REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 361ª
Sesión 27ª, en martes 4 de junio de 2013
Ordinaria
(De 16:21 a 19:33)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR JORGE PIZARRO SOTO, PRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Muñoz Aburto, Pedro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedan, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros de Economía, Fomento y Turismo, señor Felix de Vicente Mingo; de Educación, señora Carolina Schmidt Zaldívar, y de Transportes y Telecomunicaciones, señor Pedro Errázuriz Domínguez. Asimismo, estuvieron presentes el Subsecretario de Telecomunicaciones, señor Jorge Atton Palma, el asesor legislativo de esa misma Subsecretaría, señor Andrés Rodríguez Ariztía, y la Superintendenta de Quiebras, señora Josefina Montenegro.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 15 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor PIZARRO (Presidente).-
Las actas de las sesiones 22ª, especial, y 23ª, ordinaria, en 14 de mayo; 24ª, ordinaria, en 15 de mayo, y 25ª, especial, y 26ª, ordinaria, en 22 de mayo, todas del presente año, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Seis de Su Excelencia el Vicepresidente de la República:
Con el primero da inicio a la tramitación de un proyecto de ley que regula la actualización de los padrones electorales (boletín N° 8.972-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Con los dos siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
1.-
Proyecto de ley que crea el Ministerio del Deporte (boletín Nº 8.085-29).
2.-
Proyecto que modifica los artículos 88 y 89 de la ley N° 20.255, en relación con el régimen del seguro social en contra de riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, aplicable a los afiliados independientes y voluntarios del nuevo sistema de pensiones (boletín Nº 8.936-13).
Con el cuarto hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto de ley que regula la actualización de los padrones electorales (boletín N° 8.972-06).
Con el quinto retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", respecto de los siguientes asuntos:
1.-
Proyecto sobre fomento forestal que modifica y extiende los incentivos a la forestación establecidos en el decreto ley N° 701 (boletín N° 8.603-01).
2.-
Proyecto que enmienda la ley N° 18.450 con el fin de fomentar la inversión privada en obras de riego o drenaje comprendidas en proyectos integrales y de uso múltiple cuyo costo supere las 30.000 unidades de fomento (boletín Nº 8.771-01).
3.-
Proyecto que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo (boletines números 8.324-03 y 8.492-13, refundidos).
4.-
Proyecto de ley que pone término a la existencia legal de la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas (Emaza) (boletín Nº 8.786-27).
5.-
Proyecto de ley que establece un sistema de supervisión basado en riesgo para las compañías de seguro (boletín Nº 7.958-05).
6.-
Proyecto de ley sobre administración de fondos de terceros y carteras individuales, y deroga los cuerpos legales que indica (boletín Nº 7.966-05).
7.-
Proyecto de ley que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil (boletín N° 7.550-06).
8.-
Proyecto de ley sobre probidad en la función pública (boletín Nº 7.616-06).
9.-
Proyecto de ley que introduce modificaciones en el Código Civil y en otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados (boletines números 5.917-18 y 7.007-18, refundidos).
10.-
Proyecto que modifica la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado (boletín Nº 7.686-07).
11.-
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señor Chahuán, señora Alvear y señores Espina y Hernán Larraín, respecto de comunicación de órdenes de apremio en juicios de alimentos (boletín N° 7.765-07).
12- Proyecto que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y establece adecuaciones en la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia (boletín Nº 8.207-07).
13.-
Proyecto que modifica la ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, y otros textos legales que indica (boletín N° 8.466-07).
14.-
Proyecto de ley que enmienda los estatutos de la prisión preventiva y de la suspensión de la ejecución de la pena en el caso de la conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias sicotrópicas con resultado de lesión o muerte (boletín N° 8.809-07).
15.-
Proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal con el fin de reforzar la protección de las víctimas, mejorar la función que desempeña el Ministerio Público y fortalecer la acción policial y la operatividad del sistema de justicia penal (boletín N° 8.810-07).
16.-
Proyecto de ley sobre procedimiento para otorgar concesiones eléctricas (boletín N° 8.270-08).
17.-
Proyecto de ley que crea y destina recursos para el Fondo de Desarrollo del Norte y de las Comunas Mineras de Chile (boletín N° 8.272-08).
18.-
Proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y leyes complementarias, para establecer un sistema de aportes al espacio público aplicable a los proyectos de construcción (boletín N° 8.493-14).
19.-
Proyecto de ley que permite la introducción de la televisión digital terrestre (boletín N° 6.190-19).
20.-
Proyecto que modifica la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares (boletín Nº 8.329-15).
21.-
Proyecto que enmienda el decreto con fuerza de ley N° 1, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito, N° 18.290, y sus modificaciones posteriores, en sus artículos 196 y 197, referidos al delito de manejo en estado de ebriedad, causando lesiones gravísimas o con resultado de muerte (boletín Nº 8.813-15).
22.-
Proyecto que permite ampliar el plazo para que las concesionarias de radiodifusión de mínima cobertura puedan acogerse a la ley N° 20.433, que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana (boletín N° 8.817-15).
Con el último retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1.-
Proyecto que regula derechos sobre obtenciones vegetales y deroga la ley N° 19.342 (boletín N° 6.355-01).
2.-
Proyecto de ley que tipifica como delito conductas relacionadas con la comercialización de fuegos artificiales (boletín Nº 8.612-02).
3.-
. Proyecto de ley que regula la venta y arriendo de video juegos excesivamente violentos a menores de 18 años y exige control parental a consolas (boletín N° 5.579-03).
4.-
Proyecto de ley relativo al fortalecimiento de la regionalización del país (boletín N° 7.963-06).
5.-
Proyecto que modifica el Código Civil y otras leyes, regulando el régimen patrimonial de la sociedad conyugal (boletines números 7.567-07, 5.970-18 y 7.727-18, refundidos).
6.-
Proyecto que enmienda la ley N° 20.378, que crea un subsidio nacional al transporte público remunerado de pasajeros, incrementando los recursos del subsidio y creando el fondo de apoyo regional (FAR) (boletín N° 8.289-15).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Tres de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con los dos primeros comunica su ausencia del territorio nacional, durante el período y por los motivos que, en cada caso, se especifican:
Entre los días 22 y 24 del mes de mayo, para participar en la ciudad de Cali, República de Colombia, en la "Cumbre Alianza del Pacífico" y asistir en la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las actividades de la ceremonia de asunción del Presidente de esa nación, señor Rafael Correa.
Respecto del lapso que va del 29 de mayo al 6 de junio, para dar cumplimiento a un programa que consulta las siguientes actividades: visita de Estado a Canadá, los días 30 y 31 de mayo; visita oficial de trabajo a Estados Unidos de América, del 1 al 4 de junio; visita oficial a El Salvador, los días 4 y 5 del presente, y visita oficial a la República de Panamá, el mismo día 5.
Informa, además, con los documentos aludidos, de su subrogación durante las mencionadas ausencias, con el título de Vicepresidente de la República, por parte del Ministro titular de la Cartera del Interior y Seguridad Pública, señor Andrés Chadwick Piñera.
--Se toma conocimiento.
Con el tercero solicita el acuerdo del Senado para nombrar como Ministra de la Excelentísima Corte Suprema a la señora Gloria Ana Chevesich Ruiz (boletín Nº S 1.581-05), respecto de lo cual hace presente la urgencia en los términos del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero informa que ha dado su aprobación al proyecto de acuerdo que aprueba el "Acuerdo para modificar el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá, hecho en Santiago el 5 de diciembre de 1996, tal como se ha modificado entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá", firmado en Santiago, Chile, el 16 de abril de 2012 (boletín N° 8.951-10).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Con el segundo comunica que aprobó, en los mismos términos en que lo hizo la Cámara Alta, el proyecto de ley, iniciado en moción de las Senadoras señoras Rincón, Allende, Alvear y Pérez (doña Lily), que permite al padre y a la madre, indistintamente, abrir cuentas de ahorro a favor de sus hijos (boletín N° 7.519-05).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República.
De la Excelentísima Corte Suprema:
Emite su parecer, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, en cuanto al proyecto de ley que modifica el Estatuto Orgánico de las Mutualidades de Empleadores (boletín N° 8.573-13).
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Expide copia autorizada de la sentencia definitiva pronunciada en el ejercicio del control de constitucionalidad del proyecto de ley que establece la elección directa de los consejeros regionales (boletín N° 7.923-06).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto a sus antecedentes.
Envía copia autorizada de sentencias definitivas pronunciadas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 225 y 226 del Código Civil; 5° transitorio de la ley N° 19.585, que modifica el Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filiación, y artículo 1° de la ley N° 18.413, que sustituye, por el año 1985, el sistema de reajuste de pensiones; modifica el sistema de subsidio de cesantía y las normas tributarias y presupuestarias que indica.
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos.
Remite copia de las resoluciones recaídas en acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en relación con los siguientes preceptos:
1.-
Artículos 15 y 16 del decreto de ley N° 2.695, de 1979, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella.
2.-
Artículo 32 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior.
3.-
Artículo 202, numeral 2°, del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1968, del Ministerio de Defensa, que establece el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas.
4.-
Artículo 8° de la ley N° 17.322, que contempla normas sobre cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social.
5.-
Artículo 3°, literal c), de la ley N° 12.522, que concede a los imponentes de la Caja de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado, y a los jubilados de dicha institución y de la empresa de los Ferrocarriles del Estado, el derecho a causar montepío en favor de las personas que señala.
--Se toma conocimiento y se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Ministro de Hacienda:
Responde sendas peticiones, cursadas en nombre de los Senadores señores Frei y Carlos Larraín, relativas al impulso de programas de empleo y capacitación para trabajadores, así como de créditos Corfo en favor de las pequeñas y medianas empresas y de las microempresas afectadas por el incendio ocurrido en Valdivia el día 28 de septiembre de 2012.
Del señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo:
Da respuesta a petición, formulada en nombre del Senador señor Bianchi, sobre aplazamiento en el pago del impuesto al valor agregado devengado en febrero de 2012 en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, con ocasión de la inundación que afectó a la ciudad de Punta Arenas.
Contesta solicitud, presentada en nombre del Senador señor Horvath, ante la desvinculación de 28 trabajadores calificados del Instituto de Fomento Pesquero, para que se revise la situación financiera de esa entidad en función del fortalecimiento de la investigación que requiere la nueva Ley de Pesca.
Responde solicitudes de antecedentes, cursadas en nombre del Senador señor Navarro, relacionadas con las materias que se enuncian a continuación:
1.-
Resultados del estudio sobre situación de las farmacias en Chile, realizado por esa Secretaría de Estado.
2.-
Informe respecto de los costos a que dio lugar la paralización de trabajadores portuarios durante el mes de marzo pasado.
3.-
Participación del señor Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño en la inauguración del Año de la Innovación, en Silicon Valley, en el lanzamiento del Programa Prácticas para Chile y en una visita a la Bay Area, en California, con ocasión de un viaje organizado por la Universidad del Desarrollo.
De la señora Ministra de Educación:
Remite, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, los Balances de Gestión Integral 2012 de dicha Cartera y de sus servicios dependientes o relacionados.
Adjunta documentos emanados de servicios dependientes de esa Secretaría de Estado a solicitudes de antecedentes sobre las siguientes materias:
1.-
Del señor Jefe de la División Jurídica, sobre cierre de cuatro establecimientos educacionales de La Florida, por decisión del señor alcalde de esa comuna, requerida en nombre de la Senadora señora Alvear.
2.-
Del señor Jefe de la División de Planificación y Presupuestos, referente a la falta de habilitación de la sala de clases para el segundo año de educación media del Liceo de La Junta, que, conforme a la programación, debe ser implementada este año; materia consultada en nombre del Senador señor Horvath.
De la señora Ministra de Justicia:
Remite informe del Director Nacional (s) del Servicio Médico Legal, relativo a solicitud de antecedentes enviada en nombre del Senador señor García, sobre desempeño de las funciones de perito en la Región de La Araucanía, nivelación de sueldos de profesionales de la ley N° 15.076 y dotación actual.
De la señora Ministra de Obras Públicas:
Responde solicitud de información, remitida en nombre del Senador señor Kuschel, acerca de avance de proyectos de pavimentación asfáltica en las islas de las provincias de Chiloé y Llanquihue y en cuanto a construcción de rampas para vehículos en las islas Guar, Tranqui, Maillen, Mechuque, Quenac.
Da contestación a sendas peticiones de antecedentes, enviadas en nombre del Senador señor Navarro, sobre los siguientes asuntos:
1.-
Nómina de comunas de la Región del Biobío que cuentan con plan maestro de aguas lluvia y de su fecha de aprobación, con especificación de la existencia de estudios o de proyectos en ejecución.
2.-
Disponibilidad de estudios relativos al cambio climático u otros aspectos meteorológicos que puedan estar influyendo en la escasez hídrica.
3.-
Obras realizadas y monto de inversión programada para el mejoramiento del canal Papen, en la comuna de Chiguayante.
4.-
Estado actual de los canales Ifarle y Gaete, en la comuna de Talcahuano.
5.-
Estudios contratados, debido a los desbordes del año 2006, para fijar los deslindes del río Andalién y del estero Nonguén, en la Región del Biobío.
Del señor Ministro de Salud:
Contesta solicitud, cursada en nombre del Senador señor Frei, relativa a la factibilidad de adoptar medidas que permitan al municipio de San Juan de la Costa hacer frente a la anunciada rebaja del aporte per cápita entregado por esa Secretaría de Estado.
Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo:
Envía ejemplares de los Balances de Gestión Integral 2012 de dicha Secretaría de Estado y de sus servicios dependientes o relacionados, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones:
Remite, con arreglo a lo prescrito por el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, los Balances de Gestión Integral 2012 correspondientes a las Subsecretarías y al Servicio dependientes de esa Cartera.
Del señor Ministro de Energía:
Da respuesta a consulta, enviada en nombre del Senador señor Muñoz Aburto, sobre evaluación de la conveniencia técnica y financiera de las licitaciones de bloques de explotación de hidrocarburos realizadas por el Estado, por intermedio de la Empresa Nacional del Petróleo, en los últimos años.
Del señor Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes:
Contesta petición de antecedentes, cursada en nombre del Senador señor Escalona, respecto de la posibilidad de introducir modificaciones al Fondo de Apoyo a las Artes de la Educación (FAE), en beneficio de la continuidad de las Escuelas de Cultura y Difusión Artística de la Región de Los Lagos.
Del señor Ministro Presidente (s) del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes:
Comunica que tomó conocimiento del homenaje rendido por el Senador señor Cantero al poeta Andrés Sabella, con ocasión de haberse conmemorado el centenario de su natalicio, intervención que le fue remitida en nombre de Su Señoría.
Del señor Director del Servicio Electoral:
Envía, en formato digital, nómina de locales de votación, con indicación del número de mesas receptoras de sufragio que funcionarán en cada uno de ellos, para efecto de las elecciones primarias que se realizarán el domingo 30 del presente mes.
Del señor Director Nacional (s) de Fronteras y Límites del Estado:
Remite, en cumplimiento del artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, el Balance de Gestión Integral 2012 del mencionado servicio público.
Del señor Director General de Relaciones Económicas Internacionales:
Comunica, en virtud de lo establecido en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, el Balance de Gestión Integral 2012 de esa institución.
Del señor Director Ejecutivo (s) de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile:
Informa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, el Balance de Gestión Integral 2012 de aquella entidad.
De la señora Directora Nacional (s) del Instituto Antártico Chileno:
Da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, mediante la remisión del Balance de Gestión Integral 2012 de dicho organismo.
Del señor Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante:
Da contestación a una solicitud de antecedentes, remitida en nombre del Senador señor Navarro, relativa a la captura y disposición de los crustáceos hallados en las termoeléctricas que operan en la comuna de Coronel.
De la señora Directora de Presupuestos:
Contesta petición de información, formulada en nombre de los Senadores señores Chahuán y Hernán Larraín, respecto de la glosa 14 del programa 01 del presupuesto de la Subsecretaría de Educación, relacionada con la deuda histórica de los profesores de establecimientos municipales de educación.
Del señor Director Nacional (TP) del Instituto Nacional de Estadísticas:
Expone necesidad de un estudio exhaustivo al efecto de emitir opinión institucional sobre posibilidad de que el Sistema Integrado de Información para Emergencias pueda subrogar la realización de censos; materia consultada en nombre del Senador señor Navarro.
Del señor Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales:
Da respuesta a una consulta, efectuada en nombre del Senador señor Pizarro, acerca de estado del proyecto de monumento, en la ciudad de Valparaíso, al ex Presidente de la República señor Salvador Allende, autorizado por la ley N° 19.311.
Del señor Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación:
Responde petición, cursada en nombre del Senador señor Escalona, referente a la posibilidad de habilitar una unidad de atención permanente de dicho Servicio a la población de la localidad de Pargua, en la comuna de Calbuco.
De la señora Directora del Trabajo:
Atiende consulta, remitida en nombre del Senador señor Navarro, relativa al plazo legal para que el empleador pague la remuneración convenida con un trabajador.
Responde petición de antecedentes, cursada en nombre del Senador señor Navarro, relacionada con fiscalizaciones de las condiciones laborales de los empleados de la Dirección General de Aeronáutica Civil que se desempeñan en aeropuertos.
Del señor Jefe de la División Atención y Servicios al Usuario de la Superintendencia de Pensiones:
Contesta solicitud de información, enviada en nombre de la Senadora señora Rincón, sobre situación que afecta a la señora Silvia Muñoz Avilés por la interrupción, en el mes de abril de 2013, de un aporte previsional solidario.
Del señor Director Ejecutivo (s) de la Corporación Nacional Forestal:
Envía, en cumplimiento a lo prescrito por el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, ejemplar del Balance de Gestión Integral 2012 de aquella institución.
Del señor Superintendente de Electricidad y Combustibles:
Da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, mediante la remisión del Balance de Gestión Integral 2012 de dicha entidad de control.
Del señor Superintendente (s) del Medio Ambiente:
Atiende solicitudes de antecedentes, enviadas en nombre de la Senadora señora Allende, sobre las siguientes materias:
1.-
Estado del proyecto agroindustrial Valle del Huasco; actividades de fiscalización preventiva en la comuna de Freirina con ocasión del sellado y clausura de las fosas de mortalidad de cerdos; operación de la planta de tratamiento de lodos de Maitencillo, y control de vectores.
2.-
Investigación por faltas reiteradas de la compañía minera Nevada S.A. o Barrick Gold en la ejecución del proyecto Pascua Lama, en relación con el "plan de monitoreo de glaciares" y el "sistema que permite el manejo de drenajes ácidos del depósito de estériles de Nevada Norte".
Da respuesta a solicitudes de antecedentes, cursadas en nombre del Senador señor Navarro, relativas a los siguientes asuntos:
1.-
Daño ambiental supuestamente causado por las termoeléctricas Bocamina II y Santa María en la Caleta Lo Rojas y en Playa Negra, comuna de Coronel.
2.-
Dotación de funcionarios con la que se cuenta en el país y número mensual de denuncias y de fiscalizaciones que se realizan, en agregados nacional y regionales.
Del señor Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental:
Entrega información, recabada en nombre de la Senadora señora Alvear, sobre el convenio entre las empresas AES Gener y Aguas Andinas, en materia de sus impactos en el abastecimiento de agua potable en la Región Metropolitana y en cuanto a medidas de mitigación consideradas en el estudio de impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo.
Adjunta copia de la resolución exenta N° 183/2004, de la Comisión Regional del Medio Ambiente del Biobío, solicitada en nombre del Senador señor Navarro, que calificó favorablemente el estudio de impacto ambiental del proyecto "Centro de Manejo de Residuos de Concepción".
Del señor Contralor Regional de Valparaíso:
Remite cuenta pública correspondiente al año 2012 de esa entidad regional de fiscalización.
Del señor General de Carabineros Jefe de la IX Zona Araucanía,
Carabineros de Chile:
Da respuesta a petición, remitida en nombre del Senador señor García, sobre adopción de medidas que permitan brindar más protección y seguridad a los vecinos del sector Los Volcanes, Villa Andina, de Temuco.
Del señor Secretario Regional de Vivienda y Urbanismo de la Región de La Araucanía:
Responde solicitud de antecedentes, enviada en nombre del Senador señor García, relacionada con medidas para resolver la grave situación que afecta a la Junta de Vecinos Los Volcanes, Villa Andina, de Temuco, debido a la falta de pavimentación de calle Colchane, entre Pasaje Codpa y Avenida Pedro de Valdivia.
Del señor Secretario Ministerial de Salud (s) de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena:
Comunica, en lo referente a petición de información cursada en nombre del Senador señor Bianchi, que el señor Subsecretario de Salud Pública informó, en su oportunidad, sobre sanción aplicada al Cementerio Parque Cruz de Froward.
Del señor Alcalde de Temuco:
Atiende petición, enviada en nombre del Senador señor García, respecto de la incorporación de patrullaje preventivo que realiza la unidad de Seguridad Ciudadana del sector Los Volcanes, de esa comuna.
Del señor Director (s) del Servicio de Vivienda y Urbanización, Región de La Araucanía:
Responde consulta, formulada en nombre del Senador señor García, sobre estado actual del proyecto de ensanche y prolongación de calle Las Gaviotas, Queule, en la comuna de Toltén.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informe
De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que tipifica el delito de incitación al odio racial y religioso (boletín N° 7.130-07).
--Queda para tabla.
Mociones
Del Senador señor Chahuán, con la que da inicio a un proyecto que sustituye el inciso primero del artículo 4° de la ley N° 18.700, con el objeto de autorizar a los partidos políticos o pactos electorales, en sus declaraciones de candidaturas a Senadores y Diputados, la inscripción de hasta cuatro candidatos por circunscripción o distrito, según correspondiere (boletín N° 8.965-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Del Senador señor Chahuán, con la que inicia un proyecto de reforma constitucional que faculta a una rama del Congreso Nacional para hacer presente la urgencia en la tramitación de un proyecto de ley, a petición de un número no inferior al tercio de sus miembros en ejercicio y con el acuerdo de los dos tercios de sus miembros que estén en idéntica condición (boletín N° 8.966-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Senadores señores Muñoz Aburto y Walker (don Patricio), con la que se da inicio a un proyecto de ley que incorpora en el artículo 456 bis del Código Penal la circunstancia agravante de perpetrar los delitos de robo o hurto en un establecimiento público de educación o de salud (boletín N° 8.967-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del Senador señor Chahuán, con la que inicia un proyecto de ley que establece la conmemoración en Chile, el 20 de junio de cada año, del Día Mundial de los Refugiados (boletín N° 8.968-10).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Declaraciones de inadmisibilidad
Moción de los Senadores señores Chahuán, Girardi, Rossi, Ruiz-Esquide y Uriarte, con la que proponen un proyecto de ley que modifica el Código Sanitario a fin de establecer la obligación de que los recintos de alta concentración de público cuenten con un desfibrilador externo portátil.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, conforme lo dispone el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución Política.
Moción del Senador señor Chahuán, con la que propone un proyecto que modifica la ley Nº 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, a objeto de contemplar el beneficio laboral que indica en favor de los miembros de organizaciones del voluntariado
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, en virtud de lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto, numeral 4°, del artículo 65 de la Carta Fundamental.
Proyectos de acuerdo
De los Senadores señores Navarro, Lagos y Muñoz Aburto, con el que piden a Su Excelencia el Presidente de la República el envío a tramitación legislativa de un proyecto de ley que reconozca a los soldados conscriptos que realizaron su servicio militar obligatorio en el transcurso del período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 la condición de víctimas de actos ilegales y arbitrarios del Estado de Chile y establezca el órgano calificador y el procedimiento correspondiente (boletín Nº S 1.578-12).
De los Senadores señores Navarro y Muñoz Aburto, con el que piden al Primer Mandatario se instruya la suspensión de la denominada "consulta sobre la consulta indígena" y se adopten las medidas de corrección que propone el Relator de Naciones Unidas en relación con el reglamento; y al Senado, que comunique el presente acuerdo a las entidades que se enuncian (boletín Nº S 1.579-12).
De los Senadores señores Navarro, Escalona, Lagos y Muñoz Aburto mediante el cual solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que tenga a bien instruir al señor Ministro de Agricultura para que, en virtud del principio precautorio y del rechazo por el mercado alemán a las exportaciones de miel chilena con trazas de organismos genéticamente modificados, adopte medidas eficaces de protección de la vida de las abejas y de la apicultura nacional, amenazadas por la acción de ciertos plaguicidas (boletín Nº S 1.580-12).
--Quedan para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria respectiva.
Permiso constitucional
Solicitud del Senador señor Navarro para ausentarse del territorio nacional a contar del 30 del mes pasado.
--Se accede.
Comunicaciones
Dos de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso:
Con la primera, recibida el día 23 de mayo pasado, comunica, mediante oficio, que se ha decretado en recurso de protección interpuesto a favor del señor Harald Beyer Burgos que esta Corporación informe, dentro del término de ocho días, al tenor del mencionado recurso cuya copia adjunta, debiendo acompañar todos los antecedentes que obren en su poder, bajo el apercibimiento de prescindir del informe de esta Corporación.
--Se dio cumplimiento al requerimiento del Tribunal dentro de plazo.
Con la segunda, recibida el 31 de mayo pasado, comunica, mediante oficio, que ha acogido a trámite una ampliación del mentado recurso y requiere a esta Corporación que informe, dentro del término de ocho días, al tenor de la referida ampliación, debiendo acompañar todos los antecedentes que obren en su poder, bajo el apercibimiento de prescindir del informe de esta Corporación.
--Se toma conocimiento y se reiterará lo informado al Tribunal.
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, hace más de dos años presenté un proyecto de ley en materia de inhabilidades para integrar el directorio de una sociedad deportiva profesional (boletín Nº 7.505-07), el cual quedó radicado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, la que, debido a la recarga de trabajo que la afecta, aún no lo ha tramitado.
Hoy se ha informado en la prensa de un hecho que da plena y total justificación a dicha iniciativa legal: la doble condición que aqueja a un miembro del directorio de la sociedad deportiva Unión Española, quien, al mismo tiempo, integra la fundación sin fines de lucro, Universidad SEK.
Como dije, hace más de dos años presenté ese proyecto de ley, pero todavía no se tramita.
En consecuencia, pido que esa iniciativa legal, que fija inhabilidades para participar en el directorio de empresas o de sociedades con o sin fines de lucro, se traslade a la Comisión de Hacienda para su análisis.
Me parece que ante la imposibilidad de que dicho proyecto sea tramitado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento debiese entregarse dicha responsabilidad a la de Hacienda.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Creo que su petición es totalmente procedente, Su Señoría.
La verdad es que los clubes deportivos, en su mayoría, se acogen ahora a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas y, si la Comisión de Constitución tiene demasiado trabajo, es perfectamente factible que el proyecto sea analizado por la de Hacienda, aun cuando también se encuentra con una gran sobrecarga de materias.
Si no hay objeción, se accederá a la solicitud del Senador señor Escalona.
--Así se acuerda.
El señor ESCALONA.- Gracias, señor Presidente.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán sobre la Cuenta.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, solicito que se oficie al Ejecutivo pidiéndole el patrocinio para dos mociones que fueron declaradas inadmisibles.
Por un lado, para la que suscribí junto con los Senadores señores Girardi, Rossi, Ruiz-Esquide y Uriarte, mediante la cual proponemos un proyecto de ley que modifica el Código Sanitario, a fin de establecer la obligación de los recintos de alta concentración de público de contar con un desfibrilador externo portátil.
Y, por otro, para el proyecto que modifica la ley Nº 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, a fin de contemplar el beneficio laboral que indica en favor de los miembros de organizaciones del voluntariado.
He presentado esta última iniciativa pensando, básicamente, en la situación de los bomberos, quienes cuando deben acudir a prestar sus servicios no tienen cómo compensar las horas utilizadas y, en algunas oportunidades, no son autorizados por sus empleadores.
En consecuencia, solicito el patrocinio del Ejecutivo para ambos proyectos de ley.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se enviarán al Ejecutivo los oficios correspondientes.
--Así se acuerda.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Aprovecho de saludar a los estudiantes de tercer año de la carrera de Pedagogía en Educación Básica de la Universidad UCINF, quienes han sido invitados por la Senadora Soledad Alvear y se encuentran hoy día en las tribunas.
¡Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos!
--(Aplausos en tribunas).
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, en la Cuenta se dio a conocer una comunicación remitida por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso relacionada con un recurso de protección interpuesto a favor del señor Harald Beyer, mediante la cual se solicita a nuestra Corporación que informe sobre la materia.
Entiendo que ya se habría acompañado el informe respectivo.
Me gustaría que pudiéramos conocer esos antecedentes y sería conveniente que se enviara copia de ese documento a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento por las características que este reviste, toda vez que se trata del ejercicio de una facultad privativa del Senado.
Por lo tanto, deseo saber qué se ha informado.
El señor PIZARRO (Presidente).-
No hay inconveniente, Su Señoría.
Efectivamente, tal como se señala en la Cuenta, se contestaron ambos oficios y también se comunicó a los Comités, quienes dieron el acuerdo respectivo.
No obstante, haremos llegar los textos a la Comisión para que tome conocimiento de ellos.
Además, me informa la Secretaría que se acaban de entregar a todos los señores Senadores.
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, yo también quiero tener esos antecedentes en mi poder.
Me llamó mucho la atención que un Poder del Estado sea requerido por una Corte de Apelaciones sobre una decisión que se toma de acuerdo con las normas constitucionales.
Por ello, a mí me gustaría saber de qué manera se contestó, pues me parece bastante delicado que se empiecen a judicializar las resoluciones que adopta el Senado en las materias que le corresponden.
Por lo tanto, pido que me hagan llegar los antecedentes respectivos.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Muy bien, señor Senador.
La comunicación está a disposición de todos los señores Senadores, pero igualmente se la enviaremos a quienes la soliciten.
El señor WALKER (don Patricio).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Puede hacer uso de la palabra, señor Senador.
El señor WALKER (don Patricio).-
Señor Presidente, pido que esa información sea enviada a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El señor PIZARRO (Presidente).- Así se hará, Su Señoría.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Antes de pasar al proyecto que figura en el primer lugar del Orden del Día (el que introduce la televisión digital terrestre), solicito el acuerdo de la Sala para que ingrese al Hemiciclo el Subsecretario de Telecomunicaciones, señor Jorge Atton.
Acordado.
INTRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE
El señor PIZARRO (Presidente).-
Corresponde proseguir la discusión particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que permite la introducción de la televisión digital terrestre, con segundo y nuevo segundo informes de las Comisiones de Transportes y Telecomunicaciones y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, unidas, e informe de la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6190-19) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 8ª, en 13 de abril de 2011.
Informes de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 30ª, en 5 de julio de 2011.
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Transportes y Telecomunicaciones, unidas (segundo): sesión 91ª, en 2 de enero de 2013.
Hacienda: sesión 91ª, en 2 de enero de 2013.
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Transportes y Telecomunicaciones, unidas (nuevo segundo): sesión 2ª, en 13 de marzo de 2013.
Discusión:
Sesiones 31ª, en 6 de julio de 2011 (se aprueba en general); 92ª, 93ª y 94ª, en 8, 9 y 15 de enero de 2013 (queda pendiente la discusión particular); 96ª, 100ª y 102ª, en 16 de enero, 5 y 6 de marzo de 2013 (queda pendiente la discusión particular); 1ª y 3ª en 12 y 19 de marzo (queda pendiente la discusión particular); 8ª, en 3 de abril de 2013 (queda para segunda discusión); 13ª, en 10 de abril de 2013 (queda pendiente la discusión particular); 19ª, 20ª, 21ª y 24ª, en 7, 8 y 15 de mayo de 2013 (queda pendiente la discusión particular); 25ª, en 22 de mayo de 2013 (queda pendiente la discusión particular); 26ª, en 22 de mayo de 2013 (queda para segunda discusión).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Cabe recordar que en sesión de 10 de abril del presente año se acordó la reapertura del debate respecto de los incisos séptimo y octavo del artículo 15 propuesto en el numeral 14 del proyecto, aceptándose la posibilidad de presentar una nueva indicación sobre la materia.
Por otra parte, en sesión del día 22 de mayo la Sala volvió al debate sobre dichas normas, oportunidad en la que se solicitó segunda discusión.
En consecuencia, corresponde pronunciarse sobre el inciso séptimo del artículo 15 propuesto por las Comisiones unidas (figura en la página 53 del boletín comparado), cuyo texto es del siguiente tenor:
"En toda renovación de una concesión con medios propios, la concesionaria que es su titular tendrá derecho preferente para su adjudicación, siempre que iguale la mejor propuesta técnica que garantice una óptima transmisión. Sin perjuicio de lo anterior, no gozará de derecho preferente aquel concesionario que hubiese sido sancionado por infracciones reiteradas cometidas durante la titularidad de la misma. Se considerará que ha cometido infracciones reiteradas, aquella concesionaria que en diez años o más, durante la vigencia de la concesión original o de su respectiva renovación, le hubieren sido aplicadas un número de sanciones de amonestación, multa o suspensión de transmisiones que excediere en más de un 50% al promedio anual de dichas sanciones aplicadas a la totalidad de las concesionarias en los años respectivos. Dentro del mes de enero de cada año, el Consejo publicará una estadística con el promedio de las sanciones a las concesionarias del país, cuya resolución haya quedado afirme en el año inmediatamente anterior, haciéndose mención de aquellas concesionarias que excedan el promedio de sanciones en el porcentaje señalado.".
Por su parte, el inciso octavo dispone:
"Asimismo, dentro del primer mes de los últimos doce meses de vigencia de la concesión, el Consejo comunicará a la concesionaria que no tendrá derecho preferente conforme con el inciso anterior, cuando fuere el caso, la que podrá reclamar de la determinación por no ajustarse a derecho, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 27. Si la concesionaria no reclamare o su reclamación fuere rechazada en definitiva, se procederá a la asignación de la concesión conforme con los incisos siguientes. Si la reclamación no estuviere resuelta al concluir la duración de la concesión, ésta se prorrogará hasta que la reclamación quede resuelta. En caso de ser acogida, se entenderá que la concesionaria tendrá derecho preferente desde el vencimiento original del plazo de duración de su concesión.".
Cabe consignar que por falta de quórum no se aprobó en su momento el inciso séptimo, razón por la cual se solicitó la reapertura del debate, y se rechazó el inciso octavo por cuanto era consecuencial a lo dispuesto en el séptimo.
El señor GÓMEZ.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, de conformidad con el artículo 135 del Reglamento, solicito aplazamiento de la votación.
Ese es un derecho que me asiste como Comité.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Muy bien, señor Senador.
Entonces, vamos a aprovechar, independiente de que votemos o no¿
El señor COLOMA.-
¡Cómo!
El señor PIZARRO (Presidente).-
El Senador señor Gómez solicitó aplazamiento de la votación de lo único que quedó pendiente en el proyecto sobre televisión digital.
El señor COLOMA.-
¿Pero por alguna razón?
El señor PIZARRO (Presidente).-
No es necesario que Su Señoría dé razones, señor Senador.
El señor GÓMEZ.-
Puedo explicar mis motivos si me da tiempo, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
No se complique la vida, señor Senador. No es necesario.
El señor GÓMEZ.-
Conforme.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Sí, aprovecharemos de conocer la propuesta que trajo el Ejecutivo para los dos incisos a cuyo respecto no se alcanzaron los quórums requeridos.
Le pido al señor Ministro o al señor Subsecretario la lectura de la indicación destinada a remplazar esas dos normas. Luego vendría la votación, y ahí procedería la petición del Senador señor Gómez.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ERRÁZURIZ (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones).-
Señor Presidente, de las conversaciones y de todo el intercambio de opiniones que hubo durante la larga discusión de este proyecto se recogieron los conceptos planteados, de modo de alcanzar una fórmula que permita el derecho preferente, pero asegurando que las empresas que lo tienen cumplan a cabalidad las leyes que solicitamos incorporar.
El texto sugerido dice:
"En toda renovación de una concesión con medios propios, la concesionaria que fuere su titular tendrá derecho preferente para su adjudicación, siempre que iguale la mejor propuesta técnica que garantice una óptima transmisión. Sin perjuicio de lo anterior, no gozará de derecho preferente aquel concesionario que hubiese sido condenado de manera reiterada por infracción a las leyes N° 17.336, N° 19.889 y N° 20.243, durante el año calendario inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud de renovación, o que hubiese sido sancionado, durante la vigencia de su concesión, con más de dos suspensiones de transmisiones por la causal establecida en el artículo 33 N° 3 de esta ley.
"Dentro del primer mes de los últimos doce meses de vigencia de la concesión, el Consejo comunicará a la concesionaria que no tendrá derecho preferente conforme con el inciso anterior, cuando fuere el caso, la que podrá reclamar de la determinación por no ajustarse a derecho, de acuerdo a procedimiento establecido en el inciso segundo y siguientes del artículo 27. Si la concesionaria no reclamare o su reclamación fuere rechazada en definitiva, se procederá a la asignación de la concesión conforme con los incisos siguientes. Si la reclamación no estuviere resuelta al concluir la duración de la concesión, ésta se prorrogará hasta que la reclamación quede resuelta. En caso de ser acogida, se entenderá que la concesionaria tendrá derecho preferente desde el vencimiento original del plazo de duración de su concesión.".
Ese texto recoge la preocupación que tenía la Sala en el sentido de asegurar que el derecho preferente fuera válido para quienes han sido fieles en el cumplimiento de normativas que van más allá de las leyes específicas y del Consejo Nacional de Televisión.
Gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, yo voy a respaldar la solicitud de aplazamiento de la votación que formuló el Senador Gómez, por lo siguiente.
Aquí hay, primero, una indefinición en la propuesta del Ejecutivo, porque habla del concesionario que hubiese sido "condenado de manera reiterada".
Tal expresión no tiene precisión jurídica.
¿Qué es ser "condenado de forma reiterada"? ¿Es ser condenado dos veces? ¿Diez?
Eso no está en la ley: es un criterio absolutamente subjetivo.
Quiero recordar que el asunto en discusión esta tarde tiene que ver con cómo la industria trata a los actores y con la manera en que se verifica el cumplimiento de la Ley de Propiedad Intelectual.
En la actualidad hay una situación de falta de equilibrio entre la industria y los actores, quienes están obligados muchas veces a simular contratos promovidos por aquella y no suscriben contratos de trabajo como corresponde, que sería lo mínimo que debería ocurrir en cualquier empleo.
Por eso, hemos planteado en forma insistente que se busque más bien que la industria tenga el derecho preferente si es capaz de garantizar el respeto a las leyes laborales y a la legislación sobre propiedad intelectual, y que no se ponga el peso de la prueba en los trabajadores sino en la industria, de modo que declare que no tiene juicios pendientes de ningún tipo con sus trabajadores o con los actores.
Por último, advierto aquí un problema de redacción, señor Presidente. Porque en el primer inciso se dice "durante el año calendario inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud de renovación".
¿Se supone que eso ocurre un año antes? Lo pregunto, pues el inciso segundo señala que "Dentro del primer mes de los últimos doce meses de vigencia de la concesión" -es decir, el año inmediatamente anterior a la caducidad de ella- se deberá informar a la concesionaria si va a tener derecho preferente o no.
Hay, pues, un problema de superposición de plazos.
En atención a los dos criterios expuestos, considero mejor aplazar la votación, para ver si es posible llegar a un acuerdo unánime en torno a una indicación o si, lisa y llanamente, se lleva el punto a Comisión Mixta.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, este intento de mejoramiento de la redacción se hizo justamente pensando en las observaciones planteadas por los señores Senadores tanto al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones cuanto al Subsecretario de Telecomunicaciones.
Básicamente, la indicación del Ejecutivo posibilita incorporar en la legislación en proyecto la obligación de los concesionarios de respetar las leyes números 17.336, 19.889 y 20.243, dado que las normas originales se cayeron por falta de quórum en esta Sala. Eso permitirá proteger la condición laboral de los canales con respecto a sus artistas, pero también en cuanto a sus trabajadores.
Hoy día existe una serie de abusos, especialmente porque los artistas deben formar sociedades individuales de responsabilidad limitada o de otro tipo para los efectos de suscribir contratos con los canales de televisión.
Con las normas propuestas vamos a lograr finalmente que los concesionarios cumplan la ley.
Y este es un asunto relevante. El día en que se votaron los incisos en comento, los Senadores de la Concertación salieron de la Sala e impidieron alcanzar el quórum requerido para aprobarlos.
Por tanto, hago un llamado a acoger la indicación y, así, generar condiciones para que se respeten, por una parte, la normativa laboral, y por otra, la vinculada con la propiedad intelectual, en la idea de evitar que los canales repitan programas sin otorgar una justa retribución a los artistas y creadores.
En igual sentido, acá se ha hablado de uno de los aspectos esenciales del proyecto en debate: el derecho preferente.
¿Por qué se decidió incorporar en el articulado ese derecho preferente? Básicamente porque, como hoy día muchas concesiones tienen duración indefinida (hay que decirlo con todas sus letras, sin demagogia), se procura posibilitar su migración a la televisión digital.
Ahora, en esta iniciativa de ley hemos hecho algo novedoso e importante: asociamos la pérdida del derecho preferente a la infracción de diversas normativas, tal como lo pidieron, fundamentalmente, los artistas, los creadores y el personal que labora en las concesionarias.
Porque -seamos claros-, hasta ahora, los concesionarios no tienen obligación de respetar los preceptos respectivos y los eluden mediante argucias.
Por eso, considero que las normas sugeridas van en la línea correcta.
Ahora, siempre las disposiciones son perfectibles. Pero, sin lugar a dudas, estas recogen las observaciones que nosotros -y yo lo hice también en mi carácter de Presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones- les formulamos al Ministro y al Subsecretario.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Novoa.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente, solo quiero señalar que me preocupa que en cada proyecto debamos legislar sobre materias que ya están legisladas.
Existen contratos de trabajo cuando la persona se halla en una relación de dependencia, cuando se producen una cantidad de otras circunstancias.
Ahora, si los canales de televisión no respetan la ley, es claro que deben aplicarse las reglas generales vigentes en la materia.
Es factible también que un artista no se halle en una relación de dependencia y que, en ese caso, su relación contractual con la estación televisiva sea distinta.
Yo quisiera dejar constancia de aquello, porque las intenciones pueden ser muy buenas pero la aplicación de la ley caso a caso varía según las circunstancias.
Existe una normativa del Código del Trabajo que debiera aplicarse siempre -las normas pertinentes se encuentran establecidas desde hace mucho tiempo-, y asimismo, una para quienes prestan servicios bajo una relación distinta de la de dependencia: por ejemplo, los profesionales.
Únicamente deseo hacer constar aquello. Porque no me opongo al espíritu de la norma, pero estimo, sí, que nuestra técnica legislativa deja mucho que desear.
Señor Presidente, si las empresas, los canales de televisión o cualquier persona no cumplen las leyes, la solución no radica en dictar una legislación sobre otra, sino en hacer aplicables las normas legales que existen desde siempre.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Antes de darle la palabra al Senador señor Sabag, quiero saludar a los invitados de Su Señoría: el Alcalde de Mulchén, don Jorge Rivas, quien se encuentra en las tribunas con una delegación de vecinos y dirigentes de esa comuna.
Muchas gracias por estar acá, señor Alcalde.
El señor SABAG.-
¡Cárguelo a mi tiempo, señor Presidente¿!
El señor PIZARRO (Presidente).-
¡Así se hará...!
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, nos estamos pronunciando sobre la norma relativa al derecho preferente que se otorga al titular de una concesión con medios propios para adjudicarse su renovación, siempre que iguale la mejor propuesta técnica que garantice una óptima transmisión.
El artículo respectivo incluye diversas materias, y me gustaría hacer algunos comentarios sobre varias de ellas.
En primer lugar, me parece perfectamente pertinente que una concesionaria pueda renovar su contrato, siempre que cumpla determinadas condiciones, entre ellas al menos la de igualar la mejor propuesta técnica presentada por un competidor.
No estoy de acuerdo, sin embargo, en que se elimine ese derecho preferente para el concesionario que hubiese sido sancionado por infracciones reiteradas. Y ello, no porque no me parezca correcto, sino porque la expresión "infracciones reiteradas" es poco rigurosa y adolece de vaguedad.
El proyecto dice que serán infracciones reiteradas las cometidas por el concesionario al que, en un período de diez años o más durante la vigencia de la concesión original o de la renovación respectiva, le hubieren aplicado sanciones de amonestación, multa o suspensión de transmisiones equivalentes a más de 50 por ciento del promedio anual de las sanciones impuestas a la totalidad de las concesionarias.
Ello significa que aquel concesionario tiene que haber concentrado en él más de la mitad de las sanciones. Pero eso no va a ocurrir nunca. Se trata de una cantidad de sanciones que, en términos prácticos, apunta a que la norma en comento no se aplique. Por tanto, considero que debe ser modificada indicando un porcentaje menor o una cantidad objetiva de sanciones.
De otro lado, no se especifica la naturaleza de las sanciones, las que podrían ser aplicadas por el Consejo Nacional de Televisión, por la Subsecretaría de Telecomunicaciones o por la Justicia. Cada una de estas instituciones puede imponer castigos por causas distintas. Lo lógico sería, pues, que todas las sanciones se sumaran, a los efectos del cumplimiento de las condiciones exigidas para la renovación de la concesión.
Del mismo modo, no se establece con claridad si la empresa que no accede al derecho preferente a renovar su concesión puede postular a otra, o a la misma, cumplido cierto plazo.
Además, se dispone que, si se reclama la decisión de revocar el derecho preferente, este se mantendrá mientras se resuelve la reclamación, en circunstancias de que lo natural debería ser que no fuera factible innovar en la materia, porque, a punta de alegatos jurídicos, las concesiones podrían mantenerse indefinidamente en el tiempo.
Concuerdo, por último, con la norma que dispone que no podrán otorgarse nuevas concesiones a las empresas que ya sean titulares de una concesión de la misma naturaleza, o bien, que controlen o administren otras concesionarias de servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción otorgadas por concurso público en la misma zona de servicio.
Se incluyen dos excepciones. La primera, que se trate de Televisión Nacional de Chile y que la segunda concesión sea para transmitir una señal de carácter regional, a partir de contenidos o de otros concesionarios que no cuenten con medios propios. Y la segunda, que se trate de concesionarios de servicios intermedios que únicamente provean medios de transmisión a otros concesionarios.
Creo que el propósito de evitar la monopolización es laudable. Empero, asumo que en el futuro habremos de ir perfeccionando esta norma, pues siempre hay quien encuentra la manera de burlar la legalidad.
En tal sentido, pienso que debería quedar explícito en la ley en proyecto el principio que define el propósito del legislador de no permitir los monopolios ni los monopsonios.
Señor Presidente, tengo la impresión de que no se ha calibrado debidamente el impacto de la televisión digital en los distintos ámbitos de la vida social. No se trata solo de la publicidad y del rating de las estaciones televisivas, sino, más que cualquier otra cosa, de la posibilidad de que las personas interactúen desde sus casas. Y eso...
El señor PIZARRO (Presidente).-
Perdón, señor Senador, pero concluyó su tiempo.
Su Señoría dispone de un minuto adicional.
El señor SABAG.-
Muchas gracias.
Decía, señor Presidente, que eso abre un tremendo abanico de alternativas para la organización social y para la actividad política.
Respecto al contenido del proyecto, resulta especialmente significativa la definición de "correcto funcionamiento", porque allí reside la esencia de lo que queremos tener como sistema televisivo en el futuro, en el entendido de que prima la visión de un modelo en el que la televisión esté al servicio de la sociedad y no sea una simple actividad comercial más.
En todo caso, se debe dejar constancia del compromiso de las Comisiones unidas por consultar las opiniones de la mayor y más amplia cantidad de instituciones y personas vinculadas con el ámbito del proyecto que estamos discutiendo.
Gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Procederemos a votar la indicación que llegó a la Mesa.
Por favor, señor Secretario, léala.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La indicación propuesta como incisos séptimo y octavo del artículo 15 es del tenor siguiente:
"En toda renovación de una concesión con medios propios, la concesionaria que fuere su titular tendrá derecho preferente para su adjudicación, siempre que iguale la mejor propuesta técnica que garantice una óptima transmisión. Sin perjuicio de lo anterior, no gozará de derecho preferente aquel concesionario que hubiese sido condenado de manera reiterada por infracción a las leyes N° 17.336, N° 19.889 y N° 20.243, durante el año calendario inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud de renovación, o que hubiese sido sancionado, durante la vigencia de su concesión, con más de dos suspensiones de transmisiones por la causal establecida en el artículo 33 N° 3, de esta ley.
"Dentro del primer mes de los últimos doce meses de vigencia de la concesión, el Consejo comunicará a la concesionaria que no tendrá derecho preferente conforme con el inciso anterior, cuando fuere el caso, la que podrá reclamar de la determinación por no ajustarse a derecho, de acuerdo al procedimiento establecido en el inciso segundo y siguientes del artículo 27. Si la concesionaria no reclamare o su reclamación fuere rechazada en definitiva, se procederá a la asignación de la concesión conforme con los incisos siguientes. Si la reclamación no estuviere resuelta al concluir la duración de la concesión, ésta se prorrogará hasta que la reclamación quede resuelta. En caso de ser acogida, se entenderá que la concesionaria tendrá derecho preferente desde el vencimiento original del plazo de duración de su concesión.".
Esta normativa es de rango orgánico constitucional. Requiere 21 pronunciamientos a favor para ser aprobada.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Vamos a abrir la votación, para lo cual solicito que se toquen los timbres.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
¿Hay permisos constitucionales?
El señor PIZARRO (Presidente).-
¿El Honorable señor Letelier desea fundamentar su posición?
El señor LETELIER.-
No, señor Presidente. Quisiera exponer un aspecto previo.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Puede hacerlo, Su Señoría.
El señor LETELIER.-
Entiendo que se necesita unanimidad para considerar una indicación, dado que ya medió un rechazo.
Lo anterior, en primer lugar.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Hay un acuerdo previo de la Sala en el sentido de reabrir la discusión sobre la base de una propuesta presentada tanto por el Ejecutivo como por señores Senadores.
Si no, se habría tenido que votar el inciso actual.
Por eso, estoy sometiendo¿
El señor LETELIER.-
En desconocimiento de ello, señor Presidente -entendía que, reglamentariamente, como esta es una materia ya abordada, era exigible un acuerdo unánime-, destaco la conveniencia de que el Ejecutivo concuerde en suspender la votación, porque el texto es inviable. En efecto, se plantea que el concesionario tiene que haber sido condenado de manera reiterada por infracción de las tres leyes -¡de las tres!- para perder el derecho preferente.
La redacción es poco prolija. Recomiendo, entonces, que no se siga adelante y que el punto pueda ser replanteado, porque el Ejecutivo no debería proceder apuradamente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
En consecuencia, la duda surge porque se contempla la palabra "y" en la enumeración de leyes, lo que a usted lo lleva a pensar que tienen que concurrir las tres. La corrección consiste en utilizar la conjunción "o".
El señor LETELIER.-
Se debería precisar, señor Presidente, lo que significa la expresión "de manera reiterada". Debe tratarse de algo cierto, porque, si no, se cae en subjetivismo.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Sí.
El señor LETELIER.-
Y eso es lo que se le pidió determinar al Ejecutivo.
Si son dos veces, como me lo ha insinuado el asesor jurídico del señor Ministro, señalemos que se requieren sendas condenas "por infracciones de".
Repito que ello tiene que ser cierto. No puede existir ambigüedad, porque se caería en el ámbito de un subjetivismo inadecuado para lo que estamos haciendo.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Acogiendo la cuestión previa consignada por Su Señoría, vamos a suspender la votación, entonces.
El señor COLOMA.-
¿Por qué?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Es preciso hacer la corrección formal.
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, quiero formular una sugerencia.
Comprendo que es preciso hacer lo que usted expresa, para los efectos de que no se entienda que la infracción reiterada es a tres leyes, copulativamente, sino a cualquiera de ellas.
Me parece que ese es un aporte relevante.
Entiendo que el propósito es abrir la votación, pero, para que sea posible efectivamente destrabarla, mi Honorable colega Letelier podría haber pedido pronunciarse por separado sobre la palabra "reiterada", lo que permitiría resolver tanto al respecto como sobre la versión que han entregado, en definitiva, el Ejecutivo y un grupo de Senadores. De ese modo, despacharíamos finalmente el proyecto de ley.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Estamos revisando un punto por acuerdo unánime de la Sala, en el entendido de que se presenta una propuesta consensuada.
Ya se ha considerado una corrección -a todas luces, clara-, consistente en cambiar la palabra "y" por "o", de manera que las infracciones digan relación con cada una de las leyes y no con las tres juntas.
Lo que va quedando es la especificación de lo que significa ser condenado "de manera reiterada" -el Honorable señor Letelier ha hecho presente la conveniencia de cuantificarlo-, lo que podría ser dos veces.
El señor LETELIER.-
Al menos.
El señor PIZARRO (Presidente).-
También cabría que fueran más. Por buscar la precisión, alguien que a lo mejor ha incurrido en cuatro infracciones va a decir: "Se hace referencia solo a dos. Como he cometido cuatro, entonces no me pueden"¿
El señor LETELIER.-
Soy partidario de una determinación.
El señor PIZARRO (Presidente).-
"Dos o más".
El señor LETELIER.-
Conforme.
El señor PIZARRO (Presidente).-
¿Señor Ministro?
El señor ERRÁZURIZ (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones).-
Me gustaría que fueran más, pero¿
El señor NOVOA.-
¡Esta no es forma de legislar! ¿Vamos a empezar a negociar? ¡Para la cuestión que nos ocupa están los tribunales!
El señor PIZARRO (Presidente).-
Estoy apelando nada más que al espíritu con que intentamos despachar el proyecto, Su Señoría, si hay acuerdo. Si no lo hay, vamos a volver a votar lo anterior.
Entonces, el texto diría: "que hubiese sido condenado dos o más veces por infracción a las leyes 17.336, 19.889 o 20.243".
En votación la indicación, con las enmiendas a que se ha hecho referencia.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba la indicación por 24 votos contra 3, dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido, y queda despachado en particular el proyecto.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Muñoz Aburto, Novoa y Rossi.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Aunque parezca increíble, ha concluido el segundo trámite de la iniciativa.
Se agradece el esfuerzo.
--(Aplausos en la Sala).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ERRÁZURIZ (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones).- Señor Presidente, solo deseo agradecer al Senado. Realmente ha sido un trabajo intenso, maratónico. No sé si es el proyecto de ley más largo que ha discutido la Sala. Creo que aprendimos mucho. Estamos muy contentos, en verdad, de que se haya terminado.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Gracias a usted, señor Ministro.
REEMPLAZO DE RÉGIMEN CONCURSAL VIGENTE POR LEY DE REORGANIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS Y PERSONAS
El señor PIZARRO (Presidente).-
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional e iniciado en mensaje, que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo, con segundo informe de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Economía, unidas, e informe de la Comisión de Hacienda. La urgencia ha sido calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el primer proyecto, contenido en el boletín N° 8324-03 figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 21ª, en 23 de mayo de 2012.
Informe de Comisión:
Economía: sesión 27ª, en 19 de junio de 2012.
Discusión:
Sesión 29ª, en 20 de junio de 2012 (se aprueba en general).
--Los antecedentes sobre el segundo proyecto, contenido en el boletín N° 8492-13 figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 39ª, en 7 de agosto de 2012.
Informe de Comisión:
Trabajo y Previsión Social: sesión 94ª, en 15 de enero de 2013.
Discusión:
Sesión 96ª, en 16 de enero de 2013 (se aprueba en general).
Informes de proyectos refundidos:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Economía, unidas (segundo): sesión 23ª, en 14 de mayo de 2013.
Hacienda: sesión 23ª, en 14 de mayo de 2013.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Hago presente que se trata de dos boletines, ya que la iniciativa se unió con el proyecto que establece la quiebra como causal de término del contrato de trabajo y adecua normas de otras leyes. Una y otro fueron aprobados en general en sesiones de 20 de junio de 2012 y 16 de enero de 2013, respectivamente, y refundidos por acuerdo de la Sala de fecha 22 de enero de 2013.
Las Comisiones unidas dejan constancia, para los efectos reglamentarios, de que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los artículos 13, 32, 43, 62, 85, 87, 139, 141, 181, 200, 244, 304, 307, 309, 319, 335, 337, 344, 346, 351, 355, 356, 358, 363, 370, 382, 383, 386 y 389.
Es preciso consignar que, de estas disposiciones, los artículos 141, 307, 337 y 351, que inciden en normas de rango orgánico constitucional, requieren 21 votos para ser aprobados.
Esta es la primera parte de la relación.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Es mejor que la haga completa, señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Prosigo, señor Presidente.
Las Comisiones unidas efectuaron una serie de modificaciones al proyecto acogido en general, todas las cuales fueron aprobadas por unanimidad, con excepción de una, que será puesta en discusión y votación oportunamente.
Por su parte, la Comisión de Hacienda realizó cinco enmiendas al texto despachado por las Comisiones unidas, acordadas por unanimidad. Entre ellas se encuentran las recaídas en el artículo 94 y el artículo 8° transitorio, modificados en un sentido diverso, también por unanimidad, en estos últimos órganos técnicos.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición o que existan indicaciones renovadas. De dichas modificaciones, las recaídas en los artículos 3°, 19, 69, 143, 144, 148, 297, 298, 302, 305, 311, 313, 315, 316, 318, 320, 321, 322, 324, 326, 327, 328, 330, 331, 339, 343, 347 -con excepción del artículo 463 que contiene, aprobado solo por mayoría-, 357 y 391, permanentes, y en los artículos 8° y 11, transitorios, requieren 21 votos para su aprobación, por incidir en normas de rango orgánico constitucional.
A su vez, la enmienda recaída en el artículo 375 debe aprobarse con 19 votos, por ser una norma de quórum calificado.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las modificaciones efectuadas por las Comisiones unidas y la Comisión de Hacienda, y la redacción que resultaría de ser aprobadas.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para que la Superintendenta de Quiebras, señora Josefina Montenegro, pueda ingresar al Hemiciclo.
Acordado.
En discusión particular.
Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).-
Señor Presidente, si se me permite, voy a hacer un resumen. Solicito a la Mesa recabar el acuerdo necesario para incorporar la exposición in extenso en la Versión Oficial, a fin de no ocupar demasiado tiempo, pues Sus Señorías observarán la envergadura del informe de las Comisiones de Constitución y de Economía, unidas -a ello se suma el de la Comisión de Hacienda-, habiéndose celebrado 17 sesiones de trabajo, la gran mayoría de ellas presididas por mi Honorable colega Hernán Larraín.
El proyecto contiene el nuevo estatuto general de procedimientos concursales destinados a reorganizar o a liquidar los pasivos y activos de una empresa deudora y a repactar los pasivos o a liquidar los activos de una persona deudora. Al efecto, comprende 345 artículos que derogan la actual ley de quiebras y regulan la nueva reorganización y liquidación, y otros 57 que adecuan normas vigentes al propósito del proyecto, además de 11 disposiciones transitorias.
La iniciativa se discutió latamente en las Comisiones unidas, donde se contó con la participación permanente de una comisión técnica integrada por especialistas que asistieron a diversos Senadores, académicos de Derecho Comercial y de Derecho Penal, y el equipo permanente de la Superintendencia de Quiebras, encabezado por la titular, señora Josefina Montenegro.
Les extendemos un reconocimiento a esta última y a todos sus asesores, así como también a los profesores de Derecho Comercial que nos acompañaron, quienes hicieron un aporte enorme.
Es preciso destacar que casi la totalidad de los acuerdos adoptados por las Comisiones unidas fueron aprobados unánimemente. Al respecto, le pido al señor Secretario poner atención: de las 217 votaciones realizadas, solo una de ellas fue por mayoría, de 4 votos a favor y 2 abstenciones. Por mi parte, retiro estas últimas, correspondientes a mi pronunciamiento por derecho propio y por intervenir en lugar de otro señor Senador. De este modo, si es posible, ojalá se apruebe todo por unanimidad y no se abra discusión respecto de la única norma acogida por mayoría.
Hay muchísimas nuevas materias que se incluyen en esta futura ley, la que en su nueva versión contará con lo siguiente:
Jueces especializados
Los procedimientos concursales serán conocidos por el juez del domicilio del deudor; pero, en aquellas ciudades donde proceda distribución de causas, habrá radicación preferente de estos asuntos en los tribunales que tengan capacitación especial sobre la materia, capacitación que efectuará la Academia Judicial.
Boletín Concursal
Se dispondrá de una plataforma web, de acceso público y gratuito, a través de la cual se harán todos los avisos públicos sobre tales procedimientos.
Ahora, respecto de los temas centrales que viene a regular este nuevo estatuto general de procedimientos concursales, destacan los siguientes:
a) Creación de las figuras de veedores y liquidadores.
b) Nuevos procedimientos para la empresa deudora y para la persona deudora.
c) Nuevo martillero concursal.
d) Acciones concursales revocatorias.
e) Insolvencia transfronteriza.
f) Nueva Superintendencia.
g) Modificaciones a otros cuerpos legales.
Explicaré brevemente cada una de estas materias.
a) Veedores y liquidadores
Son profesionales que integran una nómina que mantiene la Superintendencia.
Los veedores tienen por misión propiciar acuerdos entre el deudor y sus acreedores. Estos acuerdos son uno de los principios orientadores de la nueva institucionalidad concursal, porque sus diversas disposiciones crean una serie de incentivos para que las empresas en crisis puedan ser reorganizadas. Solo las que están en fase irrecuperable van a ser liquidadas.
Paralelamente, la figura del liquidador tiene por principal misión incautar e inventariar los bienes del deudor, liquidarlos y repartir su producto entre los acreedores. El liquidador opera cuando no se logra en el procedimiento un acuerdo entre el deudor y los acreedores.
b) Nuevos procedimientos para la empresa deudora y para la persona deudora
Tales procedimientos tendrán dos vías de inicio:
1.-
A través de una propuesta de reorganización, en el caso de las empresas deudoras -ello viene a constituir el nuevo tratamiento sistémico de los hoy denominados "convenios"-,¿
El señor PIZARRO (Presidente).-
Se acabó su tiempo, señor Senador.
¿Cuánto más necesita?
El señor WALKER (don Patricio).-
Unos 7 minutos más, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Okay.
Puede continuar, Su Señoría.
El señor WALKER (don Patricio).-
¿o una de renegociación, si se trata de personas naturales que no sean comerciantes. Mediante estas propuestas se abre un término de negociación con los acreedores, que concluye en un acuerdo que contiene una reestructuración de las deudas y un calendario de pagos.
2.-
Si no se llega a dicho acuerdo o si se cumplen ciertos requisitos objetivos, los acreedores podrán iniciar un procedimiento de liquidación, que es un procedimiento judicial colectivo mediante el cual se liquidan todos los bienes del deudor, se reparte su producto entre los acreedores a prorrata de sus créditos y, con ello, todas las obligaciones de ese deudor quedan saldadas.
Respecto de los procedimientos para las empresas deudoras, cabe destacar que la iniciativa considera un mecanismo de acuerdo de reorganización extrajudicial o simplificado, a través del cual se puede llegar a un acuerdo directo con los acreedores por la vía desformalizada. El proyecto de acuerdo que se negocia mediante tal procedimiento debe ser autorizado por un veedor, y durante su negociación se producirá un efecto similar al de la protección financiera concursal, siempre y cuando dicho proyecto esté suscrito por dos o más acreedores que en conjunto representen, a lo menos, tres cuartas partes del pasivo de la empresa deudora. Si el acuerdo se adopta, deberá ser aprobado judicialmente para que surta efecto.
En cuanto a los procedimientos relativos a las empresas deudoras, estos pueden ser voluntarios o forzados. En el primer caso, el procedimiento partirá con una solicitud presentada en tal sentido por la propia empresa deudora ante el tribunal competente. Y el procedimiento forzoso de liquidación procede si no se logra un acuerdo de reorganización o directamente si la empresa deudora no hubiere presentado una propuesta de reorganización.
Para los procedimientos forzosos se nombra un liquidador, el que incautará los bienes y llamará a una primera junta de acreedores para discutir los pasos a seguir.
El control del procedimiento de liquidación y de la gestión del liquidador estará a cargo de la junta de acreedores, que se constituirá en audiencias sucesivas para vigilar la regularidad del procedimiento.
En cuanto a los procedimientos relativos a la persona deudora, cabe resaltar que estos corresponden a una de las principales novedades del proyecto. Ellos se aplicarán a personas naturales que no sean empresarios y que tengan dos o más obligaciones vencidas por más de 120 días, siempre que estas sumen 80 UF o más.
No sé cuánto tiempo me queda, señor Presidente.
El señor ORPIS.-
Que disponga de los minutos que sean necesarios.
El señor PROKURICA.-
Claro.
El señor WALKER (don Patricio).-
En el poco tiempo que resta no alcanzaré a hablar de otras materias relevantes: martillero concursal, acciones concursales revocatorias...
El señor PIZARRO (Presidente).-
Señor Senador, no se preocupe.
Siga con su informe. Le concederé los minutos suficientes.
El señor WALKER (don Patricio).-
Gracias, señor Presidente.
En los procedimientos en comento, la persona deudora, sobre la base de un formulario establecido, deberá hacer un listado detallado de sus deudas y bienes y proponer un acuerdo de renegociación para pagar sus obligaciones. La Superintendencia del ramo determinará su admisibilidad y citará a los acreedores a una junta donde se discutirá la renegociación de las obligaciones del solicitante. Esto le significará a la persona deudora una protección similar a la de la protección financiera concursal, durante el período en que se discuta la renegociación. En el evento de no existir acuerdo, se realizará la ejecución forzada de sus bienes, y, una vez concluido este procedimiento, se tendrán por extinguidas sus deudas.
Asimismo, la persona deudora, siempre que cumpla con los requisitos, podrá estarse a los procedimientos concursales de la ley, a través de una solicitud de liquidación voluntaria presentada ante el tribunal correspondiente.
En esta materia, las Comisiones unidas consideraron también las propuestas contenidas en el proyecto de ley, originado en moción del Honorable señor Letelier, que regula la declaración de insolvencia calificada para el deudor persona natural que no es comerciante.
c) Martillero concursal
La presente iniciativa legal crea también la figura del martillero concursal, que son martilleros públicos nombrados por la autoridad, previo examen ante la Superintendencia. Ellos integrarán un registro llevado por esta repartición y se someterán a su fiscalización.
Se encargarán de la venta, en pública subasta, de los bienes objeto de procedimientos de liquidación concursal y podrán hacerse cargo también de la venta, por esta vía, de bienes inmuebles, lo que en la actualidad les está vedado, pues los remates judiciales de propiedades raíces se hacen en los tribunales.
d) Acciones concursales revocatorias
El proyecto contempla una serie de acciones judiciales para que los liquidadores de los procedimientos concursales o uno o más de los acreedores de estos puedan anular contratos o transacciones efectuadas por el deudor que hayan generado, de manera imprudente o abiertamente dolosa, disminución de su patrimonio.
e) Insolvencia transfronteriza
La iniciativa también considera un capítulo especial relativo a la insolvencia transfronteriza, que se aplica cuando el deudor sujeto al procedimiento concursal tiene establecimientos, bienes o acreedores en jurisdicciones de distintos estados.
f) Nueva Superintendencia
La ley en proyecto crea la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que será la continuadora legal de la actual Superintendencia de Quiebras.
Esta nueva institución tendrá una dotación reforzada de personal para hacer frente a sus nuevas obligaciones: evaluar, registrar y vigilar la gestión de los veedores y liquidadores; mantener en funcionamiento el Boletín Concursal, y prestar apoyo a los procedimientos administrativos que involucren a las personas naturales deudoras que se sometan a un procedimiento concursal de renegociación de sus deudas.
g) Modificaciones a otros cuerpos legales
Destacan las normas que establecen un nuevo estatuto penal aplicable a la persona natural deudora o a la empresa deudora que, dolosamente, abulte la declaración de sus deudas, oculte bienes o celebre contratos o transacciones que, maliciosamente, perjudiquen a sus acreedores, y a los veedores o liquidadores que traicionen el encargo de confianza que les hace la junta de acreedores.
Se consideran también normas especiales que regulan la situación de los trabajadores en los procedimientos concursales. Por ejemplo, se establece como causal de término de contrato de trabajo la dictación de la resolución de liquidación de la empresa deudora.
Delitos concursales incorporados en el proyecto de ley
Uno de los aspectos más relevantes en la presente iniciativa es lograr romper el prejuicio social que conlleva el fracaso de un emprendimiento, situación que se ve favorecida con la actual Ley de Quiebras.
El objeto del proyecto es eliminar las normas que presuman la quiebra como culpable o fraudulenta. Para ello, se trasladan las conductas punibles del Libro IV del Código de Comercio al Código Penal, incorporando un nuevo Título IX en su Libro II, donde se establecen nuevos tipos penales.
Eso sí, respecto de tales delitos tuvimos dos reparos, que paso a exponer.
Nueva propuesta de artículo transitorio
La actual Ley de Quiebras contiene normas penales que tipifican delitos concursales para las figuras de quiebra culpable y quiebra fraudulenta. En este ámbito el proyecto deroga la normativa vigente y crea nuevas figuras penales, que se incorporan en un nuevo Título dentro del Código Penal, las que tienen por objeto sancionar las conductas ilícitas cometidas en relación con la nueva ley. Para evitar cualquier confusión acerca de la posibilidad de que se aplique la retroactividad de la ley en los casos que sean más favorables a la persona condenada y con la finalidad de distinguir un delito de otro, se propone un nuevo artículo transitorio, del siguiente tenor: "Artículo 14 transitorio.-
Las disposiciones penales de la presente ley sólo se aplicarán a los hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia".
Es muy relevante, señor Presidente, acoger tal proposición. Ojalá contemos con el acuerdo de la Sala para ello.
Oficio de Fiscal Nacional del Ministerio Público
Don Sabas Chahuán envió un oficio en el que plantea los problemas que podría generar la aplicación del artículo 149 de la iniciativa en examen, que pasó a ser 150, sobre medidas cautelares en sede criminal. En él comentó sus aprensiones acerca de las consecuencias de la aplicación de la norma, estimando que estas quedarían sin efecto en virtud de una resolución de liquidación dictada con ocasión de un procedimiento concursal, sin distinguir el tipo de delito de que se trate, lo que podría dejar a la víctima con menos posibilidades de resarcirse de los daños que ocasionó el delito.
Todos compartimos la preocupación manifestada, en el sentido de que debe prevalecer el interés de la víctima de un delito por sobre el de los acreedores, en los casos en que la víctima no sea la acreedora.
Por ello, acogimos la petición del señor Fiscal Nacional, en orden a complementar la norma, incorporando una nueva frase en la primera parte del artículo 150, que señalaría lo siguiente: "Medidas cautelares en sede criminal. Aquellas medidas cautelares que afecten a bienes del deudor, concedidas con ocasión de acciones de naturaleza criminal reguladas en el Título IX del Libro Segundo, del Código Penal,". Es decir, se las circunscribe a los delitos contra la propiedad.
Como dije al inicio de mi exposición, señor Presidente, el informe es mucho más largo. Traté de resumirlo. Por eso, pido que el documento íntegro se inserte en la Versión Oficial, de modo que quienes quieran consultarlo puedan disponer de la información completa.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará la solicitud de Su Señoría.
Aprobada.
)----------(
--El documento que se acordó adjuntar es del siguiente tenor:
"Minuta sobre los proyectos de ley, en primer trámite constitucional, que sustituyen el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de activos de empresas y personas y perfeccionan el rol de la Superintendencia del ramo, y que establecen la quiebra como causal de término de contrato de trabajo y adecuan normas de otras leyes.
"BOLETINES N°s 8.324-03 y 8.492-13, refundidos.
"Señor Presidente:
"El proyecto referido por el señor Secretario establece el nuevo estatuto general de procedimientos concursales destinados a reorganizar y/o liquidar los pasivos y activos de una Empresa Deudora, y a repactar los pasivos y/o liquidar los activos de una Persona Deudora. Al efecto, esta iniciativa deroga la ley de quiebras vigentes.
"La iniciativa considera como regla general que todos los procedimientos concursales serán conocidos por el juez del domicilio del deudor. A su vez, se establece que en las ciudades asiento de Corte -donde hay más de un juez de letras en lo civil- la distribución de las causas será regulada por un auto acordado, que indicará la radicación preferente de estos asuntos en los tribunales que cuenten con una capacitación especial sobre temas concursales, la que estará a cargo de la Academia Judicial.
"Se establece también en el proyecto un sistema informático llamado "Boletín Concursal", que es una plataforma web puesta a disposición del sistema por la nueva Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, de acceso público y gratuito, a través de la cual se harán todos los avisos públicos correspondientes a los diversos procedimientos concursales.
"Veedores y liquidadores
"La ley crea la figura del veedor, que es un profesional que integra una nómina que mantiene la Superintendencia y que tiene por misión principal propiciar acuerdos entre el deudor y sus acreedores. Estos acuerdos son uno de los principios orientadores de la nueva institucionalidad concursal, porque sus diversas disposiciones crean una serie de incentivos para que las empresas en crisis puedan ser reorganizadas, y sólo las que están en fase irrecuperable sean liquidadas.
"Para ser veedor se requiere contar con un título profesional de contador auditor o de una profesión de a lo menos diez semestres de duración, otorgado por universidades del Estado o reconocidas por éste, o por la Corte Suprema, en su caso; cinco años de ejercicio de la profesión; aprobar un examen de conocimientos ante la Superintendencia, y otorgar en tiempo y forma una garantía de 1.000 UF. La remuneración del veedor la fijan las partes de común acuerdo.
"Paralelamente, la ley crea la figura del liquidador, que es un profesional que integra una nómina que mantiene la Superintendencia y que tiene por principal misión incautar e inventariar los bienes del deudor; liquidarlos y repartir su producto entre los acreedores. El liquidador opera cuando no se logra en el procedimiento un acuerdo entre el deudor y los acreedores. Para ser liquidador se requiere cumplir con requisitos similares a los que la ley prevé para los veedores.
"La remuneración del liquidador se determina por una tabla regresiva establecida en la ley, y se prevé que si el proceso no tiene recursos o estos son inferiores a 1.000 UF, el Estado, a través de la Superintendencia, pagará una suma única de 30 UF como remuneración del liquidador.
"Procedimientos
"Sobre este punto hay que distinguir. Por una parte hay procedimientos especiales para empresas deudoras y otros para las personas naturales deudoras que no sean empresarios. Estos últimos son una de las principales novedades del proyecto.
"En segundo lugar, los procedimientos tienen dos vías de inicio: por un lado el procedimiento puede iniciarse a través de una propuesta de reorganización -en el caso de las empresas deudoras-, o una de renegociación -en el caso de las personas naturales que no sean comerciantes-. Posteriormente a la presentación de las referidas propuestas se abre un término de negociación con los acreedores, que concluye con un acuerdo de reorganización -para el caso de las empresas- o de renegociación -para el caso de las personas- que contiene una reestructuración de las deudas y un calendario de pagos.
"Si no se llega al acuerdo anterior, o si se cumplen ciertos requisitos objetivos, los acreedores pueden iniciar un procedimiento de liquidación, que es un procedimiento judicial colectivo mediante el cual se liquidan todos los bienes del deudor, se reparte su producto entre los acreedores a prorrata de sus créditos, y con ello todas las obligaciones de ese deudor quedan saldadas.
"La otra vía de inicio es que la propia empresa deudora o persona natural deudora, que cumpla los requisitos que establece la ley, solicite la liquidación voluntaria de todos sus bienes para saldar todas sus obligaciones.
"Procedimientos relativos a la empresa deudora
"El procedimiento se inicia por la presentación, por parte de la empresa deudora, de un formulario cuyo modelo estará disponible en la página web de la Superintendencia. Esta solicitud contiene una relación de todos los bienes y deudas de la empresa deudora, y la identificación de todos sus acreedores.
"Esta presentación será revisada por el tribunal competente, el que si considera que cumple con los requisitos legales dictará la resolución de reorganización. El efecto principal de esta resolución es que se abre un plazo llamado "de protección financiera concursal", en virtud del cual no podrán iniciarse en contra de la empresa deudora juicios ejecutivos de ninguna especie, se suspenderán los pendientes, y no se podrán acelerar por esta causa los contratos vigentes. Como contrapartida, la empresa deudora quedará sometida a la intervención de un veedor nombrado en la misma resolución, y no podrá gravar ni enajenar sus bienes, ni modificar sus estatutos.
"Esta `protección financiera concursal' estará limitada en el tiempo por la misma resolución judicial que le dio lugar, la que también contendrá la orden de publicar un aviso sobre el punto en el Boletín Concursal, notificará a los acreedores a efectos de que verifiquen sus créditos, y citará a la primera junta de acreedores para discutir la propuesta de acuerdo que elabore la empresa deudora, que debe ser calificada previamente por el veedor nombrado.
"Esta propuesta de acuerdo podrá ser separada por clases o categoría de acreedores, atendiendo a la preferencia para el pago que ostenten sus créditos (por ejemplo, créditos con garantía hipotecaria o prendaria, o provenientes de obligaciones laborales o tributarias).
"En base a la verificación realizada, el veedor construirá una nómina de créditos reconocidos, la que será publicada en el Boletín Concursal. Luego de la publicación se abrirá un término para presentar impugnaciones a esta nómina, y habrá un procedimiento judicial para resolverlas.
"De la etapa anterior surgirá una nómina definitiva de créditos reconocidos. Esta nómina determinará quiénes tienen derecho a voto en la junta de acreedores y cuánto derecho a voto tienen, el que equivaldrá al monto de su crédito. Sobre el particular, los acreedores garantizados (prendarios o hipotecarios) tendrán un derecho a voto equivalente al valor de su garantía. Para estos efectos, el objeto de la votación será la propuesta de acuerdo que presentó el deudor.
"En caso de aprobarse el acuerdo por la mayoría de los acreedores de cada clase o categoría, este regirá desde que venza el plazo para impugnarlo, y será oponible a todos los acreedores de cada clase o categoría, hayan o no concurrido a la junta respectiva. Sobre el particular, el proyecto contempla, como forma de incentivar estos acuerdos de reorganización, que la remisión de deudas, intereses o reajustes que se hayan acordado se entenderá como gasto necesario para producir la renta de los acreedores afectados, y se crea también un mecanismo para recuperar el crédito fiscal que se haya generado en las operaciones de la empresa deudora y sus acreedores.
"Además, la iniciativa también considera un mecanismo de acuerdo de reorganización extrajudicial o simplificado, mediante el cual la empresa deudora puede llegar a un acuerdo directo con sus acreedores por la vía desformalizada. El proyecto de acuerdo que se negocie a través de este procedimiento deberá ser autorizado por un veedor, y durante su negociación de producirá un efecto similar al de la protección financiera concursal, siempre y cuando este proyecto esté suscrito por dos o más acreedores que en conjunto representen a lo menos tres cuartas partes del pasivo de la empresa deudora. Si el acuerdo se adopta, deberá ser aprobado judicialmente para que surta efecto.
"En caso de rechazarse el acuerdo de reorganización común o simplificado, el tribunal dictará la resolución de liquidación de la empresa deudora, se nominará a un liquidador y se iniciará un procedimiento conjunto de liquidación de bienes.
"El procedimiento de liquidación puede ser voluntario o forzado. En el primer caso el procedimiento partirá con una solicitud presentada en tal sentido por la propia empresa deudora ante el tribunal competente. A su vez, el procedimiento forzoso de liquidación procede si no se logra un acuerdo de reorganización o directamente si la empresa deudora que no haya presentado una propuesta de reorganización cae en ciertos supuestos objetivos:
"-Cesa en el pago de una obligación que consta en un título ejecutivo.
"-Si existen en su contra dos o más títulos ejecutivos vencidos, provenientes de obligaciones diversas, encontrándose iniciadas a lo menos dos ejecuciones, y no hubiere presentado bienes suficientes para responder a la prestación que adeude.
"-Si el dueño o los representantes legales de la empresa deudora se fugan.
"Para iniciar este procedimiento judicial de liquidación forzosa se requiere acreditar la condición de acreedor y acompañar al tribunal un vale vista o boleta bancaria por 200 UF para sufragar los gastos del procedimiento.
"Si la presentación del demandante cumple con los requisitos legales se nombrará un liquidador para incautar e inventariar los bienes de la empresa deudora, y se llamará a una primera junta de acreedores para discutir los pasos a seguir.
"Frente a la solicitud de liquidación forzosa la empresa deudora puede oponerse, abriéndose al efecto un procedimiento judicial de oposición en el que ese demandado puede controvertir la existencia y cuantía de los créditos que sirven de fundamento para el procedimiento de liquidación.
"En caso de que no se hubiere presentado oposición a la solicitud de liquidación, o si esa oposición en definitiva fuera rechazada, el tribunal dictará la resolución de liquidación forzosa, y el liquidador procederá a realizar el patrimonio de la empresa deudora. A este respecto, el proyecto contiene muchas reglas precisas que regulan la forma como el liquidador incautará, administrará y enajenará los bienes de la empresa deudora, cómo se contabilizaran los créditos, intereses y reajustes de los créditos que componen la masa de acreedores, cómo procederán las compensaciones, y cómo se hará el reparto.
"Sobre el particular, también hay reglas especiales aplicables a los contratos de arrendamiento con opción de compra; a los valores en custodia de empresas deudoras que tengan el carácter de instituciones financieras y que provengan de operaciones de derivados con bancos en el exterior, y para la acumulación de otros juicios que puedan estar pendientes contra esa misma empresa deudora.
"El control del procedimiento de liquidación y de la gestión del liquidador estará a cargo de la junta de acreedores, que se constituirá en audiencias sucesivas para vigilar la regularidad del procedimiento.
"Esta iniciativa legal crea también la figura del martillero concursal, que son martilleros públicos anteriormente nombrados como tales por la autoridad. Estos martilleros públicos adquieren la calidad de martilleros concursales si acreditan sus conocimientos especiales en materia concursal mediante un examen rendido ante la Superintendencia, se integran a un registro llevado por esa repartición y se someten a su fiscalización. Los martilleros concursales se encargarán de la venta en pública subasta de los bienes objeto de procedimientos de liquidación concursal, y podrán hacerse cargo también de la venta por esta vía de bienes inmuebles -lo que en la actualidad les está vedado pues los remates judiciales de propiedades raíces se hacen en los tribunales-.
"A estos martilleros se les impone un régimen fijo y estricto de remuneración y de normas de conflicto de interés, y estarán bajo la supervisión y revisión continua de la Superintendencia, del liquidador del procedimiento, de la junta de acreedores respectiva y del tribunal interviniente.
"El proyecto también contempla un procedimiento de realización simplificada o sumaria, aplicable a microempresas y a patrimonios que no excedan a 5000 UF.
"En otro orden de materias, la iniciativa regula de forma especial la posibilidad de que la empresa objeto de un procedimiento de liquidación pueda continuar temporalmente su giro, y/o que pueda ser enajenada como unidad económica en funcionamiento.
"Procedimientos relativos a la persona deudora
"Ámbito de aplicación: estos procedimientos son aplicables a:
"-las personas naturales,
"-que no sean empresarios,
"-que tengan dos o más obligaciones vencidas por más de 120 días,
"-y siempre que estas sumen 80 o más UF.
"El procedimiento parte con una declaración hecha por la persona deudora en base a un formulario creado por la Superintendencia, en el que el solicitante deberá hacer un listado detallado de sus deudas y bienes, y deberá proponer un acuerdo de renegociación para pagar sus obligaciones. Si la persona que solicita este procedimiento cumple los requisitos que establece la ley, la Superintendencia dictará una resolución de admisibilidad, y citará a los acreedores a una junta para discutir la renegociación de las obligaciones del solicitante.
"A su turno, el proyecto contempla que la persona deudora que se someta a este procedimiento gozará de un mecanismo similar al de la protección financiera concursal, que tendrá efectos desde la declaración de admisibilidad y durante todo el término en que se discuta el posible acuerdo de renegociación.
"El acuerdo de renegociación adoptado por la mayoría de los acreedores afectará a todos los citados a las juntas en la que se discutió, hayan o no concurrido a ellas. En caso de que no se logre un acuerdo en esta instancia procederá, de manera inmediata, un único procedimiento de ejecución forzosa de los bienes de la persona deudora, en el que se realizarán todos sus bienes embargables y se repartirá el producto entre los acreedores a prorrata de sus créditos. Una vez concluido este procedimiento, se tendrán extinguidas todas las deudas de la persona que se sometió a él.
"Alternativamente, la persona deudora que cumpla con los requisitos para que procedan respecto a ella los procedimientos concursales, puede solicitar al tribunal que se proceda a la liquidación voluntaria de todos sus bienes y con ello se paguen todas sus deudas. Si el tribunal acoge la solicitud nominará a un liquidador, que incautará y asumirá la administración de los bienes de la persona deudora, citará a los acreedores a una junta donde se discutirá la forma y modo de realizar los bienes incautados, y repartirá a prorrata de los acreedores el producto de la realización. Una vez que este procedimiento concluya todas las deudas de la persona deudora quedarán saldadas.
"Para evitar afectaciones al crédito público por esta vía, el proyecto establece que una misma persona puede someterse a un procedimiento concursal siempre que hayan transcurrido 5 o más años del anterior en el que estuvo involucrada.
"Acciones concursales revocatorias
"El proyecto contempla una serie de acciones judiciales para que los liquidadores de los procedimientos concursales, o uno o más de los acreedores de los mismos, puedan anular contratos o transacciones efectuadas por el deudor que hayan generado, de manera imprudente o abiertamente dolosa, disminución de su patrimonio. El bien así recuperado integrará la masa de bienes que se realizarán para pagar las obligaciones del deudor, y a quien haya ejercido las acciones judiciales para lograr ese reintegro se le premiará con una parte de la realización del bien reintegrado, la que no podrá ser superior al monto de su crédito.
"Insolvencia Transfronteriza
"La iniciativa también considera un capítulo especial relativo a la insolvencia transfronteriza, que se aplica cuando el deudor sujeto al procedimiento concursal tiene establecimientos, bienes o acreedores en jurisdicciones de distintos estados. En este caso, se optó por un articulado muy similar a la ley de modelo de insolvencia transfronteriza acordada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL).
"Nueva Superintendencia
"La ley crea una nueva Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que será la continuadora legal de la actual Superintendencia de Quiebras. Esta nueva Superintendencia tendrá una dotación reforzada de personal para hacer frente a sus nuevas obligaciones: evaluar, registrar y vigilar la gestión de los veedores y liquidadores; mantener en funcionamiento el Boletín Concursal, y prestar apoyo para los procedimientos administrativos que involucran a las personas naturales deudoras que se someten a un procedimiento concursal de renegociación de sus deudas.
"Modificaciones a otros cuerpos legales
"La iniciativa plantea modificar cerca de 60 leyes vigentes para adaptarlas a la nueva legislación concursal. Sobre el particular destacan las normas que establecen un nuevo estatuto penal aplicable a la persona natural deudora o a la empresa deudora que dolosamente abulte su declaración de sus deudas, oculte bienes, o celebre contratos o transacciones que maliciosamente perjudiquen a sus acreedores, y contra los veedores o liquidadores que traicionen el encargo de confianza que les hace la junta de acreedores.
"En esta línea también se consideran normas especiales que regulan la situación de los trabajadores en los procedimientos concursales, estableciendo como causal de término de contrato de trabajo la dictación de la resolución de liquidación de la empresa deudora.
"El proyecto en discusión contiene 345 artículos de la nueva ley de reorganización y liquidación de activos y pasivos de empresas y personas deudoras, y 60 que modifican otras leyes, y fue discutido latamente en las Comisiones unidas en más de 15 sesiones, que se realizaron durante el segundo semestre del año pasado y el primero de éste. En estas sesiones se contó con la participación continua de una Comisión Técnica asesora integrada por especialistas que representaban a diversos señores Senadores, académicos de Derecho Comercial y de Derecho Penal, y el staff de la Superintendencia de Quiebras, encabezado por la señora Josefina Montenegro.
"Es todo cuanto puedo señalar".
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Tengo inscrito a continuación para hacer uso de la palabra al Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, desde que se anunció este proyecto de ley, un grupo de Senadores hemos expresado un punto de vista distinto en un aspecto de su contenido.
Lamento que en el informe recién entregado -imagino que fue solo un descuido, un olvido involuntario- no se manifestara el acuerdo alcanzado en las Comisiones unidas relacionado con la inquietud planteada por un conjunto de Senadores, en la que se refleja una visión absolutamente diferente de la sustentada por el Ejecutivo acerca de la quiebra de las personas.
En este caso, quienes hemos sido defensores de los consumidores y no de los acreedores hemos propuesto un procedimiento de declaración de insolvencia aplicable a las familias para evitar que se cobren ciertas deudas.
En esencia, hemos planteado la necesidad de establecer procedimientos distintos de los aplicados en el caso de las empresas.
Con el Ministro de Economía anterior -no me refiero al actual, que recién se suma a la discusión y a quien saludo afectuosamente en esta sesión-, tuvimos una diferencia de opinión profunda sobre el tema. En forma inadecuada, a mi juicio, quiso dar a entender que se había tomado en cuenta una visión distinta, lo cual no sucedió.
Yo entiendo que el Ejecutivo, en lugar de abordar la quiebra de las personas, quiera defender más a los acreedores. Está en su derecho. No es ese nuestro punto de vista.
Nosotros queremos evitar que se produzca un sobreendeudamiento inadecuado de las personas, en el que al acreedor le cabe responsabilidad. Además, en caso de problemas, este podrá cubrirse las espaldas con los seguros que posee.
No creemos correcto que -más allá de que haya un mecanismo para tratar de arreglar las cosas- las familias de las personas en quiebra, cuando no se llegue a acuerdo, terminen despojadas de todos sus bienes, en la calle. En tal situación el Estado finalmente deberá hacerse cargo del grave problema social.
Señor Presidente, abrigamos la esperanza de que la Comisión de Economía -a menos que sigan funcionando las Comisiones unidas de Economía y Constitución- analizara tal asunto conforme a un acuerdo de la Sala, según el cual se abordaría con prioridad una iniciativa sobre la materia, originada en una moción del Senador Muñoz Aburto y de quien habla. Ello, con el objetivo de analizar otra mirada en defensa de los consumidores, como ocurre en toda América Latina con excepción de nuestro país: declarar la insolvencia de los deudores como una causal importante a los efectos de liberar de un sobreendeudamiento a las familias de estos.
Hago este reparo porque esperaba que ello fuese explicitado en la Sala. No ocurrió así. Entiendo que es un descuido ocasionado por la falta de tiempo. Por lo mismo, cuando se aborde lo relativo a la quiebra de las personas, manifestaré mi punto de vista completamente distinto.
Respecto a las empresas, creo que se da un avance significativo a efectos de acelerar los procedimientos. Se contemplan aspectos útiles para viabilizar algunas de ellas. Eso sí, se debe recordar lo siguiente: cuando las empresas quiebran, sus dueños responden no con su patrimonio personal, sino con el de la compañía. Ahí radica la gran diferencia con la insolvencia de las personas. En este punto tenemos una discrepancia de enfoque.
Solo espero que, posteriormente, se cumpla el acuerdo referido, en orden a que la Comisión le ponga prioridad a lo concerniente a la insolvencia familiar, como procedimiento, a través del Código de Procedimiento Civil, para liberar a muchas familias de un sobreendeudamiento -en ello los acreedores son corresponsables- que mantiene agobiados a cientos de miles de hogares de clase media trabajadora en nuestro país.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Hay dos colegas inscritos para intervenir.
En estricto rigor, debiéramos proceder a votar los artículos que no han sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
Daremos la palabra primero y después estableceremos el procedimiento de votación.
Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.-
Señor Presidente, la que nos ocupa es una materia, de verdad, importante y trascendente. Lamento no disponer de más tiempo para debatirla y analizarla en profundidad.
Efectivamente, en la sesión anterior pedimos que la iniciativa no se votara por cuanto solo quedaban 20 minutos de sesión. Y quedó postergado su tratamiento para hoy.
Yo ya he manifestado en Comités mis reparos al proyecto de ley que se propone. No obstante, no voy a poner objeciones para que se vote en esta sesión.
Tal como lo manifesté a mis colegas, a raíz de algunas dudas suscitadas respecto de inconsistencias o errores en las menciones de normas, pedimos informes como Comité a dos estudios jurídicos. De hecho, alcanzamos a conversar con algunos expertos.
Ya tengo en mi poder uno de esos documentos. El otro no alcanzó a llegar, pero sí cuento con una primera impresión escrita que coincide con el primer informe y lo apoya. Además, tengo el respaldo de otro destacado profesor. Y hay un tercer especialista que ni siquiera fue considerado ni invitado a opinar sobre esta materia. Se trata de un experto, de una eminencia en el ramo: el profesor Raúl Varela.
En verdad, me asiste una preocupación -entiendo que, como estamos en el primer trámite, habrá un segundo en la Cámara de Diputados, y, obviamente, la posibilidad de un tercero-, porque en el referido informe se nos señala que el proyecto reposa sobre errores que parecen fundamentales.
El primero dice relación con que se establezca que la quiebra tiene una duración muy extensa en nuestro país, un promedio de 4,5 años. Y eso puede ser efectivo, como dice el informe, si la medimos entre el minuto en que ella se declara y se aprueba la cuenta final del síndico, hecho que, por lo demás -señala el autor del estudio-, tampoco pone fin al proceso. Pero si la quiebra se mide como un proceso de liquidación y pago de acreedores, donde se vende y se reparten los dineros -esto ocurre en el 90 por ciento de los casos-, aquella no dura más que un año.
El segundo error -según se menciona- son los términos de comparación respecto de recuperabilidad que plantea el proyecto, y que sitúan a Japón con 80 por ciento de recuperabilidad, lo que cuesta creer.
Y el tercero radica en creer que la reorganización es una solución mejor que la liquidación. En este punto -lamento no contar con el segundo informe- es donde, a juicio del profesor Etcheberry, se encontraría el problema o el interés que podría tener el proyecto en análisis.
Según se nos señala, el verdadero problema del régimen chileno no es la lentitud, pues este sistema no se usa. Y no se emplea, porque, desgraciadamente, entra a calificar o a poner en situación insostenible ante la sociedad a los deudores, dejándolos como verdaderos -no sé cuál es la expresión- ladrones, estafadores, delincuentes. Por lo tanto, los deudores tratan de no utilizar el mecanismo.
La cuestión esencial en materia concursal -según el informe- es entender que la dinámica de la insolvencia o cesación de pagos genera una espiral de pobreza, pues los activos se deprecian hacia valores de liquidación y los pasivos y costos se incrementan progresivamente. En consecuencia, la insolvencia, su aceleración y agravamiento en el tiempo generan un eje que hace que este mecanismo no se utilice.
Otro factor relevante asociado a lo anterior es que el sistema concursal debe proteger a los acreedores. Mas el experto plantea que la mejor manera de hacerlo es mediante la creación de un procedimiento amistoso con el deudor. Esto significa, entonces, generar un sistema en donde el deudor tenga interés en concurrir.
A la vez, hoy en día los acreedores padecen de tres ignorancias que resultan claves: desconocen el negocio, ignoran los reales números del deudor y no se conocen entre ellos, lo que, obviamente, provoca un problema adicional.
En consecuencia, cambiar el acento desde un sistema hostil a uno que despierte interés en concurrir a un procedimiento que efectivamente haga que el deudor lo utilice debiera ser algo que nos motive a legislar.
Se menciona en el estudio que la iniciativa no se hace cargo de esta situación. Y es más, en lo referente a la empresa, es prácticamente el mismo sistema vigente, con cambios cosméticos, como rebautizar "convenio" con "reorganización", "quiebra" con "liquidación", "síndico" con "liquidador", "síndico interventor" con "veedor".
Tampoco se entiende por qué hay dos procesos paralelos en vez de uno solo que termine con una liquidación o una reorganización.
La protección financiera es una aberración si se le sigue estimando como una salvaguardia para el convenio.
El estudio coloca como ejemplo la ley española Nº 22 de 2003. Al pasar los años, ya en 2009, se llegó a la conclusión de que el cambio de nombre no había ayudado resolver el problema de fondo.
Este proyecto también mantiene la amenaza de calificar como delitos actos del deudor que son de ordinaria ocurrencia.
Finalmente, quedan en la iniciativa resabios como el de concebir la organización como un beneficio para el deudor, cuando en verdad debe considerarse como un sistema más eficaz de abordar la insolvencia también para los acreedores, sin reparar para nada en las condiciones morales del deudor.
Señor Presidente, como lo manifesté en la reunión de Comités, no me encuentro en condiciones de pronunciarme a favor en las votaciones que se realizarán. Entiendo que habrá más espacio para discutir el proyecto en los siguientes trámites. Obviamente, no quiero ser un obstáculo en la votación de esta iniciativa. Pero, a mi juicio, se trata de una materia de real trascendencia para las personas, que me parece debiéramos debatir.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, en primer término, quiero subrayar lo manifestado por el Presidente de las Comisiones unidas, Senador señor Patricio Walker. Como dijo, me correspondió presidir dicha instancia durante un largo período de la tramitación de esta iniciativa.
Se trata de uno de los trabajos más acuciosos y completos que me ha tocado desarrollar desde que soy Senador. No recuerdo haber tramitado un proyecto de más de cuatrocientos artículos y de la complejidad y especialidad de este.
De igual forma, destaco el trabajo de los Senadores de las Comisiones de Economía y de la de Constitución; de la Secretaría y de la comisión técnica constituida por representantes de los distintos Senadores, por personeros del Gobierno y de la Superintendencia de Quiebras, que ha realizado una labor especialmente destacada para hacer posible esta iniciativa.
Entiendo y comprendo -lamento que no se encuentre presente el Senador señor Letelier- que parte de las inquietudes de los parlamentarios no fueron incluidas. Pero la del mencionado colega sí fue analizada, aunque no compartida por las Comisiones unidas. Pero su proyecto sí fue considerado. Es perfectamente legítimo que él sienta algunas diferencias acerca de esta materia. Y respecto de aquellas que no fueron consideradas, el compromiso asumido en las Comisiones unidas, independiente de la tramitación de esta iniciativa, es continuar trabajando en ello. Este fue el acuerdo establecido y que, por lo tanto, vamos a cumplir, para satisfacción de los señores Senadores.
Sí me sorprende un poco la intervención de la Senadora señora Rincón, también ausente en este momento. Porque su planteamiento dice relación más bien con observaciones de fondo o que apuntan a una mirada general del proyecto. Ello es perfectamente legítimo.
Sin embargo, quiero recordar que el proyecto no inició su trámite ayer, pues lo hizo hace más de un año en el Senado, precisamente, el 23 de mayo de 2012. En junio de ese año, fue analizado por la Comisión de Economía, la cual recomendó por unanimidad su aprobación en general. Fue aprobado por la Sala en forma unánime. Y desde entonces hemos tenido un largo período de debate en las Comisiones unidas, las que han estado analizando y estudiando con particular cuidado esta materia. Es posible que todavía haya algunos aspectos por perfeccionar. Pero se ha llevado adelante un esfuerzo de corrección, de análisis y de sistematización que me da la más absoluta tranquilidad de que nos encontramos ante una iniciativa de mucha calidad.
Repito: las objeciones que se formulan, si tienen pertinencia, debieron haberse planteado en la discusión en general. Hoy, después del trabajo desarrollado, con mucha diligencia y especial dedicación por varios Senadores, por los equipos técnicos que nos han asesorado y por la Secretaría de las Comisiones unidas, no me parece lo más atinado ni respetuoso hacer ciertas observaciones. Por el hecho de discrepar no puede simplemente desconocerse el trabajo efectuado. Y eso tampoco puede llevar a marginarse de una decisión. Porque, si se poseían estos antecedentes, lo correcto era hacerlos valer en la instancia y en la oportunidad correspondientes. Porque, tal vez, habrían contribuido a su desarrollo.
Además, pienso que no son justificados los comentarios que hemos recibido. Aquí se llevó a cabo una innovación. Quizás, ni va tan lejos ni se queda tan corta. Se ha buscado un equilibrio entre los procesos diseñados, tanto de reorganización como de liquidación; es decir, intentando salvar a la empresa, tratando de avalar el emprendimiento todas las veces que se pueda, y cuando no sea posible, entonces entrar en el proceso de liquidación. Pero se propone hacerlo de manera que evite el problema que ha tenido Chile con la Ley de Quiebras, el que constituye una de las razones por las cuales no se utiliza: el estigma social de quebrar.
Eso no ocurre en los países donde el emprendimiento se ha desarrollado en forma extensa. ¿Por qué? Porque es normal que los negocios puedan no prosperar. No es extraño. Y muchas veces se pueden salvar -ese es el proceso que se abre- y otras no, en cuyo caso vale la pena entrar en procesos de liquidación rápidos, ágiles y transparentes.
¡Eso es lo que posibilita el proyecto! Por el mismo motivo, pienso que si surgen algunas inquietudes siempre se podrán solucionar. Porque en el segundo trámite constitucional la Cámara de Diputados examinará lo que hemos hecho.
Pero me parece que, en lo sustantivo, se trata de una iniciativa que innova, que hace un esfuerzo por mejorar el emprendimiento en una materia donde se halla retrasado, pues no tiene mucho que exhibir: los procesos son lentos, caros, engorrosos, poco transparentes y, además, por el estigma social que conllevan, se utilizan poco.
Con la presente normativa, ahora se abre una oportunidad para corregir precisamente todos esos defectos. Su texto se trabajó en los órganos técnicos y, si bien mantiene la matriz original del Ejecutivo, introduce muchas innovaciones, las cuales, a mi juicio, en verdad han logrado corregirla y perfeccionarla.
Por eso, quedo tranquilo en cuanto a la labor que realizamos.
Entiendo que pueda haber quienes busquen impedir que el proyecto siga adelante por no responder enteramente a su visión. Porque algunos miran esta normativa desde la perspectiva del deudor; otros, desde la del acreedor. En fin, como hay distintos puntos de vista, esas filosofías desembocan en proyectos diferentes. Pero aquí se elaboró un texto equilibrado, el cual, por lo que hemos podido apreciar, se inspira también en principios de otras legislaciones que han sido exitosas, como la colombiana, que fue reconocida así incluso por estudios de la OCDE, aunque Colombia no forma parte de tal organización.
Por lo tanto, quiero pedir a la Sala que avancemos en el despacho de la iniciativa. Y, francamente, es muy poco lo que se debe votar, porque lo fundamental ya se acordó en el curso del trabajo de las Comisiones unidas, donde el grueso de los artículos fue aprobado por unanimidad, fuera que ellos introdujeran o no modificaciones al texto original.
En consecuencia, salvo una disposición, que fue aprobada por mayoría y que responde a una inquietud específica -la indicación pertinente no se va a renovar en la Sala-, el resto de la iniciativa realmente cuenta con la unanimidad de las Comisiones unidas.
Por consiguiente, corresponde dar paso a los trámites siguientes aprobando hoy día en particular, como establece el Reglamento, cada una de las proposiciones que los órganos técnicos aprobaron en forma unánime.
El señor BIANCHI.-
Pido abrir la votación, señor Presidente.
El señor LARRAÍN.-
Son varias, señor Senador.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Luego de las intervenciones de los tres señores Senadores que restan, procederemos a efectuar las votaciones pertinentes.
El debate forma parte también de la fundamentación de voto.
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, no he querido guardar silencio frente a la intervención de la Senadora que nos precedió en el uso de la palabra y, sobre todo, después de la cuenta que dieron el actual titular de las Comisiones unidas, Senador Patricio Walker, y el anterior, Senador Hernán Larraín, quien presidió parte importante de las sesiones en dicha instancia. En lo personal, me tocó participar en ella y en la Comisión de Hacienda.
Como muy bien dijo el colega Hernán Larraín -y lo señaló antes, en su lata exposición, el Senador Patricio Walker-, este proyecto lo estudiamos a fondo y con muchos elementos de juicio, a fin de resolver sobre sus diversas disposiciones. Porque no era fácil cambiar el sistema de la Ley de Quiebras, que ha regido durante tantos años, por uno nuevo.
En el procedimiento anterior, se privilegiaba la liquidación por sobre la reorganización. En el nuevo, se prefiere la reorganización por sobre la liquidación. Y esto fue lo que hubo que resolver.
Yo leí uno de los informes a que aludió la Senadora señora Rincón. Los autores citados por ella son abogados muy prestigiosos y de gran calidad, pero tienen una visión absolutamente distinta sobre la materia: son partidarios de mantener el sistema vigente, con algunos perfeccionamientos. El Senado llegó a la conclusión de que esto no era lo más adecuado y de que había que modificarlo de modo sustancial, con el objeto de hacerlo más eficiente.
En efecto, tanto para la gente que cae en insolvencia como para quienes son afectados por esta, es mejor, más fácil y conveniente un proceso que permita primero mayor prontitud; segundo, reorganizar el negocio que está en quiebra, en crisis, y tercero, que tal reorganización redunde en beneficio de todos los actores que participan en él. Y si lo anterior no es posible, se va a la liquidación. Se establece todo un sistema, muy estudiado, para llevarla a cabo.
Alguien pretendió, incluso, dejar este proyecto para segunda discusión. Yo me hubiese sentido ofendido, porque querría decir que los Senadores que lo estudiamos y participamos en su larga discusión hicimos muy mal nuestra tarea.
Y más aún: en el informe referido, aparece algo que no puedo aceptar. Dice que hay más de 163 problemas que algunos desearían hacer notar. Pero no dicen cuáles. Me hubiera gustado conocer más detalladamente ese documento.
Señor Presidente, tengo la certeza de que hemos hecho lo que corresponde; de que el texto propuesto va en la línea de nuestras convicciones desde el punto de vista jurídico, y de que representa un buen cambio y una acertada modificación al régimen concursal.
En el texto se dispone algo que no existía y que plantearon, entre otros, los Senadores señores Letelier y Muñoz Aburto: la incorporación de las personas en el proceso de reorganización y liquidación de activos, y no solo de las empresas. Aunque los dos colegas, especialmente el segundo, la situaban en la perspectiva de una enmienda más bien al Código de Procedimiento Civil, para establecer la insolvencia como una excepción al juicio ejecutivo, lo que daría lugar a un proceso de liquidación similar al que hemos aprobado en esta oportunidad. En todo caso, nos comprometimos a estudiar el punto.
Señor Presidente, creo que el texto refleja un buen trabajo. Y no lo digo solo porque lo hayamos efectuado nosotros, sino porque esta modificación implica dar un paso importante para la economía del país al establecer cómo hacer más eficiente el proceso de reorganización y liquidación de activos de empresas y personas.
En las Comisiones unidas, voté el articulado con total convicción. En ellas prácticamente todas las disposiciones se aprobaron por unanimidad, salvo una, como expresó el Senador Patricio Walker, en la cual ambos nos abstuvimos. Yo procedí así, no por estar en desacuerdo con su texto, sino porque me suscitaba cierta duda. Hoy retiro también esa abstención, para que se considere que ella fue aprobada igualmente en forma unánime.
Por lo expuesto, anuncio mi aprobación en particular a la iniciativa, en la seguridad -repito- de que en las Comisiones tratamos de hacer lo mejor. Pasará a segundo trámite a la Cámara de Diputados. No creo que allí se incluyan las observaciones que se le hacían en el informe mencionado. Ello significaría volver todo para atrás y a lo mejor decirnos que aprobemos lo que hoy día existe en materia de quiebras, con algunas modificaciones.
Pero todo es perfectible. Ojalá los trámites siguientes permitan que tengamos una buena ley en materia de quiebras. El país la necesita.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, lo planteado por los Senadores que me precedieron en el uso de la palabra, particularmente el anterior Presidente de la Comisión de Constitución, en su momento, señor Hernán Larraín y el actual, señor Patricio Walker, y ahora el colega señor Andrés Zaldívar, me ahorran comentarios acerca del contenido de esta iniciativa.
Es efectivo que ningún proyecto de ley es perfecto. Sin embargo, debo manifestar que el que esta tarde nos ocupa es uno de los que más esfuerzo les ha significado a las Comisiones unidas de Constitución y de Economía.
Adhiero al reconocimiento hecho por el Senador señor Hernán Larraín a los funcionarios de Secretaría de ambas Comisiones, como también al equipo asesor y técnico del Senado y al de la Superintendencia de Quiebras, por la labor efectuada a través de diversas sesiones, durante muchas horas, con gran detalle, revisando cada uno de los artículos, y discutiendo o volviendo a debatir aquellos en los que teníamos dudas.
La Comisión de Economía, en el primer trámite reglamentario, aprobó unánimemente el proyecto. La Sala le dio su aprobación en general, también por unanimidad, y facultó a las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Economía, unidas, para tratar en particular el proyecto. Y eso hicieron en los últimos 8 meses, trabajando de manera intensa no solo en las semanas legislativas, sino también en las regionales. Es decir, los parlamentarios nos privamos de ir a nuestras circunscripciones, a fin de destinar horas al estudio de esta materia.
Asimismo, casi todas las normas de la iniciativa fueron acordadas por unanimidad.
Ahora bien, como crítica general al proyecto se ha señalado, primero, que se presenta a destiempo, y segundo -no lo comparto- que en él no se precisa cuáles son las observaciones a los artículos respectivos.
En definitiva, si alguien insinúa que nosotros o el Senado estamos haciendo mal el trabajo, especialmente respecto a esta iniciativa, creo que su apreciación es equivocada. Y a quienes han expresado que el Senado no puede correr el riesgo de despachar un mal proyecto cabe recordarles que este es el primer trámite constitucional. Tenemos un sistema bicameral, donde hay una Cámara de origen y una revisora, en el segundo trámite. En este caso, la Cámara de Diputados cumplirá la función de revisora y en ella se podrá presentar indicaciones o hacer observaciones relativas a su contenido.
A mí me parece que la iniciativa en discusión, no siendo perfecta, representa un avance tremendo por la oportunidad que tendrán los emprendedores para recuperar y reorganizar su empresa; para recobrar su credibilidad, y también -por qué no decirlo- para permitir que los acreedores puedan ayudar al deudor a salir adelante. No es efectiva la afirmación de que los acreedores no conocen el negocio de los deudores. ¡Claro que lo conocen! ¡De no ser así, no les habrían dado crédito! Sostener lo contrario significa despreciar la facultad y el conocimiento de los acreedores cuando otorgan un crédito.
Por consiguiente, hemos buscado aprobar un texto que remplace el actual sistema concursal, donde el deudor no tiene ninguna posibilidad -¡ninguna posibilidad!- de mejorar y recuperar su empresa, ni mucho menos de liquidarla en condiciones tales que los acreedores puedan recobrar porcentajes interesantes de lo que se les adeuda.
Pienso que aquí se produce una simbiosis al juntar los intereses del deudor con los del acreedor a fin de que trabajen juntos con el objeto de reorganizar la empresa o de liquidarla en forma adecuada y tener la mejor recuperabilidad.
La ley en proyecto, sin duda, ayudará a que no se den procesos como el de la quiebra del Supermercado La Reina, que lleva más de 6 años. Esta se produjo porque, en algún momento, al Ministerio de Obras Públicas se le ocurrió cerrar la calle donde estaba el local, y como nadie se pudo estacionar para ir a comprar, quebró la empresa. ¡Y todavía no se resuelve el problema de los trabajadores!
Nosotros aquí, mediante esta iniciativa, velamos por los intereses de los trabajadores, a efectos de que se les entregue una solución. Y no como ocurre ahora, en que ellos deben pasar 4, 5 o 6 años en la incertidumbre.
Deseo agregar que estoy muy contento porque se acogió un planteamiento que realicé durante el debate del proyecto, el cual era clave para permitir que los acreedores aceptaran los convenios de pago o el procedimiento concursal de renegociación, dado que en numerosas ocasiones la renuncia a cobrar determinadas acreencias llevaba a que los gastos pertinentes no se consideraran como necesarios para la actividad, y por tanto, a que fueran rechazados por el Servicio de Impuestos Internos.
La verdad es que yo no tenía mucha fe en que se aceptara aquello, porque es muy difícil conseguir una concesión del SII o del Ministerio de Hacienda. Pero en esta iniciativa hubo concesiones. Así, el Servicio de Impuestos Internos reconoció que constituía una ayuda importante y gravitante el hecho de que se reconociera la renuncia a los montos involucrados como gasto necesario para la actividad que se realizaba.
Por eso, considero que este proyecto representa un gran avance, e invito a la Sala a apoyarlo por unanimidad.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, deseo manifestar mi reconocimiento a los miembros de la Comisión de Economía y a quienes, posteriormente, integraron las Comisiones de Constitución y de Economía, unidas, por el análisis de este proyecto que lleva más de un año en el Senado.
Se hizo un trabajo serio y responsable. Yo tuve la oportunidad de participar en alguna de las sesiones de las Comisiones unidas, en remplazo de mi colega Andrés Zaldívar, y pude darme cuenta de la eficiencia con que se estaba sacando adelante la iniciativa.
En cuanto a las invitaciones a los sectores involucrados, a veces algunos no pueden concurrir, y en otras oportunidades no es posible invitarlos a todos. Sin embargo, todavía quedan otras instancias donde, si es necesario, se les podrá escuchar.
Debo decir que nuestro país ha avanzado bastante en aspectos relativos al crecimiento y al desarrollo económicos, y en diversas actividades nos hemos modernizado. Así, en la actualidad se puede formar una empresa en un día y, de hecho, se han creado varias en uno solo. Pero si alguien cae en falencia, se tarda 4 o 5 años en liquidarla. Es decir, hay una dicotomía en el sistema: somos muy rápidos en algunas cosas y muy lentos en otras. Entonces, es preciso modernizarse en este ámbito, y es lo que se pretende con el proyecto en análisis.
Todas las normativas son perfectibles. No obstante, es evidente que aquí se logra un progreso muy relevante, que permitirá disponer de una legislación más moderna, flexible y eficiente para cumplir con dos grandes objetivos: reorganizar en forma efectiva a empresas viables y liquidar rápida y eficientemente a las que no lo son.
Además, se pretende que la liquidación sea lo más justa posible: que no favorezca a ningún sector, ni al acreedor ni al deudor, y, fundamentalmente, que proteja a los trabajadores. Ello, con la finalidad de evitar lo que señaló el Senador Tuma: que existan personas que lleven 6 años sin que se les liquiden sus deudas remuneracionales y previsionales.
Por eso, considero que esta iniciativa constituye un avance muy importante, como ha sido manifestado en las diversas instancias en que se ha analizado. La mayoría de sus artículos fueron aprobados por unanimidad tanto en la Comisión de Hacienda como en las Comisiones de Constitución y de Economía, unidas (uno venía con la abstención del Senador Zaldívar, pero él la retiró, por lo que se suma a esa mayoría). Y en la Sala el proyecto fue aprobado en general por 33 votos a favor.
Por lo tanto, la presente iniciativa ha concitado un gran consenso, lo que estimo altamente conveniente para que nuestro país se vaya colocando en el nivel de desarrollo de las industrias en el mundo.
Quiero destacar que el informe Doing Business de 2012 del Banco Mundial coloca a Chile en el lugar N° 110, entre 183 países, en circunstancias de que las naciones de la OCDE se encuentran, en promedio, en el número 21. Ello significa que nosotros, que estamos en la OCDE y queremos ser como el resto de sus países miembros en todos los niveles, sobrepasamos a muchos en diversas áreas, pero en esta quedamos muy atrás.
Estimo altamente conveniente la ley en proyecto, y no me cabe duda de que implicará una gran ayuda.
Voto a favor.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente, solamente deseo reafirmar lo dicho por el colega Andrés Zaldívar en el sentido de que las Comisiones unidas de Constitución y de Economía adquirieron un compromiso con el Senador Juan Pablo Letelier y con el que habla en cuanto a tratar también la iniciativa concerniente a la insolvencia de las personas naturales.
A mí me habría gustado que ese proyecto se hubiera visto junto al que modifica lo relativo a la quiebra comercial.
En todo caso, conversé con la señora Superintendenta de Quiebras y acogí la propuesta que me formuló; sin embargo, creo conveniente que esto sea estudiado por la Comisión de Economía. La señora Superintendenta sostiene que al tratarse de una excepción de insolvencia, debiera incorporarse en el Código de Procedimiento Civil como una excepción al juicio ejecutivo en contra de las personas naturales.
Estimo que su postura es válida y legítima, y que es posible incorporar el proyecto que presenté en esa instancia.
No obstante, ahora quiero ratificar y reafirmar lo acordado por ambas Comisiones.
Espero, en virtud de lo expuesto por el Senador Zaldívar, que a la brevedad se puedan analizar las dos iniciativas. A lo mejor, lo que se resuelva permitirá colaborar a solucionar la situación de insolvencia de chilenas y chilenos, y tal vez ello se pueda agregar al procedimiento de quiebra o al del juicio ejecutivo.
Debo expresar que es necesario legislar respecto a la quiebra de personas naturales, porque el sobreendeudamiento ya es atroz en nuestro país: hay una gran cantidad de gente endeudada, cuyos pagos mes a mes superan incluso las remuneraciones que reciben.
Por eso, veía con muy buenos ojos que el proyecto que presenté sirviera para zanjar tal problema. Pero como lo va a estudiar la Comisión de Economía, me conformo con lo dicho por el Senador Zaldívar.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).-
A continuación, corresponde realizar tres votaciones.
Pero antes hay que dar por aprobados los artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones -esto ya lo señaló el señor Secretario-, con excepción de los que son de quórum especial, para cuya aprobación se requieren 21 votos favorables.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
La señora RINCÓN.-
Con mi voto en contra, señor Presidente.
El señor GÓMEZ.-
¡Yo voy a acompañar a la señora Senadora¿!
El señor PIZARRO (Presidente).-
Y, también, con el voto negativo del Honorable señor Frei.
--Se aprueban reglamentariamente, con el voto en contra de los Senadores señora Rincón y señores Gómez y Frei (don Eduardo).
El señor PIZARRO (Presidente).-
La primera votación recae en aquellos artículos de rango orgánico constitucional (se precisan 21 votos favorables para su aprobación) que no fueron objeto de indicaciones ni de enmiendas.
En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueban los mencionados artículos (24 votos contra 2), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa la señora Rincón y el señor Frei (don Eduardo).
El señor PIZARRO (Presidente).-
En seguida, se deben votar sin debate las enmiendas que las Comisiones unidas y de Hacienda introdujeron al texto aprobado en general. Todas ellas fueron acogidas en forma unánime, pero como hay disposiciones de quórum especial, se tiene que tomar la votación.
El señor LARRAÍN.-
Con la misma votación anterior.
El señor WALKER (don Patricio).-
Sí, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
¿Habría acuerdo para aprobarlas en esa forma?
--Con la misma votación anterior (24 votos favorables y 2 en contra), se aprueban las enmiendas unánimes propuestas por las Comisiones unidas y de Hacienda, dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido.
El señor PIZARRO (Presidente).-
La tercera votación es para pronunciarse separadamente sobre las modificaciones introducidas al artículo 94 y al artículo 8° transitorio, respecto de los cuales existen diferencias entre las Comisiones unidas y la Comisión de Hacienda.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Vale decir, son dos votaciones.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Así es.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Señores Senadores, respecto del artículo 94, las Comisiones unidas sugieren incorporar un inciso segundo, nuevo, y la Comisión de Hacienda propone introducir algunas enmiendas a los requisitos que en él se contemplan.
En términos generales, esta Secretaría puede decir que el último órgano técnico aclara que las condiciones establecidas en el inciso segundo son copulativas. Además, las numera y agrega un inciso final al artículo 94.
Tales son, a grandes rasgos, las diferencias que se plantean.
El señor PIZARRO (Presidente).-
El señor Presidente de la Comisión de Constitución está proponiendo pronunciarse sobre la redacción de Hacienda, a la que se refirió el señor Secretario.
El señor ESCALONA.-
Es mejor.
El señor LARRAÍN.-
¡En esta oportunidad vamos a acoger tal sugerencia¿!
El señor PIZARRO (Presidente).-
¿Les parece?
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Esta modificación no recae en una norma de quórum especial.
El señor PIZARRO (Presidente).-
En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el inciso segundo del artículo 94 propuesto por la Comisión de Hacienda (23 votos contra 2 y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa la señora Rincón y el señor Frei (don Eduardo).
Se abstuvo el señor Pizarro.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La última votación recae en el inciso segundo, nuevo, agregado por las Comisiones unidas al artículo 8°, transitorio, donde la Comisión de Hacienda propone eliminar la frase: "con cargo al presupuesto de la Partida Poder Judicial y, en lo que faltare,".
Es decir, pretende que el financiamiento recaiga solo en la Partida Tesoro Público.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, deseo precisar que esto fue un acuerdo que tomamos con el Ejecutivo. La norma aprobada por las Comisiones unidas consigna que lo que faltare será de cargo del Tesoro Público, y lo otro, del presupuesto propio de la sindicatura. Nosotros sugerimos modificar ese texto para que el financiamiento recaiga totalmente en la Partida Tesoro Público, lo que fue aceptado por el Gobierno.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Muy bien.
En votación la proposición de la Comisión de Hacienda que suprime una frase del inciso segundo del artículo 8° transitorio incorporado por las Comisiones unidas.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Cabe señalar que esta norma tiene rango orgánico constitucional y, en consecuencia, requiere 21 votos favorables.
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el inciso segundo del artículo 8° transitorio introducido por la Comisión de Hacienda (24 votos a favor y uno en contra), dejándose constancia de que se cumplió con el quórum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte y Walker (don Patricio).
Votó por la negativa la señora Rincón.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, pido que se agregue mi voto afirmativo, por favor.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se dejará constancia en la Versión Oficial de la intención de voto favorable del Senador señor Zaldívar.
El señor LARRAÍN.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, deseo formular dos observaciones referidas a ciertos aspectos que planteó el Presidente de las Comisiones unidas en su introducción a esta materia.
Primero, es necesario agregar en el artículo 150 una frase que acote el ámbito de las medidas cautelares, porque hoy día, de acuerdo a la disposición aprobada, las medidas cautelares que afecten a los bienes del deudor se aplican indistintamente a todos los delitos que este cometa, en circunstancias de que deberían circunscribirse -tal como indicó el Fiscal Nacional- solo a los ilícitos relativos a la propiedad.
El señor WALKER (don Patricio).-
Claro. Se refiere al Título IX del Libro Segundo del Código Penal.
El señor LARRAÍN.-
Es decir, se requiere agregar después de la oración "medidas cautelares concedidas con ocasión de acciones de naturaleza criminal" la expresión "provenientes de los ilícitos contemplados en el Título IX del Libro Segundo del Código Penal".
En las Comisiones unidas nos pareció oportuno incorporar esta precisión. Es una indicación que desgraciadamente llegó con posterioridad al despacho del informe, toda vez que se trata de una observación importante.
En segundo lugar, también se planteó introducir un nuevo artículo transitorio para evitar un problema. El proyecto incorpora una mirada distinta acerca de los delitos de fraude y de quiebra fraudulenta o culposa.
En la actualidad hay personas que se encuentran condenadas por tales ilícitos. Y han surgido interpretaciones judiciales que dan a entender que, fundándose en el principio pro reo y al cambiar la tipificación de los delitos, ellas quedarían liberadas de su responsabilidad penal.
Con el objeto evitar esto último se propuso utilizar la misma norma que hemos empleado en otros cuerpos legales y establecer lo siguiente:
"Artículo 12 transitorio.-
Las disposiciones penales contempladas en la presente ley sólo se aplicarán a los hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia.".
Esta norma -me parece que ya la usamos en la Ley de Drogas- nos permitirá impedir que personas que han sido declaradas culpables del delito de quiebra fraudulenta puedan sentirse eximidas de responsabilidad penal en virtud del principio pro reo.
Tal vez podría no aplicarse, pero como hay casos en que sí se ha hecho nos parece imprescindible incorporar este artículo transitorio.
El señor WALKER (don Patricio).-
Habría que efectuar la modificación al artículo 150 e incluir un nuevo artículo transitorio.
El señor LARRAÍN.- Exactamente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Señor Senador, para entender bien su proposición, lo que usted solicita es agregar un nuevo artículo transitorio e incorporar una enmienda al artículo 150.
El señor LARRAÍN.-
Así es, señor Presidente.
El artículo transitorio debe decir: "Las disposiciones penales contempladas en la presente ley sólo se aplicarán a los hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia.".
El señor PIZARRO (Presidente).-
Muy bien.
Se requiere la unanimidad de la Sala para incorporar ambas modificaciones.
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, entiendo que la intervención del Senador Hernán Larraín va, más bien, en la línea de que esas enmiendas son recomendaciones susceptibles de considerar en el segundo trámite constitucional.
El señor WALKER (don Patricio).-
Podemos incluirlas en este momento.
El señor LARRAÍN.-
Efectivamente.
El señor GARCÍA.-
¡Me queda claro que el objetivo que se busca es incorporarlas ahora, señor Presidente...!
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Por eso hice presente que se requiere la unanimidad de la Sala, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).-
Señor Presidente, solo para ratificar el planteamiento del Senador Hernán Larraín, el artículo 150 (antes era 149) debe quedar como sigue:
"Artículo 150.-
Medidas cautelares en sede criminal. Aquellas medidas cautelares concedidas con ocasión de acciones de naturaleza criminal provenientes de los ilícitos contemplados en el Título IX del Libro Segundo del Código Penal, que afecten a bienes del Deudor para responder o garantizar el pago", etcétera.
La segunda enmienda dice relación con introducir un artículo transitorio nuevo.
Esas son las dos modificaciones que solicitamos incorporar, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Supongo que el Ejecutivo está de acuerdo con esta petición, pues veo que tanto la señora Superintendenta de Quiebras como el señor Ministro de Economía asienten.
¡Quien calla otorga, señor Ministro...!
Señor Secretario, ¿se requiere quórum especial?
El señor LABBÉ (Secretario General).-
En todo caso, en estos momentos hay 24 señores Senadores en el Hemiciclo, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Muy bien.
Entonces, si le parece a la Sala, se incluirán las dos enmiendas a que ha hecho referencia el Senador señor Hernán Larraín.
--Por unanimidad, se aprueban ambas modificaciones, consistentes en agregar la referida frase en el artículo 150 y en introducir un artículo 12 transitorio, nuevo, dejándose constancia de que se cumple con el quórum constitucional requerido, y queda despachado el proyecto en este trámite.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor DE VICENTE (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).-
Señor Presidente, agradezco al Honorable Senado el haber despachado este proyecto de ley que, en gran medida, permitirá terminar con el calvario que aqueja a muchas personas que se encuentran en falencia financiera y que hoy en día tardan prácticamente cuatro años y medio en cerrar una empresa, dado que dicho plazo se reducirá a un año.
Además, deseo extender mi reconocimiento a la señora Superintendenta de Quiebras, quien me acompaña junto con su equipo de trabajo, por haber logrado la unanimidad que se ha conseguido en el día de hoy.
Muchas gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).-
A usted, señor Ministro.
La señora MONTENEGRO (Superintendenta de Quiebras).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra, señora Superintendenta.
La señora MONTENEGRO (Superintendenta de Quiebras).-
Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer el persistente trabajo realizado por los asesores de los Senadores miembros de las Comisiones unidas de Constitución y de Economía, quienes participaron en el órgano técnico que lideró esta Superintendencia. Especial mención merecen las Secretarías de las referidas Comisiones, ya que sin su valiosa, ardua y rigurosa labor no sería posible encontrarnos en esta instancia.
Asimismo, deseo aprovechar esta oportunidad para agradecer al Ministerio de Economía por el liderazgo con que ha dirigido este proyecto de ley; al ex Ministro Fontaine por permitirnos la posibilidad de participar en este importante desafío; al ex Ministro Longueira por considerar a este como uno de sus proyectos emblemáticos y por empujar su tramitación con su característica fuerza; y a nuestro actual Ministro, don Félix De Vicente, quien nos entregó todo su apoyo para culminar este proceso con éxito.
Agradezco también al Subsecretario de Economía, Tomás Flores, y a los asesores legislativos de ese Ministerio.
Reitero mis congratulaciones a mi inmejorable equipo de trabajo y a toda la Superintendencia de Quiebras, quienes han entregado lo mejor de sí en cada instancia para sacar este proyecto adelante.
Debo destacar también la labor y el apoyo de los Ministerios de Justicia, Secretaría General de la Presidencia y de Hacienda.
Por último, señores Senadores, permítanse sentirse orgullosos de la normativa que han aprobado. Sin duda, esta iniciativa cambiará la vida de miles de emprendedores, quienes tendrán, por fin, una herramienta legal que los ayude a levantarse ante las dificultades económicas para volver a emprender.
Esperamos que la tramitación de este proyecto de ley siga avanzando en forma muy expedita y con el apoyo transversal que ha experimentado hasta ahora para que durante el presente año podamos contar con la nueva Ley de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas.
Muchísimas gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
A usted, señora Superintendenta.
HOMENAJE A PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO EN SU OCTOGÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO
El señor PIZARRO (Presidente).-
Conforme a lo acordado por la Sala y los Comités, siendo ya las 18:30, corresponde rendir un homenaje solemne a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con motivo de conmemorarse 85 años de su fundación.
Están presentes en las tribunas las autoridades máximas de la Universidad -y veo también a algunas exautoridades-, gente muy representativa de ese plantel educacional.
¡Muy bienvenidos al Senado!
Tiene la palabra, en primer lugar, el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Senado; señor Rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; autoridades académicas y administrativas; representantes del cuerpo docente, de los funcionarios; alumnos de las diferentes facultades, institutos y escuelas de la Universidad; y -mención especial- representantes de la Iglesia que hoy día se encuentran presentes:
Cuando la destacada dama de Valparaíso doña Isabel Caces de Brown dispuso en su testamento, en marzo de 1916, que la cuarta parte de libre disposición de sus bienes se empleara íntegramente en obras de beneficencia, instrucción o piedad, no se imaginó que con esos recursos se fundaría posteriormente una universidad.
Fueron sus hijas, Isabel y Teresa, las que se contactaron con el presbítero Rubén Castro, que ejercía su ministerio en Quillota, y quien, con un espíritu visionario, las impulsó a crear un Instituto Técnico en Valparaíso para la enseñanza de jóvenes de escasos recursos, de manera de ayudar a elevar su nivel de cultura dentro de una formación cristiana.
En este proyecto se involucraron activamente tanto el cónyuge de Isabel Brown, don Rafael Ariztía, como su cuñado, don Juan Brown, quienes dieron vida a la Fundación Isabel Caces de Brown, que para dicha finalidad se constituyó oficialmente el 6 de agosto de 1924.
Con este propósito se adquirió un sitio eriazo a la sucesión de otra famosa benefactora porteña, doña Juana Ross de Edwards, ubicado entre las avenidas Argentina y Brasil y las calles Yungay y Doce de Febrero, que es donde actualmente se encuentra su casa central y varias unidades académicas dependientes.
En aquella época no existían casas de estudios superiores en este puerto. Solamente funcionaban los cursos de Leyes y Arquitectura que había establecido la Congregación de los Sagrados Corazones, la que contaba con dos prestigiosos colegios, en Valparaíso y Viña del Mar, y que mediante la implementación de estos cursos de equivalencia superior perseguían que sus alumnos secundarios pudieran continuar con su formación académica en la misma zona.
La fundación creada por la comunidad hereditaria mencionada estableció que se consideraría parte integrante de la Universidad Católica de Santiago. Y, en 1925, se dio comienzo a las obras del edificio en el sitio adquirido para dicho objeto.
El 15 de marzo de 1928, mediante decreto del obispo diocesano monseñor Eduardo Gimpert Paut, se creó oficialmente la Universidad Católica de Valparaíso y se designó como su primer rector al presbítero Rubén Castro. El 25 de marzo de ese mismo año se inauguró oficialmente la universidad, entregándosela simbólicamente a la ciudad de Valparaíso.
Tiempo después, y mediante las respectivas escrituras públicas y decretos episcopales de rigor, se traspasó la universidad al Obispado de Valparaíso. Y posteriormente el Gobierno del Presidente Carlos Ibáñez del Campo le otorgó el título de "colaboradora del Estado", en virtud de lo cual quedó facultada para conferir títulos válidos, mediante el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.
Los primeros cursos fueron de carácter científico y matemático, y también se creó una Escuela de Ciencias Económicas y de Comercio. Asimismo, se implementaron cursos nocturnos para obreros y empleados, a quienes se impartió conocimientos de electricidad, mecánica, máquinas y técnicas de construcción.
De igual modo, durante algunos años se formaron en sus aulas los aspirantes a Oficiales de la Marina Mercante, tanto en la especialidad de pilotos como de ingenieros.
La crisis económica mundial, que también afectó a nuestro país, con diversas repercusiones políticas que se tradujeron en múltiples manifestaciones callejeras, desencadenó una situación de agitación al interior de la universidad, con varios desórdenes, todo lo cual llevó al entonces rector Rubén Castro a decretar la suspensión de las actividades académicas, la que se prolongó durante dos años. En dicho lapso solo funcionaron los cursos de obreros.
Tan adversa coyuntura fue minando la capacidad física del rector, quien consideraba a esta casa de estudios como su obra más importante, a la que tanto tiempo había dedicado, todo lo cual le provocó una enfermedad que se fue agravando, hasta que le hizo fallecer en el año 1934.
Pero la universidad no estaba destinada a morir, y en ese mismo año monseñor Gimpert dispuso su reapertura, dejando a su cargo al presbítero Malaquías Morales, primero como Vicerrector, y a contar de 1937, como Rector en propiedad.
Durante su período, que se extendió hasta el año 1951, la universidad fue ampliando su oferta académica con la creación de muchas facultades, institutos y escuelas, destacándose entre ellas la integración, en 1947, del Curso de Leyes de los Sagrados Corazones, que dio origen a su actual Facultad de Derecho.
Al término del mandato del Rector Morales, la superioridad eclesiástica determinó entregar la conducción del establecimiento a la Compañía de Jesús. Asumió como rector, en el año 1951, el padre Jorge González Förster, quien se desempeñó en ese cargo durante diez años, lapso en el cual aumentaron los alumnos, como asimismo, la oferta académica, creándose las escuelas de pesca, de servicio social, de agronomía y el colegio Rubén Castro.
Asimismo, durante su rectoría se creó, en 1957, el primer canal de televisión del país, dependiente de la universidad, en lo cual fue pionera. La ceremonia inaugural fue solemnizada con la presencia del Presidente Carlos Ibáñez del Campo.
Le sucedió otro sacerdote jesuita, el padre Hernán Larraín Acuña, de sólidos méritos académicos e intelectuales, experto en educación, quien además de obtener un aumento del alumnado y cuerpo docente, centró su acción en extender socialmente la universidad hacia los sectores más populares, más vulnerables, porque consideraba que dicha tarea era inherente a la labor universitaria.
Al cabo de dos años de ejercicio de su cargo, el padre Larraín obtuvo de la superioridad de su Compañía una nueva destinación, lo que lo llevó a renunciar a la rectoría.
Dada su condición de universidad de Iglesia, además de sus primeros rectores han formado parte de su cuerpo docente, en las más diversas disciplinas, destacados miembros del clero diocesano, como asimismo religiosos pertenecientes a diferentes institutos de vida consagrada, tales como la propia Compañía de Jesús, la Congregación de los Sagrados Corazones, la Congregación Salesiana, la Orden Franciscana, el Instituto Secular de los Padres de Schoenstatt, entre otras.
No obstante ello, y dados los cambios que trajo la realización del Concilio Vaticano II, al término del período del padre Hernán Larraín el obispo diocesano monseñor Emilio Tagle Covarrubias, decidió entregar la rectoría de la Universidad a académicos laicos, designando para dicho cargo, en el año 1964, al destacado profesor don Arturo Zavala Rojas, quien se desempeñaba como Director de la Escuela de Derecho.
Durante su período se creó el Instituto del Mar, se continuó ampliando la oferta académica, se mejoraron las infraestructuras y se establecieron organismos colegiados que coparticipaban de la gestión directiva del plantel, tales como el Claustro Pleno y el Senado Académico, de carácter estamental, a los que les correspondió destacadas actuaciones, no exentas, sin embargo, de diversos conflictos internos.
En sintonía con un fenómeno universal, al cual no estuvo ajeno nuestro país, en el año 1967 se produjo la reforma universitaria, que también involucró a la Universidad Católica de Valparaíso.
Esa situación provocó diversos cambios, no solo curriculares, sino también en las diversas formas de pensamiento y vivencia universitaria.
A raíz de los reiterados conflictos y enfrentamientos que rodearon a dicha reforma, el Rector Arturo Zavala renunció en 1968. Fue elegido en su remplazo don Raúl Allard Neumann -gran amigo que también nos acompaña hoy día-, quien desempeñó el cargo hasta 1973.
Durante la vigencia del Régimen militar, la Universidad tuvo diversos rectores delegados (así se los denominó en aquella época, ya que eran designados por decisión del Gobierno).
Una vez restablecido plenamente el sistema democrático, han dirigido los destinos de esa casa de estudios superiores diversas personas.
Desde el año 2003, destacados académicos han desempeñado el cargo de rector, para cuyo ejercicio se requiere la aprobación de la Santa Sede, por haber adquirido aquella, a contar de la fecha indicada, el título de "Pontificia Universidad".
El lema institucional es Fides et labor, que significa "Fe y trabajo", lo cual encarna plenamente el espíritu que anima a los miembros de su comunidad.
Por tener la calidad de universidad perteneciente a la Iglesia católica y que depende de la Sagrada Congregación de la Educación Católica, tiene como autoridad superior eclesiástica inmediata a un Gran Canciller. Actualmente, el Obispo de Valparaíso -también amigo mío-, Monseñor Gonzalo Duarte García de Cortázar. Y su Rector es el académico -amigo mío, asimismo- Claudio Elórtegui Raffo, quien cursó su educación superior en el mismo establecimiento.
Por sus aulas han pasado muchos alumnos -sería largo enumerarlos-, quienes, plenamente imbuidos del espíritu universitario, han contribuido al desarrollo de nuestro país en los más diversos ámbitos de la vida ciudadana y recuerdan con mucho cariño a esta verdadera alma máter, como se refleja en estas bellas estrofas del himno institucional:
"Has abierto caminos de esperanza
y buscado sin miedo la verdad,
con tu lema de Fe y de Trabajo
viviremos la universidad.
"En tus aulas se anima el compromiso
de formar siempre a un hombre mejor.
"Que tu luz nos alumbre el camino
con la Fe, el Trabajo y el Saber".
Gracias a sus visionarios creadores, la Universidad ha logrado que sus programas de pregrado y postítulo cuenten actualmente con una matrícula superior a los trece mil estudiantes, agrupados en ocho facultades, treinta carreras y tres institutos. Además, tiene un significativo número de alumnos extranjeros, quienes han venido a Chile para cursar sus estudios en dicho establecimiento atraídos por su elevado prestigio académico, que trasciende nuestras fronteras.
Sus unidades académicas se encuentran distribuidas en quince sedes, ubicadas en distintos sectores de las ciudades de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Quillota. Por tanto, una parte significativa de nuestra Región se encuentra plenamente identificada con su quehacer.
Nuestro Senado también se encuentra ligado a la Universidad tras haber suscrito con sus autoridades académicas, en 2011, un convenio de cooperación que dio vida al Centro de Extensión, el cual ha permitido la exitosa realización de diversas actividades culturales y artísticas tanto en este edificio corporativo como en otros puntos del territorio nacional.
Señor Presidente, estimados colegas, señores miembros de la comunidad universitaria que nos honran con su presencia: la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso es patrimonio no solo de esta ciudad sino de todo nuestro país, por su gran prestigio académico y por los principios y valores que inspiran la formación integral de sus alumnos y la misión que les entrega, lo cual constituye una valiosa impronta para su futuro ciudadano.
Ello se refleja de modo incuestionable en las palabras que el Presbítero Enrique Pascal, recordado jurista y profesor por muchos años de la Escuela de Derecho, pronunció en 1964 durante el discurso de asunción al cargo del Rector Arturo Zavala: "Esto pedimos para los que deseen servir lealmente a su tiempo, a su mundo, a su patria, a sus semejantes, a su alma y a su Dios. Hombres de pro, chilenos de excepción, de los justos, audaces en proyectar, prudentes, sobrios en vivir, generosos en estudiar, nobles en vivir, parcos en hablar, serios en obrar, respetuosos en trabajar, doctos en adoctrinar, modestos en mandar, prestos en servir y grandes en juzgar".
Sin duda, es ese un valioso mensaje, que debe llegar a lo más profundo de todos quienes integran la Universidad.
Hago llegar mis sinceras felicitaciones a toda la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, encabezada por sus autoridades, con motivo de conmemorarse su octogésimo quinto aniversario. Deseo que cumplan muchos años más y que continúen invariablemente por la senda que trazaron sus fundadores, conservando su legado imperecedero.
Señor Presidente, no puedo terminar estas palabras sin expresar mi reconocimiento a todas y a cada una de las autoridades que hoy día nos acompañan.
A los ex rectores presentes, todos amigos, fieles colaboradores del Senado, de nuestra Patria y de esta Región que juntos hemos formado.
Me siento profundamente orgulloso de haber encabezado este homenaje en representación de las bancadas de Renovación Nacional y de la UDI.
He dicho.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Señor Presidente; estimados colegas; muy querido amigo y Rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, don Claudio Elórtegui; comunidad académica toda:
Referirse a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en la actualidad es recorrer un camino conocido y virtuoso que se confunde con la historia del republicanismo cristiano como un elemento gravitante de nuestra cultura política.
Excelencia y tradición académica avalan los logros y reconocimientos de tan importante institución.
Quisiera recordar a sus fundadores y reflexionar sobre el espíritu que los guió, para que sirva de referencia al Chile de hoy, que debate intensamente, y con muy buenas razones, sobre el futuro de nuestra educación superior.
Cuando temas como el lucro, la calidad, la diversidad y el acceso a la educación se cruzan en las actuales discusiones, es inspirador conocer la génesis y volver la mirada a la creación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
El 21 de septiembre de 1925 bendijo y colocó la primera piedra del edificio fundacional de la Universidad el Presbítero Rubén Castro, quien sería luego su primer rector. Dicha ceremonia estuvo caracterizada por la sobriedad que ha marcado la impronta que ha distinguido a la institución a lo largo de toda su historia.
La primera piedra se instaló "mirando al mar y apuntando al cielo", aduciéndose que con ello "Se fijó el destino oceánico, que es el destino de Chile, como norte de la Universidad", según un autor.
Claramente, es un mensaje que desde nuestra Región de Valparaíso (y Aconcagua) apunta a la nación, condición a la que la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso ha sido fiel todos estos años y décadas.
Tras un conjunto de determinaciones que tuvieron lugar en el seno de la Iglesia, además de modificaciones normativas referidas a las universidades particulares reconocidas por ley, inicia sus actividades como universidad autónoma.
El 25 de marzo de 1928 la Universidad Católica de Valparaíso ya podía abocarse a cumplir el deseo de sus fundadores: entregar a la juventud, especialmente a la más postergada, formación de calidad y valores cristianos para labrarse un futuro mejor como ciudadanos desarrollados en un ambiente al que de otro modo difícilmente hubiesen tenido acceso.
Podríamos decir que los siguientes son los ejes principales que nacen de ese espíritu fundacional y se han proyectado.
En primer lugar, la RELEVANCIA DEL PENSAMIENTO HUMANISTA CRISTIANO, reflejado en el aporte al saber, a la luz del magisterio de la Iglesia y la incorporación de diversos sectores sociales que se integran a la vida universitaria, acorde con la inspiración de sus fundadores.
La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso nace con una impronta humanista y cristiana, propia de un establecimiento de educación superior que ha desplegado su quehacer desde el corazón de la Iglesia católica. Se distingue por su clara y reconocida vocación pública, cuyos alcances se proyectan desde la Región de Valparaíso a todo el país, e incluso, más allá de nuestras fronteras.
La rigurosidad académica, el apego a los valores cristianos, así como su contribución a la formación de jóvenes provenientes de todos los sectores sociales del país fueron argumentos que motivaron que la Santa Sede distinguiera a la Universidad Católica de Valparaíso con el título de "Pontificia", honor que poseen muy pocas universidades católicas en el mundo.
El segundo eje es la CENTRALIDAD DE LA DIVERSIDAD.
A partir de la inspiración valórica que la distingue, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso acoge en su seno a estudiantes que reflejan a distintos sectores de la sociedad chilena. Hay en ella una pluralidad que no es común en otras casas de estudio, lo que contribuye a brindar igualdad de oportunidades y a reducir la brecha social mediante la entrega de apoyos económicos a quienes tienen aptitudes y capacidades pero no han contado con las ventajas de otros grupos sociales.
La Universidad ha mantenido consistentemente una línea de apoyo a los alumnos que recibe en sus aulas, de manera de permitir que cada estudiante meritorio que acoge pueda materializar su formación, cualquiera que sea su condición social.
En tercer lugar, cabe destacar la VOCACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO, que ha quedado de manifiesto a lo largo de sus 85 años de existencia.
Estamos ante una universidad regional de proyecciones nacional e internacional.
Desde su mismo acto fundacional, la referencia al mar y a los destinos de la nación ha sido señera, no solo en lo académico, sino también en su aporte a la ciencia, a las comunicaciones -dio lugar al primer canal de televisión de Chile-, a las artes y al desarrollo social a través del cultivo del conocimiento y la innovación.
El servicio público ha sido, ciertamente, la impronta que ha consagrado su quehacer.
El cuarto eje es el DESARROLLO ACADÉMICO.
Es del caso insistir en que el rol social, toda la noción de compromiso con la formación cristiana inspirada por los fundadores, estaría trunco si la Universidad no hubiese alcanzado el elemento al que aspira toda casa de estudios superiores: la excelencia académica.
No se trata solo de brindar oportunidades de estudio y desarrollo profesional: se trata asimismo de formar mejores personas, con capacidad de aportar, a través de su desarrollo personal y profesional, al desenvolvimiento del país y de la sociedad.
La Universidad puede exhibir en la actualidad resultados notables en investigación y posgrados, especialmente en el de doctorado, los cuales la sitúan en un muy reducido grupo de instituciones complejas e intensivas en ambos campos.
Señor Presidente, termino estas líneas de reconocimiento y homenaje a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso recordando las palabras con que el primer rector inició su discurso inaugural, en 1928:
"Una Universidad es la expresión más elocuente de la cultura de un pueblo. Abre horizontes a la juventud, marca los rumbos del progreso material, científico y artístico; en sus centros de cultura superior espiritualiza a los individuos con nobles ideales, elevándolos por sobre las miserias humanas y la materialidad de la vida...".
Sin duda, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso ha sabido ser fiel a ese concepto, ha sido fiel al espíritu de sus fundadores.
Vaya para esa noble institución y para todos quienes la integran nuestro más profundo reconocimiento al conmemorarse el octogésimo quinto aniversario de su prolífica existencia.
Como bancada de la Democracia Cristiana; como Senador por la Quinta Región de Valparaíso (y Aconcagua), y como Presidente del Partido Demócrata Cristiano, les expreso nuestro reconocimiento a su Rector, don Claudio Elórtegui, y, a través de él, a toda la comunidad universitaria.
Muchas gracias.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente; señoras Senadoras y señores Senadores; señor Vice Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Presbítero Dietrich Lorenz Daiber; señor Rector de la Universidad, don Claudio Elórtegui Raffo; estimados exrectores y amigos también aquí presentes, a quienes saludo; autoridades y miembros de la comunidad académica de la Universidad:
Rendir homenaje a los 85 años de existencia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso es rendir homenaje al esfuerzo de una región, al esfuerzo de un grupo de personas y a la propia Iglesia católica por fundar en esta ciudad una institución de educación superior de calidad comprometida con el conocimiento y la formación de personas.
Como se ha dicho, fue la voluntad de la familia Brown-Caces, inspirada por la decisión de la señora Isabel Caces de Brown, quien en su testamento dispuso efectuar "asignaciones con objeto de beneficencia, instrucción o piedad", la que dio origen a la Universidad.
Sus hijos, guiados por el presbítero Rubén Castro, decidieron establecer en Valparaíso un instituto técnico destinado a darles formación a jóvenes de escasos recursos.
Esta ciudad, en aquellos tiempos, tenía 180 mil habitantes, contaba con educación media de alta calidad, pero carecía de una institución de educación superior. Quienes deseaban proseguir estudios de este nivel debían partir a Santiago. Por eso, finalmente se constituyó la Fundación Isabel Caces de Brown, destinada a crear una casa de enseñanza superior, por documento formalizado el 6 de agosto de 1924.
Poco tiempo después, en marzo de 1928, se iniciaban las actividades académicas de la naciente Universidad con una misa oficiada por el Obispo de Valparaíso, Monseñor Eduardo Gimpert. Y luego, en el acto oficial, el Nuncio Apostólico, Héctor Felice, diría la misa principal, que daba comienzo a la vida académica de esta nueva institución de enseñanza.
La Iglesia sumaba su voluntad de apoyar esa iniciativa privada y regional, cuyo desarrollo la iba a conducir a niveles de calidad educacional difíciles de prever en esos momentos.
La naciente universidad tuvo una vocación social inconfundible. Sus dos facultades iniciales (la de Ciencias Físicas y Aplicadas y la de Comercio y Ciencias Económicas) revelan su interés industrial y comercial.
Su alumnado era principalmente vespertino, lo cual marcaba un hecho muy significativo: se buscaba fortalecer la enseñanza a trabajadores adultos.
Desde entonces y hasta la fecha, la Universidad ha seguido diversos caminos y ha vivido momentos históricos también distintos, acordes con su realidad particular.
Así -como se ha recordado; y vale la pena destacarlo-, en 1947, gracias al aporte de la Congregación de los Sagrados Corazones, se creó la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, a partir del Curso de Leyes que dicha Congregación impartía desde 1892.
Fue aquel un paso de especial madurez, al que le sucedieron otros en los años siguientes.
Entre sus muchos desarrollos, vale la pena destacar el período en que la Compañía de Jesús se hizo cargo de la Universidad, pues ha sido uno de los más prolíficos en su historia. Por poco más de una década y bajo su administración, la Universidad alcanzó niveles de crecimiento muy significativos, que la fueron instalando como un plantel de reconocido prestigio nacional. De 763 alumnos con que contaba en 1951, cuando se inició dicha etapa, al finalizar esta alcanzaba a 2 mil 335.
Será esta Corporación la que iniciará la transmisión televisiva en Chile, en los años 1955 y 1956, reflejando el nivel del conocimiento electrónico, pero asimismo la capacidad ingenieril de la institución.
La Universidad Católica de Valparaíso ha tenido también relevancia en el plano de los movimientos estudiantiles. Fue en ella donde se lanzó el primer grito reformista, un 15 de junio de 1967, en virtud de un manifiesto lanzado por alumnos y profesores de la Facultad de Arquitectura, anticipándose a lo que luego ocurriría en nuestro país y otros lugares, como en París, en 1968.
Con el tiempo, la propia Iglesia iba a instituirla con la calidad de pontificia, manera honorífica de reconocer el alto nivel alcanzado por su labor académica. Hoy, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso es un plantel de enseñanza superior moderno, que se proyecta en todo el espectro del conocimiento y en las más variadas formas del trabajo en el campo en que le corresponde actuar.
Reconocida en su alto nivel por la Comisión Nacional de Acreditación, forma parte del reducido elenco de entidades evaluadas en todas las áreas posibles: pregrado, posgrado, investigación, gestión y vinculación con el medio.
Sus alumnos son prenda de orgullo institucional por el enorme esfuerzo formativo que realiza. Pareciera que a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso no le bastase con que sean buenos profesionales al egresar, sino que realmente también le interesa que actúen dentro de un marco valórico cristiano y que se desempeñen con entrega y vocación de servicio en un mundo diverso y plural. A ello apunta su trabajo docente.
Los 680 estudiantes de la Corporación en 1928, 80 de ellos correspondientes solo a la jornada diurna, y el resto, al horario vespertino, han pasado a ser hoy 14 mil 676 jóvenes, 13 mil 451 de pregrado y mil 225 de posgrado.
La institución se encuentra organizada en ocho facultades, que imparten 70 carreras y ofrecen, además, 15 programas de doctorado, 36 de magíster y 11 de postítulo.
La verdad es que, en un momento de crisis y de debate acerca de la educación superior, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso se levanta, con orgullo, como un ejemplo.
En lo personal, debo manifestar que en mis tiempos previos a la actividad política me desempeñé, durante muchos años, en la hermana Pontificia Universidad Católica de Chile, en Santiago, vitrina desde la cual pude ser testigo del enorme y generoso trabajo realizado en las últimas décadas por la Corporación que nos ocupa, lo que ha cristalizado en una institución exitosa y objeto de amplio reconocimiento nacional e internacional.
Y ello no es casual, pues se trata de un proyecto que, si bien nació humilde y sencillo, se presenta hoy al mundo, desde Valparaíso, con la satisfacción del deber cumplido en los más altos niveles de excelencia académica posibles.
En nombre del Comité Unión Demócrata Independiente y en el mío propio, me sumo, con mucho entusiasmo, al homenaje que el Senado le rinde hoy día a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso al conmemorarse sus 85 años de existencia.
Muchas gracias.
--(Aplausos en Sala y en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Puede intervenir el Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente; señor Vice Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Presbítero Dietrich Lorenz Daiber; señor Rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y amigo, Claudio Elórtegui Raffo; Honorables colegas; académicos que nos acompañan:
Hoy, en esta sesión especial, estamos reconociendo el trabajo realizado por dicho plantel de enseñanza superior, al cumplirse sus 85 años de existencia.
Como lo han señalado casi todos los que me han antecedido en el uso de la palabra, la institución se origina en la visión y generosidad de una familia, la cual, a partir de una asignación testamentaria, decide que Valparaíso requiere una universidad.
De más está decir que seguramente en esa época no había leyes de donaciones culturales. En consecuencia, al verificarse estas últimas se pagaban los impuestos como corresponde. Mas eran otros tiempos.
Sabemos de las grandes huellas que la labor realizada ha dejado en la historia, tanto a nivel nacional como local. Quiero centrarme en la enorme contribución que la Casa de Estudios Superiores ha realizado en nuestra Región, pues no solo se ha preocupado de formar buenos y grandes profesionales para el país, sino que también lleva a cabo un aporte constante en materia de investigaciones científicas y de una gran variedad de publicaciones, en particular a partir del desarrollo de sus cursos de posgrado y de doctorado.
Pero no solo ha formado profesionales, sino que también fue pionero en diversas áreas, como lo han señalado también quienes han intervenido con anterioridad. En efecto, el 25 de marzo de 1928, en una solemne ceremonia, se abrieron las puertas de la primera universidad de la Región y de la cuarta fundada en el país, momento que contó con la presencia de la comunidad porteña, orgullosa del acontecimiento.
Uno de los sellos de la Corporación es que siempre ha propiciado su integración a la vida de nuestro Valparaíso y lo ha propuesto en su visión como institución, compromiso que ha logrado con creces.
Entre sus grandes aportes se encuentra el de haber realizado desde la Casa Central la primera transmisión de televisión en directo en el país. Ello parece hoy trivial, pero fue un hecho que dio paso a la primera gran muestra de innovación, no solo en Chile, sino también en Latinoamérica, lo que contó con la presencia del Presidente Carlos Ibáñez del Campo.
No era menor que una universidad regional tuviera la capacidad, el ingenio, la energía de materializar ese tremendo ejemplo, que irradió al resto de sus congéneres en el país, las cuales también contaron con canales de televisión.
Esta Casa de Estudios Superiores, lejos de conformarse, de dormirse en sus laureles, ha estado presente en la vida nacional, y hemos visto su expansión y crecimiento en las últimas décadas, centrados tanto en la calidad de su educación como en la incorporación de nuevos estudiantes, abriendo sus puertas a alumnos de diversos sectores sociales y promoviendo la integración de la Región. Es un atributo que caracteriza a la Universidad Católica de Valparaíso y a varias otras, pero creo que no a todas.
La contribución de la institución, además, con una buena, nueva y remodelada infraestructura ha sido parte de la gran inversión que ha realizado, lo que la erige como una de las diez mejores universidades del país. Exhibe una alta valoración y cuenta con prestigio entre las casas de estudio de regiones.
Hoy, sin embargo, los planteles de enseñanza superior deben ser algo más que formadores de personas o de profesionales. La Corporación también se ha ubicado entre las diez que más investigaciones realizan. ¿Cuál, si no, además de generar profesionales y académicos, es el rol de estas entidades? Pensar la sociedad, avanzar, cuestionar. Y la Universidad Católica de Valparaíso invierte recursos para estos efectos, lo que no muchas otras realizan.
Entonces, ¿ello qué significa? Que contamos con una institución que sigue creciendo, adaptándose a los nuevos desafíos de nuestra sociedad y dando respuesta a los problemas que el mundo pone hoy en discusión. Eso hace que se continúe manteniendo vigente y más joven que nunca.
Uno se pregunta: ¿Y cuál es actualmente el papel de la universidad? ¿De qué clase es la que tenemos en Chile?
Un informe de la OCDE trató de dilucidar el punto. Porque nuestra situación es bastante peculiar. Siempre hemos tenido universidades, y no hemos sabido si son estatales o particulares.
Se trata de planteles de enseñanza superior al servicio del país que reciben alumnos de diverso origen y con distinto financiamiento. En algunas, este último ha sido estatal, y en otras, propio, a partir de recursos aportados, sin perjuicio de recibirse también apoyo del Estado, como en la Universidad Católica de Valparaíso, por entenderse que se ha cumplido una función pública de integración, de cohesión y de profundización del diálogo y del debate, de la investigación, de la democracia y de la integración social.
Y, por otra parte, están las universidades privadas.
¿Cuándo se introduce una diferencia en relación con las particulares? Creo que es algo semántico.
Pero, al final del día, lo que distingue a las entidades es lo que hacen. Y la Universidad Católica de Valparaíso, durante 85 años, ha formado profesionales, ha realizado investigación y ha exhibido una vocación pública.
A algunos les gusta distinguir en función de la calidad jurídica. Pienso que las casas de estudios superiores que reciben aporte público trascienden ese concepto.
Otra categoría podría incluir a las instituciones según su valor en el mercado, a razón de 4 mil o 5 mil dólares por alumno, o a las que se venden y transan en ese ámbito. Ello dice relación con las universidades privadas, que cumplirán su rol, pero son distintas.
No recuerdo haber visto en venta o en oferta a la Universidad Católica de Valparaíso, como tampoco a la Universidad Austral, a la Universidad de Concepción, a la Universidad Federico Santa María, que son jurídicamente privadas, de particulares, pero han cumplido un rol y han mantenido la capacidad de hacerlo a pesar de los cambios ocurridos en Chile.
Entonces, estos 85 años son muy valiosos. Porque, como dijo el Senador señor Ignacio Walker, cuando discutimos sobre la educación superior, estamos debatiendo sobre cuál es la que queremos para nuestro país y qué tipo de instituciones necesitamos. Y creo que ese período constituye un tremendo capital, que es preciso aprovechar.
Un profesor universitario en Harvard, cuando le preguntaban cómo estaba su mujer, respondía: "¿Comparada con qué?". Porque todo es relativo. En el caso de 85 años, depende. Tratándose de la Universidad de Bolonia o de una donde estudié, que se fundó en 1400, pueden ser pocos; pero, en un país que lleva 200 años de independencia, representan más del 40 por ciento de su historia republicana.
La anterior es una manera de ver la contribución que hace una institución cuyo aporte radica al final del día, como dije, en lo que deja a la sociedad. Y creo que la Universidad Católica de Valparaíso, junto con otras, ha realizado un esfuerzo -y lo sigue haciendo- para lograr un reconocimiento por contribuir a una educación superior que permita un acceso igualitario y que ilumine por igual la inteligencia de jóvenes nacidos en diferentes barrios, pero que poseen el coeficiente intelectual necesario y las ganas de recibir un buen nivel de conocimientos y de aportar.
Espero que la Universidad Católica de Valparaíso continúe cumpliendo años, que se mantenga su participación y que sea posible seguirle tributando un reconocimiento. Este último, no ya por los actuales Senadores, ciertamente, sino por los que nos sucederán en los próximos 85 años.
Muchas gracias.
--(Aplausos en Sala y en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).-
De esta manera, el Senado de la República le ha rendido homenaje a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Agradecemos la presencia de las más altas autoridades del plantel -símbolo, como se ha dicho aquí, de Valparaíso y de la Región-; de su Rector, señor Claudio Elórtegui, y de todos quienes lo acompañan, entre ellos los miembros de la comunidad académica y los funcionarios administrativos.
Vamos a suspender la sesión por un máximo de 10 minutos para saludar a nuestras queridas visitas.
--(Aplausos en Sala y en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Se suspende la sesión.
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--Se suspendió a las 19:14.
--Se reanudó a las 19:29.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Continúa la sesión.
Estimados colegas, resta poco tiempo para el término del Orden del Día.
En estricto rigor, debiéramos seguir con el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre probidad en la función pública, pero, como quedan ocho minutos solamente y en la sesión anterior estaban inscritos cuatro señores Senadores para intervenir en dicha materia, sugiero dar por terminado el Orden del Día y entrar al Tiempo de Votaciones para despachar algunos proyectos de acuerdo.
Para ello, se requiere un quórum mínimo de 12 señores Senadores.
Si le parece a la Sala, se procederá en los términos propuestos.
--Así se acuerda.
SOLICITUD DE INDICACIÓN PARA SUPRESIÓN O PRÓRROGA DE PLAZO EXTINTIVO DE CONCESIONES DE CASINOS DE JUEGO A MUNICIPIOS. PROYECTO DE ACUERDO
El señor PIZARRO (Presidente).-
Corresponde ocuparse de un proyecto de acuerdo formulado sobre la materia por los Senadores señores Chahuán, García, Kuschel, Lagos, Muñoz Aburto, Orpis, Rossi, Tuma y Uriarte.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1573-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 24ª, en 15 de mayo de 2013.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Su objetivo es pedir al Presidente de la República que incorpore, en la iniciativa que modifica la ley Nº 19.995, que establece las bases generales para la autorización, el funcionamiento y la fiscalización de casinos de juego, en trámite en la Cámara de Diputados, una indicación para suprimir el plazo extintivo que la normativa en vigor consulta respecto de las concesiones a municipalidades o, en su defecto, que prorrogue el plazo mencionado.
Además, solicitan que haga presente la urgencia correspondiente para su tramitación.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Si hay acuerdo, se dará por aprobado.
La señora RINCÓN.-
Muy bien.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo.
El señor PIZARRO (Presidente).-
En este momento, nos hemos quedado sin quórum para adoptar acuerdos.
En consecuencia, corresponde levantar la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
De la señora ALLENDE:
A la señora Superintendenta de Salud, para que informe acerca de RECLAMO ADMINISTRATIVO CONTRA ISAPRE BANMÉDICA S.A. Y HOSPITAL DEL SALVADOR.
Del señor KUSCHEL:
A la señora Ministra de Educación, proponiéndole considerar POSTULACIÓN DE DIVERSAS CONSTRUCCIONES Y SITIOS HISTÓRICOS DE REGIONES DE LOS LAGOS Y LOS RÍOS COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD, y a la señora Ministra de Obras Públicas, solicitándole CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES QUE INDICA EN REGIÓN DE LOS LAGOS.
Del señor NAVARRO:
Al señor Ministro de Hacienda, requiriéndole informar sobre NÚMERO DE FUNCIONARIOS A CONTRATA Y A HONORARIOS EN MINISTERIOS Y SU PROGRESIÓN RESPECTO A GOBIERNOS ANTERIORES; a la señora Ministra de Educación, pidiéndole antecedentes respecto a INVERSIONES MINISTERIALES EN DICHATO ENTRE 2010 Y 2012, ESPECIALMENTE EN INFRAESTRUCTURA, Y PROYECCIONES A PARTIR DE 2013; a FISCALIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE CAPACITACIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTUDIOS PIAGET, y a SITUACIÓN DE ESCUELA PARTICULAR GABRIELA MISTRAL N° 51 DE COMUNA DE HUALPÉN; a la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social y a los señores Subsecretario de Pesca e Intendente del Biobío, consultándoles sobre EVENTUAL EXTENSIÓN DE BENEFICIOS DE PESCADORES ARTESANALES AFECTADOS POR CRISIS DE SARDINA Y ANCHOVETA A TRABAJADORES DE EMPRESAS PESQUERAS CONTRATADOS POR FAENA; a la señora Ministra de Obras Públicas, para que informe acerca de INVERSIONES Y PROYECTOS EN COLIUMO Y SI LOCALIDAD ES RURAL O URBANA; al señor Ministro de Salud, para que remita antecedentes con relación a INVERSIONES Y PROYECTOS EN DICHATO; a EVENTUAL DESTINACIÓN DE VEHÍCULO A POSTA DE COLIUMO, y a SI ESTA LOCALIDAD ES RURAL O URBANA; al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, a fin de que proporcione información respecto de EFECTIVIDAD DE CIERRE DE PLANTA ASFÁLTICA DE SERVIU METROPOLITANO EN LA FLORIDA Y EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE SUS ACTIVIDADES; a los señores Ministro de Vivienda y Urbanismo y Alcalde de Talcahuano, solicitándoles antecedentes acerca de RECEPCIÓN DEFINITIVA DE CONJUNTO MIRADOR DEL PACÍFICO (TALCAHUANO), COORDINACIÓN PARA SU ENTREGA OFICIAL, PETICIÓN DE REPARACIÓN PREVIA A OCUPACIÓN DE VIVIENDAS Y PLAZO Y COSTO DE OBRAS; al señor Comandante en Jefe de la Armada, para que informe sobre OPERACIÓN DE HUNDIMIENTO DE BARCO OCEAN BREEZE, ENCALLADO EN AGOSTO DE 2012 EN PLAYA DE LLOLLEO (Región de Valparaíso); a los señores Intendente del Biobío y Alcalde de Concepción, consultándoles MEDIDAS EN FAVOR DE LOCATARIOS DE MERCADO MUNICIPAL DAMNIFICADOS POR INCENDIO; al señor Alcalde de Talcahuano, solicitándole informar acerca de CAUSAS DE RETRASO EN ENTREGA DE SEDE SOCIAL Y MULTICANCHA EN SECTOR CERRO CASETA EL GUINDO DE COMUNA DE TALHUANO; al señor Director del Servicio Agrícola y Ganadero, pidiéndole antecedentes relativos a TRAZAS DE MAÍZ TRANSGÉNICO EN SEMILLAS IMPORTADAS DESDE ALEMANIA, y a la señora Superintendenta de Servicios Sanitarios, consultándole por ESTUDIOS SOBRE REPERCUSIÓN DE EVENTUAL ERUPCIÓN DE VOLCÁN COPAHUE EN ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.
De la señora RINCÓN:
Al señor Comandante en Jefe del Ejército, para solicitarle audiencia en relación con INQUIETUD DE GRUPO DE FAMILIAS DE "EL POLÍGONO", COMUNA DE LINARES, POR ENTREGA DE ADMINISTRACIÓN DE DICHO PREDIO AL EJÉRCITO; al señor Director Regional del Servicio de Salud del Maule, para que informe acerca de PETICIÓN DE INTERCONSULTA Y DISMINUCIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN PARA SEÑOR ALFREDO STALIN NAVARRETE GUTIÉRREZ; al señor Jefe de la Oficina Provincial de Linares del Ministerio de Salud, pidiéndole antecedentes sobre PROBLEMAS EN POBLACIÓN SALVADOR ALLENDE POR CERCANÍA DE PLANTA DE RECICLAJE, y a la señora Directora del Hospital Regional de Talca, requiriéndole ADELANTO DE HORA PARA OPERACIÓN DE SEÑORA MARTA DORA ALEGRÍA.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:33.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción