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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 332ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 2ª, en miércoles 4 de octubre de 1995
Ordinaria
(De 16:15 a 18:53)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES RICARDO NÚÑEZ, VICEPRESIDENTE,
Y NICOLÁS DÍAZ, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIOS, LOS SEÑORES RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERRÍA, TITULAR, Y CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, SECRETARIO SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
¿Bitar Chacra, Sergio
¿Calderón Aránguiz, Rolando
¿Cantuarias Larrondo, Eugenio
¿Carrera Villavicencio, María Elena
¿Cooper Valencia, Alberto
¿Díaz Sánchez, Nicolás
¿Díez Urzúa, Sergio
¿Errázuriz Talavera, Francisco Javier
¿Feliú Segovia, Olga
¿Fernández Fernández, Sergio
¿Frei Bolívar, Arturo
¿Gazmuri Mujica, Jaime
¿Hamilton Depassier, Juan
¿Hormazábal Sánchez, Ricardo
¿Horvath Kiss, Antonio
¿Huerta Celis, Vicente Enrique
¿Lagos Cosgrove, Julio
¿Larraín Fernández, Hernán
¿Lavandero Illanes, Jorge
¿Letelier Bobadilla, Carlos
¿Martin Díaz, Ricardo
¿Matta Aragay, Manuel Antonio
¿Mc-Intyre Mendoza, Ronald
¿Muñoz Barra, Roberto
¿Núñez Muñoz, Ricardo
¿Ominami Pascual, Carlos
¿Otero Lathrop, Miguel
¿Pérez Walker, Ignacio
¿Piñera Echenique, Sebastián
¿Prat Alemparte, Francisco
¿Ríos Santander, Mario
¿Romero Pizarro, Sergio
¿Ruiz De Giorgio, José
¿Ruiz-Esquide Jara, Mariano
¿Siebert Held, Bruno
¿Sule Candia, Anselmo
¿Thayer Arteaga, William
¿Urenda Zegers, Beltrán
¿Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrió, además, el señor Subsecretario de Pesca.
Actuó de Secretario el señor Rafael Eyzaguirre Echeverría, y de Prosecretario el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:15, en presencia de 39 señores Senadores.
El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).¿ Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 16a y 17a, ordinarias, en 12 y 13 de julio del presente año, respectivamente, que no han sido observadas.
El acta de la sesión 18a, ordinaria, en 18 de julio del año en curso, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).¿ Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor HOFFMANN (Prosecretario subrogante).¿ Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Cinco de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero, comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 70 de la Carta Fundamental, respecto del proyecto de ley que dicta normas y modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en materia de utilización del subsuelo de los bienes nacionales de uso público.
¿Se toma conocimiento y se dispone el envío del proyecto al Tribunal Constitucional, para los efectos señalados en el N° 2° del artículo 82 de la Carta Fundamental.
Con el segundo, hace presente la urgencia, con el carácter de "Suma", al proyecto de ley que faculta a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales y a la Comisión Nacional del Medio Ambiente para integrarse a corporaciones de derecho privado.
Con los tres siguientes, hace presente la urgencia, con el carácter de "Simple", a las iniciativas que se señalan:
1.¿ Proyecto de reforma constitucional en materia de composición del Senado y de integración del Tribunal Constitucional, y en lo relativo al Consejo de Seguridad Nacional.
2.¿ Proyecto de ley que dicta normas para contribuir al esclarecimiento de la verdad en torno al destino de los detenidos desaparecidos, y otros casos sobre derechos humanos.
3.¿ Proyecto que fija la Ley Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación.
¿Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus respectivos antecedentes.
Oficios
Dos de la Cámara de Diputados, con los que comunica que ha aprobado, con las modificaciones que señala, los siguientes proyectos de ley:
1.¿ El que regula el funcionamiento de las administradoras de recursos financieros de terceros para la adquisición de bienes.
2.¿ El que modifica el decreto supremo N° 294, del Ministerio de Obras Públicas, de 1984, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, y el decreto con fuerza de ley N° 206, de 1960, Ley de Caminos.
¿Quedan para tabla.
Dos de la señora Ministra de Justicia:
Con el primero, contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Frei, relativo a la creación de un Juzgado Especial del Trabajo y un Segundo Juzgado de Menores en Talcahuano.
Con el segundo, responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantuarias, acerca de la instalación de un Segundo Juzgado de Letras en la ciudad de Coronel.
Dos del señor Ministro de Agricultura:
Con el primero, contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Fernández, referido a los temporales que afectaron a la Duodécima Región.
Con el segundo, da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, tocante a la destinación de recursos a los agricultores de la Undécima Región afectados por los últimos temporales.
Del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Piñera, relativo al financiamiento del aguinaldo de Fiestas Patrias a pensionados de las mutualidades de empleadores de la ley N° 16.744.
Del señor Contralor General de la República, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantuarias, acerca de las deficiencias en la construcción de la población que indica, de la comuna de Penco.
¿Quedan a disposición de los señores Senadores
Informes
Tres de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaídos en los siguientes asuntos:
1.¿ Segundo informe del proyecto de reforma constitucional, en primer trámite e iniciado en moción de los Senadores señores Fernández, Larraín, Otero, Sule y Zaldívar (don Adolfo), que modifica el artículo 74 de la Carta Fundamental.
2.¿ Consulta de la Sala acerca de la obligatoriedad de dar trámite de ley a la autorización para la erección de monumentos.
3.¿ Consulta de la Sala acerca del verdadero alcance de las atribuciones que otorga la Constitución Política al Congreso Nacional respecto de la aprobación de la Ley de Presupuestos.
¿Quedan para tabla.
Moción
Del Senador señor Lagos, con la que inicia un proyecto de ley que autoriza la construcción de un monumento, en la ciudad de Iquique, en memoria del Contralmirante don Carlos Condell de la Haza.
¿Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).¿ Terminada la Cuenta.

PROGRAMA DE TRABAJO DE COMISIÓN ESPECIAL DE PRESUPUESTOS
El señor LAVANDERO.¿ Señor Presidente, pido la palabra a fin de dar una información.
El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).¿Puede hacer uso de ella Su Señoría.
Inmediatamente después, la Mesa complementará esa información.
El señor LAVANDERO.¿ Señor Presidente, han quedado constituidas las cinco Subcomisiones de la Comisión Especial de Presupuestos.
Con relación al trabajo de dicha Comisión Especial, la unanimidad de sus miembros ha acordado establecer para la iniciativa sometida a su consideración un sistema de estudio diferente del adoptado en años anteriores, ante la gran importancia que ha ido adquiriendo el análisis efectuado en esta etapa. Ello coincide con el pro- cedimiento aplicado en otros países del mundo, donde la ley respectiva reviste un carácter fundamental, de modo que se interroga a cada Ministro sobre los puntos en que los Parlamentarios estiman que no se han realizado las inversiones necesarias.
A fin de llevar a cabo ese estudio, que ¿repito¿ será diferente del tradicional, se ha fijado el siguiente cronograma de trabajo:
Martes 10 de octubre, de 10 a 14:30, "Modernización y fomento de la producción". Se ha invitado a Díez Secretarios de Estado, encabezados por el señor Ministro de Economía, para que expongan respecto de este tema y den respuesta a las interrogantes que puedan plantear los señores Parlamentarios.
Martes 17 de octubre, de 10 a 14:30, "Presupuesto y macroeconomía".
Miércoles 18 de octubre, de 18 a 20:30, "Pobreza y distribución del ingreso".
Jueves 19 de octubre, de 10 a 14:30, "Modernización del sector público".
Cabe señalar que en cada una de esa reuniones participarán, como promedio, ocho Ministros. Es preciso considerar que habrá que asignárseles al menos 15 minutos para exponer sus respectivos puntos de vista, lo que implica un mínimo de dos horas, y que los Parlamentarios miembros también deberán contar con tiempo, que fluctuará entre dos y tres horas.
Por los antecedentes anotados, solicito que la Mesa, la Sala o los Comités faciliten la celebración de dichas reuniones permitiendo que los martes ellas puedan extenderse hasta las 17, con una interrupción para almorzar. Para ello, sería necesario suspender las sesiones ordinarias que el Senado debe celebrar en esos días.
El Congreso tradicionalmente ha dedicado el mes de octubre al estudio y despacho del proyecto de Ley de Presupuestos. El Senado, por su parte, está representado en la Comisión Especial por 13 señores senadores, de manera que si efectuáramos esas reuniones sin el conocimiento y la autorización de la Sala, correríamos el riesgo de que fracasara, o la Comisión Especial de Presupuestos o la sesión ordinaria de la Corporación. Lo mismo ocurriría con las Subcomisiones.
He dado a conocer el cronograma de trabajo de la Comisión Especial de Presupuestos, con el propósito de que se acuerde la fórmula que resulte más conveniente para que en esta oportunidad los señores Senadores ¿y, por supuesto, también los señores Diputados¿ puedan recibir respuesta a sus inquietudes acerca de los temas citados: la inversión en la modernización y fomento de la producción, Presupuesto y macroeconomía, pobreza y distribución del ingreso, y modernización del sector público. Todos ellos son de extraordinaria importancia y forman parte de una de las tareas quizá más relevantes del Congreso: la aprobación del Presupuesto Nacional. Creo que los señores Senadores y Diputados deben disponer del tiempo necesario para examinar detenidamente esas materias.
Mi petición concreta es que, atendido este cronograma, en lo posible se suspendan las sesiones ordinarias de los martes señalados, y que los asuntos correspondientes a esos días sean trasladados a las sesiones ordinarias de los miércoles, de manera que la Comisión Especial de Presupuestos disponga del tiempo que requiere para desarrollar el trabajo programado.
El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).¿ Con respecto a lo expresado por su Señoría, debo manifestar que la materia fue conversada por los Comités. Y, aun cuando no se disponía de la información que ha proporcionado el señor Presidente de la Comisión Especial de Presupuestos, pues el cronograma no se había entregado oficialmente ¿por mi parte, acabo de solicitarlo¿, los Comités acordaron estudiar la factibilidad de concentrar el trabajo, particularmente el de la Sala del Senado, en algunos días.
Para tal efecto, se tendrá presente el calendario de funcionamiento de la Comisión Especial de Presupuestos que se ha dado a conocer. Porque, obviamente, la Ley de Presupuestos de la Nación es muy importante, pero la Corporación también debe despachar varios proyectos que revisten urgencia, como el que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, a cuya discusión seguramente deberemos abocarnos la semana que viene, y una serie de iniciativas de quórum calificado.
Cabe recordar que las materias orgánicas constitucionales implican que permanentemente deben estar presentes en la Sala a lo menos 26 señores senadores al momento de la votación, lo que, como sabemos, a veces no sucede. Y no es un buen sistema el de depender constantemente de los timbres para superar esa situación.
En consecuencia, en vista del calendario de trabajo de la Comisión Especial de Presupuestos y estando claras, a su vez, las materias que con mayor urgencia debe discutir el Senado, próximamente propondremos sesiones que nos permitan tratar todas las iniciativas que requieren ser despachadas por la Sala.
Ése fue el acuerdo adoptado por los Comités.
El señor CANTUARIAS.¿ ¿Me permite, señor Presidente?
El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).¿ Tiene la palabra su Señoría.
El señor CANTUARIAS.¿ Señor Presidente, quiero entender bien lo que se resolvió. ¿Los Comités acordaron suspender las sesiones de los dos martes próximos?
El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).¿ No, señor Senador. No hubiera sido posible hacerlo, puesto que no se conocía el cronograma de trabajo de la Comisión Especial de Presupuestos.
El señor CANTUARIAS.¿ Por mi parte, deseo expresar desde ya mi oposición, en principio, a esa medida.
El Senador que habla ha integrado la Comisión Especial de Presupuestos desde que entró en funcionamiento el Parlamento, y siempre se ha trabajado en ella intensamente. Ahora, si corresponde que los Senadores miembros de la Comisión le dediquen tiempo, deberán abocarse a ello, tal como se hizo el año pasado en la Cuarta Subcomisión Especial de Presupuestos, que incluso se reunió en períodos en que no sesionaba la Corporación y despachó las materias que le correspondían.
Lo anterior es muy distinto de suspender el trabajo del Senado, que enfrenta una tabla bastante recargada. En esta sesión, precisamente, se ha dado cuenta de tres nuevos informes de Comisión, y todo hace prever que habrá más iniciativas sometidas a la consideración de la Sala.
No me parece razonable, por lo tanto, lo que se ha propuesto.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).¿ Señor Presidente, creo que existen argumentos en un sentido y en otro. Pienso que lo lógico es que la Mesa trate de compatibilizar la actividad que debe realizarse.
Comprendo lo expresado por el Senador señor Cantuarias, pues probablemente las Subcomisiones Especiales de Presupuestos tendrán que trabajar fuera del horario de las sesiones de Sala. Seguramente, deberán sesionar de 19 a 22 ó 23, hasta terminar su labor.
Lo que estimo que sí debemos tener presente es que el trabajo de Comisiones estará limitado, porque no podrá haber sesiones de Comisión, de Sala y de la Comisión Especial de Presupuestos, simultáneamente. Ello dice relación, en particular, al caso de la Comisión de Hacienda, la que no podrá trabajar, salvo para tratar asuntos muy excepcionales, durante el estudio de la Ley de Presupuestos de la Nación.
He dicho.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, si mal no recuerdo, precisamente en la reunión de Comités se determinó que la sesión del martes próximo permitiría tratar proyectos cuya aprobación requiere quórum especial. De manera que, a pesar de los antecedentes, bastante atendibles, esgrimidos por un señor Senador para solicitar la suspensión de esa sesión, habría ya un acuerdo de Comités sobre el particular.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- A ello obedece lo que informé, señor Senador. Si bien no se acordó expresamente que fuera esa sesión la que cumpliese el objetivo mencionado, se resolvió concentrar en algunas de las que se celebrarán próximamente los proyectos de carácter orgánico constitucional, en particular.
Lo atinente a la suspensión de las sesiones de Sala no fue debatido por los Comités, naturalmente, porque no se conocía el calendario de trabajo para el estudio de la Ley de Presupuestos. Empero, esa proposición puede ser considerada la próxima semana por los Comités, aun cuando en lo personal comparto la idea de que perfectamente podemos despachar tanto los proyectos más urgentes que están en tabla como lo relativo a la Ley de Presupuestos.
En todo caso, ésa no es una materia que la Sala debe discutir ahora, sino que debe ser analizada por los Comités la próxima semana.


RECEPCIÓN DE PINTURAS POR EL SENADO
El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).¿| Comunico a la Sala que el Senado ha recibido hoy apreciables obras artísticas de parte del Ministerio de Educación. Esa Secretaría de Estado, en una campaña de difusión de algunos de los pintores más importantes del país, ha entregado a la Corporación, en la tarea de ir elevando la identidad cultural de nuestra patria, cinco cuadros de artistas destacados.
Son obras de un metro 60 centímetros por un metro 10 centímetros ¿es decir, de tamaño grande¿, y se exhiben en la Sala de Lectura. Los autores son Patricia Israel, Gonzalo Mezza, José Balmes, Arturo Duclós y Gonzalo Cienfuegos.
Se agradecerá al Ministerio de Educación, en nombre del Senado.
_________
El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).¿ Solicito el consentimiento de la Sala para que ingrese al Hemiciclo el Subsecretario de Pesca, señor Patricio Bernal Ponce.
¿Se accede.


FUNCIONAMIENTO SIMULTÁNEO DE COMISIÓN DE GOBIERNO Y LA SALA
El señor PÉREZ.¿ Pido la palabra, señor Presidente.
El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).¿ Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PÉREZ.¿ Señor Presidente, no sé si la Mesa dio cuenta de la solicitud de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización para sesionar simultáneamente con la Sala a partir de las 16:30.
El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).¿ No se ha recibido una petición formal al respecto, señor Senador.
Soy miembro de esa Comisión, y sé que su Presidente debía formular tal solicitud. Si lo desea, Su Señoría puede plantearla ahora.
El señor PÉREZ.¿ Tenía entendido que ello había sido acordado en la reunión de Comités.
El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).¿ Su Señoría tiene toda la razón. La Mesa, involuntariamente, ha omitido dar cuenta de que la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, que se encuentra abocada al estudio del proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, pidió autorización para sesionar simultáneamente con la Sala a partir de las 16:30.
Si le parece al Senado, se accederá a la solicitud.
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA



MODIFICACIÓN DE LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA EN MATERIA DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GEOGRÁFICO EN NAVES
PESQUERAS

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).¿ En primer lugar, corresponde ocuparse en el proyecto, iniciado en moción de los Senadores señores Bitar, Horvath, Mc-Intyre y Ruiz, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, para establecer la obligación de instalar un sistema de posicionamiento geográfico automático con apoyo satelital, en determinadas naves pesqueras, con nuevo informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
¿Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Bitar, Horvath, Mc-Intyre y Ruiz De Giorgio).
En primer trámite, sesión 12a, en 10 de mayo de 1994.
Informes de Comisión:
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, sesión 3a, en 6 de octubre de 1994.
Constitución, sesión 59a, en 10 de mayo de 1995.
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura (nuevo), sesión 18a, en 18 de julio de 1995.
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura (segundo nuevo), sesión 36a, en 13 de septiembre de 1995.
Discusión:
Sesión 20a, en 20 de julio de 1995 (queda para segunda discusión); 37a, en 14 de septiembre de 1995; 1a, en 3 de octubre de 1995 (queda pendiente su discusión general).
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).¿ En la sesión de ayer, quedó pendiente la discusión y cualquier acuerdo que pudiera adoptarse en la materia.
Se hizo presente en la Sala que la iniciativa contiene disposiciones de quórum calificado, pero la Comisión ¿como ayer se señaló¿ deja expresa constancia en el informe de que en el proyecto no hay normas de quórum especial. Además, se recordó que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia tampoco formuló una advertencia en ese sentido, aun cuando es cierto que no se abocó al estudio de todo el proyecto, sino sólo a materias específicas que no dicen relación a las normas que podrían ser de quórum calificado.
El señor DÍEZ.¿ Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MC-INTYRE.¿ ¿Me permite, señor Presidente?
El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).¿ Antes de entrar en la discusión de la iniciativa, solicito el asentimiento de la Corporación para que el Senador señor Díaz me reemplace en la testera. Formo parte de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, la que fue autorizada para sesionar simultáneamente con la Sala.
¿Pasa a presidir la sesión el Senador señor Díaz.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ En discusión.

Ofrezco la palabra.
El señor MC-INTYRE.¿ Pido la palabra, señor Presidente.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MC-INTYRE.¿ Señor Presidente, ayer, cuando se discutió esta iniciativa, se hizo la observación de que la materia de que trata es de quórum calificado. La Comisión estudió este punto con bastante profundidad, y llegó a la conclusión de que no lo es.
La regla general en nuestro ordenamiento es que las diversas materias que corresponden al dominio de la ley sean de rango común. Sólo excepcionalmente el constituyente ha exigido que determinadas instituciones o limitaciones a derechos esenciales sean reguladas por disposiciones de quórum calificado.
Ahora bien, el artículo 63 de la Ley General de Pesca señala que los armadores pesqueros deben informar al Servicio Nacional sus capturas por especie y área de pesca, "en la forma y condiciones que fije el reglamento.". O sea, las normas del proyecto en debate no constituyen novedad alguna respecto de lo ya determinado.
Dispongo de bastantes antecedentes; pero, en beneficio del tiempo, iré de inmediato a la parte que más me interesa.
Esta iniciativa no fija cuotas de extracción; no prohíbe el acceso a determinadas pesquerías; no reduce las cuotas que la administración actual reconoce a los usuarios; no establece requisitos que condicionen el acceso a la captura. Nada de eso hace esta iniciativa, que no produce ninguno de los efectos enumerados. Sí los produjo el régimen de acceso establecido en el Título III de la Ley de Pesca, largamente debatido en las prolongadas sesiones que demandó su estudio y que todos recordamos. Ahí se consignaron el sistema de plena explotación y los de pesquerías incipientes y en recuperación. Ese Título fue íntegramente votado con quórum calificado, y así lo reconoció el Tribunal Constitucional. De contrario, el proyecto que nos ocupa, inserto en el Título V de esa Ley ¿que no goza de tal atributo¿, sólo propone una medida de fiscalización técnica que tiende, entre otros propósitos, a proteger (fue solicitado por los mismos industriales) el derecho de captura de que gozan los beneficiarios de los regímenes especiales de pesca.
En otras palabras, antes que suponer limitaciones al acceso al dominio, esta iniciativa tiende precisamente a lo contrario: proteger el derecho a ese acceso.
Dispongo de bastantes más antecedentes. Pero creo que los señores Senadores tienen plena conciencia de que ésta es una normativa de control, de fiscalización, que de ningún modo afecta los derechos ya establecidos en el Título III de la Ley General de Pesca y Acuicultura.
El señor DÍAZ (Presidente accidental) .¿ Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.¿ Señor Presidente, me referiré a la situación que se vive en el área pesquera de nuestro país.
Ésta es tal vez la segunda de las actividades exportadoras más relevantes de Chile. Pero, si se analiza al interior, se verá que el sector de acuicultura está creciendo notablemente y que, por otra parte, debido a bajas en las capturas, a los precios internacionales en descenso, etcétera, el área correspondiente a la pesca extractiva está disminuyendo. Y una de las causas de la baja captura es la escasa posibilidad de controlar la actividad, y particularmente, a quienes la ejercen de manera ilegal.
Al respecto, una de las fórmulas que han surgido ¿no es nueva, pero está de acuerdo con el adelanto tecnológico, particularmente en lo relativo a la tecnología espacial¿, es la utilización de posicionadores automáticos de ubicación geográfica. Éstos pueden ser con uso de satélites, o incluso, aprovechando la capa de meteoritos que tenemos sobre el planeta.
En el fondo, lo único que pretende el proyecto es mejorar la capacidad de información y control de las áreas y tipos de pesca que se realizan en nuestro país, lo cual se halla mandatado en la Ley General de Pesca y Acuicultura. Por tanto, no se está adicionando ningún requisito para ejercer este modo de adquirir.
Disponemos incluso de informes en derecho, de acuerdo a nuestro Código Civil. Uno de ellos señala claramente que "los elementos constitutivos del modo de adquirir así denominado se reducen a: 1) que se trate de cosas que no pertenecen a nadie (res nullius); 2) que su adquisición no esté prohibida por las leyes; y 3) que tenga lugar la aprehensión material de la cosa con intención de adquirirla.". Y agrega: "Un modo de adquirir se define como el hecho material, en este caso la aprehensión de estos recursos, idóneo según la ley para que las cosas ocupadas o aprehendidas ingresen en el patrimonio de quien las ocupa, pasando en virtud de este acto a ser propias.".
Pues bien, las limitaciones a la adquisición del dominio fueron reguladas por el Titulo III de la Ley de Pesca. Después de un requerimiento, el Tribunal Constitucional exigió quórum calificado. Y ese asunto está obviado; es parte de la ley.
Sin embargo, como ha quedado bien señalado aquí, la obligación de contar con un dispositivo de transmisión automática de datos no es un elemento que pueda inhibir la actividad pesquera. Por el contrario, los distintos agentes pesqueros, sean industriales o artesanales, requieren de este elemento para salvaguardar la idoneidad de la actividad. En este aspecto, se sienten vulnerados quienes creen que el control les va a impedir ejercer una actividad de carácter ilegal.
Me explico.
Esto se refiere a pesca incipiente o a pesca en recuperación. El caso típico es el del bacalao: éste se licita por cuotas, las que se extraen en determinadas áreas de nuestro litoral ¿estamos hablando de la zona económica exclusiva¿, y aparecen otros agentes pesqueros ¿entre comillas¿, que dicen sacar bacalao más allá de las 200 millas, cuando se sabe que a esa distancia no existe la especie. Por lo tanto, no hay manera de controlarlos. Algunos, un tanto irónicamente, dicen: "¿Por qué no salen en avión a buscarlos, para ver si están pescando?". Obviamente, no se trata de que el sistema de control sea más caro que el producto que se obtiene.
Aquí tenemos un método reservado, claro, que va a salvaguardar a los agentes pesqueros en nuestro país y a resolver las áreas de conflicto ¿por ejemplo, las reservadas a los pescadores artesanales, donde están penetrando los industriales inescrupulosos¿, permitiendo, en definitiva, alcanzar un objetivo conveniente al interés nacional: recuperar el recurso para que vuelva a ser parte relevante de la actividad.
Además, esta medida es exigida por la Ley General de Navegación. Porque todos los barcos, sean pesqueros o no, tienen que informar su posición exacta en el momento de efectuar sus actividades, en horarios determinados. Eso se logra a través del método a que se refiere el proyecto, ya que la radio no es suficiente ni, a veces, confiable. Una gran cantidad de accidentes se podrían haber evitado en esta importante actividad de un Chile que, realmente, requiere ser marítimo.
Por ello, me permito solicitar que no se nos pidan a último momento "por secretaría", no segundas, sino cuartas o quintas revisiones a un proyecto que se necesita para salvaguardar la dignidad de la actividad en el país y para mejorar la imagen que Chile tiene en el concierto pesquero internacional (al que está accediendo) sobre la base de expresar su voluntad real de establecer métodos de control razonables.
En consecuencia, sugiero aprobar la idea de legislar; dar a la iniciativa rango común, y fijar plazo para presentar las indicaciones correspondientes.

El señor GAZMURI..- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIÚ.¿ Señor Presidente, este proyecto tiene por finalidad establecer un sistema de fiscalización. Pero, en cuanto a dicho sistema, presenta, a mi juicio, dos particularidades muy especiales.
Primero, parte del supuesto de que la fiscalización de una actividad ¿en este caso, la pesquera¿ debe realizarse de manera permanente. Eso constituye, en mi opinión, un sistema especialísimo en materia de fiscalización, porque la regla general es que ésta sea de carácter selectivo, tanto si es a organismos públicos, como es el caso de la que ejerce la Contraloría, cuanto si es a entes privados, como es la que realizan las Superintendencias de AFP, de ISAPRES, etcétera.
Digo esto a propósito de la observación hecha en cuanto a la factibilidad de que la fiscalización se concrete a través de un medio distinto, como sería el aéreo. Y se señala que ello es imposible porque la fiscalización tendría un costo enorme. Pero ahí se parte del supuesto de que aquélla sería permanente, es decir, durante las 24 horas del día. Ello sería ¿reitero¿ una modalidad excepcional, ajena a los conceptos modernos de fiscalización. Toda fiscalización es excepcional.
Me pidió una interrupción el Honorable señor Mc-Intyre, la que concedo con el mayor gusto.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Puede usar de la palabra Su Señoría.
El señor MC-INTYRE.¿ Señor Presidente, para realizar la fiscalización de que se trata, actualmente se emplea en el mundo el sistema que plantea el proyecto. En Europa en general, Japón, Australia, Nueva Zelandia, etcétera, las flotas pesqueras, en gran porcentaje, cuentan con el mecanismo aludido.
En el caso específico referido por la Honorable señora Feliú, una firma ha pedido fiscalizaciones. Pero el costo de realizarlas por avión equivale a la inversión que tendría que hacer el Estado para comprar un equipo de posicionamiento a cada buque. Respecto de un barco que navega 10 a 15 días, existe gran desproporción entre el costo de la fiscalización por avión y el de la efectuada a través de un pequeño aparato que vale entre 3 mil y 5 mil dólares.
Nada más, señor Presidente.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Continúa con la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIÚ.¿ Señor Presidente, creo que el hecho de que en otros países se realice fiscalización permanente es un antecedente digno de tener en consideración. Pero reitero que no es propia de los sistemas de control la fiscalización permanente o exhaustiva. Lo que debe haber siempre es un conjunto de normas sustantivas que prescriban conductas y que contemplen sanciones para las contravenciones a ellas. Cualquiera que sea el sistema ¿ computarizado o, como en el caso de Impuestos Internos, por sorteo¿, la fiscalización debe ser selectiva.
Desde este punto de vista, el mecanismo que se propone me llama bastante la atención.
En segundo término, se pretende que los elementos para llevar a cabo la fiscalización sean de cargo de los empresarios. Ello resulta tremendamente extraño y excepcional dentro de cualquier sistema. Una de las funciones propias del Estado es la fiscalización de las actividades que se encuentran regladas; por esta razón, aquél debe estar dotado de los recursos necesarios para efectuar los controles que se requieran, los que, naturalmente, deben ponderarse en la Ley de Presupuestos en cuanto a su cuantía, a la relación causa-efecto, etcétera. Pero ¿repito¿ que la fiscalización deba ser de cargo de los fiscalizados no me parece bien; creo que no corresponde a ningún sistema racional, por cuanto la fiscalización constituye una función pública y, por tanto, su costo debe tener financiamiento fiscal. En tercer lugar, señor Presidente...
El señor HORVATH.¿ ¿Me permite una breve interrupción, señora Senadora, sólo con el objeto de hacerle una aclaración?
La señora FELIÚ.¿ Con todo gusto.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HORVATH.¿ Señor Presidente, únicamente deseo hacer una precisión desde el punto de vista de la fiscalización permanente. En la navegación aérea, por ejemplo, es necesario conocer exactamente la posición de los aviones, labor que realiza la Dirección General de Aeronáutica. Éste es un caso concreto y vigente.
En segundo término, los elementos de fiscalización de cargo del ente fiscalizado son aquellos situados en los mismos barcos; de hecho, éstos los poseen, por razones de seguridad, de ubicación, etcétera. Ahora, recibir y procesar la información es una labor que debe ser costeada por el Estado. Y ello se encuentra avalado por una indicación que firmó el Presidente de la República.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Continúa con la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIÚ.¿ Señor Presidente...
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).¿ ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?
La señora FELIÚ.¿ Disculpe, Su Señoría, pero no daré más interrupciones. Estoy improvisando, y la verdad es que me resulta bastante difícil coordinar mi discurso con tantas interrupciones. Además, ellas se hacen con cargo a mi tiempo.
Así que estimo que sería mejor, señor Presidente, que mi Honorable colega interviniera después que yo, a fin de que los minutos que ocupe no me los descuenten a mí.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ La Mesa anotará al Honorable señor Andrés Zaldívar en la lista de oradores.
Puede continuar, señora Senadora.
La señora FELIÚ.¿ Señor Presidente, en relación al quórum necesario para aprobar el proyecto, comparto la opinión de que sus normas limitan una forma de adquisición de bienes, en los términos señalados por el artículo 19, número 23°, de la Constitución Política. Desde esa perspectiva, considero que su aprobación requiere el quórum especial de que habla dicho precepto. Lo anterior resulta claro, a mi juicio, ya que toda la normativa dice relación a la forma como se adquieren los peces, materia sobre la cual existe una serie de regulaciones en la Ley de Pesca, que aquí se complementan con un sistema de posicionamiento.
Por otra parte, ignoro ¿a raíz de la observación efectuada por el Honorable señor Horvath¿ si también ha sido objeto de indicación del Ejecutivo el artículo 64 C,| que establece que "Corresponderá a la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante la administración del sistema a que se refieren los artículos 64 A y 64 B."; que "El Servicio Nacional de Pesca será receptor simultáneo de la información", y que la forma de operar el sistema entre ambos organismos públicos se consignará por reglamento.
El artículo 64 C, en cuanto asigna a una repartición estatal el ejercicio de ciertas funciones públicas, es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. De modo que, si no hubiera indicación del Primer Mandatario ¿no he alcanzado a corroborarlo¿, su contenido constituiría una materia ajena a las facultades de los Parlamentarios, quienes no pueden asignar por medio de mociones nuevas funciones a organismos del Estado.
Por tanto, formulo cuestión de constitucionalidad en la medida en que el artículo 64 C no cuente con el patrocinio del Ejecutivo. Y en lo concerniente a la aprobación, estimo que el proyecto requiere quórum especial, en los términos del artículo 19, número 23°, de la Carta Fundamental, por las razones indicadas.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Tiene la palabra el Honorable señor Matta.
El señor MATTA.¿ Señor Presidente, desde el punto de vista de su tramitación legislativa, se ha planteado una serie de objeciones al proyecto en el sentido de que requeriría quórum calificado para su aprobación. El argumento jurídico que se esgrime es el artículo 19, número 23°, de la Constitución Política del Estado. En esta disposición se consagra la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, y se dispone que sólo una ley de quórum calificado "puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes".
Al respecto, se debe señalar que la adquisición de los recursos pesqueros se encuentra regulada en los diversos títulos de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en especial en el Título III, que precisamente se denomina "Del Acceso a la Actividad Pesquera Extractiva Industrial". Es aquí, justamente, donde se establecen las limitaciones y requisitos para la adquisición de los recursos hidrobiológicos.
Por tal razón, estas normas debieron ser objeto de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, fundándose el correspondiente requerimiento justamente en el artículo 19, número 23°, de la Carta Fundamental. Y así lo expresaron claramente en su oportunidad los Honorables señores Díez y Lagos, en su calidad de representantes de quienes requirieron en tal sentido a dicho Tribunal.
Lo anterior quiere decir que las limitaciones a la adquisición de estos recursos ya fueron objeto de normas de quórum calificado.
Por otra parte, la obligación que establece el proyecto de que las naves que operan en ciertas pesquerías cuenten a bordo con un dispositivo de transmisión de su posicionamiento en el mar, no es una nueva limitación o requisito para la adquisición del dominio, pues tal obligación tiene por objeto hacer cumplir las normas que regulan el acceso a los recursos pesqueros.
La exigencia de llevar tal dispositivo no es un régimen de acceso o de administración pesquera; es una obligación que deriva de regímenes o medidas de administración ya aprobados constitucionalmente en la Ley de Pesca. Ésta es una medida de fiscalización de normas o limitaciones establecidas previamente por el legislador. Lo que la Constitución exige es que las limitaciones y requisitos para acceder al dominio sean aprobados por quórum calificado, rango que no dispone para la fiscalización y cumplimiento de regulaciones ya aprobadas conforme a la Constitución Política del Estado.
En consecuencia, señor Presidente, este proyecto debe ser aprobado con quórum ordinario, pues el legislador tampoco puede extender los mayores requisitos constitucionales para la aprobación de las leyes sino a los casos claramente comprendidos en las palabras o términos empleados por el constituyente.
He dicho.
El señor DÍEZ.¿ Pido la palabra, señor Presidente.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.¿ Señor Presidente, la verdad es que estoy muy sorprendido...
El señor DÍEZ.¿ Señor Presidente, pedí la palabra hace rato.
El señor GAZMURI.¿ Yo estaba inscrito antes, señor Senador.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Para conocimiento de Sus Señorías, el orden de los inscritos es el siguiente: Honorables señores Gazmuri, Andrés Zaldívar, Ruiz De Giorgio, Thayer y Díez.
El señor GAZMURI.¿ Señor Presidente, no sólo estoy muy sorprendido del curso que ha tenido el debate de esta iniciativa, aparentemente tan simple, sino también de la inmensa resistencia que ha suscitado ¿incluso para proceder a su votación¿ en distintos señores Senadores.
Por lo tanto, me siento en la obligación de hacer una reflexión acerca de por qué despierta tanta resistencia y profusión de argumentos, los que ¿sin entrar a calificar las opiniones de los Honorables colegas¿, por lo menos, son muy discutibles y ¿yo diría¿ casi livianos.
El proyecto que nos ocupa ¿que por lo demás es muy restringido¿ establece un sistema de posicionamiento satelital que permite la fiscalización de determinadas pesquerías, las que, según la información de que dispongo, y en los términos en que lo propone la iniciativa, no representarían más de 25 barcos, sobre una flota industrial que excede los 750.
Además, la iniciativa permite mejorar los insuficientes sistemas de control en materia de cumplimiento de la Ley de Pesca, con un costo de alrededor de 3 mil dólares por equipo, lo cual nos lleva a pensar que tanta oposición se debe a que quizás estamos gravando actividades privadas con costos que las naves pesqueras no pueden razonablemente sufragar. Pero resulta que se trata de equipos que poseen una larga vida útil y de los cuales ya muchos barcos disponen.
Por otro lado, contar con un sistema de posicionamiento satelital lo más moderno posible es indispensable no sólo para controlar las naves, sino también para su seguridad en el mar. En la actualidad, hasta los modernos yates deportivos cuentan con instrumentos de posicionamiento satelital.
Entonces, uno se pregunta: ¿A qué se debe la enorme resistencia que despierta un proyecto tan simple y tan incompleto? Se ha argumentado que se establece un extraño sistema de fiscalización permanente, como afirma la Honorable señora Feliú. Pero resulta que existen muchos sistemas de control permanente. La Ley de Tránsito no es para fiscalizar de manera selectiva.
La señora FELIÚ.¿ Es selectiva.
El señor GAZMURI.¿ No. Se fiscaliza todos los días en todas las carreteras del país. Allí donde se puede. No se trata de que se fiscalice los viernes y domingos o una vez en el semestre, y que los Carabineros se dediquen a otras cosas.
Hay muchas fiscalizaciones encomendadas a las leyes, las que, por la propia naturaleza de las cuestiones que se desea controlar, deben ser permanentes, y otras, selectivas. Por lo tanto, me parece que se trata de argumentos realmente exagerados.
Se ha dicho que la iniciativa estaría afectando el dominio y que, por ende, su aprobación requeriría de quórum calificado, en circunstancias de que el dominio está regido por otra normativa legal (como bien lo ha dicho el Honorable señor Matta) a la cual se llegó después de un largo debate, que establece los regímenes de acceso a los recursos hidrobiológicos y que costó llevar adelante porque los intereses económicos y sociales comprometidos son muy poderosos. Y aquí estamos frente a un proceso y a una discusión legislativa en donde están o pudieran verse afectados intereses muy poderosos. Y yo no estoy diciendo que éstos sean necesariamente contradictorios, con el bien general. Pero creo que es de interés nacional una adecuada fiscalización de la Ley de Pesca, en vista de que fue el fruto de un esfuerzo muy grande para congeniar intereses poderosos y diversos de sectores, que además poseen distinto peso en la actividad pesquera. Es de conveniencia nacional que la ley que aprobamos sea debidamente fiscalizada, para que esta actividad, tan importante para el desarrollo del país, por basarse en la explotación de recursos renovables, sea una industria que pueda sobrevivir en el tiempo. Y eso requiere una adecuada fiscalización, salvo que presumamos que en la naturaleza hu mana de los empresarios pesqueros han desaparecidos los aspectos negativos y todos, sin fiscalización, se someterán al estricto cumplimiento de la ley. Pero ello no ocurre ni en este sector económico ni en otras actividades humanas.
Por lo tanto, lo que estamos discutiendo aquí es si hay o no hay voluntad para proceder a una adecuada fiscalización de una ley aprobada por el Congreso, la que tiene una importancia decisiva para el desarrollo económico del país y también para muchas regiones de Chile ¿en donde la actividad pesquera, en forma creciente, se ha transformado en una fuente de ingreso fundamental¿ y cuyo propósito es velar por que no ocurra con esta industria lo que ha sucedido con otros recursos naturales chilenos, que, debido a una explotación sin control ni fiscalización, después de ciclos productivos ha sobrevenido su destrucción. A lo largo de la historia de Chile, hemos destruido demasiadas fuentes naturales provenientes de la tierra, del agua, de la flora y de la fauna. De allí que, para preservar los recursos hidrobiológicos, se requiere la aplicación de la ley, para lo cual es necesario contar con modernos sistemas de fiscalización. Y esta iniciativa es un primer intento ¿muy tímido¿ de establecer sistemas modernos y relativamente baratos de fiscalización.
Votaré en favor del proyecto en debate, porque considero que ésos son los intereses que deben primar en esta discusión, y no el eventual interés que pudieran tener algunas empresas de no ser debidamente fiscalizadas. Si lo hiciéramos, creo que estaríamos dando una muy mala señal como Senado.
Debo agregar que hay ciertos intereses que no son debidamente resguardados en el proyecto que estamos analizando en esta oportunidad y que básicamente tienen que ver con los derechos que la ley entrega a los pescadores artesanales del país, que constituyen varios miles de familias. Casi medio millón de personas que viven de esa actividad en Chile. A ellos la ley les reservó una milla de uso exclusivo y cinco millas de uso preferente. En muchas partes del país una excepción que quiso hacer el legislador ha terminado por convertirse en regla. A los consejos regionales se les otorgó la atribución para entregar concesiones de pesca dentro de aquellas cinco millas en lugares donde no hubiera pesca artesanal; pero esta excepción deseada por el legislador ¿reitero¿ terminó convirtiéndose en regla general.
Asimismo, debo señalar que en un litoral tan extenso como el de la Séptima Región, que represento en el Senado (hace pocos días estuve con la Federación de Pescadores Artesanales de la Séptima Región), cuya extensión no recuerdo de memoria hoy, pero a "ojo de buen cubero", como decían los antiguos maulinos, debe alcanzar más o menos trescientos kilómetros, resulta que sólo hay 17 kilómetros en Constitución donde no se ha "perforado" el espacio destinado a la pesca artesanal. Y no se trata de que en el resto de la Región no se desarrolle dicha actividad, porque no sólo la hay en Curicó, sino también en la provincia de Cauquenes, como consta al Honorable señor Matta. Pues bien, en esa zona, sólo ha quedado la milla para el uso exclusivo de la pesca artesanal. No obstante ello, todos hemos sido testigos ¿al menos personalmente¿ de cómo, incluso dentro de la milla, se efectúa pesca de arrastre. Es decir, los barcos industriales están realizando pesca de arrastre en la milla destinada exclusivamente a la pesca artesanal. Uno se hace cargo de estos problemas, pero resulta que en la Capitanía del Puerto de Constitución no hay embarcaciones y se carece de los elementos mínimos para efectuar una fiscalización que permita dar cumplimiento a la ley. Normalmente, dicho control es caro e insuficiente. Y tanto los funcionarios del Servicio Nacional de Pesca (SERNAP) como los de las gobernaciones marítimas deben observar desde la costa cómo se viola la ley a ojos vista de la autoridad, con grave perjuicio para un número muy importante de pequeños y modestos empresarios que trabajan en sus botes pesqueros.
Por lo tanto, considero indispensable ¿y vamos a presentar la indicación correspondiente¿ que esta exigencia mínima, que además forma parte de la tecnología de la moderna navegación, se establezca como obligatoria para toda la flota industrial, de manera que, efectivamente, demos cumplimiento a una función que, a mi juicio, es la más propia del Poder Legislativo: asegurar las condiciones para que las leyes que aprobemos tengan cumplimiento cabal. Creo que nada hay que pueda erosionar más el Estado de Derecho y la igualdad de los ciudadanos que el hecho de dictar leyes, pero que, como durante la Colonia, se acatan pero no se cumplen. Y para que las leyes se dicten, se acaten y se cumplan, debe existir un adecuado sistema de fiscalización. Y ésta, y no otros sofisticados artilugios sobre el tema de su constitucionalidad, es la cuestión de fondo que hay tras la votación que efectuaremos en pocos minutos más.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).¿ Señor Presidente, no me referiré al fondo del problema porque no tengo discrepancias con lo establecido por la ley. Por lo demás, la proposición está dirigida, en forma excepcional, a las pesquerías en régimen de recuperación y a las de en estado de desarrollo incipiente. Ir más al fondo me obligaría a una discusión mayor. Pero tal como está planteada la iniciativa, me parece procedente.
Sin embargo, quiero precisar mi criterio respecto de dos afirmaciones que se han hecho y con las cuales no concuerdo.
En primer lugar, estimo que la afirmación de que la fiscalización, para los efectos de la legislación, debe ser de carácter general y permanente, no resiste un mayor análisis, como lo hizo ver el Honorable señor Gazmuri. No sólo tenemos el caso de la Ley del Tránsito, sino el de la Superintendencia de Bancos que, por ejemplo, supervigila la actividad bancaria todos los días, y cada vez que sea preciso.
En segundo término, el argumento de que el implemento necesario para realizar un control determinado debe financiarlo el que fiscaliza, tampoco me parece procedente. En la actualidad, por ejemplo, los automóviles, para poder circular todos los días, deben contar con un elemento denominado catalizador, que sirve para controlar la emisión de gases. No sería lógico que el Estado se encargara de su pago.
Por lo tanto, considero que tales argumentos carecen de fundamentos.
En lo referente al quórum, coincido con lo señalado por el Honorable señor Matta, y que se ajusta a lo que establece la Constitución. Aquí estamos consagrando una forma de fiscalización. No estamos fijando límites ni requisitos a la adquisición del dominio, tema abordado en el número 23 de la Carta Fundamental. Por lo demás, como muy bien apuntó el mismo señor Senador, esa materia ya fue reglamentada en el artículo 3° de la Ley General de Pesca, que ya dictamos, y que no estamos modificando. Además, existe al respecto jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional, y recuerdo específicamente el caso de la Ley de la Contraloría en que se dijo que el quórum calificado procedía sólo cuando estuviera claramente señalado en la Constitución. En este caso, podría entenderse que hay dudas en tal sentido. He escuchado argumentos que nos podrían llevar a tener dudas de si lo que se propone es nada más que una fiscalización o una limitación o una determinación de requisitos para adquirir el dominio. Pero ante la duda, tenemos que remitirnos a la norma constitucional citada por el Tribunal Constitucional en cuanto a que el quórum calificado se aplica sólo en los casos en que ella claramente lo establece.
He dicho.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Tiene la palabra el Honorable señor Díez.
El señor DÍEZ.¿ Señor Presidente, yo no he entrado a la discusión del fondo del proyecto, cuyos conceptos básicos comparto.
Estimo muy perjudicial, por los precedentes que se crean, el que requisitos impuestos por la Constitución, y que se desprenden de su tenor literal, sean interpretados no dando a las palabras el sentido normal y lógico.
"Requisito", según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, es "Circunstancia o condición necesaria para una cosa".
La iniciativa dice que no se puede pescar si no se cumple con la obligación de contar con determinado dispositivo.
El señor GAZMURI.¿ No dice que no se podrá pescar.
El señor DÍEZ.¿ Las sanciones se imponen porque se puede hacer. Ésa es otra manera de burlar la Ley. Ésta no puede imponer sanciones a un acto legítimo, sino a los ilegítimos. Luego, el proyecto declara que, para que el acto de pescar sea legítimo, debe poseerse tal dispositivo. Ése es un requisito, sin el cual no se puede pescar legítimamente.
El señor GAZMURI¿ ¡Debe tener un barco también!
El señor DÍEZ.¿ De manera que no se puede recurrir a comparaciones con otras actividades distintas, porque las obligaciones inherentes a ellas pueden fijarlas la ley o aun el reglamento. Aquí se trata de una cosa distinta, y la Constitución señala especialmente que, en los modos de adquirir, una ley de quórum calificado puede establecer limitaciones ¿cualquiera, aun la menor¿, o "requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes". Cualquier requisito, grande o chico; la Constitución no hace distinción. Y el propio texto legal dispone que "los armadores" "deberán instalar a bordo" ¿éste es un requisito¿, y que "la misma obligación" deberán cumplir otras personas. Pero la mantención en funcionamiento del sistema de fiscalización no tiene relación con esto. La fiscalización es un acto del Estado. Sólo él puede hacerlo; pero si para ello impone a una actividad un requisito que dice relación con un modo de adquirir, él debe establecerse mediante una ley de quórum calificado.
Considero grave interpretar las palabras de la Constitución de manera que haga más fácil el despacho de las leyes, sin recurrir al sentido literal y lógico de los vocablos.
Finalmente, repito la definición de "requisito" que da el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia: "Circunstancia o condición necesaria para una cosa".
He dicho.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.
El señor THAYER.¿ Señor Presidente, sólo formularé brevísimas reflexiones porque, obviamente, es un tema muy ajeno a mi especialidad. Pero los Senadores, antes de votar, tenemos el deber de formarnos consciencia de un asunto.
He escuchado con suma atención los largos debates habidos sobre la iniciativa, y que, a mi juicio, son consecuencia, en gran medida, de dos hechos: de la Ley General de Pesca, que fue motivo de una muy extensa, completa y acuciosa discusión, y de la situación que se ha producido en los derechos del mar que significa a nuestro país, como consecuencia de la configuración de su territorio, contar con una zona económica exclusiva que equivale aproximadamente a dos veces y media la extensión de su superficie continental. Esto no ocurre con ningún otro país del mundo, por la forma que Chile tiene.
Por eso, el proceso de llegar a administrar adecuadamente esa inmensa zona económica exclusiva en un medio tan especial para nosotros ¿que no sólo somos terráqueos, sino de terrenos de suelo firme¿ obligó, con motivo de la Ley de Pesca, a fijar una serie de condiciones ¿más precisadas en el Derecho del Mar¿ que determinan un ordenamiento de las cosas y los derechos en esa zona que no pueden ser los mismos que se ejercitan en tierra firme. Hay entrecruzamiento de exigencias o valores de seguridad, muchos de los cuales están cubiertos por la Ley de Navegación, pero hay otros en los que entra a intervenir el interés de lucro de las empresas que actúan en ese medio.
Pero en esta etapa de la discusión general, veo que se trata de un proyecto que deriva, en sus puntos más cruciales, de normativas que anteriormente estuvieron vigentes en Chile.
Para las pesquerías se fijaron ciertos regímenes especiales de acceso, algunas condiciones de plena explotación, de explotación incipiente, en fin. La legislación es difícil de aplicar y de controlar, porque, evidentemente, el objeto perseguido, el pez, y el proceso de transformarlo en pescado ¿que desde el punto de vista gramatical es relativamente fácil¿, da origen a toda una industria que se desarrolla en forma dificultosa, debido a que estas especies emigran. De modo que su control, para el objetivo .de la empresa, es bastante difuso y azaroso. Y para la supervisión del cumplimiento de las obligaciones o reglamentaciones de la Ley de Pesca hay que establecer, a mi juicio, nuevos mecanismos, a tono con el desarrollo del derecho espacial y del sistema de control satelital y sus medios anexos.
Tengo entendido ¿y todo lo que señalo es casi una fundamentación de mi voto favorable en general¿ que en la Ley de Navegación hay normas que obligan a los barcos a indicar el punto donde se encuentran. Pero éste es un cuerpo legal muy antiguo ¿por lo que recuerdo de mis viejos estudios de Derecho Marítimo¿; y cada día es más necesaria la comunicación recíproca entre la nave y quien, en definitiva, debe de alguna manera controlarla o comunicarse con ella.
Ahora, eso supone, en los medios modernos ¿me parece razonable que exista como contrapartida de un posible control satelital¿, un elemento receptor en la nave que permita que esto opere en términos comerciales y modernos, y que no se obstaculice a quien se encuadra dentro de la norma, pero sí al que la infringe.
Mi impresión ¿respetando, naturalmente, el punto de vista de mis Honorables colegas que han planteado las cosas en forma distinta¿ es que en el proyecto no existe una tentativa de fiscalización permanente, sino que se propone el establecimiento de un mecanismo para fiscalizar en el momento oportuno, y no cuando ya sea inoportuno, inoficioso o inútil.
Éste es el sentido básico, a mi entender, de la iniciativa que nos ocupa.
Asimismo, pienso que tampoco es su objetivo modificar las normas del Código Civil en lo relativo a una forma de adquirir el dominio por ocupación.
Resulta claro que desde que la Constitución de 1925 estableció las regulaciones propias del dominio, de acuerdo con las exigencias del bien común general, cualquier reglamentación implica, en cierta manera, un requisito, y, si "le sacamos mucha punta al lápiz", encontraremos alguna forma de limitación del dominio. Por supuesto que cualquier regulación es una limitación frente a ninguna regulación. Pero estamos en la discusión general del proyecto, y como es posible que algunos preceptos requieran ser corregidos, ello podrá realizarse a través de indicaciones.
Sé que hay asuntos de discutible iniciativa parlamentaria, los cuales han sido "atravesados" ¿en cierta forma¿ por indicaciones del Presidente de la República. De manera que debemos revisar qué comprende la iniciativa del Jefe del Estado y averiguar si hay algo que se nos escapa.
En líneas generales, entiendo el proyecto como una norma complementaria de un sistema que, en lo referente a la legislación general de adquisición de bienes por ocupación en un medio especial, que es la zona económica exclusiva ¿el medio marítimo¿, debe establecer controles para que se cumplan las disposiciones respectivas. Ello, a fin de que no se moleste a quienes se ajustan a ellas, y de que, en caso de infracciones, pueda focalizarse la sanción en quien efectivamente corresponda.
Por eso, después de haber escuchado con mucha atención el debate, y sabiendo que se fijará plazo para presentar indicaciones, anuncio, desde ya, que votaré a favor de la idea de legislar. Además, deseo que esta intervención se considere como fundamentación de mi voto.
He dicho.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Tiene la palabra el Senador Ruiz.
El señor RUIZ (don José).¿ Señor Presidente, quiero hacer notar que efectivamente resulta difícil el debate de una materia de alta especialización sin tener a la vista todos los elementos.
En la Comisión sostuvimos una larga discusión sobre el proyecto. Pedimos antecedentes, e invitamos a ella a expertos en el tema que explicaron, incluso, el funcionamiento de los equipos y nos informaron sobre lo que ocurre al respecto en otras partes del mundo.
Hubo largos debates y en todos ellos participó el Gobierno. Más aún, para resolver las dudas suscitadas sobre la capacidad de iniciativa parlamentaria en algunas materias, el Ejecutivo presentó una indicación que resumió todas las observaciones. Es decir, cuando la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia planteó sus reparos de constitucionalidad, en el momento en que recibimos observaciones de los organismos empresariales de pesca, en fin, cuando tuvimos todos los antecedentes en la mano, solicitamos a la Subsecretaría de Pesca elaborar una indicación que recogiera todos estos elementos y se incorporara al proyecto inicial.
Así, por ejemplo, se asignó la responsabilidad del control fundamental a la Dirección del Territorio Marítimo, y no a la Subsecretaría de Pesca ¿como, incluso, lo propuso el Senador señor Adolfo Zaldívar mediante una indicación¿, porque se planteó que no correspondía a la iniciativa parlamentaria cambiar las atribuciones de un organismo del Estado. De modo que ¿reitero¿ el Ejecutivo entregó esa responsabilidad a la Dirección del Territorio Marítimo y dispuso que la Subsecretaría de Pesca recibiera la información en forma paralela, y en esa forma quedó en el proyecto, porque efectivamente la iniciativa correspondía al Primer Mandatario.
Asimismo, deseo referirme fundamentalmente al fondo del problema.
En primer término, para desvirtuar lo señalado en cuanto a que esta disposición sea de quórum calificado, debo mencionar algunos elementos muy simples. Actualmente, la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante - cuenta con atribuciones para imponer exigencias respecto de la navegación. Por ejemplo, en Punta Arenas se ha producido una discusión entre la Asociación de Pescadores Ar-tesanales y esa Dirección tocante a un problema que afecta a las naves menores, de pesca artesanal, que trasportan productos desde los distintos lugares de captura en los canales hacia los puertos de desembarque. O sea, navegan muchas horas en sectores que presentan ciertos riesgos. La Dirección del Territorio Marítimo ha estimado que no son suficientes los chalecos salvavidas o el bote que utilizan para pescar, sino que las naves debieran contar con una balsa salvavidas con capacidad, a lo menos, para seis personas. Esta exigencia aparece absolutamente razonable, desde el punto de vista de la seguridad de las personas que las ocupan. ¿Cuánto vale una balsa salvavidas? Puesta en Punta Arenas, un millón 200 mil pesos. Y estamos hablando de pescadores artesanales, cuya embarcación debe costar alrededor de 10 millones de pesos, y se les exige una balsa del valor indicado. Los pescadores artesanales no han rechazado en forma categórica tal exigencia, sino que han señalado: ¡Bueno, pero discutámoslo! ¡Veamos cómo se puede hacer! Incluso, asumí la responsabilidad de hacer gestiones tendientes a conseguir algún crédito o de ver la forma de implementar la medida razonablemente, por tratarse de algo que va en beneficio de los propios pescadores.
¿Podría alguien decir que se está imponiendo una nueva exigencia a los armadores de pesca artesanal para efectuar sus tareas extractivas y que la medida es expropiatoria? Fíjense, Sus Señorías, que por el valor que se plantea casi podría hablarse de que lo es. Y ni siquiera se necesita ley, sino una decisión de la autoridad marítima.
Entonces, ¿de qué se trata? De una exigencia. El Senador señor Andrés Zaldívar citaba el caso de los convertidores catalíticos para los automóviles; yo puedo poner el de los tacómetros que se obliga a instalar en todos los vehículos que transportan pasajeros. Y a quienes sostienen que es el Estado el que debe destinar recursos en la Ley de Presupuestos en cuanto a la materia que nos ocupa, les pregunto si acaso éste proporciona el tacómetro. No, el dueño del vehículo lo coloca, y si no lo hace, sencillamente no puede circular. Y nadie reparó en que se requería de una ley de quórum calificado para llevar tal medida a la práctica.
A mi juicio, estamos extremando las cosas, y no podemos seguir por este camino.
El señor DÍEZ.¿ ¡Nadie piensa que es el modo para adquirir el dominio!
El señor RUIZ (don José).¿ ¡Tampoco se dice que a alguien le están expropiando el vehículo por exigirle instalar un tacómetro!
El problema de fondo es otro: con los instrumentos y los elementos de que se dispone en Chile es absolutamente imposible fiscalizar el cumplimiento de la ley, porque nuestra costa y mar patrimonial son de una magnitud tal, que un país tan pequeño como Chile no cuenta con los recursos para hacerlo. No podemos dotar a la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante con suficientes aviones y buques para controlar la actividad pesquera. El Senador señor Mc-Intyre señaló recién que el precio de un avión destinado a ese propósito supera varias veces el costo de instalación del pequeño instrumento a bordo de los buques que se propone en el proyecto en análisis.
Más aún: de aquí a cuatro o cinco años más estaremos riéndonos de esta discusión, porque lo más probable será que la propia DIRECTEMAR plantee como exigencia que todas las naves mayores deberán llevar un equipo de posicionamiento satelital, o de otro tipo, para determinar con exactitud su posición y ejercer mayor vigilancia sobre ellas. Porque el actual sistema de ubicación de los barcos por medio radial es burlado permanente y sistemáticamente. Disponemos de antecedentes de la Dirección del Territorio Marítimo que indican que naves que han estado pescando o navegando fuera de las áreas correspondientes dan posiciones equivocadas. Inclusive, hay algunas que han informado su ubicación mediante una radio situada en las oficinas en tierra de la respectiva empresa, contraviniendo la ley y burlándose de todo el mundo.
Con el sistema contemplado en el proyecto en comento es imposible hacerlo, por cuanto el instrumento emite una señal única, cada cuatro horas, que será captada por los equipos instalados en las oficinas de la DIRECTEMAR y en la Subsecretaría de Pesca. Además, es de bajo costo, no excede los 3 mil o 4 mil dólares.
¿Por qué la fiscalización debe ser continua? No deseo polemizar con quienes son contrarios a ella; pero la única posibilidad real que existe para saber si un buque ha estado pescando o navegando en cierta área es conocer su trayectoria durante un tiempo determinado. Hay naves que informan estar pescando fuera de las aguas patrimoniales chilenas ¿esto es, más allá de las 200 millas¿, y resulta que lo hacen dentro de ellas. ¿Cómo controlarlas?
Cuando aprobamos la Ley Arica, establecimos que los buques extranjeros que pesquen en alta mar y deseen ingresar a los puertos del norte y del sur a descargar sus productos pueden hacerlo, siempre que estén dotados de un sistema de posicionamiento satelital. ¿Con qué fin? Para saber que no están operando en nuestras aguas territoriales y capturando una cuota asignada a determinados empresarios que han pagado por ella, quienes, en definitiva, resultarían burlados.
¿Qué se propone mediante el proyecto en estudio? Proteger a los buenos armadores que cumplen escrupulosamente sus obligaciones, y dejar al descubierto a los malos elementos, a quienes transgreden la ley y perjudican a los que sí la observan. En la actualidad, en la pesquería del bacalao hay algunos que están pescando pese a no tener cuotas asignadas; pero no hay cómo fiscalizarlos.
Por lo tanto, creo que lo procedente es dejar de lado las sutilezas, aceptar que ésta es una iniciativa de quórum simple, aprobarla en general y fijar plazo para presentar indicaciones a fin de mejorarla. Son muchos los aportes que se pueden hacer; pero ¿¡por favor!¿ no impidamos el despacho de un buen proyecto, que tiene sentido y que incorpora tecnología. Hay quienes hablan de modernidad; pero no se trata sólo de hacer discursos, sino de aprovechar los adelantos de la ciencia para hacer más eficiente la explotación de nuestros recursos y permitir que el país se levante y camine realmente por la senda del desarrollo.
He dicho.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.¿ Señor Presidente, seré muy breve, pues a estas alturas del debate hay suficiente información ilustrativa de los distintos puntos de vista.
Respecto del fondo del proyecto, a través de la discusión habida y de la evolución que ha tenido desde que inició su tramitación ¿lo analizamos en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, a propósito de consultas específicas que se le formularon¿, me he ido formando la convicción de que la exigencia de instalar este sistema de posicionamiento geográfico automático con apoyo satelital en naves pesqueras tiene una finalidad positiva en sí misma. Por ello, anticipo desde ya mi voto favorable a la idea de legislar, particularmente por la forma como se han ido superando las dificultades que presentaba el texto en un momento determinado, incluso de orden constitucional.
En cuanto al debate suscitado en torno del quórum de aprobación, a mi modo de ver, se trata de una iniciativa que, por su contenido, está referida a una forma de regular el modo de adquirir el dominio. Que la pesca es una forma de adquirir el dominio de una clase determinada de bienes, no está en discusión. Así se ha considerado desde hace muchos siglos; otro tanto sucede con la caza. Y eso no se discute. Lo que se debate es si el establecimiento de este requisito constituye una mera fiscalización, o si es una exigencia para el ejercicio de la actividad pesquera, para la adquisición de ciertos bienes, en este caso, los peces.
Deseo manifestar mi posición favorable a la interpretación de que se requiere quórum calificado para aprobarla. El instrumento con que se pretende regular la situación puede servir para muchos objetivos. En efecto, el sistema de posicionamiento que se propone puede utilizarse para fiscalizar por parte de un servicio público; también puede ser de gran ayuda para casos de accidentes, al permitir la pronta ubicación de la nave siniestrada e ir en su auxilio; puede tener múltiples finalidades. Pero hay una que señaló el señor Subsecretario de Pesca ¿quien nos acompaña en la Sala¿, en su exposición de motivos ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, la cual, a mi juicio, es muy iluminadora respecto del tema que estamos discutiendo. En el respectivo informe se consigna lo siguiente:
"Puso de relieve que la Administración del Estado no dispone de mecanismos eficaces para enfrentar esta situación, de manera que tampoco puede asegurar el cabal ejercicio de los derechos de los particulares que han accedido ¿a través de licitaciones¿ a las autorizaciones para pescar mediante el régimen de pesquería incipiente.".
¿Qué significa esta afirmación? Que, para asegurar el ejercicio de los derechos de los particulares ¿¿a cuáles se refiere? Por ejemplo, al derecho de pesca, a que por esta vía se pueda adquirir el dominio de los peces¿, resulta necesario contar con un sistema de posicionamiento como el propuesto, dados los avances tecnológicos y demás circunstancias referidas en detalle.
En consecuencia, en el objetivo que se busca existe claramente la intención de consignar un requisito para el ejercicio del derecho a la pesca. Ésa es precisamente una de las exigencias de la Constitución al disponer que la adquisición del dominio de algunos bienes sea mediante una ley de quórum calificado y cuando así lo exija el interés nacional.
Por lo tanto, desde el punto de vista de las finalidades del proyecto, cabe señalar que nos encontramos en presencia de una normativa que, ciertamente, regula la forma de adquirir el dominio. Siendo así, me parece que su objetivo debería alcanzarse con quórum calificado, lo cual, en mi opinión, no entorpece el funcionamiento de la ley. Además, tengo la impresión de que hay un ánimo generalizado en orden a apoyarlo.
En resumen, tratándose del dominio y del derecho de propiedad, tan resguardados ¿y con razón¿ por nuestra Carta Fundamental, creo que deberíamos hacer un esfuerzo para mantener en alto ese objetivo, que yo personalmente comparto.
Señor Presidente, el Honorable señor Mc-Intyre me ha solicitado una interrupción, que se la concedo con la venia de la Mesa.
El señor MC-INTYRE.¿ Ya se encuentra contemplado el requisito que obliga a informar sobre la ubicación de la nave; figura en el artículo 63 de la Ley de Pesca, el cual dispone que las embarcaciones deberán informar a la administración la captura por especies y el área de pesca, en la forma que establezca el reglamento. Por lo demás, la Dirección General del Territorio Marítimo exige a las naves que entreguen tal información todos los días.
Como dije, dicho requisito ya se encuentra consignado, y lo que se está haciendo ahora es especificar la forma de proceder; pero como el mecanismo del artículo 63 resulta muy complejo, se pretende que ello sea regulado a través de la normativa en análisis.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Puede continuar con el uso de la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.¿ Señor Presidente, entiendo el planteamiento de Su Señoría. Sin embargo, creo conveniente revisar la norma que se propone, porque ella contempla el cumplimiento de un requisito para obtener el ejercicio del derecho a la pesca, que puede ser adquirido por un particular a través de una licitación.
Ése es el objetivo que desea la autoridad al manifestar que resulta imposible asegurar el cabal ejercicio de los derechos si no dispone de estos mecanismos. De modo que esto, ciertamente, constituye una exigencia para el desarrollo de la actividad pesquera.
Me parece que estamos frente a una de las situaciones que regula el inciso segundo del número 23 del artículo 19 de la Constitución Política. Por consiguiente, estimo que la iniciativa debe ser aprobada con quórum calificado.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Tiene la palabra el Honorable señor Bitar.
El señor BITAR.¿ Señor Presidente, en primer lugar, respaldo la idea de aprobar en general el proyecto, por cuanto soy uno de sus autores.
Será obvio dentro de poco tiempo, porque el progreso tecnológico prácticamente exigirá que en el futuro todas las naves usen el dispositivo de que se trata. De manera que tal mecanismo constituye un adelanto para satisfacer ciertas necesidades, pues presenta ventajas tanto en el aspecto de seguridad de las embarcaciones como en la protección de los recursos.
En segundo término, deseo expresar ¿a ello ya se refirió el Honorable señor Ruiz De Giorgio¿ que con motivo del análisis de la legislación atinente al desarrollo de Arica y Parinacota, el Senado aprobó una norma que contempla el establecimiento de un posicionador satelital para las naves extranjeras que recalen en los Puertos de Arica, Iquique y Punta Arenas. Por lo tanto, también ya hemos dado un paso importante en esa dirección.
En seguida, quiero hacer dos observaciones adicionales. Una se refiere a las objeciones formuladas en la Sala en torno de la preocupación de parte de algunos empresarios por el hecho de que la información que entreguen pueda ser mal utilizada, ya que si alguien toma conocimiento de ella, podría significar el debilitamiento de su capacidad de extraer más peces, la que constituye su activo. Pero, ciertamente, en la normativa se encuentran bien resguardadas las condiciones para que la información sea absolutamente privada y sólo pueda ser manejada por dos instituciones. En este sentido, se establecen disposiciones con determinadas sanciones en caso de que aquélla sea mal empleada.
La segunda observación dice relación a los costos del sistema. Cómo éstos están bajando debido a los avances tecnológicos, a mi juicio, no habría obstáculo Queda una tercera inquietud planteada en la Sala: si la normativa es o no de quórum calificado. En mi opinión, todo cuanto implique restricciones al uso de un bien natural debe ser aprobado con ese carácter, como lo establece la Constitución Política de la República. Pero la duda que surge es si en tal caso estamos consignando una limitación o estableciendo ¿es lo que me parece¿ un procedimiento para ejercer una limitación que se contempla en otra normativa.
Si la ley ya dispuso que para pescar deben cumplirse ciertos requisitos y acá se propone un sistema tecnológico más avanzado a fin de lograr ese propósito, ello no significa imponer una nueva limitación al uso de un derecho, sino consagrar un procedimiento distinto, tendiente a revisar si él está siendo bien aplicado y a procurar que tal exigencia resulte más eficiente.
Si ése es el punto, deberíamos discutir si efectivamente estamos limitando un derecho, o bien ¿como yo supongo¿, precisando cómo se utiliza el procedimiento para medir la aplicación y el aprovechamiento del mismo.
Por último, deseo manifestar que es conveniente analizar si es muy reducido o no el plazo de 60 días que figura en el artículo transitorio para que entre en vigor la ley. Si ello es así, tendríamos que fijar uno más extenso, a fin de contar con el tiempo suficiente para adaptarse al sistema, obtener los recursos correspondientes e instalar los posicionadores satelitales. Personalmente, me inclino por revisar ese aspecto, y anuncio que formularé indicación con el objeto de ampliar el plazo.
En todo caso, me sumo a la idea de legislar en la materia, tanto más cuanto que el Ejecutivo ha expresado su voluntad de actuar en la misma dirección al respaldar la moción de algunos señores Senadores. Además, creo que es importante dar una atención especial a las iniciativas originadas en la Cámara Alta, si se tiene en cuenta la abundante cantidad de proyectos de ley que provienen del Ejecutivo y el menguado número de mociones surgidas desde esta Corporación.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor BERNAL (Subsecretario de Pesca).¿ Señor Presidente, Honorable Senado, en esta oportunidad hemos concurrido a participar en el debate del proyecto porque creemos que el tema en discusión reviste la mayor importancia para el sostenimiento y resguardo del orden público pesquero y ¿me atrevería a agregar¿ del orden público económico.
En primer lugar, quiero recordar la situación que motivó esta iniciativa, la cual ¿como lo recordó el Senador señor Bitar¿ tuvo su origen en el Senado. Con ella se pretende resguardar los derechos que los particulares adquirieron en un momento en lo que respecta a cuotas individuales de captura de una determinada pesquería. Ellos, por lo tanto, merecen recibir el resguardo que la Administración les pueda brindar, a fin de que el derecho de propiedad de los recursos marítimos sea ejercido como corresponde.
En cuanto a los hechos vinculados a esta materia, debo señalar que las especies que son objeto de la pesquería demersal sur-austral tienen un valor más elevado que el resto de las que abundan en las aguas chilenas. A modo de información, puedo decir que el 94 por ciento de las capturas ¿es una cantidad considerable (Chile actualmente es el cuarto país pesquero en el mundo en términos de desembarque)¿ se destina a una industria muy moderna y competitiva, la cual contribuye con el 12 por ciento de las exportaciones nacionales. Me refiero a la fabricación de harina de pescado y aceite. Además, tal industria ¿de la que estamos muy orgullosos por la capacidad de modernización que ha demostrado en el último tiempo¿ paga como precio de primera venta, aproximadamente, 4 centavos de dólar por el kilo de las especies capturadas.
Cuando nos referimos a la pesquería sur-austral, estamos hablando de peces frescos que vendidos en los mercados de Europa o norteamericano su precio es de 8 dólares el kilo. Vale decir, esa actividad no es comparable con otras similares. Si así fuera, caeríamos en un grave error, pues ello equivaldría a aplicar normas análogas la minería del cobre y a la del diamante.
Lamentablemente, si hubo algo en lo que no se pudo modernizar nuestra legislación y nuestra Constitución, fue precisamente en lo relativo al tratamiento de los valiosos recursos pesqueros, quedando éstos sometidos al régimen anacrónico de las "res nullius".
En cuanto al esfuerzo de modernización de la iniciativa, él queda de manifiesto con el deseo de actualizar una de las instituciones más modernas de la Ley de Pesca aprobada en 1991: la asignación de los derechos individuales de propiedad en lo concerniente a los recursos pesqueros. Tal innovación administrativa pone a Chile a la altura de su condición de cuarto país pesquero en el mundo.
Las cuotas individuales transferibles que autoriza asignar el Título Tercero de la Ley de Pesca a las pesquerías en recuperación y en desarrollo incipiente ¿como en el caso del bacalao de profundidad¿ constituyen un perfeccionamiento y modernización de dicha normativa legal, siendo deseable estudiar su extensión a otras pesquerías del país.
El progreso de la humanidad se ha acelerado notablemente con el perfeccionamiento del derecho de propiedad. Cuando no existe propiedad sobre los recursos, estamos en una situación anacrónica y retardataria, que debe ser mejorada. Pensamos que, en este caso, lo que corresponde es fortalecer el régimen establecido en la Ley de Pesca, el cual permitió efectivamente la recuperación de una pesquería importante, como la del langostino colorado, en la Octava Región.
Me sorprende que el esfuerzo de modernidad contenido en ese cuerpo legal lo pongamos en peligro al no adoptar las medidas necesarias para asegurar la debida fiscalización del derecho que los particulares han adquirido en subasta pública.
Otro elemento de modernidad al cual aquí se ha hecho referencia con cierto detalle es el método empleado en la actividad pesquera, el cual parece del Siglo XXI, pero que efectivamente es de la última década del XX. Actualmente, estamos rodeados de una tecnología que avanza y que está siendo incorporada notablemente en la pesca. La pretensión de no modificar los "status" jurídicos para acceder a los recursos pesqueros, creo que constituye una rémora retardataria que debiéramos abordar en su oportunidad.
Aquí la tecnología es simple. Hoy todos los camiones transportadores de especies valoradas que circulan por las calles cuentan con el mecanismo ahora sugerido para las naves. Espero que todos los vehículos del Ejército también lo utilicen, al igual que la Armada, porque es la manera más precisa de localizar un móvil en la tierra. Se trata de un mecanismo cuyo valor es ínfimo en relación con su utilidad. Si hacemos una multiplicación de lo que hoy se captura ¿gran parte de ello prácticamente en actos de piratería¿, se superarían los 150 millones de dólares, que es el valor de los peces que queremos proteger.
Por lo tanto, creo que el tema apunta a la fiscalización, al perfeccionamiento y a la voluntad que podemos demostrar de que efectivamente el país está en condiciones de asumir nuevos desafíos, de innovar y de abrir espacios a nuevas legislaciones que le permitan beneficiarse realmente de sus riquezas pesqueras.
Chile es un país pesquero. Se le ha dotado de una nueva Ley de Pesca, la cual es mirada con interés desde muchos lugares del mundo. La aplicación de tres regímenes de acceso que regulan en el Título Tercero la materia que aquí ha sido objetó de cuestionamiento, es un ejemplo que, como digo, está siendo evaluado y mirado con gran interés. Y las dos pesquerías que en primer lugar serían objeto de la aplicación de esta metodología son aquellas que reúnen el mayor valor en términos de su valor unitario por tonelaje.
Solicitamos al Honorable Senado pronunciarse favorablemente en general frente al proyecto. Ha transcurrido prácticamente más de un año en la discusión de esta iniciativa que, siendo de origen parlamentario, el Ejecutivo ha concurrido a perfeccionarla, en estrecha cooperación con la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado.
No tenemos ninguna duda de que, por haberse resuelto todos los temas relativos a la adquisición de dominio en el Título Tercero de la Ley de Pesca, se trata de una legislación de mayoría simple y no de una de quórum calificado.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Ha terminado el debate.
Se procederá a votar si el proyecto reviste el rango de ley de quórum calificado o de quórum simple. Los señores Senadores que estimen lo primero, deberán pronunciarse afirmativamente y, en forma negativa, quienes consideren lo contrario.
¡Como estamos a 4 de octubre, en vísperas del 5 votemos por el "No"!
El señor HORVATH.¿ ¡Señor Presidente, mantenga su objetividad, por favor!
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ En votación.
¿(Durante la votación).
El señor BITAR.¿ Voto negativamente, pero no por los argumentos que ha dado el señor Presidente, sino por creer que hemos avanzado en estos últimos cinco años, y que hay mucha gente que, votando de otra manera el 5 de octubre de 1988, ahora puede decir "No".
El señor THAYER.¿ Señor Presidente, en conciencia de que hoy es 4 de octubre, voto que no.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Terminada la votación.

¿Se rechaza la idea de que el proyecto requiera de quórum calificado para su aprobación (23 votos por la negativa, 6 por la afirmativa y 3 abstenciones).
Votaron por la negativa los señores Bitar, Calderón, Carrera, Cooper, Díaz, Frei (don Arturo), Gazmuri, Hamilton, Hormazábal, Horvath, Huerta, Lagos, Lavandero, Letelier, Martin, Matta, Mc-Intyre, Muñoz Barra, Ominami, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Thayer y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la afirmativa los señores Cantuarias, Díez, Feliú, Fernández, Larraín y Piñera.
Se abstuvieron los señores Otero, Romero y Urenda.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Por lo tanto, la iniciativa es de quórum simple.
Correspondería proceder a la votación pero me parece que existe consenso en aprobar la idea de legislar, por lo que no habría necesidad de hacer una votación nominal.
La señora FELIÚ.¿ Con mi abstención, señor Presidente.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Sería con la abstención de la Honorable señora Feliú.
Sólo restaría fijar plazo para presentar indicaciones.
El señor RUIZ (don José).¿ En dos semanas más, señor Presidente.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ ¿Habría acuerdo en establecer como plazo el 18 de octubre a medio día?
¿Se aprueba en general el proyecto, con la abstención de la Senadora señora Feliú, y se fija plazo para formular indicaciones hasta el 18 de octubre a las 12.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ En nombre de la Sala, agradezco al señor Subsecretario su presencia.




PROTECCIÓN DE PRIVACIDAD DE LAS PERSONAS

El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Corresponde tratar, en tercer trámite constitucional, el proyecto que modifica el Código Penal con la finalidad de cautelar efectivamente la privacidad de las personas.
¿Los antecedentes figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del señor Otero).
En primer trámite, sesión 2a, en 8 de octubre de 1992.
En tercer trámite, sesión 1a, en 3 de octubre de 1995.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 6a, en 16 de junio de 1993.
Constitución (segundo), sesión 25a, en 14 de septiembre de 1993.
Discusión:
Sesiones 7a, en 30 de junio de 1993 (se aprueba en general); 26a, en 15 de septiembre de 1993 (se despacha en particular).
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).¿ La Cámara de Diputados, por oficio N° 801, de 14 de septiembre en curso, hace presente que ha aprobado el proyecto del Senado que modifica el Código Penal a fin de cautelar efectivamente la privacidad de las personas, con la enmienda que aparece en el texto comparado que acompaña al boletín 818-07.
La modificación que propone la Cámara de Diputados al artículo único del proyecto es la que paso a indicar:
"Ha reemplazado el artículo 161-A, por el siguiente:
"Artículo 161-A.¿ Se castigará con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de 50 a 500 Unidades Tributarias Mensuales al que, en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio, capte, intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado; sustraiga, fotografíe, fotocopie o reproduzca documentos o instrumentos de carácter privado; o capte, grabe, filme o fotografíe imágenes o hechos de carácter privado que se produzcan, realicen, ocurran o existan en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público.
"Igual pena se aplicará a quien difunda las conversaciones, comunicaciones, documentos, instrumentos, imágenes y hechos a que se refiere el inciso anterior.
"En caso de ser una misma la persona que los haya obtenido y divulgado, se aplicarán a ésta las penas de reclusión menor en su grado máximo y multa de 100 a 500 Unidades Tributarias Mensuales.
"Esta disposición no es aplicable a aquellas personas que, en virtud de ley o de autorización judicial, estén o sean autorizadas para ejecutar las acciones descritas.".".
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ En discusión el proyecto.

El señor OTERO.¿ ¿Me permite, señor Presidente?
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Tiene la palabra el Senador señor Otero.
El señor OTERO.¿ El proyecto, del cual soy autor, fue aprobado por unanimidad en el Senado. Lo cierto es que la Cámara de Diputados simplemente ha hecho un reordenamiento de las normas contenidas en su artículo, sin variar en el fondo lo aprobado por la Corporación. Personalmente, estoy plenamente conforme con las modificaciones introducidas por la Cámara Baja, de manera que, tratándose simplemente de una ubicación distinta de las disposiciones aprobadas por el Senado, no hay ningún motivo para rechazarlas y procede despachar el proyecto.
¿Se aprueba el proyecto y queda despachado en este trámite.

El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Correspondería tratar el siguiente punto de la tabla, referido al proyecto que amplía las facultades a la Dirección del Trabajo; pero, a petición del señor Ministro, su discusión se postergó para la próxima semana.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).¿ Respecto a los siguientes proyectos, los Comités acordaron que los que deban ser aprobados con quórum especial no se traten en esta sesión, sino en la del próximo martes, en el orden que corresponda, de acuerdo al Reglamento.

INTERPRETACIÓN DE ARTÍCULOS 22 DE LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO Y 38 DEL REGLAMENTO

El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Consulta de la Sala acerca de la correcta interpretación de los artículos 22 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y 38 del Reglamento del Senado, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
¿Los antecedentes sobre la consulta figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Consulta:
Sesión 57ª , en 3 de mayo de 1995.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 17ª, en 13 de julio de 1995.
Discusión:
Sesión 30ª, en 23 de agosto de 1995 (queda aplazada la discusión).
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).¿ En sesión de 3 de mayo se dio cuenta de un oficio del señor Ministro del Interior dirigido al señor Presidente de la Corporación, en el cual expresa que "en varias oportunidades distintos Ministros de Estado han sido invitados a participar en sesiones del Senado o de sus Comisiones y, directamente y sin conocimiento de ellos, se ha también citado a otros funcionarios de menor rango que tienen vínculo de dependencia con diversas Secretarías de Estado.".
Además, el oficio señala que la situación referida no se compadece con la organización jerárquica del Poder Ejecutivo, agregando que "debiera ser el propio Ministro invitado quien determine los funcionarios que lo acompañen como asesores a las sesiones a que se le convoca.".
La Comisión estudió detenidamente esta materia y deja constancia de que hubo posiciones de mayoría y de minoría. En definitiva, la mayoría de los Senadores "estimó que es conveniente que las citaciones que las Comisiones cursen a funcionarios de la Administración del Estado sean puestas en conocimiento del jefe superior del servicio a que pertenezcan, para el efecto de que éste adopte las medidas conducentes a asegurar la comparecencia d funcionario de que se trate y, eventualmente, para hacer efectiva la responsabilidad a que se refiere el artículo 10 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional".
"Asimismo, opinó que cuando un Ministro es invitado a concurrir a una Comisión, no existe inconveniente en que sea él quien determine los funcionarios que lo acompañarán, previa anuencia de quien lo invitó, pero ello no es óbice para que las Comisiones puedan citar a un Secretario de Estado y, simultáneamente, a determinados funcionarios públicos o para que citen sólo a estos últimos, sin invitar al Ministro correspondiente.".
La mayoría fundó su posición en diversas argumentaciones señaladas en el informe.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ En discusión el informe.

Tiene la palabra el señor Senador Thayer.
El señor THAYER.¿ Señor Presidente, sólo deseo dejar constancia de que apoyo absolutamente el informe de la Comisión.
El señor HAMILTON.¿ Señor Presidente, pido la palabra.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, el informe de la Comisión, a la cual yo no concurrí, refleja la posición mayoritaria de la misma.
En primer lugar, la actividad legislativa ¿en la parte que corresponde al Ejecutivo¿ es prerrogativa constitucional del Presidente de la República, la cual ejerce con sus colaboradores directores e inmediatos, es decir los Ministros de Estado, por lo que ni los jefes de servicio, ni los servicios técnicos o jurídicos de su dependencia pueden tomar iniciativa o adquirir compromisos en materias legislativas, o arrogarse la representación de los Ministerios sin autorización expresa de éstos.
En tales circunstancias, parece propio que las citaciones a funcionarios de su dependencia para ocurrir a sesiones de Comisiones del Congreso Nacional sean formuladas por intermedio del Ministro correspondiente, quien ¿si bien no puede impedir su presencia en el Parlamento¿ puede impartirles instrucciones respecto a su participación en las Comisiones, a fin de que estén en condiciones de transmitir con fidelidad la posición del Ejecutivo respecto de las materias de que se trate.
En segundo término, en virtud del mandato expreso contenido en el inciso segundo del artículo 5° de la ley N° 18.575, los servicios públicos deben actuar coordinadamente, y la citación directa a los funcionarios, o a través de jefes subalternos, atenta contra este principio mínimo de coordinación.
En efecto, el funcionario citado, sin perjuicio de su competencia en materias técnicas y jurídicas, puede no estar informado debidamente de las decisiones políticas del Ministro o del Gobierno en su conjunto, o no compartirlas, por lo que su intervención en las Comisiones sin previo conocimiento del Ministerio puede dar lugar a situaciones de descoordinación, de pérdida de tiempo en la labor legislativa y de distorsión respecto de lo que realmente es la posición del Ejecutivo.
En tercer lugar, la citación a funcionarios del Estado a través del Ministro respectivo, es un procedimiento que guarda armonía con el principio de jerarquía que debe inspirar la organización administrativa del Estado.
El aludido orden jerárquico en la Administración del Estado está consagrado en el artículo 7° de la ley N° 18.575, y encuentra su fundamento constitucional en los artículos 24 y 32, números 9° y 12°, respectivamente, que señalan las atribuciones del Presidente de la República.
Sobre el particular, es dable poner de relieve que no resulta conciliable con el mencionado principio de jerarquía, que un funcionario de la Administración del Estado concurra al Parlamento para oponerse o criticar una iniciativa o proyecto de ley iniciado por mensaje del Presidente de la República, o que polemice con el Ministro de Estado correspondiente, pues cuando actúa en su calidad de funcionario, y no a título personal, lo hace en el ejercicio de una función eminentemente jerarquizada.
En cuarto término, la práctica corriente durante la vigencia de la ley N° 13.609 ¿en cuyo artículo 5° se estableció la obligación de los servicios de la Administración del Estado de proporcionar los antecedentes e informaciones que les solicitaran las Comisiones de ambas ramas del Congreso Nacional¿ fue siempre la de cursar la citación a través de los Ministros correspondientes.
Por último, el análisis de la historia fidedigna del establecimiento de la disposición contenida en el artículo 22, que analizamos, lleva a la conclusión de que el propósito del legislador fue el de que la referencia a las "autoridades respectivas" contenida en la norma citada, debe entenderse hecha a los Ministros del sector correspondiente.
En mérito de estas consideraciones, soy contrario a la opinión de la mayoría de la Comisión de Legislación de que da cuenta el informe.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Tiene la palabra el Senador señor Otero.
El señor OTERO.¿ Señor Presidente, la mayoría de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene una opinión contraria, por una razón muy simple: porque está defendiendo los fueros del Senado.
En el fondo, lo que se plantea aquí es si las Comisiones del Senado tienen o no la libertad de citar a los funcionarios públicos, sin que queden entrabadas por la decisión del Ministro.
De acogerse la posición de minoría, simplemente se estaría diciendo: "El Ministro determina quién va y quién no va". Y las Comisiones podrían verse privadas de informes que estiman convenientes, porque los Ministros no pueden conocer todas las materias de los servicios que están a su cargo.
Las consideraciones fundamentales que tuvimos en vista para el voto de mayoría son las siguientes:
El propósito central de los preceptos legal y reglamentario precedentemente indicados ¿que son los que ha leído el señor Secretario y que se refieren a esta materia¿ es hacer posible que el Senado y la Cámara de Diputados, al ejercer las facultades que constitucionalmente les corresponden, dispongan de toda la información que juzguen adecuada para la resolución de los asuntos sometidos a su conocimiento. Esto reviste particular relevancia, atendido el alto grado de complejidad y especialización que generalmente tienen las materias en discusión, como consecuencia del desarrollo científico y tecnológico alcanzado en las sociedades contemporáneas.
Es evidente que en nuestro país el Poder Ejecutivo ¿a través de los distintos órganos de la Administración del Estado- es quien dispone de la información más completa y actualizada sobre los distintos aspectos de la vida nacional.
Precisamente por la complejidad y especialización que tienen los distintos asuntos, no es dable exigir a los Ministros de Estado que proporcionen personalmente la información y antecedentes requeridos, así como absolver las consultas técnicas que los Parlamentarios deseen efectuar.
En estas circunstancias, y en armonía con la independencia y prerrogativas del Congreso Nacional y con la necesaria libertad de funcionamiento que deben tener todos sus órganos internos, parece natural que las Comisiones del Senado puedan citar a los funcionarios públicos que estimen necesario, para ilustrar sus deliberaciones, según la materia de que se trate, de manera que al adoptar las resoluciones que les competen cuenten con toda la información disponible.
Ni el texto de los preceptos constitucionales, ni el espíritu que los inspira exigen que la citación se haga por intermedio del Ministro correspondiente. Es más, la gran fluidez y expedición que requiere el cumplimiento de las funciones asignadas al Congreso Nacional, hacen aconsejable evitar mecanismos indirectos, que pueden resultar dilatorios y engorrosos, por lo que no sería coherente pretender que todas las citaciones a funcionarios de la Administración del Estado deban efectuarse por intermedio de Ministros de Estado.
La mención que contienen los artículos 22 de la ley N° 18.918, y 38 del Reglamento del Senado, en cuanto a que las Comisiones pueden solicitar "de las autoridades correspondientes" la comparecencia de los funcionarios que estimen conveniente, debe entenderse hecha al jefe superior del respectivo servicio de la Administración del Estado, en una interpretación armónica con la disposición del artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
En efecto, el aludido artículo 10 establece que el jefe superior del respectivo organismo de la Administración del Estado será responsable ¿y sufrirá, previo el procedimiento administrativo que corresponda, la medida disciplinaria de multa¿ por su falta de comparecencia, o la de los funcionarios de su dependencia, a la citación de una Comisión de alguna de las Cámaras.
Cabe concluir, entonces, que el procedimiento establecido en los referidos artículos 22 y 38 no tiene por finalidad limitar, de manera alguna, la libertad que les asiste a las Comisiones legislativas para citar a quienes deseen, sino que sólo persigue que el jefe superior del servicio a que pertenezca la persona citada tenga oportunamente conocimiento de este hecho ¿para lo cual basta con comunicarle la citación¿, a fin de que asegure su comparecencia y, eventualmente, asuma las responsabilidades legales pertinentes, si el funcionario requerido no concurriere.
Por ello, el planteamiento formulado por el señor Ministro del Interior en el oficio que dio lugar a esta consulta, en el sentido de que sea "el propio Ministro invitado quien determine los funcionarios que lo acompañan como asesores a las sesiones a que se le convoca", es admisible sólo en el caso de que se invite personalmente a un Ministro a concurrir a una sesión de Comisiones, y siempre que la asistencia de sus asesores sea aceptada por el órgano que lo invitó.
Lo anterior es sin perjuicio de la facultad que tienen las Comisiones para citar a un Ministro de Estado y, simultáneamente, a determinados funcionarios públicos, o para citar sólo a estos últimos, sin invitar al Ministro correspondiente.
En cuanto al principio de jerarquía aludido por el señor Ministro del Interior en su oficio, cabe señalar que él sólo está referido al ámbito administrativo, en el cual los Secretarios de Estado u otras autoridades que lo estimen pertinente, puedan impartir a los funcionarios de su dependencia las instrucciones que consideren apropiadas. En todo caso, como ya se ha señalado, al cursar una citación a un funcionario público, es recomendable que las Comisiones del Senado pongan esta circunstancia en conocimiento del jefe superior del servicio correspondiente.
Finalmente, cabe destacar que esta posición de los Senadores de mayoría no hace sino corroborar, en sustancia, la opinión vertida por esta Comisión ¿en la parte pertinente a la presente consulta¿ en su informe de 16 de mayo de 1991, en cuanto a que las Comisiones tienen la facultad de citar a los Ministros, Subsecretarios y otros funcionarios, según estimen conveniente.
Por esas razones, los Senadores de mayoría pedimos que se apruebe el informe de la Comisión.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Ofrezco la palabra.
El señor URENDA.¿ Pido la palabra.

El señor DÍAZ (Presidente accidental).- Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor URENDA.¿ Señor Presidente, coincido con la opinión de mayoría de la Comisión, no sólo por las razones expresadas en el informe, sino que también, en alguna medida, por las propias consideraciones del voto de minoría. Porque, efectivamente, el Ejecutivo es colegislador, y, en tal virtud, puede expresar sus puntos de vista con absoluta libertad y con el amplio conocimiento que le da el hecho de ejercer la administración del Estado y contar con toda la información que ello le proporciona.
Para que el Poder Legislativo pueda cumplir sus funciones, es imprescindible que disponga de todos los antecedentes necesarios. No se trata ¿y deseo aclarar este concepto¿ de que el funcionario que concurra venga a dar la opinión del Ejecutivo. Muchas veces, esa persona proporcionará la información requerida por el Senado para resolver bien: entregará datos numéricos, o de otro orden; conocerá los hechos pertinentes. No va a comprometer la posición del Gobierno. El Ejecutivo manifiesta su opinión por los canales de que dispone, que incluso llegan hasta la facultad plena de los señores Ministros para asistir a la Sala. Pero si el Senado tuviere que someterse, en el aspecto que nos ocupa, al criterio de los Ministros, podría ver coartadas sus posibilidades de contar con toda la información conveniente.
Por ello, la circunstancia de que el Ejecutivo sea colegislador de ninguna manera debe traducirse en que el Poder Legislativo ¿y, específicamente, el Senado¿ no pueda acceder a todos los antecedentes que requiera, ni conocer directamente del respectivo funcionario todos los datos que estime pertinentes. Ello podrá no comprometer la opinión del Ejecutivo, pero proporcionará la información necesaria para legislar adecuadamente.
Estimo que el informe de la Comisión responde a una buena doctrina y hace más expedito el trabajo del Senado.
He dicho.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Tiene la palabra el Honorable señor Bitar.
El señor BITAR.¿ Señor Presidente, creo que el Senado ¿y el Congreso, en general¿ debe tener las máximas atribuciones para cumplir su función y que, por lo tanto, puede consultar a todos los funcionarios que estime pertinente.
El problema es cómo proceder en orden al respecto. En ese sentido, considero que también le resta rango al Parlamento el invitar a cualquier funcionario, sin ejercer su atribución para que se encuentre presente la máxima autoridad del Ejecutivo, cuando sea necesario.
Ahora, desde el punto de vista de las relaciones entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, contribuye enormemente a desordenarlas el hecho de que el Congreso cite directamente a cualquier funcionario dependiente de un Ministerio. La relación lógica, regular y ordenada entre ambos Poderes requiere, en el plano del Legislativo, una respuesta del Ejecutivo en su más alto nivel.
En tal sentido, me parece que permite lograr en mejor forma equilibrio y orden en estos aspectos, así como una respuesta de la máxima autoridad del Ejecutivo, el que pidamos al Ministro correspondiente que asista acompañado del funcionario que se desea consultar. Si la Comisión de Relaciones Exteriores quiere citar al Director Nacional de Fronteras y Límites, por ejemplo, perfectamente puede pedir al Ministro que asista con dicho personero o envíe a otro en su reemplazo. Pero creo que desordena y resta rigor a la relación si invitamos directamente a funcionarios de segundo nivel.
El señor LARRAÍN.¿ ¡Habría que citar siempre al Presidente de la República¿!
El señor BITAR.¿ El Jefe del Estado nombra a sus Ministros para que lo representen políticamente. No es lo mismo en el caso de los funcionarios. El cargo y el rango político más alto en el Ejecutivo, después del Presidente de la República, es el de los Ministros, que, además, deben cumplir su función.
Llevar el argumento al límite del absurdo, es decir, a que citemos en cada oportunidad al Primer Mandatario, equivale al extremo de postular: "Citemos a cualquiera". El equilibrio más lógico en la relación se logra a través de los Ministros. Ahora, en caso de necesitar a otro funcionario, pidámoslo a través del Ministro que corresponda. Pero mantengamos esa lógica.
Por último, existen también algunos aspectos delicados. Y quiero expresarlos con toda transparencia.
Tocante a la relación con Defensa, pienso que en este país la democracia necesita, cada vez más, que se establezca con normalidad y claridad la tuición civil sobre la autoridad militar. Porque ello no es así ahora. El tutelaje militar persiste. Y parte importante de las discusiones que estamos sosteniendo y de las propias propuestas del Presidente van en la línea de ordenar nuestro sistema democrático de manera que la autoridad sea la civil.
En más de una ocasión se ha pedido citar directamente a los Comandantes en Jefe o a un alto funcionario de alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas. Creo que debemos tener ese contacto para formular las consultas respectivas. Pero, en esa materia, se requiere proceder a través del Ministro de Defensa, quien ordena, aclara, precisa: puede decidir si acompaña a las autoridades militares o lo hace uno de los Subsecretarios, o bien, si permite, simplemente, la gestión de que se trate.
Me parece que ése es el camino. Por eso, me inclino por una fórmula como la sugerida por el Gobierno, sin perjuicio de que se pueda precisar que cabe solicitar al Ministro que asista con el funcionario requerido.
Me solicita una interrupción el Senador señor Muñoz Barra, la que, con la venia de la Mesa, le concedo.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.¿ Señor Presidente, seré muy breve. Sólo deseo expresar que lo planteado por algunos señores Senadores, en el sentido de que se podría crear una situación de anarquía, es efectivo.
Tal como lo expuso el Honorable señor Bitar, es importante que la relación primera del Senado, una de las instituciones democráticas de más alto rango ¿y no constituye una cuestión simplemente protocolar, sino de trato entre iguales¿, sea con el Ministro, y que éste determine quién lo represente.
Quiero recordar que en la Comisión de Derechos Humanos, con motivo del análisis de la iniciativa acerca de la nacionalidad ¿y se encuentra en la Sala un Honorable colega que presenció el hecho¿, observamos con sorpresa que los funcionarios de dos Ministerios comenzaron a discutir entre ellos por sostener enfoques diame-tralmente diferentes, e incluso, hasta con acusaciones. Ello determinó que un señor Senador manifestara su extrañeza por un altercado de esa índole en circunstancias en que se entendía que existía una posición ministerial. Y esto podría repetirse en otras Comisiones.
Ahora, el funcionario que concurre a una Comisión debe hacerlo siempre con el respaldo y la representatividad del Ministro, para los efectos de que no se produzcan situaciones como las que acabo de señalar.
Por lo tanto, también soy partidario del procedimiento por la vía del Ministro o de que éste delegue en quien determine.
Agradezco al Honorable señor Bitar por haberme concedido la interrupción.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Puede continuar con la palabra el Honorable señor Bitar.
El señor BITAR.¿ He terminado, señor Presidente.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.
El señor HORMAZÁBAL.¿ Señor Presidente, si se plantea en la Sala lo valioso que sería la presencia permanente de los Ministro en el examen de los proyectos de ley que la Corporación debe tratar, la opinión de todos será afirmativa. No hay discusión alguna sobre ese punto.
En reiteradas oportunidades, hemos señalado, sin distinción de posiciones políticas, que esa comparecencia, más que una obligación del Ministro, constituye un enriquecimiento del proceso de debate. Incluso, facilita la gestión legislativa, porque son los Ministros quienes tienen la posibilidad política de tomar acuerdos y quienes se encuentran en condiciones de facilitar la comunicación con el Ejecutivo para retirar determinados artículos o presentar una indicación, lo que, como todos lo hemos comprobado en distintas Comisiones, constituye una gran ayuda.
Por lo tanto, lo que está en cuestión no es si nos parece importante o no la presencia de los señores Ministros. En eso, todos estamos de acuerdo. Al respecto, el artículo 37 de la Carta establece: "Los Ministros podrán, cuando lo estimaren conveniente" ¿ni siquiera es una norma obligatoria¿ "asistir a las sesiones de la Cámara de Diputados o del Senado,". Personalmente, me gustaría que la disposición fuera más categórica. Creo que los Secretarios de Estado deben estar presentes cuando se examinan los proyectos de ley. Ésa es, a mi juicio, la manera de lograr un mejor trabajo legislativo.
Pero la cuestión se nos ha planteado en el siguiente terreno. El señor Ministro del Interior ha expresado, en una comunicación, que "en varias oportunidades distintos Ministros de Estado han sido invitados a participar en sesiones del Senado o de sus Comisiones y, directamente y sin conocimiento de ellos, se ha también citado a otros funcionarios de menor rango que tienen vínculos de dependencia con diversas Secretarías de Estado".
¿Y qué es lo que nos expone sobre el particular el señor Ministro del Interior? Que "debiera ser el propio Ministro invitado quien determine los funcionarios que lo acompañen como asesores a las sesiones a que se le convoca".
¿Qué razón habría para no aceptar esto? La verdad es que se me produce una confusión, porque ello corresponde, precisamente, a la práctica del Senado. Cada vez que trabajamos en Comisiones, el Ministro respectivo asiste acompañado de sus asesores, hallándose revestido de alguna formalidad específica el ingreso de éstos a la Sala, por las razones que todos hemos entendido en su oportunidad.
El Senador señor Otero me ha solicitado una interrupción. Con la venia de la Mesa, se la concedo.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Tiene la palabra el Senador señor Otero.
El señor OTERO.¿ Señor Presidente, lo que dice el señor Senador es lo que hace presente el informe de mayoría. Aquí no estamos refiriéndonos a la concurrencia de un Secretario de Estado ni de los funcionarios con que se hace acompañar; hablamos de una facultad distinta.
El señor Ministro del Interior quiere que cada vez que se invite a funcionarios de Ministerios, con la concurrencia del titular o sin ella, la invitación pase por este último. Por nuestra parte, hemos sostenido que las disposiciones reglamentarias y legales no lo establecen así, porque se puede citar directamente al funcionario, con comunicación al jefe del servicio. Por lo tanto, es a éste a quien se le informa, ya que se le impone la obligación de hacer que el funcionario concurra. Y si el funcionario no lo hace, se castiga al jefe del servicio, no al Ministro.
Con la otra interpretación, resultaría que si el funcionario no concurre, habiendo mediado, además, la comunicación al Ministro, éste tendría que ser sancionado. Nunca fue ésa la intención legislativa, ni lo dice así la norma pertinente. El responsable es el jefe del servicio. Y a ello obedece la libertad del Senado para invitar a los funcionarios que estime conveniente.
Coincido con el Honorable señor Hormazábal, a quien agradezco la interrupción concedida, pero aclaro que en lo que señala no hay diferencia con el informe de mayoría. En lo que estriba la diferencia es en el otro aspecto a que me he referido: el derecho a citar a funcionarios sin tener que pasar por el titular de la Cartera.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Recupera el uso de la palabra el Honorable señor Hormazábal.
El señor HORMAZÁBAL.¿ Señor Presidente, estoy tratando de precisar las situaciones.
Hasta el momento, todos concordamos en que la que mantenemos es una buena práctica: cuando se invita a un Ministro, viene con los asesores que estima pertinente, para los efectos de cooperar con la función legislativa.
¿Dónde veo algo distinto? Debo advertir que sólo he examinado una vez y media el informe; no lo he estudiado como los Honorables colegas que lo firman e integran la Comisión. En su parte final, el documento dice que "no existe inconveniente en que sea él" ¿el Ministro¿ "quien determine los funcionarios que lo acompañarán", pero a continuación, entre comas, se agrega una exigencia que nunca hemos establecido: "previa anuencia de quien lo invitó".
Eso me parece innecesario. No es la situación de la que estamos hablando, referida al caso en que se cita a otro funcionario, ya sea en virtud del artículo 48, N° 1, de la Constitución, relativo a la fiscalización de los actos de Gobierno por parte de la Cámara de Diputados, o del artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que da a cada Comisión la atribución de citar a los funcionarios que le parezca pertinente, para el esclarecimiento de determinadas materias. En eso no hay cuestión.
El cambio que se está produciendo ¿y cuya razón no veo¿ consiste en disponer, con motivo de la invitación a un Ministro, la especie de venia previa que he mencionado, otorgada por el Presidente de la Comisión, o por la Comisión entera, o por el Secretario. Porque muchas veces las invitaciones son firmadas por este último.
Esa condición, consistente en la "previa anuencia de quien lo invitó", me parece excesiva. Las reglas que hemos establecido para la actividad en Sala, relativas a que sólo determinados funcionarios pueden entrar a ella, las he defendido y las comparto. Pero, Honorables colegas, la conclusión en la materia que nos ocupa nos coloca en un entredicho innecesario.
Si la idea es que resulta conveniente la presencia de los señores Ministros en las Comisiones y en la Sala, estoy plenamente de acuerdo. Si se trata de que el Ministro concurra acompañado de asesores, con el objeto de ilustrar los distintos aspectos de un proyecto, lo estimo positivo. Es tremendamente valioso, asimismo, que las Comisiones mantengan la atribución ¿y la fortalezcan¿ de exigir la comparecencia de funcionarios, para aclarar situaciones confusas o lograr el aporte de elementos técnicos que ayuden a la tarea legislativa. Pero no estoy de acuerdo ¿y les pido a los Honorables colegas que reflexionen sobre el punto¿ con aquella frase, que es, diría, hasta poco cortés. Porque mi experiencia es que los señores Ministros comparecen y dicen: "Vengo acompañado de tales y cuales funcionarios", a los que todos luego les damos las gracias, porque nos ayudan en el trabajo legislativo.
Por lo tanto, señor Presidente, me permito solicitar que el informe no sea aprobado en esta forma, porque provocaría un conflicto innecesario. Además, su validez o imperio jurídico es bastante delicado y podría afectar la aplicación de disposiciones vigentes. Por mi parte, respaldo plenamente la mantención de nuestras atribuciones ¿y el Senado sabe que estoy dispuesto a fortalecerlas¿, pero me parece inadecuada la redacción que se emplea. El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Por restar todavía las intervenciones de los Senadores señores Mc-Intyre y Díez, y señora Feliú, propongo prorrogar el Orden del Día. Ello permitiría votar a continuación. El señor HORMAZÁBAL.¿ Para votar, no hay acuerdo, señor Presidente; sí lo hay para que hablen los Honorables colegas. La señora FELIÚ.¿ Entonces, el asunto que nos ocupa deber quedar pendiente. El señor PIÑERA.¿ La prórroga carecería de sentido.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Las dos cosas no están obligadamente condicionadas. Puede determinarse una prórroga para que intervengan los señores Senadores inscritos, pero no para votar.
El señor RUIZ (don José).¿ La prórroga para votar puede ser resuelta después, señor Presidente.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ ¿Hay acuerdo para que usen de la palabra los señores Senadores que mencioné, al igual que el Honorable señor Piñera, quien se acaba de inscribir?
La señora FELIÚ.¿ No hay acuerdo para prorrogar la hora de término si no vamos a votar, señor Presidente.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ No hay acuerdo.
El señor HORMAZÁBAL.¿ ¿Me permite, señor Presidente?
Hay una sugerencia. Si eliminamos la frase en cuestión, podríamos llegar a acuerdo unánime.
El señor DÍAZ (Presidente accidental) .¿ La Honorable señora Feliú no da su acuerdo para prorrogar el debate, Su Señoría.
¿Queda pendiente la discusión del informe.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Terminado el Orden del Día.


VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).¿ Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor DÍAZ (Presidente accidental) :¿ Se les dará curso en la forma reglamentaria.
¿Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor CANTUARIAS:
A los señores Ministros del Interior y de Hacienda, sobre REGULACIÓN DE APORTES A CUERPOS DE BOMBEROS.
Al señor Ministro de Obras Públicas, respecto de VIALIDAD DE RUTA INDUSTRIAL URBANA CORONEL (OCTAVA REGIÓN).
Del señor ERRÁZURRIZ:
Al señor Ministro de Obras Públicas, acerca de PAVIMENTACIÓN DE RUTA M-40 (SÉPTIMA REGIÓN).
Del señor HORVATH:
A los señores Ministros del Interior y de Educación, tocante a CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA INTERNADO EN TORTEL (UNDÉCIMA REGIÓN).
A los señores Ministros del Interior y de Salud, atinente a INCREMENTO DE RONDAS MÉDICAS EN REGIONES EXTREMAS.
A los señores Ministros del Interior y Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción, y al señor Gerente de la Empresa de Obras Sanitarias de Aisén, referente a ESCASEZ DE AGUA POTABLE EN COMUNA DE VILLA O'HIGGINS (UNDÉCIMA REGIÓN).
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, sobre REPOSICIÓN DE OFICINA Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE .EMAZA EN TORTEL (UNDÉCIMA REGIÓN).
Al señor Ministro de Obras Públicas, en cuanto a PROYECTO DE REGADÍO EN COMUNA DE VILLA O'HIGGINS (UNDÉCIMA REGIÓN).
Al señor Subsecretario de Transportes, con relación a SUBVENCIÓN DE TRANSPORTE EN REGIONES EXTREMAS.
_________
El señor DÍAZ (Presidente accidental.¿ En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Institucionales.
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.


HOMENAJE EN MEMORIA DE PRIMERA SENADORA DOÑA MARÍA DE LA CRUZ TOLEDO
La señora FELIÚ.¿ Señor Presidente, Honorable Senado:
Quiero rendir hoy homenaje a una mujer que fue Senadora de la República. Se trata de la primera mujer que alcanzó esta dignidad al ser elegida por la 4a Agrupación Provincial, de Santiago, en una elección complementaria en que logró una de las más altas votaciones parlamentarias obtenidas en la historia de Chile.
Doña María de la Cruz Toledo nació en Chimbarongo un 18 de septiembre de 1912, día en que se celebra el aniversario de nuestra Independencia, que conlleva la exaltación de todos los derechos ciudadanos. Su vida entera estuvo dedicada, con entusiasta y eficaz entrega, a la defensa de grandes iniciativas de bien público: voto de la mujer; creación del Partido Femenino, para reivindicar los derechos de la mujer; y participación decidida y efectiva en la elección de don Carlos Ibáñez del Campo como Presidente de la República.
Juró como Senadora el 13 de febrero de 1953. Fue una mujer que creía en lo que hacía y en los postulados que defendió. Tuvo figuración política de importancia, no sólo en Chile, sino también en otros países americanos, especialmente en la República Argentina.
Es lamentable tener que recordar que, por aplicación de normas ¿hoy derogadas¿ de la Constitución Política de 1925 que consagraban la existencia de un Tribunal Político, se frustraron sus legítimas aspiraciones de alcanzar los destinos que merecía, por su talento y dedicación, sin haber tenido derecho a un juicio justo.
Su obra en favor de las mujeres fue muy efectiva. Y quiero destacarlo hoy.
A los 28 años de edad fundó el Partido Femenino de Chile, que tuvo importancia decisiva en el reconocimiento del derecho a voto de la mujer.
Tenía el don de la palabra y una personalidad avasalladora, cualidades que le permitieron captar el cariño de sus adeptos.
También escribió algunas obras literarias, como "Alba de Oro", "Transparencia del Alma" y "Ha pasado la Tormenta". En 1940 creó y dirigió la revista "Luz y Sombra".
Fue madre de familia y tuvo dos hijos, de los cuales sólo le sobrevive el varón.
En este año, cuando se ha celebrado la Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing, creo de toda justicia rendir este homenaje a quien, además de haber sido la primera Senadora de la República, fue pionera en la defensa de los derechos de la mujer.
Ruego transmitir a su hijo y demás familiares mis sinceras condolencias, las de mi Comité y las del Comité de Senadores Independientes, en cuyo nombre he rendido este homenaje a la señora María de la Cruz con motivo de su reciente fallecimiento.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Se procederá conforme ha solicitado Su Señoría.
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.¿ Señor Presidente:
Durante la Administración de Gabriel González Videla ocurrieron hechos políticos ¿no es del caso analizarlos ahora¿ que favorecieron el surgimiento de la candidatura presidencial de Carlos Ibáñez del Campo. Éste había sido Senador, y su postulación a la Primera Magistratura prendió, con fuerza inusitada, con el viejo recurso del descrédito al Gobierno y la siembra en el pueblo, en forma exagerada, de toda suerte de esperanzas y sueños inalcanzables.
En la intensa campaña, dirigida fundamentalmente a los sectores populares independientes, aparece doña María de la Cruz, figura carismática y singular, de gestos vigorosos y palabras subyugantes, que iría desplazando a personeros de mayor renombre en el grupo político de la candidatura.
Delgada, nerviosa, agresiva, sólo había tenido una figuración modesta como fundadora de un "partido político femenino"; había escrito algunos libros de poemas y dirigía una revista de escasa circulación. Pero existía en ella un temperamento superior, que encontró en la figura de don Carlos Ibáñez del Campo una inspiración providencial. Mostró tempranamente una declarada simpatía por el justicialismo argentino y el liderazgo de Juan Domingo Perón y Eva Duarte. De algún modo no confesado, ella procuró ser para Ibáñez, en el plano político, lo que Eva Duarte fue para Perón. Lo hizo durante esa campaña, y no como un remedo o una caricatura. Mientras Eva Duarte manejó una estructura de poder desde la cual pudo dar forma a su significación política, doña María de la Cruz construyó su imagen por la palabra, y a través de ella llevó la candidatura de Ibáñez a niveles de éxito sorprendentes e impensables. Nunca se sabrá exactamente en qué medida su participación contribuyó a consolidar la figura del candidato ¿hombre de pocas palabras, a veces enigmático, a veces contradictorio, con un halo de esperanza y solidaridad¿ y a lograr el extraordinario apoyo ciudadano en 1952.
Mis recuerdos de joven, aún no deformados por el tiempo, conservan aquellas impresiones imborrables que causaban sus discursos. La voz de una mujer es incuestionablemente más apta para su empleo en una academia, una docta corporación o la clase magistral. Por ello es infrecuente, y sólo excepcional, la oradora de masas, de tribuna popular, la que enfrenta multitudes, aquella que puede lograr la emoción por la sensibilidad y delicadeza, y que al mismo tiempo es capaz de estimular las pasiones, exaltar el patriotismo y generar el compromiso de una adhesión electoral. En este ámbito de la actividad política, no hay error si afirmamos que ella ha sido la mujer que ha llevado más alto el ejercicio oratorio puesto al servicio de una campaña
Triunfante Ibáñez, doña María de la Cruz desechó un Ministerio y prefirió ser la protagonista de un nuevo hecho político. Debía reemplazarse al Presidente recién electo en el cargo de Senador que había ocupado. No fue para ella un triunfo difícil. Ya como figura consagrada, respetada como pocas en el nuevo Gobierno, pudo llegar al Senado, que reunía entonces al patriciado político del país, con la euforia de un triunfo arrasante y con el mérito indisputable de ser la primera mujer en la historia republicana que accedía a ese alto cargo.
Señor Presidente, al hablar en este homenaje a doña María de la Cruz, nos hemos propuesto olvidar las demarcaciones clásicas del egoísmo nacional, sin expiar por otros una culpabilidad que no tenemos, ni hacer el ingrato rastreo de las inconsecuencias y odiosidades del pasado que llevaron a su inhabilidad como Senadora. Lamentablemente, las querellas y las separaciones suelen sobrepasar los equilibrios éticos, sin que el Parlamento haya estado ajeno a tales ocurrencias. Ella apreció, sin embargo, la actividad política, y la disfrutó con triunfos que pocos han alcanzado con tal respaldo popular; pero también fue víctima de un juicio que algunos de sus contemporáneos, al conocer su muerte, han calificado como un error, como injusto o, simplemente, como el montaje de una animosidad desmesurada.
Su inhabilidad como Senadora a los pocos meses de su elección la condujo a una vida de retiro público, y sólo en dos ocasiones se asomó brevemente a una actividad política, para expresar su adhesión a postulantes presidenciales. Después de este doloroso episodio, también ingrato para la memoria del Senado, doña María de la Cruz mantuvo la dignidad del silencio, conservando como un patrimonio la experiencia que le había mostrado los halagos del poder, la satisfacción del apoyo popular, el triunfo y la caída.
Una nueva generación de Senadores la recuerda hoy día, revitalizando su mérito histórico como la primera Senadora de nuestra vida republicana y recordando al mismo tiempo su indesmentible talento.
Con gran respeto, y en representación del Comité de Senadores del Partido por la Democracia, entrego este testimonio de recordación para doña María de la Cruz Toledo, ex Senadora de la República.
Ruego al señor Presidente hacer llegar a la familia de la señora De la Cruz, en nombre del Comité en cuya representación hablo, las expresiones de nuestro pesar por su fallecimiento.
He dicho.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Se hará como solicita el señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.¿ Señor Presidente, en representación del Comité Unión Demócrata Independiente, deseo adherir al homenaje que la Senadora señora Olga Feliú Segovia ha rendido en memoria de doña María de la Cruz Toledo. Al hacerlo, me sumo a los comentarios aquí hechos, por diversas consideraciones.
En primer lugar, por el mérito de su éxito político en momentos históricos en que, para una mujer, actuar en ese ámbito y triunfar era virtualmente imposible.
En segundo término, por el esfuerzo que realizó en pro de los derechos de la mujer la señora María de la Cruz Toledo antes de ser Senadora y, después, como tal.
Y por último, principalmente, como una forma de hacer justicia a su nombre aquí, en la Cámara Alta, restaurando su imagen, injustamente enlodada mediante una maniobra política que llevaron a cabo ¿lamentablemente¿ Senadores de la República.
Por estas consideraciones, junto con adherir al homenaje rendido, solicito hacer llegar a la familia de la señora María de la Cruz las condolencias y sentimientos de pesar del Comité Unión Demócrata Independiente.
He dicho.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Se procederá de acuerdo a lo solicitado, Honorable Senador.
Tiene la palabra la Honorable señora Carrera.
La señora CARRERA.¿ Señor Presidente:
El Partido Socialista adhiere al homenaje que se rinde a la señora María de la Cruz, primera Senadora en la historia de la República de Chile. Se trata de una persona que tuvo enorme relevancia en un momento de profundos anhelos de cambio en todo el continente, cuando las mujeres pugnaban por participar y acceder a la toma de decisiones en la política y así influir sobre el destino de la sociedad, su familia y su propio destino.
Apasionada, de gran carisma, estaba interiorizada de los problemas de las mujeres y de su situación de dependencia. Tuvo gran arrastre popular. Existe consenso en que constituyó un factor de la mayor importancia en la elección del Presidente Ibáñez, quien resultó elegido por inmensa mayoría. Era una oradora de gran elocuencia, lapidaria con sus adversarios, y tocaba temas muy sentidos por las clases populares.
No la conocí personalmente, pero escuché muchos de sus discursos. A pesar de que el Partido Socialista Popular, al que yo pertenecía, apoyó la candidatura del General Ibáñez, María de la Cruz no simpatizaba con los socialistas. Diferían sustancialmente nuestras visiones del mundo, así como nuestros métodos de trabajo.
Pero ello no es obstáculo para reconocer la relevancia que tuvo como catalizadora de la conciencia femenina de la época y su colaboración con otros movimientos a fin de conseguir el voto para la mujer, ni tampoco para hacer patente su importancia en la vida del país.
Sobre todo, no es obstáculo para afirmar que con esa mujer se cometió una grave injusticia al inhabilitarla el Senado. La acusación, nacida en la Oposición al Gobierno de Ibáñez, contó con votos en todos los partidos. Hacía sólo siete meses que había recibido una votación abrumadora como candidata a Senadora por Santiago. Los cargos que se le formularon no fueron confirmados. Pero, así y todo, fue destituida.
En un ambiente latinoamericano donde campeaban los movimientos populistas, donde Eva Perón tuvo en las masas argentinas una influencia que ninguna mujer ha vuelto a tener, María de la Cruz se levantaba como un fantasma.
Su estilo político puede haber chocado a muchos. Pero numerosas mujeres de entonces se preguntaron: ¿Se habría inhabilitado a un Senador varón por no coincidir con su estilo político? La respuesta reiterada fue que muy difícilmente.
Para mí es importante rendir hoy homenaje a quien abrió las puertas del Senado chileno a las mujeres. Los tiempos han cambiado, y me siento en la obligación de decir que ni en mi período anterior como Senadora ni ahora mi condición de mujer me ha producido el menor inconveniente.
Sin embargo, los tiempos no han cambiado lo suficiente como para que la representación política sea proporcional a la población femenina.
Queda un largo camino por recorrer para que la potencialidad de este sector de la población sea utilizada en bien de la sociedad en su conjunto, en el ámbito político y en el resto de la vida social.
En ese camino, María de la Cruz dio importantes pasos en favor de la mujer chilena. Por tanto, merece todo nuestro reconocimiento. |
He dicho.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Tiene la palabra el Honorable señor Prat.
El señor PRAT.¿ Señor Presidente, en nombre de los Senadores de Renovación Nacional, me sumo al homenaje que esta tarde se rinde en memoria de la Senadora doña María de la Cruz Toledo, que en paz descanse.
Resulta altamente significativo que en esta Sala se le tribute homenaje y se recuerde, no sólo su vida política, sino también la forma injusta en que la trataron sus pares.
Nunca es tarde para hacer justicia.
La Senadora María de la Cruz representó en su oportunidad los mejores valores de la mujer chilena, y supo transmitirlos a través de su actitud política, de sus palabras, de su retórica, que traspasaban las vibraciones de un alma generosa y de un elevado espíritu, conmocionando a quienes la escuchaban. Fue así como logró despertar las esperanzas de amplios sectores ciudadanos, especialmente de los más modestos, transformándose, más que en un fenómeno político, en un fenómeno social.
La Senadora María de la Cruz supo apoyar las causas políticas; algunas, de diversas orientaciones o hacia las cuales confluían distintas tendencias políticas. Pero todas tenían un elemento común: estaban impregnadas de sentido nacional.
A lo largo de una entrega generosa de muchos años ¿hasta muy avanzada edad, siempre se dio tiempo para participar y efectuar un aporte a la política chilena¿, estuvo en las causas que miraban el quehacer político bajo un concepto nacional amplio, de una sola bandera.
Por eso, a pocos días del fallecimiento de la señora María de la Cruz, adherimos sinceramente al merecido homenaje que le rinde el Senado de la República.
He dicho.
homenaje a esta coterránea de la Sexta Región ¿nació en Chimbarongo¿, cuya figura excepcional se ha exaltado esta tarde, disipando todas las aprensiones y suspicacias que había en torno de
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Como ningún otro señor Senador va a intervenir, en nombre del Partido Demócrata Cristiano, y desde la testera, me sumo al ella.
Lamentablemente, siempre reconocemos los méritos de las personas cuando ya no están. Nos gustaría que en adelante los reconociéramos cuando ellas se encuentran vigentes.
Vaya, pues, la adhesión de la Democracia Cristiana a la ex Senadora doña María de la Cruz.

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¿Ningún Comité hace uso de su tiempo en Incidentes.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).¿ Se levanta la sesión.
¿Se levantó a las 18:53.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción