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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 341ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 25ª, en martes 21 de marzo de 2000
Ordinaria
(De 16:13 a 19:16)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE,
MARIO RÍOS, VICEPRESIDENTE, Y ANDRÉS CHADWICK, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIOS, LOS SEÑORES JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, TITULAR,
Y CARLOS HOFFMANN CONTRERAS
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Bitar Chacra, Sergio
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Cordero Rusque, Fernando
--Chadwick Piñera, Andrés
--Díez Urzúa, Sergio
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pérez Walker, Ignacio
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior, de Justicia, del Trabajo y Previsión Social y Directora del Servicio Nacional de la Mujer.
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:13, en presencia de 22 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesión 21ª, ordinaria, en 25 de enero del presente año, que no ha sido observada.
IV. CUENTA

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor HOFFMANN (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República, con el que incluye en la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional el proyecto que modifica la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, con el objeto de establecer un sistema de elecciones separadas de alcaldes y concejales. (Boletín Nº 2.035-06).
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Seis de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley sobre cobro de prestaciones de salud y normativa de las instituciones de salud previsional. (Boletines Nºs. 1.692-11 y 2.276-11, refundidos).
--Pasa a la Comisión de Salud y a la de Hacienda, en su caso.
Con los cinco restantes informa que ha aprobado los siguientes proyectos de acuerdo:
1) El relativo a la supresión de visas para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales, de servicio y especiales celebrado entre la República de Chile y el Gobierno de la República Francesa. (Boletín Nº 2.432-10).
2) El atinente a la supresión de visas para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales, de servicio y especiales celebrado entre la República de Chile y el Gobierno de Turquía. (Boletín Nº 2.433-10).
3) El relacionado con la supresión de visas para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales, de servicio y especiales celebrado entre la República de Chile y el Gobierno de la República Helénica. (Boletín Nº 2.434-10).
4) El referente a la supresión de visas para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales, de servicio y especiales celebrado entre la República de Chile y el Gobierno de la República Dominicana. (Boletín Nº 2.435-10).
5) El relativo a la supresión de visas para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales, de servicio y especiales celebrado entre la República de Chile y el Gobierno de la República Eslovaca. (Boletín Nº 2.437-10).
--Pasan a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el que responde dos oficios enviados en nombre del Senador señor Horvath, sobre la posibilidad de abrir los registros de pescadores artesanales en la comuna de Tortel para la inscripción de sus residentes.
De la señora Ministra de Educación, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Chadwick, referido al informe final de la Contraloría General de la República sobre la Asesoría para la Planificación y la Gestión de los Departamentos de Educación Municipal de las comunas que indica.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Del señor Contralor General de la República, con el que comunica que con fecha 15 de marzo en curso, en ejercicio de sus atribuciones privativas de orden constitucional, procedió a tomar razón de la Resolución Nº 38, de 1999, del Gobierno Regional Metropolitano, por lo que retira la contienda de competencia promovida por oficio Nº 2591, de 25 de enero del presente año, debido a que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago había admitido a tramitación el recurso de protección que se indicaba. (Boletín Nº S 463-03).
--Se toma conocimiento y se manda archivar junto con sus antecedentes.
Del señor Comandante en Jefe de la Armada, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, relativo al establecimiento de una Capitanía de Puerto en la caleta de Carelmapu, Décima Región.
Dos del señor Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Lavandero, referido a los ingresos fiscales y la producción industrial de cobre durante 1997, 1998 y 1999, y sus estimaciones para el presente año.
Con el segundo comunica que recibió un oficio enviado en nombre del Senador señor Lavandero acerca de los problemas derivados de la actividad minera cuprífera en el país y señala que la solicitud pertinente será objeto de un análisis detenido para dar una pronta respuesta.
Dos del señor Director de Vialidad subrogante:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a la construcción del camino de penetración Frontera Argentina-Sector Sur Lago O'Higgins hasta Bahía Candelario Mancilla.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a la factibilidad de construir el camino Puerto Yungay-Río Bravo.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Comunicaciones
Del señor Presidente del Tribunal Calificador de Elecciones, con el que señala el nuevo horario de funcionamiento de la Secretaría de dicho Tribunal y de atención al público, así como las fechas de las sesiones ordinarias.
De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, con la que informa que presentó la renuncia a su Presidencia el Senador señor Enrique Silva Cimma y que, por unanimidad, eligió Presidente al Honorable señor José Antonio Viera-Gallo Quesney.
--Se toma conocimiento.
Informes
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula las ofertas públicas de adquisición de acciones y establece un régimen de gobiernos corporativos. (Boletín Nº 2.289-05).
De la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, en lo relativo al derecho de las estudiantes que se encuentren embarazadas o que sean madres lactantes de acceder a los establecimientos de educación y permanecer en ellos. (Boletín Nº 1.251-18).
Dos de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaídos en las solicitudes de rehabilitación de ciudadanía de los señores Rolando Heriberto del Tránsito Acevedo Ortiz y Yadalla Miguel Díaz Pérez, respectivamente. (Boletines Nºs. S 430-04 y S 431-04, respectivamente).
--Quedan para tabla.
Declaración de inadmisibilidad
Moción del Senador señor Ruiz De Giorgio con la que inicia un proyecto de ley sobre trabajo en régimen de subcontratación y suministro temporal de trabajadores.
--Se declara inadmisible, por contener materias de iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el Nº 6º del artículo 62 de la Constitución Política de la República.
Solicitudes
De los señores Librado Segundo Esteban Vásquez Ramos y Washington Eduardo Opazo Vera, con las que piden la rehabilitación de su ciudadanía. (Boletines Nºs. S 474-04 y S 475-04, respectivamente).
--Pasan a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la Cuenta.

El señor RUIZ (don José).- Pido la palabra sobre la Cuenta.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- La tiene, Su Señoría.

El señor RUIZ (don José).- Señor Presidente, respecto del penúltimo punto de la Cuenta, relativo a la moción que presenté para iniciar un proyecto sobre materias laborales, solicito oficiar al Primer Mandatario para que otorgue su patrocinio, de modo que la iniciativa pertinente pueda ingresar al Parlamento.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se dará curso al oficio solicitado, si le parece a la Sala.

La señora FREI (doña Carmen).- ¿Puedo agregar mi nombre?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Sí, Su Señoría.

El señor PIZARRO.- En nombre del Comité Demócrata Cristiano, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Así se procederá.

ACUERDOS DE COMITÉS

El señor LAGOS (Secretario).- Los Comités, en reunión de hoy, acordaron conformar el Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana con las materias siguientes y en el orden que se indica:

1.- Solicitudes de rehabilitación de ciudadanía presentadas por los señores Rolando Heriberto del Tránsito Acevedo Ortiz y Yadalla Miguel Díaz Pérez, informadas por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía;

2.- Proyecto de la Cámara de Diputados que modifica la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, en lo relativo al derecho de las estudiantes que se encuentren embarazadas o que sean madres lactantes de acceder a los establecimientos de educación y permanecer en ellos, que cuenta con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y
3.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que regula las ofertas públicas de adquisición de acciones y establece régimen de gobiernos corporativos, con informe de la Comisión de Hacienda.


INVESTIDURA DE SENADOR SEÑOR EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Solicito al señor Edecán invitar al ex Presidente de la República don Eduardo Frei Ruiz-Tagle para que ingrese a la Sala con el fin de prestar juramento o promesa, según el artículo 4º del Reglamento, como Senador en conformidad a lo dispuesto en la letra a) del inciso tercero del artículo 45 de la Constitución Política de la República.
--El señor Eduardo Frei Ruiz-Tagle ingresa a la Sala.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ruego a los señores Senadores y a los presentes en las tribunas ponerse de pie.
Señor Eduardo Frei Ruiz-Tagle:
¿Juráis o prometéis guardar la Constitución Política del Estado; desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la Nación; consultar en el ejercicio de vuestras funciones sus verdaderos intereses según el dictamen de vuestra conciencia y guardar sigilo acerca de lo que se trate en sesiones secretas?

El señor FREI (don Eduardo).- Sí, juro.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la Patria os hagan cargo.
El señor Eduardo Frei Ruiz-Tagle queda incorporado a esta Sala como Senador de la República.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El Honorable señor Frei me solicitó la palabra.
Tiene la palabra Su Señoría.

El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, Honorables Senadores:
Vuelvo al lugar de donde salí hace seis años, cuando fui elegido Presidente de la República. Regreso al ejercicio de la labor legislativa, el corazón de la democracia, donde se confrontan las distintas ideas y visiones que se manifiestan en nuestro país.
Desde que tomé la decisión de dedicarme al servicio público, he mantenido un estrecho contacto con la ciudadanía. Lo hice primero como Senador, y luego, como Jefe del Estado. Al asumir esta nueva responsabilidad, tendré siempre presente lo que he aprendido en el encuentro con la gente. Haré lo que esté a mi alcance para que sigamos progresando en salud, en educación, en justicia, en vivienda, en las preocupaciones centrales de la familia chilena.
En mi último discurso como Presidente de la República manifesté mi inquietud por el lento avance experimentado en la profundización de la democracia. Hoy vengo a este Congreso a trabajar por la democracia, por su profundización, por la dignidad de nuestra vida política. En consecuencia, respaldaré activamente las iniciativas que coloquen al día nuestras instituciones políticas. Chile es un país maduro, que no necesita tutelas ni protecciones especiales que impidan la plena expresión de la soberanía popular.
He ocupado esta posición de Senador vitalicio porque así lo establecen la Constitución y la ley, y especialmente, porque creo que desde aquí podré contribuir eficazmente al trabajo parlamentario de la Concertación de Partidos por la Democracia. Sin embargo, siempre he sostenido que los ciudadanos de mi país merecen un Senado totalmente elegido mediante votación popular y, en consecuencia, estoy dispuesto a trabajar y a apoyar con decisión las reformas que así lo establezcan.
--(Aplausos en la Sala y tribunas).
Honorable Senado, quiero aportar a esta distinguida Institución la experiencia acumulada como Presidente de la República. Mi trabajo legislativo lo realizaré pensando en el bien superior de Chile, con espíritu de diálogo y entendimiento; y colaboraré activamente con el actual Gobierno en la discusión y elaboración de las leyes que el país requiere.
Asumo esta responsabilidad con decisión y con la satisfacción de reencontrarme con ustedes en esta tarea tan importante para el país. Nuestra gente con razón tiene esperanzas: comienza un nuevo Gobierno en una etapa en que Chile avanza con paso seguro hacia el desarrollo, en una región del mundo plena de desafíos, en un siglo lleno de promesas.
Ayer desde la Presidencia de la República, hoy, nuevamente desde el Senado, voy a trabajar lealmente para hacer realidad los ideales de nuestra nación.
He dicho.
--(Aplausos en la Sala y tribunas).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se suspende la sesión.

______________
--Se suspendió a las 16:32.
--Se reanudó a las 16:41.
______________

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Continúa la sesión.
Solicito el asentimiento del Senado para que la Comisión de Salud pueda sesionar paralelamente con la Sala, a partir de las 18:30.
Acordado.
______________

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Valdés.

El señor VALDÉS.- Señor Presidente, entiendo que ha llegado al Senado el proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado entre la República de Chile y la Argentina sobre integración y complementación minera. Como es natural, debe remitirse no sólo a la Comisión de Relaciones Exteriores, sino también a otras, sobre todo a la de Minería.

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, no tengo inconveniente -y creo que se ahorraría tiempo- en que esas dos Comisiones estudien en conjunto esta materia.
El Tratado se encuentra actualmente radicado en la Comisión de Minería, la que comenzará su despacho el miércoles de la segunda semana de abril.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Es una iniciativa de bastante trascendencia y va a requerir mucha información.
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez.

El señor PÉREZ.- Señor Presidente, concuerdo con la proposición formulada por los Honorables señores Valdés y Hamilton, pero también me gustaría sugerir al Senado -particularmente a la Comisión de Relaciones Exteriores- que este asunto se analizara dentro del marco de otros convenios pendientes con Argentina y que se relacionan con temas de reciprocidad, de equidad, de compensaciones, etcétera. Argentina tiene especial interés en el tratado minero; nosotros, en otros. Por eso, la Comisión de Relaciones Exteriores, a propósito de esta materia, también podría considerar el abanico de convenios pendientes. De ese modo podríamos conocer cómo se están llevando adelante las relaciones bilaterales entre ambos países.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Me parece que es un tema que así debe ser abordado, y en ese momento habrá que ver qué sucede con los demás tratados pendientes, en especial en lo relativo a las compensaciones.

El señor MARTÍNEZ.- Pido la palabra, señor Presidente, para formular una consulta.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, estimo fundamental analizar este asunto en conjunto. Como no ha sido tratado en la Comisión de Relaciones Exteriores, sugiero al Honorable señor Valdés que conversemos sobre el procedimiento a seguir. Es natural que nos unamos con la Comisión de Minería, pero me parece que primero debemos conversar,...

El señor VALDÉS.- ¡Nunca me he negado a conversar con Su Señoría!

El señor MARTÍNEZ.- ...porque hay tiempo para hacerlo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No hay inconveniente en que en la Comisión de Relaciones Exteriores se converse sobre el tema, pero el tratamiento mismo del convenio minero debe hacerse en las Comisiones unidas de Minería y Relaciones Exteriores.
¿Habría acuerdo en la Sala para proceder en esos términos?
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA



FACULTADES DE TRIBUNALES ORDINARIOS PARA INVESTIGACIONES EN RECINTOS MILITARES


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Corresponde seguir ocupándose en el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que fortalece las facultades jurisdiccionales de los tribunales ordinarios de justicia para investigar en recintos militares, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, cuya discusión general se encuentra pendiente.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2304-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 4ª, en 13 de octubre de 1999.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 21ª, en 25 de enero de 2000.
Discusión:
Sesión 24ª, en 15 de marzo de 2000 (queda pendiente su discusión).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Hasta este momento, hay nueve señores Senadores inscritos para intervenir. Además, hay uno que lo hará en su segundo discurso.
Continúa la discusión general del proyecto.

Tiene la palabra el Honorable señor Zurita.

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, se ha formulado petición para clausurar el debate.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Voy a consultar a la Secretaría para ver cuánto tiempo de discusión ha transcurrido, a fin de determinar si esa solicitud procede o no procede.
Tiene la palabra el Honorable señor Zurita.

El señor ZURITA.- Señor Presidente, el proyecto en debate es, a primera vista, una modificación legal sin complicaciones cuya finalidad es volver a dar vigencia al texto que el artículo 158 del Código de Procedimiento Penal tenía en él desde su presentación al Congreso en 1894 hasta su promulgación y entrada en vigencia en 1907 y que se mantuvo inalterado hasta el 11 de marzo de 1977, fecha en que se agregó un inciso que dispone que, tratándose de recintos militares o policiales, las diligencias a que se refiere la norma deberán cumplirse por intermedio de los tribunales militares de la correspondiente jurisdicción. El proyecto elimina este inciso y mantiene, volviendo a la antigua redacción, las facultades del juez de la causa para realizar por sí mismo las diligencias sin la intermediación de los tribunales militares.
Esta enmienda ha despertado algunas resistencias que, más allá de analizar la utilidad procesal de ella, se han centrado en suposiones y sospechas. Agunos creen que los jueces del crimen van a realizar investigaciones semiarqueológicas en los recintos militares; otros, que se va a vulnerar la seguridad social, divulgando los secretos que logren conocer; y otros, en fin, que esto sencillamente es para dificultar las diligencias.
Es una muestra más de la suspicacia que rodea nuestra convivencia.
Un modelo especial de esta suspicacia lo constituye una iniciativa ¿no me refiero a ésta- que vale la pena recordar. Hay una tremenda paradoja en esto. Un proyecto de ley de reforma constitucional, aprobado por gran mayoría en el Senado y por unanimidad en la Cámara revisora, ahora despierta recelos y algunos desean rechazarlo. ¿Por qué sucede esto? Porque se ha elaborado un extraña teoría. El fuero que se confiere a los ex Presidentes en el fondo tiene por objeto resolver una omisión injusta: a un ex Mandatario no se le da ese trato, por no haber desempeñado el cargo por seis años, sino por cuatro, como correspondía de acuerdo con lo señalado en el texto constitucional que le era aplicable.
Pero otros dicen: "No, no, esto va más allá. Se está creando un superfuero". Se confunde fuero con inmunidad. El fuero es un requisito para procesar. Con él se trata de evitar que a las personas que desempeñan un cargo como el nuestro se les moleste con querellas o denuncias intrascendentes. Y el desafuero se pide para que un tribunal resuelva si la querella vale o no la pena para privar de fuero a una persona.
Dicho fuero es confundido con la inmunidad de jurisdicción. Esta última se halla contemplada en Chile sólo para dos tipos de personas: en beneficio de organizaciones internacionales instaladas en nuestro país, en su carácter de personas jurídicas del Derecho Internacional; y en cuanto a las personas naturales ¿no las jurídicas-, sólo en favor de los agentes diplomáticos acreditados ante nuestro Gobierno. Ésas son las únicas personas que poseen inmunidad de jurisdicción. Nadie más la tiene en Chile.
Pensar que la referida enmienda genera inmunidad de jurisdicción, es un absurdo. Crea un fuero, igual al que poseen los Parlamentarios. Y el principio general es: "donde existe la misma razón se aplica la misma disposición". Sin embargo, algunos consideran que no es así, y subsiste la eterna sospecha.
Lo anterior es un exordio que estimé necesario hacer aparte del proyecto en debate.
La iniciativa en análisis se halla inserta en el Título III del Código de Procedimiento Penal, cuyo epígrafe señala: "De la comprobación del hecho punible y averiguación del delincuente" Más adelante, luego de dedicar casi 50 artículos a las diligencias que deben llevarse a cabo en determinados delitos, atendidas sus características y naturaleza, el párrafo 3 expresa: "De la entrada y registro en lugar cerrado, del registro de libros, papeles y vestidos y de la detención y apertura de la correspondencia epistolar y telegráfica".
Sin embargo, ¿por qué debe reglamentarse esta materia? Porque atenta contra las garantías individuales establecidas en la Constitución. ¿Cuál de ellas? Muy simple: la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. Esto es lo que se desea proteger con el artículo propuesto. La Constitución señala que "El hogar sólo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley". Y es lo que hace el proyecto en estudio.
Por otra parte, es útil recordar que si la autoridad militar o policial requerida considera que los documentos cuya entrega o revisión se solicita son de tal trascendencia que aconseja el secreto, puede rechazar la solicitud y pedir pronunciamiento a la Corte Suprema.
De todo lo expuesto resulta evidente que la norma que se modifica tiene por objeto reglamentar la manera de cumplir esas actividades que vulneran garantías individuales. Se trata de que las transgredan en la menor forma posible.
He escuchado a señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra decir que esto atenta contra la jurisdicción de los tribunales militares. No es así. Aquí se trata de una diligencia decretada por un juez civil, a quien nadie le ha disputado aún la competencia, y en un juicio del derecho común, no del derecho militar.
Por último, en cuanto a la indicación formulada en la sesión recién pasada, me parece que contiene una contradicción muy grande. En efecto, el inciso que se propone agregar al artículo 158 en el carácter de segundo, pasando el actual a ser tercero, produce una contradicción entre uno y otro. Sin embargo, al concurrir a esta sesión, me he impuesto de que se ha presentado un nueva indicación mucho más completa, la que a mi juicio resuelve perfectamente el problema y evita cualquier resquemor y roce.

El señor LARRAÍN.- ¿Me permite una interrupción Su Señoría, con la venia de la Mesa?
El señor ZURITA.- Sí, señor Senador.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, a propósito del último comentario efectuado por el Senador señor Zurita, aprovecho de informar a la Sala ¿aun cuando todos tienen en su poder el texto de la nueva indicación- que, dada la inquietud que manifestamos y que hicimos presente a través de una indicación en la última sesión en que analizamos esta materia, el Ejecutivo elaboró un texto al respecto. Esta indicación, con algunos alcances menores que figuran manuscritos en ella, la hicimos nuestra y la presentamos en conjunto con los Honorables señores Viera-Gallo, Hamilton, Aburto y Díez, en el afán de dar curso a esta reforma con el mismo espíritu que imperó en los Senadores que elaboramos y aprobamos el informe de la Comisión.
En ella, fundamentalmente, se recoge la inquietud que planteamos en el sentido de que si se tratare de materias de seguridad nacional debería existir algún procedimiento distinto que permita resolver al respecto antes de que se practiquen las diligencias.
El Ejecutivo ha elaborado un procedimiento bastante más completo que el que sugerimos inicialmente. Ello nos da la tranquilidad de que cualquier duda de interpretación o cualquier error, por el apresuramiento con que a veces se formulan las indicaciones, queda subsanado.
Por lo tanto, con los alcances que hicimos ¿principalmente en el primer inciso del artículo sustitutivo-, la indicación establece que la comunicación de la diligencia que se va a practicar en los distintos recintos deberá ser remitida con al menos 48 horas de anticipación, y, adicionalmente, que deberá contener las señas de lo que hubiere de ser objeto del registro. En cuanto a esto último ¿las señas-, se dará a conocer sólo si no fuere de temer que se frustrare la diligencia. Porque, obviamente, no hay afán alguno en que la anticipación a dar las señas permita evadir el cumplimiento de la diligencia de registro que debe practicarse.
En el segundo inciso, que señala "Si la diligencia implicare el examen de documentos reservados o de lugares en que se encontrare información" cuyo carácter sea eventualmente lesivo a la seguridad nacional o que afectare a ésta, agregamos la frase "o elementos". Porque no sólo puede ser lesiva la información, sino también los elementos u objetos propios de las Fuerzas Armadas y que, por el hecho de darse a conocer, pudieren afectar la seguridad nacional.
Hubo bastante consenso en los distintos Comités del Senado en dar curso al proyecto en análisis con la referida indicación que elaboramos, la cual dejo sometida a la consideración de los señores Senadores que aún no han hecho uso de la palabra y, por cierto, a todos para el momento de la votación.
He dicho. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En cuanto a la solicitud del Senador señor Hamilton de clausurar el debate, debo señalar que, mientras no se cumplan dos horas de discusión ¿restan 27 minutos- sobre la materia, no puedo acceder a ello.

El señor HAMILTON.- ¿Me permite, señor Presidente?
La idea no es impedir a ningún señor Senador que haga uso de la palabra, sino que, simplemente, si se ha presentado una indicación sustitutiva por los mismos miembros que firmamos el informe, enviar el proyecto a la Comisión para que lo estudie y haga un nuevo informe, o, si hay acuerdo, votar inmediatamente y que los oradores inscritos ¿dado que la iniciativa ha sido modificada- hagan uso preferente de la palabra para aprobarla o rechazarla, según su parecer. El señor VEGA.- Señor Presidente, como éste es un texto absolutamente nuevo, me parece muy aconsejable que el proyecto vuelva a Comisión, a fin de que ésta haga las consultas que no se han efectuado sobre aquél. Considero que tendría un excelente apoyo, porque se trata de un texto mucho más completo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, apoyo el planteamiento del Senador señor Hamilton de que el proyecto vuelva a la Comisión, debido a que hay un detalle bastante delicado al cual deseo referirme. Me parece que este texto nuevo debiera ser revisado y pulido en su idea central, porque hay un problema práctico en el inciso tercero.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Parra.

El señor PARRA.- Señor Presidente, no comparto el criterio de que el proyecto vuelva a Comisión. El debate de la semana pasada más el que ahora debe llevarse a cabo son suficientes para que la iniciativa se vote en esta misma oportunidad.
Dejo constancia, desde ya, de que me abstendré en la votación en particular, debido a que no estoy de acuerdo ni con el texto propuesto por la Comisión ni con el que ahora se presenta por la vía de una indicación. Pero no haré cuestión, a fin de que ese texto pueda votarse y, si cuenta con la mayoría suficiente, sea aprobado esta tarde.
En verdad, no hay razón objetiva alguna para diferir el pronunciamiento sobre el tema.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En todo caso, en conformidad al Reglamento, luego de presentarse una indicación para que el proyecto vuelva a la Comisión de Constitución, estoy obligado a someterla a votación. Y, en caso de aprobarse, reglamentariamente corresponde fijar un plazo para que ella emita un informe a la Sala.

El señor BITAR.- Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO.- ¿Me permite, Señor Presidente, sobre un problema reglamentario?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bitar y, luego, el Honorable señor Viera-Gallo.

El señor BITAR.- Señor Presidente, desde el punto de vista reglamentario quiero precisar que si se aprueba la indicación en la forma propuesta, naturalmente se debe formar una Comisión Mixta.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No, señor Senador. La iniciativa pasa a la Cámara de Diputados, y si ésta lo rechaza va a Comisión Mixta.

El señor LARRAÍN.- El siguiente es el tercer trámite.

El señor BITAR.- Como es el segundo trámite constitucional existe una instancia de corrección. O sea, no estamos frente a la fórmula definitiva y habría otras correcciones.
En tal sentido, estimo preferible votarlo, y luego continuar su tramitación.

El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, para quedar más tranquilo, pienso que el Senado debería pronunciarse, primero, en general sobre el proyecto. ¿Se votó ya en general?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No, todavía no.
El señor VIERA-GALLO.- Entonces, una vez aprobada la idea de legislar, se debe averiguar cómo se procede reglamentariamente con la indicación presentada. Pero, según mi opinión, primero ha de aprobarse el proyecto en general. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Propongo a la Sala ¿como señaló el Senador señor Viera-Gallo- que nos pronunciemos sobre el proyecto en general; acordemos poner término al debate en este momento, y que fijemos plazo para presentar indicaciones. Se entiende que entre ellas se incluiría la del Ejecutivo. Asimismo, la iniciativa volvería a la Sala con su segundo informe.

El señor PRAT.- Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- La tiene, Su Señoría.

El señor PRAT.- Señor Presidente, para resolver mejor sobre el proyecto, sería bueno profundizar en cuanto a la indicación. Porque, personalmente, mi voto variaría según su validez y viabilidad. Realmente, las aprensiones sobre el proyecto original son, en gran medida, despejadas con la indicación.
Por lo tanto, contribuir a la aprobación del proyecto en general con una indicación de resultado incierto, es muy distinto a hacerlo si el resultado está asegurado.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Reglamentariamente, por existir una indicación para enviar la materia a Comisión, tengo el deber de someterla al pronunciamiento de la Sala.

El señor BITAR.- Eso es lo que corresponde.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Por lo tanto, votaremos si el proyecto vuelve a Comisión, y luego determinaremos el plazo para evacuar el informe. La norma del Reglamento establece precisamente votar primero la indicación.
En votación.

El señor BITAR.- Señor Presidente, soy partidario de votar sin demora el proyecto en general, y enviarlo a la Comisión de Constitución para segundo informe.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No es posible hacer eso, porque se ha formulado indicación para que el proyecto vuelva a la Comisión, antes de aprobar la idea de legislar. Eso es lo primero que, reglamentariamente, debemos decidir. Si se retirara tal proposición, podríamos continuar la discusión general.

Si le parece a la Sala, se enviaría de vuelta el proyecto a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, con la abstención del Senador señor Parra.
--Se acuerda en esos términos.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Habría acuerdo para discutir el proyecto en general y particular el 11 de abril próximo?
Acordado.




EXTENSIÓN DE FUERO MATERNAL


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, originado en moción de diversos señores Diputados, que extiende, en determinados casos, el beneficio del fuero maternal a mujeres que adoptan un hijo en conformidad a la Ley de Adopción, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 32ª, en 14 de septiembre de 1999.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 21ª, en 25 de enero de 2000.

El señor LAGOS (Secretario).- Los objetivos principales del proyecto son extender el beneficio del fuero maternal a mujeres, hombres solteros y viudos, que adopten un hijo menor de edad de acuerdo a la Ley de Adopción. También se aplica dicho fuero al padre cuando la madre biológica fallece en el parto o durante el período del permiso posterior a éste.
En el informe se deja constancia de que el proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Senadores señores Gazmuri, Parra, Prat, Ruiz y Urenda. En seguida, se hace una relación de las normas de la iniciativa, quedando constancia de su discusión y de los acuerdos adoptados al respecto, los cuales fueron acogidos también por unanimidad.
En su parte resolutiva, la Comisión propone a la Sala aprobar el proyecto de la Cámara de Diputados con las modificaciones que señala.
Por último, el texto aprobado, que consta de un artículo único, figura en las páginas 20 y 21 del mismo documento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto.

Ofrezco la palabra.
La tiene el Senador señor Prat, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

El señor PRAT.- Señor Presidente, la Comisión ha aprobado el proyecto que, en lo fundamental, extiende el fuero maternal a mujeres que adoptan un hijo y, también, por indicación del Ejecutivo, al padre viudo que se encuentre en similar situación.
El órgano técnico aprobó la iniciativa, compartiendo sus objetivos de fondo. Sin embargo, hubo un análisis más controvertido -incluso se presentó una indicación para corregir un aspecto donde el proyecto parecía deficitario- en cuanto a establecer la obligación de que el padre viudo quede efectivamente a cargo del hijo.
La solución en tal sentido apunta a armonizar el proyecto con otras normas que facultan al juez, en su caso, para anular el fuero cuando exista una objeción al hecho de que el padre esté efectivamente a cargo del hijo. De esa manera esto ha quedado homogeneizado con otras normas que señala la misma disposición.
Otro tema controvertido fue el de la edad del hijo que da origen al beneficio. Debe identificarse que en el caso general de la maternidad el fuero rige por un año a partir del término del período posnatal. Vale decir, eso define una edad ya automática del hijo que da origen al beneficio. En el caso de la adopción, se discutió si para los efectos de su otorgamiento debía estipularse una edad tope o si la acepción de "menor" -que significa hasta los 18 años- era válida en este caso. En definitiva, primó en la Comisión el criterio de mantener el concepto de menor; es decir, hacer extensivo el beneficio hasta los 18 años, por tratarse, en primer lugar, de casos muy especiales que por su propia excepcionalidad se estima que no rompen la sana doctrina y por considerar, asimismo, que un concepto de incorporación de un nuevo ser a la familia, de cierta manera, sería independiente del de la edad.
Hechas tales consideraciones y discusiones sobre la materia, la Comisión, con esas modificaciones, aprobó por unanimidad el proyecto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra la señora Ministra.

La señora DELPIANO (Ministra Directora del SERNAM).- Señor Presidente, durante el año 1999 entraron en vigencia dos importantes leyes aprobadas por el Congreso y que benefician a la familia chilena. Me refiero a la ley Nª 19.585, que estableció un nuevo régimen filiativo y sucesorio, y la ley Nº 19.620, que dicta normas sobre adopción de menores.
El sello característico de la nueva ley de adopciones lo constituye el hecho de que otorga el carácter de hijo al adoptado, con los mismos derechos y obligaciones que los que emanan de la maternidad y paternidad biológica. Esta ley es concordante con las normas contenidas en el Código del Trabajo, que extiende a los padres adoptivos y a otras personas que puedan tener el cuidado personal de niños diversos, derechos otorgados por la ley a la madre y/o padre biológicos que trabajan, normas que tienen por horizonte la necesaria armonía que debe existir entre las responsabilidades familiares de hombres y mujeres y el trabajo asalariado.
No obstante el propósito de los legisladores y del Gobierno, un aspecto fundamental de la protección de la maternidad y de la paternidad en el trabajo quedó ausente de la nueva ley de adopciones. Nos referimos al fuero maternal, derecho marco que garantiza el efectivo ejercicio de los permisos y subsidios, las licencias por enfermedad grave del hijo menor de un año, sala-cuna y permisos parentales.
Por esta razón, saludamos y aprobamos la iniciativa del Diputado señor Jaime Orpis, que hicieron suya los Diputados miembros de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara, y que acaba de ser aprobada en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.
De la misma forma y como manifestación de la necesaria colaboración que debe existir entre el Ejecutivo y el Legislativo en la formación de las leyes, el Gobierno presentó una indicación aditiva cuyo objetivo es extender también los beneficios materia de este proyecto a los padres trabajadores que, por muerte de la madre, al momento del parto o durante el período posnatal, tienen derecho al subsidio y permisos que establece la ley.
Por todo lo que he señalado en ésta, mi primera intervención ante Sus Señorías como Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer, pido la aprobación del proyecto en la misma forma en que lo hicieron los Señores Senadores miembros de la Comisión de Trabajo, para completar de esta manera definitivamente el proceso mediante el cual, como Estado, ofrecemos a las familias chilenas las herramientas necesarias para que se sientan incentivadas a acoger como sus verdaderos hijos a tantos niños que hoy día carecen de un hogar.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.

El señor URENDA.- Señor Presidente, he dado mi aprobación al proyecto en debate principalmente por los altos fines que persigue, en cuanto a fomentar o ayudar, de alguna manera, a quienes toman la maravillosa decisión de adoptar un niño. Creo que este fundamento hace muy difícil el rechazo de la iniciativa.
Sin embargo, deseo formular algunos alcances para dejar constancia de ciertos hechos y de mi preocupación.
En primer lugar, no es el proyecto mismo, sino el actual artículo 195 del Código del Trabajo, al otorgar al padre el derecho al permiso posterior al nacimiento cuando la madre falleciera, el que incurre en el error de no precisar si ese padre se encuentra junto a la madre o si está encargado del cuidado del niño, porque, de acuerdo con los términos actuales, podría darse la absurda situación ¿pongámonos en el caso de una madre soltera y en el que el padre sea casado y viva lejos-, de que una persona, estando muy lejos del niño y sin siquiera conocerlo, invocare las seis semanas propias de la protección que se debe a las puérperas.
Por tal razón, y para resolver el error que, como dije, está contenido en la actual disposición, he presentado indicación para corregirlo y consignar que este derecho debe corresponder al padre a cuyo cargo esté el niño, sin entrar a distinguir si la pareja está o no está casados o se encuentra en otra relación, porque realmente resulta chocante que un padre que está lejos, que no se ha preocupado nunca de él, que tiene a lo mejor otra familia constituida, y se encuentre a mil kilómetros de distancia, pueda invocar a su patrón un permiso por seis semanas.
En cuanto a las demás normas, he señalado lo siguiente: tengo el temor de que a veces un buen propósito puede contribuir a desnaturalizar las instituciones. Y que -lo que es peor- con proyectos de escaso efecto práctico estemos olvidando la obligación del Estado de proteger a la familia. En Chile -recientemente se ha publicado un artículo al respecto-, la legislación tributaria discrimina en contra del matrimonio: se pagan más impuestos por persona, en el caso del matrimonio en que no hay separación de bienes. En nuestro país no existe realmente ninguna ventaja tributaria que estimule la natalidad y proteja a quienes contribuyen a la formación de hijos que van a ser útiles al país. De repente veo que se dictan normas que aparentemente son convenientes, pero cuyo efecto es prácticamente nulo. Ya lo he señalado y por eso no me he opuesto. No creo que esta carga que a un empleador pueda imponerse por la vía del fuero, justifique rechazar la idea contenida en el proyecto y que, de alguna manera, estamos postergando. Esto ya lo he dicho en más de una oportunidad. Estamos postergando medidas que realmente contribuirían a la formación de la familia y a su mantención, y que ayudarían a quienes tienen muchos hijos, porque nos sentimos satisfechos con normas como ésta, cuya aplicación será prácticamente nula.
Repito lo que también que se dijo: en otras legislaciones, como en la española, el derecho que aquí se otorga se limita a adoptados de hasta cinco años, según lo manifestó la asesora del Ministerio del Trabajo.
Pero yo no hago cuestión de ello.
Creo que el propósito de quienes presentaron el proyecto y la finalidad que inspira a éste, merecen nuestra aprobación, por cuanto van en la dirección adecuada. No obstante, me parece oportuno aprovechar esta coyuntura para corregir el error constatado en el artículo 195 del Código del Trabajo, incluyendo además el caso del adoptante, para establecer el derecho a favor de los padres que tienen bajo su cuidado al hijo y no del que se halla ausente y que nada sabe lo que ha ocurrido con él.
Por ello, pese a encontrar loable la idea que inspira la iniciativa, me he sentido en la obligación de hacer estos alcances, para que no quedemos con la convicción de que hemos dado un paso gigante en pro de la adopción o en defensa de la familia y, al mismo tiempo, para insinuar que aprovechemos la ocasión al menos para corregir lo que estimo como un error del actual inciso segundo del artículo 195 del Código del Trabajo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ruiz De Giorgio.

El señor RUIZ (don José).- Señor Presidente, al inicio de mi intervención, quiero referirme al último aspecto abordado por el Senador señor Urenda.
Su Señoría plantea una indicación respecto de una materia que no fue discutida durante la tramitación de esta iniciativa. No puedo expresar una opinión a favor o en contra sobre una cuestión que debemos profundizar. De modo que ruego a mi Honorable colega que, para no enredar la discusión del proyecto -aprobado por unanimidad en la Comisión-, retirara su indicación y presentara una moción sobre el tema, a objeto de que la Comisión de Trabajo pueda discutir y analizar sus alcances. De lo contrario podría aprobarse una indicación sin el debate suficiente.
No es bueno introducir materias ajenas a la idea matriz de un proyecto, aun cuando parezcan simples, pues siempre la aprobación de una norma trae consecuencias. Y, en este aspecto, me parece conveniente que primero tengamos la posibilidad de analizar el tema con detenimiento en la Comisión de Trabajo, para después traer una postura clara a la Sala.
Con relación al proyecto mismo -como lo señaló la señora Ministra-, creo que, pese a los importantes avances del último tiempo, no se han resuelto realmente los problemas de fondo ni las situaciones más importantes que afectan a la familia. Ciertamente, en Chile todavía existen hechos muy graves que la afectan y que, muchas veces, debilitan su funcionamiento y constitución. Me parece que -como se ha planteado aquí- deberíamos intentar abordar nuevas materias para fortalecer el funcionamiento de la familia como el núcleo básico de la sociedad. Sin embargo, ello no obsta a que vayamos avanzando paulatinamente en el establecimiento de normas que protejan a la nueva familia que se va formando, propendan el aumento de ella y -como sucede en este caso- incentiven la adopción.
El surgimiento de normas que a veces aparecen como una suerte de elementos diferentes a los contemplados en la idea original de un proyecto (por ejemplo, la creación del fuero maternal a ciertos casos o su ampliación a otros) obedece a que la propia sociedad ha ido evolucionando.
Nosotros hemos avanzado en materias tan importantes como la relativa a la adopción -discutida ampliamente en el Senado- y que también contó con el respaldo -diría unánime- de todos los sectores de la vida política del país. Son pasos que se van dando y que tienen que complementarse con otras iniciativas. Por ejemplo, considerar en la legislación laboral la posibilidad de proteger a la familia que adopta a un niño, independientemente de la edad que tenga (es un menor, como lo establece la ley), garantizando a la madre, o en su defecto al padre, la estabilidad en su puesto de trabajo durante un año, pues debe tenerse presente que surge una nueva necesidad económica, existe una necesidad social distinta, la familia aumenta y muchas veces -como lo hemos visto incluso en los medios de comunicación- los niños que se adoptan son discapacitados que requieren no sólo de más cuidados, sino que imponen una carga pecuniaria adicional.
Por ello, el fuero maternal constituye un elemento muy importante que debemos considerar cuando promovemos en la sociedad la adopción de menores. Ésta debe ser una de las señales que debe dar la sociedad. Y, quizás, debiéramos establecer otras más. Porque si la ley sobre adopción limitó a los extranjeros la posibilidad de adoptar, no es menos cierto que la situación que existía sigue vigente en determinadas condiciones.
Pero los chilenos debemos hacer un gran esfuerzo para intentar resolver, con nuestro propio trabajo, el problema de los niños abandonados, de aquellos menores que no tienen cómo acceder a un hogar.
Por eso, en ese sentido, creo que la iniciativa aprobada por unanimidad en la Comisión -espero que ocurra lo mismo en la Sala-, constituye una señal importante. De modo que solicito al Senado que la vote favorablemente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, el proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, porque los dos puntos que surgieron como controversiales fueron finalmente despejados durante la discusión.
Desde el punto de vista del Derecho, la iniciativa básicamente homogeneiza el fuero materno con las novedades de la ley de adopción, en cuanto establece al efecto un solo sistema. En virtud de aquélla, el adoptado tiene la calidad de hijo legítimo.
Este proyecto va en la línea de un conjunto de reformas tendientes a igualar la calidad de todos los hijos que nazcan en Chile, lo cual comenzó con la ley de filiación.
Por lo tanto, si se establece que el hijo adoptado es legítimo (o sea, tiene la misma condición que el biológico), parecería lógico que los derechos de los adoptantes sean los mismos que los de los padres biológicos. A mi juicio, eso despeja la observación de que la institución del fuero maternal podría estar de alguna u otra manera desvirtuada. Ello no es así, porque esta reforma se hace en virtud de otra que iguala los derechos de los hijos adoptados con los de los biológicos.
Mi segunda observación tiene que ver con la edad. Porque efectivamente aquí se produce una diferencia: en el caso del hijo biológico, el fuero abarca un período que está relacionado con el nacimiento y que abarca hasta uno o dos años después del parto, el cual es un hecho natural igual para todos. En cambio, la adopción da la calidad de hijo legítimo desde el momento en que dentro del proceso correspondiente se otorga la tuición o el cuidado personal del menor, siendo su edad biológica obviamente distinta.
Finalmente, se acordó también por unanimidad dejar la iniciativa en la forma como venía, esto es, que puede haber fuero para adopciones de menores de hasta dieciocho años.
Cabe consignar, sin embargo, que la estadística sobre el sistema nacional de adopciones de que disponemos, la del SENAME, indica, por ejemplo, que en los últimos tres años (1996, 1997 y 1998), de un total de 444 adopciones, 388 (o sea, un porcentaje muy alto, casi el 80 por ciento) corresponden a menores entre 0 y 24 meses. Es decir, en la práctica se adoptan hijos e hijas de edades muy precoces.
Entonces, extender el fuero maternal a ese nivel de adopción nos pareció razonable. Incluso más de la mitad de los hijos adoptados en Chile, según esa estadística, tiene entre 0 y 5 meses. Por tanto, su situación es bastante análoga a la de los hijos biológicos.
La indicación que se plantea, en verdad, no se presentó en la Comisión. Estoy de acuerdo con el Senador señor Ruiz en el sentido de que podríamos despachar este proyecto, que tiene gran significación, sobre todo porque da una señal de estímulo a la adopción, en particular a la que se desarrolla en Chile, que la ley pretende proteger e incentivar. Y eso constituye un buen indicador para la sociedad, fortalece sin duda a la familia y permite dar una a muchos niños que de otra manera no la tendrían.
Por lo tanto, me sumo a la petición de los Senadores señores Ruiz y Urenda, en el sentido de que despachemos el proyecto tal como lo hizo unánimemente la Cámara. Y, si se requiere alguna modificación al Código del Trabajo, la podemos proponer por la vía de una moción a partir del 21 de mayo. En consecuencia, llamo a la Sala a aprobar la iniciativa en los términos que la despachó la Comisión.

El señor URENDA.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, seré muy breve y sólo para destacar tres o cuatro aspectos del proyecto que me parecen importantes. Espero que podamos despacharlo de inmediato.
El primero de ellos es valorar en el Senado, una vez más, la apertura de la conciencia nacional a los derechos de los niños y la preocupación por la infancia. Lo que inicialmente y por muchos años fue en Chile una cuestión de caridad se transforma hoy en expresión de solidaridad para con un sector importantísimo de la sociedad chilena, respecto del cual sus características de desarrollo, así como la preocupación y los planteamientos de que sea objeto en el futuro, llevan de hecho a que la forma como criemos a los niños determine nuestra sociedad en el porvenir.
Aún estamos en deuda en muchos aspectos, como el relativo al trabajo infantil. Y, aprovechando la presencia del señor Ministro del ramo, quiero decir que deberíamos tratarlo con mayor fuerza para resolverlo en forma definitiva por la vía de impedir que los niños trabajen. No hay comparación entre los valores que están en juego: el fenómeno económico, por una parte, y, por la otra, el de los derechos de quienes tienen edad para estudiar y gozar de la vida, y no para trabajar.
Lo segundo que deseo señalar es que el proyecto, cuyos términos comparto absolutamente, sumado a la Ley de Adopción, constituye el perfeccionamiento de una forma solidaria de dar condiciones adecuadas a los niños. En distintas oportunidades hemos tocado el tema, sobre todo cuando se discutió el referido cuerpo legal. En ese entonces dijimos que la adopción es una forma muy solidaria, muy adecuada, porque hace trascender la mera relación biológica en una familia para transformarla en un concepto más abierto de ella -en el fondo, es llegar a la vieja y larguísima concepción de la familia humana-, pero que no siempre se asume de manera apropiada, sobre todo cuando la legislación, hasta la dictación del citado cuerpo legal, permitía la salida de los niños fuera de Chile. En esa oportunidad, expresé -y lo reitero- que el desacostumbramiento, la erradicación del hábitat en niños que durante mucho tiempo permanecen fuera, genera un conflicto que deberíamos resolver.
En tercer lugar, efectivamente, a iguales derechos constitucionales o legales debe corresponder una igualdad de derechos reales y objetivos, por lo que se requiere que el niño a quien se da la posibilidad de ser titular de los mismos derechos que los hijos legítimos de una familia parental pueda concretarlos realmente con el proyecto.
Finalmente, de aprobarse este último tal como está y de ser necesario perfeccionarlo, preferiría que el Senado lo despachara de inmediato y que luego se viese la forma de adecuarlo.
Por eso, soy partidario de votarlo ahora mismo y aprobarlo lo más rápidamente posible, para poner a Chile en igualdad de condiciones respecto de lo que prescribe la Convención de los Derechos del Niño -su finalidad es, precisamente, dar un marco general a todas las naciones- e impedir que se aparte de lo que firmamos en su momento y que el Congreso aprobó al acoger la referida Convención.
Adelanto que vendrán otros problemas. Sabemos que hay ideas o proyectos para rebajar a 14 años la edad en cuanto a la responsabilidad de los niños. Ése será un debate que el Senado tendrá que enfrentar en su momento. Anticipo desde ya mi opinión contraria a eso. En fin, habrá que discutirlo en su oportunidad. Pero deseo destacar que el propósito predominante en todas las iniciativas que despachamos es llevar al niño a las mejores condiciones para que pueda vivir y desarrollarse de manera adecuada. Y se debe tener cuidado para no dejar de entender que las condiciones de desarrollo del niño fundamentalmente corresponden al hábitat que la propia sociedad le entrega. Por lo tanto, la manera de estimular dicho proceso no es pensar en lo punitivo, sino en leyes como éstas, que abran espacios para un mejor crecimiento y desarrollo del niño.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bitar.

El señor BITAR.- Señor Presidente, deseo referirme a una observación que el Honorable señor Urenda formuló en una intervención anterior, en cuanto al efecto de aplicar el fuero a padres de menores adoptados que no requieren un cuidado permanente, en atención a su edad. En ese aspecto, entiendo que ese punto fue incorporado a las modificaciones introducidas con posterioridad al proyecto, en términos de agregar un inciso tercero al artículo 195 del Código del Trabajo, que resuelve el tema del padre ausente, en el sentido de que si por sentencia judicial es privado del cuidado personal del niño perderá el derecho al fuero. De ser así, el riesgo de que se dé fuero a alguien que no se ocupa en el hijo queda resuelto y superado.
Hecha esta observación, creo que el proyecto tal cual está y, sobre todo, con los agregados que se le han hecho durante su discusión en la Comisión, es muy positivo. El fuero maternal es la máxima garantía para el ejercicio de otros derechos consagrados, de manera que, al aprobarlo, se reforzarían otros elementos incluidos en la legislación laboral, como los permisos, los descansos, los derechos a sala cuna y al subsidio consagrado en el artículo 198 del Código del Trabajo. Entiendo que esto también fortalece a la familia y, especialmente, a niños que requieren afecto y adaptación a una sociedad más amigable, quienes deben quedar fuera del riesgo de la delincuencia.
Por lo tanto, si ese punto está superado, el resto está perfectamente bien equilibrado. Y, en ese sentido, considero conveniente votar a favor del proyecto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, considero muy importante la iniciativa, porque, cuando aprobamos la Ley de Adopción, lo que hicimos fue equiparar la filiación biológica y la filiación por adopción. Entonces, lo que se trata de incentivar es que haya posibilidades de adoptar.
El informe describe muy sucintamente una realidad bastante dramática: que en Chile prácticamente se adoptan niños de hasta uno o dos años de edad y después no hay familia que los acoja. Eso ocurre en Santiago y en regiones. La nueva ley debiera facilitar la adopción, pero no hay una cultura favorable a la acogida de niños de más edad, lo que sí ocurre en el caso de matrimonios extranjeros que vienen, con muy buen espíritu, a adoptar niños que las familias chilenas no reciben. En ese sentido, es muy importante el proyecto, porque da una facilidad ulterior para que se pueda producir la adopción.
Advierto, sin embargo, que hay un cierto vacío, en el sentido de que la Ley de Adopción establece una gradación de personas que pueden adoptar: en primer lugar, se prefiere a los matrimonios que viven en Chile; en segundo término, a los matrimonios de otros países y, por último, a las personas solteras. Pero no se consigna qué sucede con un soltero futuro adoptante, como puede ocurrir, de acuerdo a la legislación vigente. Porque sólo se hace referencia, si entiendo bien, al padre cuando la madre adoptante fallece durante el período de adopción. Sin embargo, no se determina qué sucede si se trata de un trabajador soltero que desea adoptar y que, una vez superados todos los test psicológicos -como bien explica el Diputado señor Orpis-, resulta apropiado para ello, quien no obtendría ningún beneficio.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ.- Señor Presidente, voy a prestar mi aprobación al proyecto, no obstante que a mi juicio merece varias observaciones.
Desde luego, encuentro bueno todo lo relativo a la protección de la familia. Sin embargo, el que nos ocupa constituye un esfuerzo aislado, que, en general, no condice con las políticas públicas en defensa de la familia, que no otorgan a ésta gran valor. Tenemos el caso de la legislación tributaria, donde incluso se han eliminado normas referidas al fomento de la familia que permitían descontar ciertos impuestos; de las asignaciones familiares, que han ido cambiando de sentido. Vale decir, existe un conjunto de normativas que van en dirección distinta a la línea gruesa del texto en debate, el cual comparto.
Por otro lado, creo que intentar igualar dos cosas completamente distintas genera todas las dificultades y defectos aquí analizados. Desde luego, resulta inconveniente no haber fijado una edad límite, porque, obviamente, tratar de equiparar dos situaciones diferentes, como la biológica y la jurídica o legal, va a posibilitar el otorgamiento de fuero aunque se trate de la adopción de un menor de 15, 16 ó 17 años, con lo que se desnaturaliza por completo el sentido del fuero, cual es permitir la atención del menor. A mi juicio, debió haberse determinado una edad máxima para tener derecho al referido beneficio.
Ahora, tampoco concuerdo con los fundamentos dados en el sentido de que es una manera de estimular la adopción. Porque si ella se materializa con el objeto de conseguir un fuero, me parece totalmente inconveniente y se desnaturaliza por completo la institución.
En todo caso, en términos gruesos y generales, el proyecto debe ser aprobado, y anuncio que lo votaré favorablemente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Frei.

La señora FREI (doña Carmen).- Señor Presidente, sin duda que los temas referidos a la mujer, a los hijos, a los embarazos, en fin, a la constitución de una familia, generan muchas dificultades, porque, sin entrar a calificar, durante siglos la historia no ha favorecido demasiado a la mujer y a sus hijos. Por eso, todos los cambios que hoy pretendemos introducir reflejan preocupación y, al mismo tiempo, la solución de un problema es seguida de la aparición de uno nuevo.
Creo que debemos ir poco a poco caminando en la búsqueda de una estabilidad profunda en nuestra sociedad con relación a la familia. Cabe hacer presente, cuando observamos las cifras sobre delincuencia, drogadicción, que normalmente los delincuentes son personas que en su niñez tuvieron una situación familiar irregular o fueron golpeadas.
Por eso, debemos estar muy de acuerdo ante este tipo de legislación, para poder avanzar, a sabiendas de que existen dificultades y que se nos abrirán otras áreas de trabajo. Pero es positivo para nuestra sociedad la preocupación por los niños. Porque muchas veces hablamos de la generación del futuro, pero no nos esforzamos para que nuestros niños tengan una buena educación y alimentación, y un entorno agradable donde puedan disfrutar de ser niños. No nos preocupamos de su presente, donde están sufriendo las experiencias que los marcarán para toda la vida.
Creo que una de las cosas más frustrantes para una mujer -quienes lo somos lo decimos con gran propiedad- es no poder tener hijos. Por eso, permitir a una mujer adoptar un hijo y, además, darle las facilidades para acogerlo en igualdad de condiciones que una que lo tuvo en su vientre es un tema muy delicado y de mucha inquietud para las mujeres. En consecuencia, a pesar de coincidir en que el proyecto en debate creará otras dificultades, estimo que también ayudará a encontrar la dignidad que la mujer y el hijo adoptado necesitan.
Me parece que se trata de un paso positivo. Y aprovecho que aquí está la señora Ministra para hacerle presente que también debemos dar un paso muy importante respecto a la jornada de trabajo de la mujer cuando recién ha dado a luz o cuando su hijo comienza a asistir a la sala cuna, al jardín infantil o al colegio, para encontrar algún sistema de remuneración o jornada compartida. No planteo disminuir la jornada de trabajo de la mujer y, además, su sueldo, sino establecer una jornada digna, que le posibilite atender bien a su familia, y bien remunerada. Al mismo tiempo, otro tema que deberemos considerar dice relación con las facilidades de jubilación y previsión otorgadas a las dueñas de casa.
Se trata de materias bastante serias que afectan a las mujeres, que somos más de la mitad de la población. Aunque estamos poco representadas en el Senado, destaco a mis Honorables colegas la conveniencia de mantener un espíritu muy abierto. En especial, pido ayuda al "otro sexo" para conseguir todo lo que la familia, la mujer y sus hijos requieren para llevar una vida digna. Una sociedad moderna es justamente la que acoge en mejores condiciones a la mujer y su familia. Si nos sentimos un país joven, que crece cada día más, debemos considerar especialmente a la mujer y a los niños, y propender a la creación de una verdadera familia, núcleo principal del funcionamiento de nuestra sociedad.
Por consiguiente, a pesar de las dificultades de este proyecto, pienso que con buena voluntad podemos solucionarlas en el camino, dando, sí, una señal clara de que estamos muy interesados en la formación de una familia bien integrada. Empleo la palabra "familia" porque un niño adoptado pasa a formar parte integral de ella. No se trata de un hijo o de una familia a medias, sino de una verdadera familia, y eso es lo que debemos buscar y patrocinar como legisladores.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Parra.

El señor PARRA.- Señor Presidente, seré muy breve, porque creo ocioso extender el debate. Felizmente, hay un claro acuerdo en torno al proyecto y sus contenidos. Sólo hay una discrepancia, nacida de la indicación presentada esta tarde, que tiene una diferencia no menor respecto al texto que la Comisión somete a consideración de la Sala.
Conforme a la modificación sugerida respecto del inciso segundo propuesto en relación con el artículo 195 del Código del Trabajo, para que el cónyuge sobreviviente al fallecimiento de la adoptante obtenga el beneficio en análisis se exige, a través de la indicación, que tuviere "de hecho el cuidado personal del menor". Sin duda, esta exigencia puede prestarse para abundantes controversias judiciales y me parece absolutamente contraria al espíritu de la institución de la adopción.
La adopción es un acto voluntario de los adoptantes. Realizada por un matrimonio, supone el acuerdo de ambos cónyuges; es la voluntad compartida de asumir a un hijo e incorporarlo en la familia, a la que se asocian a través de esta reforma los beneficios establecidos para la maternidad natural.
Por la misma razón, considero que debe presumirse la voluntad real de padre y madre adoptantes de asumir el cuidado del niño. El dejar abierta la puerta para que el día de mañana el empleador, a fin de evitar que el cónyuge adoptante sobreviviente disfrute de los beneficios contemplados en la ley, invoque el hecho de que éste no tiene efectivamente el cuidado personal del niño, sin duda creará conflictos.
Hemos aplaudido todas las iniciativas tendientes a fortalecer y estimular la adopción. Presumamos también la buena fe de los adoptantes y, cuando adoptan como matrimonio, la real voluntad de asumir plenamente la maternidad y paternidad.
Por ese motivo, concuerdo con el texto tal como lo propuso la Comisión.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El Honorable señor Urenda es el último orador inscrito.
Tiene la palabra Su Señoría.

El señor URENDA.- Señor Presidente, reitero que, tal como lo hice en la Comisión, aprobaré en esta Sala el proyecto a pesar de que, en mi opinión, contiene errores técnicos. Y lo haré por las finalidades que persigue y las señales que da, toda vez que, como bien sabemos, en Chile los casos de adopción, lamentablemente, son muy pocos y debemos posibilitar su incremento.
Ahora bien, afortunadamente las madres que fallecen al dar a luz son cada vez menos, de modo que no existe trascendencia económica.
En cuanto a que la indicación pudiera ir más allá de lo que habíamos aprobado, acojo la idea del Senador señor Ruiz De Giorgio, pero sólo para los efectos de no crear un factor de confusión. Porque, a mi entender, igualmente se aprobará en general el proyecto. Un eventual rechazo o aprobación de la indicación no alteraría su tramitación, porque de todas maneras la iniciativa debe volver a la Cámara de Diputados.
En todo caso, estoy dispuesto a contribuir al pronto despacho del proyecto, en el entendido de que -como expresó la señora Ministra- el concepto contenido en la indicación que formulé es, en esencia, digno de ser considerado y será estudiado cuidadosamente, para evitar conceder el beneficio a una persona que no corresponda. No se trata de privar a nadie de él, sino, por el contrario, de que lo reciba quien realmente cuida al niño y no alguien que no lo está haciendo.
Por eso, dentro del propósito que he señalado, e incluso para disipar las dudas de constitucionalidad que pudieren existir, retiro la indicación, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Gracias, señor Senador.
--Queda retirada la indicación.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Cerrado el debate.
Corresponde votar.
Si le parece a la Sala, se aprobará en general la iniciativa.

El señor RUIZ (don José).- De acuerdo.
--Se aprueba en general el proyecto y, por no haberse formulado indicaciones, queda también aprobado en particular y despachado en este trámite.

VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor LAGOS (Secretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
______________
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor HORVATH:
A los señores Ministro de Obras Públicas y Director Nacional de Obras Portuarias, acerca de INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PARA PUERTO GALA, DEL GRUPO GALA, PUERTO GAVIOTA Y MELIMOYU (Undécima Región); a las señoras Ministra de Salud e Intendenta Regional de Aisén, relativo a CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL Y/O CASA DE REPOSO PARA TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES PSIQUIÁTRICAS EN UNDÉCIMA REGIÓN, y al señor Director Nacional de Aeronáutica Civil, sobre RECHAZO A TARJETAS DE CRÉDITO INTERNACIONAL EN AEROPUERTO FLORIDA, DE LA SERENA (CUARTA REGIÓN), Y EVENTUALMENTE EN AEROPUERTOS DE OTRAS REGIONES.
Del señor LAGOS.
A la señora Subsecretaria de Previsión Social, respecto de SITUACIÓN DE EX FUNCIONARIOS DE FERROCARRILES DEL ESTADO POR EXTINCIÓN DE SERVICIO MÉDICO DE LA EMPRESA; a la señora Directora Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, referente a NÓMINA DE DEFUNCIONES EN PRIMERA REGIÓN EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS; y al señor Director de Aeronáutica Civil, con relación a TRÁFICO DE CARGA Y PASAJEROS EN VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN PRIMERA REGIÓN DESDE 1997 HASTA LA FECHA.
Del señor STANGE:
A la señora Ministra de Educación, sobre ENSEÑANZA DE DISPOSICIONES DEL TRÁNSITO, USO DE VÍAS Y MEDIOS DE TRANSPORTE EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA.
______________

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Renovación Nacional.
En el tiempo del Comité Institucionales 1, tiene la palabra el Honorable señor Martínez.


RECONOCIMIENTO A ABOGADOS SEÑORES ERRÁZURIZ Y SCHWEITZER POR DEFENSA DE SENADOR SEÑOR PINOCHET. COMUNICACIONES

El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, deseo hacer ante el Senado un reconocimiento a dos chilenos que durante dieciséis meses dedicaron todos sus esfuerzos a contribuir a resolver un problema que tenía dos componentes muy importantes para la soberanía nacional. Uno, el de la ofensa al Estado en cuanto a desconocer su autonomía, su libertad y la firma del Primer Mandatario en el documento que otorgó la dignidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Misión Especial del Gobierno de Chile en el Reino Unido al Senador señor Augusto Pinochet Ugarte, ex Presidente de la República y ex Comandante en Jefe del Ejército.
El segundo componente tiene que ver con la gestión, asesoría y conducción personal de dos distinguidos abogados chilenos en las acciones destinadas a defender los derechos del General Pinochet, primero, como ex Presidente de la República, y después, como Senador, en el juicio ante los tribunales ingleses, que, procediendo bajo una orden del Ministro del Interior, desconocieron esas calidades.
Esta tarde siento la obligación de hacer un profundo reconocimiento al cariño, al profesionalismo, al alto valor humano y a la condición de chilenos de corazón bien puesto de los señores Hernán Felipe Errázuriz Correa y Miguel Alex Schweitzer Walters, quienes, sacrificando aspectos de su fortuna personal, de su propia salud, de su tiempo y de su familia, soportaron numerosos imprevistos y malos ratos por cumplir con un deber.
Esa actitud, al menos para gran número de chilenos, merece un amplio reconocimiento. Y es lo que estoy haciendo en esta oportunidad.
Es cuanto quería decir, señor Presidente.
El tiempo restante lo hemos cedido al Honorable señor Bombal. Y si Su Señoría no se encuentra presente, corresponde dar la palabra al Senador señor Lavandero.

El señor RÍOS (Vicepresidente).- ¿Su Señoría desea que se haga llegar su intervención a los abogados mencionados?

El señor MARTÍNEZ.- Rogaría que así fuera, señor Presidente.
El señor RÍOS (Vicepresidente).- Así se hará, señor Senador, en su nombre..
No hallándose en la Sala el Honorable señor Bombal, tiene la palabra el Senador señor Lavandero.



FALTA DE POLÍTICA CUPRERA. OFICIOS

El señor LAVANDERO.- Señor Presidente, no hace muchos días habíamos formulado una denuncia sobre cómo entre CODELCO y diversas grandes empresas privadas se estaban constituyendo siete empresas contractuales, no sólo al margen de la ley Nº 19.137, sino inclusive en contra del DL Nº 1.167, que prohíbe a esa Corporación traspasar concesiones de exploración o pedimentos sin exploración básica, como es lo ocurrido con esas siete sociedades, que infringen groseramente nuestra legislación minera.
Señalábamos que, de la gran cantidad de organismos especializados existentes para fiscalizar los distintos aspectos de este grave problema que afecta a la principal riqueza de Chile, que es el cobre, ninguno ha funcionado, y -lo que es peor- que, pese a las numerosas denuncias que desde hace seis años consecutivos han surgido con mucha fuerza, ha sido imposible esclarecer estos hechos tan desgraciados y oscuros, que atentan claramente contra el bien común y nuestros sagrados intereses patrióticos.
Esto demuestra, como lo hemos dicho una y otra vez, que no existe ninguna política para nuestra principal riqueza, que es el cobre, y que tampoco ha habido voluntad política -por decir lo menos- para cautelar los miles de millones de dólares que hemos perdido.
Las empresas privadas transnacionales con sus filiales en Chile controlan una posición mayoritaria en la cadena productiva del mineral y aplican una política basada en la idea de que la minería chilena del cobre es una actividad tomadora de precios internacionales. Sin embargo, el carácter oligopólico de las empresas endogeniza dichos precios y profundiza la inestabilidad de los mercados internacionales, una de cuyas manifestaciones es la sobreproducción mundial del metal rojo generada desde Chile.
Los problemas de tributación y de naturaleza jurídica del goce de la pertenencia son mencionados tradicionalmente como factores determinantes de la explotación minera en los países donde se han implantado las transnacionales. El mayor problema que enfrenta Chile es el hecho de que las transnacionales están organizadas en conglomerados de empresas integradas que abarcan producción minera, refinación, fundición, transporte, finanzas, seguros y comercialización. Son estos componentes los que, a través de las políticas de alianzas, convenios, reparto de mercados y ganancias, y precios, determinan en definitiva la participación del conglomerado en la globalidad del mercado.
Chile es el primer productor mundial de cobre de mina, con 35 por ciento del total, y el segundo productor mundial de cobre refinado, con 17 por ciento del total. Pero, a la vez, es el país que maneja el 66 por ciento del metal rojo que se transa en el mercado internacional.
Ésa es una situación de extraordinaria relevancia. Hemos visto cómo la OPEP, que controla el 35 por ciento de la producción mundial de petróleo (y son 13 los países productores), logra sostener el precio del producto. En tanto, Chile, que produce 66 por ciento del cobre que se transa en el mercado internacional, ha tenido un precio del metal rojo extraordinariamente adverso. Y espero analizar con otros elementos este tan desafortunado hecho, que afecta gravemente a nuestro país.
Un reciente informe de la comisión estadounidense que regula el mercado de futuros de materias primas (Commodities Free Trade Commission) demuestra que una ínfima proporción del metal se transa según los mecanismos de su oferta y demanda en las Bolsas de Londres y de Nueva York (Comex): 0,06 por ciento del total de todo tipo de operaciones en el mercado mundial; el resto de las transacciones de cobre se distribuye entre futuros y opciones, 23,5 por ciento, y las operaciones fuera de bolsa, 76,4 por ciento. El informe en cuestión expresa que los intermediarios financieros ¿menciona e investiga las operaciones de Merril Lynch- juegan un papel clave en la determinación del precio del cobre.
Digámoslo vulgarmente: los especuladores internacionales son los que hoy día están fijando, de acuerdo a esas especulaciones, los precios del cobre. En síntesis, los especuladores proyectan el precio del metal rojo en períodos de diez o más años, se organizan en mercados de futuro y desestabilizan el precio. Si la tendencia dentro del conglomerado es al incremento de la producción, las apuestas de los especuladores y otras operaciones fuera de bolsa se situarán en conformidad a ella, agregando ímpetu a las fluctuaciones reales del mercado de compra y venta del metal.
De ese complejo de factores de difícil cuantificación se desprenden algunos de los sucesivos pronósticos de producción que sitúan el excedente de cobre refinado por sobre lo que el mercado estaría dispuesto a comprar el año 2000, en 389 mil toneladas. Y en los últimos tres años el excedente desde Chile ha ido creciendo, para elevar la cifra a sobre un millón 400 mil toneladas en los almacenes y warrants existentes en el mundo. Y hay que advertir que a ese año está considerada la estimación de las reducciones de producción en lo que fue el año pasado, sin las cuales la caída del precio habría sido aun mucho mayor.
La sobreproducción mundial para el mismo período -un millón 452 mil toneladas- demuestra que la responsabilidad de las compañías que operan en Chile -CODELCO más transnacionales- en la sobreproducción mundial por sobre el aumento del consumo mundial era de 82 por ciento hasta 1998 y será de ciento por ciento a partir del año 2000.
Escuchen bien, señores Senadores: ¡la responsabilidad del ciento por ciento de la sobreproducción mundial a partir del 2000 corresponderá a Chile! Y, en nuestro país, las empresas privadas, que manejan el 63 por ciento de la producción de nuestro cobre, son las que han desatado esa colosal sobreproducción mundial.
El Estado de Chile no sólo es sujeto pasivo de los perjuicios causados por la baja del precio, sino que, además, no tiene ningún control sobre el ciclo de explotación generado por las compañías en la explotación del recurso cobre. De allí surge su vulnerabilidad cuando las transnacionales adaptan sus costos a la coyuntura de precios del mercado mundial, la misma que ellas provocan con su estrategia de sobreproducción.
En 1998, el aporte de la gran y mediana minerías al Presupuesto Público era de apenas 2,7 por ciento, en circunstancias de que en 1989 el aporte por efectos del metal rojo era de 25,2 por ciento, financiándose con ello los presupuestos de Salud, de Vivienda y de Educación completos. Hoy día no vamos a alcanzar a pagar siquiera el 10 por ciento que corresponde a las Fuerzas Armadas en virtud de la ley secreta del cobre. Ésa es la realidad. Y ahora producimos tres veces más que en 1989. Ese año producíamos un millón 425 mil toneladas, y hoy, cuando producimos 4 millones y medio de toneladas, el aporte al Presupuesto de la nación sólo alcanza al 2,7 por ciento.
¡Con menos, recibíamos más! ¡Con tres veces más, recibimos la décima parte!
Sin embargo, la estrategia comercial de las transnacionales no es un hecho irreversible para el Estado de Chile, puesto que aquélla es posible, en parte, por garantías jurídicas relativas al uso y goce de las concesiones que corresponden al del derecho de propiedad, por los privilegios tributarios excepcionales que les han sido concedidos y, fundamentalmente, por su organización en conglomerados integrados con empresas de fundición y refinación, navieras, seguros, bancos, etcétera.
En consecuencia, por su complejidad y alcances internacionales, corresponde al mismo Estado negociador y soberano revertir el status presente, de corto alcance y profundamente lesivo a los intereses nacionales.
La legislación tributaria chilena otorga privilegios únicos en el mundo. El principio básico establecido para todas las empresas del país en la ley 18.293, de 1º de enero de 1984, es que la carga impositiva recae, ya sea en las empresas o en las personas. De esta manera, el impuesto a la renta -el 15 por ciento de primera categoría- pagado por las empresas, se traslada, en cuanto crédito, a los impuestos personales devengados por los propietarios de la misma empresa.
De aquí surge una conclusión central en el sistema impositivo nacional: en Chile las empresas no pagan impuesto. Lo repito: en Chile las empresas no pagan impuesto. Y esto, que parece tan asombroso, es real.
Voy a demostrar con números cómo se ha ido trasladando aquella cifra tributaria para hacer posible que en nuestro país las empresas no paguen un centavo de impuesto a la renta.
En efecto, quienes lo pagan son las personas, a las cuales, en el acto de pagar el global complementario, les es restituido el impuesto de primera categoría de manera proporcional al retiro de las utilidades. Por esto, para todos los efectos prácticos, las empresas en Chile, incluidas las compañías extranjeras del cobre, quedan exentas del pago del impuesto de primera categoría.
El artículo 11 bis del DL 600, sobre inversiones extranjeras, consagra la libertad de precios y de exportación para todas las empresas extranjeras que inviertan en Chile, por lo cual resulta difícil impedir las operaciones dudosas, entre otras, las cubiertas por los llamados "precios de transferencia". En una oportunidad anterior, señalé, como ejemplo, que La Escondida, en el año fiscal 1997 ó 1998, aparecía vendiendo cobre chileno a 55 centavos de dólar la libra, mientras que en el mercado de Londres se transaba a 90 centavos de dólar.
Estos son los precios de transferencia, que permiten a las filiales vender lo producido a precios manifiestamente reducidos a sus casas matrices, por lo cual las utilidades tributarias se minimizan o se transforman en deuda.
La ley 19.506, de 30 de julio 1997, entrega al Servicio de Impuestos Internos atribuciones para impugnar los precios de transferencia que no se ajusten a operaciones similares celebradas entre empresas independientes y para rechazar el exceso que determine por concepto de intereses, comisiones y otros que provengan de operaciones crediticias o financieras. Sin embargo, la capacidad fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos es mínima por falta de medios humanos y financieros.
Tradicionalmente, como medida compensatoria a la extracción de un recurso no renovable, como es el cobre, se ha propuesto la imposición de tributos o tasas más elevadas con relación a las existentes. No obstante, sin control sobre los precios de transferencia, otros sistemas de tributación -por ejemplo, el impuesto único a las importaciones del cobre- pierden su eficacia al no existir fiscalización sobre el parámetro fundamental de aplicación del tributo: el precio real al cual se vende la libra de cobre.
El artículo 19 del DL 1.349, de 1976, dispone que las empresas de la gran minería del cobre deben constituirse como sociedades anónimas, lo cual permitiría un control eficiente sobre sus operaciones y el pago del impuesto de primera categoría al remitirse las utilidades al exterior. Generalmente, las compañías extranjeras de la gran minería del cobre se han constituido como sociedades contractuales, las cuales están establecidas para la pequeña y mediana minería. Por lo tanto, no quedan obligadas, como tales, a publicar sus balances, dificultándose, de esta manera, el control de sus operaciones.
Agreguemos que Chile, contrariamente a la mayoría de los países donde existe minería del cobre ¿entre ellos, por ejemplo, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Filipinas, Indonesia, Papúa Nueva Guinea-, no cobra "royalties". ¡Chile no cobra "royalties" o regalías por unidad de producto extraído, a diferencia de todos los países productores de cobre del mundo! Ésta es una ventaja incomparable para las inversoras, pero es una desventaja para nosotros, los chilenos, debido a que se está explotando un recurso no renovable por el cual se debería pagar un "royalty" o una patente minera de acuerdo al producto extraído.
En nuestro país, de un porcentaje sobre la renta imponible de 48 y 57 por ciento, en 1980, se pasó a 15 por ciento. Hoy, las empresas pagan un 15 por ciento; pero, como este 15 por ciento es de retención, no ingresa al Fisco como tributo, sino que queda a disposición de los dueños o socios de las empresas, que descuentan sus propios impuestos con cargo a ese 15 por ciento. Y si la compensación aún no fuera total, tampoco ingresa al Fisco, sino que queda a la espera de futuros impuestos de los dueños y socios de las empresas.
La actual legislación tributaria grava permanentemente los intereses económicos de Chile, y lo que es más grave, atenta contra su soberanía en cuanto consagra la explotación indiscriminada de un recurso no renovable. Existe conciencia generalizada, tanto en las autoridades políticas y administrativas como en la opinión pública, de que las prácticas tributarias de las compañías extranjeras las ubican en una situación de privilegio. Al igual que en el caso de las concesiones mineras, la modificación de estos hechos depende de los progresos que se alcancen en la transición hacia la plena democracia.
¡Cómo no va a ser increíble! Antes de que se chilenizara el cobre, de que se nacionalizara, las empresas extranjeras pagaban entre 45 y 48 por ciento de impuesto por la producción de cobre. ¡Y chilenizamos y nacionalizamos el cobre para estar recibiendo una cantidad ínfima, tan ínfima que no alcanza para pagar el 10 por ciento a las Fuerzas Armadas!
La comercialización de 1 millón 630 mil toneladas métricas de concentrados implica un conjunto importante de operaciones: los costos propios de la refinación o procesamiento; el flete tanto hacia el puerto de embarque en Chile como desde el puerto de desembarque hacia la refinadora en el extranjero; las operaciones de carga y descarga; los servicios de firmas de inspección de las faenas de carga y descarga, pesaje del mineral, análisis químicos de los concentrados, intercambio de muestras, etcétera. Los descuentos aplicados por el establecimiento de refinación según la calidad del concentrado, así como por el tratamiento de impurezas y recuperación de oro, plata y otros metales preciosos, los pagos relativos a la carga de concentrados transportados según el tonelaje, constituyen ventajas muy importante que Chile pierde absolutamente, porque un tercio de su producción de cobre la exporta como concentrado. En estas circunstancias, no hay aporte de mano de obra en Chile, ni tratamiento de otros metales preciosos.
--Pasa a dirigir la sesión, en el carácter de Presidente accidental, el Honorable señor Chadwick.

El señor LAVANDERO.- En el año 1995, CODELCO, con un 46 por ciento de la producción total de cobre, tributó mil 700 millones de dólares de Estados Unidos. El resto de las empresas extranjeras en esa fecha, con un 54 por ciento de la producción cobre, tributó sólo 137 millones 700 mil dólares en esa oportunidad. Esta situación plantea el problema al nivel de la credibilidad de las declaraciones de utilidad de las empresas, de los costos que se imputan y los precios que se declaran.
En 1997, CODELCO, con 36 por ciento de la producción, contribuyó, por aplicación de la Ley de la Renta, con la suma de 424 millones de dólares. Ese mismo año, las empresas extranjeras de la mediana minería, con un 64 por ciento de la producción, aportaron sólo 221 millones de dólares. Para el período 1996-1998, el aporte de CODELCO al total de los ingresos tributarios fue de 4,75 por ciento, de 3,04 por ciento y de 0,39 por ciento, respectivamente. Para el mismo período, los aportes de la mal llamada mediana minería fueron de 1,69 por ciento, 1,07 por ciento y 0,14 por ciento. Con relación a los montos pagados por CODELCO y las empresas de la mediana minería extranjeras por concepto de la Ley de la Renta, los montos pagados por patentes, representan un porcentaje insignificante: 0,14 por ciento y 0,17 por ciento, respectivamente.
La ley Nº 19.506 entrega al Servicio de Impuestos Internos ¿repito- atribuciones para impugnar los precios de transferencia y rechazar el exceso por concepto de intereses, comisiones y otros, de operaciones crediticias o financieras entre las filiales y la casa matriz o instituciones financieras ligadas a lo menos en 10 por ciento de su capital a la casa matriz.
Los resultados no operacionales de las empresas mineras, que incluyen los gastos financieros y otros egresos fuera de la explotación, amortizaciones y pérdidas de inversión de empresas relacionadas, neutralizan los resultados operacionales y, por consiguiente, reducen las utilidades de las filiales locales, afectando significativamente la recaudación tributaria.
Existiendo casos relevantes de gastos exagerados, es realista plantear la hipótesis de que en el futuro son previsibles bajos rendimientos tributarios en relación con la mediana minería del cobre. Sin un control sobre los precios de transferencia, estos resultados negativos pueden ser aún más importantes.
El carácter oligopólico de las empresas transnacionales hace funcional a sus intereses el precio del cobre y conlleva y profundiza la inestabilidad de los mercados internacionales, una de cuyas manifestaciones más claras ¿repito- es la sobreproducción mundial de cobre desde Chile.
La sobreproducción conlleva la baja del precio del metal rojo en el mercado mundial. Las transnacionales gatillan desde Chile -82 por ciento de los excedentes netos mundiales durante el período 1996-1998 provino de las exportaciones chilenas- la baja del precio del cobre, generando un costo social colosal. Esto, en el período 1996-1998, significaba el 82 por ciento de los excedentes netos mundiales. Hoy día, en el año 2000, el ciento por ciento de los excedentes mundiales son producidos desde Chile por su sobreproducción.
La baja de los precios impacta de manera decisiva en los ingresos fiscales. Quiero repetir esta impactante cifra: en 1998, el aporte de la gran y mediana minería del cobre al presupuesto público fue de apenas 4,7 por ciento, en circunstancias de que en 1990 ese aporte era de 29 por ciento y de que hoy la producción ha llegado, de un millón 400 mil toneladas, a 4,5 millones de toneladas.
Ahora bien, para aumentar sus ingresos, y consecuencialmente su aporte a los ingresos fiscales, CODELCO, en su plan de contingencia para 1999, aumenta su producción, "florea" sus minas y, como consecuencia, disminuye en parte sus costos. Con ello se logra aumentar los ingresos de CODELCO al costo de elevar la oferta del metal con un costo más bajo y reiniciar de esta manera la baja de precios en los mercados mundiales. En el corto plazo, esta política genera ingresos fiscales relativamente más importantes, pero, en el mediano plazo, prolonga el ciclo de recuperación de los precios del cobre y destruye indudablemente la minas de metal rojo.
Brevemente quiero señalar algunas anomalías legales que inciden en esta situación tan adversa y curiosa, en virtud de la cual, a pesar de explotarse la principal riqueza y de triplicar la producción, su aporte al Presupuesto es de sólo 4,7 por ciento.
El artículo 1º de la ley Nº 11.828, cuyo texto refundido fue fijado por la ley Nº 16.624, dispone que "son empresas productoras de cobre de la Gran Minería las que produzcan, dentro del país, cobre "blister", refinado a fuego o electrolítico, en cualquiera de sus formas, en cantidades no inferiores a 75.000 toneladas métricas anuales mediante la explotación y beneficio de minerales de producción propia o de sus filiales asociadas.". Esto es lo que determina que sean de la gran minería, de la mediana o de la pequeña minería.
No entran en esta clasificación las empresas que, pese a superar la producción de las divisiones de CODELCO, consideradas individualmente se encuentran bajo la norma de refinación citada de 75 mil toneladas métricas anuales de refinación. Éste es el caso de las compañías extranjeras del cobre cuya clasificación corresponde a la llamada mediana minería del cobre, las que prefieren no refinar en Chile el metal rojo para no convertirse en sociedades anóminas y depender de la Superintendencia respectiva, para evitar la fiscalización que conlleva esta dependencia.
Cabe destacar que, según las estadísticas de 1998, el cobre refinado en Chile representa 55 por ciento de la producción total del metal, esto es, 2 millones 34 mil toneladas métricas. La importancia de cada uno de los componentes ¿minería grande y mediana- es, sin embargo, diferente. La gran minería (CODELCO), con 38 por ciento de la producción, refina 93 por ciento de dicho monto. Las transnacionales (mediana minería), con 62 por ciento de la producción, sólo refinan 44 por ciento de ella. Conviene subrayar que en 1991 CODELCO refinaba 90 por ciento de su producción y las transnacionales, sólo 7,8 por ciento. Por lo tanto, el aumento de producción de cobre refinado de las transnacionales, en el período 1991-1998, se realiza a una tasa acumulativa de 45 por ciento. De estas estadísticas se deduce que habría un potencial de refinación de concentrados en el país de poco más de un millón 630 mil toneladas métricas, que Chile vende como concentrado sin emplear mano de obra alguna; esto es, lo vende no como materia prima, sino como submateria prima, que tiene un precio enteramente desclasificado en las bolsas de valores.
La tasa del impuesto a la renta actualmente vigente en nuestro país es, según estadísticas del Fondo Monetario Internacional, una de las más bajas, junto con Brasil, en América Latina. Así, en Chile, de un porcentaje sobre la renta imponible de 48 y 57 por ciento en 1980, se pasó a 15 por ciento de retención en 1991, tasa esta última que rige en la actualidad y que es sólo retención y crédito a los impuestos personales devengados por los propietarios de la empresa cuando ellos retiran utilidades de ésta. Esa misma tasa ¿y no es un impuesto de retención- asciende a 15 por ciento en Brasil; 33 por ciento en Argentina; 25 por ciento en Bolivia; 35 por ciento en Colombia; 34 por ciento en México; 30 por ciento en Perú; 30 por ciento en Uruguay. Observemos que no es de manera alguna concluyente, por lo tanto, que la baja de la tasa impositiva en Chile haya aumentado los recursos del Estado, y menos aún con relación a los países anteriormente citados.
En su trabajo "Tributación de las Empresas. Análisis Crítico" (1997), Dante Restaíno ¿uno de los colaboradores con que he contado en la publicación del libro "La Quimera del Cobre"- expresa que el impuesto de 15 por ciento en primera categoría constituye, en la práctica, un impuesto virtual, porque es un crédito al impuesto de los socios de la empresa. Su propuesta puede resumirse de la siguiente manera: a partir del 1 de enero de 1984, la ley Nº 18.293 suprimió el impuesto a la renta de las empresas en Chile, quedando sólo las personas sometidas al impuesto a la renta a través del global complementario. En el pasado y hasta diciembre de 1983 existió un impuesto a la renta denominado "de primera categoría", que recaía sobre las utilidades de las empresas. Éste ascendía a 10 por ciento y producía efectivamente ingresos para el Fisco, porque no era de retención.
Desde enero de 1984 se eliminaron los impuestos a las empresas, quedando solamente uno a la renta: el global complementario, que afecta exclusivamente a las personas.
El impuesto denominado "de primera categoría", que se calcula sobre la base de las utilidades de las empresas, se mantuvo en su porcentaje y forma de cálculo, pero no con el fin de pagar un impuesto sobre las utilidades de las empresas, sino para poder financiar el global complementario, que afecta a los dueños de las empresas por los retiros que hacen. En la práctica ¿reitero-, es una mera retención. Si hoy rebajásemos el impuesto de 15 por ciento a 10 por ciento y éste no fuere de retención, mejoraríamos sustancialmente la recaudación fiscal y, a la vez, podríamos fiscalizar mejor a todo tipo de empresas, en especial a las de la minería extranjera en Chile.
La empresa entera en arcas fiscales ciertos montos de dinero relacionados con el impuesto a la renta; pero ninguno es de su cargo, sino de las personas que aportaron los recursos, y, por consiguiente, pueden hacer uso de ese pago para cubrir los impuestos personales que les afectan. Esto hay que recalcarlo una y otra vez.
Son pocas las compañías de la minería del cobre constituidas como sociedades anónimas, porque otro tipo de organización jurídica ¿la sociedad contractual- les permite disponer temporalmente, y en los primeros ejercicios, de utilidades financieras superiores a las tributarias. Aunque este resultado pudiera hipotéticamente revertirse en el tiempo, de esa manera les es posible remesar inicialmente al exterior utilidades no tributables. Tales diferencias se producen por algunas deducciones ¿sin pagar el impuesto de primera categoría, esto es, 15 por ciento de las utilidades- que permite la Ley de la Renta en forma opcional para el contribuyente, como ser la depreciación acelerada que puede aplicarse sólo para efectos tributarios, y no financieros. Agreguemos que las sociedades contractuales no están obligadas a publicar sus balances, dificultándose ¿repito- de este modo el control de sus operaciones.
¿Qué se podría hacer para corregir drásticamente esta expoliación que sufre el país por su principal riqueza?
Al respecto, detallo seis medidas que el Estado y el actual Gobierno pueden considerar para mejorar sustancialmente la recaudación tributaria desde el punto de vista meramente fiscalizador.

1.- Hacer efectivo el pago del impuesto de primera categoría, en cuanto gravamen a las utilidades generadas anualmente por las empresas. De adoptarse lo propuesto, pasaríamos de un impuesto virtual a un impuesto efectivo.

2.- Adopción del principio contenido en múltiples legislaciones en Latinoamérica y el mundo, a saber, el establecimiento de "royalties" o regalías acordes con la explotación de un recurso no renovable.

3.- Control efectivo por el Servicio de Impuestos Internos y la Corporación Chilena del Cobre sobre los precios de transferencia, fijando el precio de venta del metal según el del cobre que se transe en la Bolsa de Metales de Londres y aplicando un impuesto único a las exportaciones.
COCHILCO, por disposición del decreto ley Nº 1.349, de 1976, modificado por la ley Nº 18.840, de 1989, debe conocer las condiciones de todos los contratos de exportación e importación de cobre y sus subproductos. La fijación del precio de la libra de cobre según la Bolsa de Metales de Londres es esencial, por cuanto sin conocimiento sobre el precio real al cual se realizan las transacciones entre la filial y la matriz, el impuesto único a las exportaciones pierde su eficacia. Debiéramos otorgar facultades reales al Servicio de Impuestos Internos para el control de los precios de transferencia; ello es parte de los sistemas de transparencia en el negocio minero que apuntan a un beneficio real para el país de acogida de la inversión.

4.- Control por parte del Banco Central ¿debe advertirse una y otra vez que dicha entidad se ha negado a asumir este papel- y el Servicio de Impuestos Internos sobre los gastos en asesorías y consultorías diversas, y los intereses financieros pagados por las filiales a la casa matriz.
Hay que hacer notar, por ejemplo ¿lo señalé en otra oportunidad-, que la Compañía Minera Disputada de las Condes S.A., filial de la Exxon (una de las empresas más grandes del mundo), durante 20 años se ha mantenido trabajando a pérdida en Chile. ¿Alguno de los señores Senadores presentes en la Sala cree que una empresa de esta envergadura va a tener una filial en Chile trabajando a pérdida por veinte años consecutivos? La historia es distinta. La Exxon no invirtió capitales en Chile para su financiamiento, sino que dio créditos a través de una filial en Centroamérica, y éstos con intereses casi al doble de la tasa internacional. De modo que durante estos veinte años la Disputada de Las Condes sólo está pagando con sus utilidades; es decir, sus utilidades las transforma en intereses que los ingresa también a la casa matriz de la Exxon en Estados Unidos.
Habría que ceñirse al inciso cuarto del número 2 del artículo 59 del Título IV (del impuesto adicional) de la Ley de la Renta, que establece la aplicación de una tasa de 20 por ciento a las remesas de fondos que se efectúan para remunerar servicios prestados en Chile o en el exterior por concepto de trabajos de ingeniería o asesorías técnicas en general.

5.- Control sobre las reales utilidades de las empresas extranjeras del cobre, aplicando el artículo 19 del decreto ley Nº 1.349, de 1976, para que las empresas mineras se constituyan como sociedades anónimas, permitiendo con ello un control adicional relativamente más eficiente sobre sus operaciones y el pago del impuesto de primera categoría al remitirse las utilidades al exterior.
En el presente, las grandes empresas mineras tienen, en su mayoría, el estatus de sociedades contractuales mineras, lo que les permite eludir ¿repito- la posibilidad de ser fiscalizadas por la Superintendencia de Valores y Seguros.

6.- Control sobre el exceso de intereses pagados o percibidos que se consideren desproporcionados y que tienen por objeto la disminución de la renta líquida declarada de las empresas mineras (artículo 33, número 1, letra f) de la Ley de la Renta).
Éstas son algunas de las principales medidas tributarias y financieras tendientes a mejorar la posición del país frente a esas grandes transnacionales que explotan nuestra principal riqueza sin siquiera pagar impuestos.
Señor Presidente, quise hacer un análisis exhaustivo sobre esta materia. Y para que no se diga que muchas veces los Senadores intervenimos criticando y entregando diagnósticos pesimistas, en esta ocasión he querido aportar algunas medidas claras, simples, transparentes, sin mayor costo, que pueden significar para el país la recuperación en parte de su principal riqueza, de recursos que hoy se evaporan.
Cabe destacar que si se adoptaren tales medidas, con los recursos provenientes del cobre volveríamos a financiar, como se hizo hasta 1990, los presupuestos de las tres áreas más importantes de la nación: vivienda, salud y educación.
Si el Gobierno formase una Comisión de estudio y si en el Congreso Nacional -como se ha comprometido la Comisión de Economía del Senado- se estudiara este punto, podríamos entregar también un aporte importante para los intereses generales del país a fin de salir de situaciones difíciles en las que se encuentra el Estado por falta de recursos.
En ese sentido, solicito oficiar, en mi nombre, enviando mi intervención, al señor Presidente de la Comisión de Economía del Senado -que ya recibió la anterior- para entregarle una visión más clara sobre la materia, debido a que se abocará a su estudio; al señor Presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados; al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción y de Minería; al señor Director de Impuestos Internos; al señor Vicepresidente Ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras, y al señor Presidente del Banco Central.
Deseo que este Gobierno, al iniciar su gestión, pueda obtener más recursos para paliar las muchas deficiencias existentes en el país, como la pobreza, la falta de trabajo y de oportunidades, derivadas de la crisis asiática. Asimismo, quisiera que estas pocas medidas que propongo, más el concurso del Senado, contribuyan a que el Gobierno encuentre tales recursos, sin necesidad de elevar impuesto alguno. Por el contrario, se deben fiscalizar los tributos que ingresan a arcas fiscales, a los cuales deberían sumarse los 4 mil 500 millones de dólares que, por concepto de impuestos, se evaden cada año en Chile.
En este caso se trata de elusiones tributarias. Las otras son evasiones que alcanzan a la cifra antes mencionada, de la que 60 por ciento corresponde al impuesto global complementario y al de primera categoría.
Por ello, dentro de las tesis que he planteado en esta oportunidad se debe considerar la posibilidad de reducir el impuesto de primera categoría de 15 a 10 por ciento, y que no sea de retención, sino pagable. Esto no sólo significaría más ingresos, sino que incidiría fundamentalmente en la colosal evasión tributaria, de la cual -repito- 60 por ciento corresponde al impuesto global complementario y al de primera categoría. Tal porcentaje se evade a través del mal llamado impuesto -porque es de retención- del 15 por ciento que hipotéticamente pagan estas empresas mineras, o que la opinión pública piensa que lo hacen. Pero la verdad es que no tributan ni un solo centavo.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
--Ofrecida la palabra a los Comités Institucionales 2 y Mixto, no hacen uso de su tiempo.

El señor CHADWICK (Presidente accidental).- En el turno del Comité UDI e Independientes, tiene la palabra el Senador señor Horvath.


ELECCIONES DIRECTAS Y DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS DE AUTORIDADES MUNICIPALES Y REGIONALES. OFICIO

El señor HORVATH.- Señor Presidente, en la sesión de hoy día se ha dado cuenta de un mensaje del Presidente de la República con el que incluye en la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria, sin calificación de urgencia, el proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades con el objeto de establecer un sistema de elecciones separadas de alcaldes y concejales.
Se trata de una iniciativa que atraviesa por un período bastante difícil, debido a las distintas indicaciones presentadas. Y la fórmula más expedita para resolver esta situación es definir en mejor forma aún las competencias de alcaldes y concejales.
El hecho de que en una sola nómina figuren las personas que postulan a alcalde y a concejales tiene, como todas las cosas, elementos positivos y negativos. Dentro de los primeros está la posibilidad de que los concejales "arrastrados" por la alta votación del alcalde, después lo apoyen en su gestión. Sin embargo, ello también provoca efectos bastante perversos, en el sentido de que numerosos concejos comunales funcionan con una suerte de alcaldes frustrados; es decir, personas que quisieron serlo y que, al no lograrlo, tienden a realizar una suerte de cogobierno o le complican la labor al alcalde.
La Contraloría General de la República se encuentra realizando sumarios en una enorme cantidad de municipalidades -más de cincuenta-, pues los concejos comunales no han actuado como corresponde en cuanto a regularizar, investigar y sancionar.
El sistema no está funcionando bien. Por eso, junto con separar la elección es necesario hacer lo mismo con la competencia, de modo que los alcaldes puedan actuar y que en la elaboración de los planes y programas de los municipios los concejos tengan más bien funciones fiscalizadoras y de asesoría. Sin embargo, es importante también que el actual Presidente de la República cumpla con el compromiso contraído durante la campaña electoral -como lo hizo don Joaquín Lavín, que obtuvo una votación bastante parecida-, en el sentido de que haya elección directa de autoridades regionales.
En ese aspecto, el Presidente Lagos señaló textualmente lo siguiente: "Propiciaremos la elección directa del Consejo y del Ejecutivo Regional". Es la oportunidad, por consiguiente, para que los consejeros regionales sean elegidos también en forma directa, pero descentralizadamente al interior de las regiones. En caso contrario, estaríamos patrocinando otro efecto perverso de una suerte de centralismo regional.
Por ello, solicito oficiar al señor Presidente de la República, para solicitarle que dé cumplimiento a su compromiso, y que también contrajo el anterior Mandatario -quien acaba de jurar como segundo Senador vitalicio-, a fin de que la iniciativa correspondiente se materialice en el mes de octubre del año en curso.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento, y con la adhesión del señor Parra.

El señor CHADWICK (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.


RESPUESTA A INTERVENCIÓN DE SENADOR MORENO SOBRE PROBLEMA RELATIVO A INDAP Y DECAM. OFICIO

La señora MATTHEI.- Señor Presidente, el día 7 de marzo me referí a situaciones irregulares dentro del INDAP y solicité al Gobierno que, antes de designar a las nuevas autoridades de esa institución, realizase averiguaciones sobre diversas irregularidades que califiqué como robos.
El miércoles 14 del mismo mes me contestó el Senador señor Moreno y en su intervención señaló que yo estaba equivocada en muchas de mis apreciaciones y que él hablaba para defender la honra de autoridades a quienes yo supuestamente había vejado.
Debo reconocer que me equivoqué. Sostuve que el ex director del INDAP y toda su plana mayor se encontraban procesados por fraude en el caso de la empresa DECAM. Debí haber dicho que el señor Luis Marambio, ex director nacional del INDAP; Alfonso Jasmen Correa, ex subdirector del organismo; la señorita Graciela Flores, ex jefa de Crédito y actual jefa de Finanzas y Administración; la señora Liliana Barría, secretaria general de la institución; Rodrigo García, ex jefe del Departamento de Desarrollo Agrícola, y Fernando González, jefe nacional de Crédito, deberían estar procesados por el delito de fraude consignado en el artículo 239 del Código Penal.
Paso a dar cuenta de todos los antecedentes que obran en mi poder acerca de los delitos cometidos en DECAM y que no coinciden con la versión dada en esta Sala por el Senador señor Moreno.
La empresa DECAM fue fundada en 1983 con dineros otorgados por el Cardenal Raúl Silva Henríquez, para crear una entidad de apoyo y desarrollo tecnológico para los campesinos. Los socios fundadores fueron don Hugo Ortega Tello, que en el período 1990-1994 fue director nacional del INDAP; Maximiliano Cox Balmaceda, actual director nacional de este organismo; Tomás Cox Palma, Gastón Johnston Barría y Juan Manuel Cruz Sánchez. Éste último fue, desde 1983 hasta septiembre de 1997, gerente general de la empresa y ejerció diversos cargos públicos, entre ellos el de Subsecretario de Pesca.
Estos socios fundadores cedieron sus acciones a cuatro organizaciones campesinas, de acuerdo con los deseos del entonces Cardenal, acciones por las cuales tampoco habían pagado esas cinco personas, puesto que el dinero había provenido de instituciones extranjeras.
Por lo tanto, los principales socios de DECAM pasaron a ser simples campesinos. Y cuando los califico de esta manera no lo digo en forma despectiva, sino para describir su nivel de escolaridad y su situación económica. El gerente general, por su parte, era un destacado profesional: ingeniero comercial e importante funcionario de Gobierno desde 1990 hasta hace unas pocas semanas.
Los socios, por lo tanto, simples campesinos; el gerente general, un poderoso ejecutivo.
Junto con el advenimiento de la democracia, empiezan los créditos para esta empresa. A continuación, haré un breve resumen de los créditos otorgados por el INDAP a DECAM: 15 de enero de 1991, 14 millones; 30 de diciembre de 1991, 65 millones; 29 de diciembre de 1992, 100 millones; 26 de febrero y 4 de marzo de 1993, 65 millones en conjunto; 9 de diciembre de 1993, 101 millones más 10 millones y medio, de vencimiento a más largo plazo; 17 de diciembre de 1993, 130 millones; 23 de diciembre de 1993 ¿pocos días después-, 30 millones; 30 de diciembre de 1994, 390 millones, y 20 de agosto de 1996, 140 millones.
Durante todo este tiempo hubo pagos aparentes de DECAM a INDAP. Sin embargo, no son pagos verdaderos, sino una simple bicicleta financiera. Me explico: todos los créditos supuestamente cancelados por DECAM a INDAP fueron pagados con dinero de los nuevos créditos otorgados por el mismo INDAP, según lo reconocen los propios ex directores nacionales en sus declaraciones del sumario administrativo. Y quiero decir que hay copias de todos los documentos que avalan lo que estoy señalando.
La deuda actual asciende aproximadamente a mil millones de pesos. Es importante destacar que de la larga lista de créditos que he leído, sólo el primero, por 14 millones, y que corresponde a enero de 1991, fue aprobado por la Dirección de la Sexta Región del INDAP. Los restantes lo fueron por la Dirección Nacional de este organismo. Es decir, no por la Sexta Región, sino que por Santiago.
Pero alguien me podrá decir que se le prestaron mil millones de pesos a una empresa muy destacada, muy solvente.
Ante todo, quiero señalar que el primer crédito fue otorgado en forma ilegal, puesto que aún no se había promulgado la ley que autorizó al INDAP a otorgar créditos para comercialización. Había ya un dictamen de la Contraloría que había rechazado un convenio del INDAP con COTRISA por este mismo motivo. Lo preocupante es que el actual director nacional del INDAP, don Maximiliano Cox, en su calidad de Ministro de Agricultura subrogante, firmó el Ordinario Nº 93 de 12 de febrero de 1993 ¿que está a disposición de Sus Señorías-, para entregar ese crédito, eximiéndolos, además, de la otorgación de las garantías pertinentes. Sin embargo, como una forma de compensar la falta de garantías, el Ministro subrogante ordenó tomar medidas especiales de resguardo del crédito otorgado bajo esta forma excepcional, o ilegal, y cito textualmente esta parte del oficio pertinente: "...como pueden ser, por ejemplo, mecanismos adecuados de supervisión de los créditos, entrega parcializada de los recursos contra documentación que demuestre el volumen de productos efectivamente comprados y/o la operación ágil y efectiva del convenio existente con la empresa DICOM...", etcétera.
Pues bien, como podrá advertirse, no hubo ninguna precaución especial, como recomendaba el señor Ministro subrogante. Ni siquiera hubo los resguardos mínimos. En primer lugar, se prestó dinero a una empresa que no llevaba contabilidad legal. La contabilidad de DECAM se llevaba en un computador, sin la debida autorización del Servicio de Impuestos Internos. Recordemos que la contabilidad debe llevarse en libros debidamente autorizados por ese organismo. Sólo con su autorización algunos libros pueden ser reemplazados por medios magnéticos. Curiosamente, toda la información del computador se borró. Pero aunque DECAM hubiese estado autorizado por el Servicio de Impuestos Internos a llevar contabilidad computacional, igual habría estado obligado a llevar algunos libros de respaldo, que señala la ley. Esos libros tampoco son habidos, lo que también está acreditado en los documentos que he puesto a disposición de los señores Senadores. Me refiero al informe del señor Montero del INDAP.
Podríamos quizá suponer la posibilidad de reconstruir parte de la historia financiera a través de las actas de directorios. Lamento informarles, señores Senadores, que tampoco existe el Libro de Actas exigido por la ley.
¿Detectó alguna vez el INDAP estas gravísimas irregularidades? Ésta es otra pregunta con respuestas inquietantes. En efecto, DECAM fue supervisada en tres oportunidades por profesionales del ámbito financiero nacional del INDAP, en los años 1991, 1994 y 1996. Todas las revisiones concluyeron satisfactoriamente. No se sabe qué fiscalizaron los ingenieros comerciales, quienes ni siquiera se dieron cuenta de que no existían los libros de registro.
Sin embargo, en abril de 1997, otro funcionario de esa misma institución, don Virgilio Montero Ortiz, emitió un informe lapidario sobre la catastrófica situación de la empresa, las irregularidades tributarias y hechos que, de la simple lectura, configuraban sin duda alguna delitos de estafa.
Cito textualmente: "Los estados financieros al 31 de diciembre de 1996, presentados por la sociedad, fueron examinados mediante técnicas de auditoría de común aplicación, con ciertas limitaciones que no invalidan sus resultados, concluyendo que no reflejan la real situación económica y financiera de la empresa. Las objeciones se pueden resumir señalando que los Estados Financieros presentan un patrimonio de 116,6 millones, sin embargo, del examen resulta que éste es inexistente, y en la realidad los activos son superados por los pasivos en 423,6 millones" -es decir, en vez de tener activos de 116 millones, tenían pasivos de 423 millones-. "En cuanto al estado de Pérdidas y Ganancias, tanto en el ejercicio 96 como en los años anteriores, cabe señalar que tampoco reflejan el verdadero resultado económico de la empresa, puesto que no se ha reconocido el deterioro de los activos ni de los intereses y reajustes de las deudas. Así, la utilidad del ejercicio 96: 9,2 millones, corresponde en la realidad a una pérdida de 114,5 millones.".
Este informe fue elaborado y entregado a INDAP antes de que dejara el cargo de gerente general don Juan Manuel Cruz.
Conocieron este informe en INDAP doña Graciela Flores, jefa nacional de Finanzas; doña Liliana Barría, secretaria general de la institución; don Luis Marambio Canales, director nacional; don Rodrigo García Hurtado, jefe del Departamento de Desarrollo Agrícola, y más tarde, el fiscal nacional del INDAP, señor César Toledo Fuentes, quien, además, es abogado integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel.
Estos hechos constatados por el señor Montero, que al parecer constituyen delito de estafa, según el artículo 468 del Código Penal, no fueron denunciados, como lo exige el artículo 55, letra k, del Estatuto Administrativo, en relación con los artículos 84 y 85 del Código de Procedimiento Penal, que fija un plazo de 24 horas. No sólo no fueron denunciados, sino que no hubo acción real alguna que permitiera revertir la gravísima situación.
Cuando el señor Juan Manuel Cruz dejó la gerencia en septiembre de 1997 (debo aclarar que el señor Cruz ejercía paralelamente las funciones de Subsecretario y de gerente de esta empresa, que recibía créditos de INDAP, lo cual, a mi juicio, no es compatible), el crédito otorgado en 1996 ya se había hecho exigible. Llama la atención que sólo renunciase a la gerencia general de esta empresa cuando cayó en mora y se hizo pública la insolvencia financiera. Es necesario señalar que DECAM no sólo ha dejado de pagar dineros públicos a INDAP, sino también al INIA (80 millones en semillas), y, además, a las mayores empresas privadas proveedoras de insumos: SOQUIMICH, ANASAC, NOVARTIS, entre otras. La deuda total asciende aproximadamente a 5 millones de dólares.
Al dejar la gerencia don Juan Manuel Cruz asumió don Luis Cáceres Morgado, nombrado por los campesinos accionistas de la empresa. Éste se hizo cargo de la gerencia de una empresa virtualmente quebrada y con estados financieros adulterados. Por no contar con los conocimientos ni con la asesoría adecuados y por tener, probablemente, un concepto ingenuo de la lealtad, el señor Cáceres Morgado recogió todos los cheques firmados por el ex gerente señor Juan Manuel Cruz (quien, repito, además ejercía el cargo de Subsecretario), dado que podían manchar su imagen pública (los cheques girados por el gerente y Subsecretario ascendían a más de 300 millones de la época), y procedió a reemplazarlos por cheques girados por él mismo.
Esta lealtad le costó la vida. Emocionalmente, no pudo hacer frente al hecho de vivir con el constante agobio de las órdenes de detención en su contra por el delito de giro doloso de cheques. El 7 de julio de 1999, don Luis Cáceres se suicidó.
Yo no lo conocí. Pero hago esta denuncia, porque es lo menos que merecen su viuda y sus hijos: limpiar su nombre.
Los delitos que él cometió son menores, y fueron el producto de la falta de conocimientos. La verdad es que el señor Cáceres Morgado se hizo cargo de una empresa que ya estaba quebrada y cuyo anterior gerente había cometido los ilícitos mencionados.
¿Qué ha sucedido con la deuda de esta empresa?
El INDAP liquidó todos los bienes muebles (vehículos y maquinarias). El dinero obtenido no alcanzó ni para pagar las indemnizaciones de los trabajadores. Y con los bienes restantes no se alcanza a pagar nada a INDAP.
¿Qué ha hecho INDAP? ¿Qué ha hecho la Contraloría General de la República? ¿Qué ha hecho el Gobierno? Puras maniobras distractivas.
Un sumario iniciado en 1999 para investigar el destino de los últimos 140 millones (porque, al parecer, no les interesa lo anterior), no concluyó en nada, porque intervino la Contraloría, a petición del Senador señor Chadwick y de quien habla.
Curiosamente, en las sobre mil fojas, más cuatro cuadernos auxiliares de documentos fundantes del sumario de la Contraloría, no aparece declaración alguna del señor Juan Manuel Cruz Sánchez. Lo que hay es una excusa en el sentido de no poder recibir a la Contraloría por estar cumpliendo labores de Ministro subrogante, situación que le ocasionaba falta de tiempo.
¿Qué otras acciones se han tomado? El 3 de enero del presente año, el INDAP presentó una querella en Santiago contra los campesinos y contra el fallecido señor Cáceres Morgado; esto es, casi tres años después de conocerse el delito de estafa y, además, lo hizo en contra de una persona muerta, suicidada por el horror de verse involucrada inocentemente en estos hechos.
Es decir, el Gobierno de la Concertación pretende hacer pagar a simples campesinos el enorme fraude que ha habido.
Quieren quitarles el patrimonio a las organizaciones campesinas, que nunca tuvieron el real manejo de la empresa, y meter a la cárcel a sus dirigentes. Quieren, también, acusar a funcionarios menores del INDAP de la Sexta Región. Recordemos que de todos los créditos otorgados a DECAM sólo el primero fue autorizado por INDAP Sexta Región, todos los otros fueron ordenados por la Dirección Nacional.
Esta acción del 3 de enero de este año es presentada por el Fiscal del INDAP y patrocinada por dos abogados del mismo servicio. Sin embargo, después aparece como apoderado en esta causa un abogado externo, que casualmente es el mismo que representa en forma particular a don Luis Marambio (Director Nacional hasta hace pocas semanas) en el sumario de la Contraloría.
¿Hay alguna otra acción? Sí, señor Presidente. La Contraloría General de la República presentó en San Fernando -escuchen bien, señores Senadores- el 17 de enero de este año una denuncia por fraude. No lo hizo el 7 de enero, ni el 14. No. Fue presentada al día siguiente de la segunda vuelta presidencial.
En ambas acciones criminales han debido declarar, aparte de los campesinos, una treintena de funcionarios de INDAP, incluidos los señores Marambio y Cox. Hasta ahora no lo ha hecho don Juan Manuel Cruz.
La única acción seria para aclarar toda la situación es una querella presentada en mayo de 1999, en San Fernando, por parte de los campesinos, que lo único que quieren es que se establezca la verdad de todo esto.
En cuanto a los juicios ejecutivos mencionados por el Senador señor Moreno, en ninguno de ellos INDAP va a lograr abonar ni un peso al crédito, porque las preferencias superan con creces los bienes por liquidar. Es decir, puedo señalar, seria y fundadamente, que INDAP no va a recibir ni un peso de los mil millones adeudados por DECAM.
En los documentos que obran en mi poder, queda constancia de que los créditos se otorgaron fuera de toda la normativa legal, sin garantías suficientes, sin presentar las solicitudes en el área correspondiente, con balances falsos (falsedad ideológica), con incremento ficticio del valor de las garantías y con una clara y reconocida figura de bicicleta financiera.
Quiero declarar que he ofrecido toda mi ayuda a los campesinos, que inocentemente se han visto involucrados en estos hechos.
También he ofrecido mi colaboración a los funcionarios honestos de INDAP, para que no terminen pagando las culpas cometidas por otros, que ostentaban cargos más importantes.
Quiero señalar que el de DECAM es sólo uno de los muchos casos de irregularidades e ilegalidades que llegan a mis manos en estos días. En la primera semana de abril me referiré al otro que mencioné -el de Procampo-, para evitar que ambos se confundan.
El Senador señor Moreno expresó que mi intervención se habría debido a motivos electorales. Debo precisar que fui el único Parlamentario que no aprobó el presupuesto del INDAP en la respectiva Subcomisión Especial, en octubre o noviembre del año pasado. He estado preocupada de los malos destinos de los dineros del referido organismo desde hace varios años. También desde hace años vengo denunciando que los recursos que aprobamos no van en beneficio de los pequeños agricultores. Muchos fondos se filtran, se pierden o desaparecen en el camino, como lo veremos en las próximas semanas.
Lamento sinceramente que el Honorable colega haya sido mal informado de toda esta situación y haya salido en defensa de hechos incuestionables e indefendibles.
Quiero terminar señalando que dentro del INDAP...

El señor MORENO.- ¿Me permite una breve interrupción, Su Señoría, con la venia de la Mesa?

La señora MATTHEI.- Se la daría encantada, pero se me agotó el tiempo.

El señor CHADWICK (Presidente accidental).- Puede usar de la palabra el Senador señor Moreno, pero en forma muy breve, pues ha terminado el tiempo de la Honorable señora Matthei.
El señor MORENO.- No pretendo restárselo a la señora Senadora. Obviamente, me haré cargo de sus expresiones con la extensión suficiente, pero mientras tanto sólo quiero precisar que he reaccionado ante lo que Su Señoría ha reconocido como error, por formularse imputaciones a personas honorables, que no están procesadas y no tienen que responder de cargos que ella está formulando. Eso es lo que he hecho en el Senado. Y lo haré siempre, por creer que nadie en esta Sala es juez de nadie. Tenemos el derecho a fiscalizar y a denunciar, pero no a convertirnos en acusadores y condenadores de otras personas a las cuales no se les ha dado oportunidad para defenderse.

El señor CHADWICK (Presidente accidental).- Continúa con el uso de la palabra la Honorable señora Matthei.

La señora MATTHEI.- Señor Presidente, quiero señalar que cuando intervine el 7 de marzo fue porque diversas personas que trabajan en el INDAP ¿y que votaron por Lagos y no por Lavín- se me acercaron porque sabían que estaba preocupada de la situación de esa repartición, para rogarme que interviniera a fin de que no volvieran a poner el cargo al señor Luis Marambio. Están cansados, hastiados, moralmente violentados por el cúmulo de irregularidades que suceden en el interior de ese organismo. Y siguen indignados por el hecho de que se haya nombrado a don Maximiliano Cox, socio fundador de DECAM y que, de alguna manera, fue el primero en otorgar los créditos, pues muchos interpretan que está ahí básicamente para tapar todas estas cosas.
Espero que no sea así, pero la verdad es que el ánimo que impera en este momento en el INDAP no puede ser peor ni de mayor violencia.

El señor MORENO.- ¡Gratuita y ofensiva la acusación!

La señora MATTHEI.- Deseo agregar que hace ya casi un año el señor Presidente accidental y la Senadora que habla solicitamos un sumario por los hechos a que me estoy refiriendo.
Está bien que el Honorable señor Moreno reaccione, pero no sé si considera que el hecho de haber un suicida por estas circunstancias sea algo razonable. Porque, así como estos funcionarios tienen derecho a la honra,...

El señor MORENO.- ¿Puedo contestar, señor Presidente? Estoy siendo aludido.

La señora MATTHEI.- ... lo que ha hecho el INDAP es ir en contra de alguien que actuó con una lealtad inocente. Y ha ido en contra de una persona que se suicidó, producto de su mal entendida lealtad. Eso es lo que ha hecho el INDAP: presentar una querella el 3 de enero recién pasado, tres años después de conocerse todos los ilícitos y todas las presentaciones de balances falsos. ¡Tres años después se va en contra de un hombre que se suicidó por el agobio de no poder vivir con el constante apremio de estar acusado de giro doloso de cheques! ¡Esa es la situación verdadera, señor Presidente! Entre defender a un funcionario o al suicida, claramente me inclino por lo segundo.

El señor CHADWICK (Presidente accidental).- Le ruego terminar, señora Senadora.

La señora MATTHEI.- Señor Presidente, solicito oficiar al señor Contralor General de la República para que haga llegar a Su Señoría y a la Senadora que habla copia completa del sumario administrativo, incluidos los cuatro cuadernos auxiliares de documentos fundantes, a fin de saber cuáles fueron las conclusiones del mismo.
El señor CHADWICK (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, en conformidad al Reglamento.
El Honorable señor Moreno me ha solicitado hacer uso de la palabra, pero está agotado el tiempo.

El señor MORENO.- ¿Puedo intervenir al inicio de la próxima sesión, para contestar, ya que he sido aludido directamente?

El señor CHADWICK (Presidente accidental).- Se verá en...
El señor MORENO.- Le ruego que se vea de inmediato, señor Presidente, porque es algo que me corresponde, de acuerdo con el Reglamento.

El señor CHADWICK (Presidente accidental).- Me informa la Secretaría que ello procede al inicio de la hora de Incidentes de la próxima sesión. Así queda-rá anotado.

El señor MORENO.- Gracias, señor Presidente.

La señora MATTHEI.- Señor Presidente, en todo caso, no he aludido en mala forma al Senador señor Moreno. Lo único que he dicho es que ha sido mal informado.

El señor CHADWICK (Presidente accidental).- Por haberse cumplido...

La señora MATTHEI.- Mi querella no es contra mi Honorable colega. Creo que él y todos los que estamos en esta Sala deseamos que estos hechos se "destapen", se investiguen y se juzguen. Estimo que eso es lo que nos debe mover a todos, más que querellas entre dos Senadores que no me cabe duda de que queremos lo mismo.
Gracias, señor Presidente.

El señor CHADWICK (Presidente accidental).- Por haberse cumplido su objeto, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:16.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción