chahuán, Larraín Fernández, Prokurica y Ruiz-Esquide, con el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República la remisión de un proyecto de ley que prorrogue hasta el 31 de diciembre de 2014 las bonificaciones que la ley Nº 20.374 estableció como incentivo al retiro para los funcionarios de las universidades estatales.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1576-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 26ª, en 22 de mayo de 2013.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El propósito de la iniciativa es que los funcionarios de las universidades estatales que quedaron sin posibilidad de acceder al beneficio por faltarles poco tiempo para cumplir la edad legal exigida puedan hacer uso del incentivo.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo.
--Se aprueba.
RECONOCIMIENTO DE CONDICIÓN DE VÍCTIMAS DE ACTOS ILEGALES Y ARBITRARIOS A SOLDADOS QUE REALIZARON SU SERVICIO MILITAR ENTRE 1973 Y 1990. PROYECTO DE ACUERDO
El señor PIZARRO (Presidente).-
Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Navarro, Lagos y Muñoz Aburto.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1578-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 27ª, en 4 de junio de 2013.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo del proyecto de acuerdo es pedir a Su Excelencia el Presidente de la República el envío a tramitación legislativa de un proyecto de ley que reconozca a los soldados conscriptos que realizaron su servicio militar obligatorio en el transcurso del período 11 de septiembre de 1973-11 de marzo de 1990 la condición de víctimas de actos ilegales y arbitrarios del Estado de Chile y establezca el órgano calificador y el procedimiento correspondiente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (9 votos a favor, uno en contra, 5 abstenciones y un pareo).
Votaron por la afirmativa la señora Allende y los señores Chahuán, Escalona, Horvath, Larraín (don Hernán), Muñoz Aburto, Navarro, Pizarro y Prokurica.
Votó por la negativa el señor García.
Se abstuvieron los señores Espina, García-Huidobro, Kuschel, Orpis y Uriarte.
No votó, por estar pareado, el señor Coloma.
SUSPENSIÓN DE DENOMINADA "CONSULTA SOBRE CONSULTA INDÍGENA" Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN PROPUESTAS POR RELATOR DE NACIONES UNIDAS. PROYECTO DE ACUERDO
El señor PIZARRO (Presidente).-
Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Navarro y Muñoz Aburto.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1579-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 27ª, en 4 de junio de 2013.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La finalidad de la iniciativa es pedir a Su Excelencia el Presidente de la República que se instruya la suspensión de la denominada "consulta sobre la consulta indígena", y se adopten las medidas de corrección que propone el Relator de Naciones Unidas en relación con el reglamento; y al Senado, que comunique el presente acuerdo a las entidades que se enuncian, cuyo propósito es que se adopten las siguientes medidas:
a) Que se instruya al señor Ministro de Desarrollo Social la inmediata suspensión de la denominada "consulta sobre la consulta indígena", hasta que se recupere el clima de confianza necesario para llevarla a cabo.
b) Que se comunique este acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, al Instituto Nacional de Derechos Humanos, al Encuentro Nacional Mapuche, y a la Oficina de Naciones Unidas en Chile, para efectos de que se tome conocimiento de las vulneraciones al Convenio N° 169.
c) Que se haga llegar el acuerdo a James Anaya, Relator Especial de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas.
El señor PIZARRO (Presidente).-
En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se rechaza el proyecto de acuerdo (12 votos en contra y 4 a favor).
Votaron por la negativa la señora Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Uriarte.
Votaron por la afirmativa la señora Allende y los señores Escalona, Navarro y Pizarro.
ADOPCIÓN DE MEDIDAS EFICACES DE PROTECCIÓN DE VIDA DE ABEJAS Y DE APICULTURA NACIONAL AMENAZADAS POR ACCIÓN DE CIERTOS PLAGUICIDAS. PROYECTO DE ACUERDO
El señor PIZARRO (Presidente).-
Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Navarro, Escalona, Lagos y Muñoz Aburto.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1580-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 27ª, en 4 de junio de 2013.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo de la iniciativa es solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que tenga a bien instruir al señor Ministro de Agricultura para que, en virtud del principio precautorio y del rechazo por el mercado alemán de exportaciones de miel chilena con trazas de organismos genéticamente modificados, adopte medidas eficaces de protección de la vida de las abejas y de la apicultura nacional, amenazadas por la acción de ciertos plaguicidas.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
Aprobado¿
El señor LETELIER.-
¡Que se vote, señor Presidente!
El señor PIZARRO (Presidente).-
Está aprobado, señor Senador.
Dejaremos constancia de su voto favorable y de su presencia en la Sala.
El señor LETELIER.-
¡Uno puede pedir la votación, señor Presidente!
El señor PIZARRO (Presidente).-
Sí, puede pedirla. Pero estoy tratando de facilitar el despacho de los proyectos, Senador Letelier.
En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (12 votos a favor).
Votaron la señora Allende y los señores Chahuán, Escalona, Espina, García-Huidobro, Horvath, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Pérez Varela y Pizarro.
INCREMENTO DE SEGURIDAD DE ALUMNADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COOPERADORES DE LA FUNCIÓN EDUCACIONAL DEL ESTADO. PROYECTO DE ACUERDO
El señor PIZARRO (Presidente).-
Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Horvath, Muñoz Aburto, Prokurica y Walker (don Patricio).
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1582-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 28ª, en 5 de junio de 2013.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La finalidad del proyecto es pedir a Su Excelencia el Presidente de la República que, en ejercicio de su potestad reglamentaria, modifique el Capítulo 5 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones con el fin de incrementar la seguridad del alumnado en los establecimientos educaciones cooperadores de la función educacional del Estado, para hacer exigible el empleo de puertas con transparencias que permitan la visibilidad de la zona a la que se accede y de ese modo posibilitar la supervigilancia y control permanentes.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo.
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS MAYORES EN ÁMBITOS INTERNACIONAL Y LOCAL Y ESTABLECIMIENTO DE CAMBIOS ESTRUCTURALES REQUERIDOS EN RESPECTIVA INSTITUCIONALIDAD VIGENTE. PROYECTO DE ACUERDO
El señor PIZARRO (Presidente).-
Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Navarro y Muñoz Aburto.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1583-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 28ª, en 5 de junio de 2013.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El propósito de la iniciativa es solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que propicie el consenso respecto de una convención internacional sobre derechos humanos de las personas mayores y que, asimismo, envíe a tramitación un proyecto de ley que refuerce la protección de ese sector de la población y favorezca políticas sociales que consideren las condiciones de esa franja etaria, con especial atención en las personas que cargan sobre sí estados de doble vulnerabilidad, y se reconozcan los derechos humanos de las personas mayores, propiciando los cambios estructurales que ello requiera en la institucionalidad.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo.
RECONOCIMIENTO DE DERECHO A SOBRESUELDO POR DESEMPEÑO EN UNIDADES POLICIALES ESPECIALIZADAS A OFICIALES POLICIALES ACOGIDOS A RETIRO. PROYECTO DE ACUERDO
El señor PIZARRO (Presidente).-
Proyecto de acuerdo presentado por el Senador señor Chahuán.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1584-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 29ª, en 11 de junio de 2013.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El propósito de la iniciativa es pedir a Su Excelencia el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que reconozca a los oficiales policiales, acogidos a retiro durante el período que se indica, su derecho al sobresueldo de 35 por ciento por desempeño en las unidades policiales especializadas que estableció la ley N° 17.700, haciéndolo extensivo al beneficio de montepío, con el propósito de reparar la situación de aquellos que se acogieron a retiro entre el 24 de abril de 1979 y el 30 de junio de 1992, que no pudieron acceder a ese sobresueldo.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor BIANCHI:
Al señor Director Nacional (TP) del Instituto de Previsión Social, para que informe acerca de INCOMPATIBILIDAD LEGAL PARA RECIBIR SIMULTÁNEAMENTE PENSIONES DE VIUDEZ Y DE VEJEZ SEGÚN LEYES DE CAJAS ADMINISTRADAS POR IPS.
Del señor GARCÍA:
A la señora Secretaria Regional Ministerial de Vivienda de La Araucanía, pidiéndole que estudie la REGULARIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE PASAJE MANUEL ANTONIO MATTA DE VILLARRICA (Novena Región).
De la señora RINCÓN:
Al señor Ministro de Salud, con el objeto de que se solicite una REVISIÓN DE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DE PERSONAL DE HOSPITAL DE LINARES Y POSIBLE RESPONSABILIDAD EN CASO DE SEÑOR ANTONIO MANZOR GUTIÉRREZ, DE COMUNA DE SAN JAVIER (Región del Maule Sur).
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--Se levantó la sesión a las 19:47.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción