Sesión 9ª ordinaria, en martes 9 de noviembre de 1999

De 16.18 a 18.14 horas. Asistencia de 40 señores Senadores.

Presidió la sesión el H. Senador señor Andrés Zaldívar, Presidente.

Actuó como Secretario el señor Carlos Hoffmann.

OTORGA TITULARIDAD EN EL CARGO A PROFESORES QUE INDICA -VETO-

Por la mayoría de los señores Senadores presentes, y con el voto en contra del Senador señor Boeninger, se rechazaron las observaciones formuladas por S.E. el Presidente de la República -también rechazado por la Cámara de Diputados- al proyecto de ley que otorga titularidad en el cargo a profesores contratados a plazo fijo por más de tres años. (Boletín Nº 1934-04).

El proyecto fue iniciado en moción de los Diputados señora María Antonieta Saa y señores Homero Gutiérrez, Carlos Montes, Baldo Prokuriça, Jaime Rocha, Jorge Ulloa y Felipe Valenzuela, y el ex Diputado y actual Senador señor José Antonio Viera-Gallo, y en ella se señala, como fundamento de la misma, que en conformidad con el artículo 25 del Estatuto Docente, los profesores pueden ser incorporados a una dotación docente en calidad de titulares o contratados, correspondiendo, estos últimos, a aquellos docentes que desempeñan labores profesionales transitorias, experimentales, optativas, especiales o de reemplazo de titulares. Sin embargo, en la práctica, existirían docentes contratados que realizan funciones permanentes y en forma periódica como si fueran titulares, pero sin poder acceder a los beneficios y derechos laborales que derivan de tal calidad. La situación descrita afectaría, según sus estimaciones, a aproximadamente quince mil seiscientos profesores, algunos de los cuales habrían cumplido seis años en esas condiciones y es lo que hace imperioso legislar para corregir esta situación.

El proyecto aprobado por el Congreso Nacional se compone de artículo único, que concede, por única vez y de manera excepcional, la calidad de titulares de una dotación docente de un mismo municipio o corporación educacional municipal, a aquellos profesores de educación parvularia, básica o media que presten servicios como contratados por un mínimo de veinte horas cronológicas de trabajo semanal, y siempre que hubieren estado en tal carácter por a lo menos tres años continuos o cuatro discontinuos

Las observaciones de S.E. el Presidente de la República perseguían agregar tres nuevos artículos a la iniciativa aprobada por el Congreso, en los siguiente términos: a) imponía exigencias de título y de habilitación legal para ejercer la función docente para acceder al beneficio; b) no podían acceder al beneficio los profesores que desempeñaran labores de carácter transitorio, optativas o de reemplazo; quienes no tengan salud compatible con el cargo; quienes hayan perdido por causa sobreviniente los requisitos de incorporación a una dotación docente, y a los calificados en lista 3, de demérito; c) consideraba como nuevos beneficiarios del proyecto a los profesores que, teniendo calidad de titulares, hayan celebrado contratos por aumento de horas de trabajo como consecuencia de la aplicación de la jornada escolar completa diurna, entregando al respectivo empleador la iniciativa exclusiva para disponer la titularidad.

Durante el debate intervinieron los HH. Senadores señores Sergio Díez, Roberto Muñoz Barra, Antonio Horvath, Mariano Ruiz-Esquide, Sergio Fernández, José Antonio Viera-Gallo, Edgardo Boeninger, Jaime Gazmuri y Hosaín Sabag.

REGULA EJECUCIÓN DE TRABAJOS POR EMPRESAS CONTRATISTAS

Por la unanimidad de los señores Senadores presentes, se aprobó, en general y en particular, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula la ejecución de trabajos por empresas contratistas en faenas que indica. (Boletín Nº 98-13).

El proyecto tuvo su origen en una moción de los Diputados señora Adriana Muñoz, y señores Carlos Olivares, Edmundo Salas y Rodolfo Seguel, y de los ex Diputados señores Nicanor Araya, Rubén Gajardo y Claudio Huepe y tuvo por objeto restringir las actividades realizadas por empresas contratistas en algunos sectores de la economía, por cuanto, a juicio de sus autores, ellas han dado lugar a profundas discriminaciones laborales en muchas faenas, especialmente en el ámbito de la industria y la minería, lo que se agrava por la imposibilidad de los trabajadores que tienen la condición de personal dependiente de contratistas, de insertarse en las organizaciones sindicales de la empresa principal.

La iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados, fue reemplazada en el Senado, mediante una indicación sustitutiva presentada por S.E. el Presidente de la República y tiene por finalidad perfeccionar el proyecto para resguardar los derechos laborales y previsionales de los trabajadores de empresas contratistas y subcontratistas.

El proyecto aprobado en general y en particular, consta de un artículo único, dividido en dos numerales que modifican el artículo 64 y agrega un artículo 64 bis nuevo al Código del Trabajo, en los términos que se señalan a continuación:

Se establece que el trabajador al entablar la demanda en contra de su empleador directo, por incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que correspondan, podrá también demandar subsidiariamente a todos aquellos que puedan responder en tal calidad de sus derechos.

Dispone que el dueño de la obra, empresa o faena, tendrá derecho a ser informado por los contratistas sobre el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a éstos correspondan respecto a sus trabajadores, como asimismo de las que tengan los subcontratistas con sus respectivos trabajadores. Igual derecho tendrán los contratistas respecto de sus subcontratistas.

Faculta al dueño de la obra, empresa o faena para retener de las obligaciones que tenga en favor del contratista, el monto de que es solidariamente responsable, cuando el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales que le correspondan, o cuando dicho dueño de la obra, empresa o faena fuere demandado subsidiariamente, pudiendo pagar por subrogación al trabajador o institución previsional acreedora. Iguales facultades tendrán los contratistas respecto a sus subcontratistas.

Intervinieron los HH. Senadores señores José Ruiz de Giorgio, Senador informante y Beltrán Urenda.

En consecuencia, el proyecto pasa a la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional.

MODIFICA NORMAS SOBRE FUEGOS ARTIFICIALES

Por 36 votos por la afirmativa y una abstención, se aprobó en general, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 17.798, sobre control de Armas y Explosivos, en lo relativo a fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros artefactos de similar naturaleza. (Boletines Nos. 1502-02 y 1516-02, refundidos).

El proyecto fue iniciado en dos mociones que fueron refundidas. La primera de los. Diputados señora María Angélica Cristi y señores Guido Girardi, Patricio Melero, Alejandro Navarro, Sergio Ojeda y Baldo Prokuriça y de los ex Diputados señores Ramón Elizalde, José Luis González y Mario Hamuy y, la segunda, del ex Diputado señor Isidoro Tohá, cuyo objetivo principal era prohibir la comercialización de toda clase de fuegos artificiales en el país y regular la realización de espectáculos pirotécnicos masivos.

El proyecto de ley consta de dos artículos permanentes y uno transitorio que modifican la Ley 17.798, sobre Control de Armas y Explosivos, en los términos que señalan a continuación:

Prohibe la comercialización, distribución, entrega a cualquier título y uso de fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros artefactos similares, a menores de 18 años.

Todos los fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros artefactos de similar naturaleza que se importen, fabriquen o distribuyan en el país deberán cumplir con los requisitos y especificaciones técnicas que establezca el reglamento.

Radica la competencia para conocer las infracciones referidas a la importación, fabricación o a otros procesos característicos de la comercialización de fuegos artificiales, en el Juez de Policía Local del lugar donde se hubieren cometido, concediéndose acción pública para su denuncia, sancionando dichas infracciones con multa al establecimiento respectivo o al importador, infractores, y en caso de reincidencia, con clausura hasta por 30 días. El juez siempre deberá decretar el comiso de las especies incautadas.

Intervinieron en la discusión de la iniciativa los HH. Senadores señores Sergio Fernández, Senador informante y Jorge Pizarro.

En consecuencia, el proyecto vuelve a Comisión, para segundo informe, fijándose plazo para presentar indicaciones hasta el lunes próximo.

PROYECTOS DE ACUERDO SOBRE LEYES SECRETAS

Por la mayoría de los señores Senadores presentes, y con el voto en contra del Senador señor Enrique Silva, se acordó refundir en uno solo los siguientes proyectos de acuerdo:

El primero formulado por los HH. Senadores señores Sergio Bitar, Jorge Lavandero, Manuel Antonio Matta, Ricardo Núñez, Carlos Ominami, Augusto Parra, Jorge Pizarro, José Ruiz de Giorgio y Hosaín Sabag, con el que solicitan a S.E. el Presidente de la República la publicación de diversas leyes secretas dictadas entre los años 1973 y 1990 (Boletín Nº S 442-12).

El segundo, formulado por los HH. Senadores señores Sergio Díez, Antonio Horvath, Hernán Larraín, Jorge Martínez y Sergio Romero, para precisar que al Presidente de la República corresponde la responsabilidad de ordenar la publicación de determinadas normas legales. (Boletín Nº S 443-12).

En el proyecto de acuerdo aprobado por el Senado se solicita a S.E. el Presidente de la República disponer la publicación de las leyes, decretos leyes y decretos con fuerza de ley dictados desde 1973 a la fecha y que no fueron publicados en el Diario Oficial o lo fueron en ediciones restringidas, en tanto en su opinión, tal publicación no afecte la seguridad nacional.

Intervinieron los HH. Senadores señores Hernán Larraín, Jorge Pizarro, Sergio Fernández y Enrique Silva Cimma.

INCIDENTES

El Senador Adolfo Zaldívar formuló una extensa intervención acerca del tema minero y al hecho que Chile carece de una política minera. Reconoció que en ese sentido, los Gobiernos de los Presidentes Frei Montalva, Allende y Pinochet tuvieron una visión para encarar la temática minera, señalando que la Concertación no la ha tenido, lo que ha quedado en evidencia con la baja del precio del cobre que ha abierto interrogantes sobre lo que se ha hecho o dejado de hacer en esta área.

Manifestó su oposición a quienes postulan la máxima explotación de los minerales, estimando necesario contar con una política minera que, junto con explotar esas "riquezas finitas" vaya generando una dinámica de creación de otras actividades productivas que el día de mañana sean sustentables más allá de esa actividad.

Asimismo, expresó, debe encararse con decisión el desafío al que está expuesta cualquier explotación mineralógica, como es la sustitución o abandono por razones técnicas o incluso ecológicas, como ya ocurrió con el salitre, señalando que se debe invertir en ciencia y tecnología, proponiendo la creación de un fondo con los recursos del cobre que permita a las universidades desarrollar una política de investigación del más alto nivel.

Expresó que un elemento revelador de esta falta de política es que se carece de una entidad que tenga facultades, recursos y atribuciones necesarias para proponer, desarrollar e implementar una visión de conjunto nacional e internacional que sintetice todo el quehacer de la industria minera. El Ministerio de Minería tiene un papel desmedrado y secundario en el organigrama estatal y una injerencia casi nula en las grandes decisiones de las empresas estatales del rubro; no hay una coordinación y planificación entre el quehacer de la gran minería, la pequeña y la mediana; Codelco y Enami, siendo ambas empresas estatales, no tienen entre ellas la más elemental coordiación.

Los Senadores señores Jorge Lavandero, Rafael Moreno y Hosaín Sabag adhirieron a la intervención del señor Zaldívar, acordándose remitir oficios al Ministro de Minería, al Presidente Ejecutivo de Codelco y al Vicepresidente Ejecutivo de Enami, transcribiendo su discurso, en nombre del Senado.

El Senador Julio Canessa en relación con el Tratado que crea el Tribunal Penal Internacional, que deberá conocer el Senado próximamente, y con el objeto de estar debidamente preparado, solicitó se oficie al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informe qué Estados han ratificado el Tratado, porque ha sido informado que dicho instrumento internacional no fue suscrito por algunas de las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y Chile.

El Senador Ramón Vega formuló una extensa intervención acerca del Instituto Antártico Chileno, manifestando la necesidad que nuestro país cuente con una Política Antártica que defienda y asegure nuestra soberanía y centralice todos los esfuerzos del Estado y de particulares en la dirección correcta.

Asimismo lamentó el eventual traslado de dicho Instituto a la ciudad de Punta Arenas, porque con ello se debilitará totalmente su función.

Argumentó su oposición al eventual traslado en los siguientes hechos: el Estado no puede delegar la compleja función del Instituto, ni alejarla del control directo del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Relaciones Exteriores como centro de definiciones estratégicas; la disponibilidad de científicos de alta excelencia académica que se requiere es muy escasa en Chile; las conexiones permanentes del Instituto con organismos pares, nacionales y extranjeros, organismos del Estado, embajadas y otras representaciones diplomáticas que se encuentran en Santiago, se verían seriamente debilitadas; las reuniones permanentes de los consejos que agrupa a Conycit, Conama, Consejo de Rectores y Departamentos Antárticos de las FF.AA. serían extremadamente complejas y poco frecuentes y, sería altamente perjudicial para sus funcionarios, siendo difícil recuperar una dotación con la experiencia que ellos tienen.

Solicitó se oficie a los Ministerios Secretaría General de la Presidencia y de Relaciones Exteriores para que considere la factibilidad de trasladar sólo unidades de apoyo y de carácter logístico a Punta Arenas y se mantenga el nivel superior jerárquico, orgánico, administrativo y jurídico en Santiago.

El Senador Antonio Horvath no compartió las opiniones vertidas por el Senador Vega, destacando las bondades de Punta Arenas, señalando que es una ciudad privilegiada para potenciar un gran centro de investigación científica mundial al amparo del Instituto Chileno Antártico, solicitando se transcriban sus opiniones al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Instituto Chileno Antártico.

El Senador Carlos Bombal recordó que el 19 de mayo de 1999 se envió un oficio al Presidente de la República solicitándole, en nombre del Senado, que declarase el 25 de marzo como el Día del Niño por Nacer, oficio al que no se le ha dado respuesta, a la vez que la UDI y Renovación Nacional pidieron una sesión especial para que la Ministra Directora del SERNAM y el Ministro de Planificación y Coordinación expusieran ante el Senado respecto de las recomendaciones que el Comité de las Naciones Unidas hiciera a Chile en las reuniones de evaluación del cumplimiento de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, oportunidad en que se sugirió revisar y modificar las leyes relativas al aborto en Chile.

Expresó que, de acuerdo con informaciones de la CEPAL, el 9 y 10 de noviembre próximo se celebrará en Santiago la octava reunión e la ONU sobre el adelanto de las mujeres en América Latina y el Caribe y, el 11 y 12 del mismo mes, se celebrará el vigésimo aniversario de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, señalando que a ello se debe agregar una solicitud promovida por ONGs a favor del aborto, que solicitan al Gobierno que declare el 28 de septiembre como el día de la despenalización del aborto.

Finalizó protestando por la falta de respuesta a una solicitud unánime del Senado y pidió se transcriba su discurso al Presidente de la República, solicitándole se margine de toda celebración hasta que no se aclare el alcance de las recomendaciones formuladas a Chile por las Naciones Unidas y la posición de rechazo de nuestro país a ellas.

La Senadora Evelyn Matthei formuló críticas a la demora, por parte del Instituto de Salud Pública, en autorizar el registro de un producto pesticida importado desde Gran Bretaña, elaborado de acuerdo a los estándares de controles de calidad de dicho país. Expresó que igual demora se produce tratándose de productos cosméticos provenientes de Estados Unidos y Argentina, comercializados bajo estrictos controles de calidad.

Expresó la necesidad de debatir acerca del rol del Instituto de Salud Pública y solicitó se oficie a su Director para que informe sobre las políticas que se aplican en relación con las autorizaciones de registro de productos como los señalados.

En otro orden de cosas se refirió a la preocupación que afecta a la comunidad de la localidad de Tierras Blancas respecto al posible cierre, por problemas presupuestarios, del Centro de Salud Mental y Familiar "COSAM", que realiza labores de prevención y rehabilitación de drogadicción en los jóvenes.

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