REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 337ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 17ª, en miércoles 20 de mayo de 1998
Ordinaria
(De 16:12 a 18:48)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE,
Y MARIO RÍOS, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, TITULAR,
Y CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Bitar Chacra, Sergio
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Cordero Rusque, Fernando
--Chadwick Piñera, Andrés
--Díez Urzúa, Sergio
--Errázuriz Talavera, Francisco Javier
--Fernández Fernández, Sergio
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de la Presidencia, de Justicia y Directora del Servicio Nacional de la Mujer; el señor Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y la señora asesora del SERNAM.
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:12, en presencia de 18 señores Senadores.
El señor RÍOS (Vicepresidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Se da por aprobada el acta de la sesión 1ª, en 17 de marzo del año en curso, que no ha sido observada.
El acta de la sesión 2ª, ordinaria, en 18 de marzo del presente año, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor HOFFMANN (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica la nómina de los señores Diputados que integrarán, en representación de esa Corporación, las Comisiones de Reja y de Pórtico que recibirán a Su Excelencia el Presidente de la República el día 21 de mayo.
--Se toma conocimiento.
Del señor Ministro de Educación, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, mediante el cual se solicitan antecedentes respecto a las comunas del país en que se genera déficit por concepto de costos de educación y la subvención correspondiente.
Del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del entonces Senador señor Cantuarias, referido a la situación del Sindicato de Trabajadores Portuarios y Transitorios de Bahía de Penco y Lirquén.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Del señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Coihaique, con el que solicita que el Senado designe a uno de sus miembros para presidir la Comisión Especial creada por la ley Nº 19.512, encargada de realizar las gestiones para erigir monumentos, en las ciudades de Santiago, Valparaíso y Coihaique, en memoria del Teniente de Carabineros Hernán Merino Correa.
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Informe
Segundo informe complementario de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en materia de gestión municipal. (Boletín Nº 1598-06). (Véase en los Anexos, documento 1).
--Queda para tabla.
El señor RÍOS (Vicepresidente).- Terminada la Cuenta.
PRECISIÓN HISTÓRICA SOBRE DON BERNARDO O¿HIGGINS RIQUELME
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
El Honorable señor Martínez ha solicitado la palabra para referirse a don Bernardo O¿Higgins Riquelme. Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, señores Senadores, durante el debate de ayer sobre el proyecto acerca de la filiación, surgió lo relacionado con la situación del Padre de la Patria Capitán General don Bernardo O¿Higgins Riquelme. Me ha parecido interesante ocupar dos minutos para entregar los antecedentes históricos tenidos a la vista por los principales profesores y estudiosos del tema. Al respecto, puedo decir lo siguiente.
Don Bernardo O¿Higgins nace, según la partida -acta- de bautismo registrada a fojas 24 del libro V de Bautismos de la Parroquia de San Agustín de Talca, en el Obispado de Concepción, sin indicarse el lugar exacto; pero los datos, muy claros, permiten asumir que se trata de la antigua Villa de San Bartolomé, actualmente Chillán Viejo.
El documento determina que el nacimiento fue "el día veinte de agosto de mil setecientos setenta y ocho" y -lo más importante, en este caso- establece la paternidad, al decir: "hijo del maestro de campo general de este reino de Chile, don Ambrosio Higgins, soltero, y de una señora principal de aquel Obispado, también soltera, que por su crédito no ha expresado aquel su nombre". Naturalmente, la historia recoge este último, que es el de doña Isabel Riquelme de la Barrera y Meza, hija de don Simón Riquelme de la Barrera, lugareño principal.
Al respecto, hay dos circunstancias que comentar. En primer lugar, es el propio don Ambrosio O¿Higgins quien pide la inscripción. Y ése es un cambio en la costumbre de la época, ya que normalmente era la madre quien lo hacía. Segundo, ¿por qué razón no contrae matrimonio don Ambrosio O¿Higgins con doña Isabel Riquelme? Porque era representante de la autoridad española y, por disposición de reglamento, no podía casarse con una mujer del área donde gobernaba o ejercía funciones.
Ahora bien, el acta de bautismo consigna que "Don Pedro Pablo de la Carrera, Cura y Vicario de la Villa y Doctrina de San Agustín de Talca, certifico y doy fe necesaria en derecho, que el día veinte del mes de enero de mil setecientos ochenta y tres, en la iglesia parroquial de esta villa de Talca, puse óleo y crismas, y bauticé -sub conditione-, a un niño llamado Bernardo Higgins¿".
Entrego estos antecedentes porque podría quedar la duda de que el Padre de la Patria no fue reconocido, contrariamente a lo que se halla claramente establecido en el acta de bautismo, que en la época equivale a una constancia del Registro Civil.
Para terminar, don Bernardo O¿Higgins llega a Chile en 1802 y se entera de que su padre, quien ha muerto en Lima, le dejó una herencia completa, en la cual estima necesario legitimarse, sin saber que al ser bautizado ya lo había hecho su progenitor. La primera vez que usa el apellido O¿Higgins es a partir de 1804, en nuestro país, cuando solicita antecedentes. Al conocer la partida de nacimiento, que se encuentra en Talca, se da cuenta de que tiene pleno derecho y le es legítimo usarlo, con lo cual entra de lleno en la sociedad legal de la época.
Muchas gracias.
El señor HAMILTON.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
¿Sobre el mismo tema?
El señor HAMILTON.-
Sí, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Pero no se acordó realizar una discusión al respecto.
El señor HAMILTON.- No se debió tratar un asunto de tal naturaleza en esta oportunidad, señor Presidente, pero, ya que se abordó, lo celebro, lo cual extiendo también al hecho de que se confirme lo que señalé en una de mis intervenciones de ayer relacionadas con el proyecto sobre filiación: que don Bernardo O¿Higgins, el Padre de la Patria, por quien todos sentimos gran respeto y admiración, fue, legalmente, hijo ilegítimo, calidad que no lo hace desmerecer ante sus compatriotas ni ante la historia. Y esa condición la prueba el acta de bautismo, porque don Ambrosio O¿Higgins, su padre, y doña Isabel Riquelme no pudieron contraer matrimonio por la razón aquí expuesta. Vale decir, en la versión de la época, fue un hijo ilegítimo, y en la que algunos pretenden para el proyecto sobre filiación, sería uno no matrimonial.
El señor DÍEZ.-
¡Y, a pesar de no existir ley sobre el particular, fue Director Supremo y Padre de la Patria!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ruego a Su Señoría pedir la palabra a la Mesa.
DETENCIÓN DE CIUDADANOS Y PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS.
INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Corresponde ocuparse en el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que modifica el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal, en lo relativo a la detención, y dicta normas de protección de los derechos del ciudadano. La urgencia ha sido calificada de "suma". (Véase en los Anexos, documento 2).
¿Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 31ª, en 27 de agosto de 1996.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 35ª, en 10 de marzo de 1998.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 37ª, en 2 de abril de 1997.
Constitución (segundo), sesión 11ª, en 2 de julio de 1997.
Mixta, sesión 17ª, en 20 de mayo de 1998.
Discusión:
Sesiones 39ª, en 9 de abril de 1997 (se aprueba en general); 13ª, en 8 de julio de 1997 (queda pendiente su discusión particular); 14ª, en 9 de julio de 1997 (se despacha en particular).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala, a petición de la señora Ministra de Justicia, para que pueda asistir a la sesión el señor Claudio Troncoso Repetto, Jefe de la División Jurídica de esa Cartera.
Acordado.
En discusión.
Está inscrito en primer lugar el Honorable señor Viera-Gallo.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, el informe de Comisión Mixta sometido hoy a consideración del Honorable Senado es de enorme trascendencia, tanto para el resguardo de los derechos de las personas como para el combate a la delincuencia.
El proyecto, nacido en una moción de los Diputados señores Montes, Juan Pablo Letelier y Andrés Palma, ha sido objeto de un largo trámite y se llega ahora al final de su estudio, que culmina exitosamente.
La Comisión Mixta se ocupó en resolver las diferencias suscitadas entre la Cámara y el Senado, la más importante de las cuales se refiere a la capacidad de la policía para detener sin orden judicial no sólo en caso de delito flagrante, sino también para aprehender -lo que resulta mejor dicho, en este caso- cuando, en determinadas circunstancias graves, pida a un ciudadano la identificación y éste se niegue a proporcionarla o no pueda hacerlo. Si ello ocurre, la persona será conducida a la unidad más cercana y después será citada ante el juez competente. La forma de identificarse puede consistir en cualquier medio y no sólo en el carné de identidad.
A mi juicio, este punto es bastante relevante, porque permite que, eliminada la detención por sospecha, la cual se hallaba fuera del ordenamiento constitucional, la policía cumpla, sin embargo, con su función preventiva frente al delito.
La segunda controversia dice relación a cuándo se debe informar de sus derechos al aprehendido o detenido. En tal virtud, se ha llegado a una situación de compromiso -por así decirlo- entre la Cámara de Diputados y el Senado, en el sentido de que ello deberá hacerse al momento de la aprehensión o detención y reiterarse después en la comisaría. Se podría omitir la primera información si las circunstancias imposibilitaran para practicarla, como en el caso de resistencia del sujeto o de un enfrentamiento entre la policía y los detenidos.
El tercer punto se refiere a cómo avisar a los familiares cuando se ha producido la aprehensión o detención del individuo. La solución a que finalmente se llegó es la de asignar ese cometido al encargado de la guardia del recinto policial, pero en presencia del detenido, a fin de evitar que éste, si forma parte de una banda o un conjunto concertado de delincuentes, pueda comunicarse con ellos. También se garantiza a la persona, entonces, que sus familiares serán informados de su aprehensión o detención.
Por último, señor Presidente, debo señalar que el proyecto es muy importante, porque, además de lo indicado, termina con el delito de vagancia y mendicidad, como también con la detención por sospecha, y tipifica el delito de tortura o de apremios ilegítimos, dando así cumplimiento a la Convención contra la Tortura, de la cual Chile no sólo es signatario, sino que también la ha ratificado.
Por lo anterior, anuncio nuestros votos favorables al texto propuesto por la Comisión Mixta.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cordero.
El señor CORDERO.-
Señor Presidente, la detención por sospecha fue una figura jurídica que por muchos años sirvió como útil herramienta susceptible de ser aplicada anticipadamente respecto de quienes la policía lo estimaba necesario o veía proclives a cometer un ilícito.
A fines del siglo pasado y a principios del actual, el bandolerismo constituyó la peor lacra de todos los tiempos. Nunca el país ha sido víctima de una embestida delictual como ésa. De tal magnitud fue el sufrimiento de la gente de los campos, que el Gobierno se vio en la necesidad de crear una pequeña institución policial llamada "Gendarmes de las Colonias", la cual, al mando del legendario capitán Hernán Trizano Avezana, logró derrotar a las bandas delictuales.
¿Cuál es, señor Presidente, la relación histórica con el informe de la Comisión Mixta? No cabe duda de que los cambios que el país ha experimentado durante esta historia, lo que lo ubica en condición emergente, han repercutido positivamente en lo concerniente a la protección de los derechos del ciudadano.
El sospechoso a que se refieren los números 3 y 4 del artículo 260 del Código de Procedimiento Penal fue cambiando no sólo en su presencia, sino también en su actuar, y ese individuo, en el campo y la ciudad, ya no era el de poncho y a caballo, sino el de terno y vehículo motorizado. En consecuencia, poco a poco, el detenido por sospecha no reflejaba la intención descrita en la disposición legal, y en algunas oportunidades se podía privar de libertad a personas que no merecían tal sanción.
Ésa es la razón por la cual Carabineros de Chile fue reduciendo la aplicación de la autorización mencionada. Ello, mediante instrucciones escritas que ya sobrepasan los diez años. De ese modo, el personal que realiza servicios policiales en la vía pública fue teniendo una preocupación evidente por el respeto a los derechos aludidos, lo que en las estadísticas respectivas se refleja en una clara disminución de este tipo de detenciones. Más aún, la tecnificación de sus procedimientos permitirá a Carabineros descartar las sospechas en el lugar mismo en que se solicite la identificación.
Todo lo anterior, señor Presidente, estaba siendo implementado por la Institución conforme a sus medios.
Sin embargo, no es conveniente continuar con las restricciones que dificultan el actuar policial. Por eso, estimo que la Comisión Mixta, con buen criterio, creó la figura jurídica llamada "control de la identidad", la cual votaré favorablemente.
El nuevo texto merece, a mi juicio, dos observaciones, y las señalaré de inmediato. Una de ellas tiene que ver con el primero de los incisos que se agregan al actual artículo 284 del Código de Procedimiento Penal, en el sentido de imponer a los funcionarios policiales la obligación de dar a conocer al detenido los derechos legales que le asisten, tanto al momento de ser aprehendido como una vez trasladado a la unidad policial. En efecto, esa nueva norma señala:
"Antes de conducir a la persona detenida a la unidad policial, el funcionario público a cargo del procedimiento de detención o de aprehensión deberá informarle verbalmente la razón de su detención o aprehensión y de los derechos a que se refiere el inciso siguiente. Igual información deberá prestar al detenido o aprehendido, el encargado de la primera casa de detención policial hasta la que sea conducido, inmediatamente de ser ingresado a ella. Se dejará constancia en el libro de guardia respectivo del hecho de haberse proporcionado la información señalada, de la forma en que se prestó la información, del nombre de los funcionarios que la proporcionaron y de aquellos ante los cuales se entregó. Sin perjuicio de lo anterior, cuando por las circunstancias que rodean la detención o aprehensión, no se pueda informar al sujeto de sus derechos al momento de la aprehensión o detención, la información se proporcionará inmediatamente de ser ingresado a la unidad policial o casa de detención. En los casos previstos en los incisos cuarto y quinto del artículo 260, la referida información se entregará en la casa del detenido, o en la que él señale, cuando la tuviere fuera de la ciudad. La observancia de las exigencias de este inciso no exime al funcionario de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior.".
Señor Presidente, esa disposición consagra, como regla general, una doble información de los derechos de los detenidos, cuyo texto y formato serán fijados por decreto supremo del Ministerio de Justicia. Además, permite excepcionalmente omitir la primera de ellas cuando, por las circunstancias que rodean la detención o aprehensión, no se pueda informar al sujeto de sus derechos al momento de practicarla, como sucede en el caso de detenciones masivas o en circunstancias que hagan riesgosa tal actuación.
Sin embargo, estimo que el nuevo texto aprobado provocará, en su ejecución práctica, una serie de situaciones confusas y equívocas que es del todo conveniente evitar, lo que puede hacer surgir dudas acerca del procedimiento policial que se adopte.
Considero que el procedimiento de aprehensión debe ser expedito, seguro y centrado en su objetivo esencial: asegurar la persona del detenido. Por ello, es aconsejable y adecuado suprimir en esa fase el trámite oral de la información de derechos. Me parece que los objetivos perseguidos con tal actuación se satisfacen, amplia y plenamente, con la información que en la unidad policial se debe dar verbalmente y con la debida constancia, más el cartel destacado en donde se consignan los derechos de los detenidos, exhibido al público en un lugar claramente visible.
Por lo dicho, comparto plenamente las afirmaciones del Honorable señor Díez, quien durante el debate de la Comisión Mixta precisó que "No existe una diferencia importante entre informar en el acto de la detención o en la casa de la detención".
En la práctica policial, señor Presidente, es frecuente que un funcionario policial proceda a detener a uno o más individuos sin contar con la presencia de otras personas. En este supuesto, fácilmente se podrá negar por el o los aprehendidos el que se les haya proporcionado la información oral de sus derechos.
Asimismo, presumo que será de ordinaria ocurrencia, en aquellos casos en que la policía recurra a la norma de excepción para omitir la información de derechos al momento de la detención, que se invoque por los interesados la no concurrencia de circunstancia alguna que justifique el no cumplimiento de esa obligación.
Sólo disposiciones claras y precisas permitirán un eficaz desempeño policial e impedirán acusaciones infundadas y antojadizas en contra del personal por no observancia de sus obligaciones.
Por todas estas consideraciones, e insistiendo parcialmente en lo que ya aprobó el Senado, propongo incorporar como nuevo inciso segundo del artículo 284 del Código de Procedimiento Penal, el siguiente texto:
"Todo detenido o preso, al momento de ser ingresado a la unidad policial o casa de detención, deberá ser informado de la razón de su detención o aprehensión y de los derechos a que se refiere el inciso siguiente: se dejará constancia en el libro de guardia respectivo, de la forma en que se proporcionó la información, debiendo consignarse los nombres de los funcionarios ante quienes se haya cumplido esa exigencia. En los casos previstos en los incisos 4º y 5º del artículo 260, la referida información se entregará en la casa del detenido, o en la que él señale cuando la tuviera fuera de la ciudad. La observancia de las exigencias de este inciso no exime al funcionario de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior.".
Ahora bien, para el evento de que se insista en la obligación de practicar la información oral de derechos en el lugar de la aprehensión, creo indispensable proponer que, en tal caso, debería entregarse una información mínima, pero por motivo alguno puede pretenderse que en esa ocasión se dé lectura a un cúmulo de derechos, tal cual se sugirió al inicio del proyecto. Las circunstancias de hecho que rodean una detención hacen materialmente imposible e inconveniente entregar una información más acabada en esa oportunidad.
B) Mi segunda observación, se refiere al nuevo texto del artículo 266 del Código de Procedimiento Penal, que regula aquellas situaciones en que el delito flagrante que se imputa a personas detenidas fuere alguno de los mencionados en el artículo 247 del mismo cuerpo legal, esto es, aquellos que sólo ameritan citación. El artículo 266 preceptúa:
"Si el delito flagrante que se imputa a la persona detenida fuere alguno de los mencionados en el artículo 247, el funcionario encargado del recinto policial al que sea conducida deberá ponerla en libertad, intimándole que comparezca ante el juez competente a la primera hora de la audiencia inmediata, cumpliéndose uno de los siguientes requisitos: a) que el detenido acredite tener domicilio conocido, o b) que rinda en dinero efectivo una fianza de comparecencia ascendente a media unidad tributaria mensual si se tratare de una falta y a una unidad tributaria mensual si se tratare de un delito o cuasidelito. La fianza será recibida por el mismo funcionario y podrá ser depositada por el propio detenido o por cualquier persona a su nombre.
"Se darán al detenido las facilidades pertinentes para que pueda cumplir con cualquiera de estos requisitos.".
Es decir, la nueva redacción prescribe que los requisitos que debe cumplir el detenido para obtener su libertad, esto es, acreditar un domicilio conocido y rendir una fianza de comparecencia, son alternativos. Al respecto, considero que dichas exigencias deben tener el carácter de copulativas. En caso contrario, a los autores de estos delitos les bastará pagar una fianza de bajo monto para lograr su inmediata libertad, sin necesidad de comprobárseles previamente su domicilio o residencia.
En mi concepto, es precisamente este último antecedente el que debe procurarse establecer en forma fehaciente para poder hacer efectivo de un modo cierto su futura comparecencia, cada vez que ella sea requerida por los tribunales de justicia, ya sea a través de una citación o de una orden de detención por desobediencia dispuesta por el órgano jurisdiccional.
Por lo anteriormente expuesto, formulo proposición para sustituir, en el citado artículo 266 del Código de Procedimiento Penal, inciso primero, antes de la letra b), la conjunción disyuntiva "o" por la conjunción copulativa "y"; y, además, para suprimir, en el inciso segundo, las palabras "cualquiera de".
Consciente de no poder presentar indicaciones, solicito que se disponga el envío de un oficio en mi nombre a Su Excelencia el Presidente de la República, para que, ejerciendo su derecho a veto, corrija las situaciones anteriormente descritas.
El señor DÍEZ.-
Pido que se agregue mi nombre, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se enviará el oficio solicitado, en nombre del Senador señor Cordero, con la adhesión del Honorable señor Díez.
Acordado.
Hago presente a Su Señoría que puede traducir sus observaciones en una moción para iniciar un proyecto, porque, efectivamente, las materias a que se refirió no están contempladas en el informe de la Comisión Mixta.
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, deseo intervenir en forma muy breve, pues los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra dieron cuenta debidamente de los contenidos del informe de la Comisión Mixta que me tocó presidir, la que, a mi juicio, resolvió razonablemente bien las discrepancias surgidas entre la Cámara de Diputados y el Senado. La sustancia del acuerdo alcanzado que estamos conociendo se basó en el texto despachado por el Senado, al cual en la Comisión se le introdujeron distintas modificaciones.
Solamente deseo agregar que el problema de fondo más esencial del proyecto, que generó inquietud en la Comisión de Constitución del Senado cuando ésta estudió y emitió su informe el año pasado, consiste en que, al eliminarse la detención por sospecha -que parecía razonable por los antecedentes entregados-, también se limitaban las posibilidades de acción de la policía en circunstancias indeterminadas, para los efectos de controlar, al menos, a quienes se encontraban, si no participando en un hecho -porque ya se estaría frente a un delito flagrante-, en situaciones que configuraran indicios de tener alguna eventual vinculación, pasada o futura, con alguna conducta ilícita. Y ese vacío ciertamente creaba una situación de inseguridad que no podíamos propiciar. De allí que se ideara el control de identidad -por llamarlo de alguna forma- que permitía resolver las inquietudes que se estaban suscitando en cuanto a defender los derechos de quienes -aunque fueran inculpados o imputados en alguna situación- podían no tener antecedentes en la policía que justificaran su aprehensión, detención o retención, cualquiera que fuera la palabra que se emplee, precisión que implicaría demasiada finura.
Sin embargo, la ciudadanía exige esa certeza a las fuerzas de orden y seguridad, la que se alcanzaría mediante la adopción de medidas que, sin estar avaladas en la persecución de un delito claro y preciso, permitan dar los primeros pasos en la investigación preliminar, de manera que no se realice la conducta indebida o que se individualice a personas, con el objeto de que, si el día de mañana ocurre algo, puedan ser investigadas y perseguidas por sus eventuales responsabilidades penales.
Me parece que esta solución de transacción -a la que se arribó, repito, sobre la base del texto propuesto por el Senado- permite que hoy podamos decir con tranquilidad a la ciudadanía -preocupada por la seguridad, por el incremento de la criminalidad o por las dificultades para someter a la ley a los delincuentes, o por que se cumplan las sanciones que en rigor les corresponden- que la policía dispondrá de los instrumentos para proceder cuando corresponda; por ejemplo -como propone el nuevo texto del artículo 260 bis-, cuando hay indicios de que la persona "ha cometido o intentado cometer un crimen o simple delito, o de que se dispone a cometerlo, o de que puede suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen o simple delito", estará facultada para realizar un control de identidad, que puede derivar, aunque sea transitoriamente, en la detención de la persona hasta verificar su identidad y, desde luego, para poner los antecedentes en manos del tribunal competente.
Aquí se ha contemplado una fórmula ingeniosa, que permite decir al país que la seguridad ciudadana sigue estando a buen recaudo y, al mismo tiempo, que la gente común y corriente tampoco debe temer una acción indebida de la Policía a raíz de facultades demasiado amplias en virtud de las cuales cualquier persona, ante la más mínima sospecha, pudiera ser detenida sin mayor razón o sin mediar un procedimiento que le permita resolver su situación y no ser acusada de estar cometiendo o de haber cometido un delito propiamente tal.
Aparte de esta consideración que, a mi juicio, es la central en la iniciativa, hay otras que ya han sido debidamente relatadas, por lo que no abundaré a su respecto.
Por los motivos anotados, respaldamos el acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta, y ciertamente aprobaremos el proyecto en los términos propuestos en el informe. Sugiero al Senado acogerlo también favorablemente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora ALVEAR (Ministra de Justicia).-
Señor Presidente, el texto que se somete hoy a consideración de los señores Senadores, es fruto de un informe de la Comisión Mixta formada para resolver las cuatro diferencias existentes entre el articulado despachado por la Cámara de Diputados y el aprobado por el Senado. Desde ya advierto que, producto del acucioso trabajo llevado a efecto, se obtuvo la aprobación unánime de todos quienes integraron dicha Comisión, y estamos plenamente satisfechos de lo que allí se hizo.
Cabe destacar -como lo explicitó con antelación un señor Senador- que la iniciativa se inició en moción parlamentaria y contó con la entusiasta colaboración del Ejecutivo, lo que demuestra que un trabajo mancomunado otorga la posibilidad de llegar a resultados tan importantes como los contenidos en las normas sobre las cuales debe pronunciarse hoy esta Alta Corporación.
Hago presente que, más allá de la solución de las diferencias que hoy corresponde votar, el proyecto persigue cuatro objetivos muy específicos, que es conveniente recordar.
1) Informar al detenido de sus derechos y, especialmente, proceder a comunicar de la detención a su familia por los medios más expeditos posibles. Ésta es una aspiración muy sentida. Es lógico que la familia se entere de las circunstancias de la detención de uno de sus miembros.
2) Facultar a las Policías para establecer un control de identidad, como muy bien señaló el Senador señor Cordero en una reciente intervención.
3) Tipificar el delito de tortura y aumentar su penalidad, conforme lo establecen los convenios internacionales que Chile ha suscrito sobre el particular.
4) Derogar los delitos de vagancia y mendicidad.
Es preciso destacar cómo, durante el trabajo realizado, ambas ramas del Congreso han buscado, en forma extraordinariamente eficiente, compatibilizar dos grandes principios de política pública a fin de incorporarlos en esta iniciativa legal. Uno es el de garantizar de manera adecuada los derechos de las personas detenidas, y el otro -como acertadamente se ha indicado en esta sesión- es la ejecución de una labor eficaz en la prevención y en la persecución de los delitos.
Ambos principios de política pública, que se incluyen en forma bastante apropiada en el texto, buscan fortalecer la seguridad ciudadana en un marco de pleno respeto a los derechos de las personas.
Como expresé al comienzo, cuatro fueron las diferencias suscitadas entre los textos aprobados por la Cámara de Diputados y el Senado. La primera tiene que ver con el momento en que debe informarse de sus derechos al detenido (aclaro que tales derechos dicen relación a los consagrados en la Constitución y las leyes). Lo aprobado por la Cámara Baja obligaba, en toda circunstancia, a que la información fuese entregada por los funcionarios encargados de la aprehensión en el momento mismo en que ésta se produjera. El Senado aprobó un texto distinto. Creemos que la Comisión Mixta arribó a un buen acuerdo: que la información se entregue a la persona detenida en el momento de la aprehensión, salvo que las circunstancias que rodean a ésta impidan practicar en ese instante el trámite de la información de derechos, caso en el cual se informará al sujeto de los derechos que le asisten inmediatamente después de ser ingresado al cuartel policial o a la casa de detención. En la Comisión se mencionó lo que puede ocurrir, por ejemplo, cuando se efectúen detenciones masivas a la salida de los estadios o de ciertos espectáculos públicos, donde sea muy difícil entregar la información. En tales casos, para no entorpecer la labor policial, se estimó pertinente que la información se entregara en el momento del ingreso del detenido al cuartel policial. Desde esa perspectiva, hubo acuerdo en la Comisión Mixta.
La segunda discrepancia se refería al control de identidad. La Comisión, luego de una ardua discusión e intercambio de opiniones, llegó a un texto que en definitiva fue aprobado por unanimidad. Y unánimemente también fue aprobado luego por la Cámara de Diputados. En él se establece un mecanismo idóneo para acreditar la identidad, que combina los dos principios a que aludí anteriormente. Se trata de la posibilidad, no contemplada en nuestro actual ordenamiento jurídico, de que la policía pueda solicitar "la identificación de cualquier persona, en casos fundados, tales como la existencia de un indicio de que una persona ha cometido o intentado cometer un crimen o simple delito, de que se dispone a cometerlo, o de que puede suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen o simple delito.". En esas situaciones calificadas la policía contará con esta herramienta que hoy no existe. Si la persona se identifica (lo cual podrá hacer por cualquier medio), allí culmina la intervención de la policía. Sólo si se niega a identificarse, o habiéndosele dado las facilidades necesarias no haya podido hacerlo, deberá ser conducida a una unidad policial para los efectos contemplados en el artículo 266 del Código de Procedimiento Penal. Este precepto se refiere a los casos de detenciones por falta, en los cuales se conduce a la persona a la unidad policial más cercana y, previa comprobación de su domicilio o del pago de una fianza, es dejada en libertad y citada a comparecer en el procedimiento de falta correspondiente.
El precepto fue aprobado en esos términos por la Comisión Mixta y, como dije, acogido por unanimidad en la Sala de la Cámara de Diputados.
La tercera divergencia presentada se refiere al aviso de la detención. La disposición aprobada por la Cámara Baja innovaba en cuanto al inciso respectivo del artículo 293 del Código de Procedimiento Penal, otorgando al detenido o preso el derecho a que por sí mismo, o por los medios más expeditos, avisara en el menor plazo posible a su familia, a su abogado o a la persona que estimase pertinente, del hecho de su detención. El Senado sustituyó esa norma: eliminó la posibilidad de que el detenido o preso diera aviso por sí mismo del hecho de su detención o prisión. En la Comisión Mixta se encontró una solución muy razonable que permite, por una parte, que el detenido o preso tenga la certeza de que se informó a sus familiares del hecho y la causa de su detención o prisión, y, por otra, evita una eventual perjuicio de las pesquisas policiales. En efecto, se tuvo en consideración, y se debatió largamente, la posibilidad de que el detenido o preso, al hacer uso del derecho a dar por sí misma el aviso, entorpeciera la investigación en los casos de criminalidad organizada, lo cual, como dije, podría desbaratar ciertas pesquisas policiales. Por esa razón se consagró el derecho a que se informe a la familia o a la persona que el detenido estime pertinente, por la policía o por el tribunal, en su caso, en presencia del detenido, la causa de su detención, dejándose constancia de esta situación en el libro de guardia de la unidad policial o en el expediente correspondiente, en su caso.
En consecuencia, queda completamente resguardada la posibilidad de entorpecer una investigación policial.
Y, por último, el cuarto punto motivo de análisis en la Comisión Mixta tuvo que ver únicamente con un problema de coherencia legislativa. En efecto, habiéndose derogado los delitos de vagancia y mendicidad, por una probable inadvertencia se eliminó el artículo 5º propuesto por la Cámara de Diputados, que modificaba el Nº 5 del artículo 42 de la Ley de Menores, en circunstancias de que ello constituía un error. Tal equivocación fue reparada por la Comisión Mixta al momento de estudiar la eliminación de la norma.
Por lo expuesto, señor Presidente, a mi entender, hemos encontrado en dicho organismo la manera de informar adecuadamente los derechos de los detenidos, de establecer la posibilidad del control de identidad, de tipificar apropiadamente el delito de tortura y, al mismo tiempo, de hacer factible la entrega de mecanismos idóneos para que, garantizando los derechos de las personas, exista un sistema apropiado a fin de que nuestra policía pueda llevar adelante su trabajo de velar por la seguridad ciudadana.
El informe fue aprobado unánimemente en la Comisión Mixta, lo mismo ocurrió ya en la Sala de la Cámara de Diputados, y esperamos que también se apruebe en la misma forma en el Senado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Díez.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente, nos encontramos analizando este informe de la Comisión Mixta bajo circunstancias que afectan la seguridad ciudadana de manera tal que nosotros, representantes de la soberanía popular, no podemos dejar de tenerlas en cuenta cuando examinamos instituciones que modifican el Código de Procedimiento Penal o el Código Penal.
No hay duda de que a menudo la sociedad contemporánea olvida lo que señalaré y da signos contradictorios en materia de derechos humanos. Existe un derecho humano fundamental, el más importante de todos -porque es el más general y afecta a todas las personas-, que no es nombrado, pero que se encuentra presente en todo nuestro sistema jurídico: el derecho a no ser víctima de un delito, derecho que la sociedad contemporánea debe defender. Y los legisladores tenemos que tomar en cuenta que la realidad social lleva a la necesidad de contar con normas muy estrictas sobre el particular.
En este proyecto hemos considerado algunas de esas normas, sin pensar que se trata de escoger entre la libertad y la seguridad. Algunos señores Diputados defensores de la iniciativa decían preferir la libertad, para oponerse a los efectos de una negativa de identificación o de la incapacidad de probarla. No se puede pretender llevar la libertad hasta extremos que hagan imposible al Estado, como representante de la sociedad entera, cumplir con su deber fundamental de garantizar la seguridad ciudadana.
Yo no veo que se afecten los derechos emanados de la naturaleza del hombre por el hecho de obligar a las personas a acreditar su identidad en cualquier situación sospechosa, no sólo tocante a la conducta de aquel a quien se le pide, sino que respecto de las circunstancias ambientales o del tiempo. Por eso, el exigir a una persona probar su identidad no es atentatorio contra ningún principio de libertad.
La sociedad nos impone muchas cargas, y tiene derecho a pedirnos llevar nuestro documento de identidad. Si queremos precaver cualquier molestia debemos portar nuestro carné de identidad, o, de no ser así, sufrir las consecuencias derivadas de la incertidumbre por las conductas o la naturaleza de las personas.
En mi opinión, es positivo facultar a la policía para pedir identificación, y en caso de negativa o de imposibilidad de probarla, corresponde llevar al sospechoso al lugar de detención -la comisaría más cercana- para aplicar las normas correspondientes por la falta, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal.
Hay aquí una fuente promisoria e importante de control de la seguridad ciudadana, porque los medios de transmisión y almacenamiento de datos, cada día en aumento con una celeridad extraordinaria, hacen prever que en poco tiempo más nuestra eficiente fuerza policial estará equipada con los elementos más perfectos para determinar, en el mismo sitio, si la identidad o la respuesta de los individuos es verdadera o no.
En efecto, hoy día es posible la transmisión automática no sólo de los datos, sino también de las fotografías de quienes dicen llamarse de determinada manera. Estos adelantos permitirán conocer la identidad de las personas y si alguna de ellas está siendo perseguida por la fuerza pública, si es delincuente habitual o si es un reincidente, según se le encuentre en circunstancias sospechosas análogas a hechos delictivos anteriores. Esta normativa constituye, también, un modo preventivo de defender la seguridad ciudadana, pues los presuntos o potenciales delincuentes sabrán que en cualquier momento la autoridad se halla facultada para exigir la identidad en la vía publica.
Ése es el quid del proyecto, con lo cual se da a la ciudadanía una buena señal.
Los Poderes Públicos están preocupados por el clamor razonable de la gente -hay clamores de alarma pública a veces injustificados o desproporcionados-, el que, por experiencias más o menos cercanas, todos conocemos. Me refiero a los problemas de seguridad ciudadana que perturban en forma grave la convivencia social, fundamentalmente de nuestras ciudades medianas y más grandes.
Por esa razón, me alegra que la Comisión respectiva haya alcanzado un acuerdo, por mayoría, para dar a nuestras autoridades policiales la facultad para pedir la identidad y para someter a las personas que no pueden acreditarla a los procedimientos que señala la ley, según sea la falta.
El señor NÚÑEZ.-
¿Me permite una pregunta, señor Senador, con el permiso de la Mesa?
El señor DÍEZ.-
Con el mayor gusto, señor Senador.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, de la intervención del Senador señor Díez infiero que el medio para acreditar la identidad debe ser la cédula nacional. Entiendo que no es así. Las personas pueden probar quienes son por cualquier medio, con tal de que sea fiable.
Además, en muchos de estos medios no se indica el número de carné ni la fotografía como para que la policía pueda efectivamente rastrear, a través de los procedimientos modernos referidos por el señor Senador, la verdadera identidad de la persona y los eventuales delitos que pueda haber cometido anteriormente.
El señor DÍEZ.-
Estimado colega, me alegro de su pregunta, pues permite aclarar mi planteamiento, en caso de no haber sido preciso al comentar el contenido de la iniciativa.
En primer lugar, las personas pueden acreditar su identidad con cualquier medio que satisfaga a la autoridad. Como se trata de probar la identificación, no hay duda de que la forma más usual, más normal, es que cada ciudadano lleve consigo su cédula de identidad.
En segundo término, no cabe duda de que una persona que acredita su identidad dice su nombre y apellido, y el carabinero, desde su radiopatrulla, podrá pedir que le envíen los antecedentes de Juan Muñoz Guzmán, por ejemplo. La informática le permitirá inmediatamente tener los datos de esa persona. En poco tiempo más, nuestros vehículos policiales podrán disponer de recursos computarizados que muestren fotografías para vigilar, comprobar, en el lugar mismo, la identidad de las personas. A eso deseo referirme: a que los avances en el manejo de la técnica y la ciencia permiten velar por el deseo de todos, en cuanto a que los derechos ciudadanos no sean perturbados y que los derechos de la gente se hallen eventualmente mucho mejor garantizados con las armas que entregamos a la autoridad.
El proyecto también contempla un aspecto que personalmente me satisface mucho. Las garantías del debido proceso fueron introducidas en la Constitución Política de 1980 -no figuraban en los textos constitucionales anteriores- por iniciativa del Senador que habla. A mi juicio, evidentemente se crea una costumbre útil al comunicar a la persona que ha sido detenida, arrestada, tomada presa o retenida -usando una palabra general- qué derechos tiene. Y también resulta razonable que no le coloquemos a la policía, sobre todo en estos momentos, trabas para el cumplimiento de sus obligaciones. De manera que si las circunstancias no lo permiten -como muy bien lo convinimos en la Comisión Mixta y fue objeto de una adecuada redacción sugerida por el propio Ministerio de Justicia-, el proceso se puede realizar, con los debidos resguardos de prueba que la misma ley establece, en el lugar donde la persona haya sido detenida.
Por lo tanto, pienso que estamos elaborando una legislación buena y conveniente, que nos permite atacar la delincuencia con elementos eficaces, respetando los derechos de las personas (pues nunca el fin justifica los medios) y protegiendo la seguridad de nuestra ciudadanía, la que, con razón, en estos días se ve sumamente preocupada por el aumento de la criminalidad.
Deseo aprovechar esta oportunidad para informar que, inmediatamente de abierto el período ordinario de sesiones, presentaré un proyecto de ley que dice relación con las ventajas y derechos de los reos, el cual someteré a la consideración del Senado.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, anuncio mi voto favorable al proyecto, pues -a mi juicio- en él quedan bien equilibrados el derecho a la libertad de las personas y, también, el derecho de la sociedad a recibir seguridad.
Opino lo anterior por cuanto, en lo referente a la identificación que se puede pedir a cada persona -tal como se convino en la Comisión Mixta y se estableció previamente en la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado en la época en que el Senador que habla la integraba-, se autoriza a la policía para solicitarla a cualquier individuo cuando existan determinadas circunstancias que así lo ameriten, facultad que antes no se consignaba, porque solamente podía hacerse en casos específicos de sospecha.
No olvidemos que el artículo respectivo, tal como ha sido aprobado, permite a la policía solicitar la identificación a cualquier persona en casos fundados. Vale decir, no es posible hacerlo en cualquier circunstancia por mero arbitrio o capricho de la autoridad, sino que sólo en casos fundados.
El propio artículo 260 bis del proyecto consigna los casos en que, a título meramente ejemplar, se puede solicitar la identificación. Sin embargo, no debemos olvidar que la excepción es la exigencia de la misma. Y se trata de un caso excepcional, cuando se sospecha que una persona está cometiendo un crimen o simple delito, se dispone a cometerlo o puede suministrar informaciones útiles para la indagación de otro crimen o delito.
Sólo en caso de negativa para acreditar la identidad y una vez que se le han dado las facilidades pertinentes para que así ocurra, procede la detención de la persona para los efectos de determinar su identidad, la que debe ser establecida en la unidad policial más cercana.
Así, estamos en presencia de una norma que deja debidamente resguardada la libertad de la persona quien, por el solo hecho de acreditar su identidad, salvo que se encuentre en situaciones en que la policía está autorizada para detenerla -como, por ejemplo, la existencia de una orden judicial de detención pendiente o de una orden de un funcionario competente que permite o autoriza su detención-, debe ser dejada inmediatamente en libertad en el mismo lugar donde se le ha solicitado la identificación. En caso de que ésta no pueda ser acreditada, se le proporcionarán todos los medios y facilidades para que lo haga, incluso -como la norma señala que se puede hacer por cualquier medio- recurriendo a testigos, sin ser necesaria la existencia de un documento. A mi juicio, a veces resultará importante que así ocurra, en cuanto a que dos personas que puedan certificar sus propias identidades acrediten satisfactoriamente, a través de cualquier medio, la de otra. En tal caso, debiera darse por cumplido en forma suficiente el requisito de comprobar la identidad.
El señor NÚÑEZ.-
¿Me permite una interrupción, con la venia de la Mesa, Su Señoría?
El señor FERNÁNDEZ.-
Con todo agrado, señor Senador.
El señor NÚÑEZ.-
Estoy absolutamente de acuerdo con sus palabras, pero del texto mismo no se desprende que, eventualmente, la persona pueda acreditar su identidad sobre la base de un testigo. Me parece que eso no queda claramente expresado.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Senador, considero que ello queda claro en el artículo 260 bis, cuando señala: "La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encuentre, debiendo dársele todas las facilidades posibles para acreditarla, lo que podrá hacer por cualquier medio.". Y los testigos constituyen uno de los medios para acreditar la identidad.
Además, señor Presidente, si la persona detenida se encontrara involucrada en algunos de los casos mencionados en el artículo 247 del Código -vale decir, en general, aquellos delitos menores o faltas que ameritan ser citado por el juez para prestar declaración o comparecer a los demás actos del juicio-, el funcionario encargado del recinto policial al que aquélla sea conducida deberá ponerla en libertad al cumplirse cualquiera de los siguientes requisitos -no es necesario que sean copulativos-: que el detenido acredite tener domicilio conocido, o que rinda en dinero efectivo una fianza de comparecencia ascendente a media unidad tributaria mensual, si se tratare de una falta, y a una unidad tributaria mensual, si se tratare de un delito o cuasidelito. Esta manera de proceder facilita bastante el ejercicio de la libertad e impide las detenciones innecesarias.
Respecto de los derechos que, en lo posible, deben hacerse presente a las personas al momento de ser detenidas, el legislador ha considerado que en determinadas circunstancias tal cometido puede resultar muy difícil de cumplir para la policía. Por ejemplo, durante el desarrollo de un acto masivo donde se producen desórdenes o, incluso, cuando los funcionarios policiales están evitando ser agredidos. En tales casos resulta imposible o incluso irrisorio pensar en la posibilidad de que a la persona detenida se le den a conocer sus derechos. Por ello, una vez conducida a la unidad policial respectiva, deberá ser informada de la razón de su detención o aprehensión y de los derechos que tiene, sin perjuicio de que en el recinto haya, en un lugar claramente visible, un cartel en donde se señalen tales derechos.
El resto de la normativa aprobada por la Comisión Mixta, al cual ya se han referido otros señores Senadores, también lo comparto plenamente.
En lo que dice relación con los delitos de tortura, obviamente estimo importante el avance que significa para nuestra legislación el hecho de castigar y sancionar, en la forma establecida en el artículo 150 A, aquellos tormentos o apremios ilegítimos, físicos o mentales, que se aplicaren a una persona privada de libertad.
A su vez, lo relacionado con los delitos de vagancia y mendicidad también representa un progreso en nuestra legislación, en especial en lo atinente a las sanciones que eventualmente pudieran recibir las personas que en ellos incurrieren, de acuerdo con la legislación actualmente vigente.
Por tales razones, señor Presidente, juzgo el proyecto conveniente y adecuado, pues equilibra en la mejor forma posible la libertad con la seguridad. Asimismo, pienso que constituye un avance en nuestra legislación, porque resguarda debidamente los derechos de los detenidos y consagra la facultad necesaria que debe tener la policía para poder actuar en un medio en donde, normalmente, la sociedad exige seguridad ciudadana para todos.
En consecuencia, dicho equilibrio es debidamente adecuado en los términos concebidos por la Comisión Mixta y, por lo mismo, prestaré mi aprobación a la iniciativa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton y, a continuación, el Senador señor Martínez.
El señor HAMILTON.- Simplemente deseo señalar que, como aquí se ha dicho, el parecer de la Comisión Mixta es unánime. Pero, además, recoge el criterio del Senado que fue objeto de discrepancia con la Cámara de Diputados. Y como todos los señores Senadores que han intervenido están de acuerdo en el informe, sugiero que lo aprobemos por unanimidad.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, la motivación del proyecto es indudablemente muy buena: equilibrar la seguridad de las personas con los derechos de las mismas. Pero, luego de analizar la redacción, y pensando en términos prácticos, hay tres puntos que, en mi concepto, van a causar dificultades.
En primer lugar, el problema de idiosincrasia nacional. A mi juicio, el no exigir un documento preciso va a facilitar la falsificación de documentos, la suplantación de testigos y la creación de verdaderas cadenas para responder por la identificación ficticia de determinadas personas. Es necesario tener presente que la policía trabaja en ese medio y con esa gente. El común de los ciudadanos no tiene preocupación. El problema se producirá, porque una enorme cantidad de ciudadanos comete delitos como una forma de vida. En ese sentido, sin perjuicio de entender el buen espíritu y la idea extraordinaria que persigue la iniciativa, puede traer dificultades.
La segunda fuente de problemas nace de la exigencia de leerle los derechos a las personas al ser detenidas por la policía. En mi opinión, ello dará lugar a una tremenda cantidad de situaciones que terminarán ante el juez, delante del cual aquéllas dirán que no han escuchado sus derechos y que no tienen idea de qué se trata. No hay duda de que, de esa manera, los juicios se van a prolongar y muchos esfuerzos de la policía se perderán.
En tercer término, si se mira el problema desde fuera como un ciudadano común y corriente que ha visto trabajar a nuestra policía en su actividad extraordinariamente eficiente a pesar de todas las dificultades que ha tenido, uno se da cuenta de que van a aparecer problemas materiales bastante importantes. Por de pronto, ya no se podrá hablar, hasta donde me imagino, de patrullas de dos hombres. Habrá que aumentarlas a cuatro. Entonces, también la iniciativa significará demanda de material y de personal adicional.
La idea la considero excelente; me parece que constituye un muy buen esfuerzo, pero lo central es hasta dónde estas normas van a ser realmente operativas, sin que ocasionen mayores problemas que los que tratamos de evitar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín, en su segunda intervención.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente. simplemente deseo clarificar que el informe no fue aceptado en todas sus partes por la unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta; varios de sus acápites fueron acogidos por mayoría de votos. Pero, debo señalar que aquellas votaciones de mayoría fueron hechas, en general, con el consenso de los Senadores entre sí y de una parte de los Diputados. Por eso, desde el punto de vista nuestro, independientemente de otras posturas, el informe recoge el proyecto original que aprobó el Senado, base sobre la cual se logró el acuerdo en la Comisión Mixta. Me parece necesario precisar esta materia debido a algunos comentarios que se han hecho.
Por tal razón, señor Presidente, precisamente porque hubo acuerdo entre los Senadores que participamos en la Comisión Mixta en torno del informe presentado a consideración de la Sala, me atrevo a solicitar que sea aprobado por unanimidad.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si tal es el parecer de los señores Senadores, daremos por aprobado el informe de la Comisión Mixta por unanimidad.
El señor DÍEZ.-
Debe contar con los cuatro séptimos, señor Presidente.
El señor MARTÍNEZ.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, no me he pronunciado todavía sobre el informe. Mi voto es favorable de cualquier manera, pero, en todo caso, me gustaría que de mis aprensiones quedara constancia.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Quedan registradas en la Versión Taquigráfica, señor Senador.
El señor MARTÍNEZ.-
Por ejemplo, lamento profundamente que la Comisión Mixta no haya podido aceptar un documento que es válido en todo Chile: el carné de identidad. Yo hago presente mis dudas respecto de una verdadera cadena de problemas que podemos tener en el futuro.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Muy bien, señor Senador.
Si no hubiere opiniones en contrario, se aprobaría el informe de la Comisión Mixta.
--Se aprueba.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente, es necesario dejar constancia de cuántos Senadores lo aprueban, porque es de quórum especial.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Secretaría me informa que no es así, señor Senador.
El señor DÍEZ.-
El informe dice que sí, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Secretaría me indica que en el informe de la Comisión Mixta no se considera ninguna proposición de quórum especial.
El señor HAMILTON.-
En todo caso, señor Presidente, nada se pierde con dejar constancia del número de Senadores que lo aprueban. Lo que abunda no daña.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
De acuerdo. Se deja constancia de que veintisiete señores Senadores han prestado su aprobación al informe.
El señor DÍEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DÍEZ.-
Me llama la atención el pronunciamiento de Secretaría, porque la Comisión Mixta, por la unanimidad de sus miembros, estimó que los artículos 3° y 4° deben ser aprobados por las cuatro séptimas partes de los Senadores y Diputados en ejercicio, por recaer en materias propias de la Ley Orgánica Constitucional a que se refiere el artículo 74 de la Constitución Política del Estado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LAGOS (Secretario).-
El Secretario de la Comisión me ha dado a conocer que no se requiere quórum de ley orgánica constitucional, porque la proposición de la Comisión Mixta no afecta la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En todo caso, hemos dejado constancia del número de señores Senadores que aprobaron el informe.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora ALVEAR (Ministra de Justicia).-
Señor Presidente, deseo aclarar el tema del quórum. Efectivamente, los artículos 3° y 4° son de quórum especial. Sin embargo, ellos ya fueron aprobados. No fueron objeto del análisis de la Comisión Mixta y no son parte del informe. Las cuatro divergencias que se resolvieron en la Comisión Mixta en los términos que se sugieren a la Sala son de quórum simple. Por ello, para los efectos de esta sesión, me parece importante aclarar que no se requiere el quórum especial, por la razones que acabo de explicitar.
Al margen de lo anterior, señor Presidente, me permitiré responder a la inquietud planteada por un señor Senador en lo relativo a las dificultades de la identificación de las personas, con el solo propósito de dejar clara esta materia en la historia de la ley. Sobre el particular, se nos informó que para los efectos de una adecuada identificación existe la posibilidad de que por cualquier medio idóneo se testee la información de la persona. Es decir, no basta con indicar el nombre. Carabineros va a estar en condiciones de preguntar respecto de la familia y de otro tipo de antecedentes que le permitan certificar si efectivamente la persona respecto de quien se pide la identificación es quien dice ser. Esa es la razón de que se haya establecido en la Comisión Mixta que la identificación se realizará por cualquier medio idóneo. Me parece importante hacer esta aclaración para la tranquilidad de los señores Senadores que han prestado su aprobación al informe.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Corresponde tratar el segundo punto de la tabla.
MODIFICACIÓN DE RÉGIMEN DE FILIACIÓN
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Corresponde continuar la discusión particular respecto del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filiación. Cuenta con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
¿Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 23ª, en 6 de diciembre de 1994.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 12ª, en 3 de diciembre de 1996.
Constitución (segundo), sesión 12ª, en 11 de noviembre de 1997.
Discusión:
Sesiones 24ª, en 14 de enero de 1997 (queda pendiente su discusión general); 30ª, en 5 de marzo de 1997 (se aprueba en general); 12ª y 16ª, en 6 y 19 de mayo de 1998, respectivamente (queda pendiente su discusión particular).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Quedaron inscritos en la sesión anterior¿
El señor HAMILTON.-
¿Me permite, señor Presidente? Se clausuró el debate, por lo que ahora sólo corresponde votar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Estoy de acuerdo. Hay una votación que quedó pendiente. Ya tomé una resolución de tipo reglamentario respecto de la clausura del debate de la vez pasada, pero ahora estamos en otra materia.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente, pero corresponde votar a primera hora sin discusión.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Permítame aclarar el tema, señor Senador. Se pidió segunda discusión respecto de las indicaciones del Ejecutivo al artículo 1°, número 1. Sobre eso tenemos que comenzar a trabajar ahora en la Sala.
Ayer quedaron inscritos los Senadores señores Gazmuri, Bitar, Martínez, Canessa, Boeninger y Ruiz-Esquide.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, renuncio a mi derecho, porque tengo la impresión de que sobre los temas debatidos ayer hubo un intercambio de opiniones más que suficiente para poder pronunciarse.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Llamo la atención hacia el hecho de que, por haberse pedido segunda discusión, se reducen a la mitad los tiempos de las intervenciones de cada uno de los inscritos.
Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, la materia de que trata el proyecto tiene para mí máxima importancia, no por el aspecto técnico ni por lo que se sustituye o cambia, sino por la razón que justifique la transformación.
Ayer consulté sobre el tipo de régimen legal con que queríamos enfocar el problema de la familia. Y en tal sentido, quiero volver a plantear mi profunda inquietud frente a lo propuesto. El cambio definitivo, ¿implica reforzar la familia a través de un régimen legal en el cual ciertas conductas, si bien son humanas y ocurren, se traducen en consecuencias? En ese aspecto, no alcanzo realmente a entender cuándo las variaciones que se están haciendo son para proteger a la familia o para facilitar su existencia. Tampoco alcanzo a comprender cómo tales modificaciones nos pueden llevar en esa dirección.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Canessa.
El señor CANESSA.-
Señor Presidente, señores Senadores, dada la trascendencia que para la sociedad chilena tendrá la decisión que en definitiva se adopte en materia de filiación, he estimado indispensable -al igual que otros señores Senadores- fijar mi punto de vista en torno de los principios que inspiran dicha institución.
La sustitución del régimen de filiación actualmente vigente por otro encaminado a terminar legalmente con la diferencia que existe entre los hijos legítimos e ilegítimos, obedece a un modo de concebir el orden social que no comparto.
Carezco de prejuicios sobre el particular. A lo largo de mi vida he conocido a hombres de muy distinta condición y, sin duda, la distinción que el proyecto del Ejecutivo pretende borrar no pesa demasiado a la hora de aquilatar el auténtico valer de una persona. Si alguien sufre de algún complejo por su origen, el cambio que propone la ley en estudio no será de gran ayuda para superarlo.
No es ninguna solución jugar con las palabras, cambiando la actual calificación por la de hijos matrimoniales y no matrimoniales, por ejemplo, aunque de esta manera se morigere el trato en sociedad.
Está en la naturaleza de las cosas, no en el capricho del legislador -de este siglo o del anterior- que haya hijos que nacen dentro del matrimonio e hijos que nacen fuera de él, hecho que necesariamente se traduce en un distinto estatuto en la determinación de la filiación.
Así las cosas, lo único que realmente puede estar en discusión es el alcance de los derechos y obligaciones respecto a los hijos matrimoniales y los extramatrimoniales. Esto obliga, como es lógico, a favorecer una determinada opción en la organización de la sociedad.
Yo creo que la familia es, de hecho y de Derecho, la célula básica de la sociedad. Creo, asimismo, que el matrimonio -y no cualquier otro tipo de unión que le sirva de sucedáneo- es el vínculo que normalmente expresa la voluntad de las personas que deseen vivir en familia. Hay excepciones, se dirá, pero ellas deben ser tratadas como tales y no convertirlas en regla general, ni menos en un modelo de comportamiento social.
La ley tiene, entre otros, un efecto pedagógico y, por lo tanto, debe dar cuenta de los valores culturales que prevalecen en un determinado momento y lugar.
No me parece compatible con el bien común de la sociedad chilena diluir la diferencia que existe entre hijos habidos dentro o fuera del matrimonio. Hay que hacer lo posible -¡qué duda cabe!- por mitigar las injusticias de que puede ser víctima un hijo ilegítimo; pero ese empeño en modo alguno justifica perder de vista cuál es el comportamiento correcto y adecuado tanto en el plano personal como en el social, juicio ético que me parece de la mayor importancia.
Por otra parte, comparto la duda que otros señores Senadores han manifestado en cuanto a la constitucionalidad del proyecto en estudio. El Estado de Chile no es neutral respecto al orden familiar. La propia Constitución le fija como obligación esencial dar protección a la familia y propender a su fortalecimiento. Mucho me temo que el contenido de esta reforma camine más bien en sentido contrario. Esto es, debilitando a la familia en beneficio de un pretendido igualitarismo que, más allá de las palabras, jamás podrá borrar una diferencia tan obvia.
Tampoco creo que borrar del Código Civil la existencia de hijos ilegítimos sea una decisión apta para terminar con una pretendida desigualdad ante la ley, que es el motivo invocado en el mensaje para fundamentar esta iniciativa. No es el momento de argumentar sobre el particular; sin embargo, cabe recordar que se discrimina tanto cuando se tratan de manera diferente situaciones similares, como cuando se tratan de igual modo aquellos casos que son disímiles en razón de su propia naturaleza.
Por último, queda en claro que, a pesar de reconocer que la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos obedece a una realidad innegable, me interesa sobremanera estudiar cualquier fórmula que, respetando la integridad de la familia, pueda contribuir a aminorar los efectos perniciosos que todavía hoy conlleva la condición de hijo ilegítimo o no matrimonial.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Está inscrito a continuación el Honorable señor Boeninger.
El señor BOENINGER.-
En realidad, señor Presidente, ayer manifesté mi concordancia con la indicación renovada por el Ejecutivo. Hay un error, pues, al parecer, Su Señoría anotó mi nombre para intervenir en la clausura del debate.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Por no estar en la Sala el Honorable señor Ruiz-Esquide, tiene la palabra la palabra el Senador señor Urenda.
El señor URENDA.-
Señor Presidente, en marzo del año pasado, fijé mi posición general frente al proyecto en debate, y hoy quiero reiterar algunas ideas fundamentales.
Sobre la base del concepto de igualdad, se están edificando diversas normas sobre las cuales tenemos que pronunciarnos. Pero yo echo de menos aquí una preocupación esencial para lo que es el corazón de una sociedad bien organizada, y sólo se expresa inquietud por solucionar algunos problemas que, aunque graves o muy importantes, son de orden parcial.
Como aquí se ha dicho, evidentemente la Constitución establece el concepto de la igualdad, al disponer que los hombres nacen libres e iguales; pero también dispone que la familia es el núcleo de la sociedad y de que es tarea del Estado buscar el bien común.
Pues bien, de todo lo que aquí hemos escuchado y de las diversas consideraciones sobre las distintas formas de unión de los seres humanos, se concluye que, de todas maneras, resulta absolutamente claro que la familia, constituida sobre la base de un matrimonio y de los hijos nacidos dentro de él, constituye el ideal para que la sociedad se desarrolle y para que el bien común sea el mejor.
Lo que vaya en contra de la familia, la despreocupación que tenemos por protegerla y fomentarla indudablemente va influyendo en situaciones que aquí se han señalado, pero que en el fondo son consecuencia de no preocuparnos por lo que es esencial.
Aquí, incluso en esta sociedad, en que se dice que hay tantos hijos ilegítimos, se le pregunta a la juventud cuál es su ideal de vida, y ésta, en proporción inmensamente mayoritaria, responde que desea construir un matrimonio y una familia.
Ése es el concepto.
Y en la medida en que esto no sea así, se produce una serie de consecuencias más o menos perniciosas, pero siempre graves.
En consecuencia, al legislar debemos ser muy equilibrados y preocuparnos realmente de los diversos conceptos que nuestra Constitución establece, y dentro de ello, tener muy claro que el fortalecimiento de la familia es la piedra angular.
Por ello, lamento que de alguna manera haya una despreocupación a este respecto. Yo no noto ninguna iniciativa del Estado para contribuir a la constitución de la familia en debida forma. Incluso Suecia, país caracterizado por llevar un concepto de libertad extremo, especialmente en materias sexuales, hoy día está estableciendo normas para inducir al matrimonio de los jóvenes y para que los hijos nazcan dentro de él.
El señor NÚÑEZ.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor URENDA.-
Con la venia de la Mesa, con todo agrado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, sólo para señalar que la visión que tenemos respecto de la sociedad sueca, que a mi juicio ha sido malamente caricaturizada por algunos medios de información, y fundamentalmente por algunas creencias, no corresponde a la idea que acaba de expresar Su Señoría, en cuanto a que ese país hubiese tenido una suerte de libertinaje sexual.
Quienes conocemos la sociedad sueca podemos decir que está muy lejos de esa realidad.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Recupera el uso de la palabra el Senador señor Urenda.
El señor URENDA.-
Señor Presidente, el hecho claro es que hoy día en ese país el Estado se está preocupando por facilitar el matrimonio de los jóvenes y para que los hijos nazcan dentro de él. Está estableciendo alicientes de orden tributario y económico directos con ese objeto, porque ha podido reconocer que la familia es la base de la sociedad, y que en la medida en que ésta se ve perjudicada, disminuye la natalidad y los países corren el riesgo de perder su identidad. Lo que sucede hoy en nuestra Madre Patria, España, donde nacen 1,12 hijos por mujer, poniendo de alguna manera en riesgo la identidad hispana si se prolongara esta situación, proviene precisamente de haber descuidado diversos conceptos de la familia por priorizar otros.
Por no existir oportunidad de realizar un debate completo sobre esto, pues no disponemos del tiempo de que gozaron los Senadores que intervinieron ayer, quiero referirme específicamente al concepto de igualdad, que, obviamente, existe en términos jurídicos en Chile, pues tenemos igualdad de derechos e igualdades sociales.
Pero no podemos ir en contra de la realidad. Y en lo que concierne a lo que votamos ahora, no podemos ir contra los hechos: los hijos, o nacen dentro del matrimonio o nacen fuera de él. Por consiguiente, calificarlos así implica simplemente reconocer una realidad. Y, curiosamente, el propio Pacto de San José de Costa Rica, cuando habla de la igualdad, no puede menos que referirse también a hijos nacidos fuera del matrimonio o dentro de él. Eso es reconocer una realidad, y no sólo establecer una discriminación.
No podemos, por ley, destruir los hechos. Y, entonces, cuando aquí, en estas disposiciones iniciales -ya habrá oportunidad de debatir conceptos más de fondo-, donde señalamos que hay hijos matrimoniales y no matrimoniales, reconocemos un hecho que todos conocen y que no podemos destruir.
Preocupémonos de una sociedad donde -¡ojalá!- no existan hijos no matrimoniales; preocupémonos por fomentar la familia; hagamos todo lo que esté de nuestra parte para ello; tratemos de corregir las situaciones injustas que obedezcan a actitudes de los padres.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Señor Senador, ha terminado su tiempo, y debo hacer cumplir con lo acordado.
El señor URENDA.-
Entonces, más adelante tendré que volver sobre el particular.
Empero, quiero insistir en que lo que establece la iniciativa es una realidad. Y no podemos pretender destruirla por medio de una ley. Obviamente, debemos establecerla en la forma menos peyorativa posible, como lo hace el proyecto despachado por la Comisión.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Prat.
El señor PRAT.-
Señor Presidente, quiero pronunciarme sobre las indicaciones en debate, en cuanto ellas buscan a través de la ley hacer igual lo que no es igual. Y, a mi juicio, de ese modo afectan un elemento esencial de la institución del matrimonio. Podrá discutirse si acaso el matrimonio es la única forma de hacer familia, lo cual constituye un debate bastante largo y profundo.
Nuestro ordenamiento constitucional favorece el establecimiento de la familia, y podemos entrar en una larguísima discusión acerca de si eso envuelve fortalecer el matrimonio. Particularmente me pronuncio en el sentido de que es así, pues concuerdo con los que señalan que la principal y más deseable forma de hacer familia es a través del matrimonio. Podrá haber otro tipo de uniones que se digan familiares, pero son más bien la excepción; no constituyen el elemento central por el cual se busca establecer la familia.
Pero el matrimonio, según el artículo 102 de nuestro Código Civil, "es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente.". Esto constituye una institución con determinados atributos. Y, sin duda, el atributo de procrear al interior de esta institución genera consecuencias muy diferentes a las que origina la procreación fuera de la institución. Y cuando las partes concurren a esta institución para fundirse en un vivir juntos, sin lugar a dudas entienden que se trata de ellos, y que no hay terceras personas; vale decir, que las consecuencias de asumir esta institución son conocidas, definidas y predecibles. Entonces, los actos y hechos que se producen a consecuencia de estar al interior de esta institución no pueden igualarse a los que se producen fuera de ella. Por consiguiente, la incidencia de esta separación, de esta diferenciación natural, es esencial para los otros efectos de la ley. Porque no podremos concluir que en todos los casos puede haber (llamémoslo así) igualdad de derechos o de situaciones entre los hijos nacidos en el matrimonio y los nacidos fuera de él.
Por lo tanto, como a lo largo de la tramitación de esta iniciativa llegaremos sin duda a situaciones distintas -algunos dirán que muchas; otros, que pocas-, y dado que la ley regirá en forma diferenciada, se hace indispensable reconocer esa distinción en el artículo 1º: que hay hijos matrimoniales y otros que no lo son.
Por lo tanto, estas indicaciones que pretenden eliminar tal diferenciación, a mi juicio, producen daño. Y en el curso del trámite legal que resta, ello nos obligará a buscar maneras de reponerla, pese a renunciar a esa denominación, y a distinguir lo que por su naturaleza es distinto. Entonces, por una razón efectista, que apunta más bien a sensibilidades que a realidades, dejar de lado esa diferencia de denominación me parece impropio y producirá consecuencias en lo que resta de tramitación de la ley en proyecto. De ahí que votaré en contra de estas indicaciones.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
La señora Ministra ha solicitado a la Mesa que recabe el asentimiento de la Sala para que pueda ingresar la asesora del SERNAM señora Leonor Etcheberry.
--Se accede.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, en verdad, este tema se ha discutido en otras oportunidades en el Senado, y estoy convencido de que todas las versiones que se dan de las opiniones de los señores Senadores tienen algo de verdad. Sería absurdo pensar que ella se encuentra en una sola parte. Sin embargo, hay algunas cosas que para mí son esenciales en la discusión y sobre las cuales debemos tener claridad, aun cuando no comparta esa posición.
Un primer aspecto es que cuando se incurre en la discriminación que se trata de evitar, una persona paga el precio por una situación de la cual no es autora y está siendo perjudicada sin otra razón que lo consignado en la ley. Ésa es la esencia del asunto y constituye el problema básico de justicia que pretendemos recoger y resolver. Independientemente de cualquiera otra consideración, una primera conclusión es que en derecho, en justicia, nadie puede ser castigado por actos que no son de su autoría.
Un segundo punto es que en este momento existe una normativa que para nosotros es regla y que no podemos romper, como es la relacionada con los derechos humanos. La Convención sobre los Derechos del Niño dispone categóricamente que no puede haber discriminaciones de esta naturaleza. Podría citar su texto, pero en los escasos minutos de que dispongo no puedo hacerlo con mayor precisión. Por lo tanto, incluso estamos torciendo una normativa aprobada por el Senado y que se transformó, de acuerdo con la Constitución, en ley de la República.
Un tercer elemento que deseo precisar sobre la materia es que nadie puede sostener, a mi juicio, que se resolverá el problema de la familia por la vía de salvar este tipo de dificultades. Quien crea que va a lograrlo evitando cometer una injusticia, carece de lógica y no tiene razón en argumentación alguna. A mi parecer, aparte la injusticia que se perpetrará en contra de los niños, se genera la imagen de que no entendemos el fenómeno mínimo de la relación entre padres e hijos, o entre familia e hijos. Tal es el problema central que debemos resolver.
Otro es -con mucha, franqueza, soy partidario de todo lo señalado en términos de evitar la discriminación- que estamos reduciendo el tema a una situación casi increíble: que la argumentación básica y fundamental termine en el aspecto patrimonial, que hace a algunos señores Senadores actuar con mucha claridad, al decir que esto no puede ser, porque provoca un daño patrimonial a otro. Y vuelvo a lo mismo que he dicho muchas veces en el Senado: en la vida uno tiene contradicciones que debe resolver y bienes que respetar, tal vez, agraviando a otro. Y aquí surge la interrogante de cuáles son los de superior o inferior rango ético; pero poner en la misma balanza el que por esta vía podemos llegar a producir daño patrimonial, o que pueda ser una de las razones para evitar la discriminación, honestamente pienso que es confundir los roles, los niveles éticos, y constituye el peor argumento que podemos asumir, por lo menos para el Senador que habla.
Tampoco deseo dejar de mencionar cuando se discute este asunto algo que considero extremadamente grave: que deseamos proteger, resguardar, asegurar la protección máxima del núcleo familiar -soy el primero en hacerlo, pero con la caridad que significa entender el dolor cuando la familia fracasa- sin darnos cuenta de que hay involucrado un valor de la sociedad que no se está respetando. Así como se ha dicho que, efectivamente, la pobreza es parte de la crisis de la familia, también es indudable que su quiebre no es sino el de los valores que la sociedad está respaldando. Perdonen Sus Señorías que lo señale con tanta franqueza, pero no sé en quién recae mayor responsabilidad cuando se producen tales crisis en la familia, si sólo en los que no cumplen con su deber, o en la sociedad cuyos valores inducen a no cumplirlo.
Se habla de adulterio; pero la mitad de las teleseries y de las noticias versan sobre él, privilegiándolo. Y las transmiten instituciones televisivas que pertenecen a sectores que defienden la inviolabilidad de la familia. Sin embargo -con esto termino-, estamos en presencia de conductas que están penetrando conceptos como el lucro, la injusticia, la discriminación, el poder exagerado, el actuar como dé la gana y, en último término, factores que afectan a la familia. Entonces, pensar que vamos a resolver los problemas que la aquejan por la vía de mantener una injusticia, me parece francamente inconcebible.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, en atención a lo exiguo del tiempo, entraré directamente a la materia que nos concierne y que, en mi concepto, dice relación a la dificultad que hay, desde varios puntos de vista, de sostener la posibilidad de eliminar la diferenciación de hijos que nacen dentro de un matrimonio de aquellos que nacen fuera de él. Además, deseo hacer ver las inquietudes que hace surgir, desde el punto de vista de la institución legal del matrimonio, la pretensión que estas indicaciones renovadas pretenden imponer.
Respecto de lo primero, la existencia de una relación matrimonial y de otra que no lo es se funda en la realidad o naturaleza de las cosas. Hay hijos que nacen dentro del matrimonio y otros que no. Por eso, el proyecto original y el texto aprobado por la Cámara de Diputados debían reconocer que la filiación, o era matrimonial o era extramatrimonial.
Ahora bien, desde una perspectiva lógica, una misma cosa no puede ser y no ser a la vez. De ahí que cabe reconocer la diferencia entre dos tipos de filiación, con estatutos distintos, que requerirá justificación en cada caso; pero, por cierto, nadie ha sostenido en la Sala -o al menos no lo he oído- que el fundamento de tal diferenciación deba ser siempre el carácter patrimonial, como señaló un señor Senador que me precedió. Podrá ser así en algunos casos, pero en otros no. El objeto del proyecto es, desde mi punto de vista, establecer dónde se justifica objetivamente que haya tal diferenciación, que surge muchas veces de hechos obvios, como, por ejemplo, la misma circunstancia de que la filiación matrimonial tiene como fundamento la existencia de la presunción de que el marido es el padre de los hijos de la mujer. Esta presunción se funda, a su vez, en la de fidelidad y de regularidad de la vida conyugal a que sólo el matrimonio puede dar lugar, porque a ello se comprometen los contrayentes. Tales presunciones derivan de la naturaleza misma de las cosas, es decir, ninguna ley positiva podría entrar a alterarla, ya que es anterior. En la otra filiación se requiere un reconocimiento, voluntario o forzoso, por lo que se están admitiendo pruebas biológicas para lograr tal objetivo.
Por lo tanto, en ello se observa una diferenciación que no emana de la voluntad y que, por cierto, nada tiene que ver con lo patrimonial. De manera que desmitifiquemos la discusión y tratemos de abocarnos a lo sustancial. En efecto, en la filiación existen hechos independientemente de nuestra voluntad. Y no porque pretendamos establecer una igualdad podemos desconocer la naturaleza de esa realidad.
Sin embargo, también nos afecta otro punto, señor Presidente, que dice relación al matrimonio. El temor que uno tiene es que, en la medida en que se intente igualar la filiación matrimonial y la no matrimonial pasando por encima de la naturaleza de las cosas, se configure un escenario jurídico y social en que resulte indiferente constituir un hogar sobre la base del matrimonio o proceder de hecho, simplemente, puesto que para la ley, en lo referente a los hijos, da lo mismo una u otra situación.
Por cierto, la ilegitimidad o el nacimiento fuera del matrimonio no es algo deseable para nuestros niños, cuyo principal derecho debiera ser el nacer dentro de una familia constituida por un padre y una madre. Aun cuando en Chile es escasa la información estadística o la proveniente de estudios empíricos, está claro que respecto de los hijos nacidos fuera del matrimonio se presenta una serie de situaciones dependientes, en lo fundamental, de la responsabilidad que asuman sus padres. Son mayores las dificultades cuando el progenitor abandona el hogar y, sin participar en el proceso de educación y crianza, deja a la madre a cargo de los hijos.
La pregunta que cabe formular, entonces, es cuál debe ser el papel de la política pública en este ámbito. La respuesta del Gobierno no me parece satisfactoria, más aún si se considera, por ejemplo, que en el país, según estudios realizados por CEP-ADIMARK para 1990, 87 por ciento de los hogares se halla constituido por matrimonios, con hijos o sin ellos. Ese dato induce a pensar que el trabajo del Estado, en cuanto a las medidas que se requiere aplicar, debe centrarse en generar los mecanismos y condiciones que permitan proteger al matrimonio, y ser elaborada la correspondiente política familiar.
Estimo que el proyecto, en cierto sentido, contradice lo anterior. Efectivamente, la propuesta de igualar la calidad de hijo nacido dentro del matrimonio con la de nacido fuera de éste crea el riesgo inminente de desconocer esa institución como fuente de filiación. Ello, como se ha dicho, desincentiva para formar un hogar legalmente constituido. En términos prácticos, ¿cuál es la finalidad de casarse -en caso de cumplirse los objetivos absolutos del autor de la iniciativa- si da lo mismo la condición en que nacen los hijos?
En consecuencia, lo que se pone en cuestión es, ciertamente, la institución matrimonial. La idea no sólo es irreal, porque las situaciones no pueden ser asimiladas, como se pretende, sino que, además, provoca una consecuencia que no deja de ser grave para el país.
En el discurso presidencial del 21 de mayo de 1996 se propuso terminar con el "escándalo" de los hijos naturales, consistente en 40 por ciento de hijos nacidos fuera de matrimonio. Ésa es una realidad que a todos nos conmueve.
Sobre el particular, deseo formular dos reflexiones. Una de ellas es de carácter histórico, porque en Chile se han registrado en épocas anteriores cifras semejantes de nacimientos ilegítimos. A modo de ejemplo, cito lo que dice Gonzalo Vial en el Volumen I, Tomo II, de su "Historia de Chile", en el sentido de que entre 1906 y 1910 se inscribieron 632 mil 345 nacimientos, 234 mil 67 de ellos ilegítimos, vale decir, 37,01 por ciento. Se trata de datos de comienzos de siglo y, por ende, de un período en que esa situación se produjo por diversas circunstancias. La pregunta es cómo reaccionamos frente a ella.
Lo anterior me lleva a una segunda reflexión, señor Presidente -y con esto termino-, recordando lo ocurrido en la comunidad negra de Washington, en Estados Unidos: un estudio realizado en 1965 dio cuenta de que 27 por ciento de los hijos había nacido fuera del matrimonio. Ante ello, se tomaron diferentes medidas y se adoptaron distintas políticas. Lamento señalar que éstas coincidieron, en mucho, con lo que ahora plantea el Gobierno y que recoge, en gran medida, el proyecto en análisis. Treinta años después, en 1995, un estudio sobre la misma comunidad dio como resultado que la ilegitimidad había aumentado a 70 por ciento.
Sobre la base de esos antecedentes, cabe advertir que se está tratando de atacar el problema pero de mala forma, por una razón muy simple: en parte, se desconoce una realidad, porque no es lo mismo, existiendo el matrimonio, que los hijos nazcan dentro de éste o fuera, y, además, se desvaloriza la institución. Como muy bien lo recordó el Senador señor Urenda, cuando sucede esto último, los Estados, al cabo del tiempo, tienen que volver a ella, porque, en definitiva, la fuente para evitar los muchos males sociales pasa sustancialmente por afirmar y fortalecer el matrimonio.
En los países que combaten la droga se escucha decir que se han aplicado todas las medidas del caso; pero, al final, la más segura, la que más ayuda, es una familia bien constituida.
Nosotros, con buenas intenciones -porque no dudo al respecto ni las pongo en cuestión-, lamentablemente estamos siguiendo un camino que significa desvalorizar el matrimonio, fuente central de la familia, y, sobre esa base, llevamos al país hacia un descalabro social mayor que el que se desea evitar.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Advierto a los señores Senadores que la Mesa debe ser exigente respecto del tiempo de las intervenciones, pues cabe pedir la clausura del debate, como se ha hecho ahora, al transcurrir más de 30 minutos de discusión.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 142 del Reglamento, esa solicitud debe ser sometida al pronunciamiento de la Sala. Si es aprobada, se votarán de inmediato las indicaciones del Ejecutivo.
El señor NÚÑEZ.-
¿Me permite, señor Presidente? ¿Cuáles son ellas?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Las indicaciones renovadas números 2 y 3, que inciden en el número 1 del artículo 1º del proyecto.
En votación la clausura del debate.
--(Durante la votación).
El señor ERRÁZURIZ.-
Me opongo, señor Presidente, porque no todos los Senadores hemos tenido la misma oportunidad de expresar nuestras opiniones.
El señor HAMILTON.-
Si el Honorable colega hubiera estado en la sesión, habría podido hacerlo.
El señor ERRÁZURIZ.-
He permanecido en la Sala y he escuchado todas las intervenciones. Y he pedido la palabra esperando hacer uso de ella.
El señor PRAT.-
Voto que no, señor Presidente, por el derecho a intervenir.
El señor LAGOS (Secretario).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba la clausura del debate (16 votos a favor, 13 en contra y 2 pareos).
Votaron por la afirmativa los señores Bitar, Boeninger, Cordero, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Matta, Moreno, Núñez, Páez, Parra, Ruiz, Ruiz-Esquide, Silva, Valdés y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Canessa, Díez, Errázuriz, Fernández, Horvath, Larraín, Martínez, Novoa, Prat, Ríos, Stange, Urenda y Vega.
No votaron, por estar pareados, el señor Cariola y la señora Matthei.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se someterán al pronunciamiento de la Sala las indicaciones renovadas números 2 y 3, presentadas por el Ejecutivo.
El señor MARTÍNEZ.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
La tiene, Su Señoría.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, solicito que se lea el texto de lo que se votará.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En la sesión anterior se dio cuenta sobre el particular, pero no hay inconveniente en darles lectura nuevamente.
El señor LAGOS (Secretario).-
Las indicaciones mencionadas apuntan a reemplazar el Nº 1 del artículo 1º del proyecto por el que se expresa a continuación:
"1. Sustitúyese el artículo 28 por el siguiente:
"Artículo 28.-
Parentesco por consanguinidad es aquel que existe entre dos personas que descienden una de la otra o de un mismo progenitor, en cualquiera de sus grados.".".
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En votación.
--(Durante la votación).
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente, no se trata, como es obvio, de castigar a quienes nacen fuera del matrimonio, sino, por el contrario, de admitir que los hijos de familia o hijos matrimoniales son una realidad indiscutible, que ni la ley en proyecto ni ninguna otra podrán eliminar. ¿Acaso el padre o la madre podrán confundirse respecto de los hijos nacidos dentro del matrimonio o de los nacidos fuera de éste? ¿O acaso la norma legal podrá confundir un hecho innegable si ella misma busca precisar a través de formas científicas el reconocimiento de la paternidad?
Me parece que la discusión carece del sentido y la profundidad que algunos creen encontrar en ella. Simplemente, se trata de aceptar que los hijos pueden nacer dentro del matrimonio o fuera de éste. Y no cabe debilitar a esa institución ni a la familia. A fin de cuentas, los niños son la expresión de nuestro cariño, de nuestra realidad; son la continuación de nuestra vida. Y si, por desgracia, alguno de ellos ha nacido fuera de la relación matrimonial, lo que procede no es castigarlo, naturalmente -por mi parte, tampoco soy partidario de ello-, sino tan sólo reconocer una verdad.
Ignorar los derechos de los hijos de una familia para decirles que no hay diferencias entre ellos y sus eventuales medios hermanos es un atropello a sus derechos humanos y a los de su familia, así como a sentimientos muy profundos.
La base de toda sociedad es la familia, no tan sólo constituida por la pareja, sino también por los niños, que la adornan, que son la continuación de la vida -repito-, la cual se expresa a través de ellos. Y, por lo tanto, las diferencias que puedan existir entre los nacidos dentro del matrimonio y los nacidos fuera de éste de ninguna forma podrá eliminarlas la ley, aunque así lo establezca.
Voto en contra de las indicaciones.
El señor HAMILTON.- Por las razones legales, morales y de todo orden que se han dado tanto en la Comisión como en la Sala, me pronuncio a favor.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, voto en contra de las indicaciones del Ejecutivo.
No entiendo cómo se protegerá a la familia si no se acepta el hecho natural de que existen hijos tanto en el matrimonio como fuera de éste.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente, estoy en desacuerdo con las indicaciones del Ejecutivo, porque considero que aceptar el que existen hijos matrimoniales e hijos no matrimoniales solamente es reconocer una realidad. Cuando la ley trata de alterar como son las cosas, se producen consecuencias jurídicas y dificultades de interpretación.
Esta iniciativa, cuyo propósito compartimos -cual es eliminar diferencias odiosas que se pueden dar entre niños nacidos en el matrimonio y niños nacidos fuera de éste-, no llega a conseguirlo, al confundir la situación que se presenta de hecho.
Aún más, cuando se trata de la filiación -probablemente, el efecto más importante en que incide el punto-, ni en el proyecto ni en el texto de muchos artículos aprobados unánimemente por la propia Comisión se pudo desconocer que existe una matrimonial y una no matrimonial.
Si en el aspecto más sustantivo se acepta esa diferenciación, no veo cómo podemos ignorarla en aquellos que se discuten ahora, referentes a la determinación del parentesco.
En consecuencia, voto en contra.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, apoyaré las indicaciones del Ejecutivo, porque, en mi opinión, mantener la distinción en análisis es hacer caso omiso de lo que la sociedad viene reclamando mayoritariamente en el sentido de terminar con discriminaciones que atentan en forma seria contra la estabilidad y un principio básico de igualdad garantizado por la Constitución Política de la República.
En 1993 se determinó por 84,3 por ciento de los chilenos que se quería una ley que finalizara la distinción oprobiosa entre hijos legítimos e ilegítimos. Los principios o ideas propuestos por la Comisión, a mi juicio mantienen tal discriminación. De hecho, se insiste en algo que no tiene que ver con la realidad cada vez más igualitaria que pretendemos los chilenos.
Por eso, voto a favor de las indicaciones.
El señor RUIZ (don José).-
Señor Presidente, primeramente anuncio que votaré a favor. Y voy a insistir en algunos argumentos que di inicialmente.
Con estas indicaciones no se pone en riesgo la estabilidad ni la seguridad de la familia. No es ésta la discusión que cabe hacer aquí. El tema por debatir son los derechos de los niños, no el problema de si la familia se fortalece o no con lo planteado en las indicaciones renovadas.
A propósito de la familia, me gustaría que analizáramos qué ocurre en este ámbito, porque entonces tendremos que sacarnos muchas máscaras y enfrentar el problema en su real magnitud, no solamente en el aspecto ideológico que pudiere interesar a cada uno, sino también en la amplia y rica gama que significa la unidad de una familia.
Me parece extraño que se arguya que se fortalece la familia castigando a los niños que nacen fuera del matrimonio. Porque el hecho de que se los discrimine, aunque sea en asuntos patrimoniales, es un castigo que se inflige a un niño inocente, que no tiene culpa alguna de la conducta de sus progenitores.
Por lo tanto, voto a favor de las indicaciones.
El señor URENDA.-
Señor Presidente, al margen de mi opinión en cuanto a que lo planteado en las indicaciones puede afectar el valor del matrimonio y de la familia con efectos perniciosos, y dejando constancia de que al votar no estoy pensando en conceptos patrimoniales, me pronunciaré negativamente. Las rechazaré porque ellas intentan borrar una realidad. Por ejemplo, las modificaciones al artículo 29 propuestas por la Comisión, tienen por finalidad eliminar una expresión peyorativa u ofensiva para, simplemente, establecer lo que es la realidad. Hasta en la propia Convención de San José de Costa Rica, al hablar de igualdad, se hace referencia a hijos nacidos dentro del matrimonio o fuera del matrimonio.
Como digo, en las enmiendas a los artículos 28 y 29 del Código Civil no hay nada en contra de los niños. Se reconoce una realidad. El intento de destruir ciertas disposiciones de la ley sólo puede causar daño o producir efectos negativos.
Por ello, voto en contra de las indicaciones del Ejecutivo.
El señor VALDÉS.-
Señor Presidente, aclaro que el pareo del Senador señor Cariola es con el Senador señor Ominami, de manera que me siento en libertad para votar. Ahora paso a fundamentar mi posición.
He escuchado con mucha atención el debate sobre un tema tan serio como éste. Me han impresionado las argumentaciones que se hacen en función de la necesidad que existe en Chile y en el mundo de sostener y apoyar a la familia, que es la célula básica de toda sociedad. Sin embargo, debo precisar que no estamos hablando de la familia, sino de seres humanos cuya existencia, vale decir la filiación, no es consecuencia únicamente del matrimonio. Es consecuencia, asimismo, de una realidad biológica, de un hecho.
Por consiguiente, creo que la distinción que se produce entre personas cuya calidad no depende de su voluntad, sino de actos de otros, no puede convertirlas en seres diferentes ante la ley. El artículo 1º de la Constitución es suficientemente claro. Y aun cuando el Pacto de San José de Costa Rica -no deja de tener razón el Senador señor Urenda al referirse a dicha convención- hace la distinción entre hijos nacidos dentro del matrimonio o fuera de él, ésta existirá de todas maneras por otras razones. En la vida social existe esa diferencia y seguirá existiendo.
Pero aquí no se trata de un problema de semántica. Se trata de equiparar a los seres humanos porque todos no solamente deben ser iguales ante la ley, sino que todos son hijos de Dios y, por lo tanto, entre ellos no puede haber ninguna diferencia a este respecto.
Ésa es mi posición para votar que sí.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, no había intervenido en este debate y por un asunto de convicción personal no quiero dejar de hacerlo.
He escuchado a algunos señores Senadores sostener que con estas indicaciones se estaría afectando al matrimonio y la familia. Pienso que tal afirmación carece de fundamento. Aquí no estamos analizando el tema del matrimonio, de la validez de él o de la importancia de la familia matrimonial. Estamos hablando del ser humano: del hijo. Y un hijo -como muy bien dijo el Senador señor Valdés- es una criatura de Dios; es igual para todos y nadie puede discriminarlo.
Muchos hijos no nacen en el seno de un matrimonio. Cuando en una familia un muchacho o una muchacha tiene un descendiente fuera del matrimonio, en nuestro país ese hijo, por un problema cultural -gracias a Dios, este aspecto se ha ido corrigiendo y ahora estamos dando un nuevo paso-, normalmente ha sido estigmatizado, ha sido discriminado socialmente. Muchas veces se le ha impedido el ingreso a un colegio, o se le ha señalado con el dedo. Como creo en la dignidad de todos y principalmente en la de los hijos, de los niños, no debemos discriminarlos, ni siquiera por la vía del vocabulario en una ley, entre matrimoniales y no matrimoniales. Además, esto carece de sentido.
Lo importante en las indicaciones renovadas por el Ejecutivo, es declarar que el hijo tiene un parentesco de consanguinidad con su padre y su madre. Eso es lo natural. Porque por consanguinidad ha llegado a ser hijo de ese padre y de esa madre. Y toda la ley en proyecto fue elaborada dentro de esa filosofía: terminar de una vez por todas con esa discriminación, que en nuestra cultura ha tenido como consecuencia nefasta, negativa, el que a algunos se les ha sancionado marginándolos socialmente.
Estoy seguro de que mediante estas enmiendas protegeremos también la vida -no sólo la dignidad- de un posible hijo. Antes se escondía la maternidad de una mujer para no tener vergüenza social; se entregaba al niño a un orfelinato para que nadie supiera cuál había sido su origen (gracias a Dios, esto no sucede hoy día), y algunas mujeres, también por vergüenza social, llegaban a eliminar a ese eventual hijo. Si avanzamos en este sentido, estaremos protegiendo la vida.
Por eso, apruebo las indicaciones.
El señor LAGOS (Secretario).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueban las indicaciones renovadas Nºs 2 y 3 (19 votos a favor, 10 en contra y 2 pareos).
Votaron por la afirmativa los señores Bitar, Boeninger, Cordero, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Horvath, Matta, Moreno, Núñez, Páez, Parra, Ríos, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Silva, Valdés, Vega y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Canessa, Díez, Errázuriz, Fernández, Larraín, Martínez, Novoa, Prat, Stange y Urenda.
No votaron, por estar pareados, la señora Matthei y el señor Sabag.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
El Senador señor Hamilton ha hecho llegar una solicitud de clausura del debate respecto de la indicación renovada Nº 2, que es una de las que se acaba de votar.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente, esa indicación comenzó a discutirse en la sesión anterior y, como se ha debatido durante más de media hora, reglamentariamente corresponde votarla.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente, al ver el boletín de indicaciones, tuve mis dudas, por lo cual pregunté al Senador señor Zaldívar qué indicación estábamos votando. Él me dijo que las números 2 y la 3, que son precisamente las que recién votamos.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente, quiero aclarar que ayer, después de analizar la materia, se aprobó la clausura del debate respecto de las indicaciones que recién hemos votado; sin embargo, con posterioridad se advirtió que con anterioridad un Comité había pedido la segunda discusión. Por lo tanto, esas indicaciones quedaron para tratarlas ahora. Se siguió discutiendo la Nº 2, del Ejecutivo, y se empleó en ello más de media hora, lo que el señor Secretario está en condiciones de certificar.
Procede, en consecuencia, pedir reglamentariamente la clausura del debate.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díez.
El señor DÍEZ.-
En el boletín de indicaciones aparecen las signadas con los números 2 y 3, que se acaban de aprobar. Entonces, ¿cómo se va a pedir clausura del debate respecto de una de ellas?
El señor HAMILTON.-
Depende de qué numeración se tome en cuenta.
El señor DÍEZ.-
La del boletín de indicaciones.
El señor HAMILTON.-
Si se trata de las¿
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Señor Senador, su solicitud se refiere efectivamente a la indicación Nº 2; ya votada.
El señor HAMILTON.-
Exactamente.
El señor DÍEZ.-
¡Pero ya se votó!
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Entonces, ahora corresponde iniciar la discusión sobre la indicación Nº 4.
El señor DÍEZ.-
La confusión nace en el hecho de que el oficio del Ejecutivo tiene otra numeración. Por eso, pregunté a la Mesa.
El señor HAMILTON.-
¿O sea que ya hubo pronunciamiento acerca de las números la 2 y la 3?
El señor DÍEZ.-
Efectivamente.
El señor HAMILTON.-
Pero, ¿cuál es la que se empezó a discutir?
El señor DÍEZ.-
La 4, jamás.
El señor HAMILTON.-
¿Vimos ayer la 4?
El señor DÍEZ.-
No.
Pido la palabra.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
La tiene, Su Señoría.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente, quiero saber cuánto resta del Orden del Día para ver si vale la pena empezar ahora el debate de la indicación renovada N° 4 o en el primer lugar de la sesión siguiente.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Quedan siete minutos, señor Senador.
El señor DÍEZ.-
Entonces, dejémosla pendiente.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, dado el tiempo de que disponemos, el debate quedaría trunco, apenas habría tiempo para intervenir y no se alcanzaría a votar.
Dejemos hasta aquí la discusión y la continuamos en el primer lugar del Orden del Día de la sesión venidera.
El señor BOENINGER.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Se requiere el acuerdo unánime de la Sala para suspender el debate.
Tiene la palabra el Senador señor Boeninger.
El señor BOENINGER.-
Sólo deseo hacer una observación, señor Presidente.
El artículo 29 a que se refiere la indicación Nº 4 es una consecuencia lógica de las indicaciones números 2 y 3. La Nº 4 pierde sentido desde el momento en que aquéllas, que modificaban el artículo 28, ya se aprobaron. En consecuencia, abrir debate es simplemente repetir, con comillas, todo lo que hasta este momento se ha dicho. Por eso sugiero dar por hecho la discusión y proceder a votar la indicación renovada Nº 4.
El señor VALDÉS.-
Que se apruebe con la misma votación anterior, señor Presidente.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Hay una proposición de los Honorables señores Boeninger y Valdés para acoger la indicación Nº 4 con la misma votación con que se aprobaron las indicaciones 2 y 3.
El señor DÍEZ.-
No hay acuerdo.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente, reglamentariamente no corresponde votar una indicación contradictoria con lo ya aprobado.
El señor DÍEZ.-
No es así, señor Senador. En el caso anterior, se definía el parentesco por consanguinidad y en el de ahora se propone suprimir la consanguinidad ilegítima. Por lo tanto, no hay ninguna incompatibilidad lógica entre las dos normas.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente, toda la discusión se centró en ¿
El señor DÍEZ.-
Los dos textos no son contradictorios.
El señor HAMILTON.-
¿en el artículo 28 del Código Civil, relativo al parentesco legítimo de consanguinidad. La Sala del Senado, por mayoría, resolvió no hacer distingo entre legítimo e ilegítimo. Sobre este tema versó el debate de ayer y hoy. De manera que tiene toda la razón el Senador señor Boeninger cuando señala que lo propuesto en la indicación renovada N° 4 es una consecuencia necesaria y obligada de lo ya aprobado.
En consecuencia, sugiero -al igual como lo hicieron los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra- aprobar la indicación del Ejecutivo con la misma votación anterior.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Señor Senador, no hubo acuerdo para aceptar su proposición.
Hago presente a Sus Señorías que faltan pocos minutos para terminar el Orden del Día.
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, aunque parezca extraño, podría entenderse que, como ya se aprobó un criterio determinado, la indicación renovada N° 4 debería acogerse con la misma votación anterior. Pero no es así, por una razón muy simple. Aquélla podría rechazarse dejando el artículo 29 tal como está, y esto no sería contradictorio con lo recién resuelto, que es una definición de parentesco. Por lo tanto, es perfectamente compatible la aprobación de las indicaciones renovadas números 2 y 3 y el rechazo de la N° 4. Si no fuera así, tendrían razón los Honorables colegas y habría que dar por repetido, en este caso, el mismo resultado de la votación anterior.
En consecuencia, es procedente el debate y una posterior votación de la indicación renovada número 4.
El señor HAMILTON.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Señores Senadores, como no hay unanimidad sobre el procedimiento a seguir, la Mesa someterá a discusión en el momento oportuno -podríamos hacerlo ahora, pero faltan dos minutos para que termine el Orden del Día -¿
El señor HAMILTON.-
Hagámoslo ahora.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
¿ la indicación renovada Nº 4, la que, después de a lo menos media hora de debate, se votará. No hay otra alternativa.
Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente, no quiero ser insistente, pero la indicación N° 4 del Ejecutivo deroga el artículo 29 propuesto, en el cual se reemplazan las expresiones "ilegítima" e "ilegítimo" por "no matrimonial", y "legítimos" por "matrimoniales". Eso es exactamente lo que hemos estado discutiendo.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LAGOS (Secretario).-
La indicación Nº 4 del señor Presidente de la República es para reemplazar el Nº 2 del artículo 1º por el siguiente: "2. Derógase el artículo 29.".
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
En discusión.
Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger.
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente, quería señalar que efectivamente, en lo formal, se trata de un artículo distinto y no habría contradicción lógica. Pero ocurre que la argumentación -y de ahí mi propuesta anterior- que podría esgrimirse a favor o en contra de esta indicación Nº 4 será exactamente la misma que hemos debatido toda la tarde.
En consecuencia, como ya se decidió que esto se discutirá, hay la posibilidad de que una votación con resultado distinto a la de ahora eche por tierra el pronunciamiento mayoritario de la indicación anterior. Simplemente, dejo constancia de que respecto a la indicación número 4 hago mías -lo reitero y le pongo comillas- todas las expresiones en favor de ella emitidas en el transcurso del debate.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Señores Senadores, ha llegado a su término el Orden del Día. Por lo tanto, el tratamiento de este artículo del proyecto quedará pendiente para la próxima sesión.
Agradecemos la presencia de la señora Ministra en la Sala.
El señor HAMILTON.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente, en sesión pasada, el Honorable señor Larraín solicito a la Mesa la realización de un trabajo que permitiera ver las disposiciones conexas que había en el proyecto, con el objeto de evitar su discusión en este Hemiciclo sin saber cuál sería el resultado y de ponernos de acuerdo previamente respecto de las votaciones que condicionaran otros artículos.
Entonces, pido que de aquí a la próxima sesión la Mesa efectúe tal trabajo.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Es posible resolver la materia que Su Señoría plantea, pero está sujeta a muchos criterios de carácter jurídico, que no siempre son los mismos en los señores Senadores; sobre todo, tratándose de un asunto tan complejo y que puede ser objeto de distintas interpretaciones, según el punto de vista jurídico de cada una de Sus Señorías.
Por tal motivo, la Mesa no considera oportuno hacer un trabajo de ese tipo. Además, lo señalado por el Honorable señor Hamilton en cuanto a una petición del Senador señor Larraín no es efectivo, puesto que no hemos recibido tal solicitud.
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, efectivamente, formulé la idea de acogerme a alguna de las disposiciones reglamentarias que permitiera discutir la iniciativa por ideas. Sin embargo, se me señaló que ello no era posible de acuerdo con el Reglamento.
La verdad es que reglamentariamente, en proyectos de códigos o de gran complejidad, como es el caso, es viable ir agrupando artículos para debatirlos en esa forma, así lo establece expresamente el Reglamento. No obstante, en esa oportunidad el señor Presidente titular rechazó el planteamiento y señaló que la forma en que discutiríamos la iniciativa sería artículo por artículo, lo cual no considero que sea el mejor procedimiento. Empero, tampoco puedo oponerme a quien está facultado para interpretar el Reglamento y adoptar las determinaciones correspondientes. Personalmente, opino que es un mal procedimiento, porque vamos a demorar excesivamente en el tratamiento de una materia que para resolverla podríamos haber acordado realizar diez o quince votaciones. De esa forma, hubiésemos resuelto el grueso del proyecto, pero el acuerdo adoptado, en orden a desechar mi proposición, fue votar artículo por artículo.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente, se rechazó la idea de tratarlo por ideas porque el Reglamento no lo contempla durante la segunda discusión. Sin embargo, el inciso segundo del artículo 123 del Reglamento, como destacaba hace un momento el Senador señor Novoa, establece: "La discusión se hará por artículos sucesivos. Sin embargo, la discusión particular de los códigos o de los proyectos de considerable extensión" -tal es el caso- "podrá hacerse por títulos o en otra forma, si la Sala así lo acuerda.".
Lo único que pido es que la Mesa considere si esto es posible, de aquí a la próxima sesión, para hacer más diligente la aprobación del proyecto.
El señor RÍOS (Vicepresidente).- Lo vamos a estudiar, señor Senador.
--Queda pendiente la discusión particular del proyecto.
El señor LAGOS (Secretario).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
_________________
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
De la señora FREI (doña Carmen):
Al señor Ministro de Salud, acerca de CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL PARA ZONA NORTE DE ANTOFAGASTA y sobre CAMBIO DE CATEGORÍA DE HOSPITAL DE CALAMA (SEGUNDA REGIÓN); al señor Ministro de Minería, respecto a PROYECTO DE ASISTENCIA PARA PEQUEÑA MINERÍA DE TOCOPILLA (SEGUNDA REGIÓN), y al señor Subsecretario del Interior, atinente a PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN POBLACIÓN "LA PATRIA" DE TOCOPILLA (SEGUNDA REGIÓN).
Del señor HAMILTON:
Al señor Ministro del Interior, tocante a PROYECTO DE LEY EN BENEFICIO DE PESCADORES ARTESANALES DE JUAN FERNÁNDEZ (QUINTA REGIÓN).
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro de Minería, referente a ANTECEDENTES SOBRE FONDOS PARA INVESTIGACIÓN MINERA.
Del señor MORENO:
A la señora Ministra de Justicia, concerniente a CREACIÓN DE CARGO DE JUEZ DE POLICÍA LOCAL EN COMUNA DE CODEGUA (SEXTA REGIÓN); al señor Ministro de Obras Públicas, respecto de INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO EN COMUNA DE NAVIDAD (SEXTA REGIÓN); al señor Ministro de Salud, referente a CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA CENTRO DE ATENCIÓN A DISCAPACITADOS DE PEUMO (SEXTA REGIÓN), y al señor Subsecretario de Desarrollo Regional, relativo a INSTALACIÓN DE ANTENA TELEVISIVA REPETIDORA PARA COMUNA DE NAVIDAD (SEXTA REGIÓN).
_________________
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
En Incidentes, ofrezco la palabra al Comité UDI e Independientes.
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
MEDIDAS PARA REACTIVACIÓN DE PLAN AUSTRAL. OFICIOS
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, hace dos años y medio el Gobierno comprometió una serie de medidas para ir en auxilio de la zona austral del país, es decir, de la Undécima Región (Aisén), de la Duodécima Región (Magallanes) y de la Provincia de Palena. Dentro de ese plan austral se contempla el apoyo, por parte de la Corporación de Fomento de la Producción, a las distintas inversiones y actividades empresariales. Entre otras acciones, se incluye la de considerar la posibilidad de asumir el rol de aval ante distintos bancos privados para que los proyectos, después de declarar su elegibilidad, puedan prosperar e, incluso, contratarse seguros por ellos, en el sentido de que si la iniciativa por alguna razón fracasa, el aval y dichos seguros operen.
Sin embargo, hay ciertas áreas muy sensibles en la zona austral, como el caso de la pesca, que han sido declaradas -por así decirlo- de alto riesgo. Ello ha significado que, en los hechos, pese a existir patrimonio más que suficiente para responder ante una situación financiera, y a que los buenos proyectos con análisis de mercado ya se encuentran en condiciones de funcionamiento, estas iniciativas no estén prosperando, a pesar de las condiciones de aval y apoyo que presta la Corporación de Fomento de la Producción.
Sobre el particular, los bancos privados han señalado el riesgo de algunas operaciones y que, además, los procedimientos y exigencias de la Corporación de Fomento son demasiado burocráticos. En el fondo, tales proyectos -por así decirlo- se están cayendo, pues no han recibido las líneas de créditos o los procesos de financiamiento correspondientes.
Por ello, deseo conocer la opinión y el parecer de la CORFO, de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y de los bancos privados que operan en las provincias o regiones que he señalado, respecto de todos los casos que se hayan presentado y qué medidas se están adoptando para evitar el rechazo de créditos y hacer más atractivas las fórmulas de incentivo a la inversión regional.
Por lo tanto, solicito que se oficie en mi nombre al señor Ministro de Economía, Cartera que ha estado a cargo del plan especial para la zona austral, y al señor Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción, respecto de esta materia.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, de conformidad al Reglamento.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
En el turno del Comité UDI e Independientes, ofrezco la palabra.
El señor STANGE.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Stange.
RECONSTRUCCIÓN DE PASARELA EN PROVINCIA DE PALENA. OFICIOS
El señor STANGE.-
Señor Presidente, el año recién pasado, a raíz del mal tiempo y el exceso de nieve y hielo, se destruyó la pasarela peatonal denominada "El Oeste", en el sector de Villa Vanguardia, ubicada en el extremo sur de la Provincia de Palena, ocasión en que lamentablemente falleció una persona.
Esta pasarela peatonal, de más o menos 90 metros de longitud, permitía a los peatones cruzar sin peligro sectores de esteros que, debido a las intensas lluvias, se transforman en ríos caudalosos. Su destrucción y consecuencias fueron profusamente informadas en su oportunidad por los medios de comunicación social.
El proyecto de reconstrucción se encuentra solamente en fase de estudio y, por ello, ante la proximidad de la época invernal y para evitar otros accidentes, se hace necesario agilizar la reconstrucción de esta vía elemental e imprescindible.
Por las razones expuestas, solicito remitir oficios al señor Ministro de Obras Públicas, al señor Intendente de la Décima Región de Los Lagos y al señor Director del Departamento de Puentes de la Dirección de Vialidad, a fin de lograr la agilización de dicha reposición.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, de conformidad al Reglamento.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
En el turno correspondiente al Comité UDI e Independientes, ofrezco la palabra.
Ningún otro señor Senador hará uso de su tiempo.
El Comité Renovación Nacional tampoco hará uso de él.
En el turno del Comité Institucional 1, ofrezco la palabra.
El señor CORDERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Cordero.
EXTRADICIÓN DE DON PATRICIO ORTIZ MONTENEGRO. OFICIO
El señor CORDERO.-
Señor Presidente, tal como recordarán mis Honorables colegas, Patricio Ortiz Montenegro, miembro del autodenominado Frente Patriótico Manuel Rodríguez, fue condenado, por sentencia que se encuentra ejecutoriada, a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, como autor del delito de maltrato de obra al funcionario de Carabineros Osvaldo Reyes Reyes, de dotación de la Séptima Comisaría de Carabineros de Renca, causándole la muerte. Luego de fugarse de la Cárcel de Alta Seguridad en diciembre de 1996, el acusado fue habido en Suiza, país al cual se solicitó, en septiembre de 1997, su extradición.
Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, el Estado suizo no ha dado respuesta alguna al requerimiento de la justicia chilena, aduciendo que, dado que no existe un tratado bilateral de extradición entre ambos países, se debe evaluar primero si el Gobierno chileno arbitrará los medios necesarios para otorgar las garantías ofrecidas a las autoridades suizas con ocasión de la solicitud de extradición.
Esta dilación excesiva en la tramitación del exhorto respectivo por parte de un país con el cual mantenemos relaciones diplomáticas plenas y que se autocalifica de desarrollado, me parece inusitada.
Como Senador de la República y ex General Director de Carabineros, tengo la obligación de recalcar que Ortiz Montenegro cometió un crimen en la persona de un carabinero; que fue condenado por tal ilícito, y que, aún más, quebrantó la condena impuesta, fugándose de la Cárcel de Alta Seguridad, como ya lo señalé.
Pese a la gravedad de los delitos cometidos, el Estado suizo aún no resuelve el requerimiento de extradición de nuestro más alto Tribunal, lo que evidencia, a mi juicio, su falta de voluntad para resolver el problema.
Carabineros de Chile es una institución inserta en nuestra comunidad y, por el cometido de su función, ve permanentemente expuestos a sus miembros a situaciones que pueden significar un peligro efectivo para sus vidas. Por ello, creo necesario reiterar mi posición irrestricta en orden a castigar con todo el peso de la ley a aquellos que atenten en contra de sus funcionarios, causando no sólo un daño irreversible para la Institución, sino también a la comunidad, que se ve privada del indispensable rol que le cabía desempeñar a dicho miembro en particular.
En mérito de las razones expuestas, vengo en solicitar que se oficie, en mi nombre, al señor Ministro de Relaciones Exteriores, don José Miguel Insulza, con el objeto de que se sirva interceder a fin de que el Gobierno suizo agilice los trámites de extradición del delincuente subversivo Patricio Ortiz Montenegro.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Aún resta tiempo al Comité Institucionales 1.
No hará uso de él.
Corresponde el turno del Comité Socialista.
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
RECAPITULACIÓN HISTÓRICA Y POLÍTICA DEL PERÍODO 1973-1990
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, los hechos acaecidos luego del cruento golpe de Estado del año 1973 han sido objeto de las más diversas interpretaciones y lecturas. No podía ser de otra manera. A fin de cuentas, un país tan escindido políticamente, como lo era Chile en ese momento, no puede sino generar historias, relatos y explicaciones que, puestos al tamiz de la historia objetiva, que supuestamente construyen los pueblos, difícilmente logran ser concordantes entre sí.
¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que un pueblo dividido asuma objetivamente su propia realidad, aquella que emana de los hechos concretos, de lo cierto y lo irrefutable? Dicho de otro modo, y pensando en nuestro país, ¿cuánto tiempo ha de pasar para que la serenidad del juicio, la distancia intelectual y la razón justa puedan elaborar la historia cierta de Chile, transcurrida entre el golpe de Estado y el reinicio de la democracia?
Es difícil saberlo.
No debemos olvidar que, hasta épocas relativamente recientes, los sectores más influyentes de la vida nacional se encontraban divididos para interpretar las causas que llevaron a Chile a la cruenta guerra civil con que culminó el Gobierno de José Manuel Balmaceda, en 1891. Incluso hoy, es posible escuchar en círculos vinculados al viejo Partido Conservador o Liberal opiniones que recuerdan los enfrentamientos ocurridos entre balmacedistas y antibalmacedistas.
Al parecer, la reconciliación política es más fácil de lograr que la reconciliación de los espíritus. La racionalidad de ésta ordena sólo las conductas sociales, mas no logra ordenar las pasiones que tienden a permanecer por largo tiempo en el alma de las naciones. Todo indica que sólo cuando ellas se acallan o cuando son mitigadas por el inexorable devenir del tiempo, sólo en ese instante los pueblos logran avanzar hacia un estado superior de reencuentro nacional. Cuando ello ocurre, éstos pueden hacer su historia sin desgarros y construir la verdad, a través de la cual se asumen cabalmente los hechos traumáticos que rodearon su existencia.
En consecuencia, interpretar las raíces entre las cuales se esconden las causas que desataron el golpe militar de 1973; establecer con precisión los hechos vividos por nuestro país durante el régimen militar del general Pinochet; analizar las repercusiones que esos años tuvieron en el alma nacional y predecir su influencia hacia el futuro, es una noble aunque difícil tarea, sobre todo cuando la acometen quienes directa o indirectamente fueron actores de esa realidad.
El régimen militar y sus partidarios han querido levantar su verdad como única e inamovible. Craso error. La memoria colectiva juega siempre una mala pasada a aquellos que desde el poder intentaron justificar sus excesos, sus crímenes o sus errores, a partir de la autocomplacencia de sus verdades.
Sobre la dictadura, los socialistas tenemos un juicio formado. Creemos conocer las causas más profundas que influyeron para que ésta se instalara en nuestro país a sangre y fuego, y todos o casi todos los hechos lamentables que lo rodearon. En nuestra comprensión intelectual de esos dramáticos momentos de la historia de Chile, existen certezas tales que con el tiempo han ido adquiriendo la fuerza de lo inamovible. Para nosotros fue un período atroz, el que, desgraciadamente, no tuvimos la fuerza política y moral para evitar.
Por su parte, la Comisión de Verdad y Reconciliación, presidida por el jurista y ex Senador don Raúl Rettig, estableció un marco de verdad irrefutable en torno de la violación de los derechos humanos cometidos sobre gran parte de los chilenos.
Reconocemos, sin embargo, que tales certezas pueden no ser tales para otros que miran los acontecimientos ocurridos durante esos años con prismas ideológicos o valóricos diferentes de los nuestros.
Los socialistas hemos sido la fuerza política que más ha hecho por desentrañar los factores que tuvieron significativa relevancia para explicar ese largo período de nuestra historia. Hemos llegado incluso a los límites de la autocrítica desgarradora, asumiendo con la máxima honestidad los efectos últimos que estuvieron detrás de nuestras conductas políticas.
Sentimos, no obstante, que otros no han tenido la fuerza y la voluntad para encaminarse hacia la búsqueda de la verdad que nos acerque, con rigor, a la razón histórica.
Entendemos, sí, que éste es un ejercicio difícil de acometer para aquellos que, o temen descubrir que han sido más objeto que sujetos de su tiempo, o temen reconocerse actores de hechos a todas luces dolorosos e irracionales.
Por tal razón, tenemos la legítima aprensión en cuanto a que la tendencia prevaleciente, de tender un manto de olvido sobre lo que acaeciera en Chile durante los 17 años de dictadura, se acentúe. Tememos que la inclinación intelectual de muchos sea la de intentar borrar de la historia real todos los hechos que no se acomoden a sus creencias o valores. Nos preocupa que el silencio sea la actitud que mejor se compadezca con aquellos que buscan la comodidad espiritual amparada en la ignorancia.
Inspirados, por tanto, en los riesgos que surgen de aquellos temores, y movidos al mismo tiempo por la necesidad de establecer los hechos que emanan de nuestra verdad, que pueda inspirar reflexiones indispensables y desapasionadas en el futuro, los Senadores de estas bancadas, señor Presidente, hemos tomado la decisión de entregar durante las horas de Incidentes de las próximas semanas, con la finalidad de que lo cobijen los anales y la memoria institucional del Senado, un recuento, ojalá pormenorizado, de hechos y situaciones que, desde nuestro punto de vista -insisto-, fueron constituyendo los hitos que marcaron a Chile desde septiembre de 1973 hasta marzo de 1990.
He dicho.
--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comités Institucionales 2, Mixto y Demócrata Cristiano, ningún señor Senador hace uso de ella.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:48.
Osvaldo Palominos Tolosa,
Jefe de la Redacción subrogante