REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 337ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 14ª, en miércoles 13 de mayo de 1998
Especial
(De 16:20 a 18:43)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE,
Y MARIO RÍOS, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Bitar Chacra, Sergio
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Chadwick Piñera, Andrés
--Cordero Rusque, Fernando
--Díez Urzúa, Sergio
--Errázuriz Talavera, Francisco Javier
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pinochet Ugarte, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, los señores Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Justicia, y el señor Jefe del Departamento de Estudios de la Dirección de Presupuestos.
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 37 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
SESIÓN SECRETA
PROPOSICIÓN PARA DESIGNAR MINISTRO DE CORTE SUPREMA
--Se adopta resolución acerca de la proposición del Presidente de la República para designar como Ministro de la Corte Suprema al señor Milton Juica Arancibia.
--Se constituye la Sala en sesión pública a las 16:47.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Continúa la sesión en carácter de pública
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se da por aprobada el acta de la sesión 36ª, especial, en 10 de marzo del año en curso, que no ha sido observada.
El acta de la Sesión de Instalación, en 11 de marzo del presente año, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV CUENTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor HOFFMANN (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha dado su aprobación, con las enmiendas que señala, al proyecto de ley que autoriza erigir un monumento en la ciudad de Iquique en memoria del Contralmirante don Carlos Condell de la Haza. (Boletín Nº 1709-04). (Véase en los Anexos, documento 1).
--Queda para tabla.
Con el segundo comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que concede la nacionalidad chilena al padre Manuel Bahl Sack. (Boletín Nº 1995-17). (Véase en los Anexos, documento 2).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
Con el tercero informa que ha accedido al archivo del proyecto de ley que garantiza la probidad de las autoridades y jefes de los servicios públicos, Diputados y Senadores, y que ha rechazado, a su vez, el archivo del proyecto que dispone la cancelación de anotaciones en el Boletín Comercial en los casos que indica. (Boletines Nºs 966-07 y 324-05, respectivamente).
--Se manda archivar el primero, y respecto del segundo, se toma conocimiento.
De la Corte Suprema, con el que emite su opinión acerca del proyecto de ley que crea un recurso de ilegalidad en contra de las actuaciones de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. (Boletín Nº 2145-05).
--Se toma conocimiento, y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Martínez, referido a la situación de la barcaza Integración.
Tres del señor Ministro de Educación:
Con el primero responde a un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Matthei, relativo a reconstrucción de edificios escolares.
Con el segundo contesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Matta, sobre la conveniencia de crear un liceo de enseñanza media en la localidad de Pelluhue, VII Región.
Con el tercero contesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Chadwick, relativo a la instalación de una escuela básica en el sector Quebrada Los Romeros, VI Región.
De la señora Ministro de Justicia, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath, referido a la posibilidad de crear un Juzgado de Letras en la localidad de Puerto Cisnes.
Del señor Director General de Obras Públicas, con el remite un cuadro resumen de los oficios de respuesta del señor Ministro de Obras Públicas a Parlamentarios y autoridades.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De las Comisiones Unidas de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que reajusta el ingreso mínimo mensual, las asignaciones familiar y maternal, el subsidio familiar, y concede otros beneficios que indica, con urgencia calificada de "Discusión Inmediata". (Boletín Nº 2167-13). (Véase en los Anexos, documento 3).
De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaído en la solicitud de rehabilitación de ciudadanía presentada por don Lautaro Robin Videla Moya. (Boletín Nº S 317-04). (Véase en los Anexos, documento 4).
--Quedan para tabla.
Comunicación
De la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, con la que recaba el acuerdo de la Sala para trasladarse a la ciudad de Rancagua el martes 19 de mayo, con el propósito de conocer en terreno el problema suscitado con el transporte de ácido sulfúrico desde la planta de Caletones hasta el puerto de embarque.
--Se accede.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la Cuenta.
TRATADO ENTRE CHILE Y ALEMANIA SOBRE FOMENTO Y RECÍPROCA PROTECCIÓN DE INVERSIONES. INFORME DE COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Corresponde ocuparse en el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en la consulta de la Sala acerca de la procedencia del trámite de oír a la Corte Suprema respecto del proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, relativo al "Tratado entre la República de Chile y la República Federal de Alemania sobre Fomento y Recíproca Protección de Inversiones" y su Protocolo Anexo, suscritos en Santiago el 21 de octubre de 1991, y el Protocolo de Enmienda y Suplemento referente a los mismos, suscritos en Bonn el 14 de abril de 1997, el cual, a su vez, cuenta con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
¿Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 8ª, en 7 de julio de 1992.
Informes de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 20ª, en 30 de julio de 1997.
Constitución, sesión 12ª, en 6 de mayo de 1998.
Discusión:
Sesión 21ª, en 5 de agosto de 1997 (pasa a Comisión de Constitución).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LAGOS (Secretario).-
En su informe, la Comisión de Constitución, luego de analizar los preceptos del Tratado que originaron la consulta (por acuerdo de la Sala adoptado el 5 de agosto de 1997), la absuelve señalando que, en mérito de las consideraciones que expone, "en la tramitación del Tratado en estudio no procede consultar la opinión de la Corte Suprema, en los términos de los artículos 74, inciso segundo, de la Constitución Política, y 16 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.".
Con relación al proyecto de acuerdo en sí mismo, cabe recordar que la Comisión de Relaciones Exteriores propuso aprobar el proyecto de acuerdo despachado por la Cámara de Diputados, sustituyendo el artículo único por el que consigna en el informe.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión el informe.
El señor LARRAÍN.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, como se trata de una materia de Fácil Despacho, no sé si será necesario dar a conocer en forma pormenorizada la opinión que mereció a la Comisión de Constitución la consulta sobre la procedencia de oír a la Corte Suprema respecto de algunos de los artículos contenidos en el Tratado.
Si la Sala deseare esa información detallada, la entregaré con mucho gusto, salvo que haya unanimidad para aprobar el informe, caso en el cual podríamos omitir dicho trámite.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En lo personal, creo que no hay oposición al informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, donde se establece que no procede escuchar a la Corte Suprema, por las razones que indica. Constituye un precedente. Por lo demás, así se ha actuado reiteradamente al tratar este tipo de proyectos de acuerdo.
No obstante lo expuesto, como debemos pronunciarnos sobre el Tratado, el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del período en que se analizó podría hacer una breve reseña sobre él.
Tiene la palabra el Honorable señor Valdés.
El señor VALDÉS.-
Aclaro que intervengo como ex Presidente de la Comisión, calidad que nadie le puede quitar nunca a uno.
Debo hacer presente que el estudio de este Tratado con Alemania ha demorado mucho, a causa de que contiene normas bastante originales y distintas de las que se han incorporado en numerosos convenios sobre protección de inversiones que Chile ha celebrado con otras naciones. Por ejemplo, en caso de litigio, se contempla la posibilidad del cambio de jurisdicción durante la tramitación de un proceso; vale decir, en el curso de un mismo juicio el demandante tiene derecho, en circunstancias especiales, a cambiar de jurisdicción desde Chile a un tribunal de Alemania, y viceversa.
Me pareció extraña esa situación. Y además de ella se incluyen otras normas bastante particulares. Pero son análogas a las que Alemania ha contemplado históricamente en los convenios con todos los países de Europa. Y así ocurrió en el tratado suscrito por nuestro país con Luxemburgo, o en otro con Austria, que se halla en estudio.
Cuando la Comisión analizó el precepto relativo al cambio jurisdiccional, me abstuve en la votación por considerarlo tan extraño que merecía, al menos, una consulta a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Me parecía que la de Relaciones Exteriores no tenía suficiente autoridad en esa materia específica de Derecho. Si bien yo me abstuve, la norma fue aprobada por mayoría.
Ahora, absuelta la consulta por el órgano técnico especializado, correspondería aprobar el Tratado, que es muy importante. Por lo tanto, solicito a la Sala que tenga a bien darle su aprobación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Informará también el actual titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Como ha dicho el ex Presidente de la Comisión, este asunto se tramitó en el período anterior. Los integrantes de ella designados en la presente legislatura no lo conocemos. Y la verdad es que el asunto en tabla para hoy era el informe de la Comisión de Constitución que absuelve una consulta de la Sala acerca del Tratado en cuestión. El titular de ella ha corroborado la opinión unánime a que llegó esa instancia especializada, en el sentido de que en esta materia no se requiere oír a la Corte Suprema.
En consecuencia, sería pertinente aprobar el Tratado, después del largo trámite que ha tenido en el Parlamento.
Quiero destacar que, producto del debate que hubo en la Comisión de Relaciones Exteriores, bajo la presidencia del Senador señor Valdés, se renegociaron algunas cláusulas de ese instrumento internacional, y muchas de las objeciones planteadas por el Honorable colega fueron recogidas en el texto sometido al pronunciamiento del Senado.
Habría que felicitar a la Comisión por el hecho de que las observaciones formuladas en su momento hayan sido aceptadas por el Gobierno. Es cierto que eso significó postergar la aprobación del Tratado, pero se redefinieron algunos de los términos originales.
En mi carácter de Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, recomiendo a la Sala aprobar finalmente el Tratado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, este tema fue estudiado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, a petición de la de Relaciones Exteriores. La consulta consistió en si debía ser oída o no la Corte Suprema con relación a algunas disposiciones del Tratado. Hubo un extenso debate para establecer si a ese Alto Tribunal le cabía alguna intervención en materia de convenios internacionales. Evidentemente, a raíz de la globalización de la economía, de las comunicaciones, de la cultura, los acuerdos entre los diversos países están contemplando crecientemente cláusulas acerca de materias que deberían ser de la jurisdicción interna de cada Estado. Sin embargo, son traspasadas a un tribunal arbitral externo, o a un tribunal de tipo internacional.
En virtud de la Constitución Política, las relaciones exteriores las conduce el Presidente de la República, y el Senado y la Cámara de Diputados deben intervenir para ratificar los tratados internacionales. Nada se dice en orden a escuchar a la Corte Suprema en estas materias. Lo que sí se establece es que ellos deben someterse a los trámites de una ley, motivo por el cual podría estimarse que correspondería cumplir tal punto.
Di a conocer mi criterio en orden a que, sin perjuicio de que por cortesía siempre se puede escuchar a un órgano como la Corte Suprema, no es conveniente que el Máximo Tribunal intervenga en materias propias de las relaciones exteriores.
En todo caso, más allá de esa consideración de tipo general, en el caso particular del presente Tratado no hay un cambio de atribuciones o de competencia del tribunal chileno. Por esta razón, unánimemente la Comisión estimó que no era necesario oír a la Excelentísima Corte Suprema.
El señor BITAR.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
La tiene, Su Señoría.
El señor BITAR.-
Señor Presidente, efectivamente vimos el tema en la anterior Comisión de Relaciones Exteriores. Uno de los puntos que suscitó bastante debate fue el atinente a la alternativa de que una de las Partes, iniciado un juicio y antes de su término, se retirara y recurriera a un tribunal internacional. Observaciones de esta naturaleza se hicieron llegar al Ejecutivo, quien las revisó; se acomodó la fórmula para que tuviera aplicación recíproca tanto para las inversiones alemanas en Chile como para las chilenas en Alemania. A los miembros de la Comisión nos pareció razonable la proposición final que se encuentra en el documento.
Por tanto, también respaldo la iniciativa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés(Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor URENDA.-
Señor Presidente, invocando también mi calidad de ex Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, debo señalar que el proyecto se ha despachado con tanto retraso aparentemente por haberse motivado una controversia importante. El tratado inicial consignaba que Alemania podía recurrir a un tribunal internacional incluso después de haberse fallado la causa en los tribunales chilenos. Tal situación no solamente contrariaba la política que siempre ha seguido el país al respecto, sino que dejaba en una posición de menoscabo a nuestra justicia.
Consideramos desde un comienzo que era razonable la existencia de más de una opción: cualquiera de las Partes podría optar por recurrir o a los tribunales de un país determinado o a un tribunal internacional. Sin embargo, no parecía lógico hacerlo después de que se hubiere fallado so pretexto de que el fallo infringiera las normas del Tratado. Sería una especie de recurso de casación ante un tribunal determinado.
Este asunto dio lugar a muy largas conversaciones. Si bien nosotros señalábamos que nunca habíamos aplicado las cláusulas respectivas, por su parte Alemania sostenía que éstas se habían aceptado por otros países. Ésa es la razón por la cual la iniciativa se ha tramitado en la Comisión durante casi seis años; pero, como dije, no por desidia ni mucho menos.
Como le ha ocurrido a mis sucesores en el cargo, esto originó diversas reuniones con representantes de la Embajada alemana, hasta llegar a un resultado que se estima razonable y equitativo. Cabe agregar, eso sí, que siempre hemos estado conscientes de que el Tratado es importante para nuestro país, pues Alemania es una de las potencias económicas más grandes del mundo, y su inversión en Chile no guarda relación con esa importancia. De alguna manera, de no existir este convenio, esa inversión se podría retrasar.
Por eso me alegra mucho llegar al final de esta etapa habiendo logrado introducir modificaciones razonables. De este modo, se abre un mejor campo para inversiones recíprocas; aunque, por mucho que Chile se esté extendiendo hacia el exterior, es evidente que son mayores las posibilidades de que lleguen capitales alemanes al país.
Opino que la Sala debe aprobar el informe de la Comisión de Constitución, en cuanto a que no es necesario consultar a la Corte Suprema sobre la materia.
--Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo.
REAJUSTE DE INGRESO MÍNIMO, ASIGNACIONES FAMILIAR Y MATERNAL, Y SUBSIDIO FAMILIAR
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En el primer lugar del Orden del Día corresponde analizar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, de las asignaciones familiar y maternal, del subsidio familiar; y que concede otros beneficios, con informe de las Comisiones unidas de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
¿Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 13ª, en 12 de mayo de 1998.
Informe de Comisión:
Hacienda y Trabajo, unidas., sesión 14ª, en 13 de mayo de 1998.
El señor LAGOS (Secretario).-
En el informe se consignan los principales propósitos de la iniciativa: reajustar el monto de ingreso mínimo mensual y fijar anticipadamente el que regirá a contar del 1º de junio de los años 1999 y 2000; elevar los valores de las asignaciones familiar y maternal; reajustar el valor del subsidio familiar; incrementar el bono de invierno para el sector pasivo, y conceder aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad para este mismo sector.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad en cuanto a la idea de legislar.
A continuación, en el informe se hace una relación de cada una de las normas del proyecto de la Cámara de Diputados, dejándose constancia de su discusión y de los acuerdos adoptados a su respecto.
También se hace mención de su financiamiento, resolviendo que la iniciativa legal se encuentra plenamente financiada, y por tanto sus normas no producirán desequilibrios macroeconómicos, ni incidirán negativamente en la economía del país.
En su parte resolutiva, las Comisiones unidas proponen aprobar el proyecto en los mismo términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Solicito autorización para el ingreso a la Sala del Jefe del Departamento de Estudios de la Dirección de Presupuestos, señor Alberto Arenas, que acompaña al Ministro de Economía.
--Se accede.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión general y particular la iniciativa enunciada.
Tiene la palabra el Honorable señor Foxley.
El señor FOXLEY.-
Señor Presidente, deseo informar brevemente acerca del informe de las Comisiones de Hacienda y de Trabajo, unidas, sobre el proyecto. Éste fue discutido ayer en dichas Comisiones, y aprobado unánimemente tanto en términos generales como en cada uno de sus artículos. De esto expondré un breve resumen, y agregaré un par de observaciones al final, ya que probablemente el señor Ministro de Economía querrá ahondar en esta materia.
Como es bien sabido, en este caso se legisla para aumentar el salario mínimo en un período de tres años: de 71 mil 400 pesos a 80 mil 500 pesos, a partir del 1º de junio de este año; aumentándolo luego a 90 mil 500 pesos en 1999 y, a 100 mil pesos, a contar del 1º de junio del 2000.
Introduce una norma especial que fija el monto del ingreso mínimo mensual para los trabajadores menores de 18 años y para los mayores de 65 años, cuyo reajuste es algo menor al mencionado. En este caso, el ingreso mínimo para dichos trabajadores ascenderá de 61 mil 445 pesos a 66 mil 361 pesos a contar del presente año.
Luego consigna un aumento de las asignaciones familiar y maternal en los distintos tramos en que tal beneficio está definido, cuyos valores son los siguientes: de 3 mil 25 pesos por carga para beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de 91 mil 800 pesos; de 2 mil 943 pesos por carga para aquellos beneficiarios cuyo ingreso no exceda de 186 mil 747 pesos, y de mil pesos por carga para aquellos beneficiarios cuyo ingreso no supere los 365 mil 399 pesos.
La iniciativa también incrementa el valor del subsidio familiar, a partir del 1º de julio de 1998, de 2 mil 800 pesos a 3 mil 25 pesos.
Incluye asimismo beneficios relativos a la mantención del bono de invierno vigente para los pensionados cuyos ingresos sean inferiores a 60 mil 899 pesos, fijándolo en 24 mil 90 pesos.
Por último, contempla una definición del tradicional aguinaldo de Fiestas Patrias, que, para el año 1998, quedaría en 7 mil 603 pesos, que se incrementará en 3 mil 914 pesos por cada persona que constituya carga del pensionado. Se establece finalmente un aguinaldo de Navidad para 1998 cuyo monto asciende a 8 mil 721 pesos, que aumentará en 4 mil 922 pesos por cada carga del pensionado.
El proyecto se encuentra debidamente financiado. El gasto fiscal que irrogue se imputará al ítem de la Partida Tesoro Público del Presupuesto de la Nación. Las Comisiones unidas, por la unanimidad de sus miembros, sugieren su aprobación.
Deseo hacer dos comentarios que me parecen importantes. En primer lugar, el reajuste del salario mínimo propuesto es el resultado de una negociación con la Central Unitaria de Trabajadores; al mismo tiempo, ha merecido aprobación bastante generalizada por parte de las asociaciones empresariales.
La iniciativa sugiere incrementar las remuneraciones mínimas en un monto superior a lo que ha sido el criterio tradicional, esto es, a la tasa de inflación esperada y productividad, comenzando el aumento nominal en una tasa algo superior a 12 por ciento en 1998; igual porcentaje en 1999, y alrededor de 10 por ciento en el año 2000. Con ello se incluye una redistribución de ingresos de unos dos o tres puntos por año a favor de quienes perciben el ingreso mínimo.
Debe destacarse, desde luego, el esfuerzo del Gobierno y particularmente el del señor Ministro de Economía, quien encabezó las negociaciones, por haber afirmado una práctica de concertación social que ha estado vigente, con mayor o menor intensidad, desde 1990.
Pensamos que el proceso de negociación con los dirigentes sindicales más importantes del país es relevante en sí respecto a la aceptabilidad de la decisión; y también por su importancia educativa en el sentido de que va afirmando en quienes participan en las negociaciones, en este caso los dirigentes de los trabajadores, ciertas convicciones estables sobre el significado y sentido de las decisiones económicas fundamentales que se toman.
En particular, desde hace siete u ocho años, el movimiento sindical chileno ha aceptado el criterio de determinar el incremento de remuneraciones mínimas en función de una tasa de inflación esperada (no de la inflación pasada, como fue históricamente) así como de los aumentos esperados de productividad. Esto supone colocarse en una lógica de fortalecer el esfuerzo no sólo en cuanto a ordenamiento y disciplina económica, sino también en cuanto a mantener en marcha un proceso de crecimiento económico, que, por lo demás, ha sido bastante vigoroso en los últimos 10 ó 12 años en Chile.
Por eso, deseo poner de relieve esta negociación con los trabajadores, y asimismo su aceptación por parte de los dirigentes empresariales, en el sentido de que la política del salario mínimo debe apuntar no sólo al mínimo en cuanto a aumento de productividad e inflación esperada, sino también a un componente redistributivo, que permita a la gente que está peor desde el punto de vista de la escala de salarios e ingresos, contar con una expectativa real de mejorar sus condiciones y así superar niveles de pobreza.
Tengo a la vista un informe de la OIT acerca de la política específica que sobre la materia está llevando adelante el Gobierno de Chile, en el cual se demuestra que la política de aumentar el salario mínimo más allá de la productividad y de la inflación esperada ha sido efectiva para reducir los porcentajes y los números absolutos de indigencia en la fuerza laboral de nuestro país.
El segundo punto que deseo subrayar dice relación al hecho de que éste es un acuerdo que regirá para los próximos tres años, en un horizonte de tiempo en el cual el país está entrando a un proceso electoral (o por lo menos insinuándose sus comienzos) y que estará marcado por una elección presidencial.
Por lo tanto, debe destacarse la capacidad de racionalidad que está demostrando el sistema político chileno, representado por quienes participaron en la discusión del proyecto en las Comisiones de Hacienda y de Trabajo, unidas, al aprobar unánimemente una decisión, que no es habitual, de determinar una política clave, como lo es la del salario mínimo, en un horizonte de estabilidad de tres años, apostando a una madurez del país; a una capacidad de definir las cosas más allá de las conveniencias electorales que puedan tener quienes estén en el Gobierno o en la Oposición; a excluir de la oferta electoral en el próximo proceso de elección presidencial una oferta populista como pudiera ser la tentación de plantear cualquier cosa en materia de salario mínimo; y, sobre todo -deseo resaltar este aspecto-, a preservar lo que ha sido una constante en la política económica de Chile y en la forma en que se ha implementado desde 1990: el esfuerzo del Gobierno en cuanto a mantener un área de acuerdos fundamentales con la Oposición en el plano de la economía, y a rescatar un sentido nacional en los grandes temas económicos que afectan a la población y generan condiciones para un bienestar sostenido en el tiempo.
En las Comisiones de Hacienda y de Trabajo, unidas, el referido espíritu de construir ese acuerdo ha estado presente en los sectores de Oposición, y por ende augura -así lo espero- la aprobación, ojalá unánime, del proyecto en la Sala.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor GARCÍA (Ministro de Economía).-
Señor Presidente, sólo deseo agregar algunos comentarios adicionales a los formulados por el Honorable señor Foxley.
En particular, quiero destacar el proceso que antecedió al acuerdo a que llegamos con la Central Unitaria de Trabajadores. Los señores Senadores recordarán que el año pasado, cuando discutimos el proyecto correspondiente, dimos cuenta de una serie de diálogos que sostuvo el Gobierno con distintos gremios empresariales, sindicales y centros académicos. Ello, para generar una posición común respecto de la situación del salario mínimo, lo que a mi juicio se logró y ha sido ratificado por el estudio que en esta oportunidad solicitamos a la Organización Internacional del Trabajo.
Dicho estudio, al igual que los trabajos académicos que dimos a conocer el año pasado, da cuenta del hecho de que hay aproximadamente 400 mil chilenos que ganan el salario mínimo o menos; de que ésta es una proporción relativamente estable de la fuerza laboral, que fluctúa entre seis y ocho por ciento de ella; de que no se ha visto alterada por el muy importante incremento -40 por ciento, en términos reales- del ingreso mínimo durante los años de 1990; y de que el grupo de jóvenes es el que se ve afecto en mayor medida por este salario, aunque no exclusivamente. Tal vez, la principal característica común de quienes ganan el salario mínimo es que poseen un bajo nivel educacional.
En esta oportunidad seguimos un procedimiento similar. Solicitamos un estudio a la OIT; desarrollamos la conversación ya mencionada con la Central Unitaria de Trabajadores; consultamos a los principales gremios empresariales del país, particularmente de la pequeña empresa; nos entrevistamos con CONUPIA, ASEXMA y la Confederación del Comercio Detallista. Las tres instituciones concurrieron a acordar los criterios que el Gobierno propuso para construir el acuerdo. Dialogamos también con la Confederación de la Producción y del Comercio, que si bien no fue un actor en la consecución del acuerdo, sí avaló la idea de lograrlo por tres años, aun cuando éste implicara un incremento algo adicional a la ejecución de los criterios tradicionales.
Los señores Senadores conocen el resultado de tales conversaciones: se logró un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores. Me sumo a la reflexión hecha por el Senador señor Foxley sobre esta materia. A mi juicio, es un signo de madurez y confianza de parte del movimiento sindical en la situación de la economía chilena, y también es una contribución a la estabilidad, en el sentido de que determina un horizonte definido, tanto para empresarios como para trabajadores, respecto del comportamiento de esta variable, estabilidad particularmente importante en el contexto político en que transcurrirán los próximos tres años.
El estudio de la OIT concluye con bastante claridad -podemos repartir copias a los señores Senadores interesados- que los criterios que el Gobierno del Presidente Aylwin convino con la Central Unitaria de Trabajadores (esto es, que el reajuste del ingreso mínimo debe fijarse de acuerdo con los factores de productividad e inflación esperada) deben ser permanentes para calcular esta variable y constituyen un buen mensaje para el resto de la economía. Sin embargo, en esta oportunidad y como un hecho excepcional, había espacio para aceptar un incremento superior al que resultaba de aplicar estos criterios tradicionales, fundamentalmente por tres razones.
La primera es que, según la última información de que disponemos acerca de las cuentas nacionales revisadas por el Banco Central hace un par de meses, el crecimiento en la productividad en estos años habría sido superior al previsto y, por lo tanto, existía un margen para incrementar las remuneraciones por sobre la productividad, sin afectar la competitividad de la empresa en un período de tiempo.
La segunda se funda en una investigación específica realizada en pequeñas empresas, tanto rurales como urbanas, para conocer sus niveles de remuneraciones. Se constató que en las empresas urbanas de menos de cinco trabajadores se pagaban salarios promedios que excedían dos veces el mínimo, y en las rurales, un nivel levemente inferior a éste; o sea, significativamente superior también al ingreso mínimo. De allí que el estudio señala que no se veía dificultad alguna para elevar el salario mínimo a los niveles que finalmente se convinieron con la Central Unitaria de Trabajadores.
Sobre este aspecto se hacen dos prevenciones que el Gobierno comparte. El primero apunta a que esto no podía ser considerado una señal económica para el comportamiento de otros precios en la economía, a riesgo de convertirse en presión inflacionaria. Deseo ser muy claro: se trata de un esfuerzo que el país hace en favor de los trabajadores de menores recursos y, por lo tanto, no puede ser entendido como una señal para el resto de la economía, tanto para el sector público como para el privado. Así lo hemos conversado con el Banco Central por lo demás, el que coincide en manifestar que este incremento del salario mínimo no generará ningún tipo de dificultades económicas al no considerarse como señal para el resto de la economía.
La segunda salvedad se refiere a la situación de empleo de los grupos más jóvenes, donde, sí, un mejoramiento provocaba un impacto significativo y, por ello, se sugería no aumentar el ingreso para los menores de 18 y mayores de 65 años en el mismo monto en que se reajustaba el salario mínimo, cuestión que se halla contenida en el proyecto que el Senado hoy analiza.
Por último, se expresa también que sería recomendable en futuras determinaciones del salario mínimo -y se valora positivamente el hecho de que éste tuviera carácter plurianual- la aplicación de variables que introduzcan cierta flexibilidad en su comportamiento de acuerdo con los resultados económicos que efectivamente se materializaran, asunto que el Gobierno estima como buena idea y digna de adoptarse en el futuro. Ha sido sugerida a la Central Unitaria de Trabajadores y esta se halla dispuesta desde ya a trabajar en un mecanismo que apunte en esa dirección para las próximas fijaciones salariales, en el entendido de que, cuando concluya el período de tres años, el comportamiento esperado de la productividad en la última década y el nivel de remuneraciones mínimas habrá tenido un desarrollo muy similar.
El estudio de la OIT identifica como potenciales efectos de esta determinación la reducción de los niveles de indigencia prevalecientes en el país -aproximadamente 70 mil personas- y augura que no habría consecuencias en las remuneraciones medias, en el nivel de empleos ni en la cobertura de la población que gana el mínimo o menos. De no fijarse, como efectivamente se hizo, un incremento similar para los jóvenes, tampoco se prevén efectos sobre el empleo juvenil, y se agrega, sí, que debería tenderse a disminuir la dispersión de ingresos y salarios en el país como resultado de esta medida.
De allí que el Gobierno se manifieste satisfecho, tal como lo han hecho otros actores de país en estos días, del acuerdo alcanzado, por las condiciones mencionadas por el Senador señor Foxley: genera un ámbito de confianza y estabilidad en la economía; valora el rol de los actores sociales para construir acuerdos que refuercen la confianza que Chile tiene en sí mismo, y le dan un claro horizonte de progreso a los grupos de menores recursos.
Como es tradicional, el proyecto viene acompañado por una serie de modificaciones para la asignación familiar, el subsidio único familiar, el bono de invierno y ciertos aguinaldos que ya fueron mencionados por el Honorable señor Foxley y que no repetiré.
Tan sólo remarcaré que con estas medidas el universo de beneficiarios es extraordinariamente extenso. En el caso de las asignaciones familiares, estamos hablando de 3 millones 260 mil personas; en el de los aguinaldos, de 1 millón 800 mil personas.
Finalmente, doy cuenta de que el Gobierno ha cumplido en plenitud los compromisos adicionales a la fijación del salario mínimo que suscribió con el Congreso durante el año pasado. En esa oportunidad, el Ejecutivo se obligó a liberar del copago en hospitales públicos a todas las personas que ganaran el salario mínimo o menos, lo que efectivamente ocurrió; a llevar adelante un programa que suponía aumentar la dotación de de la Dirección del Trabajo para fiscalizar el cumplimiento de la legislación referida al salario mínimo, cuestión que también se materializó; y a ejecutar un programa especial de capacitación para los trabajadores que ganan el salario mínimo, el que se inició durante 1998 y que se fortalecerá entre 1999 y 2000, atendiendo a la principal dificultad de estas personas: su bajo nivel educacional y también, por lo tanto, de capacitación laboral.
En ese sentido, creo que hemos cumplido con lograr un acuerdo que favorece especialmente a los grupos de menores ingresos y también con generar las condiciones para que éstos puedan progresar en el futuro.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, el año pasado en esta misma Sala, con motivo del reajuste del sector público, lamenté que se hubiera interrumpido la relación negociadora entre el Gobierno y los sectores laborales. En aquella oportunidad, el porcentaje asignado se determinó en forma unilateral, produciéndose una reacción negativa de los trabajadores pertenecientes al sector público. Felizmente, el escenario de hoy es diferente. Y lo quiero remarcar: es distinto. Y celebro que se haya vuelto, de manera muy feliz, a mantener la relación negociadora entre Gobierno y trabajadores. Por supuesto, me habría gustado mucho más que en esta instancia también hubieran estado presentes los empresarios, sobre quienes, evidentemente, recae este reajuste. Por razones que desconozco, ellos no estuvieron en la mesa de negociaciones.
Quiero señalar que desde esta bancada apoyamos que el porcentaje del incremento del ingreso mínimo sea superior al IPC más la productividad. Con ello se demuestra que ha habido un análisis y una decisión de equidad que, evidentemente, no puede ser dejada de lado por Gobiernos con sensibilidad social como han sido los de la Concertación.
Este salario "piso" que tratamos en esta oportunidad va a beneficiar a cerca de 450 mil trabajadores, pero el grupo social que depende del mismo está constituido por alrededor de un millón y medio de personas.
Indudablemente, el acuerdo alcanzado es positivo, y por eso vamos a votar favorablemente la iniciativa, pero creo conveniente señalar, aunque sólo sea en forma titular, que la pésima distribución de la riqueza sigue siendo dramática e injusta en este país, a pesar de los esfuerzos y de los avances que han hecho los Gobiernos de Aylwin y de Frei, porque aún cerca de tres millones de compatriotas viven en situaciones de indigencia. Ésa es una realidad lacerante que nosotros no podemos olvidar cuando tratamos materias de esta naturaleza.
Por eso, a veces siento inquietud cuando los promedios nacionales se exhiben así, diría, tan avasalladoramente, ya que no siempre revelan toda la realidad que vive un país; no siempre dan cuenta ni del desarrollo de algunas regiones ni, por supuesto ¿lo reitero¿, de la pésima distribución de la riqueza.
No nos equivoquemos. El ingreso mínimo propuesto significa un per cápita de aproximadamente 18 mil 500 pesos si calculamos el tamaño promedio de los hogares a que va dirigido: 4,7 personas; en cambio, los del extremo superior alcanzan un tamaño medio de hogares de 3,1 personas y su per cápita es de aproximadamente 500 mil pesos. Aquí hay diferencias de prácticamente cuarenta veces.
Otro tema que quiero tocar también en forma muy titular es el del factor coherente, vertebral, que se da dentro de las aproximadamente 500 mil personas que reciben el salario mínimo: su escasa escolaridad, lo cual las obliga, por supuesto, a desempeñar los trabajos más difíciles y más mal pagados. ¿Por qué toco este tema? Porque hay un hecho que también debemos tener presente: que en 1998, a dos años de entrar al siglo XXI, nos encontramos con que aún en nuestro sistema el 30 por ciento de los jóvenes que ingresan a la enseñanza básica no cumple la escolaridad completa.
También creo bueno recordar en esta Sala que dentro del grupo que recibe este ingreso mínimo, este salario "piso", figuran aquellos trabajadores que no pueden organizarse y que, por lo tanto, no se hallan en condiciones de pactar colectivamente, como los de las bombas bencineras, los cuidadores de estacionamientos de edificios, los del sector agrícola, por nombrar sólo algunos.
Finalmente, me habría gustado que para la asignación familiar, el bono de invierno y los aguinaldos de Fiestas Patrias y de Navidad rigiera el mismo mecanismo establecido para el salario básico: que su aplicación abarcara tres años.
Señor Presidente, anuncio el voto favorable al proyecto de los Senadores del Partido Por la Democracia.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente, sin perjuicio de que en las Comisiones de Hacienda y de Trabajo, unidas, se aprobó en general y en particular por unanimidad este proyecto, se hicieron algunas observaciones que me parece importante traer a conocimiento de la Sala. En ese cuadro, quiero destacar dos aspectos: por una parte, el reajuste en sí y, por otra, el cambio de mecanismo en cuanto a la fijación del salario mínimo.
Respecto del monto, creo bien importante poner en perspectiva estos resultados. De acuerdo con el proyecto, en junio de 1998 -en algunos días más-, el salario mínimo quedará en 80 mil 500 pesos. Parece poco, y con toda seguridad es muy insuficiente; no es un ingreso mínimo en el sentido estricto del término. Pero considero necesario que tengamos de todas maneras algún parámetro para comparar cosas que sean comparables. Entrego un solo dato: 80 mil 500 pesos significan 178 dólares, al tipo de cambio actual. Cuando iniciamos la discusión sobre esta materia en 1990 el salario mínimo era de 18 mil pesos. Probablemente, hacer la comparación entre 18 mil pesos y 80 mil 500 pesos dice poco: está la inflación de por medio. Pero hagamos la comparación en dólares -me parece relevante tener el cálculo a la vista-: el ingreso mínimo de junio de 1990 era de 60 dólares. En consecuencia, en dólares hemos pasado, desde junio de 1990 a junio de 1998, de 60 a 178 dólares. Ésa es la magnitud del cambio en términos reales experimentado por el salario mínimo. Se trata, prácticamente, de un aumento de 300 por ciento.
Con el monto previsto para el año 2000, estaremos ya por sobre los 200 dólares, con lo cual, creo, Chile se pondría a la cabeza respecto de la fijación del salario mínimo en el contexto latinoamericano.
Pero vayamos al tema del mecanismo de determinación del ingreso mínimo. En todas las discusiones realizadas en el Congreso, muchos hicimos presente la necesidad de que, junto a los factores inflación y productividad, se incorporara también un elemento de equidad en el cálculo. A mí me parece muy importante que en este caso ese planteamiento haya sido acogido, porque efectivamente el porcentaje de aumento propuesto para los años 1998, 1999 y 2000 supera lo que resultaría de la aplicación simplemente de un factor inflación sumado a un factor productividad.
En este punto, haré una digresión que a algunos puede parecer un tanto técnica, pero que es bien importante y que me la hacía presente hace un momento el Presidente de la Comisión de Hacienda: si se consideran las estimaciones de productividad que resultan de las nuevas cuentas nacionales que ha publicado el Banco Central, se encuentra una novedad bastante grande: para el período 1994-1997 los mejoramientos de productividad son mucho mayores que los que se estimaban en su momento. Fruto de ello, si se confronta, por una parte, el aumento del salario mínimo entre 1994-1997 con la evolución de la productividad durante el mismo período, nos vamos a encontrar con que la productividad subió mucho más rápidamente: a 6 por ciento promedio anual, respecto del 4 por ciento de incremento promedio anual del salario mínimo. ¿Qué significa esto? Que hubo crecimientos de productividad significativos durante el período 1994-1997 que no se distribuyeron equitativamente, y que fueron, básicamente, a acrecentar los beneficios de las empresas.
Entonces, si bien se ha recogido aquí un elemento de equidad, me parece a mí que, en lo fundamental, lo que se está haciendo es simplemente corregir un grave desequilibrio respecto de lo que nosotros mismos habíamos dicho en el sentido de que por lo menos el aumento del salario mínimo debía involucrar el factor inflación y el factor productividad. Desde ese punto de vista, y a la luz de estos antecedentes, me parece que no hay ninguna razón para pensar que este mejoramiento del salario mínimo pudiera tener consecuencias negativas para el desarrollo de las actividades económicas y empresariales, porque lo cierto es que la productividad de las empresas durante los últimos tres años se ha elevado muchísimo más que el ingreso mínimo y que las remuneraciones reales.
Lo anterior tiene que ver con la propia fijación del salario mínimo y con otro tema -que no se encuentra en discusión hoy día, pero que es muy importante en el país-, cual es el esquema de las relaciones laborales y la capacidad o incapacidad de los trabajadores para negociar colectivamente. Sin embargo, como éste no es el asunto en debate en esta ocasión, simplemente lo dejo planteado.
En todo caso, creo que los nuevos montos propuestos tienen mucha relación con algo sobre lo cual existe consenso en Chile: la lucha contra la pobreza. Con el objeto de ilustrar esta discusión, quiero proporcionar un solo dato: el 80 por ciento de los pobres del país son trabajadores. A diferencia de lo que ocurre en las naciones más desarrolladas, en la nuestra se puede ser simultáneamente trabajador y pobre. En un país desarrollado, esto prácticamente no existe. Los pobres, además de ser pocos, son básicamente quienes no trabajan y no cuentan con inserción laboral. Una situación completamente distinta ocurre en Chile, en donde gran parte de los pobres son trabajadores, pero, justamente, perciben el salario mínimo o remuneraciones muy cercanas a éste.
Desde ese punto de vista, estimo que el proyecto en análisis va a tener una incidencia importante y directa en la lucha contra la pobreza y en lograr que una parte de los chilenos que todavía viven en esa condición puedan salir de ella.
También deseo responder a dos o tres observaciones que se formularon durante el debate en las Comisiones unidas. Si no me equivoco, el propio Senador señor Urenda planteó sus aprensiones respecto de que el proyecto establezca compromisos nominales, en cuanto a la fijación del salario mínimo. No se estableció un porcentaje de aumento para 1999 ni para el 2000, sino que se fijó un cifra, lo cual considero una buena opción. Y creo que tiene mucho que ver con materias que hemos discutido en esta Sala. Cuando hemos dicho que queremos desindexar la economía y que la gente debe tener confianza en la moneda, estamos justamente señalando que deseamos que, en términos crecientes, se difundan en la economía los compromisos nominales, desactivando en consecuencia los mecanismos de reajustabilidad automática, que tienen una inercia inflacionaria evidente. El Honorable señor Errázuriz sabe perfectamente bien de lo que estoy hablando, y creo que está asintiendo a lo que digo.
El señor ERRÁZURIZ.-
Lo felicito, señor Senador. Más vale tarde que nunca, dice el refrán.
El señor OMINAMI.-
Considero muy importante que los trabajadores chilenos, representados por la Central Unitaria de Trabajadores, tengan confianza en la moneda nacional. Ellos están apostando a la estabilidad. Si se produjeran situaciones que llevaran la economía a tasas de inflación por sobre las habidas durante el último tiempo, ellos se verían claramente perjudicados. Desde esa perspectiva, me parece muy bien que se haya podido establecer este tipo de cláusulas, y que sean los trabajadores los que estén dando el ejemplo al asumir esta clase de compromisos.
Eso es cuanto puedo responder respecto de la observación que formuló el Senador señor Urenda en las Comisiones unidas.
Ahora, quiero sumarme a lo que aquí se ha dicho, en cuanto a valorar la capacidad de acuerdo. Pienso que hacía tiempo que no se producían acuerdos trascendentes que involucraran a los trabajadores de nuestro país. Si no me equivoco, durante los últimos tres años, la fijación del salario mínimo no se hizo con arreglo a un proceso de negociación y de acuerdo con los trabajadores. Estimo muy relevante que se haya roto esa tendencia y que se haya recuperado una capacidad de acuerdo como la que se expresa en la iniciativa en análisis.
Por último, señor Presidente, el Honorable señor Prat manifestó una aprensión que considero importante comentar aquí. El señor Senador hizo ver que no le parecía conveniente que el Ejecutivo comprometiera al futuro Gobierno con la fijación del salario mínimo. Debo decir que discrepo radicalmente de esa visión de las cosas. Por definición, las leyes comprometen a más de una Administración, y tienen vocación de permanencia en el tiempo. Y creo que con el otro criterio en comento sería bastante difícil legislar.
Más aún: si un Gobierno va a comprometer con estabilidad, con mejoramiento de remuneraciones a los trabajadores más pobres del país, bienvenido sea ese compromiso.
Incluso más: debo destacar, como también lo hizo el Honorable señor Foxley, el hecho de que este acuerdo prevenga justamente de la posibilidad de contaminar la discusión sobre el salario mínimo con los eventos electorales que se hallan planteados en el país. Quizás para el Gobierno habría sido electoralmente más útil diferir este debate y llevarlo al momento en que se va a abrir, con toda seguridad, en el curso del próximo año, de cara a la campaña electoral.
Opino que el Ejecutivo ha actuado con gran responsabilidad en este campo, buscando sustraer la fijación del salario mínimo de la discusión y de la contingencia electoral. En este sentido, creo que el Gobierno ha procedido de muy buena manera y, en consecuencia, el proyecto que nos ocupa cuenta con todo nuestro respaldo.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor URENDA.-
Señor Presidente, desde luego, debo señalar que es bueno que el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra haya hecho alguna referencia a lo que expresé en el seno de las Comisiones unidas, porque en el acta nada se dice. Ayer, el señor Senador optó por no expresar nada en ellas, de modo que realmente deja una situación bastante especial.
En primer lugar, formularé un planteamiento de orden general. Bien sabemos que en muchos sectores se ha suscitado una discusión doctrinaria acerca de la conveniencia o inconveniencia de fijar salarios o remuneraciones mínimas. Porque se sostiene por muchos -y con algún fundamento- que ello puede afectar las posibilidades de empleo de las personas con menos formación, educación y medios, y que en definitiva podría ser un factor de aumento de la inflación.
He analizado este tema desde muchos años, incluso antes de llegar al Senado, y he tenido una política distinta, por lo menos en lo que concierne a Chile. Porque creo que, si bien es cierto que puede existir el peligro señalado -que considero menor de lo que muchas veces se hace presente, porque afecta sólo a determinado porcentaje-, por otro lado, es necesario -por lo menos en las actuales circunstancias- que haya una especie de marco mínimo, porque todavía en muchas actividades, por competir entre sí, en definitiva, las remuneraciones de quienes compiten se establecen en el mínimo. Y si no existiera la remuneración mínima podría llegarse a extremos muy bajos en determinadas actividades de servicios y de otro orden. Además, es bueno dar una medida de preocupación de la sociedad hacia quienes poseen menos recursos.
Por otra parte -y eso es un buen síntoma para Chile, dentro de las cifras que aquí se han barajado-, la remuneración mínima estaría afectando, según se nos expresó ayer, a un 6 u 8 por ciento de la población por cuanto, afortunadamente, en el grueso de las actividades la remuneración mínima que fijan las empresas es mucho mayor.
Ahora bien, he señalado asimismo que no es fácil determinar un monto, porque tal vez la expresión "remuneración mínima" puede entenderse como que necesariamente debe ser suficiente para sustentar a un grupo familiar. Pero la verdad es que también dice relación con el desarrollo de la economía, y con el hecho claro de que lo normal es que diversas personas trabajen dentro de un grupo familiar. Por lo tanto, no es fácil establecer un salario mínimo. Pero he coincidido en la conveniencia de que al menos, de año en año, éste se ajuste de acuerdo con la inflación y con lo que algunos llaman productividad, o lo que yo denomino participación en el crecimiento del país. Si existe un aumento del producto per cápita, no se ve por qué deba haber una categoría, como la de la remuneración mínima -tal cual lo he sostenido respecto de los sectores pasivos-, que no goce o participe, al menos, de esa mayor productividad.
Por ello, conforme a tales criterios, estimo que existen más ventajas que inconvenientes al fijar un salario mínimo, y que en él debe considerarse el aumento de productividad, el crecimiento del país, a fin de no ocasionar distanciamientos inadecuados.
En todo caso -ya que se ha entrado, tal vez innecesariamente, en el pecado de las comparaciones-, debo señalar que efectivamente la distribución del ingreso en Chile continúa siendo mala.
Con sorpresa he descubierto que en un libro recién editado por el Gobierno se pretende explicar por qué, con crecimiento, hay sensación de infelicidad, y se indica que desafortunadamente la distribución del ingreso ha empeorado entre 1989 y 1996. Ésas son cifras oficiales.
No obstante lo anterior, pienso que no se trata de un problema de comparaciones. Hay una tarea para todos en el sentido de mejorar el nivel de vida de la población y, ojalá, la distribución del empleo.
Hago referencia a ello solamente para mencionar lo difícil que resulta llevarlo a cabo, y cómo, por lo demás, para paliar la distribución del ingreso, el Estado busca recursos con el propósito de dirigirlos directamente hacia las clases más necesitadas a fin de que esta clara diferencia de percepción numeraria de ciertas remuneraciones sea reforzada por otras prestaciones que, de alguna manera, acortan esa brecha. Aunque reconozco que lo ideal es que tal brecha se siga reduciendo.
No me parece feliz que el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, especialista en economía, haga comparaciones en dólares del salario mínimo, porque bien sabemos cuánto valor ha perdido, en términos relativos, esta moneda en Chile respecto -por ejemplo- de la UF y del crecimiento del país. En consecuencia, se trata de una comparación engañosa.
Por otra parte, el Ministro de Hacienda manifestó ayer que el aumento real del ingreso mínimo en todos estos años ha sido del orden de 40 por ciento, porcentaje que, curiosamente, es inferior a lo que ha crecido el producto per cápita. Así que no debiéramos sentirnos demasiados satisfechos con esas cifras.
Menciono esto como un hecho, porque no quiero abrir debate sobre el particular. Pero es bueno precisar las cosas.
Ahora, es efectivo que ayer destaqué -más como información para los señores Ministros que nos acompañaron, que una crítica- que había dos diferencias sustanciales en el sistema por fijar para el sueldo mínimo: hoy se establecía en forma trienal, y después, el sistema mismo se aplicaba en sumas fijas, y no mediante una fórmula. No planteé una posición contraria a ello, sino que deseaba que se analizara -como efectivamente se hizo en la Comisión- considerando las ventajas e inconvenientes que podría tener una u otra cosa.
Allí se nos indicó -como también ahora, en la Sala - que la fijación trienal del salario mínimo tiene la ventaja de dar sensación de estabilidad por un período más largo, y que de ese modo se evita -también lo mencioné en la Comisión- que en un año de elecciones tengamos que preocuparnos de esta materia. Por consiguiente, se trata de factores que serían favorables.
Sin embargo, existe el riesgo de un error, porque por circunstancias propias de nuestra economía o exógenas podrían producirse inflaciones muy superiores o muy inferiores a las esperadas y, a lo mejor, se alcanzarían resultados distintos. Frente a esa duda, pregunté qué razones llevaron al Gobierno a buscar un sistema que estableciera desde ya cifras para los años futuros, y no una fórmula de reajustabilidad del salario mínimo basada en la inflación y en mayor productividad del país.
El señor Ministro de Hacienda expresó -pienso que ello corresponderá al principio general de la política del Gobierno- que no se desechaba la búsqueda de una fórmula, pero no se estimaba conveniente aplicarla desde ya. Que se prefería probar este sistema para, tal vez más adelante, llegar a la fórmula que evitara realizar anualmente la discusión y permitiera incorporar naturalmente a las remuneraciones de los trabajadores el resultado de la economía del país. Si éste se enriquece tendrían, obviamente, la posibilidad de aumentos mayores que si la situación interna es distinta.
Hago referencia a lo anterior, porque se trata de dos diferencias muy claras respecto de sistemas anteriores, que tienen ventajas e inconvenientes, y que debemos considerarlas en cuanto a lo que representan. Podemos agregar que en esta oportunidad, especialmente en lo concerniente a los dos primeros años, hay un factor de productividad o de crecimiento del país mayor que en períodos anteriores, que puede alcanzar hasta alrededor de 8 por ciento.
Obviamente, si la economía puede absorber bien los incrementos del salario mínimo, es bueno que así ocurra, porque querrá decir que efectivamente estamos mejorando la remuneración mínima. Éste es un hecho que quiero destacar.
Ahora bien, cabe señalar que el proyecto, tal vez haciéndose cargo de una situación real, al reajustar el salario mínimo puede crear un problema más grave en cuanto a los trabajadores menores de 18 años, debido que los aumentos contemplados para ellos son inferiores. En verdad, esto debería ir acompañado de un conjunto de modificaciones de leyes del trabajo y otras a fin de permitir que los jóvenes, especialmente aquellos que no han podido terminar su educación, de alguna manera encuentren empleo, al mismo tiempo de irse perfeccionando y de completar su formación. Ello haría posible que los empleadores los contrataran, no con el simple propósito de disponer de mano de obra barata, sino para darles la oportunidad de perfeccionarse. Estimo conveniente tener presente -desconozco si esto se explicó en la Sala- esa diferencia que se aprecia en el proyecto.
Por otra parte -no quiero referirme al detalle-, la iniciativa contiene una modificación en el sistema de asignaciones familiares. Se establece una modalidad distinta de distribución, a fin de que realmente corresponda a cantidades bastante más considerables para las personas de menores ingresos, y para que cada vez más se convierta en una suma simbólica de ingresos, no digamos altos, sino medianos, toda vez que estamos hablando de rentas del orden de los 186 mil a 365 mil pesos. A este respecto, se ha pretendido también focalizar el desembolso del Estado en quienes menos ganan.
Lamentablemente, en lo concerniente al subsidio familiar -que es un beneficio muy importante- y a la propia asignación familiar, el aumento que se otorga es inferior al del ingreso mínimo. En verdad, pienso que la política a aplicarse debe ser la contraria. En el país se entregan muy pocos beneficios y hay escasas indicaciones que contribuyan a incrementar efectivamente la maternidad. Cada vez disminuyen más los índices de natalidad en Chile, lo cual, a mi juicio, resulta peligroso para una nación que todavía tiene mucho que crecer, sobre todo si dos de sus vecinos lo hacen más rápido.
Deberían existir muchas normas que contribuyeran a tal aumento. Una de ellas, entregar una asignación familiar efectivamente significativa; y otra sería establecer normas de orden tributario que induzcan precisamente a constituir familias más numerosas, como se procede en otros países.
Cabe advertir que, en Chile, claramente está disminuyendo el número de hijos, y en este aspecto debemos anticiparnos, para no llegar, por vía de ejemplo, a la situación de Suecia, la cual, después de haber tenido una política muy restringida en materia de natalidad, hoy día presenta alicientes tributarios tremendamente importantes para, curiosamente, inducir a casarse a temprana edad y a tener hijos dentro del matrimonio.
No es ésta la iniciativa respectiva; pero, como se aborda el tema, a mi juicio, debería considerarse la posibilidad de que nuestra legislación se preocupe del problema. Porque basta mirar lo que sucede en Europa para darse cuenta de los extremos a que se llega a veces con políticas restrictivas.
En todo caso, más allá de mis observaciones y de las preguntas tendientes a precisar el alcance de esta norma, al igual que lo hice en la Comisión, voy a dar mi voto favorable al proyecto.
Ojalá que el país siga desarrollándose en el futuro en grado tal que permita, obviamente, erradicar la pobreza, reducir la brecha entre los que más tienen y los que menos poseen y, en general, mejorar el estándar de vida de la población.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz De Giorgio.
El señor RUIZ (don José).-
Señor Presidente, quiero recordar a la Sala -no para repetir, sino para clarificar- que el monto del ingreso mínimo, de habérsele aplicado los reajustes equivalentes al ciento por ciento del IPC, habría sido a la fecha de 47 mil 844 pesos, cantidad inferior a los 71 mil 400 vigentes hoy.
Es una situación que vale la pena analizar. ¿Por qué a partir de 1990 el Gobierno de la Concertación comienza a entregar reajustes por sobre el IPC? En verdad, el concepto de productividad incorporado posteriormente no estaba presente en un comienzo. De alguna manera lo que se trató de hacer en un principio fue recuperar el poder adquisitivo de este emolumento que -como se ha dicho aquí- afecta a casi medio millón de trabajadores. El salario mínimo había quedado atrás en un monto igual que otras prestaciones sociales, como la asignación familiar, que también quedó absolutamente disminuida. Pasaron muchos años sin reajustes y, por lo tanto, ya no respondían a su objetivo primario.
También es bueno analizar y clarificar algunos otros aspectos planteados aquí.
Por ejemplo, el Senador señor Ominami dijo que la mayor parte de los pobres son trabajadores. Yo tengo alguna duda. Es cierto que parte importante de los pobres son trabajadores que ganan el salario mínimo. Incluso algunos no lo perciben, pues forman parte de la Administración Pública, aunque se encuentran en los niveles más bajos de la escala, incluido Carabineros.
Otra parte importante de los pobres de este país la constituyen los jubilados. Y quiero mencionarlo aquí, porque leí en la prensa algunos comentarios de distinguidos empresarios, quienes señalan que por ley no se soluciona el problema de la pobreza. ¡Y claro la pobreza en un país no se soluciona por ley, pero sí ayuda! Porque resulta que si no hay ley, no se reajustan las pensiones, ni se aumenta el salario mínimo. Entonces, si no hay voluntad política de legislar sobre la materia, indirectamente por ley se está condenando a vivir con ingresos absolutamente insuficientes a un número importante de personas.
A los jubilados, por ejemplo, no les sirve que el país progrese, ni sacan nada con que el ingreso nacional siga creciendo a tasas elevadas, pues sin ley no se aumentan sus pensiones. Éstas pensiones no marchan automáticamente con el desarrollo del país. De manera que -y aquí está nuestra tarea en el Parlamento, al igual que la del Ejecutivo, como principal colegislador- tenemos que ir adecuando las normas de acuerdo con el progreso del país.
Y en verdad Chile, durante los últimos años, ha exhibido cifras realmente importantes. Todos reconocen que el país económicamente marcha muy bien. Sin embargo -como aquí lo planteó también el Senador señor Urenda-, la distribución del ingreso nacional está muy mal estructurada, y los estratos más altos de la sociedad siguen beneficiándose con ello. ¿Cómo se arregla eso? ¿Lo dejamos solamente a la voluntad de los empresarios? Encargamos a las leyes de la oferta y la demanda o del mercado que resuelvan el problema de la distribución? Evidentemente no.
Por eso, entre otras cosas, se buscan mecanismos de distinta índole. Unos lo constituyen los impuestos, que son instrumentos de distribución o de redistribución interna. Por ello, es importante, también, no rigidizar las políticas tributarias, porque es necesario actualizarlas conforme a la situación que vive el país. Una nación que progresa y avanza, si deja postergada parte importante de su sociedad, está generando condiciones que darán origen a tensiones sociales internas, que en un momento dado pueden dificultar su desarrollo mismo.
También hay otros instrumentos en la redistribución de los ingresos. Entre ellos, por ejemplo, están las prestaciones sociales. Una de las que se mencionó aquí es la asignación familiar. Por ejemplo, en tiempos pasados, dicho beneficio era un importante aporte a la remuneración de los trabajadores.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor RUIZ (don José).-
Con la venia de la Mesa, con todo agrado.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Adolfo Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
Señor Presidente, en mi opinión, el alcance dado por el Senador señor Ruiz De Giorgio a este tema es el acertado. No cabe duda de que hay aquí una corrección clara y abierta a las normas del mercado.
Y en lo relativo a las asignaciones familiares, deseo dejar constancia de algo que me parece muy importante. En el proyecto de ley propuesto, se plantea una gradualidad para aquéllas, dependiendo de la renta del trabajador. Es un criterio, quizás mirado en esa perspectiva, justo. Pero sería bueno que esta misma asignación se considerase para el futuro también desde otro punto de vista, por ejemplo, dónde trabaja y dónde vive el trabajador, junto con el interés del país en desarrollar algunas regiones.
La Undécima Región -quiero llamar la atención sobre esto- es la menos poblada del país: allí sólo viven 80 mil personas en más o menos 110 mil kilómetros cuadrados. Y a nadie escapa la importancia que tal materia reviste para Chile. Estoy seguro de que una de las medidas que podría ir en la dirección correcta para incentivar y lograr el poblamiento de esa región -y que no ocurra, al menos, lo que actualmente sucede, esto es, que la gente por falta de trabajo a veces emigre- es contar con una asignación familiar corregida. Es decir, que haya una asignación familiar -como señaló el Senador señor Ruiz De Giorgio- en general para el país, y que en el caso de una región extrema -como lo es la Región Undécima- se consulte una asignación familiar preferencial para aquellos chilenos que viven en esas apartadas localidades.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
¿Su Señoría solicita oficio dirigido al Ejecutivo respecto a la última materia expuesta?
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
Sí, señor Presidente.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Si le parece al Senado, se enviará el oficio solicitado, en nombre del Honorable señor Adolfo Zaldívar.
Acordado.
Puede continuar el Senador señor Ruiz De Giorgio.
El señor RUIZ (don José).-
Señor Presidente, quiero resumir lo relativo tanto al tema tributario como a los instrumentos sociales, planteando el problema relativo a la modernidad.
Aquí, de manera permanente, se habla de la modernidad: el país se moderniza, la economía se moderniza; pero no lo hacen los instrumentos existentes en la estructura del Estado para enfrentar los problemas que esta misma modernidad está causando.
Si bien en Chile se ha reducido la cesantía, no es menos cierto que tal problema, en algún momento dado, se va a revertir. Los países desarrollados, en la actualidad, enfrentan graves problemas de cesantía, como consecuencia de que la modernización, que incluye especialmente la automatización de los procesos industriales, se traduce en el empleo de menos gente. Los robots en las empresas automotrices, la informática en las de servicios y otros factores hacen que cada vez se contrate menos personal.
¿Cómo encarar la situación que se nos viene encima? Debemos empezar por modernizar las estructuras del Estado y los instrumentos para dar solución a los problemas del país. Y por eso la pobreza tiene una incidencia importante, según sea la forma en que manejemos algunos de estos instrumentos. Por ejemplo, de elevarse el monto de la asignación familiar en términos efectivos, estaríamos descomprimiendo uno de los conflictos que se producen especialmente en los trabajadores de bajos ingresos que en la actualidad deben necesariamente recibir este tipo de remuneración.
Por otro lado, deseo referirme a otro tema que también ha sido cuestionado. Se dice que los acuerdos que logra el Gobierno con la CUT y, a veces, con la Confederación de la Producción y del Comercio, no son representativos del sector social que corresponde. Se afirma, y con razón, que dicho organismo no representa a la totalidad de los trabajadores y, probablemente, a ninguno o a muy pocos de los que perciben el ingreso mínimo. Eso es cierto. Los empresarios están mucho mejor organizados que aquéllos, pues prácticamente todas las empresas están incorporadas a un área de la actividad empresarial; no ocurre lo mismo con los trabajadores, y muy pocos pertenecen a una organización sindical.
Por lo tanto, si el Gobierno quiere escuchar una opinión respecto de un sector de la comunidad social, debe referirse a las organizaciones existentes. De ahí la importancia de que la CUT sea oída; porque, a lo mejor, aun cuando no estén en sus filas parte importante de estos 400 mil trabajadores, ella los representa en forma adecuada.
Además, considero necesario destacar lo relevante del hecho de que el Gobierno busque acuerdos con el sector social. Creo que uno de los déficit de la democracia chilena -que aún estamos construyendo- es que todavía no hay un mecanismo efectivo de participación de la comunidad, excepto en los procesos electorales a los cuales se la convoca a votar periódicamente. No obstante, en la actividad diaria al interior de las empresas, donde en un momento dado se había avanzado en materia de participación, ése es un aspecto deficitario de la democracia chilena que requiere profundización.
Por último, como decía el Honorable señor Ominami, aun cuando se ha avanzado en esto, todavía nos encontramos atrasados, estamos mal, pues el salario mínimo sigue siendo insuficiente. Por lo tanto, a mi juicio, es la sociedad la que debe hacer esfuerzos, y nosotros buscar mecanismos para que efectivamente la gente que accede a un puesto de trabajo, a lo menos, pueda ganar lo suficiente para vivir con dignidad.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Quedan cuatro oradores inscritos para intervenir, según tengo entendido.
Consulto a la Sala si estaría de acuerdo en fijar una hora para votar -podría ser a las 18:30-y seguir la discusión hasta ese instante, o hacerlo de inmediato, y que los señores Senadores que restan por usar de la palabra funden su voto. Son las dos posibilidades para despachar en forma expedita la iniciativa.
El señor PRAT.-
Señor Presidente, soy partidario de la segunda fórmula, siempre que se respete el orden de inscripción y que podamos disponer de algo más de cinco minutos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
De acuerdo, siempre que se actúe con prudencia.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor PRAT.-
Señor Presidente, antes de proceder a analizar el proyecto que ahora se vota, deseo referirme a algunas de las observaciones formuladas.
El señor Senador que me ha antecedido señaló que la modernidad significa desempleo y que la automatización deja a la gente sin trabajo. Eso no es así. El país más automatizado del mundo y más moderno en su economía, los Estados Unidos de Norteamérica, exhibe el menor desempleo. Y cuando ha alcanzado un nivel histórico de modernización y automatización ha logrado también, simultáneamente, la menor tasa de cesantía.
Seguramente el Honorable colega se refirió a lo que ocurre en Europa, donde no se han podido bajar las altas tasas existentes al respecto; pero no se debe identificar como causa de ello a la modernización ni a la automatización, sino a las malas regulaciones existentes en el ámbito laboral que mantienen un desempleo casi endémico. Por eso, es necesario atribuir a la acción de los legisladores y los burócratas la carencia de trabajo que se observa en las economías de esos países más que en la automatización o modernización de sus procesos productivos. Eso en primer término.
En segundo lugar, el mismo señor Senador sostuvo que la situación de los pensionados es independiente de la que afecta a la generalidad de la economía, lo que, en mi concepto, no es estrictamente así. Es de toda justicia mejorar la condición de los jubilados, porque lo merecen. Ellos fueron objeto de descuentos en sus remuneraciones a lo largo de toda su vida laboral, los que fueron a un fondo que quebró por mal manejo de los mismos, y actualmente están sufriendo una situación que no se merecen, que no fue a causa de sus acciones y que, por lo tanto, es del todo injusta; pero si estamos hablando en rigor, debemos reconocer que una buena situación económica general aporta mayores ingresos a la familia a la que pertenecen, y ello redunda, naturalmente, en beneficios. Cuando la economía está generalizadamente mejor, llega a toda la familia, porque los ingresos del grupo normalmente no provienen de una sola persona, sino de varias, y es el conjunto el que hace el bienestar familiar.
Otro señor Senador se refirió a la necesidad de discriminar en el otorgamiento de la asignación familiar según el lugar donde vivan las personas. Creo que esa buena intención debe ser recogida en otro subsidio que debiera existir, el de ruralidad, que reconozca el esfuerzo que significa para las familias que viven en el campo estar desprovistas del bienestar que provee el Estado en la ciudad, a través de las inversiones que realiza en alcantarillado, pavimentación y electrificación, entre otras. Sería del todo recomendable y justo estudiar y avanzar en la creación de una asignación de ruralidad. Sería el método correcto de hacerlo, en lugar de discriminar en el otorgamiento de la asignación familiar según el lugar donde resida la gente.
En cuanto al proyecto que nos ocupa, se trata de una iniciativa que anualmente provoca mucha discusión en el Congreso. Ella toca aspectos como el salario mínimo, las asignaciones familiares, el bono de invierno y los aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad.
Respecto de lo primero, hay una discusión larguísima, no resuelta, acerca de su incidencia en el nivel de empleo y en la correcta distribución del ingreso. Y yo diría que el tema no está resuelto, pues el Gobierno, que tiene un discurso en orden a que éste sería un instrumento de reasignación de recursos y mejoramiento de la distribución del ingreso, no podría tenerlo tan claro. De hecho, el estudio sobre distribución del ingreso, que todos tenemos a la vista, indica que en los últimos años tal distribución se ha deteriorado, en circunstancias de que el salario mínimo ha mejorado en 60 por ciento real entre 1989 y 1996 -son los datos que tengo-; es decir, no habría relación directa, automática, entre mejoramiento del salario mínimo y redistribución del ingreso. Esto significa que hay otros factores mucho más importantes, los cuales han significado que en este lapso la distribución del ingreso se haya deteriorado, a pesar de que el salario mínimo ha mejorado sustancialmente en el orden de 60 por ciento.
El Gobierno ha dicho que el nivel de ese salario no incide en la situación de empleo y que el 12,5 por ciento de reajuste no implica riesgo en este sentido. Por lo tanto, habría que preguntar por qué a los jóvenes y a los adultos mayores se les incrementa el ingreso sólo en 8 por ciento y no en 12,5 por ciento, como a los demás. Esto obedece a que el Gobierno, como sabe que ellos tienen tres veces el nivel de desocupación -vale decir, entre el 16 y 17 por ciento, cifra que pesa sobre los sectores juveniles y de adultos mayores-, ha tenido en vista no aumentar dicha tasa de desempleo. Por eso, les ha otorgado un reajuste de 8 por ciento y no de 12,5, como lo está aplicando a la generalidad.
Entiendo que ése es el motivo por el cual el Gobierno ha sido discriminatorio en conceder tal aumento, pues no podría ser sólo una razón de discriminación per se.
En síntesis, lo relativo al salario mínimo es un tema de discusión académica larga y en él -yo diría- no pueden quedar descartadas, por ningún sector, las aprensiones que la academia tiene en la materia. El Gobierno, al proceder así con los jóvenes y adultos mayores, de alguna manera está reconociendo este hecho.
La pregunta es si el reajuste de 12,5 por ciento fijado para este año respecto del salario mínimo, con una tasa de 10 por ciento para los dos años siguientes, es prudente o arriesgado. ¿Qué significa este reajuste?
Sobre el particular, deseo manifestar mi aprensión. En primer lugar, por la circunstancia económica que hoy se vive. El país está en un fuerte proceso de enfriamiento de su economía. Si no es así, que lo digan las personas ligadas a las actividades reales, que hoy día se hallan tremendamente afectadas. No sabemos qué nos espera en seis u ocho meses más, puesto que hay factores exógenos ajenos a nuestra economía que están incidiendo en esta situación y cuya evolución no podemos prever. En efecto, no es posible prever cómo seguirá el problema que afecta a las economías asiáticas, ni tampoco cuál será el de las economías latinoamericanas que nos circundan. En definitiva, tenemos una real incertidumbre acerca de lo que será nuestra economía en el próximo tiempo.
Por eso, cuando se aplica un criterio de IPC más productividad -estoy hablando de una cifra máxima del orden de 9 por ciento, que ahora se ha llevado al 12,5 por ciento-, se dice que se está comprando estabilidad y evitando conflictividad. ¡Cuidado! Porque hoy podemos estar comprando estabilidad respecto de cuatro o cinco dirigentes gremiales, pero también comprando una gran inestabilidad social y afectando el nivel de empleo para el próximo tiempo.
En seguida, deseo recoger lo señalado por el Presidente del Banco Central en días recientes. Se ha pretendido desmentir estas declaraciones; sin embargo, ellas existen. Él ha dicho que tiene aprensiones por la forma en que el reajuste de 12,5 por ciento incidirá en la política de reducción del gasto en que está empeñado el Instituto Emisor. Como dicho organismo está aplicando tasas de interés, no sólo enfriadoras, sino paralizadoras de la economía, pues desea que el gasto se ajuste al crecimiento del producto, a su Presidente le preocupa la señal de gasto que significa dicho reajuste.
Por lo tanto, no deseamos que ello provoque una situación de desempleo, porque va a significar alejamiento del bienestar y el surgimiento de conflictos, los que hoy día todos pretendemos evitar.
El Gobierno ha establecido una política para tres años. Pero, curiosamente, sólo lo ha hecho respecto de este ítem -el salario mínimo-, pero no para una política hacia tres años en lo referente a lo que él paga: las asignaciones familiares, el bono de invierno y los aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad. En tal virtud, pregunto: ¿por qué, de acuerdo con esa misma política de estabilidad, no dispuso un reajuste para los tres próximos años en un asunto que es de su resorte, de su presupuesto? Fue prudente y aplicó lo que está en su horizonte inmediato: la Ley de Presupuestos que nos rige. Sin embargo, para aquello que no es de su resorte, sino que se encuentra en el ámbito de la economía en forma más indefinida, estableció un procedimiento a tres años, que es altamente riesgoso, por las circunstancias que señalé anteriormente.
Por eso, señor Presidente, estando yo muy de acuerdo con la forma en que se reajustan las asignaciones familiares -habría sido de mi agrado que el beneficio hubiera sido mayor, pero el presupuesto de caja del Gobierno no lo permite (lo mismo ocurre con el bono de invierno y los aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad)-, expreso mi aprensión sobre el particular. Y, a pesar de que aparece muy presentable, atendible y deseable pretender reajustes siempre mayores, sobre todo cuando estamos en el escenario público, creo que la exigencia de honestidad y de rigurosidad intelectual me obliga a abstenerme respecto de lo que se propone para el salario mínimo. Ello, por estimar que el procedimiento a tres años es, al menos, riesgoso y porque los montos introducen una aprensión muy fuerte si en definitiva, de las 450 mil personas que hoy día están afectas a la fijación de ese salario -éstas generalmente pueden negociar con sus empleadores-, no evitamos que se lleve al 10 por ciento de ellas (unos 40 ó 45 mil trabajadores) a la cesantía o a la informalidad, que es una manera muy desprotegida de trabajar, por haberse fijado una tasa que, a la postre, puede resultar equivocada.
Por eso, apruebo en general el proyecto y anuncio que me abstendré en lo que dice relación a estas normas y que aprobaré los reajustes de las asignaciones familiares, bono de invierno y aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, a estas alturas del debate, ya se han dado a conocer virtualmente todas las razones que justifican la aprobación de la iniciativa, como también las distintas aprensiones que ella despierta.
Por otra parte, es del caso señalar que ésta no es la primera discusión que tenemos acerca del salario mínimo, pues llevamos varios años debatiendo el tema con motivo del tratamiento de este tipo de materias.
Por lo tanto, me parece que no corresponde entrar a señalar -porque es una política definida por parte del Ejecutivo- los inconvenientes que, a juicio de los técnicos, presenta la fijación del salario mínimo por ley. Ésta técnicamente es una materia muy discutible, y hay muy buenas razones para sostener que ello puede, incluso, perjudicar a sectores más desvalidos.
Sin embargo, estamos frente a una política económica que ha sido sostenida en el tiempo, cuya responsabilidad la tiene el Presidente de la República, quien, obviamente, debe responder de eso ante la ciudadanía. A nosotros, simplemente, nos corresponde hacer presente que es un tema o un debate que se encuentra abierto e incide en las ventajas o conveniencias de establecer salarios mediante ley. Ciertamente, si ésta fuera la manera de proporcionar mayor bienestar a los trabajadores y a los chilenos, creo que ningún señor Senador se negaría a otorgar aumentos de este tipo o, incluso, mayores. Así, estaríamos permanentemente legislando y mejorando sus niveles de ingreso. Pero ocurre que la ley no tiene la virtud de crear riqueza, sino que a veces sólo puede encausar la conducta de empresarios, de trabajadores, y ordenar un poco la fuerza del mercado.
En todo caso, hoy nos hallamos frente a un proyecto que, a mi juicio, presenta la virtud de establecer reglas del juego que van más allá de los próximos comicios presidenciales, las cuales si bien es cierto que comprometen a un Gobierno futuro, creo que evitan, por otra parte, la discusión en un período electoral, lo que se debe mirar como algo positivo. Vale decir, no se suscitará el debate durante la campaña, porque ellas se encontrarán fijadas.
Respecto del monto, repito: a todos nos habría gustado que fuera incluso mayor. Lo que cabe preguntarse es si será suficiente como para poder mantener la gran política macroeconómica del Gobierno y no configurar un factor inflacionario. Ojalá que esto último no sea así y que realmente se beneficie el sector laboral, porque los primeros perjudicados con procesos inflacionarios serán los propios trabajadores a los que esta iniciativa tiende a favorecer.
Por las razones expuestas y las que otros señores Senadores han indicado, voto que sí.
El señor BITAR.-
Señor Presidente, al fundar mi pronunciamiento, deseo hacer referencia a un solo elemento que me parece de la mayor importancia destacar, en cuanto a la forma como se conversó y acordó el nuevo trienio de ingresos mínimos y otros beneficios: la ventaja de restablecer en Chile acuerdos sociales tripartitos. Pienso que esta vez la conversación, tanto con la Central Unitaria de Trabajadores como con empresarios, se acercó mucho a una fórmula tripartita virtual.
Me parece que en este país se debe apuntar a que se determinen con carácter real esos procedimientos y establecer, como en los Estados avanzados y en la experiencia internacional, grandes pactos sociales que permitan encaminarse hacia un crecimiento con equidad, con más participación y donde se pueda aplicar una repartición más adecuada de los frutos de la productividad. En tal sentido, si ello se pudiera orientar en esa forma, sobre la base de la madurez y claridad mostradas por la CUT y los dirigentes, como también de posiciones similares observadas en el sector empresarial y de un muy buen manejo del Gobierno -y deseo destacar el papel del señor Ministro de Economía en esta oportunidad-, estimo que nos hallaríamos en condiciones, igualmente, de abordar otros aspectos que tienen que ver con acuerdos de inversión social, de capacitación, de innovación en las empresas, los que darían una base mucho más potente para enfrentar una economía global.
Por lo tanto, pienso que en esta ocasión, después de años de alejamiento de los acuerdos tripartitos y de que la última vez el reajuste del sector público fuera enviado de una manera unilateral, es mejor el enfoque mencionado. Y quisiera destacar el hecho por el bien del país e instar al Gobierno a insistir en la formulación, junto con trabajadores y empresas, de un acuerdo tripartito en todo lo que permita avanzar unidos para mejorar la competitividad en la economía global, así como la cohesión social.
Me sumo a la votación favorable al proyecto.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente, votaré a favor de la iniciativa en todos sus artículos por considerar que, no obstante que el ingreso mínimo, como todo instrumento de política económica, presenta ventajas y desventajas, en este caso nos parecen superiores las primeras.
Quisiera observar, de todos modos, que no conviene dejar de lado el análisis, en cada oportunidad, de las desventajas que puede generar la fijación de ingresos mínimos que no corresponden a la realidad económica del país. Una de ellas, claramente, es el perjuicio a quienes se supone que se desea beneficiar, por la posibilidad de generar cesantía. Y es evidente que el proyecto lo reconoce así, porque, si no, no se podría explicar de otra manera el que, para los sectores más afectados por el desempleo, que son los menores de 18 años y los mayores de 65, se disponga no sólo un reajuste menor, sino, además, un ingreso mínimo sustancialmente inferior al correspondiente al resto de los trabajadores. En efecto, para el año en curso se fija este último en 80 mil 500 pesos, en tanto que en el caso de los menores de 18 años y mayores de 65 la cifra es de sólo 66 mil 361 pesos, o sea, prácticamente 20 por ciento más baja. Y en el año 2000 el ingreso mínimo será de 100 mil pesos, y el grupo de los menores de 18 años y los mayores de 65 percibirá una suma de sólo 77 mil 404 pesos, o sea, 23 por ciento menos. Con ello se reconoce en forma categórica el efecto negativo que puede provocar la determinación de ingresos mínimos por encima de las posibilidades económicas.
Pero deseo señalar un aspecto no tocado por otros señores Senadores, habiéndose deslizado en algunas intervenciones incluso conceptos quizás completamente contrarios a lo que puntualizaré. La única razón por la que se pueden establecer ingresos mínimos en este nivel y por la cual en los últimos años el monto del beneficio ha aumentado por sobre el índice de precios al consumidor -como ha sucedido, también, con aquellos no sujetos a fijación por ley, sino a negociaciones colectivas o individuales- es que Chile ha crecido. Ello es lo que explica el incremento. Y estimo que ése es el concepto que debe primar en el momento del análisis, porque no es la ley la que crea riqueza, la que puede determinar cuánto ganen las personas, sino el esfuerzo de todos los chilenos para lograr que el país crezca.
Ahora, lo de si las condiciones de crecimiento se mantendrán en los próximos tres años y validarán el aumento que se está aprobando, depende del acierto o no del Gobierno en las estimaciones económicas. Y depende, también, fundamentalmente, de las políticas económicas que se apliquen en el futuro. Entonces, si el incremento que nos ocupa se traduce al final en un factor de inflación y, por lo tanto, se quita por un lado lo que se entrega por el otro, la responsabilidad única y exclusiva corresponderá a las autoridades de Gobierno que proponen el proyecto y no a los Parlamentarios que lo acogen.
Hago presente que, asimismo, damos nuestra aprobación a los aumentos en las asignaciones familiar y maternal, el subsidio familiar, el bono de invierno y los aguinaldos de Fiestas Patrias y de Navidad. Y quisiera consignar que nos habría gustado que todos ellos hubieran sido sustancialmente mayores. También aquí la posibilidad de dar beneficios superiores se explica por efectos del crecimiento del país, ya que, como consecuencia de ser sostenido, los ingresos fiscales prácticamente se han triplicado en los últimos ocho años. La pregunta que cabe formularse es por qué no se han triplicado la asignación familiar, el subsidio familiar y los bonos y aguinaldos para quienes perciben pensiones mínimas o asistenciales. Existe aquí, también, una responsabilidad muy grande respecto de cómo se administran los recursos públicos, cuáles son las prioridades que se establecen y cómo el Gobierno se hace cargo de que el fruto del crecimiento llegue a todos.
No creemos que el aumento en los rubros que hoy estamos aprobando guarde relación con el experimentado por los ingresos fiscales en los últimos ocho años. Y, por ello, hubiéramos querido poder despachar beneficios mayores para sectores que realmente los necesitan.
Voto a favor.
El señor MORENO.-
Señor Presidente, obviamente doy mi pleno apoyo al proyecto, tanto en su texto cuanto en lo que significa como reconocimiento a los sectores que más lo necesitan en nuestro país.
Fuera de anunciar mi voto favorable, destacaré un propósito que debe obligar a quienes tenemos una visión de la vida fundada en ciertos valores y principios: buscar algún camino que vaya restituyendo el reforzamiento del sistema familiar.
En este país, la asignación familiar fue históricamente un elemento de apoyo. Allá por la década del 50 ó 60, las asignaciones familiares para muchos trabajadores constituían una forma de sustento, probablemente más importante que el salario mismo. Era consecuente ver que ello estimulaba y acercaba la posibilidad de alcanzar la educación y los mecanismos de apoyo para el núcleo familiar.
Por circunstancias que no discutiremos ahora, durante una etapa no muy lejana de la vida de nuestro país eso fue radicalmente cambiado, y la asignación familiar se convirtió casi en un recuerdo burdo de lo que había sido en el pasado.
Los montos que estamos aprobando hoy para reajustar la asignación familiar no guardan relación alguna con lo que significaría en verdad respaldar y estimular la formación de una familia y el crecimiento de la misma.
Por lo tanto, sumaré mis esfuerzos a quienes estén disponibles para ello. Espero que en el Gobierno esto sea recibido en los términos que corresponde, con el objeto de iniciar una nueva valoración del concepto de la asignación familiar en el desarrollo y la mantención de la familia.
Voto a favor.
El señor DÍEZ.- Señor Presidente, no votaré por estar pareado con el Honorable señor Lavandero. De haber podido, lo habría hecho a favor.
--Se aprueba el proyecto en general; por no haberse presentado indicaciones se aprueba también en particular, y queda despachado en este trámite.
ACUERDO DE COMITÉS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
El señor Secretario dará lectura a un acuerdo de Comités.
El señor LAGOS (Secretario).-
Dice el acuerdo:
"A proposición de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, los Comités acuerdan facultar a esa Comisión para informar sólo en general el proyecto de ley que establece un nuevo Código de Procedimiento Penal (Boletín Nº 1630-07), con omisión de la discusión particular, en términos de que ese primer informe pueda ser evacuado y discutido por la Sala durante el mes de junio próximo.".
El acuerdo está firmado por la unanimidad de los Comités.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Por no haber otra materia que discutir, ni hora de Incidentes, por tratarse de una sesión especial, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:43.
Osvaldo Palominos Tolosa,
Jefe de la Redacción subrogante.