REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 338ª, ORDINARIA
Sesión 26ª, en miércoles 2 de septiembre de 1998
Ordinaria
(De 16:19 a 19:45)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE,
MANUEL ANTONIO MATTA, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, SUBROGANTE
____________________
A n e x o s
ACTAS APROBADAS
Sesión 9ª, en 30 de junio de 1998.....................................................................
Sesión 10ª, en 1 de julio de 1998......................................................................
Sesión 11ª, en 7 de julio de 1998......................................................................
DOCUMENTOS
1.-
Observaciones del Ejecutivo, en primer trámite, al proyecto que otorga plazo a la Corte Suprema para la emisión de informes de su competencia (1602-07)....................................................................................................
2.-
Proyecto de ley, en segundo trámite, que establece elecciones primarias para candidatos a la Presidencia de la República (2194-06).......................
3.-
Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto sobre inmiendas a Código Penal en materia de sanciones a casos de corrupción y creación de nuevas figuras delictivas (1177-07)...................................................................................
4.-
Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores recaído en el proyecto sobre aprobación de la Convención Interamericana contra la corrupción en Caracas, Venezuela, en 1996 (1177-07)...............................................
5.-
Moción de los señores Bitar y Boeninger, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que suprime la reunión en Congreso Pleno para la aprobación de reformas constitucionales (2230-07)..............................
6.-
Moción del señor Díez, con la que inicia un proyecto de reforma constitucional sobre el ejercicio de la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados (2231-07)............................................................................
7.-
Moción del señor Sabag, con la que inicia un proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental sobre la forma de elegir Presidente de la República (2232-07)..............................................
8.-
Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en la consulta formulada por la Sala acerca de la constitucionalidad del proyecto de ley, en segundo trámite, sobre constitución jurídica y funcionamiento de las iglesias y organizaciones religiosas (1111-07)....................................................................................
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Bitar Chacra, Sergio
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cordero Rusque, Fernando
--Díez Urzúa, Sergio
--Errázuriz Talavera, Francisco Javier
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Parra Muñoz, Augusto
--Pérez Walker, Ignacio
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los señores Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción y de Bienes Nacionales, el señor Jefe de la División Jurídico Legislativa del Ministerio de Economía y la señora Jefa de la División Jurídica del ministerio de Bienes nacionales.
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 19 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 9ª, ordinaria, en 30 de junio; 10ª, ordinaria, en 1º de julio, y 11ª, ordinaria, en 7 de julio, todas del año en curso, que no han sido observadas.
Las actas de las sesiones 12ª, ordinaria, en 8 de julio; 13ª, ordinaria, en sus partes pública y secreta, en 14 de julio, y 14ª, ordinaria, en 15 de julio, todas del presente año, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
(Véanse en los Anexos las actas aprobadas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor HOFFMANN (Secretario subrogante).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Dos de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero, retira la urgencia que hiciera presente al proyecto de ley que establece elecciones primarias para candidatos a la Presidencia de la República. (Boletín Nº 2.194-06).
--Queda retirada la urgencia, y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el segundo, formula observaciones al proyecto de ley que modifica el artículo 74 de la Constitución Política de la República. (Boletín Nº 1.602-07) (Véase en los Anexos, documento 1).
-- Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Oficios
De la Cámara de Diputados, con el que comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que establece elecciones primarias para candidatos a la Presidencia de la República. (Boletín Nº 2.194-06) (Véase en los Anexos, documento 2).
-- Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y a la de Hacienda, en su caso.
Del señor Ministro de Educación, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, relativo al pago de la asignación de experiencia.
De la señora Ministra de Bienes Nacionales, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Chadwick, referido a un terreno en el cruce La Invernada, de la comuna de San Francisco de Mostazal.
Del señor Intendente de la Primera Región, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, relativo a viviendas construidas por la Cooperativa HABITACOOP.
-- Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica disposiciones del Código Penal que sancionan casos de corrupción, crea nuevas figuras delictivas, y agrega norma que señala a las leyes Nºs 18.834, Estatuto Administrativo, y 18.883, Estatuto Administrativo para los Funcionarios Municipales, con urgencia calificada de "Simple". (Boletín Nº 1.177-07) (Véase en los Anexos, documento 3).
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba la Convención Interamericana Contra la Corrupción, adoptada en Caracas, Venezuela, con urgencia calificada de "Simple". (Boletín Nº 2.111-10) (Véase en los Anexos, documento 4).
-- Quedan para tabla.
Mociones
De los Senadores señores Bitar y Boeninger, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que suprime la reunión en Congreso Pleno para la aprobación de reformas constitucionales. (Boletín Nº 2.230-07) (Véase en los Anexos, documento 5).
Del Senador señor Díez, con la que inicia un proyecto de reforma constitucional sobre el ejercicio de la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados. (Boletín Nº 2.231-07) (Véase en los Anexos, documento 6).
Del Senador señor Sabag, con la que inicia un proyecto de reforma constitucional que sustituye el artículo 26 de la Carta Fundamental, en relación con la forma de elegir Presidente de la República. (Boletín Nº 2.232-07) (Véase en los Anexos, documento 7).
-- Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Comunicación
Del Senador señor Sabag, con la que comunica que se ausentará del país, desde el 3 al 8 de septiembre en curso, ambos inclusive.
--Se toma conocimiento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la Cuenta.
El señor PARRA.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor PARRA.-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Minería deseo formular una petición. Ella está conociendo el proyecto de ley sobre concesiones de energía geotérmica, y en el desarrollo de su labor se ha logrado un importante punto de acuerdo. Pero esto hace necesario reabrir por unos días el plazo para formular indicaciones, con el propósito de que puedan ser formalizadas algunas indicaciones nuevas que están consensuadas al interior de la Comisión.
Por tal razón, ruego solicitar el asentimiento unánime de la Sala para establecer un plazo adicional hasta el próximo martes 8, a mediodía.
El señor PÉREZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra, señor Senador.
El señor PÉREZ.-
Señor Presidente, sólo deseo apoyar lo señalado por el señor Presidente de la Comisión de Minería y Energía del Senado, porque la verdad es que se llegó a un acuerdo político sobre dicha iniciativa. Había dos teorías en lo concerniente a la otorgación de concesiones de energía geotérmica: una, la concesión judicial, y otra, la administrativa.
Al respecto, se llevó a cabo un trabajo en el que participaron diversos señores Senadores, el señor Prosecretario del Senado y el señor Subsecretario de Minería, y se llegó a un muy buen acuerdo, que satisface unánimemente la posición de todos los señores Senadores. Sin embargo, para materializar dicho consenso se requiere la presentación de dos tipos de indicaciones: unas, que son nuevas, fruto del acuerdo y que, por lo tanto no fueron formuladas en el plazo establecido; y otras, que deben ser patrocinadas por el Ejecutivo, que está dispuesto a hacerlo.
En consecuencia -reitero-, apoyo lo planteado por el Senador señor Parra. Más que reabrir plazo para presentar indicaciones -lo cual es factible-, se trata de permitir, en conformidad al Reglamento, que las nuevas indicaciones, aceptadas unánimemente por la Comisión, que no fueron formuladas dentro del plazo fijado por la Corporación, puedan ser presentadas.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
¿Cuál es la fecha que propone la Comisión, Senador señor Parra?
El señor PARRA.-
El martes próximo, a mediodía, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se fijará como nuevo plazo para presentar indicaciones hasta el próximo martes 8, a las 12.
Acordado.
INCENTIVOS A DESARROLLO ECONÓMICO DE AISÉN,
MAGALLANES Y PROVINCIA DE PALENA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece incentivos para el desarrollo económico de las Regiones de Aisén y de Magallanes, y de la provincia de Palena, con informes de las Comisiones de Economía y de Hacienda. La urgencia ha sido calificada de "Suma".
¿Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 7ª, en 21 de octubre de 1997.
Informes de Comisión:
Economía, sesión 25ª, en 1º de septiembre de 1998.
Hacienda, sesión 25ª, en 1º de septiembre de 1998.
El señor HOFFMANN (Secretario subrogante).-
Los principales objetivos del proyecto son:
1.-
Establecer un crédito tributario diferenciado hasta el 31 de diciembre del año 2008, con el fin de propender al desarrollo económico de la Undécima y Duodécima Regiones y la provincia de Palena.
2.-
Sustituir el régimen legal de ciertas concesiones fiscales ampliando las facultades conferidas al Ministerio de Bienes Nacionales por el decreto ley Nº 1.939, de 1977, creando un nuevo instrumento para administrar el patrimonio fiscal, que será complementario a los actualmente existentes, y que consiste en otorgar concesiones a título oneroso a todo tipo de personas naturales o jurídicas, en las condiciones que en el proyecto se establecen, de manera tal de permitir el otorgamiento de concesiones de uso a empresas o particulares con fines de lucro, para proyectos turísticos u otros ambientalmente sustentables.
3.-
Introducir diversas adecuaciones a la normativa existente en materia de becas, contemplada en la ley Nº 18.681, sustituyendo la unidad con la cual se calculan actualmente las becas, unidades de subvención educacional, por unidades tributarias mensuales, con el objeto de establecer un programa de becas para financiar estudios en instituciones de educación superior del país, orientado a profesionales de la zona que asuman el compromiso de radicarse y ejercer profesionalmente en ella por un período al menos igual a la mitad del tiempo que hayan recibido el beneficio.
4.-
Modificar el artículo 36 del decreto ley Nº 825, de 1974, con el propósito de ampliar la cobertura del beneficio tributario que se concede a los bienes o servicios exportados. En particular, se otorga dicho beneficio a las empresas que presten servicios de diversa naturaleza a naves o flotas extranjeras; y
5.-
Derogar el impuesto adicional establecido en la letra g) del artículo 37 del decreto ley Nº 825, de 1974, llamado impuesto al lujo, en el caso de los yates.
La Comisión de Economía deja testimonio en su informe de que concurrieron a una o más de sus sesiones, además de sus miembros, el Senador señor Adolfo Zaldívar y los Diputados señores Alvarez, Galilea y Sánchez.
Asimismo, deja constancia de que se escucharon los planteamientos de la señora Ministra de Bienes Nacionales; del señor Subsecretario del Ministerio de Hacienda; del señor Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción; del señor Subsecretario de Pesca; del señor Subsecretario de Bienes Nacionales; del Vicepresidente Ejecutivo de la CORFO; del Jefe de la División Jurídico-Administrativa del Ministerio de Economía; del Jefe de la Unidad de Desarrollo Productivo Regional de la referida Cartera; del Subdirector Normativo del Servicio de Impuestos Internos; del Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal; del Director Subrogante de dicha entidad; de la Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales; del Jefe de la División de Bienes Nacionales de la referida Cartera; de la asesora de dicha Secretaría de Estado, y de dos asesores del Ministro de Hacienda.
Concurrieron, también, especialmente invitados, el señor Gerente de Operaciones de la Sociedad de Fomento Fabril; los señores Presidente y Gerente General de la Asociación Nacional de Armadores; el señor Director del Programa Económico del Instituto Libertad y Desarrollo, y dos economistas.
Se consignan, también en el informe, los antecedentes tanto jurídicos como de hecho, y se reseña el debate habido en general y particular.
La Comisión de Economía aprobó en general la iniciativa por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Bitar, Fernández, Prat y Ruiz De Giorgio, y luego en particular, con diversas votaciones.
En la parte resolutiva de su informe, propone aprobar el proyecto con las enmiendas que indica.
Por su parte, la Comisión de Hacienda deja establecido en su informe de que a las sesiones en que trató esta materia concurrieron el señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción; el señor Subdirector Normativo del Servicio de Impuestos Internos; el Jefe de la División Jurídico-Legislativa del Ministerio de Economía; el Jefe de la Unidad de Desarrollo Productivo Regional de la misma Secretaría de Estado, y un asesor del Ministerio de Hacienda.
Además, deja constancia del debate habido en particular y concluye proponiendo, por la unanimidad de sus miembros, aprobar el proyecto acogido por la Comisión de Economía, con las modificaciones que señala. Ello en atención a que la iniciativa se encuentra debidamente financiada, razón por la cual sus normas no producirán desequilibrios presupuestarios ni incidirán negativamente en la economía del país.
Finalmente, cabe consignar que ambas Comisiones son de la opinión de que los artículos 58 y 63 del número 2 del artículo 9º del proyecto deben ser aprobados con quórum de ley orgánica constitucional, en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 63 de la Constitución Política.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Solicito la autorización de la Sala para que ingresen al Hemiciclo la señora María Cecilia Cáceres, Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, y el señor Luis Sánchez Castellón, asesor jurídico del Ministro de Economía.
Acordado.
En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Economía el Honorable señor Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente, debo precisar que la labor de la Comisión de Economía -que me honro en presidir- ha sido intensa y eficaz. Hemos trabajado sobre la base de consensuar propuestas que luego enviamos mediante oficio al Ejecutivo, ya que la iniciativa constitucional en estas materias corresponde al Gobierno. Durante los últimos tres meses hemos tenido sesiones de análisis y discusión entre las 19 y 24 todos los martes, y entre las 9:45 y 11:30, los miércoles, para exponer al Gobierno la posición de los Senadores y la petición del patrocinio, constitucionalmente requerido, a lo que el Ejecutivo ha accedido en el mayor número de las veces.
El Ministro de Economía como también el de Hacienda han hecho suyas prácticamente todas las proposiciones de la Comisión, quedando algunas materias pendientes para el segundo informe. En ellas los Senadores esperamos agregar aquellas iniciativas que mejoren aún más el proyecto, en especial las que se refieren a Palena y la Undécima Región.
Por ahora, debo señalar que entre las principales normas del nuevo proyecto -y así lo reitero- se establece un crédito tributario para las inversiones regionales destinadas a la producción de bienes y prestación de servicios de hasta el 40 por ciento de los Impuestos de Primera
Categoría que las empresas deban cancelar al Fisco. El beneficio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2008, y la recuperación del
crédito podrá hacerse hasta el 2030. El porcentaje de crédito tributario se aplicará sobre el valor de los bienes físicos, incluyendo embarcaciones y aeronaves destinadas al transporte de carga y pasajeros al sur del paralelo 41. También beneficiará a muebles y equipamiento industrial destinado preferentemente al turismo; construcciones, maquinarias y equipos para proyectos innovativos acuícolas, avícolas, pecuarios o biológicos que no estén siendo explotados en la zona, o destinados preferentemente a la elaboración de bienes a través de la transformación industrial, incluyendo la generación y transmisión de energía eléctrica -lo que es muy importante para la Región-, o para las obras de infraestructura y las maquinarias y equipos para su ejecución y equipamiento complementario, incluidos los de servicios de transportes vial, marítimo o aéreo, remolcadores y lanchas; construcciones, maquinarias y equipos para el cultivo o crianza de especies o razas avícolas, pecuarias o acuícolas, o para la prestación de servicios de análisis de laboratorio, control de calidad, certificación de conformidad industrial, control fito o zoosanitario, o para la prestación de servicios de investigación aplicada.
Adicionalmente, el proyecto establece beneficios de crédito tributario para las inversiones en construcción de edificaciones destinadas al comercio u oficinas de, a lo menos, 500 metros cuadrados, y a las de uso habitacional, incluyan o no locales comerciales; o para establecimientos o bodegas de más de cinco unidades, con una superficie total construida no inferior a mil metros cuadrados, con la sola excepción de los bienes no sujetos a depreciación o que tengan una vida útil inferior a tres años, y los vehículos motorizados en general, salvo aquellos de uso fuera de carretera o con maquinaria montada.
El texto aprobado por la Comisión de Economía consigna, además, la licitación pública o privada, nacional o internacional, bajo el sistema de concesiones, que se adicionará a la posibilidad actual de ventas de los terrenos fiscales a cargo del Ministerio de Bienes Nacionales, con un procedimiento muy similar al vigente para las carreteras. El sistema será semejante al utilizado por el Ministerio de Obras Públicas, que ha tenido pleno éxito. Habrá prenda especial de la concesión, de manera de atraer con tales garantías a los capitales requeridos para proyectos turísticos y el desarrollo de los respectivos terrenos concesionados.
La Comisión también aprobó un sistema especial de becas para los estudiantes de la zona austral, en la forma ya señalada por el señor Secretario.
Además, se aumentó en 400 por ciento el Fondo de Desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, constituido hasta ahora tan sólo por 25 por ciento de los ingresos por concepto de derechos de explotación en la producción de gas y petróleo de dicha zona, porcentaje que sube a 100 por ciento de los mismos.
Por último, se ampliaron los beneficios de la ley Nº 18.392 (Ley Navarino) a toda la isla de Tierra del Fuego, y que consisten en la exención del pago de impuestos durante 50 años para todas las mercaderías importadas para procesos productivos; la liberación de tributos establecidos en el decreto ley Nº 825 del crédito señalado en el artículo 56 de la Ley sobre Impuesto a la Renta; la exención total del pago de impuestos de bienes raíces y territorial, y una bonificación equivalente a 20 por ciento del valor de las ventas de los bienes producidos, o del valor de los servicios prestados, tanto para las actividades industriales, mineras y de explotación de las riquezas del mar, cuanto de las de transportes o de turismo desarrollado en la zona.
En mi calidad de Presidente de la Comisión de Economía, y en nombre de todos sus integrantes, debo expresar nuestra particular satisfacción por la buena acogida del Ejecutivo a las propuestas formuladas por ella. Es cierto que aún resta mucho por realizar. Con sacrificio y capacidad de convicción, hemos podido demostrar, apoyados en argumentos sólidos y estudios profundos, la necesidad de introducir cambios importantes en el proyecto original. Así lo entendieron el ex Ministro de Economía y el Gobierno en general, habiéndose mejorado notablemente su iniciativa.
No cabe duda de que mediante las indicaciones que se formulen -en ello cabe al Ejecutivo especial responsabilidad, por ser suya la iniciativa constitucional- será posible introducir notables mejoras en el proyecto, que considero de toda conveniencia, especialmente para la provincia de Palena y la Undécima Región.
Tal es la tarea que tenemos por delante, y llamo a mis colegas a aprobar en general la iniciativa que hoy nos convoca.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
¿Me permite hacer un alcance al informe del titular de la Comisión de Economía, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Sólo uno, pues hay otros señores Senadores inscritos para intervenir.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- El Honorable señor Errázuriz se refirió, con mucho entusiasmo, a una ventaja que se habría dado, según sus palabras, a toda la zona austral, en cuanto al sistema de becas. Deseo precisar que ello es efectivo sólo para la provincia de Palena y para la Duodécima Región, pero no alcanza y no tiene nada que ver con la Undécima.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Economía.
El señor LEIVA (Ministro de Economía).-
Señor Presidente, esta iniciativa forma parte de un conjunto de medidas que conforman el Plan Austral, que requerían un trámite legal y que revisten especial importancia para la zona. Me parece importante subrayar los aspectos referentes a incentivos a la inversión, que es necesario fortalecer para el desarrollo productivo de las distintas áreas que conforman la provincia de Palena y las Regiones de Aisén y Magallanes.
Respecto de Aisén, se plantea una serie de medidas complementarias que el Gobierno está dispuesto a considerar, incluso en un nuevo proyecto de ley.
En cuanto a las concesiones onerosas de bienes nacionales, prefiero que las explique la señora Ministra del ramo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra de Bienes Nacionales.
El señor HORVATH.-
¿Me permite hacer un comentario a lo expresado por el señor Ministro de Economía, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Si la señora Ministra le concede una interrupción, puede hacerlo, señor Senador.
La señora DELPIANO (Ministra de Bienes Nacionales).-
No faltaba más.
El señor HORVATH.-
Gracias, señora Ministra.
Considero bastante delicada e importante la resolución que adoptemos en relación con el proyecto, que ha requerido prácticamente de cuatro años de trabajo para sacarlo adelante. Evidentemente, han quedado algunos aspectos pendientes.
El señor Ministro de Economía señaló que se presentará otra iniciativa legal para la Región de Aisén, lo que, evidentemente, merece una explicación mayor, para saber sobre qué estamos legislando respecto de esta zona en particular.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En su momento, el titular de dicha Cartera podrá proporcionar tal información.
Tiene la palabra la señora Delpiano.
La señora DELPIANO (Ministra de Bienes Nacionales).-
En verdad, el señor Presidente de la Comisión de Economía ya dio a conocer algunos antecedentes acerca de la iniciativa en estudio; pero deseo precisar aquellos puntos que dicen relación a la posibilidad de dar concesiones sobre terrenos fiscales.
En primer lugar, se trata de una facultad que se concede al Ministerio de Bienes Nacionales para entregar concesiones hasta por un plazo de 50 años a personas jurídicas chilenas -es la figura que aparece en el proyecto-, lo cual permite disponer de un instrumento de administración del patrimonio complementario del que el decreto ley Nº 1.939 otorga a la Secretaría de Estado a mi cargo. Es una facultad de carácter genérico, no sólo aplicable a la zona austral, si bien existe un plan de desarrollo para la zona que requiere preferentemente de ella; pero -insisto- puede utilizarse a lo largo del territorio nacional, y es complementaria a la venta de terrenos fiscales, el arriendo y las destinaciones, que son los instrumentos legales de que dispone nuestra Cartera.
Justamente, esta complementación de facultades nos permite llevar a cabo el plan en el cual llevamos más de dos años trabajando en el Ministerio. Se han determinado lugares. A comienzos de diciembre, se desarrollará un evento en la ciudad de Punta Arenas, en el que se pretende concentrar a inversionistas nacionales y extranjeros, para proceder a entregar los primeros 25 territorios. Para información de los señores Senadores, dispongo de ese material -seguramente les ha llegado a sus oficinas parlamentarias- que explica de qué se trata, dónde están ubicados y de qué tamaño son esos terrenos.
La necesidad de contar con este instrumento legal apunta, por un lado, a generar inversión en territorios que, desde el punto de vista de la soberanía, se pretende mantener en el patrimonio del Fisco; y por otro, por tener un valor patrimonial necesario de resguardar para las futuras generaciones y no sólo para las presentes.
La iniciativa en estudio, como bien señaló el Senador señor Errázuriz, se inspira en las concesiones otorgadas por el Ministerio de Obras Públicas, con las adecuaciones necesarias, dada su naturaleza; pero es un instrumento que da garantías al inversionista. Y cuando se analice en detalle el articulado se podrá precisar en mejor forma en qué consisten.
Por último, el proyecto otorga una ventaja adicional: a los inversionistas se les permitirá pagar la concesión -onerosa, por supuesto- sin que deban realizar desembolsos para comprar terrenos fiscales, pudiendo concentrar sus recursos precisamente en lo que se va a ejecutar sobre ellos.
En este caso, lo que se busca es complementar facultades de que el Ministerio ya dispone y hacerlas más flexibles, con un espíritu -yo diría- más moderno de ocupación del territorio fiscal.
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz de Giorgio.
El señor RUIZ (don José).-
Señor Presidente, estimados colegas, durante la última década Magallanes ha tenido un crecimiento muy por debajo del promedio nacional como consecuencia de la disminución de la actividad petrolera en la zona, producto, a su vez, del agotamiento de los yacimientos de hidrocarburos.
Razones del proyecto de ley
Como ha pasado históricamente en el país, estos problemas tienden a ignorarse y sólo se buscan soluciones de parche. Así ocurrió con el salitre en el norte y con el carbón en Arauco. Así acontecerá, por lo demás, con la explotación forestal y la pesca si no se toman los debidos resguardos.
Desde los inicios del Gobierno del Presidente Aylwin, comencé a plantear mi preocupación por la situación de Magallanes, y solicité, entre otras medidas, la realización de un catastro de recursos naturales, que, al proporcionar un mayor conocimiento de éstos, permita una mejor regulación de su explotación. Por otra parte, pedí el envío de un proyecto de ley para establecer un "Fondo para el Desarrollo de Magallanes", formado por el 25 por ciento del derecho de explotación del petróleo, con el objeto de promover la industrialización de los recursos naturales.
Dicho catastro está prácticamente terminado y el Fondo ya fue creado por la ley Nº 19.275, actualmente en vigor.
También propuse un estudio de las franquicias legales vigentes, con el propósito de analizar la conveniencia de mantenerlas, modificarlas o derogarlas y dictar nuevas normas que se ajusten a un proyecto de desarrollo regional. En este campo se han realizado numerosos debates en la zona y se han elaborado también diversas propuestas, pero, lamentablemente, han primado intereses de grupos o sectores sobre el interés general de la Región, por lo que no se ha podido arribar a una propuesta consensuada.
Aun así, a partir del denominado "Proyecto Región", impulsado por el gobierno regional, el Presidente Frei ordenó la puesta en marcha del "Plan Austral", que ha sido expuesto en términos generales en esta sesión y cuyo complemento es la iniciativa legal que hoy nos ocupa.
Contenido del proyecto
Se establece, en el Capítulo I, un crédito tributario para los contribuyentes que declaren impuesto de Primera Categoría de la Ley de Impuesto a la Renta, desde de la vigencia de la presente normativa hasta el 31 de diciembre del año 2008. La recuperación de tal crédito podrá hacerse hasta el año 2030.
El beneficio alcanza prácticamente a todas las actividades económicas, excepto la explotación de recursos naturales. Asimismo, este beneficio es incompatible con el decreto con fuerza de ley Nº 15, de 1981 -así lo declaró expresamente el Gobierno en la Comisión de Hacienda, a requerimiento del Senador que habla- y tampoco podrá invocarse respecto de las inversiones que se realicen en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 transitorio de la ley Nº 18.892, General de Pesca y Acuicultura.
Los topes máximos del crédito tributario son de 40 y 20 por ciento de las inversiones realizadas, dependiendo de los montos invertidos y el tipo de actividad económica a que se refiera. El monto mínimo de las inversiones es de 2 mil UTM y, excepcionalmente, de mil UTM para las inversiones en las comunas más pequeñas, individualizadas en el proyecto.
El Capítulo II modifica el decreto ley Nº 1.939, de 1977, con el objeto de facilitar la concesión de terrenos fiscales con fines de lucro, hasta por cincuenta años, para los fines que establezcan los correspondientes decretos. Con esta disposición, se incorporarán a la actividad productiva importantes áreas de gran atractivo turístico, generando nuevas fuentes laborales e ingresos para las respectivas regiones.
El Capítulo III se refiere a dos importantes modificaciones de normas vigentes. Por el artículo 10 del proyecto, se modifica el artículo 1º de la ley Nº 19.275 -de la que soy autor-, estableciendo que el ciento por ciento del derecho de explotación de gas o petróleo extraído de la Región de Magallanes pasará a integrar el Fondo para el Desarrollo Productivo de dicha Región. Este Fondo actualmente se constituye sólo con el 25 por ciento del citado derecho de explotación.
A través del artículo 11 se modifica el artículo 1º de la ley Nº 18.392, ampliando sus beneficios a toda la isla de Tierra del Fuego. La mencionada normativa otorga beneficios sólo a las comunas de Navarino, de la provincia Antártica, y de Timaukel, de la provincia de Tierra del Fuego.
En el Párrafo 2º se modifica el artículo 56 de la ley Nº 18.681, con el objeto de establecer un programa de becas para estudiantes.
En el Párrafo 3º se introducen diversas enmiendas al artículo 36 del decreto ley Nº 825, de 1974, a fin de ampliar sus beneficios.
Propuesta para su mejoramiento
Durante el debate parlamentario se corrigieron varias materias que ciertamente mejoraron el proyecto. La mayor parte de ellas se originaron en propuestas nacidas de la propia comunidad, planteadas mediante las autoridades locales o los Parlamentarios. Así se aumentó la vigencia de la ley hasta el año 2008 y se incorporaron al crédito tributario nuevas actividades económicas, como también se flexibilizó la participación de los organismos del Estado.
Sin embargo, no se logró establecer como único el 40 por ciento para el crédito tributario. Se mantuvo una diferencia entre actividades económicas, la cual no compartimos, por estimarla inadecuada y porque originará problemas en la aplicación de la norma. Entendemos que haya diferentes porcentajes dependiendo de los montos de inversión, por cuanto ello tiene que ver con los recursos públicos, pero no estamos de acuerdo en que existan diferencias por actividades económicas.
En consecuencia, solicito al Gobierno enviar una indicación para establecer el 40 por ciento como tope máximo -parejo para todo tipo de actividad- del crédito tributario.
Por otra parte, es conveniente aprovechar la modificación del decreto ley Nº 1.939, de 1977, a fin de modificar su artículo 6º. Éste es un proyecto que presenté en 1990 al Gobierno, está pendiente su estudio y hace una excepción para la venta de los terrenos de la franja costera para la Décima y Undécima Regiones. Se solicita que, con motivo de esta iniciativa, ella sea ampliada también a la Duodécima Región.
Proyecto de desarrollo para Magallanes
La iniciativa tiene que ver con un tema fundamental: las bases del desarrollo de Magallanes. Y en este ámbito, cabe mencionar , en primer lugar, su potencial turístico. Al respecto, se incluye una serie de normas que ayudarán a esta actividad, muy importante para el desarrollo de la Región.
En segundo término, hay que considerar la necesidad urgente de ir a la industrialización de los recursos naturales. Creemos que este articulado será un aporte significativo para impulsar una mayor industrialización de Magallanes. Así la Región dejará de ser exportadora de materias primas, permitiendo incorporarles valor agregado.
Finalmente, es fundamental considerar la ubicación geográfica de Magallanes
y su Estrecho, punto relevante que une los dos principales océanos del planeta -el Pacífico y el Atlántico- y, por lo tanto, es la llave maestra del ingreso a la Antártica y, al mismo tiempo, del fomento del comercio de Chile en la zona.
Esta iniciativa legal será la base para avanzar en un proyecto que actualmente se encuentra en marcha. Se trata de la industrialización del gas natural mediante el complejo industrial portuario de Bahía Laredo-Cabo Negro, que hoy día impulsa la Empresa Nacional del Petróleo, con participación del sector privado nacional y extranjero, y cuyo desarrollo evidentemente será impulsado -de eso no cabe duda- aprovechando el crédito tributario que ahora se propone.
También es esencial considerar la situación del Puerto de Punta Arenas, con miras a los servicios que pueden prestarse a un conjunto de actividades, secundarias y terciarias, en materia económica, y que se complementarán con las que ya se realizan en la zona.
A partir de este proyecto de ley, y sobre la base de las actividades que contempla el Plan Austral, se está preparando ya en la Región lo que hemos llamado la "Oferta de Magallanes". En ella se contemplan antecedentes históricos, conocimiento de la población y medios de apoyo con que cuenta, infraestructura y servicios, inventario de recursos naturales, capacidad industrial instalada y la inclusión -aprovechando la promulgación de esta ley-, de un conjunto de beneficios legales existentes en beneficio de la Región, lo que permitirá entregar no solamente al empresariado nacional, sino también al de todo el mundo un lugar importante donde invertir con seguridad y con expectativas de futuro.
Reflexiones finales
El proyecto en discusión no satisface todas las aspiraciones de la comunidad austral ni de sus autoridades, como tampoco de sus Parlamentarios. En lo personal, me habría gustado que tanto el Plan Austral como la ley que lo implementa se hubieran estudiado y resuelto separadamente, por Regiones, considerando las especiales y distintas características de la extensa zona cubierta. Lamentablemente, se repitió, en menor medida, un viejo error histórico cometido por los gobernantes, en el sentido de homologar Regiones o provincias cuyas realidades y problemas son muy distintos, lo que determina, por lo mismo, que las soluciones deben ser distintas.
Pero la responsabilidad de gobernar implica que, sin renunciar a los principios éticos y morales, se obtengan resultados que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la gente. No podemos quedarnos en lo meramente tecnocrático, ni tampoco en lo testimonial. Por ello, sin renunciar a nuestros principios y valores, creemos que se debe impulsar el desarrollo de nuestra Región apoyando hoy la iniciativa que nos ocupa.
La ley no lo es todo, sin embargo. En el caso de que se trata, constituye el complemento de un conjunto de tareas de tipo administrativo que ya se encuentran en marcha y de otras que tendrán que ser impulsadas en los próximos tiempos. Entre ellas se incluyen obras públicas -en especial, la construcción de nuevas carreteras y la pavimentación de algunas existentes-, obras portuarias y mejoramiento de aeropuertos.
Junto con lo anterior, hemos estado solicitando al Gobierno que se eleve el principal hospital de la Región al nivel 1, lo que significaría invertir a fin de incorporar la tecnología y personal suficientes para atender necesidades que hoy son cubiertas en Santiago y evitar, así, el alto costo del viaje.
Asimismo, hemos pedido mayores recursos para el mejoramiento de la Universidad de Magallanes, de modo de prevenir el éxodo de jóvenes magallánicos a las universidades del centro del país y el costo y los inconvenientes que origina, en particular para los hijos de las familias más modestas.
Ciertamente, el proyecto en debate configurará un aporte en la cruzada que esperamos emprender para lograr revertir la situación de la Región y reducir paulatinamente la dependencia del petróleo, lo que se logrará al crear nuevas fuentes productivas autosustentables en el tiempo.
Por las consideraciones expuestas, solicito a mis Honorables colegas el apoyo necesario para aprobar el proyecto, que representará, sin duda, un gran aporte al desarrollo de la Región de Magallanes.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, la Región de Magallanes y la Antártida Chilena enfrenta una gran crisis. Estudios de la Confederación de la Producción y del Comercio señalan que el aporte de la zona al producto interno bruto cayó en más de 80 por ciento entre 1985 y 1996. A su vez, las exportaciones de mayo último se redujeron en 59,3 por ciento respecto de igual mes de 1997, según la Secretaría Regional Ministerial de Economía. De acuerdo con la Cámara de Comercio e Industria local, sus asociados han disminuido sus resultados entre 25 y 55 por ciento en los últimos tres años.
La industria salmonera, por su parte, se ha contraído a su más bajo nivel, hallándose amenazada su existencia misma. Representantes del sector pesquero advierten acerca de la posible desaparición de la pesca industrial en la zona, en parte por la sobreexplotación de la merluza austral, en parte por un cúmulo de regulaciones y trabas burocráticas, muchas de ellas de decisión centralizada en la Capital, que entorpecen posibles ajustes de la actividad a nuevas posibilidades. Se observa un éxodo de buques chilenos a nuevos caladeros en Sudáfrica, Islas Mauricio, Mozambique, Namibia, ante la pérdida de licencias y la baja de las cuotas de pesca. Algo similar ocurre con otros que operan en el Atlántico Sur y que antes ocupaban Punta Arenas como puerto base.
En lo portuario, durante el primer semestre del año se registró 8,3 por ciento de incremento en la transferencia de carga en Punta Arenas, pero no aumentó el número de naves que recalan en el puerto. Por el contrario, varias agencias acusaron una disminución. Una de ellas consigna que en el primer semestre de 1997 fueron atendidos 60 buques pesqueros coreanos y japoneses que cruzaron el Estrecho y recalaron en Punta Arenas, cifra que en 1998, hasta mediados de julio, descendió a sólo 14. En el cabotaje medió una caída importante en la cantidad de contenedores.
El movimiento regional de exportaciones experimentó una baja de casi 33 por ciento en julio pasado, respecto de igual mes de 1997: 24 millones de dólares FOB, frente a 35 millones, respectivamente. Más aún: la cifra de julio fue 29,22 por ciento menor en relación con las exportaciones del mes anterior. Cifras similares de disminución del total de exportaciones, en torno de 32 por ciento, muestra la comparación entre enero-julio de 1997 y el mismo período del año en curso.
Al mismo tiempo, la mayor parte de los productos magallánicos han visto caer sus precios. Es el caso del metanol: la reducción del consumo por mercados importantes, como Japón y Corea, se ha traducido en una baja de 180 a 100 dólares la tonelada, y, como consecuencia, METHANEX perderá entre 12 y 15 millones de dólares este año, previéndose que tal situación puede durar hasta fines de 1999.
Asimismo, las exportaciones del sector forestal decrecieron en 57 por ciento durante el año pasado.
Por su parte, los precios de la lana han bajado entre 40 y 50 por ciento, caída que se suma a la que ese producto venía experimentando en años anteriores por una baja sistemática del precio internacional. La carne de cordero también ha bajado de precio, como derivación de la devaluación en Nueva Zelandia, que redujo el valor en 30 por ciento en los últimos ocho meses, permitiendo vender en mejores condiciones en los mercados europeos.
En fin, el proyecto Trillium, de gran importancia económica para Tierra del Fuego, ha sido entrabado hasta la virtual parálisis por grupos ecologistas que no parecen considerar la desmedrada situación de los chilenos que habitan en la isla ni las proyecciones geopolíticas negativas de lo que está sucediendo.
El único sector donde parece darse cierto dinamismo es el turismo, pese a la ausencia de políticas que lo faciliten.
En lo social, se advierte descontento creciente en la población magallánica y, más aún, un difuso resentimiento contra lo que ella percibe como abandono por el país en general.
Es entendible que así ocurra. El contraste con la década precedente es claro. En la actual no se registran grandes iniciativas para Magallanes, sin que se hayan dado pasos de macropolítica regional o se hayan emprendido grandes obras, como en la anterior, de las que cabe recordar, por ejemplo, entre tantas otras, la creación de la Universidad de Magallanes, en 1981; o el decreto con fuerza de ley Nº 15, de bonificación a proyectos de inversión; o el decreto ley Nº 889, de subsidio a la mano de obra; o la Zona Franca, el transbordador, el Casino de Puerto Natales, la explotación del petróleo en el Estrecho.
Frente al cuadro de crisis, el Gobierno ha planteado el proyecto de la Ley Austral, que estamos conociendo. Ello resulta insuficiente. Magallanes, a nuestro juicio, requiere un enfoque sustancialmente distinto. El Plan Austral constituye un paliativo, pero no permite alimentar esperanzas mayores en cuanto a la solución de la difícil realidad que se vive.
Desafortunadamente, la iniciativa de que se trata no favorece a las personas ni a las empresas actualmente instaladas en la Región. Deja fuera a sectores tan importantes como el ganadero, porque sólo se pueden acoger a sus beneficios las empresas que declaran con renta efectiva, en tanto que 95 por ciento de aquella actividad lo hace con renta presunta.
Con todo, el proyecto representa alguna posibilidad de nuevas inversiones. Pese a que la mayor parte de las decisiones que podrían ser útiles es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, hemos conseguido, a través de las Comisiones, que el Ejecutivo haga suyas algunas de las indicaciones, las cuales se han incorporado al texto. Entre ellas, se ha considerado prolongar por diez años el plazo de los beneficios tributarios; extender los beneficios a actividades productivas, comerciales, industriales y turísticas, que se excluían; hacer más objetiva la determinación de las condiciones de concesión de bienes fiscales, señalándose al Ministerio un plazo breve y fijo para pronunciarse, y, en general, facilitándose las concesiones; promover ciertas actividades deportivo-turísticas y el turismo náutico -en lo que Magallanes cuenta con ventajas comparativas-, mediante la derogación de impuestos; ampliar la zona marítima de aplicación de los beneficios; incluir los servicios de análisis de laboratorio e investigación entre los rubros que recibirían mayor porcentaje de beneficios, por incidir en actividades importantes para la zona, como aquellos que se necesitan para combatir la marea roja; no discriminar entre las comunas respecto del monto mínimo de la inversión acogible a los beneficios; estudiar medidas de incentivo al cabotaje nacional; incluir en los beneficios lo relativo a la generación de energía.
Consideración aparte merece la provincia de Última Esperanza, ya que requiere de un tratamiento especial. Lo hemos hecho presente en la Comisión de Economía y en la de Hacienda del Senado.
Del mismo modo, hemos pedido al Presidente de la República que acoja los planteamientos presentados por los distintos sectores de la citada provincia, fundamentalmente, en orden a otorgarle beneficios especiales, pues se trata de la única provincia en la Región de Magallanes que no cuenta con algún tipo de beneficio especial. Las demás lo tienen, pero ésta no.
Se ha solicitado al Primer Mandatario, mediante oficio, que considere la posibilidad de que la provincia de Última Esperanza sea beneficiaria en materias de interés tributario que puedan favorecer a los natalinos en general.
En consecuencia, señor Presidente, este proyecto de ley es insuficiente para nuestra Región. Creemos necesario darle una amplitud conceptual y una nueva política que constituya, en definitiva, un gran instrumento para el despegue del desarrollo magallánico.
Este plan no basta para suplir lo que sería una política resuelta de desarrollo regional, que se necesita, y claramente requerirá de medidas muy diferentes y de mayor visión.
Aun con las enormes deficiencias planteadas, consideramos necesario aprobar la iniciativa, porque en las actuales condiciones de Magallanes puede aportar algo para hacer menos gravosa la situación de sus habitantes.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente)-. Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, con relación a este proyecto, deseo hacer presentes dos enfoques.
El primero, de tipo geopolítico nacional.
Respecto de la zona austral, si aceptamos el concepto de que al sur de la latitud 41 la región merece especial atención y cuidado por parte del Ejecutivo y -por consiguiente- de todo Chile, se llega a la conclusión de que esta iniciativa es insuficiente para los propósitos que se quieren lograr con ella.
El problema nace porque -a mi juicio- se ha perdido una oportunidad más de dar un severo y enérgico cambio, quizás, a toda la concepción de cómo deben operar la economía, la administración y, en general, la modernización en una zona con extraordinario futuro para el próximo siglo.
Y ese futuro se asegura estableciendo en estos años, por largo tiempo -no por un período corto-, las bases definitivas que permitan el asentamiento de la población, su desarrollo y el aprovechamiento del mismo en términos de utilizar los propios recursos del lugar, cuyas características fundamentales son únicas en todo el mundo.
Desde este punto de vista, la gran visión geopolítica lleva a plantear la necesidad de establecer decididamente una zona en la cual no se escatimen esfuerzos, aunque ello signifique abandonar incluso la concepción política y económica que ha impulsado el desarrollo durante estos años.
El precio, el valor y la importancia de esa parte del territorio para Chile obligan a cambiar radicalmente los enfoques. En mi opinión, ahí radica uno de los problemas que hoy, en este paso -seguramente por otras consideraciones-, han hecho perder tal visión.
Deseo agregar que la región en comento posee tres áreas que requieren la mayor atención. La primera es la zona de Punta Arenas, con el Estrecho de Magallanes, bajo los puntos de vista político internacional, geopolítico y de estrecho de comunicaciones marítimas. La segunda área es la de Cabo de Hornos, Península de O'Higgins y el mar de Drake. Se trata de un sector extraordinariamente importante para el futuro, sobre todo frente a la fragilidad de los pasos artificiales que comunican el océano Pacífico con el Atlántico en todo el continente americano. Y la tercera zona sensible dentro de esta visión geopolítica corresponde, lisa y llanamente, al territorio antártico chileno.
El proyecto se refiere, entre otros, a los aspectos mineros. Debemos recordar que, por situaciones derivadas de convenios mineros internacionales con relación a la Antártica, dicha actividad se encuentra restringida, pero ningún otro tratado quita o impide la posibilidad de establecer en ella propiedad estatal. Y echo de menos ese elemento en la iniciativa, porque si la idea apunta a atraer capitales y el turismo es uno de los motores para la llegada de tales recursos, la Antártica, hoy por hoy, cuenta con un sitio privilegiado.
Entonces, no veo por qué no existe la posibilidad de establecer allá, en uso de los medios legales existentes, terrenos, asentamientos, ubicaciones o desarrollos de todo tipo, excepto aquellos prohibidos por el Tratado Antártico.
La segunda consideración contempla aspectos más de detalle. Se trata de beneficiar con esta iniciativa a una zona de nuestro país que, sobre la base de mi actividad profesional, me ha tocado conocer muy de cerca, pudiendo constatar las difíciles condiciones de toda especie en que se desarrollan sus actividades.
Por consiguiente, todo lo que ayude o beneficie a esta parte de Chile y a sus habitantes contará siempre con mi voluntad y, en este caso, con mi voto favorable. Sin embargo, mi experiencia personal me hace concluir que todas las legislaciones dictadas con tal objetivo no han dado en la práctica los beneficios cifrados en ellas. Hay una larga experiencia en este tipo de situaciones, y creo que ello se debe a las muy peculiares y adversas condiciones en que se desarrolla la vida en esa zona extrema.
Consiguientemente, mi parecer es que debe darse un fuerte golpe de timón -como ya lo he planteado- en materia de fomento a las Regiones de Aisén y Magallanes, desde Puerto Montt al sur, y a la provincia de Palena, que vaya más allá de la normativa que analizamos. El contenido de lo que señalo lo plantearé en su oportunidad -a través de una moción- en la Comisión de Economía o de Hacienda, según corresponda.
Pienso que el Estado puede, indirectamente, efectuar una "inversión de adaptación" que no le irrogue un desembolso directo, sino sólo dejar de percibir determinados ingresos, en el contexto que sirve de fundamento a este proyecto, permitiendo así profundizar los beneficios propuestos.
Al entrar en el análisis del articulado será necesario dejar claramente establecidas y decantadas algunas materias de suma importancia para el país y singularmente para esa zona. Me refiero, por ejemplo, a la participación de personas jurídicas estructuradas con personas o capitales extranjeros; a la necesidad de mantener el equilibrio ecológico; al respeto de las limitaciones en materia de pesca de arrastre existentes en nuestra actual legislación; a la conveniencia de garantizar de alguna manera la prosecución de los estudios sobre la denominada "marea roja" y otros fenómenos naturales que están afectando la producción biológica del área; a la compatibilización de esta futura ley con las normas sobre fronteras y zonas fronterizas; al desarrollo de las relaciones internacionales con Argentina y otros países, y al avance en la cuestión antártica, para beneficio de nuestra patria.
Con este comentario, apoyo decididamente la idea de legislar. No entraré en detalles y los reservaré para contribuir al perfeccionamiento del proyecto, pues ellos se analizarán en las respectivas Comisiones.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, deseo intervenir brevemente por haber estado hace poco en la Región de Magallanes, donde pude palpar en forma directa un sentimiento bastante difundido en su población y su dirigencia, en el sentido de considerarse, de alguna manera, bastante postergados o abandonados por el resto del país.
Es un sentimiento análogo en cierta medida al que existe en Arica. Pero en el caso de la Región de Magallanes -como se ha señalado en la Sala-, está avalado además por algunos indicadores económicos que en el último período no han sido de los mejores para dicha Región.
Considero muy relevante este proyecto, y la gente de Magallanes lo espera con mucha ansiedad. Tal vez, no abarca todo lo que debiera hacerse por esa Región; pero, sin duda, su pronta aprobación e implementación constituiría un paso de gran importancia para ella. Por eso, deseo comprometer por lo menos mi apoyo, mi respaldo a fin de que la iniciativa salga adelante.
Para no usar más tiempo, sólo quiero agregar un punto, que mencioné en Magallanes. Estimo que una Región como ésta, por sus características geopolíticas y geográficas, debiera gozar de mayor grado de autonomía política y financiera que otras regiones -cuestión que debe estudiarse-, como ocurre en muchos países con territorios que tienen semejantes particularidades. No se trata de algo que vaya a romper la característica de Estado unitario; pero sí podría ayudar a la obtención de un grado de autonomía con mucho más fundamento que el de la Sexta Región, por ejemplo, o -discúlpenme los habitantes de Valparaíso- la correspondiente al lugar donde funciona el Congreso Nacional.
Ojalá que en un futuro Gobierno se pueda avanzar mucho más en esta materia.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Adolfo Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
Señor Presidente, el proyecto en debate tiene, sin lugar a dudas, errores que a nadie escapan, como se deduce, sobre todo, después de las intervenciones de algunos señores Senadores que los han hecho más evidentes.
La iniciativa nunca debió haberse enfocado a las Regiones Undécima y Duodécima y, de paso, a la provincia de Palena (Décima Región), pues se trata de realidades distintas. ¡Absolutamente distintas! Incluso, algunas no conocidas.
Cuando escucho a algunos Honorables colegas decir que esta futura ley será muy importante para Magallanes -y justificar su voto en ese sentido-, indudablemente evidencian que tal afirmación ha contribuido en parte a la idea de que la Undécima Región se considere insignificante, pese a sus enormes potencialidades y también -por qué no decirlo- como el patio trasero de la Duodécima Región.
Entonces, el primer error es haber pretendido legislar para esas dos regiones y la provincia de Palena como un todo. Se trata -repito- de realidades totalmente distintas, con niveles de desarrollo diferentes. Y si esto no se aprecia, no podremos sacar conclusiones positivas para lograr el crecimiento económico en todo el país.
Chile acusa una extraña característica: tiene casi cinco mil kilómetros de largo y está dividido en trece regiones, que no son iguales. Aquí se produce otra contradicción. Porque cuando se enfocan los problemas con visiones meramente economicistas, muchas veces se cae en la tentación de creer que el mercado resuelve todo; y que las inversiones van a solucionar los problemas de las regiones, así como también los de las personas. No es así. Es absolutamente errada esa visión.
Si queremos un Estado unitario, debemos partir por entender la complejidad de nuestro país y, luego, tomar la decisión de identificar áreas donde corresponda. Y si una región debe ser calificada como tal por su forma, estructura y desarrollo, ésa es -sin perjuicio de otras- la Undécima. Hay en ella una zona en que su nombre lo dice todo: la Patagonia. Tiene una razón de ser y, lamentablemente, no se le han dado, salvo escasas excepciones, la atención ni los instrumentos necesarios para su desarrollo.
Pondré un ejemplo concreto para dejar más en evidencia lo que señalo.
Felicito a los Senadores señores Fernández y Ruiz, porque han demostrado ser excelentes abogados de su causa; pero ellos mismos sostienen que esta iniciativa es insuficiente para la Duodécima Región. Con todo, lograron obtener cosas muy importantes.
En primer lugar, consiguieron que en el Capítulo I del proyecto se consigne el otorgamiento de un crédito tributario por las nuevas inversiones que se efectúen en la zona. Dicho sea de paso, es lo único concedido también a la Undécima Región.
Además se las ingeniaron -y los aplaudo- para que todos los fondos del petróleo (existe una legislación especial sobre el particular) queden en la región, lo cual implica alrededor de 3 mil millones de pesos al año.
También obtuvieron sistemas de becas que igualmente se justificaban en la Undécima, porque en ésta no hay universidad.
Y, por último, lograron también la ampliación de la "Ley Navarino".
¡Pero la Duodécima Región goza de beneficios de los cuales carece la Undécima! Escuche bien señor Ministro: tiene zona franca; desde ahora contará con el ciento por ciento del fondo del petróleo -reitero que equivale más o menos a 3 mil millones de pesos anuales-; la favorece la "Ley Navarino", que le concede franquicias tributarias; se le otorga un subsidio para el consumo del gas y la bencina; cuenta con dos empresas estatales, ENAP y ASMAR, además de algunas privadas como METANOL y otras; posee un puerto que es cuatro o cinco veces más grande que el de Chacabuco, y usufructúa de una infraestructura que realmente no podría compararse con la de la Undécima Región.
Ése es el problema de fondo, señor Presidente.
A mi juicio, para mirar con simpatía el proyecto -lo que de verdad desearía hacer-, él debería ser complementado con otras medidas que contribuyan, de una vez por todas, al desarrollo de la Undécima Región, para que ésta pueda entrar en escena a nivel nacional.
Deseo escuchar un pronunciamiento claro y preciso del señor Ministro sobre el particular. Para entender que la iniciativa irá en beneficio de la región que represento, algunas normas tienen que ser desglosadas y adicionadas con indicaciones específicas dentro de un plazo no superior a 30 días. El proyecto debe volver a Comisión para su estudio en particular. De esa manera, se podría lograr que él, junto con otras disposiciones legales, sea un instrumento que permita el desarrollo de la Undécima Región.
En todo caso, no quiero perjudicar en nada lo que está logrando la Duodécima Región. ¡En buena hora! Me alegro, y felicito a los señores Senadores por haber tenido la facilidad de convencer a las distintas autoridades, entre ellas las del Ministerio de Economía, para el otorgamiento de armas complementarias para el desarrollo de aquélla.
Quiero ser claro y explícito en cuanto a que en mi región no hay ninguna organización partidaria del proyecto en cuestión. En mi poder tengo una carta enviada el día de ayer por don Héctor Canales, Presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Coyhaique y representante de todos los gremios de la Undécima Región. La firman representantes de instituciones tales como Asociación de Pequeños Industriales y Artesanos, sindicato de trabajadores de EDELAYSEN, sindicato de trabajadores de Maderas Aisén, sindicato de trabajadores de la construcción, la CUT, la ANEF, Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Coyhaique, Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Puerto Aisén, Cámara de Comercio de Puerto Aisén, COPRODAY de Puerto Aisén, Asociación de Municipalidades; es decir, todas las organizaciones vivas de la Undécima Región.
¿Y qué dice la carta en su punto primero? Una sola cosa: que los gremios organizados de la Undécima Región han manifestado públicamente su rechazo a la Ley Austral, actualmente en discusión en el Parlamento.
Ésa es la realidad. Tal como está la situación en la región que represento, la iniciativa es insuficiente para lograr los objetivos que todos queremos; no sirve, y está realmente mal enfocada.
Por eso, señor Presidente, me gustaría escuchar hoy en esta Sala el compromiso concreto y claro por parte del señor Ministro de Economía, en cuanto a que el proyecto será modificado y adicionado, en la forma que el Gobierno lo estime prudente, a fin de dar a mi región lo que ella necesita.
En ese sentido, señor Presidente, deseo aportar 14 ideas que entregaré después con la redacción correspondiente, pues algunas de ellas son materia de ley.
Adelanto que la región necesita, por ejemplo, ampliar los beneficios del régimen de zona franca de Punta Arena hasta los límites nacionales e internacionales de la Undécima Región de Aisén. Esta garantía ya rige en la Duodécima; y no vemos por qué no pueda tenerlo la nuestra, que es una región absolutamente aislada. Ello es necesario por muchas razones.
Luego, debe crearse allí el Consejo Zonal de Pesca, para lo cual hay que modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura.
Es necesario también eliminar el impuesto a los combustibles.
Debe aumentarse el monto de la Beca Primera Dama a diez Unidades de Subvención Educacional. ¿Por qué? Porque en la región no existe universidad, y los jóvenes que salen a estudiar tienen que viajar a Puerto Montt, a Temuco, a Concepción o a Santiago. Es decir, el otorgamiento de la beca no los habilita para seguir estudios en la zona; para ello tienen que salir. Y no puede esperarse que próximamente haya allí una universidad. En consecuencia, la beca tiene que aumentarse en términos sustanciales.
Igualmente se requiere modificar la legislación relativa a la asignación de zona. Durante muchos años, tal beneficio fue uniforme; pero hoy en día es discriminatorio. Se necesita que sea igual para todos. No debe haber servidores públicos de primero y de segundo niveles. La gente que va a trabajar a la Undécima Región debe afrontar, como todos sabemos, gastos muy superiores a los que debe realizar cualquier funcionario en otros lugares del país.
Éste es un problema que no sólo debemos mirar desde el punto de vista económico. En el sector justicia, es fundamental la creación de un juzgado de letras en Puerto Cisnes, lo cual fue hecho notar por el propio Presidente de la Corte Suprema y por la Corte de Apelaciones de Coyhaique. Por toda la complejidad de esa región, hoy es imposible llegar con la administración de justicia hasta allá; y ni qué pensar en la aplicación del nuevo Código de Procedimiento Penal, para que pueda tener alguna eficacia. Carece de sentido no dotar a la parte norte de la región de un juzgado de letras como corresponde.
Del mismo modo es menester contar con un juzgado de menores para Coyhaique. Ésta el la única capital con asiento de Corte de Apelaciones en que no lo hay. Estamos prontos a aprobar en el Parlamento una legislación sobre la familia. No sé dónde ni cómo aquélla se va a aplicar si no existe aquel tribunal. Esto es fundamental, tanto o más importante que algunas medidas de carácter económico.
El fortalecimiento de mi región, implica el del país. Hay que mirar esto en forma integral. No podemos seguir creyendo que se puede dejar una parte del territorio nacional absolutamente al margen de todo.
Existe un estudio que, con mucha propiedad, se ha realizado para las fronteras interiores. Nuestra región tiene ocho comunas que son de fronteras interiores. Y ocurren cosas absurdas. En un programa de televisión se mostraba a un modesto poblador de Villa O'Higgins que debió navegar durante varios días para pagar las contribuciones de bienes raíces por su campo. A esos chilenos -¡por favor, señor Presidente!- deberíamos pagarles por permanecer en esos lugares y no cobrarles tal tipo de tributo. Me parece de justicia la exención de ese impuesto para los habitantes de comunas como Guaitecas, Lago Verde, Puerto Cisnes, Chile Chico, Río Ibáñez, Cochrane, Villa O'Higgins y Tortel. ¡Aun así, creo que quedaríamos cortos con esos connacionales que están haciendo patria en lugares tan abandonados!
Se necesita la ampliación del D.F.L. Nº 15, destinado a bonificar proyectos de inversión en la región. Esto debería hacerse en forma tal que permitiera disponer a lo menos de mil 500 millones de pesos anuales durante los próximos cinco años, con una oportuna y correcta asignación. Si a la Duodécima Región se le entregan 3 mil millones de pesos por el petróleo, ¿por qué no dar a aquélla aunque sean mil 500 millones?
Respecto de la franquicia tributaria del Capítulo I -que algunos piensan que puede ser una gran solución para la Undécima Región (vamos a ver; el tiempo dirá)-, debe tenerse en cuenta que ella es para la inversión de nuevos grandes capitales, pero para los pequeños, o los modestos, o los medianos empresarios, no significa nada.
De similar manera hay que prorrogar la vigencia del decreto ley Nº 889 hasta el 31 de diciembre del 2009, para que el subsidio que él dispone sea aplicable a las municipalidades de la región.
Además, debe establecerse un subsidio al consumo de electricidad, a fin de igualar su costo con el promedio nacional. Para nadie es un secreto el que hoy el precio de la luz eléctrica en esa región es el más alto de Chile. ¿Qué incentivos hay para la instalación de nuevas industrias si ellas deben pagar tanto por el consumo de tal tipo de energía?
Si se quiere que la Undécima Región progrese, se requiere invertir en educación, y con mucha fuerza. Es fundamental incorporar los liceos -al menos uno por provincia- al Plan Educativo Montegrande, un plan audaz y fuerte que ha llevado adelante el Gobierno y especialmente el Presidente de la República. Por eso estimamos que este punto es de gran trascendencia.
Por otro lado, es relevante para desarrollar el turismo, la eliminación del impuesto al lujo, facilitando la importación de embarcaciones a motor, para lo cual hay que modificar el decreto ley Nº 825, de 1974.
Por último, debe recordarse que la región que represento nació merced al esfuerzo de nuestros ganaderos. Y hoy, en razón de la competencia existente, la única posibilidad que ellos tienen para mantener su actividad es la importación de carne faenada, por lo cual es urgente la construcción de un matadero frigorífico.
Éstas son algunas de las medidas que la gente pide y quiere. Espero que el Ejecutivo -que está identificado con el desarrollo del país- las tome en cuenta. Nada hay más importante para mí que respaldar al Supremo Gobierno en un plan como éste. Lo peor es seguir ocultando una realidad de abandono, de desencuentro, que hoy nos lleva a una situación extrema como la que he tenido necesidad de plantear en el Senado.
Señor Presidente, mi voto va a depender del compromiso que entiendo que hemos contraído con el Gobierno. Esperamos una respuesta del señor Ministro, acorde con lo que significa una región como la que represento, que hasta hoy prácticamente no ha obtenido la atención que necesita para sentirse integrada plenamente al país.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Stange.
El señor STANGE.-
Señor Presidente, Honorables colegas:
Comparto plenamente el planteamiento del Senador señor Adolfo Zaldívar, y lo hago extensivo a la provincia de Palena.
Con relación al proyecto en debate, como representante de la Décima Región sur, me referiré a la situación especial de Palena. Es necesario asegurar un desarrollo sustentable en ese territorio, que es actualmente y sin lugar a dudas la provincia más aislada del país. Su conformación geográfica la aleja de los centros poblados tanto hacia el norte como hacia el sur.
El Supremo Gobierno así lo ha comprendido, y ha redactado el denominado Plan Austral precisamente para dar impulso -quizá en todo sentido- a la provincia de Palena y a las Regiones Undécima y Duodécima.
Sin embargo el proyecto, según ha trascendido entre los habitantes de la provincia, no satisface en lo más mínimo las legítimas aspiraciones de quienes estoicamente ejercen soberanía chilena, a pesar del aislamiento y de las inclemencias del tiempo, y que habían abrigado esperanzas respecto de esta iniciativa.
Sin duda no puede ser atractivo, interesante o beneficioso un proyecto que discrimina, que no considera la realidad actual, y que no otorga los instrumentos suficientes para un desarrollo efectivo de ese territorio.
A contrario de lo que menciona el proyecto, que favorece especialmente en hechos puntuales a la Región de Magallanes, la provincia de Palena y la Undécima Región no se beneficiarán mayormente con él. Se pretende dar impulso a este territorio y para ello se señalan beneficios económicos preferentes para inversionistas foráneos, pero no se da oportunidad a quienes viven actualmente, y por generaciones, en esos lugares.
Respecto de las comunicaciones de ese territorio con el país, especifico, por ejemplo, que la provincia de Palena carece de enlace aéreo estable desde que se retirara la única línea aérea que unía Chaitén-Futaleufú y Palena con Puerto Montt y Coyhaique. El flete por vía marítima es caro y el itinerario de los buques es irregular, dependiendo muchas veces de los factores climáticos. Ningún camino une por tierra a Chaitén, capital de la provincia, con el norte, salvo que se utilicen tres transbordos en barcazas, lo que encarece el transporte en general.
Pobladores y colonos que subsisten precariamente en aldeas y caletas, viven en el litoral dedicados de manera especial a la restringida explotación maderera, a la pesquería artesanal y a la pequeña agricultura. Por ello, al recibir alguna oferta por la tierra en que habitan -de la cual, en la mayoría de los casos, no poseen título de dominio porque les ha pertenecido "por siempre"- se apresuran a vender. Así, estamos perdiendo la presencia de chilenos en gran parte de ese territorio y, contrario sensu, favoreciendo la adquisición de extensos territorios por ciudadanos extranjeros.
No encuentro en el proyecto disposición alguna que favorezca con incentivos a estos pequeños agricultores, pescadores artesanales o rústicos madereros. Es a ellos a quienes debiera dirigirse el fomento, para evitar su migración hacia las ciudades del norte o del sur del país.
Nada figura en el proyecto que permita a esos pequeños colonos adaptarse -con la apertura de líneas de crédito- al fomento del turismo o de la pesca deportiva, por ejemplo.
También olvida la iniciativa en debate la participación del Estado en temas tan sensibles como los de la salud, la educación, los caminos y la electrificación rural de la provincia de Palena.
Es de lamentar que se haya estudiado el proyecto sin que las Comisiones que participaron en él hayan conocido previamente la provincia.
Por otra parte, se ha presentado la iniciativa con "Suma Urgencia". Por ello, antes de resolver respecto de su aprobación o rechazo, deseo solicitar al señor Ministro de Economía que tenga a bien clarificar su reciente anuncio de estudiar una complementación del proyecto, destinada a la Undécima Región y, entiendo, también a la provincia de Palena. En todo caso, me reservo el derecho de formular diversas indicaciones a la iniciativa en la discusión posterior, aspirando a que sean estudiadas y acogidas por el Ejecutivo. Algunas de las medidas que propondré son las siguientes:
En primer término, sanear con urgencia los títulos de dominio, favoreciendo a los actuales ocupantes, pues la mayoría de ellos habitan en sus terrenos por generaciones y carecen de los títulos respectivos.
Terminar con urgencia, con el concurso del Cuerpo Militar del Trabajo, el camino desde el norte -o sea, Puerto Montt-Puerto Varas- hasta Chaitén, ciudad desde la cual continúa la carretera austral hacia el sur y hacia la frontera; fomentar la construcción de sendas de penetración, permitiendo la participación, como contratistas, de los pequeños propietarios del sector y, además, construir caminos de enlace entre Palena y Futaleufú con Argentina, para permitir el tránsito de turistas extranjeros.
Subvencionar el transporte marítimo entre Puerto Montt, Hornopirén y Chaitén, e igualmente, subvencionar el transporte aéreo entre Puerto Montt, Hornopirén, Chaitén, Palena y Futaleufú.
Subvencionar el consumo actual de energía eléctrica y estudiar la necesidad de proporcionarla mediante microturbinas o sistemas eólicos.
Ampliar la vigencia del DFL Nº 15, que bonifica inversiones y que vence el 31 de diciembre de 1999, y hacer lo mismo con el DL Nº 889.
Permitir la renegociación de créditos para los actuales habitantes de la provincia de Palena. Además, disponer la apertura de líneas de crédito a través del Banco del Estado para pequeños agricultores, pescadores artesanales, madereros y pequeños empresarios de turismo.
En educación, solicitar que las becas "Primera Dama" sean de mayor valor, porque los 50 mil pesos actuales son insuficientes.
En el sector público, estudiar la forma de incentivar el interés de los empleados fiscales, permitiéndoles desarrollar más de un trabajo simultáneo, para obtener así mayores ingresos.
Respecto del tema de la salud, mejorar la atención hospitalaria en general y fomentar con incentivos económicos o becas de especialización el que profesionales jóvenes se interesen por permanecer en la provincia.
Señor Presidente, espero que parte de estas ideas se consideren cuando se resuelva sobre este proyecto en particular.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, la verdad es que durante los últimos veinte o treinta años se ha demostrado con creces el beneficio enorme que tiene para países pequeños como el nuestro abrirse al comercio internacional y basar todo el modelo de desarrollo sobre una integración lo más perfecta posible con el resto del mundo. En el fondo, se trata de producir aquellos bienes y servicios en los cuales el país tiene ventajas comparativas, y de importar los bienes cuya producción en el país no es razonable, económicamente hablando.
Si se está aplicando un modelo de desarrollo basado en la integración comercial, es muy peligroso que el Estado se involucre en la toma de decisiones respecto de qué tipo de industrias debieran desarrollarse y cuáles no. Lo hemos visto en los últimos meses a propósito de la crisis asiática: en países como Corea, Tailandia, Indonesia o Malasia, los Gobiernos se involucraron en el desarrollo de ciertas industrias, y para ello, obviamente, también tenían que intervenir en la canalización de créditos del sistema financiero a esas industrias. Esa es la base de la gran crisis que estamos viviendo; el colapso del sistema financiero, básicamente, porque el Estado se ha inmiscuido en materias en que nunca debió haberlo hecho.
Ahora, este modelo de desarrollo basado en la integración al comercio internacional exige, para ser exitoso, respetar el sistema de precios, respetar efectivamente las ventajas del país, y no tratar de desarrollar en forma artificial algunos sectores o algunas industrias. En este esquema, resulta extraordinariamente difícil acometer una tarea como la que estamos emprendiendo: tratar de incentivar el desarrollo de determinada región. Y a pesar de que yo soy de la Oposición y de que me sería muy fácil criticar el proyecto por insuficiente, debo decir que si el Gobierno quiere ser coherente con el modelo de desarrollo que hemos escogido y que ha resultado exitoso para nuestro país, tiene muy poco margen de maniobra, muy pocos grados de libertad, para proponer medidas que realmente sean exitosas en esta materia. En tal sentido, debo defender el hecho de que en el proyecto no se incluyan muchas medidas que, a lo mejor, a muchos nos gustarían, pero que podrían resultar sumamente distorsionantes y finalmente malas para el desarrollo futuro de Chile.
Eso lo quería decir como marco, porque, en realidad, nosotros hemos visto cómo en nuestro país, y también en otros, se han tomado medidas para desarrollar ciertas regiones, por ejemplo, a través de subsidios. Y estoy pensando concretamente en el subsidio al sector automotor. La gente cree que esa industria es exitosa y se le dan ciertos años de subsidio para que desarrolle su tecnología, su mercado, pero invariablemente, cuando se llega a la etapa en que los subsidios van a empezar a disminuir, o se van a suprimir, se descubre que la industria nunca ha desarrollado los mercados, ni las ventajas, por lo que, una vez quitados los subsidios, desaparece. Lo hemos visto en Arica, en el caso del sector automotor y en innumerables oportunidades, no solamente en Chile sino también en muchos otros países y sectores en que, con el ánimo de desarrollar una región o una industria determinada, muchas veces, se introducen distorsiones que significan gran pérdida de plata y, en último término, no significan nada, porque cuando se quita el subsidio se termina también lo que uno quiso promover.
La impresión mía es que finalmente la única herramienta eficaz que posee un Gobierno para promover una región es realizar obras en infraestructura, como caminos y puertos, o preocuparse de que se hagan por la vía de las concesiones. Por ejemplo, desarrollar condiciones de educación y de salud que permitan que gente joven y empresarios con ganas de hacer cosas nuevas y con algo de capital, se vayan a vivir a esa zona. Muchas veces esos lugares apartados no se desarrollan, porque nadie está dispuesto a vivir allá para hacer los proyectos. Eso demora; no se realiza de un día para otro.
Por lo tanto, lo que quiero decir es que estamos en presencia de una iniciativa extraordinariamente difícil para el país. Naturalmente, estoy segura de que todos los que estamos en esta Sala, especialmente quienes hemos intervenido con ocasión de este proyecto, queremos el desarrollo de la Duodécima Región. El tema es cómo lograrlo sin gastar sumas siderales ni producir distorsiones que finalmente se revierten en contra del país, al producirse un gastadero de plata sin ningún efecto perdurable.
Ahora, quiero señalar que todos deseamos el desarrollo de Palena, de Aisén y de la Duodécima Región. Pero yo quisiera también el desenvolvimiento de la Cuarta Región, que represento. Y estoy segura de que el Honorable señor Larraín -que me lo está señalando- también desearía lo mismo respecto de la Séptima Región.
Pero, en realidad, lo que tenemos en nuestro país es un problema mucho más grave que el de Palena, de Aisén y de Magallanes: tenemos un desarrollo inarmónico entre Santiago y el resto de las regiones. Y mi impresión es que, como Senado, en algún minuto deberemos revisar si en el fondo Santiago está recibiendo ciertos subsidios. Es decir, si la gente de la Capital no está pagando por algunas de las cosas que debiera cancelar, y si por eso se sigue concentrando todo en ella. Mientras tengamos mercados tan inmensos como los de Santiago y todo se siga invirtiendo ahí, la verdad es que será muy difícil, a pesar de todas estas normas, que se desarrollen no sólo Palena, Aisén y Magallanes, sino también lugares más cercanos, como La Serena, Talca, Linares y Rancagua. Ése es nuestro drama como país.
Como no es el objeto de esta sesión ver cómo cortamos el desarrollo de Santiago y logramos un desenvolvimiento más armónico entre la Región Metropolitana y las demás regiones, debo decir que el Ejecutivo tenía ante sí una tarea sumamente difícil al proponernos un plan de desarrollo para la Región Austral. Creo que muchos sentimos que la iniciativa en debate no va a producir el desarrollo esperado. Pero también debo señalar que sí somos consecuentes con el sistema de desarrollo que nuestro país ha adoptado, el que, en mi opinión, es el único que realmente ha producido crecimiento en otras naciones del mundo con características similares a Chile en cuanto a tamaño. Dicho sistema no sólo produce desarrollo, sino también una mayor equidad. Porque -y se ha demostrado en todos los países del mundo- aquellas naciones que han optado por una estrategia de apertura al comercio internacional han logrado también una mayor equidad social, debido a que las industrias que se desarrollan son las que usan más intensivamente un factor que abunda en nuestro país: la mano de obra. Y en la medida en que se desarrollan las industrias exportadoras, se absorbe mayor mano de obra. Por eso, tenemos ahora bajas tasas de cesantía y se han producido aumentos de salarios reales en nuestra economía. Básicamente ello ha ocurrido porque hemos adoptado una estrategia coherente y lógica de desarrollo económico.
Lo expuesto ha sido para dar un marco al tema que nos preocupa. En realidad, no me queda otra cosa que decir que el Gobierno realmente tenía una tarea sumamente difícil. Es muy fácil criticar lo que se ha hecho, pero muy difícil lograr lo que se está proponiendo sin romper este esquema, que realmente no debiéramos romper.
Ahora, dentro de este esquema, tengo algunas críticas. Por ejemplo, a pesar de que se lograron mejoras en cuanto a que el Gobierno dé subsidios diferenciados, según el tipo de inversión o de actividad de que se trate, en general, ello va en contra de lo deseable. Yo hubiese preferido una ayuda o un subsidio parejo y que sean los empresarios y la gente quienes decidan qué cosas se pueden producir en las regiones de Aisén, Magallanes y Palena. Creo que eso es mucho más coherente con el sistema económico por el cual hemos optado. En fin, ésa es una crítica realmente de fondo, pero puntual, porque finalmente se incluyeron muchas actividades. Pero, en todo caso, hubiese preferido un subsidio parejo para todas las actividades, porque habría sido mucho más coherente.
Pienso que probablemente el proyecto va a crear un clima de interés por esas regiones. Espero que se logre un mejor desarrollo. Pero debo insistir en que nosotros como Senado, como Parlamento y como país tenemos una tarea que es mucho más grande que ésa, y es cómo lograr un crecimiento más armónico de todo el país. En el fondo se trata de cómo frenar el crecimiento desenfrenado de la Región Metropolitana, que se lo come todo.
Así que, junto con decir que apoyo el proyecto, debo reiterar que tengo una observación de fondo importante, en el sentido de que hubiese preferido incentivos parejos. Pero también debo reconocer que la tarea que enfrentó el Ejecutivo era sumamente complicada en esta materia.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, la verdad es que la zona austral es casi un mundo aparte. Cuando los habitantes de Aisén, Palena y Magallanes vamos a Puerto Montt, se nos dice que vamos a Chile. Y creo que eso debemos situarlo en su justa proporción.
Evidentemente, hay muchas regiones del país que se encuentran aisladas, que tienen problemas, que están en crisis económica y que sufren la sequía. Pero en particular la zona austral carece, por ejemplo, de un "scanner". Hay gente que se muere por no tener un servicio de salud a la mano. En otras regiones del país existe la posibilidad de tomar un bus, un taxi o un colectivo para llegar a un centro de salud. Asimismo, la Región de Aisén no posee una universidad. Las familias deben financiar desde muy lejos a aquellos jóvenes que desean seguir una profesión.
Además, es una Región llena de contradicciones: por un lado, tiene el mayor potencial hidroeléctrico del país, y por otro, la Región de Aisén posee la energía más cara de Chile y la quinta más cara del mundo.
Otro tanto sucede con el agua, que existe en abundancia, producto de lo que he señalado anteriormente. Sin embargo, es la segunda más cara del país, después de la que se obtiene, con mayores dificultades de transporte, en la zona norte.
La zona austral, en mi opinión, debe ser analizada como un todo. No concuerdo en que deba ser estudiada por separado. Porque geográfica, política e históricamente ha sido una unidad, no obstante su diversidad.
Es una zona que, desde Puerto Montt al sur, representa ni más ni menos que el 34 por ciento de la superficie de Chile. Y los habitantes de nuestro país ni siquiera lo tienen visualizado, porque en los textos de geografía y en los mapas camineros que se proporcionan pareciera como que de Puerto Montt al sur cambia la escala geográfica, pues se colocan junto a la Isla de Pascua, como un aditivo, la Antártica y la zona austral. Entonces, nadie se imagina que llegando a Puerto Montt todavía queda por recorrer un tercio del país hacia el sur. Y eso es muy importante.
Por otra parte, la mitad de la zona austral está bajo el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado y la otra mitad está en una situación bastante difícil. En esa extensa área existen apenas 480 mil habitantes. Y si uno cuida su condición de privilegio ecológico, podría demostrar que es una zona que puede no sólo tener, sino también sustentar hasta cinco millones de habitantes.
Entonces, es evidente que estamos ante una zona difícil, pero promisoria. Posee recursos por donde uno la mire: mineros, energéticos, privilegio turístico, agua, potencial hidroeléctrico, todo lo que se refiere al cultivo. En los fiordos y canales al sur de Puerto Montt, en la zona austral chilena, tenemos un área de mares protegidos nueve veces superior al área que poseen los pescadores artesanales entre Arica y Puerto Montt. De modo que si esa zona se cultiva, en el siglo XXI será lo que hoy es el cobre para Chile.
Entonces, hacia eso debemos apuntar nosotros. Sin embargo, dentro de este planteamiento, si uno va a la realidad social de quienes viven ahí, se encuentra con la otra cara de la medalla, producto del centralismo y del abandono. En el fondo, el abandono no se debe a que la gente sea mala, sino a que sencillamente no conoce la Región. Y lo que no se conoce no crea lazos afectivos. Por lo tanto, nadie se muere ni se juega por ella.
Ése es el fondo de algunos antecedentes que quería señalar.
La Región, en estos momentos -como se ha indicado-, vive una de las crisis económicas más fuertes de las últimas décadas: marea roja en el litoral; bajo precio de los salmones; virus hanta, con los consiguientes problemas al turismo; insuficiente valor del ganado, actividad histórica tradicional en la zona; precios coyunturalmente muy malos en la minería, por lo que se están cerrando los yacimientos. Todos los días aparecen en los diarios avisos de remates de bienes de colonos, quienes por años han tratado de surgir y sacar adelante su familia y su tierra.
Por lo tanto, debemos apuntar, en forma focalizada y sana, desde el punto de vista económico, a una acción más que solidaria. Porque -deseamos ser muy claros- aquí nadie está estirando la mano como un pordiosero que pide ayuda. Estamos diciendo que ésta es una zona promisoria y llena de alternativas para quienes hoy la habitan y los que lleguen a radicarse en ella.
En ese sentido, el plan austral contempla medidas administrativas, un programa de obras y una ley especial en proyecto. Y es justamente esta última la que nos ocupa.
La iniciativa tiene por objeto establecer un crédito tributario, con cargo a las utilidades, para las empresas que declaren el impuesto de Primera Categoría por inversiones superiores a 45 millones de pesos; concesiones a título oneroso, por el plazo máximo de 50 años, sobre tierras fiscales; mayores facilidades para la adquisición de inmuebles en la zona por parte de extranjeros, específicamente de países limítrofes; un mejoramiento en materia de becas para los estudiantes de Palena y Magallanes; y la devolución del IVA a las empresas que presten servicios a naves extranjeras en Punta Arenas.
¿Cómo se inició el proyecto? En la Cámara de Diputados se formó una Comisión especial que estudió el proyecto sobre las provincias de Arica y Parinacota. En esa Comisión -nosotros trabajamos en ella-, el Gobierno y los Parlamentarios de la época se comprometieron en estudiar, en una segunda etapa, una ley especial para la Región de Aisén, la que se extendería a la provincias de Palena y a la Región de Magallanes. Asimismo, el 10 de agosto de 1994, el Senado celebró una sesión especial para tratar los problemas de la zona austral -evidentemente no daré lectura a las intervenciones-, y también se realizó una reunión de trabajo al respecto, a la cual concurrieron todos los Parlamentarios de la zona austral, el Ministro del Interior de ese entonces y el Secretario Ejecutivo del Comité Interministerial para el Desarrollo de Aisén, don Juan Ramón Núñez, a quien, desde el punto de vista del desarrollo del programa, no le fue muy bien, pero sí llegó al Parlamento y hoy día es Diputado.
En esa oportunidad, los Parlamentarios entregaron todas las medidas que deseábamos que se aplicaran a las Regiones de Aisén y Magallanes, y la provincia de Palena.
Lo curioso es que de todo ese trabajo previo -porque estamos hablando de más de 5 años de labor-, muy pocas iniciativas y planteamientos de las distintas organizaciones regionales fueron aceptadas en este plan austral, que consta de medidas administrativas, un programa de obras y una ley especial. Y es ahí donde queremos entrar.
En verdad, lo que uno puede hacer es plantear la realidad y trabajar hasta donde le sea posible, a fin de convencer al Ejecutivo para que el proyecto sea mejorado. Así se ha procedido en el último año en el Senado. Nosotros participamos en casi todas las sesiones de trabajo de la Comisión de Economía y contribuimos en algunos aspectos que hay que resaltar: precisiones geográficas de las áreas en las cuales la ley en proyecto entrega sus beneficios; ampliación de la cobertura de los créditos tributarios al sector energía, particularmente a la investigación de elementos productivos y de capacitación, a obras de infraestructura y maquinarias, a la introducción de especies vegetales y animales de alto valor agregado; asimismo, se logró que un mayor número de comunas, por su distanciamiento interno, puedan acceder a los beneficios en mejor forma, y, también, evitar que extranjeros de naciones vecinas, por carecer de ellos en sus propios países, puedan adquirir terrenos tan fácilmente en nuestra zona.
Sin embargo, la aplicación de la iniciativa, según la forma como hoy se nos presenta, sin duda, beneficiará a personas externas a la Región. Esto hay que decirlo muy claramente. Además, sin medidas complementarias se producirá un fenómeno que, por cierto, no es deseable: habrá incentivos para que empresas y personas ajenas a la zona austral se acojan a tales beneficios y los aprovechen para desplazar a quienes por años y en condiciones difíciles se han sacrificado en ella. Eso, a nuestro juicio, resulta evidentemente perjudicial e incluso perverso.
Desde el punto de vista económico, si se hace un balance, "tal vez" -lo dudamos-, el país haga un buen negocio y se incentive la actividad económica en la zona austral; pero el efecto social, el atropello y el desplazamiento de los pobladores, que, además, tienen el conocimiento real de la zona, no se puede permitir. En tal virtud, deseamos que el Ejecutivo acoja indicaciones relativas a materias de ley, medidas administrativas y programas de obras, para poder complementar el proyecto que nos ocupa.
Quiero ser bien claro: las utilidades que las empresas obtienen en nuestro país, no están siendo percibidas en la misma forma en la zona austral, y, por lo tanto, las grandes cadenas turísticas, de servicios, comerciales, etcétera, barrerán con las empresas locales.
Las concesiones, en la medida en que se liciten nacional o internacionalmente, van a desplazar las pretensiones locales, porque los habitantes de la zona jamás estarán en condiciones económicas de adquirir terrenos mediante una licitación pública. En consecuencia, se podrán efectuar algunas adecuaciones para que ellos participen.
En cuanto a la adquisición de terrenos por parte de extranjeros, en verdad, no es tan fácil de aceptar. Porque, según el informe de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites de 19 de junio de este año, la legislación Argentina, pese a lo prometido por años, cuando flexibilizamos nuestra realidad, mantiene su dureza y los chilenos, e incluso, los compatriotas nacionalizados argentinos, no pueden adquirir terrenos, propiedades ni inmuebles en parte alguna de la Patagonia, pues toda ella es considerada zona fronteriza. Es decir, evidentemente, no existe la más mínima reciprocidad.
En tal sentido -por hacerlo más gráfico-, no podemos permitir que ocurra lo anterior, porque si bien el modelo nos lleva a una competencia, la idea es que ésta sea en igualdad de condiciones. No se trata -por decirlo en términos más populares- de hacer una carrera en la que algunos usen zapatillas con punta de clavos y otros deban correr descalzos. Por cierto, esa situación no es deseable para los habitantes de la zona austral ni generará frutos económicos, toda vez que habrá un rechazo de la población local a los incentivos que se entregan a los foráneos. Eso, evidentemente, debemos prevenirlo.
Estas observaciones han sido planteadas por todas las organizaciones y fueron analizadas en cabildos realizados en la Región. En general -por suerte-, han logrado un factor de unión que históricamente se desconocía.
Señor Presidente y estimados señores Ministros, no deseamos firmar un cheque en blanco.
Proponemos, resumidamente -ya oficiamos sobre el particular al anterior Ministro del Interior, don Carlos Figueroa; al actual Secretario de Estado, don Raúl Troncoso, y al Secretario Ejecutivo del Comité Interministerial para el Desarrollo de Aisén, en fechas recientes-, dentro del conjunto de medidas, lo siguiente: en primer lugar, en el área de transportes e integración física, un plan de sendas de penetración, balsas y pasarelas, para que exista realmente una red secundaria que potencie la actividad en la zona; un camino de integración entre la Décima (Puerto Montt) y la Undécima Regiones, que pasa por la provincia de Palena y evita los tres transbordos; la integración entre Aisén y Magallanes mediante la instalación de un transbordador económico, que puede concretarse en menos de un año; y el mejoramiento de la red austral y, complementariamente, las rutas transversales.
Si no hay infraestructura, evidentemente, no habrá incentivo alguno. Lo mismo ocurre con el transporte marítimo, respecto del cual existe un estudio acabado del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que debe ponerse en práctica.
En segundo término, planteamos la creación de un fondo de investigación aplicada y de capacitación, a fin de que los habitantes tengan la oportunidad de competir en igualdad de condiciones. Éste se aplicará, a nivel local, en las siguientes áreas: litoral, investigación de los problemas causados por la marea roja; energía, se analizará su aprovechamiento; radiocomunicaciones; recursos naturales; y ordenamiento territorial, para asegurar compatibilidades de uso de suelo regional.
En tercer lugar, el tema de la energía -lo señalé anteriormente- es crítico. Tengo en mi poder un documento en el que los costos de la energía de la Región de Aisén, comparados con los de otras Regiones del país, representan, prácticamente, más del doble que el de estas últimas, lo cual genera un círculo vicioso de baja demanda.
En cuarto término, tocante a las medidas económicas complementarias, se propone continuar con un sistema que funciona -razón por la cual hay que aprovecharlo-, cual es ampliar el decreto con fuerza de ley Nº 15, que bonifica inversiones; prorrogar el decreto ley Nº 889, de 1975, que bonifica la contratación de mano de obra; la renegociación de créditos, ya que hay un endeudamiento de 52 mil millones de pesos, lo cual ha provocado un franco deterioro financiero.
Asimismo, se sugiere el establecimiento de una zona franca, aprovechando los beneficios ya otorgados en otros lugares del país y que, desde el punto de vista del erario, prácticamente no significa nada. En seguida, con los recursos recaudados por concepto del pago del IVA podría incluso constituirse un fondo, que operaría como un crédito para la reinversión en la zona.
En quinto lugar, respecto a la educación, se estima que debería aumentarse el monto de la beca existente hoy en día y, junto con las labores de investigación, propiciar la creación de una universidad local.
En sexto término, referente al sector público, se la ha señalado como la Región que cuenta con más funcionarios en el país, los cuales, evidentemente, constituyen un tremendo potencial cuya labor debe ser dignificada para así obtener de su parte un trabajo productivo.
En séptimo lugar, acerca de los recursos naturales, se proponen diversos incentivos a actividades como la agricultura intensiva y la ganadería, y en lo tocante a la pesca, además de la investigación, como ya hemos señalado, la creación de un Consejo Zonal de Pesca. Asimismo, aprovechar como plan piloto los adelantos logrados en la ley sobre el bosque nativo.
En octavo término, con relación a Salud, se plantea financiar el déficit de los hospitales y posteriormente la adquisición e implementación de un equipo tipo escáner cuya necesidad es notoria en la zona.
Por último, en lo que atañe al saneamiento de títulos y arraigos, se sugiere estudiar el modo de permitir un acceso más o menos equitativo de los habitantes de la zona a lugares donde realmente puedan trabajar aprovechando los beneficios otorgados mediante este proyecto de ley.
Si el Ejecutivo, en un plazo breve, y por la vía de las indicaciones, acoge estas sugerencias -pensamos que así lo hará-, evitaremos enfrentarnos al pie forzado de tener que rechazar una iniciativa -en su discusión particular, por cierto-, en lo que se refiere a la Región de Aisén, porque las medidas en ella consignadas cuentan con gran resistencia en la Región, criterio que evidentemente compartirán también quienes pretendan instalarse en dicha zona.
Estimamos que con las medidas propuestas será posible descentralizar, regionalizar, dignificar y abrir un promisorio horizonte en la zona austral para todos los chilenos.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díez.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente, mis observaciones dicen relación al Capítulo II, sobre la concesión onerosa de inmuebles fiscales, cuya aplicación, según el texto, es de carácter general ya que no está restringida a zona geográfica determinada.
Con el debido respeto, me veo en la obligación de decir que el capítulo que nos proponen las Comisiones respectivas adolece de una serie de defectos, confusiones y falta de precisiones que obligan a una revisión completa y exhaustiva del mismo. No hay duda de que la transparencia, cuando se trata de concesiones de bienes fiscales, sean onerosas o no, es una de las condiciones que deben dirigir nuestro articulado.
En primer lugar, respecto de quien obtendrá la concesión, estoy en desacuerdo con lo dispuesto en el artículo 58, según el cual "Las concesiones podrán adjudicarse a través de licitación pública o privada, nacional o internacional, o directamente, en casos debidamente fundados". El siguiente inciso agrega que "En este último caso, el procedimiento administrativo respectivo se podrá iniciar con la solicitud de concesión...". Y el Ministerio da la concesión directamente al proponente.
Considero inadecuado tal procedimiento. Lo que debiera pedir cualquier persona es que un bien determinado se licite, de modo que, hecho el estudio, se llame siempre a licitación. Aquí estamos en presencia de bienes de cuantía indeterminada, que hoy puede ser muy pequeña, pero que mañana puede alcanzar un gran valor en una zona que nos interesa a todos. Por eso, estimo que en esa materia debiera suprimirse la concesión directa y establecerse el derecho de una persona -que, como dije, tiene interés en el desarrollo de la zona- de presentar el proyecto al Ministerio, el que deberá someter a licitación el bien de que se trate.
En realidad, el proyecto original del Ejecutivo era mejor que el que nos propone la Comisión, ya que, por lo menos, se ponía en el caso opcional de la venta directa o la licitación. Se podría llegar a la alternativa del Ejecutivo de establecer siempre la licitación, con determinadas condiciones, y suprimir la concesión directa de bienes fiscales.
Es importante también determinar el precio de esta concesión, y parece lógico que, siendo onerosa, haya una forma transparente de establecerlo. Y la licitación, si la hay, es un instrumento eficiente para fijar el precio. Asimismo, es obvio que, al llamar a licitación, el Ejecutivo oiga a la Comisión Especial de Enajenaciones para sentar las bases de ella.
Igualmente, estoy de acuerdo en el otorgamiento de concesiones a título gratuito en favor del Fisco, municipalidades, personas jurídicas de derecho público o privado, que no persigan fines de lucro. Pero, al mismo tiempo, considero que la liberalidad para transferir la concesión debe ser distinta en el caso de la concesión onerosa a través licitación o en el de la concesión gratuita. Y yo no tengo inconveniente alguno -parece lógico, ajustado a las prácticas del comercio y las normas usuales del Derecho- en que quien ha obtenido una concesión por medio de licitación pública pueda transferirla, asumiendo naturalmente el adquirente todas las obligaciones correspondientes a quien obtuvo la concesión. Pero la transferencia de una concesión a título gratuito, en el caso especial de las personas privadas, aunque no persigan fines de lucro, necesita una reglamentación especial y un acuerdo del Ministerio, más allá del que señala el artículo 62 A, que dice que "El Ministerio deberá autorizar la transferencia, para lo cual se limitará a certificar el cumplimiento de todos los requisitos anteriores por parte del adquirente,...". Creo que eso no basta cuando se trata de bienes del Estado entregados a título gratuito a una persona jurídica, aunque ésta no persiga fines de lucro, porque evidentemente ella tiene capacidad para enajenar y a través de la ley no tenemos forma de controlar la actuación de una persona jurídica de derecho privado, de manera que indiscutiblemente es necesario hacer la distinción.
Del mismo modo, merece especial cuidado y análisis el artículo 62 B , referente al establecimiento de una prenda especial que no requerirá de autorización previa del Ministerio. Esta situación debe ser estudiada minuciosamente, y depende de qué concesión se trata. Si es por licitación, no tengo inconveniente en que se pueda cubrir por una prenda especial, pero si se insiste en la adjudicación directa o en la otorgada a título gratuito, es evidente que lo relativo a la prenda debe analizarse, pues si el Fisco da algo a título gratuito es porque sin duda hay fines sociales que proteger detrás de la donación y que serán afectados si se ejecuta la prenda. Por lo tanto, en estos casos la ejecución de la prenda no puede ser tan simple como lo establece la iniciativa.
A su vez, las causales de extinción de la concesión también requieren un prolijo análisis, porque se trata de asegurar su derecho a la concesión a quien se presenta a una licitación, ya que de esa manera se estimulará a las personas para invertir y desarrollar el bien fiscal que ha obtenido.
En consecuencia, hay ciertas causales que deben ser precisadas, por ejemplo, la cuarta: "Ocurrencia de algún hecho o circunstancia que haga imposible usar o gozar del bien para el objeto de la concesión". Esto no es causal de caducidad de la concesión, pues lo que impida gozar de la propiedad puede deberse a un caso fortuito, de fuerza mayor, y el que, además, pierda la concesión no me parece una solución lógica ni justa.
En cuanto a los tribunales arbitrales, tengo dudas que dicen relación a dos materias. Primero, en qué forma se van a constituir. Parece lógico que si ese tribunal arbitral es colegiado, el Fisco designe a una persona; el interesado a otra, y que, de común acuerdo, ambos designen a una tercera. Pero no lo es porque eso equivale a un tribunal arbitral de carácter administrativo, sin intervención real de la justicia, salvo cuando no se produzca acuerdo entre el Fisco y el concesionario. En este caso, prefiero un tribunal arbitral designado por la Corte de Apelaciones con jurisdicción sobre el lugar donde se ubica el bien fiscal objeto de la concesión.
No me parece lógico que se dé administrativamente a este tribunal el carácter de árbitro arbitrador, porque así no hay posibilidad de reclamo, es decir, de otra instancia. Y tampoco me parece lógico que sea arbitrador tanto en el procedimiento como en el fallo. Estoy de acuerdo en establecer alguna clase de árbitro arbitrador respecto a pruebas, a su apreciación por la naturaleza del litigio, etcétera; pero no es adecuado que también sea arbitrador en cuanto al fallo.
Por estas razones, expuestas muy someramente y nacidas de la primera lectura del proyecto, creo que, por lo menos, lo relativo a concesiones debería separarse del proyecto, para que vuelva a Comisión con el objeto de discutirlo.
Y no es que estemos legislando apresuradamente, sino que el informe de la Comisión de Hacienda se emitió el 31 de agosto y sólo hoy se puso a nuestra disposición.
Como dije, mis observaciones se originan de la mera lectura del proyecto. No hay duda de que una revisión más prolija de las franquicias y de las modificaciones al sistema de concesiones de bienes fiscales, ameritaría, de acuerdo con el criterio y tradición del Senado, un estudio más serio, porque el texto que ahora se nos propone no es suficiente.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Economía.
El señor LEIVA (Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción).- Señor Presidente, en forma muy breve quiero señalar que durante los 25 meses de tratamiento legislativo de esta iniciativa el Gobierno siempre ha estado dispuesto a considerar las proposiciones surgidas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. El Ministerio del Interior, que coordina el Plan Austral; el Ministerio de Hacienda, que debe evaluar todas las indicaciones con incidencia en el costo fiscal, sea por la vía de beneficios tributarios o subsidios, y los Ministerios de Bienes Nacionales y de Economía han trabajado en este sentido. Como lo manifestó el Presidente de la Comisión de Economía, el trabajo fue bastante intenso durante las 22 sesiones que celebró. Y en este prolongado proceso el Gobierno siempre ha estado llano a ponderar los distintos alcances señalados por los Parlamentarios. Y está dispuesto a evaluar las proposiciones que ahora se están formulando en esta Sala -particularmente las atinentes a la Región de Aisén y que tienen que ver básicamente con el Capítulo I del proyecto-, muchas de las cuales no necesariamente requieren soluciones de carácter legal, sino que pueden implementarse por vía administrativa. Probablemente, en algunos casos se necesite alguna sanción legal en la legislación presupuestaria, sin que forzosamente deban incluirse en la iniciativa que ahora nos ocupa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora DELPIANO (Ministra de Bienes Nacionales).-
Señor Presidente, sin perjuicio de que posteriormente respondamos de manera más precisa ciertos planteamientos, quisiera hacerme cargo de algunas observaciones concretas.
En primer lugar, me gustaría tener la oportunidad de remitir a los Senadores señores Stange y Horvath un informe actualizado sobre la regularización de la propiedad en Palena, Aisén y Magallanes, donde hemos trabajado arduamente, y no sólo en el tema de los títulos. Sus Señorías conocen muy bien la zona y las dificultades para las mensuras y determinación de los límites de las propiedades. Pero, en fin, ésa es una materia respecto de la cual me comprometo directamente con los Senadores de la zona a actualizarles la información relativa a títulos, saneamiento y ventas directas a los colonos, porque hay muchos que no califican para obtener títulos gratuitos, de acuerdo con la ley que rige al Ministerio. Como dije, ésa es una información que me gustaría hacer llegar a los Parlamentarios.
En cuanto a concesiones, puedo decir que me ha tocado reunirme tanto con autoridades de Gobierno como con fuerzas vivas de distintas localidades -como Hornopirén, Futaleufú, Palena, Chaitén, Coihaique-, donde personalmente he estado aclarando muchas dudas. Es decir, ha habido un esfuerzo directo del Ministerio en cuanto a evaluar junto con los interesados los impactos no sólo de las concesiones de los terrenos fiscales, sino de los posibles circuitos, como el relativo a todo el entorno al río Palena, a los cuales, sin duda, pueden incorporarse activamente los privados y los pequeños productores, que -como bien se señaló aquí- son esencialmente ganaderos. Y hay problemas tanto para sacar la carne como para determinar el precio con que finalmente llega a la zona norte.
Concuerdo con el señor Ministro de Economía en cuanto a que muchas de las sugerencias -como las planteadas por los Senadores señores Zaldívar, Horvath y otros- pueden resolverse con medidas de carácter administrativo. Hacer un camino hacia un lado u otro, ampliar las redes, etcétera, son esfuerzos muy grandes. Y sería muy interesante hacerles llegar a los Senadores que no dispongan de esta información el conjunto del Plan Austral, no sólo lo incorporado como materia de ley, sino el conjunto de otras medidas. Y -como bien señaló el señor Ministro de Economía- se tiene la mejor disposición para ampliar el Plan en lo que específicamente se requiera para Aisén.
Finalmente, quiero referirme a lo expresado por el Senador señor Díez, que se relaciona más precisamente con el articulado.
Respecto de la transparencia en las concesiones, hay que pensar que las normas que ahora se proponen vienen a complementar una ley existente, la Nº 1.939, que rige todo lo atinente a administración del patrimonio fiscal y que otorga amplia facultad al Ministerio, y -quiero ser bien específica-, en particular a su titular, para vender en forma de licitación pública, licitación privada y venta directa. Y, precisamente, en aras de lo señalado por el Senador señor Díez, y pensando en que la concesión desde el punto de vista del Fisco no sólo tiene impacto en los recursos que se recaudarán, sino también en la inversión que se realice en los terrenos objeto de la concesión, en la calidad del proyecto y en el uso de mano de obra, que son factores muy importantes para sentar poblamiento en la zona austral, se ha constituido una comisión especial, a la cual se incorporan el Intendente y el alcalde de la localidad; en fin, se amplía una facultad que, en el caso de la venta, la tiene directamente el Ministerio, más exactamente su titular. La Comisión Especial de Enajenaciones, que deberá fijar el valor de la concesión, sea para el llamado a licitación pública o privada, o incluso, para el caso de concesión directa, está establecida de acuerdo con la ley. Por lo tanto, no se trata de una facultad discrecional del Ministro acudir o no a dicho organismo, sino de una obligación, y así queda reflejada en este cuerpo legal complementario.
Al referirnos al caso fortuito, estamos pensando en hechos tan concretos como inundaciones, erupciones volcánicas y otros que han sucedido en la zona, y que, a lo mejor, podrían hacer inviable a futuro mantener la concesión, por desaparecer el bien sobre el cual se constituyó.
Deseo reiterar que todo proyecto puede ser perfectible. Y, sin perjuicio de acoger las sugerencias que se nos hagan en esta materia, nuestro propósito es dar mayores garantías al inversionista. Al respecto, quiero hacerme cargo de una sugerencia formulada por el Senador señor Díez, que acojo, porque se produjo efectivamente un traslapo.
El Ministerio está facultado para otorgar concesiones a organismos sin fines de lucro y a municipalidades por un plazo de hasta cinco años. En el caso de la concesión gratuita, se amplía hasta por 50 años. En todo caso, creo que debe precisarse más la redacción de la respectiva disposición, pues no corresponde que sea el organismo que tiene la concesión, ya no a título oneroso, sino gratuito, el que pueda disponer de ella para transferirla a un tercero. Pienso que se debe hacer el distingo entre concesión onerosa y gratuita, y me comprometo a revisar dicha norma y enviar una indicación con una redacción más adecuada.
El señor DÍEZ.-
¿Me concede una interrupción, señora Ministra?
La señora DELPIANO (Ministra de Bienes Nacionales).-
Cómo no, señor Senador.
El señor DÍEZ.-
Deseo precisar este punto, para no dar lugar a malas interpretaciones. Conozco la legislación anterior y la nueva que se propone, y sé que ésta representa un progreso evidente. Mis observaciones tendieron a que el avance sea más efectivo, pues, ya que estamos revisando las concesiones de bienes fiscales, bueno, hagámoslo a conciencia y con toda la capacidad de que disponemos. Y quiero que la señora Ministra no vea en esto alusión alguna, velada o escondida, en cuanto a que el proyecto sea peor que la ley vigente, porque no es así. La iniciativa significa notorios progresos en relación con la legislación en vigor, y deseo dejar constancia pública de ello.
Gracias, señora Ministra.
La señora DELPIANO (Ministra de Bienes Nacionales).-
Antes de concluir mi intervención, deseo aludir a un punto específico señalado por el señor Senador, relativo al Tribunal Arbitral. En el inciso final del artículo 63 se consigna que su fallo será apelable ante la Corte de Apelaciones de Santiago; es decir, si el árbitro arbitrador no deja contentas a las partes, cabe siempre el recurso de reclamación ante dicha Corte.
El despacho de esta iniciativa, cuya tramitación lleva poco más de un año, constituye una necesidad, por lo menos en materia de desarrollo y concesiones. Y siempre será perfectible. Creo que ha habido la mejor disposición para acoger el mayor número de indicaciones parlamentarias. Y, en verdad, considero que corresponde tomar un compromiso de ampliar el plan especial para Aisén; pero me gustaría muchísimo que la iniciativa pueda votarse tal cual se ha presentado, sea ahora o en la oportunidad que corresponda.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Resta un minuto para el término del Orden del Día y se requiere acuerdo unánime de la Sala para prorrogarlo.
El señor LARRAÍN.-
No hay acuerdo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Por lo tanto, queda pendiente la discusión del proyecto hasta la próxima sesión.
El señor HOFFMANN (Secretario subrogante).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor CORDERO:
A la señora Directora Nacional del Trabajo, respecto de SITUACIÓN DE TRABAJADORES DE ESTACIONES DE SERVICIOS.
Del señor CHADWICK:
A Su Excelencia el Presidente de la República, acerca de DECLARACIÓN DE ZONA DE CATÁSTROFE PARA COMUNAS DE SEXTA REGIÓN.
A los señores Ministro del Interior y General Director de Carabineros, en cuanto a RETÉN PARA SECTOR CERRILLOS (COMUNA DE RENGO).
Al señor Ministro de Educación, tocante a ESCUELA BÁSICA PARA POBLACIÓN VICUÑA MACKENNA (COMUNA DE RANCAGUA).
Del señor ERRÁZURIZ:
A la señora Ministra de Justicia, en lo relativo a CREACIÓN DE TRIBUNALES PARA SÉPTIMA REGIÓN.
Del señor HORVATH:
A los señores Ministros del Interior, de Minería y de Bienes Nacionales, referente a SITUACIÓN DE POBLADORES DE PUERTO SÁNCHEZ (UNDÉCIMA REGIÓN).
A los señores Ministros de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo, acerca de EXTENSIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO AUSTRAL A VÍAS URBANO-RURALES DE UNDÉCIMA REGIÓN.
Al señor Director del Servicio Electoral, en cuanto a IMPLEMENTACIÓN DE MESAS ELECTORALES EN UNDÉCIMA REGIÓN.
Del señor OMINAMI:
Al señor Ministro del Interior, respecto de MEDIDAS DE APOYO PARA COMUNA DE PETORCA (QUINTA REGIÓN).
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Institucionales 2.
Tiene la palabra el Honorable señor Silva.
El señor SILVA.-
El Senador señor Bombal había solicitado utilizar parte de nuestro tiempo, pero no se encuentra en la Sala.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En el del Comité Mixto, tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.
TÉRMINO DE INAMOVILIDAD DE COMANDANTES EN JEFE
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, debo decir esta tarde, al calor de ciertas informaciones y hechos ocurridos en nuestro país, que constituye un grave error el empecinamiento de parte de algunos sectores por defender hasta las últimas consecuencias la Constitución que nos rige desde 1980. Y esta defensa de su naturaleza y alcances cada cierto tiempo enfrenta a sectores del país que desean un reencuentro a la mayor brevedad, y va dejando al desnudo muchos errores de la Carta, cuyos orígenes, desde el punto de vista de su generación democrática, son bastante cuestionables.
Sobre el tema, deseo señalar en esta oportunidad, en forma muy cordial y respetuosa, que uno de los más gruesos errores -y único en el mundo- que uno percibe en la Ley Fundamental chilena, si se la compara con otras a nivel global, es el de la inamovilidad de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. Esta situación, de suyo grave, ha quedado al descubierto a raíz de los lamentables hechos ocurridos en la Fuerza Aérea de Chile, un arma tradicional e históricamente apreciada y querida por la ciudadanía, con la internación, como "pertrechos", de más de 300 bultos, que, como todo el país sabe, en su mayoría contenían efectos personales para determinado grupo de señores oficiales que se beneficiaron con ellos -50 bultos para un señor oficial, 57 bultos para otro señor oficial-, sin que Aduanas siquiera haya podido ver o investigar su contenido, porque tenían el carácter de "pertrechos" y dicho Servicio carece de la facultad para ello. Y se trataba de motos de agua, de máquinas de trotar e, incluso, de latas de cerveza, como lamentablemente ha señalado la prensa.
Este hecho resulta de extrema gravedad para quienes queremos afianzar el sistema político y democrático del país. ¿Por qué digo que resulta de suma gravedad? Porque aun cuando las infracciones son cometidas por personas individuales y no pueden, por ende, afectar desde el punto de vista jurídico a la Institución, en la práctica -para qué lo vamos a negar- esto resulta imposible en imagen, prestigio y demás elementos que son especialmente delicados, tratándose -reitero- de una rama tan importante para la defensa, la seguridad y el desarrollo del país.
Señor Presidente, Honorable colegas, creo que esta crisis jamás hubiese pasado a mayores bajo la vigencia, por ejemplo, de la Carta Fundamental de 1925, o de cualquiera de las Constituciones que existen hoy día en el mundo moderno y que han sido construidas y generadas en sistemas democráticos. En toda nación organizada un hecho semejante como el observado por nuestro país se soluciona por la vía de la renuncia o la destitución de quien esté al mando, no porque siempre tenga responsabilidad directa, sino por ser ésa la manera de resolver, en beneficio de la Institución, problemas de esta naturaleza.
Por cierto, ello no rige sólo para las instituciones uniformadas. Es igual en cualquier repartición pública, desde un Ministerio hasta el menos importante de los servicios públicos. Pero también se da en el sector privado, aunque en él existe la limitación y la responsabilidad de que la cabeza puede ser al mismo tiempo el dueño.
A modo de ejemplo, deseo señalar -y lo recuerdo con mucha hidalguía- que cuando el año pasado se produjo el caso COPEVA, el de las casas dañadas por las lluvias, el Ministro de Vivienda y Urbanismo tuvo que dejar la Cartera, especialmente por un regalo que había recibido. En verdad, tal hecho hacía que su permanencia en el cargo resultara enormemente difícil. Y veo que, hoy día, altas autoridades de la Fuerza Aérea permanecen en sus puestos en condiciones sumamente difíciles.
Nuestro país es particularmente sensible a este tipo de problemas, y muchas veces está dispuesto a creer cualquier acusación liviana, hecha, no en pocas ocasiones -por qué no decirlo también-, con fines exclusivamente publicitarios. Pero quizás esto ha ayudado a que Chile, que cuenta con larga vigencia histórica, mantenga excepcionalmente en Latinoamérica los niveles más bajos de corrupción.
Sin embargo, en este caso el hecho existe, y adquiere gravedad. Desde luego, es preciso que la Fuerza Aérea reaccione rápidamente para poner término al asunto y evitar que se repitan situaciones como ésta, en un tiempo prolongado, por no actuar con toda la agilidad necesaria, lo que la ciudadanía desea en el fondo.
Para resolver el problema de la Institución misma y evitar que salga afectada, se requieren medidas mayores. Si aquí un señor Senador dijera que ella no se encuentra afectada por los hechos ocurridos, significaría que él no recorre las calles de su país, no conversa con la gente y no está en contacto con instituciones sociales, las cuales, más allá del dogma político, ven con plena y profunda preocupación estas situaciones, inéditas en la historia de Chile en cuanto a una Institución como la que nos ocupa.
La inamovilidad de los Comandantes en Jefe, a la que me estoy refiriendo como punto central, está conspirando contra una solución que nos impida presenciar hechos como éste. Porque el Gobierno -y los sectores opositores deben reconocerlo así- se halla amarrado, como también otros. También están atados quienes, debiendo hacerlo, no pueden renunciar por cuanto ello podría ser interpretado como una aceptación o reconocimiento de responsabilidad, cuando, en verdad, se trata del desafortunado hecho señalado de que al asumir esa actitud liberan a la Institución.
Se suele decir, en defensa de las normas constitucionales y legales que limitan las facultades presidenciales en esta materia, que ello no es efectivo; que el Presidente de la República puede llamar a retiro a los oficiales superiores, pero cumpliendo ciertos requisitos, y también al Comandante en Jefe de la respectiva rama, con acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional. Esto constituye, en la realidad, casi una broma cruel, ya que dicho Consejo tiene la composición que todos conocemos. En consecuencia, llevar a él este tema significa una tensión institucional de magnitud incalculable, que ningún sector político responsable puede dejar de observar.
¿Por qué digo esto? Lo pregunto y doy la respuesta: ¿qué pasa si el Presidente de la República es desautorizado fundamentalmente por el voto de los cuatro Comandantes en Jefe, o, a la inversa, si el oficial cuestionado es respaldado por su Institución? En fin, evidentemente, ningún gobernante podrá hacer uso del recurso que se me podría señalar en esta oportunidad.
Se dice que con estas normas constitucionales se evitan situaciones en las que oficiales de alto mérito puedan ver cortada su carrera por motivaciones políticas. Al respecto, permítanme, señores Senadores, formular brevemente dos observaciones.
Primero, sólo por excepción ha habido un abuso en el llamado a retiro. Personalmente, sólo recuerdo la situación de un ex uniformado -la del General Carlos Ibáñez del Campo- y el caso del 11 de septiembre de 1973, aunque en esta oportunidad la institución fue rota por el golpe militar que todos recordamos.
Segundo, el asunto es al revés: son estas Instituciones las que mantienen a uniformados en el centro de los acontecimientos políticos, no obstante que, en general, los Comandantes en Jefe nombrados por dos Gobiernos democráticos hacen denodados esfuerzos para que no los comprometan dirigentes de oposición o periodistas en materias contingentes. Eso lo reconozco hidalgamente en esta Sala.
Sin embargo, señor Presidente y Honorables colegas, creo que llegó la hora de que todos revisemos la Constitución de 1980, antes de que la crisis se provoque. Aunque algunos sectores piensan que la Carta los favorece, sus disposiciones pueden constituir un arma de doble filo.
Al terminar mi intervención, como Senador del Partido Por la Democracia, anuncio que presentaremos, junto con el Honorable señor Bitar, un proyecto de acuerdo -es nuestro deseo hacerlo llegar a todos los Comités Parlamentarios representados en el Senado- para los efectos de solicitar al Gobierno el envío de una iniciativa legal que ponga término a la inamovilidad de los Comandantes en Jefe.
Esperamos que, sin tutorías de ninguna especie, todas las fuerzas políticas podamos, libre y soberanamente, dar este paso trascendental que -repito- es posible que evite daños de gravedad a la institucionalidad democrática nacional.
He dicho.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Antes de continuar, debo hacer presente que ha llegado a la Mesa un informe relativo al proyecto de ley de cultos. El señor Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento me ha pedido dar cuenta de él a fin de que quede para tabla y pueda ser tratado más adelante.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en la consulta formulada por la Sala acerca de la constitucionalidad del proyecto de ley, en segundo trámite, sobre constitución jurídica y funcionamiento de las Iglesias y organizaciones religiosas (Véase en los Anexos, documento 8).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Queda para tabla.
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El señor VEGA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Su Señoría podrá intervenir en el tiempo del Comité Institucionales 1, porque ahora le corresponde participar al Comité Demócrata Cristiano.
El señor MATTA.-
Señor Presidente, cedemos el lugar al Senador señor Vega.
El señor VEGA.-
Muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
ACLARACIÓN SOBRE PROBLEMA DE FUERZA ÁEREA
El señor VEGA.-
Señor Presidente, deseo expresar que el asunto mencionado por el Honorable señor Muñoz Barra no tiene relación directa con la inamovilidad de los Comandantes en Jefe. En realidad, el problema que hoy está en conocimiento de la opinión pública y que afecta a la Fuerza Aérea, en alguna medida, es de carácter administrativo.
La Fuerza Aérea es una Institución permanente del Estado y se rige por principios y doctrinas bastante profundas e importantes; es patrimonio del país, de todos los chilenos. Y la verdad es que si existe inquietud -y es legítima, por supuesto- por lo que le pase a la Fuerza Aérea, no debe promover una sensibilidad innecesaria. Se instruye un sumario interno, de carácter administrativo, que resulta procedente, por parte de los que tienen el deber de fiscalizar, por las inspectorías internas de la Institución. Lo ordenó el Comandante en Jefe, muy consciente del asunto de que se trata.
Los famosos bultos contienen los menajes de rutina que los funcionarios públicos que se han desempeñado en el extranjero siempre traen al regresar -ello explica las cosas tan inusuales mencionadas por el Senador señor Muñoz Barra- y que definirá el dictamen del fiscal. Si han mediado irregularidades en las importaciones, quedarán absolutamente claras, desde luego. La cuestión radica, señor Presidente, en que aspectos parciales del sumario han trascendido a la opinión pública, y de ahí las dificultades suscitadas y las sensibilidades que se han registrado.
Nos hallamos ante Instituciones jerarquizadas, formalizadas, que siguen estrictos conductos regulares en sus procedimientos. Y, por lo tanto, el Comandante en Jefe respectivo ordena el sumario, conoce de los términos del asunto y de las informalidades que se pueden observar, y dictamina como juez superior de una causa. Todo lo anterior corresponde a la etapa actual. Por desgracia, no se han respetado todas las formalidades, como dije con anterioridad. Y quien resuelve como instructor superior, quien decide los reclamos que pueden formularse respecto de un fallo es el Ministro de Defensa, autoridad superior encargada de velar por la estrictez de todos estos procedimientos.
Sabemos lo que es la Fuerza Aérea de Chile. Sus integrantes de ayer y de hoy han logrado desarrollar y perfeccionar una Institución que se encuentra entre las más destacadas del mundo, con objetivos absolutamente sobresalientes, como la Feria Internacional del Aire, la fábrica de aviones de la Empresa Nacional de Aeronáutica (ENAER), la fábrica electrónica Desarrollo de Tecnologías y Sistemas (DTS), el desarrollo antártico, el pequeño satélite que hoy se encuentra circunvolando la Tierra y que también constituye un esfuerzo de investigación y progreso en el ámbito del espacio. Creo que el reciente viaje de los pilotos de combate a Estados Unidos, en aviones F-5, con reabastecimiento en el aire, configura uno de los programas más notables que ha realizado una Fuerza Aérea en el mundo. Muy pocas pueden llevarlo a cabo. La nuestra lo hizo el mes pasado y efectuó un excelente ejercicio conjunto con la Fuerza Aérea estadounidense, lo que realmente se debe destacar. Cabe enorgullecerse de los niveles que se han logrado.
El que se ha expuesto ahora constituye un problema puntual, que debe ser sometido a los canales de rutina, para esperar luego los dictámenes finales del Comandante en Jefe y del Ministro de Defensa, quien es el superior -repito- en estas materias. Y ese Secretario de Estado informará a las autoridades interesadas en el caso. En ese momento, entonces, se podrá definir exactamente cuál es la debilidad presentada por el sumario, cuáles son las consecuencias que éste pudo provocar.
Por mi parte, diría que es preciso mantener la tranquilidad respecto de la metodología aplicada y de lo que son estas Instituciones. Y, en particular, me refiero a la Fuerza Aérea, por supuesto, a su Mando institucional, a su Comandante en Jefe y a sus integrantes, en la medida en que existe alguna preocupación, como también ha puntualizado el señor Senador, por la forma como se ha procedido.
A mi juicio, las fiscalizaciones son legítimas. Aquella de que se trata no es la primera que se realiza. La Contraloría General de la República, por ejemplo, efectúa permanentemente inspecciones en la Fuerza Aérea y en las Instituciones de la Defensa, así como en todos los organismos públicos, evidentemente, algunas bastante más serias que la que nos ocupa pero sin que nunca hayan provocado los mismos efectos.
Llamo a la tranquilidad tanto en este foro como entre los integrantes de la Fuerza Aérea, quienes han logrado en su corta historia un nivel realmente sobresaliente con relación a otras Instituciones en el mundo. Me encuentro muy orgulloso de haber participado en su desarrollo, así como de su vocación y su profesionalismo.
Muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Honorable señor Matta.
SEQUÍA EN ZONA CENTRO-SUR. OFICIOS
El señor MATTA.-
Señor Presidente, me referiré a una situación que se ha ido tornando cada vez más crítica y preocupante, como lo es la originada por la sequía que afecta a la zona centro-sur y, con particular rigor, a la Región del Maule.
Según los expertos, el fenómeno climatológico conocido como "La Niña" se presenta cuando la temperatura del océano desciende algunos grados. El enfriamiento de las aguas acrecienta los vientos que corren de este a oeste, fortaleciendo los centros de altas presiones, que inhiben las precipitaciones al no desplazarse. Las voces autorizadas han expresado, además, que "este fenómeno se encuentra en su etapa inicial de desarrollo y que tales eventos suelen durar alrededor de doce meses", aproximadamente.
He recabado datos y cifras oficiales de los distintos organismos técnicos involucrados en el tema y me parece conveniente darlos a conocer a la Sala. En general, la realidad es inquietante y amerita la adopción de medidas preventivas en toda la zona centro-sur. Sin embargo, la Séptima Región del Maule parece constituir, como se ha dicho, el "epicentro" de la sequía, pues un reciente informe de la Dirección Meteorológica de Chile indica que hasta el momento ha registrado precipitaciones que a la fecha suman tan sólo 115 milímetros. Lo anterior contrasta con las cifras en un año normal, a igual fecha, en que el agua caída alcanza los 542 milímetros. En consecuencia, la Región exhibe un alarmante déficit de pluviosidad, que bordea 80 por ciento de lo correspondiente a un año normal.
A ello se agrega la escasa precipitación de nieve, hasta ahora, en la zona cordillerana. En tres de las cuatro estaciones de medición: La Dormida, Calabozo y Lo Aguirre, la acumulación al 31 de julio fue de valor cero.
Los menguados niveles de agua caída ponen a la Región del Maule en una situación aún más severa que la vivida durante la gran sequía de 1968.
A ese alarmante cuadro de estadísticas se suman los anuncios de la Dirección General de Aguas informando que los actuales indicadores de reservas hídricas y los caudales en la zona centro-sur no permiten asegurar el abastecimiento regular del vital elemento, tanto para la generación energética como para fines de riego, hasta el próximo verano.
En lo tocante a la Séptima Región, la realidad es verdaderamente crítica, más aún si se considera el mayor uso de agua en un medio eminentemente agrícola. Un informe emitido a fines de julio por la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas revela que todos los embalses locales presentan un importante déficit, respecto de su capacidad promedio. Por ejemplo, Colbún, con una capacidad de mil 544 millones de metros cúbicos y un promedio histórico de mil 244 millones, almacena tan sólo 411 millones. En términos porcentuales, Laguna del Maule mantiene una reserva mínima no superior a 43 por ciento de su capacidad total.
En días recientes estuve recorriendo, una vez más, diversos sectores y pude apreciar crecientes grados de preocupación, principalmente en los pequeños propietarios agrícolas. La prolongada ausencia de precipitaciones ha provocado un fuerte impacto económico en la actividad agraria y forestal de la Región del Maule, afectando fundamentalmente a la zona de secano interior o de rulo, que depende en forma exclusiva de la lluvia.
Un documento de evaluación del 20 de agosto recién pasado, que elaboró la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura del Maule, en conjunto con la Corporación Nacional Forestal, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y el Servicio Agrícola y Ganadero, señala que "el déficit de precipitaciones durante los meses de junio y julio ha tenido tres impactos negativos de magnitud relativa según se avanza longitudinalmente: (1) una disminución de rendimientos de cultivos de invierno como cereales y leguminosas; (2) una menor disponibilidad de agua en el suelo para el crecimiento de las praderas naturales en la primavera; y (3) un menor rendimiento de las plantaciones forestales y el término adelantado de la temporada de plantación".
De acuerdo con las estimaciones de la Sociedad Nacional de Agricultura, las pérdidas superan, a la fecha, los 20 millones de dólares, cuyo mayor perjuicio se concentra en los cultivos de trigo, habiéndose perdido hasta ahora 30 mil hectáreas sembradas del total de 380 mil existentes en todo el país; es decir, 8 por ciento de la producción general.
Además, en las zonas de secano se han cuantificado importantes pérdidas en cultivos de leguminosas, tales como lentejas, garbanzos, arvejas y habas. En menor medida, se han detectado bajas en los cultivos de hortalizas y algunas especies frutales que han adelantado su período de brotación, lo que podría perjudicar la producción frutícola.
En otro plano, la disminución del forraje necesario para la alimentación de la ganadería de ovinos y caprinos, que abundan en el sector de secano interior, podría provocar perjuicios incalculables, sin olvidar que el ganado constituye para muchas familias campesinas un verdadero capital de reserva.
A decir verdad, a quienes habitamos este país no debieran sorprendernos las adversidades climáticas. Y es que continuamente el clima nos golpea: a veces, con abundancia de lluvias, a veces, con ausencia de éstas.
El año pasado, por ejemplo, se registraron 459 milímetros de agua caída como promedio nacional, es decir, más del 100 por ciento de lo que llueve en un año normal. Pero, ¿dónde quedó ese importante superávit de agua? Simplemente, se escurrió. Debemos reconocer, entonces, que en Chile existe una insuficiente infraestructura de reservas hidrológicas y de riego. Sin embargo, también debemos admitir que en los últimos años se han hecho considerables esfuerzos para optimizar el uso de un recurso tan vital y escaso como el agua, y se han invertido recursos públicos considerables para contar con obras de riego de envergadura.
En consecuencia, hay que persistir en una adecuada planificación estratégica en esta materia, que deberá considerar, necesariamente, la construcción de nuevos y suficientes embalses, sin perjuicio de otras medidas que tiendan a optimizar el uso del agua. En ese entendido, se hace necesario, entre otras cosas, redoblar los esfuerzos desplegados hasta ahora en la asesoría tecnológica que el Estado ofrece a la pequeña y mediana agricultura.
Una encuesta reciente realizada en diversas comunas de la Séptima Región permitió detectar que existen 685 localidades de riesgo mayor, de las cuales 157 poblados ya presentan problemas de abastecimiento de agua. Todo ello suma un total regional de 91 mil 989 personas en condiciones de riesgo en materia de abastecimiento de agua.
Frente a ello, las autoridades locales de la Séptima Región han actuado con premura, elaborando un programa que contempla -según oficio Nº 675 de la Intendencia Regional del Maule, de fecha 25 de agosto- un conjunto de acciones que beneficiarán a 20 mil personas con problemas de abastecimiento de agua.
Básicamente, se contemplan dos proyectos de mitigación. El primero, pretende habilitar 46 sondajes -en etapa de construcción o diseño- en varias comunas de la Séptima Región. El segundo, apunta a la adquisición de camiones con equipamiento tipo aljibe para las provincias de Curicó, Talca y Linares, y también para la comuna de Chanco en la provincia de Cauquenes.
Para implementar tales programas -y otros eventualmente en estudio-, se requiere, desde luego, contar con los fondos necesarios para su financiamiento. En atención a ello, y atendiendo, en general, a la dramática situación que vive dicha región, solicito a la Mesa enviar en mi nombre los siguientes oficios:
1) Al señor Ministro del Interior, a fin de que se estudie la posibilidad de decretar zona en estado de catástrofe la malograda Región del Maule, sin perjuicio de otras zonas del país que, igualmente afectadas, requieran del mismo decreto presidencial.
2) Al señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, don Marcelo Schilling, a objeto de que se aprueben los recursos necesarios para financiar los proyectos de mitigación a que se refiere el Oficio Ordinario Nº 675 de la Intendencia Regional del Maule, de fecha 25 de agosto del presente año, con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional de Emergencia.
3) Al señor Director del Servicio Agrícola y Ganadero, para que se ponga en marcha un programa de desparasitación respecto del ganado ovino y caprino existente en el sector de secano interior de la Séptima Región.
4) Al señor Director Nacional de INDAP, don Luis Marambio Canales, para que se aplique a la brevedad un programa forrajero para la pequeña ganadería ovina y caprina de toda la zona de secano de la Región del Maule.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, de conformidad al Reglamento.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente)-. Solicito el asentimiento de la Sala para que dirija la sesión, como Presidente accidental, el Honorable señor Matta.
Acordado.
--Pasa a dirigir el debate, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Matta.
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El señor MATTA (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Honorable señor Bombal.
ALCANCES SOBRE AUTO ACORDADO DE CORTE SUPREMA
RELATIVO A RECURSO DE PROTECCIÓN. OFICIO
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, quisiera llamar la atención de los miembros del Senado, en orden a la publicación en el Diario Oficial, con fecha 9 de junio último, del auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema que introdujo modificaciones al anterior auto acordado -de 1992- y que se refiere al procedimiento y fallo del recurso de protección.
Sobre el particular no existen hoy más de dos criterios en el ambiente jurídico nacional, pues profusas han sido las críticas vertidas en el último tiempo. Deseo señalar sólo una de ellas: recientemente el Consejo General del Colegio de Abogados declaró -y cito en forma textual- "Que la Corte Suprema ha vulnerado incluso el artículo 19, número 26º, de la Constitución Política, pues con su Auto Acordado ha afectado la acción constitucional del recurso de protección en su esencia y le ha impuesto condiciones y requisitos que impiden su libre ejercicio, lo que la Carta Fundamental veda incluso al legislador.".
Públicamente he señalado que coincido con esta declaración. Pero aún hay más. Ya el auto acordado de 1992 había afectado, a mi juicio, ilegítimamente el ejercicio de esta acción constitucional en dos aspectos no menores. En primer lugar, aquél admitió que ante la interposición del recurso se hiciera por parte de las Cortes de Apelaciones un análisis formal previo de admisibilidad, lo que atenta contra la naturaleza misma de este medio de defensa, el que en la especie no es un recurso, sino más bien una acción tuteladora de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.
En segundo término, ese mismo auto acordado dispuso que la Corte Suprema conocería de las apelaciones de esta acción por la vía de la cuenta, esto es, sin relación pública y sin las alegaciones de los abogados, lo que da origen a lo que se conoce como "Justicia del relator", lo que le resta credibilidad a la acción de la justicia, particularmente en materias de suyo fundamentales, como son el amparo y la garantía de los derechos fundamentales.
Las modificaciones introducidas recientemente por la Excelentísima Corte Suprema profundizan aún más esta disociación entre la naturaleza efectiva que el constituyente quiso de esta importantísima herramienta constitucional con la que por la vía de los autos acordados le ha brindado el Máximo Tribunal. En efecto, en éste se explicita claramente el examen de admisibilidad que ese hará del recurso, exigiendo además que éste debe ser fundado, lo que se contradice abiertamente con la posibilidad que se brinda para que él pueda ser interpuesto por telégrafo o por telex y no necesitando patrocinio de abogado, como expresamente lo establece la Constitución.
También mediante el auto acordado se exige que la apelación sea fundada en los hechos y el Derecho, pudiendo entonces en uno y otro caso declarar la admisibilidad por una resolución "meramente fundada". A mi juicio, ello es gravísimo tratándose particularmente de la acción de protección. Importa verdaderamente cercenar la posibilidad de amparo de los derechos fundamentales, uno de los más grandes logros de la institucionalidad vigente que habilitan sólo para que nos enorgullezcamos de nuestro Estado Constitucional de Derecho, en donde rige -entre otros principios- el de la aplicación directa del orden constitucional para la solución de los conflictos de relevancia jurídica.
Sin embargo, ello no es todo, pues no sólo existe un vicio en el fondo, sino también en la forma, ya que la Corte Suprema carece de facultades para que, por la vía de los autos acordados, regule materias que la Constitución Política, expresa y explícitamente, ha encomendado al legislador.
Este aserto ha de observarse a la luz de la historia constitucional. El recurso de protección surge en nuestro ordenamiento con el Acta Constitucional Número 3 de 1976. Aquella encomendó expresamente que su procedimiento y fallo fueran regulados a través de un auto acordado que dictaría la Corte Suprema, hecho que ocurrió el 2 de abril de 1977, agotando así la atribución conferida en las actas constitucionales. Dictado el auto acordado, se agotaba por mandato de la propia acta constitucional la atribución que se le confería a la Corte.
Luego de entrar en vigencia la Constitución Política de 1980, el acta constitucional a que he hecho mención fue derogada sin que la Carta Fundamental renovara tal facultad. De esta manera, tanto el auto acordado de 1992 como el reciente, que estoy comentando y que lo modifica, son abiertamente inconstitucionales, de conformidad con los artículos 6º; 7º; 19, Nº 3, inciso quinto, y 60, Nº 2, de la Constitución Política de la República.
Lo anterior me llevó, durante la legislatura pasada, a presentar, en la Cámara de Diputados, un proyecto que regula esta materia con innovadoras normas, todas ellas en plena concordancia con el texto y espíritu de la Carta Fundamental. Tal iniciativa, lamentablemente, por la forma del procedimiento legislativo del que Sus Señorías son testigos, no avanzó en su trámite, nunca recibió urgencia, ni menos fue incluida en la legislatura extraordinaria.
En este periodo, junto a los Honorables señores Chadwick y Larraín, más la adhesión de otros señores Senadores, he presentado ese mismo proyecto a trámite en el Senado, el cual está pendiente en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Señor Presidente, existe expectación hoy en la población ante el cercenamiento ilegítimo e injusto en el ejercicio de la acción de protección. El acceso a la justicia es uno de los derechos fundamentales de toda sociedad civilizada, el que abiertamente no se está respetando hoy día al interior de nuestros tribunales superiores de justicia. Todo ello requiere de una acción rápida y eficaz por parte del Parlamento, único órgano legítimo para pronunciarse sobre estas materias.
Por ello, señor Presidente, solicito, por su intermedio, el acuerdo de la Corporación para oficiar a Su Excelencia el Presidente de la República para que, de inmediato, califique el proyecto mencionado en actual trámite con la urgencia que estime conveniente y además lo incluya, dado que estamos cerca, en la próxima convocatoria a legislatura extraordinaria.
Además, solicito que se oficie en mi nombre a la señora Ministra de Justicia, transcribiendo copia de esta intervención con la misma solicitud expuesta precedentemente.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, de conformidad al Reglamento.
___________
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, hay una segunda materia que deseo comentar; pero no quiero dejar sin tiempo al Honorable señor Horvath, que me ha pedido un par de minutos para intervenir, a menos que otro Comité le ceda parte del suyo, con la venia de la Mesa.
El señor MATTA (Presidente accidental).-
Señor Senador, le restan 14 minutos a su Comité.
El señor BOMBAL.-
Perfecto. Seré breve.
FORTALECIMIENTO DE ATRIBUCIÓN FISCALIZADORA
DE CÁMARA DE DIPUTADOS
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, junto con los Senadores señores Chadwick y Larraín, en los próximos días formalizaremos la presentación de un proyecto de reforma constitucional, a fin de introducir un nuevo inciso segundo al Nº 1 del artículo 48 de la Constitución Política de la República para fortalecer las atribuciones de la Cámara de Diputados en el ámbito de la fiscalización de los actos del Gobierno.
Desde el momento en que durante más de ocho años proyectos de esta naturaleza han estado -perdónenme la expresión- "durmiendo" en esa Corporación y porque sabido es que ahora -con cargo a todo lo que se va conociendo en cuanto a la urgencia de fiscalizar actos del Gobierno-, se advierte que existe mucha insuficiencia en el mecanismo actual que la Cámara de Diputados tiene para llevar adelante esa atribución.
Junto a ese proyecto de reforma constitucional -que no detallaré ahora para no ocupar todo el tiempo-, irá adosada otra iniciativa, la que introducirá un nuevo artículo 10 bis a la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, iniciativa que es complementaria de la reforma mencionada anteriormente; es decir, hacer operativo un nuevo esquema, dentro de la ley orgánica señalada, para la función fiscalizadora, especialmente para la eficacia de las comisiones investigadoras.
ACCIÓN COMPLEMENTARIA A RESGUARDO POLICIAL EN LAS CONDES
El señor BOMBAL.-
Finalmente, señor Presidente, deseo referirme a un aspecto puntual y local.
El día 1º de septiembre en la comuna de Las Condes se puso en marcha la idea de poner vigilantes uniformados en las calles, dentro de lo que ha sido un polémico proyecto, que ha suscitado controversias desde distintos ámbitos.
Deseo celebrar una iniciativa como ésta, particularmente, porque una autoridad como el señor Alcalde de Las Condes ha recurrido a personal en retiro -calificadísimo, de dilatada y brillante trayectoria- de una de las instituciones más prestigiadas y respetadas del país como Carabineros de Chile, para encargarse, ahora en calidad de funcionarios del municipio, de realizar una tarea preventiva -¡absolutamente preventiva!- y de resguardo y vigilancia de la población.
A mi juicio, un proyecto de esta envergadura -que suscitó tanta polémica, que incluso llegó al extremo de que una alta autoridad de la República amenazara el mismo día de la puesta en marcha de esta iniciativa con encarcelar a esa autoridad edilicia y a todos los posibles autores intelectuales de esta idea- no debió generar tales excesos. Pero ese tipo de juicios mereció una rectificación de parte del propio Subsecretario de Carabineros, el señor Fouillioux, quien señaló ayer que él ve en esa tarea -no podía ser de otra manera- una acción complementaria a la desarrollada por Carabineros.
Se han sumado a esa reacción muchos de quienes en un primer momento pensaron que dicha función era paralela a la realizada por la policía, lo cual no era efectivo. Esto no es ni con mucho el germen de una policía municipal ni nada que se le parezca. Es una complementación a la ya muy ardua y dura tarea desempeñada por Carabineros de Chile, la cual, en materia policial, sabemos que no es suficiente por la carencia de recursos con que cuenta.
Me podrían preguntar por qué el Alcalde de Las Condes no colabora con Carabineros dotándolos de más medios. Es que contribuye con dicha institución. Les otorga todos los medios a su alcance -que son muchos-, pero igual no da abasto. Porque sabemos que en Carabineros todavía falta mucho personal ya que las plazas disponibles no se llenan.
El punto es que se trata de una función complementaria desarrollada por personas que la propia ley y la sociedad han facultado para portar armas. No es la definición y la característica de ese servicio el que sus integrantes hagan uso de ellas. Cito un ejemplo. Todos los Parlamentarios tenemos permiso para portar armas. Y nadie podría decir que es de la esencia de la función parlamentaria su utilización. Las armas se usan para defensa -no todos las portan, como en mi caso-, por circunstancias que muchas veces pueden generarse en razón de la actividad que representamos.
Pero nadie podría objetar el hecho de que la ley otorga el permiso respectivo. Con mayor razón, si se trata de personas que han estado en la función policial, recibiendo una instrucción de alta jerarquía, que han llegado a los más altos grados de la institución a la cual pertenecían, y que hoy día la ley les entrega la facultad de portar armas en razón de la trayectoria que han tenido en su vida al servicio de la República. Y esas personas, en lugar de estar en sus casas, han sido llamadas para resguardar a la ciudadanía y la vida de sus semejantes, en una labor complementaria a la acción policial.
A mí me da mucha tranquilidad que esas personas sean las depositarias de tal función, sobre todo cuando al frente están los delincuentes que pululan las calles, que nadie ha autorizado para portar armas y que, sin embargo, las llevan y cometen actos de gran atrocidad. Estos ex funcionarios de Carabineros, ahora como guardias uniformados y arriba de un vehículo, van a contribuir al resguardo de la ciudadanía.
Me alegro mucho de las declaraciones formuladas por el propio General Director de Carabineros, quien ha asumido el tema -en su momento planteado de otra forma- en el sentido correcto, que no es sino una labor complementaria.
Cito un ejemplo. Son más de 2 mil las citaciones que semanalmente -me atrevería a decir incluso que son 5 mil- emanan del juzgado de policía local de la mencionada comuna, cuyas notificaciones deben efectuarlas los carabineros de las comisarías de Las Condes. Bueno, por autorización expresa de los jueces de policía local esa función ha sido transferida desde el personal de Carabineros a los funcionarios mencionados. Por consiguiente, la Institución policial podrá cumplir mucho mejor su labor gracias a que los guardias uniformados cumplirán una gestión que antes estuvo a cargo de aquélla. Eso, a modo de ejemplo.
Me alegro, señor Presidente, de que en esta forma se esté encaminando de manera correcta y acertada una iniciativa que esperamos rinda frutos, al igual que la iniciada por el Alcalde señor Lavín cuando dispuso la complementación de vigilancia comunal haciendo recorrer por las calles camionetas con un funcionario policial y uno municipal. Este sistema se ha repetido en muchas municipalidades del país, más allá de cualquier signo político. Deseamos que tales medidas se aborden con criterio de Estado y con altura, porque están dirigidas a contrarrestar el más grave de los flagelos que hoy nos atacan, que es la delincuencia.
El señor MATTA (Presidente accidental).-
En el turno del Comité UDI e Independientes, ofrezco la palabra al Honorable señor Horvath.
RESPALDO A FUERZA AÉREA
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, sólo quiero adherir a las opiniones y antecedentes que ha expuesto el Senador señor Vega.
Respecto de los hechos y denuncias de conocimiento público acerca de la internación de algunos elementos al país, se ha hecho una tormenta en un vaso de agua. Con ello se enloda gratuitamente a la Fuerza Aérea de Chile.
De la revisión sucinta -por lo demás, informal- de antecedentes de que se dispone sobre el contenido de los bultos internados al país, resulta evidente que se trata de enseres personales. Así entendidas las cosas, hay aspectos administrativos que se están investigando, lo que se hace en forma acuciosa, transparente, abierta a la comunidad.
Por otro lado, la enorme cantidad de información de prensa respecto de tales denuncias, de la que se ha hecho un despliegue insólito, ha generado un daño que será muy difícil reparar en relación a la confianza de los ciudadanos. Ésta se ha distorsionado en lo que se refiere a instituciones tan importantes como la Fuerza Aérea. Llama a meditar el hecho de que las facultades de fiscalización, y las personas e incluso servicios públicos que entregan información para que sea conocida en esta forma, estén de alguna manera socavando una institucionalidad sana que tiene nuestro país. De esta institucionalidad cada ciudadano, hasta del último rincón de nuestro territorio, se enorgullece.
Éste es el respaldo que quiero entregar a las palabras del Senador señor Vega, quien está aquí representando, entre otras actividades, a la Fuerza Aérea de Chile.
El señor MATTA (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Prat.
INSTITUCIONALIDAD Y COYUNTURA
El señor PRAT.-
Señor Presidente, junto con adherir a las expresiones de quien me ha antecedido en el uso de la palabra respaldando lo dicho por el Senador señor Vega, haré un alcance que surge de la intervención que motiva esas palabras.
En días pasados, el Senado conoció un acuerdo -fue parte de él y lo aprobó- tendiente a trasladar la celebración como feriado del día 11 de septiembre a un día previo, llamado "De la Unidad Nacional". La motivación de esta iniciativa aprobada unánimemente ha generado una acción de acercamiento de los principales dirigentes del país en el orden espiritual, acción muy loable y de la que, naturalmente, nos hacemos parte. Tal acción ha alcanzado también a reactivar esfuerzos por encontrar solución, ahí donde es posible, en materias relacionadas con los derechos humanos.
Sin embargo, estos hechos han llevado a algunos a confundir la naturaleza de las materias que esas iniciativas tocan. Y han querido envolver también asuntos de orden institucional. He leído en declaraciones y en editoriales que se invita a aprovechar esta oportunidad de acercamiento para tratar también la eliminación de figuras y fórmulas institucionales nacidas de la Carta de 1980, las que encuentran oposición en los sectores de la Concertación gobernante.
Quiero poner de relieve en esta intervención el hecho de que tales materias son de muy distinto contenido, de naturaleza diferente de aquellas de orden espiritual como las que envuelve la celebración por unos, o el rechazo por otros, de un feriado que recoge un hecho histórico como es el 11 de septiembre.
Cuando hablamos de las instituciones de nuestra Carta Fundamental, que se quieren envolver en este debate y en esta reformulación, tenemos que ser muy precisos y valorarlas en su mérito, pues ellas son de naturaleza más institucional que espiritual. Cuando hablamos de un Senado de conformación mixta que hoy se pretende revisar en esta actitud de acercamiento, primero debemos evaluar que el acercamiento producido nació justamente de la existencia de un Senado de conformación mixta. Hay que comprender cabalmente que sin esa conformación mixta el acercamiento no se habría producido; se habría repetido, en cambio, el debate meramente político que se vivió en la Cámara de Diputados. En definitiva, la iniciativa se habría resuelto con votos de mayoría; nunca con ese factor de acercamiento que se genera en nuestro Senado de conformación mixta.
En fin, el carácter profesional de las Fuerzas Armadas, que asienta, reafirma y favorece la norma que rige respecto de la permanencia en los cargos de los Comandantes en Jefe una vez que los ha nombrado el Presidente de la República, también tiene naturaleza institucional propia y surge de una experiencia histórica; no del mero hecho de que se celebre o no una fecha que figura en rojo en el calendario.
Así, la instancia de salvaguardia y asistencia que configura el Consejo Superior de Seguridad, o la independencia del Tribunal Constitucional, que también asegura la conformación que tiene éste y la forma en que son designados sus integrantes, son materias institucionales que surgen de una experiencia histórica, y que están funcionando correctamente.
Hoy, según hemos visto en las intervenciones en la Sala, se pretende relacionar hechos ocurridos al interior de una Institución de las Fuerzas Armadas (los que están siendo investigados y sancionados a través de sumarios internos y se encuentran al amparo y bajo la cobertura de la justicia) con otros que no guardan relación alguna con la institucionalidad que envuelve la designación y permanencia de los Comandantes en Jefe de las Instituciones Armadas.
La forma y la inamovilidad de los Comandantes en Jefe una vez que han sido designados por el Presidente de la República, no los deja al margen de ninguna de las leyes de carácter general que rigen la República. Por lo tanto, esa disposición constitucional no colisiona con norma alguna de carácter general; no puede ser relacionada en ningún caso con los hechos que se han traído a esta Sala.
La conveniencia de la norma que establece una inamovilidad relativa una vez que ha sido designado el Comandante en Jefe -digo relativa, porque éste puede ser removido con la aprobación del Consejo de Seguridad-, nace de la necesidad de afianzar el carácter profesional de las Fuerzas Armadas que se busca en la Constitución de 1980 y que surge de una experiencia histórica. Aquí se ha señalado como ejemplo que sólo una vez habría sido mal usada la disposición, y se señala que ello habría ocurrido en el mandato del Presidente Ibáñez. Pero no se menciona que la duración o permanencia media de los Comandantes en Jefe era a veces menor de un año, y que, por lo tanto, el carácter profesional de su gestión, su mérito y calidad, en beneficio de la institución que encabezan, resultaba naturalmente muy debilitada por esa permanencia tan feble e históricamente tan disminuida.
Hay que recordar las presiones que sufrieron los Comandantes en Jefe durante el Gobierno del ex Presidente Allende para que se incorporaran a los Ministerios, a fin de avalar de esa manera la gestión del Gobierno, en forma absolutamente contraria al profesionalismo que debe prevalecer en las Fuerzas Armadas. Y ese factor fue justamente uno de los que incidieron en la crisis institucional final.
Es preciso entender cómo este tema había sido planteado y recogido -es claro que no cumplido- en el llamado "Estatuto de Garantías", el cual, entre otros elementos esenciales, estableció la necesidad de asegurar el carácter profesional de las Fuerzas Armadas. Recordemos que dicho Estatuto fue fruto de un convenio entre el entonces dirigente democratacristiano y Senador, Patricio Aylwin, y el candidato triunfador en la elección -no electo todavía por el Congreso-, Salvador Allende.
En fin, creo que estas materias hay que analizarlas en virtud de su propio mérito, con atención a la experiencia histórica y al buen funcionamiento que han tenido estas instituciones. Ayer se discutió un proyecto relativo a la votación separada de hombres y mujeres, y un señor Senador de Gobierno dijo que el sistema que tenemos está funcionando bien, y que, por lo tanto, era sano y prudente mantenerlo. En mi opinión, las instituciones fundamentales que nacen de la Carta de 1980, que han permitido al país desenvolverse con éxito en estos años, y al Senado, llegar a un acuerdo tan razonable y ejemplarizador en el tema relativo al 11 de septiembre, por el mismo hecho de que están funcionando bien, deben ser valoradas y, naturalmente, no confundidas con otros hechos que no son de orden constitucional o institucional.
He dicho.
El señor MATTA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
PARTICIPACIÓN DE COROS CHILENOS EN CERTAMEN
DE TORREVIEJA, ESPAÑA. COMUNICACIONES
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, hace poco tiempo se celebró en Torrevieja, España, un certamen de coros en polifonías y en habaneras. Participaron veintiún conjuntos corales de mucho prestigio, algunos de ellos profesionales. El certamen se está llevando a cabo desde hace 44 años, y por primera vez en la historia del mismo, participó Chile con dos coros: el de la Universidad de la Serena y el del Liceo de Música de Copiapó.
Señor Presidente, deseo que se envíe una felicitación al coro de la Universidad de la Serena, porque resultó con el primer premio en la categoría habaneras, y otra al Liceo de Música de Copiapó, porque obtuvo el tercer lugar en materia de polifonías.
He querido destacar esta actividad porque la mayoría de las personas que participan son profesores. Tal es el caso del coro del Liceo de Música. Para ellos representó un esfuerzo enorme el costearse este viaje a España. Muchos de ellos debieron firmar letras por 60 mil pesos hasta prácticamente un año más para poder asistir. La participación de ellos fue destacada en los diarios locales, y realmente creo que constituye un motivo de orgullo el hecho de que haya personas que dediquen gran parte de su tiempo libre a cultivar la música, a cultivar las artes, y que incluso incurran en costos, que para ellos son sumamente altos, para poder participar en estos torneos musicales.
Por tales razones, señor Presidente, solicito que se envíe en mi nombre -si algún señor Senador quiere adherirse, encantada- una felicitación a los dos coros que he señalado, porque creo que realmente han hecho algo muy meritorio. El que ambos coros del norte de Chile -no son de Santiago-, con un tremendo esfuerzo, hayan participado y hayan obtenido lugares tan destacados es algo que nos debe llenar de alegría.
--Se anuncia el envío de las comunicaciones solicitadas, en nombre de la señora Senadora, en conformidad al Reglamento, petición a la que adhieren los señores Bombal y Horvath, en sus sombres y en el del Comité Mixto Unión Demócrata Independiente e Independientes; Cordero, Martínez y Vega, en sus nombres y en el del Comité Institucionales 1; Matta, en su nombre y en el del Comité Partido Demócrata Cristiano, y Prat, en su nombre y en el del Comité Partido Renovación Nacional e Independiente.
El señor MATTA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bombal.
SITUACIÓN DE FUERZA AÉREA E INAMOVILIDAD DE
COMANDANTES EN JEFE DE FUERZAS ARMADAS
El señor BOMBAL.- Señor Presidente, simplemente deseo adherirme a las expresiones del Honorable señor Vega respecto de la intervención del Senador señor Muñoz Barra, y desde luego, anunciar que, frente al pretendido proyecto de acuerdo que éste, junto al Senador señor Bitar, hará llegar a todos los Comités Parlamentarios, según expresó, para los efectos de solicitar al Gobierno el envío de un proyecto de reforma constitucional que termine con la inamovilidad de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, por lo menos nuestro Comité lo rechaza de forma categórica.
El señor MATTA (Presidente accidental).-
Restan cuatro minutos al Comité Renovación Nacional.
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
RECHAZO A PERSECUCIÓN CONTRA FUERZA AÉREA Y CARABINEROS
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, no tuve ocasión de escuchar las palabras del Senador señor Muñoz Barra. No obstante, quiero decir que me encantaría que fuesen tan estrictos con la gente de Gobierno como son con las Fuerzas Armadas. Recuerdo cuando el Presidente Frei le solicitó la renuncia al señor Stange -hoy Senador; en aquella ocasión, General Director de Carabineros- porque se había pedido que se lo sometiera a proceso. Sin embargo, a un señor Subsecretario al que le ocurrió lo mismo nadie le pidió la renuncia. Al contrario, toda la Concertación lo apoyó. Y con un señor Director General de Investigaciones sucedió exactamente lo mismo.
Entonces, deseo recordar al Senador señor Muñoz Barra que la ley pareja siempre es justa. Esa actitud que tienen con determinadas personas ojalá la tuvieran con todas las que están en la misma situación.
En el caso de la Fuerza Aérea realmente ha habido una persecución inaceptable, porque Impuestos Internos sabe que situaciones como la denunciada han estado ocurriendo desde hace cuarenta años, y no solamente en la Fuerza Aérea, sino en todas las Fuerzas Armadas. Y la verdad es que no ha existido la intención de hacer contrabando, ni de evitar impuestos de internación, que, por lo demás, a estas alturas son bastante bajos. Lo que ocurre es que, muchas veces, los aviones vuelven vacíos, por lo que se suele pedir a la tripulación como favor que traigan un remedio, un perfume, u otras cosas. Que nadie me venga a decir que Impuestos Internos no estaba en conocimiento de lo sucedido. ¡Incluso el auto que utiliza en este minuto el señor Ministro de Defensa fue traído de esa forma a Chile!
Yo quisiera pedir que, de una vez por todas, cesara esta verdadera persecución que ha habido en contra de Carabineros y de la Fuerza Aérea, en que diversos señores Parlamentarios se han dado un gusto destruyendo el prestigio de esas Instituciones y destruyendo la carrera de grandes oficiales, de oficiales que han sido absolutamente distinguidos.
Conocí personalmente a uno de esos oficiales: el General Ettore Rossi. Obtuvo el primer lugar en la Escuela de Aviación; obtuvo el primer lugar en cursos en el extranjero; obtuvo la primera antigüedad siempre. Es un hombre distinguido que sufrió un cáncer, del cual se recuperó, y que tenía una brillante carrera. Pues bien, se la han cortado por una persecución que a estas alturas pareciera tener sus raíces en el ánimo personalista de ciertos Diputados que desean aparecer en la prensa. Yo lamento sinceramente lo que está ocurriendo; he tratado, en general, de mantenerme callada en esta materia. Pero ya basta, porque si el señor Senador Muñoz Barra no le pidió la renuncia en su momento al Subsecretario señor Schilling, que no venga ahora a hacer estas peticiones.
He dicho.
El señor MATTA (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité Institucionales 1, tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
SITUACIÓN DE FUERZA AÉREA E INAMOVILIDAD DE
COMANDANTES EN JEFE DE FUERZAS ARMADAS
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, deseo adherir, en forma absoluta y completa, a la exposición hecha por el Honorable señor Vega en respuesta al planteamiento formulado por el Honorable señor Muñoz Barra.
La verdad es que en este caso hay quienes se han arrogado, a mi juicio, el papel de jueces, sin entender que los procesos no han concluido y que existe una autoridad clara y precisa en cada una de las instituciones armadas que conoce muy bien sus ámbitos de competencia.
Reitero mi adhesión y apoyo al Honorable señor Vega frente a la situación planteada.
--Adhiere también a las expresiones del Senador señor Vega el Honorable señor Cordero.
RELACIONES CON BOLIVIA. OFICIO
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, tengo la obligación de plantear nuevamente el problema de nuestras relaciones con Bolivia, para lo cual trataré de enmarcar mi exposición dentro del tiempo de que dispongo.
Hace algunas semanas intervine ante este Honorable Senado para tratar el tema de nuestras relaciones con Bolivia, haciendo referencia a la agresiva actitud adoptada por sus autoridades políticas y el sentimiento antichileno que han incentivado y generado en la sociedad boliviana, según se desprende de los medios de prensa de ese país revisados en los últimos meses, que en general no son difundidos y conocidos en Chile.
Asimismo, hice especial mención a la inconveniente concientización de que está siendo objeto la ciudadanía boliviana como parte de la política oficial, en cuanto a internalizar en ella la inaceptable teoría de que la modernidad y la globalización permiten desconocer la perpetuidad e intangibilidad de los tratados internacionales y de que, específicamente, el Tratado de Paz y Amistad, de 1904, es injusto e ilegítimo en su origen, dado que habría sido impuesto por la fuerza; así como también de que el menor desarrollo relativo de Bolivia sería consecuencia del supuesto enclaustramiento que le impone dicho Tratado al privarla de una salida soberana al mar.
Sin embargo, las autoridades bolivianas y su clase dirigente omiten intencionalmente decir que ese país no suscribió la Convención de los países sin litoral marítimo, auspiciada por la UNCTAD, en 1965, donde se establecieron los principios, normas y ventajas que la comunidad internacional consideró adecuados para satisfacer sus necesidades de tránsito, debido a que las facilidades que contempla ese documento son muy inferiores a las que le otorga Chile en el Tratado de 1904.
Según el propio Presidente Banzer, Bolivia restituyó "la jerarquía histórica que corresponde al retorno soberano a las costas del Océano Pacífico, como alegato de justicia indeclinable". Para ello, según su vocero oficial, ha planteado una "política dura" con Chile, que, según evaluaciones gubernamentales, estaría dando resultados positivos.
Frente al escenario descrito y a otras expresiones francamente inamistosas a que me referí en una intervención anterior, de fecha 11 de agosto de 1998, no puede sino extrañar y preocupar profundamente a quien habla -y seguramente a vastos sectores interesados de nuestra opinión pública-, que el señor Subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile haya concurrido a la VIII Reunión de Mecanismo de Consultas Políticas Boliviano Chilena, a un país con el cual no tenemos relaciones diplomáticas, a causa de que éste las interrumpió unilateralmente.
Estimo que existe una clara inconsecuencia en realizar reuniones formales entre autoridades políticas de dos países que tienen rotas sus relaciones diplomáticas. Me pregunto: ¿qué incentivo podría tener el Presidente Banzer para renunciar a su postura de dureza que exhibe frente a la opinión pública boliviana y la internacional al mantener interrumpidas las relaciones diplomáticas con nuestro país, si ello no le representa ninguna consecuencia negativa, sino, por el contrario, el contacto político bilateral se realiza sin obstáculos?
En las conversaciones de ambas autoridades de Relaciones Exteriores, sostenidas en el ámbito de la Reunión de Consultas, se trató con prioridad el proceso de licitación de los puertos chilenos, dándose a Bolivia las garantías de que no serán afectadas las facilidades de libre tránsito que le otorga el Tratado de 1904. Chile, señores Senadores, sabe cumplir con sus obligaciones internacionales. Pero no ocurre así con otros países vecinos. Sin embargo, llama la atención que el señor Subsecretario chileno haya anunciado oficialmente que el Gobierno de Chile "tiene interés político" para que empresarios bolivianos participen en el proceso de licitación de los puertos chilenos y que colaborará para que ello se materialice, por estimarlo muy importante para la integración. Incluso reconoció gestiones ante la Corporación Andina de Fomento (CAF) en procura de apoyar financieramente el proceso.
Lo señalado resulta altamente inquietante, no sólo por las repercusiones políticas que podría tener el acceso de Bolivia al control de nuestros puertos del norte, dadas las especiales circunstancias de relación bilateral y extrema sensibilidad colectiva por el tema marítimo que exhiben importantes sectores de interés en el vecino país, sino también por la discriminación oficial inadmisible que representaría una preferencia del Gobierno chileno en favor de nacionales bolivianos ya sea privados o estatales, en perjuicio de nuestros propios nacionales o mejores ofertas extranjeras.
Otro aspecto que debe ser causa de especial inquietud es el hecho recogido por nuestra prensa, en el sentido de que en el Acta Final de la mencionada Reunión de Mecanismos de Consultas Políticas, fue incluido el interés boliviano de iniciar un "proceso de reflexión" que comprenda al conjunto de los temas de la relación entre los dos países "sin exclusión alguna", frase que el Vicecanciller boliviano aclaró señalando que se refería a tocar absolutamente todos los temas, de lo cual deberíamos inferir que en éstos también está incluida la aspiración recurrente de Bolivia, expresada como: "de carácter permanente e irrenunciable de nuestra agenda cual es la posibilidad de reintegrarnos al Océano Pacífico".
Como contraparte, en el documento no se explicita lo suficiente que Chile no reconoce asuntos pendientes de carácter territorial con Bolivia y que, en lo referido a facilidades de libre tránsito y otros, el Tratado de 1904 ha sido respetado a cabalidad y perfeccionado en favor de ese país.
Solicito que se oficie, en mi nombre, al señor Ministro de Relaciones Exteriores, con el objeto de que se sirva enviar un ejemplar de la referida Acta, a fin de conocer su texto y alcance.
Señor Presidente, señores Senadores:
Como podemos inferir de lo expuesto, nuevamente estamos en presencia de una práctica diplomática anómala, que merece severas interrogantes en cuanto a sus objetivos y debido resguardo de los intereses nacionales.
No parece aconsejable la creación de mecanismos formales de vínculos políticos con un país hostil hacia Chile y con el cual están rotas las relaciones diplomáticas sin reanudarlas previamente.
Tampoco se aprecia como justificable ni conveniente insinuar que se favorecerá discriminatoriamente, por dudosas razones políticas, el acceso de inversión boliviana que permita la licitación y administración de parte de nuestra infraestructura portuaria en los puertos fronterizos del norte. Esto es extremadamente grave, ya que estaría indicándose que dichas licitaciones no serían -al tenor de este información- transparentes y equitativas para todos los interesados en concurrir a ellas.
Por último, es necesario enfatizar y reforzar en toda oportunidad y foro uno de los elementos fundamentales de nuestra política exterior permanente, cual es la intangibilidad y perpetuidad de los tratados internacionales. En este caso que nos ocupa, ha quedado planteado en el Acta la posibilidad de que sea retomado el tema del acceso soberano de Bolivia al Pacífico por territorio chileno, con el serio agravante de que ese documento está suscrito por nuestro Subsecretario de Relaciones Exteriores.
Quiero proponer al señor Presidente del Senado que se invite al señor Canciller, acompañado del señor Subsecretario de Relaciones Exteriores -si así se estima-, a fin de que expongan a esta Cámara lo tratado y acordado en la VIII Reunión de Consultas Políticas sostenida con autoridades bolivianas. Asimismo, sería una oportunidad propicia para escuchar de nuestras máximas autoridades de política exterior respecto a las confusas y ambiguas relaciones que mantenemos con Bolivia, situación que, según puntualizó el Vicecanciller boliviano, al concluir la citada reunión de consulta política, no considera, por el momento, la reanudación de lazos diplomáticos rotos por Bolivia en 1978.
Quisiera agregar que una síntesis del desencuentro entre ambos países para desarrollar relaciones diplomáticas normales aparece en la prensa boliviana con fecha de 1º de septiembre: Para Chile las relaciones bilaterales se centran en la evolución del comercio y las relaciones económicas.
Para Bolivia es "prioritario y central el tema marítimo", aunque "no es paralizante de los entendimientos que podamos tener con Chile en otras áreas", expresó el Canciller boliviano señor Murillo.
Así también planteará la prioridad el Presidente Banzer en la próxima reunión del Grupo de Río, que se realizará en Panamá a contar del 4 de septiembre próximo, a pesar de que en el encuentro que comento se señala, según la prensa chilena, que Bolivia debía suspender su agresividad y actividad contra nuestro país en los foros internacionales y en su prensa. Para variar, esto no ocurrió, pues ayer 1º de septiembre la prensa de La Paz informa otra cosa, y continuamos en la misma situación.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor MATTA (Presidente accidental).- En cuanto a la solicitud de invitar a una sesión especial al Ministro de Relaciones Exteriores, señor José Miguel Insulza, se pondrá en conocimiento de los Comités para que tomen el acuerdo en ese sentido, toda vez que, en este momento, no hay número suficiente de señores Senadores en la Sala para adoptarlo.
Como el Comité Institucionales 1 no usará el tiempo que le resta, ni el Comité Socialista utilizará el suyo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:45.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción