REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 361ª
Sesión 22ª, en martes 14 de mayo de 2013
Especial
(De 15:43 a 16:15)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR JORGE PIZARRO SOTO, PRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Larraín Peña, Carlos
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedan, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros de Defensa Nacional, señor Rodrigo Hinzpeter Kirberg; Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau; de Economía, Fomento y Turismo, señor Felix de Vicente Mingo; de Justicia, señora Patricia Pérez Goldberg, y la Ministra Directora subrogante del Servicio Nacional de la Mujer, señora Viviana Paredes Mendoza.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 15:43, en presencia de 20 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Certificado
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar Ministro de la Excelentísima Corte Suprema al señor Ricardo Blanco Herrera (boletín N° S 1.569-05) (con la urgencia del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental).
--Queda para la tabla de esta sesión.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Antes de entrar al Orden del Día de esta sesión especial, solicito autorización de la Sala a fin de fijar un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto que establece la elección directa de los consejeros regionales, hasta las 16 horas de hoy.
¿Habría acuerdo?
--Así se acuerda.
DESIGNACIÓN DE SEÑOR RICARDO BLANCO HERRERA COMO MINISTRO DE CORTE SUPREMA
El señor PIZARRO (Presidente).-
Esta sesión especial tiene por objeto ocuparse en el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar Ministro de la Excelentísima Corte Suprema al señor Ricardo Blanco Herrera, con certificado de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y la urgencia del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 1569-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 20ª, en 7 de mayo de 2013.
Informe de Comisión:
Certificado de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 22ª, en 14 de mayo de 2013.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La Comisión de Constitución recibió en audiencia al señor Blanco en sesión a la que también asistió la señora Ministra de Justicia. Concurrieron, asimismo, los Senadores señores Chahuán, Sabag y Prokurica.
Por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Alvear y señores Espina, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos) y Walker (don Patricio), la Comisión deja constancia de que en la proposición en estudio se ha dado cumplimiento a los requisitos, formalidades y procedimientos previstos por nuestro ordenamiento jurídico para la designación de los ministros de la Corte Suprema.
Cabe tener presente que el acuerdo del Senado para nombrar al señor Ricardo Blanco requiere dos tercios de los Senadores en ejercicio, esto es, 25 votos favorables.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión la propuesta del Ejecutivo.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Senador señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).-
Señor Presidente, corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la solicitud del Presidente de la República para designar Ministro de la Excelentísima Corte Suprema al señor Ricardo Blanco Herrera.
El señor Blanco Herrera es chileno, está casado y tiene el título profesional de abogado. Es egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, y actualmente se desempeña como Presidente de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel.
Antes de ocupar su actual cargo, cumplió labores como Secretario Titular del Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago y Relator Suplente, interino y titular, de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Asimismo, actuó como Juez Suplente del Séptimo Juzgado y del Décimo Noveno Juzgado del Crimen de Santiago. Se desempeñó también como Juez Titular del Décimo Tercer Juzgado del Crimen de Santiago y como Relator Titular de la Excelentísima Corte Suprema.
Finalmente, cabe hacer presente que fue nombrado Ministro Titular de la Corte de Apelaciones de San Miguel, entidad en la que llegó a ejercer el cargo de Presidente.
En el plano de la formación profesional del candidato, se destacan los cursos de criminología y medicina legal y los seminarios de Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho Civil y Derecho Económico Penal que cursó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Igualmente, ha participado en diversos cursos impartidos por la Academia Judicial de Chile, tales como: legislación tributaria, valoración de la prueba; fraudes patrimoniales; el orden público económico; los recursos de amparo económico y protección; la valoración de la prueba y redacción de la sentencia en el nuevo proceso penal; la ley de responsabilidad penal adolescente y la responsabilidad extracontractual de la Administración del Estado.
El señor Blanco ha cumplido también labores como docente en dos seminarios impartidos en la referida Academia, titulados "Los problemas actuales en el Derecho Penal" y el "Trabajo en equipo y liderazgo".
Asimismo, en el currículum del postulante se señala que ha aprobado el curso habilitante para optar a cargos de Ministro y Fiscal Judicial de Cortes de Apelaciones, con la ponderación máxima del cien por ciento que otorga la Academia Judicial.
La Comisión procedió a analizar los antecedentes relativos a esta solicitud de nombramiento. Y, a modo de síntesis, puedo señalar que sus miembros le plantearon al señor Blanco las siguientes inquietudes.
En relación con las funciones de la Academia Judicial, el candidato consideró que la instauración de esta institución es un hito crucial para la justicia chilena. Y abogó por los siguientes cambios:
-Que el curso de formación incluyera un curso básico doctrinario y una pasantía, y después un esquema similar para la especialización. Expresó que se requieren jueces que recién salidos de la Academia ya estén especializados.
-Que se cuidara que el cuerpo de profesores de la institución mostrara una distribución equitativa entre jueces especialistas y académicos externos.
-Estimó que se requiere más cantidad y duración de los cursos de capacitación y que ellos sean evaluados.
-Opinó que es necesario integrar el criterio de excelencia profesional para la selección de postulantes al curso habilitante.
-Consideró que, en general, el presupuesto de la institución es muy bajo (cerca del 0,8 por ciento del total del Poder Judicial).
Con respecto a las mejoras al procedimiento procesal penal y, en particular, al proyecto de reforma a la reforma procesal penal, el señor Blanco señaló que, desde un punto de vista global, tiene una buena opinión de la iniciativa, porque reequilibra en el proceso la situación de las víctimas, la defensa, la fiscalía y los jueces. Sobre el particular, precisó que no hay que perder de vista que los jueces deben vigilar el cumplimiento de las garantías de todos los participantes del sistema y no solo del imputado.
En cuanto a la independencia de los jueces y la autonomía administrativa y financiera del Poder Judicial, indicó, en una perspectiva personal, que la independencia de los jueces es un valor trascendental. Desde la visión institucional, expresó que la posición oficial del Máximo Tribunal es obtener la mayor autonomía financiera posible. Sobre este último punto, precisó que con la autonomía presupuestaria actual se ha logrado mucho, pero que la independencia financiera no genera, de manera automática, mejoras en la gestión, y en cambio impone ciertos mecanismos internos de control que en la actualidad no están disponibles al nivel que sería requerido.
En lo relativo a la conducta de los jueces de garantía en relación con la medida de prisión preventiva, mencionó que solo cerca del uno por ciento de las solicitudes de prisión preventiva del Ministerio Público no son acogidas, pero que la prensa centra su atención en ellas y no en el 99 por ciento restante. Destacó que diversos artículos del Código Procesal Penal imponen principios disímiles para la procedencia de esta medida cautelar, lo que ha generado cierto problema interpretativo. Añadió que la agenda corta ha limitado el problema, por cuanto las cortes de apelaciones han servido para dar cabida a criterios demasiados restrictivos de los jueces de primera instancia sobre el punto. Finalmente, expresó que tal situación podría tratarse de manera más sistémica con capacitaciones que involucraran tanto a los jueces de garantía como al resto de los participantes.
En lo que atañe a los criterios de evaluación de los jueces, el candidato manifestó que la regulación actual es muy deficiente, porque considera sistemas de votaciones manifiestamente injustos y porque concentra todo el proceso en una cantidad de tiempo muy menor, lo que complica que se pueda hacer en forma más exhaustiva.
Indicó que en ese aspecto hay que evaluar criterios que no son fácilmente mensurables, medibles, y por ello recomendó que se formaran comisiones de jueces que evalúen, en el plazo de un mes, a los funcionarios a su cargo.
Sobre las pericias probatorias en los delitos sexuales, el postulante señaló que el punto es muy difícil cuando se trata de delitos que no dejan vestigios. Explicó que, en ese contexto, el juez debe actuar de acuerdo al principio de la certeza condenatoria, y que para ello puede ocupar los test de credibilidad que se aplican a las víctimas menores de edad, pero siempre considerando que existe un margen de ganancia secundaria para el menor que puede involucrar razones extrapenales para su testimonio. Resaltó que en los lugares donde no hay disponibilidad de peritajes avanzados, el juez tiene que recabar toda la información accesoria a los hechos materia de la investigación para formarse una idea lo más cabal posible de lo que efectivamente sucedió.
Finalmente, acerca del mejoramiento de la gestión judicial, el magistrado precisó que cuando dirigió la Corte de Apelaciones de San Miguel tuvo la oportunidad de diseñar y llevar a cabo un plan estratégico de gobierno judicial, que con muy pocos recursos y mucha voluntad le permitió a ese tribunal de alzada hacer una gran cantidad de capacitaciones para los funcionarios, reordenar el trabajo y así superar el stock acumulado de causas pendientes.
En el contexto del desarrollo de dicha iniciativa se realizaron esfuerzos de acercamiento a la comunidad, que se tradujeron en charlas dictadas por jueces en colegios y municipalidades del territorio jurisdiccional de la Corte. Añadió que, como resultado de esta labor, la Corte de Apelaciones de San Miguel fue distinguida por la Corte Suprema, en el año 2004, como el tribunal de alzada con mejor gestión a nivel nacional.
Por último, señor Presidente, la Comisión constató, por una parte, que en este caso se ha dado cumplimiento al procedimiento de designación previsto en la Constitución Política de la República y, por la otra, que el candidato propuesto por el Primer Mandatario para proveer el cargo de Ministro de la Excelentísima Corte Suprema reúne los requisitos exigidos para su desempeño.
Quiero señalar que, por razones de tiempo, la Secretaría de la Comisión de Constitución emitió un certificado en lugar de un informe, y que ella contó con la asistencia de sus integrantes (Senadores señores Hernán Larraín, Carlos Larraín, Alberto Espina, señora Soledad Alvear y el suscrito), y además con la presencia de los Honorables señores Hosaín Sabag, Francisco Chahuán y Baldo Prokurica.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Antes de dar la palabra a la señora Ministra, que la está solicitando, quiero aprovechar de saludar al Alcalde de la ciudad de Beit Jala, Palestina, señor Nael Salman, y a su señora, quienes se encuentran en las tribunas acompañados por la Embajadora de Palestina, señora Mai Al Kaila.
Bienvenidos y muchas gracias por su presencia.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora PÉREZ (Ministra de Justicia).-
Señor Presidente, simplemente deseo indicar que el Ministro señor Blanco, tal como lo expuso el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, reúne todos los requisitos necesarios para integrar la Corte Suprema, haciendo especial mención a que es el magistrado que obtuvo la calificación más alta del curso de habilitación para ser ministro de Corte de Apelaciones desde que se realizan las respectivas pruebas, cuestión que evidentemente es digna de destacar.
Él no solo ha ejercido la docencia en distintas casas de estudios superiores, sino que además se ha preocupado de perfeccionarse en el campo del Derecho Penal y el Derecho Procesal Civil. Adicionalmente, cabe hacer notar que su memoria de grado sobre los delitos de omisión ha sido publicada tanto en Chile como en el extranjero.
Igualmente, se debe resaltar que el Ministro señor Blanco expuso con mucho detalle su visión de los desafíos en materia de justicia en los campos procesal penal, procesal civil y de gestión del Poder Judicial, enfatizando de manera particular -me parece que vale la pena mencionarlo- la experiencia que adquirió en el cargo de Presidente de la Corte de Apelaciones de San Miguel, en el que, tal como expresó el titular de la Comisión, obtuvo un premio en razón de su desempeño en el plano de la gestión, sobresaliendo especialmente por su presencia en la comunidad al dar a conocer los desarrollos y alcances de la reforma procesal penal -un sistema nuevo-, que era importante comunicar de modo adecuado.
Por lo tanto, el Ministro señor Blanco reúne todos y cada uno de los requisitos para desempeñarse de manera óptima y destacada en el más Alto Tribunal de la República.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
A usted, señora Ministra.
Si le parece a la Sala, se abrirá la votación.
Acordado.
En votación la propuesta del Ejecutivo.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra al Honorable señor Frei.
El señor FREI (don Eduardo).-
Señor Presidente, se me han formulado numerosas críticas por la situación originada con motivo de la proposición del Ejecutivo para designar al Ministro señor Muñoz Pardo como integrante de la Corte Suprema.
A raíz de esas críticas, realizadas tanto por personas e instituciones como por diversas editoriales, he estimado necesario expresar mi opinión, ante el Senado -como es lógico-, acerca de la concepción del rol que como Senador me corresponde al respecto y que invariablemente he aplicado cada vez que me ha tocado participar.
Resulta incuestionable que la Cámara Alta puede aprobar o rechazar a la persona propuesta para ocupar el cargo de Ministro de la Corte Suprema. Eso no puede ponerse en discusión, como pareciera desprenderse por el solo hecho de que en la especie no se haya aprobado el candidato sugerido.
En consecuencia, el Senado puede y debe ponderar al candidato, evaluándolo. Para esos efectos, la crítica a un rechazo sería aceptable si tal negativa se fundara en razones políticas, religiosas, racistas u otras de similar envergadura. De ahí que la evaluación necesariamente debe estar referida de manera primordial a la labor jurisprudencial del candidato. Y en tal sentido, es válido tomar en cuenta su orientación en materias importantes, como el aborto, la eutanasia, el concepto de familia y -muy relevante para esta votación- el criterio que tenga sobre la jerarquía de las normas jurídicas, todo ello, según la legislación vigente y no respecto de una legislación ideal a la que se aspira.
No obstante lo dicho, resulta insoslayable que en un proceso de esta naturaleza se consideren otros factores de apreciación, pero estos deben ser siempre secundarios y circunstanciales y no determinantes en la toma de la decisión.
La concepción u orientación reseñada es la que tuve presente en el caso específico de la propuesta del ministro señor Muñoz Pardo. Estoy cierto de que emitir un juicio según la orientación descrita es lo que corresponde. Se puede o no compartir ese juicio, pero no puede entenderse que atenta contra la independencia del Poder Judicial. Por el contrario, si así se pensara, mal se entendería la facultad que la Constitución otorga al Senado en esta materia.
A raíz de todos los comentarios públicos que ha habido, quise expresar mi opinión en esta oportunidad aquí, en el Senado, sobre dicho asunto.
Y, con la misma fórmula que he usado para los otros nombramientos, voto a favor de la designación del señor Ricardo Blanco Herrera como integrante de la Corte Suprema.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, con el respeto debido a la independencia del Poder Judicial, solo quiero sugerir que a futuro se haga un esfuerzo para buscar también en Regiones nombres que conformarán las quinas. Históricamente, han sido desplazadas para ese efecto, y creo que existen méritos más que suficientes en las distintas Cortes de Apelaciones del país para encontrar postulantes idóneos a la Corte Suprema.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, deseo formular dos consideraciones.
La primera es expresar mi reconocimiento al ministro señor Muñoz Pardo, quien fue propuesto para integrar el Máximo Tribunal por el Presidente de la República. Este decidió retirar tal nombramiento en razón de preverse que no se lograría reunir el quórum de aprobación.
A mi juicio, se trata de un gran ministro, con una trayectoria intachable. Espero que, más adelante, con la nueva composición del Senado, se le pueda designar miembro de la Corte Suprema, en virtud de sus méritos y condiciones personales, y así se repare la injusticia que se ha cometido con él.
Respecto del candidato que ahora nos ocupa, creo que el ministro señor Ricardo Blanco Herrera será un tremendo aporte para la Excelentísima Corte Suprema, por sus conocimientos, por su capacidad, por su experiencia, por su visión del Derecho y, además, porque posee la fuerza y las ganas -así lo pudimos percibir en la Comisión de Constitución- para ser una contribución al Poder Judicial, el cual, junto con ser más independiente, debe mejorar su funcionamiento en lo que resulta más importante: su acción en beneficio de la comunidad, particularmente de las víctimas que recurren a los tribunales en cualquiera de sus distintas competencias.
Por esa razón, los Senadores y la Senadora de Renovación Nacional votamos a favor de la designación del señor Ricardo Blanco Herrera como integrante de la Corte Suprema.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, de nuevo nos encontramos analizando una solitud para nombrar un ministro de la Corte Suprema.
Generalmente, los candidatos que nos ha tocado ponderar corresponden a distinguidos profesionales. En el caso del señor Ricardo Blanco Herrera, hablamos de alguien que lleva 38 años en el Poder Judicial. En otras oportunidades, son abogados que han ejercido por largos años su profesión o que han desarrollado su labor en las universidades. Por lo tanto, se trata de personas que reúne las condiciones, sin duda alguna, para ser parte del Máximo Tribunal.
El postulante que en esta oportunidad se nos propone ha sido un brillante magistrado -ya lo ha señalado la señora Ministra de Justicia-, que ha obtenido las más altas calificaciones en todos sus desempeños. Como juez, como Ministro titular y Presidente de Corte de Apelaciones de San Miguel, ha hecho aportes muy importantes para la Magistratura.
Por lo tanto, considero que cumple todas las condiciones para ser miembro de la Excelentísima Corte Suprema.
Quiero señalar que el Poder Judicial, autónomo, independiente y al que respetamos plenamente, confecciona la quina y se la propone al Presidente de la República, quien elige a uno de los candidatos y lo presenta al Senado de la República. Y nosotros aquí nos pronunciamos, como lo hemos hecho siempre. Por ende, intervienen los tres Poderes del Estado en el nombramiento.
Pero, una vez resuelto el asunto, ¿qué les pedimos a los altos jueces de nuestro país? Que ejerzan dicha Magistratura con la más absoluta independencia, apegados a la ley, a la Constitución y a los códigos. ¡No existe ningún otro compromiso -ni con nosotros ni con nadie, sino con el país- que el de ser un buen juez, como lo han sido a lo largo de toda su trayectoria!
Por eso, señor Presidente, voto favorablemente la designación de don Ricardo Blanco Herrera para integrar la Corte Suprema.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, por segunda ocasión en esta vacante, el Senado debe discutir y votar una propuesta del Presidente de la República para nombrar a un miembro del Máximo Tribunal, lo que corresponde al uso de una facultad constitucional.
El artículo 78 de la Carta establece que la Corte Suprema se compone de veintiún ministros. Y, seguidamente, los artículos 53, número 5), del Texto Fundamental y 205 de nuestro Reglamento determinan por qué el Senado debe tomar tal decisión.
Ello obedece al hecho de que tal resolución ha de adoptarse por consenso, por cuando se exige un alto quórum. Y se incorpora a la Cámara Alta en tal decisión -no participa solo el Presidente de la República- porque se busca un equilibrio en el Máximo Tribunal y una amplitud política, social, académica.
En el caso del juez Muñoz Pardo no se logró acuerdo. Y eso es parte del quehacer del Senado. Puede haber acuerdo, puede no haberlo. A la hora de pronunciarnos, algunas votaciones se pierden, otras se ganan.
Yo reivindico el legítimo derecho de esta Corporación a alcanzar acuerdos en este tipo de decisiones, pero también de tener desacuerdos.
Hoy, el Primer Mandatario nos propone a don Ricardo Blanco Herrera. Y se adjunta su currículum, su trayectoria.
La exposición que hemos escuchado del Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento da cuenta de un juez de experiencia -lleva 38 años en el Poder Judicial-, que posee una trayectoria académica notable, lo cual evidencia que dispone de méritos más que suficientes para integrar la Corte Suprema.
Señor Presidente, voy a votar a favor de esta designación.
Creo que, superada la impasse anterior, la propuesta del Presidente de la República recaída en don Ricardo Blanco Herrera reúne las condiciones para acogerla, en el ánimo, además, de completar la composición de la Corte Suprema. ¡No es posible que esta se halle funcionando sin la totalidad de sus miembros plenos! Eso no le hace bien al país. Pienso que pasó un tiempo demasiado largo antes de concretar este nombramiento. Habrá que evaluar eso. No se debe dilatar este tipo de decisiones. Exista desacuerdo o no, ¡hay que resolver!
Hubiera querido que la proposición del Primer Mandatario llegara antes, así podríamos haber tomado una decisión oportuna que contribuyera a que la Corte Suprema funcionara adecuadamente, con todos sus miembros.
Finalmente, quiero recordar en esta oportunidad que presenté una moción para constituir una sala especial laboral en el Máximo Tribunal. La estimo imprescindible, producto del quehacer cada vez mayor de los juicios laborales, es decir, de las resoluciones que la Corte Suprema tiene que adoptar en tal ámbito. Su constitución ayudaría mucho a la convivencia nacional y a que temas tan delicados como el empleo y las relaciones entre empleadores y trabajadores fueran objeto de un tratamiento que diera garantías a todos.
Señor Presidente, voto a favor de la nominación de don Ricardo Blanco Herrera para integrar la Corte Suprema.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, dado que estamos pronunciándonos acerca del nombramiento de un Ministro de la Corte Suprema, quiero aprovechar la oportunidad para valorar el rol que ha cumplido dicha institución en el último período: el Máximo Tribunal ha restablecido el Estado de Derecho en situaciones de graves abusos que ocurren en nuestro país.
Creo que la Corte Suprema ha experimentado un cambio muy profundo con relación a valores fundamentales, como los derivados de los derechos humanos. Hemos visto cómo ha ido avanzando en el establecimiento de la verdad y la administración de la justicia. Espero que se siga en esa línea y que ello sea un desafío permanente.
Y hay otros ámbitos de tales garantías que yo considero igual de fundamentales: los derechos humanos de nueva generación.
En tal sentido, valoro el fallo del Máximo Tribunal en lo relativo a la termoeléctrica Castilla. Se trataba de un proyecto totalmente ilegal, que era producto de los lobbies, de los abusos. Pero se les restableció el derecho a las comunidades gracias a dicha sentencia.
También reconozco otra cosa que la Corte Suprema ha hecho -el Congreso no ha podido y ningún Gobierno ha querido-: enfrentar los abusos de las isapres mediante un dictamen que declaró ilegal la modificación unilateral de los contratos de salud. Ello constituye un verdadero despojo de dichas administradoras en contra de los ciudadanos.
Este país ha avanzado en un debate profundo de sociedad gracias al fallo que el Máximo Tribunal dictó con relación al caso Cencosud, lo cual dejó al descubierto cómo se depredan los derechos ciudadanos en Chile; la existencia de comisiones ilegales, que perjudican a las personas, y el hecho de que se vendían productos asociados que los clientes nunca habían pedido, como seguros y otros. Todo ello se pudo establecer a partir de dicho dictamen.
La discusión hoy día, más allá de las responsabilidades políticas, que son colectivas -pese a ello, ciertas autoridades tienen mayor responsabilidad-, es que algunos se han negado sistemáticamente a regular como corresponde las instituciones y, en vez de entregar atribuciones, por ejemplo, a la Superintendencia de Bancos, han preferido crear una ficción como los "SERNAC", que son organismos sin ninguna atribución, sin ningún poder, que constituyen una mascarada para decir que se hace algo y no hacer nada.
En el caso del BancoEstado, la Corte Suprema también posibilitó que se realizara un tremendo y profundo debate de país.
En otras palabras, el Máximo Tribunal está obligando a este Congreso a legislar. En efecto, ya estamos analizando un proyecto que enmienda la Ley de Isapres y pronto tendremos que legislar para combatir los abusos de casas comerciales, en especial con relación a las tarjetas de crédito.
En ese contexto, valoro que se incorpore a la Corte Suprema una persona del prestigio del señor Ricardo Blanco Herrera. Tal designación apunta justamente en la perspectiva de construir un tribunal superior de justicia para establecer un Chile más justo y para impedir que ciudadanos que carecen de medios y recursos sean abusados por instituciones poderosas, que cuentan con legiones de abogados, que ejercen lobby y que poseen redes que les permiten mantener esas prácticas.
Por eso me parece muy importante el consenso que genera un nombre como el de Ricardo Blanco Herrera. Ello se inscribe -reitero- en la lógica de construir la Corte Suprema que Chile necesita.
Creo que en el corto, mediano y largo plazo el Máximo Tribunal y los demás juzgados irán recuperando el sitial que ocuparon en este país y recobrarán la confianza de la ciudadanía.
Espero que podamos actuar de la misma forma. Ojalá este Senado pueda introducir las regulaciones que se requieran, para que no sea la Corte Suprema la que indique cómo combatir los abusos en temas medioambientales, los abusos en el trabajo, los abusos en el ámbito financiero y los abusos en materia de derechos humanos. Las leyes de la república debieran ser las verdaderas garantes.
Por eso, con mucho entusiasmo, voto a favor del nombramiento de Ricardo Blanco Herrera. Considero que constituirá un aporte muy sustantivo a esa lógica, a esa política en el Máximo Tribunal, tan necesario para administrar justicia y luchar contra los abusos en este país.
He dicho.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba la propuesta del Presidente de la República para designar Ministro de la Corte Suprema a don Ricardo Blanco Herrera (35 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Muñoz Aburto, Navarro, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 16:15.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción