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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 338ª, ORDINARIA
Sesión 16ª, en miércoles 22 de julio de 1998
Ordinaria
(De 16:16 a 21:40)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE,
Y MARIANO RUIZ-ESQUIDE, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIOS, LOS SEÑORES JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, TITULAR,
Y CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Bitar Chacra, Sergio
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Cordero Rusque, Fernando
--Chadwick Piñera, Andrés
--Díez Urzúa, Sergio
--Errázuriz Talavera, Francisco Javier
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los señores Ministros del Trabajo y Previsión Social subrogante y de Vivienda y Urbanismo, y los señores Coordinador Nacional del Programa de Reconocimiento al Exonerado Político del Ministerio del Interior y Jefe del Programa de Exonerados del Instituto de Normalización Previsional.
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:16, en presencia de 24 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesión 15ª, ordinaria, en 19 de mayo del año en curso, que no ha sido observada.
El acta de la sesión 16ª, especial, en 19 de mayo del presente año, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
(Véase en los Anexos el acta aprobada).
IV. CUENTA

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor HOFFMANN (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República, con el que formula observación al proyecto que modifica los artículos 66 y 69 de la ley Nº 19.253, sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, respecto de la constitución del dominio en Isla de Pascua para los miembros de la comunidad rapa nui. (Boletín Nº 1.686-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Oficios
De Su Excelencia el Presidente de la República, con el que comunica que se ausentará del territorio nacional los días 23 y 24 del presente mes de julio con el fin de participar en la XIV Reunión Cumbre de Presidentes del Mercado Común del Sur, MERCOSUR, en las ciudades de Buenos Aires y Ushuaia, República Argentina, y que lo subrogará, con el cargo de Vicepresidente de la República, el señor Ministro del Interior, don Carlos Figueroa Serrano.
--Se toma conocimiento.
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero informa que ha accedido al archivo del proyecto que establece la obligación de entregar a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos la documentación oficial que indica. (Boletín Nº 1.143-06).
--Se toma conocimiento y se manda archivar con sus antecedentes.
Con los dos restantes señala que ha dado su aprobación a los proyectos de acuerdo relativos al Convenio Internacional del Trabajo Nº 42, sobre indemnización por enfermedades profesionales, y a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, "Convención de Belém Do Pará". (Boletines Nºs 2.203-10 y 2.202-10, respectivamente).
--Pasan a la Comisión de Relaciones Exteriores.
De la señora Ministra de Justicia, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno relativo a la creación de un cargo de juez de policía local en la comuna de Codegua.
Del señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Muñoz Barra, acerca de la deuda previsional del Departamento de Administración de la Educación de Curacautín.
Del señor Director de América del Norte, Central, Caribe y Asuntos Hemisféricos del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, relativo a Taiwán.
Del señor Jefe de Gabinete del Director de la DIGEDER, con el que informa que ha tomado conocimiento, dándole el curso correspondiente, de un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, atinente a equipamiento deportivo.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Comunicaciones
De los señores Senadores integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, con la que solicitan, en conformidad al inciso sexto del artículo 36 del Reglamento de la Corporación, que el proyecto que modifica la composición de la Corte de Apelaciones de San Miguel, el Código Orgánico de Tribunales y la ley Nº 18.776 (Boletín Nº 2.135-07) sea discutido en general y particular en el primer informe.
--Se accede a lo solicitado.
De la Comisión de Economía, con la que informa que acordó aprobar en general y omitir la discusión particular del proyecto que fortalece la Fiscalía Nacional Económica (Boletín Nº 2.105-03).
--Se toma conocimiento.
Informes
Dos de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaídos en las solicitudes de rehabilitación de ciudadanía de los señores Pedro Roberto Herrera Maldonado y Leonidas Alejandro Canales Garrido. (Boletines Nºs S 336-04 y S 341-04, respectivamente).
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la legislación sobre mercado de valores; fondos de inversión; administración de fondos mutuos; fondos de pensiones; compañías de seguros, y normas tributarias que indica. (Boletín Nº 2005-05).
Informe complementario de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filiación, con urgencia calificada de "Simple". (Boletín Nº 1.060-07).
--Quedan para tabla.
Permiso Constitucional
Solicitud de autorización formulada por la Senadora señora Frei para ausentarse del país a contar del 25 del mes en curso.
--Se accede a lo solicitado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la Cuenta
V. ORDEN DEL DÍA



ENMIENDA DE LEY SOBRE BENEFICIOS PREVISIONALES PARA EXONERADOS POLÍTICOS


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones a la ley Nº 19.234, que establece beneficios previsionales para exonerados por motivos políticos. Esta iniciativa ha sido informada por las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, unidas, y por la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
Informes de Comisión:
Trabajo y Derechos Humanos, unidas, sesión 15ª, en 21 de julio de 1998.
Hacienda, sesión 15ª, en 21 de julio de 1998.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Para el tratamiento del proyecto, los Comités acordaron que, al igual como se procedió en la sesión de ayer respecto de la iniciativa sobre aumento de pensiones, se vote a las 17:30. De este modo, los señores Senadores que deseen intervenir, llegada esa hora, podrán hacerlo por la vía de fundamentar el voto, en el orden de inscripción. Luego continuará la votación nominal, salvo que la Sala acuerde otra cosa.

En la discusión general, ofrezco la palabra al Senador señor Prat, a quien pregunto si va a informar el proyecto.

El señor PRAT.- Sí, señor Presidente, a menos que desee intervenir en primer lugar el señor Ministro.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor TOMBOLINI (Ministro del Trabajo y Previsión Social subrogante).- Señor Presidente, este proyecto modifica la ley Nº 19.234 y tiene por objeto permitir que los beneficios originalmente dispuestos en ella se materialicen por completo.
El Ejecutivo procura que quienes han sido calificados como "exonerados" se beneficien con los contenidos de ese cuerpo legal, que se propone modificar por la vía de ampliar plazos, por ejemplo, situación que el señor Senador informante podrá explicar a la Sala.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Honorable señor Prat.

El señor PRAT.- Señor Presidente, este proyecto modifica la ley Nº 19.234, que estableció una serie de beneficios para las personas que pudieren haber sido exoneradas de sus cargos en la Administración Pública por razones denominadas "de índole política" durante el período en que el país tuvo un quiebre institucional que dio lugar a una reestructuración muy fuerte en dicho sector, particularmente en los primeros años.
Esa ley, que dispuso montos en términos de pensiones de gracia cuyo costo, en el proyecto original, en 1992, fue estimado en 25 mil 485 millones de pesos para el primer año y en 18 mil 178 millones de pesos para los años siguientes, no ha recibido, según se informa, el número de beneficiarios estimado originalmente, por distintas dificultades en la forma de acreditar la condición de exonerado o de reunir los requisitos que dicha normativa determinó.
El proyecto que hoy tenemos a la vista modifica la ley N° 19.234 en diversos aspectos.
En primer lugar, incorpora a los beneficios de ese cuerpo legal a los exonerados del Congreso Nacional, del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Se estima que se trata, aproximadamente, de 400 personas, con un costo, por una sola vez, de 210 millones de pesos, y posteriormente, de 439 millones de pesos anuales.
Asimismo, aumenta el abono de tiempo que se reconoce por gracia (era de 2 meses por cada año de cotizaciones o fracción superior a 6 meses, con un tope de 36 meses) a 6, 4 ó 3 meses, según si la exoneración se produjo antes del 31 de diciembre de 1973, del 31 de diciembre de 1976 o del 10 de marzo de 1990, respectivamente. Es decir, se establecen tres rangos o lapsos, para cada uno de los cuales rigen distintos beneficios, dependiendo de la época de exoneración. Se incrementa también el tope, de 36 a 54 meses. Y se estima que con esta enmienda no sólo podrán acceder al beneficio personas a las que no les ha sido factible acreditar ese número de meses y, por lo tanto, quedaron al margen de la ley original, sino que, además, habrá que reliquidar en el caso de quienes se encuentran recibiendo pensiones de gracia: según se calcula, 5 mil 910 pensiones ya concedidas, con un costo de 2 mil 381 millones de pesos anuales.
En otra disposición, se faculta al INP para modificar o corregir de oficio los bonos de reconocimiento de los exonerados políticos mal calculados (actualmente sólo puede hacerlo a requerimiento del interesado). Se estiman en 6 mil 400 los bonos de reconocimiento, con un costo, por una sola vez, de 2 mil 356 millones de pesos.
Otro precepto establece que los exonerados podrán solicitar pensiones no contributivas de invalidez o vejez si a la fecha de la exoneración tenían 10 años de imposiciones, aunque con posterioridad hayan retirado los fondos. Al respecto, no se consigna, ni expresa ni separadamente, el costo.
Por otro lado, se suprimen los requisitos adicionales que exige la ley para que los exonerados de empresas privadas intervenidas puedan acogerse a sus beneficios. Actualmente, la ley Nº 19.234 les exige un mínimo de antigüedad en la empresa al momento de la exoneración, además del tiempo de imposiciones que se requiere a los exonerados del sector público. El costo de esa disposición no se halla bien determinado en el proyecto.
De otra parte, se faculta para imputar el tiempo del servicio militar a los fines de completar el período mínimo de afiliación o el tiempo computable exigido para obtener pensiones no contributivas. También, para dichos efectos, se podrá hacer valer el lapso sin imposiciones que medie entre la fecha de la exoneración y el 10 de marzo de 1990, con un tope de 80 por ciento de dicho tiempo para los exonerados en 1973 y de 75 por ciento para los exonerados con posterioridad. Esta enmienda significará 3 mil 929 nuevas pensiones, con un costo, por una sola vez, de 2 mil 64 millones de pesos, y posteriormente, cada año de vigencia de la ley, de 4 mil 309 millones de pesos.
En otra disposición, se modifican los medios de prueba contemplados para acreditar los motivos políticos de la exoneración, disponiéndose que bastará cualquier tipo de instrumento o documento que constituya principio de prueba por escrito y que demuestre en forma fehaciente la existencia de móviles políticos en la exoneración. Se flexibiliza, igualmente, la prueba de las remuneraciones, incluso para acreditar que el interesado ganaba más del máximo imponible, facultándose al reglamento a los efectos de fijar las normas para establecerlas por presunción.
Además, se establece que el monto inicial de las pensiones no contributivas no podrá ser inferior al correspondiente al grado 21° de la Escala Única de Sueldos vigente en abril de 1988 (17 mil 746 pesos), el que se reajustará según el IPC hasta la fecha del inicio de la pensión.
En una disposición siguiente, se consagra el derecho a optar entre una pensión no contributiva y las del antiguo régimen previsional, que son incompatibles entre sí, y se declaran compatibles las pensiones no contributivas con las de sobrevivencia otorgadas por instituciones de previsión del régimen antiguo. Esta modificación posibilitará conceder 600 nuevas pensiones, con un costo, por una sola vez, de 292 millones de pesos y uno posterior anual de 329 millones de pesos.
Por otro lado, se otorga el derecho de cobrar nuevamente el desahucio a los empleados públicos exonerados que no lo percibieron por haber sido cobrado indebidamente por terceros. Asimismo, se faculta al Tesorero General para pagarlo por resolución fundada, previa convicción de que no fue cobrado por quienes ahora lo solicitan, ni por sus representantes. Se trata, aproximadamente, de 300 casos, con un costo de 786 millones de pesos.
En otro precepto, se concede un nuevo plazo de 12 meses para solicitar los beneficios de la ley N° 19.234, señalándose que quienes los hubieren pedido en los plazos originales no requerirán nueva solicitud, debiendo revisarse de oficio sus situaciones. El nuevo plazo posibilita conceder 2 mil 139 nuevas pensiones, con un costo, por una sola vez, de un mil 123 millones de pesos, y anualmente, de 2 mil 346 millones de pesos.
Además, las modificaciones que se introducen a la ley N° 19.234 generan 6 mil 468 desahucios, con un costo de 4 mil 303 millones de pesos, por una sola vez.
En síntesis, el proyecto cuesta 11 mil 134 millones de pesos por una sola vez y 9 mil 804 millones cada año de vigencia de la ley.
Dentro de este informe, señor Presidente, creo conveniente agregar que, en las Comisiones unidas, diversos señores Senadores hicieron presente la necesidad de que el Gobierno considerara la situación de los Parlamentarios que cesaron en sus cargos el 11 de septiembre de 1973.
Por su parte, distintas organizaciones de personal en retiro de las Fuerzas Armadas plantearon que la fecha tope de diciembre de 1975 establecida por el proyecto para definir los casos de exonerados en condiciones de acceder a los beneficios de la ley era insuficiente, por lo que debía ampliarse hasta el 10 de marzo de 1990.
Debo señalar que tengo a la vista dos indicaciones del Presidente de la República fechadas el 20 de julio, que naturalmente no alcanzaron a ver las Comisiones pertinentes y que recogen los planteamientos formulados en ellas. La primera, que recae en el número 1) del artículo 1º, incorpora a Parlamentarios en los beneficios que se conceden, y la segunda reemplaza, en el número 12 del mismo precepto la frase "31 de diciembre de 1975" por "10 de marzo de 1990".
Y ahora, haciendo uso del tiempo que como Senador me corresponde, argumentaré sobre el proyecto.
En lo personal, he concurrido con mi voto a aprobar la iniciativa en debate, con el objeto de facilitar que quienes no pudieron acogerse a la ley Nº 19.234 por deficiencias de esta misma ahora puedan hacerlo.
A mi juicio, respecto de la normativa cabe distinguir tres elementos de fondo.
En primer lugar, facilita el acceso a la ley Nº 19.234, dado que, por la imposibilidad de acreditar determinadas condiciones que se exigen, muchas personas no han podido acogerse a sus beneficios.
En segundo término, se mejoran los beneficios de la ley Nº 19.234. Esto debe ser considerado como mejoramiento de beneficios, y ya no referidos a perfeccionamientos que ese cuerpo legal requería.
Como tercer elemento, se incorpora a sectores de exonerados no previstos por la ley Nº 19.234, particularmente de las Fuerzas Armadas en retiro, de los Parlamentarios y del personal del Poder Judicial y del Congreso Nacional, que, entiendo, la propia ley de alguna manera los había agregado, pero no en la forma expresa como se viene haciendo ahora.
Mi posición sobre estos temas es distinta respecto de cada uno de ellos. Pienso que deben despejarse todos los obstáculos que han impedido el acceso a los beneficios de las personas a que se refirió la ley Nº 19.234. En ese sentido, he concurrido con mi voto a la aprobación general del proyecto.
Además, se otorga un mejoramiento que no debe separarse del que en general corresponde dar a todas las pensiones de Chile. Porque no tiene sentido generar grupos privilegiados respecto de la situación angustiante -y lo hemos debatido largamente ayer- que viven los pensionados.
Se señala -como destaqué en la cuenta que di hace un momento- la forma como se reliquidarían 5 mil 910 pensiones que se están concediendo, lo cual representa un costo de 2 mil 381 millones de pesos anuales. Si se considera la lista de los costos, se comprobará que muchos se refieren a reliquidaciones; vale decir, quienes reciben un beneficio en virtud de esta ley lo verán incrementado en términos sustanciales. Creo que aquí hay una situación discriminatoria respecto de otros sectores, de la gran masa ciudadana, del millón 400 mil pensionados chilenos, que están quedando al margen de estos beneficios.
El proyecto, que tiene un costo de 25 millones de dólares en régimen y de 45 millones de dólares el primer año, favorece a alrededor de 30 mil personas. Y en el debate de ayer quedó patente la dificultad de conseguir 160 millones de dólares para atender a un millón 400 mil pensionados.
También se generan situaciones que deben ser revisadas con mucha detención. Al 11 de septiembre de 1973, de acuerdo con una lista, había más de mil empresas intervenidas, que ampliaron su planta de personal sin ninguna relación de necesidad operacional. Y se conceden pensiones a quienes se les aplicó exoneraciones denominadas "políticas" ocurridas en dichas empresas con posterioridad a esa fecha, eliminándose el requisito de antigüedad establecido en la ley Nº 19.234. Esta legislación, dictada durante el Gobierno del Presidente Aylwin, fue analizada acuciosamente.

El señor MUÑOZ BARRA.- ¿Me permite, Honorable colega?

El señor PRAT.- Sí, señor Senador.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.- Quiero hacer una interpretación de tipo reglamentario. A lo mejor estoy equivocado. Entiendo que el Honorable señor Prat es el Senador informante de la Comisión.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Efectivamente.

El señor MUÑOZ BARRA.- Pero, por lo que yo estoy viendo ahora, el Honorable señor Prat ya no está informando, sino que está expresando su posición personal sobre el tema. Y me parece que el Reglamento determina la función del Senador informante.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prat.

El señor PRAT.- Señor Presidente, una vez terminada la relación del proyecto, hice ver que pasaba a dar mi opinión personal, ya no en condición de Senador informante, sino de acuerdo con los derechos que me confiere el Reglamento.

El señor MUÑOZ BARRA.- Entonces, lo escucho.

El señor PRAT.- Como decía, la ley Nº 19.234, que fue analizada acuciosamente, estableció requisitos, teniendo a la vista lo siguiente.
El personal de la Administración Pública debe ajustar su ingreso a reglamentos dictados por ley y no se rigen por el Código del Trabajo, que es libre. Las empresas, no obstante encontrarse intervenidas por el Estado, estaban afectas al Código del Trabajo, y su dotación de personal podía ser incrementada en términos absolutamente discriminatorios y, a veces, irracionales. Por lo tanto, es posible que muchas exoneraciones posteriores respondían¿

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Señor Senador, debo interrumpirlo por un problema de tipo reglamentario.
Su Señoría debió inscribirse para hacer esta segunda intervención, porque yo le ofrecí la palabra como Senador informante. Como diez Senadores han solicitado intervenir, quiero pedirle que reduzca su discurso con el objeto de que lo continúe después, cuando le corresponda.
Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PRAT.- Señor Presidente, es más fácil que ahora concluya mi exposición para no tener que repetir después.
Decía que la ley N° 19.234 estableció requisitos para quienes se regían por el Código del Trabajo, cuya normativa es distinta de la reglamentación que define el ingreso a la Administración Pública, acotando su situación mediante la exigencia de grados de antigüedad. Hoy día no hay tal precisión. Por lo tanto, para pasar por esta "ventana" podrán invocarse muchos casos -estamos hablando de mil empresas- que el proyecto no delimita definidamente.
Se incorpora al personal de las Fuerzas Armadas -como decíamos- en la forma que el proyecto dispone, con las modificaciones que mediante indicaciones propone el Presidente de la República.
Finalmente, quiero señalar que voy a aprobar en general el proyecto. Pero en algunas materias que inciden en el costo público y en aumentos de remuneraciones especiales para quienes ya perciben pensiones, me voy a abstener, porque estoy dispuesto a concurrir a mejoramientos económicos en la medida en que ellos sean globales -y no discriminatorios- para todos los pensionados de Chile. Y, respecto de la última disposición a que me referí, que establece una discrecionalidad y rompe una sana norma contenida en la ley Nº 19.234, manifestaré mi voto contrario.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Foxley, como Presidente de la Comisión de Hacienda.

El señor FOXLEY.- Señor Presidente, el proyecto fue estudiado por la Comisión de Hacienda y acogido integralmente en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Tal aprobación fue unánime en la mayoría de sus normas y con algunas reservas en dos de ellas. La unanimidad se produjo en cuanto a la ampliación de la cobertura institucional para incluir a exonerados del Congreso Nacional, del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad; al aumento del abono de tiempo por gracia, y a la apertura de un nuevo plazo para acceder a los beneficios que otorga la ley. Y se aceptó por mayoría, con la objeción de algunos señores Senadores, la reliquidación de los bonos de reconocimiento, así como los requisitos de tiempo de permanencia en la empresa para poder acogerse a la ley.
La Comisión recomienda a la Sala aprobar el proyecto en la misma forma como lo sugiere la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
En términos financieros, la iniciativa implica un gasto del orden de los 11 mil millones de pesos por una sola vez, el que se cargará a la partida Tesoro Público, y un financiamiento en régimen de 9 mil 800 millones de pesos.
Deseo precisar (daré una brevísima opinión personal) que el proyecto se originó, como ya se dijo, con motivo de la aplicación de la ley Nº 19.234. Como Ministro de Hacienda de la época, participé en la elaboración de legislación, y es absolutamente efectivo lo señalado por el señor Senador informante que me antecedió en el uso de la palabra, en el sentido de que su espíritu fue dar una amplia cobertura a las personas exoneradas por motivo políticos en el período que se comenta. Tanto es así, que en esa oportunidad se hizo una provisión en la partida Tesoro Público bastante generosa, la que, si recuerdo bien, era del orden de los 100 millones de dólares.
Posteriormente, al ponerse en aplicación dichas normas se constató rápidamente que había un conjunto de situaciones de las cuales no daba cuenta, que había algunos vacíos legales y que, por lo tanto, era necesario corregir integralmente su redacción.
Estimo que algunas de las objeciones planteadas en la Comisión de Hacienda podrían ser válidas. Sin embargo, creo que no debería olvidarse que el fundamento de la ley que se modifica es reparar a un conjunto de personas que sufrieron grandemente, por razones ajenas a su voluntad y de carácter político, situaciones personales y familiares extremadamente serias, y que la consecuencia de ello fue a menudo largos años de cesantía. Por consiguiente, se justifica corregir dicha legislación, ampliar sus beneficios y, también, proceder a una reliquidación de las pensiones, porque los montos que se otorgan son de por sí modestos, como ocurre con la mayoría de los entregados a los pensionados.
Debemos tomar en cuenta que se trata de un caso muy particular de la historia de nuestro país y que se causó daño a muchas personas, lo cual también tiene una connotación muy especial y significativa.
Por eso, el proyecto debería aprobarse integralmente, a pesar de las reservas que en ciertos aspectos dieron a conocer algunos Senadores en la Comisión de Hacienda.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Silva.

El señor SILVA.- Señor Presidente, voy a dar un informe, complementando los relatados por los dos distinguidos colegas que me antecedieron, en mi condición de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
Por acuerdo de la Corporación del 9 de junio, las Comisiones de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y de Trabajo y Previsión Social funcionaron unidas.
Los cinco integrantes de la Comisión de Derechos Humanos -los Honorables señores Lavandero, Urenda, Ríos, Viera-Gallo y su Presidente, el Senador que habla- contribuyeron con su conocimiento a la aprobación del proyecto en los términos en que ha dado cuenta el Presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, el Honorable señor Prat.
Es digno de destacar que, justamente, el espíritu que prevaleció durante el estudio del proyecto -al cual hizo referencia el Honorable señor Foxley- fue comprender en plenitud la motivación que justificaba su aprobación. Y ello se precisó, a nuestro juicio, en muy buenos términos, como consecuencia de la experiencia habida durante la vigencia de poco más de tres años de la ley Nº 19.234, que permitió conocer todos los aspectos que dificultaban su aplicación práctica. Entonces, ahora se han dispuesto las medidas necesarias para que todos los exonerados políticos tengan la posibilidad de demandar los beneficios legales que se les otorgan.
Asimismo, como relató el Honorable señor Prat, se detectó que alrededor de 300 personas no pudieron percibir sus desahucios, porque habrían sido cobrados por otras. Se aplicó, entonces, el principio de que cuando el Estado paga mal, debe pagar dos veces. De manera que la ley determina especialmente que corresponderá entregar tal desahucio a los exonerados que tienen derecho a recabarlo.
Quiero destacar, finalmente, que por indicación de un Senador de la Comisión de Derechos Humanos y también de la de Trabajo, se extendió de seis meses a un año el plazo para solicitar este beneficio. De modo que los exonerados políticos tendrán más tiempo para acopiar los antecedentes que les permitan gozar de los derechos que legítimamente les corresponden.
Por todas estas circunstancias, declaro que votaré favorablemente el proyecto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, con satisfacción aprecio, en esta oportunidad, este momento legislativo en que ponemos nuestros esfuerzo e interés para contribuir a soluciones más definitivas respecto del drama de los exonerados políticos del país. Cuando uso la palabra "drama", estoy simplemente reconociendo, a partir de la experiencia que como legislador y ser humano me ha correspondido vivir cotidianamente y desde hace muchos años, que he constatado espacios dolorosos ocupados por compatriotas exonerados arbitrariamente de sus fuentes laborales durante el período del régimen militar.
Desde que comenzó el estudio de la idea de legislar del proyecto que dio como resultado la ley Nº 19.234 hasta ahora -desgraciadamente no fue la respuesta adecuada a lo esperado por los exonerados políticos- han fallecido más de dos mil recurrentes como beneficiarios de la norma jurídica, haciendo más dolorosa la pobreza y miseria cotidiana de sus respectivas familias. Obvio resulta constatar que el articulado del texto legal que recién mencioné, no fructificó en el otorgamiento real y esperado de beneficios para los más de 33 mil calificados como exonerados políticos. Las casi siete mil pensiones que se están pagando -debe saberlo el Parlamento y el país-, si bien son una respuesta en medio de las dificultades que sufre el universo de exonerados, constituyen una clara insuficiencia al propósito que originalmente se tuvo al aprobar la ley 19.234. Cabe considerar que casi 70 por ciento de las pensiones son mínimas y que, de los casi 28 mil abonos de tiempo que se otorgaron a exonerados calificados según la norma vigente, poco más de 11 mil vieron efectivamente reliquidadas sus pensiones y bonos de reconocimiento.
Es necesario, además, nutrir nuestra decisión favorable respecto del proyecto modificatorio de la ley Nº 19.234 con la información oficial relacionada con el hecho de que, en materia presupuestaria, los beneficios acordados hasta hoy no alcanzan a consumir el 50 por ciento del presupuesto fijado para los tres primeros años de aplicación normativa.
En términos financieros, este menor gasto indica que el propio universo exonerado ha contribuido, por el expediente del menor gasto, con más o menos 50 mil millones de pesos al ahorro fiscal. Esto configura, ¡qué duda cabe!, una macabra broma, que lesiona a grupos sociales relacionados con la extrema pobreza y con el adulto mayor.
Estimados colegas, hago estas observaciones analíticas para reforzar la necesidad de aprobar el proyecto que hoy se somete a la consideración de la Sala, luego de exhaustivas revisiones y aprobación de las Comisiones de Trabajo, de Derechos Humanos y de Hacienda.
La iniciativa legal misma corrige adecuadamente situaciones defectuosas de la ley respectiva, y propone novedosas y necesarias normas que permitirán no sólo reformular lo carenciado en el propósito de origen, sino perfeccionar el sustrato reparatorio de la ley, que en su aplicación práctica evidenció las insuficiencias a que me he referido.
Aquí nos confrontamos no con la cuestión ideológica, sino con el verdadero sentido de justicia reparatoria y, como algunos Honorables colegas lo han planteado desde su perspectiva, con un tema humanitario profundamente convocante.
También quiero recordarles que, si bien la ley usa los términos pensión no contributiva para referirse al beneficio de excepción respectivo -y técnicamente tiene tal perfil-, no es menos cierto que los beneficiarios de la tal pensión contribuyen con sus propios ahorros previsionales, los que son consumidos hasta el 10 de marzo del año 1990.
Eso indica que en materia de financiamiento las partidas presupuestarias dirigidas a este proyecto de ley se componen de un fuerte aporte de los propios beneficiarios. Bien vale la pena tener presentes estos antecedentes en la historia de la ley que tratamos esta tarde.
La iniciativa propone nuevas fórmulas de cálculo para las pensiones; incorpora a sectores exonerados que no figuran en la ley vigente (Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones, Poder Judicial, Poder Legislativo); plantea soluciones para las viudas; propone adecuadas y efectivas reliquidaciones de pensiones y bonos de reconocimiento, vía aumento del abono de tiempo; pone en pie de igualdad a exonerados políticos de entidades estatales con los que provienen de empresas privadas intervenidas.
Lo cierto es que estamos ante una iniciativa valiosa, no sólo por el perfeccionamiento de una norma legal insuficiente, sino porque atiende adecuadamente este drama de los exonerados políticos que he descrito. Por ello, la aprobación del proyecto que tenemos a la vista es de la más absoluta justicia. Con ello contribuimos real y objetivamente a la justicia social en universos de trabajadores víctimas de una gran injusticia histórica.
Su aprobación resultará en más de siete mil nuevas pensiones, en la reliquidación efectiva de una cifra superior a las trece mil pensiones, y en más de seis mil bonos de reconocimiento, que también serán efectivamente reliquidados.
Reitero que el gasto anual en régimen, ascendente a 9 mil 84 millones de pesos, y el gasto por única vez, causado por nuevos beneficios correspondiente a 11 mil 201 millones de pesos, cuenta para configurarse con el propio e importante aporte del ahorro previsional de los mismos beneficiarios.
Finalmente, deseo detenerme por algunos segundos en este tema de la exoneración como consecuencia de un hecho histórico que esperamos muy pronto olvidar y dejar muy lejos en el pasado.
Cuando hablo de los exonerados, me refiero a decenas de miles de nuestros compatriotas que se convirtieron en un ejército de cesantes, muchos de los cuales, mayoritariamente los de más alta calificación académica, se vieron obligados a salir al exilio para resolver el problema del empleo. Recordemos, Honorables colegas, que a los exonerados de la Administración Pública se les prohibió, por medio de un decreto ley, su ingreso a las entidades del Estado por un período de cinco años. Por otra parte, los organismos de inteligencia, ¡quién no lo sabe!, obstaculizaban el acceso de los exonerados al empleo en entidades privadas. Por las exoneraciones, además de las expatriaciones, Chile fue un país que exportó talento y fuerza de trabajo que beneficiaron a otros países. Sin embargo, el grueso de los exonerados quedó en Chile, enfrentado a una inhumana y prolongada cesantía. La exoneración, señores Senadores, además de atentar contra un derecho esencial de la persona, daña gravemente a quienes son sus víctimas, y a sus familiares y dependientes. Estados de angustia, depresión, e incluso suicidios, fueron frecuentes en la lista de exonerados, en los últimos años.
Honorables colegas, son miles las familias que, tal vez, mejorarán su calidad de vida con esta iniciativa de ley, y así como ayer concordamos en la justicia de reajustar las pensiones generales, hoy día no me cabe duda de que nadie se va a negar a contribuir con su voto a la aprobación respectiva de este otro espacio de justicia, que está connotado además por años de sufrimientos, de dolor, de muerte¿ y nutrido, sin embargo, por las expectativas de debida reparación y por la esperanza de días mejores. Considero que, en lo relativo a las modificaciones de la ley en comento, ha existido -hecho que valoro- una demostración de mayor generosidad.
Por las razones que he dado, voto a favor de las modificaciones a la ley Nº 19.234, en los términos corregidos por la Honorable Cámara de Diputados y por las Comisiones del Senado que se involucraron en el estudio del proyecto.
He dicho.
--Aplausos en tribunas y galerías.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Advierto a los señores asistentes que, de acuerdo con el Reglamento, deben abstenerse de hacer manifestaciones. Por lo tanto, les ruego mantener silencio y guardar la compostura debida, porque así vamos a despachar el proyecto con mayor facilidad.
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz.

El señor RUIZ (don José).- Señor Presidente, deseo iniciar mi intervención señalando que el grupo de trabajadores y sus familiares que serán beneficiados con este proyecto no constituye un grupo de privilegiados dentro de nuestro país. Quiero precisar esta situación.
Cuando en 1993 se aprobó la ley Nº 19.234, que establece beneficios previsionales para exonerados por motivos políticos, sabíamos que ella era bastante limitada en los beneficios que concedía, y que, con mucha probabilidad, un gran número de tales exonerados tendría dificultades para acceder a esos beneficios.
Efectivamente, se ha podido constatar que la ley en comento tiene diversos vacíos y deficiencias que le han impedido incluso cumplir eficazmente con los fines reparatorios y de justicia que fundamentaron su presentación por el Ejecutivo y su aprobación en el Congreso hace algunos años.
El proyecto que estamos debatiendo busca facilitar el acceso a sus eventuales beneficiarios, lo que es del todo necesario puesto que los mecanismos establecidos originalmente, sobre todo en lo relativo a la prueba de la calidad de exonerado, han sido muy difíciles de cumplir por sus destinatarios y, por eso mismo, han sufrido una postergación en el acceso a esos beneficios.
Han sido múltiples los casos de personas que, habiendo sido exoneradas injustamente por motivos políticos, no han podido reunir los antecedentes requeridos para ser calificadas como tales y, en consecuencia, no les ha sido posible acogerse a los beneficios de la ley. A su vez, producto del sistema de cálculo que las disposiciones de la ley Nº 19.234 contemplan, lamentablemente las pensiones otorgadas en su gran mayoría han sido sólo de monto mínimo.
Se cometió también un error en esa misma ley al establecer abonos de tiempo por gracia, puesto que dichos abonos fueron muy bajos y, en un importante número de casos, no hicieron posible a los exonerados políticos acceder a los beneficios previsionales que en justicia debieron tener.
Por eso, me parece muy acertada la decisión del Ejecutivo de aumentar el abono del tiempo por gracia para obtener la respectiva pensión, mejorando de este modo los montos de los beneficios. Es justo que dicho abono sea diferenciado según la época de exoneración, por lo que estimo adecuada la norma aprobada por la Cámara de Diputados, que contó también con la aprobación de las Comisiones unidas del Senado.
Es de toda justicia, también, incorporar a los beneficios de la ley a los exonerados de otras áreas del sector público no considerados inicialmente, como los ex funcionarios del Congreso Nacional, del Poder Judicial, de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y de la Policía de Investigaciones.
Es claro, además, que con las normas propuestas ahora será factible que se acojan a la ley personas que no habían podido ser calificadas como exonerados políticos. Si bien producto de ello habrá un mayor gasto, por las reliquidaciones de los ya considerados como exonerados y por la incorporación de un nuevo grupo con mayores beneficios que los consultados en las actuales normas de la ley Nº 19.234, hay que considerar que el presupuesto original de dicha ley sobrepasaba con creces la realidad posterior, por lo que, aunque se duplique el número de beneficiarios, ello no implicaría un aumento de los recursos presupuestarios originalmente dispuestos.
A los exonerados de las empresas privadas intervenidas se les exigió inicialmente, aparte los requisitos generales, determinado número de años de servicio en ellas. En el proyecto que nos ocupa se propone eliminar tal diferencia en relación con los exonerados de la Administración Pública y de las empresas del Estado. Este requisito adicional ha sido un impedimento complicado que ha hecho imposible a muchas personas acogerse al beneficio. La modificación de este precepto pondría término a una situación injusta de trato discriminatorio. La norma que la iniciativa propone suprimir ha constituido un obstáculo para personas despedidas por motivos políticos, en la obtención de una pensión.
Por ello, la supresión de tal exigencia significa la reparación de un daño, y se traduce en una mejoría de la situación previsional para muchos exonerados por razones políticas y que necesitan contar con los beneficios que concede la ley Nº 19.234. Con esta modificación en ningún caso se sobrepasarían los marcos del financiamiento presupuestado.
Por último, debe destacarse la ampliación del plazo para la presentación de las solicitudes de beneficios a que da lugar la ley, que inicialmente era de seis meses y que, según lo aprobado por las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, unidas, será de un año.
Debemos agregar que las disposiciones que hoy incorporamos a la ley, lejos de solucionar en su totalidad los problemas pendientes, sólo contribuirán a la resolución de una parte de ellos. Estamos conscientes de que habrá exonerados que aun con estas normas no podrán acceder a los beneficios. Sabemos que con esta iniciativa tampoco se está reparando en su totalidad el daño causado hace muchos años. Sin embargo, queremos destacar que éste es un nuevo e importante esfuerzo para acercar de alguna manera los niveles de justicia a quienes durante muchos años fueron marginados, incluso de nuestra propia sociedad.
Valoramos, por tanto, el presente proyecto, y desde ya anunciamos nuestro voto favorable a él.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Moreno.
Su Señoría no se encuentra presente en la Sala.
En consecuencia, corresponde el turno al Senador señor Cordero.

El señor CORDERO.- Señor Presidente, curioso, por decir lo menos, resultará a quien escuche mis palabras referidas a una ley que favorece a un número importante de chilenos y sus familias.
Lo raro es que el Senador que habla, ex General Director de Carabineros, ascendido al grado de General durante el Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, tenga una visión atípica del problema.
No voy a ingresar a un análisis técnico del proyecto, pues ya magistralmente lo han hecho los señores Senadores integrantes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y de Hacienda. Tampoco entraré a estudiar las razones que las instituciones tuvieron en su oportunidad para exonerar a quienes hoy favorece la iniciativa.
Sólo quiero decir que el país observa expectante nuestra función legislativa, la cual debe prioritariamente enfrentar situaciones como la que estamos tratando, que realmente interesan a nuestra gente. Por eso, debemos proporcionar a la comunidad señales positivas, que nos muestren en una senda de unidad laboral. Creo que todos debemos entregar diferentes cuotas de nuestras potencialidades y pobrezas.
Esta iniciativa, que modifica una ley anterior, tiene el más hermoso de los objetivos, del cual debe revestirse la voluntad soberana. Es un proyecto humanitario, que dará relativa tranquilidad a varias familias de hermanos chilenos.
¡Quiera Dios que este grupo favorecido sea la semilla que germine con fuerza para llevar al país que adoramos al encuentro y reconciliación que nuestros conciudadanos, sin distinción alguna de clase, nos exigen!
Por las razones enunciadas, y en beneficio de quienes hoy se encuentran marginados de sus derechos, y para orgullo de nuestra patria, anuncio mi voto favorable a esta iniciativa.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, culminamos un largo proceso, que desde estas bancadas hemos seguido con mucha detención, para mejorar la ley Nº 19.234 que aprobamos en el Congreso en 1993, y que pretendió establecer una mínima reparación a los miles de chilenos que con ocasión del golpe militar de 1973 perdieron su trabajo en razón de sus convicciones políticas, compatriotas que, además de perder su empleo, fueron estigmatizados por la sociedad y por la autoridad de su época. Muchos de ellos -como se ha dicho acá- salieron al exilio, pero la mayoría tuvo que vivir -y a veces sobrevivir- en Chile en condiciones de extrema precariedad.
No es posible, por el conjuro de una ley, enmendar daños que son irreparables, que se expresan en sufrimientos, en vidas estrechas, en persecución de distinto tipo, en perjuicios a sus familias. Pero la sociedad chilena quiso por lo menos desarrollar un signo de reparación durante el primer ejercicio legislativo. Y es así como aprobamos esta ley que, a mi juicio, tenía un profundo sentido moral, porque significaba el reconocimiento de la sociedad de que se habían cometido evidentes injusticias con miles de compatriotas y que, además, pretendía ayudar a resolver sobre todo los problemas previsionales de estos chilenos, cuyos trabajos, carreras y muchas vidas fueron tronchadas de manera arbitraria.
Sin perjuicio de esa voluntad, fue evidente que esta ley nació con muchas limitaciones. En primer lugar, hubo restricciones para calificar la calidad de exonerados. Se establecieron procedimientos que efectivamente hicieron que la cantidad de chilenos que pudieron calificar como exonerados políticos fuera mucho menos que la prevista en la propia ley.
Cuando discutimos el proyecto primitivo, hace ya casi cuatro años, se estimó que serían aproximadamente 60 mil los chilenos que deberían haber sido sus beneficiarios. Al 31 de marzo de este año, sólo 33 mil habían sido calificados como exonerados políticos.
En segundo lugar, la ley fue mezquina en los beneficios que se otorgaron: pensiones muy bajas, reconocimientos de bonos y lagunas previsionales que muchas veces no alcanzaron para que los teóricos beneficiarios pudieran obtener beneficios reales.
Finalmente, algunos chilenos que fueron exonerados políticos quedaron fuera de la definición de la ley, particularmente, funcionarios del Congreso Nacional, del Poder Judicial y, de manera muy especial, chilenos que pertenecieron a las Fuerzas Armadas y de Orden y a la Policía Civil, quienes, por fidelidad a sus principios, por su honor militar o policial, por su comprensión del proceso histórico que vivió Chile esos años, o por apego a la Constitución que juraron servir, entendieron que no debían obedecer las órdenes que implicaron la ruptura institucional del país.
Tales son las insuficiencias que pretende subsanar la iniciativa en discusión. Con ella se amplía el plazo para la calificación; se flexibilizan los criterios mediante los cuales la Comisión Nacional ponderará la condición de exonerado político -esperamos que los muchos chilenos que son objeto de esta ley puedan servirse de ella-; se aumentan de manera sustantiva los beneficios económicos y materiales; se elevan las pensiones mínimas en 40 por ciento; se establecen diversas garantías adicionales, ya expuestas por los señores Presidentes de las Comisiones que me han precedido en el uso de la palabra, y se incorporan como beneficiarios plenos de esta legislación los exonerados políticos del Poder Judicial, del Congreso Nacional, de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones.
Votaremos favorablemente el proyecto, por creer que constituye un efectivo esfuerzo para mejorar una reparación indispensable que, sin duda, contribuirá a la reconciliación nacional.
Deseo formular tres observaciones finales. Se ha argumentado en las Comisiones acerca del costo que irrogará el proyecto. Quiero dejar establecido que el propósito original del Parlamento, en general, y del Senado, en particular, al aprobar una ley que supusimos demandaría anualmente alrededor de 23 mil millones de pesos, ese objetivo que quedó estampado en ella hace ya cuatro años, no se cumplió, porque debido a sus dificultades, carencias y debilidades, sólo en régimen se han gastado unos 6 mil 500 millones de pesos anuales. Por lo tanto, la voluntad de reparación del legislador no se cumplió durante estos años. Entonces, no es que estemos, en rigor, incurriendo en mayores gastos, sino intentando acatar la voluntad original del Congreso Nacional al aprobar la ley Nº 19.234. La iniciativa en análisis, con los beneficios adicionales que consigna y el mayor número de exonerados a quienes pretende beneficiar, por concepto de régimen, tendrá un costo de 9 mil 800 millones de pesos al año, es decir, menos de la mitad de lo estimado en 1993. Por ello, creo que no es justo sostener que estamos incurriendo en un gasto que el Estado de Chile no estaría en condiciones de solventar, pues solamente se están creando las condiciones para que efectivamente la decisión ya adoptada por el Congreso y el Gobierno, de hacer una reparación sustantiva, pueda materializarse.
Asimismo, deseo destacar en esta ocasión el inmenso esfuerzo que han hecho para el mejoramiento de la iniciativa los exonerados de todo Chile, desde Arica hasta Porvenir, organizados a lo largo del territorio y dirigidos por el Comando Nacional, que ha desarrollado una ardua y sistemática labor de diálogo y de convencimiento con el Ejecutivo y el Parlamento, con los sectores de Gobierno y de Oposición, para permitir efectivamente que esta reparación indispensable pueda concretarse en condiciones aceptables para ellos y para nosotros.
Por último, deseo poner de relieve la comprensión que ha suscitado el proyecto en distintos Parlamentarios opositores, e incluso en algunos designados por el Consejo de Seguridad Nacional, como el señor Senador que acaba de intervenir, lo que indica que en el Senado hay ánimo de reparar efectivamente injusticias cometidas.
Por lo tanto, llamo a mis Honorables colegas a apoyar la iniciativa, que es de justicia, repara hacia atrás y genera condiciones de mejor convivencia en el país, por lo cual los insto a aprobarla por inmensa mayoría.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El señor Ministro del Trabajo subrogante solicita autorización de la Sala para que puedan ingresar a ella los asesores señores Humberto Lagos y Heber Valenzuela.
¿Habría acuerdo para acceder a su petición?
Si lo hay, así queda acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, podría decirse que el proyecto en debate es la continuación de la ley Nº 19.234, de agosto de 1993, y pretende fundamentalmente flexibilizar la normativa vigente, que por vacíos legales y deficiencias en general dejó fuera de los beneficios establecidos en ella a un gran número de posibles beneficiarios. Además, estipuló plazos demasiado rigurosos, lo que, en la práctica, impidió cumplir de manera óptima o más eficientemente los fines que le dieron origen.
Se han dado cifras. Durante el período de aplicación de la ley se presentaron alrededor de 43 mil casos, de los cuales sólo 33 mil fueron calificados de exonerados políticos, como señaló el Senador señor Gazmuri. Eso, hasta el 31 de diciembre de 1996. De ellos, 24 mil 187 recibieron un abono de tiempo de cotización y se otorgaron pensiones a otras 4 mil 650.
Lo interesante es que se constató que son demasiados los que no pudieron reunir los antecedentes requeridos para ser calificados como exonerados políticos. Cabe recordar que, en principio, las cifras indican que se esperaba beneficiar del orden de 56 mil personas. Y de las 4 mil 650 pensiones entregadas, 70 por ciento lo fueron sólo por el monto mínimo, dado el sistema de cálculo vigente.
Es del caso señalar, también, que durante el tiempo en que se ha buscado generar una situación de mayor justicia para los exonerados durante el régimen militar, lamentablemente, 3 mil de ellos fallecieron sin alcanzar a recibir ningún tipo de beneficio.
En realidad, las cifras no siempre reflejan la realidad humana y más bien tienden a ser aburridas o resultan anecdóticas; pero en verdad lo que persigue fundamentalmente el proyecto es contribuir a que sean muchas más las personas que puedan acceder a esta reparación. Las leyes son hechas por hombres, por seres humanos y, como tales, son perfectibles.

El señor VALDÉS.- También por las mujeres.

El señor PIZARRO.- Así es, , como acota el Senador señor Valdés, quien tiene especial preocupación por las mujeres, las cuales hacen un aporte importante.
Y lo anterior demuestra indudablemente que hay un reconocimiento muy importante de lo que la ciudadanía, el país y la sociedad entera quieren de esta iniciativa. Esa es la razón por la cual, como se ha dicho muy bien acá, la ley en proyecto busca hacer más justicia, pero no establecer nuevos privilegios, o entregarlos sólo a algunos, como se ha sugerido en intervenciones anteriores.
Por eso, para nosotros es doblemente satisfactorio poder mejorar una ley dictada hace cinco años, durante el primer Gobierno de la Concertación, luego de recuperar la democracia, ley que constituyó -y sigue constituyendo- un imperativo de justicia social en favor de todos aquellos trabajadores que por motivos políticos perdieron su trabajo durante el régimen militar.
En términos simples, ¿qué pretende la iniciativa en análisis? Cuatro objetivos fundamentales, diría yo: primero, perfeccionar la ley vigente, flexibilizando el acceso a los potenciales beneficiarios; segundo, aumentar el bono de tiempo por gracia para obtener la respectiva pensión y mejorar, por lo tanto, sus montos, clarificando el procedimiento y bases de cálculo; tercero, incorporar a los beneficios a sectores que no fueron incluidos en la ley vigente, tales como exonerados del Congreso Nacional, del Poder Judicial, de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones, y cuarto, otorgar nuevos plazos para acceder a los beneficios.
Entre las modificaciones propuestas por el Ejecutivo, a mi juicio, hay algunas significativas que es bueno destacar. Por un lado, está la incorporación de los ex funcionarios de las reparticiones mencionadas, exonerados entre el 11 de septiembre de 1973 y el 31 de diciembre de 1975.
Otro aspecto relevante se refiere al aumento de los beneficios para las personas ya favorecidas por la ley. Como bien lo señalaron aquí los señores Senadores informantes -lo cual también se desprende de las intervenciones tanto de representantes del Ejecutivo como de otros Honorables colegas-, hay motivos humanitarios, de equidad, que aconsejan el cambio, pues las personas que actualmente gozan del beneficio reciben pensiones extraordinariamente bajas en consideración a la vida laboral que pudieron tener de no mediar la exoneración, el despido o, lisa y llanamente, la pérdida de su trabajo, como consecuencia del golpe militar, que afectó no solamente sus vidas, sino también las de sus familias y la de todo el país. Pero, mediante el proyecto, se aumentan las pensiones mínimas en 40 por ciento.
Deseo aprovechar la oportunidad para destacar que la iniciativa en debate, además, responde a un compromiso asumido por el Gobierno del Presidente Frei, quien en el Mensaje de mayo pasado hizo un llamado al Parlamento en orden a aprobar este proyecto.
Como decía recién, las cifras nunca alcanzan a reflejar la realidad, sino que son las personas las que pueden ejemplificar mejor los sufrimientos, el drama, la injusticia y la situación extraña, anómala, que significa ser exonerado político y no tener acceso a derechos mínimos.
Sobre el particular, quiero citar el caso de un hombre público, a quien tuve la suerte de conocer durante el tiempo más complicado del régimen militar. Él no ha recibido este beneficio y no ha tenido la calidad de exonerado político. Me refiero al insigne académico y ex Senador don Raúl Rettig, cuyo aporte como académico en la Universidad de Chile es innegable. Esta persona fue exonerada de ese centro de estudios superiores, y hasta la fecha no ha podido acogerse a los beneficios de la ley.
En verdad, el rol gravitante de don Raúl Rettig para la transición a la democracia difícilmente puede ser comparado al de otros ciudadanos; pero no es menos cierto que todas las personas, cualquiera sea su condición o capacidad y que hayan sido separadas de sus labores por razones ajenas a los requerimientos profesionales de su función, merecen atención, cuidado, reconocimiento y, por sobre todo, justicia.
Por eso, señor Presidente, valoro el buen ánimo o espíritu que existe hoy día en el Senado para aprobar un proyecto de ley que busca hacer más justicia y reparar, aunque sea en parte -y no todo lo que deseamos-, lo mucho que se sufrió y el daño enorme causado a miles y miles de chilenos.
En tal virtud, valoro la actitud positiva del Senador señor Cordero y de otros Honorables colegas para aprobar la iniciativa. La Democracia Cristiana, como corresponde y una vez más -en el entendido de que con esto se ayuda a la equidad, a la reparación y a establecer mayor justicia en nuestra sociedad-, también la votará favorablemente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se ha cumplido el tiempo, y se procederá a la votación. Por lo tanto, a partir de este momento, cada señor Senador tendrá derecho a usar de la palabra por cinco minutos al fundamentar su posición. Quien lo desee, podrá hacer efectivo su voto en la Mesa.
En votación.
--(Durante la votación).

El señor BITAR.- Señor Presidente, he escuchado con mucha satisfacción las intervenciones de la gran mayoría de los Honorables colegas, en cuanto a su voluntad de respaldar este proyecto.
Lo hemos dicho antes, y lo reitero ahora: no se reparan con una simple decisión económica el dolor, la indignidad, las vidas desechas ni la pérdida de autoestima que afectó a tantos chilenos y chilenas. Pero esto constituye un gesto simbólico. Y creo que hoy día podemos dar una señal de humanidad en el Senado, que será una expresión de voluntad hacia la reconciliación.
Muchos exonerados han muerto esperando una ley, y diversos otros han fallecido entre la normativa anterior y la nueva. Por lo tanto, resulta indispensable actuar con urgencia. Durante varios años se ha discutido este nuevo proyecto de ley. De manera que para muchos de nosotros -que hemos seguido día tras día el camino difícil de tantas personas para obtener justicia- éste es un momento muy importante.
Las disposiciones de la ley vigente mostraron grandes falencias. Y, en tal sentido, destaco el esfuerzo realizado por la Oficina de Exonerados Políticos, su gente y su Director, don Humberto Lagos, por que se ampliara el beneficio y se diera la máxima flexibilidad al respecto, dentro del marco de la ley vigente, con todas las restricciones que ella establece. Sin embargo, la normativa no podía continuar operando de esa manera.
También deseo destacar hoy el trabajo incesante de los exonerados y sus organizaciones, y la decisión del Gobierno de acoger hace un tiempo un nuevo proyecto de ley para corregir esta situación. Pensamos que el beneficio sería para 60 mil personas, pero terminó siendo para 33 mil; que se destinarían 30 mil millones de pesos, y apenas -como lo señalaron los Presidentes de las Comisiones en su informe- el 40 por ciento de ese dinero pudo ser desembolsado, debido a las restricciones existentes.
El 70 por ciento que se otorgó conforme al sistema anterior corresponde a pensiones mínimas. Por su parte, los abonos de tiempo no cumplen su objetivo, pues, dadas las normas previsionales existentes, se hacen simplemente inaplicables, impidiendo las reliquidaciones.
Por lo tanto, los pasos que se dan y las materias que se corrigen a través de este proyecto de ley son de toda justicia.
Junto con señalar lo anterior, quiero destacar un punto adicional: al incorporar a los beneficios de la ley a los exonerados del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros y la Policía de Investigaciones, estamos dando un paso importante. Lo menciono muy en particular, porque constituye un gesto de no discriminación y de toda justicia. Los beneficiarios serán 500 ó 600; pueden no ser tantos, pero ellos fueron excluidos, y mientras una persona lo esté la justicia no es plena.
En consecuencia, todos los temores y dudas que hubo por tanto tiempo en muchos de los personeros, oficiales o suboficiales, de las ramas de las Fuerzas Armadas, de Carabineros e Investigaciones, que caminaron bastante tiempo por estos pasillos, ahora pueden tener una expresión del Senado para disiparlas.
Por último, no puedo dejar de recordar acá que en los textos sobre la historia del propio Ejército de Chile referidos tanto a la Revolución de 1851, a la de 1959, como a la propia Guerra Civil de 1891, se menciona que se adoptaron un conjunto de decisiones importantes respecto de las Fuerzas Armadas, las cuales siempre consideraron, para lograr la reconciliación nacional, la reincorporación de los oficiales, incluso cuando surgieron guerras civiles. También hubo decisiones de Mandatarios, como la tomada por don Jorge Montt el 23 de diciembre de 1891, quien, como uno de los primeros actos de su mandato, promulgó el 26 de ese mismo mes una ley de amnistía para todos los individuos que fueron o pudieron haber sido juzgados por delitos políticos cometidos entre el 1º de enero y el 29 de agosto de aquel año.
Ésa fue una norma, y hoy día nos encontramos ante la posibilidad de aplicarla, por lo menos, en materia previsional. Me parece de la mayor importancia recordar eso, porque dignifica al país el hecho de que la Cámara Alta tome una decisión de esta naturaleza. Al hacerlo, no estamos gastando ni un centavo más de lo que estimó el Senado en su momento.
Y creo, por último, que también se trata de una expresión de reconocimiento a la actitud de los exonerados políticos, a su madurez, a su seriedad, a la responsabilidad democrática. Los felicito por la forma en que han procedido, por la persistencia con que han actuado y por el ánimo de unidad entre ellos y sus dirigentes.
Por todas estas razones, señor Presidente, pienso que nos hallamos en un momento muy importante y formulo votos por que el proyecto sea acogido unánimemente en esta Corporación.
Me pronuncio a favor.

El señor SABAG.- Señor Presidente, para el Senador que habla, las sesiones de ayer y de hoy han sido motivo de gran satisfacción, al igual que para todos mis Honorables colegas, a mi juicio. En efecto, ayer aprobamos beneficios por 280 millones de dólares para los más postergados: los pensionados. Y no cabe duda de que agrada sobremanera el determinar hoy otros para los exonerados de nuestra patria. La situación no se encuentra exenta de dolor, sin embargo, porque quisiéramos dar más: más a los jubilados y más justicia a los exonerados, pero es preciso actuar de acuerdo con la realidad económica del país.
Lo que ahora nos ocupa es la modificación de la ley Nº 19.234, dictada en agosto de 1993, que llevó a que miles de exonerados abrigaran esperanzas de justicia y de reparación. No obstante, sólo 4 mil 658 de ellos pudieron obtener el beneficio de una pensión, mientras numerosos hogares fueron embargados de frustración.
Se ha señalado aquí cuántos de los afectados ya no se hallan con nosotros: murieron con el anhelo y la ilusión de un resarcimiento. Por ello, con el mayor agrado votaremos las normas que flexibilizan el cuerpo legal citado, para que las esperanzas puedan concretarse siquiera en favor de las viudas, de los familiares.
Los señores Senadores que me han precedido en el uso de la palabra han detallado claramente los diversos beneficios que otorga la ley en proyecto. Deseo solamente repasar algunos de ellos.
Desde luego, se incorpora a los exonerados del Congreso Nacional, del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública.
En muchos casos se busca un reconocimiento de tres, cuatro, cinco, seis, diez meses -no más que eso-, para poder acceder realmente a los beneficios de los que se quedó al margen por haber sido interrumpida la labor o la actividad.
En seguida, sube el actual abono de tiempo por gracia, al computarse el lapso sin imposiciones previsionales que medie entre la fecha de la exoneración y el 10 de marzo de 1990, con un tope de 80 por ciento del período para los exonerados en 1973 y de 75 por ciento para quienes adquirieron esa calidad posteriormente.
Aumenta, asimismo, el abono de tiempo por gracia, de tres, cuatro y seis meses, según la fecha de exoneración, con un tope de 54 meses, juntamente con el nuevo monto inicial de las pensiones.
Y cabe mencionar, además, la apertura de otro plazo para impetrar los beneficios de la ley Nº 19.234, el término de la incompatibilidad entre las pensiones de exonerados y las de sobrevivencia otorgadas por el Instituto de Normalización Previsional, la reliquidación de los actuales 6 mil 400 bonos de reconocimiento, la generación de 6 mil 468 desahucios adicionales con motivo de las modificaciones que se introducen en dicho cuerpo legal y el nuevo pago de los desahucios cobrados fraudulentamente por terceros, concepto este último ascendente a 786 millones de pesos para 300 familias.
Éstos son algunos de los beneficios. Como hemos señalado, quisiéramos dar mucho más, si fuese posible. Pero, por lo menos, con mucha alegría y satisfacción, aprobamos lo ya explicado.
Saludo a los dirigentes de los exonerados que se organizaron en las comunas, en las provincias, en las Regiones; que tomaron contacto con los Parlamentarios de cada zona, quienes nos reunimos muchas veces con ellos y conocimos sus dolores y vivencias, los que hoy de alguna manera estamos reparando en parte. Actuaron con generosidad, con mucha prudencia. ¿Qué otra cosa se puede hacer sino apoyarlos con nuestro voto esta tarde?

El señor OMINAMI.- Señor Presidente, me sumo a la satisfacción expresada por otros Senadores ante la culminación exitosa del proyecto. Creo que se trata de una iniciativa especial, diferente de cualquier otra. Responde a un anhelo muy sentido.
Y, como otros Honorables colegas, valoro el esfuerzo de los dirigentes de los exonerados, que, con su perseverancia, jugaron un papel muy importante para hacer posible el trámite de esta normativa.
Valoro, también, la gran paciencia de los afectados. Son muchos -quizás demasiados- los años que llevan esperando este momento de reparación.
Valoro, asimismo, los esfuerzos de la oficina correspondiente del Ministerio del Interior, encabezada por nuestro amigo Humberto Lagos.
No es justo que se diga, señor Presidente, que el proyecto resulta discriminatorio. Por el contrario, constituye, simplemente, una iniciativa reparatoria. La exoneración por razones políticas importa un castigo ciertamente menos irreversible, como se podrá decir, que la muerte, que otros, pero es muy cruel. Son muchos miles los chilenos que fueron privados de la posibilidad de ganarse la vida y condenados a una existencia precaria durante largos años. Son muchos los compatriotas que quedaron marcados para siempre por esa situación y no han conseguido, desgraciadamente, rehacer sus vidas.
He tenido ocasión de conversar con ellos, de que nos reunamos en muchas de las comunas de la circunscripción que represento, como varios de los Senadores presentes también lo han hecho por su parte. Y he podido comprobar amargura producto, a mi juicio, de una cierta falta de generosidad que el país les ha demostrado.
Por de pronto, la ley Nº 19.234 finalmente incorporó un universo de exonerados bastante menor que el previsto en forma inicial. Y los beneficios otorgados fueron, asimismo, muy modestos. Llamo la atención respecto de iniciativas reparatorias aplicadas en otros países, como Argentina, muchísimo más generosa con las víctimas de los atropellos considerados.
De todas maneras, señor Presidente, expreso mi satisfacción por la culminación del proyecto, que corrige en parte, por lo menos, las injusticias registradas, y voto que sí.

El señor URENDA.- Señor Presidente, integré las Comisiones que conocieron la normativa en análisis y me pronuncié a favor de la idea de legislar, habiendo procurado mejorar algunas disposiciones. No obstante abrigar más de una reserva y tener más de una observación que formular, intenté cooperar al máximo para que el texto resultara lo mejor posible, sobre la base del ánimo de reconciliación.
Debo, sí, señalar dos cosas. En primer lugar, se trata de despachar una buena ley, para que impetren sus beneficios los realmente exonerados, no quienes no revistieron esa calidad. He tenido oportunidad de conocer, por circunstancias casuales, el caso de una persona que hoy aparece beneficiada sin haber cumplido con los requisitos.
Por otra parte, también se trata de corregir injusticias, aun con el beneficio de la duda. Pero no dejemos la impresión -como aquí ha ocurrido- de que como el gasto resultó en definitiva bastante menor de lo previsto, necesariamente debe hacerse, porque en este país hay muchas necesidades y ayer mismo tuvimos que aprobar un proyecto limitado por no haber recursos.
Entonces, debe elaborarse una ley adecuada, que considere todos los casos, e incluso -reitero- debe concederse el beneficio de la duda, pero no nos sintamos obligados a gastar todo lo calculado inicialmente, porque en este punto un error puede traducirse en un desembolso innecesario, en circunstancias de que hay muchos otros casos en que ello se justifica.
Cabe señalar que aquí se ha expresado que el 70 por ciento corresponde a pensiones mínimas. Al respecto, no olvidemos que cuando en la sesión de ayer se analizó la situación de todos los pensionados en Chile, se señaló que el 70 por ciento de ellos percibe una pensión mínima o menor que la mínima. En consecuencia, en este punto tal vez hay un reflejo de la conducta del país hacia los pensionados, más que un ánimo de perjudicar a los exonerados.
En general, coincido con el proyecto, pero por los argumentos vertidos por el Senador señor Prat considero que hay algunas normas que pueden traducirse en que personas que nada tengan que ver con una exoneración por fines políticos impetren sus beneficios. Por eso, estimo que la iniciativa debe contener algunas disposiciones relacionadas con las empresas privadas intervenidas, porque podría ocurrir -no me cabe duda de ello tras revisar los antecedentes- que personas que casualmente y por pocos días fueron incorporadas a la planilla de determinada empresa privada se igualaran a quienes fueron exonerados y se les cortó su carrera mientras prestaban servicios en la Administración Pública, en entidades vinculadas a ella, o en las reparticiones a que se hizo referencia.
Asimismo, deseo señalar que mis intervenciones en la Comisiones unidas tendieron a mejorar el proyecto, y que en beneficio de la duda siempre estuve a favor de aprobar sus normas. Pero estimo que deben introducirse a la iniciativa algunas correcciones de importancia, precisamente para que los recursos destinados por el país a estos fines puedan ser mejor aprovechados, en este caso para beneficiar a los exonerados, y en otros, a tantos pensionados que esperan obtener una pensión digna.
Por ello, reitero mi voto a favor de la iniciativa en general, sin perjuicio de mis observaciones sobre aspectos muy puntuales, a los que tendremos que referirnos cuando conozcamos de las indicaciones.

El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, como es obvio, el proyecto corresponde a un acto de reparación y de justicia tremendamente importante. Deseo aprovechar esta oportunidad para hacer una reflexión -aunque muy breve- de orden un poco más general.
Sin duda, lo que hoy estamos realizando tiene también algo de paradójico, de extraño, de sorprendente, porque quienes votaron a favor de la iniciativa no se arrepienten de la persecución que le dio origen. Es decir, la causa del problema sigue pendiente.

La señora MATTHEI.- ¡Obviamente!

El señor VIERA-GALLO.- Me parece muy importante dejar esto en claro después de la discusión sostenida en la sesión de ayer.
La persecución que hubo, continúa como un dato histórico, del cual no hay -por así decirlo- un "arrepentimiento". Como máximo, se dice que se tuvo un costo social, el cual, ojalá fuera lo menos fuerte posible.
Hoy se busca repararlo, lo que es algo positivo. Considero que ello vale la pena.
Por otro lado, ahora me planteo políticamente dos hipótesis posibles para esa actitud:
Una posibilidad es que se logró esto porque los perseguidos de ayer triunfaron hoy. Entonces, en este momento existen condiciones de democracia que producen una hegemonía cultural y política que determina esa posibilidad.

El señor CHADWICK.- Entonces, vamos a votar que no.

El señor VIERA-GALLO.- Ésa es la primera hipótesis.

El señor CHADWICK.- Nos está convenciendo de votar que no. ¡Qué manera de ayudar a las personas exoneradas!

El señor VIERA-GALLO.- Quizá sería positivo que ello ocurriera, Su Señoría.
En segundo lugar.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Señor Senador, no puede interrumpir, ya que estamos en votación.

El señor VIERA-GALLO.- La otra posibilidad es que, en definitiva, quienes ganaron el 11 de septiembre de 1973, lo siguen haciendo y éste es sólo un acto de generosidad, de humanidad, de bondad o de caridad. La historia ya se escribió.
Ambas hipótesis pueden sostenerse.
En resumen, quiero señalar en esta tarde que vivimos con esta ambivalencia en el proceso político chileno. Y dentro de ella, se produce hoy este acto importante. Pero no se borra la historia, ni tampoco los efectos de ella.
Por lo menos, quisiera ver en esto, si no un reencuentro sobre el pasado -lo cual, parece no ser posible-, al menos, un compromiso de todos para que estos hechos no se repitan. En otras palabras, deseo que al menos esto signifique que el día de mañana no haya una nueva persecución para que después, generosamente se tenga que dar un poco de dinero a los perseguidos, como un acto de simple caridad.
Voto que sí.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, no puedo dejar de referirme a las palabras que acabamos de oír.
La Ley Nº 19.234 fue aprobada por el Congreso Nacional, con el objeto de reparar situaciones que se produjeron a raíz de un momento excepcional que vivió nuestro país.
También pretendía avanzar en el camino de la necesaria reconciliación nacional.
Desgraciadamente, ésta exige algo que algunas personas son incapaces de tener: generosidad, sentido de futuro y saber olvidar los problemas del pasado.
Si siempre se están trayendo al presente los problemas del pasado, es fundamental entonces, preguntarse por qué se produjo lo que se produjo. Y al hacerlo, alguien va a encontrarse con que quizás muchos de los problemas que sufrieron las personas que actualmente están beneficiadas por esta ley, se debieron precisamente a la actitud y a las políticas absolutamente reñidas con el bien común, con la democracia y con un elemental sentido de justicia que imperaron en Chile antes de 1973; y que muchos de los que fueron responsables directos de esos problemas quizás hoy no necesiten de una ley que les conceda estos beneficios. Por eso, pueden permitirse el mantener abiertas las heridas.
Pero quienes sí los necesitan en realidad, también requieren que Chile se reconcilie, para que sea efectivo, no sólo el otorgamiento de beneficios, sino que para alcanzar la reconciliación.
Lamentablemente, se planteó aquí un tema que nos obliga a considerar seriamente que, cuando se habla de reconciliación, de verdad se está hablando de reconciliación; que, cuando se habla de defender los derechos humanos, realmente se está expresando preocupación por la situación de muchas familias afectadas y no se está haciendo simplemente un uso político de aquel concepto.
Desgraciadamente, también, acá se nos obliga cada cierto tiempo a recordar que los culpables del quiebre institucional de Chile se transforman en jueces, en circunstancias de que no tienen autoridad alguna para venir a dictar cátedra al Senado, lo ya se está haciendo costumbre por parte del señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra.
A mi entender, actitudes como ésa no benefician a nadie: ni a los exonerados ni al país.
Señor Presidente, no obstante la indignación que siento, doy mi aprobación en general al proyecto, a pesar de las palabras del Honorable señor Viera-Gallo.

El señor LAVANDERO.- Señor Presidente, creo que nos encontramos en presencia de un buen proyecto de ley y que los señores Senadores, cualquiera que sea la bancada donde se hallen sentados, están contribuyendo a la reparación y a un acto de justicia frente a una situación que había quedado pendiente a pesar de la dictación de la ley Nº 19.234.
Tal vez lo más destacable de la iniciativa -aparte dar a los eventuales beneficiarios la posibilidad de que se les reconozca cierto número de meses de cotizaciones o servicios computables para obtener su jubilación- es el hecho a que me referiré en seguida. Y quisiera que me escucharan los señores Senadores, para que se den cuenta de la injusticia atroz que se cometió en un momento dado.
Ese hecho afectó a alrededor de 300 personas, la mayor parte de ellas exiliadas y, por consiguiente, con residencia en el extranjero: un grupo organizado y con poder suficiente para actuar adulteró documentos y falsificó poderes para cobrar los desahucios de aquella gente.
Ése fue un hecho real, ¡absolutamente real! Hubo quienes falsificaron las firmas de quienes fueron exonerados y se hallaban exiliados, para cobrar sus desahucios.
¡Qué acción más repudiable que ésa! A esas personas no sólo se las exoneró, sino que, además, les robaron las indemnizaciones por años de servicio falsificándoles las firmas. Y quienes lo hicieron tenían poder suficiente como para introducirse en instituciones de Gobierno y falsificar cédulas de identidad para luego elaborar poderes -por supuesto, también falsos- con el objeto de cobrar los desahucios. Y éstos fueron pagados.
A eso se refería el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Senador señor Silva.
Tan atroz situación tiene ahora una solución, afortunadamente. Desde el Gobierno anterior veníamos luchando para que se reparara esa injusticia, lo que se hace en este proyecto mediante una modificación que agrega dos nuevos incisos al artículo 19 de la ley Nº 19.234.
Felicito al Ejecutivo por reconocer a los exonerados y exiliados ese muy legítimo derecho, que se les arrebató en forma tan escandalosa.
Otro aspecto destacable de esta iniciativa, señor Presidente, es el reconocimiento del derecho a obtener jubilación a los miembros de las Fuerzas Armadas que, siendo civilistas, defendieron la Constitución del 25. Por este solo hecho, no solamente fueron exonerados (eso ya es mucho), sino que, además, perdieron sus ahorros previsionales. Y a muchos de ellos les faltaban sólo meses para jubilar.
Ese punto -como expresé- también es destacable. Y me alegro de que aquí exista cierta unanimidad en la aceptación del proyecto, porque eso condice con el valor humano de Senadores de distintas bancadas que reconocen la injusticia cometida con innumerables chilenos -sean independientes o pertenezcan a cualquier partido político o corriente de pensamiento- que fueron exonerados y que, como consecuencia de ello, perdieron parte de sus privilegios económicos.
Sin embargo, aún subsiste un elemento de injusticia en algunos casos. En el de los profesores, por ejemplo, no se reconocen los bienios o trienios. Algo similar ocurre con ex funcionarios del Congreso Nacional y con ex miembros de las Fuerzas Armadas (cuando un coronel se acogía a jubilación, tenía acceso al grado superior). Pues bien, aquí no se reconocen a los exonerados los bienios, ni los trienios, ni los quinquenios; el sueldo base era pequeño. Tampoco se reconoce el acceso al grado superior. Se da a la pensión pertinente el carácter de no contributiva, lo que constituye una equivocación, pues en su momento los exonerados aportaron los recursos y la parte no contributiva comprende sólo dos o tres meses: es una porción ínfima, "el chocolate del loro".
Señor Presidente, aun cuando queda algo pendiente, reitero que éste es un buen proyecto; ha sido abordado con generosidad por señores Senadores de distintos sectores, y merece aprobación unánime.
Por eso, voto favorablemente.

El señor MORENO.- Señor Presidente, hablo en nombre de la Democracia Cristiana para exponer nuestra opinión sobre un problema que ha conmovido históricamente a nuestro país.
Este proyecto, que cuenta con el pleno apoyo de todos nosotros, en el fondo no sólo repara parcialmente un acto de injusticia, sino que apunta a un hecho mucho más profundo: a restituir la dignidad a miles de chilenas y chilenos que, por razones que aquí se han detallado, fueron excluidos, perseguidos, castigados, marcados a lo largo de su vida y de sus destinos, junto con sus familiares, sin que la sociedad chilena tuviera motivo para dar un trato semejante.
Hemos conocido el tema a lo largo de estos años, conversando directamente con muchas de esas personas. En la Región que represento, he escuchado a los exonerados de Rancagua, de Rengo, de Santa Cruz. Y lo propio he hecho con grupos de gente que no se halla incluida en la ley: los campesinos que fueron excluidos a través del decreto ley Nº 208, a quienes, al igual que a los exonerados políticos, se les castigó por haber tenido una ilusión, por haber creído en determinada forma -equivocada o no- de resolver los problemas en su país, en que la sociedad chilena abrió una herida muy profunda que, como hemos constatado esta tarde, hasta el momento no logramos restañar.
La normativa que nos ocupa devuelve a compatriotas nuestros, aunque sea tardíamente, el derecho a sentirse chilenas y chilenos en plenitud.
Es cierto que el número de beneficiarios es exiguo: 36 mil, de un total de 56 mil potenciales, más 4 mil que están en el decreto ley Nº 208 (entre estos últimos -me consta- hay innumerables familias campesinas que no han podido inscribirse para acceder a los beneficios previstos).
Por lo tanto, creemos que en este instante, más que mirar hacia las legítimas diferencias que tenemos sobre el pasado y las formas de resolverlas, debemos reconocer, a través de la aprobación unánime de este proyecto en el Senado, que la sociedad chilena abre nuevamente un espacio a quienes se sintieron castigados y excluidos.
Voto a favor y, en mi calidad de Secretario Nacional de la Democracia Cristiana, reitero el apoyo irrestricto de nuestro Partido a la iniciativa que nos ocupa.

El señor LAGOS.- Señor Presidente, hay "exonerados y exonerados". Están quienes creyeron en un proyecto político -ello sucede con los pobres y los trabajadores en todas las épocas y en todos los gobiernos- y, también, los amigos de las jerarquías, como los interventores y los grandes personeros de aquel período, que incluso a última hora ocuparon cargos, a los cuales igualmente hoy día se les está otorgando un beneficio.
Aquí siempre se castiga con las expresiones. ¿Y dónde están los responsables?
Porque debemos recordar que hubo exonerados y exiliados de "clase dorada". Pero a muchos de los exiliados de mi propia tierra los encontré en las calles, lavando autos, etcétera. Y no tenían absolutamente ninguna relación con quienes causaron el daño al país, con aquellos que indujeron a la violencia a jóvenes que fueron entrenados por hordas marxistas llegadas desde el extranjero.
Por eso, me parece justo que el proyecto -lo votaré favorablemente- otorgue determinados beneficios a gran parte de los exonerados.
Es del caso tener en cuenta, señor Presidente, que en aquella época muchos sectores fueron perjudicados. Recuerdo, por ejemplo, que los idealistas, cuando los transportistas -entre otros gremios; también el comercio- ejercíamos el legítimo derecho a paralizar nuestras actividades, nos retiraban los vehículos para destruirlos o llevarlos a los depósitos de la ETC o a otros lugares. Pero nunca lloramos, porque entendíamos que ése era el costo. Y éramos pequeños transportistas, a veces con sólo un cacharro. Sin embargo, felizmente, como nos agrupamos miles de personas, pudimos hacer un buen paro.
Nadie ha hablado jamás de los hermanos a quienes se asesinó en Leyda (sus camiones fueron quemados), ni de los pequeños comerciantes cuyos boliches -los "boliches de la esquina"- eran incendiados o saqueados.
Tampoco ha existido, a pesar de haberse planteado en repetidas ocasiones a los Gobiernos tanto del Presidente Aylwin como del Presidente Frei, preocupación por lo que ocurre con los trabajadores chilenos que debieron reconstruir la patria, para quienes hubo que crear sistemas de empleo como el PEM y el POJH, con sueldos míseros. Muchos de ellos han muerto. Y los que sobreviven no pueden jubilar hasta el día de hoy, por las lagunas previsionales que se produjeron a raíz de que el Estado no les hizo imposiciones. ¡Ahí están! ¡Nadie se acuerda de ellos, porque no eran políticos, porque no representaban a ningún Partido, ni nada por el estilo!
Entonces, me parece que en esta materia debe actuarse con justicia.
Nunca debió existir un "11 de septiembre". Pero existió. Y hay responsables. Se llevó al país a un grado de violencia cuyos resultados todos conocemos.
Por lo tanto, también es justo atender a otros sectores de trabajadores que fueron muy perjudicados. Hasta hoy, nada se ha hecho por ellos, a pesar de las propuestas formuladas a los dos Gobiernos de la Concertación. Y aprovecho que se encuentra en la Sala un representante del Ejecutivo para reiterar mi solicitud -ya la hice por oficio desde esta misma banca- de que haya preocupación por la gente que participó en la reconstrucción del devastado Chile, que llegó a tener en ese tiempo dos mil por ciento de inflación, que no podía exportar porque se encontraba bloqueado y que, aun así, se pudo levantar.
Ésa es la verdad. Y ojalá que algún día pueda efectuarse una discusión amplia sobre la materia, para determinar quiénes fueron los causantes del problema y el grado de responsabilidad que a cada uno le corresponde.
Voto a favor de la iniciativa.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Habiendo intervenido el último orador inscrito, se tomará la votación, alfabéticamente, a los señores Senadores que no han hecho uso de la palabra, quienes conservan el derecho a fundar su voto.

El señor LAGOS (Secretario).- Recuerdo a Sus Señorías que la votación es de quórum calificado. Por lo tanto, el proyecto requiere, para su aprobación en general, el voto favorable de a lo menos 25 señores Senadores.

El señor BOENINGER.- Señor Presidente, adhiero a las distintas expresiones de apoyo al proyecto vertidas en el curso de la tarde.
Quiero expresar un par de ideas sobre la materia, pero no sin antes observar que, de seguir la lógica del Honorable señor Lagos, tendríamos que compensar a unos 15 millones de chilenos.
En primer término, debo puntualizar que la aplicación de la ley Nº 19.234, que establece beneficios para exonerados políticos, mostró diversas deficiencias: dificultades para acceder al beneficio, vacíos de cobertura, insuficiencias en los plazos. Por ende, la iniciativa en estudio es una consecuencia lógica de esas limitaciones, que se tradujeron en un costo efectivo muy inferior a la estimación y provisión presupuestarias de la época.
En segundo lugar, suponiendo la existencia de excesos y errores en la aplicación de las normas pertinentes, no cabe duda de que las arbitrariedades cometidas y los daños moral y material derivados de tales acciones fueron de tal magnitud que, dada la envergadura de la situación que nos ocupa, esa valoración debe primar por sobre cualquier otra consideración.
Por tanto, siento que estamos en presencia de una obligación moral cuyo cumplimiento -como ya se ha señalado aquí- debería contribuir al mejoramiento de la convivencia nacional.
En tercer término, y en esa misma línea, deseo referirme a otra de las críticas parciales que se han hecho respecto del exceso de personal en las empresas intervenidas.
Ciertamente, puede haber habido contrataciones innecesarias. Es factible que algunos de esos casos no se hayan debido a factores políticos. Sin embargo, es necesario reconocer que cualquier reducción de personal en un Régimen democrático habría tenido un tratamiento radicalmente diferente del que se dio en aquella época y que, con toda seguridad, habría resultado más complejo y más gravoso que el derivado de las normas que estamos sancionando hoy.
Por último, considero absolutamente pertinente la referencia hecha a Argentina por un señor Senador. Ojalá el ejemplo de ese país, en cuanto a la conducta de los distintos actores en conflictos del pasado, fuera imitado en Chile en mayor medida.
Voto que sí.

El señor CANTERO.- Señor Presidente, el propósito de este proyecto es reparar el eventual daño moral y material causado a exonerados políticos, a personas que fueron víctimas de tristes circunstancias que vivió Chile producto de excesos, de la violencia que imperó en la sociedad, situación que fue atizada e impulsada entusiastamente por algunos de quienes nos acompañan ahora en esta Sala. Fue una ruptura institucional, una situación crítica y extremada, que se encarnó en actitudes de intolerancia, de odiosidad.
Por eso, hoy llama la atención la actitud de los que fueron protagonistas de esos hechos. Al respecto, me excluyo. Dejo constancia de que soy el Senador más joven en la Sala y de que no me correspondió participar en esos eventos; era estudiante en esa época. De manera que miro los acontecimientos desde un ángulo distinto.
Me sorprende ver que los mismos que ayer fueron protagonistas e impulsaron los actos de intolerancia y de odiosidad, hoy día, al parecer, desean nuevamente sembrar el mismo ánimo, igual virulencia; da la impresión de que, en una actitud de irrealismo, se olvidan de los hechos históricos, se cambian de escenario, y desde la óptica de hoy, desde el entorno histórico de hoy, desde el ambiente de convivencia de hoy, quieren evaluar las circunstancias que se vivieron en Chile entre 1970 y 1973.
Fueron años duros para todos. Es cierto que ha habido dolor. Pero es bueno comprender que no sólo en esas bancas hubo dolor; lo ha habido también, y mucho, en las otras bancas, y fue originado por actitudes que ustedes mismos han generado o generaron en su momento.
Por eso, resulta impropio e inadecuado observar a protagonistas que vimos impulsando esa odiosidad volver de nuevo con esa actitud. Pareciera que el transcurso de los años no ha templado adecuadamente sus espíritus, que no los ha impregnado el sentido de la prudencia y que todavía asumir la tolerancia.
Por eso, deseaba hacer resaltar estas ideas. Son las mismas personas que impulsaron la lucha de clases, la violencia como instrumento político, la vía armada para acceder al poder. Y aparece como una inconsecuencia el que hoy día adopten esas actitudes. Promovieron el odio, la descalificación, y no resulta aceptable que persistan en esas actitudes o pretendan volver tomarlas.
Es cierto que hay historias personales y también colectivas de cada uno de los sectores; pero mientras pretendamos que nuestra verdad es la única verdad, el país se halla condenado a seguir viviendo estas odiosidades. En tanto no exista una actitud de buscar efectivamente puntos que nos acerquen y centremos nuestra atención en lo que nos separa, es indudable que no vamos a avanzar en cerrar ese doloroso capítulo que vivió Chile, no progresaremos en establecer ambientes de reconciliación, ni tampoco en cerrar lo vivido, para no seguir heredando a las nuevas generaciones, 25 años después de esos hechos, los mismos odios, la misma violencia que vemos cada vez que se aproxima el día 11 de septiembre.
Ojalá que esos dolores, esa amargura, esa frustración y esa intolerancia constituyan la motivación para buscar puntos de reflexión, de encuentro. Las víctimas de los atropellos están en ambos bandos. El dolor vivido por Chile, por cierto, es un dolor que conmueve a todos. A nadie puede alegrar, por supuesto, el que haya habido pérdidas irreparables de vidas. Sin embargo, no podemos continuar promoviendo la animosidad que uno observa en ciertos protagonistas que en el pasado la sembraron.
El 11 de septiembre no hubo bandos ganadores. En mi opinión, ganó Chile. Hubo dolores, por supuesto. Pero, al menos, hemos podido superar situaciones que históricamente en otros países han sido tremendamente dolorosas. Debe tenerse capacidad de autocrítica por ambas partes, e invito y convoco a ella. No debe juzgarse la historia en forma parcial y no hay que dar espacio a la soberbia.
Con mucho gusto, señor Presidente, voto a favor, como un gesto de buena voluntad, de reconciliación, de reparación, y señalo el deseo de seguir avanzando en esta línea en la medida en que quienes vuelven a recrear esos escenarios -entiendo que pueden haber motivaciones que los lleven a ello- vayan renunciando a eso, y ojalá busquemos puntos que nos puedan unir y proyectar al país hacia el futuro.

El señor CHADWICK.- Señor Presidente, en primer lugar, anuncio que votaré favorablemente la idea de legislar. Sin embargo, antes de fundar el voto, deseo referirme a las expresiones vertidas por el Senador señor Viera-Gallo, por cuanto sus últimas intervenciones demuestran una lógica que me sorprende.
En el día de ayer, cuando discutíamos el proyecto sobre aumento de las pensiones, luego que el Ministro de Hacienda celebrara entusiastamente el acuerdo alcanzado sobre el particular, el Honorable señor Viera-Gallo, casi en forma única, señaló -sobre la base de una lógica inexplicable- que prefería, tal vez, que el acuerdo no se hubiese logrado, porque políticamente podía ser más conveniente el rechazo del proyecto, para demostrar al país las diferencias políticas que había respecto a ese problema. Y en el día de hoy, en que estamos alcanzando también un acuerdo muy relevante en cuanto a perfeccionar la ley de los exonerados políticos, nuevamente el Senador señor Viera-Gallo nos sorprende al suponer -casi en forma única hasta el momento- conflictos, intenciones odiosas, dando la impresión de que, tanto ayer como hoy, más que interesarle reparar una injusticia o solucionar una dificultad, le importa agudizar las contradicciones, tensionar los problemas o generar más conflicto.
Veo, lamentablemente, una diferencia entre el Diputado Viera-Gallo y el Senador Viera-Gallo. Parece que hoy está más preocupado de rendir un honor tardío, a mi juicio, a la definición marxista del Partido al cual pertenece. Creo que el Diputado Viera-Gallo se hallaba más preocupado de solucionar los problemas de la gente, y eso es lo más importante.
En cuanto al proyecto en análisis, deseo señalar que lo aprobaré por una razón muy especial y que, en mi concepto, es la más importante. En 1993, en mi calidad de Diputado, me correspondió participar en el debate de la ley N° 19.234 y la voté positivamente, pues veía en ella dos motivaciones muy relevantes: por una parte, se intentaba reparar situaciones de eventual injusticia, y por otra, se colaboraba en la generación de mecanismos que favorecían la reconciliación dentro del país, lo cual es muy trascendental en la perspectiva del desarrollo y la estabilidad de la democracia. Con posterioridad a la puesta en vigencia de la referida normativa, me correspondió en múltiples oportunidades, tanto en reuniones en Rancagua como en la oficina especial que estaba encargada de esta materia en Santiago, acompañar a comités de exonerados, específicamente a los ex trabajadores de la ex FIAT, de Rancagua. A estos últimos el espíritu de la ley sí los contemplaba; sin embargo, por razones prácticas de reglamentaciones, de exigencias, nunca pudieron acceder a los beneficios establecidos en ella. Cuando aprobamos esa ley en 1993, lo hicimos en el ánimo de que pudiera acoger a todas las personas que se encontraban en la situación que intentábamos subsanar. No obstante, por razones prácticas de administración y de reglamentación, que no han sido las más felices, quedó excluido un sector importante, que sí estuvo contemplado en el espíritu original de la ley.
Con dichos comités de exonerados me comprometí a que, cuando el Ejecutivo enviara el proyecto para mejorar y perfeccionar esas situaciones, yo iba a votar que sí, y estoy cumpliendo con ello. Porque hoy día, al igual que ayer, me anima el mismo propósito de contribuir a reparar una injusticia cuando ella ha existido y, muy en especial, colaborar a la reconciliación nacional a través de mecanismos que puedan, precisamente, orientarse en esa dirección.
Por eso, voto favorablemente la idea de legislar.

El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, prefiero votar después.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Pero, ese caso, no podrá fundamentar su voto.

El señor ERRÁZURIZ.- Entonces lo hago de inmediato.
En primer lugar, deseo celebrar la buena voluntad y el mejor ánimo demostrado por algunos Senadores, como ha ocurrido con el colega que representa a la Sexta Región, quien opina que, tras haber hecho uso de la palabra muchos miembros de esta Corporación, es normal que también lo hagan quienes a veces piensan de manera distinta. No obstante, considero que en relación con esta materia todos pensamos muy parecido.
Los años transcurridos han demostrado que el alzamiento militar de 1973 resultó ser un pronunciamiento necesario para volver al país a su cauce normal. Que se produjo un conjunto de atropellos, no cabe duda; que hubo un conjunto de situaciones que todo Chile ha lamentado, también es cierto. Hay que ser honestos y reconocerlo. Empero, tales situaciones no significan que esos actos hayan sido innecesarios o inconvenientes. Que hubo un conjunto de exonerados políticos, también es cierto y es innegable. Y lo que debemos hacer hoy es construir el Chile del mañana y no seguir pensando siempre en lo que sucedió ayer. La historia tendrá tiempo suficiente para juzgar esos hechos.
Por eso, señor Presidente, en este momento en que intentamos reconstruir un Chile y cuando ya se avizora el siglo XXI, tenemos que votar en la misma forma en que, por lo demás, lo está haciendo hoy el Senado, es decir, aprobando el proyecto.
Por lo tanto, como no me gusta latear y me gusta ser breve, voto a favor.
Le pido al señor Senador que se encuentra distraído en este momento que preste atención.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Su Señoría debe dirigirse a la Mesa.

El señor ERRÁZURIZ.- Señor Senador, le ruego que me escuche porque usted esperaba que hiciera uso de la palabra.

El señor MORENO.- Estaba comentando lo brillante de su intervención, Honorable colega.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ruego a los señores Senadores dirigirse a la Mesa.
Puede continuar haciendo uso de la palabra el Honorable señor Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.- Voto que sí.

La señora FREI (doña Carmen).- Señor Presidente, hoy siento un alivio muy grande porque en muchas ocasiones, durante estos años y en mi calidad de Parlamentaria, conversé con los exonerados, especialmente con los de Calama, y sentí una tremenda frustración por no poder solucionar el problema vital que los afectaba. Sobre todo, tal como ellos decían, porque teniendo influencias o amigos en el Gobierno no podíamos sacar adelante este proyecto. Por eso es que hoy siento una gran satisfacción y no sólo por el hecho de restituir algo que debíamos. No obstante, es penoso no poder devolver la vida a muchos que conocí y que murieron esperando este beneficio. Al quedar cesante una persona sufre toda la familia. Y, al respecto, en el seno de mi propia familia comentamos muchas veces la tremenda angustia que se vive cuando un jefe de hogar queda desempleado, más aún con la agravante de que esas personas estaban en lista negra y no podían encontrar trabajo. Esta situación familiar que produjo tantos malos momentos, sin duda afectó la relación del matrimonio, de pareja y a los hijos, y menoscabó psicológicamente a todo el núcleo familiar. Muchos matrimonios se destruyeron por esa razón.
Señor Presidente, no siento ninguna vergüenza en decir que realmente nos haría bien pedir perdón por lo que pasó, pues, de alguna manera, todos somos culpables. Algunos hemos hecho la autocrítica, pero lamento que muchos otros todavía no la hagan. Aunque demostremos algunos gestos de reparación, que en el fondo son materiales, ellos no hacen olvidar el dolor, la humillación y las frustraciones, porque para quien ha sido humillado, las heridas quedan en el alma. Y para muchos que nunca han sentido la prepotencia o la humillación es muy fácil hablar en esta Sala.
Por ello, más que un beneficio en dinero, estamos entregando una reparación para que todas las familias que tanto sufrieron sientan que todavía hay Parlamentarios que queremos seguir trabajando para que nuestro país realmente alcance la reconciliación. Lo decimos de corazón y no sólo con palabras.
Voto que sí.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, en mi primera intervención ya fundamenté las razones que nos llevan a considerar que ésta es una gran iniciativa y he pedido fundar mi voto solamente para hacer una referencia muy breve sobre el debate producido y que, no teniendo directa relación con el proyecto, sin duda se vinculan con asuntos que se encuentran incorporados en nuestra sociedad y en el Parlamento como representante de ella.
Deseo manifestar mi particular extrañeza por la dureza de la reflexión y de las opiniones que han vertido algunos Senadores de Oposición frente a la intervención del Honorable señor Viera Gallo, quien no ha hecho otra cosa que reconocer un asunto evidente y que consiste en que, respecto de los hechos del pasado, tenemos visiones muy distintas en el país y en esta Sala.
No comparto ni una palabra de lo que ha señalado el Senador señor Lagos como causas del golpe militar. Yo tengo otra interpretación. Pienso que no fue un desenlace inevitable. Creo que en 1973 perdieron los chilenos que buscaron una salida distinta a una crisis nacional: el General Prats, Bernardo Leighton, Salvador Allende, el Cardenal Silva Henríquez. También hubo quienes buscaron salidas diferentes de las que se dieron y eso forma parte de la historia.
Sostenemos un juicio distinto sobre el Gobierno militar. Pensamos que simplemente no se justificaron los masivos atropellos a los derechos humanos. Y cuando decimos esto, no lo hacemos desde la odiosidad, sino desde el rigor de quienes hemos realizado en el país un esfuerzo sistemático y permanente de reflexión histórica sobre nuestras responsabilidades. Si Sus Señorías analizan lo que hemos venido haciendo, pensando y escribiendo durante los últimos 25 años quienes ocupamos estas bancas, se van a encontrar con un esfuerzo riguroso y serio de reflexión autocrítica, no de renuncia a nuestros valores de ayer y de hoy: la lucha por la libertad y la justicia. Quisiéramos que ese espíritu reinara en todo el país, porque la verdad -y lo digo aquí francamente- es que no vemos en aquellos que defendieron el régimen militar y en sus autores una autocrítica de fondo respecto de cuestiones que, creemos, deben ser consensos nacionales.
Finalmente, deseo señalar que se ha malinterpretado o no ha habido oídos para escuchar la apelación final del Honorable señor Viera Gallo, que apunta a que los chilenos tenemos diferencias en cuanto al pasado y que ni unos ni otros podemos olvidarlas, pues los pueblos no pueden vivir sin memoria. La amnesia, individual y colectiva, es una grave enfermedad en la especie humana. Por ello tenemos la obligación de construir convivencia civil con memoria, con nuestras diferencias. Lo único que ha hecho el Senador señor Viera-Gallo al final ha sido exhortar a que por lo menos convengamos en algo: que los hechos del pasado no vuelvan a repetirse, cualquiera que sea la interpretación que sobre ellos tengamos.
Creo que esa última apelación mira al futuro, y que es completamente injusto calificarla como fruto de alguna extraña odiosidad, o de no haber aprendido lecciones. Nosotros hemos hecho por lo menos el esfuerzo (estamos conscientes y orgullosos de ello) para aprender también del drama de Chile, y de nuestros propios errores, que hemos reconocido hidalgamente.
Voto a favor.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, nada en la vida es fortuito, y la historia debe enseñarnos justamente a no repetir los errores. Un pensador ya ha señalado que los pueblos que olvidan su historia tienden a repetirla. Creo que en esta materia no se puede pedir olvido; nadie está dispuesto a asumirlo.
Por los avances en la línea de la reconciliación, por la cual estamos trabajando todos y cada uno de los ciudadanos, tenemos obligadamente que hacer las reparaciones y formular las críticas que corresponda. Ése es el camino que está llamado a seguir el Senado. Por eso es que cada vez que en el Congreso Nacional hemos tenido oportunidad de votar y despachar proyectos de ley de reparación, los hemos apoyado. Éstas no son palabras, sino sentimientos. En mi opinión, tenemos que construir estos sentimientos en común, y nadie va a olvidar lo que ha sucedido. Lo importante es no repetirlo.
Voto que sí.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, voy a votar favorablemente esta iniciativa en el espíritu de muchos de los señores Senadores que han participado en el debate, como una contribución a la reconciliación nacional, a la pacificación de los espíritus, a la adopción de una actitud que nos haga mirar las cosas de manera más positiva, incluso aquellas que ayer nos causaron dolor y división.
Lo hago como por lo demás he actuado desde que tengo participación en el Senado, al igual que desde antes lo hicieron otros integrantes de mi sector. Me mueve igual afán, y siempre con la voluntad de apoyar las iniciativas que, aunque de manera simbólica o representativa, contribuyen a paliar hechos del pasado que puedan haber causado injusticia, dolor o pesar. Lo hago también porque he escuchado a exonerados en Linares, en la zona que represento en esta Corporación, y he encontrado que enfrentan problemas reales, apreciando en ellos por sobre todo un muy buen espíritu, una actitud diferente, sin rencor ni ánimo de venganza, y tratando de resolver un problema que les aquejó y les causó dificultades de distinta naturaleza.
En ese espíritu estamos, señor Presidente. Y por eso lamento tener que unirme a las voces que han manifestado hoy su extrañeza por las expresiones del Senador señor Viera-Gallo, las que, como se señaló, no son aisladas. En estos días Su Señoría (y quizá si otras personas, en menor escala) ha utilizado una forma de referirse a esos hechos que a mi juicio no se compadece con el espíritu que estoy mencionando.
Recién el Honorable señor Gazmuri aludía, por ejemplo, al planteamiento del Senador señor Lagos, con el cual manifestaba su discrepancia. Me parece que eso está correcto: hay visiones distintas del pasado. Pero es allí donde debe producirse, en un clima de tolerancia, de respeto, en ánimo de convivencia, la aceptación de visiones diferentes, de explicaciones tal vez discrepantes no en grado menor, por la naturaleza y la magnitud de los hechos.
Sin embargo, la diferencia de visiones no puede justificar ciertas actitudes en las que muchas veces se incurre, y que producen las molestias. Una de ellas consiste en suponer intenciones en el otro, lo que normalmente va acompañado con la idea de que "yo soy el bueno y tú eres el malo". Es una visión maniquea en donde solamente la apreciación personal es la correcta, y se descalifica la posición del otro, o no se le cree cuando dice que actúa, por ejemplo, con ánimo de unidad, de reconciliación.
Una segunda actitud inconveniente, acaso más fuerte que la anterior, y lo digo con mucho aprecio, como lo hice personalmente ante el Honorable señor Viera-Gallo (perdonen Sus Señorías que haga una referencia personal): creo que lo que debe evitarse es poner odiosidad en nuestras palabras, porque es eso lo que produce la alteración. No lo hace la diferencia de opiniones, ya que ésas las vamos a mantener, probablemente, sin modificaciones. Serán el historiador y el futuro los que juzgarán lo que hicimos quienes hemos tenido alguna participación, mayor o menor. Pero es necesario hacer un esfuerzo que tiene que ver con eso, y tiene que ver también con el futuro.
Yo quiero saber si un Gobierno socialista encabezado, por ejemplo, por don Ricardo Lagos, el abanderado del Partido Socialista, va a representar el espíritu que aquí está mostrando el Senador señor Viera-Gallo. Ésa es una cuestión determinante. Pienso que el país tiene que saber la respuesta. Aquí se habla de perdón y olvido, y creo que realmente algo podemos hacer. No con el olvido, porque el olvido es una propiedad de la memoria que no depende de la voluntad; pero sí con el perdón, sí con la actitud de pacificación y de reconciliación.
Queremos saber si estas expresiones y esta actitud son compartidas. ¿Es eso lo que vamos a tener en un Gobierno encabezado por un dirigente del Partido Socialista? ¿O vamos a contar con la actitud que todos buscamos? A lo mejor nosotros no lo hemos hecho enteramente bien, ni como otros quisieran. Pero estamos realizando un esfuerzo a través de estas opciones, al votar favorablemente iniciativas que contribuyen a dar el paso. Sin embargo, y lamentablemente, nos encontramos en esas respuestas, en esas insinuaciones, en esas imputaciones, con espíritus que no se compadecen con la voluntad que tratamos de manifestar en esta oportunidad.
Voto que sí.

El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, señores Senadores, después de escuchar las palabras de varios Honorables colegas, si me dejara llevar por la emoción en lugar de hacerlo por la razón, no me quedaría otra actitud que votar en contra. Pero quiero especificar que no lo haré. Me guía un motivo quizá más noble: el contribuir con algunos gestos a mirar por el futuro de Chile junto a tantos compatriotas que así lo están haciendo.
Quiero explicar, sin embargo, que esto no significa desconocer un hecho histórico innegable, como es el del 11 de septiembre de 1973. Este hecho está ahí, en la historia. Pero tiene que producir un efecto, un efecto de enseñanza, de compromiso; el efecto de una gestión llevada a cabo entre todos nosotros, para que, debido a esa experiencia (apreciada desde puntos de vista tanto a favor como en contra) sufrida en conjunto, ella no vuelva a ocurrir en la historia de Chile.
Mi ánimo no es de beligerancia; es de comprensión y de fraternidad; de querer actuar de acuerdo a mi filosofía cristiana de vida, a la cual trato de adherirme sin hacer frecuente referencia a ella, como ocurre por desgracia muy a menudo, mientras con las acciones no se demuestra lo mismo.
Quiero que mis camaradas de armas que por una u otra razón han estado incluidos en esta situación, consideren que mi voto es un signo de camaradería y compañerismo en aras de un reencuentro entre todos los chilenos. Tengo en mente que asistí a las Comisiones unidas, y cuando se planteó por un señor Senador la idea de extender la fecha desde el 31 de diciembre de 1975 hasta el 10 de marzo de 1990, di mi voto favorable, a pesar de que las razones para el retiro de miembros de las Fuerzas Armadas durante ese lapso están claramente establecidas en causas disciplinarias, administrativas, no políticas, y en las que se siguió completamente la reglamentación que rige para esos casos.
Ahora, con el espíritu de efectuar una contribución, he resuelto apoyar esta iniciativa.
Por eso, voto que sí.

La señora MATTHEI.- Señor Presidente, en primer lugar, anuncio mi voto favorable a la idea de legislar. Sin embargo, no puedo dejar de expresar los sentimientos que me provocaron las palabras del Senador señor Viera-Gallo, principalmente, y también las del Honorable señor Gazmuri.
Soy hija de uniformado, y como tal, conocí y quise mucho a algunos altos oficiales de la Fuerza Aérea que lo pasaron muy mal a raíz del golpe militar. Uno de ellos -gran amigo de toda mi familia y al que más quería- murió en la cárcel después del golpe. Él no tuvo el privilegio, que sí tuvieron muchos políticos, de irse al exilio; debió quedarse en Chile y pagó con su vida, por la irresponsabilidad de los políticos.
El Senador señor Viera-Gallo tuvo la oportunidad de irse al extranjero y permanecer 10 años en Italia. Por la revista "Qué Pasa" hemos sabido también de muchos otros políticos que tuvieron el privilegio de estar afuera, y que además obtuvieron bastante ayuda de la solidaridad internacional. Pero la persona en que yo estoy pensando dejó a su mujer y sus hijos por un problema que no era de él. La verdad es que todos sabían de su simpatía por la Izquierda y de sus ideas de Izquierda, tanto de él como de su señora. Sin embargo, nunca tuvo problemas en la Fuerza Aérea. Su drama no fueron sus ideas; su drama se desencadenó cuando la democracia se vino abajo por la irresponsabilidad de los políticos. Recién ahí fue separado de su institución y encarcelado. Ahora se dice que fue por sus ideas. Pero no fue por eso: siempre las tuvo y siempre se las respetaron. Lo que sucedió, por la irresponsabilidad de los políticos, fue una imposibilidad de diálogo y de entendimiento, una odiosidad generalizada que hoy casi ya no podemos recordar.
Yo estuve en el exterior la mayor parte del tiempo de la Unidad Popular. Sólo volví al país un año después del golpe militar. Y cuando llegué, recuerdo, con horror, que mucha gente que yo consideraba razonable me decía: "¡Si el problema aquí es que no los han matado a todos!".
Ése era el clima imperante en Chile.
Hoy día, muchos no lo queremos entender así.
Ahora se juzga, con los criterios de hoy, lo que sucedió hace más de veinte años. Sin embargo, de la muerte de esos oficiales yo no culpo sólo al golpe mismo, sino a toda la situación que llevó finalmente al golpe. Y la verdad es que los atropellos, las arbitrariedades y la irresponsabilidad de muchos políticos de Izquierda están consignados en muchos documentos, entre ellos, la declaración de la Cámara de Diputados y las cartas del ex Presidente Frei.
Concuerdo con el Senador señor Gazmuri en que, efectivamente, había personas que estaban tratando de buscar una salida consensuada. Pero Su Señoría debe recordar que había mucha gente, igual de razonable y de patriota que la que él mencionó, que consideraba que la salida pacífica ya no era posible a esas alturas.
Concuerdo, asimismo, con el Honorable señor Viera-Gallo en el sentido de que ojalá eso no pase nuevamente; pero, en mi opinión, depende mucho de nuestra actitud el que efectivamente esos hechos no se repitan.
Se ha hecho algo bastante común que los Senadores de Izquierda hablen en contra de los masivos atropellos a los derechos humanos, como lo hizo hace un rato el Honorable señor Gazmuri. Para mí, nada justifica el atropello a los derechos humanos. Lo he dicho siempre: lo dije públicamente durante el Gobierno militar, cuando mi padre era miembro de la Junta de Gobierno, y lo he dicho después, públicamente también, en muchas oportunidades.
Estamos acostumbrados a que los políticos de Izquierda hablen en contra de los atropellos a los derechos humanos cuando se trata de Chile y cuando las víctimas son de su lado. Desgraciadamente, pocas veces he visto la misma condena cuando los asesinados han sido carabineros o cuando los problemas de derechos humanos han acontecido en países regidos por Gobiernos de Izquierda. Por ejemplo, siempre me ha llamado la atención que se recibiera en Chile a Honecker, y también que tantos políticos de Izquierda sigan apoyando a Fidel Castro, en cuyo país los atropellos a los derechos humanos han sido brutales y prolongados.
Voto que sí.

El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, en las últimas horas hemos tenido la oportunidad de hacer en el Senado una profunda reflexión, a la que no debemos temer, respecto de los hechos del pasado. Hemos de acostumbrarnos a que existen diferencias profundas en la forma de apreciar la historia reciente de nuestro país. Y tenemos que acostumbrarnos a decirnos las cosas. Lo peor es callarlas. En un país como el nuestro, en el que a menudo se pretende esconder, hipócritamente, tales diferencias, es bueno que nos digamos las cosas que pensamos, empezando en este Hemiciclo, a condición, naturalmente, de guardarnos respeto mutuo. Hemos aprendido a valorar lo que significa respetar a la persona humana. En este país, donde eso no se apreciaba y donde a los políticos se nos calificó de "humanoides", ha llegado el momento de valorar, dentro de una dimensión política, intelectual y espiritual, el que nos podamos decir las verdades sin temor. Lo demás es escondernos.
Yo valoro la valentía del Senador señor Viera-Gallo, porque lo que ha expresado lo siente desde lo más profundo de su ser. Es posible que sus apreciaciones o sus matices no sean compartidos, pero surgen de la honestidad de una persona que vivió y sufrió situaciones extraordinariamente dramáticas, como muchos de nosotros.
Algunos nunca hemos dado a conocer en este Hemiciclo lo que hemos sufrido. Nadie me ha dicho por qué permanecí detenido y preso en el Estadio Nacional y la Penitenciaría, cuando posteriormente fui declarado inocente. Nadie pagó por la destrucción de mi familia, y no sólo de mis familiares cercanos, sino también de otros parientes. Nunca he hecho siquiera una insinuación.
Si fuera argentino, habría sido reparado, porque todas las personas de esa nacionalidad que fueron víctimas de los atropellos y arbitrariedades de la dictadura militar de ese país fueron materialmente compensados. Aquí, ninguno de los más de cien mil chilenos -¡cien mil chilenos!- detenidos y torturados -digamos las cosas como son-, que fueron llevados a campos de concentración, ha pedido ser reparado. Lo único que hemos hecho en estos años es solicitar una compensación para quienes perdieron sus trabajos. Lo único que hemos hecho, y mal, es pedir al Gobierno que otorgue una compensación para aquellos que perdieron su empleo. No hemos realizado ningún esfuerzo -en algún momento tal vez debiéramos hacerlo- en favor de los muchos amigos y compañeros que quedaron baldados, con traumas sicológicos, con problemas de orden físico, y que son personas que vemos a diario en nuestra existencia. Ninguno de ellos lo ha pedido.
Pero eso, escúchese bien, no queremos decirlo para no aumentar nuestras diferencias. ¡Si nosotros también tenemos voluntad de reparación y de reconciliación! Y hemos actuado con absoluta honestidad, pero a partir de lo que somos. ¡No se nos pida otra cosa! No se nos pida que nosotros tengamos una valoración no negativa de lo que fue la dictadura.
Siempre hemos preguntado: ¿Se justificaron tantos atropellos? ¿Fueron necesarios? A lo mejor, entre los causantes, nosotros también debemos contarnos. Como lo señaló el Honorable señor Gazmuri, tuvimos parte de responsabilidad, y tal vez también todos los políticos, como acaba de decirlo la señora Senadora que me antecedió en el uso de la palabra.
Pero lo cierto es que siempre quedará rondando en la conciencia de quienes fuimos actores directos e indirectos de ese drama, si lo que ocurrió fue imposible de evitar.
¿Se justificaron tantos exonerados? ¿Por qué se persiguió a más de 60 mil personas? ¿Para qué? Muchos de los que están en las tribunas no fueron militantes de la Unidad Popular, ni de los partidos que la conformaban. Y, sin embargo, se los privó de su trabajo.
Tengo la impresión de que la mayor parte de los exonerados de las Fuerzas Armadas tampoco eran de la Unidad Popular. No obstante, tanto en la Fuerza Aérea como en la Armada y el Ejército, se exoneró a personas que no eran de la Unidad Popular. No es el caso del General Bachelet, porque él tuvo cargos muy importantes en el Gobierno del Presidente Salvador Allende. Por eso, seguramente, se le llevó a la cárcel.
Por último, señor Presidente, esta iniciativa de ley repara dos injusticias: la primera, en relación con los exonerados; y la segunda, tiene que ver más bien con lo que aprobamos en la ley anterior, en cuanto a que cuando discutimos esa legislación no fuimos capaces de prever que ella sería insuficiente.
Me alegro de la presentación de este proyecto, que espero que aprobemos, a fin de reparar en un mayor porcentaje a todos aquellos que anteriormente no fueron beneficiados por la ley anterior.
Voto favorablemente.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, quiero aprovechar el fundamento de mi voto, en primer lugar, para preguntar si en realidad debiéramos lamentar un debate de esta naturaleza. ¿Por qué preocuparnos, como aquí se ha dicho, de que se planteen ideas, visiones y percepciones distintas, no sólo del pasado y de cómo lo vivimos y de lo que se sufrió en uno o en otro sentido, sino también de cómo estamos enfrentando el presente y cómo queremos construir el futuro?
Esos elementos, en mi opinión, son fundamentales para poder confrontar ideas. Y es bueno preguntarse si no es tiempo de que empecemos en nuestra sociedad a encarar los problemas con mayor claridad y nitidez. Hay posturas, visiones, aspiraciones y sueños distintos entre los chilenos. No tenemos por qué renunciar a ellos. No tenemos por qué callarnos. No tenemos por qué pensar que en el análisis de un tema, por espinudo y difícil que sea, la decisión del interlocutor va a ser diferente.
Pero tal vez antes de enfrentar los problemas del futuro, sería bueno tener algunas bases mínimas de acuerdo y tratar de que los conceptos que manejamos sean parecidos.
No logro imaginarme cómo pueda considerarse un privilegio el mandar a una chileno, hombre o mujer, cualquiera que sea su condición, al exilio. Francamente, encuentro increíble que se plantee en el Senado que sufrir el exilio sea un privilegio. ¡El exilio es el peor de todos los castigos que puede sufrir un ser humano! ¡Es el desarraigo! ¡Es el alejamiento de la familia! ¡Es el marginar a un hombre de la cultura! ¡Enviarlo quien sabe dónde! Donde se pueda. Donde alguien lo reciba.
No, señor Presidente. Tenemos derecho a plantearnos si algunas de las cosas mencionadas realmente están bien dichas. Yo no creo que haya mala intención. Pero los conceptos que manejamos son muy distintos. Y lo mismo sucede con otros temas.
¿Acaso se va a negar acá la verdad irrefutable de que en Chile se violaron sistemáticamente los derechos humanos? Pero lo importante es que frente a tales temas actuemos con coherencia, sin hacer el distingo de que alguien acepte la violación a los derechos humanos, porque el Gobierno sea de un color o de otro. ¡Siempre hay que respetar los derechos humanos! ¡Eso es coherencia! ¡Eso es consecuencia! ¡Eso es mirar al futuro, partiendo de una base común! ¡Eso es lo que no queremos que se repita, nunca más, en nuestro país!
Entonces, a pesar de la divisiones del pasado, tenemos derecho a encarar el presente que nos entrega responsabilidades y que nos obliga, por el bien de Chile, a buscar acuerdos, a llevar adelante una transición y a dialogar, aunque tengamos diferencias. Hagámoslo a partir de las diferencias. Somos responsables de una transición y de hacer avanzar a esta sociedad que tanto ha sufrido y que tanto ha costado levantar.
Señor Presidente, me alegro de que el tema de los exonerados nos permita este tipo de discusiones. Porque el futuro sí que nos obliga a tener unidad en lo básico, en lo más permanente. Y me gustaría que soñáramos en el futuro con una democracia real, participativa, plena, entendida de manera igual por todos los que aquí estamos representando a la ciudadanía.
Y sobre ese tema también tenemos diferencias de opinión; pero hay que conversarlas, dialogarlas, discutirlas, sin tener temor.
Busquemos los acuerdos que permitan sentar las bases para el futuro, aunque éste lo veamos de manera distinta. Todos tenemos derecho a soñarlo de manera distinta. Podemos construirlo sobre la base de algunos aspectos elementales en común: los derechos humanos, el respeto a las personas, la democracia, la libertad y la búsqueda de una mayor justicia social.
Y el proyecto en debate, señor Presidente, nos permite, aunque sea en parte, reparar una injusticia más que evidente, como ha sido reconocido por todos. Y nos obliga también a ser capaces de empezar a reflexionar cómo vamos a encarar el futuro y de qué manera vamos a construir realmente una mejor sociedad, libre, justa y democrática para todos.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prat.

El señor PRAT.- Señor Presidente, me pronunciaré favorablemente respecto de la idea de legislar en general -entiendo que es lo que estamos votando-, conforme a las consideraciones y prevenciones que hice anteriormente.
Debo ahora agregar otra, que deberá resolver el Senado. Dos indicaciones no fueron analizadas por las Comisiones. Las conocimos en la Sala. Mediante ellas se incorpora a este beneficio a los parlamentarios que cesaron en sus cargos el 11 de septiembre de 1973 y se extiende el período para impetrar el beneficio al personal de las Fuerzas Armadas desde el año 1975 a 1990. Tales indicaciones, en lo que conocemos, no traen informe financiero de la Comisión de Hacienda, el que existe como requisito para que el Senado pueda pronunciarse sobre ellas.
Las Comisiones de Trabajo y de Derechos Humanos, unidas, analizaron el proyecto en debate al margen de la justificación de la ley Nº 19.234, que ahora se pretende modificar. Estimamos que la discusión ya se había hecho en 1993, y que lo que hoy día estábamos viendo implica un problema técnico: cómo incorporar a las personas que quedaron fuera de los beneficios de esa legislación, sin que ése fuera el espíritu de ella. En tales Comisiones no hubo un debate político como el habido ahora en la Sala.
Yo no desestimo los debates políticos. Creo que ellos son sanos; pero sería bueno que la ciudadanía pudiera saber que el Senado analiza las materias en forma técnica y que no lo entrampa un debate como el de hoy, quizás influido por la presencia de público en las tribunas o por un ambiente preelectoral en el que cada uno trata de tomar las banderas que, en este caso, son del pasado y no del futuro. Por lo tanto, estimo necesario hacer la prevención de que el Congreso también debe tener una dimensión técnica de los problemas.
Voto que sí.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, voto favorablemente el proyecto, en primer lugar, por las razones de justicia aquí mencionadas y, en seguida, porque pienso que él señala un punto elemental respecto de lo que deben ser las conductas del país y de toda sociedad civilizada.
En alguna medida, estamos tratando de reparar una injusticia en algo que es inconcebible en el tipo de sociedad que uno visualiza como el ideal del futuro o que debió serlo en las postrimerías del siglo que vivimos: que alguien pueda ser exonerado de su trabajo y sancionado o castigado por las razones políticas que sustenta.
No se trata sólo de reparar efectivamente el daño material que se pudo producir, o lo que significa la cesantía, sino también del hecho de que, de alguna manera, a través del reconocimiento de lo que sucedió, estamos aceptando la idea central de que el Estado, el Gobierno o quien corresponda, pueda sancionar, por razones de orden intelectual e ideológico, a los que desempeñan determinadas labores.
Por otro lado, en mi opinión, no se puede eludir lo que sucede en la discusión ideológica. Me parece que hace mucho tiempo el Senado debería haber realizado el debate político producido ahora, en la seguridad de que con él estamos construyendo las bases de una sociedad, sin caer en lo señalado por un señor Senador, en cuanto a que, lamentablemente, la Cámara Alta perdería el tiempo en el análisis de las ideas, pues su tarea debe referirse al tema técnico.

El señor BOMBAL.- ¡No fue así, señor Senador!

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Eso fue lo que se señaló.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ruego a los señores Senadores no interrumpir.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- No se puede afirmar eso ni tampoco enfrentarnos a las personas que están en las tribunas, señalando que aquí estamos hablando sólo porque es un tema electoral, o porque nos encontramos en un período determinado, o porque nos enredamos en ciertas cosas. Ése es el sentido de lo expresado. Revisemos después la versión y veremos que así más o menos se dijo.
No tengo el ánimo de agraviar a nadie; pero, ¡por favor! terminemos con la idea de que solamente cumplen con su deber quienes estudian temas técnicos y no los que estamos analizando algunas materias políticas.
Señor Presidente, querámoslo o no, hay una historia que deseamos que nunca más vuelva a repetirse. No queremos que de nuevo se imponga la irracionalidad de que se hablaba, que sucedió en aquel entonces y de la cual todos, de alguna manera, fuimos responsables. Pero que no se nos diga que ahora sólo buscamos el futuro, sosteniendo que debe olvidarse lo ocurrido sobre la base permanente de entender que la razón la seguimos teniendo cada uno de nosotros.
Me parece bueno que cada miembro del Senado pueda decir que está dispuesto a olvidar y a perdonar. Sin embargo, no se puede seguir insistiendo en que el 11 de septiembre de 1973 ganó Chile, en circunstancias de que ganó un grupo de chilenos y no el país. Ganó un grupo de personas que usaron la fuerza, y perdimos quienes estuvimos, a 48 horas de producido, en contra del golpe militar.
Y con la misma fuerza con que fuimos opositores al Gobierno de la Unidad Popular, jamás sostuvimos que era imposible entenderse, porque los precios que íbamos a pagar eran demasiado grandes. ¡Y los pagamos!
Porque cualquiera que haya sido la intervención que debía producirse, no se justifica que de una u otra manera -como aquí han dicho algunos señores Senadores- se atropellaran en exceso los derechos humanos y se terminara más allá de lo que la prudencia indica.
Por eso, el debate político hay que hacerlo con claridad y tranquilidad. No tenemos una visión concordante del pasado, pero sí de lo que deseamos hacia el futuro.
No asumamos con nuestra actitud, permanentemente, el afán de que debe pedir perdón el de enfrente y no comenzar por nosotros mismos. Pues, si no reconocemos primero nuestros errores (como muchas veces lo hemos hecho desde estas bancas y también de otros sectores de la Concertación), no habrá un reconocimiento de las equivocaciones y excesos que cometieron quienes estuvieron en el poder desde 1973 hasta 1990.
Señor Presidente, voto a favor del proyecto.

El señor VALDÉS.- Señor Presidente, el debate habido demuestra que, aparentemente, todos estamos de acuerdo en lograr que quienes tuvieron la desgracia de perder sus trabajos en una época pasada obtengan una reparación; pero también demuestra que no coincidimos en nuestra opinión respecto de lo que sucedió durante el Gobierno de la Unidad Popular; de las razones que hubo para el golpe militar ni de lo que sucedió después.
Nadie debe quejarse de que cada cual tenga su propia visión de los hechos. Porque cada uno es uno mismo y sus circunstancias, y necesariamente vemos la historia desde distintos ángulos.
Se pide a la Concertación que dé pruebas de reconciliación. Pienso que ese pedido debería ser tomado en cuenta también por quienes lo hacen, debido a que, realmente, el Senado ha sido, en los últimos ocho años, un lugar privilegiado para que nos encontremos y demostremos que estamos dispuestos a trabajar juntos, sin olvidar el pasado, porque éste no se olvida, pero tampoco repetirlo ni mucho menos vivir en ese pasado.
Estimo que nadie tiene derecho a enojarse por lo que piense otro respecto de la naturaleza de los hechos. Porque los Senadores que sufrieron durante ese largo tiempo y ahora están aquí, tienen un doble derecho: expresar su pensamiento y reclamar por lo que padecieron; y, además, acreditar que han sido elegidos por el pueblo para que expresen su opinión.
Todos quienes estamos en la Sala tuvimos responsabilidades. Por lo tanto, nadie puede ser juez de otro. Todos estamos por la reconciliación y necesitamos hechos concretos para que, con el tiempo, ella sea plena. Todo debe ser aclarado, incluso el destino de los desaparecidos. Lamentablemente, no está en nuestras manos reparar su pérdida.
Tengo confianza y fe en que vamos a seguir avanzando; y no es obstáculo para ello debatir los hechos con tranquilidad, máxime cuando su aclaración va a demorar.
Boris Yeltsin, después de 80 años, ha pedido perdón por el atroz asesinato del Zar Nicolás y su familia, quien estuvo envuelto en la quizás más grande revolución de la historia, en donde el régimen comunista causó el mayor número de víctimas que jamás otro ha producido.
En estas materias, a mi juicio, se trata de eliminar la emoción que todavía está presente y usar la razón para superar el pasado. Creo que todos tenemos el derecho y la obligación de declarar que nunca más deberíamos colocarnos en riesgo de que sucedan los mismos hechos. Pienso que esta iniciativa va en el camino adecuado. No será la última, ni todavía es suficiente, pero como me parece importante, votaré a favor de su aprobación.

El señor VEGA.- Señor Presidente, creo que el origen del proyecto tiene un propósito muy legítimo, cual es el de reconocer un derecho a un grupo importante de nuestros conciudadanos, entre los cuales se encuentran diversos oficiales, suboficiales, y empleados civiles de las instituciones de la Defensa y de Orden. Se han expresado en esta Sala importantes opiniones, realmente también muy legítimas. Tal vez no esté de acuerdo con algunas de ellas por estimar que son motivo de otro debate, quizá del análisis de nuestra historia reciente, que es mucho más profundo y mucho más sensible.
Creo que el propósito fundamental del proyecto es reconocer tal derecho a ese grupo de personas exoneradas, como gesto y señal de integración de todos nosotros, de la intención que hoy día tiene el pueblo de Chile de mirar unido hacia adelante. He conversado con numerosos de estos exonerados, he conocido de sus angustias, de sus problemas, de sus dolores. Por supuesto, una familia bajo estas circunstancias se encuentra obviamente sometida a una presión sicológica sumamente impactante.
Las Fuerzas Armadas están integradas por grupos pequeños de personas, unidas por un ideal común, por una doctrina, por principios. Eso es lo que le otorga su fortaleza. A una institución de la Defensa su fuerza no se la otorga el armamento, ni lo sofisticado de éste. Se la otorga la gente que en ellas opera y la vocación que cada una de ellas tiene por estas doctrinas.
Me parece que en la sociedad pasa algo semejante. Pienso que todos estamos sumamente interesados, patrióticamente, en mirar en conjunto el futuro, sin divisiones. Si queremos salir de nuestra pobreza, si queremos superar nuestro subdesarrollo, si queremos estar presentes en el próximo siglo como país desarrollado y participar en el diálogo mundial, formando parte en esta globalidad mundial en un lugar profesional, no en una liga secundaria, debemos enfrentar el problema unidos. Y éste es un punto importante por considerar. Este proyecto constituye tal vez el inicio de esta integración que hoy día necesita nuestro pueblo para enfrentar ese futuro promisorio que se merece.
Sé que sobre este tema hay muchas opiniones, porque la historia es compleja y requiere de mucho tiempo poder analizarla de acuerdo al prisma de cada cual. Sin embargo, votaré favorablemente esta iniciativa legal, porque creo en mi patria, creo en mi pueblo y creo que éste se merece un futuro mucho mejor.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, en homenaje a la paciencia proverbial, yo diría, que han tenido decenas de miles de compatriotas nuestros, habría sido más conveniente haber votado este proyecto sin discusión o con una discusión acotada en los términos que nos pidieron los Senadores informantes: el Honorable señor Prat, de la Comisión de Trabajo; el Honorable señor Foxley, de la Comisión de Hacienda, y el Honorable señor Silva, de la Comisión de Derechos Humanos.
Aquí hay una urgencia que habría justificado que nos hubiéramos pronunciado realmente sin entrar a una discusión sobre las causas o motivos que explican lo que ocurrió en Chile como consecuencia del golpe de Estado del año 1973. Pero debemos entender la naturaleza misma de la transición política chilena. Quizás por eso no ha sido posible tener en esta Sala o en otras instancias políticas el debate que correspondía. Considero que sería bueno hacerlo, pero también lo es que entendamos y apreciemos que, por la misma forma como hemos llevado adelante la transición, tras ocho o nueve años de haber recuperado la democracia, hoy día nos encontramos en situación como país que nos permite pensar que tenemos el derecho y la posibilidad de contar con un futuro mucho mejor.
Puede ser conveniente que tengamos esa discusión y, desde ya, desde estas bancas estamos muy abiertos a ella. Pero no creo que sea conveniente que en cada uno de estos proyectos volvamos a escuchar explicaciones -que más bien deberían ser excusas- de por qué pasaron tales y cuales cosas. Pero a estos chilenos que tienen la calidad de exonerados políticos, que fueron víctimas absolutamente inocentes, lo que les interesa es que les resolvamos su situación, y lo hagamos bien.
Esto es lo que nos debe llevar a votar a favor este proyecto que permite verdaderamente reparar en parte a varias decenas de miles de chilenos. Pero es necesario también que tengamos conciencia de la conveniencia de hacer otros gestos tendientes a que la reconciliación nacional vaya más allá de reparaciones muy justas como éstas, porque eso es lo que, en definitiva, nos va a permitir tener una democracia sólida y poder seguir caminando y abriendo un proceso cada vez más amplio. De no hacerlo así, de andar siempre buscando más bien la culpa o las responsabilidades en los otros y no asumir verdaderamente lo que cada uno de nosotros tiene que hacer, no vamos a dar pasos serios para la reconciliación. El alma nacional está herida y eso es producto no sólo de un desencuentro que hubo entre la sociedad chilena que se cristalizó el 11 de septiembre de 1973, sino que también está herida porque no hemos sido lo suficientemente generosos, audaces y, yo diría, patriotas para que cada uno, asumiendo su cuota de responsabilidad, piense en el futuro del país y, sobre todo, en aquellos chilenos que fueron víctimas absolutamente inocentes y que han pagado con creces las consecuencias de lo ocurrido.
Por eso, voto a favor del proyecto que modifica y perfecciona una ley dictada en su oportunidad para resolver un problema cuya solución era para todos necesaria.

El señor ZALDÍVAR , don Andrés (Presidente).- Como en estos momentos no se encuentra presente el señor Vicepresidente para los efectos de reemplazarme en la presidencia de esta sesión, solicito la anuencia de la Sala para realizar mi intervención desde la testera.
Acordado.
En primer lugar, como una de las personas que también sufrieron el exilio -y, excusándome se lo manifesté a la propia Senadora Matthei-, no puedo dejar pasar la afirmación que ella hizo, aun cuando me dio una explicación sobre el particular.
Respecto de nadie, ni de mi peor enemigo, consideraría el exilio un privilegio, pues constituye una pena dramática para cualquier persona, en cualquiera circunstancia y lugar que se aplique. El Papa Juan Pablo II, en una oportunidad en que estuvimos reunidos con motivo de Año Nuevo, nos señaló que el exilio era la peor pena que podía sufrir una persona después de la pena de muerte. Y yo digo que, efectivamente, quienes hemos sido víctimas del exilio sabemos la huella que deja y lo que eso significa.
Por eso, cuando asumí la Presidencia del Senado, manifesté que no guardaba ni rencor ni odio contra nadie, ni aún en contra de aquellos que me hubieran afectado, porque creía en la necesidad de buscar reencuentros y evitar que alguna vez más tuviéramos que sufrir ese tipo de circunstancias, cualquiera que sea la persona que pudiera ser la víctima.
Pero, además, deseo referirme a esta iniciativa, que no es otra cosa que retomar algo que realizamos hace ya algún tiempo también en el Senado con la ley Nº 19.234, de lo cual me felicito por el hecho de que hayamos abierto la posibilidad de reparar siquiera en parte el daño que se provocó a miles de familias chilenas, representadas por trabajadores, tanto del sector público como del privado, que, por razones a mi modo de ver injustas, inaceptables, fueron separados de sus trabajos. Se trataba de gente que en la mayoría de los casos no pudo lograr otro empleo, personas que hoy día están ya cargadas de canas e imposibilitadas muchas veces de hacerse un ingreso adicional.
Hoy día me congratulo por cuanto el Senado, de acuerdo con el resultado de la votación, ha dado aprobación unánime a esta iniciativa, en donde hay participación de todos por tratar de corregir defectos que se cometieron al aprobar la ley Nº 19.234. De acuerdo con los antecedentes que se tienen, esta ley ha otorgado beneficios a 33 mil 800 trabajadores exonerados; y según los cálculos que se manejan, habría del orden de 56 mil personas afectadas por esta circunstancia. Por lo tanto, este proyecto permitiría 7 mil nuevas pensiones, 13 mil nuevas reliquidaciones y 6 mil 400 bonos de reconocimiento.
Además, se da solución a algo que también es grave, aunque el número de personas beneficiadas no es elevado. Hubo 300 trabajadores del sector público que, cuando quisieron cobrar sus desahucios, se encontraron con que éstos habían sido cobrados fraudulentamente por otras personas. Con la iniciativa se repara este daño, que no tiene por qué ser pagado por esa gente.
Asimismo, se consigna un beneficio importante, aunque tampoco favorece a muchas personas. Me refiero al otorgado a las madres de los hijos naturales del causante, que tampoco estaba contemplado en la ley Nº 19.234.
Por otra parte, se abre un plazo de seis meses adicionales para presentar las solicitudes de beneficios contemplados en la ley, a fin de lograr efectivamente esta reparación.
Tampoco quiero dejar pasar una afirmación hecha por un señor Senador -excúsenme, Sus Señorías, que me refiera a esto, pero no lo hago con el afán de polemizar-, en el sentido de que 25 millones de dólares (9 mil millones de pesos), que es el costo que tiene la aplicación de esta iniciativa, podría ser una suma exagerada.
Le pediría al señor Senador que sacara las cuentas. Pero si lo hacemos y dividimos esa cantidad por 56 mil, veremos que el costo de reparación para cada uno de estos trabajadores sería inferior a 500 dólares al año, menos de 200 mil pesos anuales, es decir, 17 mil pesos mensuales. Y yo digo que bien vale la pena pagar 17 mil pesos mensuales para reparar siquiera en parte lo que ha significado un drama que ha arrastrado por largo tiempo la familia del mundo exonerado.
Por esas razones, voto que sí.

El señor LAGOS (Secretario).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (42 votos favorables).
Votaron los señores Bitar, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Cordero, Chadwick, Díez, Errázuriz, Foxley, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Horvath, Lagos, Larraín, Lavandero, Martínez, Matta, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Novoa, Núñez, Ominami, Páez, Parra, Pizarro, Prat, Ríos, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Stange, Urenda, Valdés, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Conforme a lo acordado por los Comités, debemos despachar el proyecto en esta sesión.
Por tanto, propongo dar por aprobados también en particular todos los artículos que no fueron objeto de indicaciones.
Previamente, recuerdo que las indicaciones que han llegado a la Mesa son las siguientes: dos del Ejecutivo; una del Senador señor Prat (propiamente no es una indicación), para que se vote por separado la letra c) del número 5 del artículo 1º, y dos del Senador señor Urenda. Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el número 6º del artículo 62 de la Constitución Política, la Mesa declara inadmisibles estas indicaciones.
En seguida, si le parece a la Sala, se darán por aprobados en particular todos aquellos artículos que no fueron objeto de indicaciones.
--Se aprueban.

El señor URENDA.- Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Su Señoría se referirá a la inadmisibilidad?

El señor URENDA.- Sí, señor Presidente

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor URENDA.- Señor Presidente, quiero señalar que, a mi criterio, la decisión de Su Señoría no se ajusta a las normas constitucionales, porque, si se lee exclusivamente el número 6º del artículo 62 de la Constitución Política, podría quizás llegarse a esa conclusión. Pero si comparamos las diversas normas de este artículo, tendremos que ver, primero, que hay materias que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República y, en consecuencia, éste es el único que puede abrir debate sobre ello. Es efectivo que el número 6º, en su inciso primero, dice que será de iniciativa exclusiva suya "Establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado.". Pero, a continuación, el inciso final expresa que "El Congreso Nacional sólo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el Presidente de la República.".
Las indicaciones que formulo a este respecto implican de alguna manera disminuir un beneficio o una petición que el Presidente de la República hace en el proyecto, toda vez que estos incisos que él propone suprimir contienen determinadas exigencias, las que, con las indicaciones que yo formulo, son reducidas sustancialmente. Pero la materia fue propuesta por el Presidente de la República; él había abierto debate sobre esto. En consecuencia, no estamos creando una nueva instancia.
Por otra parte, no está de más señalar -hago la observación aprovechando la coyuntura, para no dejar un vicio en esta materia- que todos aprobamos modificar el número 2 del artículo 1º del proyecto en cuanto al plazo. Y sería conveniente que esa materia pudiera ser salvada por el Ejecutivo. Yo también concurrí a ampliar el plazo. Ahí tenemos un caso típico que, de acuerdo con el criterio del Presidente del Senado, es de iniciativa exclusiva del Primer Mandatario.
Pero en el caso concreto a que me refiero, es indudable que el Presidente de la República ha tenido iniciativa sobre la materia, y mientras él ha propuesto -por así decirlo- cien, yo sugiero que el Senado apruebe diez. Porque esta disposición establece exigencias de cinco, cuatro, tres, dos y un año de servicios, con determinado número de años de imposiciones, respecto de los exonerados de las empresas privadas intervenidas. Y la misma situación se repite en el actual inciso quinto del artículo 6º de la ley Nº 19.234. Lo que pretendo es que la exigencia hoy existente, de cinco años y, además, de determinados años de imposiciones, se reduzca para estos fines, exclusivamente, a un año; es decir, que realmente se refiera a personas que hayan sido trabajadores de las empresas intervenidas.
Creo no estar saliéndome de la Constitución y que el criterio que sienta el señor Presidente del Senado disminuye aún más las facultades del Parlamento, porque ya querría decir que no nos quedaría más que homologar lo que el Primer Mandatario plantea, si prescindimos del verdadero alcance del inciso final del artículo 62 de la Carta.

El señor PRAT.- Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En materia de inadmisibilidad, es la Mesa quien tiene facultad para declararla. Por lo tanto, no voy a abrir debate, salvo que me pidan que se vote por la Sala.
Personalmente, no tengo duda alguna de que la indicación es del todo inconstitucional. Porque, de acuerdo con el texto claro de la Constitución -no soy su autor, y tampoco he querido restringir las facultades del Parlamento-, corresponde al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para "Establecer o modificar las normas sobre seguridad social", etcétera. Y la indicación presentada por el Senador señor Urenda implica establecer normas sobre seguridad social.
Lo único que podemos hacer respecto del planteamiento del Ejecutivo es aceptar o rechazar.

El señor URENDA.- Y disminuir.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En este caso no es disminuir, sino establecer una norma sobre seguridad social. Y daré lectura a los dos incisos propuestos mediante la indicación de Su Señoría, para justificar mi posición.
El inciso tercero que el Honorable señor Urenda sugiere para el artículo 6º de la ley Nº 19.234, en reemplazo del actual, dice:
"Para obtener la pensión a que se refiere el inciso primero, los exonerados de las empresas privadas intervenidas deberán acreditar, además, haber prestado servicios en la empresa de la que fueron exonerados, al menos durante un año, contado hacia atrás desde la fecha de la exoneración.".
No es otra cosa que establecer una norma de seguridad social.
Y el inciso quinto que el señor Senador propone para el mismo artículo, en sustitución del vigente, expresa:
"Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, los exonerados de las empresas privadas intervenidas deberán acreditar, además, un período de servicio anterior a la exoneración, de a lo menos un año, prestados en la empresa en que trabajaban al producirse esta última.".
Eso no es otra cosa que establecer una norma de seguridad social.

El señor PRAT.- Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Por lo tanto, declaro inadmisible la indicación, de acuerdo con la facultad que me confieren el Reglamento y la Ley Orgánica del Congreso Nacional.
Tiene la palabra el Honorable señor Prat, pero no para abrir debate sobre el tema,¿

El señor PRAT.- No, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿pues ya declaré inadmisible la indicación del Honorable señor Urenda.

El señor PRAT.- Señor Presidente, sólo deseo hacerle ver que la norma en que recae la indicación ya existe; por ende, no la está proponiendo el Honorable señor Urenda. Ella rige para todos. Pero, para posibilitar mejores condiciones, exige a veces dos años, y para mejorar las condiciones, tres.
A todos se les exige un año, a lo menos. Por lo tanto¿

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Señor Senador, reitero que no abriré debate sobre el punto. Ya declaré inadmisible la indicación. Es mi facultad, y la ejerzo.
En consecuencia, no hay discusión sobre la materia.

El señor URENDA.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Sí, señor Senador, pero no para debatir el asunto.

El señor URENDA.- No, señor Presidente. Quiero hacer una proposición, atendidas las circunstancias.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor URENDA.- Señor Presidente, creo que podemos estar sentando un mal precedente para el Senado.
Ahora, no es mi ánimo retardar el despacho del proyecto. Sugiero, entonces, dar por retirada la indicación, para que Su Señoría no tenga que declararla inadmisible. Y en otra oportunidad debatiremos el aspecto técnico-constitucional, que, a mi juicio, tiene una trascendencia que excede con mucho este proyecto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Agradezco la deferencia de Su Señoría. Y me parece bien que con posterioridad podamos discutir más a fondo el punto. Pero mi convicción es absoluta. Por tanto, he procedido con mucha claridad.
Muchas gracias, señor Senador.
Doy por retiradas las indicaciones.

El señor NOVOA.- Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- La tiene, Su Señoría.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, entiendo que la proposición recaída en las normas a que se refería la indicación formulada por el Honorable señor Urenda no fue aprobada por unanimidad. ¿Se puede someter a votación?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Anteriormente requerí el acuerdo de la Sala para dar por aprobados todos los artículos que no hubieran sido objeto de indicación.
Si Su Señoría estima posible interpretar que había indicaciones al respecto y si, además, consideramos que el Senador señor Prat presentó indicación para rechazar la letra c) del Nº 5 del artículo 1º, corresponde votar.
El señor NOVOA.- Votemos, entonces, la indicación del Honorable señor Prat. Es lo mismo. El señor LAGOS (Secretario).- El Senador señor Prat formuló indicación para rechazar la letra c) del Nº 5) del artículo 1º del proyecto, que suprime los actuales incisos tercero y quinto del artículo 6º de la ley Nº 19.234 y las tablas que contienen.

El señor VIERA-GALLO.- Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- La tiene, Su Señoría.

El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, el Senador señor Prat explicó esta indicación cuando hizo uso de la palabra después de rendir su informe.
A juicio de Su Señoría y de otros Parlamentarios de Oposición, la situación de que se trata podría haber beneficiado o beneficiar en el futuro a personas que habrían sido contratadas en las empresas privadas intervenidas muy poco antes de ser exoneradas.
Eso fue ampliamente discutido en las Comisiones unidas, y se llegó al convencimiento de que lo que pretendía el Ejecutivo, de acuerdo con el Comando Nacional de Exonerados, era homologar la situación de los empleados de la Administración central del Estado a la de los trabajadores de las empresas privadas intervenidas.
Se pidió la lista de dichas empresas; el Gobierno la entregó, y se comprobó que en su mayor parte fueron devueltas a los antiguos propietarios, a fines de 1973 o a mediados de 1974, sin contar las nuevas empresas que, a su vez, intervino el Régimen militar.
Ahora bien, el derecho a que da origen la disposición en comento sólo beneficia a las personas que pudieren haber sido exoneradas en el período de la intervención. Y se nos explicó también que la mayor parte de los exonerados lo fueron una vez restituidas las empresas a sus antiguos dueños. O sea, el beneficio sólo rige por el período transcurrido entre el 11 de septiembre de 1973 y la fecha de devolución de las empresas a sus propietarios originales.
Según una estimación del Ejecutivo, se trata de un universo no superior a las 200 personas. Ello fue rechazado por el Senador señor Prat, quien estima que el número de beneficiarios podría ser exorbitante.
Nosotros, por el contrario, haciendo fe de la situación en que se encontraban las empresas en ese momento; considerando la naturaleza de la exoneración, que no tenía que ver con racionalidad administrativa, sino, básicamente, con una causal política; y dados todos los trámites que el exonerado debe hacer para acreditar su condición, que son a veces bastante estrictos y, al final, dificultan obtener el reconocimiento, pensamos que la indicación del Honorable señor Prat debe rechazarse.

El señor PRAT.- Señor Presidente, la indicación que planteé es para mantener la ley Nº 19.234 como está: en la forma en que la propuso el Gobierno del Presidente Aylwin y en que la aprobó el Parlamento, que, a mi juicio, es razonable, pues establece plazos mínimos de antigüedad en la empresa al momento de la exoneración para tener acceso a los beneficios que ella otorga.
¿Cuál es la razón de la norma, qué motivación se tuvo en vista en su oportunidad? Que el acceso a la Administración Pública estaba regido por ley y, por tanto, era conocido de todos. En cambio, no existían normas para acceder a las plantas de personal de las empresas intervenidas, que se regían por el Código del Trabajo.
Por consiguiente, nos encontramos con que en numerosas empresas ingresó a la planta personal innecesario. Muchas veces hubo motivaciones de orden político. En otras oportunidades se trataba de familiares del interventor que en algunos casos ni siquiera conocían la empresa y aparecían en la planilla de sueldos. Eso es lo efectivo.
Por algo esas empresas, al año 1973, arrojaban un conjunto de pérdidas del orden de 500 millones de dólares de la época, pese a que antiguamente daban utilidades, hecho que precisamente motivó su intervención.
Entonces, si se trata de relatar la historia, contémosla como fue. Y eso es lo que no podemos dejar de reconocer en los aspectos técnicos del proyecto.
De ahí que haya presentado esta indicación, para mantener la norma que definió el Gobierno del Presidente Aylwin, por ser razonable, pues parte del principio real de que el ingreso a la Administración Pública está normado, lo que no sucede tratándose del ingreso a la empresa privada.
Muchas de las que hoy día pueden llamarse "exoneraciones políticas" eran la contrapartida de una "contratación política". Por lo tanto, está pareado el efecto sobre la persona de que se trata.
Respecto de mil empresas, hay una información -basada, yo diría, en ningún argumento real- que dice que no son más de 200 las personas que se pueden acoger al beneficio en este caso. Sin embargo, no existe explicación alguna sobre cómo se llega a esa cantidad.
En consecuencia, hay sobre el particular un grado de imprecisión que puede llevar a injusticias. Porque justicia es dar a cada cual lo que le corresponde, e injusticia, no otorgárselo, y también, darle más de lo debido.
Es en ese sentido que estoy con la indicación, para mantener la norma de la ley vigente.
Señor Presidente, como no quiero hacer un gran debate sobre el tema, propongo que se realice una votación económica, para no dilatar más el despacho del proyecto, pues también deberemos analizar otras indicaciones.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor TOMBOLINI (Ministro del Trabajo y Previsión Social subrogante).- Señor Presidente, sólo deseo aclarar cuál es el objetivo que persigue el Gobierno al suprimir los incisos tercero y quinto del artículo 6º de la ley Nº 19.234.
Dicho cuerpo legal establece para quienes fueron trabajadores de una empresa privada intervenida el requisito adicional de acreditar antigüedad en ella. Con la eliminación sugerida deseamos generar igualdad entre quienes fueron funcionarios públicos y aquellos que trabajaron en empresas privadas intervenidas.
El número de personas beneficiadas en este caso es bastante reducido.

El señor ERRÁZURIZ.- Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra primero el Honorable señor Ruiz De Giorgio.
Después de las exposiciones de Sus Señorías podríamos dar por cerrado el debate y proceder a la votación, en los términos solicitados.

El señor RUIZ (don José).- Señor Presidente, esta idea fue discutida también en las Comisiones, donde argumenté en contra de la indicación en análisis.
Es factible que un día antes del golpe militar una persona haya ingresado a una empresa sin justificación técnica o administrativa, lo que resulta muy difícil de precisar hoy. Sin embargo, como contrapartida, uno podría argumentar que personas que dejaron empleos que estaban sirviendo para, días antes del golpe de Estado (indudablemente, no tenían idea de que se iba a producir), aceptar la invitación a participar en una empresa intervenida serán perjudicadas por la simple circunstancia de figurar dentro del año previo a la fecha en que se registró un hecho que sólo estaba en conocimiento de sus autores.
Por lo tanto, establecer una fecha hacia atrás implica cometer una injusticia con personas -su número no es muy elevado- que serán excluidas del beneficio, en circunstancias de que durante todo el debate de esta tarde se ha manifestado el propósito de hacer un esfuerzo para remediar realmente las situaciones injustas.
No me parece razonable, señor Presidente, que esas personas queden al margen del proyecto a raíz de una indicación que emana -yo diría- de una argumentación un tanto elaborada para tratar de demostrar que, en razón de que las empresas intervenidas aumentaron su dotación durante cierto tiempo, aquella gente estaría usufructuando en forma injusta del beneficio que implica la proposición del Ejecutivo.
Estimo que la situación es al revés: se pretende reparar una injusticia. Y si en algún caso no corresponde aplicar la norma pertinente, para eso está la comisión que funciona en el Ministerio del Interior, la cual -y lo digo aquí en presencia de los representantes del Ejecutivo-, a mi juicio, ha actuado en forma excesivamente rigurosa, lo que ha dificultado acceder al beneficio. Eso ha motivado que incluso deba modificarse la ley, porque dicho órgano no ha sido lo suficientemente flexible.
En consecuencia, si por ley permitimos que la gente acceda al beneficio, no me parece razonable limitarlo mediante una proposición como la del Honorable señor Prat.
Pido al Senado, entonces, que rechace la indicación que nos ocupa.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Errázuriz, quien es el último orador inscrito. Después procederemos a la votación.

El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, un señor Senador que me precedió en el uso de la palabra dijo que conviene rechazar la indicación porque podía constituir un acto injusto el hecho de haber exonerado a una persona que ingresó a cierta empresa el día anterior al pronunciamiento militar. A mi juicio, el problema es al revés: esa contratación constituye un acto administrativo carente de justicia y de consideración. Por lo demás, esa persona no tenía antigüedad.
La solución que dio el propio Gobierno de la Concertación durante la Presidencia de don Patricio Aylwin fue adecuada, en el sentido de requerir antigüedad, la misma que se exige para cualquier exoneración, sea cual fuere su especie, y para todo despido por causa o motivo de la empresa.
Por lo tanto, no me parece procedente modificar hoy día la ley para favorecer a ese grupo especial de personas que ingresaron -es sabido que así ocurrió- a empresas intervenidas quebradas y que quebraron precisamente porque daban pega a cuanto compadre que fuera UP.
Pienso que ésa no es razón suficiente para incluir a aquellas personas dentro de los beneficios que se deben otorgar, a quienes el propio Gobierno del Presidente Aylwin y la ley 19.234 dejaron fuera.
Señor Presidente, los Senadores no tenemos derecho a jugar con los recursos públicos; debemos ser cuidadosos con ellos.
Tratamos la iniciativa sobre los pensionados. Existen graves problemas en el sector salud. Y la ley en proyecto no es para repartir dinero "a la chuña" porque algunas personas entraron ayer a una pega y al día siguiente la empresa dejó de contar con sus servicios, después de haberlas invitado a participar en su toma u ocupación.
Este hecho fue analizado suficientemente por el anterior Gobierno de la Concertación; la iniciativa enviada al Parlamento por el Presidente Aylwin lo consideró. De manera que no se trata de una materia nueva, de algo que se pasó o no fue abordado. Se tuvo presente en su oportunidad. Y hoy día no sabemos qué efecto provoca.
En consecuencia, no sería constitucional -hago expresa reserva sobre el particular- aprobar un proyecto cuyo costo desconocemos. Porque no existe registro del número de personas contratadas el día de ayer, ni de cuántas fueron exoneradas al día siguiente. De modo que la magnitud del costo que pudiera significar para el erario aprobar una norma de esta naturaleza no guarda relación ni con la equidad ni con todo lo que hemos señalado aquí en orden a legislar hacia el siglo XXI sin mirar para atrás, sino con nuestra obligación como Senadores de cuidar los caudales públicos. Debemos impedir que iniciativas de este tipo puedan provocar situaciones como la que se pretende prever y, asimismo, evitar que se dilapiden recursos fiscales, en cantidades que se desconocen y que sólo es posible estimar, para favorecer a personas que ingresaron a un trabajo un día y al siguiente lo dejaron de la misma forma como llegaron: intempestivamente.
Señalo desde ya, señor Presidente, que votaré a favor de la indicación.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Habría acuerdo para realizar votación económica?
Acordado.
En votación económica.
--Se rechaza la indicación por 9 votos a favor, 23 en contra
y 2 pareos.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobaría la letra c) del número 5) del artículo 1°, dejándose constancia de que se aprueba por 25 votos a favor y 9 en contra.
Aprobada.

El señor LAGOS (Secretario).- El Presidente de la República ha formulado indicación al artículo 1º, número 1), para reemplazarlo por el siguiente:
"1) Intercálase a continuación de las palabras "Banco Central de Chile", reemplazando por una coma (,) la conjunción "y" que las antecede, la expresión ", del Congreso Nacional, parlamentarios en ejercicio al 11 de septiembre de 1973 y del Poder Judicial".

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se requiere quórum orgánico constitucional.
En discusión.

El señor NOVOA.- Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- La tiene, Su Señoría.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, rechazo la indicación del Ejecutivo que tiene por objeto incluir en los beneficios a los Parlamentarios que ocupaban su cargo el 11 de septiembre de 1973.
Fundo mi oposición en lo siguiente. En primer lugar, me parece que no es concebible que personas a las que asistía responsabilidad directa en el funcionamiento de una institucionalidad que se quebró puedan pretender ahora ser indemnizadas, ya sea por la incumbencia que les haya cabido en ese quiebre o, por lo menos, ante su incapacidad para evitarlo.
Estimo contrario al espíritu del proyecto, además, que reconoce factores de tipo laboral, el asimilar a los Parlamentarios a esa situación.
Y deseo consignar al respecto que en verdad me asombra que se pretenda darles un beneficio aproximadamente 25 veces mayor que aquel que obtendrán los demás exonerados. Como bien lo expresó usted, señor Presidente, el costo anual de la ley ascenderá a 22 millones de dólares, los que, aplicados a las 50 mil personas en esa última condición, significarán un costo anual de 200 mil pesos por cada una de ellas, cantidad realmente pequeña. En cambio, el informe financiero complementario que se nos acaba de entregar señala que los 15 Senadores y 65 Diputados susceptibles de ser incluidos -o sea, 80 personas- representarían, en régimen, un costo de 423 millones de pesos, esto es, 5 millones 300 mil pesos por Parlamentario. A mi juicio, repugna a cualquier concepto de justicia, de equidad, el que se apruebe lo anterior.
Y ya que se trata de beneficios y de financiamiento, también me asombra el doble estándar en la discusión de proyectos de ley. Ayer, cuando se debatió y acogió una normativa que favorecía a un millón 380 mil pensionados, no era posible aprobarla con cargo al Tesoro Público, en cuanto al costo de 23 millones y medio de dólares que significaba el primer año; hoy, cuando el primer año de aplicación del articulado en análisis importa 24 millones y medio de dólares -es decir, más- sí procede una aprobación con cargo al Tesoro Público¿ Tuvimos que discutir tres meses el aumento para un millón 380 mil pensionados, porque el Gobierno insistía en que no disponía de plata, pero sí la hay para el proyecto en estudio y para muchos otros que se despachan¿
Cuando sostuvimos ayer que las iniciativas que establecían gastos permanentes debían ser financiadas en las respectivas leyes de Presupuesto, se nos calificó de "populistas". Leo acá cuál es el criterio del Gobierno frente al caso que nos ocupa: el costo del año en curso se financiará con cargo a los recursos que se consulten en la Partida Tesoro Público y el de los demás, en las respectivas leyes de Presupuesto. Por lo tanto, existe "populismo" cuando se formula un planteamiento relativo al pago de pensiones a un millón 380 mil personas, pero no lo hay cuando se apunta a aprobar beneficios permanentes como los que se analizan.
Se podrá afirmar que el aumento de pensiones despachado ayer cuesta más. Ello es efectivo. Se discutía sobre un monto no financiado de alrededor de 120 millones de dólares, en tanto que ahora la suma es de 22 millones de dólares. Pero la realidad es que todos los días se aprueban normativas como la que se discute y no se requieren tres meses de debate sobre aumento de impuestos y postergar el beneficio de los pensionados.
Y quisiera dejar establecido que el proyecto implica 22 millones de dólares y se extiende a 50 mil personas, en tanto que el otro demanda 280 millones de dólares pero comprende a un millón 380 mil chilenos. O sea, el que ahora nos ocupa cuesta tres veces más, proporcionalmente.
Por lo tanto, hago constar que no aceptamos que se nos trate de populistas cuando usamos los mismos criterios del Ejecutivo para plantearnos frente a una iniciativa y que tengamos que acogerlos, en cambio, respecto de aquellas que le interesan al Gobierno.
En todo caso, me parece inaceptable aprobar un beneficio para ex Parlamentarios que resulta 25 veces superior que los que se conceden al resto de los exonerados.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, la verdad es que el intento de excluir a los Parlamentarios en ejercicio al 11 de septiembre no constituye, primero, un elemento de equidad y, segundo, significa una desconsideración del valor que en democracia revisten los Congresos.
En lo personal, no era Parlamentario en esa fecha, pero entiendo que su régimen de pensiones suponía, también, el aporte de ellos mismos. Y, por lo tanto, sobre el particular concurren condiciones de igualdad con otros afiliados en ese momento a regímenes previsionales.
Me parece que el argumento expuesto aquí en orden a responsabilizar al Parlamento y a sus miembros por el quiebre institucional del 11 de septiembre de 1973 configura un exceso absoluto de interpretación histórica. Pienso que se debe tener valentía, a veces, para defender a los Congresos, porque está de moda atacarlos, pero lo único que sé es que donde no los hay no existe democracia. En consecuencia, en lo relativo a la dignidad del Parlamento -y también a la de aquel de 1973-, creo que sería un muy mal signo, desde el punto de vista político, si se excluyera a sus integrantes de esa época.
Respecto del costo, quisiera contestar al Senador señor Novoa -y ello se argumentó ya en relación con el tema del financiamiento- en el siguiente sentido. No cabe duda de que la ley en proyecto resulta especialísima. No repetiré lo expresado al respecto a lo largo de todo el debate.
En seguida, resulta indiscutible que ha mediado una voluntad soberana del Congreso y del Gobierno, aprobada en la Cámara de Diputados y el Senado, para destinar a la reparación en estudio una cantidad de recursos públicos que constituyen más del doble -en régimen- de los que hoy estamos aprobando. Por tanto, no hay ningún elemento de contradicción entre esta ley especialísima, en la que se concitó la voluntad -lo decía en mi primera intervención- del Parlamento y del Gobierno para destinar 23 mil millones al año, y que hoy aprobemos, con cargo a recursos fiscales, un beneficio que cuesta menos de 10 mil millones. Por tanto, no creo que este argumento de contradicciones en el Gobierno sea atendible, dado el carácter especialísimo de esta ley y que ya se manifestó voluntad en cuanto a volúmenes de reparación, de los cuales, en este momento estamos aprobando la mitad de los acordados hace cuatro años.
Por lo tanto, anuncio mi voto favorable a esta indicación del Ejecutivo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bitar.

El señor BITAR.- Señor Presidente, jamás algún ex Parlamentario del año 1973 se me ha acercado para plantearme este problema. Nunca lo analicé como para formarme un criterio predeterminado.
.Se ha pretendido hacer pesar ciertas declaraciones en contra del Parlamento y se ha extendido en la opinión pública un conjunto de afirmaciones en el sentido de que los Parlamentarios se aprovechan de las votaciones. Eso puede ser usado en forma populista.
Hoy estamos en presencia de una decisión relacionada con personas que en 1973, hace 25 años, eran Parlamentarios. Tengo una lista -he preguntado a gente que conocía más el Congreso de esa época- en la que cuento, por lo menos, 12 ó 13 muertos; y otros ya muy viejos, algunos de los cuales sufrieron por razones políticas y otros no, ya que eran de derecha. En esta lista no hay ninguna clasificación por partidos políticos.
La clausura del Congreso Nacional durante 17 años es un hecho que avergüenza a Chile; es un hecho violento respecto del cual recién se está restaurando la dignidad de este país. Nos encontramos frente a 17 años con el Parlamento cerrado.
Quienes ejercían como Parlamentarios en 1973 tenían derecho a jubilar. Entiendo que la situación legal era completamente distinta de la de ahora, ya que en ese tiempo poseían ese derecho y se pagaban las imposiciones en la Caja de Empleados Públicos y Periodistas. Ese derecho no se ha recuperado. No fui Parlamentario en ese entonces, por lo que no tengo ningún interés en esa materia. Pero excluirlos "a priori" es una injusticia, máxime si cotizaban imposiciones.
Creo que denostarlos debido a que un golpe militar cerró el Parlamento -en el cual ellos, aunque hubieran sido distintas sus posiciones, estaban cumpliendo una función en democracia- es también dar vuelta la prueba y castigar a la víctima.
Por último, en la lista hay Parlamentarios actualmente en ejercicio. Si me encontrara en este caso, renunciaría a este derecho -y me parece que es la actitud de algunos Senadores-, para que se tenga claro que ninguno se está beneficiando personalmente al tomar esta decisión. Pero sería un error perjudicar a un grupo importante de gente que fue víctima, que pagó sus imposiciones y que también vio rota su vida por un golpe militar.
Por esas razones, es digna de ser considerada esta decisión. Y no caben argumentos que denuesten al Parlamento y, por consiguiente, a la democracia, especialmente por hechos ocurridos hace un cuarto de siglo. Sostener razones de costos en esta materia, después de esa cantidad de años, con todos los dolores habidos de por medio y cuando se trata del monto señalado, me parece absolutamente poco humano.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, deseo manifestar mi opinión frente a este tema y hacer memoria de lo sucedido en septiembre de 1973 y también un poco antes.
Era joven -tal vez no tanto como el Senador señor Cantero- y lógicamente estaba estudiando, pero, a pesar de ello, me hallaba inmerso en la realidad del país, participaba en el proceso político, me preocupaba y sabía exactamente lo que sucedía en Chile, a diferencia de otros de mi edad que hoy recién están en proceso de conocer el país real.
Las afirmaciones del Honorable señor Novoa me llaman profundamente la atención, porque, para sustentar su voto negativo a un proyecto de esta naturaleza, afirma que los Parlamentarios de la época, por su responsabilidad directa en el quiebre institucional y su incapacidad para evitarlo, no tienen derecho a lo que legítimamente corresponde a cualquier ciudadano. Ello me llama la atención por una razón muy sencilla. Durante años y años hemos escuchado y leído -y seguramente lo haremos por muchos años más- que uno de los fundamentos que justificó o legitimó el golpe militar fue la declaración de la Cámara de Diputados, la actitud del Congreso Nacional, respecto del Gobierno de Allende. En consecuencia, me parece que aquí hay un acto de demagogia, de doble discurso, de confusión de los problemas.
Si hablamos de doble estándar, ¿de qué nos extrañamos si todos sabemos que en el país, por ejemplo, hay sistemas previsionales especiales? Y uno muy especial es el que se aplica -no estoy haciendo ninguna crítica, sino señalando una verdad- a nuestras Fuerzas Armadas.

La señora MATTHEI.- ¿Por qué no lo cambian?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ruego a los señores Senadores dirigirse a la Mesa.

El señor PIZARRO.- Entonces, ¿por qué el señor Senador que hizo uso de la palabra anteriormente no critica, cuestiona o expresa que dicho sistema es caro? Este sistema previsional es especial no sólo por el hecho de regir para las Fuerzas Armadas, sino además porque, a diferencia del resto de los chilenos, las jubilaciones son muy parecidas o casi iguales al ingreso que perciben los funcionarios en servicio activo. Y me alegro de ello, pues pienso que, mientras mayores remuneraciones se reciban, mejor será.
Si planteamos el tema de las pensiones, también observo doble estándar en el discurso del Honorable colega antes mencionado. Él cuestiona fuertemente el reajuste a las pensiones, pero no dice que el esfuerzo para mejorarlas fue producto de una decisión y voluntad políticas de los Gobiernos de la Concertación. Se trata de ingresos que se han más que duplicado en términos reales desde el retorno de la democracia.
El Senador señor Novoa tampoco señala que él formó parte importantísima del Gobierno militar, que quitó el 10,6 por ciento a los pensionados de todo el país, por parejo. Que yo sepa, no hubo ni una opinión, ni un artículo, ni un planteamiento del actual Senador señor Novoa respecto de este despojo brutal a las familias chilenas.
Por consiguiente, pienso que en esta materia es mejor mirar las cosas como lo hicimos en el debate realizado anteriormente, con un sentido más positivo de justicia, de reparación, de equidad, más seriamente. Por supuesto, puede ser mucho más fácil decir las cosas que aquí se han dicho. Puede aparecer difícil defender el rol de los Parlamentarios de aquella época. Queremos que las pensiones se acerquen cada día más a los sueldos o ingresos de los trabajadores activos, pero ellas también se vinculan con las funciones que se cumplían, con las responsabilidades asumidas y con los merecimientos que se tienen.
Por eso, no me complica, molesta ni altera la existencia de un sistema de jubilación especial para las Fuerzas Armadas. Comparto que así sea. Creo que se la merecen plenamente porque son funcionarios que han servido toda una vida al país.
Entonces, busquemos también ir corrigiendo de manera positiva las carencias o las injusticias que se han cometido en el caso que nos ocupa, haciendo un esfuerzo de comprensión de la realidad que vivieron esos servidores públicos. Quizás muchos de ellos comparten las ideas del Honorable señor Novoa y de otros señores Senadores que seguramente se opondrán en esta materia, pero también han manifestado la necesidad de corregir esta injusticia.
Señor Presidente, he querido intervenir en este momento como una forma de llamar la atención, de solicitar gestos y buscar generosidad con respeto, con tranquilidad, sabiendo bien que tenemos diferencias frente a determinados temas, pero sobre la base de lo que los propios señores Senadores han dicho a lo largo de la discusión de todo el proyecto: de que el propósito global que se persigue es ir reparando situaciones de injusticia. Y esta indicación apunta a corregir una situación de injusticia.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prat.

El señor PRAT.- Señor Presidente, deseo expresar mi criterio acerca de esta indicación del Ejecutivo, en términos de rechazarla. Comparto las observaciones formuladas por el Senador señor Novoa. Pienso que el financiamiento que ella implica es absolutamente discriminatorio y, por lo tanto, injusto con relación al resto de los casos planteados y en particular a lo que analizamos ayer respecto de la totalidad de los pensionados de Chile.
¿Por qué expreso lo anterior? Porque el proyecto mantiene a cada sector a que se refiere en el organismo de previsión al que se hallaba adscrito, y establece la posibilidad de enterar meses de cotización en la caja respectiva. Sin embargo, en cuanto a los ex Parlamentarios se propone que enteren meses de imposiciones en un régimen especial que tenía el Congreso, en virtud del cual se jubilaba con 12 años de actividad y con perseguidora. Por eso resulta tan caro, porque era un régimen especial que existía en la previsión chilena dentro de una tremenda maraña de disposiciones distintas. Naturalmente, en el último de los eslabones estaba la gran masa trabajadora, que debía cumplir 45 años de trabajo para llegar a los 65 años de edad requeridos para jubilar y que no tenía perseguidora, sino que el monto de su pensión era el promedio de las remuneraciones de los 5 años precedentes al retiro. Y como la inflación era del orden del 30 por ciento anual, esa pensión -ya castigada inicialmente en forma dramática- resultaba bastante exigua, y año a año los jubilados tenían que esperar largas discusiones en el Congreso para obtener su reajuste. En fin, lo señalado explica el costo tan alto por persona que significa la indicación.
A mi juicio, el proyecto toca otro tipo de situaciones, no el cese del Parlamento. Si tocara el cierre de éste el 11 de septiembre, tendríamos que abordar asimismo el caso de los periodistas que cubrían las noticias del Congreso, o el de los funcionarios de los Partidos Políticos. Porque los Partidos también cesaron en su actividad en septiembre de 1973. De modo que mediante esta normativa habría que compensar a todas esas personas que vieron interrumpido su trabajo, incluyendo además a los alcaldes, a los regidores y, en fin, a tantos medios de prensa de orientación netamente política que debieron paralizar sus labores.
No es conveniente exacerbar el sentido del proyecto. Esta indicación contempla el caso de personas que no pertenecían a la Administración Pública -al igual que nosotros-, y en consecuencia no tiene por qué referirse a ella. Me parece que, más allá de la buena intención que haya en esto, los ex congresistas ya fueron beneficiados, en 1990 ó 1991, con una ley que les permitió llenar lagunas de imposiciones y en general les resolvió su situación previsional. Quizás con el paso de los años y de los ciclos de la vida muchos enfrenten necesidades apremiantes. Así ocurre en cualquier conglomerado humano. Todos nos hacemos parte de la aflictiva situación humana que eso envuelve. Sin embargo, no podemos disponer de manera tan liviana -como alguien dijo anteriormente- de los recursos públicos para financiar una fórmula que no es de carácter general, que se aparta del espíritu del proyecto y que por lo tanto termina siendo discriminatoria.
Por las razones expuestas, señor Presidente, estoy en contra de la indicación.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si los señores Senadores me permiten, interrumpiré el debate por breves instantes para hacer una observación.
En lo personal creo que los Parlamentarios en ejercicio y por consiguiente los antiguos Senadores que nos hallamos en la Sala, nos encontramos inhabilitados para pronunciarnos respecto de esta indicación. Por tal motivo he presentado aquí una indicación complementaria (suscrita también por otros señores Senadores) acogiendo lo planteado por el Honorable señor Bitar, para agregar al final de la indicación del Ejecutivo la siguiente frase: "y que no estén en ejercicio a la fecha de vigencia de la presente ley.".

El señor PRAT.- Es inadmisible.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- De acuerdo, es inadmisible. Pero es preciso dejar constancia de que la disposición no puede beneficiar a los Parlamentarios en ejercicio.
Hago esta aclaración para evitar malas interpretaciones.
Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, tengo la más alta idea de la labor parlamentaria y la mejor estimación, en general, de quienes han servido esas funciones en el pasado y las sirven en el presente. En consecuencia, no me gusta el trato que de repente se suele dar a los Parlamentarios y al Congreso Nacional porque de una u otra forma, aunque no sea la intención, socava el prestigio mismo de la democracia.
Llegué al Senado en 1969, en representación de las entonces provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes. En marzo de 1973 fui reelegido por 8 años. Pero esa representación me duró 4 meses, porque un día vimos en la televisión a un caballero de voz dura, con anteojos muy oscuros, que decretaba la interrupción de las labores parlamentarias "hasta nueva orden". El Senado de la República -como dice el historiador Valencia Avaria- nunca dejó de funcionar un año calendario en toda la vida independiente de Chile. Hasta esa orden, que duró 17 años, lapso en el cual el Senado estuvo cerrado.
No todos quienes llegan al Congreso poseen fortuna, como pueden creer algunos. Hay muchos ex Parlamentarios (conozco la situación de varios de ellos) que han sufrido graves problemas económicos y han tenido que sobrellevarlos con la mayor dignidad posible.
Ignoro los detalles de la indicación propuesta por el Gobierno, pero ante la eventualidad de que pudiera favorecerme, por un lado he firmado la indicación formulada por el señor Presidente del Senado en orden a que los Parlamentarios en actual ejercicio quedemos eximidos de cualquier posible beneficio, y, por otro, renuncio formalmente a todo beneficio que pueda derivar de esta ley, con el preciso objeto de poder votar favorablemente esta indicación en cuanto sirva a ex Parlamentarios que se encuentren en situación económica desmedrada, o aunque no lo estén, porque es justo que les corresponde. Aquí no hay discriminación respecto de ellos, pues el beneficio que se les otorgará está en proporción a lo que percibían en su oportunidad.
Eso es todo, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.

La señora MATTHEI.- Señor Presidente, quiero hacer una aclaración y una consulta.
Es una pena que el Honorable señor Pizarro desconozca la única razón por la cual se les quitó el 10,6 por ciento de reajuste a los jubilados durante el Gobierno militar, que fue el primero en la historia de Chile en otorgar a dicho sector un reajuste automático de acuerdo con el IPC.
Su Señoría debe saber sí que durante el Gobierno de la Democracia Cristiana anterior a 1973 prácticamente no se concedió reajuste a los pensionados. Y fue el Gobierno de la Unidad Popular, posteriormente, el que les entregó lo que durante largos años les debía el del Presidente Frei Montalva.
Ojalá que en el futuro, señor Senador, no critique tanto al Gobierno militar, pues si efectivamente les quitó ese 10,6 por ciento a los pensionados fue con motivo de un terremoto. Sin embargo -reitero-, estamos hablando del primer Gobierno en nuestra historia que concedió un reajuste automático para ese sector.

El señor PIZARRO.- Habría que preguntar a los jubilados.

La señora MATTHEI.- Ésa era mi aclaración.
La pregunta que deseo hacer, señor Presidente, es si la indicación incluye también a los Diputados en ejercicio en esa época, ya que muchos de ellos no reciben pensión. No sé si tendríamos facultades para eso.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- La indicación del Ejecutivo es general. Se refiere a todos los Parlamentarios, sin exclusión.

La señora MATTHEI.- ¿Y si en el futuro algún ex Parlamentario vuelve a serlo, se le quitaría el beneficio?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- La indicación que suscribí excluye sólo a los Parlamentarios actualmente en ejercicio.

La señora MATTHEI.- Ahí hay un problema, señor Presidente. Debe pensarse un poco más la situación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- "Al que da y quita le sale una corcovita".

El señor DÍEZ.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Disculpe, señora Senadora. No fue mi intención reírme de lo que dijo.
Tiene la palabra el Senador señor Díez.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, hago presente a la Mesa que la indicación firmada por algunos de los Senadores que estábamos en ejercicio al día 11 de septiembre de 1973 es perfectamente constitucional.
El Ejecutivo propone otorgar un beneficio a determinadas personas. De esa indicación nosotros excluimos a algunos beneficiarios. Por tanto, al reducir la masa de quienes pueden recibirlo disminuimos lo otorgado.
Desde este punto de vista, no veo por qué, ejerciendo los derechos que la Constitución nos da para aceptar, disminuir o rechazar el beneficio planteado en la iniciativa, no podemos eximir a los Parlamentarios en ejercicio a la fecha de vigencia de la ley; es decir, a los Diputados y Senadores que ejercíamos el cargo al 11 de septiembre de 1973 y que continuaremos siendo Parlamentarios cuando se promulgue el texto legal.
Así, ninguno de los que participen en la votación, ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados, aunque hayan sido Parlamentarios en el pasado, podrán acogerse a los beneficios de que se trata.
Yo, al igual que el Honorable señor Hamilton, quiero votar favorablemente la indicación.
No es una postura cómoda votar en contra de la gente de mi Partido y de quienes han fundamentado su punto de vista. Pero una cosa es juzgar algo desde lejos y otra es estar en el Congreso desde 1958, como es mi caso. He visto a gente de todos los Partidos Políticos pasar por aquí, y estoy consciente de que, a pesar del desprestigio público, motivado por razones políticas y a veces por el sensacionalismo de los medios -como lo he dicho en algunas oportunidades en la Sala-, siempre trabajé con gente honesta que tenía gran visión del bien común. Ahora, muchos de esos colegas son más viejos que nosotros, y varios viven en situación muy desmedrada.
La verdad es que no tengo clara la situación que se originó después del 11 de septiembre de 1973; pero, según recuerdo, hubo un plazo muy corto para jubilar, incluso para los que tenían imposiciones como particulares, funcionarios judiciales o como abogados. Y esa jubilación, evidentemente, terminó con los derechos de esas personas a una previsión. De manera que muchos de ellos hoy carecen de ella. ¡No tienen ninguna!
En verdad, no sé si por un sentimiento de amistad o de justicia, creo que son merecedores del beneficio. Porque honestamente pienso que han dedicado su vida en el Congreso al bien común, y no tienen fortuna, como muchos de nosotros. Así que renunciar al beneficio, o que se nos niegue, a nuestra edad no nos afecta absolutamente en nada. Porque tenemos para vivir en forma decente, y todos nuestros hijos ya cuentan con edad suficiente para desempeñarse solos o son profesionales, de manera que también disponen de medios económicos para vivir dignamente.
Por lo tanto, para nosotros es muy fácil señalar si se otorga o no el beneficio de acumular años para jubilar. Pero conozco el caso de muchas personas que pertenecieron a estas bancas o a las de enfrente, algunas muy modestas -obreros, dirigentes sindicales, profesionales-, que hace muchos años no pueden trabajar y llevan una vida que me gustaría que fuera mejor, pues no la considero digna del papel que desempeñaron.
Actualmente la situación es otra. Antes, el país era muy diferente; las remuneraciones de las personas eran distintas. Hoy día, en el Congreso se ha elevado el nivel educacional de los profesionales, de la familia, de los Parlamentarios. No sucedía igual en el pasado. Chile era mucho más pobre que ahora. Éste es otro país, y no podemos juzgar al Chile de hace 25 años con la misma visión que tenemos hoy de nuestra patria.
Por eso, señor Presidente, pido a la Mesa formalmente que declare admisible la indicación, porque constitucionalmente no tiene reparos. De procederse así, me sentiría con plena libertad para emitir mi voto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Señores Senadores, como uno de los autores de la indicación, que fue presentada para dar solución al problema planteado, reconozco que puede ser inadmisible de acuerdo a la interpretación del Nº 6 del artículo 62 de la Constitución, que señala que es facultad exclusiva del Presidente de la República establecer o modificar las normas sobre seguridad social.

El señor DÍEZ.- El Presidente establece la norma¿

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Su Señoría tiene derecho a solicitar que la Sala se pronuncie sobre la materia.

El señor DÍEZ.- En ese caso, lo pido formalmente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- De acuerdo, pero una vez terminado el debate procederé en tal sentido.

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, pido la clausura el debate, porque ya se han dado las condiciones estipuladas en el Reglamento para poder hacerlo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En su segundo discurso, tiene la palabra el Honorable señor Novoa.

El señor NOVOA.- Y por haber sido aludido, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En ese caso no le correspondería hacer uso de la palabra, porque su nombre no fue dañado en ningún momento.

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, solicité la clausura del debate. Por lo tanto, corresponde votar dicha proposición de inmediato.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Haga llegar a la Mesa su sugerencia, señor Senador.

El señor BOMBAL.- Que se vote después de la intervención del Senador señor Novoa.

El señor HAMILTON.- No.

El señor NOVOA.- Existe una norma reglamentaria, señor Senador. Pero estamos debatiendo una indicación.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, ¿cuántos Senadores están inscritos?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tres. Los Honorables señores Novoa, Martínez y Ruiz-Esquide.
A lo mejor, el Senador señor Novoa podría intervenir brevemente, lo cual nos tomaría menos tiempo que la votación.

El señor NOVOA.- Normalmente soy muy breve, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Así espero.

El señor NOVOA.- Y si no me interrumpen podría serlo más todavía.
El señor HAMILTON.- No se trata de la extensión del discurso, sino de lo que dice.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, debo señalar al Senador señor Pizarro que efectivamente di un primer argumento para oponerme a la indicación, y contenía mi apreciación política acerca de la responsabilidad que podía caber a quienes estaban en instituciones que, en definitiva, no cumplieron -a mi juicio- el rol que estaban llamados a desempeñar.
Entiendo que mi apreciación política no es compartida por Su Señoría. Pero así como yo respeto su opinión, considero importante también que se haga lo propio con la de los otros Senadores. No intenté denostar a los Parlamentarios de la época; sólo quise formular una observación sobre algo que me parece casi un hecho objetivo: el fracaso de las instituciones. Ésa fue la razón por la cual me opuse a la indicación.
El segundo punto, por desgracia, no ha sido considerado. Yo argumenté que efectivamente aquí se está otorgando un beneficio 25 veces mayor que el que se da al resto. Eso me parece que no tiene justificación y, a mi juicio, menos aún si no ha habido posibilidad alguna de debatir a fondo el tema.
Estamos en el análisis de una indicación del Presidente de la República enviada el 20 de julio de 1998, es decir, exactamente hace dos días. Me parece que si era tan importante esta materia, bien pudo haberse considerado hace seis años, cuando se dictó la ley.
Finalmente, cuando mencioné el "doble estándar", no me referí a distintos sistemas de pensiones, sino al doble estándar que muestra el Gobierno cuando se trata del financiamiento de los proyectos. Porque, para algún tipo de iniciativas, se nos pone una cantidad de exigencias, y para otras, no. Ése es el doble estándar que me molesta. No he pretendido algo distinto -y no creo que sea éste el momento de entrar a una discusión a fondo sobre los sistemas previsionales-, porque ahora estamos en el despacho del proyecto que nos ocupa.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, la indicación del Ejecutivo habla "del Congreso Nacional, parlamentarios en ejercicio al 11 de septiembre de 1973 y del Poder Judicial". En cuanto a este último, no ha habido controversia alguna; pero, respecto de los parlamentarios en ejercicio a esa fecha, aparecen dos situaciones. En primer lugar, da la impresión de que la aplicación del concepto "exonerado" a esos señores parlamentarios no calzaría con el espíritu general de la ley, en la cual se hace referencia a funcionarios públicos o a funcionarios privados asimilados a funcionarios públicos.
En segundo término, por los argumentos muy valederos que se han escuchado, al parecer surge la conveniencia de discutir a futuro un proyecto especial para los ex integrantes del Congreso, ya que éstos tenían en sus funciones un origen distinto al de las personas que serán beneficiadas. Los señores parlamentarios ejercen sus cargos mediante votación popular, de modo que su origen es diferente.
Por lo tanto, sugiero solucionar el problema a través de un proyecto de ley especial, lo cual aseguraría mayor posibilidad de conversación; un mejor intercambio de puntos de vista; aclaración de algunos aspectos y posiciones, y un avance en el beneficio social que se desea dar.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, debo efectuar algunas rectificaciones de hecho y, por lo menos, hacer ciertas observaciones sobre lo que aquí se ha señalado.
En primer lugar, se cae en error cuando se habla de que los parlamentarios que finalizaron sus funciones en 1973 podían jubilar con 12 años de ejercicio en sus cargos. No era así. Tampoco es efectivo lo de la "perseguidora". Por lo tanto, no se pueden dejar establecidas aseveraciones de ese tipo, pues no es verdad.
En segundo término, tampoco se puede afirmar que durante el Gobierno de la Democracia Cristiana del Presidente Frei Montalva no se otorgaron reajustes a los jubilados, por cuanto se sabe perfectamente que no fue así; y, en cualquier momento, podemos revisar las cifras.
En tercer lugar, respecto de la argumentación del Senador señor Díez, en verdad, deseo expresar mi satisfacción de ser colega de él en el Senado. Permítame que lo diga con tanta franqueza. Hemos controvertido en muchísimas cosas; sin embargo, celebro la forma en que Su Señoría ha enfrentado el tema. Además, teniendo presente el sector político desde donde lo plantea, quiero expresarle mi respeto y mi amistad muy sincera, toda vez que se trata de materias que atañen al Parlamento y al bien nacional del país.
Por otra parte, cuando se habla de los parlamentarios que se hallaban en el ejercicio de sus cargos en esa época, da la impresión de que muchos de ellos podrían no tener derecho alguno por lo que hicieron o no hicieron, pues, al parecer, se trataría de gente con una situación económica personal muy buena. No entregaré nombres; pero, ante mis Honorables colegas, quiero dar testimonio del sufrimiento de amigos parlamentarios de aquel entonces -de todos los partidos, incluso de la Derecha-, a quienes me tocó asistir y ayudar a enfrentar su problema, casi de indigencia personal. Creo que hablar de ellos como si se tratara de magnates que ahora vienen en reclamar un derecho que no tienen, me parece una exageración y un planteamiento populista -lo señalo claramente- que no me agrada.
Por último, a mi juicio, lo surgido del debate de esta tarde es que, además, del hecho concreto que estamos analizando sobre la exoneración y el derecho de justicia de reponer a algunos lo que merecen, cualquiera que sea el grado económico en que se encuentren -lo dije en mi primer discurso: el problema no radica en que la persona posea más dinero o menos dinero, o en que se halle, incluso, en estado de indigencia-, debe tenerse presente que en Chile no pueden volver a ocurrir acontecimientos como los que hoy debemos reparar, por la circunstancia de que alguien, por su pensamiento, pueda ser exonerado de sus funciones.
Sin embargo, lo que me parece más grave es que un señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, a pesar de la explicación que acaba de dar ahora, que no explica nada, señale, y deje como una apuesta política o un planteamiento en la interpretación de lo que ocurrió en aquel entonces, que el Parlamento fue el responsable de la crisis, o fue parte, en alguna medida, responsable de lo que sucedió el 11 de septiembre.
Yo, al igual que otros señores Senadores aquí presentes, tuvimos el infortunio de experimentar una vida exageradamente difícil y un momento de mucha irracionalidad en el país. Sin embargo, sí puedo dar fe de lo que ocurrió en esa época: en el Senado y en la Cámara de Diputados hicimos un esfuerzo tremendo por llegar a acuerdos. Cuando se introdujo otra gente, otras fuerzas, externas a la política, a lo que era el Parlamento, a lo que era la historia habitual del país, fue el instante en que se hizo imposible el diálogo.
Por lo tanto, plantear aquí, con ligereza o en forma, a mi juicio demasiado liviana -lo cual me extraña en el señor Senador, pues además sabemos que es un hombre de inteligencia-, que el Congreso de aquel entonces fue responsable, en alguna medida, de lo que pasó, y por eso los parlamentarios que lo integraban no tienen derecho a lo que en justicia les corresponde, en mi concepto, es exagerar el análisis ideológico y, además, develar, como una suerte de acto fallido, el verdadero pensamiento político que se tiene frente a las instituciones democráticas de Chile.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, me siento aludido por algunas palabras de mi amigo el Senador señor Novoa y quiero hacer uso del derecho a réplica.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Habíamos quedado en que una vez terminada la última intervención, votaríamos la admisibilidad. Sin embargo, si Su Señoría estima que fue aludido -no creo que haya sido dañado en su nombre-, puede hacer uso de la palabra.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, quiero dejar constancia¿

El señor ERRÁZURIZ.- No ha sido aludido.

El señor DÍEZ.- Y no fue ésa la intención del Senador señor Novoa.
Sin embargo, deseo dejar constancia de que me tocó vivir esas horas decisivas de la historia de Chile en el Senado y vi la forma como se trabajó en él por buscar una salida constitucional a una situación imposible.
No hago presente lo anterior sólo en mi propio nombre, que sigo actuando en política. El Presidente del Senado de aquel entonces era Eduardo Frei Montalva y entre los Senadores estaban Francisco Bulnes, Pedro Ibáñez, Víctor García -por contar sólo los cercanos a nosotros- y también Patricio Aylwin. Creo que ese Parlamento -y en lo que respecta al Senado, me consta, personalmente- no fue el responsable de la crisis. Fueron otros los responsables de ella. Nosotros, los parlamentarios, hicimos llamados a la opinión pública en repetidas oportunidades acerca de lo que estaba sucediendo. El ambiente de defensa que el país creó en contra de los fenómenos políticos internos que iban a terminar en su propia destrucción fue originado en el Congreso. Las concentraciones, los paros de los comerciantes y de los camioneros, etcétera, siempre tuvieron el aliento de ciertos parlamentarios, mientras que otros mantuvieron una posición distinta.
Sin embargo, estoy convencido de que la generalización del Senador señor Novoa envuelve una injusticia contra muchas personas que, en ese momento, demostraron una actitud absolutamente heroica en los días que Chile estaba viviendo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- De acuerdo con la solicitud del Honorable señor Díez, se votará la admisibilidad de la indicación en forma económica.

El señor PRAT.- ¿Me permite, señor Presidente, para una cuestión de procedimiento?

El señor MUÑOZ BARRA.- Pido la palabra, para plantear una cuestión reglamentaria, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra, en primer término, el Honorable señor Muñoz Barra y después el Senador señor Prat.
El señor MUÑOZ BARRA.- Simplemente deseo declarar que, al votar por la indicación, renuncio a cualquier beneficio que de ella pudiera derivarse para los parlamentarios que estaban en ejercicio en l973. Lo hago, a fin de que no exista una falsa interpretación de mi voto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Muy bien, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Prat.

El señor PRAT.- Señor Presidente, aun cuando la votación se haga en forma económica, entiendo que rigen los pareos. Al menos mi Comité registra algunos.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Por supuesto, señor Senador; pero ahora se votará la admisibilidad.
--Producida la votación en forma económica, y con el voto en contra del Senador señor Andrés Zaldívar, se declara admisible la indicación, cuyo texto será agregado a la presentada por el Gobierno.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Corresponde votar la indicación del Ejecutivo con la enmienda sugerida.

El señor GAZMURI.- Pido votación económica.

El señor RUIZ (don José).- ¿Es de quórum calificado, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Como la indicación requiere quórum calificado para ser aprobada, no rigen los pareos.

El señor HAMILTON.- ¿Por qué la Mesa no aclara que a la indicación del Ejecutivo se agrega lo que propusimos quienes éramos parlamentarios en 1973 y que actualmente estamos ejerciendo el cargo de Senador?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Sí, señor Senador. Los nombres están acreditados en la indicación. Por lo tanto, va a quedar constancia de ello. Además, varios señores Senadores así lo han expresado.
En votación económica la indicación del Ejecutivo con la modificación agregada.
--Producida la votación en forma económica, se aprueba la indicación Nº 1 del Ejecutivo con la modificación propuesta (28 votos por la afirmativa, 6 por la negativa y una abstención), dejándose constancia de que se cumple con el quórum constitucional requerido.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Falta votar una indicación.

El señor LAGOS (Secretario).- La segunda indicación formulada por el Ejecutivo recae en el número 12 del artículo 1º. Es para reemplazar, en el inciso primero del artículo 20, sustituido en la forma que señala el proyecto, la frase "31 de diciembre de 1975", por la expresión "10 de marzo de 1990.".
--Se aprueba la indicación por la unanimidad de los 35 señores Senadores presentes en la Sala, y queda despachado el proyecto.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para que continúe presidiendo el Senador señor Ruiz-Esquide.
Acordado.
--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Honorable señor Ruiz-Esquide.
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El señor RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).- A continuación, el Senador señor Horvath rendirá homenaje a la Marina Mercante Nacional.
Tiene la palabra, Su Señoría.


HOMENAJE A MARINA MERCANTE NACIONAL

El señor HORVATH.- Señor Presidente, Honorables Senadores, personeros de la Armada de Chile y de la Marina Mercante Nacional, deseo agradecer su participación y paciencia por una situación especial que se ha producido en el día de hoy en nuestro debate parlamentario.
Están, y han permanecido en las tribunas esta tarde, el Director General del Territorio Marítimo y Marina Mercante Nacional, Vicealmirante señor Román Fritis; el Gobernador Marítimo de Valparaíso, Capitán de Navío señor Berner Badilla; el Presidente del Colegio de Capitanes y Pilotos de la Marina Mercante Nacional, Capitán señor Arturo Márquez, y también el Rector de la Universidad Marítima, Vicealmirante (R) señor Juan Carlos Toledo. Ellos han concurrido junto a sus compañeros y familiares. Un especial saludo en el homenaje que rinde el Senado con motivo del 180º aniversario de vida oficial (porque siempre ha estado aparejada a las actividades de nuestro territorio) a la Marina Mercante Nacional.
Una de las características más inherentes al ser humano es su movilidad y su capacidad de establecer vínculos sociales, culturales y económicos. Con su ingenio aumentó esta movilidad, primero con el uso de cabalgaduras, carretas y embarcaciones a remo y vela. A través del conocimiento de las leyes de la física y de los fenómenos de la naturaleza, fue gradualmente aumentando su posibilidad de navegar, recorrer largas distancias en vehículos, llegando hasta a volar.
Los distintos continentes y cada rincón del planeta fueron descubiertos principalmente con el apoyo de la navegación. No es una casualidad que la proporción de agua respecto de los continentes sea la misma que tenemos en nuestro cuerpo humano. Fue por la navegación y la actividad mercantil, entre otros motivos, que Cristóbal Colón, al mando de tres pequeñas carabelas de no más de 250 toneladas, en 35 días de navegación llegó en 1492 a las islas del Nuevo Mundo. Fueron avezados marinos mercantes los que, buscando la vía directa hacia el oriente, en pos de las especias, se encontraron con la más tarde llamada América.
La dura travesía por el Estrecho de Magallanes (descubierto en 1520) y por el mar de Drake fue el camino obligado de la navegación hacia el Pacífico, hasta la apertura, en 1914, del Canal de Panamá, de 66 kilómetros de longitud, el que fue inaugurado en 1920. Durante 400 años, la navegación al Pacífico, y por esta vía, al Oriente, exigió el paso obligado por la colonia española más remota y difícil de conquistar colonia española: Chile.
La conquista y desarrollo de este especial país requirió permanentemente del auxilio de la navegación marítima. Desde antes, ya los pueblos aborígenes, changos, huilliches, chonos, kaweshkar y yaganes fueron eximios navegantes. En pequeñas piraguas cruzaban los terribles golfos Corcovado, de Penas, y los mares australes de nuestro país. Qué decir de los pascuenses, que debieron navegar trechos de casi 4 mil kilómetros sin avistar costas, para desarrollar su especial y valiosa cultura en Rapa Nui.
Con los albores de la Independencia de Chile, se reafirma la actividad de la Marina Mercante. La libertad mercantil fue reconocida ya el 21 de febrero de 1811. En mayo de 1813, el Senado de la República aprobó la Apertura y fomento del Comercio y la Navegación.
La situación bélica de Chile con España y la presencia de fuerzas españolas en Perú y Chiloé en los primeros años, hicieron del corso un modo de actividad muy atractivo, lo que incluso dificultó integrar las tripulaciones de la primera Escuadra Nacional, obligando a don Bernardo O'Higgins a decretar, el 11 de agosto de 1818, el embargo de todos los corsos en Valparaíso, y destinar sus tripulaciones a la Escuadra.
Antes, el 26 de junio, don Bernardo otorga por primera vez una patente comercial a la nave "Gertrudis de la Fortuna", del armador chileno Francisco Ramírez. Es ésta, justamente, la fecha que se instituyó, en 1991, como el Día de la Marina Mercante Nacional.
La primera compañía de navegación de ultramar fue Eyzaguirre y Compañía, formada el 7 de agosto de 1819. Las ventajas para el fomento de la actividad, la liberación de derechos de exportación y el otorgamiento de una gracia en el pago de derechos de importación de las mercaderías traídas desde Asia, generaron un lucrativo negocio que, combinado con la enajenación de la fragata "Carmen" en India, que llevó a su vez 3 mil 200 quintales de cobre hacia el oriente desde nuestro país, lo que se suma a la rebaja de los derechos de exportación que daba India a naves de bandera de Gran Bretaña, motivó sustituir la nave por la fragata "Stanmore", que luego pasó a tener doble nacionalidad en cada viaje efectuado. El ingenio y la maña son intrínsecos también al ser humano.
De acuerdo a la investigación y publicación "Historia de la Marina Mercante de Chile", de don Claudio Véliz, se pueden distinguir tres períodos en el desarrollo y devenir de la Marina Mercante: el primero, desde 1810 hasta 1848, caracterizado por el proteccionismo; el segundo, desde 1848 hasta 1866, en que se abandona el proteccionismo, y el tercero, desde 1866 en adelante, en que se deja como reserva nacional el cabotaje, con algunas variantes.
Pero volvamos brevemente, en esta importante ocasión, a don Bernardo O'Higgins, quien fue un auténtico visionario de la Marina chilena. En relación con su destierro en el Perú, a partir de 1823 y hasta su muerte, en 1842, resulta digno y oportuno destacar algunos párrafos del estudio que adjuntó en su carta del 20 de agosto de 1831 al capitán Coghlan, de la Marina Real Británica. Cito textualmente:
"El antiguo y nuevo territorio chileno se extienden en el Pacífico hasta la Bahía de Mejillones en la latitud de 23 grados Norte hasta New South Shetland, a 65 grados de latitud Sur. En el Atlántico, desde la Península de San José a latitud 42 grados Norte, hasta New South Shetland; estos 23 grados de latitud, agregados a los 42 grados de costa en el Pacífico, dan un total de 65 grados, o sea, 3.900 millas náuticas, que contienen abundantes y excelentes bahías en ambos océanos; todas salubres y seguras en toda estación.
"Una sola mirada al mapa de Sudamérica es suficiente para mostrar que Chile posee la llave de aquella vasta región del Atlántico Sur, donde prevalecen los vientos del Oeste, esto es, desde el paralelo 30 hasta el Polo, y que también posee las llaves para todo el océano Pacífico; una tercera parte del globo terráqueo, y que las poseerá hasta que Nueva Zelandia y la Tierra de Van Diemen´s" -es la actual Tasmania- "se dividan este imperio con él.".
Más adelante, este propio estudio, en el cual evidentemente participa el prócer, nuestro padre de la Patria señala:
"El marinero chileno, en general, es seguramente el mejor del mundo cuando sirve bajo oficiales valientes y diestros, pues es sobrio, resistente, de gran coraje y notablemente subordinado y obediente. Durante la captura de la fragata española Esmeralda, una de las empresas más audaces llevadas a cabo en el mundo entero, Lord Cochrane y el capitán Guise utilizaron exclusivamente marineros chilenos, ya que los marineros británicos y estadounidenses del escuadrón chileno rehusaron presentarse como voluntarios para esta expedición. Este hecho dice más que volúmenes acerca de la calidad del hombre de mar de Chile.".
El estudio señala aspectos adicionales muy importantes, pero queríamos destacar ese par de párrafos en esta ocasión.
Esto corresponde a una visión clara de los posibles destinos marítimos de Chile. Despertado su sentido de que no era aún posible la gran nación americana después de la batalla de Yungay, del 20 de enero de 1839, influye ante el vencedor, Manuel Bulnes, hasta el último minuto de su vida, en que expira envuelto en el sayo franciscano, con la palabra "Magallanes".
Correspondió esta hazaña al ilustre marino don Juan Williams, que justamente por orden de Bulnes zarpó desde Chiloé al mando de la goleta "Ancud", fundando el Fuerte Bulnes y tomando una vez más posesión del Estrecho, ya que antes había sido intentado a través del insigne y trágico marino don Pedro Sarmiento de Gamboa, fundando dos ciudades en la misma ribera del estrecho.
Compartir este homenaje, en sus 180 años de vida, justamente en el Senado de la República de Chile con toda su historia, sería difícil por lo variada, valiosa y extensa. Sólo quisiera destacar a don Diego Portales, quien, vislumbrando la importancia naval de Chile, crea una nueva Escuela Náutica en 1832, y, más cerca de nosotros, la hazaña del oficial de marina mercante, el piloto Luis Pardo Villalón, quien, al mando de la escampavía Yelcho, en pleno agosto de 1916, no se asusta ante las dificultades, cruza el mar de Drake sorteando complicados y peligrosos témpanos y logra salvar de la muerte, en una hazaña de rango mundial, a los veintidós hombres que acompañaban la expedición de Ernest Shackleton, en el "Endurance", que había quedado atrapada en el "pack-ice" antártico. Antes, tres expediciones habían fallado en el intento.
Por iniciativa del Colegio de Capitanes y Pilotos de la Marina Mercante Nacional, se están aunando voluntades, a las que desde luego nos sumamos, para, considerando la hazaña del piloto Pardo, proponer a la Organización Marítima Mundial, con sede en Londres, el establecer el 30 de agosto como el día de la seguridad marítima mundial.
En otro ámbito, el de la literatura nacional de rango universal, tenemos las creaciones de don Francisco Coloane, gracias a las cuales el hombre de mar y la naturaleza austral de nuestro país han adquirido valor a nivel mundial.
El rápido crecimiento de la actividad naviera y la capacidad de desplazar cada vez más toneladas y de dar especiales condiciones para pasajeros de turismo, harán del mar una vía cada vez más transitada.
Junto a los incentivos para esta noble actividad en Chile, también es necesario garantizar la seguridad y el agrado de la vida en el mar. El posicionador satelital se ha transformado en una nueva herramienta, que debe ser incorporada en nuestra ley de navegación general. Por otro lado, en el siglo XXI cada vez serán más las familias que comiencen a navegar, en especial en la marina mercante, lo cual cambiará de manera radical la vida del marino y permitirá sortear la abnegación de sus esposas, hijos y seres queridos.
Para que Chile asuma su vocación marina, debemos partir por un profundo cambio de mentalidad. El país aún no ha sabido internalizar la vocación marítima que le proporciona su especial configuración territorial: ocupa prácticamente un cuadrante completo del Océano Pacífico.
Para que esta noble e importante actividad se desarrolle, es preciso superar, entre otros problemas, la enorme burocracia que la afecta.
El informe de 1991 de la Asociación Nacional de Armadores, en su análisis político, jurídico y económico, establece una maraña de trámites -cerca de sesenta- en el flujograma del cabotaje en Chile. Las inspecciones y fiscalizaciones aduaneras en origen y destino; la documentación y las condiciones exigidas por la Empresa Portuaria de Chile; las que, a su vez, está obligada a exigir DIRECTEMAR en las regulaciones de prácticos, pilotaje, construcción y reparación de naves; su inspección para la recepción y despacho de naves; todas las disposiciones tributarias; la participación de ocho Ministerios (Transportes y Telecomunicaciones, Hacienda, Defensa, Trabajo y Previsión Social, Interior, Salud, Obras Públicas y Agricultura), hacen que la distribución entre los modos de transporte en el país resulte francamente absurda. Entre el transporte carretero, ferroviario, aéreo y marítimo hay claras ventajas comparativas, según el tipo de carga, pasajeros y distancias por recorrer. Sin embargo, en nuestra larga franja territorial en Sudamérica, el 65 por ciento del transporte es carretero, el 21 por ciento, ferroviario, y apenas el 10 por ciento, marítimo. Ello, en circunstancias de que se sabe que en distancias de sobre 600 kilómetros compite bien el transporte marítimo. Además, cada modo resulta ser complementario en el sistema.
A partir de esa fecha, entre todos los organismos del Estado se ha procurado reducir este laberinto de gestiones. Se estima, sin embargo, que todavía nos queda -en términos marítimos- un "track" largo por recorrer.
Nuestro comercio exterior movió 42 millones de toneladas durante 1997. Menos del 10 por ciento de esa carga se movilizó a través de naves de bandera chilena. Evidentemente, queda mucho por hacer para que los más de 200 mil connacionales que conforman la familia náutica, que ejercen sus profesiones ya sea en la mar o en tierra; en naves de carga o de pasajeros; en la pesca industrial o artesanal; en remolcadores, dragas, astilleros, maestranzas o diques; en agencias, empresas navieras o industrias, puedan llegar, y dignamente, con la bandera de esta nación tricontinental hasta el más recóndito rincón de la tierra.
He dicho.

El señor RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, señores Senadores; señores representantes de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante Nacional; señores capitanes, señores oficiales, señores miembros de las dotaciones, familiares:
El pasado 26 de junio se celebró el día de la Marina Mercante Nacional. Ésta es una fecha importante en el largo proceso de comprender que Chile, nación tricontinental, es un país realmente marítimo, y como tal, su desarrollo y su supervivencia dependen del uso que hagamos del mar, como el camino más eficiente, rápido y seguro para continuar nuestra estrategia de desarrollo basada en la apertura al comercio exterior, al acceso a los mercados globales y al libre intercambio de bienes que, producidos en nuestro territorio, compiten con las producciones de otros Estados en Iberoamérica y en el mundo.
Esto, que ahora puede parecer muy nuevo, ya era comprendido en los albores de la República. Fue el libre comercio lo que llevó al Padre de la Patria, Capitán General don Bernardo O'Higgins Riquelme, a firmar la primera patente de navegación a un particular, a un empresario chileno, un lejano 26 de junio de 1818, hace 180 años. Y fue esa precisa acción la que, en corto plazo, con la misma estrategia de desarrollo del presente originada en la gestión del Gobierno Militar, llevó en esos años la bandera de Chile a todo el Pacífico, hasta alcanzar el Océano Índico y lograr que nuestro peso fuera la moneda dura de la época en la Polinesia. La combinación de empresarios, tripulaciones y reglas claras del juego en el negocio naviero, fueron la llave para que esta actividad floreciera y contribuyera al desarrollo económico de Chile en la forma acelerada en que creció en la primera mitad del siglo XIX. Después, la mala y desgraciada combinación de guerras con la apertura del canal de Panamá, y la aplicación de erradas políticas económicas, hicieron que la actividad, frenada en su dinámica, no pudiera rendir de acuerdo a todo el potencial que posee, potencial demostrado con creces durante el transcurso de estos años.
Hoy día, de acuerdo con los datos de 1996, la actividad está conformada por 90 buques con bandera chilena, que desplazan 710 mil 74 toneladas. Se encuentran embarcados 538 oficiales y 725 tripulantes. Existe un registro de 2 mil 240 oficiales y de 8 mil 339 tripulantes, muchos de los cuales están, a su vez, embarcados en buques de bandera extranjera. Durante 1996, se movilizaron por el mar 56 millones de toneladas, de las cuales 47 millones correspondieron al transporte de ultramar. Lamentablemente, sólo 2 millones de toneladas fueron transportadas en buques de nuestras banderas. Los armadores nacionales operan, además de sus buques con bandera chilena, una segunda flota de 980 mil toneladas de su propiedad, pero con bandera extranjera, a los cuales se agrega un millón 300 mil toneladas de buques extranjeros arrendados. Esto hace un total de 2 millones 990 mil 74 toneladas que se encuentran bajo administración nacional en diferentes formas.
Conforme a los datos de 1996, en el transporte marítimo de cabotaje se movilizaron 8 millones 333 mil 352 toneladas, cifra que se ha mantenido casi constante durante los últimos 10 años.
¿Cuál es la razón por la cual los armadores y sus tripulaciones no operan con más buques con bandera nacional?
Ella radica en varias dificultades que afectan nuestra competitividad y eficiencia en esta materia. Ellas se pueden sintetizar, sin pretender agotar su universo, en las siguientes:
-Exigencias de costos muy altos en los insumos; cargas en las imposiciones y en los tributos que pagan en el sistema nacional. Hay una competencia difícil frente a los subsidios que reciben otros sistemas de transporte.
-Mercado muy estrecho para el trabajo de las tripulaciones. Ellas, por su capacidad y preparación, deberían tener todas las facilidades para ocupar, no sólo en la flota nacional, sino también en la flota mundial, la gran cantidad de puestos disponibles para los excelentes profesionales que son. Los títulos profesionales constituyen una necesidad en un mundo altamente tecnificado, como es el nuestro en esta actividad.
-Registro único y de una bandera. La conveniencia de abrir, previo un estudio en profundidad, una segunda bandera, por ejemplo, en Juan Fernández o en Diego Ramírez.
-Exceso de controles y poco incentivo al cabotaje. Para esto hay que simplificar los trámites de control de los embarques y desembarques, y disminuir la burocracia, quitando subsidios a otros sistemas y creando una red de apoyo de puertos y muelles, especialmente de Puerto Montt al sur.
Señor Presidente, al adherir el Comité Institucionales 1 a esta conmemoración, rinde un especial homenaje a todos los chilenos que, laborando en esta actividad, contribuyen al engrandecimiento de nuestro país e impulsan su desarrollo.
He dicho.

El señor RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.

El señor URENDA.- Señor Presidente, Honorables colegas, autoridades de nuestra Armada y representantes del Colegio de Capitanes y Oficiales que nos acompañan:
Con especial emoción adhiero, en nombre del Comité Unión Demócrata Independiente e Independientes y en el mío propio, al homenaje que el Senador señor Antonio Horvath Kiss ha rendido a la Marina Mercante Nacional.
Un profundo cariño y un gran respeto me unen a esta actividad, con la que he estado vinculado la mayor parte de mi vida profesional y empresarial. Esta larga relación, de quien siempre ha vivido mirando al océano, es la que me ha permitido conocer de la fuerza y del valor de tantos hombres de mar que, con su trabajo y hasta con sus vidas, han construido y enriquecido la historia de nuestra Marina Mercante.
Muchas veces nos hemos referido a esta larga y cambiante relación de Chile con su mar y con su Marina Mercante. Desde ese 26 de junio de 1818 en que se entregara la primera patente para el comercio marítimo al armador privado don Francisco Ramírez, para su nave "Jertrudis de la Fortuna", hasta hoy, en que el país cuenta con empresas navieras y con una Marina Mercante eficientes y modernas, capaces de servir una parte sustancial de su comercio exterior y su comercio de cabotaje, que, lamentablemente -como aquí se ha dicho-, aún no se repone de la crisis que le afligiera como consecuencia de muchas causas, entre las cuales la fijación de tarifas fue quizás la más importante.
Y basta mirar un mapa para apreciar cuán trascendente para Chile es su comercio marítimo, que representa del orden del 90 por ciento del total de nuestro comercio exterior, y cuán necesario es utilizar el cabotaje, y también -por qué no decirlo- cuán afortunado es este país al contar con una Armada de la calidad y de la capacidad de la que tenemos, que legítimamente nos llena de orgullo.
Nuestra Marina Mercante, que debió superar muchas veces la despreocupación e indiferencia de las autoridades centrales y políticas erradas, ha logrado fortalecerse, superando innumerables obstáculos, con la aplicación por nuestro país de los principios de libertad económica, apertura al exterior e impulso al sector privado, y acostumbrarse a competir libremente, sin apoyos, privilegios y reservas especiales.
A este respecto, quisiera referirme a algunas materias que son de actualidad y que es preciso tener presentes en su verdadero alcance.
El año pasado despachamos una ley modificatoria de EMPORCHI que tiene por objeto fundamental mejorar la eficiencia de nuestros puertos; tiempo atrás, modificamos también normas relativas a las aduanas, y, en general -al igual que el Ejecutivo-, estamos preocupados de que el país cuente con puertos modernos, eficientes y económicos, y de que ojalá la tramitación aduanera y administrativa en general mejore.
Pues bien, nadie puede dudar de la conveniencia de que podamos mejorar nuestra eficiencia-país.
Pero cabe tener presente que esto, en contra de lo que a primera vista pudiera pensarse, no favorece en forma exclusiva o preferente a nuestra Marina Mercante, pues todas estas ventajas son también, obviamente, aprovechadas por todas las flotas mercantes del mundo que tienen acceso libre e igualitario a nuestros puertos y a nuestro comercio. Aún más, ellas pueden sentirse más atraídas a servir nuestro comercio exterior; y ello significa que nuestra Marina Mercante y nuestras empresas navieras tengan que enfrentar nuevos desafíos.
Por otra parte y en igual sentido opera el fenómeno de la globalización, que nos integra cada vez más a todos los países de la tierra, con indudables ventajas; pero también representa nuevas exigencias para nuestra flota, nuestros marinos y nuestros navieros.
Por último, la crisis que hoy existe en la actividad naviera mundial como consecuencia de la que se iniciara en el sudeste asiático, al disminuir el movimiento de carga en algunas de las zonas de mayor comercio, induce a las grandes empresas navieras a interesarse en transportes de una importancia menor para ocupar su capacidad ociosa. Éste es quizás el peligro mayor, porque estas megaempresas pueden operar, transitoriamente, con el solo objeto de evitar pérdidas y sin el ánimo de mantener permanentemente servicios a nuestras costas; pero su paso por ellas puede, sí, causar un daño a empresas como las nuestras, que no tienen ni con mucho la capacidad económica de esas gigantes.
No está de más a este respecto señalar que en los últimos años son numerosas -tal vez la mayoría- las empresas navieras latinoamericanas que han desaparecido, precisamente porque no han estado en situación de competir con las megaempresas y porque no estaban preparadas para hacerlo libremente, sin apoyos, privilegios y reservas.
Es un mérito para la Marina Mercante chilena -que en buena parte obedece a que ella desde hace casi dos decenios ha debido competir sin protección alguna de trascendencia- sobrevivir y seguir progresando en estas circunstancias.
Como, por otra parte, por mandato de la geografía Chile tiene una dependencia mayor que la de la inmensa mayoría de los países del transporte marítimo, el país debe comprender que el contar con empresas navieras y flotas mercantes a su disposición, adecuadas y eficientes, constituye una necesidad vital y un elemento indispensable para continuar creciendo.
Es imprescindible que, tras la conciencia de la importancia de la actividad mercante para un país oceánico, exista en la autoridad -y también en nosotros como legisladores- la voluntad colectiva de plasmar en normas concretas el deseo y la necesidad de una Marina Mercante Nacional competitiva y moderna. El marco legal hoy existe, pero una actividad que se desenvuelve en mercados de tan extrema sensibilidad requiere que él sea permanentemente adecuado a las nuevas necesidades y no caer en rigideces ni burocracias que disminuyan la eficacia alcanzada.
La experiencia que día a día recoge el sector privado y que transmite a la autoridad es vital para que, como nación, acrecentemos nuestro posicionamiento oceánico y nuestras naves, hoy como ayer, sigan presentes en los mares del mundo.
Al efecto, mucho podría avanzarse en esta necesidad de entendimiento permanente entre los sectores público y privado, si creamos los órganos que faciliten e institucionalicen esta relación.
El mundo mercante no es sólo una ley o algunos reglamentos más o menos adecuados. Cierto es que lo normativo constituye la base fundamental para la actividad, pero ello pudiera resultar insuficiente si no va a aparejado de una infraestructura física que le sirva de complemento. Así, a lo propiamente naviero se suman aspectos portuarios, marítimos, de defensa, camineros y muchos otros, que sólo si se logra armonizar y sumar redundan en fortalezas. De lo contrario, por muy eficiente que sea la actividad de la Marina Mercante en sí misma, los vacíos, atrasos o insuficiencias en otros campos terminan por debilitarla, sin perjuicio de afectar nuestro desarrollo como país.
Ya he planteado en otras ocasiones -y estimo necesario reiterarlo- que el Ejecutivo debe proponer una instancia permanente y orgánica en la que esta multiplicidad de factores que inciden en el desarrollo oceánico del país, al que se une ineludiblemente la Marina Mercante, puedan ser constantemente analizados, evaluados y, sobre todo, coordinados, con la participación de todos los que tienen intereses y experiencias en el área marítima.
La fórmula que he propuesto es la de la creación de una Comisión Nacional del Mar que, teniendo como símil a la Comisión Nacional de Energía, permita que participen y se encuentren en un plano de igualdad los sectores público y privado y que, fruto de su relación, surjan los estudios y proyectos destinados a fomentar e impulsar la que probablemente sea el área más importante de nuestros intereses nacionales.
Creo que el desafío de transformar al mar en el eje del bienestar y la riqueza de nuestra región no es inalcanzable. Ya contamos para ello con la fuerza y el valor de quienes, empapados del espíritu de hombres del océano, surcan, incluso en estos mismos momentos, los mares del mundo como tripulantes y oficiales, muchas veces de naves que no son nuestras, dejando claro en todas partes -y aun en las más difíciles circunstancias- su calidad de herederos de un patrimonio que la naturaleza y la historia han formado en torno al mar.
Todos ellos merecen nuestra admiración, reconocimiento y respeto, y son los más dignos destinatarios de este homenaje.
Pero ellos no pueden estar solos en su amor por el mar. Nosotros, Senadores, sobre quienes pesa la responsabilidad de legislar, tenemos nuestro desafío: contribuir con las herramientas y políticas que día a día vayan fortaleciendo nuestra personalidad como nación oceánica.
Por lo mismo es que deseo repetir una cita que algunos de ustedes ya me han escuchado. María Graham, sin ser chilena ni mucho menos un viejo lobo de mar, tras conocer nuestro país, escribió a comienzos del siglo pasado: "Chile será un país marítimo o no será nada".
Una observación muy valiosa, extraordinariamente vigente y que no puede ser olvidada ni desatendida por nadie, y menos por nosotros.
He dicho.

El señor RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, el Partido Por la Democracia, el Comité Institucionales 2 y el Partido Socialista, por mi intermedio, se suman al merecido homenaje que las diferentes bancadas del Senado rinden a la Marina Mercante Nacional.
180 años: casi los años de la República. Y, en este instante, no podemos dejar de reconocer lo que la Marina Mercante ha significado en el desarrollo económico de nuestra nación, que entra al siglo XXI con ese aporte, con ese respaldo.
Y cuando hablo sobre la contribución que la Marina Mercante ha significado para nuestras actividades económicas, quiero simplemente, en esta breve intervención, señalar que Chile exporta más del 30 por ciento de su producto geográfico bruto, lo cual implica que un tercio de su producción global tiene por destino todos los mercados del mundo. Nuestro comercio exterior genera exportaciones e importaciones que bordean los 30 millones de toneladas, movilizadas vía marítima en 97 por ciento, generándose fletes por más de 2 mil millones de dólares.
Aquí, evidentemente, la Marina Mercante tiene un aporte que quisiéramos más sustantivo. Porque reconocemos lo recién planteado por un señor Senador en el sentido de que, en este gran movimiento marítimo nacional, los barcos chilenos transportan menos de 10 por ciento.
Resulta evidente, entonces, que los legisladores, quienes debemos mirar la Marina Mercante Nacional como algo muy nuestro, en algún instante entregaremos, a través de diversas iniciativas, el respaldo que ella merece.
He dicho.

El señor RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Páez.

El señor PÁEZ.- Señor Presidente, en representación del Comité Demócrata Cristiano, adhiero al tan merecido y justo homenaje que se rinde a la Marina Mercante Nacional.
Nos sumamos a las muy importantes y elocuentes intervenciones de los Senadores señores Horvath, Martínez y Urenda, y confirmamos una vez más el orgullo que sentimos por nuestra Marina Mercante.

El señor RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, deseo señalar que nuestro homenaje fue rendido por especial encargo y representación de los Senadores independientes, de los de Renovación Nacional, de los de la Unión Demócrata Independiente y del de la Unión de Centro Centro, y, evidentemente, en nombre del Senado.

El señor RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).- En nombre del Senado, saludo muy especialmente a los señores oficiales representantes de la Armada y del Colegio de Capitanes de la Marina Mercante Nacional, cuya presencia en las tribunas agradezco.
Terminado el homenaje.

VI INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor HOFFMANN (Prosecretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor LAGOS:
A Su Excelencia el Presidente de la República y a los señores Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción y de Vivienda y Urbanismo, sobre COLAPSO DE ACTIVIDAD PESQUERA Y CRISIS HABITACIONAL EN ARICA E IQUIQUE, y a Su Excelencia el Presidente de la República y al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, en cuanto a INQUIETUD POR EFECTOS PARA IQUIQUE DE LEY Nº 19.542 (todos de la Primera Región).
Del señor MORENO:
Al señor Ministro de Obras Públicas, tocante a PRONTA PAVIMENTACIÓN DE CAMINO ROL H200, DE SANTA ELENA, y al señor Contralor General de la República, concerniente a INFORME DE CONTRALORÍA SOBRE ACCIONES ANTE ANOMALÍAS DE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE (ambos de la Sexta Región).
Del señor STANGE:
A los señores Ministros de Obras Públicas y de Agricultura; Director de la Corporación Nacional de Medio Ambiente, y Director General del Territorio Marítimo y Marina Mercante Nacional, acerca de IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTO "CASCADA CHILE" (BAHÍA ILQUE, PUERTO MONTT), y al señor Ministro de Agricultura (CONAF), en relación a INFORME SOBRE LITIGIO DE SOCIEDAD TURÍSTICA LOS LAGOS CON EL FISCO (DÉCIMA REGIÓN).
_____________

El señor RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).- En Incidentes, como los Comités Institucionales 2, Mixto y Demócrata Cristiano no harán uso de su tiempo, en el turno del Comité UDI e Independientes, tiene la palabra la Senadora señora Matthei.


INFORMACIÓN SOBRE CONDENADOS POR INFRACCIÓN
A LEYES Nºs 18.403 Y 19.366. OFICIO

La señora MATTHEI.- Señor Presidente, quiero solicitar el envío de una serie de oficios que tienen que ver con el sector Justicia.
El primero de ellos, dirigido a la señora Ministra de Justicia, expresa:
"Solicito a Ud. proporcionarnos los siguientes antecedentes respecto de condenados por infracción a las Leyes 18.403 y 19.366 que sancionan el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, desde 1995 a la fecha:
"1. Individualización completa;
"2. Tribunal y rol del proceso;
"3. Penas aplicadas, corporales y pecuniarias;
"4. Beneficios penitenciarios concedidos a aquellos condenados a penas privativas de libertad, esto es, salidas dominicales, diarias o libertad condicional;
"5. En el caso de aquellos señalados en el punto 4 precedente, si registraban o no anotaciones prontuariales anteriores.".
El objetivo de dicho oficio es el siguiente. En la nueva Ley sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes, en general, se consignó la inexcarcelabilidad de los condenados. Sin embargo, me he enterado de que a muchos de ellos se les otorgan beneficios penitenciarios; es decir, beneficios que se dan, no a través del juez, sino de los SEREMIS de Justicia, con informe favorable de Gendarmería. Y, al parecer, personas con condenas por 3 ó 4 delitos distintos, incluidos homicidios, habrían tenido libertad.


DATOS SOBRE DEFENSA DE INFRACTORES DE LEY Nº 19.366
EN CUARTA Y NOVENA REGIONES. OFICIOS
En seguida, pido oficiar a las Ilustrísimas Cortes de Apelaciones de la Cuarta y Novena Regiones, en los siguientes términos:
"Solicito a S.S. Iltma. se sirva informar a esta Corporación sobre los abogados, estudiantes y egresados habilitados, que representan o hayan representado a inculpados o procesados en causas por infracción a la ley 19.366, radicadas en los Juzgados de su jurisdicción, desde el año 1995 a la fecha. Ello, con el objeto de confirmar infracciones a lo dispuesto en el art. 51 de dicha ley.
"Al respecto, solicito a Su Señoría Ilustrísima remitir los siguientes antecedentes: 1) Individualización del tribunal; 2) Rol de la causa, y 3) Individualización completa del o los patrocinantes o apoderados, tengan o no vigente el mandato.".
¿Cuál es el motivo de esta petición, señor Presidente? La Ley sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes prohíbe a cualquier abogado que ejerza en la Administración Pública, a cualquier título, ser patrocinantes en causas por delitos a que refiere dicho cuerpo legal, y como en la Cuarta y en la Novena Regiones se va a implementar el nuevo procedimiento penal, que incluye el nombramiento de fiscales, deseo saber si hay abogados en esa situación.


NÓMINA DE ABOGADOS FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO EN CUARTA Y NOVENA REGIONES. OFICIO

La señora MATTHEI.- El tercer oficio va dirigido al señor Contralor de la República, y dice lo siguiente:
"Solicito a usted informar sobre la nómina de todos los abogados, estudiantes y egresados habilitados que se desempeñen o hayan desempeñado en la Cuarta y Novena Regiones como funcionarios o empleados contratados, a cualquier título, en los servicios de la Administración del Estado o en instituciones o servicios descentralizados, territorial o funcionalmente, desde 1995 a la fecha.".
El objeto de este oficio es contrastar la información que proporcionen las Cortes de Apelaciones, para saber si hay abogados que hayan incurrido en el ilícito tipificado en el artículo 51 de la ley N° 19.366.


INTERPRETACIÓN SOBRE EXTENSIÓN DE PROHIBICIÓN
DE ARTÍCULO 51 DE LEY N° 19.366. OFICIO

La señora MATTHEI.- Y el cuarto oficio también tiene como destinatario al señor Contralor General de la República, y está redactado en los términos siguientes:
"El artículo 51 de la ley Nº 19.366 establece la prohibición a abogados, estudiantes y egresados habilitados para actuar judicialmente que se desempeñen como funcionarios o empleados contratados a cualquier título en los servicios de la Administración del Estado o en instituciones o servicios descentralizados, territorial o funcionalmente, de patrocinar o actuar como apoderados o mandatarios de inculpados o procesados por crímenes, simples delitos o faltas a que se refiere esa ley.
"En ese contexto y conforme a lo dispuesto en los artículos 9 y 19 de la ley Nº 19.366 agradeceré a usted interpretar la extensión de la prohibición, aclarando especialmente si debe comprenderse a quienes presten servicios en empresas o entidades donde el Estado tenga participación, tales como Banco del Estado, empresas CORFO, etcétera, e instruir a las Contralorías Regionales al respecto.".
Ello tiene por finalidad determinar el ámbito de la prohibición que consigna la ley Nº 19.366.
Tales son los cuatro oficios cuyo envío solicito, porque efectivamente el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas es un tema que acapara en forma creciente la atención de la opinión pública, y me parece importante que el Senado conozca esta información.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre de la señora Senadora y del Honorable señor Cordero, en conformidad al Reglamento.
POSTERGACIÓN DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LEY SOBRE RESTITUCIÓN O INDEMNIZACIÓN POR BIENES CONFISCADOS.
PROYECTO DE ACUERDO

El señor RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).- Han llegado a la Mesa dos proyectos de acuerdo.
El primero, suscrito por los Honorables señores Lagos, Novoa, Prat, Larraín, Chadwick, Urenda, Bombal, Horvath, Errázuriz y Cantero, propone:
"1° Solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que postergue a lo menos por dos años la entrada en vigencia de la ley que autoriza la restitución o indemnización por bienes confiscados a los partidos políticos, y
"2° En caso de entrar en vigencia la señalada ley, formular un llamado a los partidos políticos que se verán beneficiados por sus normas a presentar sus solicitudes al final del plazo de un año que tendrán para hacerlo, aceptando anticipadamente que los pagos respectivos se verifiquen en el máximo plazo legal.".
--Queda para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión.
NOMINACIÓN DE VALPARAÍSO COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. PROYECTO DE ACUERDO

El señor RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).- El segundo proyecto de acuerdo, suscrito por los Honorable señores Urenda, Hamilton, Cordero, Páez, Díez, Larraín, Matta, Aburto, Horvath, Ruiz (don José), Martínez, Chadwick, Bombal, Canessa, Sabag, Cariola, Matthei, Fernández y Ruiz-Esquide, propone lo siguiente:
"Apoyar las gestiones que realiza la Ilustre Municipalidad de esta ciudad ante la UNESCO para que Valparaíso sea nominado Patrimonio de la Humanidad.
"Destacar a nivel nacional este apoyo que el Senado de la República otorga a la ciudad de Valparaíso, por sus especiales características, antes señaladas.
"Poner en conocimiento de este Acuerdo a Su Excelencia el Presidente de la República, al señor Ministro de Educación, al Consejo Nacional de Monumentos Nacionales, al señor Intendente de la Quinta Región, al señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso y a la División de Cultura de la UNESCO, París, Francia.".
--Queda para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión.

El señor RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).- No habiendo otra materia que tratar, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 21:40.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción