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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 356ª
Sesión 90ª, en viernes 30 de enero de 2009
Especial
(De 11:7 a 13:12)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ADOLFO ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE,
Y SERGIO ROMERO PIZARRO, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Chadwick Piñera, Andrés
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, los Ministros de Defensa Nacional, señor José Goñi Carrasco, y Secretario General de la Presidencia, señor José Antonio Viera-Gallo Quesney.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 11:7, en presencia de 16 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. CUENTA

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que retira la urgencia que hizo presente respecto de los siguientes asuntos:

1.- Proyecto de reforma constitucional, de la Honorable Cámara de Diputados, en materia de gobierno y administración regional (boletín N° 3.436-07).

2.- Proyecto de reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas de Chile (boletín N° 5.522-07).

3.- Proyecto de ley que establece una franquicia tributaria respecto de sistemas solares térmicos (boletín N° 6.174-05).

4.- Proyecto de ley que modifica el Código de Justicia Militar, a fin de alterar la competencia de los Tribunales Militares y suprimir la pena de muerte (boletín N° 5.159-07).

5.- Proyecto de reforma constitucional que modifica los artículos 15 y 18 de la Carta Fundamental, con el objeto de consagrar el sufragio como un derecho de los ciudadanos y la inscripción automática en los Registros Electorales (boletín N° 3.544-07).

6.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 150 del Código del Trabajo, relativo al descanso semanal de las trabajadoras de casa particular (boletín Nº 5.310-13).

7.- Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Allamand, Cantero, Espina, García y Romero, que reconoce el aporte de los pueblos originarios a la conformación de la nación chilena (boletín N° 5.324-07).

8.- Proyecto de ley que establece normas sobre la actividad de lobby (boletín N° 6.189-06).

9.- Proyecto de reforma constitucional, de la Honorable Cámara de Diputados, en materia de asociacionismo municipal (boletín Nº 5.224-07).

10.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", adoptado en San Salvador el 17 de noviembre de 1988 y suscrito por Chile el 5 de junio de 2001 (boletín N° 4.087-10).

11.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, de 12 de agosto de 1949, relativo a la aprobación de un signo distintivo adicional para la Cruz Roja Internacional (boletín N° 5.985-10).

12.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), suscrito el 23 de mayo de 2008 en la ciudad de Brasilia, República Federativa de Brasil (boletín N° 6.035-10).

13.- Proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas (boletín N° 4.248-06).

14.- Proyecto de reforma constitucional, de la Honorable Cámara de Diputados, en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política (boletín N° 4.716-07).

15.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece medidas contra la discriminación (boletín N° 3.815-07).

16.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula los derechos y deberes de las personas respecto a acciones vinculadas con su atención en salud (boletín N° 4.398-11).

17.- Proyecto de reforma constitucional, de la Honorable Cámara de Diputados, sobre pueblos indígenas (boletín N° 4.069-07).

18.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, con el objeto de permitir sufragar a los ciudadanos chilenos residentes en el extranjero en la elección presidencial (boletín N° 268-07).

19.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal y el decreto ley N° 321, de 1925, para sancionar el femicidio, aumentar las penas aplicables a este delito y modificar las normas sobre parricidio (boletines números 4.937-18 y 5.308-18, refundidos).

20.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que sanciona el acoso sexual a menores, la pornografía infantil y la posesión de material pornográfico infantil (boletín N° 5.837-07).

21.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño (boletín N° 5.724-26).

22.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que establece un sistema institucional para el desarrollo del turismo y modifica el decreto ley N° 1.224, que crea el Servicio Nacional de Turismo, y otras normas legales (boletín N° 5.687-23).

23.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que enmienda el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 2004, referido al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (boletín N° 4.234-03).

24.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que perfecciona la normativa que regula los gobiernos corporativos de las empresas (boletín N° 5.301-05).

25.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que incorpora el combustible gas natural licuado a la ley N° 20.063 y modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1978, del Ministerio de Minería (boletín N° 6.088-05).

26.- Proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación (boletín N° 5.083-04).

27.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que establece la Ley General de Educación (boletín N° 4.970-04).

28.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual (boletín N° 5.012-03).

29.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza el Ministerio de Defensa Nacional (boletín N° 3.994-02).

30.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo para resguardar el derecho a la igualdad en las remuneraciones (boletín Nº 4.356-13).

31.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.284, que establece normas para la plena integración social de personas con discapacidad (boletín N° 3.875-11).

32.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que crea el Ministerio de Energía y modifica el decreto ley N° 2.224, de 1978, y otros cuerpos legales (boletín N° 5.766-08).

33.- Proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de planificación urbana (boletín N° 5.719-14).

34.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre declaración de ausencia por desaparición forzada de personas (boletín N° 5.971-17).

35.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 4.808, sobre Registro Civil, estableciendo que el apellido de la madre anteceda al del padre (boletines números 3.810-18 y 4.149-18, refundidos).

36.- Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, sobre comercio ilegal (boletín N° 5.069-03).

37.- Proyecto, en trámite de Comisión Mixta, que introduce en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional las adecuaciones necesarias para adaptarla a la ley N° 20.050, que reforma la Carta Fundamental (boletín N° 3.962-07).
--Quedan retiradas las urgencias y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual comunica su ausencia del territorio nacional entre los días 9 y 14 del próximo mes para realizar visitas oficiales en la ciudad de Tegucigalpa, República de Honduras, y en La Habana, República de Cuba.
Informa, además, que durante su ausencia será subrogada, con el título de Vicepresidente de la República, por el Ministro titular de la Cartera del Interior, don Edmundo Pérez Yoma.
--Se toma conocimiento.
Seis de la Honorable Cámara de Diputados:
Con los dos primeros comunica que ha aprobado las enmiendas propuestas por el Senado a las siguientes iniciativas:

1.- Proyecto de ley que perfecciona el seguro obligatorio de cesantía e introduce cambios a otras normas legales (boletín N° 6.036-13).

2.- Proyecto de ley que modifica el Código Penal, en lo concerniente a la regulación de ciertos delitos contra la Administración Pública (boletín N° 5.725-07).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos junto a sus antecedentes.
Con el tercero informa que ha prestado su aprobación al proyecto de reforma constitucional que modifica los artículos 15 y 18 de la Carta Fundamental, con el objeto de consagrar el sufragio como un derecho de los ciudadanos y la inscripción automática en los Registros Electorales (boletín N° 3.544-07), con las enmiendas que señala.
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con los tres siguientes comunica que aprobó los siguientes asuntos:

1.- Proyecto de ley que perfecciona la retención, por parte del empleador, como modalidad de pago de la pensión alimenticia, con el objeto de hacerla efectiva (boletín N° 6.140-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.

2.- Proyecto de ley que denomina "Edificio Poetisa Gabriela Mistral" al actual edificio Diego Portales, ubicado en la comuna de Santiago, Región Metropolitana (boletín N° 4.926-24).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

3.- Proyecto de ley que establece una franquicia tributaria respecto de sistemas solares térmicos (boletín N° 6.174-05).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
Tres del señor Ministro del Interior:
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre la posibilidad de dotar al Cuerpo de Bomberos de Chaitén de los medios requeridos para continuar desarrollando su importante labor.
Con el segundo contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Frei, respecto de la situación planteada por don Omar Barrera.
Con el tercero responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Kuschel, concerniente a la adopción de medidas para mejorar la seguridad en Chaitén.
Del señor Ministro de Hacienda, mediante el cual contesta un oficio expedido en nombre del Senador señor Navarro, al cual adhirieron los Senadores señores Ávila, Cantero y Girardi, acerca de la vulneración de que fue objeto la página web de ChileCompra.
De la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, con el que da respuesta a un acuerdo adoptado por el Senado (a proposición de los Honorables señores Navarro, Muñoz Aburto y Vásquez), mediante el cual se solicitó a Su Excelencia la Presidenta de la República el envío de un proyecto que permita revalorizar las pensiones de los ex funcionarios del Congreso Nacional jubilados durante el Régimen militar y las de sus montepiadas (boletín N° S 1.096-12).
Del señor Ministro de Obras Públicas, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, tocante a la realización de ajustes de caja que permitan cancelar los estados de pago en la Región de Aisén.
Del señor Gerente General de la ENAP, a través del cual contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Navarro, referente a la utilización del subsidio al transporte regional aprobado en forma paralela al otorgamiento de recursos para el Transantiago.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminada la Cuenta.
IV. ORDEN DEL DÍA


ANÁLISIS DE CASO "COMPRA DE AVIONES MIRAGE, EN 1994"

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Esta sesión especial ha sido convocada dado el interés público que ha generado la compra de aviones Mirage -ello no escapa a ninguno de los señores Senadores-, frente a lo cual la ciudadanía se ha visto ampliamente convulsionada.
Debo decirles que estimo de toda prudencia, e incluso una obligación, analizar la materia, en virtud de que, entre otras cosas, se trató de la primera compra de armas realizada por los Gobiernos posteriores a la recuperación de la democracia.
Además, algunas autoridades han vertido expresiones -una de ellas, el ex Presidente Aylwin- que ahorran todo comentario para justificar la necesidad de celebrar esta sesión. En efecto, el ex Primer Mandatario sostuvo que el entonces Comandante en Jefe de la FACH había traicionado a su Institución y a su Gobierno.
Como muy bien expresó el Honorable señor Larraín a través de una declaración, el Senado no puede ser un observador. Comparto plenamente su juicio: no podemos ser observadores de esta situación. Fuimos elegidos por el pueblo y hemos de ejercer nuestras atribuciones para consolidar el sistema político al cual nos debemos. En ese sentido, nadie entendería que esta Alta Corporación careciera de una opinión política sobre el asunto. La tenemos y es nuestra obligación manifestarla.
Nuestro ordenamiento jurídico, nuestro Estado de Derecho es una organización que tiende a controlar el poder de quienes lo ejercitan. Con tal fin, existe un sistema de control de poderes, de contrapeso de poderes, en el cual cada Poder del Estado juega su rol. Ellos deben armonizarse, pero, en definitiva, el pueblo es el encargado de controlar la situación política y a él nos debemos.
Por eso, la sesión en curso está muy lejos del pensamiento de quienes han planteado que nos vamos a inmiscuir en las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados. ¡Nada que ver! A la Cámara Baja le corresponde ejercer dichas atribuciones. Ella decidirá qué hacer al respecto, para lo cual dispone de los resortes institucionales pertinentes. No nos corresponde pautar a la otra rama legislativa.
Y esta sesión en manera alguna se inmiscuye en aquello. Incluso, llegado el momento, nosotros podríamos ser requeridos por la Cámara Baja en caso de una acusación constitucional. Pero ello es distinto a creer ver que en esta sesión podemos inmiscuirnos en un proceso judicial.
Sabemos que el Poder Judicial es el único que puede avocar causas pendientes. Y aquí estamos ante una que se halla en pleno conocimiento de una instancia jurisdiccional y que es llevada adelante por un Ministro de la Corte de Apelaciones, designado Ministro en visita por la Corte Suprema de Justicia, a quien le corresponderá determinar las eventuales responsabilidades. Y nada indica que esta sesión pueda menoscabar la dignidad del Poder Judicial o atentar contra ella.
Si en algo he sido celoso toda mi vida, es en respetar plenamente las atribuciones del Poder Judicial. Y ahora, al contrario de lo que alguien pueda suponer, en la decisión de citar a esta sesión no ha existido intención alguna de menoscabarlas.
Quiero recordar a la Sala, sí, que la acción en comento no nació en nuestro país, sino que fue la consecuencia de una instancia judicial en Bélgica, donde, con ocasión del suicidio de un alto oficial, se abrió una causa cuyas derivaciones llegan a Chile.
Aquí un Senador -hoy está ausente- tuvo la inquietud y el interés por que la investigación se llevara adelante: el Honorable señor Ávila, quien, según me ha manifestado, llevó todos los antecedentes al Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Por eso, estimo importante que tengamos en cuenta ese hecho.
De ese modo, nos corresponde llevar a cabo un debate con altura de miras -no me cabe duda alguna de que así será- y contribuir a que las instituciones, armónicamente, controlen el poder, que es el gran objetivo de un Estado de Derecho.
Para eso convoqué a esta sesión, que tiene el sentido que he planteado.
Y no es menor la circunstancia de que quien se halla en prisión preventiva -respecto de su accionar, el juez de la causa tiene presunciones graves, precisas y concordantes- fue también Senador designado, después de ocurridos los hechos en cuestión.
Por todo eso he convocado a la presente sesión.
Pues bien, voy a guardar un estricto orden en el otorgamiento de la palabra.
El Senador señor Navarro, quien fue una de las personas que me pidieron celebrar esta sesión, intervendrá en primer lugar, de acuerdo a lo que me solicitó. Después lo harán los Honorables señores Larraín y Frei. Y en el resto del debate mantendré el orden a medida que con el señor Secretario vayamos viendo el tiempo disponible.
En consecuencia, tiene la palabra el Senador señor Navarro, por 7 minutos.

El señor OMINAMI.- Señor Presidente, ¿podría explicar previamente cuáles son los tiempos de intervención?

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Son los de los Comités, señor Senador.
El señor Secretario los dará a conocer.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Los tiempos son los siguientes: Comités UDI, 16 minutos; Renovación Nacional, 14; Independientes, 12; Socialista, 14; Demócrata Cristiano, 12; Partido Por la Democracia e Independiente, 7; Partido Radical Social Demócrata, 7, y señor Ministro, 20.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, entiendo que el Senador Frei había solicitado hablar en primer término porque debe viajar. No sé si eso será imprescindible o si puede esperar a que concluya mi intervención. Porque a todos nos interesa escucharlo.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Ya fijé el orden, señor Senador: usted en primer lugar, y después, los Honorables señores Larraín y Frei. Y le pido sujetarse a él. Porque si le cede la palabra al Senador señor Frei, deberé saltarme al Honorable señor Larraín, y no quiero hacerlo.

El señor FREI.- ¡Muchas gracias¿!

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el "caso Mirage", en el que se encuentran involucrados altos oficiales de la FACH, incluido un ex Comandante en Jefe, y donde Ministros de Estado se hallan citados a declarar, en el propósito de esclarecer cuál fue el procedimiento de adquisición de esos aviones y qué responsabilidad les cabe a la Institución y a todos los actores envueltos, abre un debate que el Senado no puede eludir.
Yo lo llamé, señor Presidente, y le hice presente la necesidad de discutir al respecto, no solo porque está comprometido un ex miembro de esta Corporación, sino también porque, antes de entrar al receso legislativo, se justifica realizar un debate político que, como dije, esta Alta Cámara no puede soslayar.
En 2006 presenté un proyecto de reforma constitucional con el propósito de otorgar al Senado la facultad de evaluar la adquisición de armas, a fin de que esta no estuviera radicada solo en los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas o en el Ministerio de Defensa, sino que además hubiera algún organismo contralor.
El sentido de la convocatoria a esta sesión especial son la adquisición de los aviones Mirage, en 1994, y las irregularidades que se han ido detectando, especialmente por la justicia belga, en el transcurso de estos años, que en Chile se han traducido, como ha informado profusamente la prensa, en el procesamiento de un ex Comandante en Jefe de la FACH y ex Senador designado, debido al pago de coimas como parte de una red de "incentivos" para tomar la estratégica decisión de adquirir material bélico destinado a nuestro país.
Ciertamente, por todas sus implicancias -éticas, jurídicas, penales, políticas, institucionales-, este caso no es único y aislado.
Debo recordarles a los señores Senadores que la propia detención de Augusto Pinochet en Londres, en 1998, se produjo cuando, con pasaporte diplomático oficial, encabezaba una misión militar que buscaba coordinar los detalles de un importante negocio de armamentos con las empresas británicas Royal Ordnance y British Aerospace.
Pocos deben de recordar que, antes de ese episodio, Pinochet ya había realizado un bochornoso viaje a Checoslovaquia, adonde ingresó con nombre falso, en una misión similar. Es decir, antecedentes existían.
Por otro lado, hay una investigación realizada por el periodista argentino Rogelio García Lupo, quien señala que el viaje de Pinochet a Londres tenía por objeto cobrar una comisión por la adquisición de tres barcos ingleses para la Armada, gestión que se traducía en gastos por varios millones de dólares. El monto de la comisión ascendía, aproximadamente, al 10 por ciento.
Durante la década de los 80 Chile fue el principal exportador de armas de Latinoamérica hacia países del Tercer Mundo. Hemos jugado, pues, un rol significativo al respecto.
En ese tiempo, FAMAE (Fábricas y Maestranzas del Ejército) mantenía y desarrollaba contratos de coproducción con empresas privadas de Gran Bretaña, Malasia, España, con las que compartía, entre otras, las licencias de fabricación de material bélico (por ejemplo, la producción de fusiles SIG y carros blindados Mowag). Y entonces se proyectaba la coproducción del famoso "cohete rayo", por todos conocido.
Desde los tiempos de la dictadura militar, esos vínculos permanentes de la industria castrense en el ámbito internacional han servido no solo para desarrollar negocios "legales", sino asimismo para que se generen situaciones altamente irregulares, como el tráfico ilegal de armas a Croacia, descubierto en 1992, que violaba el embargo decretado por la ONU y que mostró el funcionamiento de una práctica de antigua data.
Algunos de los presentes en esta Sala deben de recordar que en un aeropuerto de Hungría se descubrieron dos contenedores con decenas de toneladas de armas salidas de FAMAE.
Se trata, entonces, de una situación que amerita preocupación y una regulación.
Otro nombre surgido en ese caso fue el de Edgard Ceballos Jones, agente del Servicio de Inteligencia de la FACH en la década de los 70 y luego integrante del célebre Comando Conjunto.
En él también aparecieron los nombres de Carlos Krumm y del Coronel Gerardo Huber (este último, encargado de exportaciones e importaciones del Ejército y tercer jefe de la División Logística).
Como si eso fuera poco, el Ministro de la Corte Suprema señor Milton Juica estableció una conexión entre el tráfico de armas y la prolongación en el tiempo de la Operación Cóndor, esta vez con el fin de proteger a las redes de agentes involucrados en su accionar.
Más tarde, el asesinato -y no suicidio, como se quiso hacer aparecer- del Coronel Huber en el Cajón del Maipo enrareció aún más el caso.
Podría citar más ejemplos. Sin embargo, estamos reunidos aquí por el "caso Mirage".
La versión oficial señala que a fines de la década de los 80 la FACH debió sustituir los antiguos cazas Hawker Hunter de su Grupo Nº 8 y que hasta 1993 los especialistas estudiaron varias alternativas: ofrecimientos de Israel, Inglaterra, Sudáfrica, Suecia, etcétera.
Para materializar la adquisición de aviones Mirage, en 1994 comenzó una larga cadena de triangulaciones comerciales, pagos de comisiones y depósitos en cuentas bancarias.
En general, ha habido un área oscura, rara, que debe aclararse de manera institucional.
Por cierto, falló la fiscalización, e igualmente, la institucionalidad. Claramente, el Estado chileno no logra dar cuenta de cómo compra el armamento para proteger la soberanía nacional.
Los Mirage, propiedad de SABCA, fueron vendidos conjuntamente por esta empresa y Europavia (representada por Lefebvre) a una tercera parte del total de 109 millones de dólares, por intermedio de una empresa también diferente.
Según declaraciones del propio general Lefebvre, esta empresa era un "dispositivo chileno" que operaba en coordinación con otra empresa, Combak S.A., ubicada en Santiago y que era dirigida por un ciudadano belga radicado en Chile desde 1948. A través de esta última compañía se agilizó la venta de aviones a la FACH.
Hay muchas versiones que no han sido suficientemente investigadas. Una señala que los aviones que Bélgica vendió a la FACH fueron comprados a Holanda. Es decir, los belgas adquirieron aviones usados, dados de baja, los cuales habrían refaccionado.
Se requiere investigar qué tipo de material compró la FACH y la calidad de este, cuál era su procedencia real.
Señor Presidente, en materias de esta índole no es dable argumentar una contingencia política interna para señalar que no se puede debatir. Aquí hay una crisis de institucionalidad.
Durante la década de los ochenta Chile fue el principal exportador de armas de América Latina hacia países del Tercer Mundo. Luego de Colombia, representa el segundo país latinoamericano con mayor gasto en armamento: compramos más de dos mil millones de dólares, y señalamos que no hay carrera armamentista.
Existe un proceso de modernización de las Fuerzas Armadas, respaldado por todos los sectores. Pero este proceso debe estar garantizado por la transparencia, la ética, la probidad, la fiscalización y la institucionalidad.
Y eso no existe.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señor Senador. Incluso, se lo extendimos un poco más.
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín, a quien le pido circunscribirse estrictamente a los minutos asignados a su Comité.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, en primer lugar, deseo agradecer la oportunidad de realizar este debate, porque me parece que en materias de tanta relevancia el Senado no puede estar ausente ni mucho menos guardar silencio.
Evidentemente, no nos corresponde a nosotros actuar como los tribunales de justicia: no vamos a juzgar ni sancionar a nadie. Ello sería un acto inconstitucional.
Tampoco nos corresponde fiscalizar ni constituir comisiones investigadoras, como espero que lo haga la Cámara de Diputados.
Pero sí tenemos algunos roles que debemos cumplir, tal como lo hemos hecho en muchas otras instancias. No hace mucho discutimos la situación de la agricultura; también analizamos el problema de los deudores habitacionales y el de la deuda histórica con los profesores.
Cada vez que se produce un hecho relevante el Senado levanta su voz. Y frente a lo complejo, lo delicado del que ahora nos convoca, ante la magnitud de lo que está ocurriendo, nuestra Corporación debe levantar la voz.
El Senado es conciencia crítica de lo que sucede en Chile. Y tiene la autoridad moral para levantar su voz cada vez que sea necesario, a los efectos de dar a conocer sus inquietudes, su parecer; y así, como institución, hacer saber a las distintas autoridades del país cuál es nuestra voz, nuestro pensamiento, para definir qué deben realizar.
Quien crea o pretenda silenciar al Senado se hace cómplice de esos hechos. Esta voz no debe acallarse, por cuanto es la voz de la gente que se siente impotente hoy día para pronunciarse frente a actos de corrupción que, lamentablemente, siguen incrementándose en el país.
Aquí estamos ante un aumento de la corrupción, que no se detiene. Ya son tantas las denuncias que a los chilenos no les causa sorpresa. Se lee el diario y aparecen ahora nuevos casos: el Registro Civil, la Policía de Investigaciones. En el deporte, en los planes laborales, en obras públicas, en el INE, es decir, no hay lugar donde estos actos no nos llamen la atención.
La verdad es que aquí estamos frente a una situación grave. Que hoy se incorpore la compra de armamentos no nos puede dejar indiferentes, como algunos parecen querer que así ocurra.
Lo peor ante la corrupción es permanecer pasivos; lo peor es cuando se cierra el circuito de los hechos, con o sin participación del sector privado en el ámbito público -porque no siempre la corrupción es con el sector privado, a veces roban solitos, para la casa, para su partido, para la intervención electoral-, cuando llega a las policías y a los tribunales. Y las últimas señales que hemos visto nos preocupan. Porque el momento en que la corrupción se instala en los países es cuando llega, precisamente, a corromperse a las policías y a los tribunales. Porque ahí se cierra el círculo.
Y estamos, al parecer, en esa línea.
Por ello, la práctica de la compra de armamentos nos debe llevar a levantar la voz. Porque las cifras son cuantiosas. Hablamos de cientos de millones de dólares, cuestión que hoy día, a propósito de la compra de los Mirage, ha salido a la luz pública.
En consecuencia, por la moral pública, por la honestidad, el Senado tiene que levantar la voz y abrir, en cada hecho grave, la necesaria prevención, para que Chile sepa que el combate a la corrupción no va a terminar.
En el caso de los armamentos, nos encontramos ante una situación particularmente delicada. No es un asunto menor. Aquí tenemos un sistema que ha terminado siendo poco transparente para el país.
Este suceso fue denunciado hace mucho rato, hace más de diez años. Un Senador, el Honorable señor Ávila, tuvo participación en ese minuto. Y, como en muchas de las cosas, uno tiende a pensar que tal situación no ocurre, que no existe, muchas veces se descalifican, porque son voces críticas, voces políticas o voces opositoras, que entraban el camino, que quieren ensuciar la labor de las autoridades.
Pero no. Las investigaciones continuaron y, desgraciadamente, han aparecido involucrados, incluso generales de la Fuerza Aérea, algo que nos duele en particular, porque uno de ellos puede ser alguien que compartió con nosotros en el Senado.
¿Pero hasta dónde llega este proceso? No lo sabemos.
¿Cuáles son las responsabilidades que tuvo el Gobierno de la época en estas materias? Son los tribunales los que tienen que definirlo.
Sin embargo, no podemos quedarnos callados cuando escuchamos decir al Ministro de Defensa de entonces: "No, esto lo hizo el otro Gobierno", y al Ministro del otro Gobierno señalar: "No, si esto lo hizo el Gobierno anterior".
¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay claridad en esta materia?
Creo que los chilenos hoy día no sabemos bajo qué Gobierno se llevaron a cabo estos hechos. Porque don Patricio Rojas señaló que ocurrieron durante el Gobierno del Presidente Frei, actual Senador de la República. Pero el Ministro de Defensa de su Gobierno, Edmundo Pérez Yoma, dice que no, que sucedieron en el Gobierno anterior.
Este tipo de situaciones son las que nos dejan con poca claridad. Y queremos transparencia.
¿Es mucho pedir que el sistema de compra de armamentos en Chile sea transparente?
Me parece que aquí apuntamos al nervio del asunto.
No estamos haciendo un juicio particular, porque no nos corresponde. No estamos investigando. Pero queremos saber qué está pasando.

El señor GAZMURI.- ¡Lo que acaba de decir, ¿acaso no es un juicio particular?!

El señor LARRAÍN.- ¡Por favor¿! No le he dado ninguna interrupción a Su Señoría. ¡Sea respetuoso!

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Ruego al Senador señor Gazmuri mantener el orden.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, los chilenos queremos saber con claridad cómo se han hecho las compras de armamento; si acaso en otras adquisiciones, no solo la de los Mirage, han ocurrido situaciones discutibles y si existen investigaciones al respecto.
¿Se han hecho investigaciones? ¿Por qué se ha levantado la voz respecto de una nada más? ¿Es únicamente esa?
Quiero decir, para que no haya lugar a dudas, que tengo la mayor convicción de la honestidad del ex Presidente y actual Senador don Eduardo Frei. De manera que no estamos aquí cuestionando la honorabilidad de personas. Pero sí tenemos derecho a levantar la voz para que el país sepa qué está ocurriendo, por qué se han producido estos hechos.
Nos interesa saber también cómo se pretende avanzar en esta materia. Aquí se quiere descansar, probablemente, en las labores de los tribunales de justicia, como los principales responsables. Se pretenderá decir que, por último, si hay que fiscalizar tendrá que ser la Cámara de Diputados la que realice estas funciones. Y entiendo que así lo van a hacer.
A la Contraloría le corresponderá también dar cuenta de las toma de razón que haya efectuado en las adquisiciones correspondientes. Pero no queremos que el actual Gobierno y los anteriores dejen de hacer presente lo que han realizado respecto de cada una de las adquisiciones de armamentos en que han estado involucrados.
Además, creo que llegó la hora de definir un nuevo sistema de compra de armamento. Es tiempo de que hagamos el esfuerzo por cambiar las reglas del juego.
Necesitamos, en primer lugar, un sistema de compra de armamento que garantice un doble control, con más complejidad y precisión que el que hoy día se realiza.
Necesitamos, en segundo término, que en la elaboración de ese sistema participe el Parlamento, y no que este Poder del Estado sea informado a última hora de las cosas que se van a adquirir.
Y necesitamos, finalmente, transparencia. Hemos dictado leyes y modificado la Constitución para asegurar la transparencia. Pero no la conseguimos en todos los ámbitos.
Señor Presidente, solo si logramos asegurar esos hechos, junto con esclarecer hasta las últimas consecuencias lo ocurrido en el episodio específico de los aviones Mirage, podremos estar tranquilos de que Chile, en verdad, debía hacer algo al respecto.
Reitero: el Senado tiene un compromiso con la moral pública y con la honestidad. Y en la medida en que seamos enérgicos en el combate de situaciones como esta, buscando esclarecerlas hasta las últimas consecuencias, seremos testigos fieles de nuestro compromiso con la verdad, la honestidad y la probidad.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Frei.

El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, he querido participar en esta sesión, a pesar de que asumí un compromiso -lo voy a cumplir también-, para que no se crea que no estoy dispuesto a enfrentar las cosas. En mi vida siempre las he enfrentado, pues no tengo nada que ocultar.
Así lo he hecho saber en mis declaraciones públicas; así se lo hice saber al juez investigador, y así se lo hice saber a todos los funcionarios de la época de mi Gobierno.
El Ministro de Defensa Nacional de entonces, señor Edmundo Pérez Yoma, entregó ayer la respuesta a todas las consultas que le formuló el Ministro en Visita. Y seguiremos colaborando en la investigación.
No tengo nada que ocultar. Y tengo mi conciencia y mis manos muy limpias.
El punto más importante en este asunto -seguramente en el curso de la sesión se van a debatir muchos otros- es el de las comisiones. Todos los informes de la Fuerza Aérea fueron positivos para la compra. Había distintas alternativas -como señaló el Senador señor Navarro-, pero al final el organismo técnico: la FACH, recomendó los aviones Mirage.
Todos sabemos que los aparatos se adquirieron a un precio muy por debajo de su valor internacional. O sea, fue una buena compra para Chile. Eso es indiscutible. Se podría haber optado por otras alternativas -también era factible-, pero esa fue la que en definitiva escogió la Fuerza Aérea.
Por lo tanto, la cuestión, hoy día, es saber acerca de las famosas comisiones o coimas. Y eso lo habrá de determinar el juez. No lo vamos a dilucidar en esta sesión.
Deseo aclarar cuál fue el procedimiento empleado y el rol que cumplió mi Gobierno. Para ello, tengo a la vista los dos documentos centrales de dicha operación.
El primero se llama "Carta de Intenciones", suscrita entre el Fisco y la Fuerza Aérea de Chile, el Ministro de Defensa belga y la Sociedad Anónima Belga de Construcciones Aeronáuticas (SABCA), la cual contiene las bases y condiciones de la operación (para que todos entiendan, es como una promesa de compraventa).
Lógicamente, no leeré el documento, ya que consigna largos párrafos y no dispongo de tiempo. Su texto establece que el contrato definitivo debería suscribirse a más tardar el 1° de julio. Y se encuentra firmado, en forma clara, "Por Fisco, Fuerza Aérea de Chile, General de Aviación Jaime Estay Viveros, Comandante del Comando Logístico".
El documento tiene fecha 28 de febrero de 1994.
Posteriormente, el 1° de marzo de 1994, o sea, un día después, se firmó el decreto supremo.
Aquí está el decreto -los señores Senadores se lo pueden solicitar al Ministro de Defensa, como lo hice yo-, tramitado el 10 de marzo y que comienza como sigue: "Autorízase al Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile para invertir la cantidad", etcétera, con pagos diferidos, por intermedio del Comandante del Comando Logístico de la Institución y/o por el Jefe de la Misión Aérea de Chile en Londres, Inglaterra, en la adquisición de material de vuelo.
Y sigue con el detalle de los suministros, equipamientos adicionales, seguros, fletes, embalajes; alude al Ministro de Defensa, etcétera. Completito.
Ahí están las condiciones sobre monto, plazo de gracia, pago, intereses, pago contado, en fin, de todas las partidas, una por una.
En consecuencia, en el decreto se cierra el negocio -y ni quien habla ni ninguno de los funcionarios de la época teníamos nada que hacer-, y fue firmado por el Presidente de la República, el Ministro de Defensa Nacional, el Ministro de Hacienda y el Subsecretario de Aviación.
La única participación posterior -porque también se ha dicho que el Ministro de Defensa firmó el contrato definitivo en julio, lo cual no es efectivo-, fue la del titular de Defensa Nacional, quien envió una carta a su par belga (también figura entre los antecedentes con que cuenta el Ministro señor Goñi) pidiéndole que se hiciera un solo contrato.
Y, más tarde, ¿quiénes firmaron los contratos definitivos? Las mismas personas que suscribieron el decreto de 1° de marzo de 1994.
Por consiguiente, como dijo ayer el Ministro señor Pérez Yoma, nosotros únicamente implementamos lo que estaba sancionado, publicado y decretado por el Régimen anterior.
Lo relatado fue lo que hicimos como Gobierno.
No entraré en el análisis de los fundamentos de la presente sesión: se lo dejo a los Honorables colegas que deseen intervenir. Y no soy abogado ni experto en la materia, pero todos los informes que he recibido coinciden en que el solo hecho de convocarla para tratar este caso -como expresa la citación-, porque es un caso judicial, la coloca en el límite de la legalidad. Y ahí cabe considerar las atribuciones del Senado, de la Cámara de Diputados, en fin, no voy a perder el tiempo en explicitarlas. Ya habrá otros oradores que, con mayor ilustración, abordarán tal aspecto.
Si realmente queremos entrar a una discusión política de fondo, hablemos del financiamiento de las Fuerzas Armadas. Y digamos: "Terminemos con el aporte de 10 por ciento de las ventas del cobre y que todos los presupuestos de la Defensa sean aprobados por el Parlamento".

El señor LETELIER.- ¡Eso es!

El señor FREI (don Eduardo).- Ese es el problema de fondo. Lo demás es música.
Aquí hay un proceso judicial, donde el juez está pidiendo todo tipo de antecedentes, entre ellos los de las cuentas corrientes, para determinar exactamente quién recibió comisiones.
Por lo demás, el sistema de comisiones es bastante común en las compras de armamentos. Y todos sabemos que la gran mayoría de los representantes de equipamiento desde el extranjero hacia Chile son, por lo general, ex oficiales de las Fuerzas Armadas. Así que no nos hagamos los desentendidos.
Repito: si realmente queremos efectuar un debate político, no intervengamos en este caso -incluso, el juez decretó el secreto del sumario, y, por tanto, el señor Ministro de Defensa Nacional no puede referirse a él-, sino que discutamos en serio y frente al país acerca del financiamiento de las adquisiciones de la Defensa.
Terminemos con el aporte de 10 por ciento de las ventas de cobre a las Fuerzas Armadas -se halla en trámite en el Congreso el proyecto que modifica el Estatuto Orgánico de Codelco-; establezcamos para ellas un presupuesto público, el que habrá de ser multianual, en razón de sus necesidades, y que se debata y vote en el Parlamento.
¡Ese es el tema de fondo! ¡Lo demás es música y "emborrachar la perdiz"!
Reitero: esta es mi declaración. Y aquí tengo la que el entonces Ministro de Defensa le entregó al juez. Además, todos quienes fueron funcionarios de mi Gobierno recibieron la instrucción de colaborar, y, hayan sido citados o no, van a acudir donde el Ministro en Visita a entregar la información completa. No tenemos nada que ocultar.
Y aquí están los decretos, que acreditan que el negocio se cerró el día 1° de marzo de 1994 y que fueron tramitados con fecha 10 del mismo mes. Yo asumí el 11 de marzo de 1994.
Es cuanto puedo informar a la Sala. Y con la transparencia de siempre.
Ahora, me voy tranquilo a cumplir mis compromisos en el extranjero.
Muchas gracias.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Ruego evitar toda clase de manifestaciones en la Sala y en las tribunas.

El señor NÚÑEZ.- ¡Allá arriba, sí!
¡Aquí hacemos lo que queremos!

El señor GAZMURI.- Exacto.

El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, diríjase a las tribunas, no a nosotros.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- De acuerdo. Pero se trata de llevar la sesión lo más ordenada posible.
El Senador señor Ávila -no pudo asistir- ha solicitado que su intervención sea leída por el señor Secretario.
¿Habría acuerdo para ello?

El señor VÁSQUEZ.- No, señor Presidente.

El señor ARANCIBIA.- Me opongo.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- No hay acuerdo.
En el turno del Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Escalona.

El señor ESCALONA.- Señor Presidente, lamento que los autores de la Constitución del 80 y usted mismo pasen por encima del artículo 76, donde se dispone expresamente: "La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos.".
Su explicación es por completo insustancial y no oculta el hecho de fondo de que aquí, lamentablemente, se pasa por encima de la Carta, porque existe un proceso en marcha, en pleno curso, y se encuentra en prisión preventiva un ex Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.
Lamento que la Derecha, cuando le conviene, se olvide del Texto Fundamental. En este caso, para interferir en un proceso judicial que apunta a donde, en mi concepto, ella no quiere que llegue. Porque estimo que dicho proceso lleva directamente, si se investiga a fondo -lo demuestran incluso artículos de prensa que hemos podido conocer durante los últimos días-, a las conexiones de las cuentas secretas mencionadas en él con las del ex Comandante en Jefe del Ejército Augusto Pinochet, respecto a las cuales ya inició en su momento una indagación el Ministro Sergio Muñoz, quien, por desgracia, no pudo llevarla a término debido a que fue nombrado Ministro de la Corte Suprema.
Aquí hay una vinculación directa en el desvío de fondos, en el lavado de dinero, al amparo de una cláusula constitucional que inventó la Derecha -la de la inamovilidad de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas- y de una ley que inventó la Derecha: la Ley Reservada del Cobre.

El señor ARANCIBIA.- ¡Eso no es verdad!

El señor ESCALONA.- Es decir, en este caso se pretende traspasar hacia la Concertación los efectos prácticos y concretos de los andamiajes constitucionales inventados por la Derecha.
¡Aunque le moleste, señor Arancibia! ¡Porque usted fue Comandante en Jefe de la Armada y, deshonrando a su Institución, pasó de ese cargo a candidato a Senador,¿

El señor ARANCIBIA.- ¡Y estoy aquí por decisión ciudadana!

El señor ESCALONA.- ¿violando incluso el juramento, que había comprometido con la patria, de no participar en política mientras se hallara en él!
¡Esos son los hechos, señor! ¡Y a usted deberían darle vergüenza!

El señor ARANCIBIA.- ¡Aquí me tiene la gente!

La señora MATTHEI.- ¡Están desesperados¿!

El señor ESCALONA.- No se pongan histéricos ni nerviosos: cuando no les gusta lo que se les dice, ¡empiezan a gritar e interrumpir¿!

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Voy a pedirles a Sus Señorías que no interrumpan al Senador señor Escalona.

El señor ESCALONA.- Y en estos casos operó el conjunto de las cláusulas constitucionales inventadas por ustedes para mantener la autonomía fáctica de las Fuerzas Armadas frente a un Gobierno civil que no tenía los resortes fundamentales para ejercer efectivamente su condición de conductor del Estado.
Lamentablemente -como expresé-, el magistrado señor Muñoz no alcanzó a terminar la investigación que llevaba en forma directa a las cuentas secretas de Pinochet.
Con exactitud, la cantidad de millones de dólares que no se pudo aclarar de las cuentas secretas de Pinochet fue depositada, con vales al portador, por el propio representante de este, señor Aitkin, en el Banco Riggs, en fechas coincidentes con las de compras de armas, fechas estas últimas que acaba de aclarar el Senador Frei.
En suma, lamento que su condición de Presidente de la Cámara Alta, que obtuvo con los votos de las bancadas de la Derecha tras hacer dejación de su condición de Senador de la Concertación, en último término, como lo demuestra el curso del debate, ¡se haya prestado para una canallada contra el Senador Frei!
¡Porque aquí, simplemente, se prepara una acción política destinada a tratar de involucrar en la situación en comento a una figura de la Concertación que es ni más ni menos que el abanderado de tres de sus partidos para la próxima elección de Presidente de la República!
¡Aquí hay una canallada: buscar enturbiar la discusión electoral para manchar y afectar la honra de un ex Presidente de la República con fines de corto plazo, con fines politiqueros!
¿O acaso quien nos convocó a esta sesión no se presenta también como candidato a la Primera Magistratura de la Nación¿!
Sí, pues, señores: ¡aquí hay una clara y flagrante violación del artículo 76 de la Carta con el objeto de interferir en la investigación del magistrado Astudillo y, además, con una finalidad de mezquinos intereses de política contingente!
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Al Senador señor Escalona le sobró un minuto, que se agregará al resto del tiempo asignado al Comité Socialista.
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez, por 4 minutos.

El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, desde luego, quiero solicitarle una aclaración, ya no desde el ámbito estrictamente constitucional (porque, a no dudarlo, estamos en el límite de la validez constitucional de esta sesión).
Un grupo de Senadores le pedimos -Su Señoría lo sabe, y el señor Secretario, también-, a propósito de la situación en comento, convocar a una sesión especial para analizar, no el caso de los Mirage, sino el de la compra de armamentos de nuestro país. Y mi pregunta es por qué usted no nos citó para analizar seriamente de qué manera Chile ha venido comprando armas desde la época de Pinochet hacia adelante.
¡Si tenemos coroneles muertos! ¡Si tenemos, a propósito de las armas de esta nación, situaciones generadas en Hungría, en Serbia, en Croacia! ¡Si tenemos hechos que han provocado problemas extraordinariamente serios con países amigos, como Ecuador!
Esa fue, señor Presidente, la intención responsable, no politiquera, de diversos Senadores que le solicitamos convocar seriamente a la Corporación para analizar cómo se adquieren las armas de Chile; de qué manera se utilizan los recursos del Estado; la forma de emplear el 10 por ciento de las exportaciones de cobre, para que la Derecha nos contestara, de una vez por todas, por qué se ha opuesto a terminar con una situación absolutamente inaceptable desde el punto de vista ético: que las Fuerzas Armadas, por sobre los Poderes del Estado, dispongan de un porcentaje enorme de las riquezas de nuestro país para comprar armamentos sin que la ciudadanía ni el Parlamento tengan alguna posibilidad de conocer el motivo por el cual se adquieren, quiénes son los vendedores y como funciona el mercado de armas extraordinariamente sofisticadas.
Yo pedí la palabra básicamente para protestar por la manera como se nos convocó.
Si se nos hubiera citado en la forma que explicité, el Senado no se habría visto envuelto en una situación que pone esta sesión en el límite de la constitucionalidad y habríamos tenido, quizás, la posibilidad de que el señor Ministro de Defensa nos explicara de qué manera se vienen comprando las armas desde los años 80.
No ignoramos que existían situaciones particularmente complejas, desde el punto de vista territorial, que generaban una relación difícil con nuestros vecinos. Pero queremos saber por qué nunca se tuvo conocimiento en Chile de cómo se realizaban las adquisiciones militares y de qué manera llegamos a ser un país exportador de armas.
Nuestro propósito era ese, pero de ningún modo el de "analizar el caso de la compra de aviones Mirage, en 1994", que se halla en estos momentos en los tribunales de justicia.
Eso habría sido lo superior, lo que habría enaltecido nuestra función como Senadores.
Sin embargo, figuramos convocados con fines estrictamente político-coyunturales. Y aparecemos enfrentados a una situación específica en que solo se procura enlodar a una persona, a un colega nuestro: al Senador Eduardo Frei.
¡Esa es la intención, en circunstancias de que el Presidente de esta Alta Cámara tenía la posibilidad de habernos convocado para hacer un examen con altura de miras, en función del país y no de las pequeñeces en que se mueve la política chilena!
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ominami, por 3 minutos.

El señor OMINAMI.- Señor Presidente, creo que todos tenemos conciencia de que esta es una situación delicada, e incluso -yo diría-, dolorosa.
Con lo que está ocurriendo, todo Chile pierde. Están perdiendo las instituciones. Todo esto fortalece, desgraciadamente, las peores percepciones de la ciudadanía respecto de las costumbres, de las prácticas prevalecientes en la Administración y en las distintas instituciones.
No es un buen día para Chile -a mí me duele-, particularmente para la Fuerza Aérea, Institución que respeto, quiero y valoro.
Es sabido que soy hijo de un oficial de la Fuerza Aérea de Chile. Mi padre consagró toda una vida a esa Institución. Es cierto que, al final de su carrera, la historia tuvo, para él y para muchos otros oficiales y suboficiales, momentos muy difíciles.
Pero, afortunadamente, ese no fue el término de la historia. Hubo un reencuentro posterior. La familia aérea ha logrado recomponer sus relaciones. Han ido cicatrizando las heridas. He participado en encuentros extremadamente emotivos, donde han compartido los actuales altos mandos institucionales, aun con personas que fueron condenadas a muerte en consejos de guerra en que se faltó a cualquier criterio elemental del debido proceso.
Tengo una gran opinión acerca del General Sarabia y del General Ortega, quien dirige actualmente a la Fuerza Aérea de Chile. Me parece encomiable la labor de ambos, luego de gestiones difíciles de los dos Comandantes en Jefe que los antecedieron.
A la vez, comparto el dolor que deben de sentir los altos mandos por la situación que hoy enfrentan.
Señor Presidente, en el breve tiempo que me queda, quiero formular algunas observaciones.
Esta sesión responde a una inquietud legítima.
No tengo tiempo para entrar en el debate acerca de si nos encontramos o no en el límite de lo constitucional.
Sí debo decirle, señor Presidente, que discrepo de la forma como usted convocó a la presente sesión.
Ella fue citada para "analizar el caso de la compra de aviones Mirage, en 1994".
Como sucede con todos los años, 1994 tuvo doce meses. Y no da lo mismo aquel en que se realizó la adquisición.
La convocatoria tiene una intencionalidad política.
Creo que fue claro el ex Presidente Frei al señalar que las responsabilidades respecto a la compra en cuestión tienen que ver con la Administración anterior. Y es bueno establecerlo. No se puede dejar un manto de ambigüedad con relación a este hecho.
Por otro lado, resulta evidente -era un elemento mínimo de información- que la operación que condujo a la compra de los Mirage Elkan en 1994 se desarrolló con bastante anticipación: se venía preparando en la Fuerza Aérea al menos desde 1992.
Entonces, parece injusto centrar la atención en 1994, pues eso alimenta las acusaciones que se están haciendo aquí en el sentido de que se busca lesionar a una persona, hacerle un juicio político a un ex Presidente de la República.
Pienso, por consiguiente, que la convocatoria implica utilizar de mala manera las instituciones.
De otra parte, quiero decirle algo al Senador Larraín, a quien escuché con mucha atención: ¡qué bueno habría sido que la mitad del rigor que hoy pone para protestar por situaciones como la descrita la hubiese colocado cuando en nuestro país se vendió el patrimonio público a vil precio e inclusive correligionarios suyos se enriquecieron con las operaciones realizadas!
Finalmente, creo que sería importante reflexionar acerca de lo que ocurre con el General Vega, quien nos acompañó en el Senado durante ocho años, cuando la situación en comento ya se conocía. ¡No hubo ningún pronunciamiento ético al respecto!
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Senador señor Gazmuri, solo le resta un minuto en el tiempo del Partido Socialista.
¿Va a hablar al final?

El señor LETELIER.- Eran tres minutos para cada uno, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Lo que sucede es que el Senador señor Escalona habló por cinco minutos; el Honorable señor Núñez, por cuatro, y el Senador señor Ominami, por cuatro.

El señor VÁSQUEZ.- El Comité Radical Social Demócrata le cede dos minutos al colega Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Muchas gracias.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Senador señor Gazmuri, tiene la palabra por 3 minutos.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, en primer lugar, con la obligación de ser muy sintético, debo decir que, desde el punto de vista formal, la convocatoria no corresponde a lo que el Senado debería discutir. Porque se nos cita para "un caso".
En segundo término, como indicó el colega Núñez, varios Senadores habían solicitado celebrar una sesión especial para, sobre la materia en comento, abordar lo que a mi juicio hay que debatir.
Nunca se había convocado de este modo: todas las sesiones especiales se habían celebrado por petición del número reglamentario de Senadores o por acuerdo de Comités.
He sostenido de manera pública -lo reitero en la Sala- que usted, señor Presidente, hizo un uso completamente arbitrario de una facultad que tiene; que ha faltado a la prudencia con que siempre se ha dirigido al Senado, desde que lo conozco.
¡Yo nunca había visto -fui Vicepresidente bajo el mandato de dos Presidentes- un uso tan arbitrario de la facultad que le entregamos al Presidente de esta Corporación en el sentido de, a los efectos de nuestros debates, ordenar, dirigir y dar confianza!
Contrariamente a lo que había pensado, no voy a presentar censura contra usted, señor Presidente, solo porque, siendo esta la penúltima sesión que dirigirá -entiendo-, ello, consecuencialmente, no generaría ningún efecto práctico.
Si queremos que esta sesión revista alguna significación, propongo como proyecto de acuerdo que la Cámara Alta determine una revisión a fondo de la Ley Reservada del Cobre. O sea, que, como Senado -ya que se plantea que es tan importante que tengamos opinión (opinión política, no acerca del caso)-, le pidamos formalmente al Ministro que durante la próxima legislatura sancionemos una nueva ley que norme las adquisiciones bélicas del país, donde el elemento central sea la obligación de que en ellas participe el Parlamento.
Constituye una anomalía completa que la inversión más relevante, la cual tiene que ver con la Defensa Nacional, no pase por el Congreso. Y ustedes, durante 18 años, no han otorgado el acuerdo político para que eso cambie.
Entonces, hoy resulta muy fácil hablar aquí de transparencia, usar palabras rimbombantes y hacer grandes declamaciones con las que todos estamos de acuerdo: transparencia contra la corrupción. Pero un elemento central de transparencia es que las compras en cuestión no sean automáticas y que pasen por el Parlamento.
A eso los desafío, porque ello sí que daría sentido concreto a una sesión especial de esta Corporación. Eso espera el país de nosotros, no pequeñas maniobras politiqueras como la que se ha pretendido cristalizar ahora.
Entonces, elevemos la mirada. Estamos todos de acuerdo en lo que dijo el Senador Larraín en cuanto a que en esta materia se requiere transparencia. También le escuché hablar de la participación del Congreso. Empero, me parece absurdo que solo pidamos informes. Lo que debemos hacer es cambiar la ley para poder seguir paso a paso las compras militares.

El señor CHADWICK.- ¡Queremos saber acerca de las "comisiones"!

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Daré la palabra al señor Ministro. Después pasaremos al tiempo de Renovación Nacional, donde el primer inscrito es el Senador señor Espina.
Tiene la palabra, señor Ministro.

El señor GOÑI (Ministro de Defensa Nacional).- Señor Presidente, señoras y señores Senadores, como es de conocimiento de todos ustedes, la situación por la que ha sido convocada esta reunión se enmarca en las restricciones impuestas por la causa que lleva el Ministro en Visita Extraordinaria, don Omar Astudillo.
En ese contexto, estimo importante señalarles que el Ministerio de Defensa Nacional está cooperando activamente en la investigación, según los requerimientos del mencionado Ministro. Por lo tanto, me debo a la reserva por él resuelta.
Solo quiero manifestar, de manera muy categórica, que tenemos plena confianza en la investigación que realiza dicho magistrado y en que ella determinará los delitos y los responsables.
Al respecto, esperamos las máximas sanciones para aquellos a los que la justicia sindique como culpables. Chile no puede tolerar delitos como los que hemos conocido. El solo hecho de que se cuestione a tan altas autoridades de una institución armada incomoda a toda la Defensa Nacional. Y, por cierto, somos los primeros en demandar una investigación acuciosa que señale a los responsables.
Les confirmo a Sus Señorías que el Gobierno ha estado colaborando activamente en la investigación. Y, sin duda, seguiremos haciéndolo frente a todos los requerimientos que el Ministro Astudillo u otra autoridad judicial nos plantee.
Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, mi presentación se referirá a los antecedentes y procesos relacionados con las compras de las Fuerzas Armadas hoy en día.
En primer lugar, las adquisiciones logísticas permanentes de las Instituciones mencionadas, tal como sucede en el resto del aparato público, se rigen por el sistema de ChileCompra. No obstante, considerando su volumen que representan, hemos establecido, además, una serie de procedimientos y controles complementarios. Puedo citar los siguientes:
1. A partir de transacciones iguales o superiores a mil unidades tributarias mensuales, las Instituciones deben exigir la acreditación en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado.
2. Previo al inicio de cualquier gestión administrativa tendiente a la compra o contratación de bienes o servicios cuyo monto sea superior a las mil unidades tributarias mensuales mencionadas, se deberá informar al Subsecretario respectivo.
3. La capacitación y actualización de los profesionales en auditoría es un elemento esencial para fortalecer el control. Dado lo anterior, las Instituciones deben remitir a la Auditoría Ministerial de Defensa los programas de capacitación anuales, debiendo contemplar obligatoriamente capacitación para sus contralorías e inspectorías.
4. Toda visita inspectiva realizada por la Contraloría General de la República es informada por la Institución a la Subsecretaría correspondiente, así como a la Auditoría Ministerial de Defensa, dentro del plazo de 10 días, a lo que se agrega la remisión, al término de la diligencia, de un informe con las situaciones observadas y las medidas adoptadas por la Institución para subsanarlas.
5. Al término de cada trimestre, las Instituciones envían al Subsecretario y a la Auditoría Ministerial de Defensa un informe de las investigaciones sumarias y sumarios en curso o finalizados, con la explicitación, en cada caso, de la situación que les dio origen.
Respecto a las licitaciones vía ChileCompra, puedo informar, por ejemplo, que en los últimos trece meses se han realizado unas 29 mil, de las cuales 45 han sido objeto de reclamos de oferentes. Me refiero a un volumen de recursos superior a 240 mil millones de pesos que se mueven por este medio.
Ahora bien, con respecto a las compras vinculadas con sistemas de armas, puedo hacer presente a los señores Senadores lo siguiente.
Un primer punto se asocia a cuáles son los antecedentes y apreciaciones que justifican un proceso de compra. En general, se derivan de las decisiones político-estratégicas sobre la estructura de la fuerza militar necesaria para lograr los objetivos superiores del país en materia de seguridad externa, hechos públicos y transparentados estos últimos en nuestros Libros de la Defensa Nacional números 1 y 2.
A partir de esas decisiones se planifica, entonces, la adquisición, recuperación, modernización y mantenimiento de los componentes de la fuerza militar.
En cuanto a la adquisición de un sistema de armas, ella se define sobre la base de la necesidad de mantener las capacidades de combate dentro del marco de la estructura de la fuerza, a fin de reafirmar o aumentar el grado de contribución militar a la disuasión del Estado frente a potenciales amenazas o riesgos.
En ese contexto, se diseña normalmente para reemplazar a un sistema de armas que sale de servicio por haber enterado su vida útil y que, por su obsolescencia, no estaría desempeñando su papel dentro de la estructura de la fuerza.
Para cumplir con ese fin, las instituciones permanentemente adaptan sus organizaciones e incorporan metodologías modernas de evaluación de proyectos, considerando la participación de grupos profesionales multidisciplinarios -técnicos, financieros y jurídicos- en el proceso de formulación, evaluación y adopción de alternativas de solución. Establecida cuál es la más recomendable, informan al Ministro de Defensa Nacional, a través del Comandante en Jefe respectivo, o bien, del Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, cuando corresponda.
Independiente de la fuente de financiamiento que considere la solución propuesta, el Ministro de Defensa Nacional cuenta en la actualidad con el Comité de Evaluación de Proyectos, en tanto organismo que realiza la estimación técnica y financiera de los proyectos de inversión conjuntos e institucionales, el cual se constituye, por lo tanto, en un instrumento esencial para la toma de decisiones de esta Secretaría de Estado relacionadas con inversión de fondos.
En lo atinente a los sistemas de armas, describiré a continuación el proceso establecido y el flujo de autorización para las inversiones en defensa:
1. Cada Institución, de acuerdo a sus requerimientos y necesidades, prepara y presenta un perfil de proyecto al Ministro de Defensa Nacional.
2. El Ministro, de acuerdo al Sistema de Proyectos de Inversión en Defensa, remite el perfil al Comité de Evaluación de Proyectos, instancia que, aplicando la metodología del "Manual de Normas y Procedimientos para la Presentación y Evaluación de Proyectos de Inversiones en Defensa" -documento ya aprobado y que se encuentra a disposición de los señores Senadores-, valida lo presentado y propone su aprobación, rechazo o postergación.
3. Una vez evaluado por el Comité, el Ministro de Defensa comunica al respectivo Comandante en Jefe la aprobación, rechazo o postergación del proyecto.
Cabe destacar que entre julio de 2007 y octubre de 2008 se han recibido en dicho organismo 30 proyectos del conjunto de las Instituciones de las Fuerzas Armadas. Y se estima que se evaluará un número importante de otros nuevos durante el presente año.
4. En caso de ser aprobado y existir los recursos destinados al proyecto específico, se dispone la elaboración del proyecto de decreto supremo respectivo, donde se detallan la inversión; los accesorios asociados; el detalle del pago y la organización institucional en que debe recaer la responsabilidad de la materialización administrativa y la respectiva rendición de cuentas. Normalmente, es un órgano central logístico institucional y/o la misión militar, naval o aérea en el extranjero.
5. Promulgado el decreto supremo, a través de este se autoriza al Comandante en Jefe de la Institución para que, por intermedio de la respectiva unidad logística institucional y/o misión militar, naval o aérea en el extranjero, cumpla con lo dispuesto en el texto, como también protocolice los contratos o documentos necesarios para tal efecto. La organización, como cuentamandante de los fondos puestos a su disposición, deberá ejecutar todo el proceso administrativo conforme a las disposiciones legales vigentes.
Por otra parte, es importante señalar que los recursos asignados para la materialización de las inversiones son sujetos a la auditoría permanente de la Contraloría General de la República y a la de cada Contraloría institucional en cualquier momento de su ejecución.
Desde hace ya algunos años, las Instituciones castrenses, a través del Ministerio a mi cargo, han estado informando a las Comisiones de Defensa de ambas ramas del Congreso en cuanto a los principales proyectos relacionados con sistemas de armas. Ministros y Ministras, Subsecretarios, Comandantes en Jefe y especialistas de las Instituciones han entregado tales antecedentes. Solo cito algunos de los que los señores parlamentarios han conocido: Alcatraz, Danubio, PZM, Puente Dos. Asimismo, se han hecho exposiciones acá sobre los proyectos Centauro, Bandada, F-16, etcétera.
Naturalmente, ello lo ha efectuado el Ejecutivo de manera voluntaria, pues no tiene ninguna obligación legal de hacerlo. Sin embargo, lo hemos realizado con mucho gusto, por entender que el Congreso debe hallarse debidamente enterado, en el marco de la debida reserva que se requiere, de los procesos de adquisición de armas.
Distinguimos claramente el secreto del secretismo. Comprendemos que todas estas materias exigen confidencialidad, pero no avalamos ni avalaremos el secretismo que se vivió años atrás en el ámbito que nos ocupa.
Vale la pena reiterar que la Defensa debe ser considerada como un bien público que solo puede ser provisto por el Estado. En consecuencia, debe constituir una política de Estado por su alto grado de consenso político; por la situación política estratégica, siempre dinámica, tanto a nivel vecinal, regional o mundial; por la necesaria eficacia y eficiencia operacional, y por su inherente mirada a largo plazo.
Por lo anterior, las decisiones de adquisición se encuentran ajustadas a la disposición de recursos fiscales en tanto gasto e inversión, a las amenazas externas, a la función de producción de la industria y a las opciones presupuestarias alternativas.
En ese contexto, como a los señores Senadores les consta, nos encontramos comprometidos con la modernización del sistema de defensa de Chile, intención que se expresa en el proyecto de Ley Orgánica del Ministerio de Defensa Nacional, actualmente en segundo trámite constitucional en esta Corporación, después de haberlo aprobado por unanimidad la Cámara de Diputados en todos sus aspectos sustantivos. Una vez promulgado, el país podrá contar con un mecanismo efectivo, conjunto, moderno y adecuado a la realidad de los escenarios de conflicto en el siglo XXI.
Además, existen otras iniciativas en desarrollo. Dentro de las más importantes, solo citaré las siguientes:
-Un nuevo modelo de financiamiento de la Defensa que recoja lo conjunto; que respete el principio de mediano y largo plazos de las inversiones en el sector; que entregue al Parlamento el rol que le corresponde en estas materias y que los señores Senadores han señalado, y que formalice y profundice la necesaria transparencia del sistema de adquisiciones.
-Una nueva carrera militar que permita contar con los mejores hombres y mujeres en los mandos y escalafones especializados de las Instituciones armadas.
En su momento, los señores parlamentarios aprobaron la ley sobre soldados profesionales, que reduce la cantidad de efectivos del Servicio Militar y especializa a los mejores para mantenerlos por más años en la Institución, lo cual permite, a la vez, disponer de personal preparado, técnica y doctrinariamente, para enfrentar con eficacia y eficiencia un eventual conflicto.
También acogieron la iniciativa legal que perfecciona las normas sobre la participación de fuerzas chilenas en operaciones de paz, originada en esta rama del Congreso, y que ha permitido dar un ejemplo al mundo del efectivo compromiso del país, representado por el Gobierno y por ustedes, con la colaboración en la mantención de la paz internacional.
En síntesis, Honorables Senadoras y Senadores, lo que está en nuestras manos es seguir modernizando el sector de la Defensa con los proyectos de ley ya en el Parlamento y con los que se encuentran en su fase de redacción para su posterior envío al Congreso Nacional. Ello, en el convencimiento de que los chilenos esperan y merecen un sistema de defensa que no solo les brinde seguridad externa, sino que también sea eficiente y transparente.
Me parece útil destacar que todos los sondeos de opinión pública muestran, este último tiempo, la enorme confianza de la ciudadanía en nuestras Fuerzas Armadas. ¡Ello era impensable hace veinte años, e incluso menos!
Hoy podemos sentirnos orgullosos de contar con militares altamente calificados e Instituciones efectivamente no deliberantes y que gozan de nuevo de un importante nivel de prestigio, no solo en nuestro país, sino también en el extranjero. Ello se fundamenta, esencialmente, en el favorable y alto nivel de confianza y trabajo conjunto en que se desenvuelven las relaciones entre las autoridades del Estado y los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea.
Confiar en nuestras Fuerzas Armadas implica distinguir y tener la convicción de que una acción individual no empaña el prestigio de las Instituciones ni podría dañar su activa e intensa convivencia con la sociedad, tal como se manifiesta cotidianamente, sustentada en el esfuerzo de sus integrantes, impulsados por el común y decidido objetivo de consagrar y mantener un sistema de defensa que brinde la seguridad que demandan todos los ciudadanos de nuestra patria.
Muchas gracias.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- A continuación, en el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra en primer lugar el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, en primer término, quiero hacerme cargo de las críticas formuladas a la convocatoria de la presente sesión, en el siguiente sentido. Sostengo que ella se ajusta estrictamente a lo dispuesto por la Constitución y la ley. Y, por lo tanto, Su Señoría ha actuado con total apego a la institucionalidad democrática existente en nuestro país.
El artículo 64 de nuestro Reglamento establece que "Las sesiones pueden ser ordinarias, extraordinarias o especiales.". Y define que en estas últimas se pueden tratar dos tipos de materias: las que dicen relación al Orden del Día y las correspondientes a la hora de Incidentes. Y en Incidentes, según el artículo 102, es posible debatir cualquier asunto o cuestión que se juzgue de interés público. ¿Alguien puede sostener seriamente que discutir acerca del robo de 15 millones de dólares al Estado de Chile, a través de la coima, no es un asunto de interés público? Por lo tanto, señor Presidente, le expreso desde ya que usted se ha ajustado plenamente a la ley y al Reglamento de nuestra Corporación.
En segundo lugar, deseo advertir que aquí se ha pretendido desviar el foco del análisis. No estamos ocupándonos en la Ley Reservada del Cobre, materia a la cual se referirá después el Senador señor Romero. Sin embargo, luego de escuchar al señor Ministro, más me convenzo del error que comete la Concertación, porque, sobre la base de ese mismo cuerpo legal y de la misma legislación de las Fuerzas Armadas, sin cambiarles un ápice, dijo que se ha dictado un protocolo que permite cuidar las platas públicas en las compras de armamento.
La pregunta que me formulo es por qué, existiendo esa ley, no se realizó ello antes y no se fiscalizaron las platas del Estado.
Señor Presidente, hay dos deberes de los Gobiernos en materia de la administración de recursos: uno, preocuparse de que estos últimos se utilicen bien y se focalicen adecuadamente, porque no les pertenecen a ellos, sino a todos los chilenos; y dos, cuidar de que no se dilapiden y, finalmente, se roben.
¡Y aquí estamos frente a un caso en que al Estado de Chile le robaron casi 15 millones de dólares! En efecto, pagó 109 millones de dólares en la operación, y ocurre que, según la investigación del señor Ministro, se cancelaron cerca de 15 millones en comisiones ilegales. Ello significa que la compra de los aviones ascendía a 95 millones de dólares, y el Estado desembolsó 109. ¡Y nadie ha dicho palabra alguna sobre el particular!
O sea, se pagaron 109 millones de dólares por aparatos cuyo costo era de 95, porque se metieron 15 millones al bolsillo. ¡Y nadie dice nada!
En esta sesión -y lo señalo con el mayor respeto- no he visto a ningún parlamentario de la Concertación¿

El señor OMINAMI.- ¡El Senador señor Ávila sí lo dijo!

El señor ESPINA.- Por regla general, no interrumpo a nadie, señor Presidente. Así que pido que no me interrumpan a mí.
Lo que destaco es que constituye un hecho objetivo que desaparecieron 15 millones de dólares.
Pero ese no es el único caso, porque si vemos cuál es el historial en materia de corrupción durante los últimos años, se pueden anotar también los de CHILEDEPORTES, Ferrocarriles, ciertos hospitales, INDAP, CONADI, Registro Civil. Este último, entre paréntesis, es el ministro de fe del nacimiento, matrimonio y muerte de los chilenos.
¡Y ocurre que se roban la plata y siempre se dice que son situaciones aisladas!
Ahora se suma el lamentable episodio de la compra de armamentos.
Deseo subrayar que la negligencia inexcusable es de los dos Gobiernos de la Concertación donde se efectuó tal operación.
Ello se observa en el de Patricio Aylwin, en efecto, porque lo que debió implementar en forma diligente fueron mecanismos de control y evaluación que le permitieran comprobar que los 109 millones de dólares que el Estado pagó estaban destinados exactamente a la adquisición de aviones, sin terminar 15 millones en los bolsillos de terceros, como lo está investigando un juez, los cuales, en definitiva, fueron robados al Estado de Chile.
En la misma negligencia inexcusable incurrió el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, porque, más allá de que la operación solo haya sido implementada en su período, lo menos que uno espera de una Administración que asume es que revise los contratos firmados por la anterior y vea si se han cautelado adecuadamente los recursos fiscales.
Pero lo más grave es lo que ha dicho el propio ex Presidente Frei, cual es que todos sabían que se pagaban comisiones. Si es así, quisiera preguntar cómo él o las autoridades de su Gobierno no tuvieron la preocupación de investigar cómo se estaban gastando los 109 millones de dólares pertenecientes a todos los chilenos.
Aquí no estamos haciendo referencia a lo penal, señor Presidente, sino a la responsabilidad política de Gobiernos que pagaron 109 millones de dólares -repito- por la compra de aviones que valían 95 millones, habiendo desaparecido 15 millones. Y alguien debe responder políticamente por ello, en definitiva. Así ocurre en toda democracia.
¡Pero nadie lo está haciendo por la pérdida de esos recursos, que pertenecen a todos los chilenos!
Y fíjese, señor Presidente, que nada se hizo con los mecanismos de control existentes en la época ni con las etapas que había que pasar para garantizar que los recursos se gastaran bien.
Hace 10 años, el Senador señor Ávila puso una luz de alerta sobre esta situación. Yo pregunto: ¿No investigaron los Gobiernos de la Concertación, durante todo este tiempo, lo que había ocurrido con esta operación desde el punto de vista administrativo -no penal-? ¿No dijeron: "¡Atención! Un Senador de nuestra coalición nos está señalando que, eventualmente, aquí existen irregularidades"? ¿A nadie se le ocurrió analizar cómo se desarrolló la operación, qué antecedentes había, o incluso querellarse para que se investigaran los hechos?
¡No pasó nada, señor Presidente!
O sea, aquí se ha sentado el principio de Poncio Pilato: lavarse las manos frente a la responsabilidad política que cabe ante hechos gravísimos para Chile.
Y el ex Presidente Frei no puede circunscribirse a la Ley del Cobre y decir que lo demás es música. ¡Cómo va a ser música que en un país desaparezcan 15 millones de dólares! ¡Eso no es música! En cualquier estado democrático el Senado se reúne para analizar una situación grave, así haya ocurrido en el Gobierno anterior, en el que precedió a aquel o en cualquiera.
Nuestro deber es cautelar los recursos de los chilenos. A nosotros nos eligieron, y por eso en la discusión de la Ley de Presupuestos procuramos cuidar la plata que nuestros compatriotas pagan con sus impuestos.
En este caso, señor Presidente, ha habido una negligencia inexcusable, porque se perdieron 15 millones de dólares que pertenecían a todos los chilenos.
Por último, quiero pedir al señor Ministro que nos entregue las normas a que hizo mención, junto con los antecedentes que tenía el Senador señor Frei, pues nos parecen relevantes a los efectos de hacer una evaluación.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Romero.

El señor ROMERO.- Señor Presidente, creo que esta sesión ha tenido de todo.
Desde luego, aquí ha habido disparos a diestra y siniestra, de todo tipo y de distinta naturaleza. Lamentablemente, quienes fueron objeto de esos disparos no pueden defenderse. Resulta que a veces actuamos como tribunal de facto.
Me parece que tenemos que analizar con altura de miras una situación como la ocurrida con la adquisición de armamento. Y he llegado a la conclusión de que el Senado no puede permanecer impasible, sin dar a conocer su voz y su opinión.
Es muy importante que esclarezcamos los hechos ante la opinión pública. Y para ello hay distintas vías.
Las responsabilidades no solo tienen carácter judicial -se ha designado a un ministro en visita para determinarlas y nosotros expresamos nuestro irrestricto respaldo a que su actuación sea absoluta y claramente independiente-; también existe una fiscalización política, que corresponde a la Cámara de Diputados, tal como lo establece nuestra Carta Fundamental. Y nosotros respaldamos la creación de una comisión investigadora para definir con precisión las responsabilidades políticas en la compra y adquisición de armas.
No obstante, hay algo que va más allá y apunta hacia el futuro. En esa perspectiva, estoy preparando, en conjunto con otros señores Senadores, un proyecto de acuerdo -espero que la Sala lo respalde- orientado a que el Congreso Nacional asuma un rol rector en estas materias. Debemos reconocer que no podemos quedar circunscritos a la aprobación anual de los presupuestos de la Defensa Nacional. A mi juicio, debería incluirse al Senado en la decisión de compra de sistemas defensivos, la cual, hasta ahora, ha sido de la exclusiva y total competencia del Poder Ejecutivo.
En segundo lugar, me parece que la Cámara Alta claramente tiene que participar en la modernización del Ministerio del ramo. Y en la Comisión de Defensa, que presido, estamos trabajando para que el Parlamento juegue un rol más activo en dicha tarea.
Por tal razón, he presentado indicaciones al proyecto que moderniza esa Cartera con el objeto de que esta Corporación tenga una participación en el asunto; en concreto, para que se recabe su opinión -no vinculante- en las estrategias de defensa y para que el Ministro del ramo le rinda cuenta anual de tales estrategias, así como también de las adquisiciones de armas que hayan contado con la aprobación legislativa correspondiente.
Siento, señor Presidente, que nosotros tenemos una obligación, la cual, sin duda, dice relación a lo que la opinión pública necesita saber.
Hoy la opinión pública se halla confundida. Y lo está porque pareciera que estamos frente al comprahuevos, un juego muy conocido, antiguo y tradicional de Chile donde alguien va a un lugar y dice: "Señor, quiero adquirir determinada materia". Y le responden: "No, usted está equivocado. Vaya más allá. Ahí podrá comprar".
Eso es lo que está pasando. Pero nosotros no podemos quedarnos simplemente con la sensación de que aquí todos somos inocentes, porque el poncho no aparece.
Creo que tenemos la obligación moral, ética, de señalarle a la ciudadanía que este sistema de adquisición de armas caduco, silencioso y oscuro debe terminar.
De ahí que la Alianza y, en particular, el Senador que habla -reitero- hemos presentado indicaciones al proyecto que moderniza el Ministerio de Defensa para permitir que, en adelante -si ellas son aprobadas-, sea el Poder Legislativo, este Senado, el que conozca sobre la materia y apruebe las adquisiciones, y para que, así como el Banco Central y el Ministro de Hacienda dan cuenta de las finanzas nacionales, una vez al año el titular de la Defensa Nacional plantee sus puntos de vista en cuanto a las estrategias de su sector. Me parece sano y razonable que nosotros juguemos un rol en este asunto, a lo mejor no de manera vinculante, porque, en definitiva, tampoco se trata de que nos convirtamos en quienes desarrollen una actividad muy delicada, que requiere, naturalmente, una prudencia y un conocimiento técnico bastante especiales.
Pero lo que no podemos seguir aceptando es que existan zonas grises u oscuras donde debiera haber claridad. Los países desarrollados han adoptado normas de completa transparencia en este ámbito, y por eso que en el proyecto de acuerdo que plantearemos se busca que el Senado, al término de la presente sesión, pueda efectuar una propuesta -positiva, constructiva, de futuro- que evite que el día de mañana nuevamente debamos lamentar situaciones como la que ahora nos convoca.
Antes de finalizar, me voy a referir a las incisivas expresiones de un Senador de las bancas de enfrente que habló de la Ley Reservada del Cobre, de la Derecha, etcétera.
Quiero recordar a Su Señoría que dicha ley -la N° 13.196- fue dictada durante el Gobierno del General Carlos Ibáñez y que en ella le cupo una destacada y prioritaria actuación al Partido Socialista.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- A continuación le corresponde el uso de la palabra al Honorable señor Arancibia.

El señor VÁSQUEZ.- ¿Y el Partido Radical, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Está al final. Ahí Su Señoría podrá ocupar su tiempo con toda la delicadeza del mundo, como siempre lo ha hecho.
Después del Senador señor Arancibia voy a intervenir yo, por lo cual solicito autorización de la Sala para que pase a reemplazarme en la testera el Honorable señor Romero.
Acordado.
--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Romero.

El señor ROMERO (Presidente accidental).- En los minutos que restan a la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Honorable señor Arancibia.

El señor ARANCIBIA.- Señor Presidente, la intervención que usted acaba de efectuar me evita tener que resaltar frente al Hemiciclo el hecho de que la Ley Reservada del Cobre viene del Gobierno del Presidente Ibáñez.
Y esto lo digo con tranquilidad, con calma, sin actitudes histéricas, ni gritos, ni salivazos, ni ataques descalificadores a las personas, sino con la seriedad y el estilo que debieran ser los propios de esta Corporación y con el respeto que nos merecemos en la emisión de nuestras opiniones. Por lo menos yo he pretendido observar ese comportamiento durante mi trayectoria en esta Alta Cámara.
Lo primero que quiero plantear, señor Presidente, es la pertinencia de la convocatoria a esta sesión especial. Y lo voy a hacer respaldando algo que ya se ha dicho.
En este momento, nuestra Comisión de Defensa Nacional está analizando, en segundo trámite, el proyecto de ley que moderniza el Ministerio de Defensa Nacional. Y esa importante modificación presentada por el Ejecutivo conlleva, entre otras cosas, una reestructuración del sistema de adquisiciones militares.
¡Cómo es posible que frente a un hecho de conmoción pública y que constituye el centro de la noticia el Senado no haga un debate o un análisis respecto a lo ocurrido, para sacar lecciones que nos permitan brindar una mejor respuesta legislativa frente al desafío que nos significa la modernización de dicha Cartera!
Es el primer punto que quiero dejar despejado.
Por lo tanto, me alegro mucho de que el Presidente de la Corporación nos haya convocado hoy a sesión especial para discutir esta materia.
En segundo lugar, junto con reconocer la actividad desplegada, la actitud y la eficiencia del ministro señor Omar Astudillo, quien está investigando el caso, deseo expresar mi inquietud por el alargamiento del proceso, por el tiempo transcurrido desde que tuvimos conocimiento de él -se ha mencionado al Senador señor Ávila como un actor activo en la denuncia y planteamiento de los hechos- y por los altibajos que ha experimentado.
Recuerdo que, de tanto en tanto, aparecía el caso de los aviones Mirage y, milagrosamente, luego salía de escena; con posterioridad, volvía a hacerse mención de él y, de nuevo, se tranquilizaba el ambiente. Por eso, doy gracias a Dios de que el ministro Astudillo lo haya puesto otra vez en la palestra. Yo espero y confío en que llegará hasta las últimas consecuencias y definirá quiénes se apropiaron de los 15 millones de dólares que constituyen el foco de atención de la presente convocatoria.
Ojalá así sea. Tengo la esperanza -por la actitud que le percibo- de que dicho magistrado llegará a la conclusión del caso. Pero estemos conscientes de que, no sé si por manejo, descuido o cualquiera otra razón, este asunto ha perdurado en el tiempo, ha sido controlado y no se ha llegado en la justicia chilena a los resultados que todos esperamos.
Por otro lado, quiero referirme al proceso de compra de material bélico, pues alguna experiencia tengo en ese ámbito. De hecho, me correspondió proponer la adquisición de dos submarinos, que en este momento integran la escuadra de la Armada de Chile.
Dicho proceso es dinámico. Cierta parte de él, como lo ha mencionado el señor Ministro de Defensa, parte de un análisis político-estratégico que define las necesidades de la Defensa y, en virtud de ellas, el equipamiento específico que se precisa para satisfacerlas. Ahí se da una interacción técnico-profesional-política que permite iniciar el proceso.
Cuando el poder político manifiesta su conformidad se llama a licitación internacional, se reciben las propuestas, se hace una larga lista, se empiezan a analizar técnicamente los implementos que mejor satisfacen lo que el país requiere en materia de armamento, y se va avanzando.
En algunas etapas se convoca nuevamente al poder político ministerial. Quiero recordar al respecto la innumerable cantidad de veces que me reuní en la Comandancia en Jefe de la Armada con algunos de Sus Señorías para irles informando de cómo se estaba desarrollando la adquisición de los dos submarinos.
Insisto: se van cumpliendo etapas. Al finalizar una se pasa a la siguiente, y así hasta llegar a una corta lista de tres opciones que, técnicamente, la institución cree que satisfacen los requerimientos, las cuales, finalmente, se proponen al Presidente de la República -en esa época, vía Ministro de Defensa-, para que resuelva.
De esa forma se procedió en el caso de la adquisición de los submarinos: interactuando el poder político con la capacidad técnica institucional, a fin de obtener la mejor respuesta a las necesidades de defensa del país.
Por lo tanto, aquí no existe una muralla, como, de alguna manera, se ha tratado de plantear acá: a un lado la Fuerza Aérea de Chile, en la cual recaería la responsabilidad, y al otro, los políticos. Porque pareciera que estos solo entran a responder desde el momento en que se firma el respectivo decreto supremo. Eso no es así, y a Sus Señorías les consta. Hay una interacción permanente a través del tiempo, de lo cual puedo dar fe.
Reconociendo las modernizaciones y las mejoras introducidas por el Ministerio de Defensa en materia de control, hay que tener claro que en la época a que me refiero ya existía la interfaz que permitía tal interacción.
Y, como una manera de desmentir ciertas inquietudes de algunos sectores en el sentido de que esta sesión especial tendría un interés político particular, quiero concluir mis palabras expresando con absoluta convicción y firmeza que el proceso de adquisición de armas queda finiquitado y listo para ejecutarse con la firma del decreto supremo correspondiente.
En el caso de los aviones Mirage, eso ocurrió, me parece, el 10 de marzo de 1994, al término del Gobierno del Presidente Aylwin. Dejémoslo en claro: con la firma del Presidente de la República comenzó la ejecución de los fondos de los contratos por parte de un alto oficial de las Fuerzas Armadas¿
El señor ROMERO (Presidente accidental).- Ha terminado su tiempo, señor Senador.
En los 12 minutos que corresponden al Comité Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, quiero partir por decirle al Senado y, por cierto, a todo el pueblo, que, al igual que a cada uno de Sus Señorías, me guía un solo objetivo: que en nuestro país se hagan bien las cosas, se cuiden los fondos públicos -a los cuales contribuyen todos los chilenos a través de sus impuestos- y que cada uno de nosotros, sin excepción, se enmarque dentro de la Constitución y las leyes.
Por eso, actuando con la mayor libertad y sin apasionamiento alguno, no me voy a referir a las críticas que me han formulado hoy, ni tampoco a las que antecedieron a esta sesión, porque pienso que no contribuyen a nada bueno. Y se equivocan quienes las hicieron si creen que con ellas podrán lograr sus propósitos. Al contrario, cuando no se tienen argumentos y se cae en la injuria, en los insultos y en las suposiciones, lo único que se consigue es que la opinión pública no se forme una buena idea de ellos, lo cual es grave para los afectados, pero lo es más aún para la política.
Y al Senador señor Núñez, que me hizo una crítica a mi juicio seria, quiero decirle que yo no estaba en la reunión a que aludió: me había retirado antes. Pero, si hubiese conocido el documento que según Su Señoría firmaron varios Honorables colegas, me habría abierto y habría convocado a la sesión correspondiente. Si es posible llevarla a cabo en el futuro, cuenten con mi firma, pues me parece un buen camino analizar el tema en general, sin perjuicio de examinar en particular el problema que hoy nos ocupa, el cual, lamentablemente, no es menor.
Ahora, hay un asunto que me parece conveniente despejar de entrada. La facultad para citar a esta sesión especial, como muy bien lo han recordado algunos colegas, está en la ley. Simplemente, la he ejercido, y con prudencia, porque, si no hubiésemos celebrado la sesión, nadie entendería para qué están los Senadores y qué rol cumple esta Corporación.
Además, quiero hacer presente que aquí no entorpecemos facultad jurisdiccional alguna. Al contrario, ejercemos una atribución nuestra, que persigue un objetivo distinto. Se confunden quienes afirman que con esta sesión estamos entrando a conocer o a enturbiar un proceso judicial. ¡No! Eso es no entender el ordenamiento político chileno. Y ese problema no lo puedo arreglar, porque él se comprende o no.
En tal virtud, convoqué a esta sesión, y lo hice -Senador Ominami- de acuerdo a lo que tenía en mis manos. Si en la citación me refiero a 1994, es porque tal compra ocurrió ese año, además de que el Ministro de la época -no nosotros- ha señalado quién la inició y que, después, solo se concluyó la operación. No es de mi incumbencia entrar en otro terreno.
Esos son los hechos. En consecuencia, no me corresponde cargar la mano ni en un sentido ni en otro.
Sin embargo, aparte de la investigación judicial, será necesario que nosotros sepamos -a fin de hacer bien las cosas- cómo se efectuó tal adquisición: cuándo comenzó, en qué fecha terminó y cuáles fueron las atribuciones de cada una de las personas que intervinieron en ella, pues existen responsabilidades políticas, administrativas y judiciales, de acuerdo a los distintos roles.
Pero en el fondo, señor Presidente, aquí se parte de una necesidad objetiva de nuestras Fuerzas Armadas, las cuales nunca antes habían contado con un mayor respaldo de los Gobiernos, que las han dotado del material necesario y puesto en la situación en que hoy día se encuentran, lo que representa un gran logro.
No obstante, ello no es obstáculo para analizar lo efectuado, sobre todo en este caso particular.
Ahí hubo falencias. Se encontró acogida para citar a sesión especial y después entraron a tallar los Ministros del ramo.
Pero ocurre que hay un pequeño problema, señores Senadores, el cual no radica en la calidad de los aviones.
Al respecto, quiero recordar al Senador señor Ominami que hace tiempo ambos volamos en esos aparatos, y yo los encontré muy buenos, a pesar de que no soy experto en la materia. Pero pude viajar a la velocidad del sonido, y pude soportarlo.
Sin embargo, el problema es otro: que se pagó una comisión. Y eso es lo que la gente quiere saber.
Por lo tanto, si el Senador señor Gazmuri -o el Senado- desea censurarme, me sentiría honrado si por defender los intereses de los chilenos me hiciere merecedor de tal sanción, porque en eso nunca claudicaré.
Pero claramente aquí se pagó una comisión. Ahora se debe determinar a quién se canceló, porque yo entiendo que las comisiones se pagan al terminar una gestión o se fijan al comienzo de ella. Aquí solo se sabe que una de las partes la recibió y nada del resto.
En consecuencia, lo importante es que el juez esclarezca todo esto.
Pero también debe quedar claro que, de acuerdo con el actual sistema de compras, estas cosas pasan y no fueron cauteladas como corresponde. Para eso estaban los otros resortes en este tipo de negociación, y ellos son los que han fallado.
Señor Presidente, aquí se pagó una comisión que significó el robo de 15 millones de dólares, cantidad que pertenece a todos los chilenos y que ha ido a parar al bolsillo de personas que han actuado ilegal e ilegítimamente en contra del interés nacional.
Eso es lo que debe aclararse. Es lo fundamental. Todo el resto carece de sentido.
De ahí que consideré importante efectuar esta sesión. Porque nadie habría entendido que estas cosas resultaran irrelevantes. Además, seamos claros: esta fue la primera compra hecha por un Gobierno después de recuperar la democracia.
Yo luché durante 17 años por recuperar la democracia, no para que las cosas continuaran como estaban o se hicieran al margen de la ley y del Estado de Derecho. Luchamos, señor Presidente, por tener un sistema político donde no ocurriera este tipo de situaciones.
Lamentablemente, el hecho cierto es que durante el primer Gobierno después de recuperada la democracia se robaron 15 millones de dólares, y de ello tendrá que responderse judicial y políticamente en todas las instancias que corresponda.
¿Qué cosas podríamos sacar en beneficio de todo esto? Creo que de ahí podríamos empezar a entendernos.
El planteamiento del Senador Larraín, en mi opinión, es absolutamente congruente con el del Senador Gazmuri. Es lógico que nosotros revisemos el actual sistema de compras de armamentos y que establezcamos un sistema de adquisiciones en el cual el Congreso, en este caso en particular el Senado, tenga participación.
Creo que nuestra Comisión de Defensa podría abrir un espacio para aprobar un proyecto de acuerdo que facilite a la Presidenta de la República enviar un proyecto de ley que cree un procedimiento en el cual garanticemos, regulemos o podamos prevenir que situaciones de esta naturaleza vuelvan a ocurrir.
Porque esto, señor Presidente, es una vergüenza. Es una vergüenza que se boten 15 millones de dólares, como ha sucedido, y que la consecuencia final sea dejar entregado el problema a los tribunales de justicia, sin que nosotros tengamos nada que decir. ¡No! Tenemos mucho que decir.
El Senado de la República no es un mero observador. Tiene la obligación de cautelar la plena integridad del país y la transparencia. Ello debemos hacerlo conforme a la institucionalidad vigente. En manera alguna esto va en menoscabo del Poder Judicial o de la Cámara de Diputados.
Cuando se actúa en forma armónica dentro de un Estado de Derecho, se logra la plena vigencia del Derecho como una forma de supervigilar los organismos de control.
A eso debemos aspirar. Con tal objeto convoqué a esta sesión. Y lo hice porque creo que los recursos de todos los chilenos tenemos que cautelarlos, vigilarlos. Y si el Senado no hubiese expresado su parecer, la opinión pública habría dicho que aquí, en el país, todo se esconde y que nunca se llega a la gente que efectivamente debe responder. En definitiva, la disminución del crédito de la política sería doblemente agravada.
Por todo lo anterior, quiero dejar en claro cuál fue el motivo de mi decisión de convocar a esta sesión. Además, deseo recoger lo positivo que sería avanzar hacia un nuevo sistema de compra de armamentos en los términos señalados por los Senadores Larraín y Gazmuri, donde la Cámara Alta tenga la participación que corresponde, y que se apruebe un proyecto de acuerdo para que la Presidenta de la República envíe a la brevedad una iniciativa legal que sea la base para este nuevo ordenamiento en esta cadena que es muy importante preservar a fin de que, en definitiva, todos actúen con responsabilidad, cualquiera que sea el cargo en el que se encuentren.

El señor GAZMURI.- Pido la palabra.

El señor ROMERO (Presidente accidental).- Como el Honorable señor Zaldívar ha terminado su intervención, le ruego reincorporarse a dirigir el debate, porque hay tres temas pendientes: primero, que el Senador Gazmuri ha solicitado tiempo para vindicar su honor y su buen nombre; segundo, que el Senador Vásquez tiene pendiente su intervención, por cinco minutos, y tercero, que el Ministro Viera-Gallo ha pedido usar de la palabra por tres minutos, y el Senador Pizarro, por cinco.
Entonces, podría procederse de la siguiente manera: después de la intervención de los señores Senadores Vásquez y Pizarro, que el Ministro Viera-Gallo use los tres minutos solicitados. Luego la Sala se pronunciaría sobre la petición del Senador Gazmuri.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Vázquez.

El señor VÁSQUEZ.- Señor Presidente, la citación a esta sesión dice: con el fin de "analizar el caso de la compra de aviones Mirage, en 1994.", lo que es muy distinto de si hubiera sido para analizar el sistema de compra de armamento.
El asunto preciso está en manos del Poder Judicial. Estamos incursionando en algo propio de otro Poder del Estado. No se puede adoptar en principio un acuerdo distinto al de la citación a esta sesión especial. Por lo tanto, he asistido a ella solamente para efectos de señalar la inconstitucionalidad de la citación. Y el argumento de que el Presidente del Senado tiene el Reglamento, que se citó en este Hemiciclo, implica reconocer que una norma inferior, desde el punto de vista de la pirámide jurídica, tiene más supremacía que la Constitución. El Reglamento no posee la facultad de superar ni dejar sin efecto lo que la Carta Fundamental expresamente prohíbe: que nos avoquemos causas judiciales pendientes o hacer revivir procesos fenecidos.
Y si de respeto a la Ley Suprema se trata, señor Presidente, aquí han defendido la citación precisamente quienes inconstitucionalmente la apoyan e invocan sus disposiciones en contra del Presidente de la CUT. O sea, resulta que aplicar o no la Constitución solo obedece a motivos de conveniencia.
Y voy a decir algo más, señor Presidente, ya que los mismos que hoy día están reclamando hacer un análisis del pago de comisiones apoyaron la Carta de 1980, la cual, en sus artículos transitorios, prohibió que la Cámara de Diputados fiscalizara los actos anteriores al 11 de marzo de 1990. Entonces, el doble estándar está claro y preciso, lo que, a mi juicio, la ciudadanía debe tener en consideración.
Me alegro mucho -y, además, lo felicito- de que el Senador señor Arancibia haya reconocido que el proceso de compra de los aviones Mirage terminó con la dictación del decreto de 10 de marzo de 1994. Y, por lo tanto, expreso a Su Señoría mis agradecimientos por señalar que el Gobierno del Presidente Frei no tuvo ninguna relación con tal hecho.
Hago esa declaración porque siempre reconozco la caballerosidad, Senador señor Arancibia.
Señor Presidente, todos los casos mencionados expresamente por otro Senador de la UDI -como los citados en especial en esta sesión- dicen relación a materias de carácter político-administrativo. Pero en ninguno se han abordado específicamente asuntos que se encuentran en conocimiento de los Tribunales de Justicia.
Por lo tanto, no se puede sostener que la sesión haya sido convocada para conocer de un caso radicado en el Ministro señor Astudillo.
Por lo demás, teniendo presente que un Poder del Estado está conociendo de esta cuestión, habría sido más importante que nos dedicáramos hoy día a analizar lo relativo al desempleo y a solicitar a la Presidenta de la República que enviara el proyecto de ley que anunció, a fin de potenciar el trabajo de los jóvenes entre 18 y 24 años. Y podemos resolver que eso sea objeto de un proyecto de acuerdo.
También podríamos habernos preocupado de temas que no están, precisamente, en manos del Poder Judicial y que se encuentran dentro del ámbito de nuestras atribuciones.
Realmente me asombra la capacidad de acomodación que algunos hacen de la Constitución cuando se trata de temas políticos.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Conforme al Reglamento, pido la palabra por haber sido aludido por el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, he escuchado con atención las distintas posiciones de los colegas. Y, hasta ahora, francamente no logro entender con claridad cuál es el objetivo y sentido de esta sesión.
No voy a entrar al tema de la legalidad o de la constitucionalidad, porque ya se ha debatido bastante y, como siempre, al respecto hay opiniones variadas.
Pero es claro que uno de los objetivos que se persigue es tratar, de alguna manera, de reaccionar frente a lo que la opinión pública ha conocido como el "Caso Mirage". Y, evidentemente, porque algunos quieren conseguir algunas ventajas políticas y, claramente, como se ha dicho, se pretende también involucrar o mezclar al ex Presidente Eduardo Frei en esta situación.
Pero hay que ser más directo y más sencillo. ¿Qué sabe la opinión pública hasta el momento? Ella sabe que un juez está procesando a altos oficiales de las Fuerzas Armadas por cobrar comisiones indebidas, de manera ilegal, dolosa y engañosa, en perjuicio -como aquí se ha dicho por varios señores Senadores- del Estado de Chile. ¿Por qué? Porque lo han hecho pagar sobreprecios o un valor más alto por la compra de un equipamiento bélico que nadie ha discutido técnicamente. Es decir, el tema de fondo es el cobro de comisiones indebidas por altos oficiales de una rama de las Fuerzas Armadas, encabezada por su ex Comandante en Jefe, quien estuvo sentado entre nosotros como Senador. Eso es lo que la opinión pública sabe.
Pienso que eso es lo primero que hay que condenar. Es ahí donde están las responsabilidades, tanto personales como políticas de quienes dirigieron la Fuerza Aérea.
Aquí no podemos enlodar gratuitamente al Gobierno del Presidente Aylwin, al decir que en su Administración se robaron 15 millones de dólares.
En este momento, se está procesando a personas reales, con responsabilidades concretas, las que actualmente están presas por el cobro de comisiones ilegales. Ese es el tema.
Respecto a las responsabilidades políticas, claramente se ha determinado que, en términos del contrato, una vez firmado el decreto, lo que sigue para el Gobierno que sucedió al del señor Aylwin era ejecutarlo. Pero esto no correspondía ni siquiera al Ministerio de Defensa -como bien dijo el Almirante Arancibia-, sino a la institución respectiva. Y, seguramente, por esa razón están detenidos esos oficiales de la Fuerza Aérea. Esa es la verdad.
En consecuencia, venir a endilgar al Gobierno del Presidente Frei alguna responsabilidad política está fuera de toda lógica y de seriedad en su planteamiento. Y lo más delicado de todo es imputar a la Administración del Presidente Aylwin que en ella se robaron esa plata, lo cual me parece peor todavía. Porque todos sabemos que durante esos años las relaciones entre las Fuerzas Armadas y el mundo civil eran muy distintas a las actuales o a las que prevalecieron antes, a lo cual hacía referencia también el Almirante Arancibia.
Es cierto que varios de nosotros fuimos invitados a conocer respecto de compras de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Y lo hicimos de buena fe. Nos parecía que era un proceso adecuado. Pero, objetivamente, ¿teníamos alguna posibilidad de fiscalizarlo? ¿Existía esa opción real y concreta en el Gobierno del Presidente Aylwin? ¡No! Digámoslo derechamente: no la teníamos entonces ni la tenemos ahora.
Por eso, si queremos dar un objetivo a esta sesión, debemos dedicarnos en serio a dos cosas: primero, a despachar el proyecto de ley de modernización del Ministerio de Defensa, actualmente radicado en la Comisión respectiva del Senado. Hoy día escuché una radio en que nos achacaba que el Congreso llevaba 7 años discutiéndolo. ¡Cómo estará de mal informada la opinión pública! Entiendo que esa iniciativa fue despachada hace tres o cuatro meses por la Cámara de Diputados.
El objetivo central y prioritario del Senado debiera ser avanzar seria y sistemáticamente, y ojalá con un plazo acotado, en la modernización del Ministerio de Defensa, dejando establecidos claramente los mecanismos que permitan dar mayor transparencia al proceso de adquisición de armamentos y, junto con ese objetivo, también deberíamos abocarnos con más énfasis a la ley del cobre.
Sólo para terminar, señor Presidente, algo muy breve.
A mi juicio, si damos ese sentido a esta reunión, realmente tendría un objetivo serio. Y para ello, deberíamos aprobar, por unanimidad, un proyecto de acuerdo que implique celebrar una sesión programada para discutir sobre la compra de armamentos con mayor transparencia o que la Comisión de Defensa se dedique en forma prioritaria al estudio del proyecto de modernización del Ministerio de Defensa

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Ministro señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO (Ministro Secretario General de la Presidencia). Señor Presidente, deseo puntualizar dos cosas.
Lo que está en curso es un proceso judicial, y por más discursos que hagamos, en un sentido u otro, debemos atenernos a lo que resuelva la justicia. Y, como muy bien ha señalado el Ministro de Defensa, el Gobierno colabora estrechamente para esclarecer la verdad.
En segundo lugar, aquí se ha hablado de responsabilidad política.
Para mayor claridad, quiero citar las palabras del ministro Astudillo: "Merced a un procedimiento que supuso el empleo de diversas cuentas bancarias y operaciones de transferencias, lo que impresiona como buscado para ocultar su origen y destino, diferentes porciones de esos dineros beneficiaron directa o indirectamente a oficiales de la FACh".
Por lo tanto, en este caso no se trata de un robo simple, sino de uno donde confluyeron las voluntades de quienes, haciendo un juego financiero con cuentas a nombre de distintas personas, cobraron coimas.
¿Cómo puede un Gobierno, un Ministro de Estado, salvo que sea cómplice, saber -cual sabueso- que tras lo que le mandan como informe técnico hay una conspiración, que obviamente no se evidencia en los contratos respectivos?
¿Por qué se ha podido conocer lo anterior? Por la Ley Patriótica de los Estados Unidos, dictada después del atentado contra las Torres Gemelas, gracias a la cual se reveló lo concerniente a las cuentas del caso Riggs. De no ocurrir así, habríamos pensado que el General Pinochet era responsable de muchos crímenes, pero no ladrón. Ahora sabemos que lo fue. Y seguiríamos creyendo que todas las adquisiciones de armamento se efectuaban sin recibir coima alguna.
No se les puede imputar negligencia o falta de atención y preocupación a los Ministros de la época, porque en el caso que nos ocupa se cometió una estafa al Fisco muy bien manejada y urdida.
Si en el futuro los señores Senadores disponen de mayor participación en la compra de armas, es muy probable que los engañen igual, de intervenir gente tan astuta como la implicada en la operación en análisis.
Por lo tanto, no hablemos de responsabilidades políticas. Dejemos que la justicia actúe y atengámonos estrictamente a lo que ella determine.
Gracias.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- A usted, señor Ministro.
Ha terminado el Orden del Día.
Si le parece a la Sala, se prorrogará la sesión a fin de que el Senador señor Gazmuri, quien se sintió aludido por otro orador, haga uso de la palabra para vindicarse.
--Así se acuerda.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri, por tres minutos.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, me he sentido aludido de mala manera por su intervención al decir que yo, mediante la crítica a la oportunidad de la presente sesión, intentaba ocultar hechos gravísimos a la opinión pública.
Tal imputación es completamente gratuita, pues lo ocurrido reviste suma gravedad.
Yo pensaba que Chile, en el sistema internacional de comercio de armamento, se encontraba fuera de los países sobornados en forma sistemática por las potencias vendedoras. Esta situación es conocida y bien lo sabe quien se encuentre interiorizado en la materia. Durante mucho tiempo creí que nuestras Fuerzas Armadas estaban inmunizadas contra esa práctica tan habitual entre naciones en desarrollo que compran armas y grandes potencias que las venden.
Desgraciadamente, ello no es así.
El problema guarda relación con todo lo que aquí se ha manifestado, y viene del Régimen militar.

La señora MATTHEI.- ¡Esta no es una vindicación por haber sido aludido!

El señor GAZMURI.- Además, se conoció el caso de las coimas¿

El señor LONGUEIRA.- ¡No dimos la unanimidad para esto!

El señor GAZMURI.- ¿ en la compra de los aviones Mirage.

El señor ROMERO.- ¡El acuerdo no era para hablar otra vez!

El señor LARRAÍN.- ¡Es una nueva intervención!

El señor GAZMURI.- El Senador señor Zaldívar señaló que celebrar esta sesión resultaba fundamental para aclarar el punto central. Este -concuerdo con lo manifestado aquí- es el relativo a las coimas. Y no lo hemos aclarado un metro, porque el único que puede hacerlo es el magistrado Astudillo. Por tanto, solo nos cabe dejar que siga con su investigación, la cual está efectuando muy acuciosamente.
Si el objetivo de esta reunión era esclarecer el asunto de las coimas, ello es imposible de cumplir, pues carecemos de facultades en tal sentido. La finalidad de la citación no era discutir lo que sí debemos revisar: el sistema de adquisición de armas. El texto que recibí, en cambio, menciona el análisis del caso de la compra de aviones Mirage.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- La sesión llegó a su fin.
Dejo constancia de que el Honorable señor Larraín y otros señores Senadores presentaron un proyecto de acuerdo sobre la materia en cuestión, el cual yo también suscribí, y de que hay un segundo firmado solo por mí.
Al respecto, se ha planteado -surgió de Sus Señorías- que la Comisión de Defensa Nacional analice dichas iniciativas, las cuales le proponen al Ejecutivo que establezca un nuevo sistema para la adquisición de armas, en los términos que se han mencionado.
Insto a los señores Senadores a buscar un consenso en tal sentido -dispondremos de un tiempo prudente para ello-, a fin de poder dar un paso adelante.

El señor GAZMURI.- Hay un tercer proyecto de acuerdo, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- No me ha llegado.

El señor GAZMURI.- Le fue entregado al señor Secretario hace media hora.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Así es.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene razón. No lo había visto.
El Senador señor Gazmuri y otros colegas también presentaron un proyecto de acuerdo sobre el particular.
En definitiva, son tres las iniciativas.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Reglamentariamente, corresponde dar cuenta de estos proyectos de acuerdo en la próxima sesión ordinaria y dejar su resolución para el Tiempo de Votaciones de la subsiguiente, salvo que Sus Señorías, por unanimidad, decidan incluir tales iniciativas en la Cuenta de hoy y votarlas de inmediato.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Es mejor seguir el curso normal.

El señor LARRAÍN.- Ajustémonos al Reglamento.

El señor PIZARRO.- Sí, apliquemos la norma reglamentaria.

El señor NAVARRO.- Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- La sesión ha terminado, señor Senador. Se requiere el acuerdo unánime de la Sala para otorgarle la palabra, y no lo hay.
Se levanta la sesión.

--Se levantó a las 13:12.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción