Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El acta de la sesión 33ª, extraordinaria, en 27 de enero del presente año, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la Cuenta. En todo caso, ruego a Secretaría que interiorice sobre el particular a todos los señores Senadores, tanto a los presentes como a quienes no se encuentran en la Sala.



Quiero saber si eso está plenamente garantizado con la actual redacción de la letra e). Por ende, pienso que la disposición que aprobamos a propósito de la indicación del Senador señor Díez quedó bastante clara. Es, quizá, más extensiva que la propia indicación y, por lo tanto, suficiente. En mi concepto, es muy importante que, así como se sabe, por ejemplo, que el señor Edwards es el dueño de "El Mercurio", lo cual es transparente, también sepamos con claridad quién es el dueño de "La Época" (ahora constituye un profundo misterio) o quién es el propietario de "La Tercera". En todo caso, quedará constancia de lo planteado por Su Señoría en cuanto a qué se persigue y de la explicación del Honorable señor Larraín. El señor DÍEZ.- Señor Presidente, el texto del artículo 11 contribuye a aclarar las cosas, porque más adelante dice: "Con todo, no requerirán ser informados los cambios en los accionistas o en la participación en el capital, cuando el propietario del medio de comunicación social sea una sociedad anónima abierta.". De manera que la interpretación a contrario sensu es muy clara. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión. Me permito formular esta sugerencia a la Sala. Pero, desde luego, me opongo a la eliminación de este depósito legal, y por lo menos debe mantenerse la cifra histórica. Como, por un lado, se sugiere aumentar el número de ejemplares y, por otro, suprimirlo, tal vez lo más razonable sea mantener lo que recomienda la Comisión y en lo que también concordó la Directora de Bibliotecas, Archivos y Museos. Por eso, me pronuncio por mantener el criterio que adoptó la Comisión, contenido en el artículo 14 que recomienda. En la práctica este procedimiento no opera en la forma establecida por la ley. No es cierto que todos los diarios del país envíen ejemplares, pero sí lo hacen gran cantidad de ellos, a los cuales les interesa que algunos de sus impresos se hallen depositados en un lugar central. Creo que ello no sólo es bueno para el país, sino también para la Biblioteca Nacional, la que en general no posee hoy los recursos suficientes como para efectuar -además de los esfuerzos que ya hace- estas adquisiciones. De modo que, en mi opinión, deberíamos mantener el artículo en la forma propuesta y rechazar las indicaciones renovadas que lo suprimen. Por eso, sugiero que se apruebe el artículo. Estimo que causaría empobrecimiento en el país suprimir la disposición que obliga a entregar un número de ejemplares a la Biblioteca Nacional, el cual es modesto, en comparación con el tiraje de libros, revistas y diarios. No se afecta tanto el costo de los editores, y sería imposible que la Biblioteca Nacional cuente con los recursos necesarios para cubrirlo. Además, el canje es un instrumento muy valioso, para que, sin costo, pueda aumentar su patrimonio. En todo caso, se deja constancia de lo solicitado por el Senador señor Cordero. --Se rechazan las indicaciones Nºs. 99 y 100. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión. Considero que esta materia no debería provocar mayor debate, porque su objetivo es muy simple. Es también simple la disposición y el mecanismo. A mi juicio, por lo menos, es muy obvia la necesidad de una transparencia mínima en cuanto a un dato importante, como es el número de ejemplares de cada edición de cada uno de estos medios escritos. He dicho. Tengo esa duda, y la dejo planteada. He dicho. Por último, en lo referente a las observaciones del Honorable señor Larraín, prácticamente no hay país democrático occidental que no tenga desde hace más de 30 ó 40 años un sistema de verificación autorregulado por parte de las empresas avisadoras, las agencias de publicidad y los medios. En Francia, da lo mismo si "Le Monde" lo hace voluntariamente o no, porque igual está sujeto a un sistema de verificación como existe en todos los países europeos, pero además en la mayoría de los latinoamericanos. De modo que no veo por qué debiéramos ser tan tímidos en esta cuestión, y suponer que aquí se está haciendo algo que entrabaría el funcionamiento de los medios escritos. Creo que cualquier partidario de un sistema de diarios abierto, competitivo, tiene que estar a favor de que exista transparencia en este tipo de información que, precisamente, contribuye a estimular la competencia y a dar claridad al funcionamiento del mercado. Por eso, por tratarse de información que debiera ser reservada -porque lo propuesto no dice relación con la libertad de opinión e información, sino con aspectos comerciales-, creemos que la indicación (que además, en el evento de prosperar, perjudicaría precisamente a quienes siempre se quisiera favorecer, para mantener la libertad de opinión y la mayor pluralidad, esto es, a los que recién comienzan) habría que rechazarla. Pienso que lo señalado es un tanto delicado. Constituye una reserva comercial legítima de los medios, y si voluntariamente quieren darla a conocer sería perfectamente razonable. Pero establecer una obligación por ley en este sentido lo considero altamente delicado. Eso sí que podría ocurrir y, tal vez, sería interesante. Porque no puede ser que las grandes circulaciones se basen meramente en imágenes que durante un tiempo se han ido acumulando y que juegan con supuestos prestigios que pudieron existir en un momento, pero que luego, en la competencia, han desaparecido y que, sin embargo, por la falta de transparencia, se mantienen. De modo que -insisto- aquí no veo que haya ningún argumento que razonablemente pueda esgrimirse desde el punto de vista comercial de las empresas. Pero sí veo gran cantidad de argumentos que favorecen la tesis de hacer transparente este mercado, generando por ley el estímulo para que los diarios hagan lo que ya los medios importantes están efectuando en Chile, y que en el resto del mundo realizan también los diarios a través de disposiciones legales. Y en ningún país europeo jamás se ha argumentado que esto podría afectar el bienestar comercial o las capacidades económicas de un medio de prensa. Por tales razones, y en defensa de la libertad de los individuos, apoyo la indicación. Voto a favor de la indicación renovada. Ése debe ser el criterio que debe prevalecer, por sobre el de índole mercantil, el cual, no obstante tener su razón de ser, es de menor entidad, desde el punto de vista de los intereses públicos, en esta discusión relativa a la libertad de expresión. Voto que no. Por no guardar relación con esta iniciativa de ley sobre libertad de información y de opinión y establecer una restricción a una información que debiera ser confidencial, además de perjudicar a los periódicos regionales, favoreciendo a los de circulación nacional, votaré en contra de la indicación. Por ello, voto que no. No votaron, por estar pareados, Chadwick, Novoa, Pérez y Prat. En consecuencia, me parece que deberían rechazarse tales indicaciones y aprobarse lo propuesto por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Muchas gracias. El señor LARRAÍN.- Y la verdad es que carecen de un mayor alcance. Simplemente, lo que se intenta es definir un concepto más exacto, porque la expresión "valor" resulta muy genérica. En lugar de las palabras "valor del material empleado para" la reproducción, se propone hacer referencia al "costo de" ésta. Vale decir, se apunta a efectuar una precisión muy simple, que creo más adecuada, desde el punto de vista del objetivo que se persigue. No existe una diferencia de fondo. --Se aprueba la proposición de la Mesa. El señor RÍOS (Vicepresidente).- En discusión. Para no sorprender a nadie, prefiero que todo lo que dice relación a los abusos se trate durante el debate sobre la difamación. Si el Senado es partidario de establecer la figura de la difamación, hay que consignar también la de los abusos. Pero si rechaza lo atinente a la difamación y se queda sólo con lo relativo a la injuria y la calumnia y el derecho a rectificación, la palabra "abusos" estará de más. Como dije anteriormente, lo relativo a los abusos está incluido en otro acápite: el relativo a la aclaración y la rectificación. De modo que, si ya se ha aceptado que el abuso queda cubierto por tales derechos y, por otro lado, todavía no empezamos a tratar la posibilidad de tipificar como nuevo delito el de difamación, sería conveniente ir eliminando todas las menciones al término "abusos" que aparezcan más adelante. Sugiero iniciar el debate al analizar el artículo 30. Acordado. "Artículo 29.- El que, por cualquier medio de comunicación social, realizare maliciosamente publicaciones o transmisiones que conciten odio u hostilidad", etcétera. Nuestro propósito es establecer que el mero hecho de que en un medio aparezca algo que genere ese tipo de reacción o de sensibilidad (muy comprensible, por cierto) no implicará necesariamente la comisión de un delito. En su momento argumenté en la Comisión contra las indicaciones en comento, y vuelvo a hacerlo acá, porque reducen el campo de aplicación de una norma que -como dije- ya está aceptada en la legislación internacional, e inclusive en el Pacto de San José de Costa Rica, que Chile suscribió. En segundo término, las indicaciones licuan el artículo, ya que establecen un requisito absolutamente subjetivo. Por ejemplo, se realiza en Chile una reunión del nazismo internacional y se lleva a cabo una campaña de odiosidad en contra de la colectividad judía. ¿Hay que probar que esa campaña o la presión ejercida tiene que ser deliberada, que existe un dolo especial? Basta que se cometa el acto. El dolo está en sí. No se necesita el elemento subjetivo que agregan las indicaciones, que prácticamente hace desaparecer la penalidad o que sea muy fácil excusarse de la comisión del delito contemplado en el artículo en comento. Ello no es conveniente. No creo que alguien en la Sala sea partidario del racismo. Todos sabemos de las catástrofes que él ha traído a la humanidad. Establecer que las publicaciones sean hechas maliciosamente implica agregar un elemento subjetivo dificilísimo de probar. Por tanto, a nuestro juicio, las indicaciones harían sumamente ineficaz la disposición en debate. He dicho. Entonces, no estamos hablando de expresiones que puedan salir al calor de una discusión. Si uno tiene que debatir con alguna persona de un país vecino, debe hacerlo con el respeto que ella merece, sea peruana, boliviana, argentina. o lo que fuere, y con mucha mayor razón si se refiere a la raza. Ello, realmente, podrá ser un acto indebido, una imprudencia, pero no se puede llevar el concepto de la existencia del delito a términos tan extremos que la reacción de un tercero produzca un delito en una materia en que no existió ni dolo ni intención. El señor HAMILTON.- Señor Presidente, aun a riesgo de ser imprudente, a mi juicio, el artículo 29 del proyecto exige requisitos muy difíciles de cumplir. La norma señala que "conciten odio u hostilidad". No cualquier declaración, ni menos una de tipo deportivo u otra -como se ha tratado de banalizar- concitan odio u hostilidad, sino que deben ser expresiones suficientemente duras, fuertes, aparentemente fundadas, para que puedan concitar odio u hostilidad en contra de personas o colectividades en razón de su raza, religión o nacionalidad. Por lo tanto, en lo fundamental, valoramos el hecho de que se haya incorporado a la legislación ese tipo penal. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión. Por lo tanto, en lo que a mí respecta, estoy en contra de las indicaciones. Por lo tanto, pienso que deberíamos atenernos a lo que sugiere la Comisión, que por lo demás descansa en criterios generales del Código Penal. Por eso, se han renovado las indicaciones. No sé si el señor Ministro o los miembros de la Comisión nos pueden precisar el alcance de esta disposición, porque veo cierta sutileza en ello y quiero comprender claramente... Gracias, señor Senador. El señor URENDA.- Porque se señalan otros casos en que puede hacerse valer dicha excepción, distintos de los contemplados en el artículo 420 del Código Penal. Pareciera ser ése el fundamento. Y ojalá el autor de las indicaciones que aún es Senador pueda precisar en mejor forma por qué se hace este distingo entre la norma general del Código Penal y en este caso particular de la ley sobre libertad de opinión y ejercicio del periodismo. Como las indicaciones renovadas son innecesarias y confundidoras, anuncio mi voto en contra. En consecuencia, estoy en contra de las indicaciones. He dicho. Hago esta aclaración, que puede servir para que la Sala adopte una decisión. En resguardo de la honra y del buen nombre de las personas, que es lo único que al fin de cuentas los padres dejan en herencia a sus hijos, voto en contra. Voto que sí. Votaron por la afirmativa los señores Bombal, Cariola, Chadwick, Fernández, Larraín, Matthei, Novoa, Parra, Stange y Urenda. Por lo expresado, creo que las indicaciones que impugno lesionan las garantías constitucionales sobre libertad de expresión e información y que, en consecuencia, como ocurrió en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, deben ser rechazadas. En consecuencia, sin argumentar más y compartiendo el razonamiento del Honorable señor Hamilton, hemos estado y estamos en contra de introducir bajo cualquier forma -hay varias indicaciones que van en la misma dirección- el nuevo delito de difamación dentro de la ley de libertad de información, pues ésta dejaría de ser desde el mismo momento en que cometiésemos tal error. Señor Presidente, soy contrario a las indicaciones y, por lo tanto, votaré en contra de las mismas. Por eso, señor Presidente, nos oponemos a las indicaciones renovadas. El señor VIERA-GALLO.- La haremos llegar en su oportunidad, señor Presidente. Por las razones jurídicas que he planteado al comienzo, en el sentido de que es necesario dictar una ley interpretativa de la Constitución para poder cumplir la disposición del Nº 4º del artículo 19, y no, simplemente, sancionar su infracción con una multa; y, debido a que, en mi opinión, no es oportuno hacerlo, porque las necesidades sociales del país no son las planteadas, sino otras, voy a votar en contra. En todo caso, estoy de acuerdo con el parecer general de la Sala, en el sentido de que la modificación propuesta no resulta conveniente. Y, por ello, la voy a rechazar. "Porque creo que Richelieu no ha muerto, prefiero defender la democracia como idea, y a los chilenos que tienen derecho al discernimiento, de la aplicación de una ley que representa una amenaza...". He dicho. --Se aprueba el artículo 30, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que emitieron pronunciamiento favorable 25 señores Senadores. Por eso, doy esta breve explicación. En consecuencia, me parece que la materia amerita segunda discusión, y queremos compartir una decisión en ese sentido. He dicho. El señor DÍEZ.- Señor Presidente, sin perjuicio de discutir esta materia en una sesión futura, creo que la solución es volver al texto aprobado en general por el Senado, que contempla un inciso primero que cubre las circunstancias que aquí se han señalado. --Queda pendiente la discusión del proyecto. Al señor Ministro de Obras Públicas, acerca de PROPUESTAS DE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO RELATIVAS A PROYECTO RUTA 5 SUR.

He dicho.


He dicho. Para el Senado, en general, y para la Mesa, en particular, sería muy interesante conocer la opinión de Su Señoría -de no ser posible ahora, con posterioridad- en cuanto a la aplicación del MERCOSUR en el ámbito automotriz, ya que, según sus observaciones, teóricamente se estaría quebrando el desarrollo armónico de las industrias pertinentes de esos dos países, que forman parte de un mismo convenio. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Presidente. Le insinúo estudiar esa alternativa, señor Senador.


He dicho.
No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión.