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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 361ª
Sesión 8ª, en miércoles 3 de abril de 2013
Ordinaria
(De 16:21 a 19:20)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES JORGE PIZARRO SOTO, PRESIDENTE;
JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, VICEPRESIDENTE, Y HOSAÍN SABAG CASTILLO, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Larraín Peña, Carlos
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedan, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau; de Economía, Fomento y Turismo, señor Pablo Longueira Montes; de Justicia, señora Patricia Pérez Goldberg, y de Transportes y Telecomunicaciones, señor Pedro Errázuriz Domínguez. Asimismo, estuvo presente el asesor legislativo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, señor Andrés Rodríguez.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 20 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor PIZARRO (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de la sesiones 3ª, especial, y 4ª, ordinaria, en 19 de marzo; 5ª, especial, y 6ª, ordinaria, en 20 de marzo, todas del año en curso, que no han sido observadas.
IV. CUENTA

El señor PIZARRO (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Cinco de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero retira la urgencia al proyecto de ley sobre procedimiento para otorgar concesiones eléctricas (boletín N° 8.270-08).
--Se tiene presente el retiro y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con los dos siguientes retira y hace presente la urgencia, en carácter de "discusión inmediata", respecto de los siguientes asuntos:

1.- Proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual (boletín N° 8.845-05).

2.- Proyecto de ley que perfecciona las disposiciones introducidas por la ley N° 20.568, sobre inscripción automática y que modernizó el sistema de votaciones (boletín N° 8.819-06).
Con el cuarto retira y hace presente la urgencia, en carácter de "suma", respecto de los siguientes proyectos de ley:

1.- El que establece un sistema de supervisión basado en riesgo para las compañías de seguro (boletín Nº 7.958-05).

2.- El que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil (boletín N° 7.550-06).

3.- El que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y establece adecuaciones en la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia (boletín Nº 8.207-07).

4.- El que ajusta normas del Estatuto del Personal de Gendarmería de Chile en materia de requisitos de ingreso y de promoción de cargos en las Plantas de Oficiales Penitenciarios y de Suboficiales y Gendarmes (boletín N° 8.563-07).

5.- El que modifica la ley N° 20.378, que crea un subsidio nacional al transporte público remunerado de pasajeros, incrementando los recursos del subsidio y creando el fondo de apoyo regional (FAR) (boletín N° 8.289-15).

6.- El que modifica la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares (boletín Nº 8.329-15).
Con el último retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de las siguientes iniciativas:

1.- Proyecto de ley que tipifica como delito conductas relacionadas con la comercialización de fuegos artificiales (boletín Nº 8.612-02).

2.- Proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de Acreditación y establece un nuevo sistema de acreditación de las instituciones de educación superior (boletín Nº 8.774-04).

3.- Proyecto de ley relativo al fortalecimiento de la regionalización del país (boletín N° 7.963-06).

4.- Proyecto de ley que dicta normas sobre compensaciones a los usuarios de servicios de distribución de agua potable en casos de interrupciones o suspensiones no autorizadas o no comunicadas previamente a ellos (boletín N° 2.357-09).

5.- Proyecto de ley relativo a medidas de seguridad en pasarelas, pasos sobre nivel y puentes que cruzan carreteras (boletín N° 8.201-09).

6.- Proyecto de ley que modifica la jornada, descanso y composición de la remuneración de los trabajadores de casa particular y prohíbe el uso de uniformes a trabajadoras de casa particular (boletines N°s. 8.292-13, 7.807-13 y 7.675-13, refundidos).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados, con los que comunica que ha dado su aprobación a las iniciativas que se enuncian a continuación:

1.- Proyecto de ley sobre fomento forestal que modifica y extiende los incentivos a la forestación establecidos en el decreto ley N° 701 (boletín N° 8.603-01).
--Pasa a las Comisiones de Agricultura y de Hacienda.

2.- Proyecto de ley que permite ampliar plazo para que las concesionarias de radiodifusión de mínima cobertura puedan acogerse a la ley N° 20.433, que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana, con urgencia calificada de "suma" (boletín N° 8.817-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional
Envía copia de resoluciones recaídas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 207, letra b), del decreto con fuerza de ley N° 1-2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; 2331 del Código Civil, y 5°, numeral 3°, del Código de Justicia Militar.
--Se toma conocimiento y se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Subsecretario del Trabajo
Responde consulta, enviada en nombre de los Senadores señores Frei y Larraín Peña, referente a programas de empleo y capacitación en apoyo de los trabajadores damnificados por el incendio ocurrido en Valdivia el 28 de septiembre del año pasado.
--Queda a disposición de los señores Senadores.
Informe
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre probidad en la función pública (boletín Nº 7.616-06).
--Queda para tabla.
Mociones
De los Senadores señores Espina y Tuma, con la que se inicia un proyecto de ley que fortalece la persecución de falsificación de tarjetas bancarias y obtención fraudulenta de datos (boletín N° 8.856-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
Del Senador señor Chahuán, con la que da inicio a un proyecto de ley que fija en seis meses el plazo de cobro de tarifas de peaje insolutas y prohíbe comunicar la información sobre el incumplimiento de los usuarios (boletín N° 8.863-09).
--Pasa a la Comisión de Obras Públicas.
De los Senadores señores Bianchi, Horvath y Muñoz Aburto, con la que inician un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de regulación del contrato de aprendizaje (boletín N° 8.864-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Solicitud de permiso constitucional
Del Senador señor Walker, don Ignacio, para ausentarse del país a contar del día 4 del presente mes.
--Se accede a lo solicitado.
Comunicaciones
De la Comisión de Salud, con la que da a conocer que, en sesión celebrada el día de ayer, fue elegido como su Presidente el Senador señor Mariano Ruiz-Esquide Jara.
De la Comisión Especial de Zonas Extremas, con la que comunica que, en su sesión del día de hoy, procedió a elegir como su Presidente al Senador señor Carlos Ignacio Kuschel Silva.
--Se toma conocimiento.
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor PIZARRO (Presidente).- En la sesión de ayer quedó pendiente la fijación de plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que crea el Sistema Elige Vivir Sano.
La Mesa propone que sea hasta el lunes 15 de abril, a las 12.
¿Le parece a la Sala?
--Así se acuerda.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, ayer pedí autorización para que la Comisión de Hacienda funcionara paralelamente con la Sala.

El señor PIZARRO (Presidente).- Ya está acordado, señor Senador, al igual que el homenaje con motivo del Día del Holocausto, que se efectuará el martes 9 del mes en curso.
V. FÁCIL DESPACHO



FACILITACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO DE TÍTULOS DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS


El señor PIZARRO (Presidente).- En Fácil Despacho figura el proyecto de ley, iniciado en mensaje, en primer trámite constitucional, que faculta a los directorios de comunidades de aguas y de juntas de vigilancia para representar a los interesados en los procedimientos de perfeccionamiento de títulos de derechos de aprovechamiento de aguas, con segundos informes de las Comisiones de Obras Públicas y de Agricultura.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8150-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 91ª, en 18 de enero de 2012.
Informes de Comisión:
Obras Públicas: sesión 35ª, en 17 de julio de 2012.
Obras Públicas (segundo): sesión 96ª, en 16 de enero de 2013.
Agricultura (segundo): sesión 96ª, en 16 de enero de 2013.
Discusión:
Sesión 37ª, en 31 de julio de 2012 (se aprueba en general).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La iniciativa fue aprobada en general por el Senado en sesión del 31 de julio de 2012.
La Comisión de Obras Públicas deja constancia de que las seis indicaciones al proyecto fueron retiradas y de que, en consecuencia, aprobó el articulado en los mismos términos en que fue aprobado en general por esta Corporación.
Por su parte, la Comisión de Agricultura efectuó una enmienda al texto aprobado en general, la cual fue acogida por unanimidad.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o que haya indicaciones renovadas.
El boletín comparado consigna, en la cuarta columna, la enmienda de la Comisión de Agricultura, y en la quinta, el texto como quedaría de aprobarse dicha enmienda.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión particular el proyecto.

Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, la ley N° 20.017, de 2005, que reformó el Código de Aguas, establece que, cualquiera que sea el origen de los derechos de aprovechamiento de aguas, estos deben ser inscritos en el Registro de Derechos del Catastro Público de Aguas.
El Código agrega que no se podrá realizar acto alguno ante la Dirección General de Aguas, la Superintendencia de Servicios Sanitarios o la Comisión Nacional de Riego si el derecho de aprovechamiento no se encuentra inscrito en el respectivo Registro.
En consecuencia, el titular del derecho de aprovechamiento no inscrito puede verse muy perjudicado por no poder acceder a diversos beneficios, tales como solicitar el cambio de punto de captación de agua; pedir subsidios por la ley N° 18.450, Ley de Fomento de la Inversión Privada de Obras de Riego y Drenaje; obtener el pago de bonos; conseguir la recepción definitiva de una obra hidráulica, y lograr el reconocimiento de una inversión por parte de empresas de servicios sanitarios, entre otros.
El Ministerio de Obras Públicas dio a conocer un informe elaborado por el Banco Mundial, titulado "Chile: Diagnóstico de la gestión de los recursos hídricos", del 31 de marzo de 2011, que indica que "se estima que de unos 350.000 mil derechos de aprovechamiento de aguas legítimos, solamente alrededor de 70.000 mil están inscritos en el Registro Público (...), lo que demuestra un desfase importante entre el régimen catastral y la realidad".
De ello se concluye, además, que alrededor de 300 mil de los derechos de aprovechamiento de aguas no se encontrarían inscritos en el Catastro Público y, por tanto, no contarían con todas las características esenciales requeridas para dicha inscripción, debiéndose iniciar los correspondientes procedimientos de perfeccionamiento de títulos.
La DGA agregó que el 78 por ciento del agua en Chile es consumida por usuarios agrícolas. Asimismo, indicó que casi la totalidad de los derechos de aprovechamiento no inscritos en el Catastro Público de Aguas son de propiedad de regantes que poseen títulos otorgados con anterioridad a la vigencia del Código respectivo.
Este proyecto tiene por objeto facilitar el perfeccionamiento de títulos de derechos de agua para pequeños agricultores, lo que podría beneficiar a más de 300 mil, la mayoría de los cuales son regantes; esto es, medianos y pequeños agricultores.
Según la Ministra de Obras Públicas, el perfeccionamiento de títulos es el procedimiento por medio del cual se completan aquellos títulos de dominio de derechos de aprovechamiento de aguas que no cuentan con todas las características establecidas por el mencionado Código, debido a que se constituyeron con anterioridad a su entrada en vigencia.
La importancia del procedimiento consignado en este proyecto de ley es que permite regular los títulos en forma colectiva, ya que individualmente el procedimiento es caro y muy engorroso.
Por lo tanto, la iniciativa tiene por objeto potenciar a las organizaciones de usuarios, a fin de facultar al directorio de las organizaciones de las juntas de vigilancia o de las comunidades de aguas para representar a sus miembros ante el tribunal correspondiente en el procedimiento de perfeccionamiento del respectivo título, previo acuerdo de la junta general extraordinaria convocada al efecto.
Dada la relevancia del acuerdo, el proyecto propone que la junta lo apruebe con un quórum de dos tercios de los votos emitidos en ella.
Permite, además, una demanda conjunta de perfeccionamiento de títulos de derechos de agua, en juicio sumario, de todos los usuarios de la respectiva junta de vigilancia o comunidad de aguas, con lo que se obtendrá sentencia de perfeccionamiento de títulos para todos ellos.
Lo anterior posibilitará a los usuarios pagar un costo mucho menor por el trámite de perfeccionamiento de títulos. Asimismo, se logrará la agilización de los procesos de perfeccionamiento, tanto por la mayor disponibilidad de información como por el menor número de casos, gracias a la tramitación de derechos en conjunto, y que la jurisprudencia se uniforme.
Por lo tanto, la Comisión de Obras Públicas aprobó por unanimidad esta iniciativa en los mismos términos en que lo hizo la Sala en general. Luego, la Comisión de Agricultura le introdujo una modificación, que imagino el Senador señor Coloma dará a conocer en su informe.
Es todo cuanto puedo informar, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- Recuerdo a Sus Señorías que en Fácil Despacho la discusión se divide entre un Senador que sostenga el proyecto y el que lo impugne.
Ofrezco la palabra para quien desee sustentar la posición contraria a esta iniciativa.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Estamos informando el proyecto, señor Presidente.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, quiero dar a conocer lo acordado por la Comisión de Agricultura

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Agricultura, Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, solo quiero agregar que la modificación que la Comisión de Agricultura introdujo a este proyecto, brillantemente informado por el Senador García-Huidobro, dice relación con la necesidad de exigir a la junta extraordinaria -requiere el acuerdo de dos tercios de los votos- publicar previamente la convocatoria que hará, a través del Diario Oficial, con el objeto de que ningún representado se exponga al hecho de no saber la ocurrencia de un evento de tal naturaleza y que, por ello, se produzca un eventual juicio -así se llama- respecto del derecho de aprovechamiento de aguas.
Creo que ello apunta en el sentido correcto.
Lo que buscó nuestra Comisión -porque sabemos cómo funciona eso en el agro- es dar una norma de transparencia adicional, para que de esa manera puedan cuidarse bien los derechos de cada uno.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, la exposición del Senador señor García-Huidobro ha sido perfecta. Interpreta muy bien el proyecto que estamos aprobando.
La única enmienda que se introdujo a la iniciativa -ya fue aprobada en general unánimemente por esta Sala- fue la que señaló el Senador señor Coloma; esto es que, para llamarse a los comités de agua, a la junta de vigilancia o los comités de regantes, debe publicarse previamente la convocatoria en el Diario Oficial.
Eso fue omitido.
Naturalmente, se requiere el acuerdo de dos tercios de los votos.
Ahora bien, el proyecto es de suma importancia y de alta prioridad para el Ministerio de Obras Públicas, ya que con su aprobación, los titulares de derechos de aguas podrán obtener el perfeccionamiento de ellos. Son alrededor de 300 mil pequeños regantes.
Señor Presidente, los derechos de aguas están inscritos en el Conservador de Bienes Raíces. Es un catastro público que necesita el Ministerio para una mejor adecuación respecto a las medidas por adoptar.
Por lo tanto, aquí no están en juego los derechos de aguas ni se están otorgando nuevos.
El perfeccionamiento de títulos es un requisito habilitante -como se señaló- para la inscripción de un derecho de agua en el Catastro Público de Aguas de la Dirección General correspondiente. Por ley, los titulares de derechos que no se encuentren inscritos en el Catastro no pueden realizar trámite alguno ante organismos como la Dirección General de Aguas, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Comisión Nacional de Riego.
Tuvimos que aprobar iniciativas legales de emergencia para que los beneficios dados a través de INDAP, como el subsidio para pequeñas obras de riego, fueran cobrados, por cuanto quienes no estaban inscritos en el Catastro Público de Aguas no los podían percibir.
Señor Presidente, a mi juicio, este es un proyecto de ley muy apropiado, porque, al darse las facultades a las juntas de vigilancia y a las asociaciones de canalistas de las diversas organizaciones, ellas actuarán en representación de todos sus miembros. De esa forma podremos avanzar muy rápido. Porque el hacerlo de manera individual, aparte de lo caro que resulta para cada uno de los pequeños agricultores, implica que podrían pasar 40 años para terminar debidamente el Catastro Público de Aguas.
Con lo propuesto ello se va a acelerar, y en poco tiempo tendremos dicho registro debidamente actualizado.
Reitero que esta es una muy buena iniciativa para Chile, y la votaré a favor.

El señor PIZARRO (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la enmienda de la Comisión de Agricultura.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?


El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba la modificación de la Comisión de Agricultura (24 votos a favor); queda aprobado el proyecto en particular y despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Alvear y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Gómez, Horvath, Larraín (don Hernán), Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
El señor PIZARRO (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Carlos Larraín.

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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, el próximo miércoles tendremos sesión especial en la mañana y la sesión ordinaria en la tarde.
La Comisión de Economía debe abocarse al estudio de un proyecto de la Cámara, sobre interés máximo convencional, que se halla en tercer trámite constitucional.
Por consiguiente, solicito autorización para que dicha Comisión pueda funcionar en paralelo con la Sala el miércoles 10 del mes en curso, de 18 a 20, a objeto de invitar a las personas que expondrán sobre la materia.

El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por el señor Presidente de la Comisión de Economía?
--Así se acuerda.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, efectivamente el próximo miércoles tendremos sesión especial en la mañana.
En la Comisión de Obras Públicas, debemos discutir dos proyectos que tienen "suma urgencia". De modo que pido que se nos autorice para sesionar en forma paralela con la Sala el miércoles 10 en la mañana.

El señor PIZARRO (Presidente).- Ese día tenemos sesión especial para continuar con la discusión particular del proyecto que permite la introducción de la televisión digital terrestre, que contiene normas de quórum especial. De modo que pido a Su Señoría citar a la Comisión antes, a las 10 o a las 10:30. La sesión especial está fijada de 11:30 a 14.
De lo contrario, será muy complicado estar llamando a los señores Senadores a cada rato para votar.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Tiene razón, señor Presidente. Así lo haremos.

El señor PIZARRO (Presidente).- Gracias.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, si fuera posible, pido que se agregue a la tabla de Fácil Despacho los proyectos signados con los Nos 13 y 14 del Orden del Día.

El señor PIZARRO (Presidente).- La primera iniciativa mencionada, iniciada en moción, modifica los estatutos de la prisión preventiva y de la suspensión de la ejecución de la pena en el caso de la conducción en estado ebriedad o bajo la influencia de sustancias psicotrópicas, con resultado de lesión o muerte.
Este proyecto requiere quórum de ley orgánica constitucional para su aprobación, por lo que no creo que sea de tan fácil despacho.

El señor CHAHUÁN.- De acuerdo, señor Presidente.

El señor LARRAÍN.- ¡Era por si pasaba...!

El señor CHAHUÁN.- ¡Por si acaso...!

El señor PIZARRO (Presidente).- Entonces, dejaremos sin efecto su petición, señor Senador.

El señor CHAHUÁN.- Okay.
VI. ORDEN DEL DÍA



NULIDAD DE DESPIDOS PARA RECONTRATACIÓN DE TRABAJADORES POR UNA REMUNERACIÓN INFERIOR


El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Escalona y Muñoz Aburto, en primer trámite constitucional, sobre nulidad de despidos realizados para recontratar a un trabajador por una remuneración inferior, con segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7633-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Escalona y Muñoz Aburto):
En primer trámite, sesión 16ª, en 10 de mayo de 2011.
Informes de Comisión:
Trabajo y Previsión Social: sesión 37ª, en 2 de agosto de 2011.
Trabajo y Previsión Social (nuevo): sesión 53ª, en 9 de octubre de 2012.
Trabajo y Previsión Social (segundo): sesión 4ª, en 19 de marzo de 2013.
Discusión:
Sesiones 41ª, en 9 de agosto de 2011 (queda para segunda discusión); 44ª, en 16 de agosto de 2011 (vuelve a Comisión para un nuevo primer informe); 57ª, en 30 de octubre de 2012 (se aprueba en general).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La iniciativa fue aprobada en general en sesión de 30 de octubre de 2012.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
Dicho órgano técnico efectuó dos enmiendas al proyecto de ley aprobado en general: una de ellas fue acordada por unanimidad, por lo que debe ser votada sin debate, salvo que algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión o existieren indicaciones renovadas; y la otra fue acogida solo por mayoría, razón por la cual será puesta en discusión y votación oportunamente.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado que consigna, en la segunda columna, las modificaciones introducidas por la Comisión y, en la tercera, el texto resultante si estas son aprobadas.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión particular la iniciativa.

La enmienda acordada en forma unánime en la Comisión sustituye, en el primer inciso del artículo 64, nuevo, del Código del Trabajo, la frase: "o en un período próximo" por "o dentro de un plazo de tres meses contados desde el momento del despido".
Si le parece a la Sala, se dará por aprobada.

El señor LARRAÍN.- Hay que votarla.

El señor PIZARRO (Presidente).- Sugerí el procedimiento abreviado considerando que existió unanimidad en la Comisión. Pero no hay problema en someterla a votación, señor Senador.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Disculpe, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Hay una indicación?

El señor LABBÉ (Secretario General).- Sí.
Se renovó una indicación, con las firmas reglamentarias, para sustituir, en el artículo único del proyecto, el texto de todo el artículo 64, nuevo, por el siguiente: "Si el contrato celebrado por un plazo indefinido terminare por aplicación de las causales contenidas en los números 1 y 2 del artículo 159, o 161 de este Código, y dentro de los sesenta días siguientes al término de los servicios el trabajador fuere contratado nuevamente en la misma empresa, para la realización de las mismas funciones pero con una remuneración inferior, el empleador deberá notificar de ello por escrito al directorio del sindicato o al delegado de personal".
Se remplaza totalmente el artículo 64 propuesto, sin perjuicio de considerar luego la modificación aprobada por mayoría, que agrega un inciso nuevo.

El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión la indicación renovada.
Ofrezco la palabra.

El señor ESCALONA.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ESCALONA.- Señor Presidente, en primer lugar, pido que se avise a las Comisiones que se hallan sesionando en paralelo con la Sala que estamos a punto de votar.
En cuanto a la indicación renovada, quiero manifestar que, desde mi punto de vista, ella es inadmisible, porque atenta contra la idea matriz del proyecto original.
En su redacción se alude a los números 1 y 2 del artículo 159 del Código del Trabajo, que se refieren a otras situaciones de carácter laboral: el primero dice relación con el acuerdo mutuo entre las partes, que no es el caso, por cuanto la iniciativa no intenta regular esa realidad; y el segundo, con la renuncia del trabajador, que tampoco se contempla en la idea matriz.
Luego se menciona el artículo 161, relativo al despido del trabajador por necesidades de la empresa, que nada tiene que ver con el objetivo central del proyecto.
La indicación renovada no solo rompe desde el punto de vista jurídico la idea matriz de la iniciativa, sino que, además, afecta su esencia, porque establece que, por una notificación por escrito dirigida al directorio del sindicato o al delegado del personal, se sancione una recontratación de un trabajador en condiciones inferiores a las que tenía al momento de ser despedido.
Por lo tanto, no comparto esta indicación.
Manifiesto a la Sala que ella trastoca la naturaleza y la esencia misma de la propuesta que hemos presentado, para evitar que continúen estos reiterados abusos laborales.
Con el Senador Muñoz Aburto -somos autores de la moción-, somos testigos de lo que sucede con los trabajadores en la actividad empresarial del salmón en las Regiones Décima, Undécima y Duodécima. No se trata solo de hechos ocurridos el año pasado o antepasado a propósito de la crisis del salmón. Ahora, la semana pasada, la empresa Mainstream, en la comuna de Ancud, despidió a 400 trabajadores. Pero a los pocos días estos fueron recontratados con condiciones inferiores a las que tenían cuando se les obligó a irse de la empresa.
Estamos siendo testigos de un mecanismo que desnaturaliza completamente la relación laboral y genera una situación de desprotección de los trabajadores y las trabajadoras, lo cual, desde mi punto de vista, hace aconsejable la aprobación del proyecto que hemos presentado.
No encuentro ninguna explicación ni sentido al hecho de provocar tal grado de conflictividad laboral. Al final, ¿qué va a hacer la gente ante tanto abuso? ¿La estamos empujando a salir a protestar, a que corte carreteras, a que queme neumáticos? ¡A qué extremo se está llevando a centenares de personas por situaciones laborales francamente leoninas!
Lo que nosotros queremos es simplemente poner freno a los abusos en el trabajo, que son por completo inaceptables.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.

El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, respaldo plenamente lo señalado por el Senador Escalona.
No cabe duda de que los números 1 y 2 del artículo 159 del Código del Trabajo, que son enunciados en esta indicación renovada, absolutamente nada tienen que ver con la idea matriz del proyecto: uno y otro se refieren a conductas particulares y personales.
¿Qué dice el número 1 del artículo 159? "Mutuo acuerdo de las partes"; vale decir, empleador y trabajador deciden poner fin al contrato de trabajo. No se produce un despido; se termina la relación laboral por acuerdo mutuo.
El número 2 del mismo artículo también alude a una decisión personal: el trabajador opta voluntariamente por renunciar a su puesto laboral y le da aviso a su empleador con la anticipación que en dicho precepto se establece.
Ambas situaciones no guardan relación con los despidos y tampoco con los derechos que queremos cautelar. Nosotros buscamos terminar con los abusos que se cometen en algunas actividades del ámbito laboral.
Por su parte, el artículo 161 señala que "el empleador podrá poner término al contrato de trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa", ya sea por racionalización o por el hecho de que la persona no se adecuó a las nuevas formas de trabajo imperantes al interior de la compañía. En este caso, sí estamos frente a un despido, que podría dar pie a la situación que queremos precaver con la iniciativa en discusión.
Señor Presidente, con la modificación aprobada en la Comisión de Trabajo pretendemos terminar con los abusos y evitar, en lo posible, la conflictividad social que estos provocan, los cuales se cometen cuando a una persona la despiden hoy día y la recontratan mañana con un sueldo inferior al que percibía en el contrato anterior.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, en primer término, anuncio que voy a respaldar el proyecto que nos ocupa.
Me habría gustado que su alcance fuera aún más amplio, para evitar un fenómeno que se produce con grupos de trabajadores muy estables, que cuentan con contratos con empresas que laboran a plazo fijo, como las de recolección de basura o las asociadas a la JUNAEB. Después de tres o cuatro años, periodo en que ellos se organizan y alcanzan cierto nivel de sueldo, termina la relación contractual y el municipio contrata otra vez el servicio, pero les baja el sueldo al mínimo de nuevo. Entiendo que esta iniciativa, por desgracia, no cubre tal situación, por cuanto técnicamente, aunque es el mismo mandante, se trata muchas veces de otro empleador, porque suele ser otra empresa la que entonces interviene.
Este proyecto es acotado, pero así y todo permite evitar ciertos abusos reiterados.
Señor Presidente, la indicación que se ha renovado se halla absolutamente fuera de las ideas matrices de la iniciativa. Se refiere a otra materia. No tiene que ver con nulidades de despidos.
Los colegas de la Alianza proponen legitimar que a un trabajador le bajen el sueldo con tal de que se le avise al sindicato. ¡Ello, en caso de que existiese uno...! ¡El problema es que no hay sindicatos en todos lados para avisar de esto!
En todo caso, creo que la indicación renovada escapa a las ideas matrices. No sé si corresponde, a esta altura de la tramitación, solicitar que se la declare inadmisible. Probablemente, ello debería haberse hecho en la Comisión de Trabajo. Con todo, entiendo que la Sala puede resolver si la indicación se halla dentro o fuera del objetivo central del proyecto. Para mí, ella busca legitimar el despido para recontratar con una rebaja de sueldo si el empleador hace cierta acción. Esa no es la idea matriz de la iniciativa, sino la nulidad del despido cuando se hace para disminuir la remuneración.
Por lo tanto, señor Presidente, pido que la Mesa nos oriente en ese sentido.
Si corresponde, solicito que la Sala se pronuncie sobre la admisibilidad de la indicación renovada, la que, en verdad, es un blanqueo de la situación -voy a pensar que no fue esa la intención de sus autores-, una intención para bajarles los sueldos, ya de por sí precarios, a muchos trabajadores.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, precisamente en este tipo de proyectos es donde se marca una diferencia en esta Sala, una diferencia profunda.
Los Senadores de la Derecha Pérez Varela, Uriarte, Orpis, Kuschel, Lily Pérez, Coloma, García-Huidobro, Novoa, García y Von Baer han presentado una indicación para establecer que se puede despedir al trabajador y después recontratarlo con menos sueldo, siempre y cuando se notifique al directorio del sindicato o al delegado del personal. Es decir, el empresario los despide y los vuelve a contratar al día siguiente con una remuneración inferior, bastando para ello solo con enviar una notificación escrita al directorio del sindicato -¡como una burla infame!- o al delegado del personal.
Espero con ansiedad la argumentación de los Senadores de las bancadas de enfrente.
El movimiento sindical en Chile es hostigado y abusado. Así ocurre hoy día en el puerto de Mejillones por parte de la empresa Ultraport, la que, después de 19 días de paro -ha significado pérdidas por 2 mil millones de dólares-, aún se niega a reincorporar a los dirigentes. Y la prensa, por cierto, elimina toda referencia al tema de fondo: la protección del sindicalismo.
Y hay quienes alzan la voz para criticar un paro por solidaridad. Los trabajadores portuarios de Lirquén, de San Vicente, de Coronel, de Penco hoy día marcharon en la plaza de armas de Concepción para reclamar por el reintegro de los dirigentes en Mejillones. ¡Un paro por solidaridad! ¡Y algunos se atreven a criticarlos!
¿Quién decide en Ultraport? ¿Quién es Von Appen, que no reincorpora a los dirigentes sindicales, evitando así el colapso de los puertos chilenos?
Se trata de un paro de brazos caídos, señor Presidente. Tal manifestación no ha impedido el acceso a los puertos.
Creo que el Gobierno ha hecho la gestión pertinente.
Pero me queda claro que detrás de la indicación hay una filosofía, una mirada de la vida, una visión sobre el modelo. ¡La Derecha de esta Sala nuevamente intenta legitimar el abuso en contra de los trabajadores! Y cuesta mucho que estos lo sepan, porque, a raíz de la débil e insignificante señal televisiva del Senado -además, hay que pagar por ella, pues se necesita contratar cable-, la inmensa mayoría de la fuerza laboral del país no se va a enterar de ello.
De aprobarse la indicación renovada, se habrá consumado otro abuso en contra de los trabajadores y se habrá consagrado otro paso en defensa de los intereses empresariales más mezquinos. Ello, gracias a la Derecha que hoy día ocupa este Hemiciclo.
Señor Presidente, lo que motivó el paro portuario en Chile, silenciado por la prensa, ¡es inaceptable!
Lo que propone esta indicación, presentada por la Derecha, en mi opinión, ¡es inaceptable!
Pretender legitimar el despido y rebajar los sueldos ¡es inaceptable!
De ahí, el desprestigio de la política. Lo más terrible es que luego todos pagaremos el costo, sin ningún distingo. Ojalá hubiera una prensa que fuera capaz de leer y de hacer notar las diferencias.
Ojalá alguno de los Senadores que han firmado la indicación tuviera la valentía de salir a defenderla públicamente y decirles en su cara a los trabajadores que pretenden revertir el proyecto presentado por los Senadores Escalona y Muñoz Aburto. No buscan eliminar el abuso; lo quieren legitimar. Es decir, desean hacer vista gorda de lo que pasa y aumentar los grados de ilegitimidad.
No dejo de sentir impotencia e indignación, señor Presidente.
Comparto el reclamo que ha planteado el Senador Escalona: ¿Quieren reventar a los trabajadores? ¿Quieren que haya una explosión social en Chile? ¿Quieren ponerlos de rodillas, humillarlos, como ocurre hoy día con el paro portuario por las acciones de Ultraport?
Soy consciente, a propósito de este debate, del esfuerzo que hacen Senadores del Partido Socialista para procurar un poco más de igualdad en esta desbalanceada e inequitativa relación entre empleadores y trabajadores. Estoy hablando de las grandes empresas. Porque las que hacen esto son las salmoneras del sur, a las cuales les entregamos concesiones gratuitas a eternidad. Y después de haber generado la crisis más profunda en materia de manejo ambiental, se dan el lujo hoy día de llevar adelante estas prácticas.
Cuando discutimos la ley pertinente lo advertimos. No aprenden la lección. Y la Derecha en nuestro país no aprende la lección. Si quieren poner de rodillas a los trabajadores de Chile, estos se van a levantar.
Siento que constituye una irresponsabilidad política lo que hoy ocurre con los empresarios de Ultraport y el haber presentado esta indicación. Espero que la puedan defender. Y ojalá tuviéramos la posibilidad de discutir este texto y el trasfondo del paro portuario de cara a los trabajadores. Pero, como toda la prensa es de propiedad de la Derecha, la escrita, la televisión, toda, a excepción de radios Bío-Bío y Cooperativa, este debate no será conocido, no será recogido, porque se trata de los trabajadores de Chile.
Con profunda tristeza, porque creía que podíamos llevar adelante discusiones de altura y no determinar un debate acerca de una indicación que pretende vulnerar, restringir derechos y perjudicar a los trabajadores, voy a votar en contra de esta indicación. Y ojalá las bancadas de enfrente, de la Derecha de este país, planteen algún argumento que yo pudiera escuchar e intentar comprender.
¡Nueva Constitución, ahora, señor Presidente!
¡Patagonia sin represas!
¡No más AFP!
He dicho.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, aquí hay dos temas involucrados.
Uno dice relación con la eventual admisibilidad o no de una indicación. Me parece que se podrá discrepar de ella, como hemos oído a varios Senadores, pero es una manera distinta de abordar lo relativo al despido de un trabajador y su recontratación. A uno podrá gustarle o no, pero ese es el tema.
Sin embargo, me asisten algunas inquietudes respecto de la propuesta central formulada por los Senadores señores Escalona y Muñoz. Porque veo que hay dos hipótesis que no me parecen recogidas si se aprobara el proyecto tal cual viene de la Comisión.
Una se refiere a la situación que tiene lugar con mucha frecuencia cuando hay una crisis económica, sea general del país o de un sector. Por ejemplo, a propósito del salmón, se produce una enfermedad, lo que genera la pérdida, la quiebra o la amenaza de quiebra de la industria salmonera, y, por lo tanto, es preciso tomar algunas medidas. Y en muchas oportunidades puede ser una manera de salvar la empresa el reducir los costos del trabajo, que resulta muy importante en cualquier actividad productiva. ¿Qué ocurre si se genera esa situación y existe la necesidad de despedir y recontratar a la gente con un sueldo inferior? ¿No se podría hacer eso? ¿Estaríamos con ello, quizás, condenando a que la empresa no pueda adoptar esa medida y, por ende, haciendo que se encamine derechamente a la quiebra?
Yo pregunto cómo se asume una realidad de esa naturaleza. Esa es una hipótesis que no me parece resuelta con esta propuesta.
Y la segunda, que es recogida por la indicación renovada, apunta a qué pasa si un trabajador no va a seguir en una tarea determinada pero sí en otras. A este le puede convenir, al cambiar de funciones dentro de la empresa, recibir una indemnización, porque con eso capitaliza los años de trabajo y empieza en las labores nuevas con una hipótesis distinta, aunque sea con un sueldo inferior. Y puede estar plenamente de acuerdo con eso. Sin embargo, con esta norma ello no sería posible, salvo que se dejaran pasar 60 días, porque esta disposición tampoco es universal y absoluta hacia el futuro: impide la recontratación inmediata y dentro de 60 días, pero no con posterioridad a ese plazo. En consecuencia, podría darse este escenario pasado ese tiempo.
Por consiguiente, hay dos hipótesis respecto de las cuales quisiera entender la respuesta de los señores Senadores, porque considero que no quedan salvadas con la propuesta que nos ha llegado. Por lo tanto, antes de votar o pronunciarme, desearía tener claro cómo se zanjarían las dos situaciones a las que me referí.
He dicho.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, esta indicación, efectivamente, la vimos en la Comisión de Trabajo, y yo la rechacé. Y lo hice porque, obviamente, va en la dirección absolutamente contraria al espíritu y la inspiración -no tengo duda alguna- de los Senadores que elaboraron el proyecto que hoy tenemos que votar: cómo asegurar, resguardar, garantizar una situación laboral que permita que el trabajador -mujer u hombre- tenga una proyección dentro de la actividad que desarrolla y que no corra el riesgo de ser despedido de la noche a la mañana y que a los días siguientes, por la misma pega, se le pague menos, debiendo aceptar aquello por la necesidad de esa trabajadora o de ese trabajador.
La indicación renovada dispone:

"Artículo 64.- Si el contrato celebrado por un plazo indefinido terminare por aplicación de las causales contenidas en los números 1 y 2 del artículo 159, o 161 de este Código, y dentro de los sesenta días siguientes al término de los servicios el trabajador fuere contratado nuevamente en la misma empresa, para la realización de las mismas funciones pero con una remuneración inferior, el empleador deberá notificar de ello por escrito al directorio del sindicato o al delegado de personal".
¿Y qué se logra con que el empleador, el dueño, el gerente, el jefe de la empresa le mande una nota al sindicato o al delegado de personal, cuando el trabajador ya fue despedido y vuelve a ser contratado para la realización de la misma labor pero con un sueldo menor?
Entonces, ¿cómo es posible sostener esta indicación?
Yo puedo entender lo que ha dicho el Senador que me antecedió en el uso de la palabra. En esto la mirada de ellos es algo distinta. Afortunadamente, la mía se orienta a intentar dar resguardo y respaldo, y fundamentalmente respeto, a toda actividad.
Pero hemos sido testigos de empresas -también lo mencionó un Senador que me antecedió en el uso de la palabra- a las que se les ha otorgado concesiones ad aeternum, para siempre, y que fueron parte de una crisis brutal en nuestro país. Y la banca presionaba para que aceleráramos un proyecto de ley a fin de que esas empresas pudieran continuar con una actividad. Sin embargo, esta vez, como lo ha señalado el Senador Escalona -autor del proyecto junto con el colega Muñoz Aburto-, ha habido despidos de cientos de personas sin ninguna explicación.
Por lo tanto, yo no solo voy a rechazar esta indicación, sino que plantearé lo mismo que en su oportunidad manifesté en la Comisión de Trabajo: me parece que esta indicación apunta en el sentido absolutamente contrario. El único resguardo que se le entregaría al trabajador es que el empleador, el dueño, el gerente de la empresa, luego de despedirlo, se lo comunique al directorio del sindicato o al delegado de personal. ¿Qué pueden hacer el delegado de personal, el sindicato? Ojalá que mucho. ¿Lograrán que lo recontraten con una mejor remuneración o con la misma que tenía antes? No. Se le contrará, pero con inferior sueldo y para desarrollar la misma actividad.
Votaré en contra de la indicación. Y, por supuesto, me pronunciaré a favor del proyecto de los Senadores Muñoz Aburto y Escalona, que apunta a dar un mayor resguardo a nuestros trabajadores.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero manifestar que cuando un Senador de las bancadas de enfrente piensa distinto o tiene una visión diferente sobre algún tema, a mí no me provoca ninguna frustración ni impotencia, ni vocifero las penas del infierno por ello.
Indudablemente, en este caso puntual tenemos otra manera de enfrentar la situación. Y yo los llamo a leer con claridad cuáles son las diferencias que hoy día tenemos.
El texto que viene aprobado por la Comisión de Trabajo establece que un despido es nulo si la persona es recontratada, dentro de los tres meses contados desde el momento en que fue cesada, con una remuneración inferior.
¿Qué decimos nosotros? Planteamos incorporar elementos nuevos como la renuncia, el acuerdo y el despido por parte de la empresa. Y señalamos que hasta 60 días después de que el trabajador ha sido despedido, si algún empleador desea recontratarlo por un sueldo inferior, debe informarlo al sindicato o al delegado del personal para prever si se está ante una situación de carácter fraudulento. Porque lo que se quiere en realidad es combatir el abuso.
A nuestro juicio, reviste gran importancia que tenga voz el sindicato, que tenga voz la estructura legal del personal de la empresa, a fin de que no se utilice una circunstancia de esta naturaleza de manera fraudulenta y exclusivamente para perjudicar. Porque, como dijo el Senador Larraín, estas normas operan en la práctica cuando existen situaciones de crisis, ya sea de carácter general o particular en determinada actividad.
Porque en ese momento, a lo mejor adecuándose, la empresa puede recontratar gente con una remuneración inferior.
La norma que propone el informe resulta indudablemente más dañina para los trabajadores que la que estamos dando a conocer, ya que después de 90 días se puede contratar con menos sueldo sin que ocurra absolutamente nada: no resulta nulo el despido y el trabajador no tiene posibilidad alguna de alegar.
Además, tal como está redactada, con esta norma estamos obligando a los trabajadores a ir a juicios complejos y difíciles. Los Senadores que son abogados saben que así es, porque se debe probar y lograr la nulidad de ese despido. Por lo tanto, los trabajadores están obligados a ir a juicio, a alegar ante los tribunales, cuestión que les resulta en extremo difícil y compleja.
Por consiguiente, ya que hemos sido emplazados y calificados con los peores epítetos por parte del Senador Navarro, le quiero decir a Su Señoría que lo que votará a favor es que una vez transcurridos 90 días del despido de un trabajador -además de obligarlo a ir a juicio para probar la nulidad-, se le puede contratar por una renta inferior sin ningún problema.
Nosotros estamos diciendo que, incluso en los casos en que haya acuerdo o renuncia, después de 60 días, si se desea recontratar a alguien con una remuneración inferior, se debe informar al sindicato o al delegado del personal, de modo que exista una voz que pueda decir: "¿Sabe? Aquí estamos frente a una situación de carácter fraudulento, de abuso, de engaño".
En consecuencia, con esta indicación renovada estamos mejorando sustancialmente la condición en que se desenvuelven en la actualidad los trabajadores.
En las bancas de enfrente quieren, primero, obligar a la gente a ir a juicio, y segundo, que después de 90 días se les bajen las remuneraciones y nadie diga absolutamente nada.
La indicación, por lo tanto, mejora en gran manera la norma actual.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, me parece que la indicación en comento se aparta por completo del texto original y de la intención de los autores de la moción, Honorables señores Escalona y Muñoz Aburto.
Considero legítimo que tengamos miradas distintas. De hecho, esta constituye una prueba más de ello. En temas laborales, de derecho de sindicalización, de respeto al derecho laboral y de ampliación de la negociación colectiva, nuestras apreciaciones son muy diferentes. Y es legítimo que así suceda y que sea más bien la ciudadanía la que se pronuncie en determinado momento.
Estimo que en este país nos hace falta avanzar hacia una verdadera reforma laboral; que está muy desequilibrada la negociación colectiva -prácticamente no existe- entre un sindicato y los dueños de la empresa. O sea, a mi juicio, Chile no resistirá mucho tiempo lo que constatamos día a día.
Por lo tanto, entiendo que se trate de legítimas miradas diferentes. Pero que quede claro que son distintas. Eso hoy día se ve con bastante nitidez.
Señor Presidente, considero que la indicación no solo se aparta absolutamente del texto original, sino que además no soluciona nada. Por el contrario, legitima cierta situación.
La presentación de esta moción es supersimple y bien clarita: va a ser nulo el despido de un trabajador que sea realizado con el propósito de volver a contratarlo dentro de un período equis -o inmediato, qué se yo- con una remuneración inferior.
Es tan simple como eso, porque estamos llenos de situaciones de ese tipo.
Lo que se busca es justamente, dentro de un estado de vulnerabilidad, la protección de trabajadores que, ante necesidades o el riesgo de quedar cesantes, de repente se ven obligados a aceptar esta medida de ser recontratados con una remuneración menor.
Es lo que estamos tratando de proteger.
Estimo que a las sociedades les va mucho mejor -con esto termino- cuando actúan de otra manera. Si uno mira la sociedad alemana, o la de otros países, se da cuenta de que su manejo es absolutamente distinto: cualquier política pública se discute con los sindicatos y las empresas como actores fundamentales. Se sientan en torno a una mesa y conversan. Ninguna política pública relacionada con las pensiones, las edades de jubilación, la extensión de negociación, etcétera, se debate sin estos representantes considerados relevantes, propios de una sociedad democrática avanzada.
Me temo que en nuestro país sucede lo que en la Cámara de Diputados vivimos muchas veces. En esa rama del Congreso elaboramos varios informes -me acuerdo que los encabezaba el Diputado Montes- sobre los abusos, por ejemplo, en el retail y en numerosos otros casos como el conocido multirrut, las prácticas antisindicales, el negar que las trabajadoras pertenecen a una misma empresa, aunque realicen la misma labor, vistan el mismo uniforme, tengan el mismo horario, en fin. Son considerados roles diferentes.
Y así suma y sigue.
O sea, nos cansamos de ver testimonios de situaciones de abusos.
Y este proyecto, que es muy simple, apunta a una cosa medular: al menos en este caso, a evitar este tipo de despidos y la realidad humillante del trabajador que, ante la necesidad, a lo mejor está dispuesto a aceptar esta medida.
Señor Presidente, me parece que se debe rechazar la indicación renovada. Y espero que aprobemos la moción presentada por los Senadores Escalona y Muñoz Aburto.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Se ha planteado la posibilidad de que sea inadmisible la indicación.
Como tengo la alternativa, someteré a votación su admisibilidad, pues creo que es el camino correcto.
Se tocarán los timbres y procederemos a votar.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, en conformidad a lo señalado por el señor Presidente, los que consideran admisible la indicación votan que sí, mientras que quienes estiman que es inadmisible votan que no.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En votación la admisibilidad de la indicación renovada.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Por 15 votos contra 10, la Sala determina que la indicación renovada es inadmisible, y así lo declara el señor Presidente.
Votaron por la inadmisibilidad las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Bianchi, Escalona, Girardi, Gómez, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
Votaron por la admisibilidad la señora Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Orpis, Pérez Varela y Prokurica.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión de Trabajo introdujo dos modificaciones al texto aprobado en general.
La primera, para sustituir la frase "o en un período próximo" por "o dentro de un plazo de tres meses contados desde el momento del despido".
Dicha enmienda se aprobó unánimemente. De modo que, conforme al Reglamento, debe votarse sin debate, salvo que algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará de la misma forma en que lo hizo el referido órgano técnico.
--Se aprueba por unanimidad.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La segunda modificación consiste en agregar al artículo 64 del Código del Trabajo el siguiente inciso nuevo: "La misma sanción corresponderá cuando se trate de contratar a un trabajador de una empresa contratista o subcontratista por parte de otra empresa contratista o subcontratista para efectuar igual faena.".
La Comisión aprobó esa enmienda por mayoría.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el inciso nuevo propuesto por la Comisión de Trabajo (16 votos contra 9 y 2 pareos) y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Bianchi, Escalona, Girardi, Gómez, Horvath, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Pizarro, Ruiz-Esquide, Sabag, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa la señora Von Baer y los señores Coloma, García, García-Huidobro, Larraín (don Carlos), Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Uriarte.
No votaron, por estar pareados, los señores Frei (don Eduardo) y Lagos.




INTRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE


El señor PIZARRO (Presidente).- Prosigue la discusión particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que permite la introducción de la televisión digital terrestre, con segundo y nuevo segundo informes de las Comisiones de Transportes y Telecomunicaciones y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, unidas, e informe de la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6190-19) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 8ª, en 13 de abril de 2011.
Informes de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 30ª, en 5 de julio de 2011.
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Transportes y Telecomunicaciones, unidas (segundo): sesión 91ª, en 2 de enero de 2013.
Hacienda: sesión 91ª, en 2 de enero de 2013.
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Transportes y Telecomunicaciones, unidas (nuevo segundo): sesión 2ª, en 13 de marzo de 2013.
Discusión:
Sesiones 31ª, en 6 de julio de 2011 (se aprueba en general); 92ª, 93ª y 94ª, en 8, 9 y 15 de enero de 2013 (queda pendiente la discusión particular); 96ª, 100ª y 102ª, en 16 de enero, 5 y 6 de marzo de 2013 (queda pendiente la discusión particular); 1ª y 3ª, en 12 y 19 de marzo de 2013 (queda pendiente la discusión particular).


El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta iniciativa tiene urgencia calificada de "suma".
Corresponde continuar la discusión del inciso sexto del artículo 15 propuesto por las Comisiones unidas.
Se trata de una norma orgánica constitucional, la que, al igual que los anteriores incisos de dicho precepto, debe votarse en forma separada, por haberlo pedido así el Senador señor Gómez.
Quedó inscrito para hacer uso de la palabra el Honorable señor Hernán Larraín.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LARRAÍN.- Declino hacerlo, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Algún señor Senador desea intervenir respecto de este inciso?

El señor NAVARRO.- ¿Qué inciso es?

El señor PIZARRO (Presidente).- Observo que hay cierta confusión.
Señor Secretario, por favor, informe exactamente qué inciso está en discusión y en qué página del boletín comparado se encuentra. El señor LABBÉ (Secretario General).- Se halla en debate el inciso sexto del artículo 15 de remplazo; comienza en la página 52 del boletín comparado y termina en la 53, y dice: "Se entenderá, sin necesidad de mención expresa, que toda postulación conlleva la obligación irrestricta de atenerse y mantener permanentemente el "correcto funcionamiento" del servicio, en los términos establecidos en el artículo 1° de esta ley.".

El señor PIZARRO (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Como es necesario dejar constancia del quórum, por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional, abriré la votación.
En votación el inciso sexto del artículo 15 de remplazo.
--(Durante la votación).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Quiero tener precisión sobre lo que estamos votando, señor Presidente.
¿La norma pertinente figura en las páginas 53 y 54...

El señor LABBÉ (Secretario General).- Discúlpeme, señor Senador. Se trata del inciso sexto del artículo 15 de remplazo. Comienza en la parte final de la página 52, con la expresión "Se entenderá", y termina en la 53, con las palabras "artículo 1° de esta ley".
El texto señala: "Se entenderá, sin necesidad de mención expresa, que toda postulación conlleva la obligación irrestricta de atenerse y mantener un "correcto funcionamiento" del servicio...".

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, llama un poco la atención esto de que "toda postulación conlleva". No está claro qué significa "conlleva".
Uno podría decir: "Se entenderá, sin necesidad de mención expresa, que toda postulación está obligada en forma irrestricta de atenerse y mantener permanentemente el "correcto funcionamiento" del servicio".
El concepto "conlleva" no es muy preciso.
Se planteó la situación en la sesión anterior. Y lamento que no estén presentes en este debate ni el Ministro de Transportes ni el Subsecretario de Telecomunicaciones -lo digo con todo respeto por el Ministro señor Larroulet, quien nos acompaña esta tarde en la Sala-, porque con ellos hubo entendimiento en el sentido de que se debía cambiar aquel concepto.
Incluso, hubo una conversación -fui testigo de ella- con los representantes de los actores, quienes han insistido mucho, y con razón, en que se garantice que el concepto "correcto funcionamiento" considera las obligaciones laborales.
No sé si el Ejecutivo hizo llegar la indicación a que se comprometió en cuanto a redactar de nuevo la norma para subsanar la expresión "Se entenderá (...) que toda postulación conlleva la obligación irrestricta", que es un tanto fallida.
Porque uno cumple o no cumple con el correcto funcionamiento. Y ese es un requisito. La postulación es una acción material mediante la cual alguien presenta sus papeles. La postulación no es lo que conlleva al cumplimiento de lo que establece el artículo 1°.
Aquí tenemos un problema de redacción, señor Presidente, sobre el cual quiero llamar la atención.
Quizás se podría facultar a la Secretaría para que corrigiera el texto.
En todo caso, reitero que el concepto "conlleva" causa mucho daño.
Yo habría preferido decir en forma expresa que "toda postulación manifieste explícitamente el respeto irrestricto al "correcto funcionamiento" del servicio, en los términos establecidos en el artículo 1°", de forma tal que los postulantes que no respetaran las leyes laborales, que estuvieran simulando contratos con los actores -lo hemos conversado varias veces-, etcétera, quedaran fuera de las bases.
Estimo que esa sería la forma más correcta.

El señor PIZARRO (Presidente).- Señores Senadores, estamos esperando que vengan a votar los miembros de la Comisión de Hacienda, órgano que se halla sesionando paralelamente con la Sala.
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, tengo una opinión parecida -no exactamente igual- a la del Senador Letelier, en el siguiente sentido.
Pienso que no solo la palabra "conlleva" puede inducir a confusión. En mi concepto, en la postulación debería ser explícita la obligación de "mantener permanentemente el "correcto funcionamiento" del servicio, en los términos establecidos en el artículo 1°".
En este caso, lo que abunda no daña. Y enhorabuena que el correcto funcionamiento sea explícito y no implícito.
Si lo dijéramos así, no deberíamos lamentar, entre otras cosas, lo que los sindicatos de trabajadores nos han manifestado en diversas oportunidades: existencia de contratos simulados, falta de garantías, no pago de remuneración por repeticiones de programas y otra serie de situaciones laborales que no dan cuenta de un correcto funcionamiento.
Por lo expuesto, señor Presidente, considero necesario revisar la norma que nos ocupa.
No tengo claro si el Ejecutivo se comprometió a presentar una indicación sobre el punto. Y si fue así, está en falta.
En consecuencia, propongo postergar la votación del inciso sexto sugerido para el artículo 15 de remplazo.
No sé si el Gobierno está en condiciones de presentar una indicación al respecto. Pero, claramente, esta norma no se encuentra redactada en términos correctos.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.

El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, la redacción de este inciso es equívoca. Pero el problema puede solucionarse si concordamos en sustituir "conlleva" por "tiene".
Considero que de esa forma quedaría establecido lo que pretendemos, pues el inciso diría: "Se entenderá, sin necesidad de mención expresa, que toda postulación tiene la obligación irrestricta de atenerse y mantener permanentemente el "correcto funcionamiento" del servicio, en los términos establecidos en el artículo 1° de esta ley.".
En mi concepto, con tal corrección quedará completamente claro en la ley cuáles son las obligaciones de quienes van a participar en las concesiones.

El señor LETELIER.- Me parece bien.

El señor PIZARRO (Presidente).- Está inscrito a continuación el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, estimo que la enmienda sugerida por el Senador Gómez es perfectamente razonable.
En tal sentido, para evitar que se caiga esta norma, que es de la esencia de la ley en proyecto, propongo que aprobemos el inciso sexto y luego, por unanimidad, acojamos la idea de remplazar "conlleva" por "tiene".

El señor LETELIER.- Hagamos una sola votación y cambiamos "conlleva" por "tiene".

El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, estamos en votación, y hay que terminarla; no hay posibilidad de suspenderla. Además, durante ella no es factible presentar indicaciones.

El señor LETELIER.- Por acuerdo unánime, sí.

El señor PIZARRO (Presidente).- Concluyamos la votación y aboquémonos después al planteamiento del Senador señor Gómez.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el inciso sexto propuesto para el artículo 15 de remplazo (23 votos), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional requerido.
Votaron las señoras Alvear y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).

El señor PIZARRO (Presidente).- En cuanto al inciso recién aprobado, varios señores Senadores, de distintas bancadas, han coincidido en que se busque una redacción mejor -ello no se relaciona con el fondo de la norma- y se use la palabra "tiene" en vez de "conlleva".
Les pido sobre todo a los miembros presentes de las Comisiones unidas, que son los que más han participado en el análisis del texto, que preparen una indicación, la que es posible someter a la consideración de la Sala, si hay unanimidad, una vez que la presenten a la Mesa.
El Honorable señor Chahuán puede tratar de llegar a algún acuerdo con los Senadores señores Letelier y Gómez.

El señor LARRAÍN.- El vocablo es contemplado en la legislación actual.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El inciso séptimo, aprobado solo por mayoría de votos en las Comisiones unidas, también fue objeto de una petición de votación separada por el Honorable señor Gómez.
Además, es una norma de rango orgánico constitucional.
Expresa lo siguiente:
"En toda renovación de una concesión con medios propios, la concesionaria que es su titular tendrá derecho preferente para su adjudicación, siempre que iguale la mejor propuesta técnica que garantice una óptima transmisión. Sin perjuicio de lo anterior, no gozará de derecho preferente aquel concesionario que hubiese sido sancionado por infracciones reiteradas cometidas durante la titularidad de la misma. Se considerará que ha cometido infracciones reiteradas, aquella concesionaria que en diez años o más, durante la vigencia de la concesión original o de su respectiva renovación, le hubieren sido aplicadas un número de sanciones de amonestación, multa o suspensión de transmisiones que excediere en más de un 50% al promedio anual de dichas sanciones aplicadas a la totalidad de las concesionarias en los años respectivos. Dentro del mes de enero de cada año, el Consejo publicará una estadística con el promedio de las sanciones a las concesionarias del país, cuya resolución haya quedado afirme en el año inmediatamente anterior, haciéndose mención de aquellas concesionarias que excedan el promedio de sanciones en el porcentaje señalado.".

El señor LAGOS.- ¡Eso es inadmisible!

El señor PIZARRO (Presidente).- Antes de dar la palabra, informo que el señor Ministro ha solicitado que se autorice el ingreso de uno de los asesores que ha seguido el tratamiento del proyecto.
No hay acuerdo.
En discusión.
Puede intervenir el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, en el debate sobre este artículo, una de nuestras diferencias de parecer se relaciona con la duración de la concesión, habiendo quedado en evidencia en la sesión anterior en que abordamos el proyecto que algunos consideramos que veinte años de concesión son excesivos.
Aquí se establece un criterio de derecho preferente que, en el fondo, determina que lo único necesario para obtener la renovación es que la ficha técnica, por así decirlo, no presente dificultades. No se hace referencia al cumplimiento de otros criterios: programación, pluralismo.
Al señalarlo, no significa que esté tratando de que los canales existentes desaparezcan. No es el sentido. Pero estimo que la pauta determinada para dicho efecto -y ello se reconoce en la normativa- es siempre la de que la propuesta técnica garantice una óptima transmisión. Este último concepto también habría que discutirlo, porque en el texto se establecen criterios sobre la cobertura. Hoy en día, los canales de televisión abierta no les garantizan a todos los chilenos el derecho de verla. Y uno, que vive en una provincia y no en una comuna aislada -en Rengo-, no puede acceder a una transmisión de libre recepción, a pesar de que los canales sostienen que es óptima.
Por mi parte, opongo un reparo a que los parámetros expuestos sean los únicos para otorgar el derecho preferente. Creo que es requisito mínimo para poder postular el de ofrecer una propuesta de óptima transmisión.
Y es bien curioso que se arme una construcción sobre la base de que la persona no haya sido reiteradamente objeto de sanciones durante los últimos diez años por sobre el 50 por ciento del promedio anual de las aplicadas a la totalidad de las concesionarias. El problema es que vamos a estar comparando peras con manzanas. No es lo mismo una concesionaria local, una concesionaria de un canal cultural de alcance regional, con los canales de carácter nacional.
En el fondo, señor Presidente, la redacción quedó de una forma tal que no permite incorporar otros parámetros y significa un otorgamiento a perpetuidad a quienes son hoy sus titulares: van a tener derecho preferente de incorporarse y renovar una concesión de veinte años, sin otros parámetros.
Creo que eso es inadecuado.

El señor PIZARRO (Presidente).- Como el mismo debate ya se ha llevado a cabo tantas veces, hago presente la conveniencia de remitirse al inciso en discusión, que el Honorable señor Gómez pidió votar separadamente.
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, propongo, a fin de que podamos avanzar rápidamente, limitar el tiempo de las intervenciones a dos minutos.

El señor LAGOS.- No hay problema si se trata de la suya.

El señor CHAHUÁN.- Encantado.

El señor LETELIER.- ¡Ya le quedan pocos segundos...!

El señor CHAHUÁN.- La idea es poder adelantar en mayor medida, porque...

El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Ya se dio cuenta de que no hay acuerdo, Su Señoría?

El señor CHAHUÁN.- Sí, señor Presidente. Está bien.
Pero nunca pierdo la esperanza. ¡Soy un optimista permanente...!

El señor PROKURICA.- ¡Lo tiene curtido el Honorable señor Lagos...!

El señor PIZARRO (Presidente).- Puede intervenir la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, tal como está redactado el inciso, no logro entenderlo.
Tengo una opinión que ya he expresado -puedo reiterarla, aunque a usted le parezca excesivo-, pero creo que no está de más que uno pueda expresar con claridad su posición.
Me parece que veinte años no es poco. Pero si además damos la posibilidad del derecho preferente, resulta claro que estamos prácticamente estableciendo la perpetuidad para los titulares, lo que no es precisamente un ejemplo de libre competencia ni de acceso más competitivo.
En cuanto a los requisitos, no puedo entender qué es la "mejor propuesta técnica". ¿Por qué hacer referencia a ello y no a programa, a contenido, a una garantía de pluralismo?
Mas no se trata solo de eso. Lo único que resta en relación con el derecho preferente garantizado, que me parece excesivo, es lo concerniente a que el concesionario haya sido sancionado por infracciones reiteradas. A continuación se expresa -no voy a leerlo, pero el texto se encuentra en todos nuestros comparados- qué se entiende por ello.
La verdad es que la disposición está redactada de tal manera que prácticamente ningún medio va a enfrentar problema alguno. Estamos considerando veinte años, pero después va a existir un derecho preferente, por supuesto, para la renovación por otros tantos.
No solo estimo que no es una cuestión técnica, sino que, además, me surgen dudas cuando se emplean las palabras "que garantice una óptima transmisión". ¿De qué se trata? ¿Vamos a ver mejor la imagen en pantalla o se establecerá una relación con cobertura? Porque puede resultar inaudito, pero gente en Alto del Carmen no puede ver televisión abierta simplemente porque hasta ahora, en 2013, no se ha logrado la cobertura que hemos reclamado tantas veces. En las condiciones en que se encuentra el país, la exigencia básica que se les debería haber hecho a todos aquellos a los que se les entregan concesiones prácticamente a perpetuidad es que, a lo menos, garanticen ese aspecto. Y resulta que ni eso ocurre.
Tenemos que elevar nuestro estándar. A mi juicio, es muy bajo el representado por las infracciones que en la disposición se llaman "reiteradas". No se mencionan, como dije, los contenidos programáticos ni la cobertura. Por lo tanto, es algo que me deja bastante insatisfecha, y estimo excesivo el criterio con que se enfoca el caso del titular que va a tener un derecho preferente.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el inciso establece una diferenciación que discutimos largamente en la Comisión. Dispone que, en la renovación de las concesiones con medios propios, "su titular tendrá derecho preferente para su adjudicación".
Cabe una pregunta para los campeones del mercado, que creen en la competencia, en la libertad en ese ámbito, y que, en definitiva, no están dispuestos a discriminar -particularmente, en materia económica-, sino que afirman que es preciso premiar la excelencia, la calidad, y determinar condiciones para que el sistema resuelva. Aquí estamos contemplando, por cierto, un motorcito que vulnera las normas de la competencia: no permitimos el ingreso de actores, porque hay quienes ya tienen un derecho preferente.
Ello, ¿por qué? ¿Por cumplir la ley? ¿Cuál es el efecto de un correcto funcionamiento? O sea, se otorga un premio por ceñirse a la norma legal. ¡A nadie más le ocurre otro tanto en Chile, ya que se obliga a cumplir la ley, pero sin una recompensa!
Con esa lógica, entramos en un área extraordinaria de la acción parlamentaria y legislativa, ya que deberíamos empezar a incluir galardones por la sujeción al ordenamiento vigente.
Recurro a los colegas abogados para que me confirmen esa antigua definición que los estudiantes de Derecho aprenden desde el inicio, en el sentido de que la ley manda,...

El señor WALKER (don Patricio).- Manda, prohíbe o permite.

El señor NAVARRO.- Eso es. Pero aquí quieren aplicar la idea de que manda, prohíbe, permite y premia. Está bien. Tiene lugar la introducción de un nuevo concepto de ley.
Pero, además, todos los incisos derivados de aquel que nos ocupa dicen relación con algo que hemos discutido mucho: la existencia de una concesión del Estado. Lo vimos respecto de los salmones. Lo estamos viendo en el proyecto relativo a la carretera eléctrica, donde se están aprobando las concesiones extraordinarias, fuera de toda lógica. Y se requiere claridad en las sanciones. En el caso de que se trata se hace referencia a "infracciones reiteradas cometidas durante la titularidad" y a sanciones que excedieren "en más de un 50% al promedio anual" en un lapso de diez años. Cada año se registrarán las resoluciones que hayan quedado ejecutoriadas. Con relación a las salmoneras y al proyecto de ley de pesca, planteamos que el sistema era un absurdo -hartos abogados ganan mucha plata por prolongar juicios-, ya que contar con una sentencia ejecutoriada es objeto de múltiples suspicacias y artimañas.
En el inciso se presentan, entonces, dos elementos: primero, un derecho preferente, exclusivo, discriminatorio en contra de los actores nuevos, y, segundo, un mecanismo punitivo irreal, que es el del exceso en más del 50 por ciento del promedio anual de las sanciones aplicadas a la totalidad de los concesionarios. Esto último lo considero disperso, así como también arbitrario para el cálculo.
No quiero, en materia de televisión, que haya regalones, que haya premios por el solo hecho de cumplir la ley. Si me dicen que va a haber un elemento preferencial por una conducta preferencial, cabría la posibilidad de un derecho preferente. Pero aquí se premia -repito- al que cumple la ley.
Voy a votar en contra del inciso, señor Presidente, porque uno quisiera más competencia en las concesiones en televisión, así como también más actores y una diversidad de ellos, no los mismos de siempre. Y lo que hace la disposición es consagrar, además, a los que obtuvieron un premio de inicio; a los que se apropiaron, mediante compra, de las concesiones que el Estado les cedió gratuitamente a los planteles de enseñanza superior: la Universidad Católica le vendió al señor Luksic, y la Universidad de Chile, al señor Piñera, antes de ser Primer Mandatario. Es decir, las instituciones, agobiadas por el endeudamiento, tuvieron que rematar las concesiones, que hoy día están en manos de los grupos económicos. Y, más encima, ahora se nos pide que a estos les demos derechos preferentes para seguir gozando de ellas sin haber hecho nada extraordinario.
Voy a votar por el rechazo, señor Presidente, porque creo que el inciso establece todo lo contrario de lo que propugnan quienes van a votar a favor, que es la primacía del mejor a través de la libre competencia.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.

El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, quiero aclarar que cuando pedí la votación por inciso no fue por molestar, sino por tratarse de materias bastante complejas, en mi opinión.
La disposición expresa que "En toda renovación de una concesión con medios propios, la concesionaria que es su titular tendrá derecho preferente para su adjudicación, siempre que iguale la mejor propuesta técnica". No se hace referencia a un programa ni al cumplimiento de objetivos que se hayan planteado en su momento, sino que simplemente se dice: "Si técnicamente usted lo ha hecho bien, tiene derecho a continuar por veinte años más con la concesión". A mí me parece que eso es sumamente grave.
En todo caso, después de las palabras "óptima transmisión" agregaría la frase "que cumpla irrestrictamente con el artículo 1º de esta ley respecto del correcto funcionamiento", porque mediará una nueva adjudicación por veinte años en la cual se debiera satisfacer esa condición. Y eso no está establecido aquí. La ley es la ley.
En seguida, el texto determina que "no gozará de derecho preferente aquel concesionario que hubiese sido sancionado por infracciones reiteradas cometidas durante la titularidad". Observe lo que se dispone a continuación, señor Presidente: "Se considerará que ha cometido infracciones reiteradas, aquella concesionaria que en diez años o más," -¡ojo! no durante diez años, sino en diez años o más- "durante la vigencia de la concesión original o de su respectiva renovación, le hubieren sido aplicadas un número de sanciones de amonestación, multa o suspensión de transmisiones que excediere en más de un 50% al promedio anual de dichas sanciones aplicadas a la totalidad", etcétera, criterio este último que resulta curioso.
En verdad, si se trata de infracciones de esta magnitud en que puede incurrir una concesionaria y tienen que cumplirse ciertos requisitos en materia laboral, programática, de transmisión, de cobertura, no sé realmente cómo se va a ponderar -¡por favor!- si es cualquier tipo de sanción. Porque no media una definición clara.
Pienso que no puede ser que digamos: "Como usted cumplió con una buena fórmula técnica, vamos a permitirle que continúe veinte años más", en circunstancias de que hemos discutido el proyecto porque queremos abrir el sistema a la diversidad y que haya competencia, de modo que puedan participar nuevos miembros con la capacidad de comunicarle propuestas diferentes a la opinión pública.
El texto está redactado de una manera que lleva, en definitiva, a perpetuar las condiciones de mantención de las concesiones. El Senador que habla, por lo menos, no está dispuesto a eso.
Tampoco estoy dispuesto a aceptar que se mencione solo la óptima transmisión y no se cumpla con los otros requisitos del correcto funcionamiento, ni que exista la norma tan extraña de los "diez años o más". O sea, si la concesionaria no tiene sanciones en ese período -podría registrarlas en nueve años, por ejemplo-, entonces ello no va a ser contabilizado y no se va a plantear la consecuencia que podría afectarla en el sentido de no poder tener la concesión.
Opino que la disposición no está bien redactada, es confusa, y, por lo tanto, si no se hicieran los cambios necesarios, votaré en contra.
Gracias.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señor Presidente, cuento con escasos cinco minutos para fundamentar el voto.
Ya discutimos el plazo de las concesiones: creo que veinte años son más que suficientes. Observo en el ambiente que se va a resolver la aprobación, pero, por lo menos, deseo que quede en la historia ley que hubo quienes pensamos diferente y que esto es un escándalo. Y se lo digo con todo respeto, señor Presidente, por su intermedio, a los dos señores Ministros presentes.
El Gobierno logró superarse a sí mismo con esta iniciativa.
En el proyecto sobre modificación a la Ley de Pesca se otorgaban derechos de pesca para siempre -no de por vida, como discutimos-, bajo la tesis del "derecho preferente". ¿Y qué requisito se exigía para tener derecho preferente a fin de que a uno le renovaran por 20 años la licencia? Solamente haber cumplido con la ley; esto es, con su obligación.
Ello, a mi juicio, era escandaloso. Y se aprobó. Así quedó. Pero por lo menos no van a poder decir: "Nadie dijo nada".
¡Sin embargo, acá la hacen de oro realmente, señor Ministro! Que algún chileno me dé una explicación razonable acerca del punto. Aquí se dice que se dará una concesión por 20 años, y que después de ese lapso la concesionaria tendrá un derecho preferente. ¿Por qué? Por haber cumplido con la ley.
Vaya, vaya.
¿Y qué se entiende por "haber cumplido con la ley"? Que en 10 años -¡10 años!, no los períodos de un Diputado o de un Presidente de la República, que son de 4 años; no el período de un Senador, que es de 8- no se haya incurrido en faltas reiteradas.
Pero acá viene lo que resulta ya oprobioso (realmente no sé si existe en otra legislación del mundo algo así): ¿cuándo se entenderá que se ha incumplido la ley? ¡Cuando la concesionaria tenga un nivel de multas, infracciones o faltas superior al 50 por ciento del promedio de la industria! O sea, si todos los canales de televisión incumplen la ley, van a estar siempre en el rango. No se pasarán nunca.
¿Saben qué? Yo creo que tienen que haberle pagado mucha plata a alguien para redactar este inciso. Porque habría sido bastante más fácil decir "Para siempre", en lugar de darse tantas vueltas con este texto.
Primero, se habla del incumplimiento de la ley "en diez años o más". Como dijo el Senador Letelier o el Senador Gómez, en 9 u 8 no importa, borrón y cuenta nueva. Pero, además, tiene que ser sobre un promedio superior al resto de la industria.
¿A qué equivale esto? A decir: "Mire, señor, en vez de quitarle el carné de manejar para siempre a aquellos que andan borrachos o que pasan las luces rojas tres veces, ahora vamos a ver cuál es el promedio de paso de luces rojas o de conductores borrachos y al que supere el 50 por ciento de ese promedio le vamos a quitar el carné".
Eso es lo que hacen acá. ¡Es realmente para alterarse! Yo no sé cómo no da vergüenza aprobar la iniciativa en discusión. Los mismos canales no deben de querer esto. No puedo creer que los dueños de Mega, de Canal 13 o de Chilevisión defiendan este precepto.
¡Les garantizo que esto no sale en la tele hoy día!
Quiero que alguien me explique el punto. Yo creo en la competencia, pero aquí no la hay; se cerró la competencia. Y todos van a votar favorablemente este inciso. Encuentro que es para denunciarlo; lo digo con todo respeto.
No son 20 años. Es haber cumplido con la ley. ¡Pero todos los chilenos tienen que cumplirla! ¡Si no, se van presos! Y aquí les dan una concesión de nuevo. Es como si se dijera:
"-¿Y cómo cumpliste con la ley?"
"-Mira, durante 9 años me mandé a guardar toda la legislación laboral".
"-Pero no pusiste los 10 años".
"-No, es que fueron 10 años y un día".
"-Ah, te vamos a pillar".
"-No, porque cumplí igual que el resto, porque fíjate que no pasé el 50 por ciento".
¡Es que es escandaloso! Yo no sé si se ha legislado de esta manera. Tal vez hay más leyes así. No las conozco. Pero con la Ley de Pesca y con este proyecto se superaron.
Y la iniciativa de supercarretera eléctrica también establece un sistema parecido, señor Presidente.
Este es el Gobierno de los permisos para siempre. Es como si hubieran dicho: "En cuatro años vamos a llegar y vamos a hacer tabla rasa y a dejar todo amarrado, y bien amarrado". Yo no voy a ser cómplice de eso, porque no tiene ninguna explicación. ¡Es una vergüenza que se apruebe una cosa así!
Al que le dan la concesión de un quiosco de diarios, ¿le dicen: "Si cumples con la ley te vamos a renovar por siempre"? ¡No! Tiene que pagar para tenerla; nadie se la renueva automáticamente porque cumplió con la ley.
Entonces, aquí hay algo que realmente no me explico. ¡Es escandaloso! ¿Veinte años? Está bien. ¿Derecho preferente? Pongan un incentivo positivo: "Usted generó algo adicional. Por eso démosle un premio, no por haber cumplido con el mínimo que se le exige a todo chileno por el hecho de serlo".
¿Por qué debe recibir un premio el canal de televisión por un comportamiento que se exige a todos los chilenos?
Esto es un asco, señor Presidente. ¡Lo digo con todo cariño...!

El señor PIZARRO (Presidente).- Pido nuevamente la anuencia de la Sala para el ingreso de los asesores del señor Ministro, a efectos del detalle de la discusión.
¿Les parece?
Acordado.
Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor ERRÁZURIZ (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones).- Señor Presidente, se están tomando en consideración únicamente algunos elementos respecto de la caducidad o de las causales para la renovación.
Recientemente, un señor Senador hacía mención al tema laboral o a otros aspectos, pero la verdad es que la ley en proyecto, que por lo demás solo modifica, mejora y hace más estricto lo que venía, apunta a muchos elementos adicionales.
Pero quiero que se tenga en consideración, primero, que no es que a uno le entreguen una concesión y con eso automáticamente pueda transmitir una señal de televisión, sino que debe realizar inversiones gigantescas para lograrlo.
Solo la cobertura nacional implica gastar más de 500 millones de dólares. En numerosos países no solo se entrega la concesión, sino que adicionalmente se subsidia a los canales para que logren cobertura nacional. Aquí se les ha puesto la exigencia de que lo hagan por el solo hecho de que les entregamos un derecho, el cual, además, gracias a esta tecnología, va a estar disponible para diversos interesados en conseguir espectro y que puedan hacer las inversiones correspondientes a fin de lograr dar el mismo servicio.
Cabe recordar que este es un servicio gratuito, que se entrega con inversiones muy importantes que no pueden verse afectadas por la inestabilidad que significa el que se pierdan después de un plazo, a no ser que incumplan la ley. Pero debo decir que hay causales de incumplimiento muchísimo mayores que las que se mencionaron aquí hace unos instantes, que solo se referían al aspecto laboral. Así, se contemplan razones de contenido, de difusión: por ejemplo, si una emisora no difunde contenido durante cierto número de días, pierde la concesión.
Por lo tanto, las causales son bastante más detalladas y completas que las señaladas aquí.
Es importante agregar que hay mucho espectro adicional, que vamos a tener permanentemente espectro remanente para aquellos que deseen incorporarse a la televisión digital y, además, que las inversiones son muy relevantes para lograr cobertura nacional.
Gracias, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, lo primero que quiero anotar es que el inciso que estamos discutiendo, en su primera frase, forma parte del texto legal vigente. Es decir, no creamos un derecho preferente. Este ya existe.
Y ese derecho preferente se halla establecido en la medida que quien repostule garantice la igualdad de condiciones. O sea, aquí no hay un premio, como alguien decía, sino que, en caso de que se garantice la igualdad de condiciones de la mejor oferta, se tendrá un derecho preferente; pero si alguien mejora esas condiciones, esa concesionaria perderá la posibilidad de obtenerlo.
Quiero señalar que, según entiendo, este inciso agrega restricciones adicionales a la renovación. Hoy día no existe ninguna, salvo las relativas a la caducidad, a que se refirió el Ministro.
En consecuencia, creo que aquí hay un mal enfoque de lo que se propone.
Me interesa, además, hacer dos alcances.
Si nosotros suprimiéramos lo que hoy existe, afectaríamos los derechos adquiridos de las empresas concesionarias. Porque estas adquirieron el derecho en comento cuando ganaron su concesión. Quitárselo sería ir en contra no de un derecho "expectaticio", como dicen ahora en un país vecino, sino de una realidad jurídica incorporada al patrimonio, al haber legal de la persona jurídica concesionaria.
Por tanto, tampoco se puede eliminar.
Es decir, estamos haciendo disquisiciones que, creo yo, van en contra del espíritu jurídico de Chile.
También deseo expresar que, desde el punto de vista de la experiencia internacional, resulta bastante razonable que el sistema funcione de esta manera, por lo que hace algunos momentos decía el Ministro. Aquí no se trata de inversiones menores; son inversiones mayores. Por eso, cuando uno visita distintos países se encuentra con que las cadenas de televisión son las mismas.
Lo que sí está ocurriendo -gracias a la tecnología se potenciará más- es la incorporación de nuevas formas.
Hoy día es posible tener un canal que transmita urbi et orbi simplemente conectándose a la televisión. Todos los aparatos de televisión nuevos que se venden en el mercado reciben frecuencias transmitidas no solo por cable o por televisión abierta, sino también por Internet. ¿Qué significa esto? Que alguien en su hogar puede contar con un sistema casero de producción de programas de televisión, noticiarios, y subirlos desde su computador a Internet. Y, asimismo, cada uno de nosotros los puede bajar a la televisión de su casa.
Eso es algo que se empieza a potenciar.
Aparte de lo anterior, el sistema de televisión digital abre innumerables posibilidades tecnológicas para nuevas concesiones. Así, se va a producir una cantidad muy grande de ellas, y por este solo hecho, se generará una mayor variedad en la oferta.
Entonces, primero, se me ocurre que aquí hay una discusión jurídicamente equivocada. Porque no estamos estableciendo el derecho preferente, sino que manteniendo la ley vigente. Lo que se hace es consagrar restricciones adicionales, en virtud de las cuales el derecho preferente se puede perder.
Segundo, de suprimirse el derecho preferente, estaríamos yendo en contra de un derecho adquirido y, por tanto, cometiendo una acción inconstitucional. Y así lo reclamarían los concesionarios.
En tercer lugar, desde una perspectiva tecnológica, no estamos entendiendo el fenómeno que se producirá. Existirán muchas más posibilidades de emitir y formas de llevar a cabo transmisiones mediante mecanismos no tradicionales, como Internet.
Por lo anterior, considero que esta discusión es tecnológicamente obsoleta; y, por eso, no creo que tenga sentido insistir en ella.
A mi juicio, la Comisión ha realizado un esfuerzo por mejorar las restricciones, y ello está bien. Es cierto que se podría haber hecho mejor, de una manera distinta, pero hay otras disposiciones que permiten la caducidad en caso de incumplimiento de las normas referidas al correcto funcionamiento de las empresas concesionarias.
Por tal motivo, me parece bien este inciso.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, solo quiero remarcar lo que ya manifestó el Senador Hernán Larraín en cuanto a que lo dispuesto en el inciso en discusión ya se halla contemplado en la ley vigente. Esta dispone que en la "renovación de una concesión con medios propios, la concesionaria que la detentaba tendrá derecho preferente para su adjudicación, siempre que iguale la mejor propuesta técnica que garantice una óptima transmisión".
De hecho, lo que se hizo en las Comisiones unidas fue agregar una restricción al derecho preferente, cuestión que discutimos largamente. O sea, lo que se debate acá dice relación con una restricción al derecho preferente que hoy existe.
Por tanto, si algunos colegas votaran en contra del inciso que nos ocupa, ello significaría pronunciarse en contra de la restricción al derecho preferente. Es decir, lo dejarían con una mayor amplitud, pues quedaría sin la limitación propuesta por las Comisiones unidas.
Esa es una alternativa.
Incluso, en esa instancia planteé la posibilidad de que la restricción fuera negativa. ¿Por qué? Porque si se establece un órgano que pueda decidir si existe o no el derecho preferente, quizás podría ocurrir que en el último año tomara una decisión no totalmente objetiva y, por tanto, que limitara la libertad de expresión.
En tal sentido, quiero llamar la atención de la Sala acerca de que votar en contra del inciso séptimo significará pronunciarse en contra de la restricción al derecho preferente.
Ese es un primer punto, señor Presidente.
En segundo lugar, ahondando en el argumento planteado por el Senador Hernán Larraín, da la sensación de que aquí estuviésemos discutiendo sobre la entrega de concesiones de televisión analógica, sin entender qué significa la televisión digital.
El hecho de que nosotros introduzcamos esta nueva tecnología implicará que vamos a tener una banda de recepción mucho más ancha; o sea, que habrá posibilidades de transmitir mayor cantidad de contenido. Y en otras partes del mundo el problema ha sido, precisamente, el contenido, no el espacio.
Por lo tanto, al expresarse aquí que se va a entregar la concesión de la señal de televisión, un bien sumamente preciado, a quienes se la ganen, al final puede pasar que tengamos espacios sin contenidos. Y la pregunta que cabe hacerse tiene que ver con la inversión que se debe realizar para generar esos contenidos.
Es decir, no estamos entendiendo la revolución que significa la introducción de la televisión digital.
Asimismo, me llama la atención que aquí se señale que se está entregando una concesión sin ningún tipo de regulación, sin fijar ningún límite o supervigilancia. De hecho, el Consejo Nacional de Televisión cuenta con facultades para ejercer supervigilancia, conforme al artículo 1° de la normativa vigente, las cuales ampliamos grandemente en la Sala, lo que fue tema de larga discusión.
De otra parte, dicho Consejo, en virtud del artículo 33, N° 4, letra d), de la ley N° 18.838, puede caducar la concesión cuando no se cumpla con lo establecido en el artículo 1° de esta normativa; o sea, con el correcto funcionamiento.
En consecuencia, tenemos una institución que puede caducar, quitar la concesión, cuando no se cumple con el correcto funcionamiento.
En verdad, no sé si a veces hablamos de leyes distintas, de otra tecnología, o si no se comprende bien lo que se propone en el proyecto original o en el texto de las Comisiones unidas.
Por ello, los invito a ver lo que dispone la legislación en vigor y lo que sugieren estos organismos. Lo que resulta evidente es que el derecho preferente existe y que lo que proponen las Comisiones unidas es restringirlo.
Y, de otro lado, es importante que quede sumamente claro que tenemos un Consejo Nacional de Televisión que cuenta con herramientas -más fuertes hoy día gracias a esta iniciativa legal- para supervigilar el funcionamiento de nuestra televisión.
Por último, señor Presidente, repito que la realidad de la televisión digital es completamente distinta de la realidad de la analógica.

El señor PIZARRO (Presidente).- Vamos a proceder a realizar la votación.
Le solicito a la Secretaría que haga sonar los timbres, con el objeto de llamar a los señores Senadores que se encuentran en Comisiones.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde pronunciarse sobre el inciso séptimo del artículo 15 propuesto por las Comisiones unidas. Este precepto es de carácter orgánico constitucional, por lo cual para su aprobación se requieren 22 votos favorables.

El señor LARRAÍN.- ¿Qué se vota?

El señor PIZARRO (Presidente).- El inciso que ha estado en discusión, Su Señoría, sobre el cual tan brillantemente intervino usted.

El señor LARRAÍN.- ¿Entero o solo una parte?

El señor PIZARRO (Presidente).- Completo.
En votación el inciso séptimo del artículo 15.
Tiene la palabra el Honorable señor Gómez, para fundamentar su voto.
--(Durante la votación).

El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, seré muy breve para no retrasar a los Senadores.
Escuché lo que mencionó el señor Ministro con respecto a la difícil posición de los medios para realizar las inversiones necesarias a fin de efectuar las emisiones pertinentes. Imagino que se refiere a la instalación de las antenas, de los equipos.
Él señaló que se requerían alrededor de 500 millones de dólares para tal efecto. Pero hay una pequeña diferencia, porque estoy seguro de que este negocio no es malo. Si lo fuera, no habría tanto interés en mantenerlo. Si no diera rentabilidad, los canales no habrían sido comprados y seguirían siendo de las universidades y estas continuarían soportando pérdidas.
Entonces, se recurre a esta propuesta de que las concesiones sean entregadas por tantos años por las inversiones que requieren; pero no me cabe duda de que estas se recuperan rápidamente.
Aquí tengo una tarifa con los costos de segundaje en televisión. Treinta segundos en horario prime cuestan 120 dólares. El documento que lo acredita es antiguo, del año 2009. O sea, los avisos de los bancos, del retail y de todo cuanto es en definitiva negocio para la industria resulta superrentable. No creo que haya pérdida de recursos. Tanto es así, que parte del Canal 13 fue comprado en una importante cantidad de millones de dólares. Y lo mismo ocurrió con Chilevisión.
Entonces, ¡de qué estamos hablando! ¿Qué se protege cuando se entrega una concesión gratuita por muchos años, afirmándose que ello es así por la gran cantidad de millones de dólares de inversión que se requieren, cuando sabemos que se recuperan antes de dos décadas?
Por lo tanto, tal argumento no es correcto.
Estoy convencido de que la televisión es el medio de mayor penetración en la ciudadanía desde el punto de vista de los mensajes que transmite. Por eso es tan trascendente y por eso nosotros ponemos tanto énfasis en la discusión de este proyecto, pues, pese a que lo más probable es que perdamos todas estas votaciones, por lo menos queremos que en la historia de la ley quede constancia de que defendimos la idea de que debe haber diversidad y de que no porque los inversionistas pongan recursos hay que entregarles gratuitamente todo aquello que significa una parte del espectro que, sin duda, es relevante.
Todos estos programas que hoy son conocidos como "realities" tienen gran cantidad de auspiciadores. Y seguramente es así porque estos han llegado a la conclusión de que el uso de tal mecanismo les permite vender. No tenemos acceso a los montos y resultados después de la publicidad, pero estoy seguro de que esta es una tremenda industria desde el punto de vista del negocio. Lo único que nosotros queremos es preservar que haya diversidad y competencia, dos cuestiones que la norma en votación no permite, por cuanto solo establece criterios tan limitantes como "Si usted cumple con estas cosas y ofrece una muy buena transmisión, yo le vuelvo a otorgar la concesión por tantos años". ¡A los mismos que la tienen hoy día!
La explicación dada no es muy buena, por lo cual vuelvo a insistir en mi voto negativo.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro para fundamentar el voto.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, escuché con atención las palabras del señor Ministro Errázuriz respecto de la orientación global del proyecto. Y puedo coincidir con él en cuanto a las necesidades propias de una ley que regule la televisión digital y diversas normas que hagan posible que se incentive la competencia y la participación.
Efectivamente se requieren grandes inversiones en televisión, pero lo mismo ocurre en el sector forestal, pesquero, minero y en un conjunto de otras actividades privadas productivas.
La televisión es una empresa muy especial. El 95 por ciento de los chilenos se informa preferencialmente a través de los noticieros televisuales. Los diarios, en un país que no lee, tienen cada día menos seguidores. Basta observar que la mitad de las hojas impresas es abierta y concreta publicidad.
Por lo tanto, la televisión no es solo una industria, sino también una estratégica. En el "siglo de las comunicaciones", tiene esa característica en todos los ámbitos: político, social y cultural. ¡En todos!
Uno tendría que pensar, entonces, que el llamado "quinto poder" debería contar con una legislación que asegurara lo que estamos buscando garantizar. Pero el inciso en votación, en cambio, ofrece un derecho preferente, que constituye un premio por cumplir la ley e impide la entrada de nuevos actores. Si la exigencia es igualar la oferta técnica, en un rubro donde lo que sobra son millones de dólares, quienes deseen irrumpir en el mercado siempre se van a encontrar con una igualdad técnica. En definitiva, quedará "el que ponga más medios".
Señor Presidente, este inciso, como ya dijo el Senador Hernán Larraín, contiene lo que ya está en la ley. Pero esto, como en el caso de las AFP, es malo y hay que cambiarlo. Y profundamente. Por lo tanto, el argumento de que porque ya está en la ley hay que dejarlo, no procede; no tiene razonamiento lógico.
Lo que debe hacerse es intentar elaborar una buena legislación que garantice el pluralismo, la competencia, y que este "quinto poder" -la televisión- se rija por un sistema que se autorregule.
En este caso, un derecho preferencial va a establecer discriminaciones odiosas, pero también "jugosas", pues quienes compren la concesión -es un bien que se transa en el mercado; Canal 13 ya ha anunciado su apertura al mercado; por tanto, es un buen negocio- van a gozar de un derecho preferente y tener un "derecho de llave". Quiero hacer la advertencia.
Es probable que perdamos esta votación, como ha ocurrido en reiteradas ocasiones en este y en otros proyectos de ley. Sin embargo, en el debate de la Ley de Pesca advertimos que el discurso de la preservación era simplón y absolutamente falso. Y, a un mes de la aprobación de dicha normativa, se comenzó a descabezar y a desarticular el IFOP. Resultado: ¡hoy día no hay sardina ni anchoveta!
¿Es un elemento inexistente en esta ley en proyecto?
Al igual que el Senador señor Letelier, habría preferido que, dentro de las condiciones para mantener el derecho preferente, estuviera el cumplimiento de las leyes laborales. Porque aquí se ha abusado de los artistas. Y estamos hablando de una concesión de un bien del Estado. Pareciera que esto se olvida. Yo sé que el señor Ministro lo tiene presente, pero a ratos da la sensación de que olvidara que estamos frente a una concesión estatal -por lo tanto, de todos los chilenos- que se transfiere a un particular y que, por consiguiente, hay que fijarle regulaciones.
Este no es un bien privado, sino público. Y esas regulaciones deben ser establecidas ahora. De lo contrario, la verdad es que no habrá regulación, sino concentración.
A pesar de que voy a votar en contra, lo más probable es que la norma se apruebe. Está claro que se terminó la política de los consensos. ¡No lo hay con la Derecha! Y yo espero que actuemos en consecuencia. Para quienes queremos un frente amplio de oposición para derrotar a la Derecha en las próximas elecciones a fin de evitar que el Presidente Piñera salga atacando a la Presidenta Bachelet y entre de lleno en política contingente; para quienes queremos que haya un cambio profundo en Chile, normas como esta, señor Presidente, deben rechazarse.
Confío en que obraremos en consecuencia porque, al final del día, igual todos vamos a pagar los costos.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor PIZARRO (Presidente).- Para fundamentar su voto, tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, yo ya había expresado en alguna medida mi opinión. Sin embargo, quería escuchar al Ministro para ver si lograba darme argumentos con sentido contrario al que yo manifesté. Lamentablemente, sus planteamientos están profundamente equivocados, por lo menos en lo que a mí respecta.
Siendo sincera, no puedo creer que los actuales canales de televisión, que compraron su derecho de concesión a las antiguas estaciones, se hallen hoy día en situación crítica. Si uno mirara las cifras tan solo del mercado de publicidad -que el Ministro se ha encargado de no mencionar o de omitir-, nos encontraríamos con que, al menos, se recaudan 300 millones de dólares al año. Si los multiplicamos por 20, resulta que estamos regalando más de 6 mil millones de dólares. Francamente, ¡no sé de qué estamos hablando!
Se afirma que, para comprar estos "derechos adquiridos", hubo que incurrir en tremendas inversiones. Pero, teóricamente, como estas ya se hicieron, no debería haber otras gigantescas.
Además, no hay empresa alguna que no recupere lo invertido en 20 años. Es cosa de hablar con algunos empresarios, como a mí me tocó hacerlo, por ejemplo, con los del mundo eléctrico. Ellos saben perfectamente bien que la inversión se recupera en ese lapso. Lo mismo dicen las concesionarias de obras públicas.
Entonces, tampoco entiendo este lenguaje de los derechos adquiridos, en el sentido de que, como los "pobres actuales concesionarios" han realizado tantas inversiones, además les vamos a dar 20 años, con un derecho preferente.
En verdad, no solo no me convence eso, sino que pienso que es un profundo error.
Sigo creyendo que estamos equivocados, pues esta no es la mejor manera de despachar un buen proyecto de ley, que garantice la libre competencia y el acceso más competitivo. Queremos una real competencia y una televisión de calidad. Lamento mucho que no sea así.
Voto en contra de este inciso, porque, a mi juicio, los argumentos dados a favor carecen de fundamento. Es un cuadro que, además, ignora el poder de la televisión. Porque ni siquiera nos referimos a la industria pesquera u otra, en que hemos regalado concesiones por 20 años, otros 20 más, y así sucesivamente. ¡No! Estamos hablando del tremendo poder de la televisión no solo en lo que atañe a la torta publicitaria, sino también en relación con la influencia que aquella ejerce en la sociedad en cuanto a conductas, valores, información, formación, en fin.
No considerar aquello, en mi opinión, no se compadece con lo que debe ser una legislación actualizada, moderna, plural, necesaria, equilibrada. Eso no ocurre.
Voto en contra, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, la situación actual de concesión preferente, de inmediato, es peor que la que quedaría de aprobarse el texto propuesto por las Comisiones unidas.
Todos los incisos que hemos estado aprobando reemplazan al texto vigente. Lo conversé con una colega de las bancas de enfrente, quien tiene dudas al respecto. Yo tengo la convicción de que es así.
Pero ese no es el punto. La cuestión es que aquí hay diferencias de opinión sobre si debe haber o no derecho preferente. El que había era absolutamente abierto. Aquí se incluye un parámetro.
Tengo la percepción de que esta materia terminará en una Comisión Mixta, en particular el punto que ahora nos ocupa. Y me parece que aquel será el momento para perfeccionar la redacción.
Porque, en relación con el derecho preferente, se quiso establecer otra exigencia e incluir no solo el elemento técnico, sino también otro tipo de infracciones, como el no cumplimiento del correcto funcionamiento, en todas sus dimensiones; atentado contra el pluralismo; discriminación; incumplimiento de leyes laborales.
La redacción propuesta se presta para confusión -es mi único reparo-, en cuanto a los plazos de tales incumplimientos. Me parece poco feliz la forma de selección posterior: que esté sobre el 50 por ciento, o debajo de este porcentaje, respecto a lo que ocurre en el resto de las concesionarias.
Cometí el error de no pedir separación de la votación, para eliminar toda esa parte, que es confusa, porque estaríamos comparando peras con manzanas. No es lo mismo una concesión grande que aquella que pudiese tener un grupo de radioaficionados en Las Cabras. Pero, como se trata de concesiones, las estaremos comparando en situaciones poco felices.
Señor Presidente, tengo la convicción de que, para que se perfeccione esta materia, debería ir a Comisión Mixta. De hecho, estoy anunciando cuál será el criterio que vamos a sustentar si así ocurre: que haya más restricciones que las actuales; que se establezca un período abierto.
El texto propuesto señala "infracciones reiteradas". En tal sentido, me parece muy importante un avance conceptual. Porque, en otras ocasiones, hemos hablado de sentencia ejecutoriada, durante un plazo breve. El de 10 años es mejor que el que hemos aplicado en otras ocasiones. Pero la redacción de "diez años o más" me parece confusa.
Es el único punto que destacaría para que podamos despachar este inciso.
Reitero: lo propuesto es mejor que lo que hay; pero la nueva restricción no es suficientemente clara.

El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Cómo vota, Su Señoría?

El señor LETELIER.- Voy a votar que no, porque quiero que este punto vaya a Comisión Mixta.
La discusión estriba en que el artículo 15 propuesto, cuyos incisos hemos ido aprobando, reemplaza al artículo 15 actual. Si se elimina este artículo, no va a quedar el concepto de derecho preferente. Y tengo la certeza de que el Ejecutivo va a reponerlo, probablemente con otra redacción.
No me causa problema reconocer a una industria que funciona bien; que no comete infracciones; que respeta los derechos laborales y el pluralismo; que tiene una adecuada oferta técnica y una buena programación.
Que siga; no tengo objeción en ello.
Incluso, desde el punto de vista tecnológico, estamos llegando un poco tarde al debate.
Considero que la redacción propuesta en este inciso no es la más feliz. Estoy seguro de que el Ejecutivo podrá encontrar una mejor.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, quiero efectuar el siguiente planteamiento: en general conviene más aprobar este inciso que no hacerlo.
Pero, señor Ministro, quiero ver si entiendo bien el sentido de la fórmula del 50 por ciento.
Es un concepto nuevo que no he visto antes. Se considera que ha cometido infracciones reiteradas la concesionaria que excediere en más de ese porcentaje el promedio anual de las sanciones aplicadas a la totalidad de las concesionarias. Sin embargo, qué pasa si la televisión funciona bien. Seamos positivos. ¿Por qué va a ser todo negativo?
De repente aquí algunos piensan que, por el hecho de tener una concesión, habrá una guarida de forajidos, en circunstancias de que es muy probable que actúe gente que cumpla las normas, que haga bien la pega, que tenga sus contratos bien hechos.
Si no hay falta, no hay sanciones.
Entonces, si una concesionaria comete un error pequeño (porque puede), estaría sobre el 50 por ciento. Y a pesar de haber incurrido en una falta mínima, si las otras concesionarias no tuvieron ninguna, quedaría en la situación de infracciones reiteradas y, por lo tanto, no le sería posible renovar la concesión.
No sé exactamente cuál será la instancia que dirima. Pero el concepto del 50 por ciento no me parece el más adecuado en esta materia. Porque si se me dice que se aplica a quien comete una, cinco, diez, cincuenta infracciones, bueno. Pero si se plantea en función del resto, es lo menos objetivable.
Aquí he oído hablar de casos hacia arriba, pero quiero argumentar de los casos hacia abajo. Es decir, si un concesionario comete una pequeña infracción y los otros muchas, estaría abajo; pero si el resto no cometió ninguna, estaría mal.
Entonces, no me calza la forma de generar esta legislación, señor Presidente.
No sé si no alcanzo a entender la explicación. Pero esta referencia para arriba o para abajo no me cuadra.
Soy partidario del modelo planteado de las concesiones. No me afecta ninguna de las aprensiones señaladas por el Senador señor Lagos en forma vehemente respecto de la renovación. Creo que las cosas se han hecho bien.
Pero, en este punto específico, tenemos una referencia que, desde mi perspectiva, será fuente de tremendos conflictos.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Por no haberse reunido el quórum constitucional exigido, se rechaza el inciso séptimo del artículo 15 propuesto por las Comisiones unidas (16 votos a favor, 6 en contra y una abstención).
Votaron por la afirmativa la señora Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Espina, García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa la señora Allende y los señores Gómez, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto y Navarro.
Se abstuvo el señor Coloma.

El señor PIZARRO (Presidente).- Antes de pasar a los otros incisos en que se pidió votación separada, quiero someter a consideración de la Sala la indicación que los miembros de las Comisiones unidas hicieron llegar a la Mesa, en relación con el inciso sexto recientemente aprobado, para cambiar la palabra "conlleva" por "tiene". Recuerdo a Sus Señorías que fue un acuerdo adoptado por los Comités.
No tenemos quórum para aprobarla.

El señor COLOMA.- Pido segunda discusión.

El señor PIZARRO (Presidente).- No hay quórum suficiente en este minuto para adoptar acuerdos.
El Comité UDI ha solicitado segunda discusión para los restantes incisos del artículo 15. Es la norma más extensa y de fondo.
--El proyecto queda para segunda discusión.
El señor PIZARRO (Presidente).- Continuaremos con el Orden del Día, con un proyecto que no requiere quórum especial de aprobación y respecto del cual sería factible llegar a acuerdo.


FOMENTO A INVERSIÓN PRIVADA EN OBRAS DE RIEGO O DRENAJE COMPRENDIDAS EN PROYECTOS INTEGRALES Y DE USO MÚLTIPLE


El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.450 con el fin de fomentar la inversión privada en obras de riego o drenaje comprendidas en proyectos integrales y de uso múltiple cuyo costo supere las 30.000 unidades de fomento, con informe de la Comisión de Agricultura y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8771-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 92ª, en 8 de enero de 2013.
Informe de Comisión:
Agricultura: sesión 2ª, en 13 de marzo de 2013.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es incluir como beneficiarios de las bonificaciones que establece dicha ley a quienes realicen estudios, construyan o rehabiliten obras de riego o drenaje comprendidas en proyectos integrales y de uso múltiple cuyo costo supere las 30 mil unidades de fomento y no exceda las 250 mil. Lo anterior, para incrementar la superficie regada a nivel nacional, permitir un mejor acceso al riego frente a la escasez del recurso hídrico, impulsar el desarrollo de proyectos agrícolas de mayor complejidad y fomentar la inversión privada en obras medianas de riego.
La Comisión de Agricultura discutió el proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por tres votos a favor, de los Honorables señores Coloma, García y Larraín Fernández, y dos abstenciones, de los Senadores señora Rincón y señor Quintana.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 29 a 31 del informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general.

Ofrezco la palabra al Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, quiero informar, en nombre de la Comisión de Agricultura, el proyecto que modifica la ley Nº 18.450, sobre fomento a la inversión privada en obras de riego o drenaje.
¿Cuál es la idea del Ejecutivo sobre el particular? Incluir como beneficiarios de las bonificaciones de riego -uno de los grandes instrumentos para mejorar la agricultura- a quienes realicen estudios, construyan o rehabiliten obras de riego o drenaje comprendidas en proyectos integrales y de uso múltiple cuyo costo supere las 30 mil UF y no exceda las 250 mil. ¿Para qué? Para incrementar la superficie regada a nivel nacional, permitir un acceso mejor al riego frente a la escasez del recurso hídrico, impulsar el desarrollo de proyectos agrícolas de mayor complejidad y fomentar la inversión privada en obras medianas de riego.
Al respecto, cabe explicar que hoy día existen, básicamente, dos categorías para financiar obras de riego.
En la primera se encuentran las obras calificadas como "pequeñas", que son aquellas cuyo costo no supera las 30 mil unidades de fomento. Estas se hallan cubiertas por la referida ley. Para ello hay concursos, con puntajes y todo tipo de asignaciones.
Tal normativa está pensada para favorecer al pequeño y mediano agricultor que quiere mejorar sus condiciones de riego y decide optar a dichos concursos, que se realizan anualmente y han demostrado ser extraordinariamente exitosos. De hecho, tal herramienta ha sido calificada como uno de los mejores proyectos de inversión pública desde hace muchos años.
En la segunda categoría se hallan las grandes obras de riego. Son, principalmente, embalses o sistemas de distribución cuyo costo sobrepasa las 250 mil unidades de fomento. ¿Qué organismo financia estas obras? El Ministerio de Obras Públicas.
El más reciente de esos proyectos fue el Embalse Ancoa, largamente luchado por varios Senadores del Maule Sur, entre ellos el Honorable señor Hernán Larraín. Finalmente se materializó, y me gustaría mucho que algún día ello se replicara en el Maule Norte.
Este instrumento busca que el Estado se haga cargo de obras que, de otra manera, sería imposible llevar adelante.
En concreto, la situación objetiva es que existe una política pública potente, positiva, para las obras pequeñas y otra, igualmente importante, para las de gran tamaño. Pero en el medio han quedado las obras medianas -y a este ámbito apunta el objetivo de la iniciativa en debate-; vale decir, las que cuestan entre 30 mil y 250 mil unidades de fomento, que corresponden a proyectos que no están cubiertos por nadie. O sea, no pueden ser financiados por la ley Nº 18.450, porque exceden las 30 mil UF, y tampoco por el MOP, cuyo objetivo son las grandes obras.
¿A qué me estoy refiriendo?
La Comisión Nacional de Riego nos entregó un catastro de, aproximadamente, 100 proyectos que se podrían efectuar de manera asociada: de mejoramiento de bocatomas de canales grandes; de pavimentación de surcos por los que fluye el agua en determinados espacios,...

El señor LETELIER.- ¡Acequias!

El señor COLOMA.- "Surcos", en algunas partes; "acequias", en otras más elegantes, depende de como se plantee.
En definitiva, estas obras, que tienen un costo superior a 30 mil UF, como no alcanzan una envergadura suficiente para que el Ministerio de Obras Públicas se haga cargo de ellas, se han ido acumulando, tal como nos dijo la Cartera de Agricultura. Y quiero informar que esto se concentra, particularmente, entre las Regiones Cuarta y Novena. La primera de ellas es la de mayor prioridad en esta materia por la gran cantidad de obras que no se ha podido financiar a través de las vías descritas.
¿Qué se pretende entonces con esta iniciativa? Entregar financiamiento para obras medianas. Y esperamos que se vaya incrementando el aporte respectivo en el Presupuesto de la nación, por lo menos en esta categoría.
Al beneficio podrán concursar asociaciones de regantes, no personas individuales, porque este instrumento está pensado para financiar obras medianas. Tales agrupaciones deberán colocar parte de los recursos y tendrán acceso a este subsidio del Estado, lo cual hará posible que el proyecto se lleve a cabo.
Lo propuesto, según las personas invitadas a la Comisión, es muy necesario y relevante. Por ello, solicito que se apruebe la idea de legislar.
También quiero dejar constancia, para ser muy preciso, de que la iniciativa se aprobó en el órgano técnico por 3 votos a favor y 2 abstenciones. En todo caso, la Senadora señora Rincón -lo conversé con ella- me dijo que, a pesar de su abstención en la Comisión, iba a respaldar el proyecto en general en la Sala. Entiendo que lo mismo pensaba hacer el Honorable señor Quintana. Ellos no están en contra de la idea de legislar; solo manifestaron la legítima inquietud de dejar amarrados mayores recursos durante la discusión particular para contar con el financiamiento suficiente que posibilite llevar a cabo las obras descritas.
En consecuencia, señor Presidente, porque considero la iniciativa buena para el país, necesaria para el mundo agrícola, pido a la Sala su aprobación en general.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, luego de la explicación que ha dado el Honorable señor Coloma del proyecto en análisis, solo quiero subrayar la importancia de avanzar en la materia.
No son misterio para nadie los problemas que se nos presentan hoy día por la escasez de agua. Por lo tanto, tenemos que desarrollar con mucha urgencia distintos tipos de obras en este ámbito: embalses y sistemas de riego o drenaje que permitan asegurar el mejor uso de las aguas, que cada día son más escasas.
A esa situación se está apuntando con la iniciativa en debate, lo que complementa una política de embalses que se halla en pleno estudio. Y esperamos que muy pronto se encuentre en ejecución.
Hoy día sobre el 70 por ciento -entiendo que la cifra exacta ya va en 80 por ciento- de las aguas que bajan por los ríos llegan al mar y se pierden, en lugar de ser utilizadas eficazmente en riego para la agricultura o para otras actividades que las requieran.
En ese sentido, el presente proyecto, como se ha señalado, básicamente permite el financiamiento de obras de mayor envergadura económica, que en la actualidad no se están ejecutando. Tal beneficio favorece únicamente a las asociaciones de regantes para la construcción de obras hídricas cuya inversión está, sobre todo, entre 50 y 250 mil unidades de fomento. Es decir, esta herramienta no está pensada para personas individuales o empresas, sino para asociaciones de riego, que son agrupaciones que reúnen a miles de pequeños y medianos propietarios -la mayoría son pequeños en algunos lugares, como es el caso de la realidad de mi Región- con la finalidad de obtener acceso al agua, pues, por la magnitud de las obras, les resulta imposible incorporar nuevos sistemas de riego o drenaje a los efectos de potenciar su actividad agrícola.
Por ello, estimo que la iniciativa es necesaria y que debe ser aprobada en general.
Me parece importante que las inquietudes que se han manifestado se resuelvan en su momento.
Una de ellas se relaciona con la seguridad de financiamiento, o dicho al revés, con el hecho de que el financiamiento de las obras mayores no vaya en desmedro de las menores. Esa decisión no se tomará ahora, sino año a año en la Ley de Presupuestos, según los montos que se asignen a cada uno de los niveles de inversión en proyectos de riego. En todo caso, se busca incrementar los fondos para permitir que los sectores que no tienen acceso al recurso hídrico, como sucede con las organizaciones de usuarios, dispongan de financiamiento con el fin de construir obras esenciales para el mejor aprovechamiento de las aguas, que hoy día se pierden.
En tal escenario, considero que no deberíamos tener algún temor acerca del buen uso de esos recursos y de la disposición de las cuantías necesarias para avanzar en ese propósito. Además, será de nuestra propia responsabilidad en el Congreso, cada vez que aprobemos una Ley de Presupuestos, asegurar que ello sea así.
Lo que estamos haciendo ahora es abrir la opción para que los concursos en este ámbito comprendan a sectores que no tenían la posibilidad de participar. Y son miles los pequeños agricultores que se verán beneficiados con la aprobación de la iniciativa en examen.
Por las razones expuestas, votaré a favor de la idea de legislar, tal como lo hice en la Comisión de Agricultura.
He dicho.

El señor CHAHUÁN.- Votemos, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Hay acuerdo para abrir la votación?

El señor SABAG.- Muy bien.
--Así se acuerda.

El señor PIZARRO (Presidente).- En votación general.
--(Durante la votación).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag para fundamentar el voto.

El señor SABAG.- Señor Presidente, no cabe duda de que el progreso de las naciones está basado fuertemente en la producción agrícola y de que, para combatir la pobreza en el sector rural, hay que invertir en ese ámbito.
Los países que han obtenido gran éxito en esta materia son Estados Unidos, España, China, Canadá. Ellos han privilegiado una fuerte inversión en la agricultura.
Nosotros contamos con una disponibilidad muy grande de tierras que, debidamente regadas, pueden convertirse en fuentes de gran producción. Todos, incluido el Gobierno, aspiramos a que Chile sea una potencia alimentaria. De hecho, el sector agrícola es uno de los pocos rubros que han aumentado sus exportaciones: 11 por ciento anual, mucho más que el crecimiento del país.
Por lo tanto, si hacemos fuertes inversiones en el sector rural, no me cabe duda de que esto se va a multiplicar: en producción, en ingresos para el país y, también, en fuentes de trabajo.
El Gobierno enfrenta las grandes obras de riego a través de embalses que cuestan 100, 200, 300 millones de dólares. Sin embargo, hay obras menores de gran interés para pequeños y medianos agricultores que no las realiza el Estado directamente. A través de la ley N° 18.450, se han otorgado subvenciones y aportes para financiar proyectos cuyo costo no supere las 30 mil unidades de fomento. Indudablemente, con el progreso que ha experimentado el país, más la necesidad de ir efectuando cada vez obras de mayor envergadura, dichos recursos ya resultan insuficientes.
Lo que pretende la iniciativa en debate es financiar inversiones entre 30 mil y 250 mil unidades de fomento, con lo cual se podrían construir muchas importantes obras de riego, dirigidas por asociaciones de regantes, de canalistas; juntas de vigilancia, u otras organizaciones de agricultores.
Resulta evidente que con el actual procedimiento, que controla muy bien la Comisión Nacional de Riego y, también, el Ministerio de Obras Públicas -ahí los proyectos son analizados intensamente-, muchas veces las obras no se han podido aprobar porque exceden el tope máximo que permite la ley N° 18.450, el cual, como ya señalé, corresponde a 30 mil UF.
A mi juicio, si se logra que las organizaciones de agricultores puedan optar a obtener un mayor volumen de apoyo, aparte de los aportes que ellos mismos puedan hacer, no me cabe duda de que la superficie regable del país va a aumentar considerablemente y, como consecuencia de ello, se verá incrementada la producción.
Ya lo decía el Senador Hernán Larraín: a pesar de la sequía existente, todavía las aguas siguen corriendo hasta el mar. Nosotros debemos tener la habilidad de contenerlas, a través de represas o de tranques construidos por los agricultores en diversos sectores del país, con el fin de aprovechar enormemente el recurso hídrico, no tan solo para el riego, sino también para la producción de energía eléctrica y, sobre todo, para el consumo humano. La gran carencia que hoy afecta a muchas zonas se debe también a que las aguas corren derechamente hasta el mar.
¡Hay que contenerlas! ¡Hay que trabajarlas! Y para eso, evidentemente, se requieren fondos.
De ahí que estimo que este proyecto de ley es altamente conveniente para el desarrollo de nuestro país y para ir en apoyo de un sector económico golpeado: las exportaciones agrícolas hoy día, con un dólar tan bajo y con todos los insumos subiendo permanentemente, están pasando por situaciones difíciles.
¡Por eso vemos las carreteras tomadas!
Hay competencias desleales: ingresan productos desde otras naciones -a veces con alguna triquiñuela- a mitad de precio, gracias a los subsidios que sus gobiernos les otorgan. Aquí, en nuestro país, no se concede ningún beneficio ni subsidio. Nosotros sabemos que en las grandes naciones, ¡todos los productos agrícolas son fuertemente subsidiados en miles de miles de millones de dólares! ¡En Chile eso nunca ha ocurrido!
Con esta iniciativa estamos proveyendo recursos para obras de riego -por supuesto, serán debidamente aprobadas y minuciosamente detalladas-, dirigidas a las asociaciones de regantes.
A mí me ha tocado ver muchas de esas obras. ¡Son estupendas! ¡Cómo aumentan las posibilidades de riego!
Asimismo, tenemos que mejorar cómo ocupar las aguas.
Por ello, considero que a través de este proyecto se puede entregar un gran beneficio para todo el sector agrícola. Esto permitirá, asimismo, seguir aumentando fuertemente las exportaciones de nuestra nación, las cuales, como dije, el año pasado crecieron ¡11 por ciento! Ningún otro sector experimentó un incremento tan grande como el obtenido por la agricultura.
Señor Presidente, los agricultores se han ganado el aprecio y el cariño de nuestra patria. Y hoy día es legítimo que, a través de las juntas de vigilancia, de las asociaciones de canalistas y de otras organizaciones, puedan optar a proyectos de mayor envergadura, como los que permitirá la iniciativa en análisis, si la aprobamos. La ley N° 18.450, que resulta de gran apoyo y de gran beneficio, tiene la limitante de llegar tan solo a obras de inversión no superiores a las 30 mil unidades de fomento.
Por supuesto, voto favorablemente la idea de legislar.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, siempre he dicho, cuando tramitamos modificaciones a esta normativa, que poco cuerpos legales vigentes en el país han producido tanto beneficio para Chile, para la agricultura y para el buen uso de los recursos hídricos como la ley Nº 18.450. Y esto lo señalo porque represento, junto a la Senadora Allende, a una Región que registra serios problemas con el agua y en donde estas normas resultan vitales para poder utilizarla mejor.
Aquí se han mencionado algunas cifras.
De acuerdo con la información entregada, hoy el 94 por ciento del agua caída va al mar. Y, francamente, eso constituye un pecado para un país preocupado por la realidad de la falta de agua.
Por eso, en Renovación Nacional vamos a aprobar este proyecto de ley, que introduce varios cambios para mejorar aún más los beneficios de la ley Nº 18.450.
En la actualidad, las obras de riego se clasifican en pequeñas, medianas y grandes. Las obras pequeñas se financian en general con cargo a los subsidios de la ley que se está modificando, que dispone en promedio de 35 mil millones de pesos anuales. Las obras medianas, en virtud del decreto con fuerza de ley Nº 1.123, cuentan con 5 mil millones de pesos al año y, a través de la ley Nº 18.450, con 3 mil 600 millones de pesos adicionales.
En el caso de las obras financiadas con cargo a los recursos aportados por el decreto con fuerza de ley Nº 1.123, la inversión total es soportada por el Estado. En cuanto a las costeadas gracias a la ley Nº 18.450, la situación es distinta: el Estado bonifica solo una parte, y una vez terminada la obra, lo que implica la inversión privada, al igual que la responsabilidad por su construcción, lo determina una autoridad fiscalizadora.
Mediante las modificaciones que se introducen a esta normativa se pretende: a) incrementar el área de riego a través de obras medianas de regadío; b) aumentar la inversión agrícola; c) fomentar y fortalecer la inversión privada en obras medianas de riego de costo superior a 30 mil unidades de fomento, incorporando como beneficiarios de las bonificaciones que establece dicha ley a quienes realicen estudios, construyan o rehabiliten obras de riego o drenaje, comprendidas en proyectos integrales y de uso múltiple, cuyo costo supere las 30 mil unidades de fomento y no exceda las 250 mil; d) capturar y acumular excedentes estacionales en obras superficiales o de recarga de acuíferos (como modo de combatir la escasez hídrica y evitar, aunque sea en parte, que el agua dulce que escurre hasta el mar se pierda), mejorando la eficiencia en la utilización del recurso del agua; e) incentivar un uso y gestión multipropósito de estos proyectos, generando una gestión coordinada entre todas las industrias (agricultura, minería, empresas sanitarias y de energía), y f) mejorar la infraestructura.
Señor Presidente, este proyecto viene a reforzar los beneficios de la ley Nº 18.450. Por lo tanto, pido a la Sala que lo apruebe por unanimidad, porque realmente se trata de una iniciativa necesaria para la actividad económica y para los habitantes de nuestro país.
Voto a favor.

El señor PIZARRO (Presidente).- Pido el asentimiento de la Sala para que me reemplace en la testera el Senador señor Sabag.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor García.
--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Sabag.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en la Región de La Araucanía, que tengo el honor de representar en esta Sala, probablemente hace treinta años no se tenía que pensar en el riego. La abundancia de lluvias, no solo en invierno, sino también en primavera y en otoño, era suficiente para lo que demandaban las siembras. Hoy, sin embargo, probablemente por el cambio climático, la disminución del agua caída hace que todos los proyectos agrícolas requieran riego y que las obras de regadío sean cada vez más ambiciosas.
Por ejemplo, en La Araucanía pensamos en un embalse que acumule y guarde las aguas que caen en invierno; que evite que se produzcan inundaciones, que tienen lugar particularmente en los sectores costeros, y que haga posible regular y administrar el uso de esa agua a fin de permitir el riego de miles de hectáreas, de incorporar superficie que hoy no está siendo provechosa, y de mejorar sustancialmente la productividad de nuestra agricultura.
Por eso, voy a aprobar este proyecto. Me parece muy interesante que el límite máximo de bonificación para una obra de riego pase de 12 mil unidades de fomento a 50 mil unidades de fomento.
Ahora bien, resulta muy importante lo que señalaba el Senador señor Hernán Larraín. Esta iniciativa no tendrá efectividad si no va acompañada en las respectivas normativas presupuestarias de mayores recursos. Si no se destinan los fondos suficientes, simplemente estaríamos dejando sin financiamiento a obras menores de riego -son tremendamente necesarias-, para favorecer proyectos un poco más grandes, de nivel intermedio. Y, en verdad, tanto las obras como las inversiones son realmente indispensables, en algunos casos -me atrevo a decir- vitales para que Chile sea la potencia agroalimentaria con la que nosotros soñamos. Por lo tanto, para la efectividad de lo preceptuado en esta iniciativa, deberemos tener muy presente en las discusiones de las futuras Leyes de Presupuestos los recursos que se asignen para este propósito.
Voto a favor.

El señor SABAG (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, este es un proyecto que apunta a una necesidad creciente, particularmente en nuestra Región.
Casi en la totalidad de las provincias de la Región de Valparaíso se ha decretado escasez hídrica. La ausencia de lluvias ha generado dificultades en el uso racional de las aguas y se requiere, de manera cada vez más creciente, llevar adelante proyectos de agua potable rural.
La normativa en examen apunta a fomentar la inversión privada en obras de riego o drenaje, comprendidas en proyectos integrales y de uso múltiple, cuyo costo supere las 30 mil unidades de fomento.
Lo anterior permitirá la concreción de iniciativas emblemáticas, que por largo tiempo se han planteado. Por ejemplo, en el valle de Casablanca tenemos el proyecto de riego llamado "Canal de la Prosperidad", cuya idea nació en la década de los 50 del siglo pasado. Las primeras obras se desarrollaron durante el Gobierno del Presidente Salvador Allende, y luego quedaron inconclusas. Ello haría posible llevar agua desde el río Maipo hasta el lago Peñuelas y regar todo el valle de Casablanca, que hoy se encuentra en condiciones bastante complejas.
De igual manera, podría ayudar a fomentar la inversión privada a fin de que las napas napas subterráneas de agua, que hoy día están agotadas en ese valle, puedan ser infiltradas mediante alguna tecnología adicional, que en este momento estudia la Universidad Técnica Federico Santa María.
Quiero decir que este proyecto apunta a una necesidad creciente en la Región que represento. Los procesos de desertificación y el cambio climático han afectado de manera progresiva al norte del país y amenazan además a zonas del sur, que habitualmente tenían disponibilidad de agua para los cultivos y el consumo humano.
Esta materia nos lleva a un elemento fundamental, que dice relación con el estatus de las aguas y los derechos de agua. En su oportunidad, presenté una moción en la Cámara Baja tendiente a dar preferencia al consumo humano en el uso de las aguas. Asimismo, junto con otros señores Diputados, patrocinamos una iniciativa cuyo propósito era que el derecho a usar las aguas -que son un bien nacional de uso público, contemplado en el Código de Aguas- tuviera rango constitucional.
Por lo tanto, este proyecto -insisto- aborda un tema al cual hay que hincarle el diente y que en la Región que represento resulta particularmente importante. Además constituye una esperanza para el valle de Casablanca, que hoy día está sufriendo las consecuencias de la escasez hídrica, al igual que la zona rural de la provincia de San Antonio, donde hasta hace muy poco (por ejemplo, en Leyda) ni siquiera había agua para consumo humano, y gracias a una gestión del Gobierno del Presidente Piñera se logró abastecer de ella a distintos sectores de la población.
Voto a favor.

El señor SABAG (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, en primer término, quiero felicitar al Gobierno por esta iniciativa, que, sin duda, va en el camino correcto: transformar a Chile en una potencia agroalimentaria. Porque sin agua resulta imposible contar con tecnología y efectuar las inversiones necesarias, sobre todo en un país como el nuestro, que tiene recursos hídricos pero no los aprovecha bien.
Por lo tanto, es preciso invertir en obras de regadío.
En segundo lugar, este proyecto está muy unido al que acabamos de aprobar hace unos minutos, que justamente permite el perfeccionamiento de los títulos de aprovechamiento de aguas en forma colectiva, y baja los quórums en las organizaciones de usuarios para autorizar al directorio a inscribir los derechos, conforme al Código de Aguas.
Eso va en la línea adecuada, porque los costos en que se incurre hoy para apoyar a la agricultura son bastante pequeños en relación con las necesidades reales que esta exhibe.
La iniciativa en debate aumenta de 12 mil a 50 mil unidades de fomento los montos máximos a los que podrán postular los proyectos presentados por los usuarios. En el caso de las organizaciones, en conformidad al Código de Aguas, se incrementa de 30 mil a 250 mil unidades de fomento.
Ayer estuve con el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, don Felipe Martin, sus asesores, y dirigentes agrícolas trabajando en una iniciativa muy importante para la Sexta Región relativa al canal Codegua. Los agricultores se hallan interesados no solo en mejorar el potencial de este último y en tener la tranquilidad de contar con agua disponible en los momentos requeridos, sino también en que la inversión en embalses además permita generar electricidad, lo cual constituye un doble propósito.
Estos proyectos deben propender a una mirada bastante más amplia y aprovechar justamente la energía hídrica, independiente de que muchas veces estas inversiones sean pequeñas (aunque todo va sumando), con el fin de que Chile se transforme en una potencia agroalimentaria.
Tenemos condiciones extraordinarias; una cordillera que nos da una situación fitosanitaria distinta a la de muchos países del mundo. Y eso debemos aprovecharlo al máximo.
Así es que deseo anunciar, tal como lo han planteado Senadores de nuestra bancada, el voto afirmativo de la UDI, porque consideramos que este es el camino correcto para ir apoyando a la mediana y la pequeña agricultura con el fin de que cuenten con la mejor tecnología y obtengan los recursos suficientes para acumular agua, poder utilizarla mejor, llegar a los mercados internacionales y desarrollar la agricultura y el país como corresponde.
Voto que sí.

El señor SABAG (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Uriarte.

El señor URIARTE.- Señor Presidente, la Región de Coquimbo vive la sequía más dura de los últimos 107 años. No hay registro público de un fenómeno climático más riguroso que aquel que existe hoy.
Lamentablemente, todos los indicadores climatológicos señalan que no hay certeza de qué va a ocurrir este invierno. Se dijo en algún minuto que tendríamos un invierno tardío en agosto del año pasado; que las temperaturas del Pacífico sur a la altura de la costa de Perú estaban cambiando, lo que podría haber mejorado las condiciones para que surgiera este famoso y tan anunciado invierno tardío que nunca llegó.
Hoy día no existe ninguna proyección seria que indique que la situación va a mejorar. La realidad de los agricultores es, de verdad, dramática. El Gobierno ha hecho un esfuerzo muy importante al nombrar un delegado presidencial (el Subsecretario del Interior) con amplias facultades para coordinar todos los esfuerzos de los servicios públicos con competencia en medidas de emergencia. Pero no es suficiente.
Necesitamos instrumentos legales y una institucionalidad que se hagan cargo de la sequía. Y esta iniciativa, de una manera muy adecuada, satisface las necesidades actuales de amplias zonas, que son mucho más que las 15 comunas de la Región de Coquimbo.
Este fenómeno llegó, lamentablemente, para quedarse. Y Chile requiere instrumentos de largo plazo a fin de implementar, a través de iniciativas como la que ahora debatimos, políticas públicas que les permitan a las asociaciones de usuarios, a los regantes, postular en forma regular, ordenada y planificada a proyectos de riego.
Por eso aplaudo esta iniciativa, al igual que la que aprobamos hace poco, porque es, en realidad, lo que hacía falta: establecer mecanismos obligatorios para que la Comisión Nacional de Riego llame al menos trimestralmente a concursos públicos a los cuales puedan postular potenciales beneficiarios.
Por lo mismo, me parece que esta normativa, junto con la que permite regularizar proyectos de riego, especialmente a través de los títulos de dominio de los derechos de aprovechamiento de agua, nos va a dar un respiro en el mediano y el largo plazo.
Por tal motivo, señor Presidente, vamos a votar a favor de esta iniciativa, que viene a complementar un esfuerzo que están haciendo muchos regantes, pequeños agricultores pertenecientes a esa agricultura tan aporreada como es la que se desarrolla a nivel familiar. Y no basta con la ayuda del INDAP, del Servicio Agrícola y Ganadero, de la Subsecretaría de Agricultura o del propio Ministerio a través de la ONEMI.
Necesitamos un chasis que nos permita enfrentar de manera regular y ordenada hacia el futuro demandas agobiantes respecto de un recurso tan vital como lo es el agua.
Voto a favor.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?


El señor SABAG (Presidente accidental).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (15 votos favorables).
Votaron las señoras Allende, Alvear y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Horvath, Larraín (don Hernán), Orpis, Pizarro, Prokurica, Sabag, Uriarte y Walker (don Patricio).


El señor SABAG (Presidente accidental).- Como no hay suficientes Senadores en la Sala para adoptar acuerdos, se fijará el plazo para presentar indicaciones en la próxima sesión ordinaria.
Señores Senadores, por no haber quórum para tomar acuerdos, levantaré la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Secretaría.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
De la señora ALVEAR:
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, requiriéndole señalar MEDIDAS GUBERNATIVAS ANTE MUERTES POR "BALAS LOCAS"; APORTE DE SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO FRENTE A TALES HECHOS, Y DOTACIÓN DE CARABINEROS EN COMUNAS RESPECTIVAS. Y a la señora Ministra de Obras Públicas, solicitándole antecedentes sobre PAVIMENTACIÓN DE CAMINO EL MANZANITO, DE PAINE (Región Metropolitana).
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El señor SABAG (Presidente accidental).- Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:20.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción