Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesión 33ª, extraordinaria, en 27 de enero del año en curso, que no ha sido observada. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la Cuenta. Sin embargo, deseo dejar de lado el episodio específico e ir al fondo del problema. Puede usar de la palabra, señor Senador. He dicho. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Por aplicación del artículo 79 del Reglamento, y no habiendo manera de corregir el procedimiento, el informe de la Comisión de Constitución debe quedar para tabla. Y cuando la Sala lo trate, señor Senador, usted podrá renovar su petición, planteando tal vez que se complete dicho informe. Pero eso tendremos que resolverlo en su oportunidad, pues hoy no existe otro procedimiento que el indicado. En consecuencia, solicito a la Sala -esto sí podemos hacerlo- que acoja la proposición formulada por el Honorable señor Ominami. Hago presente a Sus Señorías que no puedo abrir debate, porque infringiría el Reglamento. En esas condiciones yo estaría de acuerdo en aceptar la petición de nuevo informe. El señor LARRAÍN.- Si la Sala lo tuviera a bien... Acordado.

2°.- Tratar, en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 22 de abril, el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que modifica el Código de Minería en relación con la superposición de pertenencias mineras.




Por lo tanto, señor Presidente, le pido formalmente que recabe el parecer de la Sala en ese sentido. Acordado. El señor FERNÁNDEZ.- Señor Presidente, en relación con la indicación número 105, que agrega un nuevo artículo 15 y que aprobó el Senado en la sesión anterior, quiero dejar expresa constancia de que, a su respecto, hago reserva de constitucionalidad. Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo. En todo caso, creo que este tema es bastante trascendente. Porque no veo cómo el Senado podría autorizar a cierta categoría de personas a cometer acciones que, por otra parte, penaliza. Me parece de suma importancia no dejar excluido -como quien dice, con un título abierto para actuar en determinada forma, que es penal- a determinado sector de profesionales. Por ello, pienso que la única solución, para mantener una línea lógica, es restituir el artículo 31 aprobado en general, y así, por la propia naturaleza del inciso primero, se explica que no se aplique el artículo 161-A. Por esta razón, me sumo a la proposición del Honorable señor Martínez. Deseo agregar una reflexión general. Por un lado, está el cuidar la libertad de expresión y, en consecuencia, la libertad del ejercicio de la labor periodística; y por otra, debe tenerse presente el problema del poder relativo en la sociedad. Los periodistas ya tienen un grado de poder enorme por el mero hecho de estar en medios de comunicación. Por lo tanto, sustraerlos además del tratamiento general de los ciudadanos en relación con las disposiciones del Código Penal lo considero francamente inconveniente. De modo que soy partidario del artículo 31, pero sin el inciso segundo. Por eso, secundo el rechazo de la proposición del segundo informe y la restitución del artículo 31 aprobado en general, incluyendo el inciso segundo, a fin de dejar expresa constancia de que allí radica el problema y, además, para aclarar qué lo que se prohíbe a quienes ejercen el periodismo. En el fondo, lo único que no parece posible es mantener el artículo 31 propuesto por la Comisión, porque eso repugna a la sana razón. Suprimirlo, tampoco es una solución, debido a que crearía una laguna inexplicable en un asunto de relevancia. Reponer el 31 del primer informe parece lo más aconsejable, pero con sus dos incisos, que se parece bastante al 161-A del Código Penal, pero perfeccionado. En consecuencia, la mejor solución es restablecer el artículo 31 aprobado en general. Por lo tanto, sugiero elegir el mal menor, porque, a estas alturas del trámite legislativo no puede redactarse un artículo -estimo que hay cierto acuerdo en este sentido- mediante el cual se resguarde el ejercicio de la profesión y, al mismo tiempo, impida la utilización indebida de la vida privada de las personas. Por eso, se introdujo el término "legítimo". Pero, aun cuando la disposición no quedó felizmente redactada, se entiende perfectamente. Y después de este debate debería quedar aún más claro en la historia de la ley que lo que se está haciendo es sustraer al periodista de un artículo mal redactado y que debería ser eliminado de acuerdo con el criterio del Ejecutivo -que es el artículo 161-A del Código Penal-, salvando la situación con la redacción del artículo 31, incluido su inciso segundo, del texto despachado en general. La solución más justa y más en armonía con la técnica de la ley penal es no incorporar el artículo 31, y estar a lo que dice el artículo 161-A del Código Penal. El artículo 31 del primer informe, de partida, agrega una palabra -"maliciosamente"- que causa problemas, porque debe probarse que existió la intención de causar daño, en circunstancias de que el artículo 161-A del Código Penal sanciona una serie de conductas bien definidas, precisando que "Esta disposición no es aplicable a aquellas personas que, en virtud de ley o de autorización judicial, estén o sean autorizadas para ejecutar las acciones descritas.". He dicho. Desde ese punto de vista, no veo por qué un periodista vaya a estar en una situación de privilegio frente a terceras personas, y exista una capitisdisminución para cualquier civil, para cualquier particular, en relación a quien ha estudiado ética y ejerce una profesión como la de periodismo. De modo que me inclino por la proposición del Senador señor Zurita: suprimamos el artículo 31 del proyecto, y que se aplique a cualquier chileno el artículo 161-A del Código Penal. He dicho. En consecuencia, siendo atendibles y discutibles las razones dadas, me inclino por el texto final del artículo 31. Una alternativa podría ser que volviera a Comisión para darle una redacción que satisfaga a todos; en caso contrario, anuncio mi voto favorable al mismo. Por lo tanto, el periodista involucrado, ante la probable aplicación del artículo 161-A del referido cuerpo de leyes, amparándose en dicho número, tendrá todas las posibilidades de obtener la absolución, si es acreedor a ella. Por tales razones, estimo que en esta etapa ambas versiones resultan inconvenientes, siendo preferible eliminar el artículo 31. Y de haber posibilidad de corregirlo, analizarlo en la instancia legislativa siguiente. A mi parecer, ésa es la única manera de entender legítimamente este conflicto de intereses: por una parte, el privado, el derecho a la privacidad, y por otra, el interés de la libertad de información y del ejercicio libre de la profesión de periodista. En consecuencia, creo que bastaría con derogarlo, en cuyo caso el periodista podrá alegar ante los tribunales que ha actuado en el ejercicio legítimo de su oficio, y decidirá el juez. Consecuentemente, ante tan pocas alternativas, me atrevo a plantear, aunque no me gusta como fórmula, y si lo tiene a bien la Sala, el devolver este artículo a Comisión. Mientras el señor Ministro prepara su respuesta, planteo a la Sala lo siguiente: la argumentación que se ha dado para aprobar o no el artículo 31 tal como viene en el segundo informe, se presta para interpretaciones bastante delicadas. En efecto, se podría creer que los periodistas pueden incurrir en todas y cada una de las conductas tipificadas en los incisos primero y segundo del artículo 161-A y quedar excluidos de responsabilidad, aun cuando actúen en forma maliciosa. De aplicarse tal como se aprobó en el primer informe, tendría los efectos señalados por el Senador señor Zurita, lo que también traería complicaciones. Si para evitarlas no dejamos nada, y se somete a votación -es lo que debo hacer, salvo que la Sala, por unanimidad, resuelva otra cosa-, no cabe sino pronunciarse respecto del artículo 31. Si no mediara el quórum, no habría norma, sencillamente. Y estaba preguntando por lo que había resuelto la Cámara porque, en caso de contradicción entre ello y lo que acojamos, la cuestión podría ser decidida en Comisión Mixta. El señor ERRÁZURIZ.- Fue enmendado por el artículo 31. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Como hay Comisión Mixta si se presenta una discrepancia entre el Senado y la Cámara, eso es lo que ocurriría si se rechaza el artículo 31, el cual procede votar. En un informe muy completo y muy bueno, entregado al Honorable señor Viera-Gallo y a la Senadora que habla, el abogado Antonio Bascuñán se refiere extensamente al tema en análisis. Sugiero que, por revestir éste gran importancia, el precepto pase nuevamente a la Comisión de Constitución. Ese profesional, miembro de la Asociación de Abogados por las Libertades Públicas, propone que el artículo 31 del proyecto se deje sin efecto, pero que sea mejorado el artículo 161-A del Código Penal. Porque, en el fondo, la introducción de la primera de esas disposiciones obedece a que se registra bastante consenso en que la segunda es mala, en que contiene defectos graves. Entonces, se intenta buscar una salida al exceptuar a los periodistas, cuando, en realidad, se debiera perfeccionar la norma del artículo 161-A para todo el mundo. Gracias. Gracias. --Se rechaza el artículo 31 del segundo informe. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Corresponde votar el artículo 31 del primer informe. Gracias. He dicho. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Hay acuerdo? El señor MARTÍNEZ.- Es la consulta. Porque de lo contrario, no sería posible la acción de la comisión mixta. Por otro lado, si la Cámara de Diputados insiste en su artículo 35, se iría a comisión mixta. Y en ese caso, podemos corregir en esa instancia el problema. Sin embargo, además de la comisión mixta, existe también la posibilidad de arreglar el artículo respectivo del Código Penal en un proyecto de ley que está en tramitación en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento -estaba hoy en tabla- que se refiere a la protección de la vida privada de las personas. Por lo demás, hay varios proyectos relacionados con esta materia: uno del ex Senador señor Otero; otro, que viene de la Cámara de Diputados, en los cuales se puede incluir, y no necesariamente en esta normativa. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Para precisar y no cometer un error he consultado a la Secretaría, y ésta me indica que, para que exista realmente la posibilidad de ir a comisión mixta, se debe hacer lo contrario a lo señalado.Es decir, deberíamos aprobar el artículo 31 del primer informe, para que sea contradictorio con el artículo 35 del texto de la Cámara de Diputados. Así, forzaríamos la formación de una comisión mixta. El señor HAMILTON.- Pero existe una oposición cuando una Cámara aprueba algo y la otra lo rechaza. Si la Cámara Baja aprueba un artículo, sea cual fuere, y el Senado lo rechaza, hay discrepancia y se debe ir a comisión mixta. No estoy de acuerdo con la Secretaría en esa materia. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si me permite, señor Senador, lo que hizo la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en su primer informe, fue aprobar el artículo 35, más un inciso segundo. O sea, el artículo 35 del texto de la Cámara de Diputados pasó a ser 31 y se le agregó un inciso segundo. Por ello, si rechazamos el artículo 31 del segundo informe, queda vigente el texto de la Cámara de Diputados. El señor HAMILTON.- No, señor Presidente, porque rechazamos tanto el primero como el segundo inciso. En consecuencia, dejamos sin disposición la materia, y si hay disposición en la Cámara y no la hay en el Senado, hay contradicción y se debe ir a comisión mixta para resolverla. El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, siendo efectivo lo recién afirmado, si la Cámara de Diputados rechaza su artículo 35, no habría comisión mixta. En ese caso, rige el artículo 161-A. Por eso, si se quiere garantizar que haya comisión mixta, debemos aprobar alguna norma. Por consiguiente, lo que correspondería efectuar para acortar el debate sería rechazar lisa y llanamente el artículo 31 -como se había acordado-, con lo cual podría haber comisión mixta. De lo contrario, que dependerá de la Cámara de Diputados, seguirá existiendo una ley general aplicable a todos los chilenos por igual, incluso a quienes asumen legítima y eficientemente su función de periodista, sin necesidad de normas de excepción. Si se acoge la proposición que se ha presentado, reflexionada seguramente por la Secretaría, se limitará demasiado la labor de la comisión mixta, porque se la circunscribirá a la alternativa de aprobar la existencia de dos incisos o sólo el primero. Por tanto, dicha comisión tendrá que resolver dentro de ese estrecho mundo de opciones. Pero si se rechaza completamente el artículo 31, podrá optarse entre la fórmula sugerida por la Cámara de Diputados o las otras alternativas. Por consiguiente, estimo que ésta es la mejor decisión. Por eso, me parece menos riesgoso para el propósito perseguido por la Sala aprobar este texto distinto, porque habrá dos textos diferentes y nadie podrá poner en duda que si la Cámara de Diputados rechaza el criterio del Senado, existirá una discrepancia que deberá resolver la comisión mixta, con la amplitud con que éstas siempre han actuado, lo cual seguramente permitirá resolver el problema que si bien lo considero de especial trascendencia, nos ha distraído más de una hora. El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, para que este asunto quedara meridianamente claro, debería dejarse constancia de que se rechaza el artículo 31 propuesto en el primer informe, lo cual implica rechazar el artículo 35 de la Cámara de Diputados. Con ello no habría duda de que puede haber comisión mixta. El señor FERNÁNDEZ.- Señor Presidente, tengo entendido que la Cámara de Diputados analiza el texto final que el Senado le envía, respecto del cual pueden ocurrir varias cosas. Si la Cámara Baja lo aprueba totalmente, concluye la tramitación del proyecto, el que pasa al Presidente de la República para los efectos de su promulgación o veto. Por otra parte, si ésta rechaza la sugerencia del Senado, puede hacerlo parcialmente, aprobando algunas normas y otras no -en este último caso se entiende que insiste en las despachadas en primer trámite-, y hay lugar a la conformación de una comisión mixta, porque dicha Corporación rechaza el texto del Senado e insiste en el aprobado originalmente. Ahora, soy partidario de aceptar la fórmula sugerida por el Senador señor Viera-Gallo, en el sentido de que aparte rechazar el artículo 31 propuesto por la Comisión en el segundo informe, debe rechazarse también el artículo 31 consignado en el primer informe, lo cual implica el pronunciamiento del Senado en contra del artículo 35 despachado por la Cámara de Diputados. Y esto habría que establecerlo expresamente, de manera que no pueda haber un falso entendimiento por parte de la Cámara Baja en relación con lo que aprobó o rechazó el Senado. El señor PÉREZ.- Señor Presidente, lo manifestado recién por los Senadores señores Viera-Gallo y Hamilton me ahorra palabras. Y sería problema de la Secretaría que mandara el texto final despachado por el Senado con el artículo 35, que no hemos votado y que entendemos rechazado al pronunciarnos negativamente respecto del artículo 31. Considero que la primera alternativa es más clara y precisa. Si queremos lograr el objetivo que al parecer se persigue, junto con rechazar el artículo 31 del segundo informe, debemos dar por rechazado también el del primer informe y, además, el artículo 35 del texto enviado por la Cámara Baja. El señor FERNÁNDEZ.- Señor Presidente, concuerdo con la opción planteada por el Senador señor Viera-Gallo. Pero el Senado ha rechazado numerosas otras normas respecto de las cuales no se ha hecho la mención que haríamos ahora. De manera que estaríamos incurriendo en una omisión al hacer referencia sólo a una y no a las otras. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Así es. El señor FERNÁNDEZ.- Señor Presidente, podría agregarse una frase mediante la cual se den por rechazados el artículo 35 y todas las demás normas que no se encuentren contenidas en el texto final que remita el Senado a la Cámara Baja. ¡Todas! --Se rechaza el artículo 31 propuesto por la Comisión en el primer informe, dejándose constancia de que este pronunciamiento implica también el rechazo del artículo 35 del texto despachado por la Cámara de Diputados. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión. El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, la sustitución propuesta es bastante lógica, pues hay que tener en cuenta la magnitud del medio afectado. Porque una multa que puede tener cierto efecto en medios económicamente más sólidos, puede resultar devastadora para medios más pequeños, especialmente de regiones. El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, el precepto que se propone modificar intenta defender un bien de extraordinario valor. Por eso, soy partidario de mantener el alto número de unidades tributarias que él contempla como multa en caso de infracción. El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, nosotros planteamos la idea de reducir el monto de la multa, por estimar que ella deberá aplicarse a medios periodísticos muy diversos, de distinta naturaleza. Con relación a los medios regionales, debe considerarse que muchas veces no tienen posibilidad de afrontar el pago de multas. Se supone que debe haber proporcionalidad en ese sentido, a menos que, por esta vía, se pretenda terminar con la existencia de un medio de comunicación. Como no se trata de eso, hemos propuesto reducir las multas, no obstante la gravedad que reviste el delito en cuestión. El señor HAMILTON.- Señor Presidente, sólo quiero precisar que la multa debe aplicarla prudencialmente el juez. De modo que al magistrado le corresponderá apreciar, en cada caso, la solvencia del medio, la importancia que tenga, la gravedad de la falta, etcétera. Por eso se ha fijado un rango bastante amplio dentro del cual se puede mover el juez al aplicarla. En consecuencia, pienso que debe aprobarse el artículo tal como fue propuesto por la Comisión. Por consiguiente, soy partidario de las indicaciones renovadas. El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, coincido con lo dicho por el Senador señor Boeninger. Lo que se discute es el piso de la multa. El juez siempre va a tener la posibilidad de moverse entre ciertas cantidades. Pero hay que tener en cuenta que si en un pueblo chico se produce un ultraje a las buenas costumbres -la norma se refiere no sólo a los menores de edad; en el inciso segundo alude a todo el capítulo de los llamados "delitos sexuales"- y, por error, se da a conocer el nombre de la víctima en la radio local, la aplicación a ésta de una multa de 30 unidades tributarias mensuales tal vez la obligue a cerrar. Éste es el punto. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En todo caso, hay que tener presente cuánto es el monto de la multa. Diez unidades tributarias mensuales deben ser alrededor de 250 mil pesos, y 50 UTM, un millón 250 mil pesos. O sea, el rango que se propone en las indicaciones fluctúa entre 250 mil y un millón 250 mil pesos, aproximadamente. Aquí hay un problema sobre cantidades que es más bien subjetivo y que es preciso resolver. El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, el Título VII del Libro II del Código Penal, al cual se refiere el inciso segundo del artículo 33, alude a los delitos de aborto, abandono de niños, usurpación del estado civil de las personas, rapto, violación, estupro, incesto, sodomía, abusos deshonestos, etcétera. Entonces, no hay duda de que es extremadamente grave lo que se está tratando de evitar, y la sanción con multa de 30 a 150 unidades tributarias mensuales va de más o menos 750 mil pesos a 3 millones y tantos mil pesos. En consecuencia, no me parece conveniente rebajar la multa de 750 mil pesos a 250 mil. Cada medio tendrá que cuidarse y actuar adecuadamente, sobre todo en materias de tanta importancia y gravedad, tan extraordinariamente delicadas para los efectos del buen nombre de las familias y de las personas afectadas. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En votación las indicaciones renovadas 203, 204 y 205, las que requieren quórum calificado para ser aprobadas; es decir, el voto conforme de, a lo menos, 24 señores Senadores. El señor ZURITA.- Señor Presidente, acojo las indicaciones renovadas en atención a lo que dispone el artículo 70 del Código Penal, que dice que, para fijar la multa, el juez tomará en cuenta el caudal o facultades del culpable.



Por lo tanto, como se trata de un tema bastante delicado, discutido en momentos en que se analiza una completa transformación del referido Código, votaré en contra de la indicación renovada. En consecuencia, somos contrarios a que se apruebe la indicación renovada, y partidarios de mantener el artículo tal como lo despachó la Comisión. Por lo expuesto, soy partidario de rechazar la indicación, para que no haya la referida prohibición o limitación a través de una resolución judicial. En tal virtud, anuncio mi rechazo a la indicación. Ése fue otro de los argumentos que dimos en su oportunidad en la Comisión. Por esas razones, votaré en contra de la indicación renovada. Por lo tanto, creo que, incluso técnicamente, hoy día dicha medida es insostenible. He dicho Concuerdo con los argumentos sustantivos contrarios a la indicación. Simplemente, quiero señalar que el argumento técnico en cuanto a la ineficacia absoluta de la indicación y el relativo a la discriminación en contra de los medios nacionales, dados por el Ministro señor Brunner, me parecen absolutamente abrumadores. Por ello, más que emitir una opinión, planteo esa pregunta. Reitero: en el caso citado, la prohibición no fue decretada por el juez. Por lo tanto, el fondo de mi pregunta -y quizá no la responde la disposición sugerida- estriba en cómo se defiende una persona que es atacada injustamente, que en todos los diarios aparece como responsable de un delito y que en definitiva no lo es. Por ende, creo que la indicación debe ser rechazada, pues no podemos frenar lo que es irrefrenable.

--Se aprueba, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que se pronunciaron favorablemente 30 señores Senadores

En consecuencia, solicito suprimir el adverbio "arbitrariamente". El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- De acuerdo a lo que Su Señoría propone, habría que dividir la votación para pronunciarnos separadamente acerca del término "arbitrariamente". Es una consulta que hago al señor Senador que me antecedió. El señor VIERA-GALLO.- Es decir, aquí se está dando margen para que haya mayor arbitrariedad justamente por usar el adverbio en cuestión. Por ello creo que, si bien la palabra "arbitrariamente" no es la más adecuada, valdría la pena buscar alguna forma de redacción que exprese correctamente la idea. No sé si esto despeja la cuestión. Discrepando del Senador señor Zurita, creo que la disposición, en general, está regulando la conducta del funcionario. A eso se refiere el artículo 36. Y entendiéndolo así, no podría darse el caso hipotético de que se refiera a quien no es funcionario. Partiendo de la base de que esta norma regula la conducta del funcionario, éste o actúa dentro de la ley, y por lo tanto legítima, legal y normativamente bien, o lo hace al margen de la ley. En este último caso, subsecuentemente se procede de manera irregular, pero el término "arbitrariamente" resulta superabundante. Basta la frase tal cual está redactada, sin dicha expresión, para entender que quien ha actuado al margen de lo que la Constitución y la ley establecen, lo hace en contra de la ley. Y basta con eso, a mi juicio. Por lo tanto, el vocablo "arbitrariamente" es del todo innecesario. Incluso se agrega un requisito que la Carta misma no dispone: la conducta arbitraria. Basta que se proceda fuera de la ley para que haya sanción. El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, el razonamiento que hay que hacer es muy simple. No por el hecho de que alguien sea funcionario está autorizado para impedir una publicación; lo hará solamente porque la ley lo autoriza expresamente. En ese sentido, lo que planteó originalmente el Honorable señor Viera-Gallo, y luego los Senadores señores Silva y Chadwick, va en la dirección correcta. Si un funcionario actúa conforme a la ley, jamás incurrirá en arbitrariedad. Acordado. "El particular que incurriere en estas infracciones sufrirá la pena de multa de cuarenta a cien unidades tributarias mensuales.". Sin embargo, el inciso segundo alude a los particulares: "El particular que incurriere en estas infracciones sufrirá la pena de multa". ¿Cuál es la infracción? La de impedir una determinada difusión de opiniones o información. Por eso creo que aquí sí corresponde utilizar el concepto de arbitrariedad. El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, este inciso es bastante más discutible que el primero, que establece un tipo penal referido a una autoridad pública, a alguien que, ejerciendo sus funciones -y, por lo tanto, las prerrogativas otorgadas para el objetivo específico que la Constitución o la ley le señalan-, se excede de ellas y en virtud de eso se impide la libertad de información. Y eso es aplicable a las autoridades, para quienes ejercen funciones públicas. No me parece que la misma argumentación sea igualmente válida para los particulares. Si alguno de éstos es responsable de un acto que impide el libre ejercicio de la prensa, será sancionado por los tipos penales comunes. Entonces, no corresponde crear un tipo especial, aunque se rebaje la pena en relación a la que se aplicaría a un funcionario. No debería sancionarse mediante esta norma, ya que el tipo penal que se quiere crear está referido sólo al funcionario. El inciso segundo, agregado como está, tipifica un delito en forma muy genérica, y me parece que sería realmente muy improcedente aprobarlo. Gracias por concederme la interrupción, señor Senador. El señor HAMILTON.- Señor Presidente, me parece pertinente mantener el artículo 36 tal como lo propuso la Comisión. En sus dos incisos se sanciona la misma conducta: impedir la libre difusión de opiniones o informaciones a través de cualquier medio, o la libre circulación de éstas. En el primer caso, al funcionario se le aplica una doble sanción: la pecuniaria y, además, la de reclusión. ¿Por qué? Porque está abusando del ejercicio de la potestad pública. En el segundo inciso, el particular, que carece de tal potestad, sólo será sancionado pecuniariamente. Los ejemplos podrían ser miles, pero no se trata aquí de citarlos ni tampoco de distorsionar el sentido de la norma. Será el juez quien verá, en cada oportunidad que se presente, si la conducta del particular corresponde o no al tipo penal que establece este artículo. A mi juicio, hay una intencionalidad positiva en el inciso, pero creo que también podemos llegar, quizá por no estudiar suficientemente la materia, a una situación de mucha injusticia. He dicho. No habría por qué poner ejemplos de laboratorio; creo que puede haber muchos en una sociedad donde efectivamente los privados son el poder principal de ella y donde la estructura económica tiene un peso enorme sobre el conjunto de las actividades, incluidas las de comunicación y culturales. A mí se me podrían ocurrir decenas de ejemplos en que un particular incurra en algunas de estas infracciones y en que debería ser sancionado específicamente por estar interrumpiendo el ejercicio de un derecho tan fundamental de la persona y del régimen democrático. No veo por qué en este caso se deba sancionar al funcionario que actúa fuera de la ley y no al privado, quien, sin duda, va a estar actuando en contra del ejercicio de un derecho que es un bien social, un bien público que es necesario proteger. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- De acuerdo. Pero creo que el asunto se complica un tanto desde el momento en que no se considera la palabra "arbitrariamente", porque el particular, en un medio que es de él, podría estar actuando no arbitrariamente al no dar una información que crea que no es conveniente. Supongamos que soy dueño de una radio y que viene alguien y me dice: "Mire, hay que dar esta noticia", y yo creo, legítimamente, que no es conveniente darla." ¿Está sujeto a sanción? Fíjense, señores Senadores, que, de no proceder así, podemos llegar a situaciones ridículas. Cualquiera de nosotros podría decirle a alguno de los destacados periodistas que hoy se encuentran escuchando este debate: "Usted no ha difundido mi intervención, con lo cual impidió que las opiniones tan inteligentes que vertí fueran publicadas, de modo que usted incurre en estas penas". Me parece realmente un absurdo. Por consiguiente, estoy por la eliminación del inciso segundo. Por tales razones, creo inútil el inciso segundo que, además, está impropiamente redactado en relación con el primero. El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, al retirar la palabra "arbitrariamente" del primer inciso, el segundo queda sin una ilación lógica dentro del texto general del Párrafo 4°, "De los delitos cometidos contra las libertades de opinión y de información", en general. Es decir, abarca a todos los ciudadanos, sea que estén ejerciendo funciones públicas o actividades privadas. Pareciera, sí, necesario completarlo incluyendo una norma referida al particular que impida la libre difusión de opiniones o informaciones, que es la idea central del inciso primero. En ese sentido, el inciso segundo debería mantenerse por esta ilación lógica, sin perjuicio de corregirse de tal manera que diga, por ejemplo: "El particular que impidiere la libre difusión de opiniones o informaciones a través de cualquier medio de comunicación social, etcétera, sufrirá la pena de multa de cuarenta a cien unidades tributarias mensuales". Ello, salvo que se quisiera agregar un artículo adicional para completar la idea. En mi opinión, con el inciso segundo que se propone se podría acusar a cualquier editor o director de un medio de comunicación de estar impidiendo la libre difusión de opiniones o de información. Lo anterior también es válido para el inciso primero respecto de los funcionarios públicos. Si hay dudas en cuanto al alcance e interpretación de esta norma, podría suprimirse. Porque no sería justo sancionar con doble pena determinada conducta por tratarse de un funcionario público, y no castigar al particular que incurra en la misma infracción. El señor Ahora bien, el inciso primero de esta norma contiene un verbo rector, que es "impedir". De manera que el inciso segundo no puede contradecirse con el encabezamiento del primero, que se refiere a los servidores públicos. Al particular que estuviere en el caso del inciso primero -es decir, al que impidiere el ejercicio de este derecho de información a través de la prensa o de cualquier medio de comunicación- habría que aplicarle el resto de la oración. De modo que el inciso segundo rige perfectamente para un particular y no incurre en contradicción con el inciso primero. El particular que impide el ejercicio legítimo del derecho en comento cae en la infracción que se señala. Por lo tanto, pienso que la disposición puede perfectamente aplicarse. Voy a repetir, para que tome nota la Secretaría: "El particular que causare arbitrariamente estos impedimentos sufrirá la pena de multa de cuarenta a cien unidades tributarias mensuales". Y debe decir "El particular que causare arbitrariamente", porque "incurrir" significa que ha sido en el ejercicio de un cargo, de una acción. Y aquí estamos hablando de causa. El particular no incurre, sino que causa impedimentos. Por eso, debe reemplazarse ese término por la expresión "causare arbitrariamente". El señor ZURITA.- Señor Presidente, si se dice que "El particular que causare arbitrariamente" el impedimento será sancionado, al no ser arbitrariamente ¿estaría autorizado para impedir la libre difusión, etcétera? ¡No! El problema es de índole gramatical. Se podría reemplazar el término "El que" por la oración "El funcionario público que, fuera de los casos previstos por la Constitución o la ley, y en el ejercicio de funciones públicas, impidiere arbitrariamente", etcétera. Y en el inciso segundo: "El particular" -eliminando todo lo relativo a las funciones públicas- "que incurriere en estas infracciones sufrirá la pena". ¿Qué infracciones? Las de impedir la circulación de un medio de comunicación. Pero aquí no agreguemos el adverbio "arbitrariamente", porque -insisto- si el particular no es arbitrario, tendría razón para hacerlo. Y yo no encuentro que un particular pudiere, sin incurrir en arbitrariedad, cerrar una "broadcasting" o un canal de televisión, clausurar un diario o impedir su venta. Eso siempre sería arbitrario, ilícito. El señor Ministro tiene preferencia, señor Senador. En todo caso, debo insistir en que no veo cómo podríamos con equidad sancionar al funcionario público que incurre en esta situación, y no al privado, que cuenta hoy con múltiples posibilidades y tentaciones de incurrir en este tipo de infracción. Por lo tanto, señor Presidente, me parece que la norma no es procedente. Y, de aplicarse, tendría gravísimas consecuencias para la gente. Pienso que estamos cayendo en una exégesis de la legislación que nos ha hecho perder una hora y media en este debate. Y, francamente, me causa angustia (tal vez, porque no tengo ninguna experiencia legislativa) la forma como estamos legislando. Pido a mis Honorables colegas que me excusen por esta expresión. En suma, concretamente, propongo que se acepte este artículo según la redacción del texto aprobado en general, sin el agregado de que se trata. A veces, se puede impedir algo por efectos secundarios de la acción. Pero quien tenga la voluntad de que específicamente se vulnere el derecho a la libre circulación de las ideas, entonces, puede cometer el delito. Ésa es una posible solución. Por consiguiente, opino que el inciso segundo debiera ser rechazado. De esa manera aprobaríamos una mejor disposición y, simultáneamente, acortaríamos el debate. Voto en contra. El señor DÍEZ.- Señor Presidente, rechazo el inciso propuesto, debido a que su contenido se halla expuesto con mayor claridad en las normas relativas al recurso de protección. Además, por su redacción, puede prestarse a interpretaciones que contradicen absolutamente la intención del legislador. El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, por las razones antes señaladas, voto que no.



Ésa es la razón por la cual la Comisión aprobó este artículo. El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, creo muy importante que haya plena aplicación de la legislación antimonopolio en estos casos y, por eso, me parece trascendente mantener la norma como viene. Por lo tanto, soy contrario a la aprobación de esta norma. En consecuencia, me parecería en extremo lamentable que en una estructura débil como la que Chile tiene para protegerse de la concentración propietaria en el caso de los medios de comunicación, y habiéndose aceptado el principio de que en el caso de este proyecto se iba a ir por el camino de la legislación antimonopólica, y no por el de las cuotas de mercado, terminásemos ahora debilitando el principio esencial de la iniciativa rechazando este mínimo fortalecimiento que tiende a asegurar la competencia en mercados que sabemos tienden a la concentración. En consecuencia, creo que el artículo en debate es extraordinariamente acertado. Y resultaría una contradicción evidente pretender eliminarlo. El hacerlo, cuando no está diciendo otra cosa sino que la libertad de información es un elemento esencial dentro de la libre competencia, me parece casi una obviedad. Y, por tanto, hay que mantener, hay que resguardar y hay que aprobar este artículo. La proposición que estaba planteando no equivale a dejarlos fuera del decreto ley Nº 211, sino que sea el tribunal el que determine si el delito incide en artículos o servicios esenciales. Porque la enumeración contenida en el referido precepto de dicho cuerpo legal no es taxativa, sino meramente enunciativa. De manera que no veo la gravedad de esta materia, pues se trata simplemente de aumentar en un grado la penalidad de los medios de comunicación. Si tal es el sentido de esta discusión, creo que ella debiera quedar entregada al criterio de los tribunales, como normalmente corresponde en asuntos de esta naturaleza. El señor HAMILTON.- Señor Presidente, se trata de proteger los artículos o servicios esenciales en la operación o mantención de los medios de comunicación social. En el caso de un diario, puede ser la electricidad, la tinta, el papel, etcétera. Discriminar o tener actitudes monopólicas en relación con esos bienes, que perjudiquen la libertad de expresión, es más grave que si dicen relación al vestuario, aspecto que en la legislación antimonopolios constituye un delito especialmente grave. Sin embargo, de suprimirse el precepto, no lo serían las que atenten contra los artículos o servicios pertinentes a la operación y mantención de medios de comunicación social En consecuencia, rechazo la indicación. El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, voto en contra de la indicación para mantener el artículo en su texto final.



El señor PÉREZ.- Señor Presidente, hay una indicación renovada tendiente a intercalar, en el epígrafe del Párrafo 5º, después de la palabra "delitos", la expresión "y abusos". El señor HAMILTON.- Perdón, señor Presidente. Eso ya se resolvió en general. Se acordó votar como idea todo lo relacionado con abuso y difamación, y se rechazó por la unanimidad del Senado menos un voto. Así que esta indicación renovada debe entenderse igualmente rechazada, con la misma votación. El señor PÉREZ.- Perdón, señor Presidente. Una cosa es la responsabilidad penal, y otra, la civil. Aquí está en juego el Nº 12º del artículo 19 de la Carta, que trata "De los Derechos y Deberes Constitucionales". El referido número consagra "La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos", etcétera. En el epígrafe del Párrafo 5º se repiten tales conceptos. El señor HAMILTON.- ¿Me permite, señor Presidente? Tal vez el Honorable colega no estaba en la Sala cuando se produjo el debate a raíz de la primera indicación referente a abusos. Se entendió que los delitos a que se refería la ley eran los... El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En la última sesión se dieron por rechazadas -la Secretaría dejó constancia de ello- las indicaciones números 225 y 226. El señor PÉREZ.- Porque un Senador perfectamente puede decir: "Voy a asistir a la sesión donde se trate ese artículo", sin concurrir a la anterior, y no se le puede impedir plantear una indicación y que ésta sea discutida y votada. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ...y debo actuar de conformidad con la certificación que he recibido. Tiene la palabra el Senador señor Larraín. El señor LARRAÍN.- De la Nº 227. En votación. El señor BOENINGER.- Voto en contra, señor Presidente, porque se incluye justamente la palabra "abusos", que entendí rechazada, en cuanto se vinculaba a la difamación. El señor HAMILTON.- Cabe recordar que, en general, se había usado la palabra "abuso" para referirse exclusivamente al delito, de manera que ella está de más, pero no así la disposición. La norma... El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ..."y abusos". El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, para aclarar: si se rechaza el precepto que nos ocupa, será preciso votar el aprobado en general. El señor HAMILTON.- Señor Presidente, voto en contra, igual que en la Comisión. El señor VIERA-GALLO.- Me pronuncio a favor, señor Presidente. Y quiero dejar constancia de que, cuando se usa aquí el concepto "abusos", se hace referencia a la responsabilidad civil. O sea, es algo que dice relación al delito o cuasidelito civil. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Voto a favor, porque creo que la redacción de la norma del primer informe es mucho menos clara y lleva a la situación del delito de difamación. El término "abusivo" es mucho más impreciso que "abusos". Voto que sí.

El señor LAGOS (Secretario).- Respecto del artículo 40, se han renovado las indicaciones números 231, 232 y 233, para intercalar, a continuación del inciso primero, uno nuevo. El señor PÉREZ.- Porque ya se incluye la palabra "abusos". El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si no existe unanimidad, no se puede reabrir el debate. El señor HAMILTON.- No es así. Continúa la discusión del proyecto. "El tribunal fijará la cuantía de la indemnización tomando en cuenta los antecedentes que resultaren del proceso sobre la efectividad y gravedad del daño sufrido, las facultades económicas del ofensor, la calidad de las personas, las circunstancias del hecho y las consecuencias de la imputación, difusión abusiva en el territorio nacional o amenaza para el ofendido.". El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, en el informe de la Comisión de Constitución no queda claro dónde intercalar el inciso que propone la indicación, porque se dice "en relación con los parámetros que el tribunal debe considerar para fijar la cuantía de la indemnización, a saber la efectividad y gravedad del daño sufrido," etcétera. En seguida, corresponde agregar el texto propuesto. Por consiguiente, estimo inútiles las indicaciones. El señor HAMILTON.- Señor Presidente, las indicaciones en debate fueron rechazadas por la mayoría de la Comisión, por estimarse que no debía alterarse el criterio general adoptado durante el análisis de la iniciativa legal, en orden a no modificar las normas comunes sobre responsabilidad. El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, en verdad, concurrimos a la idea de fijar la indemnización de acuerdo con las reglas generales; en consecuencia, retiramos las indicaciones.



Reitero: me parece muy importante y trascendente que sea la justicia ordinaria la que conozca estos delitos, y no la justicia militar. Ésta es esencial, pero debe actuar en el ámbito que le es propio: los delitos castrenses o que tienen que ver con la profesión militar, sin inmiscuirse necesariamente en la libertad de expresión. El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, respecto al artículo en debate debe dejarse constancia de que está claramente especificado que en el caso que dichos delitos sean cometidos por militares, o por militares y civiles, serán conocidos por la justicia militar. O sea, como señalaba el Senador señor Viera-Gallo, en realidad se trata de sacar de la justicia militar estos delitos. Por eso, después hay una reforma expresa a una norma que entregaba a la justicia militar los procesos por injurias en contra de militares. Y en el momento en que lleguemos a ese artículo, quedarán entregados a la justicia civil. El señor HAMILTON.- Señor Presidente, deseo agregar a lo dicho por el Honorable señor Zurita, que el artículo 45 al que se refirió Su Señoría está ya aprobado anticipadamente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión. El señor VIERA-GALLO.- Si entiendo bien, se está estableciendo una limitación a la extensión del extracto que hace el secretario. "El ejercicio de la acción penal, en cualquiera de sus formas, interrumpirá la prescripción de la acción civil, la que comenzará nuevamente a correr una vez ejecutoriada la sentencia dictada en el juicio criminal.". Por lo tanto, en este caso, también correspondería hacer lo mismo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión las indicaciones. El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, estas indicaciones eran correlativas con otra que retiramos. De manera que hacemos lo mismo con ellas.



El propósito del precepto es bastante claro. En vista de que las frecuencias del espectro radioeléctrico son muy limitadas, parece completamente lógico ampliar la prohibición que estableció la ley sobre Consejo Nacional de Televisión, impidiendo que una misma persona adquiera concesiones dentro de una misma zona de servicio. El señor BITAR.- Es indispensable esa aclaración, para los fines de la votación. Aquí, simplemente, se posibilita que los directores y gerentes sean extranjeros, a fin de hacer transparente y real la situación, atendido que el principio general es aceptar la participación de capital foráneo en el medio televisivo. Por unanimidad, habría que hacer un cambio al revés. No puede ser que el presidente... Habría que separar la nacionalidad del procesamiento o condena por delito que merezca pena aflictiva. Igualmente, solicito recabar la unanimidad de la Sala para eliminar, en el artículo 18 de la ley que se modifica mediante este precepto, la discriminación que significa el requisito de que los ejecutivos de que se trata deban necesariamente ser chilenos, manteniendo, sí, la condición de que tales personas no estén procesadas o no hayan sido condenadas por delito que merezca pena aflictiva. Con la venia de la Mesa, no tengo inconveniente en dar una interrupción al Honorable señor Errázuriz. Por lo tanto, sugiero suprimir la letra b) y, en votación separada, lisa y llanamente pronunciarnos sobre la eliminación del término "chilenos". No veo por qué rechazar esto, señor Presidente, si es una contribución, un paso positivo. He dicho. Entonces, sugiero aprobar el referido inciso final; dejar pendiente la supresión propuesta mientras -en no más de diez minutos, antes de que concluya la sesión- buscamos una redacción plenamente satisfactoria para la Sala, que tome en cuenta todo lo aquí señalado -creo que apunta en el mismo sentido-, y continuar con el resto del articulado. El señor BRUNNER (Ministro Secretario General de Gobierno).- Señor Presidente, el problema de redacción es muy sencillo de resolver. Simplemente, hay que cambiar la última frase del primer inciso del artículo 18 de la Ley de Televisión. Ella dice: "Sus presidentes, directores, gerentes, administradores y representantes legales deberán ser chilenos y no estar procesados", etcétera. Debería decir: "y representantes legales no podrán estar procesados o haber sido condenados por delito que merezca pena aflictiva.". Punto. Y con eso, en mi concepto, se resuelve el problema. Pero en el segundo caso, si contáramos con unanimidad -creo que la hay-, podríamos acoger la propuesta que resumió muy bien el señor Ministro. Por lo tanto, adhiero a la sugerencia de suprimir el requisito de ser chileno. Lo anterior, porque en nuestro Derecho no existe una norma general que disponga expresamente que el representante legal de una sociedad debe tener domicilio en Chile. Desgraciadamente, ésa es una falla de nuestra legislación general. Y considero que, tratándose de medios de comunicación, por lo menos debiera ponerse dicha exigencia. Me parece conveniente tener en cuenta que en tal caso podría producirse un problema delicado, en el sentido de inducir determinadas situaciones. ¿Cómo se visualiza eso? ¿O, sencillamente, se deja libre y juega la efectividad del medio? Hay, señor Senador, una legislación que rige severamente a la televisión, precisamente porque usa el espectro radioeléctrico. Entonces, se la ha sometido a normas más restrictivas que las procedentes respecto de otros medios de comunicación y aplicables por igual a todas las empresas televisivas, sean sus directores extranjeros o chilenos, de varias nacionalidades o de una sola. Soy partidario de votar separadamente, por una parte, la obligación de no estar procesado o haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva, y por otra, el tema de la nacionalidad. Respecto de esta última materia, me inclino por que, al menos, los presidentes y representantes legales sean chilenos. Deseo reafirmar la sugerencia del Senador señor Novoa, con una ligera corrección. Hemos eliminado la frase "estar procesados por delito que merezca pena aflictiva" en nuestra legislación. Por lo tanto, me parece que el inciso primero del artículo 18 debería señalar "Sus presidentes, directores, gerentes, administradores y representantes legales deberán tener domicilio en Chile y no haber sido condenados por delito que merezca pena aflictiva.". Ésa es la norma que, a mi juicio, debería someterse a votación, en caso de que haya acuerdo. Porque si existen opiniones distintas, sin duda no podríamos obviar la votación del precepto que recomienda la Comisión, que, en realidad, representa un avance, pero adolece de deficiencias técnicas, como las que aquí se han señalado. El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, lamento discrepar de la opinión del Senador señor Bitar. El Canal de la Universidad de Chile -plantel estatal por excelencia- fue vendido (si el señor Ministro no me desmiente) en más de 90 por ciento a extranjeros. Actualmente opera con capitales que no son chilenos. El hecho de que lo presida o no un chileno es algo completamente irrelevante, porque, sin lugar a dudas, el presidente estará siempre al servicio de lo que piensa el propietario. Por lo tanto, solicito que se vote la norma de la Comisión en los mismos términos en que se propone. En consecuencia, a mi modo de ver, alguna salvaguarda hay que mantener en esta materia.



El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, el señor Ministro planteó en forma resumida lo que habíamos conversado... Voto en contra. El señor BOENINGER.- Señor Presidente, aun cuando comparto la duda sobre si los directores y gerentes quedarían eximidos del requisito de no estar procesados o haber sido condenados por delito que merezca pena aflictiva -se me explica que un último inciso salva esta inquietud- voto a favor. El señor CHADWICK.- Señor Presidente, voto afirmativamente, dejando constancia de que lo propuesto no se hace extensivo al requisito de no haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva. El señor DÍEZ.- Señor Presidente, voto en contra, porque la redacción es defectuosa y peligrosa. Por lo tanto, voto en contra. Voto a favor. Voto a favor. Voto en contra. Voto a favor. El señor SILVA.- Señor Presidente, voto en contra, porque, de aprobarse el inciso tal como lo sugiere la Comisión, resultaría una disposición deplorable. Sin embargo, entendiendo que estamos ante una norma de quórum calificado y que su verdadera intención es permitir que los extranjeros dueños sean representados en ciertos cargos por personas que necesariamente no sean chilenos, y con la esperanza de que en Comisión Mixta se mejore la redacción, voto a favor.

El señor HAMILTON.- Tal vez mi texto es diferente. --Queda pendiente la discusión particular del proyecto. El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se levanta la sesión.