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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 361ª
Sesión 26ª, en miércoles 22 de mayo de 2013
Ordinaria
(De 16:16 a 20:1)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES JORGE PIZARRO SOTO, PRESIDENTE;
JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, VICEPRESIDENTE, Y CAMILO ESCALONA MEDINA, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIOS, LOS SEÑORES MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedan, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros de Relaciones Exteriores subrogante, señor Alfonso Silva Navarro; Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau; de Economía, Fomento y Turismo, señor Felix de Vicente Mingo; de Justicia, señora Patricia Pérez Goldberg y de Transportes y Telecomunicaciones subrogante, señor Jorge Atton Palma. Asimismo, estuvo presente el asesor legislativo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, señor Andrés Rodríguez Ariztía.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:16, en presencia de 18 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. CUENTA

El señor PIZARRO (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Dos de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de las siguientes iniciativas:

1.- Proyecto de ley que agrava penas y restringe beneficios penitenciarios en materia de delitos sexuales contra menores de edad (boletín Nº 8.677-07).

2.- Proyecto de ley que modifica el sistema privado de salud, incorporando un plan garantizado (boletín N° 8.105-11).

3.- Proyecto de ley que crea la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, fortalece el rol de la Superintendencia de Seguridad Social y actualiza sus atribuciones y funciones (boletín N° 7.829-13).

4.- Proyecto de ley que modifica la jornada, descanso y composición de la remuneración de los trabajadores de casa particular, y prohíbe el uso de uniformes a trabajadoras de casa particular (boletines Nos 8.292-13, 7.807-13 y 7.675-13, refundidos).
Con el segundo retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", respecto de los siguientes proyectos de ley:

1.- El que reconoce a la rayuela como deporte nacional (boletín Nº 8.404-29).

2.- El que crea la Agencia Nacional de Acreditación y establece un nuevo sistema de acreditación de las instituciones de educación superior (boletín Nº 8.774-04).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Cinco de la Honorable Cámara de Diputados:
Con los dos primeros informa que aprobó los siguientes asuntos:

1.- Proyecto de ley que prohíbe la existencia de guarderías infantiles en casinos de juego para personas que indica (boletín N° 8.137-23).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

2.- Proyecto de acuerdo que aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Socialista Democrática de Sri Lanka sobre Exención del Requisito de Visa para los Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y/o de Servicio", suscrito en Colombo el 26 de junio de 2012 (boletín N° 8.800-10).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Con el tercero comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Letelier, que concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, al profesor Massimo Tarenghi, en los mismos términos en que lo hizo el Senado (boletín N° 8.455-07).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República.
Con los dos últimos informa que ha prestado su aprobación a las enmiendas propuestas por esta Corporación respecto de los siguientes proyectos de ley:

1.- El que establece la elección directa de los consejeros regionales (boletín N° 7.923-06).

2.- El que incrementa el monto de la asignación mensual que perciben los soldados conscriptos (boletín Nº 8.814-02).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos junto a sus respectivos antecedentes.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Envía copia autorizada de sentencias definitivas pronunciadas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad acerca de los artículos 25 y 25 bis del Código del Trabajo.
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos.
Remite copia de las resoluciones recaídas en dos acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 32 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
--Se toma conocimiento y se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Ministro del Interior y Seguridad Pública:
Envía ejemplares de los Balances de Gestión Integral 2012 de dicha Secretaría de Estado y de sus servicios dependientes o relacionados, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975.
Del señor Ministro de Defensa Nacional:
Envía, conforme a lo que dispone el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, los Balances de Gestión Integral 2012 de dicha Secretaría de Estado y de sus servicios dependientes.
Del señor Ministro de Hacienda:
Remite, en formato digital, los Balances de Gestión Integral 2012 de esa Secretaría de Estado y de sus servicios dependientes o relacionados, en cumplimiento de lo prescrito por el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975.
Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia:
Adjunta ejemplar del Balance de Gestión Integral 2012 de dicha Secretaría de Estado, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975.
Del señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo:
Remite, en ejecución del mandato establecido en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, ejemplares de los Balances de Gestión Integral 2012 correspondientes a dicha Secretaría de Estado y a sus servicios dependientes o relacionados.
De la señora Ministra de Justicia:
Acusa recibo del informe emitido por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en materia de evaluación de la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.
Remite, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, los Balances de Gestión Integral 2012 de dicha Secretaría de Estado y de sus servicios dependientes o relacionados.
De la señora Ministra de Obras Públicas:
Envía ejemplares de los planes regionales de infraestructura y gestión de recursos hídricos al 2012, que esa Secretaría de Estado trabajó en conjunto con gobiernos regionales, autoridades locales y representantes de la comunidad.
Del señor Ministro de Obras Públicas subrogante:
Adjunta, en formatos impreso y digital, ejemplares de los Balances de Gestión Integral 2012 correspondientes a los catorce servicios dependientes de dicha Secretaría de Estado.
De la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social:
Envía, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, los Balances de Gestión Integral 2012 de dicha Secretaría de Estado y de sus servicios dependientes o relacionados.
Del señor Ministro de Salud:
Da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, mediante la remisión, en formato digital, de los Balances de Gestión Integral 2012 de esa Secretaría de Estado y de sus servicios dependientes o relacionados.
Del señor Ministro de Minería:
Envía los Balances de Gestión Integral 2012 de dicha Secretaría de Estado y de sus servicios dependientes o relacionados, dando cumplimiento al mandato del artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975.
De la señora Ministra del Medio Ambiente:
Hace llegar, en formato digital, los Balances de Gestión Integral 2012 correspondientes a esa Secretaría de Estado y a sus servicios dependientes o relacionados, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975.
De la señora Ministra Directora subrogante del Servicio Nacional de la Mujer:
Adjunta, en ejecución del artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, el Balance de Gestión Integral 2012 de dicho órgano administrativo del Estado.
Del señor Subsecretario de Pesca y Acuicultura:
Da respuesta a solicitud de antecedentes, cursada en nombre del Senador señor Navarro, relativa a los estudios científicos y criterios técnicos que sustentan las resoluciones exentas Nos 374 y 380, de 2013, para ampliar las actividades pesqueras extractivas de varias especies de mictófidos.
Del señor Subsecretario de Servicios Sociales subrogante:
Remite, con arreglo a lo prescrito por el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, los Balances de Gestión Integral 2012 correspondientes a dicha Subsecretaría y a sus servicios dependientes.
De la señora Subsecretaria de Evaluación Social:
Expide el Balance de Gestión Integral 2012 de la mencionada Subsecretaría, en aplicación del artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975.
Del señor Subsecretario de Salud Pública:
Contesta un acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Senadores señores Navarro, Gómez y Quintana, relativo a la elaboración de un registro estadístico epidemiológico de los casos de fibromialgia que permita evaluar su incorporación a las patologías AUGE (boletín Nº S 1.541-12).
De los señores Subsecretario de Agricultura, Director Nacional subrogante del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, Director Nacional subrogante del Servicio Agrícola y Ganadero, Director Nacional subrogante de la Oficina Nacional de Políticas Agrarias y Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego:
Envían, en cumplimiento de lo prescrito por el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, ejemplares del Balance de Gestión Integral 2012 de aquellas instituciones.
Del señor Subsecretario de Minería:
Contesta un acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de la Senadora señora Allende, con el que pide a Su Excelencia el Presidente de la República una reforma integral, a nivel constitucional y legal, con el objeto de delimitar el alcance de los contratos especiales de operación para las sustancias minerales no concesibles (boletín Nº S 1.519-12).
Del señor Subsecretario de Energía:
Envía, con arreglo a lo prescrito por el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, el Balance de Gestión Integral 2012 correspondiente a dicha Subsecretaría.
Del señor Director Nacional del Instituto Nacional de Deportes de Chile:
Da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, mediante la remisión del Balance de Gestión Integral 2012 de dicho servicio público.
Del señor Director Administrativo, Presidencia de la República:
Envía el Balance de Gestión Integral 2012 de dicha repartición pública, con lo que da ejecución al mandato del artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975.
De la señora Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos:
Remite comunicaciones con las que reitera peticiones de designación, conforme a lo dispuesto en el artículo 6° de la ley N° 20.405, de dos nuevos consejeros del Instituto, debido a la cesación en el cargo de la señora Carolina Carrera, a contar del 2 de julio próximo, y a la renuncia del exconsejero señor Luis Hermosilla (boletines Nos S 1.561-13 y S 1.562-13, respectivamente).
Del señor Superintendente de Servicios Sanitarios subrogante:
Da respuesta a solicitud de antecedentes, enviada en nombre del Senador señor Navarro, sobre estudios destinados a medir los efectos de la descarga de plantas de celulosa en los ríos del país, especialmente en el río Biobío.
Del señor Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía:
Remite, en cumplimiento del artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, el Balance de Gestión Integral 2012 de la referida Comisión.
Del señor Director Ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear:
Envía, en virtud de lo establecido en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, el Balance de Gestión Integral 2012 de la mencionada institución.
Del señor Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente de La Araucanía:
Da respuesta a solicitud de antecedentes, cursada en nombre del Senador señor García, relativa a acciones de monitoreo de la calidad del aire en la comuna de Nueva Imperial.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Comisión de Agricultura, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre fomento forestal, que modifica y extiende los incentivos a la forestación establecidos en el decreto ley N° 701 (boletín N° 8.603-01) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Defensa Nacional, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que incorpora un título nuevo sobre navegación fluvial en el decreto ley N° 2.222, de 1978, Ley de Navegación (boletín Nº 8.913-02).
De las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda, recaídos en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley Orgánica de Tribunales Tributarios y Aduaneros en materia de plantas (boletín Nº 8.662-05).
--Quedan para tabla.
Mociones
Del Senador señor Bianchi, con la que inicia un proyecto que modifica la Ley General de Bancos en lo relativo a la fijación de tarifas por productos o servicios que indica (boletín N° 8.958-05).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
Del Senador señor Orpis, con el que da inicio a un proyecto que modifica la ley N° 20.084 para hacer efectiva la sanción accesoria que somete al joven infractor de ley penal a un tratamiento de rehabilitación desde que sea manifiesta su dependencia de las drogas o del alcohol (boletín N° 8.957-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Proyectos de acuerdo
De los Senadores señores Prokurica, Frei, Horvath, Kuschel, Carlos Larraín, Muñoz Aburto y Patricio Walker, con el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República la implementación y financiamiento de un plan que determine las reservas de hidratos de gas submarinos existentes en las costas de Chile y la factibilidad de su explotación (boletín Nº S 1.574-12).
De los Senadores señores Chahuán, Hernán Larraín, Prokurica y Ruiz-Esquide, con el que piden a Su Excelencia el Presidente de la República el envío a tramitación legislativa de un proyecto que extienda hasta el 31 de diciembre de 2014 el bono por retiro voluntario que el artículo 9° transitorio de la ley N° 20.501 estableció para los profesionales de educación, sin menoscabo del bono poslaboral dispuesto por la ley N° 20.305 (boletín Nº S 1.575-12).
De los Senadores señores Chahuán, Hernán Larraín, Prokurica y Ruiz-Esquide, con el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República la remisión de un proyecto que prorrogue hasta el 31 de diciembre de 2014 las bonificaciones que la ley N° 20.374 estableció como incentivo al retiro para los funcionarios de las universidades estatales (boletín Nº S 1.576-12).
--Quedan para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria respectiva.
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la Cuenta.
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.


ACUERDOS ANTE EXPRESIONES ANTISEMITAS EN PROGRAMA DE TELEVISIÓN

El señor ORPIS.- Señor Presidente, hace pocos minutos la Comisión de Derechos Humanos ha adoptado un acuerdo, que quisiera que de inmediato fuera ratificado por esta Sala, en los siguientes términos:
"La Comisión de Derechos Humanos del Senado condena de la manera más categórica y absoluta los dichos antisemitas emitidos a través del personaje Murdock el día lunes 20 de mayo en el programa Hazme reír, de Chilevisión".
En ese programa se hace una alusión de corte total y absolutamente antisemita, en los siguientes términos: "¿Qué culpa tienen los judíos de ser mejor combustible que la leña?".
En ocasiones anteriores sus alusiones antisemitas y discriminatorias fueron: "¿Cuál es la diferencia entre un judío y una pizza?". La respuesta: "Es que la pizza no grita cuando la meten al horno".
En otra oportunidad se hace la pregunta: "¿Cómo caben muchos judíos en un auto? En un cenicero".
Esto resulta completamente inaceptable a juicio de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, y lo condena de la manera más categórica.
Por lo tanto, ese órgano técnico, por la unanimidad de sus miembros, ha decidido presentar una denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión.
Y formalmente solicitamos en este minuto que este acuerdo no solo sea adoptado por la Comisión de Derechos Humanos, sino que sea acordado por la Sala del Senado.
Señor Presidente, para evitar que en el futuro sigamos viendo, escuchando o siendo testigos de este tipo de hechos, desde enero de 2011 en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento se encuentra un proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que tipifica el delito de incitación al odio racial y religioso. Esta es una iniciativa parlamentaria de los Senadores señora Lily Pérez y señores Cantero, Girardi y Ruiz-Esquide, y del ex Senador señor Chadwick. La Comisión de Derechos Humanos solicita que este proyecto se exima del trámite de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento -atendida su recarga de trabajo-, y que sea tratado de manera directa por la Comisión de Derechos Humanos.
En función de lo anterior, y resumiendo, solicitamos estos dos acuerdos.
Primero, que se ratifique el acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía en orden a condenar, de la manera más absoluta, los hechos que he reseñado, y que sea el Senado, como institución, el que presente esta denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión.
Y segundo, que esta Honorable Sala acuerde eximir del trámite de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia a la moción referida, por cuanto esta tiene por objeto tipificar como delito ese tipo de conducta, que hoy día no está contemplada como tal en nuestra legislación y que la Ley Antidiscriminación la sanciona, básicamente, con una pena de carácter pecuniario, por constituir una circunstancia agravante según el artículo 12 del Código Penal.
Por las razones expuestas, señor Presidente, pido recabar de inmediato la anuencia del Senado respecto de ambos puntos.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Con relación al primer punto, solicito el asentimiento unánime de la Sala para transformarlo en un proyecto de acuerdo de esta Corporación, aprobarlo desde ya de manera extraordinaria, y hacerlo llegar al Consejo Nacional de Televisión.
¿Les parece a Sus Señorías?

El señor LARRAÍN.- Sí. Y que se redacte bien.

El señor PIZARRO (Presidente).- La Secretaría se encargará de ello, señor Senador.
Respecto al proyecto de ley, originado en moción de algunos señores Senadores, la idea es obviar su estudio por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, donde se encuentra radicado, y que esta lo remita a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, para que pueda ser tratado con algún nivel de prioridad.
¿Alguna opinión al respecto?
Senador señor Patricio Walker, como Presidente de la Comisión de Constitución ¿tiene alguna objeción en que así se proceda?

El señor WALKER (don Patricio).- No, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- Muy bien.
--Se aprueban ambas proposiciones.
IV. FÁCIL DESPACHO



ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO, ENTRE CHILE, COLOMBIA, MÉXICO Y PERÚ


El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, entre la República de Chile, la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú", suscrito en Paranal, Antofagasta, el 6 de junio de 2012, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8801-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 20ª, en 7 de mayo de 2013.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores: sesión 23ª, en 14 de mayo de 2013.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal del proyecto de acuerdo es construir un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de los bienes, servicios, capitales y personas e impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de las partes.
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó el texto por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Kuschel, Larraín (don Hernán), Letelier, Tuma y Walker (don Ignacio).
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.

Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Es de quórum simple.

--Por unanimidad, se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo.

V. ORDEN DEL DÍA



CONCESIÓN DE NACIONALIDAD CHILENA, POR ESPECIAL GRACIA, A DON DAVID FEUERSTEIN WIELGUS


El señor PIZARRO (Presidente).- Conforme a lo resuelto por la Sala, corresponde tratar, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de la Senadora señora Pérez San Martín, que concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, al señor David Feuerstein Wielgus, con informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8894-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de la Senadora señora Pérez San Martín):
En primer trámite, sesión 14ª, en 16 de abril de 2013.
Informe de Comisión:
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 21ª, en 8 de mayo de 2013.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo del proyecto es conceder la nacionalidad chilena, por especial gracia, al señor David Feuerstein Wielgus.
La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía discutió la iniciativa en general y en particular, por tratarse de aquellas de artículo único, y la aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Pérez San Martín y señores Gómez y Orpis.
La Comisión deja constancia en su informe de que, después de analizar el proyecto y en razón de las pautas establecidas para ponderar la procedencia del otorgamiento excepcional de la nacionalidad chilena, por especial gracia, a extranjeros de actuación notable en beneficio de la comunidad nacional, se formó la convicción de que don David Feuerstein Wielgus, con su ejemplo y fortaleza y su trascendente lucha por la tolerancia y los derechos humanos, es merecedor del reconocimiento reservado a las personas que han prestado valiosos servicios, a los que alude la norma del número 4° del artículo 10 de la Constitución Política de la República.

El señor PIZARRO (Presidente).- El proyecto es de quórum simple.
Ruego al señor Secretario ordenar que se toquen los timbres, porque a continuación hay iniciativas de quórum calificado.

El señor LETELIER.- Pido abrir la votación, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- Muy bien.
En votación.

--(Durante la votación).

El señor PIZARRO (Presidente).- Para fundamentar el voto, tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, por esas casualidades del destino, cuando en este Hemiciclo acordamos, por unanimidad, condenar los dichos antisemitas emitidos por el personaje de un programa de televisión, justamente hoy día se somete a nuestra consideración este proyecto de ley, que concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, a don David Feuerstein Wielgus, quien hace poco estuvo aquí en el Senado, ocasión en la cual se le rindió un homenaje en su calidad de sobreviviente del campo de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau, uno de los más terribles que han existido en la historia de la humanidad.
Creo que él y muchas otras personas que han vivido experiencias similares, son un ícono de la lucha que se ha de dar siempre por el respeto y la dignidad de los seres humanos, cualesquiera que sean su religión, color de piel, nacionalidad, etnia, condición social, orientación sexual o identidad de género.
Ayer fueron los judíos; mañana puede ser gente de origen árabe; pasado mañana, las mujeres; en otra oportunidad, quienes padecen algún tipo de discapacidad. Nadie está libre de sufrir alguna de tales discriminaciones, que pueden terminar en crímenes por el odio al prójimo. Por eso digo que don David Feuerstein es un ícono, pues representa el instinto de sobrevivir, pero además, permanece con la alegría de vivir y transmitir, generación tras generación, lo que significa la lucha por la vida, sin resentimiento, sin odio, aunque sin olvidar aquellos sucesos, que marcaron tristemente la historia de la humanidad solo hace poco más de 60 años.
Por eso, señor Presidente, quiero agradecerles a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía su total apoyo a este proyecto de ley, y pido a las Senadoras y Senadores darle su aprobación.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.

El señor ESCALONA.- Señor Presidente, semanas atrás yo propuse tributar un homenaje a don David Feuerstein -el que ya se realizó-, al enterarme de que es un sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau.
En la sesión de esta mañana pedí a la Sala tratar ahora, como si fuese de Fácil Despacho, este proyecto de ley -presentado por la Senadora Lily Pérez-, como expresión de profundo rechazo a la intolerancia manifestada en una emisión televisiva, y, al mismo tiempo, de apoyo a la vida y de reconocimiento hacia una persona que reside en nuestro país y que en el mundo de hoy es un caso excepcional, enteramente singular: sobreviviente de una situación terrible, de un genocidio que costó la vida de varios millones de seres humanos.
Es decir, tenemos el honor de que don David Feuerstein haya decidido residir en tierra chilena y, en consecuencia, nuestra patria no podía sino retribuírselo concediéndole la nacionalidad por gracia.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, yo concurrí con entusiasmo a otorgar la unanimidad de esta Sala a fin de condenar las expresiones odiosas para con los judíos, aunque sean a modo de broma o de chiste.
También accedí entusiastamente a que se viera en el primer lugar de la tabla de esta sesión el otorgamiento de la nacionalidad chilena por especial gracia a una víctima del holocausto registrado en los campos de concentración.
En mi concepto, el Senado debe dar muestras claras de condena categórica a los actos de discriminación racial, a las conductas que tengan que ver con el sufrimiento de un pueblo, como el que conocimos a raíz del holocausto que afectó al pueblo judío.
Empero, quiero llamar la atención en el sentido de que hay sociedades que aún no aprenden la lección, que no se han sensibilizado frente a la experiencia horrible que vivió el mencionado pueblo.
Curiosamente, es el Estado de Israel el que no ha aprendido la lección y está sometiendo a un holocausto permanente al pueblo palestino.
Hoy día, 700 niños palestinos se hallan detenidos, presos. Miles de palestinos se han visto privados de su derecho a subsistir, del derecho a vivir en su tierra. Varios millones de palestinos se encuentran fuera de su territorio porque el Estado de Israel se ha negado a desocupar las zonas que mantiene ocupadas. Y, asimismo, algunos parlamentarios palestinos todavía se hallan presos por el hecho de representar democráticamente el derecho de su pueblo a sobrevivir.
Señor Presidente, quiero llamar a este Senado, que ha sido consecuente con la condena a las violaciones a los derechos humanos y que también ha condenado en reiteradas oportunidades al Estado de Israel, a que reafirme tal voluntad.
Felicito a esta Alta Corporación por su consecuencia al condenar sistemáticamente las vulneraciones a los derechos humanos, vengan de donde vengan y se cometan donde se cometan.
Por tanto, reafirmo mi voluntad de condenar hoy día al Estado de Israel y reconocer el derecho que todos los ciudadanos del mundo tienen a vivir en paz, a vivir en su tierra, a vivir con dignidad, y a que su honor no sea mancillado.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el proyecto que otorga la nacionalidad chilena por especial gracia al señor David Feuerstein Wielgus (29 votos favorables), y queda concluida su discusión en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor PIZARRO (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Rossi.

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El señor PIZARRO (Presidente).- Existe acuerdo para tratar, también como si fueran de Fácil Despacho, las dos designaciones de integrantes del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos que debe hacer la Cámara Alta (números 16 y 19 de la tabla de esta sesión).
Para aprobarlas se requieren cuatro séptimos de los Senadores en ejercicio.
Sugiero que las tratemos en conjunto.
¿Le parece a la Sala?
--Así se acuerda.



DESIGNACIONES DE SEÑORA CAROLINA CARRERA FERRER Y DE DON CARLOS FRONTAURA RIVERA COMO CONSEJEROS DEL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS


El señor PIZARRO (Presidente).- Conforme a lo recién determinado por Sus Señorías, corresponde ocuparse en las proposiciones que hicieron los Comités del Senado para designar a la señora Carolina Carrera Ferrer y al señor Carlos Frontaura Rivera como integrantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, con informes de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
--Los antecedentes sobre la designación de la señora Carrera (S 1561-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 98ª, en 23 de enero de 2013.
Informe de Comisión:
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 16ª, en 17 de abril de 2013.
--Los antecedentes sobre la designación del señor Frontaura (S 1562-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 9ª, en 9 de abril de 2013.
Informe de Comisión:
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 24ª, en 15 de mayo de 2013.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión deja constancia en el informe pertinente, por la unanimidad de sus miembros presentes (señora Pérez San Martín y señores Orpis y Sabag), de que en la designación de la señora Carolina Carrera se cumplen los requisitos y formalidades previstos en el ordenamiento jurídico.
Por otra parte, la Sala debe ocuparse de la proposición de los Comités para designar como integrante del Consejo del referido Instituto a don Carlos Frontaura Rivera, por renuncia al cargo de don Luis Hermosilla Osorio y por el período que le restaba a este, hasta el año 2016.
La Comisión deja constancia, por la unanimidad de sus miembros presentes (señora Pérez San Martín y señores Gómez, Orpis y Ruiz-Esquide), de que en esta designación se cumplen los requisitos y las formalidades previstos en el ordenamiento jurídico.
Cabe tener presente que para aprobar ambas designaciones se requiere el pronunciamiento favorable de cuatro séptimos de los Senadores en ejercicio, esto es, 21 votos.


El señor PIZARRO (Presidente).- Como vamos a abrir la votación, señor Secretario, es necesario hacer sonar los timbres.
Además, les pido a los Comités Parlamentarios que les avisen a los Senadores que se hallan en reuniones paralelas que concurran al Hemiciclo para emitir su voto.
En votación las dos designaciones propuestas por los Comités del Senado.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueban las dos designaciones (27 votos afirmativos), dejándose constancia de que se reunió el quórum legal exigido.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Se hace constar la intención de voto favorable del Senador señor Bianchi.

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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento han llegado a la Mesa dos solicitudes de permiso constitucional: del Senador señor Coloma, a partir de las 16:35 del 22 de mayo, y del Presidente de la Corporación, Senador señor Pizarro, del 22 de mayo al 1° de junio.
--Se aprueban.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Acaba de llegar a la Mesa otra petición de permiso constitucional: de la Senadora señora Allende, desde el 28 de mayo al 5 de junio.
--Se aprueba.



INTRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Corresponde proseguir la discusión particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que permite la introducción de la televisión digital terrestre, con segundo y nuevo segundo informes de las Comisiones de Transportes y Telecomunicaciones y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, unidas, e informe de la Comisión de Hacienda. La urgencia ha sido calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6190-19) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 8ª, en 13 de abril de 2011.
Informes de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 30ª, en 5 de julio de 2011.
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Transportes y Telecomunicaciones, unidas (segundo): sesión 91ª, en 2 de enero de 2013.
Hacienda: sesión 91ª, en 2 de enero de 2013.
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Transportes y Telecomunicaciones, unidas (nuevo segundo): sesión 2ª, en 13 de marzo de 2013.
Discusión:
Sesiones 31ª, en 6 de julio de 2011 (se aprueba en general); 92ª, 93ª y 94ª, en 8, 9 y 15 de enero de 2013 (queda pendiente la discusión particular); 96ª, 100ª y 102ª, en 16 de enero, 5 y 6 de marzo de 2013 (queda pendiente la discusión particular); 1ª y 3ª, en 12 y 19 de marzo (queda pendiente la discusión particular); 8ª, en 3 de abril de 2013 (queda para segunda discusión); 13ª y 19ª, en 10 de abril de 2013 (queda pendiente la discusión particular); 20ª, 21ª y 24ª, en 7, 8 y 15 de mayo de 2013 (queda pendiente la discusión particular); 25ª, en 22 de mayo de 2013 (queda pendiente la discusión particular).

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Les agradeceré a los señores Senadores ir a la página 107, donde comienza el artículo 50 que propusieron las Comisiones unidas.
Como las indicaciones renovadas fueron rechazadas, corresponde votar el inciso segundo del referido artículo.
Dicho inciso es de quórum calificado.
Cabe recordar que el inciso primero del artículo 50 quedó aprobado en la sesión especial de esta mañana.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- ¿Qué dice el inciso segundo?

El señor LABBÉ (Secretario General).- Lo siguiente: "El 40% del total de las concesiones asignables para la televisión digital, entendiéndose por tales a aquellas que queden disponibles luego de que se haya llevado a cabo la transición a que hace referencia el artículo primero transitorio, serán destinadas a señales de radiodifusión televisiva digital de libre recepción regionales, locales y locales comunitarias, o para aquellas de carácter nacionales o regionales que el Consejo califique como culturales o educativas por resolución. Mediante resolución fundada y acordada por no menos de 7 de sus miembros, el Consejo podrá aumentar o disminuir este porcentaje, pero en este último caso, no podrá hacerlo a menos de un 30%. En este porcentaje deberán considerarse dos frecuencias nacionales, destinadas solamente a señales culturales o educativas, así calificadas por el Consejo por resolución. El Consejo por resolución fundada y acordada por no menos de 7 de sus miembros, definirá el procedimiento para la asignación de las concesiones respectivas. Dicho procedimiento, deberá asegurar que el total del espectro de estas dos frecuencias se destinará para que se realicen ofertas no discriminatorias a concesionarios con medios de terceros.".

El señor NOVOA.- Pido la palabra.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- La tiene, señor Senador.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, quiero solicitar que se autorice el ingreso del señor Subsecretario de Telecomunicaciones.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Recabaré la autorización necesaria una vez que termine la votación, Su Señoría.

El señor NOVOA.- Entiendo que está como Ministro subrogante, y a lo mejor no sabe que en tal caso no necesita autorización.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- No la necesita.

El señor NOVOA.- Le vamos a avisar.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En votación el inciso segundo del artículo 50 propuesto por las Comisiones unidas.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba (27 votos a favor y una abstención), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Frei (don Eduardo), García-Huidobro, Girardi, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvo el señor Gómez.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, hay que pronunciarse sobre el artículo 2°, nuevo, del proyecto (intercala en el artículo 69 de la Ley sobre Propiedad Intelectual un inciso tercero, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto), precepto que fue sugerido unánimemente por las Comisiones unidas y no es de quórum especial.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el artículo 2°, nuevo, del proyecto, propuesto por las Comisiones unidas (19 votos favorables).
Votaron las señoras Allende, Alvear, Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Frei (don Eduardo), García-Huidobro, Girardi, Kuschel, Muñoz Aburto, Novoa, Pérez Varela, Prokurica, Rossi, Sabag, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación vienen los artículos transitorios.

El señor PROKURICA.- ¡Aleluya...!

El señor LABBÉ (Secretario General).- El Artículo Primero transitorio fue aprobado por unanimidad en las Comisiones unidas. No requiere quórum especial.

El señor CHAHUÁN.- "Si le parece".

La señora RINCÓN.- "Si le parece".

La señora ALLENDE.- Votemos, señor Presidente.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Se está pidiendo votar.
En votación el Artículo Primero transitorio sugerido por las Comisiones unidas.
¿Senadora señora Rincón?

La señora RINCÓN.- Quería hacerle una pregunta al Ministro.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- No es factible, pues estamos en votación.
Su Señoría puede fundar el voto.

La señora RINCÓN.- No, señor Presidente.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Continúa la votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el Artículo Primero transitorio propuesto por las Comisiones unidas (21 votos a favor y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Espina, Frei (don Eduardo), García-Huidobro, Girardi, Horvath, Kuschel, Muñoz Aburto, Novoa, Pérez Varela, Prokurica, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron la señora Rincón y el señor Gómez.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, la Sala debe pronunciarse respecto del Artículo Segundo transitorio, que figura...

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Perdón, señor Secretario, pero hay dos peticiones de palabra: del señor Ministro y de la Senadora señora Rincón.

El señor ATTON (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones subrogante).- No haré uso de ella, señor Presidente.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Entonces, puede intervenir la Honorable señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, quería hacerle una pregunta al Ministro. Y consideré legítimo formularla porque estábamos votando una norma que, de acuerdo a lo que señalan los expertos, iba en el sentido contrario de lo que debíamos hacer.
Según los especialistas, al permitírsele a un canal quedarse con una opción distinta de la digital se le está posibilitando ocupar más espectro que el correspondiente.
Mi consulta al Ministro recaía en ese aspecto. Pero, como ya pasó la votación, la dejo ahí.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Decía que ahora procede votar el Artículo Segundo transitorio propuesto por las Comisiones unidas, que no es de quórum especial.

El señor BIANCHI.- Con la misma votación, señor Presidente.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- No hay acuerdo.
En votación el Artículo Segundo transitorio.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el Artículo Segundo transitorio (20 votos a favor y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Frei (don Eduardo), García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Pérez Varela, Prokurica, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron la señora Rincón y el señor Gómez.

La señora ALVEAR.- Pido que se agregue mi voto positivo, señor Presidente.

El señor ESPINA.- Y el mío.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Se dejará constancia en la Versión Oficial de la intención de voto favorable de los Senadores señora Alvear y señor Espina.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde pronunciarse acerca del Artículo Tercero transitorio, norma de quórum calificado que fue aprobada por unanimidad en las Comisiones unidas.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En discusión el Artículo Tercero transitorio.
Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, antes de votar, solo quiero preguntarle al Ministro subrogante si es efectivo que si aprobamos esta disposición transitoria el texto quedará incongruente después de lo que se eliminó en el artículo 15.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor ATTON (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones subrogante).- No es así, señor Presidente, porque este artículo transitorio versa sobre la migración que deberán efectuar los actuales canales analógicos a la televisión digital.
La norma en votación regula todo el procedimiento de cómo deberán ser presentados los proyectos para la migración, y por eso quedó incorporada dentro de las disposiciones transitorias.
El artículo 15 permanente fue elaborado para los efectos de la renovación de las nuevas concesiones, para cuando corresponda proceder a las próximas renovaciones.
En resumen, este artículo transitorio apunta a la migración de la televisión analógica a la digital.

El señor BIANCHI.- Muy bien.
"En votación", señor Presidente.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En votación el Artículo Tercero transitorio.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Hago presente que esta norma es de quórum calificado, razón por la cual requiere 18 votos favorables para su aprobación, de acuerdo a los permisos constitucionales solicitados.
--(Durante la votación).

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en primer lugar, debo manifestarle al señor Subsecretario de Telecomunicaciones -hoy Ministro subrogante- que el tema del derecho preferente lo hemos discutido latamente.
El Artículo Tercero transitorio señala que la nueva concesión tendrá el "derecho preferente que establece el inciso quinto del artículo 15 de la ley Nº 18.838 y se entenderá como otorgada por concurso público para todos los efectos legales".
Es decir, se repite un debate que ya hemos tenido: para el que cumple la ley, ¡premio! Solo por cumplir la ley, ¡derecho preferente!
Siento que el derecho preferente es un regalo gratuito, una dádiva absolutamente innecesaria, igual que la que se otorgó en la Ley de Pesca.
Ya dijimos que esta última, con condiciones inaceptables desde el punto de vista del cumplimiento de las tareas laborales, concedió un derecho preferente que hoy se vuelve a plantear bajo circunstancias que los canales jamás cumplirán, porque nunca superarán el 50 por ciento del promedio anual de las sanciones aplicadas a la totalidad de las concesionarias.
¡Eso no será posible! ¡Esta es una renovación casi automática! ¡Derecho preferente! ¿Y por qué?
La verdad es que uno puede escuchar argumentos, señor Presidente, pero yo me cansé de debatir en Comisiones por qué los canales gozarán de derecho preferente. ¿Por qué no opera el mercado? ¿Dónde están los libremercadistas, los creadores de la competencia, los que creen que con ella habrá desarrollo, los que piensan que la competencia es, en definitiva, lo que mueve el capital?
¡Pero aquí no! En este mercado, ¡derecho preferente! ¿Para quiénes? Para los concesionarios. Y, en mi opinión, ese derecho preferente sigue siendo un hecho absolutamente inaceptable.
Dice el artículo transitorio: "a solicitud del interesado y para sus renovaciones posteriores estará sujeta al derecho preferente que establece el inciso quinto del artículo 15 de la ley Nº 18.838".
Yo lo rechazo, porque creo que quienes tengan la posibilidad de administrar una concesión del Estado -un bien nacional de uso público- no pueden estar blindados. Y el derecho preferente constituye una barrera de entrada, significa negar la competencia.
Ojalá las bancadas de enfrente respondan por qué desean blindar a los canales a través de un derecho preferente. Lo voy a poner en términos de mercado: si alguien es más eficiente o presenta un mejor proyecto, ¿por qué entonces no va a poder participar de esta industria?
A los libremercadistas se les acaba toda la defensa de la libertad cuando se trata de los poderosos, pues no hay explicación alguna que facilite la existencia de un derecho preferente para los concesionarios.
Por el contrario, opino que esto va a dificultar el desarrollo del sector, porque permitirá la creación de monopolios, duopolios y, en definitiva, alimentará la sensación de que el que administra tiene seguro lo que está administrando, por lo que el incentivo para un mayor desarrollo decaerá, al tenerse garantizada la continuidad, todo lo cual impide la entrada de nuevos actores.
El derecho preferente para los concesionarios de las señales de televisión abierta es, en realidad, un privilegio, un blindaje que la legislación otorga de manera gratuita.
Le hemos pedido una explicación al Gobierno, y a la Derecha, que proclama el libre mercado y la competencia, coherencia.
"¡Cri-cri!", señor Presidente. ¡Ahí no hay mucha respuesta! Solo se trata de favorecer a quienes hoy día tienen las concesiones para gozar de un derecho preferente en su renovación.
Creo que eso habla mal de nosotros; nos deja en cuestión. Ya sabemos todos lo que ha pasado con la Ley de Pesca. Ojalá que las donaciones secretas a las campañas puedan ser eliminadas durante este Gobierno, antes de las próximas elecciones, mediante un proyecto de ley que hemos presentado con la firma de los Senadores señores Gómez y Muñoz Aburto. Porque efectivamente, después de la aprobación de dicha normativa, con todos esos derechos especiales, en la ciudadanía se ha instalado la sombra de la duda y hemos quedado bajo la mira, bajo el escrutinio, de manera injusta, en mi opinión.
Sin embargo, por votaciones como esta, donde uno debiera cautelar los intereses del Estado y proteger la libre competencia, se consagra un derecho preferente que yo rechazo.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, no pensaba hablar, pero lo voy a hacer, porque si voto distinto del Senador Navarro mi posición podría interpretarse en forma contradictoria con lo que deseo plantear.
Yo no veo el problema que indica el señor Senador, toda vez que este artículo aborda la forma como se hará la transición entre el actual sistema analógico de televisión y la tecnología digital.
Existen varios canales regionales, comunitarios y nacionales que deben hacer esa transformación obligada desde el momento en que estamos dictando una legislación para pasar del formato analógico al digital.
¿Y qué es lo único que hace este artículo? Respetar una concesión actual -por eso es transitorio- para que pueda llegar a la nueva televisión digital, pero, una vez vencida la concesión en dicho formato, tendrá que concursar de acuerdo a los términos del artículo 15 ter, que es distinto.
Aquí estamos ante una disposición transitoria.

El señor PROKURICA.- Así es: no tiene carácter permanente.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Y por eso, con ese convencimiento, voto a favor del precepto.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, esta es una ley que discutimos no a partir de algo que no existe, sino a partir de una industria que ya existe y que surgió de una manera más bien experimental en los años sesenta, en manos de las universidades. Y, en el contexto de la tragedia que padeció nuestro pueblo -es decir, durante la dictadura-, se generaron fenómenos que la regularon y la hicieron cambiar mucho. ¡Mucho! El hecho es que hoy varios concesionarios poseen concesiones indefinidas.
Quizás el Senador Navarro o el Senador Pérez Varela -por su intermedio, señor Presidente-, que son de la Octava Región, nos puedan rectificar, pero yo entiendo que la concesión del Biobío fue otorgada antes de ciertas fechas y, por tanto, es indefinida. Así ocurre también con Televisión Nacional, Canal 13, Chilevisión, y hasta con Mega. Creo que con La Red no, pero puedo estar equivocado. Todos ellos tienen hoy derechos indefinidos. Y lo que esta ley hace es limitar ese ejercicio, en el marco de la transición de una forma de transmisión a otra.
Pueden no hacerlo. Y si el Estado quisiera quitarles la señal, según la gran mayoría de los abogados, tendría que pagar, indemnizar a los canales.
A mí no me gusta cómo ha ocurrido la historia necesariamente. Si cada uno de nosotros pudiésemos escribirla según nuestros deseos, el mundo probablemente sería distinto.
El Artículo Tercero transitorio se sitúa en una ley que permite el tránsito de una forma de transmisión a otra; que limita a 20 años las concesiones; que establece criterios para todos los nuevos que vienen, ya que hay un espacio de espectro muy amplio gracias al cambio tecnológico. Pero es cierto que estamos discutiendo este artículo a destiempo, porque aún no nos hemos puesto de acuerdo en el concepto de "derecho preferente", que precisamente "se cayó" debido a que algunos de nosotros no estuvimos dispuestos a votarlo en razón de no haberse alcanzado consenso en torno a la redacción que propuso el Ejecutivo. No hubo acuerdo sobre cuáles eran los requisitos mínimos para ejercer este "derecho preferente", que tenían que ver con el "correcto funcionamiento", es decir, pluralismo, etcétera. Y, en ese sentido, si esta ley ya estuviera definida bajo el concepto de "correcto funcionamiento", habría causales para quitarle la concesión a Chilevisión en virtud de los comentarios antisemitas emitidos en uno de sus programas.
Lo que queremos es establecer criterios de "correcto funcionamiento" y la exigencia del respeto a las leyes laborales.
Como eso no está bien redactado, señor Presidente, a mí me hubiese gustado que antes de esta votación hubiéramos visto el artículo permanente, pero entiendo que hay acuerdo para abordarlo después, en la seguridad de que ya vamos a tener definido un concepto de resguardo, de respeto de las leyes laborales, en serio.
Yo quiero creer que es dentro de ese marco que estamos votando este artículo transitorio.
Y tenemos otro tema, señor Presidente, por lo que me gustaría pedir la anuencia de la Sala para extenderme un minuto más.
En la página 114 del comparado hay un párrafo que, si no se rectifica, la ley va a quedar mal. Me gustaría, con la venia de los señores Senadores, que esta votación sirviera para todo, menos para lo que se señala en esa página respecto del cien por ciento de las concesiones. Hay una referencia ahí que dice relación, no al derecho preferente, sino a otro tema que es fundamental.

El señor PÉREZ VARELA.- ¿Cuál?

El señor LETELIER.- Está en el primer inciso que figura en la página 114.
Las concesionarias no tienen una concesión, sino muchas. Y necesitamos asegurar que cuando migren, lo hagan con el cien por ciento de sus concesiones, como digitales, y que, adicionalmente, aseguremos que el 85 por ciento de la cobertura, de la que se habla en otro artículo, se refiera al 85 por ciento, no de la población, sino de la población de cada concesión.
¿Cuál es la sutileza? Que algunos canales podrían dejar de lado todas sus concesiones a nivel nacional y quedarse solamente con las de la Octava y Quinta Región y de Santiago, con lo cual ya alcanzarían el 85 por ciento de la población, pero no necesariamente el 85 por ciento de la población de todas las concesiones.
He conversado el punto con el Subsecretario. Es necesario hacer la rectificación. Y habrá que ver en qué minuto se logra una redacción más precisa.
Lo importante es que el Artículo Tercero transitorio concuerde con el otro, señor Presidente. Yo lo voy a votar a favor, en el entendido de que, uno, hoy existen concesiones indefinidas y que aquí se les pone una restricción, y dos, de que se va a precisar lo relativo a la garantía de los derechos laborales, que no logramos resolver en la primera parte de las votaciones.
He dicho.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el Artículo Tercero transitorio (25 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Letelier, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Gómez, Muñoz Aburto y Navarro.
Se abstuvieron la señora Rincón y el señor Rossi.


El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Pasamos al Artículo Cuarto transitorio.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta norma no es de quórum especial y fue aprobada por unanimidad en las Comisiones unidas.

El señor CHAHUÁN.- ¡"Si le parece", señor Presidente!

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor ATTON (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones subrogante).- Señor Presidente, este artículo define un plazo máximo de 60 días para que la Subsecretaría saque el Plan de Radiodifusión Televisiva que permita implementar esta ley. De hecho, en la Cámara se habían aprobado 120 días y en las Comisiones unidas del Senado se bajaron a 60.
Por lo tanto, es absolutamente un tema de procedimiento para poder hacer la migración a la televisión digital.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En votación el Artículo Cuarto transitorio.
--(Durante la votación).

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro, para fundamentar el voto.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, deseo señalar, a propósito de una votación anterior, que el artículo 15 ter establece el uso preferente con un sistema de negación absurdo. Y el Artículo Tercero transitorio, que acabamos de votar, habla claramente de "renovaciones posteriores", para que no quede lugar a equívoco. Es para la transición y para todas las posteriores. ¡Está clarísimo!
Ahora, el Artículo Cuarto transitorio establece un plazo de 60 días hábiles para realizar las modificaciones al Plan de Radiodifusión Televisiva. Ese es trabajo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Lo ideal sería que ese Plan fuera entregado antes de la entrada en vigencia de la ley. Y debe dar cuenta de cada zona geográfica de cobertura, de cuántos canales hay en la actualidad, de cuántos habrá en cada una de las nomenclaturas: nacionales, regionales, locales y comunitarias.
Yo no sé cuál es el impedimento técnico para poder hacer eso antes del comienzo de la vigencia de la ley y me gustaría saberlo. Ignoro si no tienen la información, o si ya la tienen y se conoce exactamente todo. Nuevamente: ¡No nos pisemos la capa entre superhéroes...! Si la SUBTEL no tiene claro eso después de esta larga tramitación y necesita darse 60 días, yo no quiero ninguna sorpresa, señor Presidente. Exijo claridad sobre cómo se va a distribuir el espectro.
El Gobierno nos pide a cada rato -en el proyecto sobre Ministerio del Deporte, por ejemplo- que firmemos cheques en blanco. Pero en este caso yo no voy a firmar ninguno.
Requiero saber exactamente cómo se va hacer la distribución del espectro radioeléctrico, cuáles serán las coberturas de los canales regionales, locales y comunitarios.
¿Por qué esperar 60 días? Es posible contar con esa información antes de que la ley entre en funcionamiento. El punto es que, después de dicho plazo, con la normativa ya en vigor, no queda más que aceptarla. ¡Es lo que hay!
No sé si existe algún informe previo que el Subsecretario, hoy como Ministro subrogante, nos pueda entregar. Lo debe tener. Está claro que toda esta legislación se hizo con calculadora en mano respecto de cómo se distribuirá el espectro. Por lo tanto, dicha autoridad nos podría ilustrar sobre la materia.
Quisiera disponer de tales antecedentes antes de que la ley entre en vigencia para tener algún grado de apelación.
La pregunta del millón: ¿son apelables las modificaciones que deberán efectuarse al Plan de Radiodifusión Televisiva, como propone el Artículo Cuarto transitorio? De la norma se desprende que hay un plan. Nos están pidiendo que aprobemos una facultad para hacerle enmiendas. ¿Cuáles serán estas? ¿Por qué no se plantearon en el debate? ¿Por qué no fueron discutidas aquí?
No quiero sorpresas en esas modificaciones y tampoco en las nomenclaturas de los canales nacionales, regionales, locales y comunitarios.
¿La SUBTEL cuenta con esa información? Hubiera sido transparente, objetivo y concreto que tales cambios al Plan de Radiodifusión Televisiva se hubiesen explicitado en el debate, antes de conceder la atribución pertinente.
Quiero que el Ministro subrogante señale cuál es ese plan y cuente por qué hay que modificarlo.
Señor Presidente, el Ejecutivo tiene tanto poder en este ámbito que darle nuevas facultades al efecto me resulta a lo menos curioso.
Pido a dicha autoridad que nos explique qué modificaciones se van a hacer; por qué se requieren 60 días, y si tiene claro o no qué enmiendas se pretenden incorporar.
Anuncio mi voto en contra, porque no hay otra alternativa.
Me habría gustado que esa información la hubiésemos debatido en las Comisiones unidas o en la Sala, para saber exactamente qué estamos votando.
Los señores Senadores debieran tener muy claro qué se va a aprobar en cada una de sus regiones. Eso lo hacemos a diario, tanto en la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos como en la de todas las iniciativas legales. ¡No andamos con sorpresas! ¡No entregamos un cheque en blanco para hacer modificaciones y definir cómo se va a distribuir el espectro!
Cuando debatimos el proyecto sobre la Ley de Pesca, teníamos clarito al menos cómo se iban a asignar las cuotas. ¡No había sorpresas! No dimos una facultad al Ejecutivo para ello. Se definió en el Congreso Nacional.
Si bien se trata de una redistribución técnica -todo indica que es así- y en esa área hay poco espacio para el error, me gustaría que lo pudiéramos saber ahora, señor Presidente.
Anuncio mi voto en contra, salvo que nos tenga una sorpresa importante el señor Ministro subrogante.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Señor Ministro, solo le puedo dar la palabra para rectificar algo que se halla dicho.

El señor ATTON (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones subrogante).- Sí, señor Presidente.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra.

El señor ATTON (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones subrogante).- Solo deseo aclarar un punto, señor Presidente.
La verdad es que existe el Plan de Radiodifusión Televisiva, pero aplicado a la televisión analógica. En el inciso cuarto transitorio se plantea un plazo de 60 días una vez publicada la normativa, para hacer las modificaciones necesarias a dicho plan a fin de incorporar los conceptos vertidos en la futura Ley de Televisión Digital. Por ejemplo, que ha de operarse con una gama de frecuencias UHF; que se consideran concesiones del tipo nacional, regional, local y comunitaria; que deben reservarse frecuencias para dichas concesiones, etcétera.
Todo eso tiene que quedar expresado en el plan. Una vez que esté listo, se convierte en un decreto supremo, del cual toma razón la Contraloría. Senador señor Navarro, si enviáramos hoy dicho decreto al órgano contralor, sin incluir el concepto legal de televisión digital, evidentemente sería rechazado.
Por lo tanto, las atribuciones que se están entregando corresponden a las adecuaciones que debe hacer el Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Ello luego se constituirá en un decreto supremo, que se enviará a la Contraloría para la toma de razón, acto que sirve para verificar que el texto actualizado está de acuerdo a lo que exactamente dice la ley.
Gracias, señor Presidente.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el Artículo Cuarto transitorio (20 votos a favor, 1 en contra y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Novoa, Pérez Varela, Prokurica, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votó por la negativa el señor Navarro.
Se abstuvo el señor Gómez.


El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- A continuación, veremos el Artículo Quinto transitorio.

El señor LETELIER.- ¿Me permite, señor Presidente? Quiero plantear una cuestión previa.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, solicité al señor Ministro subrogante que explicara si tenía la indicación para corregir el error de redacción que se vislumbró en algunos artículos transitorios respecto de los porcentajes de concesiones que tenían que transitar.
Se detectó dicho error de redacción. Ello se conversó con el Gobierno. Guarda relación con la total cobertura digital una vez cumplido el periodo de transición.
Por su intermedio, pido al Ejecutivo que nos diga si cuenta con una indicación a ese efecto. Si fuera así, podríamos despacharla antes de seguir con el artículo que corresponde tratar.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Señor Senador, entiendo que está pendiente el inciso séptimo del Artículo Segundo transitorio, en el que se discutirá...

El señor LETELIER.- No es ese, señor Presidente.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- ¿No?
Tiene la palabra.

El señor LETELIER.- El señor Ministro subrogante reconoció el problema aludido y señaló que prefiere perfeccionar la redacción en un inciso distinto del séptimo.
Por eso sugiero, antes de seguir con el debate, que se ofrezca la palabra al señor Atton para que precise el asunto.

El señor ATTON (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones subrogante).- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra, señor Ministro.

El señor ATTON (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones subrogante).- Señor Presidente, si revisamos hacia atrás, notaremos que efectivamente ya se aprobó el Artículo Segundo transitorio.
Su inciso tercero señala: "Las concesionarias a que se refiere el inciso anterior deberán alcanzar una cobertura digital de un 100% de su zona de servicio en el plazo de cinco años, contado desde la entrada en vigencia de la presente ley.".
La redacción aprobada habla también de un 85 por ciento de la población y un 85 por ciento de las concesiones. Entonces, se podría producir un incentivo perverso, como planteó el Senador señor Letelier: que los concesionarios actuales, para cumplir con la migración, se vayan a operar solo a las principales ciudades. Con eso, efectivamente cumplirían la norma, pero no seguirían hacia el resto de las localidades, que son -entre comillas- el 15 por ciento de la población.
La pena por ello es la pérdida de la concesión.
Por lo tanto, es factible el riesgo de que las concesiones no cumplan la cobertura del 100 por ciento, en perjuicio de las localidades menores, las cuales podrían no resultar atractivas para tales efectos.
En consecuencia, sugerimos reemplazar los incisos tercero y noveno del Artículo Segundo transitorio por los siguientes:
Inciso tercero: "Las concesionarias a que se refiere el inciso anterior deberán alcanzar una cobertura digital de un 100% de su zona de servicio en el plazo de cinco años, contado desde la entrada en vigencia de la presente ley.".
Inciso noveno: "El incumplimiento de los plazos señalados anteriormente se sancionará conforme con el artículo 33º Nº 4 de la ley Nº 18.838. Por su parte, el incumplimiento de las condiciones previstas en el inciso tercero de este artículo se entenderá como incumplimiento de las condiciones establecidas en el inciso primero del artículo 15 quáter de la presente ley.".
Con esos cambios, todo lo que hemos aprobado respecto de retransmisión consentida y obligaciones de migración operará con una cobertura digital del 100 por ciento de las concesiones que detenten los actuales concesionarios y no habrá riesgo de que solo llegue al 85 por ciento.
Gracias, señor Presidente.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- El Senador señor Letelier acaba de entregar la indicación respectiva a la Mesa. Pero se requiere la unanimidad de la Sala para incorporarla y votarla.
¿Habría acuerdo?

La señora RINCÓN.- Sí.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Claro.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Se trata de la indicación que acaba de leer el señor Ministro y que hizo llegar a la Mesa el Honorable señor Letelier.

El señor NAVARRO.- No la tenemos en nuestro poder. Quiero leerla primero.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- El señor Secretario le dará lectura.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El texto que se ha hecho llegar a la Mesa dice: "Para reemplazar, en el Artículo Segundo transitorio, sus incisos tercero y noveno por los siguientes".
Luego se plantea el nuevo inciso tercero. Dice: "Las concesionarias a que se refiere el inciso anterior deberán alcanzar una cobertura digital de un 100% de su zona de servicio en el plazo de cinco años, contado desde la entrada en vigencia de la presente ley.".
La Secretaría puntualiza que el inciso tercero propuesto por las Comisiones unidas expresa exactamente lo que acabo de leer.
De consiguiente, a lo mejor el problema se halla en el inciso noveno. El que plantea la indicación dice lo siguiente: "El incumplimiento de los plazos señalados anteriormente se sancionará conforme con el artículo 33º Nº 4 de la ley Nº 18.838. Por su parte, el incumplimiento de las condiciones previstas en el inciso tercero de este artículo se entenderá como incumplimiento de las condiciones establecidas en el inciso primero del artículo 15 quáter de la presente ley.".
El inciso noveno que sugiere la indicación efectivamente es diferente de la proposición que aprobaron las Comisiones unidas.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, requiero tener la indicación por escrito, tal como lo indica el Reglamento. Los señores Senadores debemos contar con dicho texto en nuestros escritorios antes de votar.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- No hay problema en ello, señor Senador. Se hará llegar la indicación a todos.
Yo pedí la unanimidad de la Sala para incorporar la referida indicación y votarla. Si no la hay, no podremos tratarla.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, quiero estudiar la indicación primero.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Entonces, dejaremos este asunto para el final. Así, los señores Senadores podrán leer detenidamente el texto de la indicación pertinente.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, corresponde votar la proposición de las Comisiones unidas, acordada por unanimidad, para suprimir el artículo sexto transitorio.
Hago presente que no se requiere quórum especial.
La norma que se sugiere eliminar dice: "Dentro del plazo de noventa días desde la entrada en vigencia de esta ley, la Subsecretaría de Telecomunicaciones deberá incluir, conforme al artículo 28 C de la ley Nº 18.168, como proyecto subsidiable, el otorgamiento de una o más de las concesiones a las que se refiere el artículo 31 A, que se introduce en la ley Nº 18.838. Los subsidios se asignarán conforme a las reglas del Título IV de la ley Nº 18.168 que le resulten aplicables. El o los proyectos respectivos podrán tener cobertura local, regional o nacional.".

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, está el artículo sexto transitorio antiguo, que fue objeto de modificación, y el artículo sexto transitorio nuevo.
Entiendo que se votará este último.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- No. Se pondrá en votación la proposición para suprimir el sexto transitorio antiguo.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Justamente.

El señor NAVARRO.- Bien.
Luego votaremos el nuevo inciso sexto transitorio.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Así es.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, se votará primero la eliminación del artículo sexto transitorio que venía aprobado de la Cámara de Diputados. Si se aprueba la proposición de las Comisiones unidas, dicha norma queda suprimida.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, como yo no soy partidario del nuevo artículo sexto transitorio -daré mis razones cuando tal norma se ponga en votación-, debo dejar claro que estarán los votos para aprobarlo si se acoge la supresión propuesta.
Me referiré en su momento al artículo sexto transitorio propuesto por las Comisiones unidas.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Señor Ministro, el artículo sexto transitorio que se propone eliminar se refiere a los subsidios que reciben las señales regionales. ¿Eso está repuesto en algún otro artículo?

El señor ATTON (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones subrogante).- Sí, señor Presidente.
De hecho, se contemplan dos tipos de subsidios: uno, al contenido, que es una atribución entregada al Consejo, conforme a la Ley de Presupuestos; y otro, al equipamiento y a la infraestructura de transmisión, consignado en el artículo 47.
Se estableció así en esos dos artículos, señor Presidente.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Okay.
En votación la proposición de las Comisiones unidas para suprimir el artículo sexto transitorio del proyecto.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba la proposición de las Comisiones unidas para eliminar el artículo sexto transitorio del proyecto (23 votos a favor y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Letelier, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Uriarte y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvo el señor Navarro.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Enseguida, las Comisiones unidas proponen consultar, como artículo sexto transitorio nuevo, el siguiente: "Aquellas concesionarias de servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción que cuenten con infraestructura y sistemas para la transmisión en zonas fronterizas, extremas o apartadas del territorio nacional, respecto de las cuales no fuesen titulares de concesiones, y que hubiesen sido subsidiadas o financiadas con fondos provenientes del Consejo Nacional de Televisión, deberán acogerse al régimen concesional regulado por la presente ley respecto de dicha infraestructura. Estas concesiones serán asignadas de manera directa por el Consejo, y sus renovaciones posteriores estarán sujetas al derecho preferente que establece el inciso quinto del artículo 15º de la ley Nº 18.838. Asimismo, se entenderán otorgadas por concurso público para todos los efectos legales y les resultará plenamente aplicable el régimen de incompatibilidades a que hace referencia el artículo 15 de la presente ley.
"El Plan de Radiodifusión Televisiva deberá reservar las frecuencias necesarias para el otorgamiento de estas nuevas concesiones. Para estos efectos, las concesionarias tendrán un plazo de 30 días, contado desde la fecha de publicación de esta ley, para informar a la Subsecretaria de Telecomunicaciones respecto de las zonas de cobertura de dicha infraestructura y sistemas y las frecuencias de transmisión utilizadas por las mismas.
"Asimismo, a las concesionarias que se sujeten a lo dispuesto en este artículo se les aplicarán íntegramente lo dispuesto en el inciso octavo del Artículo Segundo transitorio de la presente ley.".
Esta norma, que es de quórum calificado, fue aprobada por mayoría en las Comisiones unidas.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor ATTON (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones subrogante).- Señor Presidente, esta situación fue analizada en las Comisiones unidas. Se trata de que, en la famosa ley de antenas, todos los permisos -por llamarlos de alguna forma- que existían eran del Consejo Nacional de Televisión, otorgados necesariamente para llevar televisión a localidades rurales apartadas, donde había un solo canal. Nos dimos cuenta de que dicho organismo, efectivamente, no había seguido el régimen de entregar por concurso público estas concesiones y no hubo decreto de concesión.
Por lo tanto, si la futura ley no contiene este artículo sexto transitorio -que lo que hace es, al otorgarse una concesión, obligar a los canales a entregar todos los antecedentes técnicos en un plazo de 60 días-, nos vamos a encontrar que en localidades chicas o menores no habrá la obligación de pasar a televisión digital. Eso significa que van a quedar con la analógica, sin tener algún tipo de exigencia.
Por lo tanto, con este artículo sexto transitorio se impone la obligación de que en todas aquellas localidades que fueron financiadas por el fondo de antenas -subsidio del Consejo Nacional de Televisión en su minuto- exista la misma exigencia que en cualquier ciudad importante de Chile para migrar a televisión digital en 5 años.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En votación.
Es de quórum calificado.
--(Durante la votación).

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, quiero solo llamar la atención de que cuando votamos el artículo 15 ter, no alcanzó el quórum requerido. Por lo tanto, no existe el artículo 15 al cual hace referencia la disposición sobre la que nos estamos pronunciando. En él se establecía el derecho preferente también para los grandes concesionarios.
Este precepto habla de los pequeños en las zonas extremas. Estoy de acuerdo, por cierto. Pero se hace referencia al artículo 15, que se votará en la indicación que propone el Senador señor Letelier.
Se va a otorgar este derecho preferente a los actuales concesionarios que transmiten en las zonas extremas. Hay parlamentarios que hoy día tienen concesiones en aquellas. Y por el solo efecto de la ley se les va a garantizar que las pueden renovar. Será el Consejo Nacional de Televisión el que, primero, las reserva y asigna directamente y, para todos los efectos, se establece que será como si hubiera habido concurso público.
En realidad no se trata de concurso público. Habrá una designación o asignación para los actuales operadores en las zonas extremas. Yo no sé si ellos cumplen con todos los requisitos que nosotros queremos. Porque algunos han hecho canales casi personales, y los utilizan estrictamente contra sus adversarios políticos, no para promover la cultura ni la defensa de los kawashkar, en Punta Arenas. Los usan como una herramienta política.
Ignoro si los Senadores de la zona austral estarán tomando en cuenta lo que aquí se hace. Porque, a lo menos, vamos a tener que confiar en el criterio del Consejo Nacional de Televisión. Pero, a través de este artículo, estamos entregando una renovación con uso preferente y la incorporamos de manera inmediata, sin evaluación previa.
Por tanto, el Consejo no tendrá sino que entregarla a los actuales concesionarios. Y si alguien más la desea o si lo que queda de comunidad kawashkar en Magallanes quiere postular, nos iremos a la reserva del 40 por ciento. Pero esto tiene que ser con evaluación, porque en este artículo estamos entregando la renovación, nuevamente, a los actuales concesionarios. Solo hago uso del beneficio de la duda. Yo no sé si todos ellos cumplen con aquellos preceptos del buen funcionamiento que establece esta ley. Por lo tanto, será materia del Consejo Nacional de Televisión su verificación.
Sin duda, todos estamos de acuerdo en apoyar los canales regionales. Queremos efectivamente que allí, de verdad, no haya pago y sí una garantía de subsidio. Espero que el Consejo Nacional de Televisión tenga la lucidez, la responsabilidad y la tolerancia necesarias para entender que en las zonas australes o fronterizas tales instrumentos, por ser únicos, se transforman en un poder extraordinariamente potente. Y yo no quisiera que ese poder esté en manos de uno o de unos pocos, sino en manos de la comunidad y de quien garantice acceso libre y preocupación por los intereses públicos. Porque, si estamos garantizando en esa zona a los dueños de canales que los tienen para ellos, por cierto no es lo más adecuado.
Quiero advertir de esa posibilidad. Porque esto no es color de rosa. Tiene contenidos, personas reales, intereses concretos.
Estoy por apoyar a los canales de las zonas extremas y facilitarles incluso que tengan subvención, pero tiene que haber un criterio mínimo de cómo se comportan esos canales.
A mi juicio, el buen funcionamiento -tema que ha planteado el Senador señor Letelier reiteradamente- debiera dar garantía de que esos canales son plurales, están abiertos a la comunidad y se la juegan por los intereses regionales y no por los de carácter particular de su dueño. De lo contrario, lo que estamos haciendo es entregar un canal para intereses particulares, lo que desvirtúa el espíritu de la propia ley.
Por lo tanto, tenemos una situación contradictoria. Aquí se vuelve a introducir el derecho preferente. Estoy de acuerdo en que sea para los pequeños, con las observaciones que he señalado, porque no hay artículo 15. Por ende, estamos haciendo referencia a una norma inexistente, confiados en que va a haber una disposición de consenso.
Pregunto al señor Ministro si estos nuevos concesionarios van a financiar su paso a la nueva modalidad. ¿Todos tienen la capacidad económica suficiente, o van a ser inversiones privadas? Si se van a requerir decodificadores, ¿cómo lo harán? Porque algunos son muy pequeños, pero otros tienen capacidad económica. Cuando se haga la transferencia, ¿usarán recursos propios los canales regionales o los comunitarios?
Entiendo que esta instancia da la posibilidad de aclarar las dudas. He planteado las mías, que tienen una cierta contradicción que no es propia, pues emana del debate que hemos tenido respecto de artículos que hoy día no existen y a los cuales hacemos referencia.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, en mi opinión, es conveniente aclarar lo que está planteando el Honorable señor Navarro, como consulta al Ministro, porque la lectura que uno tiene del artículo sexto transitorio es exactamente al revés; o sea, donde hay infraestructura y canales funcionando en las zonas extremas, se desprende que se asignarán directamente por el Consejo Nacional de Televisión para que lo continúen haciendo, en el entendido de que lo obtienen sin necesidad de concursar, en el caso de que se llame a ello.
Entonces, sería conveniente aclarar el asunto, para saber exactamente qué estamos votando.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor ATTON (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones subrogante).- Señor Presidente, en efecto, la situación es absolutamente al revés de como la plantea el Senador señor Navarro.
Lo que estamos haciendo acá respecto de los que tienen una concesión y que en su minuto recibieron un subsidio para efectos de hacer las extensiones a localidades rurales, es que las normalicen. Es la exigencia que pone esta ley, pues todos los canales tienen la obligación de migrar de televisión analógica a digital. Si no fuera de esa forma, quedaríamos con el problema de que no habría exigencia para tener televisión digital en las zonas extremas.
El subsidio acerca de la infraestructura está en el artículo 47, que ya se aprobó. Se trata de una ayuda del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que se entrega efectivamente por concurso y que va a ser asignada en particular a los canales regionales, locales o comunitarios antiguos y nuevos, para que puedan migrar a la televisión digital e instalar nuevos canales. Para eso se halla definido el subsidio en la referida norma.
Por lo tanto, lo que estamos haciendo es poner la exigencia, de tal forma de que exista la obligación de los canales de migrar a televisión digital, en particular en las zonas extremas, y que fueron financiados en su minuto con subsidios del Consejo Nacional de Televisión.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Señor Ministro, lo otro que debe precisarse es que hay artículo 15, pero no incluye el inciso séptimo -que se cayó- relativo al derecho preferente.
Pero tal disposición existe.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el artículo sexto transitorio, nuevo, propuesto por las Comisiones unidas (26 votos a favor y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Uriarte y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores Gómez y Navarro


El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Vuelvo a solicitar la unanimidad de la Sala para discutir la modificación propuesta al Artículo Segundo transitorio.

El señor CHAHUÁN.- Muy bien.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- El señor Secretario va a leer la indicación referida al Artículo Segundo transitorio. Se detectó un error en la especificación del plazo máximo y en el porcentaje de cobertura digital.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación al Artículo Segundo transitorio propone modificaciones a sus incisos segundo y tercero.
En el caso del inciso segundo, establece:
"Inciso segundo: para reemplazar la palabra "tres" por la palabra "cinco", y la cifra "85%" por la cifra "100%".".
Tales conceptos figuran casi al final del texto del inciso segundo, en la parte que dice: "tendrán un plazo máximo de tres años, a contar de tal fecha" -se entiende que es la fecha de la entrada en vigencia de la ley- "para lograr una cobertura digital de al menos un 85% de las concesiones que detenten".
Y en el caso del inciso tercero, dispone:
"Inciso tercero: para eliminarlo".
En ambas situaciones, se requiere la unanimidad de la Sala.

El señor NAVARRO.- No hay unanimidad.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, la cuestión radica en que, tratándose de las concesiones televisivas, cada canal posee más de una concesión en diferentes territorios. La modificación propuesta apunta a asegurar que el cien por ciento de ellas sean digitales. Porque los territorios que interesan a las concesionarias son los de grandes consumos: Santiago, Valparaíso, la Octava Región. Y si no se pone esto aquí, las comunidades más pequeñas quedan en situación de perjuicio.
A mi entender, es un error que no se corresponde con la voluntad del Ejecutivo. Lo detectamos en el debate.
Insisto en que la indicación permite asegurar que el cien por ciento de las concesiones pasen a digital -y no solamente algunas-, de forma tal que ciertas provincias no queden en situación de desmedro.

El señor CANTERO.- Tiene toda la razón.

La señora RINCÓN.- ¿Únicamente se trata del Artículo Segundo transitorio?

El señor LETELIER.- Sí.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- La indicación se refiere al Artículo Segundo transitorio y dice:
"Inciso segundo: para reemplazar la palabra "tres" por la palabra "cinco", y la cifra "85%" por "100%".".
"Inciso tercero: para eliminarlo".

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Recabo nuevamente la unanimidad de la Sala.

El señor NAVARRO.- La doy, pero solo para eso.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En votación, entonces, las enmiendas propuestas a los incisos segundo y tercero del Artículo Segundo transitorio.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba la indicación que propone introducir modificaciones al inciso segundo y eliminar el inciso tercero del Artículo Segundo transitorio (27 votos a favor y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Rossi, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvo el señor Gómez.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde ocuparse del artículo séptimo transitorio, aprobado en la Cámara de Diputados y acogido en general por el Senado. Las Comisiones unidas proponen suprimirlo.
El precepto establece:

"Artículo séptimo.- Siguiendo las recomendaciones internacionales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones a las cuales Chile está adherido, no podrán asignarse canales adyacentes de libre recepción televisiva en la banda VHF. Por canales adyacentes, se entiende a aquellos que están físicamente contiguos en el espectro radioeléctrico y que sí podrán asignarse, cuando corresponda, en la Banda UHF".

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En discusión.
Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor ATTON (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones subrogante).- Señor Presidente, se trata de una cuestión de concordancia.
Desde el punto de vista de la distribución técnica, no corresponde dejarlo establecido en esta norma, pues forma parte de lo que ya se dispuso en el artículo 15, que es la migración.
Por lo tanto, no tiene sentido plantearlo en este artículo transitorio. Por eso en las Comisiones unidas se acordó eliminarlo.
Lo mismo cabe precisar en el caso del artículo octavo transitorio, que viene a continuación -y aprovechando el uso de la palabra-, que también fue normalizado e incorporado en otros preceptos dentro del cuerpo del proyecto.
Debido a eso se pide suprimir ambas materias.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En votación la supresión del artículo séptimo transitorio.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El señor Presidente ha puesto en votación la supresión del artículo séptimo transitorio, precepto que fue aprobado por la Cámara de Diputados y acogido en general por el Senado.
La norma no es de quórum especial.

El señor LARRAÍN.- Podríamos votar los dos juntos.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Si se aprueba la supresión del artículo séptimo transitorio, con la misma votación se podría acoger la enmienda al octavo transitorio.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba la supresión del artículo séptimo transitorio (23 votos a favor y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Muñoz Aburto, Novoa, Pérez Varela, Prokurica, Rossi, Ruiz-Esquide, Uriarte y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores Gómez y Navarro.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Pasamos al artículo octavo transitorio.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Tampoco requiere quórum especial. Las Comisiones unidas también proponen suprimirlo.

El señor CHAHUÁN.- Que se apruebe con la misma votación anterior.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará la proposición de las Comisiones unidas con la misma votación anterior.
Acordado.
--Se aprueba la supresión del artículo octavo transitorio (23 votos a favor y 2 abstenciones).

El señor LABBÉ (Secretario General).- Ahora, corresponde tratar las indicaciones renovadas para incorporar nuevos artículos transitorios.
La primera es la indicación N° 569 bis, que propone agregar un artículo transitorio, nuevo, del siguiente tenor:
"La totalidad de las bandas del espectro radioeléctrico que se conocen como VHF y UHF y que no sean asignadas a concesiones de radiodifusión de Televisión Digital Terrestre, pasarán a formar parte del patrimonio de Televisión Nacional de Chile para su uso o administración, ya sea a través de la explotación directa o del usufructo de su arrendamiento.".
No es una norma de quórum calificado.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En discusión.
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, simplemente deseo solicitar que, si es posible, las indicaciones que se han sumado para agregar artículos transitorios sean votadas en conjunto.

El señor NAVARRO.- No.

El señor QUINTANA.- No.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- No hay acuerdo, Su Señoría. Además, algunas son de quórum especial y, por lo tanto, no pueden votarse juntas.
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, respecto a este mismo proyecto, aprobamos en la Sala un artículo que dispone que el espectro radioeléctrico forma parte de los bienes nacionales de uso público y, por ende, no es susceptible de apropiación. Sin embargo, aquí se le adjudica por ley una parte de ese espectro radioeléctrico a una institución, que aunque sea del Estado, sigue siendo una institución. De esa manera se particulariza una propiedad.
En consecuencia, me parece completamente improcedente esta indicación.

El señor CANTERO.- ¡Está privatizando el espectro...!

El señor PROKURICA.- ¡No a la privatización...!

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la indicación.
--(Durante la votación).

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Para fundar su voto, tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, esta situación es muy similar a la que sucede en el Ministerio de Vivienda con los retazos de las áreas verdes y de las propiedades que ha tenido el SERVIU. Y lo mismo ocurre con la Cartera de Bienes Nacionales.
La clave de esto radica en el tipo de Gobierno: hay Ministros y Ministros de Bienes Nacionales, Ministros y Ministros de Vivienda, algunos más privatizadores, otros que rematan y tiran los bienes del Estado por la ventana.
Yo le pregunto al señor Ministro: ¿Dónde van a quedar estos remanentes? ¿Quién va a ser su custodio? ¿Quién garantizará que sigan siendo bienes nacionales de uso público y se preocupará de su administración? Estos no se hallan incorporados en esta iniciativa. Imagino que se regirán por la ley general de concesiones o que estarán sujetos a la misma normativa en proyecto siendo bandas diferentes.
Entonces, se abre toda una disputa sobre un espacio que tiene que ser ocupado. Me habría gustado que incorporáramos eso en la legislación, que también hubiéramos debatido acerca de cómo se otorgan tales frecuencias. Porque, si no, su entrega será discrecional, dependerá más bien del Gobierno de turno.
De ahí que le consulte al señor Ministro: ¿Estos remanentes se van a regir por las normas estrictas de la ley en proyecto, pese a ser de naturaleza diferente, ya que esta consagra la modernización, la digitalización de las señales? ¿O ello quedará a criterio del Ejecutivo de turno?
¿Quién debiera custodiar este espacio? Por cierto, un especialista, que sepa de televisión. TVN es del Estado. Allí están representados todos. Hay un directorio, que no me gusta, pero que tiene una representación muy amplia y puede administrar estos bienes. Uno pudiera decir que estos son inenajenables. El Senador Hernán Larraín ha señalado: "estos son bienes del Estado, no pueden pertenecer a un privado".

El señor LARRAÍN.- A una empresa. Nadie ha hablado de "privado".

El señor NAVARRO.- No obstante, esta es una empresa estatal. Su dueño es el Estado. Y es una empresa pública que administra uno de los mejores canales de Chile. Por tanto, que la propiedad la resguarde una institución especializada del Estado resulta del todo coherente. Lo incoherente sería dejar esto en una Subsecretaría con un claro fin político.
Pueden gustarnos o no los estatutos de TVN. Yo estoy por una televisión pública que no tenga que autofinanciarse, que sea solventada por el Estado. Por consiguiente, me interesa empoderar a Televisión Nacional de Chile para generar un equilibrio en un mercado altamente competitivo, en donde el sector privado cuenta con miles y miles de recursos mayores que los que posee TVN, porque la obligamos a autofinanciarse.
Entonces, ¿cuál es el temor a que estas señales queden en manos de Televisión Nacional de Chile, por cierto, con la formalidad de que no puedan ser enajenadas?

El señor LARRAÍN.- Es un usuario.

El señor NAVARRO.- El Senador Hernán Larraín tiene razón. Puede ser un usuario, porque posee el mismo estatus que el resto de los canales. Pero yo tengo más confianza en que sean resguardados por un estatuto dentro de Televisión Nacional de Chile a que lo sean por el Subsecretario de turno. No es que desconfíe de este Subsecretario: puede ser de cualquier signo político.
Espero que el señor Ministro nos aclare dónde van a quedar estos remanentes. Lo peor que podría pasar es que después esto se convirtiera en el reservorio de privados mediante mecanismos que la ley en proyecto no contempla. Si los procedimientos de asignación de esas concesiones son los que esta establece, incluso de opción preferente, el sistema será muy complejo. Y en esta dimensión, ¿qué mecanismo regirá para el remanente?
Siento que esta indicación se encuentra bien orientada. Es posible perfeccionarla. Pues, en verdad, desconfío mucho de las facultades que pueda tener un Gobierno de turno en este ámbito.
No quiero un paquete liquidador, un "combo uno", un "combo dos". No quiero que las frecuencias salgan a remate al mejor postor. Debiera haber un uso orientado por el Estado. Y la única manera de conseguirlo sería que este las conservara. Si quedan en la Subsecretaría, no se hallarán seguras. Porque podrán ser entregadas a privados. Contrariamente a lo que plantea el Senador Hernán Larraín, si se dejan en manos de la Subsecretaría, será posible otorgarlas a privados. Y prefiero que se encuentren en una empresa estatal, donde haya una vasta gama de representación en su directorio, en lugar de en una Subsecretaría, que las pueda entregar a discreción.
Salvo que el señor Ministro nos aclare ese punto, yo voy a apoyar esta indicación.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Señor Ministro.

El señor CANTERO.- No. Estamos en votación.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Su Señoría, le puedo ofrecer la palabra al Ministro, porque va a rectificar. Y yo estoy dirigiendo el debate.

El señor CANTERO.- No puede hablar. Estamos en votación.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor ATTON (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones subrogante).- Señor Presidente, solo deseo hacer una rectificación.
Las frecuencias del espectro se entregan por concurso público establecido por la Ley de Telecomunicaciones. Y, en este caso, las de televisión de libre recepción son otorgadas por la ley del Consejo Nacional de Televisión.
Por lo tanto, las facultades desde el punto de vista de cómo se asignan, se entregan o se concursan las frecuencias están definidas por este Poder del Estado a través de las leyes. Y así funciona el régimen completo desde el punto de vista político en Chile.
Gracias, señor Presidente.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se rechaza la indicación Nº 569 bis (17 votos en contra, 3 a favor y 2 abstenciones).
Votaron en contra las señoras Allende y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Espina, Frei (don Eduardo), García-Huidobro, Horvath, Larraín (don Hernán), Novoa, Pérez Varela, Prokurica, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron a favor la señora Pérez (doña Lily) y los señores Navarro y Rossi.
Se abstuvieron la señora Rincón y el señor Gómez.


El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Señores Senadores, en cuanto al uso de la palabra por parte del Ministro, les quiero decir que el artículo 37 de la Constitución establece que "Durante la votación podrán, sin embargo, rectificar los conceptos emitidos por cualquier diputado o senador al fundamentar su voto".
Por lo tanto, a los Secretarios de Estado les asiste el derecho a utilizar la palabra durante una votación cuando quieran rectificar. Por eso procedí de esa forma. Y cumplo con la Constitución, aunque esta no me guste.
Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, quiero hacer presente que en la votación anterior mi pronunciamiento fue negativo. Está mal consignado. Y habría que agregar el voto en contra del Senador Kuschel.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Se dejará constancia de ello.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Sí, por favor. Es para rectificar mi voto.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Ello no se puede hacer. Pero lo vamos a dejar consignado.

La señora PÉREZ (doña Lily).- ¿Aunque haya sido de inmediato?

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Así es.

La señora PÉREZ (doña Lily).- No importa. Está bien.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Se dejará constancia de ambas situaciones.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Gracias.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Pasamos, señores Senadores,...

La señora RINCÓN.- Pido la palabra.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- La tiene, Su Señoría.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, se puede pedir la unanimidad de la Sala para la rectificación de los votos de los colegas.

El señor PROKURICA.- Sí, porque se citó mal el artículo.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Debo manifestarle a la Senadora señora Rincón que tal vez en esta oportunidad no haya dificultad. Pero podrían producirse situaciones complejas en las cuales después de votar alguien quisiera rectificar su pronunciamiento.

La señora RINCÓN.- Pero no inmediatamente.
Si usted pide la unanimidad de la Sala, no creo que haya problema.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tendríamos que votar de nuevo la indicación.
Si le pareciera a la Sala, podríamos repetir la votación.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Se puede repetir.

La señora RINCÓN.- Repitámosla.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Si hubiese unanimidad.
¿La hay?

La señora PÉREZ (doña Lily).- Sí.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Hay que considerar que sentar precedentes es complicado. Y, por eso, debemos aplicar bien las normas.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Debo señalar que, conforme al artículo 177 del Reglamento, "No procederá reclamo alguno después de proclamada la votación".
Sin perjuicio de lo anterior, el señor Presidente manifestó que se dejará constancia del cambio solicitado por la Senadora señora Lily Pérez, en el sentido de que por equivocación votó a favor, en circunstancias de que su intención era votar en contra.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Así se procederá.
Ello porque, si nos saltamos las normas reglamentarias cuando existen dificultades en alguna situación, se genera un precedente. Y me parece que esa no es la forma correcta de dirigir el Senado.
En consecuencia, se deja constancia, por una parte, de la intención de voto negativo de la Honorable señora Lily Pérez, quien se pronunció a favor, y por otra, de la intención de voto en contra del Senador señor Kuschel.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Muy bien.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Conforme.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Solicito autorización de la Sala para que el Honorable señor Escalona me remplace en la testera por algunos minutos.
Acordado.
--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Escalona.

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación renovada N° 569 ter propone agregar un artículo transitorio, nuevo, del siguiente tenor:
"Pasados 60 días desde la entrada en vigencia de esta ley, deberá efectuarse una renovación total y de una sola vez del Consejo Nacional de Televisión, para dar cumplimiento con nuevos perfiles del Consejero".
Esa norma es de quórum calificado, por referirse a la elección del Consejo Nacional de Televisión.

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- En discusión.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la indicación en debate da cuenta de la renovación de los consejeros.
Con la entrada en vigencia de la ley en proyecto, la actual conformación del Consejo -en algunos casos, sus miembros no se renovarán hasta 8 años más- no reflejará el nuevo perfil que deben tener los consejeros.
Todo apunta a que "a ley nueva, Consejo y consejeros nuevos". Es decir, el Consejo Nacional de Televisión deberá adaptarse a lo que hemos discutido vastamente: a los consejeros designados por el Presidente de la República; a la representación muy amplia.
Por lo tanto, como planteamos en la indicación, "Pasados 60 días desde la entrada en vigencia de esta ley, deberá efectuarse una renovación total y de una sola vez del Consejo Nacional de Televisión, para dar cumplimiento a los nuevos perfiles del Consejero".
Actuar de otra forma implicaría tener una nueva ley y consejeros de arrastre. O, haciendo un símil, disponer de una ley de nuevos CORE con los cores antiguos.
Resultaría absolutamente coherente que, si va a entrar en vigencia una ley -repito: debatida con amplitud- donde se establece el mecanismo de designación de los 10 integrantes del Consejo Nacional de Televisión, ella contemplara más diversidad, mayor presencia de gente de regiones, garantizando la de la mujer.
Eso me habría gustado, pero es lo que hay. Y ya que es así -aquello siempre ha sido un mínimo-, quiero que el Consejo se adapte a la nueva ley y renueve la totalidad de sus miembros después de 60 días de su entrada en vigencia.
Ello es del todo razonable, señor Presidente. Y como todos estos cargos tienen una amplia influencia, algunos de los actuales consejeros podrían ser designados para un nuevo período. Porque es perfectamente factible que el Presidente de la República diga: "Reitero tales nombres". Pero hay que dar la posibilidad de una nueva integración y de que no exista un parche.
Yo soy partidario de la renovación total de los consejeros. Muchos podrán continuar, algunos nombres me satisfacen a plenitud; otros, llegado el momento, deberán ser evaluados conforme a la nueva legislación.
Esos son los fundamentos de la presente indicación, señor Presidente.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
--(Durante la votación).

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán, para fundamentar su voto.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, dado que existen consejeros nombrados recientemente -los miembros del Consejo se renuevan por parcialidades, en un proceso que ha funcionado bastante bien-, y que resulta claro que cuando entre en vigencia la nueva ley su implementación va a requerir personas con experiencia, nosotros votaremos en contra de esta indicación.

El señor LARRAÍN.- Y si cambiamos la Constitución ¿va a cambiar el Senado?

El señor NAVARRO.- La divergencia nunca hace mal, colega.
Al menos, todos irían a la reelección.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- Terminada la votación.

--Se rechaza la indicación renovada N° 569 ter (16 votos contra 2).
Votaron por la negativa las señoras Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, Frei (don Eduardo), García-Huidobro, Horvath, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Prokurica, Uriarte y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la afirmativa los señores Navarro y Rossi.

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El señor ESCALONA (Presidente accidental).- Quiero saludar a los miembros de la organización civil "Amor de Papá", que se encuentran en las tribunas.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- Imagino que están atentos al trabajo de la Comisión Mixta con relación al proyecto de ley que les preocupa.
¡Bienvenidos!
Gracias por acompañarnos.
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El señor ESCALONA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, la indicación renovada N° 580 agrega un artículo transitorio, nuevo, del siguiente tenor:
"En la totalidad de las bandas del espectro conocidas como VHF y UHF y durante el período conocido como simulcasting, sólo se podrán otorgar concesiones de televisión de libre recepción. Luego del apagón analógico, estas bandas se podrán asignar a otros usos distintos a la teleradiodifusión, que no impliquen cobro por acceso a los usuarios, y seguirán consagradas a la libre recepción de las personas y las comunicaciones ciudadanas".
Esa norma es de quórum calificado.

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- En discusión.
Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor ATTON (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones subrogante).- Señor Presidente, deseo hacer una precisión.
La verdad es que esa materia ya se recogió en el artículo 17. Además, el concepto de telerradiodifusión no existe. Solo existen la radiodifusión sonora y la radiodifusión televisiva, analógica y digital.

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- Es que la indicación incursiona en un nuevo descubrimiento científico-tecnológico, señor Ministro.
¡No nos cerremos al avance de la ciencia y de la técnica...!

El señor NOVOA.- ¿La firmó Julio Verne...?

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- Exacto.
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, independiente del contenido de la indicación, no me parece adecuado utilizar expresiones cuyo significado se desconoce.
Por ejemplo, el término "simulcasting" es una expresión anglosajona que no debería contemplarse en una ley chilena en esa versión, y menos todavía cuando su significado puede ser discutible y no uniforme en su acepción castellana.
Así que -creo yo- eso invalida una indicación de esta naturaleza.

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en las Comisiones unidas se discutió largamente lo relativo al people meter on-line. Yo no sé si al final quedó así en el texto o se remplazó por "medición en línea". Pero la mayoría de los colegas utilizó la expresión anglosajona en todo el debate, porque era asimilable.
La indicación en debate fue formulada por el Senador Pizarro, y tiene un elemento absolutamente rescatable. Yo pedí al señor Subsecretario o al señor Ministro que nos informaran cómo se van a usar las bandas que quedarán disponibles.
¿Se va a cobrar a los usuarios por el acceso? ¿Van a experimentar modificaciones? No se ha dicho que se regirán por la legislación en vigor. Pero quienes no nos sentimos plenamente satisfechos con esta necesitamos esos datos.
La indicación expresa que luego del apagón analógico tales bandas "seguirán consagradas a la libre recepción de las personas y las comunicaciones ciudadanas".
¿El Ejecutivo está en condiciones de garantizarnos que así ocurrirá?
Quizás la indicación no se apruebe, pero plantea un debate que viene. En este Gobierno o en el próximo comenzará el uso de esas bandas del espectro público y su correcta implementación.
Por lo tanto, señor Presidente, a pesar de no ser una indicación que yo haya patrocinado, creo que, más allá de las observaciones lingüísticas, tiene un contenido que me parece pertinente. Y me gustaría que el señor Ministro subrogante nos pudiera ilustrar sobre aquello, independiente de que sea o no su responsabilidad inmediata aplicar la ley para tal asignación.

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.
¿Algún nuevo aporte lingüístico?

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, claramente lo que voy a expresar no es un aporte lingüístico de origen anglosajón, como lo plantea el Senador Navarro, sino muy por el contrario.
Cabe recordar que esta indicación fue aprobada con modificaciones como parte del artículo 17, nuevo.
Los usos del espectro deben ser definidos, a nuestro juicio, a través de un plan de radiodifusión televisiva y no mediante una ley, ya que tienen que ser flexibles.
Insisto en que esta indicación fue aprobada con modificaciones, por unanimidad, por las Comisiones unidas. Por lo tanto, la idea es rechazarla.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- Terminada la votación.

--Se rechaza la indicación renovada N° 580 (14 votos en contra, 4 a favor y una abstención).
Votaron por la negativa las señoras Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Frei (don Eduardo), García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la afirmativa la señora Allende y los señores Muñoz Aburto, Navarro y Rossi.
Se abstuvo la señora Rincón.


El señor ESCALONA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En el documento que los señores Senadores tienen a su disposición figuran las últimas indicaciones renovadas, que son las números 573, 574, 575, 576 y 577, para agregar como artículo transitorio, nuevo, el siguiente:
"Las primeras concesiones de radiodifusión televisiva de libre recepción de carácter comunitario que se otorguen en cada localidad, deberán ser asignadas a las organizaciones que tengan experiencia o en las cuales participen personas con experiencia en la creación de contenidos de radiodifusión televisiva de libre recepción de carácter comunitario en esa localidad".
Esta norma es de quórum calificado.

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- Terminada la votación.
--Se rechazan las indicaciones renovadas N°s 573, 574, 575, 576 y 577 (13 votos contra 7 y una abstención).
Votaron por la negativa las señoras Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Uriarte.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende y Rincón y los señores Cantero, Muñoz Aburto, Navarro, Rossi y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvo el señor Walker (don Ignacio).

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, la normativa que queda pendiente y respecto de la cual se reabrió el debate es el inciso séptimo del artículo 15, que fue votado y rechazado por falta de quórum. En consecuencia, el inciso octavo, que estaba directamente relacionado con aquel, también se dio por rechazado.
Por lo tanto, ahora corresponde ver si se presenta un nuevo texto alternativo que tuviese aceptación mayoritaria -la disposición requiere quórum especial-, o de lo contrario, dado que se reabrió el debate, efectuar nuevamente la votación.

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, si reabrimos el debate debiéramos discutir de nuevo la materia.
Deseo saber si reglamentariamente es posible pedir segunda discusión o postergación de la votación, porque el tema que aborda la norma en cuestión es, probablemente, uno de los más importantes. Además, requiere quórum especial para su aprobación, el cual no se alcanzó en la sesión anterior. Entonces, yo sugiero llevar a cabo el debate ahora y ver después si procede o no postergar la votación, según los Senadores que estén presentes en la Sala.
Mi consulta es de orden reglamentario. En caso de ser procedente la petición de segunda discusión, la haríamos efectiva en su momento.

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Señor Senador, al reabrirse el debate, la normativa queda sujeta a una nueva discusión y, por consiguiente, es posible pedir segunda discusión si se quiere resolver el tema en la próxima sesión. Lo único que ocurriría sería que no se despacharía el proyecto ahora, quedando pendiente solo esa norma.
Hago presente a los señores Senadores que el artículo 15, inciso séptimo, figura en la página 53 del boletín comparado, y se halla relacionado con el derecho preferente en las renovaciones de las concesiones.

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, efectivamente, se acordó reabrir el debate. Con el Senador Letelier y el Ejecutivo hemos tratado de encontrar una redacción que satisfaga a la mayoría.
Entiendo que la idea es, precisamente, especificar, clarificar o definir qué es una renovación preferente...

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- Perdón, señora Senadora, pero no logro escucharla...

La señora ALLENDE.- Continuaré cuando termine de hablar el Senador Navarro.
Señor Presidente, decía que con el Senador Letelier y el Ejecutivo estábamos viendo una redacción nueva que recogiera nuestras inquietudes y, en ese sentido, llegar a cierto entendimiento.
Y quiero saber si existe acuerdo con el Ejecutivo.
Lo último que conversamos tuvo que ver con hacer una rectificación a la nueva redacción que se había propuesto. Porque allí hay un párrafo que no nos satisface, que es del siguiente tenor:
"En toda renovación de una concesión con medios propios, la concesionaria que fuere su titular tendrá derecho preferente para su adjudicación, siempre que iguale la mejor propuesta técnica que garantice una óptima transmisión". Hasta ahí no hay problemas. Luego, continúa: "Sin perjuicio de lo anterior, no gozará de derecho preferente aquel concesionario que hubiese sido sancionado por infracciones reiteradas cometidas durante la titularidad de la misma. Se considerará que ha cometido infracciones reiteradas, aquella concesionaria que durante la vigencia de la concesión original o de su respectiva renovación, le hubieren sido aplicadas más de cinco sanciones de suspensión de transmisiones por la causal establecida en el artículo 33 N° 3 de esta ley".
Se consultó al Ejecutivo -para ser precisa- acerca de qué significa "infracciones reiteradas cometidas durante la titularidad" de la concesión y que se considerará el hecho de que "le hubieren sido aplicadas más de cinco sanciones de suspensión".
Debo informar a mis Honorables colegas que nunca, en 20 años -¡nunca, en 20 años!-, ninguna estación de televisión ha tenido una suspensión de su transmisión. Por lo tanto, poner "más de cinco sanciones", cuando en todo ese tiempo jamás ocurrió tal hecho, me parece que está totalmente de más y es desproporcionado.
Por eso, propongo al señor Ministro subrogante que a lo menos se diga "una vez", ya que nunca se ha aplicado una suspensión de ese tipo.
Tengo entendido de que en eso hay un principio de acuerdo.
En segundo lugar, se incluyó un párrafo que sí es fundamental. La vez anterior tuvimos una diferencia al respecto y no se reunió el quórum para aprobarlo, porque se estaba discutiendo el derecho preferente.
El inciso final que se agrega a la nueva indicación es el siguiente:
"Tampoco podrá otorgarse la concesión al solicitante que no dé fiel cumplimiento a las leyes N°s. 17.336, 19.889 y 20.243".
De ese modo, por supuesto, estamos preservando y garantizando los derechos de los trabajadores de las estaciones de televisión, cuestión que habíamos discutido ampliamente, porque en muchos casos hay contratos ficticios, etcétera. Había una serie de aspectos donde era substancial resguardar tales derechos.
Dicho lo anterior, señor Presidente, solo pido -por su intermedio- que consulte al Ejecutivo si está de acuerdo en que es un exceso establecer cinco sanciones de suspensión, toda vez que no se ha aplicado ninguna en 20 años. Carece de todo sentido poner esa cantidad. Si quieren disponerlo así, debo decir simplemente que eso es algo que nunca va a ocurrir. Entonces, ¿para qué exigir cinco sanciones de suspensión?

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, este artículo tenía dos aspectos que habían motivado el debate: primero, el ya reiterado "derecho preferente" -vale decir, en la renovación de una concesión con medios propios la concesionaria titular tendrá derecho preferente en la adjudicación-; y dos, el relativo a las infracciones cometidas en los términos en que ha planteado la Senadora Allende.
En verdad, el nivel exigido es de tal magnitud que ninguna empresa va exceder el límite y, por lo tanto, nadie va a ser sancionado. Se ha puesto una vara altísima para que ello se cumpla.
A ese respecto, debo decir que se cayó la norma pertinente porque no se reunió el quórum necesario y porque, además, insistimos en que, acerca del correcto funcionamiento -esto se encuentra en el artículo 1° del proyecto-, se debía contemplar el cumplimiento de las normas laborales, el derecho de autor; en definitiva, la protección de quienes participan en el proceso de televisión, como actores, locutores, etcétera.
En esa materia tampoco hubo consenso. El correcto funcionamiento no deja del todo claro el tema laboral. Dice la norma: "Se entenderá por correcto funcionamiento de esos servicios el permanente respeto, a través de su programación, a los valores morales y culturales propios de la Nación; a la dignidad de las personas; a la protección de la familia; al pluralismo; a la democracia; a la paz; a la protección del medio ambiente, y a la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud dentro de dicho marco valórico.".
Estoy plenamente de acuerdo con lo que señala dicho precepto. Espero que el respeto a la democracia y al pluralismo se cumpla, porque en todos los canales de televisión escasean los panelistas de Izquierda. O sea, no hay lugar para ellos, salvo un programa de Televisión Nacional, donde se incorporó a la Presidenta de la CUT, que es dirigenta sindical. Como la Constitución le prohíbe ser candidata la llevan como panelista política. En todo caso, es muy bueno que Bárbara ocupe ese espacio.
Ojalá que la protección del pluralismo pueda darse en todos los sectores, no importando si son minoritarios. ¡Y la Izquierda en este país no es una minoría, sino un actor importante!
Sin embargo, señor Presidente, en esta legislación no se halla incorporado lo relativo al cumplimiento de las normas laborales. Y creo que el correcto funcionamiento de una concesión del Estado, que es un bien nacional de uso público, debiera contemplar aquello.
El Presidente Piñera pronunció ayer, 21 de mayo, un extenso discurso de despedida, o más bien de proclamación para el 2017, porque la verdad es que el 70 por ciento de lo que allí planteó se encuentra dirigido para un próximo Gobierno; no incorporó nada de lo laboral. No hizo mención en absoluto a los trabajadores de nuestra patria ni a ninguna reforma, sindicalización, derecho a huelga, protección, etcétera.
Ha sido algo sistemático dejar fuera los derechos laborales. Y pareciera ser que el correcto funcionamiento va a cumplir con todo aquello.
No obstante, alguien que concesiona un bien nacional de uso público tiene que respetar los derechos de los trabajadores. De modo que debería estar incorporado en esta normativa el derecho a la propiedad intelectual, tal como lo han planteado los sindicatos de artistas y de locutores, pero ello ha sido reiteradamente negado.
Por lo tanto, hay tres observaciones a este artículo, aun cuando estamos discutiendo -así lo entiendo, señor Presidente- solo lo relativo al derecho preferente -que esto lo aclare la Mesa-, ya que este fue el único precepto que quedó marginado del debate, a pesar de que había tres elementos en cuestión: uno, la inclusión del correcto funcionamiento, que no recoge el tema laboral; dos, el derecho preferente, que algunos deseamos eliminar para que exista verdadera competencia, y tres, el hecho de que para terminar con una concesión no sea necesario excederse en 50 por ciento al promedio anual de las sanciones aplicadas a la totalidad de los canales concesionarios, en un lapso de 10 años. Ello equivale a decir que no existe disposición alguna a ese respecto, porque lo que se exige no va a ocurrir. Así lo señaló claramente la Senadora Allende sobre la base de las estadísticas de los últimos 20 años.
En consecuencia, me gustaría que se precisara si estamos discutiendo solo el inciso vinculado con el derecho preferente o el artículo 15 completo. Entiendo que se trata nada más que de ese inciso.
Siendo así, nuevamente me opondré a que haya derecho preferente, tal como lo hicimos la vez pasada. Yo prefiero esa opción para los canales pequeños, para los regionales y, por cierto, que exista competencia respecto de aquellos que legítimamente quieran hacer de su concesión un elemento de mercado, de lucro necesario.
La televisión abierta debe ser privada. No obstante, para que sea competitiva, garantizarle y blindarle la concesión es un error.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, dado que no se ve voluntad por parte del Ejecutivo para avanzar en esta materia, especialmente en los temas laborales, nuestra bancada pide segunda discusión.

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- En la primera discusión, tiene la palabra el Honorable señor Novoa.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, quiero referirme a un asunto que se ha mencionado acá. Al analizar el buen uso o el correcto funcionamiento de los canales de televisión, se dice que es preciso incluir dentro de ese concepto el cumplimiento de las leyes laborales, de las normas sobre propiedad intelectual. La pregunta es por qué no agregamos también el cumplimiento de la legislación tributaria y el de todas las otras normativas.
El concepto "correcto funcionamiento" se refiere específicamente a cómo opera la televisión.
Y si incorporamos la exigencia de cumplir las leyes laborales en todas las normativas que aprobamos -porque esto es algo que ocurre sistemáticamente-, lo que se está haciendo al final es debilitar la legislación laboral, que es una sola y se aplica a todas las empresas, sean de televisión, de radio o de cualquier actividad. La justicia laboral es la misma para todas ellas. Quien va a resolver el correcto funcionamiento es el Consejo Nacional de Televisión, el cual no tiene aptitudes para determinar si se cumplen o no las leyes laborales.
Por eso deseo referirme más al concepto que a la norma específica.
Sobre el particular -y la señal que se ha dado es que la norma se cayó no tanto por el derecho preferente para renovar la concesión, sino porque no se incluían todas las prevenciones señaladas- debo manifestar, respetando la opinión distinta, que no soy partidario de incorporar esos aspectos cada vez que analizamos una legislación específica, porque al final lo que estamos haciendo es debilitar la normativa laboral.
En efecto, desde esa perspectiva, ¿por qué en la Ley de Bancos no se establece que estas entidades deben cumplir las normas laborales y sí se dispone en otras normativas? ¿Las entidades bancarias están exentas de esa obligación? No lo están.
Por lo tanto, esta es una cuestión de fondo. Aquí estamos hablando de un derecho preferente para que quien está operando una concesión pueda renovarla.
Desde ese punto de vista, deseo señalar que la Cámara de Diputados aprobó un precepto muy simple en relación con esta materia. Y, como las normas aprobadas por las Comisiones unidas no alcanzaron el quórum necesario aquí, no sé si se votó o no la acogida por dicha Corporación, porque bien podría aprobarse ella acá. En todo caso, si no se aprueba ni lo uno ni lo otro, este asunto irá a la Comisión Mixta.
Entiendo que se llevará a cabo una segunda discusión sobre este tema. No obstante, quiero manifestar que no debemos alarmarnos si en cada normativa que discutamos relacionada con una institución no incluimos normas ambientales, laborales, tributarias o de propiedad intelectual. ¿Por qué no alarmarnos? Porque esas materias se encuentran reguladas por leyes, y estas las tienen que cumplir todos; son de aplicación general.
Considero que es una gran confusión pedirle al Consejo Nacional de Televisión que entre a pronunciarse sobre aspectos de índole laboral.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor ATTON (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones subrogante).- Señor Presidente, en efecto, había acuerdo para revisar, en el artículo 15, el inciso séptimo, relativo al derecho preferente, junto con el inciso final, relacionado con el cumplimiento de las leyes laborales.
Dado que no existió acuerdo inicial en la propuesta que estábamos redactando, nuestra sugerencia es que se vote y que el asunto vaya a la Comisión Mixta, en el entendido de que el Ejecutivo se compromete a concordar allí una redacción que nos deje a todos conformes en cuanto a la idea que anima a las Comisiones unidas -según entiendo- y al Gobierno, cual es dar estabilidad en el largo plazo.
Gracias, señor Presidente.

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- Corresponde el uso de la palabra al Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, habiendo un compromiso del Ejecutivo para concordar una redacción sobre esta materia, quiero pedir que este proyecto de ley salga finalmente de la Sala del Senado al objeto de, en la prosecución de su estudio, generar un espacio de conversación y negociación que nos permita llegar a un nuevo texto.
De hecho, el Ejecutivo estaría disponible, según hemos conversado con el Ministro de Transportes subrogante, para bajar de cinco infracciones a tres o para llegar a una redacción de común acuerdo.
Entonces, le pido al Senador que solicitó segunda discusión que reevalúe su posición a los efectos de que se despache la iniciativa y, si no se llega a acuerdo, la Comisión Mixta resuelva el problema.

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Honorable señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, daríamos un buen paso si termináramos la discusión de este proyecto, que ha sido eterna y que -todos somos conscientes de ello- nos está dejando cada vez más rezagados.
Entiendo que esta es una cuestión compleja. Pero, en mi concepto, ya no da para más.
Por lo tanto, si hay empeñada una palabra y vamos a hacer un acto de confianza en el sentido de que el Ejecutivo entiende nuestros razonamientos sobre la relevancia de, por un lado, incorporar el fiel cumplimiento de las leyes -y en este punto tengo una diferencia con el Senador Novoa, pues considero fundamental ratificar la importancia que reviste el sometimiento a las normativas laborales en lo concerniente a los trabajadores-, y por otro, rebajar las cinco sanciones, toda vez que no se ha aplicado ninguna en veinte años, me parece una buena salida que vayamos a la Comisión Mixta y tratemos de resolver la situación allí.
Esa es mi opinión, señor Presidente.
El señor CHAHUÁN.- Perfecto.

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- El Honorable señor Rossi no ha retirado su solicitud de segunda discusión en torno al inciso séptimo del artículo 15.
No hay más inscritos.
Por consiguiente, queda pendiente.

El señor CHAHUÁN.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- No, Su Señoría. El Senador señor Rossi me ratificó que no retira su solicitud de segunda discusión.
En consecuencia, se cierra la primera discusión.

--El inciso séptimo del artículo 15 queda para segunda discusión.
--Queda pendiente la discusión particular del proyecto.

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El señor ESCALONA (Presidente accidental).- Corresponde discutir en particular el proyecto de ley sobre quiebras.
El Honorable señor Pérez Varela, en virtud de lo avanzado de la hora, me sugirió recabar el acuerdo de la Sala para comenzar el debate en la sesión del martes 4 de junio.
También, podríamos proceder de inmediato a la relación...

La señora RINCÓN.- No, señor Presidente.

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- ... e iniciar la discusión particular en la referida sesión.

El señor LARRAÍN.- Pido la palabra.

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- La tiene, señor Senador.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, este es un proyecto largo y complejo, pero hay acuerdo unánime prácticamente en todas las materias.
El texto que se nos propone es resultado de un trabajo que hicieron no solo las Comisiones de Constitución y de Economía unidas, sino también un órgano técnico representativo de todos.
Ahora, señor Presidente, si no se quisiera analizar esta iniciativa hoy, yo desearía que nos comprometiéramos a tratarla en la sesión del martes 4 de junio, como expresó Su Señoría, en el primer lugar de la tabla, pero renunciando a los derechos a solicitar segunda discusión o aplazamiento de la votación. De lo contrario, nos estaríamos haciendo trampa en el solitario.
Quien estudie el articulado puede concluir que se trata de un proyecto notable, que fue objeto de un trabajo muy detenido por parte de los integrantes de ambas Comisiones y cuyo contenido se encuentra en conocimiento del resto de los Senadores desde hace bastante rato.
Por lo tanto, pido que procedamos al análisis de esta materia en la forma y con las condiciones que indiqué.

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, tal como expresó el colega Hernán Larraín, este proyecto es muy extenso y fue estudiado exhaustivamente por los miembros de las Comisiones respectivas.
No se trata de una iniciativa menor.
Cuando uno lee el mensaje, lo comparte. Entonces, la tendencia debiera ser a aprobar la iniciativa, tal como sucedió en la discusión general.
No estamos hablando de cualquier legislación, sino de una legislación positiva que afecta a personas y a empresas y que, por lo tanto, requiere mucho cuidado en su tramitación.
Vamos a empezar la discusión particular. En consecuencia, pido que no nos apuremos. De lo contrario, podemos cometer errores. Y si esa va a ser la tónica, yo estaré inclinada a no aprobar el proyecto en esta instancia.
De otro lado, creo que no debemos tomarnos un tiempo demasiado amplio para discutir el articulado -por cierto, no el que hemos destinado a la iniciativa que introduce la televisión digital terrestre, que ha sido en extremo prolongado-, sino el razonable para despachar un buen texto.
De ahí que acojo la petición del Senador Pérez Varela en el sentido de que comencemos el debate el martes 4 de junio. Eso nos permitirá a quienes no estuvimos en las Comisiones respectivas leer el articulado, estudiarlo -el boletín comparado es bastante extenso- y llegar ese día a la discusión particular debidamente informados.
Como jefa de mi Comité, le expliqué el punto al señor Ministro, a quien le señalé que íbamos a pedir en la Sala no comenzar la discusión particular en la sesión de hoy porque quienes estábamos en la situación descrita necesitábamos tiempo para el efecto indicado.
Solo deseaba plantear eso, señor Presidente.

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, en la misma idea que se ha expuesto, deseo ratificar que esta es una materia compleja, que requiere una discusión mayor.
Hablé con la gente del Ejecutivo, y creo que estamos en condiciones de llegar a un compromiso: iniciar el debate particular el martes 4 de junio y fijar ese día o el miércoles 5 como plazo límite para despachar completamente el articulado.
Me parece que no vamos a caer en las dificultades que tuvimos con el proyecto de ley sobre televisión digital.
Así que le reitero esa propuesta, señor Presidente, en el entendido de que con tal fórmula habrá tiempo suficiente para que todos los Senadores estudien el contenido preciso de cada norma.

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, yo participé tanto en la Comisión de Economía como en las Comisiones unidas de Constitución y de Economía, donde hicimos un trabajo bastante intenso sobre esta iniciativa, primero en la etapa que presidió el Senador Hernán Larraín y luego en la que condujo el colega Patricio Walker.
Considero bueno que cada Senador se compenetre del articulado, si bien casi en su totalidad fue aprobado unánimemente, tras un estudio bastante a fondo que hicimos con la asesoría de expertos en la materia.
Por eso, el plazo del 4 de junio me parece adecuado.
De otro lado, quiero dejar una constancia.
Algunos Senadores presentaron proyectos relacionados más que nada con la insolvencia de las personas. Porque la Ley de Quiebras solo rige para empresas o negocios.
En la iniciativa que aprobamos viene una normativa vinculada con la posibilidad de declarar la insolvencia de las personas y acogerse a un sistema de quiebras equivalente.
En las Comisiones estudiamos proyectos de los Senadores Pedro Muñoz Aburto y Juan Pablo Letelier y del Senador Alejandro Navarro, y nuestro compromiso fue seguir adelante con su tramitación -ya estaba prácticamente terminada- en la Comisión de Economía.
En mi concepto, aquello resulta factible, pese a que lo planteado por los colegas Muñoz Aburto y Letelier es más bien una modificación al Código de Procedimiento Civil a los fines de crear una excepción distinta de la existente, que sería la imposibilidad de una persona de cumplir sus obligaciones, lo cual podría llevar a un juez a determinar la iniciación de un proceso equivalente a uno de liquidación, como el de la quiebra.
En consecuencia, señor Presidente, me parece bien que veamos la iniciativa que nos ocupa el primer martes o el primer miércoles de junio, comprometiéndonos a despacharla en su totalidad.
Desde luego, no vamos a poder debatir cada uno de los artículos. Ya hay un estudio hecho,...

El señor LARRAÍN.- ¡Es todo un año de trabajo!

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ... y es bueno que los Senadores se impongan de él y tomen una decisión informada sobre el proyecto.

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- Entonces, entiendo que hay acuerdo en la Sala para proceder de esa manera en la sesión ordinaria del primer martes de junio.
Quiero, sí, hacer una precisión.
En el proyecto sobre televisión digital quedó pendiente solo una materia. Por consiguiente, debiésemos partir por ella -constituiría un absurdo no hacerlo así-, para inmediatamente después de su resolución entrar a la iniciativa que sustituye el régimen concursal vigente, con el propósito de terminar su despacho.

El señor LARRAÍN.- ¡Obvio!

El señor PROKURICA.- ¡Ese es el acuerdo!

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- ¿Les parece a Sus Señorías?
--Así se acuerda.



AGRAVAMIENTO DE PENAS Y RESTRICCIÓN DE BENEFICIOS PENITENCIARIOS EN MATERIA DE DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES DE EDAD

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que agrava penas y restringe beneficios penitenciarios en materia de delitos sexuales contra menores de edad, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8677-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 61ª, en 19 de noviembre de 2012.
Informes de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 10ª, en 9 de abril de 2013.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 21ª, en 8 de mayo de 2013.
Discusión:
Sesión 13ª, en 10 de abril de 2013 (se aprueba en general).

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 10 de abril de 2013.
La Comisión deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos primero y segundo no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo que deben darse por aprobados, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con el acuerdo unánime de los presentes, solicite su votación o discusión.
--Se aprueban reglamentariamente.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Ahora bien, la Comisión efectuó solo una enmienda al proyecto de ley aprobado en general, la cual fue acordada unánimemente, por lo que debe ser votada sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnarla.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado que en la tercera columna transcribe la modificación introducida por la Comisión de Constitución y en la cuarta señala cómo quedaría el texto si ella se acogiera.

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- Si le parece a la Sala, se aprobará la modificación propuesta por la Comisión de Constitución.
--Se aprueba; el proyecto queda despachado en particular, y su discusión, terminada en este trámite.
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El señor ESCALONA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán para una cuestión reglamentaria.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, quiero solicitar que veamos como si fuera de Fácil Despacho el proyecto que figura en el quinto lugar del Orden del Día, conocido como "Ley Emilia". Tiene "suma" urgencia.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- No, señor Presidente.

El señor ROSSI.- No es de Fácil Despacho. Se trata de una materia compleja.

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- ¿Su Señoría quiere cambiar el orden de la tabla? Porque corresponde pasar al número 4, no al 5.

El señor CHAHUÁN.- Sí, señor Presidente.

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- ¿Hay acuerdo?
No lo hay.



PROBIDAD EN EJERCICIO DE FUNCIÓN PÚBLICA


El señor ESCALONA (Presidente accidental).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre probidad en la función pública, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7616-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 1ª, en 13 de marzo de 2012.
Informe de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 8ª, en 3 de abril de 2013.

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de esta iniciativa es regular y actualizar en un solo texto legal el ejercicio de la función pública por autoridades del Estado, desde la perspectiva del principio de la probidad, y prevenir los conflictos de interés mediante una declaración de intereses y patrimonio.
Por acuerdo de Comités del año 2012, el proyecto debía ser informado en general también por la Comisión de Constitución. Sin embargo, con fecha 2 de abril de 2013 los Comités acordaron enviarlo a la Sala, para su tratamiento en general, con el solo informe de la Comisión de Gobierno. Luego de ello, de aprobarse la idea de legislar, la iniciativa deberá ser informada en particular por ambas Comisiones, pero unidas.
La Comisión de Gobierno discutió este proyecto únicamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Bianchi, Rossi, Sabag y Zaldívar.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 34 a 61 del informe.
Se deja constancia de la existencia de disposiciones orgánicas constitucionales. Por lo tanto, para la aprobación en general de la iniciativa se requieren 20 votos favorables, atendidos los permisos constitucionales vigentes.
El señor ESCALONA (Presidente accidental).- En discusión general el proyecto.

Está inscrito para intervenir el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Todavía no, señor Presidente.

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- Ofrezco la palabra.
La tiene el señor Ministro.

El señor LARROULET (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, estamos en presencia de una iniciativa de ley que ha sido objeto de gran debate y tramitación al interior del Congreso Nacional.
Para información de los señores Senadores, debo señalar que ella tuvo origen en dos proyectos separados, enviados en períodos presidenciales anteriores: uno, el destinado a profundizar la declaración de patrimonio e intereses por los funcionarios y servidores públicos obligados a realizarla, y el otro, el tendiente a regular la institucionalidad del fideicomiso ciego.
Ambas iniciativas, finalmente, se refundieron en un solo texto a través de una indicación sustitutiva que el Gobierno presentó en la Cámara de Diputados hace ya un par de años con la finalidad de, primero, regular de manera mucho más detallada y profunda las declaraciones de patrimonio e intereses de diversos servidores públicos; segundo, establecer la existencia de fideicomisos ciegos también para diversos funcionarios públicos, y tercero, imponerles a los funcionarios públicos, en distintas condiciones, la obligación de enajenar activos de su propiedad.
La iniciativa en debate trata de resolver eficazmente los conflictos de interés que pueden tener los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones.
Así, por ejemplo, a los Ministros que tienen a su cargo la regulación de determinados sectores de la economía y a raíz de ello están en conflicto de interés para ejercer su empleo les impone la obligación de enajenar sus activos que forman parte del área de la economía donde desempeñan una función reguladora.
En suma, este proyecto procura resolver de forma más integral los conflictos de interés a que están expuestos los funcionarios públicos (también quienes ejercen la función parlamentaria) y, junto con ello, profundizar sus obligaciones de información y transparencia en el ejercicio de sus funciones.
Señor Presidente, esperamos que, de aprobarse esta iniciativa de ley, podamos seguir avanzando en la consecución de una regulación más adecuada para estos propósitos en la institucionalidad del sector público de nuestro país.

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- No quisiera interferir en el derecho de Sus Señorías a usar de la palabra. Sin embargo, atendida la notoria importancia que reviste este proyecto, iniciamos el toque de timbres porque el número de Senadores presentes en la Sala no es suficiente para votar.
Por consiguiente, les ruego a los Comités parlamentarios que, mientras les damos la palabra a quienes deseen intervenir, avisen a sus respectivas bancadas que es preciso reunir el quórum exigido.

El señor NOVOA.- ¿Está en votación el proyecto?

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- No, señor Senador. Solo estoy advirtiendo que sus disposiciones fundamentales son de quórum especial.
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, también quería hacer presente ese hecho.
A mi juicio, la Sala está entrando a discutir una iniciativa realmente importante, que no hace otra cosa que cumplir el artículo 8° de la Constitución, norma que determina que una ley debe reglamentar todo lo que ella dispone en cuanto a probidad, declaración de intereses, administración de bienes, etcétera.
El proyecto ya fue visto en la Comisión de Gobierno, donde, por supuesto, no hicimos un examen artículo por artículo, sino que optamos por darle relevancia a lo que está sucediendo hoy día en el ámbito político y en la opinión pública en general, específicamente a la crítica que se hace a las personas que se desempeñan en la gestión pública, muchas veces por falta de transparencia en lo relativo a la administración de su patrimonio, a qué pasa con sus declaraciones de intereses, etcétera.
Por eso, creímos que era más lógico aprobar primero la idea de legislar sobre la materia, en lo cual todo el mundo está de acuerdo. El proyecto viene bastante bien estructurado en cuanto a todo lo que atañe a la declaración de intereses, a la de patrimonio, a qué funcionarios deben hacerlas y la forma como deben realizarlas. Además, se refiere al mandato que puede darse para la gestión del patrimonio de cualquier persona que ocupe un puesto relevante dentro de la Administración Pública, así como a los bienes de los cuales esta deberá deshacerse en caso de que entre a ejercer un cargo público de importancia.
Consideramos conveniente que primero se hiciera este debate general en la Sala para luego devolver el proyecto a la Comisión, de manera de poder entrar a analizarlo allí en forma más pormenorizada, con la precisión que corresponde, a fin de que el Senado quedara en condiciones de adoptar una decisión acerca de su articulado.
Se trata de una legislación respecto de la cual estamos remisos en su aprobación. Ya existe una normativa sobre el tema, pero no es suficiente. Y además el artículo 8° de la Constitución nos obliga a dictar una ley que regule estas materias.
Por esa razón, ojalá que se reúna el quórum correspondiente, pues, en caso contrario, voy a pedir segunda discusión, con el objeto de poder alcanzar los votos necesarios en otra oportunidad y así poder continuar con la tramitación de la iniciativa.

El señor ESCALONA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, Honorable Senado, tal como se ha señalado, el artículo 8° de la Constitución establece dos elementos. Dispone que una ley regulará las declaraciones públicas de intereses y patrimonio de ciertas autoridades, y enumera los casos en que debe cederse la administración o enajenarse determinados bienes.
Esos son, precisamente, los dos grandes contenidos que presenta este proyecto. Por un lado, perfecciona la declaración de patrimonio e intereses e incluye a los consejeros del Consejo para la Transparencia, a los defensores locales, a los ministros del Tribunal de Contratación Pública, a los consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública, a los miembros del Consejo Directivo del SERVEL y a los integrantes de los Paneles de Expertos. Adicionalmente, agrega a aquellas personas que la ley califique como agentes públicos y a aquellas contratadas sobre la base de honorarios para prestar servicios de asesoría a la Presidencia, a los ministros y a los subsecretarios, cuando reciban regularmente una remuneración igual o superior al promedio anual de la recibida por un funcionario que se desempeñe en el nivel de jefe de división.
En materia de contenidos también se perfecciona la declaración de patrimonio e intereses.
Posteriormente, hay todo un capítulo referido a las sanciones, y se establecen otras autoridades sujetas a declaración.
No obstante, desde mi punto de vista una de las materias más importantes dice relación con el mandato de administración de valores, sobre la cual se legisla por primera vez en nuestro país. Hoy día no existe una normativa al respecto. Se dispone que un conjunto de autoridades deben realizar la declaración de patrimonio e intereses -la cual se perfecciona en el proyecto-, pero actualmente no contamos con una ley que tenga que ver con mandato de administración de valores.
Este proyecto consagra dos tipos de mandato.
El primero es un mandato general, a través del cual el mandante entrega la administración de determinados valores considerados como conflictivos por la ley a un tercero independiente que se encuentre autorizado para ello.
Y el segundo mandato que se consagra es el que se denomina "mandato diversificado".
¿En qué consiste? El mandatario le presentará al mandante un plan de liquidación de valores que la ley señala que se deben entregar en mandato, y luego, administrará el producto de dicha liquidación.
Habrá determinadas autoridades obligadas a constituir un mandato: el Presidente de la República, los ministros, los parlamentarios, los consejeros regionales y el Contralor, respecto de la totalidad de las acciones en sociedades anónimas abiertas (y otros valores) emitidos por sociedades constituidas en Chile y que se encuentran inscritas en los registros que lleva la Superintendencia de Valores y Seguros y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
En segundo lugar están los subsecretarios, intendentes, gobernadores y alcaldes. También deben constituir mandato respecto de los mismos valores referidos precedentemente, cuando se vinculen con entidades del sector privado sujetas, directamente y de acuerdo a la ley, a la fiscalización o control de los organismos que estén bajo su dependencia o supervigilancia o que se vinculen directamente con el ámbito de su competencia.
Luego hay un conjunto de materias relacionadas con las modificaciones del mandato.
Específicamente, se señala quiénes tendrán la calidad de mandatarios, pues no puede serlo cualquiera. Podrán tener dicha calidad las corredoras de bolsa, los agentes de valores, las administradoras generales de fondos, entre otros autorizados para administrar valores de terceros; también las empresas bancarias autorizadas para operar en Chile y entidades extranjeras que cumplan con los estándares dispuestos por la OCDE, es decir, que hayan constituido una garantía equivalente al 10 por ciento del valor del patrimonio administrado, con tope de 1.000 UTM, y que además hayan designado a un apoderado en Chile.
Todos ellos deberán estar inscritos en los registros que para estos efectos mantengan la Superintendencia de Valores y Seguros y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
¿Quiénes estarán obligados a la enajenación de activos según la presente iniciativa? El Presidente de la República, los parlamentarios y el Contralor. ¿Cuándo? Cuando se trate de empresas proveedoras de bienes o servicios al Estado o a sus organismos, cuyos contratos vigentes superen, individualmente o considerados en su conjunto, las 100 mil UF y la participación de la autoridad supere el 5 por ciento del capital de la misma; y en segundo lugar, cuando se trate de empresas que presten servicios sujetos a tarifas reguladas o que exploten a cualquier título concesiones de radiodifusión televisiva de libre recepción y otras concesiones, cuando su participación sea superior al 5 por ciento y sus contratos vigentes superen las 100 mil UF.
Los ministros de Estado también estarán obligados a enajenar sus bienes cuando se trate de empresas proveedoras de bienes o servicios al Estado o a sus organismos, cuyos contratos vigentes superen, individualmente o considerados en su conjunto, las 100 mil UF y la participación de la autoridad supere el 5 por ciento del capital de la misma. De igual modo, cuando se trate de empresas vinculadas directamente con el ámbito de su competencia que presten servicios sujetos a tarifas reguladas.
Igualmente, deberán proceder a enajenar sus activos los subsecretarios e intendentes, cuando se trate de empresas que presten servicios sujetos a tarifas reguladas y estas se encuentren vinculadas directamente con el ámbito de su competencia.
Lo mismo tendrán que hacer los superintendentes, intendentes de Superintendencias y otros jefes de servicio, cuando se trate de todas aquellas entidades sujetas, directamente y de acuerdo a la ley, a su fiscalización.
Por último, también deberán enajenar sus activos los alcaldes, cuando se trate de entidades con contratos vigentes relativos a aseo y ornato de la comuna respectiva, o exploten a cualquier título concesiones municipales de cualquier tipo dentro de su comuna.
En síntesis, señor Presidente, el proyecto de ley aborda y perfecciona, en primer lugar, las declaraciones de patrimonio e intereses respecto de determinadas autoridades para evitar los conflictos de interés. Pero también se hace cargo de los mandatos de administración general de bienes y, en determinados casos, como acabo de señalar, obliga a la enajenación de activos.
De este modo, no solo se cumple el mandato constitucional, sino que, adicionalmente, se agregan elementos muy determinantes en materia de transparencia y de inhabilidades.
He dicho.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, el proyecto que hoy entramos a analizar se inscribe dentro de aquellas materias que quizás más reclama el país, en minutos en que la desconfianza en los políticos, en los parlamentarios, en las autoridades públicas en general, ha alcanzado niveles alarmantes.
Probablemente, para corregir esa situación se requieren bastantes cambios (en nuestros propios comportamientos, en nuestros hábitos y prácticas parlamentarias y en las del mundo político) y muchas otras normas que también deberían incorporarse.
El Gobierno ha planteado la modernización de los partidos políticos, cuestión que creemos puede constituir un gran aporte.
Esperamos que se agregue al debate parlamentario el financiamiento público de los partidos, única manera de garantizar una fiscalización adecuada, asegurar la transparencia y evitar la dependencia que se sospecha podrían tener, precisamente por la actual forma de financiarse, que es desconocida.
Y también merece mención el proyecto de ley sobre lobby, normativa necesaria, que ya está en tramitación, pero que se ha demorado demasiados años en salir aprobada. Esto igualmente despierta suspicacias y evita tener los registros públicos necesarios para transparentar la actividad de muchas autoridades, del Ejecutivo, del Parlamento, del municipio, que son objeto de cabildeo y respecto de las cuales, por no disponerse de la información pertinente, abunda la inquietud, la sospecha y la desconfianza.
Esta iniciativa apunta, específicamente -como señaló el Ministro Larroulet, quien la presentó en nombre del Ejecutivo-, a un control ciudadano de la probidad de los funcionarios públicos, materializado, fundamentalmente, a partir de sus declaraciones de intereses y de patrimonio, así como del mandato que se establecería para asegurar la administración delegada de bienes, cuando sea necesario, por presentarse eventuales conflictos de interés o inhabilidades en el ejercicio de sus funciones.
Estas materias se hallan reguladas actualmente en numerosas disposiciones, que este proyecto busca reunir en una especie de estatuto común y que ya han sido enumeradas en las diversas exposiciones de los señores Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra.
La regulación del principio de probidad es necesaria. Este principio persigue que en el ejercicio de la función pública se observe una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal, con preeminencia del interés general sobre el interés particular.
Esto, que parece tan evidente, muchas veces no lo es tanto. Y se plantean conflictos de interés, o se supone que puede haberlos, en personas que tienen, como es natural, intereses de distinta naturaleza -que no solo son económicos; también pueden ser profesionales, deportivos, religiosos- y que al momento de tomar una decisión pueden afectar su independencia o la preeminencia del bien común.
Por eso existe ya la declaración de patrimonio e intereses, que ha contribuido a clarificar esta materia. Pero, sin lugar a dudas, la actual normativa es absolutamente insuficiente para asegurar una verdadera transparencia en el conocimiento del patrimonio de las autoridades llamadas a efectuarla.
Cualquiera de nosotros -puesto que todos la hemos hecho- sabe que las exigencias legales suponen que uno declare sus bienes inmuebles y la participación que le cabe en ciertas sociedades. Pero la ley no nos obliga, en el caso de los bienes raíces, a declarar siquiera su avalúo fiscal, ni tampoco, en relación con la participación en entidades sociales, cuál es el patrimonio de la sociedad.
Por lo tanto, uno puede cumplir la ley y, sin embargo, no estar transparentando el patrimonio que tiene.
Sé que muchos Senadores y Senadoras -desconozco si la totalidad, porque no las he leído todas- han realizado una declaración que incluye, no solo el avalúo fiscal de sus bienes inmuebles, sino también el avalúo comercial estimado, con los errores que eso pueda tener, así como los balances de las sociedades en las cuales tienen participación y los porcentajes de propiedad que tienen en ellas, de manera que quien lea sus declaraciones de patrimonio pueda conocer en detalle lo que poseen.
Pero no es eso lo que la ley establece. De ahí que la normativa en debate resulta absolutamente indispensable.
En lo personal, la solicité a comienzos de este período legislativo, el año 2010, precisamente con el propósito de corregir los errores que advertimos en la declaración que nos correspondió realizar en ese momento.
Por otra parte, este proyecto agrega un elemento que ha sido objeto de mucha discusión, relacionado con la situación de las personas que, por las características de su patrimonio, ya sea por el monto de este o por el área en que se halla invertido, deben constituir un mandato a terceros para la administración de dicho patrimonio, o incluso, en algunos casos, realizar la venta forzada de la parte de aquel que pudiera estimarse incompatible con el desempeño de ciertas funciones públicas.
Por otro lado, la incorporación de una institución que se conoce como "fideicomiso ciego" puede ser extraordinariamente valiosa para asegurar la adecuada independencia que hoy reclama la ciudadanía para el ejercicio de tales funciones.
El poder avanzar en esas dos áreas de la manera como lo hace el proyecto permitirá no solo mayor transparencia, sino también algo quizás tanto o más importante y que es facilitado justamente por aquella: el control ciudadano.
Nosotros sabemos que el control ciudadano se ejerce democráticamente por la vía de las elecciones. Pero eso ya está obsoleto, es anticuado. Hoy, el control ciudadano se ejerce prácticamente todos los días, a través de los distintos mecanismos con que la sociedad civil cuenta para desarrollar sus acciones, sean centros académicos, sean medios de prensa, sea la propia ciudadanía organizada en ONG, etcétera. El hecho es que en la actualidad hay muchísimas más posibilidades de controlar los actos de parlamentarios, ministros, alcaldes, intendentes, de las autoridades públicas en general, sobre todo de aquellas de elección popular.
Eso requiere de instrumentos que hoy no existen y cuyo establecimiento, por tanto, contribuirá enormemente al logro de los objetivos que se persiguen.
Este proyecto no solo es más específico y concreto en los contenidos que se exigen para la declaración de intereses y de patrimonio, sino que también incluye nuevas autoridades obligadas a efectuarlas; precisa los plazos y formas en que ella se deberá realizar; aclara la situación del cónyuge, cuyos bienes habrán de incluirse en la declaración patrimonial cuando el declarante se encuentre casado en régimen de sociedad conyugal; regula la situación de los hijos menores sujetos a patria potestad, y, como señalé, particulariza con detalle y precisión lo que debe ser una declaración completa de los bienes de la autoridad sujeta a esta obligación.
Asimismo, estimamos de interés las formas tenidas presentes para las modalidades de mandatos de administración de los patrimonios de las personas obligadas a constituirlos.
Habrá un mandato general, en virtud del cual el mandante entregará a un tercero independiente la administración de determinados valores que potencialmente podrían causar conflictos de interés. Por cierto, el mandante podrá instruir la prohibición de enajenarlos, pero la administración -repito- quedará entregada a este tercero.
Y también existirá un mandato diversificado, mediante el cual una autoridad encargará a un tercero la presentación de un plan de liquidación de los valores que la ley señala, el cual deberá administrar luego el producto de dicha liquidación. Es decir, cuando el patrimonio incluya bienes en empresas estatales o participación en sociedades que hayan celebrado contratos con empresas del Estado o que presten servicios sujetos a regulación tarifaria y respecto de los cuales se pueda presumir, por tanto, cierta influencia, la persona estará obligada a liquidarlos. Y, desde luego, en este caso el mandato comprende igualmente la administración del patrimonio liquidado.
En síntesis, se trata de modificaciones muy positivas, que nos permitirán entrar en detalle en materias que la opinión pública nos exige cada vez con más fuerza y convicción para recuperar la confianza perdida, y que perdimos por muchas razones, entre otras, porque, ante los ojos de la gente, pareciera que hoy día no tenemos la suficiente transparencia en materia de declaración de patrimonio de autoridades.
Por eso, señor Presidente, votaremos favorablemente esta iniciativa.

El señor CHAHUÁN.- Pido abrir la votación, señor Presidente.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Si hay acuerdo, no hay problema.
Para aprobar la idea de legislar, se requieren 20 votos.

El señor MUÑOZ ABURTO.- ¡No está presente esa cantidad de Senadores!

El señor PROKURICA.- Hay colegas afuera.

El señor LARRAÍN.- Abra la votación, señor Presidente.
Nos hacemos responsables del quórum.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- No existe acuerdo.
Señor Ministro, ¿desea intervenir ahora o después?

El señor LARROULET (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Ahora.

El señor MUÑOZ ABURTO.- Abra la votación nomás, señor Presidente.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- El Senador señor Navarro no da el acuerdo.

El señor PROKURICA.- ¡Senador Navarro....!

El señor NAVARRO.- Quiero escuchar al Ministro.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor LARROULET (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, voy a complementar la explicación que di hace un momento sobre el proyecto y las exposiciones de algunos Senadores, quienes han entrado en más detalles sobre su contenido específico.
Trataré de ilustrar cuál es la agenda completa en esta materia, producto de inquietudes muy legítimas planteadas por los señores parlamentarios y, también, por la ciudadanía, especialmente en el último tiempo.
Lo primero que quiero señalar es que esta iniciativa forma parte de un conjunto coherente de proyectos que buscan profundizar la transparencia en las actividades públicas y políticas.
Como ya dije, hemos denominado la iniciativa en debate de "probidad en la función pública". Y nació al refundir dos propuestas legislativas: la que perfecciona la declaración de patrimonio e intereses y la que regula el fideicomiso ciego o mandato de administración, como se le quiera llamar.
Originalmente, se presentaron como proyectos separados, los cuales fueron objeto de indicaciones en la Cámara de Diputados. Y a raíz del debate que allí se produjo, se decidió constituir una mesa técnica, transversal, en la que hubo representantes de diferentes sensibilidades políticas. Ese trabajo, finalmente, determinó la necesidad de que se presentara una indicación sustitutiva, que dio origen a la iniciativa sobre probidad en la función pública.
Ella fue aprobada en la Cámara Baja por una amplia mayoría y, también, en la Comisión de Gobierno del Senado por la unanimidad de sus miembros presentes.
Sin embargo, como señalé, esta materia forma parte de un conjunto de proyectos.
Entre estos, destaca el que perfecciona la Ley sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, normativa que fue publicada hace más de cuatro años y que nació de una moción presentada el año 2005 por el entonces Senador señor Jaime Gazmuri y el Honorable señor Hernán Larraín.
La iniciativa fue tomada, posteriormente, por el Gobierno de Michelle Bachelet y, fruto de las indicaciones que recibió, terminó transformándose en la legislación que creó la institucionalidad del Consejo para la Transparencia y que estableció una serie de condiciones en materia de transparencia, tanto activa como pasiva, a los distintos entes del sector público.
Además, hubo otro proyecto sobre el particular, cuyo texto también fue respaldado por el Ejecutivo, que emanó de una moción presentada por un conjunto transversal de Diputados. Aquel fue aprobado por una enorme mayoría en la Cámara Baja, y hoy se encuentra en el Senado. Es decir, tenemos una segunda iniciativa sobre la materia en esta Corporación.
¿Qué hace esta propuesta legislativa? Recoge la experiencia de estos cuatro años; fortalece la institucionalidad del Consejo para la Transparencia, y avanza sustancialmente en algo que ha estado en el debate público durante los últimos años: lo concerniente a la transparencia en los e-mails. Para ello, fija una regulación que, sin lugar a dudas, representará un avance.
Adicionalmente, informo que el Ejecutivo también presentó una indicación sustitutiva al proyecto de ley que regula el lobby, el cual lleva en el Parlamento aproximadamente diez años de tramitación. Al respecto, quiero darles una muy buena noticia a los Honorables Senadores y Senadoras: vengo saliendo de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, en la que dicha iniciativa fue aprobada por una amplia mayoría, después de prácticamente dos años de debate en esa instancia. En las próximas semanas la propuesta ingresará a la Sala de esa rama del Parlamento, donde estimo que, producto del acuerdo político que hemos logrado, se despachará rápidamente.
Pienso que será muy factible que, antes de que termine junio, el Senado disponga de un tercer proyecto sobre la materia.
Por lo tanto, nos encontramos en presencia de un conjunto de reformas que profundizan la transparencia y regulan de mejor manera los conflictos de interés. Ello permitirá al país avanzar de manera muy importante en este ámbito.
La iniciativa en debate, además -esto no se ha dicho y es relevante-, eleva significativamente los estándares de la declaración de patrimonio e intereses, de acuerdo a las recomendaciones que la OCDE hace sobre el particular a los paises que la integran.
He dicho.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Señores Senadores, se me ha pedido nuevamente abrir la votación.

El señor LAGOS.- No.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señor Presidente, entiendo la importancia de la materia que nos ocupa. A uno le dan ganas de acceder a la solicitud de apertura de la votación y aprobar la iniciativa. Ojalá contemos con el quórum de 20 votos hoy día para tal efecto.
Sin embargo, antes de dar la anuencia para abrir la votación, quiero hacerle una consulta, con toda responsabilidad, al señor Ministro.
Se ha anunciado, como prioridad, el envío de nuevos proyectos al Congreso en los próximos tres meses. Me gustaría saber cuándo el Presidente de la República presentará a tramitación, con "discusión inmediata", la iniciativa sobre el voto de los chilenos en el exterior.
Necesito esa respuesta.
¡Llevo tres cuentas públicas escuchando la misma promesa!
A mis colegas les digo que no busco obstruir el trabajo. Pero no es posible seguir hablando de cosas que no se materializan.
En consecuencia, no veo razón para aprobar esta agenda legislativa. Ayer -apenas hace 24 horas- el Primer Mandatario anunció el envío de determinados proyectos, y ahora nos hablan de otras iniciativas, en lugar de precisar cuándo veremos lo que se viene prometiendo durante tres años seguidos.
En mi opinión, lo mínimo que debiera señalar el Ministro Secretario General de la Presidencia es cuándo ingresará a trámite, con urgencia calificada de "discusión inmediata", la propuesta legal a que me referí.
¡No pido más que eso! Ni siquiera sugiero que la Sala apruebe el proyecto. Solicito que el Gobierno lo presente.

El señor LARRAÍN.- ¡No puede condicionar la apertura de la votación de esa forma, señor Senador!

El señor LAGOS.- Tengo el derecho a negarme.
El mensaje es claro y ya es tiempo de que se entienda. De lo contrario, no sé para qué tenemos mayoría.
Si no actuamos así, Senador Larraín, al final del día somos todos casi cómplices de esto, lo cual es tan grave como las lucas que no se ven reflejadas en las declaraciones de patrimonio. Esa es la verdad. ¡Qué quiere que le diga...!
Se pretende avanzar en una línea. Yo quiero que sea en todas.
Me gustaría que se presentara un gran paquete de reformas políticas, dentro de las cuales se incluya, además de la que nos ocupa, que es muy importante, la relativa al voto de los connacionales en el exterior. Esta se ha prometido ya en muchas oportunidades y no se materializa.
Entre paréntesis, señor Ministro, le recuerdo lo de la franja publicitaria para las elecciones primarias. Ello estaba comprometido.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Entiendo que no hay acuerdo para abrir la votación.
Seguimos, por lo tanto, con la lista de inscritos.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la que nos ocupa es una legislación necesaria, pero, a todas luces, sirve para que legítimamente los empresarios puedan estar en el Parlamento, con igualdad de derechos, del mismo modo que cualquier ciudadano.
Estaba revisando la composición del Senado de los Estados Unidos: el 85 por ciento de sus integrantes son multimillonarios, quienes poseen patrimonios extraordinarios. Diversos análisis demuestran que la fortuna de esos legisladores creció un 25 por ciento en dos años, a pesar de la crisis económica, y que casi el 90 por ciento del aumento se concentra en los 50 miembros más ricos de ese Poder Legislativo.
Reitero que la iniciativa en análisis es necesaria, por cuanto creo que los empresarios pueden participar en política. El proyecto que discutimos busca que haya transparencia e igualdad de condiciones para cualquier ciudadano. Porque está claro que con la legislación actual, sobre todo con la del sistema binominal -¡el perverso y maldito binominal!-, no todos cuentan con la misma posibilidad de llegar al Parlamento.
Lo que hace el sistema binominal es establecer el monopolio de los partidos, y el duopolio de las coaliciones. Son las tiendas políticas las que eligen a quienes acceden al Congreso Nacional.
Y a pesar de que el Ministro Larroulet transpiró para que hubiera Ley de Primarias -la denominé "Allamand-Golborne", pues pretendía resolverle el lío presidencial a la Derecha-, esta no fue aplicada por los partidos.

El señor CHAHUÁN.- Salvo Renovación Nacional.

El señor NAVARRO.- Por lo tanto, nos hallamos legislando para que quienes poseen enorme patrimonio puedan integrar el Senado o la Cámara de Diputados, despejados de todo cuestionamiento que diga relación con la poca transparencia respecto del origen de sus recursos. Así se cautela que su función en el Congreso no aumente ilegítimamente su patrimonio. En el fondo, les pedimos claridad, que declaren sus bienes. Con ese fin, hacemos una pesada ley.
Por cierto, habrá quienes lleguen al Senado, a la Cámara Baja, al Poder Judicial o a la Fiscalía Nacional sin mucho patrimonio que declarar. Pese a ello, esta legislación se aplica a todos, tengan bienes en pequeña, mediana o gran proporción. Ello me parece adecuado.
Pero el proyecto en análisis es insuficiente en el ámbito parlamentario.
Doy lectura al artículo que nos incluye, el cual establece que la respectiva Comisión de Ética y Transparencia Parlamentaria apercibirá a quien no haga su declaración de intereses y patrimonio para que la efectúe dentro de cierto plazo "y, en caso de incumplimiento, le aplicará una multa a beneficio fiscal".
Señor Presidente, ¡todo se reduce multas! A quien no declare, a quien no cumpla la ley se le aplica una multa. ¡Otra vez la lógica implacable del dinero! Pagar por una infracción de tránsito, por cara que sea, no es lo mismo para un gerente general que para un conductor del transporte público que recibe un sueldo inferior a los 500 mil pesos.
Por ende, las multas no constituyen un disuasivo. Los parlamentarios la pagan y punto.
Es más, al Congreso llegan también quienes violan la normativa vigente al invertir en la campaña más de lo que establece la ley Nº 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral. De hecho, sobrepasa en diez, cien veces lo que dispone dicho cuerpo legal y se les condena -¡si es que el SERVEL los fiscaliza, porque este organismo no tiene capacidad para ello!- a pagar una multa. Y con eso obtienen el escaño.
Es decir, los que han de confeccionar las leyes pueden violar la normativa en vigor y llegar igual al Parlamento. Hemos permitido que eso ocurra al fijar solo el pago de una multa por tal infracción. Al que tiene plata se le tolera todo. No hay ninguna sanción de carácter penal por la no declaración del patrimonio.
Al entonces Diputado Zarko Luksic y a mí -yo también era parte de la Cámara Baja- nos costó años hacer que el Senado incorporara la declaración de patrimonio. Presentamos la moción pertinente y vinimos a defender la iniciativa a esta Corporación. Se rechazó aquí y tuvimos que ir a Comisión Mixta. Se les pedía a los Senadores que declararan sus intereses. Las declaraciones eran una simple hojita de papel sin detalle alguno: "Sí, tengo intereses en la minería", "Poseo acciones en el área de la madera". Logramos abrir el debate y establecer la declaración de patrimonio. Fue una discusión muy fuerte.
Señor Presidente, de la lectura del proyecto de ley en examen uno piensa: "Está bien orientado, pero hay que revisarlo, pues dispone una serie de condiciones".
Cabe preguntarse: ¿con esta futura legislación hubiera estado obligado el ex Ministro Golborne, candidato presidencial, a declarar sus inversiones en las islas Vírgenes? Si uno revisa el articulado propuesto, advierte que sí. Dice: "También deberán incluirse los derechos o acciones que la autoridad o funcionario declarante tenga en sociedades u otras entidades constituidas en el extranjero".
Me parece positivo que todos tengan la obligación de declarar.
Pero también establece: "En todo caso, la declaración deberá incluir las actividades señaladas precedentemente, realizadas durante los doce meses anteriores a la fecha de asunción en el cargo.". Y las especifica: "Actividades profesionales y económicas sean éstas remuneradas, no remuneradas, gremiales o de beneficencia".
Creo que doce meses no es un lapso suficiente. Debiera abarcar un período mayor para conocer la real situación de la persona. Si no, vamos a tener, por ejemplo, gerentes generales de centrales eléctricas en el sillón del Ministro de Energía, como ha pasado ahora y en otros Gobiernos también. Actualmente, el Presidente del Directorio de ENAP, que antes fue Ministro de Energía, ocupó por 18 años la gerencia general de COPEC, su principal competidor.
Como efectivamente ello no está legislado, cuando alguien deja la función pública no se aplica un período de inhabilidad para trabajar en ámbitos relacionados. En Estados Unidos se imponen dos años. En este caso, el Estado se encarga de resguardar que la información estratégica que posee un superintendente o un ministro no sea utilizada.
Lo anterior se lo planteamos a varios Gobiernos de la Concertación. Pero -"no se escucha, padre"- no hubo posibilidad de que se considerara.
Aquí debe incorporarse una norma que prohíba a los funcionarios que dejan la Administración del Estado trabajar en actividades vinculadas directamente con su cargo anterior, ya sea en calidad de superintendentes o de supervisores.
Señor Presidente, quiero ver el proyecto de ley sobre el lobby que el Ministro nos promete.
Fui el primero que presentó una propuesta legislativa en esta materia. Cuando discutimos la iniciativa en su oportunidad, planteamos que fuera la Contraloría General de la República la que velara por el cumplimiento de esa regulación. Me acuerdo que vino Enrique Correa y propuso que esa función la hiciera el Ministerio de Justicia. Y ahí nos empantanamos. Desde entonces, ha habido sucesivas reformas, pero aún no hay ley de lobby.
Esta actividad es regulada en Estados Unidos, donde se mueven miles de millones de dólares por concepto de pago a los lobbistas y costos de funcionamiento. Dicho país es el único donde el lobby se encuentra reglado. Chile pasaría a ser la segunda nación del mundo donde tal actividad estaría normada.
En Estados Unidos opera aquello porque la política se encuentra intrínsecamente ligada al dinero. Ya lo señalaba: los hombres más ricos de ese país copan el Senado. El que quiere ser Senador allá primero debe hacerse millonario. Afortunadamente, en Chile existe la posibilidad de llegar a la Cámara Alta sin ser millonario. Eso es algo que debiéramos resguardar.
Quiero ver la ley de lobby, señor Presidente.
Asimismo, debiéramos modificar lo relativo a las donaciones secretas. Ya lo dije: el que gasta más debiera perder el cargo. Esa fue la indicación que presenté cuando se acordó este asunto entre José Miguel Insulza y el entonces Diputado Longueira. Muchos de los colegas que integraban en ese momento la Cámara Baja recordarán que el Diputado Longueira señaló: "Si Navarro no retira la indicación, no hay acuerdo". El Diputado Carlos Montes, que la había suscrito, retiró su firma (¡fue más obediente que Navarro...!). La verdad es que la resistencia me duró poco, porque, sin acuerdo, se caía el financiamiento público a las campañas políticas, lo cual constituía un paso importante, por cuanto estimo que la democracia -y, por ende, la participación- debe ser financiada.
Finalmente, retiramos la indicación y señalamos: "Vamos a proponer un proyecto, primero, que elimine la calidad reservada, anónimas o secreta de las donaciones y, segundo, que castigue con la pérdida del cargo a quien gaste más de lo que la ley establece". De lo contrario, no tiene sentido alguno la legislación.
Las donaciones secretas no pueden estar excluidas del paquete legislativo integral que nos plantea el señor Ministro.
Señor Presidente, el Secretario de Estado habla de un conjunto coherente de reformas sobre probidad en la función pública. Está claro que las donaciones secretas van en contra de ese principio, como quedó demostrado con el caso de la Ley de Pesca, más allá de la figura de una Diputada. Lo que se ha logrado conocer refleja la injerencia de las empresas interesadas, a través del lobby directo y de las donaciones secretas, en la actividad parlamentaria.
Algo similar ocurre con las inhabilidades.
Por lo tanto, debemos abordar una serie de temas, señor Ministro.
Votaré a favor del proyecto que nos ocupa -anuncio que prepararé muchas indicaciones-, si efectivamente llegamos a acuerdo sobre varias otras materias, que no dicen relación con los millonarios que quieren llegar al Senado o a la Presidencia de la República.
Suelen algunas leyes tener nombre y apellido. La que nos ocupa, por cierto, es una de ellas: la "Ley Piñera". Digámoslo claramente. Llegó a Presidente un empresario prestigiado que poseía una fortuna superior a los dos mil millones de dólares. Entonces se encendieron las alarmas; se pidieron resguardos, y se buscó establecer un conjunto de normas que no existían.
Esta es una normativa importante, porque -reitero- a todos, sea empresario, obrero o empleado, nos asiste el derecho de llegar al Senado o a cualquier otra institución pública.
Y estoy dispuesto a aprobar en general esta legislación, esperando que el Ministro nos detalle cuáles son las otras actividades que quiere incorporar.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Ha llegado la hora de término del Orden del Día.
Pasaremos a Incidentes.

El señor ESCALONA.- ¿Quedan inscritos?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Así es; ellos son: la Honorable señora Allende y los Senadores señores Cantero, Escalona y Chahuán.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor LABBÉ (Secretario General).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
De la señora ALLENDE:
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, para solicitarle información relativa a ACCIONES DE SU CARTERA PARA SOLUCIONAR FALTA DE RECURSOS Y DEMORA EN TERMINACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN COMUNA DE CALDERA (Región de Atacama).
Del señor COLOMA:
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que revise factibilidad de AUMENTO DE PLANTAS DE REVISIÓN TÉCNICA EN COMUNAS DE TALCA Y LICANTÉN (Séptima Región).
Del señor GARCÍA:
Al señor Subsecretario de Educación, para que informe sobre POSTULACIÓN DE DOCENTES JUBILADOS A BONO ESPECIAL CONTEMPLADO EN LEY N° 20.501 (Región de La Araucanía).
Del señor PROKURICA:
Al señor Ministro de Energía, solicitándole información acerca de GESTIÓN FINANCIERA DE ENAP EN TRES ÚLTIMOS AÑOS; IMPORTACIONES CON OPCIONES DE COMPRA; EXPERIENCIA PROFESIONAL DE PERSONAL, E IDONEIDAD DE OPERACIONES DE COBERTURA.
De la señora RINCÓN:
Al señor Ministro de Bienes Nacionales, pidiéndole estudiar la SITUACIÓN DE INMUEBLE FISCAL DE CURANIPE OTORGADO EN CONCESIÓN DE USO GRATUITO A ASOCIACIÓN GREMIAL DE ARTESANOS ARTÍSTICOS DE CAUQUENES. A la señora Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales del Maule, planteándole PETICIÓN DE PRESIDENTA DE JUNTA DE VECINOS DE "SALIDA PANIMÁVIDA" (comuna de Linares). Al señor Alcalde de Linares, solicitándole entrega de información referente a PROYECTO DE ALARMAS COMUNITARIAS Y REPARACIÓN DE SEDE SOCIAL DE JUNTA DE VECINOS LAS ROSAS y a PROYECTO DE ALARMAS COMUNITARIAS, RECOLECCIÓN DE BASURA Y MAYOR PROTECCIÓN EN CASAS ABANDONADAS EN VILLA SANTA SARA (todos de la Séptima Región).
Del señor WALKER (don Ignacio):
A la señora Ministra de Educación, haciéndole presente PREOCUPACIÓN POR SITUACIÓN DE ALGUNOS BENEFICIARIOS DE BECA CONICYT. Y a la señora Superintendenta de Servicios Sanitarios, solicitándole ANÁLISIS DE AGUA SUMINISTRADA POR ESVAL EN LA LIGUA, CABILDO Y PETORCA (el último, de la Quinta Región).
)---------(

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En el tiempo del Partido Unión Demócrata Independiente nadie intervendrá.
En el turno del Partido Renovación Nacional, tiene la palabra el Senador señor Kuschel.


SOLICITUD DE SIMPLIFICACIÓN DE FORMULARIOS DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN. OFICIO

El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, solicito que se oficie en mi nombre a la nueva Ministra de Educación, para que efectúe un diagnóstico acerca de la cantidad de formularios, muchos de ellos repetitivos, que deben llenar los directores y algunos funcionarios, profesores o administrativos, de las escuelas subvencionadas, municipales y privadas. Me han planteado, en visitas que he realizado a algunos establecimientos, que son muchos los formularios y que es demasiado el tiempo que se dedica a completarlos, el cual podría destinarse a la enseñanza de los alumnos o a la atención de aspectos que dicen relación con la comunidad escolar.
Varios formularios de distintas oficinas del Ministerio de Educación podrían consolidarse en uno. Algunos se podrían resumir o reducir. Otros, como los relativos a la alimentación escolar, son muy similares a los empleados para la subvención.
En consecuencia, pido que se haga esta solicitud en mi nombre, señor Presidente.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En el tiempo de los Comités Partido MAS, PPD, Partido Radical Social Demócrata y Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Senador señor Navarro.


PROYECTO SANCIONATORIO DE ALIENACIÓN PARENTAL EN TUICIÓN DE HIJOS

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, agradezco a las bancadas del Partido Socialista, del PPD, del Partido Radical Social Demócrata y de la Democracia Cristiana por haberme concedido su tiempo para esta intervención.
Hace ya algunos meses presentamos un proyecto de ley para sancionar la alienación parental. Es decir, cuando hay separación y en la relación de la tuición de los hijos uno de los cónyuges incide en los niños para ponerlos en contra del otro, lo que debe ser sancionado.
Lamentablemente, esta tendencia sigue aumentando y provoca resultados nefastos en el niño, en las relaciones familiares y, especialmente, deja huellas profundas en los menores sometidos a este acto por parte de alguno de los padres. Cada día, por desgracia, en Chile se acrecienta la alienación parental, y no hay al respecto regulación alguna ni tiene sanción.
Ese es un abuso contra el bien superior del niño, que es el que hay que proteger.
Espero que podamos legislar acerca de ello y regular algo que ya en el mundo se ha establecido como alienación parental, y que es sancionada, porque representa el abuso de uno de los padres en la tuición de los hijos.


DETENCIÓN DE TRÁMITE DE PROYECTO DE LEY SOBRE CUIDADO COMPARTIDO EN TUICIÓN DE HIJOS. CARTA DE ORGANIZACIÓN AMOR DE PAPÁ. OFICIOS

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, hemos conocido el proyecto de ley promovido por la organización Amor de Papá, que busca establecer relaciones de igualdad entre padres y madres en la tuición de los hijos.
Esta iniciativa, lamentablemente, ha sufrido la detención en su trámite en la Comisión Mixta.
Creo necesario dar a conocer una carta abierta a esa Comisión de la organización Amor de Papá. Señala lo siguiente:
"Valparaíso 22 de mayo de 2013
"Honorable Presidenta, Honorables Miembros de la Comisión Mixta
"Con estupor y profunda decepción hemos visto cómo se ha ido distorsionando la discusión de la Ley llamada `de Cuidado Compartido' por parte del Gobierno, o `Ley Amor de papá' por parte de nosotros, la organización social que motivó su tramitación hace ya casi cinco años. En nuestra impresión, en este proceso se revela, una vez más, el profundo deterioro ético en el cual se encuentra sumida la política de nuestro país y que justifica la crisis de representación que vive nuestra patria. El compromiso con la palabra empeñada, y el apego irrestricto a la verdad, son, en política más que en ninguna otra actividad, imperativos éticos permanentes.
"Sin embargo, lamentamos que los compromisos no se han cumplido por parte del ejecutivo, el que firmó una redacción consensuada en el senado y, posteriormente, presentó indicaciones para borrar con el codo lo suscrito con el puño.".
Señor Presidente, la indicación se firmó en la Cámara Alta luego de un gran debate. Y el Ejecutivo no ha dado explicación de por qué cambia de criterio. O vamos a hacer respetar los acuerdos políticos del Senado...

El señor ESPINA.- ¡Es falso eso!

El señor NAVARRO.- El Senador Espina dice que eso no es así. Lo podremos discutir. Pero yo entendí, al menos cuando debatimos esto en nuestra Corporación, que había una voluntad positiva de la Ministra del SERNAM y que podíamos avanzar en esa dirección.
Sigue la carta.
"A nuestro juicio, la Ex Ministra del SERNAM burló la buena fe de la cámara, haciendo creer a los diputados que el acuerdo del Senado, que ella misma había suscrito, era inconsistente y técnicamente deficiente, con lo cual indujo a la constitución de una comisión mixta.
"En su argumentación faltó a la verdad, afirmando que la primera oración del inciso cuarto había sido redactada en la sala del senado, en circunstancia que ésta formaba parte de la redacción aprobada por la comisión de Constitución Legislación y Justicia del Senado y era parte de la norma supletoria que la Ministra defendió acaloradamente en la cámara alta.
"Hizo uso de argumentos tendenciosos, a partir de una magnificación de conductas parentales patológicas, sin consideración de contexto que la hacían de escasa ocurrencia, y sobre la base de las cuales justificó privar de derechos a la inmensa mayoría de progenitores que aman a sus hijos y se comportan apropiadamente.
"Se trató de una verdadera política del terror para asegurar la votación de los diputados en favor de la constitución de la comisión mixta. Una vez constituida dicha comisión, este ministerio no se limitó a discutir el inciso cuarto como era el mandato de la sala," -las Comisiones Mixtas solo pueden tratar aquellos aspectos para los cuales han sido mandatadas- "sino que presentó nuevas indicaciones a otros incisos, y sobre todo, algunas que alteran el sentido del acuerdo consensuado por todas las bancadas en el senado.".

El señor ESPINA.- Señor Presidente, pido la palabra.

El señor NAVARRO.- El Senador Espina puede intervenir en el tiempo de Renovación Nacional.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- No tiene, señor Senador. Así que, si Su Señoría le da una interrupción, puede hacerlo.

El señor NAVARRO.- Tendrá tiempo en esta preciada hora de Incidentes, la que, además, no es transmitida por televisión, en una situación que no logro comprender, por un acuerdo absurdo del Comité Editorial de TVSenado. No transmitir por televisión la hora de Incidentes es menoscabar la posibilidad del debate político, particularmente en el caso de las minorías.

El señor ESPINA.- ¿Me puede conceder una interrupción, señor Senador?

El señor NAVARRO.- No se discutió solo lo establecido en el Senado.
Continúo, señor Presidente.
"Para una organización social que ha buscado canalizar su demanda de forma constructiva proponiendo un proyecto de ley que supere una condición discriminatoria que se arrastra por más de 150 años, dicho trato por parte de un Estado que debiera, al menos escuchar a sus ciudadanos, resulta avasallador y humillante.".
El Código Civil de Bello estableció esta legislación, y afortunadamente en esta ocasión hemos podido abordarla.
Prosigo.
"Lamentamos que algunos honorables senadores y diputados han sido incondicionales con esa actitud del ejecutivo y hayan mostrado completa falta de empatía con este grupo de padres, novias, esposas, tías y tíos, primas y primos, abuelas y abuelos angustiados.
"Vemos con tristeza que se hayan destinado tiempo y energía a acusarnos de hostigamiento, sin comprender el sentido de urgencia que tiene para nosotros recuperar nuestros derechos parentales porque nuestros hijos están siendo impunemente maltratados día a día.
"En nuestra imperfecta democracia, a las organizaciones ciudadanas no se les consagra un espacio formal en el cual hacer ver sus puntos de vista en el debate legislativo, salvo las calles y las redes sociales, donde nuestra expresión es calificada de bullying. Es por eso, que pedimos respetuosamente a la señora presidenta de la comisión que, al menos, esta carta sea leída en voz alta durante la sesión y su argumentación sea considerada por los honorables senadores y diputados en su decisión, y que ella forme parte del expediente de la historia de la ley.
"A nuestro juicio, y sin pretender afirmar que esta comisión mixta no vaya a ser un significativo aporte legislativo, su constitución era innecesaria. Esto, porque, no obstante ser perfectible el inciso cuarto del artículo 225 tal como fue acordado en el senado, en lo sustantivo era una norma concebida con sabiduría, que configuraba un régimen justo para los progenitores y beneficioso para el menor, y adecuada para enfrentar la situación de provisionalidad en tanto los padres no lleguen a acuerdo o no haya resolución judicial.
"Esta norma, tal como estaba redactada por la cámara alta, establecía un régimen provisional muy parecido al que se contempla en el derecho alemán como régimen permanente: que consiste en fijar residencia del niño con uno de los progenitores, pero manteniendo en ambos padres el derecho en materia de autoridad parental.
"Con ello se aseguraba que el progenitor que detenta la residencia en forma provisional, no tomará decisiones constitutivas de hechos consumados, que posteriormente determinen una decisión judicial en su favor, tales como cambiarse de ciudad, o decidir cuestiones que pudiesen ser irreversiblemente dañinas, como una operación médica o un cambio de colegio.
"Ninguno de los horrores que, según los augurios del SERNAM, pudiese provocar el "perverso" progenitor no custodio -que en general será el hombre- en contra del progenitor custodio -en general, la mujer-, ocurren en Alemania. La razón es obvia: el progenitor vulnerado o extorsionado, puede acudir al tribunal ante tales situaciones o ya se encontrarán en medio de una disputa judicial cuando ello ocurriere. Por el contrario, en su discurso el SERNAM olvida mencionar que en la actualidad, según sus propias cifras casi el 49% de los menores son víctimas de violencia física o psicológica por parte de su madre y un 23,5% es víctima de violencia física grave, con lo cual se demuestra que el menor no se encuentra más seguro con ninguno de los progenitores en mera consideración del sexo de este.
"Nos parece fundamental para mantener la sabiduría de la norma consensuada en el Senado, que en el inciso referido a la condición provisional mientras no haya acuerdo, se mantenga la oración "compartirán la responsabilidad y todos los derechos y obligaciones respecto a los hijos comunes", la cual formaba parte de la redacción de la norma supletoria redactada por la comisión Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del senado. Esto, porque la consagración del principio de corresponsabilidad del artículo 224, no es garantía suficiente que el progenitor no custodio podrá participar de decisiones que resulten irreversibles o impongan en los hechos una preferencia a la posterior resolución judicial. A su vez, la pérdida de derechos del progenitor no custodio con respecto a los hijos, podrá devenir en favorecer rupturas de pareja más conflictivas, por cuanto aquel padre que abandone el hogar común perderá todos sus derechos parentales, y por lo tanto la legislación estará alentando a una pugna de ambos por lograr expulsar al otro progenitor del hogar común. Creemos que las separaciones deben ser lo más civilizadas posibles y sus circunstancias deben afectar lo menos posible el cuidado de los hijos, y la mejor forma de favorecer aquello es asegurar que los derechos de ambos padres se encuentran cautelados, no importa quien abandone el hogar.
"A su vez, el SERNAM solicita modificar el inciso quinto, que ya se encuentra plenamente aprobado. Este cambio al proyecto pone nuevamente el foco en dicho inciso y hace ver que tal como está redactado es muy pernicioso para el bien superior del niño, no obstante perseguir un fin positivo que es sancionar al progenitor que incumple el pago de alimentos. Esto, porque se está estableciendo dicha sanción por medio de una reducción de facultades del juez. Con ello, un juez no podrá otorgar la tuición al progenitor que ha incumplido, y se podría ver obligado a entregar el cuidado personal a un progenitor que carece de habilidades parentales, es maltratador, o tiene una mala relación con el niño. Es decir se estaría castigando al menor por una conducta de uno de sus padres. Se podrá argumentar al respecto que el juez puede entregárselo a un tercero. Ante lo cual respondemos que no es tan claro, puesto que el padre incumplidor puede demostrar que su conducta no constituye inhabilidad moral como establece la norma (art. 226), máxime si su incumplimiento fue eventual. Dicha disposición debería trasladarse a los criterios del artículo 252-2, y no ser una limitación a las facultades del juez. Además, no queda claro cómo se aplica, ni si basta haber incumplido una vez para perder toda posibilidad de tuición del menor. Por otro lado, dicha norma no es demasiado efectiva para perseguir a progenitores incumplidores, puesto que la mayoría de quienes no aportan a la manutención de sus hijos, son aquellos que logran demostrar en instancia judicial, a veces de manera fraudulenta, que no se encuentran en condiciones de pagar, circunstancia que expresamente se encuentra establecida como norma exculpatoria en la presente redacción.
"Con respecto al trabajo realizado por un "grupo de expertos para llegar a una norma de consenso", nuevamente acusamos habérsenos impuesto una redacción en condiciones desfavorables. La opinión de cada uno de los expertos es de público conocimiento y lamentamos que el profesor Mauricio Tapia, quien tiene la mayor afinidad con nuestros puntos de vista, haya sido excluido de dicho trabajo de una manera inexplicable. Consideramos que la propuesta del equipo de expertos que se presenta a la Comisión Mixta hace una contribución en aspectos formales del artículo 225, pero constituye un gran retroceso en términos de contenido, en materias de igualdad parental con respecto al proyecto, tal como ha sido aprobado hasta el momento.
"Nuestras observaciones son las siguientes:
"1. La norma que el menor permanecerá bajo el cuidado del progenitor con el cual vive, debe entenderse como una norma que regula una situación provisional, la cual debe durar lo menos posible, pues la circunstancia de hecho por la cual el menor quedó residiendo con un determinado progenitor, está determinada por la circunstancia de la separación de la pareja y nada asegura que residir con este padre o madre sea bueno para el niño. La redacción propuesta por el equipo de expertos sugiere que, esa condición de hecho, se entiende como permanente en caso de falta de acuerdo y su alteración es excepcional. Esto por efecto de que el cambio del cuidado del menor quedó incluido en el inciso siguiente como parte de la facultad que en todo momento tiene el juez para alterar el régimen de cuidado.
"2. A pesar de que la norma establezca que el menor quedará bajo el cuidado de uno de los padres, la norma debe garantizar que el otro progenitor no pierda sus derechos de plena autoridad parental. Esto, con el fin de asegurar que no se tomen decisiones irreversibles o constitutivas de hechos consumados, como se dijo más arriba, pero también porque en la medida que se aseguran los derechos de ambos progenitores, no se favorecen rupturas conflictivas. Si el progenitor que permanece en el hogar queda con todos los derechos con respecto a los niños y el que parte los pierde todos, entonces se promoverá una disputa sin cuartel entre ambos por conseguir que el otro progenitor se vaya del hogar común.
"3. La ley debe incluir la obligación del tribunal de tomar una decisión transitoria a petición de parte en un plazo no superior a diez días como se acordó con la Corte Suprema, con el fin de no eternizar la situación provisional que, como se dijo más arriba, puede ser negativa para el bien superior del niño y puede abrir la posibilidad de que el menor sea separado definitivamente del otro progenitor.
"4. La norma no puede dejar en una situación de vacío legal a los niños que viven con un tercero en caso de falta de acuerdo, de otro modo se abre una disputa entre ambos progenitores por quién deberá tener ese cuidado provisional.
"5. Extender la sanción al padre que no ha contribuido a la manutención del hijo, mientras el otro tenía el cuidado, a todas las circunstancias puede ser positivo. Pero no debe ser por la vía de limitar las facultades del juez, con el fin de no castigar al niño por una falta del progenitor. Debe trasladarse al artículo 252-2. En subsidio, en caso de que permanezca en el artículo 225, al menos debe perfeccionarse la redacción, pues no se determina si basta un mero incumplimiento o si se trata de una situación repetida en el tiempo.
"6. Debe explicitarse la sanción inversa, es decir privar del cuidado al padre o madre que entorpece la relación directa y regular con el otro.
"Adjuntamos a la presente carta un cuadro comparativo en el cual se incluye una propuesta de redacción por parte de la agrupación Amor de Papá, que recoge los aspectos positivos de la redacción propuesta por el equipo de expertos".
Señor Presidente, esta carta fue entregada en la Comisión Mixta. Ignoro si allí fue leída.
Amor de Papá no ha podido participar como oyente al tratarse el tema de la Comisión Mixta. Entendemos que todas las sesiones son públicas, salvo que especialmente sean declaradas secretas.
Señor Presidente, voy a terminar leyendo la norma propuesta por la agrupación Amor de Papá para el artículo 225. Dice:
"Si los padres viven separados podrán determinar de común acuerdo que el cuidado personal de los hijos corresponda al padre, a la madre o a ambos en forma compartida. El acuerdo se otorgará por escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, y deberá ser subinscrita al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días subsiguientes a su otorgamiento. Este acuerdo deberá establecer la frecuencia y libertad con que el padre o la madre que no tiene el cuidado personal mantendrá una relación directa y regular con los hijos, y podrá revocarse o modificarse cumpliendo las mismas solemnidades.
"El cuidado personal compartido es un régimen de vida que procura estimular la corresponsabilidad de ambos padres que viven separados, en la crianza y educación de los hijos comunes, mediante un sistema de residencia que asegure su adecuada estabilidad y continuidad".
Señor Presidente, hasta ahí la carta abierta enviada a la Comisión Mixta por la agrupación Amor de Papá.
Quiero señalar que está claro que el bien mayor por resguardar es el del niño. Y, por cierto, una legislación de hace 150 años, el Código Civil de Andrés Bello, con todo el mérito que tiene, resulta anticuada, trasnochada y absolutamente superada por la realidad.
Cabe expresar que no siempre la madre puede ser la mejor custodia del niño, o el padre el mejor custodio. Por eso, el juez debe determinar quién garantiza la mejor condición del menor, velando por su bien superior por encima de todo.
Lo anterior hace necesario una reforma que permita que el padre o la madre puedan tener la tuición del niño. No es un tema de sexo, sino de igualdad, la cual hemos venido pidiendo permanentemente para proteger el bien superior del menor.
Señor Presidente, esta es una materia de debate público.
En Chile, el 51 por ciento de los niños -¡el 51 por ciento!- nacen fuera del matrimonio. Por tanto, provienen de relaciones no reguladas por la ley civil. La gente convive, la gente prueba, la gente tiene hijos y no se casa. ¡Enhorabuena! Porque algunos estiman que el matrimonio garantiza seguridad económica, felicidad, amor; pero no garantiza nada. Solo el amor asegura la unidad y la permanencia de una pareja, y no la celebración de un contrato civil.
La mayoría de nuestro pueblo y de nuestros jóvenes han optado por la convivencia. Hoy día, no es una deshonra tener hijos sin libreta de matrimonio. Por cierto, no casarse es un derecho. Y se ha optado por que los menores nacidos "fuera del sagrado matrimonio" tengan los mismos derechos que los nacidos dentro de él, en lo cual ha sido clave el Congreso Nacional.
Señor Presidente, ya no hay más huachos como el Padre de la Patria, don Bernardo O'Higgins, quien fuera denostado tantas veces llamándolo "el huacho". Y cabe hacer la reflexión de que en la Escuela Militar no se aceptaban hijos nacidos fuera del matrimonio, siendo que su fundador, Bernardo O'Higgins, sí lo era.
Siento que hemos corregido lo anterior y que hemos avanzado. Falta por rectificar la situación en comento, lo cual urge, es necesario e importante. Mientras ello no ocurra va a seguir la pugna. De ahí que estemos legislando para que el padre o la madre, el mejor de los dos, según decida un juez, puedan ejercer la tuición del hijo, en igualdad de condiciones, preservando el bien superior del niño.
Si el SERNAM no lo ha entendido y si la Comisión Mixta insiste en otro concepto, señor Presidente, esperaremos que su informe llegue a la Sala.
Yo he dado cumplimiento a un compromiso adquirido con la agrupación Amor de Papá, que he conocido en su lucha desde hace ya 5 años en la Región Metropolitana y en Chillán. Se trata de una batalla a cara descubierta, abierta, con argumentos que, en mi opinión, vale la pena respaldar, porque no se está en contra de la madre. Aquí no hay persecución de género. Lo que se busca es establecer el derecho legítimo del padre o de la madre a poder tener la tuición de los hijos cuando no exista acuerdo entre ellos y no haya vuelta que darle a la situación.
En tal sentido, señor Presidente, podremos discrepar acerca de si hubo o no acuerdo en el Senado. Por lo demás, los acuerdos de esta Corporación no se respetan ampliamente; no lo hace el Ejecutivo. Y, en muchas ocasiones, se adoptan sin consultar a todos los involucrados.
Desde mi condición de minoría en el Senado, de Presidente del partido político Movimiento Amplio Social, que me honro en presidir, hago presente a través de mis palabras la intervención que le ha sido negada en la Comisión Mixta a la agrupación Amor de Papá.
Asimismo, señor Presidente, pido que se oficie a Su Excelencia el Presidente de la República, a las señoras Ministras de Justicia y del SERNAM y a todas las Direcciones Regionales de este último, así como también a las instituciones que tengan relación con el cuidado de los niños, a fin de hacerles llegar mi intervención.
Y solicito que estas palabras sean enviadas también a la Diputada señora Marcela Sabat, Presidenta de la Comisión Mixta que trata la iniciativa pertinente -aunque me parece que ya ha recibido la carta-, a fin de que exista un espacio para debatir este asunto, porque -reitero- no ha sido posible que la agrupación Amor de Papá lo plantee en esa instancia.
Señor Presidente, habrá que revisar la composición y las facultades que tienen las Comisiones Mixtas. En mi opinión, sus sesiones no debieran ser secretas, sino siempre públicas. Eso sí, limitando el derecho a hacer uso de la palabra, pues se trata de una etapa superior, dedicada a una discusión muy concreta. Y si algo he aprendido en estos 20 años en el Parlamento -el Senador Espina lo sabe muy bien, ya que compartimos 12 años en la Cámara de Diputados y vamos a cumplir 8 en el Senado-, es que las Comisiones Mixtas deben abocarse a discutir las materias en que haya discrepancias entre ambas Cámaras, y no se pueden extender a otros puntos.
Sobre el particular hubo una afirmación que ha de ser revisada, pues la agrupación Amor de Papá señaló que la Comisión Mixta ha analizado indicaciones presentadas por el Ejecutivo que van más allá de las diferencias acerca de las cuales debe pronunciarse. Esa situación se tiene que examinar y, por cierto, es posible realizar un conjunto de acciones, incluso acudir ante el Tribunal Constitucional. Porque se debe respetar el Reglamento.
Espero, señor Presidente, que esto pueda resolverse de manera positiva. Los términos de la carta de la agrupación son fuertes, pero respetuosos. Porque cuando se defiende la posibilidad de estar con el hijo o con la hija se defiende lo más sagrado, lo que le da sentido a la vida.
Quienes nos acompañan en las tribunas, la agrupación Amor de Papá, están aquí por sus hijos, por lo más sentido, por lo que vale la pena vivir. En mi opinión, no hay algo más terrible que perder a un hijo. La naturaleza dice que los padres se van primero. Por eso, nada es más terrible que no poder verlos. Y hay que resguardar tanto el derecho de las madres como el de los padres a poder hacerlo.
La agrupación Amor de Papá lucha por ambos padres, no solo por los hombres, sino por el mejor progenitor, por el que garantice mejor el bien de los niños.
He dicho.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
--(Aplausos en tribunas).
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 20:1.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción