Sesión 29ª ordinaria, en martes 11 de abril de 2000
De 16.21 a 20.05 horas. Asistencia de 46 señores Senadores.
Presidieron la Sesión los HH. Senadores señores Andrés Zaldívar, Presidente y Mario Ríos, Vicepresidente.
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos.
CONVENIOS SOBRE SUPRESIÓN DE VISAS
Por la unanimidad de los señores Senadores presentes, se aprobaron, en general y en particular, los siguientes proyectos de acuerdo, en segundo trámite constitucional, sobre supresión de Visas:
Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Francesa relativo a la Supresión de Visa Temporal Obligatoria para Titulares de Pasaportes Diplomático, Oficial, de Servicio o Especial, suscrito en París el 10 de abril de 1997. (Boletín Nº 2432-10).
Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Turquía referente a la Exención del Requisito de Visa para Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales, de Servicio y Especiales, suscrito en Ankara el 24 de abril de 1997. (Boletín Nº 2433-10).
Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Helénica referente a la Exención del Requisito de Visa para Titulares de Pasaporte Diplomáticos, Oficiales, Especiales y de Servicio, suscrito en Atenas el 10 de julio de 1996. (Boletín Nº 2434-10).
Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Dominicana referente a la Supresión del Requisito de Visa para Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y Especiales, suscrito en Santo Domingo de Guzmán el 4 de marzo de 1998. (Boletín Nº 2435-10).
Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Eslovaca sobre la Exención del Requisito de Visa para Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y Especiales de la República de Chile y para los Titulares de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales de la República Eslovaca, suscrito en Bratislava el 28 de noviembre de 1997. (Boletín Nº 2437-10).
Los proyectos de acuerdo fueron iniciados en Mensajes del Ejecutivo, quien en los fundamentos de los mismos señala que estos Convenios se fundamentan en el alto interés de estrechar lazos de amistas e incrementar las relaciones bilaterales entre el Gobierno de Chile y los Gobiernos de Francia, Turquía, Santo Domingo, República Eslovaca y la República Helénica, permitiendo a sus respectivos nacionales ingresar al territorio del país contraparte sin necesidad de visado en los pasaportes diplomáticos, oficiales, de servicio y especiales.
Estos instrumentos internacionales constituyen una excepción a la legislación de extranjería vigente en Chile, contenida en el decreto ley Nº 1.094, de 1975 y en el decreto Nº 597, de 1984, del Ministerio del Interior.
Chile ha suscrito Tratados de esta especie con Argentina, Bolivia, Costa Rica, Croacia, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, Federación Rusa, Filipinas, Guatemala, Hungría, Israel, México, Nicaragua, Panamá, Polonia, República Checa, República de Corea, República Popular China, Rumania y Venezuela.
Intervino el Senador Sergio Romero (Senador Informante).
En consecuencia, los proyectos de acuerdo vuelven a la Cámara de Diputados para que sean remitidos al Ejecutivo, para su promulgación.
FORTALECE FACULTADES JURISDICCIONALES DE TRIBUNALES ORDINARIOS DE JUSTICIA PARA INVESTIGAR EN RECINTOS MILITARES
Sin debate y por la mayoría de los señores Senadores presentes (28 votos) y los votos en contra de los Senadores señores Jorge Martínez, Julio Canessa, Ramón Vega, Fernando Cordero y Rodolfo Stange, se aprobó en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fortalece las facultades jurisdiccionales de los tribunales ordinarios de justicia para investigar en recintos militares. (Boletín Nº 2304-07)
El proyecto fue iniciado en moción de los Diputados señoras Fanny Pollarolo y Laura Soto y señores Gabriel Ascencio, Juan Bustos, Guillermo Ceroni y Andrés Palma y tiene por objeto dotar a los tribunales ordinarios de atribuciones para investigar en recintos militares.
La moción original derogaba el inciso segundo del artículo 158 del Código de Procedimiento Penal, que dispone que el examen y registro de recintos militares o policiales deberá cumplirse por intermedio de los Tribunales Militares. En los fundamentos de la iniciativa sus autores expresan que la norma legal vigente restringe la potestad jurisdiccional de los tribunales ordinarios de justicia para la investigación de crímenes o simples delitos que hayan tenido lugar total o parcialmente en recintos militares, lo que resulta particularmente relevante para el pleno y debido juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar y que significaron la desaparición forzada de personas y el ocultamiento de los restos mortales de personas ejecutadas. Agregan que no resulta racional ni justificado que la investigación de un juez se pueda ver entrabada, embarazada o dilatada por trámites o autorizaciones burocráticos derivados del solo hecho de que se trate de recintos militares.
El proyecto aprobado en general, consta de artículo único que reemplaza el artículo 158 del Código de Procedimiento Penal, en los términos que se señalan a continuación:
El registro y examen de los recintos militares se regirán por las mismas normas que regulan la materia respecto de los lugares religiosos y los edificios en que funciona alguna autoridad pública.
Impone al juez de la causa oficiar a la autoridad a cargo del lugar a investigar, con al menos 48 horas de anticipación, informándole respecto de lo que hubiere ser objeto de registro, siempre que ello no frustrare la diligencia, indicando las personas que lo acompañarán e invitando a esa autoridad a presenciar la actuación.
Cuando la diligencia implique el examen de documentos, información o elementos de carácter reservados cuyo conocimiento pudiere poner en peligro o afectar la seguridad nacional, la autoridad a cargo del recinto deberá comunicar el hecho al Ministro de Estado correspondiente, quien podrá manifestar su oposición a la práctica de la diligencia, facultando al juez, en caso que estime indispensable la realización de tal diligencia, para elevar los antecedentes a la Corte Suprema para su resolución.
Impone al juez la obligación de adoptar la medidas pertinentes para que la diligencia se realice con el debido sigilo y sin publicidad, extendiendo la obligación a los resultados de la misma.
Se encontraba presente el Ministro de Justicia, señor José Antonio Gómez.
En consecuencia el proyecto vuelve a Comisión para segundo informe, fijándose plazo para presentar indicaciones hasta el 17 de abril próximo.
PROCEDIMIENTO ANTE LOS JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL
Por la mayoría de los señores Senadores presentes (33 votos) y la abstención del Senador señor Fernando Cordero, se aprobó el informe de la Comisión Mixta, recaídoen el proyecto de ley que modifica la Ley 18.287, sobre procedimiento ante los Juzgados de Policía Local y la ley N° 18.290, Ley de Tránsito. (Boletín N° 739-07).
El proyecto de ley fue iniciado en Mensaje del Ejecutivo y tiene por objeto modificar la Ley sobre Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local y la Ley de Tránsito, tendientes, por una parte, a extender el sistema de notificaciones por carta certificada a determinados casos de infracciones de tránsito y, por la otra, a incorporar en la legislación respectiva modernos sistemas de control como medios de prueba, ambas con el fin de destinar los recursos humanos de Carabineros de Chile a funciones más propias de la seguridad ciudadana
El proyecto está estructurado en 3 artículos permanentes y dos transitorios, que modifican la ley sobre procedimiento ante los Juzgados de Policía Local y la Ley de Tránsito en los siguientes términos:
Extiende el sistema de notificaciones por carta certificada a los infractores del tránsito o de normas sobre transporte, que no hayan podido ser citados personalmente, sino que por nota puesta en su vehículo, o a los que no haya sido posible dejar esa citación en su vehículo por encontrarse éste en movimiento, y no se hubiesen presentado ante el tribunal, cuando se trate de multas inferiores a 5 UTM. De este modo se evita distraer personal de Carabineros en el cumplimiento de estas resoluciones judiciales.
Crea una nómina de deudores morosos en el pago de las multas por infracciones del tránsito denominada "Registro de Multas del Tránsito no pagadas", estableciendo la prohibición de renovar el permiso de circulación del vehículo mientras no se paguen las multas pendientes y los aranceles que proceda, fijándose un plazo de prescripción de las anotaciones en el Registro de tres años.
Permite el uso de equipos de registro de infracciones como fotoradares y otros, sólo cuando éstos sean operados directamente por Carabineros o Inspectores Fiscales o Municipales, disponiéndose que las normas de tránsito que se fiscalicen deberán estar señalizadas de conformidad a las disposiciones del Manual de Señalización de Tránsito, en el que deberá establecerse la existencia de señales de tránsito que adviertan con claridad y en forma oportuna a los conductores los sectores en que se usan estos equipos.
Faculta a las Municipalidades en las zonas urbanas y a la Dirección de Vialidad en las zonas rurales, para aumentar o disminuir los límites de velocidad en determinadas vías, previo estudio elaborado de acuerdo a los criterios que contemple el Manual de Señalización de Tránsito.
Concede amnistía a todos los conductores que hubieren sido denunciados por infracciones de tránsito mediante equipos de registro de infracciones (fotoradares) a la vez que dispone la eliminación de las anotaciones correspondientes en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados. Las multas que se hubieren cancelado no serán reembolsadas.
Las infracciones a las normas de la Ley de Tránsito por detenciones o estacionamiento en lugares prohibidos que se cometan a menos de cien metros de la entrada de postas de primeros auxilios y hospitales sólo podrán ser denunciadas por Carabineros.
Reduce en un 25% el valor de la multa por infracciones o contravenciones graves, menos graves o leves a la Ley de Tránsito, que no hayan causado lesiones o daños, cuando sus autores acepten la infracción y paguen la multa dentro de los 5 días siguientes de ser aplicada.
Pone término a la orden de arresto que actualmente se cursa si no se paga la multa dentro de cinco días de aplicada, permitiéndose, en su reemplazo, decretar la reclusión nocturna, diurna o de fin de semana.
Durante el debate intervinieron los HH. Senadores señores Hernán Larraín (Senador Informante), José Antonio Viera-Gallo, Hosaín Sabag, Evelyn Matthei, Rafael Moreno, Mario Ríos, Julio Lagos, Augusto Parra y Sergio Fernández.
En consecuencia, el proyecto vuelve a la Cámara de Diputados, para que ésta lo remita al Ejecutivo, comunicándole que el Congreso ha dado su aprobación al proyecto de ley.
CONVENIO 151 DE LA OIT, SOBRE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE SINDICACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Quedó pendiente la discusión, en general y en particular, del proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, recaído el Convenio Nº 151 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre "La protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública". (Boletín Nº 1958-10).
Durante el debate intervinieron los HH. Senadores señores Mario Ríos, José Ruiz de Giorgio, Evelyn Matthei, Andrés Zaldívar, Ignacio Pérez, Francisco Prat, Beltrán Urenda, Jorge Martínez, Jaime Gazmuri, Carmen Frei, Edgardo Boeninger, Sergio Díez, Rafael Moreno, Enrique Silva Cimma y el Ministro del Trabajo y Previsión Social señor Ricardo Solari.
INCIDENTES
El Senador Rafael Moreno se refirió a la necesidad de avanzar en la construcción de la segunda etapa del embalse Convento Viejo, en la Sexta Región, una de las obras de riego de mayor relevancia para el país, dando cuenta que un estudio de actualización del proyecto mencionado concluye que la obra es perfectamente factible y que el elevado costo inicial puede rebajarse a 214 millones de dólares.
El Senador Gabriel Valdés, rindió homenaje a la memoria de la señora Adriana Matte Alessandri de Pacheco, recientemente fallecida.
Adhirieron al homenaje los Senadores Rafael Moreno y Hernán Larraín, acordándose transcribir el homenaje rendido por el Senador Valdés a don Máximo Pacheco, en nombre del Senado.
El Senador Juan Hamilton reiteró su rechazo al congreso internacional neonazi que se realizaría, en nuestro país, la segunda quincena del mes de abril, y que ha sido enérgicamente repudiado por las más altas autoridades parlamentarias y de Gobierno.
Los Senadores Carlos Bombal, Julio Lagos y Beltrán Urenda adhirieron a las palabras del Senador Hamilton.
El Senador Carlos Bombal valoró la decisión adoptada, en el día de hoy, por el Pleno de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia que resolvió abrir un expediente de remoción de una Ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, sobre la que pesan acusaciones muy serias y graves, suspendiéndola, por cuatro meses, en el ejercicio de su cargo.
El
Senador Beltrán Urenda, en relación al proyecto de acuerdo por el cual se solicitaría al Presidente de la República el envío de un proyecto de ley para el retorno del Congreso Nacional a Santiago, realizó un acabado análisis de lo que ha sido el funcionamiento, en Valparaíso, del Poder Legislativo, tras cumplirse 10 años desde que éste iniciara sus labores en esta ciudad.
El Senador Julio Lagos, en momentos en que el Senado se apresta a debatir el Tratado Minero celebrado con la República Argentina, estimó oportuno analizar el conjunto de las relaciones económicas con el país vecino, ya que, señaló, existen otras actividades en las que la complementación resultaría beneficiosa para ambas naciones; entre otros, el relativo al transporte aéreo, lo cual analizó in extenso.
En relación con el transporte terrestre, llamó la atención respecto de la situación que afectó, días atrás, a 12 camiones que transportaban carga desde la Zona Franca de Iquique, y que fueron detenidos en Jujuy, Argentina, lo que constituye una violación de los tratados sobre el transporte internacional suscritos por nuestro país.
Finalmente, analizó en profundidad el problema medioambiental que afecta a la ciudad de Iquique.
El
Senador Carlos Cantero se refirió al cambio tarifario que ha experimentado la Empresa Portuaria de Antofagasta, lo que analizó a la luz de dos graves consecuencias: primero, que dicha alza lo convierte en el puerto más caro del norte y, en segundo lugar, que esa política responde a una iniciativa del Gobierno anterior con la que se busca beneficiar el Complejo Portuario de Mejillones.
En otro orden de cosas manifestó su preocupación por los cambios que se han producido recientemente la administración de la División Chuquicamata de Codelco, especialmente por el despido de dos prestigiosos profesionales.
El Senador Antonio Horvath solicitó oficios a distintas autoridades a fin de contar con los antecedentes referidos al proceso de privatización de la Sociedad de Transporte Marítimo Chiloé Aisén Ltda. y, además, para que se informe respecto de embarcaciones que fueron incluidas en dicho proceso, pertenecientes al proyecto del camino austral, financiado con fondos nacionales de desarrollo regional.
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