REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 361ª
Sesión 28ª, en miércoles 5 de junio de 2013
Ordinaria
(De 16:20 a 19:46)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES JORGE PIZARRO SOTO, PRESIDENTE,
Y JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Larraín Peña, Carlos
--Muñoz Aburto, Pedro
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedan, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau; de Justicia, señora Patricia Pérez Goldberg, y de Agricultura subrogante, señor Álvaro Cruzat Ochagavía. Asimismo, estuvo presente el Subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado Andrade.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 20 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor PIZARRO (Presidente).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 22ª, especial, y 23ª, ordinaria, en 14 de mayo; 24ª, ordinaria, en 15 de mayo, y 25ª, especial, y 26ª, ordinaria, en 22 de mayo, todas del año en curso, que no han sido observadas.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Dos de Su Excelencia el Vicepresidente de la República:
Con el primero retira la urgencia al proyecto de ley que establece un sistema de supervisión basado en riesgo para las compañías de seguro (boletín Nº 7.958-05).
--Se tiene presente el retiro y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el segundo retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", respecto de los siguientes asuntos:
1.-
Proyecto de ley sobre interés máximo convencional (boletín N° 7.786-03, refundido con los boletines Nos 7.932-03 y 7.890-03).
2.-
Proyecto que modifica la Ley Orgánica de Tribunales Tributarios y Aduaneros en materia de plantas (boletín Nº 8.662-05).
3.-
Proyecto que modifica la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, estableciendo la facultad de excusarse de la obligación de ser vocal de mesa para las mujeres en estado de embarazo y puerperio (boletín N° 8.644-06).
4.-
Proyecto de ley que autoriza la publicación en medios electrónicos de actos que deban ser publicados en periódicos de circulación nacional, regional o local (boletín Nº 8.314-07).
5.-
Proyecto de ley que modifica el Sistema Privado de Salud, incorporando un plan garantizado (boletín N° 8.105-11).
6.-
Proyecto de ley que crea la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, fortalece el rol de la Superintendencia de Seguridad Social y actualiza sus atribuciones y funciones (boletín N° 7.829-13).
7.-
Proyecto de ley que modifica la jornada, descanso y composición de la remuneración de los trabajadores de casa particular, y prohíbe el uso de uniformes a trabajadoras de casa particular (boletines Nos 8.292-13, 7.807-13 y 7.675-13, refundidos).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica que aprobó el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones, con urgencia calificada de "suma" (boletín N° 8.034-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y a la de Hacienda, en su caso.
De la señora Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales del Maule:
Da respuesta a solicitud de antecedentes, efectuada en nombre de la Senadora señora Rincón, para determinar la propiedad de un inmueble que se ha tenido por bien nacional de uso público en la comuna de Linares.
--Queda a disposición de Sus Señorías.
Mociones
De la Senadora señora Alvear, con la que se inicia un proyecto de ley que regula el contenido de la promesa electoral (boletín N° 8.976-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Del Senador señor Chahuán, con la que da inicio a un proyecto de reforma constitucional que radica en el Tribunal Constitucional la competencia para resolver las acusaciones constitucionales que entable la Cámara de Diputados (boletín N° 8.977-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Proyectos de acuerdo
De los Senadores señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Horvath, Muñoz Aburto, Prokurica y Patricio Walker, con el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, en ejercicio de su potestad reglamentaria, modifique el Capítulo 5 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, con el fin de incrementar la seguridad del alumnado en los establecimientos educacionales cooperadores de la función educacional del Estado (boletín N° S 1.582-12).
De los Senadores señores Navarro y Muñoz Aburto, con la que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que propicie el consenso respecto de una convención internacional sobre derechos humanos de las personas mayores y que, asimismo, envíe a tramitación un proyecto de ley que refuerce la protección de ese sector de la población y favorezca políticas sociales que consideren las condiciones de esa franja etaria, con especial atención en las personas que cargan sobre sí estados de doble vulnerabilidad (boletín Nº S 1.583-12).
--Quedan para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria respectiva.
Comunicación
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, con la que informa que, en sesión celebrada el día de hoy, adoptó, por la unanimidad de sus miembros presentes, el acuerdo de solicitar a la Sala autorización para discutir en general y en particular, en el primer trámite legislativo, el proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Chahuán, que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios en materia de elección de parlamentarios y conformación de distritos plurinominales (boletín N° 8.799-07).
--Se accede a lo solicitado.
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
El Senador señor Zaldívar, Presidente de la Comisión de Hacienda, ha solicitado abrir un nuevo plazo para indicaciones al proyecto que crea la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, fortalece el rol de la Superintendencia de Seguridad Social y actualiza sus atribuciones y funciones, hasta el lunes 10 de junio, a las 12.
¿Habría acuerdo?
--Así se acuerda.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Aprovecho de saludar a los alumnos del Colegio Inglés de La Pintana.
Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Solicito el asentimiento para que ingrese a la Sala el señor Subsecretario General de la Presidencia, don Claudio Alvarado.
--Se autoriza.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro, sobre la Cuenta.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Obras Públicas, pido que se abra un nuevo plazo para indicaciones al proyecto que establece normas sobre compensaciones a usuarios de servicios de distribución de agua potable en caso de interrupciones o suspensiones no autorizadas o no comunicadas previamente a ellos.
Estábamos a la espera de una indicación del Ejecutivo, que llegó hoy. En consecuencia, necesitamos un nuevo plazo hasta hoy, a las 7 de la tarde.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
Así se acuerda.
HOMENAJE DEL SENADO A COLONOS DE FAJA MAISAN EN CONMEMORACIÓN DE CIEN AÑOS DE SU LLEGADA A REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
El señor PIZARRO (Presidente).-
Corresponde rendir homenaje a los colonos de Faja Maisan, en conmemoración de los cien años de su llegada a la Región de La Araucanía.
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, Honorable Senado:
Previo a iniciar el merecido homenaje a los colonos que llegaron hace más de cien años a la Región de La Araucanía, en la comuna de Pitrufquén, en el sector Faja Maisan, quiero dar una especial bienvenida a los descendientes de colonos que han estado permanentemente desarrollando y haciendo patria en Faja Maisan, quienes nos acompañan hoy, la señora Gertrud Buck, cuyo padre, don Alfredo Buck, llegó en la primera generación de colonos por allá por 1912. También agradezco la compañía de las hijas de ella, Marianne y Gissela Schubert. Saludo igualmente a la señora Ana María Schell, a la señora Edith Schiessler, a don Eduardo López y a la señora Elcira Eberts, presidenta de la junta de vecinos de Colonia Faja Maisan, quien es nieta de colonos alemanes y esposa de don Heins Schell, descendiente de colonos de Faja Maisan.
De igual forma, deseo recordar a numerosas familias de apellidos conocidos en la zona, como Lefende, Soterel, Brun, Relling, Schulz, Schneider, Spuler, Ansburger, Schubert y tantos otros que han colaborado y realizado un aporte significativo al desarrollo de Faja Maisan y de la Región.
Señor Presidente, es motivo de especial alegría esta tarde rendir solemne homenaje en recuerdo de los colonos alemanes, suizos, austriacos e italianos que hace cien años llegaron a Chile a colonizar una de las últimas fronteras del mundo occidental: La Araucanía.
El arribo de estos colonos se enmarca en los esfuerzos desplegados por el Estado de Chile desde el año 1845, cuando se aprobó la denominada "Ley de Inmigración Selectiva", cuyo objetivo era atraer al país a colonos europeos, especialmente artesanos y agricultores, con la finalidad de desarrollar todo el potencial económico de amplias zonas de las actuales Regiones de Los Ríos y de Los Lagos.
El gran artífice de la obra que permitió la llegada de decenas de miles de colonos a la zona comprendida entre Valdivia y Puerto Varas fue Vicente Pérez Rosales, quien viajó a Europa, especialmente a las principales ciudades alemanas, para difundir la propuesta y organizar el proceso de reclutamiento.
Transcurridos casi sesenta años de esa experiencia, que resultó exitosa, la Sociedad Nacional de Agricultura, asociada a colonos y descendientes de colonos alemanes de Valdivia, convencieron al Gobierno de la época de que era posible replicar la experiencia en La Araucanía, en el contexto del cese de las hostilidades con las comunidades originarias.
Así, recurriendo al apoyo de agencias y subagencias de contratación, se dieron a la tarea de estimular la llegada de nuevos migrantes, principalmente alemanes y suizos, a las actuales provincias de Cautín y Malleco, los que se agrupaban en colonias. Una de ellas, tal vez la de mayor éxito, fue asentada en la zona conocida como Faja Maisan, en la comuna de Pitrufquén, de la provincia de Cautín.
Los colonos alemanes de la Faja Maisan llegaron a Chile en 1912, a bordo del vapor "Oropesa", que desde hacía un par de décadas realizaba transporte desde las costas de Francia y España hasta Chile, Argentina y Perú. Su viaje duró varias semanas. Primero debieron salir de sus pueblos, con pocas pertenencias. Hombres de edad avanzada, niños y mujeres apostaban así su futuro.
En esos años, Alemania y Europa Central vivían tiempos especialmente promisorios en materia social y económica. La Revolución Industrial tardía del imperio alemán llegaría en 1850, con el ferrocarril. Luego, entre 1880 y 1910 se sentarían las bases del éxito de la economía germana: las industrias químicas y la producción de insumos y aparatos y maquinaria industrial eléctrica. Los ríos Rin y Danubio, navegables desde la Edad Media, ahora eran las arterias que articulaban importantes redes de intercambio comercial con Europa del Este. El comercio alemán fue capaz, incluso, de cruzar los montes Urales y penetrar en territorio ruso. Las primeras redes de carreteras europeas mantenían expeditas las rutas terrestres desde el norte de Alemania hasta Cádiz, en España. Hamburgo era uno de los puertos con más carga y descarga de mercancías de Europa, y Frankfurt se perfilaba como una capital financiera del Viejo Continente.
En ese contexto de pujanza económica y mejora significativa de la calidad de vida de los habitantes del imperio, ¿qué razón había para emigrar? Sin duda, la primera respuesta natural pareciera ser aquella que justifica los desplazamientos de población en búsqueda de mejores condiciones de vida. Por cierto, algo de eso hay en lo que llevó a estos colonos a cruzar medio planeta para llegar a La Araucanía; pero también es cierto que su travesía estaba marcada por una de las características más maravillosas del ser humano: su afán de aventura, de descubrir, de arriesgarse, de conocer.
El hombre que no se mueve no conoce, y el que no conoce no es plenamente un ser humano. Estos colonos venían no solo por la oferta de unas cuantas hectáreas, una carreta con bueyes y una vaca parida, sino también a cumplir con el anhelo de saber qué había en esa tierra ignota para la mayoría, ubicada en las antípodas de su mundo.
En el caso de esos colonos hubo, además, otro fuerte motivo para abandonar Europa y asentarse en estas tierras lejanas: la fe. Esos alemanes, suizos y holandeses eran gente creyente. Protestantes y muchos de ellos misioneros, no dejaron en ningún momento de su travesía de orar día y noche. Y esa misma fe les ayudó a calmar las angustias y el sufrimiento de viajar a ratos sobre cubierta, soportando la rudeza del cruce del Cabo de Hornos y la incertidumbre e inseguridad que provoca el surcar las aguas del temido Golfo de Penas.
De manos de esa fe llegaron con ellos los misioneros y una activa iglesia misionera, que hasta el día de hoy recibe a profesionales y técnicos alemanes que siguen misionando y llevando la palabra del Señor por todos los confines de La Araucanía.
Tras el desembarco en el puerto de Corral fueron transportados por tren hasta Pitrufquén. Ahí el ferrocarril, a través de sus ramales y en escala local, constituía lo que los grandes ríos europeos eran para Alemania: el sistema circulatorio por donde transitaban personas, mercancías y, sobre todo, los sueños de construcción de un futuro mejor.
Sin embargo, el viaje del "Oropesa" estuvo signado por la dramática experiencia de la muerte del hijo pequeño de uno de los colonos. Su cuerpo debió ser lanzado al mar en plena navegación. Era la señal de que les esperaban muchos dolores a los cuales sobreponerse. Pero estaban conscientes de que sin dolor, sin privaciones, sin trabajo y sin disciplina era imposible cumplir el sueño de una nueva vida.
El arribo a las tierras asignadas no estuvo libre de sobresaltos. En lugar de encontrar praderas o bosques como los de su tierra natal, lo que vieron sus ojos fue el paisaje de una selva fría, lluviosa y casi virgen. Miles de quilas, árboles pequeños, zarzamoras. En lugar de praderas, había lomajes cubiertos por mucha maleza. El suelo solo era apto para la agricultura en sectores muy reducidos, pues se trataba de tierras bajas y pantanosas, donde los largos y lluviosos inviernos en ese entonces generaban apozamientos de agua que podían durar meses y meses sin ser drenados por la tierra.
Frente a esa realidad, surgió la fuerza del hombre que se sobrepone a los obstáculos. Comenzó poco a poco la tarea del despeje de los campos. Sin maquinaria mecánica, solo la fuerza de los brazos de los hacheros y las yuntas de bueyes permitieron ir sacando de raíz la vegetación y la maleza. Se fueron aplanando los predios, mientras comenzaba, casi en paralelo, el trabajo de chacarería y de crianza de aves de corral, de algunas ovejas y de cerdos. Era necesario empezar a provisionarse de alimentos, y estos había que producirlos.
El conocimiento y el ingenio que los colonos traían desde Europa y, en especial, la unidad de ellos, les permitieron en tan solo 24 meses tener un molino de maquila, contar con algunas praderas de pasto, esenciales para insertar por primera vez en esa zona ganado vacuno, que a poco andar sería la base de una naciente industria lechera y quesera, que hasta el día de hoy son la seña de identidad de los habitantes de la Faja Maisan, que indudablemente producen los mejores quesos del país.
Señor Presidente, hablar hoy, en el año 2013, de la colonización de la Faja Maisan supone no solo reflexionar sobre la capacidad del ser humano de sobreponerse y salir adelante, sino también, especialmente en mi tierra, La Araucanía, hablar de integración; de plena y muy valiosa integración.
En efecto, en 100 años nunca ha existido un conflicto vinculado a la presencia de estas familias en la zona. Las razones pueden ser muchas, desde la falta de reclamos por la propiedad de la tierra hasta el hecho de que los colonos siempre fueron -y sus descendientes continúan siéndolo- parte integrante de una iglesia misionera.
La Araucanía y Chile deben recoger el ejemplo de esta comunidad. Hay que estudiar las razones por las cuales en poco más de 10 generaciones se han logrado mantener unidos, sobre todo por una mirada más o menos común sobre la vida, el vínculo con la tierra, la ética del trabajo y el rol en la promoción del desarrollo a nivel local.
El desarrollo de la comuna de Pitrufquén no podría entenderse sin la contribución de los colonos y sus descendientes. No solo abrieron caminos, cultivaron la tierra, levantaron empresas que subsisten con éxito, dando trabajo a los habitantes de la localidad, sino que también llevaron hasta ella la primera Compañía de Bomberos, el cine, la música clásica, una educación de altísima calidad, que hasta hoy subsiste en la Faja Maisan y que es ejemplo a nivel regional.
En lo personal, como hijo de otros migrantes que vinieron desde muy lejos, sé lo importante que es conservar la memoria del pasado, porque este sigue viviendo en nosotros mismos, pues hemos heredado no solo genes que definen nuestra apariencia física, sino también una cultura y una mentalidad determinadas. Y es preciso proteger esa memoria, ya que nos permite seguir vinculados a la tierra y la cultura de nuestros padres y de nuestros abuelos y bisabuelos.
Se puede ser chileno y alemán, chileno y suizo, chileno y holandés. Tal vez por eso, porque nuestro corazón comparte el amor de dos patrias, estamos tan agradecidos a la nación que acogió y recibió con generosidad a todos nuestros antepasados.
Conservar los vínculos con la patria que miraron nuestros abuelos al zarpar en barcos con destino incierto, nos permite, por sobre todas las cosas, entender nuestra historia y, en definitiva, entendernos a nosotros mismos.
A los habitantes, vecinos y descendientes de los primeros colonos de Faja Maisan, la faja de tierras selváticas y pantanosas que don Max Maisan y sus compañeros de viaje transformaron en un vergel, vaya nuestro homenaje y nuestro agradecimiento por su trabajo y aporte generoso y desinteresado al desarrollo de Pitrufquén, de La Araucanía y del país.
He dicho.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, señoras y señores Senadores; señora Presidenta de la Junta de Vecinos Faja Maisan de Pitrufquén, doña Elcira Eberts; invitados especiales, señoras Marianne Schubert, Guissela Schubert, Gertrud Buck, Edith Schiessler y Ana María Schell y señores Eduardo López y Herbert Grunewaldt.
La historia de Faja Maisan, en la comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía, comienza hace cien años con la llegada de sus primeros colonos, provenientes de Alemania, Suiza y Holanda, quienes abordaron el Oropesa, atravesaron el Estrecho de Magallanes y desembarcaron en Corral. Desde allí fueron trasladados a la ciudad de Valdivia, donde tomaron el tren rumbo a Pitrufquén, para finalmente ser transportados en carreta hasta Comuy, lugar en el cual se radicaron en un principio. A cada familia de colonos se le entregaron una parcela de 60 hectáreas, una yunta de bueyes, una carreta con aperos y una vaca parida.
A medida que les eran otorgados los predios, las familias se trasladaban a ellos, formándose de este modo Faja Maisan. Este lugar recibe su nombre debido a que la primera parcela que se entregó fue la del ciudadano alemán don Max Maisan.
Todas las familias llegaron a nuestro país buscando un mejor porvenir. No obstante, eso no fue fácil. No existían caminos, y transitar de un lugar a otro era realmente muy, muy difícil. Y para qué hablar de la completa inexistencia de otros servicios básicos, como salud y energía eléctrica. Lo anterior se agudizaba aún más con la llegada del invierno, a tal punto que algunas familias decidieron volver a sus países de origen. Pero la mayoría de los colonos se quedaron en Faja Maisan, luchando y sacrificándose por una mejor calidad de vida.
Fue así como en 1910 don Max Maisan advierte que los niños no tenían educación, por lo que cita a una junta de vecinos y propone la formación del Colegio Alemán de Faja Maisan, que se funda en diciembre de ese mismo año. El alumnado y el grupo de profesores se terminan de conformar dos años más tarde, ya que en 1912 llega el segundo grupo de colonos.
El colegio, que en un principio solo estaba compuesto por colonos alemanes, se sustentaba únicamente con aportes del país germano y todas sus clases se impartían en alemán. Posteriormente, el establecimiento incorpora el idioma español, por lo que llegan familias mapuches con la intención de educar a sus hijos. Y, de esta manera, mapuches y colonos germanos formaban el alumnado del Colegio Alemán de Faja Maisan, según cuenta don Francisco Sauterel, quien fuera por 40 años Presidente de dicho plantel educacional y Alcalde de Pitrufquén en la década del sesenta.
En Faja Maisan las adversidades eran muchas. Una de ellas era la falta de energía eléctrica. Pero un colono de apellido Brun descubrió una cascada ubicada en las faldas del cerro Mahuidanche con una caída de 72 metros de altura, y propuso la construcción de una hidroeléctrica, proyecto que en Santiago fue considerado descabellado. Sin embargo, de acuerdo a los relatos de los lugareños y a las crónicas dejadas por los colonos, la experiencia les indicaba que no era posible esperar a que se dieran las cosas. Y gracias al trabajo conjunto de las familias inmigrantes del Viejo Continente y de familias mapuches, y especialmente a la ayuda del Gobierno alemán, pudieron construir su hidroeléctrica.
En los primeros años la planta generaba energía para 4 ampolletas por casa. Hoy en día, con el desarrollo y el crecimiento, la energía no alcanza para todos, por lo que Faja Maisan se abastece tanto por la hidroeléctrica como por la compañía de distribución que entrega energía a la ciudad de Pitrufquén.
Otro avance muy importante es la Cooperativa Campesina de Faja Maisan, cuya historia comienza cuando por primera vez se invitó al señor Ramehlof, Cónsul de la República Federal de Alemania en Concepción, quien supervigilaba el Colegio Alemán del lugar. En esa ocasión se hizo un acto de recibimiento y los alumnos se formaron en la entrada principal del colegio. Fue ahí donde el Cónsul le preguntó a don Francisco Sauterel por qué los niños andaban descalzos, a lo que él respondió que "eso era muy normal, ya que la gente era muy pobre y seguramente no tenían plata para comprar zapatos".
El Cónsul le dijo a don Francisco que llamara a una junta general de vecinos. La idea era crear una cooperativa con créditos que conseguirían con el Gobierno alemán, a efectos de poder darle un mejor pasar a la gente de Faja Maisan.
Se formó la junta general con cerca de 40 personas descendientes de colonos. El Cónsul Ramehlof trajo a 12 expertos de Alemania y elaboraron un proyecto. Se solicitaron recursos para poner en marcha la cooperativa agrícola y Alemania donó un millón 550 mil marcos, monto que en ese tiempo era mucho dinero. Las familias de Faja Maisan debían poner el 20 por ciento del total. Sin embargo, como no tenían recursos frescos, decidieron aportar la planta hidroeléctrica como inversión.
De tal modo, se pudo formar la Cooperativa Agrícola de Faja Maisan en los años sesenta, con el fin de entregar mejores condiciones de vida a la comunidad y de hacerla autosuficiente en el futuro; objetivo que se ha cumplido a cabalidad. Gracias a esta cooperativa, las familias Redel y Brellenthin fueron las primeras en tener un molino maquilero de piedra, pequeño y de poca capacidad, pero, sin duda, todo un avance para la época. Allí la gente iba a moler su trigo, debiendo pagar con la misma producción.
Con el dinero aportado por los alemanes se pudo mejorar también la planta hidroeléctrica y entregar energía a toda Faja Maisan. Además, se puso en funcionamiento una bomba de bencina y un taller mecánico, entre otros servicios.
Por otro lado, la religión ha jugado un rol fundamental en la vida de Faja Maisan. Si bien la gran mayoría de las familias de colonos alemanes son evangélicas, estas conviven con luteranos y católicos. Al poco tiempo de la construcción del colegio, los evangélicos levantaron una capilla, contribuyendo mucho a la evangelización de las comunidades, labor que ha sido reconocida por todos, independientemente del credo que se profese.
No puedo terminar esta intervención sin antes destacar la buena forma en que se han hecho las cosas en Faja Maisan, con integración y gracias a la labor de todas las familias. Los hombres y mujeres que un día llenos de ilusiones y esperanzas llegaron a Faja Maisan ya no están, no obstante, nos dejaron su descendencia y, por cierto, la enseñanza de que con esfuerzo, trabajo y dedicación, no existen obstáculos que impidan cumplir las metas.
Con motivo de cumplirse el primer centenario de la llegada de los colonos a Faja Maisan, y en mi calidad de Senador por la zona, rindo sentido homenaje de admiración, cariño y gratitud a todos quienes, con espíritu pionero, construyeron en Faja Maisan un nuevo hogar, un nuevo destino, una nueva vida, demostrando que con esfuerzo y tesón, en unidad familiar y comunitaria, es posible vencer la adversidad.
Hago extensivo mi homenaje a los descendientes de esos colonos, quienes, fieles al legado de sus abuelos y padres, continúan con la hermosa y noble labor de dar vida a Faja Maisan, a sus instituciones tan señeras, a sus actividades agrícolas tan características y, por sobre todo, a su convivencia ejemplar.
Vayan a todos ellos nuestro profundo y sincero reconocimiento y los fervientes deseos de que el progreso, la paz y la armonía sigan siendo las virtudes que mejor distinguen a nuestra querida Faja Maisan.
¡Dios bendiga a nuestra querida Faja Maisan!
Muchas gracias.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).-
A continuación, hará uso de la palabra la Honorable señora Von Baer.
La señora VON BAER.-
Señor Presidente, señoras y señores Senadores y, sobre todo, queridos miembros de la comunidad de Faja Maisan.
Desde acá veo caras conocidas en las tribunas, que me recuerdan mi niñez.
Para mí, junto con ser una alegría, es un profundo honor poder rendir hoy homenaje en el Senado a los habitantes de Faja Maisan, no solo por la identidad única que caracteriza a ese hermoso rincón de nuestro país, sino también porque a través de este tributo estamos reconociendo el aporte que, mediante su trabajo y su cultura, han entregado los colonos del sur de Chile a nuestra patria.
La historia de Faja Maisan se encuentra profundamente ligada a la de nuestro sur.
Cuántas veces mi abuela, la Mutti, en los viajes entre Temuco y Gorbea, nos contó las historias de las fajas: la cuarta faja, la quinta faja y Faja Maisan, que se ubica frente a Pitrufquén hacia la costa.
Hace cien años llegaron a Corral familias numerosas procedentes de Alemania, que después de cruzar el mundo entero viajaron a Valdivia, donde tomaron el tren y, finalmente, fueron trasladadas en carretas tiradas por yuntas de bueyes hasta Comuy, su nuevo hogar.
Los primeros meses en la nueva patria no fueron fáciles: se albergaron en mediaguas en medio del bosque, de los pantanos y del frío. Las difíciles condiciones de vida, más el crudo invierno del sur, hicieron que incluso algunas familias decidieran volver a Alemania.
La Mutti siempre nos relataba los arduos inicios de los colonos en el sur de Chile, independientemente de dónde se radicaron. Comenzaron con una parcela, una yunta de bueyes, una carreta con aperos y una vaca parida por familia. Mi abuela nos comentaba lo que pasaba cuando se moría un buey: "Bueno, se debía tirar la yunta de bueyes con la vaca y con el buey. Había que salir adelante".
¿Y qué traían esos colonos? Innumerables ilusiones y conocimientos técnicos, pero particularmente ganas de trabajar.
Empezaron a producir miel; a recoger corteza de lingue, que comercializaban en Pitrufquén; a cultivar los campos; a abrir caminos. Salieron adelante con trabajo, con empuje, pero sobre todo con mucha, muchísima creatividad y emprendimiento, con ganas de emprender.
Sin embargo, no solo se preocuparon de prosperar económicamente, sino también de formar comunidad. Frente a cada necesidad, a cualquier dificultad, buscaron una solución, se apoyaron entre ellos y tocaron todas las puertas requeridas para hacer realidad sus sueños.
Así, ante la pregunta de cómo acceder a educación, fundaron tempranamente el Colegio Alemán Heufel Comuy de Faja Maisan. Tal como sucedió en diversos otros lugares del sur de Chile, el financiamiento inicial fue posible gracias a una ayuda del Gobierno alemán. El profesor fue uno de los propios colonos, y la responsabilidad de dar sustento a la institución en el largo plazo recayó en un directorio conformado por miembros de la propia comunidad.
A raíz de la necesidad de contar con energía, buscaron una cascada, que permitió crear una planta hidroeléctrica.
De ese modo, fueron encontrando soluciones a todos los problemas, y lograron formar una iglesia, tener una posta para atender las necesidades de salud y fundar un cuerpo de bomberos.
Llegó el desarrollo a Comuy, llegó el progreso al sur de Chile, pero no solo para los colonos. Porque una de las características hermosas de esta comunidad es que integró la cultura alemana con la de los pueblos originarios. Ambos se ayudaron, se enseñaron, se complementaron. Es así como en los años sesenta crearon la cooperativa agrícola que presta servicios hasta el día de hoy no solo a los colonos, sino también a los mapuches. Su filosofía fue siempre que el desarrollo de verdad los incluye a todos.
Cuántas veces fuimos con la Mutti a Faja Maisan a comprar su famoso queso, a adquirir miel, a compartir un mate y a comer un kuchen.
Eso es Faja Maisan.
Cuántas veces fuimos con nuestro grupo folklórico al colegio de esa comunidad a bailar volkstanz y a terminar con una cueca.
Faja Maisan es un ejemplo de cómo los colonos lograron crear un mundo de oportunidades y de progreso en los lugares más apartados de nuestro país. Ese mundo tiene, hasta el día de hoy, su propia identidad. Actualmente, los jóvenes de ascendencia mapuche, española, alemana, italiana cursan la educación básica en el colegio de esa comunidad y luego se van a Pitrufquén o a Temuco, al Colegio Bautista o al Alemán. Da lo mismo cuál sea la cultura de su familia de origen: siempre se les nota el sello de Faja Maisan. En todas las ocasiones en que llegó un Rilling o un Redel al Colegio Alemán de Temuco su integridad y su esfuerzo fueron muestra viva de lo que significa ser de esa localidad.
Termino este homenaje con las palabras que pronunció don Carlos Andwanter al llegar a Valdivia y que reflejan tan bien el espíritu de los colonos del sur de Chile:
"Seremos chilenos honrados y laboriosos como el que más fuere. Unidos a las filas de nuestros nuevos compatriotas, defenderemos nuestro país adoptivo contra toda agresión extranjera, con la decisión y firmeza del hombre que defiende su patria, a su familia y sus intereses".
¡Queridos miembros de la comunidad de Faja Maisan, gracias, muchas gracias por su trabajo, por su aporte a nuestra patria!
Deseo advertirles, sin embargo, que su tarea no ha concluido: cuántos desafíos para La Araucania, cuántos desafíos para el sur de Chile, cuántos desafíos para nuestra patria quedan aún por delante.
¡Por favor, sigan trabajando con el mismo empeño y con la misma creatividad que siempre los han caracterizado!
He dicho.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).-
De esta manera culmina el justo homenaje que el Senado de la República ha rendido a los colonos de Faja Maisan con motivo de conmemorarse cien años de su llegada a la Región de La Araucanía.
Damos las gracias a quienes nos han acompañado esta tarde, especialmente a los familiares y descendientes de los primeros colonos que arribaron a esa zona del país.
¡Muchísimas gracias por estar con nosotros!
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, luego de revisar la tabla de la presente sesión y de conversar con algunos miembros de la Comisión de Constitución, le pido que recabe el asentimiento de la Sala para que los proyectos de ley signados con los números 2, 3, 12 y 17 del Orden del Día, todos los cuales tipifican delitos y establecen penas, sean remitidos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, a fin de que después podamos tomar una resolución con pleno conocimiento de sus antecedentes.
Yo hablé con el Presidente del referido órgano técnico, así como también con el Senador Hernán Larraín y la Senadora Soledad Alvear, y llegamos a la conclusión de que resulta perfectamente factible hacer un estudio más acabado de esas iniciativas, previo a que las conozca la Sala.
Por lo tanto, señor Presidente, le ruego que solicite el acuerdo del Senado para que los cuatro proyectos de ley que enuncié pasen a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia como una manera de legislar en forma más coherente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
El Senador señor Zaldívar propone que pasemos las iniciativas mencionadas a la Comisión de Constitución, toda vez que están relacionadas entre sí.
En el caso del proyecto que figura en el segundo lugar de la tabla, debo aclarar que es de artículo único, por lo que, con mayor razón, dicha Comisión podría examinarlo antes de ser tratado por la Sala.
¿Habría acuerdo para proceder en ese sentido?
El señor ESPINA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Puede hacer uso de la palabra, Su Señoría.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, a mí me gustaría que fijáramos un plazo, dado que la iniciativa signada con el número 2 del Orden del Día, referida al delito de manejo en estado de ebriedad causando lesiones gravísimas o con resultado de muerte, aborda un problema extraordinariamente sensible.
Yo no acostumbro a legislar sobre asuntos que tengan, en determinado momento, mayor o menor importancia desde el punto de vista del impacto que puedan producir.
No obstante, sí considero que esta es una materia respecto de la cual nosotros debiéramos pedir a la Comisión de Constitución que la vea rápidamente para no dilatar su tratamiento.
Yo conversé con el Presidente de dicho órgano técnico quien se mostró absolutamente de acuerdo en analizar esa iniciativa.
En ese entendido, consulto si lo que se desea es que, antes de votarla en general, aquella vaya a la Comisión de Constitución.
El señor PIZARRO (Presidente).-
La idea justamente es esa, porque es un proyecto de artículo único...
El señor ESPINA.-
Sí.
El señor PIZARRO (Presidente).-
... y, en estricto rigor, deberíamos votarlo en general y particular a la vez.
El señor ESPINA.-
Está bien, señor Presidente. Entonces veámoslo en la Comisión.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Por eso, es importante que lo estudie la Comisión de Constitución.
El señor ESPINA.-
Ocurre, señor Presidente -solo deme treinta segundos y no le quito más tiempo-, que esa iniciativa tal como está redactada no resuelve el problema que pretenden subsanar sus autores.
Debo comentarles que yo conversé con quien vivió la dramática situación que motivó la presentación del proyecto y, en verdad, se llegó a la conclusión de que el problema quedó muy mal resuelto -y lo puedo decir seriamente-, opinión que también compartí con los restantes miembros de la Comisión.
Entonces, sin duda, se puede estudiar la iniciativa. No obstante, para que su tramitación no demore meses, me gustaría pedirle al Presidente del órgano técnico que en una sola sesión podamos verla, votarla y despacharla.
En consecuencia, solicito que ello lo hagamos rápidamente para que la medida propuesta no sea interpretada, con toda razón, como una dilación por quienes han sido víctimas de conductores que manejan en estado de ebriedad.
Por ello, me gustaría que el Presidente de la Comisión de Constitución, Senador Patricio Walker, quien cuenta con un amplio y completo respaldo de todos nosotros, pueda referirse a esta materia.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Senador señor Walker, la idea es que lo hagamos bien.
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor WALKER (don Patricio).-
Señor Presidente, comparto el planteamiento del Senador Espina en el sentido de que esta es una iniciativa de la máxima importancia a la que debemos introducirle algunas modificaciones.
El problema es que, aun cuando nos pongamos un plazo, nos puede pasar lo mismo que nos ocurrió con el proyecto referente al sistema binominal: fijamos el mes de mayo para su despacho y llevamos cinco o seis sesiones dedicadas a esa materia. Además, hay seis iniciativas radicadas en la Comisión a las cuales el Ejecutivo les ha fijado urgencia.
Entonces, lo que yo no quiero -y tenemos asuntos pendientes como el proyecto sobre acuerdo de vida en pareja y otros- es crear una expectativa que no podamos cumplir.
Por ello, recogiendo el espíritu de la propuesta del Senador Espina, quiero pedirle al Gobierno -no tengo ningún problema en que la iniciativa pase a la Comisión de Constitución- que le ponga urgencia, pues de esa manera podríamos analizarla antes. Para tal efecto, dado que hay seis proyectos en igual condición, dependemos del Ejecutivo. De lo contrario, no cumpliremos con las expectativas que nosotros mismos generamos.
Recogiendo la idea planteada por el Senador Espina, más que fijar un plazo para el despacho del proyecto, hay que solicitar al Ejecutivo que le ponga la urgencia necesaria para darle prioridad en la Comisión de Constitución.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Señores Senadores, el proyecto ya tiene una urgencia fijada, lo que significa que debemos despacharlo antes del 19 de junio. O sea, tenemos un plazo que cumplir.
En estricto rigor, otra cosa que podríamos hacer sería discutirlo y aprobarlo en general, y luego, abrir un plazo para indicaciones, con lo cual también tendría que remitirse a la Comisión de Constitución.
En todo caso -insisto-, existe un plazo para su despacho. Eso significa que la Comisión tendría que verlo esta semana o, a más tardar, la próxima para traerlo nuevamente a la Sala.
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, nos ha tocado en muchas oportunidades ver proyectos que provienen de Comisiones especializadas en el tema de tránsito en los que se establecen sanciones penales que modifican el Código Penal.
Aquí tres iniciativas fueron despachadas por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, y otra, por la de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, a través de la cual se contemplan igualmente sanciones penales, y lo lógico es que también las analice la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Solamente eso estamos pidiendo, toda vez que es la posición que, tradicional e invariablemente, hemos adoptado en el Senado.
Gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, debido a que se ha hecho referencia a todos los proyectos que tienen alguna incidencia de carácter penal, debo señalar que el signado con el número 17 del Orden del Día se origina en una moción de los Senadores señora Pérez (doña Lily) y señores Cantero, Girardi, Ruiz-Esquide y el entonces Senador Chadwick y tiene por objeto tipificar el delito de incitación al odio racial y religioso.
Cabe recordar que en relación con esta materia hubo un acuerdo del Senado en términos de que solo fuera vista por la Comisión de Derechos Humanos. Por lo tanto, para dejar sin efecto dicho acuerdo se requiere nuevamente la unanimidad de los miembros de esta Corporación, la cual yo no voy a otorgar.
El señor ROSSI.-
Yo tampoco, señor Presidente.
El señor WALKER (don Patricio).-
¡Entonces, saquemos ese proyecto del paquete!
El señor PIZARRO (Presidente).-
Eso es efectivo, señor Senador. Usted tiene razón en su planteamiento.
En consecuencia, lo que estamos hablando solo concierne a las otras tres iniciativas.
Tiene la palabra el Honorable señor Espina, a quien le pido que sea breve para poder continuar con la tabla.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, seré muy conciso.
En cuanto al proyecto que figura en el segundo lugar de la tabla, referente al delito de manejo en estado de ebriedad, causando lesiones gravísimas o con resultado de muerte, solicito formalmente que no sea votado ahora, pues sería ridículo hacerlo y después tener que dar a conocer los aspectos malos, aun cuando sabemos que contiene cosas buenas.
Los miembros de la Comisión no tenemos problema -está presente en la Sala el Ministro Larroulet- en que se le mantenga la urgencia a la iniciativa para poder analizarla. De ese modo se procedería a citar el próximo martes a uno o dos constitucionalistas que han sido los asesores permanentes de nuestro órgano técnico y se despacharía a la Sala a la brevedad posible.
De esa manera, señor Presidente, pienso que se resuelve el problema.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Muy bien.
Si le parece a la Sala, se procederá de la forma indicada, en el entendido de que se mantiene la urgencia necesaria para que la Comisión de Constitución revise el proyecto el próximo martes y lo envíe a la Sala el miércoles.
El señor WALKER (don Patricio).-
Muy bien.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Perfecto.
--Así se acuerda.
PROBIDAD EN EJERCICIO DE FUNCIÓN PÚBLICA
El señor PIZARRO (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre probidad en la función pública, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7616-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 1ª, en 13 de marzo de 2012.
Informe de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 8ª, en 3 de abril de 2013.
Discusión:
Sesión 26ª, en 22 de mayo de 2013 (queda pendiente la discusión general).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
En sesión de 22 de mayo del año en curso quedó pendiente la discusión en general de esta iniciativa.
Cabe recordar que la Comisión de Gobierno discutió el proyecto solamente en general, dejando constancia de que contiene disposiciones que revisten el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que se requiere para su aprobación 21 votos favorables.
Se hace presente, asimismo, que en virtud de un acuerdo adoptado por los Comités la iniciativa deberá ser informada en particular por las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, unidas.
Quedaron inscritos para hacer uso de la palabra los Senadores señores Cantero, Escalona, señora Allende y señor Chahuán.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Prosigue la discusión general del proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, ante todo, hago presente mi voto favorable a la idea de legislar en esta materia.
Desde mi punto de vista, es muy importante y decisivo para la salud de nuestro sistema político que se puedan fortalecer todos los mecanismos que permitan entregar a la opinión pública la seguridad de que las más altas autoridades del país actúan sujetas al principio de probidad en el ejercicio de sus funciones, así como que se legisla con el propósito de prevenir los conflictos de interés.
No cabe duda de que estamos atravesando por una de las etapas de mayor desconfianza hacia la política. Y los conflictos de interés están, a mi juicio, en el centro de dicha desconfianza.
Este es un fenómeno de carácter general que afecta al conjunto del sistema político. No quisiera que de mis palabras se entendiera que hay algún grupo o sector de opinión que se encuentra fuera de la mirada crítica y desafiante de los ciudadanos y ciudadanas, pues es indudable que en el curso de la última década, a lo menos, se han configurado un conjunto de situaciones que han lesionado severamente la legitimidad y la autoridad con la que nuestro sistema político actúa.
Estamos, en consecuencia, puestos en la necesidad de llevar adelante una acción política eficaz, que requiere esta normativa. En la discusión en particular haremos presente lo que nos parezca necesario, con el propósito de enmendar aquellas disposiciones que nos merezcan reparo. En especial, debiesen incorporarse más propuestas relativas a la resolución de los eventuales conflictos de interés en el ejercicio de la función pública, por autoridades tanto del Ejecutivo como del Legislativo.
Esto, entre otras medidas, habría de referirse a los plazos a partir de los cuales una persona puede trasladarse desde el sector privado al público. No debiera ocurrir, sobre todo en el ámbito de la gestión de la autoridad económica, que haya quienes pasan desde las instituciones de defensa del sector privado -léase, por ejemplo, bufetes de abogados especialistas en manejos tributarios- al cumplimiento de funciones públicas. Tendría que haber, en este ámbito, una normativa más exigente y rigurosa. Desde mi punto de vista, debiesen contemplarse por lo menos dos años de impedimento para poder ejercer estas funciones.
Porque es un hecho demasiado sorprendente para la opinión pública que alguien que está defendiendo intereses del sector privado de la noche a la mañana pase a estar al otro lado del mesón y se transforme en un funcionario público.
Del mismo modo, cuando una persona cesa sus responsabilidades como funcionario público los plazos para asumir tareas en el sector privado debiesen ser más exigentes y dilatados. Incluso, en este ámbito me permito sugerir -porque esto es iniciativa exclusiva del Presidente de la República, ya que significa gasto público- la posibilidad de que el Estado compense económicamente, aunque fuese en parte, las remuneraciones de funcionarios públicos, con el propósito de que a lo menos un año, o incluso dos, se mantengan sin pasar a desempeñarse como ejecutivos o altos ejecutivos de una empresa que tenga, precisamente, conflictos con el Estado.
Esta es una de las áreas más delicadas. Y, en mi opinión, este texto legal debiese profundizar aún más las medidas que permitan establecer efectivamente una separación, una muralla que evite que se pueda dar con tanta facilidad el traspaso de un lado al otro del mesón y que el regulador sea capturado por el regulado.
Como señala el artículo 1° del proyecto, este tiene como propósito regular "el principio de probidad en el ejercicio de la función pública y la prevención de conflictos de interés".
En mi opinión, este aspecto, el conflicto de interés, requiere medidas más drásticas, porque es público y notorio que se produce una situación anómala cuando las barreras son superadas con tanta facilidad y el que era funcionario público se transforma en gerente o director privado, sin los resguardos y el tiempo suficiente de por medio, dando la impresión a la opinión pública de que cuando estaba cumpliendo sus tareas en el Estado ya tenía amarrado el contrato para pasar a ser un alto ejecutivo de un consorcio privado.
Vuelvo a repetir: estas son materias en que la iniciativa parlamentaria no existe, porque se requiere incluso gasto público con el objetivo de acentuar las medidas preventivas, que yo creo que en este proyecto de ley no son suficientemente rigurosas. Porque se trata de evitar la situación que he descrito, la que, en definitiva, es el gran problema que afecta a las economías modernas, no solamente a la chilena, y, a través del sistema económico, al prestigio y la legitimidad del sistema político frente a la ciudadanía.
Hay situaciones que son sumamente delicadas y bochornosas, como la acontecida con la Ley de Pesca, en que existe el riesgo cierto de una investigación judicial que ponga en evidencia una interferencia del sector privado en el ejercicio de la función legislativa.
En consecuencia, yo creo que este es un tema central. Si no son debidamente resueltos los resguardos que eviten el enriquecimiento ilícito de altos personeros del Ejecutivo y de parlamentarios en el ejercicio de sus funciones, el sistema político democrático estará siendo horadado, debilitado y deteriorado de manera irreparable.
Yo voy a respaldar en general el proyecto del Ejecutivo, aun cuando, en mi concepto, su envío tardó en demasía (quiero ser franco al respecto).
En definitiva, señor Ministro Secretario General de la Presidencia, esta iniciativa tiene el mérito de poner la materia en comento a disposición del Congreso Nacional para su debate.
Empero, no me cabe ninguna duda de que las medidas planteadas todavía no son suficientemente duras y rigurosas.
Para que la política democrática se dignifique, no puede ser instrumento del enriquecimiento ilegal de quienes la ejercen: la legitimidad de la política democrática exige austeridad.
Este proyecto de ley avanza en dicha dirección. Pero se deben profundizar mucho más las disposiciones contenidas en él.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, mediante la iniciativa en debate se procura avanzar más en la idea de, por un lado, actualizar y regular en un texto legal el ejercicio de la función pública por autoridades del Estado desde la perspectiva del principio de la probidad, y por otro, prevenir (como aquí se ha dicho) los conflictos de interés mediante una declaración de intereses y patrimonio.
Recuerdo perfectamente que durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet se avanzó en una agenda de probidad propuesta luego de los resultados de una comisión transversal que hizo una serie de sugerencias.
Algunas de las buenas iniciativas planteadas, como la Ley del lobby, o el mejoramiento de la institucionalidad de la Contraloría, o la auditoría general de gobierno, no se han concretado.
Yo espero que exista sobre todo la Ley del lobby, porque es importante regular esta actividad para fijarle un marco legal de funcionamiento.
Hemos perdido algunas de dichas iniciativas. Pero eso no significa que no avancemos en la materia que nos ocupa.
Nuestro país es testigo de que muchas veces existen conflictos de interés. Y, como señaló el Senador Escalona, eso genera desconfianza en la ciudadanía. Aun más, provoca una especie de sospecha generalizada en el sentido de que tales conflictos terminan interviniendo en los procesos legislativos o influyendo en las decisiones que tomamos los parlamentarios.
Si tal es la imagen que se proyecta, resulta bastante deplorable.
Señor Presidente, este proyecto avanza en el fideicomiso ciego.
Me parece fundamental imponer la obligación de que el mandante se desprenda de la propiedad de sus bienes o de su administración y entregue esta a un tercero; y asimismo, la de que determinadas autoridades enajenen ciertos bienes cuando su tenencia genera claramente un conflicto.
El punto radica en que aquello se cumpla; que no sea solo un formulismo, una declaración de intenciones -es decir, que no sea letra muerta-, y que de verdad el tercero administre o el mandante venda. De lo contrario, todo puede sonar a ficción.
Recuerdo la extensa discusión habida en la Cámara de Diputados en torno a la idea de avanzar en la declaración de patrimonio, porque teníamos únicamente declaración de intereses, la cual era totalmente genérica. Algunos Diputados que hoy día son parte del oficialismo se negaron enfáticamente. Y señalaban incluso que se ponía en riesgo a los parlamentarios si se hacían públicas las declaraciones de intereses y de patrimonio.
A decir verdad, nunca comprendí ese argumento, porque vivimos en una sociedad que exige y existe una ciudadanía que cada día requiere mayor transparencia.
Considero que al respecto hubo un avance, señor Presidente. En efecto, hoy día cualquier persona puede entrar a la página web pertinente y ver las declaraciones de intereses y de patrimonio de todos los Senadores y Diputados, que deben actualizarse periódicamente. Por esa vía es factible saber con exactitud lo que cada uno de ellos tiene a lo largo de su vida parlamentaria: qué propiedades posee, en qué sociedades participa, en fin.
En todo caso, no puedo dejar de decir que costó bastante aprobar la modificación correspondiente.
Recuerdo que, tras llegar al Senado, cuando debíamos hacer las declaraciones, pregunté si se ponía o no el valor comercial de los bienes. Pero eso está sujeto al criterio del parlamentario: no es obligatorio ni está reglamentado. Y ello constituye un error, porque da pie para que algunos coloquen tal antecedente y otros no.
Ese es el tipo de situaciones que, a mi entender, generan cierto grado de desconfianza o dan la sensación de que el cumplimiento no es riguroso.
Señor Presidente, este proyecto pone el acento, correctamente, en el monto de las multas, que se eleva de manera considerable en el caso de quienes no cumplan la obligación impuesta.
Y hay aquí un aspecto importante: la obligación pertinente se impone a todas las autoridades de los Poderes del Estado, y también, a quienes actúan como asesores de la Presidencia de la República, pues tienen un tremendo poder decisorio.
Eso no estaba contemplado. Y aplaudo su inclusión, porque constituye un gran avance en lo que buscamos: mayor probidad y más transparencia. Así que estoy muy de acuerdo.
De otra parte, señor Presidente, considero lamentable que no se haga referencia -ojalá se enmiende el punto durante la discusión particular- a algo que mencionó el Senador Escalona y que muchos han llamado "puerta giratoria": la situación de los funcionarios públicos que al término del gobierno pertinente o al finalizar su mandato pasan rápidamente al sector privado y comienzan a operar desde él, en circunstancias de que antes manejaban la institucionalidad reguladora o la fiscalización.
Aquel es un problema no solo de Chile; existe en muchísimos países desarrollados y democráticos. Es necesario, entonces, buscar una solución que permita fijar un período prudencial para el paso desde el sector público al privado. Y, obviamente, se van a registrar situaciones no deseables.
Por último, opino que urge la regulación del lobby o gestión de intereses privados. No se trata de impedir esa actividad, sino de reglarla, de hacerla transparente. Espero, pues, que el proyecto pertinente se apruebe pronto.
En resumen, señor Presidente, estoy convencida de que debemos dar todos los pasos indispensables para lograr mayor probidad en la función pública. Y el texto que se nos propone constituye un avance, pese a las deficiencias que señalé.
Precisamente porque este proyecto significa avanzar en la materia, anuncio mi pronunciamiento afirmativo en esta votación.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Se halla inscrito para usar de la palabra el Senador señor Cantero.
El señor WALKER (don Patricio).-
Abra la votación, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Me piden abrir la votación.
La ley en proyecto es de rango orgánico constitucional.
El señor COLOMA.-
Conforme, señor Presidente, pero manteniendo los tiempos.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Veo que Su Señoría está muy interesado en intervenir.
¿Hay acuerdo?
El señor LARRAÍN.-
Sí, señor Presidente.
El señor COLOMA.-
Pero con los mismos tiempos.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
No se preocupe, señor Senador. Le daré más tiempo si lo necesita.
¿Le parece a la Sala?
Acordado.
En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.-
No la he pedido, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Para fundar su voto, tiene la palabra el Senador señor Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente, trataré de referirme en forma muy breve a este proyecto, que vimos en la Comisión de Gobierno.
Todo el mundo señala cosas generales en el sentido de que es importante promover la probidad, incentivar la transparencia y evitar los conflictos de interés en la función pública. Pero yo agregaría el ámbito privado; porque habitualmente, cuando hay conflictos de tal índole que involucran a personeros públicos, siempre está envuelto algún interés proveniente del mundo particular.
Aquí se han hecho denuncias en el ámbito de la Ley de Pesca. Así que queda bastante claro que no es únicamente una cuestión del sector público. Porque pareciera ser que todo lo concerniente a la probidad, a la transparencia, a la honestidad y a la decencia hemos de buscarlo a nivel del sector público: también debiésemos promoverlo en el sector privado, donde tales elementos a veces están bastante ausentes. Basta ver los últimos fallos de la Corte Suprema con relación a cláusulas abusivas y cobros unilaterales, arbitrarios, ilegales, que en último término afectan a la gente.
Ahora bien, yo destacaría de este proyecto de ley dos cosas bastante trascendentes; no les restaría importancia. Porque, efectivamente, en la discusión particular podemos mejorar el articulado; abordar materias que no están incluidas, como las inhabilidades que podrían afectar a funcionarios públicos, a autoridades públicas, en fin, que desearan ocupar cargos o asumir posiciones en el sector privado, y viceversa, cuando existen relaciones.
En tal sentido, resulta muy sorprendente, por ejemplo, que ex superintendentes de seguridad social estén trabajando hoy día en mutuales.
A decir verdad, las relaciones de ese tipo son sospechosas.
Señor Presidente, el primer tema de este proyecto tiene que ver con la ampliación de la cantidad de personas que deben efectuar declaración de intereses y patrimonio, la que, además, incluirá exigencias mucho más rigurosas que las existentes hoy.
Eso me parece sobremanera importante, porque se va a llegar a una serie de autoridades, de distintos Poderes del Estado, que ahora no tienen aquella obligación; entre ellas, los concejales, los consejeros regionales y los fiscalizadores de cualquier repartición pública, independientemente de su grado. O sea, el servidor público que desempeña funciones fiscalizadoras también tendrá que efectuar, con prescindencia de cualquier consideración, una declaración de intereses y patrimonio.
Reitero que eso es muy relevante. Porque, como aquí se ha expresado, uno de los problemas que nos afectan son los conflictos de interés.
En la Cámara de Diputados hay un proyecto sobre lobby. A mi entender, la ley que se despache servirá bastante para que haya transparencia en esa actividad. No estoy diciendo que ella sea algo malo per se, sino que el lobby tiene que ser transparente: debemos conocer a los lobbystas; tenemos que saber con quiénes conversan, cuáles son los temas que se abordan en las reuniones pertinentes, cuáles son los intereses en juego, en fin.
Por otro lado, considero importante destacar que en ciertos casos se obligará a efectuar la declaración en comento a quienes presten asesorías a determinadas autoridades o a aquellos que sean requeridos por la Contraloría en el marco de una investigación administrativa o de una auditoría.
Hoy, muchos asesores a honorarios que prestan servicios a autoridades no están afectos a la ley vigente. Y en este proyecto se deja claramente establecido que en ciertas circunstancias también deberán efectuar declaración de intereses y patrimonio. Además, como acabo de señalar, se faculta a la Contraloría para exigirla cuando haya en curso una investigación o un sumario.
No me gusta mucho que la regulación del modo como se llevará a cabo aquello quede entregada al reglamento. Creo que estamos llegando al extremo de que todo se lo dejamos a los reglamentos.
Sé que hay países (por ejemplo, Estados Unidos) donde prácticamente todo está en la ley. Puede que sea un exceso, porque las circunstancias cambian y hay que ir efectuando adaptaciones. Pero pienso que nosotros estamos llegando al otro extremo, en que muchas cosas relevantes que debiesen estar absolutamente clarificadas dentro de la ley quedan entregadas a un reglamento, lo cual, sin duda, introduce una cuota de discrecionalidad.
También estimo importante destacar que en la declaración pertinente hay que incluir los intereses gremiales.
Otro aspecto fundamental se relaciona con la determinación de las circunstancias en que se habrá de delegar a terceros la administración de bienes que supongan conflicto de interés en el ejercicio del cargo. Se trata de una especie de fideicomiso ciego. Y se establece -es lo más novedoso de todo el proyecto- que en ciertas situaciones se deberá enajenar todo o parte de los bienes involucrados.
Me parece un avance bastante sustantivo el hecho de que bajo ciertas circunstancias se constituya un mandato de administración discrecional, en una cartera de valores, y que en casos excepcionales incluso se enajenen determinados activos, especialmente cuando haya conflictos de interés.
Siento que la figura del mandato para la administración de los bienes, esta especie de fideicomiso ciego, es muy relevante.
Además...
Señor Presidente, parece que al Senador Coloma no le gusta esto, que yo considero muy importante.
Parece que sí le gusta. Está de acuerdo con su Gobierno.
¡Muy bien¿!
Porque yo diría, Ministro Larroulet, que este es un buen proyecto, diferente de otros en que el Ejecutivo aparece poco informado. Por ejemplo, la reforma al Congreso que se anunció, como bonus track, 48 horas después del 21 de mayo: la mayoría de las cosas que mediante ella sugiere el Presidente de la República ya las abordamos como Parlamento. Y esto lo saben también nuestros amigos del frente.
¡Hay que informar más al Presidente en algunas cosas¿!
En todo caso, el planteamiento que se formula respecto a la posibilidad de enajenar bienes y al fideicomiso ciego me parece muy relevante en el ámbito de los municipios, pues, por ejemplo, muchos alcaldes suscriben con empresas en las que ellos mismos tienen participación contratos de aseo y ornato en torno a los que se mueven ingentes recursos.
Así que voy a votar favorablemente la idea de legislar, en el entendido de que durante la discusión particular podremos presentar indicaciones para perfeccionar el proyecto.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, esta iniciativa, naturalmente, tiene su origen en mensaje, y fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Gobierno, en los mismos términos en que la despachó la Cámara de Diputados.
Su propósito es regular y actualizar en un solo texto legal el ejercicio de la función pública por autoridades del Estado, desde la perspectiva del principio de probidad, y prevenir conflictos de interés mediante una declaración de intereses y patrimonio.
Sin duda, nadie puede estar en contra de que se perfeccione la normativa ya existente en materia de probidad. Por tanto, la aprobación de la idea de legislar sobre esta materia no debería presentar mayores dificultades.
Hay que considerar que este proyecto es, en los hechos, la continuación del trabajo realizado para concordar la reforma constitucional de 2005, con el que se reconoció en nuestra institucionalidad el principio de probidad. Y en la definición legal se dice que la probidad consiste en "observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y legal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.".
Desde ese año a la fecha hemos acumulado experiencia suficiente para establecer sobre la materia un nuevo cuerpo legal, que recoja el fruto de tal conocimiento.
Por cierto, se pueden agregar muchas cosas. En la Comisión se planteó la situación de quienes abandonan un cargo público e inmediatamente pasan a integrar empresas privadas sometidas poco antes a su fiscalización. Todo eso se puede incorporar en la discusión particular, asumiendo siempre, como primer objetivo, el despacho del proyecto, idealmente, dentro del primer semestre de este año.
Sobre la materia específica que indiqué, coincido plenamente con la opinión del Senador Escalona, que en la Comisión se analizó latamente.
Sin embargo, quiero llamar la atención en el sentido de que, a aquel respecto, países más avanzados que el nuestro ya vienen un poco de vuelta. Porque la información que se pide es para conocimiento de todos. Pero si cae en manos de malandrines, pueden ver, por ejemplo, que Pedro declaró 3 millones de dólares depositados en tal banco; plagiar a uno de sus parientes; pedirle por él 2 millones, expresando: "No me diga que no los tiene, pues sabemos que en tal institución usted posee más que esa cantidad", y amedrentarlo mandándole una mano del secuestrado.
Entonces, ¿cómo se protege a esa persona si la información es pública y todos pueden acceder a ella?
Creo que hay que buscar un mecanismo de resguardo, como el que se está aplicando en Estados Unidos. O sea, habiéndose entregado toda la información, pueden actuar otros organismos públicos nuestros, de gran confiabilidad.
¿Por qué le temen tanto a Impuestos Internos? ¿No podría este Servicio ejercer el control de la información, comparando la situación inicial con la situación final? ¿O la Contraloría General de la República? ¿O la propia institución madre de la que dependa el funcionario?
Hay que darle otra vuelta al asunto, señor Presidente. Ya se conversó un poco en la Comisión de Gobierno. Estamos por la transparencia absoluta, pero hay malandrines que pueden hacer mal uso de la información. ¿Y qué protección tiene la persona obligada a efectuar de manera clara y transparente la declaración en comento?
Por eso, estando por completo de acuerdo con este proyecto de ley, espero que en la Comisión se busque un grado de resguardo para evitar que mañana las autoridades sean víctimas de plagio como ha ocurrido en muchos países del mundo que en esta materia ya vienen de vuelta.
Naturalmente, apruebo la idea de legislar.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
A continuación, tiene la palabra, por muchos minutos, el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
¡No tantos: solo los necesarios! Pero no cinco minutos, sino diez.
Señor Presidente, no cabe duda de que, al leer el título del proyecto de ley, relativo a normas en favor de la probidad, naturalmente se tiende a una disposición positiva, porque nadie puede estar en contra de ese propósito. Pero la visión del Senador que habla no es tan optimista como la que se ha planteado aquí, en el Congreso, y tengo algunos reparos respecto de la filosofía que hay detrás de la iniciativa.
Aprovecho de recomendar un libro muy notable de Daniel Kahneman, único no economista que ha obtenido el premio Nobel de Economía, quien, a propósito del juicio y de la toma de decisiones, explica la dicotomía que particularmente se da en el cerebro de quienes tienen que resolver, entre ellos los políticos. Intervienen dos mecanismos: el sistema 1 -así se define-, que es el intuitivo, rápido, con respuesta para todo y en el cual el individuo se deja llevar mucho por lo que eso pueda suponer; y el sistema 2, mucho más lento, perezoso, en el que se da una segunda vuelta y se miden con mayor profundidad cuáles son, dentro de la sociedad, los efectos de las decisiones propuestas por el anterior. Y planteo esta reflexión literaria porque creo que algo de eso ocurre precisamente en el proyecto de ley.
Esta es una iniciativa que busca prestigiar la política. Y, básicamente, genera o instala, en un conjunto de prohibiciones o exigencias a los servidores públicos, la clave con la cual poder fortalecer la probidad y, con eso, la respetabilidad de la acción pública.
Es algo similar a lo que se intentó o se hizo, con éxito relativo -por la forma de resolver, no por el contenido-, en el caso de la ley de transparencia. Dicho cuerpo legal era necesario, existiendo un espacio de opacidad que había que cubrir en una sociedad moderna; pero se llegó a un extremo en el que no sé si hoy día necesariamente el propósito perseguido está ayudando a que el país funcione o más bien está generando problemas para tal efecto.
Antes de intervenir en la Sala me di la molestia de hacer averiguaciones con algunos Secretarios de Estado. Se me dijo, por ejemplo, que solo en los ministerios de Obras Públicas, de Vivienda y de Agricultura se registran 15 mil peticiones de información al año. La única labor de más de 200 funcionarios públicos es responder oficios de requerimiento de antecedentes.
Alguien podrá oponerme que se trata de algo muy relevante. ¡Claro¿! Al preguntar en el Ministerio de Vivienda qué fue lo último, me impuse de que un ciudadano pidió que le mandaran todas las normas legales en virtud de las cuales se le prohibía trotar desnudo en el Parque Metropolitano, perteneciente a la Cartera. Otro individuo pidió copia de los últimos 400 oficios enviados por la Ministra de Obras Públicas.
Entonces, al final, el concepto de transparencia, que es deseable, se transforma -al ser instalado como solución, pero sin un criterio para ser aplicado-, en una traba para el funcionamiento de las Secretarías de Estado que deberían resolver problemas o da lugar a una burocracia.
Mi temor, señor Presidente, es que algo equivalente pueda ocurrir con el articulado en estudio.
Observo en la iniciativa dos líneas gruesas, no solo una.
Comparto una de ellas, que es la precisión de cómo se debe generar la declaración de intereses y patrimonio. En ese sentido, creo que nos hallamos ante un buen proyecto, porque claramente es muy superior a la complejidad en que terminó el anterior. Basta leer las declaraciones que muchos entregan para darse cuenta de que no se entiende nada.
Pero la idea de legislar contiene otro elemento, que es la obligación de delegar a terceros la administración de bienes. Mantengo ahí una visión contraria, porque, desde mi perspectiva, los ciudadanos que nos dedicamos al servicio público no somos discapacitados, desde un punto de vista legal.
Cuando estudié Derecho, se contemplaban personas plenamente capaces y las incapaces. Aquí se ha inventado una tercera fórmula, en cuanto a una incapacidad del que ejerce una función pública para administrar sus bienes. Eso no es sobre la base de una determinada cantidad de ellos: es por ocupar un cargo.
Como se podrá ver en mi declaración de intereses, tendré que otorgar un mandato, al igual que en muchos casos, para administrar una acción del Club Hípico. No voy a autorizar a que la vendan, porque es de las cosas que me gustan. Y poseo acciones del capitalismo popular desde hace muchos años. Me veré en la necesidad de contratar a alguien para estos efectos.
Es un buen negocio, dicho sea de paso, para el mundo privado, porque existirá la obligación de que alguna entidad administre un patrimonio. Y ello dice relación con todos los presentes. A mí no me importa, desde una perspectiva de obtener alguna ventaja. Pero, filosóficamente, no sé si eso va a generar incentivos para que más personas entren al servicio público. No sé si se apunta en el sentido correcto de concluir que una actividad es noble, que existen autocontrol y disciplina, que hay gente seria, o bien, que somos tan, pero tan incapaces, o peligrosos, o ineptos, que tenemos que entrar en una excepción respecto de la administración de un bien.
A estas alturas de la vida, uno dice con más libertad lo que piensa. Probablemente resultará extraño, pero creo que esta no es la fórmula global de enfrentar la validación de la política. ¿Dónde está el eje de la desnaturalización de la actividad o del desprestigio, más allá del aspecto social, evolutivo? Obviamente, en un mundo menos dramático, con más consensos máximos, es más difícil una adhesión política tan incondicional como la de décadas anteriores. Y este es un fenómeno mundial. Pero parte de la legítima diferencia dice relación con noticias como la publicada recién hoy día en el sentido de que el Senado demoró cuatro años en despachar el proyecto sobre la televisión digital; o con la calidad de las leyes, que no pasan, muchas veces, por todas las exigencias de rigor y después tienen que ser modificadas; o con un despacho a la carrera en función de situaciones emocionales que se dan permanentemente y que suelen ser malas consejeras para legislar pensando en el Chile grande, en el del futuro, y no en el de la próxima semana.
Por lo tanto, coincidiendo con la primera parte de lo que aquí se busca, no comparto la filosofía de que la forma de enfrentar la vinculación con conflictos de intereses es declarar la incapacidad jurídica o mental de determinadas personas para administrar sus bienes.
Si fuera en función de montos, del tipo de legislación, ahí están las inhabilidades para determinadas votaciones. Pero mandatos obligatorios de un montón de funcionarios públicos -lo digo en el Congreso, porque lo estaba leyendo- y el encapsulamiento que se registra no constituyen, desde mi perspectiva, el tipo de respuesta que me nace.
Soy partidario de la libertad, de la dignidad. Soy un firme convencido de que el servicio público es un deber muy noble, que es preciso conducir siempre, obviamente; pero no es algo de lo que me tenga que sentir avergonzado por ser parte de un Congreso, en términos tales de ser necesario un sistema de administración completamente impropio de alguien libre, honrado, que no actúa en el giro del delito.
Quería por lo menos exponer mi punto de vista en la materia, señor Presidente, porque, en el caso de la transparencia, siento que me faltó más fortaleza para destacar, en su momento, los excesos que a veces origina una buena idea mal implementada. En la perspectiva del Gobierno, veo el tiempo y la dedicación que Ministros y funcionarios destinan a responder cuestiones que no tienen nada que ver con el sentido último de la transparencia. No quiero que ocurra ahora algo parecido. No me parece que sea la línea correcta.
Valoro lo de la declaración de intereses y patrimonio. Pero no estimo adecuado que el proyecto haya buscado velar por la probidad siguiendo la vía de generar un manto de duda permanente sobre la honradez o valía de quienes se dedican al servicio público.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Puede intervenir el Honorable señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, para complementar lo que dijo el Senador señor Coloma, deseo agregar que hay aspectos que aquí no se han abordado.
Me pregunto si un director del Banco Central va a tener que enajenar sus acciones. Me interesaría que el señor Ministro pudiera informar al respecto.
Me pregunto si donde realmente se manejan recursos, como en las empresas del Estado, ya sean centralizadas o descentralizadas, sus directores o altos ejecutivos enfrentarán la misma obligación.
Ello no se encuentra contemplado en el proyecto.
Es algo que hemos planteado durante muchos años. Por ejemplo, gerentes de división o corporativos de CODELCO han sido dueños de empresas contratistas. Algunas personas que han administrado miles y miles de millones de pesos se han autoasignado contratos.
Repito que el articulado no considera esa situación.
En general, da la impresión de que la cuestión solo involucra a Senadores, Diputados y Ministros. Pero los que manejan recursos se encuentran en otra parte, por lo general. Y el tráfico de influencias está por allá. Esas otras personas, sin embargo, no tienen que enajenar sus bienes.
A mi juicio, la intencionalidad de la iniciativa es correcta: se debe declarar lo que corresponde. Pero si ello se desea hacer bien, tiene que ser completo. Quisiera que el Ejecutivo recogiera estas inquietudes, que son históricas. Me gustaría que, vía indicaciones, se complementara lo de si será preciso enajenar o no en la situación expuesta, o bien, se mantendrá el mismo sistema.
No puedo votar porque estoy pareado con mi Honorable colega Rincón, mas considero importante, en todo caso, la discusión que se dé en particular respecto de estas materias.
He dicho.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (21 votos a favor, 4 abstenciones y un pareo), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Pérez (doña Lily) y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, Espina, García, Gómez, Horvath, Larraín (don Hernán), Muñoz Aburto, Orpis, Pérez Varela, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores Coloma, Frei (don Eduardo), Kuschel y Prokurica.
No votó, por estar pareado, el señor García-Huidobro.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Se deja constancia de la intención de voto positivo del Honorable señor Lagos.
Senador señor Bianchi, ¿qué plazo sugiere para la presentación de indicaciones?
El señor BIANCHI.-
Hasta el término de la semana regional, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Se fijará para tal efecto, entonces, el lunes 1° de julio, a las 12, en la Secretaría de la Comisión.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LARROULET (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, en primer lugar, deseo valorar la aprobación en general del proyecto y expresarles a los señores Senadores que han intervenido que el Ejecutivo espera acoger en la discusión particular las sugerencias y perfeccionamientos expuestos en el debate efectuado durante las dos sesiones en que se ha tratado la materia, el cual ha sido muy rico e interesante.
Pero, además, quisiera consignar que la iniciativa forma parte de un conjunto. No basta por sí misma. En efecto, tenemos también en el Senado, en la Comisión de Gobierno, un proyecto que esperamos que prontamente llegue a la Sala, el cual perfecciona la ley de transparencia, a la luz de la experiencia de cuatro años, y recoge muchos de los planteamientos expuestos ahora. Y ya fue aprobada en la Comisión de Constitución de la Cámara, después de un largo período de labor, la normativa que regula el lobby. En suma, estamos trabajando en distintos frentes. He mencionado solo algunos proyectos muy relevantes.
Creo que el país está avanzando. De hecho, hoy día se dio a conocer una encuesta que muestra, desde la perspectiva tanto de la percepción de transparencia y de corrupción como de hechos, un progreso muy importante desde hace bastante tiempo. Así que creo que estamos bien encaminados.
Como Gobierno, vamos a acoger -repito- las sugerencias formuladas, y esperamos trabajar en conjunto con la Comisión en el debate en particular, de manera de llegar a acuerdo para despachar el texto.
Muchas gracias.
El señor LAGOS.-
Pido la palabra.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
¿Para una cuestión de Reglamento?
El señor LAGOS.-
Quiero hacerle una consulta al señor Ministro.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Ya terminó el debate de la iniciativa, que vuelve a Comisión. Todavía tenemos plazo para discutirla.
El señor LAGOS.- Solo deseaba preguntar cuándo se enviará el proyecto sobre el voto de los chilenos en el exterior. Lo estamos esperando.
PERFECCIONAMIENTO DE REFORMA PROCESAL PENAL
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Proyecto de ley, iniciado en mensaje, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Procesal Penal con el fin de reforzar la protección de las víctimas, mejorar la función que desempeña el Ministerio Público y fortalecer la acción policial y la operatividad del sistema de justicia penal, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8810-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 100ª, en 5 de marzo de 2013.
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 24ª, en 15 de mayo de 2013.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo del proyecto es dar solución a los aspectos críticos que debilitan la operatividad de la reforma procesal penal e introducir los ajustes que la normativa legal requiera.
La Comisión discutió la iniciativa solamente en general y, por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Alvear y señores Espina, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos) y Walker (don Patricio), aprobó la idea de legislar.
El texto que se propone aprobar se transcribe en el informe.
Cabe hacer presente que los artículos 1°, números 3, 9, 14, 15, 16, 17, 20 y 24; 2°, 3°, 4° y 5° tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren 21 votos para su aprobación.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
En discusión general.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora PÉREZ (Ministra de Justicia).-
Señor Presidente, señores Senadores, el proyecto que se somete a la consideración de esta Honorable Corporación tiene por objeto perfeccionar el sistema procesal penal en distintos ámbitos.
Como es bien sabido, el Código Procesal Penal sustituyó el antiguo criterio inquisitivo, dejando atrás un procedimiento secreto, poco transparente y que no obedecía a las exigencias del debido proceso. Con ello, puso término a la situación, creando una serie de instituciones y mejorando, sin lugar a dudas, nuestro sistema procesal penal, el que se adecuó a las exigencias del derecho internacional de los derechos humanos.
A 12 años de la entrada en vigencia del Código, el Ministerio de Justicia hizo un análisis de la manera en que podía ser perfeccionado, pero mirando más allá y pensando en el funcionamiento del sistema en su conjunto. Se detectaron distintos nudos críticos y materias que podían ser corregidas.
Para esos efectos, se conformó una Comisión Asesora Presidencial, que analizó los elementos identificados por el Ministerio de Justicia y planteó perfeccionamientos, ampliando incluso las propuestas originales.
El informe resultante fue puesto a disposición de la Comisión Permanente de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, integrada por representantes de todas las instituciones que lo conforman, con el objeto de que dicho órgano se pronunciara sobre las modificaciones sugeridas.
En consecuencia, el trabajo que sirve de base al presente proyecto de ley se funda en un consenso muy amplio, tanto de las instituciones que integran el proceso del sistema penal como de los expertos del área.
Las enmiendas propuestas se enmarcan en tres ámbitos: 1) mejorar la coordinación entre los actores del sistema penal; 2) perfeccionar la capacitación y formación de ellos, y 3) realizar ciertas modificaciones legislativas.
Respecto al primer punto, existió un acuerdo amplio en el sentido de que resulta fundamental mejorar la coordinación entre los distintos actores involucrados, en particular entre las policías y el Ministerio Público. En esa dirección, se consideró importante la implementación de una base unificada de datos, la simplificación del procedimiento de constatación de lesiones, entre otras medidas. Pero es clave -reitero- avanzar en la formulación de indicadores comunes entre las policías y el Ministerio Público.
Por su parte, al eje de la capacitación y formación de los actores del sistema penal se lo consideró un componente muy relevante, sobre todo de cara a la recolección de la evidencia y a la custodia de las pruebas, elementos fundantes para que los tribunales puedan pronunciarse en los casos sometidos a su consideración. Por eso, la iniciativa contempla la necesidad de generar un plan de capacitación interinstitucional, o sea, que abarque a todas las entidades que forman parte de este sistema.
Por último, las modificaciones legislativas se orientan al perfeccionamiento de las normas que regulan el proceso penal, a través de cuatro tipos de medidas: 1) para aumentar la protección y participación de las víctimas; 2) para facilitar la persecución penal que realiza el Ministerio Público; 3) para fortalecer el trabajo policial, y 4) para mejorar el funcionamiento del sistema en su conjunto.
Para concluir, quiero agradecer -por su intermedio, señor Presidente- a los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Senadores señora Soledad Alvear y señores Patricio Walker, Hernán Larraín, Alberto Espina y Carlos Larraín, quienes, en sus aportes en las sesiones respectivas, coincidieron con el Ejecutivo, con los expertos y también con las instituciones involucradas en la necesidad de perfeccionar un sistema penal que ha sido muy importante y valioso para nuestro país.
Muchas gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
A usted, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, la iniciativa que nos ocupa es muy relevante y requiere quórum de ley orgánica constitucional para su aprobación. Por lo tanto, pido, ante la ausencia de algunos ilustres integrantes de esta Corporación, que se haga tocar los timbres y, deseablemente, que se abra la votación.
El proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Constitución. Podrá ser mejorado, corregido, perfeccionado posteriormente, pero en ningún caso creo que vaya a ser objeto de rechazo en general.
En definitiva, sugiero abrir la votación.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado, manteniendo el tiempo de intervención de cada orador inscrito.
--Así se acuerda.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Continúa con el uso de la palabra, señor Senador.
El señor LARRAÍN.-
Gracias.
Señor Presidente, tal como lo señaló la señora Ministra al introducir el debate, la iniciativa en análisis, que se ha conocido como "la reforma a la reforma", de alguna manera procura evaluar el resultado de algunos aspectos centrales del nuevo sistema penal, que ha introducido cambios verdaderamente sustanciales a la forma como se tramitaba y se desarrollaba la justicia del crimen y el antiguo Código de Procedimiento Penal.
Incluso quienes fuimos algo escépticos en un inicio terminamos pensando que esta ha sido una innovación extraordinariamente valiosa y positiva, por cuanto ha modernizado nuestro sistema judicial, ha transparentado las causas criminales, ha evitado la corrupción que existía en la antigua justicia penal, ha hecho más expeditos los procedimientos, ha logrado la incorporación de actores nuevos, jóvenes, quienes le han infundido al sistema un dinamismo sumamente significativo.
Sin embargo, conforme ha avanzado la aplicación de la reforma procesal penal, hemos constatado que tiene dificultades y problemas.
El propósito de la propuesta hecha por el Ejecutivo, que la presentó luego de formar una comisión en la que se escuchó a personas de diversos sectores, con experiencia académica y profesional, es corregir y subsanar esos vacíos.
Con ese fin, tal como lo ha manifestado la señora Ministra, se plantean enmiendas en tres objetivos centrales.
El primero de ellos se orienta a buscar una mejor coordinación entre los distintos actores que participan del proceso penal.
Ciertamente, esta ha sido una de las deficiencias que se pretendieron corregir -y no se ha logrado- en el ejercicio de la reforma procesal penal. Hay dificultades de entendimiento, de comunicación, de conversación entre el Ministerio Público y las policías, entre las propias instituciones policiales y a veces entre los jueces y las instancias ya mencionadas, todo lo cual impide el mejor resultado de los procesos.
Por ejemplo, llama la atención que todavía no existan bases de datos unificadas para las distintas situaciones: registros de detenidos, registros de personas que se buscan y persiguen, en fin. Ello, obviamente, imposibilita una mayor eficiencia de la persecución penal.
Tampoco se cuenta con indicadores comunes para las policías y el Ministerio Público que permitan acopiar información útil, que sirva como evidencia en un posterior juicio.
Todo lo anterior hace pensar en la necesidad de reactivar, como ya se hizo, la Comisión Permanente de Coordinación de la Reforma Procesal Penal, a fin de que esta verifique que tales situaciones se vayan corrigiendo en el tiempo.
Ese es el primer nodo de cuestiones que nos parece importante fortalecer.
El segundo objetivo tiene que ver con la necesidad de mejorar la capacitación de los actores del sistema.
Ello obliga nuevamente a trabajar en forma interinstitucional; a revisar la forma como se están preparando las distintas policías y también los jueces -se requiere capacitación actualizada y lo más práctica posible-, y a educar para un trabajo coordinado en los procesos judiciales.
Y el tercer propósito del proyecto es introducir modificaciones del orden legislativo.
Las dos orientaciones anteriores no necesariamente implican enmiendas a la ley, sino que obedecen a trabajos que se desarrollan en el ámbito del Ejecutivo o de los actores involucrados. Pero el núcleo central de la presente iniciativa dice relación a modificaciones a nuestro ordenamiento legal.
Dichos cambios legislativos se hallan referidos a cuatro ejes centrales.
El primero incluye medidas destinadas a reforzar la protección y la participación de las víctimas.
Dentro de estas propuestas, se consideran modificaciones para aumentar el control de la víctima y el querellante sobre las actuaciones del Ministerio Público, fundamentalmente en lo relativo a los derechos de información y reclamación, y a la ampliación de la facultad de recurrir. Aquí hay un vacío significativo, razón por la cual las víctimas sienten muchas veces estar desprotegidas.
En la Comisión de Constitución yo hice presente la necesidad de agilizar la aplicación de la ley que establece la creación de una Defensoría de las Víctimas, por cuanto estas no tienen, como los imputados, una entidad que los defienda. El fiscal del Ministerio Público representa no a la víctima, sino al Estado. En efecto, busca establecer la responsabilidad de quienes han sido autores, cómplices o encubridores de un delito determinado. Por lo tanto, su trabajo no necesariamente coincide con los intereses de las víctimas.
Muchas de ellas, sobre todo las de delitos muy graves, no tienen la posibilidad de contar con representación legal. Solo las personas que poseen recursos pueden defenderse en forma plena; los demás carecen de esa opción. Por ende, resulta necesario agilizar la implementación de la Defensoría de las Víctimas.
Otra medida destinada a reforzar la protección y participación de las víctimas es la que fortalece el control administrativo del Ministerio Público, replicando en cierto sentido la responsabilidad administrativa contenida en la ley orgánica de la institución en el Código Procesal Penal.
También se incluye expresamente el patrimonio de la víctima como objeto de protección, algo que hoy en día se encuentra desamparado.
El segundo eje de modificaciones legislativas lo componen las medidas para mejorar la persecución penal que realiza el Ministerio Público.
Así, se aumenta el catálogo de medidas cautelares personales, incluyendo la ampliación de la caución para impedir la fuga del imputado y la introducción de la medida de retención de la licencia de conducir, a fin de cautelar mejor las responsabilidades que se persiguen.
Y también se amplía la competencia del juez de garantía para conocer del control de detención.
En un tercer ámbito legislativo, se proponen medidas para fortalecer el trabajo policial.
Respecto de la orden de entrada y registro, se plantean modificaciones para superar las dudas de interpretación que suscita hoy el artículo 205 del Código Procesal Penal, en cuanto a requerirse el consentimiento del propietario o encargado del lugar para practicar dicha orden.
También se establecen estándares legales a fin de asegurar la validez del reconocimiento de los imputados.
Finalmente, como cuarto eje, se proponen medidas para perfeccionar el sistema en su conjunto.
En ese sentido, se sugiere la ampliación de las causales para apelar al auto de apertura del juicio oral y la inclusión de un nuevo caso, para el cual se requerirá el visto bueno previo del fiscal regional para solicitar la suspensión condicional del procedimiento.
En la Comisión evaluamos estas propuestas y, luego de escuchar a algunas personas invitadas, aprobamos el proyecto del Ejecutivo por unanimidad.
Hay, sí, algunos aspectos que nos parece necesario fortalecer.
Desde mi perspectiva, la cantidad de archivos provisionales que se producen en el sistema es demasiado elevada. Ello, por cierto, aparece en los indicadores de las cuentas de los fiscales del Ministerio Público como un logro de mucha eficiencia. El punto es que tales archivos se crean con demasiada facilidad, motivo por el cual nos parece que hay que regularlo.
También existen vacíos normativos que impiden un mejor resultado. La regulación de las primeras diligencias y las circunstancias que rodean la detención no son suficientes. Por tanto, es necesario corregir esta situación para evitar la pérdida de evidencia y mejorar las posibilidades de persecución.
Por otro lado, no se observan responsabilidades compartidas por parte de las instituciones que participan en la persecución penal. Por el contrario, aquellas más bien son mutuamente eludidas.
Asimismo, reitero la necesidad de acelerar la implementación de la Defensoría de las Víctimas, como una manera de darles a quienes son objeto de un delito la defensión que requieren para restablecer su situación y asegurar que se cumplan todas las diligencias necesarias, las que muchas veces los fiscales, por su aproximación, no consideran.
Por lo expuesto -repito-, nuestra Comisión estimó que la iniciativa representa un avance muy significativo, muy valioso, probablemente perfectible. Y esperamos que en el debate en particular, con el aporte de todos los Senadores, podamos mejorar su articulado.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, quiero comenzar mi intervención dando lectura a una carta que apareció publicada el 1º de noviembre de 2012 en el diario "El Mercurio", firmada por doña Fabiola Zapata Pavez.
Esta carta me impresionó, porque creo que reproduce exactamente lo que les ocurre a miles y miles de chilenos. La reforma presentada por el Gobierno del Presidente Piñera y elaborada por un conjunto de expertos -por supuesto, le corresponde al Senado perfeccionarla- es una gran oportunidad para, por lo menos, hacer un enorme esfuerzo a fin de que lo que voy a leer no vuelva a ocurrir en nuestro país.
La carta señala:
"El lunes 16 de octubre, a eso de las 18:00 horas, fui asaltada por delincuentes que portaban un arma de fuego en el estacionamiento subterráneo de un supermercado. Me robaron mi auto y todas mis cosas personales (¿) Los maleantes esperaron que yo cargara el auto con las compras, y una vez que me subí al vehículo, me abordaron, y gracias a Dios me dejaron bajar.
"Se hizo la denuncia, y asignaron el caso a la Fiscalía Centro Norte. He ido en dos ocasiones a solicitar diligencias, también lo he hecho por escrito, y pedí una entrevista con el fiscal. Sin embargo, las diligencias no se hicieron, pese a que existe la grabación de las cámaras de seguridad del supermercado, y la entrevista fue rechazada por el fiscal.
"Mi auto apareció abandonado en Cerro Navia sin nada, y no hicieron peritajes de huellas ni ninguna otra diligencia. Este martes, fui a la fiscalía para saber cómo avanzaba la investigación, y la señorita del módulo me indica que la causa fue archivada, sin investigar nada.".
Señor Presidente, lo relatado es precisamente lo que esta reforma pretende corregir.
No nos conformemos con haber cambiado el antiguo sistema inquisitivo, que era malo, por el actual, que, en mi concepto, bien aplicado, sería un muy buen sistema.
Por eso se plantean dos tipos de modificaciones.
Por un lado, están las que dicen relación con perfeccionar normas que permitan una mejor defensa de las víctimas, de quienes sufren el delito: mayor exigencia a los fiscales cuando quieran archivar una causa, mayores impedimentos para que un juez elimine pruebas arbitrariamente o sin justificación, lo que puede resultar fundamental para probar un delito.
Sin embargo, el problema de fondo -y el proyecto lo explicita- radica en la escasa o muy baja coordinación que existe en nuestro país entre la labor que llevan adelante las policías y la que realizan los fiscales y el Poder Judicial.
Si uno conversa con miembros de las instituciones policiales, escuchará de muchos de ellos lo siguiente: "Es que el fiscal no nos imparte las órdenes para realizar las diligencias que se requieren" o "No poseemos las atribuciones para poder ejecutarlas".
Por su parte, los fiscales señalan que la policía no cumple de forma adecuada las investigaciones que se le encargan.
Y los jueces dicen que la prueba que les llega es de bajo estándar y que, por tanto, no les pueden pedir que condenen a personas con pruebas insuficientes.
Me parece que en parte eso es verdad, por cuanto hay una verdad superior: actualmente no existe capacitación, preparación y coordinación para que los tres actores fundamentales en la investigación de un delito y en la captura y sanción de sus culpables actúen adecuadamente.
Si hay un punto en el cual esta reforma concitó unanimidad, fue precisamente en aquel que señala que por ley se deberá efectuar la referida coordinación y no solo por un mero acto de buena voluntad.
¿Por qué ha resultado muy bien en nuestro país la aplicación del STAD (Sistema Táctico de Análisis Delictual)? Porque, después de muchos años y con mucho esfuerzo de todos, se ha logrado que en cada sector y en cada barrio, cubriendo cada vez mayor territorio, se coordinen las policías -esperamos que se incorporen los fiscales y los jueces- para determinar por qué se están cometiendo delitos en determinadas zonas; cuál es el modus operandi; qué tipos de ilícitos se realizan; qué está ocurriendo con los delincuentes que caen presos; qué pasa si quien comete el delito es un menor.
¿Se está actuando realmente de forma coordinada para ir cerrando las brechas en donde habitualmente se producen los mayores delitos o se registra un aumento de estos? ¿Tales delitos se generan en ciertos lugares o se van moviendo de un lugar a otro?
Entonces, señor Presidente, creo que el Senado tiene una enorme oportunidad, con la colaboración de todos mediante un esfuerzo serio y de fondo, para aprobar una legislación que permita mejorar los derechos de las víctimas.
De hecho, esta Corporación aprobó una reforma constitucional que otorga a las víctimas derecho a defensa. Pero en el proceso mismo es necesario mejorarles sus derechos; determinar si las atribuciones de la Policía son suficientes. Si no lo son, aumentarlas; y si lo son, exigir que se cumplan, porque hay un debate al respecto.
Es fundamental demandar de los fiscales mayor rendición de cuentas sobre su gestión, pero también, darles los recursos que requieren para cumplir bien su trabajo.
Con relación a los jueces de garantía, pedirles, igualmente, que cumplan con estándares que permitan probar un delito. Ello, a fin de que cada vez sean menos los casos en que sus resoluciones parezcan motivadas más por una visión exacerbadamente rigurosa de la prueba del delito que por el interés de cumplir el rol que les corresponde. No generalizo, porque hacerlo en esta materia es malo.
Por eso, creo que se nos abre una tremenda oportunidad para despachar un muy buen proyecto.
Felicito al Presidente de la República, porque en verdad se crea un procedimiento bastante inédito, y muy especialmente a la Ministra de Justicia por conseguir algo que no se había logrado en el pasado: que personas expertas en la lucha contra la delincuencia, desde el punto de vista de su trabajo como abogados o profesores, que saben cómo mejorar nuestra legislación y que han vivido experiencias comparadas, se pusieran de acuerdo para presentar una normativa que, por cierto, el Senado tendrá que perfeccionar.
Solo espero que podamos despachar pronto esta iniciativa, para que la dramática situación que relata doña Fabiola Zapata Pavez en la carta que leí no vuelva a ocurrir: fue víctima de un asalto; no se hicieron las necesarias pericias; pese a que había cámaras que filmaban a los delincuentes, nunca se logró que esas pruebas llegaran a tiempo; finalmente se archivó su causa; pidió una audiencia al Fiscal y no la recibió; no se investigó.
Es cierto que no todos los delitos se podrán aclarar. Pero si nos esforzamos para que las instituciones encargadas de cumplir su rol de investigar los delitos, probarlos, juzgarlos y condenarlos se coordinen adecuadamente, no me cabe la menor duda de que daremos uno de los pasos más trascendentes para disminuir la delincuencia, que sigue siendo un grave flagelo en el país.
Por las razones expuestas, voto a favor de la idea de legislar. Espero que en el debate en particular despachemos el proyecto en un tiempo breve y razonable y que perfeccionemos su texto, a los efectos de que sea una verdadera contribución para la sociedad chilena en un ámbito en que la ciudadanía lo necesita con tanta urgencia.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
No hay más oradores inscritos.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (24 votos favorables), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido, y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el viernes 21 de junio, a las 12.
. Votaron las señoras Allende, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Muñoz Aburto, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Ruiz-Esquide, Tuma, Uriarte y Zaldívar (don Andrés).
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, pido recabar la anuencia de la Sala a fin de que el proyecto que figura en el punto 9 de la tabla, que autoriza la publicación en medios electrónicos de actos que deban ser publicados en periódicos de circulación nacional, regional o local, y que cuenta con segundo informe de la Comisión de Constitución, vuelva a esta, para que analice la solicitud de los medios de comunicación regionales en cuanto a complementar una norma al respecto.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado, fijándose nuevo plazo para presentar indicaciones hasta el mediodía del 8 de julio próximo.
--Así se acuerda.
EXTENSIÓN Y MODIFICACIÓN DE INCENTIVOS A FORESTACION ESTABLECIDOS EN DECRETO LEY N° 701
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre fomento forestal, que modifica y extiende los incentivos a la forestación establecidos en el decreto ley N° 701, de 1974, con informe de la Comisión de Agricultura y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8603-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 8ª, en 3 de abril de 2013.
Informe de Comisión:
Agricultura: sesión 26ª, en 22 de mayo de 2013.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Los objetivos principales del proyecto son los siguientes:
-Bonificación, mediante concurso, para las actividades que señala.
-Incentivos especiales para personas o comunidades indígenas cuando impliquen aspectos culturales en áreas de uso forestal.
-Aporte a la mitigación del cambio climático.
La Comisión discutió la iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar con los votos de los Senadores señores Coloma, García y Larraín Fernández. Se pronunciaron en contra los Senadores señores Quintana y Ruiz-Esquide.
Debe tenerse presente que los números 15 y 16 del artículo 1° del proyecto tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que para su aprobación requieren 21 votos favorables.
Cabe recordar que, en sesión de 9 de abril pasado, la Sala acordó que en el segundo informe el proyecto fuera conocido por las Comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas.
El texto que se propone aprobar se transcribe en la parte pertinente del informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Pido la palabra.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, pido segunda discusión para esta iniciativa.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Conforme, sin perjuicio de realizar ahora la primera.
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El señor HORVATH.-
Deseo plantear un punto de Reglamento, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, señor Senador.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales retomó la discusión sobre la necesidad de avanzar en la tramitación de una iniciativa de ley que valora y protege los glaciares, considerando particularmente los proyectos de CODELCO, Barrick Gold (Pascua Lama), Anglo American y otras empresas, que tienden a generar conflicto entre intereses mineros, agrícolas, turísticos y de conservación de montaña, más la situación de aguas.
Por eso, dicha normativa (boletín N° 4.205-12) reviste especial importancia. Fue aprobada en general por el Senado, pero se dejó pendiente porque el Gobierno anterior quedó de mandar algunas indicaciones, y el actual tampoco las ha enviado hasta la fecha. Sin embargo, se han producido los avances respectivos.
Por las razones anotadas, solicito que se establezca un nuevo plazo, de 30 días, para formular indicaciones a ese proyecto.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se fijará plazo para presentar indicaciones a dicha iniciativa hasta el 8 de julio próximo, a las 12, en la Secretaría de la Comisión.
--Así se acuerda.
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
El proyecto sobre fomento forestal quedó para segunda discusión, sin perjuicio de realizar ahora la primera.
¿La Senadora señora Alvear ha pedido la palabra para referirse a esta iniciativa?
La señora ALVEAR.-
No, señor Presidente. Era sobre una materia anterior.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, podría quedar todo para segunda discusión, aun cuando estoy en condiciones de informar ahora el proyecto en mi calidad de Presidente de la Comisión de Agricultura.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Es preferible efectuar la primera discusión en esta oportunidad.
Tiene la palabra, Su Señoría, para informar sobre el proyecto.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, la iniciativa procura extender los incentivos a la forestación en un ámbito de mucha importancia para Chile.
El decreto ley N° 701, promulgado en 1974 y modificado en 1998, no ha expirado, pero el 31 de diciembre pasado dejó de regir el Título V de dicha normativa, que entregaba una bonificación a los propietarios que plantaban por primera vez un predio de aptitud forestal. Lamentablemente, por la demora en el análisis de esta iniciativa, para los efectos de plantaciones forestales este año se está desaprovechando, lo cual es una gran pérdida para el país.
Pensamos -en esto todos coincidirán- que esta es una política de Estado mantenida por más de 80 años, debido a que Chile tomó conciencia de la grave deforestación ocurrida por siglos a causa de la habilitación de tierras para cultivar y del uso de leña como combustible.
En 1931 se dictó la Ley de Bosques que incentivó por primera vez la forestación de tierras desnudas, con el fin de proteger suelos de cerros que se estaban erosionando, con grandes pérdidas de tierras, al embancar ríos, canales y tranques y alimentar dunas que volvían al continente por sus costas.
Se estimaba entonces que en la cordillera de la Costa y en el área precordillerana andina desde Coquimbo al sur había más de 5 millones de hectáreas en tales condiciones. Hoy se considera que dicha superficie es de 2,6 millones, y recientes catastros realizados por la CONAF determinaron que aún existen 2,3 millones de hectáreas de aptitud forestal sin bosques. Es decir, la cifra actual coincide con la estimación de hace más de 80 años.
Por lo tanto, nos encontramos ante una tarea de Estado que no está concluida y que es necesario continuar, más todavía cuando los resultados de tal proceso, que se reactiva con el decreto ley N° 701, ha sido extraordinariamente beneficioso para el país, porque con una inversión menor se ha logrado instalar una realidad forestal de magnitud que antes no se daba.
Además de lo realizado durante todos estos años, promocionando el Estado la forestación a través de diferentes instrumentos legales, han quedado sin plantar los suelos más marginales, pues algunos de ellos, por su estado de degradación, no son capaces de soportar siquiera un bosque para producir madera.
Lo hecho durante este período ha servido también para favorecer a todos los propietarios que tuviesen interés, cualquiera sea la dimensión de su predio, cuestión que a esta altura no pareciera justificarse debido a que la rentabilidad de las inversiones es elevada y, en consecuencia, no se requiere recurrir a subsidios cuando se trata de terrenos de tamaño significativo.
Por eso, el primer objetivo de esta iniciativa es rediseñar la estructura de propietarios campesinos por favorecer, enfocando el beneficio fundamentalmente en los más pequeños.
En el proyecto de ley ingresado al Congreso, el propietario más grande al que se pretende modificar es de un tamaño equivalente a la mitad del propietario mediano definido en el texto vigente.
En concreto, los beneficiarios serán los pequeños propietarios forestales, esto es, aquellos con ventas anuales de hasta 2 mil 400 UF; los medianos propietarios forestales, con ventas anuales entre 2 mil 401 y 10 mil UF, y el resto de los agricultores con ventas entre 10 mil y 50 mil UF. Sobre las 50 mil UF no habrá bonificación.
Esta es una manera de circunscribir el beneficio a las empresas que podríamos llamar "pymes forestales". Las forestales medianas o grandes, por esta vía, quedan marginadas en lo sucesivo de seguir siendo favorecidas.
El criterio que se usa en el proyecto es el del ingreso o venta anual, dejando de lado la definición empleada hasta ahora, tomada de la Ley del INDAP. Porque esta norma define al pequeño propietario agrícola como aquel que solo vive del predio, en el supuesto de que es imposible que lo haga en sectores forestales sin bosques. Por lo mismo, se excluye a muchos pequeños propietarios de los beneficios del decreto ley N° 701.
El beneficio se asigna a través de un sistema de concurso simple y flexible que prioriza a los pequeños propietarios, permitiendo así focalizar esta política pública con criterios regionales, sociales o financieros. Además, satisface la necesidad del Estado de comprometer y presupuestar su costo en el mediano y largo plazo.
En lo fundamental, esta iniciativa tiene dos objetos.
Por una parte, crea un incentivo a la plantación de bosques con fines productivos o madereros, como ha sido hasta ahora, pero incluye, adicionalmente -lo que reviste una enorme importancia, pues se trata de una innovación muy significativa-, bonificar la plantación cuando tenga el propósito exclusivo de proporcionar servicios ambientales, tales como detener la desertificación, controlar la erosión, proteger el suelo, mejorar la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente mediante la captura de dióxido de carbono.
En esos casos, se propone bonificar al pequeño propietario con el 100 por ciento del costo de plantar y para que excluya la ganadería, asegurando el éxito de la plantación. Además, se dispone el pago de un bono anual, por 20 años, para el cuidado y aseguramiento del establecimiento forestal. Esta es una propuesta muy notable, pues constituye uno de los primeros pagos ambientales asegurados por ley en el mundo.
De manera que no solo hay una renovación del beneficio, sino que también, junto con circunscribirlo a los pequeños propietarios, se hace una innovación adicional al extender la bonificación a la plantación cuando se persiguen objetivos ambientales de conservación y protección del medio ambiente.
Adicionalmente, la iniciativa considera la modalidad de comercialización de eventuales bonos de carbono a partir de las plantaciones realizadas con los beneficios de esta ley, para permitir a los propietarios, en el futuro, acceder a ese mercado una vez que se desarrolle.
Finalmente, se consideran recursos económicos para fortalecer y mantener los inventarios de volumen y de carbono de los bosques que el país necesite para cumplir sus compromisos internacionales relacionados con acciones de mitigación de gases de efecto invernadero.
La iniciativa en análisis fue discutida largamente en la Comisión. Tuvimos muchas audiencias, en las cuales se recibió a un total de 18 organizaciones del más variado origen relacionadas con la materia. Estas son: la Corporación Nacional Forestal (CONAF), la Corporación Nacional Forestal de Magallanes y la Antártica Chilena, el Sindicato Nacional de Profesionales de la Corporación Nacional Forestal, la Federación Nacional de Sindicatos de la Corporación Nacional Forestal, la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Talca, la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile, el Colegio de Ingenieros Forestales de Chile A.G., la Fundación Centro de los Bosques Nativos, la Fundación Terram, el Departamento de Acción S ocial del Obispado de Temuco (el Ingeniero Forestal y Encargado del Programa de Medio Ambiente respectivo), la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, la Corporación Chilena de la Madera (CORMA), la Asociación de Viverista y Forestadores de La Araucanía, la Confederación Nacional de Trabajadores Forestales, el Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile (MUCECH), las Comunidades y Organizaciones de los Pueblos Indígenas por el Bosque Ancestral en Chile, las Autoridades Ancestrales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas Autoconvocados y la Asociación de Iniciativas de Conservación en Áreas Privadas y Pueblos Originarios de Chile (ASÍ CONSERVA CHILE).
Es decir, pudimos escuchar a una gama muy amplia de personas que, por cierto, tenían sobre el particular opiniones distintas, las cuales quedaron consignadas en el informe que está en manos de Sus Señorías.
Uno de los temas objeto de debate en estas presentaciones fue la consulta indígena que corresponde efectuar en virtud del Convenio N° 169 de la OIT. Como los Senadores saben, hoy día no existe un procedimiento adecuado para realizarla. Hay una normativa, dictada en 2009 o 2008, que no satisface las exigencias establecidas por esa Organización para lograr que se cumpla el propósito de dicho instrumento internacional. Sin embargo, y a pesar de que aún no se ha estructurado tal procedimiento -se encuentra en vías de elaboración-, se llevó a cabo una consulta bastante significativa a nivel nacional, desde la Región de Arica y Parinacota hasta la de Aysén, incluyendo la Provincia de Isla de Pascua, a través de las instancias que el Gobierno pudo constatar que representan a la población indígena que será potencialmente afectada en las zonas rurales.
Dicho proceso de consulta se validó ante 87 dirigentes indígenas, y alcanzó a 1.400 comunidades de las 4 mil 800 registradas.
Eso fue un asunto que generó debate en la Comisión, y muchos representantes de organizaciones indígenas, como las que mencioné, hicieron presente que, a su juicio, la consulta no se realizó realmente en la forma o con el espíritu que contempla el Convenio N° 169. No obstante, debo señalar que ella, con todas sus limitaciones y aunque probablemente no cumplió con lo óptimo en materia de consultas -esperamos que ello sea reglamentado una vez que se disponga de un procedimiento concordado-, sin lugar a dudas fue la más completa que, con motivo de una iniciativa de ley, se haya aplicado a los pueblos indígenas.
Alguien podrá decir con razón que ello no es suficiente. Pero a ese respecto, con ánimo realista y sentido común, se debe admitir que la consulta se hizo, que se procuró alcanzar al mayor número de instituciones y comunidades¿
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Terminó su tiempo, Su Señoría.
El señor LARRAÍN.-
¿Me concede un minuto adicional, señor Presidente?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Puede continuar.
El señor LARRAÍN.-
Gracias.
Decía que se procuró alcanzar al mayor número de instituciones y comunidades posible. Y creo que al menos recogimos sus inquietudes.
Espero que en la discusión en particular, si se aprueba este proyecto en general, se pueda continuar con ese proceso, porque es lo que corresponde.
Ciertamente, en esta discusión se han formulado distintos tipos de alcances, objeciones o cuestiones. Solo por dar un ejemplo, una inquietud fue la relativa a la concursabilidad. Al efecto, debo señalar que el decreto ley N° 701 mantiene un sistema de asignación directa una vez que se cumplen las exigencias y los objetivos establecidos para acceder al beneficio. Pero aquí se contempla un concurso que -como bien dije-, aunque es simple, flexible y prioriza a los pequeños propietarios, igual es un concurso y, por lo tanto, algunos postulantes que reúnan todos los requisitos requeridos pueden resultar no favorecidos.
En lo personal, creo que es necesario introducir modificaciones para apuntar al propósito central de abrir el beneficio a todos los que cumplan con los requisitos y volver a la idea de la no concursabilidad si se cumplen las exigencias de la ley. Pero esta es una materia que, por cierto, será debatida.
Finalmente, quiero expresar que en la Comisión hubo una propuesta de algunos colegas, fundamentalmente de los Senadores Ruiz-Esquide y Quintana, para aprobar una prórroga al decreto ley N° 701 por dos años.
Nosotros analizamos esa inquietud y, finalmente, concluimos que, de aprobarse la presente iniciativa, el país contará con un instrumento bastante mejor que dicho cuerpo legal. Por ende, pensamos que sería un error extender la vigencia del decreto ley N° 701, pues ello significaría no avanzar en mejorar la situación actual, como sí lo permitiría el texto en estudio.
Por consiguiente, en lo fundamental, consideramos que la aprobación de la normativa en proyecto implicará avanzar, dar un paso positivo, porque -como mencioné- es mejor que el decreto ley N° 701: focaliza más, incluye materias ambientales, elimina a las empresas medianas y grandes. En fin, es posible mencionar otras razones que le otorgan un significado mayor, y por último, si en dos o tres años más se estimara necesario introducirle correcciones, nada impediría hacerlo.
En consecuencia, la mayoría de la Comisión desestimó la prórroga de ese decreto y acordó recomendar la aprobación en general de esta iniciativa, para que en la discusión en particular se pueda subsanar todo lo que se precisara.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, en primer lugar, deseo señalar que el problema ambiental más importante que vive o sufre nuestro país es la erosión y la desertificación, que comprometen a 48 millones de hectáreas -es decir, a cerca del 60 por ciento de la superficie del territorio nacional-, lo que hace que ninguna región de Chile esté ajena a ese problema.
Ello no es de curso reciente. De hecho, en ciertos procesos de colonización se produjeron muchos incendios, incluso institucionales en algunos casos. Ello se debía a que para darles títulos a los colonos se les exigía tener sus campos rozados, es decir, quemados, pues en esa época no había un aprovechamiento forestal, ni caminos, ni tecnología.
A principios del siglo XX, durante el Gobierno de Balmaceda, llegan a Chile importantes científicos y naturalistas de Europa, algunos de ellos de origen alemán, como el geógrafo Juan Steffen y los profesores Federico Albert, Federico Hanssen y Federico Johow.
La labor de Federico Albert es digna de destacar en esta materia, porque realizó un trabajo relevante para activar la conciencia chilena de esos años acerca de la protección de la flora y la fauna, que eran sistemáticamente diezmadas. Él llevó a cabo algunos proyectos señeros para frenar la erosión y la desertificación en dunas como las de Chanco y Concón. En su condición de naturalista de especies foráneas, encontró distintos tipos de pinos que crecían con gran rapidez y eran capaces de detener esos procesos (hasta el día de hoy podemos admirar algunos de los árboles plantados en esa época, hace más de 100 o 120 años). Además, él hizo una serie de otras acciones para crear conciencia ecológica.
En todo ello también influyó que en 1931 el Gobierno de ese entonces dictara la Ley de Bosques y, de esta forma, se empezara a incentivar la forestación. Sin embargo, el proceso de erosión y desertificación ha seguido con mucha fuerza, debido a que Chile es más bien un país agrícola y ganadero y aún no existe una cultura forestal bien asentada para que la gente trabaje y viva dentro de los bosques.
En 1974 se llevó a la realidad un proyecto que se venía elaborando desde antes de los años setenta. Es decir, desde el punto de vista político, transversalmente se planteó la necesidad de generar un subsidio para recuperar tierras afectadas por procesos de pérdida de suelos casi irreparable en términos de plazos humanos.
Dicha ley resultó, en general, muy exitosa: subió la masa forestal casi en 2 millones de hectáreas y empezó a poner freno a la erosión y la desertificación. Hoy en día esa labor representa, lejos, más del 95 por ciento de la actividad económica vinculada a lo forestal.
Con todo, la gran deuda del sector se relaciona con el bosque nativo. Tenemos una cantidad enorme de él. Pero, por falta de caminos y de industrialización, no ha sido puesto en valor, pese a la última ley de bonificación que logramos sacar después de dieciséis años en el Congreso. Ese lapso podría llevar a pensar que la iniciativa pertinente fue excesivamente tramitada. Sin embargo, no fue así. Los proyectos no duermen en el Parlamento. Lo que pasa es que era inconveniente pues, por un lado, permitía la sustitución del bosque nativo, y por otro, no contemplaba fondos para dar incentivos ni para fortalecer a la Corporación Nacional Forestal, que todavía permanece en una situación, desde el punto de vista institucional, híbrida.
Este proyecto ha sido prorrogado por la vía de las leyes de presupuestos o por otras iniciativas, que han extendido los beneficios pertinentes por un par de años.
Sin embargo, forestar es una actividad cuyos resultados se pueden observar, según la especie de que se trate, al menos después de quince, veinte, treinta, cuarenta o hasta cincuenta años. Y por eso se requiere -como se propone hoy- un horizonte bastante mayor.
Ahora, como explicó el Presidente de la Comisión de Agricultura y lo destacará con mayor razón el señor Ministro del ramo, en ese horizonte se necesita, además, focalizar el proceso en el sector de los pequeños y medianos propietarios que participan en esta actividad.
Nosotros hemos visto esto con interés. No somos ajenos a la necesidad de trabajar en el fortalecimiento y la definición de una CONAF pública ni a la de volver a poner en equilibrio una práctica que siempre ha tenido una mejor tabla de costos, pero que, por distintas razones, no se ha materializado: la reforestación con bosque nativo.
En el caso de la Región de Aysén, donde llegamos a tener tres millones de hectáreas quemadas y hoy en día urge reforestar 800 mil, el hacerlo con bosque nativo no es fácil, porque significa generar cercos especiales, incluso para detener las liebres que se comen los renovales. La experiencia ha demostrado que la plantación de especies de crecimiento más rápido (por ejemplo, la de ejemplares exóticos de alto valor, como el pino oregón en esta Región) genera, por un lado, una cobertura ante el viento, los embates climáticos y el excesivo sol, e impide, por otro, la entrada de animales para alimentarse de los renovales. Asimismo, por el hecho de cerrar el paso al ganado ovino y bovino, el bosque nativo se mantiene protegido y a los pocos años crece incluso más que el exótico.
Me parece muy conveniente lo que se ha logrado. Nosotros tenemos una iniciativa parlamentaria con tal fin (no lo hemos conseguido hasta la fecha), para bonificar por etapas. Hoy día el Ejecutivo está dispuesto a incorporar este punto. Así, por ejemplo, sería posible plantar mil árboles en una hectárea y, una vez que generaran una situación de protección, proceder a una segunda fase con especies nativas. Y ello se bonificaría de acuerdo al número de árboles plantados en las distintas etapas.
En la línea de impulsar la protección, la actividad forestal y los servicios que ofrece el bosque, el presente proyecto bonifica en cien por ciento el costo de los árboles no aprovechados y que se encuentren en faldeos altos, en zonas de erosión o de difícil acceso. Ello obedece a que resulta fundamental recuperar el manto vegetal y generar, entre otros beneficios, el mejoramiento del ciclo hidrológico, la reconstitución de la flora y fauna, la protección de los ecosistemas y, además, la posibilidad -esto es muy importante- de respetar una de las leyes de la naturaleza más maravillosas que existen: por la vía de la fotosíntesis, la captación de carbono y la liberación de oxígeno en nuestro planeta.
Por tal razón, un grupo de parlamentarios estamos trabajando en un acuerdo para que en la discusión particular del proyecto vayamos en esa línea, es decir, en la de permitir una forestación por etapas que considere los bordes de los cursos de agua, los torrentes en las cabeceras de las cuencas y todo lo que significa la protección como el punto focal más importante de lo que viene.
Eso debe traducirse en un incentivo a los pequeños y medianos productores que vaya más allá de la limitante que hoy día les impone la ley como beneficiarios del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP), en el sentido de que deben vivir casi exclusivamente del campo. Porque en el caso forestal, ello no es posible aún.
De ahí que se ha abierto el beneficio a los propietarios forestales cuyos ingresos por su actividad económica no superen las 50 mil unidades de fomento al año, con lo cual se incluye a los medianos productores pero se descarta a los mayores.
En forma paralela, consideramos imprescindible establecer una mesa de trabajo compuesta por parlamentarios y representantes del Gobierno y de las diversas organizaciones, a fin de llegar a acuerdos que nos permitan contar con una CONAF pública y tener a la vista todos los antecedentes que nos posibiliten evaluar cuál ha sido el resultado concreto, desde los puntos de vista económico, ambiental y social, de la aplicación del decreto ley Nº 701, que viene desde 1974.
¿Y por qué lo digo? Porque en su minuto, a propósito de ese cuerpo legal, había un gasto fiscal más o menos sincronizado o aparejado con las hectáreas que se forestaban. Sin embargo, eso se desnaturalizó desde el momento en que se empezaron a incorporar otras actividades cuyos resultados no siempre son claros, lo cual ha originado que se gasten muchísimos recursos y que la cantidad de hectáreas forestadas disminuya considerablemente.
A lo anterior hay que asociarle diversas líneas de crédito, como las que ofrecen el INDAP y el BancoEstado.
Por todo ello, pienso que debemos desburocratizar el procedimiento.
Los concursos deben ser simples para que las personas que cumplan determinado requisito y reciban las ponderaciones del caso puedan acceder a los beneficios, a efectos de ser capaces de retomar una actividad en la cual los hombres y las mujeres tienen bastante que aportar, especialmente aquellas en viveros y plantaciones.
En consecuencia, para todas las regiones de Chile, bajo las salvaguardas que podremos perfeccionar durante la discusión en particular, esta iniciativa legal resultará altamente beneficiosa.
Gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, tengo la convicción de que este es un proyecto de ley extraordinariamente importante para el mundo forestal, y más todavía para los sectores agrícolas, sobre todo en la zona centro-sur del país.
Si hay una política pública exitosa desde todo punto de vista es la de incentivo forestal.
Me cuesta imaginar otros recursos que hayan tenido un aprovechamiento público y privado más importante que aquellos que impulsaron este cambio copernicano en la vocación forestal de Chile, en términos de permitir un desarrollo que no se base en la depredación de la capacidad de nuestros bosques -a diferencia de muchos otros países-, sino en el incentivo a una plantación adicional.
Como Presidente de la Comisión de Agricultura me tocó ver distintos informes internacionales sobre la materia que expresaban su admiración, a pesar de que Chile es una potencia forestal relevante, por el hecho de que la capacidad productiva de nuestros bosques hoy día es mayor que hace diez, veinte o treinta años.
Eso obviamente constituye un elemento que, por sí mismo, refleja que cuando una política pública acierta en el incentivo a determinados productos se generan, si ella fue bien ideada y se produce una ecuación público-privada correcta, resultados muy positivos.
Amplios sectores de Chile, como la zona costera de la Región del Maule, cambiaron profundamente a partir de iniciativas de esta naturaleza. En el caso particular de esa área no existían bosques nativos, sino tierras muy improductivas con un grado de pobreza asociada muy dramático -los indicadores daban cuenta de una máxima pobreza social-. Sin embargo, hoy día uno puede apreciar que se ha generado un cambio muy positivo, y que en ella conviven, por cierto, numerosas empresas grandes con algunas pequeñas y medianas, que han visto en el uso inteligente de los recursos forestales una forma de sustento, de crecimiento muy relevante.
Por lo tanto, lo primero es lo primero: este proyecto representa una política pública que realmente vale la pena. Y, a mi juicio, lo que está haciendo el Gobierno apunta a algo absolutamente correcto: a cómo proyectar por veinte años más este tipo de subsidios, que se encuentran en su proceso de término, agregándole una lógica de mejoramiento ambiental. Ello nos permitiría darnos cuenta de que estos elementos tienen una óptica económica, desde la perspectiva forestal; pero, asimismo, ofrecen una forma de enfrentar con éxito problemas tan profundos como el calentamiento global, la desertificación, la captura de carbono, lo que de otra manera, se tornaría muy difícil.
Y lo novedoso del proyecto en discusión radica en la creación de un segundo subsidio que no solo se limita al beneficio forestal productivo, sino que se extiende también al ambiental. Porque se le otorga al pequeño productor una bonificación de hasta cien por ciento de los costos de la plantación, con el propósito, precisamente, de recuperar o mejorar zonas desde la perspectiva ambiental.
Y esto tiene que ver con la modernidad. Es una fórmula inteligente de enfrentar el futuro, con políticas pensando no en el Chile de mañana, sino en el de 20 años más. El Chile de hoy se escribió hace muchos años atrás; el Chile de las próximas décadas se está escribiendo hoy día. Y en el ámbito forestal y de políticas públicas me parece muy relevante aprobar un proyecto de este tipo.
La aplicación de la presente iniciativa tiene un costo alto para el país: 355 mil millones de pesos, según el informe financiero, en los años de vigencia de aquella. Pero, obviamente, se pueden contrarrestar con los 5 mil 600 millones de dólares que exportamos en este rubro. Porque aquí hay una inversión pública, pero se generó adicionalmente un enriquecimiento del país que le permite, por la vía impositiva, no solo recuperar esas cantidades, sino que aumentarlas en forma significativa en beneficio de todos, pero especialmente de los chilenos y chilenas que están en esos lugares, comúnmente de muy difícil acceso, con muy poca alternativa productiva y que pueden encontrar en esta normativa una fórmula de desarrollo potente.
Algunos han querido plantear este tema -y es correcto- desde la perspectiva del cuidado del bosque nativo. Y el Senador Horvath tiene razón: aquí no se está proponiendo una sustitución, sino que se está buscando la manera de aprovechar la explotación de terrenos que son de muy difícil producción y acceso. Cualquiera que vea las costas montañosas de nuestra zona centro-sur (también las hay más al norte) podrá darse cuenta de lo difícil que es desarrollar en ellas algún tipo de actividad productiva que no sea la forestal. Esa es la gracia, y mediante el proyecto se logra aquello. Y les quiero decir que este modelo es el que otros países están tratando de implementar.
Entonces, yo me alegro de que el Gobierno haya insistido y le haya "puesto pino" a este tema. Espero, muy de verdad, que el Parlamento apruebe la iniciativa en debate. ¿Por qué digo esto? Porque me preocupa lo que he visto en los últimos proyectos de esta naturaleza: que al final ocurre algo raro. Esta es una zona "rara" de la sociedad, donde en último término las cosas, no sé por qué, van muriendo. La CONAF pública, que a mi juicio era muy importante, fracasó por la falta de votos, en una lógica política que yo nunca he podido entender hasta el día de hoy.
No sea cosa que suceda algo parecido en este caso. Porque esta es una política pública ultraprobada, ultramejorada. Aquí hay talento. Ha participado la gente del Ministerio de Agricultura. Lo han explicado el Ministro, el Subsecretario. Los representantes de la CONAF han buscado una fórmula inteligente para maximizar el uso de recursos y agregar el tema ambiental, que yo considero muy atractivo respecto de lo que viene hacia delante.
Por eso, señor Presidente, nosotros apoyamos este proyecto con entusiasmo. Hay mucha gente del mundo forestal, particularmente pequeños productores, que lo están esperando. Yo tuve hace pocos días una reunión con los productores forestales de Constitución, quienes me pidieron especialmente acelerar este tipo de iniciativas, porque es lo que permite darle continuidad al desarrollo de los bosques. Los bosques se van cosechando, hay que ir plantándolos, y esta técnica público-privada, que ha sido tan exitosa, requiere continuidad. Lo que no necesita, precisamente, es zona de vacío.
Señor Presidente, confiamos en la aprobación de este proyecto, porque estamos convencidos de que es un paso hacia un Chile más moderno, más productivo, que mira más a nuestras regiones agrícolas y forestales.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, estamos en presencia de un proyecto de ley de iniciativa del Ejecutivo que -no me cabe duda de ello- reviste gran trascendencia para el país.
Las iniciativas que lo precedieron han significado que hoy día seamos considerados una potencia forestal en la región, a pesar de nuestras desventajas respecto de otras naciones muy poderosas, que prácticamente lo han tenido todo.
Sin embargo, con el inicio del decreto 701, sobre Fomento Forestal, se han logrado plantar más de 2 millones y medio de hectáreas. Y la inversión desde entonces hasta la fecha llega a 560 millones de dólares.
Pero yo quiero llevar a los colegas también a razonar sobre otros subsidios que ha dado el Estado de Chile. Para las camionetas Chevrolet de Arica y para los autos Peugeot de la Quinta Región -ahí vemos nosotros todavía las instalaciones- se gastaron más de 600 millones de dólares. Yo pregunto: ¿dónde están esas camionetas y esos autos? ¡Convertidos en chatarra!
El resultado de estos otros subsidios son 2 millones y medio de hectáreas que están produciendo, que le dan trabajo a miles de chilenos y que permiten que la exportación anual de los productos llegue a 5 mil 600 millones de dólares hoy día. Y es una fuente renovable, la que, como ya se ha dicho, por la fotosíntesis, controla el carbono. Incluso, los países desarrollados pagan a productores forestales de otras naciones para compensar la contaminación que ellos generan, porque aquí, con estas plantaciones, se está descontaminando.
Es evidente que muchas veces surge la suspicacia y se pregunta por qué tal o cual grupo económico se ha quedado con este beneficio. A lo mejor inicialmente fue así. Pero ya hace mucho tiempo que los grupos grandes no tienen derecho a participar de la bonificación del decreto 701.
Es más, quiero que lo sepan claramente: ninguna de esas grandes empresas está plantando nuevos bosques hoy día. Están solamente forestando lo que explotan. Y se están yendo del país.
Plantar una hectárea en Chile cuesta 7 mil dólares. Es preciso cercar, plantar y seguir todo el proceso. Dichos empresarios se han ido a Brasil: compran a mil dólares la hectárea plantada, y con un crecimiento salvaje.
Entonces, ahí está la papa. ¡En Uruguay y en Brasil tienen más hectáreas de terreno que las que poseen en Chile y los aplauden y les piden que vayan allá! Aquí los vemos muchas veces casi como enemigos.
Yo sé que esto ha traído trastornos donde han adquirido muchas hectáreas de plantaciones y han invadido los terrenos pequeños; o han circundado prácticamente todas las comunas: Tomé, Penco, en que no es posible expandirse porque todo es de la forestal. Pero hemos hablado con esos empresarios, y han entregado cien, doscientas hectáreas, las que sean necesarias, para las poblaciones y la expansión.
Desde que hubo un cambio de gerentes en estas forestales, se advirtió una actitud distinta, que apunta a buscar la buena vecindad, no la enemistad. Y eso es lo que ha dado resultado. No obstante, estas grandes empresas hoy día no participan de las nuevas plantaciones; ellas forestan lo que explotan porque la ley las obliga. Si explotaron el bosque, tienen que plantar. Pero ya no están comprando terrenos para plantar, porque aquí es muy caro y en otras partes les resulta altamente beneficioso.
Por eso, soy partidario de modificar el decreto 701 y focalizarlo en los más pequeños, en el mundo indígena.
¡Y la focalización apunta a los suelos degradados! En la zona mía hay más de un millón de hectáreas cóncavas que se están erosionando cada día más.
¡Esta bonificación es para ese suelo! ¡No para el propietario!
Si nosotros no hacemos nada y no fomentamos la producción forestal, vamos a llegar a ser como el norte: suelos erosionados absolutamente.
Por eso, considero que el proyecto es muy conveniente y me sorprende a veces ver tanta oposición. Yo he colocado el ejemplo de los productores forestales en las comunas que son rodeadas por las plantaciones. Pero a eso se le busca una salida y hay buena disposición para hacerlo. Además, la política de buena vecindad está dando resultados. Ellos siempre escuchan, entregan terrenos para implementar una cancha de fútbol o para que los use un comité de vivienda: siempre están atentos y colaboran en todos los aspectos.
Yo he sido testigo de cada una de esas cosas.
Por eso, hoy día quiero llamar la atención sobre esta materia y señalar que el proyecto representa un beneficio para los pequeños propietarios forestales y, de manera fundamental, para los suelos, porque si no los intervenimos rápidamente se van a erosionar y nuestro querido país los va a seguir perdiendo.
Por eso, apoyo la iniciativa. No obstante, también he escuchado a la gente con la cual muchas veces uno no está de acuerdo.
Yo quisiera que el Ministro fuese muy claro con relación a las próximas etapas que vamos a revisar.
Se señala que las plantaciones de eucaliptus están secando los ríos, pues consumen mucha agua. Por supuesto que se necesita el agua, pero ¿cuán veraz es lo que se afirma? Es cierto que millones de plantaciones de pinos consumen agua, pero después la entregan, la devuelven. El problema fundamental tiene que ver con los eucaliptus, pues existe una oposición muy grande y una observación muy significativa en torno a ellos.
En Chile el bosque se da bastante bien con relación a otras naciones, salvo Brasil. Aquí se planta para esta generación. El pino, según sea su explotación, si se destina para elaborar celulosa, está listo a los diez años; si se deja para madera, a los veinte. ¡En países europeos tardan ochenta y cien años! ¡Todas las plantaciones son para otras generaciones, no para las actuales!
Son miles los trabajadores que viven de esta actividad. Y así como tiene detractores también hay miles de miles de familias que subsisten gracias a ella y que la defienden, porque es algo renovable.
Nosotros hoy día estamos muy contentos con el cobre, pero este metal, más temprano que tarde, se va a terminar y solo nos quedará un hoyo en la tierra. El cobre no se reproduce, pero el pino sí. Son los recursos renovables los que a la larga le pueden dar a nuestro país la posibilidad de seguir recibiendo ingresos. Naturalmente, este es solo un aspecto. Hay que invertir en educación, en conocimiento, en investigación y en desarrollo. Sabemos de naciones que no tienen ninguna materia prima, pero nosotros les mandamos diez barcos cargados con cobre y ellas nos devuelven un contenedor lleno de chips. Es decir, trabajan el conocimiento, la técnica. Nos venden inteligencia; nosotros, la materia prima.
Tenemos que invertir en educación, pero también en cosas productivas como las que señalo.
Antes se despachaban los rollizos de madera enteros y los chips a granel en los barcos. Hoy día ya no se hace eso. La materia prima se manda procesada y hasta se embarcan muebles. Hemos crecido y avanzado en cada una de estas actividades.
Yo sé que hay muchos asuntos que corregir y seguramente con motivo de la discusión en particular del proyecto vamos a presentar indicaciones. Seguiremos escuchando a miles de personas, pero debemos avanzar, enmendar lo malo, porque esto representa una fuente de ingresos y de producción de recursos renovables, lo cual es muy útil para el país, tal como se ha demostrado. Las inversiones se han devuelto por miles.
Dimos un bono muy justo, que todos aprobamos con mucho cariño: ¡320 millones de dólares, altiro! Aquí se han invertido 560 millones, desde el año 1974 a la fecha. ¡Miren el resultado que tenemos!
Por eso es que tenemos que pensar como país, como nación, en qué parte vamos a meter los huevos para que nos reporten el producto y la fuente de trabajo el día de mañana.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor CRUZAT (Ministro de Agricultura subrogante).-
Señor Presidente, hemos tenido oportunidad de oír las posiciones de distintos Senadores, quienes han manifestado la importancia que reviste el proyecto de ley que ahora se somete a consideración del Senado para el desarrollo del país.
Se trata de una iniciativa que cuenta con una historia de alto impacto, pues, tal como se relató, permitió el desenvolvimiento de una industria que hoy día es admirada y que genera empleo y desarrollo para todo Chile, en particular para la región centro-sur.
Pero como ocurre con cualquier iniciativa en un país que avanza en sus etapas de desarrollo, y habiéndose vencido el capítulo referido a las bonificaciones que otorgaba la ley vigente, se presenta a consideración del Senado y de la Cámara de Diputados una nueva normativa de fomento forestal, que corresponde a una proyección de lo que el país necesita para los próximos veinte años. Y para eso se ha escuchado a muchos propietarios, hoy día presentes en las zonas rurales, que nos han hecho saber sus necesidades. Son dueños de terrenos que muchas veces no tienen otro uso más que el forestal y que actualmente no cuentan con el beneficio vigente que les otorgaba la actual legislación.
Estamos hablando, señor Presidente, de más de dos millones de hectáreas que se encuentran desnudas, que se están perdiendo a consecuencia de la erosión y cuya única aptitud se orienta al uso y desarrollo forestal. Me refiero a las comunidades agrícolas de la Cuarta Región, de la zona de secano y de la precordillera de la zona central, y de algunos lugares de Aysén, incluso de Magallanes.
En nuestro país hay todavía más de dos millones de hectáreas que se están erosionando y a las que no se les da un uso alternativo. Frente a esa disyuntiva hay dos opciones: proponer, tal como lo hace el proyecto de ley, que en esos terrenos se desarrolle una actividad que tenga un objetivo económico y social claro de desarrollo y que facilite la permanencia de las personas en el territorio, contando con el apoyo del Estado, o nos quedamos callados, esperamos que el tiempo pase y que algo que es crucial para el desarrollo de nuestro país, como es el suelo, se pierda de manera irreparable. Porque cuando este no exista no habrá opción de ley, no habrá nada que hacer ahí.
Por lo tanto, el sentido de urgencia de esta normativa es prioritario y fundamental.
Se ha destacado la historia del sector forestal en Chile. Yo los invito a soñar y a pensar cuál es la historia que queremos construir para los próximos años, teniendo ya una industria consolidada. Porque es ahí donde empiezan a aparecer las priorizaciones que pretende la iniciativa en debate.
En primer lugar, se crean dos fondos: uno, con un objetivo forestal, más parecido a lo que veníamos haciendo, para seguir desplegando en los terrenos de pequeños y medianos propietarios forestales la actividad económica que tanto desarrollo le ha dado al país. Por otro lado, se crea un fondo de protección vegetal, con un propósito más bien ambiental, de protección de cobertura, introduciendo la plantación de especies de otro tipo y que puede llegar a otorgar una bonificación de hasta 100 por ciento. Al mismo tiempo, se introduce un elemento innovador y revolucionario: por primera vez en Chile una política pública reconoce, mediante un pago, los servicios ambientales que genera la protección y el cuidado de un ecosistema plantado, porque si no se planta el suelo se dañará de manera irreparable. Y en eso pensamos cuando decimos que hay que detener el desierto, que es preciso impedir que siga avanzando hacia el sur de Chile. Si no generamos un instrumento, una política pública que realmente permita conseguir ese objetivo ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Solamente a través de la voluntad? ¿Solo mediante el compromiso que, a mi juicio, todos tenemos? El Estado debe definir políticas públicas para ese fin y, particularmente, el instrumento que se somete a consideración del Senado incorpora aquella variable como un elemento esencial.
Por ello, esperamos que ustedes, que van a tener la oportunidad de conocer esta ley en proyecto también en particular, nos den la posibilidad de llevar a cabo este debate, una discusión fundamental que debemos realizar en nuestro país y para cuyo desarrollo se asignan recursos y formulan propuestas.
La ley en proyecto no es solo para tres regiones, sino para todo el territorio nacional. Y por eso nos interesa que los Senadores que representan a Arica, a Magallanes, en fin, vean en el articulado que se sugiere una alternativa para colaborar regionalmente en la tarea por hacer.
Tal como indicaba, señor Presidente, se rediseña por completo la estructura de fomento forestal, enfocándose exclusivamente en los pequeños y medianos propietarios.
Estamos hablando de una categoría de mediano propietario que equivale a la mitad de la que define la propia CORFO. Y efectuamos una restricción y orientamos el sistema hacia el segmento más necesitado.
Ya lo han dicho varios Senadores: la industria forestal tradicional de alguna manera ya es sustentable, está operando en una lógica de reforestación; pero tenemos que hacer algo mucho más direccionado hacia los lugares donde se necesita mayormente el instrumento en cuestión, el cual puede concretarse solo si detrás hay una política pública y no únicamente una ventanilla.
Nos ha costado demostrar -y pretendemos conseguirlo durante el debate en particular- que la única forma de tener políticas regionales abocadas a contener el avance de las dunas en algunas zonas, a contener las riberas en otras, a llegar a las cárcavas del secano costero es mediante un sistema concursal. Porque la ventanilla única actual no permite hacer política pública: genera una apertura, pero no posibilita focalizar los mecanismos implementados y redirigirlos hacia la satisfacción de las necesidades prioritarias en los términos que demanda hoy día nuestra nación.
El mecanismo propuesto no puede significar burocracia, ni implicará más burocracia que la actual. De hecho, así lo asegura el texto, que espero sea perfeccionado por los Senadores tras conocerlo.
No es intención del Ejecutivo burocratizar el sistema, sino compatibilizarlo con las diferentes necesidades de cada una de las regiones. Tenemos abierta la alternativa del Tesoro Público. Precisamos incorporar, como lo permite la ley, a los gobiernos regionales, dotados actualmente de recursos extraordinarios para acrecentar los fondos y los proyectos.
Por otra parte, es importante destacar que la ley en proyecto incorpora elementos novedosos y fundamentales para el desarrollo del mercado de bonos de carbono que pretendemos impulsar a través de ella.
En efecto, será posible que los propietarios accedan a beneficios ambientales que hoy no se hallan disponibles para los pequeños y medianos propietarios.
Existen experiencias en el mercado de los bonos de carbono, pero solo para las grandes compañías. En este momento no se pueden extender a los pequeños y medianos propietarios. Por eso, la ley en proyecto busca dar las primeras señales, construir una institucionalidad que permita llegar a ese sector.
También se aportan recursos económicos relevantes, más significativos que los actuales. Están consignados en el informe financiero, y pueden tomarse en cuenta a la hora de dimensionar el compromiso de nuestro Gobierno por generar de verdad una ley que constituya una política de Estado que continúe colaborando en una tarea nueva, distinta de la que se llevó a cabo en las décadas de los setenta, ochenta y noventa, y que necesita un compromiso y una discusión a la altura de las circunstancias.
Le pido al Senado que tenga en consideración el interés general; que les permita a todas las regiones participar en sus deliberaciones, y que posibilite que, tras la aprobación general del proyecto, haya un debate particular sano, con participación de las Comisiones de Medio Ambiente y de Agricultura, al objeto de lograr una muy buena ley de fomento forestal para los próximos veinte años.
Gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Señores Senadores, nos queda poco tiempo, y hay tres oradores inscritos.
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, las intervenciones anteriores me ahorran mucho de lo que quería decir.
En verdad, dudo de que exista un cuerpo legal que haya generado tanto beneficio en nuestro país -no solo en la reforestación, sino también en el desarrollo, en la creación de trabajo, en la reparación del medio ambiente, en el ataque a la desertificación y en otras áreas- como el decreto ley N° 701.
Cuando uno analiza la historia de esa normativa se da cuenta de que su resultado, con pocos recursos estatales, ha sido impresionante.
Lo comentaba recién con el Ministro: Chile es el único país de América que hoy puede decir que tiene mayor superficie forestada que antes. La mayoría, especialmente Brasil y otras naciones de Sudamérica e incluso de Norteamérica, han ido perdiendo su superficie; la han ido trabajando sin ampliarla.
Aquí, gracias al decreto ley 701, la realidad es muy distinta.
De 1974 a 1994 se plantaron alrededor de un millón 700 mil hectáreas, de las cuales 807 mil fueron bonificadas por forestación, la mayoría de ellas en terrenos degradados -como lo planteó el Ministro-, los que no tienen otro destino. Esos terrenos fueron recuperados para su reinserción en la actividad productiva de nuestro país.
Además, dicha normativa contribuyó significativamente a la sustentabilidad ambiental, toda vez que introdujo la obligación de reforestar los bosques explotados, lo que contribuyó a convertir a Chile (como ya expresé) en una de las pocas naciones que pueden exhibir un balance positivo en cuanto a uso y conservación de bosques.
Señor Presidente, el objetivo del proyecto en debate -los Senadores de Renovación Nacional lo aprobaremos- es prorrogar nuevamente los incentivos del decreto ley N° 701 para el establecimiento de plantaciones forestales.
En términos de incentivos, la ley ya focalizó las bonificaciones, asignando 90 por ciento para los pequeños propietarios forestales, 75 por ciento para los medianos y 50 por ciento para los grandes.
Adicionalmente, y para efectos de resguardar los intereses de los ciudadanos que postulen a los beneficios de la ley en proyecto, especialmente los de los pequeños propietarios, se creó el Registro de Operadores Forestales, con la finalidad de hacer de esta una actividad seria y desarrollada por personas del área.
Aparte aquello, se incorporaron medidas y beneficios especiales para personas de comunidades indígenas, las que no habían sido consideradas en cuerpos legales anteriores.
En mi concepto, eso implica que el proyecto en discusión prevea mayores beneficios.
Por consiguiente, aprobaremos la idea de legislar.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, en primer lugar, felicito al Ejecutivo por presentar con premura esta iniciativa, decisión que valoro.
Quienes me antecedieron en el uso de la palabra explicaron claramente los beneficios que ha significado para Chile el decreto ley N° 701, que ahora, mediante las modificaciones sugeridas, se focaliza fundamentalmente en los pequeños y medianos propietarios, quienes hasta hoy no han podido acogerse a sus disposiciones.
Pienso que eso significa una verdadera revolución en el sector forestal, que no ha tenido opciones para explotar otras actividades.
En muchas zonas del país, al pequeño y al mediano propietarios no les resulta factible forestar o atajar la erosión que estropea sus campos.
Opino, señor Presidente, que en el momento de votar la idea de legislar debemos analizar también la situación de los terrenos que están en manos del Estado.
¿Cuántos millones de hectáreas estatales no son objeto hoy de un cuidado sustentable o carecen de posibilidades de reforestación?
Sin duda, debemos hacernos cargo de tal situación.
Señor Presidente, el mayor propietario de nuestro país es el Estado. Creo que falta esta visión en el punto expuesto.
Por cierto, se trata de una situación distinta. No vamos a bonificar al Estado. Pero hay que buscar la manera de que la desertificación en sus tierras sea parte del pasado y no del presente ni del futuro.
Tenemos que abordar dicho aspecto en la discusión particular. Porque si hay algo que en Chile ha funcionado bien y con pocos recursos con relación a los beneficios logrados (económicos, de sustentabilidad ambiental y, fundamentalmente, sociales) es el decreto ley N° 701.
Ahora, señor Presidente, yo planteo lo mismo que expuso aquí el Senador Coloma. Me lo preguntan los pequeños y medianos propietarios, sobre todo los del secano costero, de la Sexta Región: "¿Cuándo vamos a tener la posibilidad del subsidio, Senador, para avanzar en la recuperación de los suelos degradados y entrar en el mismo mundo al que accedieron principalmente los grandes?".
Creo, pues, que ahora corresponde focalizar los incentivos en los pequeños y medianos propietarios.
Por otro lado, señor Presidente, quiero valorar el esfuerzo que está desplegando el colega Horvath para llegar en el Senado a un acuerdo que permita el avance que necesitamos desde el punto de vista de la sustentabilidad ambiental.
Es un punto a analizar. El esfuerzo se está haciendo. Lo importante es aprobar la idea de legislar sobre la materia que nos ocupa esta tarde. Porque lo peor que podríamos hacer en este momento sería rechazarla, ya que ello significaría dejar millones de hectáreas sin proyección hacia el futuro y, con ello, no poder apoyar a los pequeños propietarios, quienes desean ingresar a un mundo que se les ha vetado históricamente.
Voy a votar a favor de este proyecto de ley, señor Presidente, en el entendido de que hay que perfeccionar su articulado.
Insisto: uno de los mayores problemas que existen en la materia es el abandono del Estado con respecto a sus terrenos.
En tal sentido, echo de menos -y ojalá pudiera retomarse la discusión del proyecto pertinente- lo de la CONAF pública.
Es imposible que la Corporación Nacional Forestal, con los instrumentos que tiene hoy, lleve adelante todos los procesos.
Por lo tanto, a quienes en su momento no dieron el voto favorable a la idea de legislar les hago un llamado para que reestudiemos el proyecto sobre creación de la CONAF pública y, a lo mejor, en el acuerdo a que se está tratando de llegar, con el trabajo del Senador Horvath, consignemos la posibilidad de tener dicho organismo y lograr un gran avance en materia de sustentabilidad de nuestros recursos forestales.
Anuncio el voto favorable de la Unión Demócrata Independiente, al objeto de que podamos acelerar al máximo las medidas conducentes a la sustentabilidad de nuestros bosques y de que se sigan entregando los recursos requeridos para el incremento de nuestras exportaciones, el mayor crecimiento de Chile y la eliminación de la pobreza, aspecto en el que queremos avanzar con la máxima velocidad posible.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, todas las intervenciones que he escuchado hasta ahora han sido sumamente favorables al proyecto en debate. Pero nuestra bancada tiene una visión distinta. Y por eso adherimos también a la solicitud de segunda discusión que formuló el Senador Ruiz-Esquide.
En primer lugar, aquí hay cierta contradicción. Porque, efectivamente -y lo recordó el Senador García-Huidobro-, no tenemos una CONAF pública.
No pudimos legislar al respecto porque el Gobierno presentó un muy mal proyecto, el cual, además, no contaba con la adhesión de los propios trabajadores; generaba conflictos y una situación de incertidumbre, y se cruzaba con la iniciativa que establecía el Servicio de Biodiversidad, cuyo texto tampoco era bueno.
No hubo manera de trabajar dos proyectos sin duda complementarios y que, por ende, necesariamente debían tratarse en conjunto. Entonces, lisa y llanamente, tuvimos que rechazar la idea de legislar, al objeto de impedir que se despachara una mala legislación.
Todos entendemos que la Corporación Nacional Forestal no puede seguir con su situación actual; está claro. Y todos queremos una CONAF pública; fortalecida; con las herramientas, los recursos y el personal que le permitan llevar a cabo sus importantes funciones. Pero eso no se lograba con el proyecto enviado por el Ejecutivo.
Así que, primero, deseo dejar sentado claramente que no tuvimos responsabilidad en el rechazo de la CONAF pública. Este se debió a dos proyectos malos: el que creaba esa Corporación y el que establecía el Servicio de Biodiversidad. Y así opinaron no solo los parlamentarios de Oposición, sino también muchísimos técnicos y profesionales a los que escuchamos.
En segundo lugar, tengo aquí un documento que presentó la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (algunos de sus representantes nos acompañan en las tribunas; han estado gran parte de la tarde esperando la discusión de este proyecto). Y no son pocos los argumentos que plantea, las razones por las cuales duda de que debamos aprobar esta iniciativa tal como viene propuesta (no votaremos ahora, pues se pidió segunda discusión, para analizar más en detalle el texto).
Claramente, hay contradicciones. Y si este proyecto contenía el elemento medioambiental cuya importancia ahora se trata de poner de manifiesto, debió verlo la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, lo que no ocurrió.
Entonces, sería esencial que tuviéramos una mirada distinta. Porque la del decreto ley N° 701 fue muy economicista con relación al fomento. Y este no fue poco. Hubo una inversión significativa: más de 500 millones de dólares. En un país como el nuestro, esa es una bonificación muy relevante.
Pero también digamos algo que no se menciona acá: los principales beneficiarios fueron grandes empresas forestales -cualquiera que sostenga otra cosa sabe que está faltando a la verdad-, las que no siempre (y aquí discrepo del colega Sabag) tuvieron una magnífica convivencia con su personal.
Muchos trabajadores del sector forestal han vivido una situación bastante difícil. Hemos sabido de sus dificultades en materia remuneracional y de la gran dureza de sus condiciones laborales.
Entonces, que no se trate de vendernos una realidad distinta.
Es cierto que el referido cuerpo legal, aparte la riqueza que generó para un grupo importante, permitió la creación de empleo. Pero a nosotros también nos importan bastante la calidad de la ocupación, las condiciones laborales, las remuneraciones pagadas.
Por consiguiente (lo digo con franqueza), no creo que esos grandes grupos beneficiados con el decreto ley N° 701 (básicamente, son tres) vayan a sacar un premio en materia de relaciones laborales, al menos en algunos casos.
Todo lo anterior motiva que, razonablemente, deseemos poner en el Senado una mirada distinta sobre la materia.
Nos gustaría, pues, tener claro por qué vamos a aprobar un proyecto que es un poco la prolongación de lo anterior, aunque aquí se nos diga que esta vez los incentivos irán al pequeño propietario: queremos tener seguridad al respecto.
Por eso apoyamos la segunda discusión: deseamos claridad en el sentido de que en verdad iremos en ayuda del pequeño y, eventualmente, del mediano propietarios, y no como ha ocurrido hasta ahora, en que se ha beneficiado solo a los grandes.
De otro lado, opino que debiera eliminarse la concursabilidad para el acceso de los pequeños propietarios a las bonificaciones.
Nos importa mucho la ampliación de las actividades bonificadas, sobre todo si estamos hablando de abastecimiento de agua; de la recuperación de ecosistemas; de la capacidad para trabajar bien desde la perspectiva ambiental, especialmente en materia de provisión y seguridad de los servicios ecosistémicos.
Después de lo que hemos visto hasta ahora en cuanto a la aplicación del decreto ley N° 701, la fijación de un plazo de 20 años para el otorgamiento de los beneficios nos provoca dudas.
Y hay un aspecto no menor: la eliminación de la expresión "otros propietarios forestales" como beneficiarios de la bonificación. Porque, de acuerdo a las cifras de que disponemos, vemos de nuevo que no se favorece precisamente a los pequeños propietarios.
Por eso, es importante que tengamos una CONAF con muchos más recursos y que salga fortalecida de todo este proceso. Porque esa Corporación debe dar asesoría, y ojalá permanente, al pequeño propietario forestal para que pueda acceder sin tantas trabas a los beneficios pertinentes.
En virtud de todo lo expuesto, y sin desconocer la relevancia del sector forestal, particularmente en cuanto a generación de empleo, queremos un mejor proyecto. Sobre todo, deseamos ver involucrados los temas sociales, los laborales y los medioambientales.
No basta con que nos digan, como se ha hecho en esta Sala, que la buena vecindad significa haber efectuado aportes. Muchas veces se asocia la responsabilidad social de la empresa a la entrega de una cancha de fútbol, al empaste de un campo deportivo o a equis donaciones. Creemos que ya es hora de dejarse de evaluaciones a veces tan básicas, que no corresponden verdaderamente a dicho concepto.
Por eso, señor Presidente, la bancada socialista quiere la segunda discusión. Deseamos analizar el proyecto con mucho más detenimiento, con más detalles y conocerlo mejor. Es una lástima que ni en la Cámara ni acá haya pasado por la Comisión de Medio Ambiente, porque merecería haber sido estudiado desde ese punto de vista y no solo desde uno tan economicista.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Queda poco tiempo, Senador señor Ruiz-Esquide.
Tiene la palabra.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Entiendo que no restan más de 3 o 4 minutos.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Así es.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, primero, agradezco al Comité Socialista que haya aceptado nuestra petición de segunda discusión.
Segundo, cabe hacer presente, solo para precisar lo que va a suceder en el futuro, que la discusión particular, por el acuerdo que ha mediado, deberá verificarse, en definitiva, en las Comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente, unidas, lo cual satisface también la solicitud que usted ha hecho.
Tercero -y muy brevemente-, el Senador que habla votó en contra de la iniciativa. Y lo va a seguir haciendo.
He propuesto al Ejecutivo un modelo -bastante razonable, a mi juicio- para resolver las diferencias entre nosotros, pero lamento que ni siquiera haya considerado la posibilidad de discutir la cuestión.
Es algo muy sencillo. Como hoy no tenemos un cuerpo legal, y la materia no se puede tratar en diez minutos ni con "discusión inmediata", cabría aprobar rápidamente un proyecto que el Ejecutivo puede mandar para prorrogar por un año lo que hoy existe como ley, pero no está vigente. Y en seguida podemos darnos tiempo para plantearles al Gobierno y a la Alianza, conforme a lo políticamente correcto, fijar un plazo, si quieren, para que la iniciativa sea aprobada en el período del Presidente Piñera, quien la envió, a lo que también hemos estado dispuestos.
Se nos ha dicho que no a todo.
Quiero agregar un cuarto punto. Estimo que hay razones fundadas de nuestra parte para no votar el proyecto. Ante la realidad de la CONAF, no se pueden entregar 700 u 800 millones de dólares a una entidad privada.
Ahora, en cuanto a la opinión de los pueblos originarios, conforme al Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, no se han cumplido las normas que estamos considerando justamente en otra Comisión del Senado, que es la de Derechos Humanos.
Hay un aspecto que no se toca y que plantearon los ingenieros forestales: donde hay pinos, se acaba el agua, y donde hay eucaliptos, se acaba antes. Y la agricultura está absolutamente liquidada desde ese punto de vista, como sucede en algunas zonas de la Región que represento.
Por último -solo para mencionarlo-, también le propuse al Gobierno algo bastante simple, a propósito de la entrega de 700 u 800 millones de dólares a una entidad privada, conforme a un proyecto que no satisface a los más pequeños, y por 20 años, período que prácticamente corresponde a una generación de chilenos. Expuse que hemos estado viendo las dificultades que enfrenta el mundo agrícola, propiamente tal -no el forestal-, en particular en la agricultura expansiva en el centro del país, y he preguntado algo muy claro: por qué no aprovechamos de hacer un aporte sustancial y extraordinario al sector para equiparar el aporte que se le está haciendo a la forestación. Porque no todo es tan brillante, ni precioso, ni sano, ni bueno, como se desprende de las intervenciones que hemos escuchado.
Una comuna patognomónica en la Octava Región es la de Mulchén. Era el último espacio triguero y agrícola que teníamos hasta hace 15 o 20 años. Se transformó en completamente forestal y hoy se registra erradicación. La gente se ha ido y no hay agricultura.
En virtud de las consideraciones expuestas, señor Presidente, voy a votar en contra.
Y quiero dedicar solo 30 segundos a un asunto que no mencionaré ni en mofa ni como algo semejante.
He escuchado al señor Ministro de Agricultura subrogante. En el clima de acusaciones, de desprestigio, de falta de respeto al Senado por parte de todo el Ejecutivo, desde el Presidente de la República para abajo -incluidos Ministros y Ministras de cuya conducta no quiero hablar, por consideración a mi condición de médico-, quiero expresarle que le agradezco que haya tenido la gentileza de referirse a nosotros con deferencia al pedir llevar a cabo el estudio que se requiere. Estimo que ello es un avance sustancial en las políticas y conductas del Ejecutivo.
Las demás autoridades nos tratan de baruntes, de subhumanos y de cosas por el estilo. De ello hemos reclamado, reclamamos y reclamaremos permanentemente, porque en los peores tiempos de nuestro país se empezó con conductas presidenciales y ministeriales de rechazo al rol del Senado y del Poder Legislativo.
Repito que lo anterior no lo expreso en mofa. Sinceramente, le agradezco al señor Ministro subrogante por tratarnos como personas respetables a quienes les pide analizar con cuidado la materia, porque eso sobrepasa con exceso la solicitud que les vengo haciendo al Presidente y a Ministros y Ministras de que entiendan que nosotros representamos al país tanto o más que ellos.
Muchas gracias.
--El proyecto queda para segunda discusión.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminado el Orden del Día.
Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta, sin perjuicio de darse curso reglamentario a la petición de oficio llegada a la Secretaría.
PETICIÓN DE OFICIO
--El oficio cuyo envío se anunció es el siguiente:
Del señor GARCÍA:
Al señor Alcalde de Temuco, para que informe sobre MEDIDAS PARA PAVIMENTACIÓN DE TRAMO DE CALLE COLCHANE, VILLA ANDINA, COMUNA DE TEMUCO.
)-----------(
--Se levantó a las 19:46.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción