REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 356ª
Sesión 89ª, en miércoles 21 de enero de 2009
Ordinaria
(De 16:20 a 20:13)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ADOLFO ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE,
BALDO PROKURICA PROKURICA, VICEPRESIDENTE, Y CARLOS KUSCHEL SILVA, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, los Ministros de Defensa Nacional, señor José Goñi Carrasco, y Secretario General de la Presidencia, señor José Antonio Viera-Gallo Quesney; el Subsecretario de Guerra, señor Gonzalo García Pino; la Subsecretaria de Hacienda, señora Olivia Recart Herrera, y el Jefe de Personal de la Fuerza Aérea de Chile, Coronel, señor Luis Araya Anders.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 15 señores Senadores.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 84ª, ordinaria, en 13 de enero; 85ª, especial, y 86ª, ordinaria, ambas en 14 de enero, todas del año en curso, que no han sido observadas.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que informa que ha prestado su aprobación al proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), suscrito en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 23 de mayo de 2008 (boletín N° 6.035-10) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores y a la de Hacienda, en su caso.
Cuatro del señor Ministro del Interior:
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre de la Corporación durante la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2009 (boletín N° 6.116-05), referido a la capacitación de los funcionarios municipales encargados de intervenir en situaciones de emergencia y a la elaboración de planes de contingencia parea enfrentar dichas situaciones.
Con los dos siguientes contesta igual número de oficios remitidos en nombre del Senador señor Navarro, relativos a la erección de un monumento en memoria de don Clotario Blest y a los planes especiales de empleo para la Octava Región.
Con el cuarto responde un oficio expedido en nombre del Senador señor Espina, acerca del Programa Previene.
Del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, referido a la utilización del subsidio al transporte regional, aprobado en forma paralela al otorgamiento de recursos para el Transantiago.
Del señor Subsecretario de Redes Asistenciales, por medio del cual contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Espina, sobre eventuales negligencias y errores administrativos o médicos en el Hospital de Collipulli respecto del caso que derivó en la muerte de doña Luz Adriana Acuña.
Del señor Director del Programa Capital Humano Avanzado de CONICYT, mediante el cual responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Coloma, relativo al otorgamiento de becas para realizar posgrados en Nueva Zelandia y Australia.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De las Comisiones de Hacienda y de Defensa Nacional, unidas, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1 (G), de 1997, y establece normas de ajuste remuneracional para el personal de las Fuerzas Armadas que indica (boletín N° 6.358-05) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
Dos de la Comisión de Hacienda, recaídos en los siguientes asuntos:
1.-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que concede un bono compensatorio para el personal de la Casa de Moneda de Chile y modifica la ley N° 20.309 (boletín N° 6.375-05) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
2.-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que prorroga el régimen de zona franca industrial de insumos de partes y piezas para la minería, en la comuna de Tocopilla, en la Región de Antofagasta (boletín N° 6.373-03) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Quedan para Tabla.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor LETELIER.-
Pido la palabra.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
La tiene, señor Senador.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, solicito incorporar a la tabla de Fácil Despacho la iniciativa que se encuentra en el número 6 del Orden del Día.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
¿Su Señoría se refiere al proyecto que modifica el sistema de otorgamiento de concesiones de radiodifusión sonora?
El señor LETELIER.-
Sí, señor Presidente.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados. El Senado había hecho lo propio en el primer trámite.
La única diferencia estriba en que nosotros aprobamos un texto que modificaba el otorgamiento de concesiones por un plazo indefinido, en tanto que la Cámara Baja permitió que esa vigencia fuera solo de tres años.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Se requiere unanimidad para¿
La señora MATTHEI.- Me opongo, señor Presidente.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
No hay consenso para acceder a lo solicitado.
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El señor NÚÑEZ.-
Pido la palabra.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, ayer solicité, en nombre de la Comisión de Educación, incorporar a la tabla de Fácil Despacho de hoy el proyecto signado con el número 7 del Orden del Día, en segundo trámite constitucional, que suspende por cuatro años la aplicación del artículo 3º transitorio de la ley Nº 20.158. Ello, porque dicho órgano técnico consideró inconstitucional la iniciativa. Así lo declaró ayer en forma unánime.
A todas luces, la iniciativa es inadmisible. Y por eso pedí a la Mesa incorporarla a la tabla de Fácil Despacho de hoy.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Si le pareciera a la Sala, se accedería a lo solicitado.
La señora MATTHEI.- No, señor Presidente.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).- No hay unanimidad.
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El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, antes del inicio de la crisis económica global, el Ejecutivo envió un proyecto -el que aparece signado con el número 5 del Orden del Día- sobre sistema de compensación y liquidación de instrumentos financieros.
Dada la actual situación mundial, sería muy importante aprobarlo hoy día.
La Cámara de Diputados lo despachó en forma unánime. Lo mismo hizo la Comisión de Hacienda de nuestra Corporación. De modo que podría ser incorporado a la tabla de Fácil Despacho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se procederá en la forma planteada.
La señora MATTHEI.-
De acuerdo, señor Presidente.
--Así se acuerda.
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El señor GÓMEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, pido recabar la unanimidad de la Sala para incorporar a la tabla de Fácil Despacho el proyecto que prorroga el régimen de zona franca industrial de insumos de partes y piezas para la minería en la comuna de Tocopilla.
La iniciativa, cuya urgencia fue calificada de "discusión inmediata", solo amplía un plazo. No contiene más que esa disposición, y sería importante aprobarla
.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Arancibia.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente, encuentro sumamente razonables todas las peticiones formuladas para incorporar diversos proyectos a la tabla de Fácil Despacho. Pero la primera iniciativa contemplada en el Orden del Día es la que establece un reajuste de remuneraciones para el personal de las Fuerzas Armadas. Si pensamos debatir todas esas materias antes, tendremos dificultades.
A no ser que el compromiso sea despacharlo hoy día a muerte¿
El señor LETELIER.-
¡A muerte, no¿!
El señor ESCALONA.-
¡No! ¡Así, no¿!
El señor LARRAÍN.-
Despacharlo a todo evento.
El señor LETELIER.-
Hasta su total despacho, sí.
El señor ARANCIBIA.-
¡Aquí habemos sobrevivientes de larga experiencia¿!
El señor LETELIER.-
¡Habemos varios ¿!
El señor ARANCIBIA.-
¡Usted no se preocupe, señor Senador, porque logró estar sentado acá hoy día¿!
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Entiendo que Su Señoría se opone.
El señor ARANCIBIA.- No doy la unanimidad, señor Presidente, porque quiero asegurarme de que el proyecto que se encuentra en el primer lugar del Orden del Día se discuta hoy.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Muy bien.
Entiendo que lo que quieren los señores Senadores es que los proyectos mencionados se traten esta tarde. Por tanto, propongo la siguiente alternativa: suspender la hora de Incidentes y ocupar el tiempo asignado a ella para despachar las iniciativas con "discusión inmediata" y las que indicaron los Senadores señores Escalona y Gómez y señora Matthei.
El señor PIZARRO.-
Pido la palabra.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
La tiene, Su Señoría.
El señor PIZARRO.-
Yo sugeriría ser más práctico, señor Presidente.
Están los proyectos con "discusión inmediata" -estos hay que despacharlos hoy de todas maneras-; los que se encuentran en la tabla de Fácil Despacho; el que prorroga el régimen de zona franca industrial en la comuna de Tocopilla; el que modifica el sistema de otorgamiento de concesiones de radiodifusión sonora. Estas últimas son todas iniciativas simples. Y tampoco habría problema para ver lo que planteó el Honorable señor Núñez.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
No existe unanimidad para ello, señor Senador.
El señor PIZARRO.-
Entiendo, señor Presidente. Pero estoy tratando de razonar sobre la base de lo que señaló el Honorable señor Arancibia.
Tenemos claro que el proyecto que se encuentra en el primer lugar del Orden del Día de todas maneras debemos despacharlo hoy. Pero no me gustaría que dejáramos de tomar un acuerdo respecto de las otras iniciativas. Porque, luego de analizar la que reajusta las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, habremos de continuar con la tabla, que contiene materias bastante interesantes, en cuyo tratamiento puede irse el tiempo, no solo del Orden del Día, sino además de Incidentes.
Si adoptamos el acuerdo a la inversa, en el entendido de que igual despacharemos el proyecto de reajuste para el personal de las Fuerzas Armadas, podremos sacar adelante las cinco iniciativas que mencioné, que efectivamente son de fácil despacho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Mi propuesta es parecida a la de Su Señoría.
Lo que planteo es que respetemos el orden de la tabla de hoy, pero asumiendo el compromiso de despachar, además de los proyectos de "discusión inmediata", las iniciativas indicadas por los Senadores señores Escalona, Letelier y Gómez y señora Matthei. Para ello suspenderíamos la hora de Incidentes. Y si no alcanzáramos a tratarlas todas, nos daríamos un tiempo extra.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
--Así se acuerda.
ADECUACIÓN DE LEY N° 18.455 A ACUERDOS SOBRE COMERCIO DE VINO Y DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS Y BEBIDAS AROMATIZADAS
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.455, sobre Producción, Elaboración y Comercialización de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres, para adecuar sus disposiciones a los compromisos internacionales adquiridos por Chile y perfeccionar sus mecanismos de fiscalización, con informe de la Comisión de Agricultura y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (5013-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 64ª, en 4 de noviembre de 2008.
Informe de Comisión:
Agricultura, sesión 86ª, en 14 de enero de 2009.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Los principales objetivos del proyecto son:
-Adecuar la ley Nº 18.455 al Acuerdo sobre el Comercio de Vino y al Acuerdo sobre el Comercio de Bebidas Espirituosas y Bebidas Aromatizadas, suscritos en el marco del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
-Aumentar la capacidad fiscalizadora del Servicio Agrícola y Ganadero, y
-Disminuir el monto mínimo de las multas aplicables por las infracciones a la Ley sobre Producción, Elaboración y Comercialización de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres.
La Comisión de Agricultura discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Espina, Larraín, Naranjo y Vásquez.
El texto de la iniciativa se transcribe en la parte pertinente del informe.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto.
El señor LARRAÍN.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, como señaló el señor Secretario, la iniciativa busca adecuar la ley N° 18.455, sobre Producción, Elaboración y Comercialización de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres, a los acuerdos suscritos con la Unión Europea, que nos obligan a introducir ciertas modificaciones.
En lo fundamental, el texto plantea suprimir las expresiones "cognac", "armagnac" y "grapa"; realizar cambios en los etiquetados para asegurar que las denominaciones de origen sean las que correspondan; aumentar la capacidad fiscalizadora del Servicio Agrícola y Ganadero abriendo la posibilidad de que los análisis de las muestras no se realicen solamente en sus laboratorios, sino también en otros autorizados por dicho organismo, y, finalmente, disminuir el monto mínimo de las multas de modo que el rango comience en 1 UTM. De esta forma, se logra mayor flexibilidad en la aplicación de ellas. Porque cuando son muy altas, resulta difícil aplicarlas. En cambio, el hecho de reducir el mínimo permite al juez mayor gradualidad y, por ende, tomar decisiones y fijar sanciones más efectivas.
Por lo tanto, considerando que la Comisión, luego de estudiar el proyecto, acogió unánimemente la idea de legislar, sugiero aprobarlo no solo en general, sino también en particular, pues no pareciera existir motivo para la formulación de indicaciones.
Así daríamos rápido cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante los referidos instrumentos internacionales.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado del debate.
En votación la idea de legislar.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (26 votos).
Votaron las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Chadwick, Coloma, Escalona, Frei, García, Gazmuri, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Muñoz Barra, Novoa, Núñez, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag y Zaldívar.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Señor Presidente, el Honorable señor Larraín propuso votarlo también en particular.
El señor LETELIER.-
Exacto.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se dará por aprobada en particular la iniciativa, con la misma votación.
--No habiéndose presentado indicaciones, el proyecto se aprueba también en particular con la misma votación anterior, y queda despachado en este trámite.
REGULACIÓN DE ACTOS Y CONTRATOS RESPECTO DE VIVIENDAS
CON RESPALDO DE PROGRAMAS ESTATALES
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Letelier y Muñoz Aburto, que regula los actos y contratos que se pueden celebrar respecto de viviendas adquiridas con respaldo de programas habitacionales estatales, con segundo informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5784-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los Senadores señores Letelier y Muñoz Aburto).
En primer trámite, sesión 5ª, en 1 de abril de 2008.
Informes de Comisión:
Vivienda y Urbanismo, sesión 77ª, en 9 de diciembre de 2008.
Vivienda y Urbanismo (segundo), sesión 87ª, en 20 de enero de 2009.
Discusión:
Sesión 83ª, en 7 de enero de 2009 (se aprueba en general).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El proyecto fue aprobado en general en sesión de 7 de enero en curso.
En su segundo informe, la Comisión deja constancia de que se presentaron dos indicaciones al texto despachado en general, las que se aprobaron por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señores Horvath, Orpis, Naranjo, Pérez Varela y Sabag).
Las modificaciones tienen por finalidad precisar, por un lado, que cualquiera de los cónyuges estará facultado para representar al cónyuge deudor en la ejecución de todos los actos y en la celebración de todos los contratos que procedan para renegociar, repactar o novar los créditos obtenidos, y por otro, que cuando la inscripción vigente no los contuviere, la inscripción de los gravámenes que se constituyan o reserven no requerirá la consignación de las menciones exigidas en el Código Civil y en el Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado en el que se transcriben el proyecto aprobado en general; las enmiendas que le introdujo la Comisión de Vivienda y Urbanismo, y el texto final que resultaría si se aprobaran dichas modificaciones.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En discusión particular.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en particular el proyecto (27 votos) y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Chadwick, Coloma, Escalona, Frei, García, Gazmuri, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Barra, Navarro, Novoa, Núñez, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag y Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminado Fácil Despacho.
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El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Solicito autorización para que ingresen a la Sala la Subsecretaria de Hacienda, señora María Olivia Recart; el Subsecretario de Guerra, señor Gonzalo García Pino, y el Director de Personal de la FACH, Coronel de Aviación señor Luis Araya Anders.
--Se autoriza.
AJUSTE REMUNERACIONAL PARA PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1 (G), de 1997, y establece normas de ajuste remuneracional para el personal de las Fuerzas Armadas que indica, con informe de las Comisiones de Hacienda y de Defensa Nacional, unidas, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6358-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 86ª, en 14 de enero de 2009.
Informe de Comisión:
Hacienda y Defensa, unidas, sesión 89ª, en 21 de enero de 2009.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Los objetivos principales de la iniciativa son:
1) Establecer un incremento de remuneraciones del personal tanto civil como militar afecto al Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas.
2) Adecuar las normas remuneracionales para el personal que participa en operaciones de paz.
3) Mejorar la situación económica del personal que se desempeña a bordo de buques de la Armada que deben cumplir comisiones en el extranjero.
4) Crear una gratificación especial para pilotos del Ejército, de la Aviación Naval y de guerra.
5) Crear una gratificación de especialistas en montaña, comandos y buzos.
6) Reajustar las remuneraciones de los profesionales de la salud de las Fuerzas Armadas.
Las Comisiones unidas aprobaron en general el proyecto por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señora Matthei y señores Arancibia, Coloma, Escalona, Flores, Frei, García, Gazmuri y Ominami).
En cuanto a la discusión en particular, dichos órganos técnicos aprobaron el articulado por la misma unanimidad ya mencionada, con excepción del artículo 3°, que establece la no aplicación de esta ley al personal perteneciente a las Subsecretarías de Guerra, Marina y Aviación y a la Dirección General de Aeronáutica Civil, norma que se acogió por 6 votos a favor (Senadores señora Matthei y señores Arancibia, Escalona, Flores, Frei y García); 2 en contra (Senadores señores Coloma y Gazmuri), y una abstención (Senador señor Ominami).
En consecuencia, las Comisiones aprobaron la iniciativa en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En discusión general y particular la iniciativa.
El señor GOÑI (Ministro de Defensa Nacional).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor GOÑI (Ministro de Defensa Nacional).-
Señor Presidente, me es muy grato exponer acerca de este proyecto después de haber sido aprobado ya por la Cámara Baja y por las Comisiones unidas de Hacienda y de Defensa Nacional de esta Corporación.
Esta iniciativa de mejoramiento remuneracional para el personal de las Fuerzas Armadas se ubica en el contexto del proceso de modernización que hemos estado viviendo, impulsando y desarrollando, en el cual los señores parlamentarios han participado activamente durante los últimos años.
Históricamente, dicho proceso se inició a mediados de la década de los noventa, con la renovación del material y de los sistemas de armas.
Con posterioridad hemos estado trabajando -con gran participación de los miembros del Senado- en la modernización de las instituciones de la Defensa y en el proyecto que crea el nuevo Ministerio de Defensa, el cual se halla en esta Corporación luego de haber sido aprobado por la Cámara de Diputados. Es una de las iniciativas más relevantes en cuanto a esta materia.
Hemos vivido procesos de modernización interna de tipo administrativo mediante otros mecanismos que no voy a detallar acá.
Ahora estamos entrando en un proceso de modernización para fortalecer la situación del personal de nuestras instituciones. Esto último a través de distintas políticas y una serie de aspectos doctrinarios que tienen que ver con el mejoramiento notable que ha habido en el servicio militar, sobre todo en lo que respecta a su voluntariedad durante estos últimos dos años -en 2009 se dará esta situación por tercera vez-; con el aumento de remuneraciones, de asignaciones, para los conscriptos que se incorporen; con la optimización de los cursos de capacitación, etcétera.
Con la creación de la tropa del soldado profesional y del marino profesional, ley aprobada también por el Senado el año pasado en forma unánime, se genera una nueva figura no existente en nuestra legislación y que apunta, justamente, a desarrollar la carrera corta dentro del nuevo concepto de carrera militar que paso a explicar de inmediato.
La nueva carrera militar contempla cambios sustantivos relacionados con distintos aspectos de la estructura, la doctrina, las características que actualmente exhibe. También considera actualizarse para el siglo XXI.
En ese contexto, hemos incorporado el concepto de "carreras cortas". Una de ellas es la tropa profesional, pero hay también una serie de otros aspectos relacionados.
Asimismo, se vincula a esta nueva carrera militar la reelaboración del sistema previsional de las Fuerzas Armadas, el que implicará un cambio sustancial en la situación actual y que deberemos presentar en el próximo tiempo.
Seguramente, dado que el proyecto es muy complejo en su conjunto, vamos a realizar algunas presentaciones parciales de ciertos puntos relacionados con esta nueva carrera militar y de la reforma al sistema previsional.
Hay otras materias, como la que dice relación al Código de Justicia Militar, que también se hallan en este proceso de modernización.
Al plantearnos las dificultades naturales que existen en la elaboración del nuevo concepto de carrera militar observamos que se alargaba la desigualdad respecto de los sueldos en las Fuerzas Armadas. Obviamente, aquella trae incorporada una nueva concepción de remuneraciones, radicalmente distinta de la de ahora. Por lo tanto, consideramos junto con los Altos Mandos, las Instituciones y el Ministerio de Hacienda que no era posible esperar tanto para plantear el mejoramiento de los sueldos. Entonces, se tomó la decisión de formular el proyecto en debate.
La iniciativa contempla varios aspectos que paso a resumir en forma breve:
Mejora, en general, las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas.
Modifica la gratificación para el personal embarcado en el extranjero.
Actualiza las remuneraciones del personal que participa en operaciones de paz.
Introduce incentivos económicos para retener especialistas, particularmente pilotos militares e integrantes de fuerzas especiales.
Se recuperan las remuneraciones del personal médico de las Fuerzas Armadas, quienes habían sido excluidos por una ley que data del 2007 y que se implementó el año pasado.
Autoriza el pago pendiente al personal de las Fuerzas Armadas que trabajó en el extranjero durante el 2004.
El primer aspecto, el que otorga un aumento de remuneraciones, se fundamenta, como señalaba recién, en cierto deterioro que han experimentado los ingresos de las Fuerzas Armadas con relación al resto de los servidores públicos. Es así como su último aumento sectorial lo recibió en 1999 y, si bien ha percibido todos los incrementos generales otorgados al sector público, han estado excluidas de todos los mecanismos que el Congreso ha aprobado a favor de este último. Me refiero a los beneficios particulares, sectoriales o especiales. Es decir, a los programas de mejoramiento de gestión, que han implicado un importante aumento de las remuneraciones del sector público; al incremento de rentas mediante la Alta Dirección Pública, al concepto de funciones críticas y, naturalmente, al acuerdo entre la ANEF y el Gobierno que también contempla cuestiones de esta misma naturaleza.
Para superar esta deficiencia hemos planteado un aumento promedio de las remuneraciones del orden de 12,3 por ciento.
Esto lo vemos como un acto de justicia y en ningún caso como un privilegio especial para el sector, sino, simplemente, como una forma de recuperar aquella situación que se ha ido deteriorando.
Este incremento de los sueldos no modifica la estructura ni el sistema remuneracional, es no imponible, pero sí tributable y supera los problemas que he venido señalando.
De otro lado, se trata de un aumento concebido de manera escalonada.
En mi concepto, es el reajuste salarial más importante que se ha entregado a las Fuerzas Armadas, seguramente, en los últimos 25 años.
En términos promedios otorga a los oficiales un aumento de 10,3 por ciento; a la gente de mar o personal del cuadro permanente, 13 por ciento; a los empleados civiles incorporados en este proyecto, 11,9 por ciento, y a los soldados profesionales, 17,7 por ciento.
En números redondos, la iniciativa representa un costo general de 58 mil millones de pesos. El beneficio se va a entregar en dos cuotas, en dos etapas. La primera, o sea, la mitad de este incremento -que esperamos que Sus Señorías tengan a bien respaldar el día de hoy- se otorgará a partir del mes siguiente de la aprobación de la ley en estudio y, por lo tanto, confiamos en que se haga a partir del mes de febrero. La segunda cuota se pagará a partir de enero de 2010.
Por su parte, la gratificación al personal embarcado se concede en consideración a que la que hoy día se les entrega resulta extraordinariamente baja.
Esta gratificación se pagará al personal embarcado mientras el buque se halle en un puerto extranjero. Esa es su característica fundamental y se ha definido una escala que tiene que ver con un aumento de la base actual en 75 por ciento del costo de vida del país donde ellos se encuentren.
En cuanto a las operaciones de paz, actualmente no existe una norma legal que regule las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas que se encuentre participando en ellas.
En tal sentido, la normativa en proyecto fija un criterio que evita el congelamiento de las rentas. De hecho, hoy se siguen pagando de acuerdo con los sueldos del año 2004.
El criterio para fijar las remuneraciones del personal en el extranjero se aplica de acuerdo con los guarismos que determina el Ministerio de Relaciones Exteriores para su personal que presta servicios en el exterior.
Se ha establecido un 75 por ciento del costo de vida para remuneraciones de los funcionarios en el extranjero, tal cual lo hace la Cancillería.
Esto implica un incremento en términos reales hoy día, pero también nos permite fijar el criterio y la norma legal al respecto.
La iniciativa establece una gratificación para los pilotos militares, cuestión que los señores Senadores han planteado en diversas ocasiones en que hemos conversado estas materias.
Es un sector de alta sensibilidad, como todos conocemos, por la competencia que nos generan las empresas privadas.
Sabemos que, en cuanto a remuneración, en ninguna función o tarea el sector público está en condiciones de competir abiertamente con el sector privado. Hay una cuestión evidente, cual es la motivación, que resulta fundamental, particularmente en las instituciones de la Defensa. Pero también entendemos que se requieren soportes desde el punto de vista remuneracional y una serie de apoyos a estas medidas para mantener dentro de la institución al personal de alta calificación.
En este caso, se dispone un incremento de remuneraciones por medio de una gratificación especial de 50 por ciento en función del sueldo en posesión. Ella está destinada a pilotos de las Fuerzas Armadas cuya actividad se halle asociada efectivamente a la del vuelo. En términos de grado, los hemos definido entre tenientes y tenientes coroneles. El objetivo es proteger de mejor manera a personal de alta calificación que se encuentra en su período de mayor habilidad -como señaló un Senador hoy en la mañana-, es decir, en la etapa de mayor -comillas- productividad y donde existe el mayor riesgo de que sean levantados desde el sector privado.
Sin duda, esta medida no resulta suficiente. Estamos plenamente conscientes de ello. Se requieren otras, que en efecto se están tomando, como mayor formación de pilotos en las escuelas de aviación, mayor incentivo a la formación de pilotos para el sector privado y establecimiento de otros mecanismos administrativos, como elevar las fianzas para el retiro durante el período que nos preocupa y en que nos interesa dejarlos trabajando en el sector.
Este aspecto del proyecto tiene un costo, considerando las tres instituciones, del orden de los 850 millones de pesos anuales.
También se establece una gratificación para las fuerzas especiales de las tres instituciones, bajo un concepto similar al anterior, de 30 por ciento del sueldo en posesión.
En este caso, evidentemente la razón no obedece a la demanda de mercado, sino más bien a la necesidad de motivar remuneracionalmente a dicho personal, que cuenta con grados de capacitación, de exigencia física bastante más complejos que los del resto de sus colegas. Al igual que los anteriores, se trata de profesionales con una alta inversión de tiempo y de recursos por parte del Estado. A la vez, desarrollan una tarea indispensable para la función militar de las instituciones.
La gratificación en comento también se orienta a quienes se estén desempeñando efectivamente en unidades de las fuerzas especiales.
Como anualmente se producen pequeñas variaciones en cada una de las instituciones, los contingentes favorecidos por esta gratificación serán fijados anualmente por decreto del Ministerio de Defensa Nacional, con la firma, además, del Ministro de Hacienda. Obviamente, ello se hará de común acuerdo con los mandos respectivos.
En este punto, hablamos de un costo global al año de 440 millones de pesos.
El señor NAVARRO.-
¿No serán dólares?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
¡Ruego evitar los diálogos!
El señor GOÑI (Ministro de Defensa Nacional).-
Señor Senador, estoy hablando en pesos.
El proyecto también considera un reajuste para el personal acogido a la ley Nº 15.076, es decir, los médicos, dentistas y químico-farmacéuticos que trabajan en los hospitales de las Fuerzas Armadas. Esto responde a una situación generada por un proyecto de ley aprobado en 2007 e implementado el año pasado, dado que el personal ya mencionado no fue incorporado en dicha normativa. La iniciativa en análisis corrige eso.
Con tal objeto se crea una fórmula por la cual, en el caso de los cargos diurnos, se aumenta la asignación mensual permanente de un 5 por ciento a un 18,6 por ciento. Y en el caso de los cargos de urgencia, se crea una asignación mensual permanente -no existía- de 13,6 por ciento. Para este personal, en conjunto, el incremento promedio es de 13,6 por ciento.
El costo total de esta parte del proyecto es del orden de los mil millones de pesos anuales.
A la vez se resuelve un problema que se arrastraba desde 2004, dado que no se habían aplicado las variaciones a la asignación del costo de vida -que establece el Ministerio de Relaciones Exteriores- al personal que se encontraba en ese momento -segundo semestre de 2004- comisionado en el extranjero. Tal medida rige solo para comisiones superiores a 31 días, según las normativas vigentes.
Lo anterior beneficia a 515 personas y significa un costo total de dos millones 800 mil dólares.
Este ha sido un resumen del contenido de la iniciativa en debate.
Quiero señalar de inmediato, porque seguramente será una de las preguntas de Sus Señorías, que con relación a Carabineros e Investigaciones viene luego un proyecto de ley. Ya lo estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda y con ambas instituciones, a fin de presentarlo lo antes posible, esperamos que en marzo. En verdad, es de completa justicia también que tanto Carabineros como Investigaciones reciban este mejoramiento especial, que -reitero- repara un deterioro de sus remuneraciones en los últimos 9 a 10 años.
Muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, actualizar los sueldos de las Fuerzas Armadas, particularmente cuando existe consenso en cuanto a que se encuentran por debajo de un estándar internacional y a que ha habido una fuerte pérdida de capacidad adquisitiva -aun cuando se registró un reajuste general de 10 por ciento para todos los funcionarios públicos- resulta pertinente y necesario. Más aún en un esfuerzo de profesionalización y modernización de nuestras Fuerzas Armadas.
No se encuentra disponible el informe de la Comisión -me dicen que ya va a llegar-, por lo que no he podido revisar cuál fue el tenor del debate, en particular respecto del artículo 3º, sobre el cual consulté al señor Ministro.
El artículo 3º señala que "La presente ley no será aplicable al personal perteneciente a las Subsecretarías de Guerra, Marina y Aviación, y a la Dirección General de Aeronáutica Civil, sea en calidad de planta o a contrata asimilado a la misma.".
Llama la atención que este beneficio les sea negado, aun cuando se agrega en el segundo inciso que continuarán percibiendo una asignación especial, que asciende a 16,5 por ciento de su sueldo en posesión. Pero eso dice relación a la gestión profesional y forma parte de un acuerdo sobre el particular.
Entiendo que el presente reajuste no es por gestión. Al resto del personal activo de las Fuerzas Armadas, tan necesario, como los pilotos de guerra, no se les aplica en función de ella, sino que responde a una recuperación.
En el caso de los pilotos de guerra, es necesario para retenerlos, a fin de que no emigren a la aviación comercial y no sigamos convirtiendo a la Fuerza Aérea de Chile en una escuela de generación de cuadros para las líneas aéreas comerciales nacionales y del resto del mundo. Formarlos cuesta aproximadamente 6 millones de dólares, y los sueldos que perciben en la actualidad carecen de incentivo para que se queden. Por cierto, la fuga permanente está causando estragos en la obtención de personal calificado en las Fuerzas Armadas. No se trata del mejor mecanismo para formar pilotos para las líneas aéreas comerciales.
Pregunto al Ministro por qué se exceptúa al personal perteneciente a las Subsecretarías de Guerra, Marina y Aviación, y a la Dirección General de Aeronáutica Civil. Si bien puedo comprender que hay un proceso de acuerdo en tareas de gestión, siento que el criterio general de reajuste del proyecto en análisis no obedece a una elevación de remuneraciones en función de ello. Ese es un programa aparte. Se trata de acuerdos que estaban en proceso y que tendrán que cumplirse conforme a estos.
Se requiere a lo menos una evaluación de esta materia. Si no, sentamos una grave discriminación. Implementamos un reajuste general para nivelar remuneraciones de todo el personal público, de los diversos Ministerios, sobre la base de que se trata de bajos sueldos. Hay que acercarlos a un nivel decente, de mercado. Pero se exceptúa al personal que ya mencioné.
Si la regla fuera que el reajuste se concede a base de los resultados de gestión, él debiera aplicarse a todos. De lo contrario, sería discriminatorio, porque dejaría afuera a un personal importante.
No son más de 170 los funcionarios involucrados. El costo de incluirlos es relativamente bajo si se consideran los 40 mil millones de pesos que cuesta anualmente el aumento derivado del proyecto en discusión.
Entonces, yo le formularía al Ministro una petición en tal sentido. Porque estamos ante una iniciativa con "discusión inmediata". De modo que no hay espacios para presentar indicaciones. Y a todos nos interesa un pronto despacho.
También deseo que con la mayor brevedad se legisle en la materia respecto de Carabineros.
Debo recordar que existe una fuga importante de oficiales de esa Institución hacia el sector privado, lo que deja mucho que desear y debe ser motivo de preocupación del Ministerio del ramo.
Cabe tener presente que en Chile hay cerca de 95 mil guardias privados o de seguridad, cifra que duplica la de quienes conforman la dotación de Carabineros.
Los prefectos, quienes se hallan a cargo de sobre tres mil efectivos y de un territorio que abarca a más de un millón de habitantes, ganan menos de 50 por ciento de lo que recibe un jefe de seguridad de un supermercado o de una gran multitienda, que tiene 90 guardias a su mando y se encuentra encargado de un edificio.
De otro lado, las jornadas de Carabineros sí que son exhaustivas. Las Fuerzas Armadas tienen disposición permanente para los requerimientos del servicio. En aquella Institución se cumplen más de 100 horas semanales de labores continuas -ello afecta particularmente a los solteros-, en función del Plan Cuadrante y de las diversas exigencias que todos le formulamos a la policía uniformada. Queremos más carabineros. Como ello no es posible, los existentes deben trabajar el doble por la misma plata.
Allí hay un grave problema. Si los funcionarios policiales se rigieran por el Código del Trabajo, el Ministerio de Defensa y la Dirección General de Carabineros habrían sido sancionados hace rato con multas millonarias, porque hacen laborar el doble de la jornada estipulada para el resto de los trabajadores, que es de 45 horas semanales, las cuales son bastante mentirosas, porque generalmente se llega a alrededor de 55. Pero, en el hecho, Carabineros cumple más de 100 horas a la semana.
Eso está comprobado -no es necesario hacer una investigación ni pedir informes-: la policía uniformada trabaja más del doble que una persona sujeta al Código Laboral.
Por lo tanto, debe presentarse el proyecto respectivo en marzo. Y ojalá sea tramitado con la misma celeridad con que estamos procediendo ahora -"discusión inmediata", sin lugar a indicaciones-, de tal manera que en aquel mes comiencen a aplicarse reajustes tanto para la Policía de Investigaciones, que también cumple jornadas extensas y agotadoras, como para Carabineros.
Entonces, solo el caso particular del personal civil a que se refiere el artículo 3º -no son más de 170 funcionarios, señor Ministro- entorpece la tramitación de la iniciativa en debate. No sé si fue una observación de Hacienda -se encuentra en la Sala la Subsecretaria- respecto a los recursos necesarios para incorporarlos.
En todo caso, solicito que se incluya a dicho personal. De lo contrario, vamos a tener un debate por la eventual discriminación, e incluso, un reparo de constitucionalidad: por qué un beneficio que se entrega a todos los funcionarios públicos no se les concede a los mencionados en el artículo 3°, en circunstancias de que la idea matriz de la iniciativa es "reajuste de remuneraciones" y nada tiene que ver con acuerdos de gestión o de eficiencia para elevar las remuneraciones; de ser así, esto debiera exigírseles a todos -pilotos, montañistas, personal de la Armada-, para los efectos de medirlos a base de los parámetros correspondientes.
En definitiva, como el reajuste que contempla el proyecto es amplio y nada dice acerca de la gestión y el rendimiento, el argumento de que al referido personal no se lo considera porque está sometido a un régimen diferente resulta por lo menos observable y, en mi opinión, discriminatorio.
Creo, señor Ministro, que debería analizarse la posibilidad de que en el proyecto que se enviará en marzo respecto a Carabineros e Investigaciones, de establecerse que hubo una discriminación o una omisión, se hiciera la corrección del caso. Sería lo adecuado, y así daríamos salida sin ningún tipo de observaciones a la iniciativa que nos ocupa ahora.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Arancibia.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente, en la discusión habida hoy en las Comisiones unidas de Hacienda y de Defensa surgió un punto que motivó la preocupación de sus integrantes: el hecho de que el beneficio económico que van a recibir las Fuerzas Armadas pasa -ello ocurre una vez más- por el método del "no imponible".
Eso, como es natural, conlleva dos cosas: un beneficio para el personal uniformado que está en servicio activo, vistiendo uniforme, y un perjuicio o una falta de consideración para todo el sector pasivo de la Defensa Nacional.
Yo puedo decir con certeza que el sector activo se halla bastante satisfecho con esta propuesta. Pero el malestar en el sector pasivo es difícil de describir en esta Sala. Espero que Sus Señorías sean capaces de imaginarlo: es en verdad potente.
Adicionalmente, debemos considerar que, como argumento normal de discusión cuando se habla de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas, aparece CAPREDENA, organismo que siempre se encuentra con problemas de financiamiento. Es decir, el Estado debe hacerle un aporte sustantivo para que pueda cumplir las obligaciones que se le han impuesto.
Ahí tenemos de nuevo el problema de la diferencia existente entre el sueldo real que la persona recibe y la parte imponible.
A modo de ejemplo, tomando el documento que nos entregó el propio Ministerio de Defensa, puedo decir que el sueldo efectivo de un capitán piloto llegaría a un millón 410 mil pesos, con una base imponible de 656 mil; o sea, menos de la mitad. Y a partir de esa base imponible se aporta a la CAPREDENA, institución que se halla desfinanciada y que siempre sale en nuestros debates legislativos cuando se plantean modificaciones, se postula crear una AFP Militar y se proponen diversas iniciativas, una más brillante que la otra.
Entonces, cuando tomamos una medida como esta -hoy se planteó en las Comisiones unidas, y todos estuvimos de acuerdo-, es buena para las Fuerzas Armadas, porque llegan algunos recursos, pero mala para su sistema previsional, pues se afecta a todo su sector pasivo.
En definitiva, CAPREDENA es un organismo que sufre con este tipo de soluciones, en los términos en que estoy planteando el problema.
Existen diferencias incluso mayores, donde la renta imponible llega a un tercio del sueldo real.
Ese es uno de los aspectos que me interesaba destacar. Fue una inquietud común a todos los Senadores que participamos en el debate de las Comisiones unidas. Pero hubo una aceptación tácita, pues el proyecto es conveniente para quienes están en servicio activo.
Hay otro concepto de la iniciativa que me provoca inquietud (se refirió a él el señor Ministro de Defensa). Se halla contenido en algunos artículos sobre remuneraciones que guardan relación con el costo de la vida en el exterior.
Sus Señorías deben de saber que los funcionarios de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Defensa, etcétera, que están en comisión de servicio en el extranjero ganan un sueldo, en función de su grado, y, adicionalmente, perciben una asignación de costo de vida, fijada por la Cancillería, sobre la base de que este no es igual en todos los países.
En el caso de Defensa, ha habido un desfase en el último tiempo. Por ello, las tropas chilenas destacadas en Haití no han visto aumentada la referida asignación en el porcentaje en que la ha ido reajustando el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Cuando le consultamos al señor Ministro si con las modificaciones que introduce el proyecto, al decirse que se va a aplicar un 75 por ciento de costo de vida a quienes se hallan en misiones de paz, estamos hablando o no del guarismo originado en Relaciones Exteriores, nos contestó que sí.
En la iniciativa -quiero subrayarlo- se hace referencia al artículo 197 del D.F.L. Nº 1, de las Fuerzas Armadas.
Me preocupa que se pueda producir en el futuro un nuevo desfase entre el porcentaje que fija la Cancillería como costo de vida y el emanado de una decisión administrativa, como ha ocurrido con quienes están en Haití, que en este momento no reciben lo que los demás chilenos que cumplen misiones en el extranjero.
El señor Ministro nos garantizó que el costo de vida lo fija Relaciones Exteriores.
Entonces, para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, consigno que se nos entregó esa información.
La situación del personal del Ministerio -preocupación que tiene el Honorable señor Navarro- fue otro de los temas centrales que se discutieron hoy en las Comisiones unidas. Incluso, en esta materia, algunos Senadores votaron en contra; otros se abstuvieron.
Existe un compromiso de esa Secretaría de Estado en orden a que, antes de remitir el proyecto sobre reajuste para Carabineros, se entregue información a las Comisiones unidas -así se le pidió al Ministro-, mediante un comparado, acerca de la situación de los funcionarios que se desempeñan en los distintos ministerios, para ver si a igual función hay una remuneración análoga (por ejemplo, si la Secretaria del Ministro de Hacienda gana lo mismo que la del de Defensa).
Tengo una duda, que espero despejar sobre la base del comparado.
El señor COLOMA.-
No va a llegar nunca ese documento.
El señor ARANCIBIA.-
Si no lo recibimos, habrá problemas.
En todo caso, acordamos analizar ese aspecto antes de que ingrese la iniciativa sobre reajuste para Carabineros.
Voy a hacer fe de eso, y espero recibir la información.
Por cierto, sería grato que el comparado tuviera bases reales, con los "pitutos" correspondientes, para no hacernos "trampas en el recreo" respecto de un tema que considero tremendamente importante.
De existir diferencias sustantivas, los funcionarios del Ministerio del ramo deberían recibir un reajuste en los términos planteados por el Senador señor Navarro o una compensación económica que los pusiera al nivel de instituciones similares y cuyo personal presenta la misma característica de servidor público que quienes trabajan en aquella Cartera.
Esperamos abordar tal situación en marzo de este año. Se nos dijo que el proyecto relativo a los sueldos de Carabineros, probablemente, llegaría durante ese mes. Es el objetivo que se ha fijado el Ministerio.
Señor Presidente, todos somos conscientes de que existen diferencias en la materia: algunos se hallan sujetos al DFL N° 1; Carabineros, al DFL 2; las remuneraciones son distintas; las funciones de unos y otros difieren, al igual que los beneficios.
Esperamos atender tal situación, porque se trata de un personal que también está siendo postergado en sus aspiraciones.
Señor Presidente, me referiré asimismo a la situación de los médicos -se mencionó acá-, porque creo que es importante que en la Corporación exista claridad sobre el particular.
Hasta hace un tiempo, cuando se otorgaban mejoramientos remuneracionales a los médicos pertenecientes al servicio público, se incorporaba en el mismo proyecto a los de las Fuerzas Armadas, por cuanto cumplen, en un espacio público, funciones similares. Y los beneficios se concedían a base del acuerdo logrado por el Colegio de la Orden, al que estos últimos pertenecen, y la autoridad administrativa correspondiente.
Hace no mucho tiempo, específicamente durante la gestión de la Ministra Barría, los proyectos sobre reajustes de remuneraciones para los médicos del servicio público excluyeron a los del sector Defensa. No sé la razón. Pero antes -según expliqué- estaban incluidos.
O sea, en este punto media una decisión política que espero que seamos capaces de revertir en los próximos reajustes que se otorguen a funcionarios de tan alto interés institucional tanto para el servicio público como para la Defensa.
Lo que se está haciendo aquí es de mínima justicia para recuperar un poco el nivel de aquellos funcionarios y acortar la diferencia producida entre unos y otros.
Señor Presidente, termino mis palabras diciendo que el reajuste que ahora se concede es esperado por las Fuerzas Armadas. Aunque muy modesto en sus alcances, si uno lo compara con la realidad de otros sectores, puede inferir que se trata de un beneficio atractivo para el personal en actividad, pero altamente urticante para el pasivo.
He dicho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, además de coincidir con el Senador señor Arancibia en varios de los puntos que planteó, quiero hacer referencia a cuatro elementos que me parecen centrales en esta discusión.
Primero, la necesidad del reajuste.
Sobre el particular, considero que debe haber una mención especial a lo que ha ido sucediendo con las Fuerzas Armadas y Carabineros durante los últimos años.
Aunque uno puede o no discutir guarismos en la parte fina, lo cierto es que, si suma los aumentos recibidos por los funcionarios públicos en los últimos diez años y los de las Fuerzas Armadas, se encuentra con una brecha muy significativa: el total de reajustes en la Administración Pública, vía norma general o específica, es de más o menos 178 por ciento, y el de las Fuerzas Armadas, de 146 por ciento.
En consecuencia, claramente, bajo ese aspecto, se ha ido generando una brecha de sobre 32 por ciento en los últimos años.
Y ello se explica por leyes especiales, como las N°s. 19.553 y 19.863, que concedieron asignaciones de modernización y de dirección superior, respectivamente; o la N° 19.882, sobre política de nuevo trato laboral, o la que modificó la ley N° 19.553.
O sea, lo primero es lo primero: ¿es justo que haya una norma que de manera especial reajuste las remuneraciones al personal de las Fuerzas Armadas?
La respuesta -y el Senado debe ser riguroso en el análisis- es que sí, pues con la brecha producida estábamos ocasionando en las Instituciones Armadas un problema relevante, que tenía distintos efectos: uno, la injusticia en sí misma, la diferencia registrada, la pérdida del poder adquisitivo; pero también la generación de desincentivos para abocarse a tareas muy significativas para la defensa del país.
Lo primero es lo primero, señor Presidente. Y me parece de justicia hacer una referencia sobre el particular.
Me ha tocado -como a varios otros- plantear el punto desde hace mucho tiempo. Por eso, considero importante ver que transcurridos los años, al lograr ahora este nivel de reajuste, se satisface al menos una necesidad social y de defensa del país básica.
Ya veremos -y aquí viene mi segunda pregunta- si este reajuste (el Gobierno tendrá que evaluarlo) es adecuado para terminar con la brecha en comento. Probablemente no. Quizá quedará parte de ella. Por lo menos así lo indican los números.
Suponemos que "es lo más que se pudo", que "es lo que hay". No sé cómo se podrá expresar en términos de la Defensa. Pero, claramente, queda abierta la pregunta de si el aumento resulta o no suficiente.
Una segunda reflexión (la plantearon los Senadores señores Romero -yo adscribí- y Arancibia) se refiere a Carabineros e Investigaciones a propósito de la ley en proyecto (porque todo lo que he señalado en relación con las Fuerzas Armadas se aplica a esas dos Instituciones): ¿por qué este incremento remuneracional no los considera?
La respuesta que nos dio el Gobierno en las Comisiones unidas (y me gustaría que sus representantes la explicitaran en la Sala) fue que se estaba terminando la implementación del reajuste y que probablemente -se utilizó esta expresión cuidadosa- en marzo se presentaría el proyecto relativo a Carabineros e Investigaciones.
Para algunos Senadores de estas bancadas, una explicitación al respecto es fundamental para aprobar una iniciativa de esta naturaleza. Porque no sería justo postergar a una institución que, remuneracionalmente, se halla igualmente complicada que las Fuerzas Armadas.
Entendemos, pues, que el proyecto en debate se encuentra vinculado a un compromiso oficial, formal, de la autoridad en cuanto a que en marzo surgiría un elemento equivalente sobre Carabineros e Investigaciones.
Un tercer punto que me parece esencial explicitar -lo planteó la Senadora señora Matthei en las Comisiones unidas y se refirió a él en la Sala el Honorable señor Arancibia; pero yo quiero reiterarlo, pues sigue siendo relevante- dice relación a la imponibilidad o no imponibilidad de las asignaciones.
Aquí estamos viendo cómo se repite, por enésima vez, un mal sistema de reajuste, consistente en no hacer imponibles ciertos beneficios.
La respuesta gubernativa también fue que después de la ley en proyecto vendrá otra que regularizará todo lo vinculado con los ascensos y, a través de eso, con la imponibilidad de determinadas asignaciones.
En otras palabras, aquí no termina la legislación relacionada con las Fuerzas Armadas, sino que habrá que hacer algo más profundo para modernizar en materia de estadía en el exterior, de duración de la carrera, de los mecanismos de ascenso, de la lógica de las remuneraciones y pensiones de jubilación, o sea, en qué concepto se basa.
Es algo bastante complejo, propio de expertos -no constituye una cuestión de fácil entendimiento-, el porqué de diferencias o aumentos salariales, o de que se gatille el derecho a jubilación, con ciertos porcentajes, según se reajuste o no determinada asignación.
Entonces, también queda otro tema pendiente, que no tiene que ver solo con las Fuerzas Armadas, en cuanto a la naturaleza de las asignaciones y al peligro de que, al no ser imponibles de manera reiterada, se origine un daño previsional, del cual el Estado después se hará o no cargo, con grave efecto particular.
Por último, señor Presidente, también quiero referirme -porque es algo que voté en contra en la Comisión- a lo planteado con anterioridad en cuanto al artículo 3º del proyecto, norma que señala, textualmente: "La presente ley no será aplicable al personal perteneciente a las Subsecretarías de Guerra, Marina y Aviación, y a la Dirección General de Aeronáutica Civil, sea en calidad de planta o a contrata asimilado a la misma.".
Para ser franco, la disposición no me parece justa. Lo dije en el órgano técnico y voté en tal sentido. La explicación que se dio -por lo menos, así lo entendimos- fue que esos funcionarios, que no son más de 170, obtendrían, producto de la ley de 2007, un beneficio vinculado al desempeño, y que de tal manera se ajustaba la naturaleza de esa acción.
Sin embargo, no estimo inhabilitante el cuerpo legal que se les aplicó, respecto de la ley general atinente a las Fuerzas Armadas.
De ahí viene lo planteado por mi Honorable colega Arancibia en cuanto a que la cuestión tiene que conllevar un sinceramiento de cuáles son los equivalentes en los distintos Ministerios. Porque, al menos en la Comisión de Defensa, nuestra sospecha es que el personal de las Subsecretarías ligadas a las Fuerzas Armadas se halla en claro desmedro respecto de otros sectores de la Administración Pública.
Por ello, algunos votamos en contra del precepto conforme a esa lógica. Además, no encontramos suficiente la explicación relativa a que la existencia de esa norma, de aplicación común, es la razón para excluir de un artículo general, que involucra a decenas de miles de personas dependientes de las Fuerzas Armadas, a 170 funcionarios.
Al igual que el Senador señor Gazmuri, entonces, voté en contra del artículo. Y, por lo mismo, pido tratarlo por separado.
En consecuencia, al valorar más allá de estos planteamientos reflexivos, me parece que la iniciativa apunta en el sentido correcto. Se tiende a disminuir una brecha que ha sido ostensible en la última década y de la cual es preciso hacerse cargo. El proyecto da cuenta, no sé si del total, pero sí de una parte de ella.
Por otro lado, se tratan cosas específicas. Lo han descrito otros señores Senadores anteriormente: sectores relacionados con parte de nuestra Defensa son muy vulnerables a ser "capturados" por el sector privado, sobre la base del costo que supone la formación. Obviamente, ello requiere algún tipo de respuesta de mercado y no solamente pedir que se sude la camiseta o vocación. Es preciso ir un poquito más allá también, para que una persona al menos se sienta justamente recompensada.
En virtud de las consideraciones anteriores, señor Presidente, vamos a votar a favor. Parece un buen proyecto. Y entendemos, en definitiva, que supuestamente en marzo vamos a discutir una iniciativa equivalente, relacionada con Carabineros e Investigaciones.
He dicho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, creo que en estas materias relativas a la Defensa Nacional y al trato que el Congreso y la sociedad civil, a través de este, dan a las Fuerzas Armadas es sumamente importante encontrar un correcto equilibrio. La idea es que aquello que corresponde, en el sector público, a los trabajadores civiles sea también lo que corresponde a los trabajadores uniformados, sin que se construya arbitrariamente una imagen de desmedro, como tampoco de privilegio. Juzgo que todos los interesados en la estabilidad democrática del país vamos a compartir tal criterio.
Allá por 1969 se registró un movimiento militar de carácter golpista, encabezado por el entonces general Viaux, que se configuró sobre la base de la idea del desmedro, del olvido, del maltrato a los uniformados. Y ahora, al presentarse la propuesta de reajuste adicional, personas de la sociedad civil han reaccionado con desdén, dejando traslucir, detrás de sus afirmaciones, que existiría, no un desmedro, sino un privilegio, y que los uniformados constituirían una especie de compartimento estanco aparte, con un trato especial.
Creo que al Congreso Nacional y al Gobierno les corresponde la aplicación de la política correcta, el establecimiento del criterio justo, en relación con una materia tan delicada, desde el punto de vista de la institucionalidad democrática. Por eso, me he permitido traer algunos antecedentes, como la relación, más allá del reajuste anual, de aquellos de carácter adicional otorgados a distintos sectores civiles importantes de la Administración Pública, a fin de poder considerar el que estamos conociendo ahora.
Los trabajadores de la atención primaria de salud, por ejemplo, han recibido un incentivo de 10,6 por ciento sobre los reajustes ordinarios; y obtendrán escalonadamente, de aquí a 2010, un aumento de 11,6 por ciento, lo cual constituirá, en total, un incremento de 22,2 por ciento.
Si examinamos los acuerdos alcanzados con la ANEF en el año 2006, se advierte que se comenzó con un aumento de 19 por ciento por encima del reajuste habitual anual, para alcanzar en 2010, también de manera escalonada, un reajuste total de 30,6 por ciento.
Al considerar así el asunto, se debiese entonces compartir que el reajuste a los uniformados se corresponde con el esfuerzo que ha ido haciendo el país, en su conjunto, para mejorar las remuneraciones de quienes forman parte del Estado, ya sea que pertenezcan a la Administración Pública o Administración Central del Estado, o a las instituciones castrenses.
Estimo, por lo tanto, que la medida no conlleva una situación de privilegio, porque, a través de diferentes negociaciones sectoriales, se han ido elevando la participación y las remuneraciones de sectores civiles. Y procede también que el país, en tanto avanza, crece, progresa, sea capaz de hacer lo mismo en el caso del sector que nos ocupa. En consecuencia, me parece que no nos hallamos ante una preferencia que pudiera establecer una división odiosa entre civiles y uniformados que trabajan para el Estado.
Considero que aquí existe un esfuerzo que abarca a los diferentes sectores. Por tal motivo, no me hago parte de cierto discurso retórico que he escuchado en la presente sesión y, asimismo, en las Comisiones de Defensa y de Hacienda, unidas, partidario más bien de la teoría del desmedro. En verdad, no estimo que medien razones efectivas para esa argumentación rezongona.
A mi entender, el Gobierno y el país se hacen cargo de una necesidad objetiva y un mejoramiento justo. Por eso, colocar en tela de juicio el reajuste, por ejemplo, sobre la base de que en marzo se enviará la iniciativa que propone una medida análoga para Carabineros e Investigaciones no me parece, ciertamente un planteamiento razonable.
Se podría preguntar: "Señor Ministro, ¿por qué no llegaron juntos?". Está bien. Es posible formular ese comentario, al igual que respecto de cualquier otra cosa. Pero no se puede colocar a algo en la picota con el argumento: "¡Qué cosa tan mala que el otro proyecto no llegara" si existe el compromiso explícito del Gobierno de enviarlo a tramitación legislativa inmediatamente después del receso de verano.
Lo mismo se extiende a la observación de que el reajuste forma parte de la renta no imponible. En su oportunidad se explicó que integra un conjunto de medidas tendientes a la creación de sistemas que eviten que una cantidad importante de personal uniformado con alta preparación técnica, científica y profesional abandone prematuramente las filas.
Y se informó, con detalle, que eso obedecía a que la ley orgánica constitucional se estructuró de esa manera.
Ahora bien, el Ministerio de Defensa está estudiando una reestructuración global, que en su momento llegará al Congreso. Y creo que es necesario revisar algunos mecanismos, para que los trabajadores uniformados con una alta especialización tecnológica puedan permanecer más tiempo dentro de las Fuerzas Armadas.
Por ejemplo, hace más de 10 años presenté una moción sobre el particular, inspirada en lo que ocurre normalmente en la Administración civil, en la cual se debe pagar al Estado la formación que se recibe. Y si no lo hace directamente la persona, debe encargarse de ello la empresa que la contrate.
Para serle muy franco, señor Presidente, me parece que no podemos hacerle la pega a LAN Chile. Y no vamos a entrar aquí en una polémica, porque no corresponde, respecto de la propiedad de esa empresa y su privatización.
Cuando un ingeniero se forma en el ámbito civil, paga por ello: ha obtenido un crédito universitario, o bien, si ha sido de muy bajos recursos, una beca. Y hoy cuenta con el aval del Estado para pedir un préstamo.
Ese no es el caso de los trabajadores uniformados, lo cual es lógico: necesitamos que las Fuerzas Armadas cuenten con ingenieros de primer nivel, y no les vamos a estar cobrando después. Pero no resulta justo que posteriormente se retiren, sobre la base de un sistema de fianza que, según se explicó en las Comisiones unidas, es de poca envergadura y no retribuye el esfuerzo país. Ello no corresponde.
Y lo anterior no solo se plantea en relación con pilotos que son contratados por líneas aéreas. En efecto, tampoco podemos dejar que se vayan gratuitamente o a muy bajo precio otros elementos de gran especialización, como los pilotos que operan sobre el mar. Estos, que pueden pertenecer a la Armada o trabajar en las grandes embarcaciones, se desempeñan en un altísimo nivel tecnológico y manejan equipos de mucha sofisticación.
Se señalaba, tratando de replicar a mi argumento, que no se puede medir de manera exacta la formación de esos especialistas. Pero hay maneras de calcularla, por ejemplo, a través de la enorme cantidad del combustible requerido para mover los aparatos a fin de que el piloto reúna las horas de vuelo necesarias. Es un costo altísimo para el país.
Entonces, pido sinceramente al señor Ministro que se despliegue el mayor esfuerzo posible en la materia. Existe una carga para el Estado que no es justo que se pierda, sin restitución alguna.
Y tampoco es justo, además, que estos especialistas se vayan, porque constituyen parte de un patrimonio nacional. Al tomar nota de que algunos de ellos están volando en los Emiratos Árabes, da bastante rabia, de repente, porque ese país es una esponja de petróleo y obtiene elevadísimos ingresos. No encuentro equitativo, por la enorme cantidad de recursos que Chile invierte en prepararlas, que estas personas se puedan trasladar sin que dicho proceso sea pagado debidamente ni se tomen las medidas contractuales o de formación que así lo garanticen.
No solo me refiero a especialistas en sistemas de armas, quienes, trasladados a la vida civil, se desempeñan como ingenieros de altísima calificación que no se encuentran habitualmente en ninguna parte, sino también a aquellos que se desempeñan en las Fuerzas de Orden y Seguridad. En la Comisión de Hacienda me tocó escuchar informes de oficiales de Carabineros a quienes vi después en televisión trabajando para la Autopista Central, por ejemplo.
Son personas que logran su calificación profesional al trabajar durante 30 años para el Estado. La formación multidisciplinaria que proporciona ese desempeño no se adquiere en el sector privado, en cuanto al dominio de diferentes artes, profesiones -no solo en el nivel tecnológico, sino también de los recursos humanos-, y a la posibilidad de dirigir unidades complejas de otros especialistas. Todos sabemos lo que significa la labor en el área estatal. Y esos elementos no podrían asumir altas responsabilidades si antes no las hubieran recibido, en este caso, en Carabineros, Investigaciones, o bien, de manera directa, en las propias instituciones de la Defensa Nacional.
Entonces, Chile no puede perder ese recurso, no puede dilapidar parte de ese patrimonio. Ese es el alegato que desde hace bastante rato vengo haciendo, señor Presidente, y quisiera reiterarlo en esta ocasión. Entiendo que ello es parte del intercambio de opiniones y de la búsqueda de alternativas. Y se encontrará una solución.
Planteo el tema, señor Presidente. Pero no por eso voy a desconocer la importancia del reajuste y a calificarlo como una cosa pequeña. Los oficiales cuentan con factores que compensan -es preciso encontrar el justo equilibrio-, como la estabilidad, por ejemplo, de la cual se carece en la actividad normal. No se pueden comparar las condiciones en que empieza a trabajar un subteniente que termina su formación en la Escuela con las de un joven profesor. A cada cosa se le debe asignar su valor.
Encuentro válida, útil, eso sí, la reflexión en el sentido de que no se pueden establecer áreas de privilegio ni de abuso y de que el país debe tener la capacidad de entregar un justo reconocimiento económico a quienes trabajan en las instituciones de la Defensa Nacional. Lo anterior, sin que ello los coloque en una posición de ventaja odiosa respecto de los profesionales del sector civil, como tampoco se trata de que se encuentren en una situación de desmedro, de olvido, de ninguneo, que fue profundamente negativa en otros momentos de la estabilidad democrática del país.
Por eso, reitero, desde un punto de vista general, que considero una medida oportuna el que los recursos que hoy tiene Chile se entreguen también para poder mejorar de manera significativa los ingresos de quienes están comprometidos en tareas de la Defensa Nacional.
He dicho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, comparto los criterios formulados aquí en cuanto a que el proyecto viene a satisfacer inquietudes transversales, de distintos sectores, sobre una materia que preocupaba justificadamente, y sigue preocupando, a muchos sectores de las Fuerzas Armadas y de Orden.
La iniciativa permite recuperar el poder adquisitivo de los ingresos del personal de las Fuerzas Armadas y, al mismo tiempo, se hace cargo de situaciones puntuales que se habían venido planteando dentro del esquema de una sociedad libre.
Porque escuchaba recién una reflexión en orden a cómo obligar a cierto personal a permanecer en su institución si no es a través de un incentivo. Este va unido también a una vocación de servicio, ya que entrar a las Fuerzas Armadas no solo obedece a un aspecto económico. Y quisiera rescatar la característica permanente de ellas y de sus integrantes en cuanto a servir al país.
Pienso que se ha hecho un esfuerzo que valoramos. Y, por eso, desde todos los sectores, en general, se respalda la iniciativa.
Sin embargo, en las Comisiones unidas hicimos presente nuestra inquietud con relación al proyecto que favorecería a las Fuerzas de Orden y Seguridad, porque pensábamos que iba a ser una iniciativa paralela, tramitada y aprobada en este período. A nuestro juicio, lo ecuánime era que todas las instituciones del sector recibieran los beneficios en la misma fecha.
Por eso, formulamos un planteamiento -que no quedó reflejado de manera clara en el informe, por la premura del tiempo, probablemente- en cuanto a incluir en el proyecto sobre las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública una norma transitoria que estableciera que el incentivo que ellas recibirán comenzaría a regir desde el mismo momento en que lo hiciera el cuerpo legal relativo a las Fuerzas Armadas.
Eso era lo que nos parecía razonable. Y por eso ahora reiteramos dicha propuesta ante el Ejecutivo, para que la considere, pues la estimamos de toda justicia. Carabineros e Investigaciones no son responsables de que el texto no se haya alcanzado a presentar en esta oportunidad, aunque todos hubiésemos querido que así ocurriera.
De ahí, señor Presidente, que quiero salvar una suerte de equívoco en la redacción del informe, por la premura del tiempo, con el objeto de precisar que nuestro interés, con el Honorable señor Coloma y otros señores Senadores, fue solicitar al Ejecutivo que la ley en cuestión comenzara su vigencia desde el mismo momento en que empezara a regir la que ahora nos ocupa.
Por otra parte, aunque debí ausentarme de la sesión en el momento en que el tema se trató, debo señalar que comparto la posición sostenida en las Comisiones unidas por los Senadores señores Coloma y Gazmuri en orden a que el personal civil de las distintas Subsecretarías quede comprendido también dentro del presente reajuste.
En total son 160 a 170 personas. Y resulta de toda lógica que si ellas optan por esta línea queden efectivamente asimiladas. Pero, según entiendo, es un asunto de opción. O sea, si eligen esta alternativa, deberían renunciar a las otras, porque, justamente, se trata de que en esta materia no haya equívocos, sino una definición.
De otro lado, los incentivos propuestos para determinados cargos y ciertas tareas y funciones están pensados en términos de mercado. A nuestro juicio -y también en opinión de los Comandantes en Jefe-, dichos incentivos, más el aliciente de la vocación de servicio, pueden ser suficiente motivo para que los pilotos de guerra y el personal que desarrolla determinadas actividades en buques durante su travesía en el extranjero permanezcan en sus respectivas instituciones, sin que lo anterior constituya una especie de esclavitud, porque por ahí escuché que esto se quería asimilar a una suerte de inamovilidad, para impedir el retiro, por la importante cantidad de recursos invertidos por el Estado en su preparación.
Por todo lo anterior, señor Presidente, estamos de acuerdo y vamos a aprobar el proyecto.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, concurrí a la aprobación de la iniciativa en las Comisiones porque, básicamente, concuerdo por completo con el fundamento que la sustenta, como es que las remuneraciones de las Fuerzas Armadas han ido quedando atrás respecto de la media de los ingresos que se perciben dentro de la Administración Civil del Estado.
Sobre eso se han dado distintos argumentos, que comparto.
Se trata de un reajuste importante (12,32 por ciento, en promedio), el cual, sumado al reajuste general que aprobamos hace poco tiempo, hará que este año el personal de las Fuerzas Armadas perciba un incremento de 22 por ciento, lo que, sin duda representa un esfuerzo significativo por parte del Estado.
También estoy de acuerdo con otras materias de distinta entidad que incorpora la ley en proyecto, como la gratificación al personal embarcado; la resolución del problema relativo al cálculo del costo de vida para los efectos de la remuneración del personal que se encuentra sirviendo en operaciones de paz en el extranjero; las gratificaciones que se conceden a ciertas especialidades militares de alta calificación profesional, cuyo personal es muy requerido por el mercado (particularmente pilotos, a quienes se añaden comandos, montañistas y buzos); la corrección del error de no haber entregado en leyes anteriores un reajuste al personal médico de las Fuerzas Armadas, y la resolución de lo concerniente al costo de vida del personal comisionado en el extranjero según los criterios generales de la Administración, que, básicamente, corresponden a las indicaciones establecidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Me parece que el reajuste tiene fundamento y significa un esfuerzo importante para el Estado.
En el debate se ha planteado un conjunto de cuestiones que están siendo discutidas en el Ministerio de Defensa, las cuales revisten mucha importancia en el sentido de que se requiere, sin duda, una modernización de fondo de todo lo referente a las políticas de personal, de remuneraciones, previsional, etcétera, de las Fuerzas Armadas.
Evidentemente, el proyecto en debate no toca esas materias, todas complejas, a las cuales hay que intentar de dar una solución integral.
Por ejemplo, se debe estudiar el sistema previsional de la Defensa, completamente inusual dentro de la Administración Pública y que representa un alto costo para el país. Hoy en día prácticamente se está gastando más en el personal pasivo que en el activo y las cifras van en creciente aumento. Estamos sobre los mil millones de dólares de aporte público solo para el sector pasivo, el cual es superior al del personal activo.
También existen problemas con el sistema de pensiones, que estimula la salida temprana -a los 20 años de servicios- de aquellos uniformados que tienen oportunidades de mercado. Ya se ha hablado aquí del tema de los pilotos.
A mi parecer, la carrera militar es muy corta. Todos los años veo con desazón cómo personas de altísima calificación (generales, almirantes, coroneles) terminan su vida profesional activa -en una carrera que posee un alto elemento vocacional- a los 50, 51 ó 52 años, cuando todavía se está con plena capacidad para usar la experiencia acumulada.
Entiendo que hace cuatro décadas, cuando la esperanza de vida era de 60 a 62 años, eso estaba muy bien, pero en la actualidad, sin duda, representa un asunto de difícil solución, porque también se requiere la renovación del personal, mantener la estructura relativamente piramidal de las Fuerzas Armadas -hay un problema con los ascensos-, en fin.
No son cuestiones fáciles de resolver. Sin embargo, creo que ha llegado la hora de enfrentarlas. Tengo claro que el Ministerio de Defensa ha sido muy activo en el estudio de tales materias durante estos últimos años, pero me gustaría que algunas de las iniciativas necesarias pudieran ser presentadas durante el actual período presidencial, pues, de lo contrario, nos podría costar de nuevo dos o tres años poner en el debate público temas que desde hace mucho tiempo se hallan en la agenda prelegislativa.
Por último, quiero señalar que en las Comisiones unidas voté en contra del artículo 3° del proyecto, igual que el Senador señor Coloma, básicamente para testimoniar que no nos parece correcta la exclusión de las normas de la ley del personal civil, de planta y de contrata, perteneciente a las Subsecretarías del Ministerio de Defensa.
Tal como se dijo aquí, ello no parece razonable y es, por tanto, un aspecto que queda pendiente y habrá que resolver.
Recojo el compromiso asumido por el Gobierno en las Comisiones unidas en el sentido de presentar un estudio pormenorizado de la realidad salarial del personal civil de las Subsecretarías de Defensa y el de las Subsecretarías de otros Ministerios. Comenté informalmente en los pasillos, pero lo reitero aquí, en la Sala, aprovechando la presencia de la Subsecretaria de Hacienda, que me interesa sobremanera la comparación remuneracional entre el personal de las Subsecretarías de Defensa y el de esa otra Cartera.
Entiendo que dicho compromiso considera, además, la entrega del estudio respectivo antes de la presentación al Congreso del proyecto que reajusta las remuneraciones de Carabineros e Investigaciones o al menos en forma simultánea con su ingreso al Parlamento, de tal manera que si hubiera que corregir -estimo que así deberá ser- la insuficiencia de la ley que estamos despachando hoy día, podríamos hacerlo durante el debate de dicho proyecto, por la vía de la indicación del Ejecutivo.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, por supuesto, los dos Senadores del PPD vamos a votar favorablemente la iniciativa.
Quiero recordar que el año recién pasado por primera vez la Segunda Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, encargada de analizar el financiamiento de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, aprobó en forma muy parcial la Partida correspondiente, rechazando algunos ítems y dejando otros para resolución de la Comisión Especial Mixta.
El debate fue bastante intenso y largo. Posteriormente, en la citada Comisión, previo acuerdo de los Ministros pertinentes, que actuaban en representación del Ejecutivo, se resolvió firmar un protocolo que tocaba, precisamente, varios de los aspectos que hoy contempla la iniciativa en debate.
Por ejemplo, en cuanto a los pilotos de guerra y de carga de las Fuerzas Armadas, cuya preparación tiene un alto costo para el Estado, no inferior a los 3 millones de dólares, se ha establecido un estímulo encaminado a evitar que tales profesionales se vayan a trabajar a las líneas aéreas comerciales que, por supuesto, les ofrecen el doble del sueldo que ellos reciben en sus instituciones.
Como muy bien saben Sus Señorías, pilotos de guerra y de carga hay no solo en la Fuerza Aérea, sino también en el Ejército, en la Marina e incluso en Carabineros. De manera que celebro que los señores Ministros hayan cumplido con el compromiso consagrado en el referido protocolo en lo relativo a incorporar dicha materia en la presente iniciativa.
Otro tema muy discutido en la Segunda Subcomisión y en la Comisión Mixta fue el concerniente a los profesionales de la salud que son funcionarios de las entidades castrenses, quienes no gozan de los mismos reajustes y beneficios económicos que el resto de los profesionales del área pertenecientes al sector público. Se trata de una discriminación injusta que ha influido en la escasez de este tipo de funcionarios al interior de las instituciones militares.
Señor Presidente, me alegro de que se haya presentado esta iniciativa, que beneficia a las Fuerzas Armadas, así como también por el hecho de que el Ejecutivo enviará un proyecto de mejoramiento para Carabineros e Investigaciones. Sin embargo, me gustaría que también se analizara la situación de Gendarmería, organismo que aquí no ha sido mencionado para nada. Y yo soy partidario de que igualmente se le extienda el reajuste salarial promedio de 12,7 por ciento que ahora se plantea.
La labor que desarrolla dicha repartición está estrechamente relacionada con la seguridad pública. Sin duda alguna, cumple una función clave en la cadena del control delictual. Si bien la policía se encarga de la prevención del delito y de la detención de los delincuentes, Gendarmería es la que garantiza que antisociales de alta peligrosidad para la sociedad se mantengan recluidos en las unidades penales.
Únicamente en La Araucanía sus funcionarios tienen la responsabilidad de controlar a más de 6 mil imputados y condenados. Y su personal no solo cumple dicho cometido, sino que, además, desarrolla sus actividades en un medio absolutamente precario. Los gendarmes viven en el mismo mundo que los delincuentes, con enormes carencias materiales y, sin duda, con un tremendo riesgo para su integridad física. En la Novena Región la institución cuenta con 800 efectivos, quienes también deben cumplir tareas como auxiliares de justicia.
Por lo tanto, un incremento remuneracional contribuiría a dar un justo reconocimiento a una labor desconocida y muchas veces poco valorada por la sociedad, pero que constituye un pilar fundamental en la protección de la seguridad ciudadana.
Es cierto, como me acota un señor Senador, que Gendarmería depende del Ministerio de Justicia, pero creo que a través de los señores Ministros y Subsecretarios aquí presentes podemos interesar y sensibilizar al Ejecutivo en esta materia. Porque acá se da algo muy curioso. Aunque la entidad depende de una Secretaría de Estado, su personal usa uniforme, tiene disciplina militar, utiliza armamento de alto potencial, se rige por el organigrama de una institución absolutamente militarizada y, sin embargo, se debate en esta medianía de ser funcionarios públicos casi administrativos. Por eso, señor Presidente, los Senadores del PPD vamos a votar favorablemente el proyecto, que consideramos de toda justicia.
Termino señalando que no existen dogmas en ese sentido, pues nuestras Fuerzas Armadas practican la doctrina de la disuasión. Ellas disuaden con su capacidad profesional y también con elementos diseñados para tal efecto. No obstante, sus funcionarios, además de aparecer como tropas que velan por nuestra soberanía, deben tener, incuestionablemente, un reconocimiento como trabajadores.
Junto con anunciar nuestros votos favorables a la iniciativa, señor Presidente, solicitamos al señor Ministro de Defensa que se haga partícipe de nuestra inquietud por Gendarmería, por las razones ya expuestas.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En votación el proyecto.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, de acuerdo al artículo 8° del Reglamento, me voy a inhabilitar en esta votación.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Hago presente a Su Señoría que no está obligado a hacerlo.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (24 votos) y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y los señores Arancibia, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Flores, García, Girardi, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Navarro, Núñez, Ominami, Orpis, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag y Zaldívar.
No votó, por haberse inhabilitado, el señor Naranjo.
OTORGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO A PERSONAL DE CASA DE MONEDA
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de ley, de la Honorable Cámara de Diputados, que concede un bono compensatorio para el personal de la Casa de Moneda de Chile y modifica la ley N° 20.309, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6375-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 87ª, en 20 de enero de 2009.
Informe de Comisión:
Hacienda, sesión 89ª, en 21 de enero de 2009.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Los objetivos principales de la iniciativa son:
-Facultar al Director de la Casa de Moneda para conceder, por una única vez, un bono a los trabajadores, funcionarios y personal contratado a honorarios, beneficio que fluctuará entre 4 millones y 500 mil pesos, según la antigüedad en el Servicio. Este bono tiene el carácter de compensatorio por el efecto de cambio de la naturaleza jurídica de la institución.
-Actualizar el artículo 4° transitorio de la ley N° 20.309, que transformó la Casa de Moneda en sociedad anónima, en lo relativo al financiamiento de las bonificaciones y demás gastos que irrogue dicha normativa.
La Comisión aprobó el proyecto en general y en particular por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señora Matthei y señores Escalona, Frei, García y Ominami, en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (25 votos a favor y un pareo), y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y los señores Chadwick, Escalona, Flores, Frei, García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Núñez, Ominami, Orpis, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag y Zaldívar.
No votó, por estar pareado, el señor Coloma.
PERFECCIONAMIENTO DE SISTEMA DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre sistema de compensación y liquidación de instrumentos financieros, con nuevo informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (5407-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 15ª, en 29 de abril de 2008.
Informes de Comisión:
Hacienda, sesión 38ª, en 29 de julio de 2008.
Hacienda (nuevo), sesión 87ª, en 20 de enero de 2009.
Discusión:
Sesiones 40ª, en 30 de julio de 2008 (queda para segunda discusión); 41ª, en 5 de agosto de 2008 (vuelve a Comisión).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
En sesión de 5 de agosto del año pasado, el proyecto fue enviado para un nuevo informe a la Comisión de Hacienda, y se la autorizó para discutirlo en general y en particular.
La Comisión aprobó la idea de legislar sobre la materia por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señora Matthei y señores Escalona, Frei, García y Ominami.
En cuanto a la discusión en particular, efectuó diversas modificaciones al texto despachado por la Cámara de Diputados, todas las cuales fueron resueltas por unanimidad.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe las normas legales relacionadas con el proyecto, el texto despachado por la Cámara de Diputados, las modificaciones de la Comisión de Hacienda y el texto que resultaría si fueran aprobadas.
Cabe tener presente que el inciso tercero del artículo 3° y el artículo 10 tienen rango orgánico constitucional, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de 24 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En discusión.
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, este proyecto reviste gran importancia para el correcto funcionamiento del sistema financiero en Chile, y va a permitir su modernización y la disminución de los riesgos para todos quienes participen en él, lo cual es muy relevante.
La iniciativa establece la formación de dos tipos de entidades.
Una de ellas es la cámara de compensación de instrumentos financieros, cuya función consiste básicamente en tomar y consolidar todas las transacciones, como las realizadas entre un banco y una corredora, o las de derivados financieros, a fin de que solamente se paguen los saldos entre ellos.
Sin embargo, dentro de los instrumentos financieros que participan hay diferencias; por ejemplo, alguien podría pagar con un depósito bancario, el cual, obviamente, presenta un riesgo muy bajo, pero a lo mejor podría estar comprando un derivado de algún instrumento, lo que podría conllevar un riesgo enorme.
Entonces, se conforma todo un sistema de cauciones y de seguros, a fin de que todos los participantes sepan que recibirán el dinero por la venta y los títulos que compraron.
Lo anterior es muy importante para realizar transacciones en forma tranquila, sabiendo que si uno adquiere acciones, las va a recibir, y si se transan derivados, por ejemplo, a 30, 60 ó 24 meses, al término de dicho plazo estarán efectivamente los dineros y los títulos pertinentes.
Lo anterior resulta fundamental para que operen bien los sistemas.
La cámara de compensación de instrumentos financieros no asume riesgos, únicamente compensa. En cambio, la entidad de contraparte central, que también podría formarse, sí lo hace. Ella paga a cada uno de los participantes y, a su vez, después les cobra a otros, según lo que corresponda.
En resumen, el proyecto establece diversas normativas para el funcionamiento de las dos instituciones antes mencionadas: la entidad de contraparte central, que asume muchos riesgos, y la cámara de compensación de instrumentos, que no lo hace.
La Comisión de Hacienda trabajó durante varios meses. Deseo destacar el importante rol que jugó Alejandro Micco, junto con su equipo, en representación del Ministerio de Hacienda, y agradecer muy fuertemente la participación de Marco Antonio González, Axel Buchheister, y varios otros asesores, quienes han permitido perfeccionar esta trascendental iniciativa, que es extensa y compleja, pero que permite realmente la modernización de nuestro sistema financiero.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (26 votos favorables y un pareo), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido, y queda despachado en este trámite.
Votaron afirmativamente las señoras Alvear y Matthei y los señores Arancibia, Chadwick, Escalona, Espina, Flores, Frei, García, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Núñez, Ominami, Prokurica, Romero, Sabag y Zaldívar.
No votó, por estar pareado, el señor Coloma.
PERFECCIONAMIENTO DE SISTEMA PARA OTORGAMIENTO DE CONCESIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica el sistema de otorgamiento de concesiones de radiodifusión sonora, con urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (4740-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 78ª, en 19 de diciembre de 2006.
En tercer trámite, sesión 87ª, en 20 de enero de 2009.
Informes de Comisión:
Transportes, sesión 15ª, en 8 de mayo de 2007.
Transportes (segundo), sesión 36ª, en 18 de julio de 2007.
Discusión:
Sesiones 18ª, en 9 de mayo de 2007 (se aprueba en general); 37ª, en 31 de julio de 2007 (queda para segunda discusión); 39ª, en 1 de agosto de 2007 (se aprueba en particular).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El proyecto inició su tramitación en el Senado. La Cámara de Diputados le efectuó varias enmiendas, que se consignan en el comparado que Sus Señorías tienen sobre sus pupitres, y lo despachó el 1° de agosto del 2007
Cabe señalar que la primera enmienda de la otra rama legislativa dice relación al texto actual del inciso cuarto del artículo 13 de la Ley General de Telecomunicaciones, el cual no existía en 2007, porque fue introducido por la ley N° 20.292, de 2008.
La Cámara Baja propone que, en caso de que dos o más concursantes ofrezcan similares condiciones, el concurso se resolverá mediante sorteo público entre ellos. Además, una misma empresa y sus filiales no podrán presentar más de una solicitud para una misma localidad en un mismo concurso. De hacerlo, ninguna será considerada.
Por último, la Cámara de Diputados incorpora un nuevo artículo transitorio, mediante el cual se consagra que en todos los concursos de radiodifusión sonora en la banda de frecuencia modulada a que se haya llamado o se llame hasta tres años luego de la entrada en vigencia de esta ley, cada vez que dos o más concursantes ofrezcan similares condiciones, la concesión se asignará a aquel postulante que acredite contar con mayor antigüedad en la plaza.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En discusión las modificaciones de la Cámara Baja.
Tiene la palabra el Senador señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, la objeción que se planteó -en realidad, no era más que una duda- fue aclarada por la propia Asociación de Radiodifusores de Chile, entidad que estuvo de acuerdo en modificar el sistema de otorgamiento de concesiones por un lapso de tres años y no en forma indefinida.
Confirmé este punto, de modo que quiero dejar constancia de que la radiodifusión chilena comparte las enmiendas en análisis.
Por lo tanto, la Sala podría prestar su aprobación a ellas.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
La explicación del Senador señor Romero me ahorra intervenir, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación las enmiendas de la Cámara de Diputados.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueban las modificaciones de la Cámara de Diputados (21 votos a favor, 2 abstenciones y un pareo), y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores Chadwick, Escalona, Espina, Flores, Frei, García, Gazmuri, Gómez, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Naranjo, Navarro, Núñez, Ominami, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide y Zaldívar.
Se abstuvieron los señores Muñoz Barra y Sabag.
No votó, por estar pareado, el señor Coloma.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHILE Y AUSTRALIA
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de la República de Chile y de Australia, con informe de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6220-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 81ª, en 23 de diciembre de 2008.
Informes de Comisión:
R. Exteriores, sesión 88ª, en 21 de enero de 2009.
Hacienda, sesión 88ª, en 21 de enero de 2009.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El objetivo principal del proyecto es facilitar el libre comercio de bienes y servicios entre Chile y Australia, promoviendo la simplificación de regulaciones, la estandarización de procedimientos sanitarios y aduaneros, el acceso de nuestras empresas a las compras que hace el Gobierno australiano, el desarrollo del transporte y servicios aéreos y, por último, la homologación de estándares industriales.
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó la iniciativa tanto en general cuanto en particular por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señores Gazmuri, Kuschel, Larraín, Muñoz Barra y Pizarro, en los mismos términos en que lo hizo, en su oportunidad, la Honorable Cámara de Diputados.
Por su parte, la Comisión de Hacienda adoptó igual pronunciamiento, también por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Matthei y señores Escalona, Frei, García y Ominami.
Cabe hacer presente que el proyecto de acuerdo requiere el voto conforme de 22 señores Senadores respecto del Anexo 10-C, por cuanto incidirá eventualmente en las facultades del Banco Central; y de 19 el artículo 5.9 del Tratado, relativo a información reservada.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, junto con entregar el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, solicito a la Mesa que abra la votación.
Dicha Comisión debatió en dos sesiones el Tratado con Australia, el cual es similar a otros que nuestro país ha firmado y que tiene interés para Chile en distintos aspectos.
Por de pronto, con esa nación hay un comercio creciente. Según las últimas cifras, estamos hablando de negocios cuyo saldo positivo para nuestro país bordea los 500 millones de dólares durante los últimos años. El proceso de inversiones australianas en Chile es significativo y en 2007 alcanzó a cerca de 1.600 millones de dólares.
Aunque de menor significación, hay un flujo de inversión chilena a Australia -cuestión que es menos conocida- del orden de los 743 millones de dólares.
Al margen de los aspectos comerciales, tres elementos estuvieron presentes en nuestra discusión.
El primero dice relación al hecho de que nuestras economías, sin perjuicio de que Australia triplica nuestro producto per cápita, muestran ciertas analogías.
Ella ha logrado altos niveles de desarrollo sobre la base de un importante potencial de recursos naturales al que ha sabido incorporar ciencia, tecnología y valor agregado. Por tanto, el proyecto incluye un relevante capítulo sobre cooperación.
En ese sentido, el presente Tratado de Libre Comercio se distingue de otros. Ese aspecto puede ser de gran importancia para nosotros en el potenciamiento de áreas como la agricultura, la vitivinicultura, la acuicultura, el sector forestal y el energético en todo lo referente a la formación científica y técnica.
El segundo aspecto, desde el punto de vista comercial, da cuenta de que se abre al mercado australiano el 91 por ciento de los productos chilenos con desgravación inmediata, lo cual implica el 99 por ciento de nuestras actuales exportaciones.
Asimismo, se consigna un proceso de desgravación a 6 años del cual se excluye al trigo, producto que evoluciona a una rebaja arancelaria mucho más lenta -tema muy vinculado al debate suscitado en la sesión de esta mañana-, es decir, a quince años.
Por su parte, Australia logró una desgravación inmediata del 87 por ciento de sus productos, lo que representa 99 por ciento de sus exportaciones a nuestro país.
Cabe consignar que la leche queda en un nivel de protección especial.
Como digo, el proyecto establece un marco de cooperación, una estructura jurídica y una institucionalidad para desarrollar intercambios y alianzas estratégicas, elemento este último que es novedoso en este Tratado.
Australia puede ser para Chile una puerta de entrada a los mercados asiáticos, mientras que, recíprocamente, nuestro país constituye para ellos una interesante plataforma hacia los mercados de América Latina y de América del Sur.
Además, el proyecto establece compromisos en el área del medio ambiente y en el ámbito laboral.
Finalmente, debo informar a la Sala que, entre las inquietudes planteadas en la Comisión, surgió una muy específica sobre el nivel de protección con que quedaban el pisco y nuestros vinos, la cual fue aclarada a través de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON).
El pisco chileno recibe el nivel de protección más alto que otorga el Estado australiano a bebidas espirituosas. La denominación territorial "pisco chileno" queda debidamente resguardada, como también otras denominaciones de origen en materia de productos vitivinícolas. Es decir, tanto las denominaciones de origen australiano como las chilenas se sujetan a la inscripción necesaria y recíproca en cada nación.
Me parece que esos fueron los puntos fundamentales del debate suscitado al interior de la Comisión.
Como digo, lo atinente a la protección del pisco y de nuestra denominación de origen "vino" hizo necesaria una segunda sesión.
Por último, la Comisión aprobó el proyecto en forma unánime, razón por la cual recomendamos a la Sala adoptar el mismo pronunciamiento.
El señor ROMERO.-
"Si le parece", señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
No, señor Senador, porque hay tres oradores inscritos: los Senadores señores Núñez, Navarro y Ominami.
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, me gustaría que los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores -que tuvieron la oportunidad de estudiar con mayor profundidad el Tratado- nos informaran respecto de los criterios existentes en Australia en materia de relaciones laborales, particularmente por ser ella, al igual que Chile, nación minera. Cuenta -como muy bien lo saben los señores Presidente y Vicepresidente del Senado- con grandes inversiones en el rubro, sobre todo en las Regiones del norte.
Considero que hoy no es el día más feliz como para aprobar un Tratado de Libre Comercio con Australia, ya que una de las mayores empresas de cobre del mundo, que explota el mineral quizás más importante de nuestro país, acaba de anunciar que ha despedido a 2 mil trabajadores.
Yo no sé qué ocurriría en Australia si una empresa chilena despidiera allá a 2 mil trabajadores.
Pero hay algo más grave, por lo menos desde el punto de vista de quienes tenemos interés en la minería, que sigue siendo nuestra principal actividad económica.
¿Qué dice este Tratado, por ejemplo, ante el hecho de que las empresas australianas, que en este momento no solo explotan el mayor yacimiento de cobre del mundo, La Escondida -ya no es Chuquicamata-, sino que además tienen intereses en varias otras compañías, no refinan ni funden absolutamente nada en Chile -¡ni un solo gramo de cobre!-, como muy bien lo sabe el señor Presidente?
En otras palabras, las empresas australianas no muestran ninguna disposición a fundir o refinar cobre en Chile. De lo contrario, no tendríamos 2 mil trabajadores despedidos hoy día en La Escondida. Porque, como es obvio, si se fundiera y refinara todo ese mineral en nuestro país, no solo exportaríamos con valor agregado, sino que también contaríamos con una cantidad enorme de personas laborando en la fundición y en la refinería, lo que no sucede en la actualidad.
Por tanto, es absolutamente legítimo el reclamo que han hecho hoy los trabajadores de La Escondida en el sentido de que no solo no se justifica el despido masivo, sino que, además, esta empresa, ya desde hace muchos años, tiene la determinación de no fundir ni refinar ningún gramo.
Lamento mucho que sobre esta materia no haya, ni en el Tratado que nos ocupa ni en nuestro propio ordenamiento legal, disposiciones que obliguen a esas empresas a refinar un porcentaje -no digo el cien por ciento- de su producción.
BHP Billiton despidió trabajadores, entre otras razones, porque vendió a Japón una cantidad importante de concentrados a un precio cercano a los 4 dólares la libra. En menos de dos meses, este bajó. Y como el contrato establecía que la empresa compradora iba a pagar el precio que tuviera el metal en el momento en que se refinara y fundiera en dicho país, el diferencial le significó a BHP Billiton una pérdida de 2 mil 800 millones de dólares, según mi información.
Reitero: dicha compañía vendió una gran cantidad de concentrado a Japón a un precio de casi 4 dólares la libra. Y como el valor que pagaban quienes importaban el cobre desde la mencionada empresa, que tiene intereses tan relevantes en el norte de Chile, era el final -es decir, el de cobre refinado-, el diferencial fue enorme, lo que le provocó una pérdida significativa.
Eso no le habría ocurrido si hubiese fundido y refinado el mineral en nuestro país, como lo hace CODELCO con el 98 por ciento de todo el cobre que exporta a los mercados internacionales.
Señor Presidente, me voy a abstener por dos razones. Primero, porque las normas de carácter laboral que utiliza Australia con respecto a sus trabajadores, nacionales y extranjeros, son distintas de las que aplica en nuestro territorio (como dije, hoy día se ha despedido a 2 mil trabajadores). Y segundo, porque las empresas de dicha nación, teniendo intereses fundamentalmente de carácter minero en Chile, no funden ni refinan ningún gramo del cobre que explotan aquí.
Por esas razones, me abstendré.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, sin duda, la apertura al Asia Pacífico resulta gravitante para el desarrollo de nuestra economía.
Acuerdos como este ilustran el crecimiento que Chile ha tenido en el mundo, el respeto internacional de que goza y su valoración en el exterior.
El informe señala como conclusión importante que Australia constituye un milagro de desarrollo económico que hay que conocer y visualizar.
Concuerdo en que la experiencia hay que revisarla. Y apelo a la mayor integración con ese país, particularmente desde los puntos de vista comercial, diplomático, parlamentario.
Me interesa destacar que en el Tratado se contemplan productos que se desgravan de inmediato con un arancel de cero por ciento y otros que tienen una regulación de excepción con una desgravación a seis años. Entre estos últimos están los textiles.
Llamo la atención sobre la explicación que dio el titular de la DIRECON al respecto: se aplica dicha excepción "dado que Australia se encuentra en proceso de reconversión de su industria textil y quiere protegerla (¿) en el caso chileno, quedarán desgravados en seis años pinturas, plásticos y también los textiles.".
Señalo esto porque, cuando vemos algunos modelos de desarrollo importantes, intentamos copiarlos de manera total y abrupta.
Muchas veces advertimos que debíamos proteger nuestra industria textil, pero no se nos escuchó.
Por ejemplo, Bellavista Oveja Tomé, en mi Región: 700 empleos perdidos hace un año. Podríamos tener una de las mayores empresas de América Latina en el rubro, exportando a 84 países con un precio de equilibrio comercial de 526 pesos el dólar. Hoy día este se empina sobre los 626 pesos. Por tanto, estaríamos obteniendo grandes ganancias.
Sin embargo, cuando alegamos que había que apoyar a esa industria porque la situación del dólar era transitoria, se nos dijo que el modelo -el de libre mercado- no lo permitía; que no era posible hacer excepciones; que BancoEstado no se hallaba en condiciones de apoyar; que se rascaran como pudieran; que el modelo funcionaba por sí mismo.
Australia protege su industria textil. Por eso en este Tratado nos aplica una excepción: desgravamen a 6 años para los productos chilenos de ese tipo que ingresen a ese país.
Hago la salvedad porque es importante saber que en todo modelo siempre hay oportunidad para fijar normas excepcionales.
Del mismo modo, señor Presidente, enfatizo que votaré a favor del proyecto porque el Convenio contiene un área muy relevante que debe ser profundizada: la educacional.
Se han concretado en Australia con más de 8 universidades relevantes acuerdos referidos a capacitación en inglés; desarrollo de tesis para estudiantes de magíster y doctorado, y posibilidades para la realización de estudios de magíster (dos años) y doctorado (cuatro años). Estas becas pueden llegar a 500 plazas por año.
En el caso de programas de centros de formación técnica (TAFE), se contemplan hasta 400 becas por año.
Además, se suscribió un acuerdo con el Consorcio de Universidades Australianas. También se trata de becas para estudios de magíster y doctorado. Las áreas prioritarias de estudio para los futuros becarios son las mismas que se contemplan en el Acuerdo con los TAFE. Y se entregarán 500 por año.
Me gustaría saber cuál es la política de reciprocidad al respecto. Si jóvenes chilenos van a ir becados a Australia, nuestras universidades, asumiendo que el Estado pague las becas respectivas, podrían también invitar a estudiantes australianos de todo nivel (pregrado y posgrado) para que estudien en Chile.
Por otra parte, parece una muy buena iniciativa aumentar las exportaciones a Australia. Todo indica que ellas se incrementarán en 30 por ciento. La balanza comercial con ese país ya nos es ampliamente favorable en alrededor de 200 millones de dólares.
Quiero recalcar otra gran lección que podemos sacar del intercambio comercial con Australia: el caso de Hydro Pacific, en Coya, Sexta Región.
Tuve posibilidad de conocer esa central hidroeléctrica de pasada, que va a generar más de 350 megavatios, con una inversión cercana a los 400 millones de dólares. Los vecinos tienen aprensiones. Se han solicitado todos los informes a los organismos correspondientes respecto de los impactos ambientales y del nivel mínimo de aguas para proteger los ríos involucrados.
Cuando preguntamos por la propiedad de Hydro Pacific, se nos informó gratamente que jubilados australianos invirtieron 400 millones de dólares en Chile, en un negocio muy rentable, como es producir energía limpia en una central de pasada, y que estaban decididos a quedarse.
La pregunta que yo me hago es la siguiente: en momentos en que tenemos 49 mil millones de dólares de pérdida en los fondos de nuestros afiliados a las AFP, ¿por qué los pensionados australianos deciden invertir en Chile, donde hay posibilidades de negocios ciertos, rentables, seguros, y no lo hacen las AFP o nuestros jubilados? En cambio, quienes administran sus recursos los invierten en acciones, en bonos en el extranjero, cuyo riesgo tiene los resultados que todos conocemos: grandes pérdidas.
Por mi parte, apelo a que también aprendamos de esa realidad.
Esperamos que a través del Grupo Interparlamentario Chileno-Australiano podamos conocer más de cerca este instrumento, en particular en materia educativa.
Votaré a favor del proyecto de acuerdo, porque sin duda constituye un avance en el proceso de integración global de nuestro país.
En todo caso, exijo respeto mutuo de las leyes locales, especialmente de las laborales, como lo planteó el Senador Núñez. Queremos inversiones, pero también que las empresas foráneas, cuando lleguen a Chile, cumplan nuestras leyes y tengan la mejor convivencia posible con nuestros trabajadores.
Ojalá que la situación indicada por el señor Senador se aclare, no a nivel de embajada, porque no corresponde, pero sí de empresa, para que sigamos considerando buenas a las de origen australiano que han invertido en Chile. Hoy día ello ha quedado en tela de juicio.
He dicho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
Señor Presidente, a raíz del caso planteado, nos encontramos ante la posibilidad de enmendar, de una vez por todas, la forma como se ha aplicado nuestro modelo económico, quedando cada vez más en evidencia que resulta lesivo para el interés nacional, sobre todo en el sector de la minería.
El fin de semana pasado tuve la oportunidad de estar en la comuna de Punitaqui, donde me encontré con una situación parecida a la descrita, aunque no afecta a la gran minería: una empresa minera mediana quebró y dejó a 500 empleados en la más absoluta orfandad.
Este hecho, casualmente, también se produce con una empresa australiana.
El ejemplo dado por el Senador señor Núñez es, con razón, de mayor envergadura, y refleja lo que ocurre en la Segunda Región.
Pero el que acabo de señalar es similar y, a mi juicio, muestra que hemos ido llevando adelante el desarrollo minero sin cautelar debidamente el interés nacional.
Comparto plenamente el criterio de que Chile debería tener una política minera que permitiera que nuestro cobre se fundiera y refinara acá. Pero seamos claros: esa política se abandonó. Venía desde antes y culminó con CODELCO, que tenía una capacidad de fundición y refino de 90 a 95 por ciento.
Dicha política se deja de lado en el Régimen militar. Se dijo que ello fue para captar el ingreso de dólares al país o inversiones extranjeras que no llegaban por otros motivos. Pero cuando se recuperó la democracia esa razón dejó de existir. Al normalizarse la situación política en Chile, ya no tenía sentido, pues se trataba de una razón más bien política, de ese momento.
Lo que cabía entonces era revisar esa política. Sin embargo, llevamos veinte años sin hacerlo.
A mi juicio, la responsabilidad de no tener una política minera claramente corresponde a los Gobiernos que asumieron el manejo del país desde la recuperación de la democracia.
Considero importante dejar en claro ese punto.
Y no solo no se ha modificado el modelo, sino que, además, se han acentuado las decisiones político-económicas en desmedro de la actividad nacional.
¿Qué ocurre con las grandes y medianas empresas mineras que se han instalado en Chile y que, con los altos precios del cobre y de los minerales, en general, se han hecho tan cuantiosas? Sucede que un dólar en la actividad extractiva propiamente tal es mucho más rentable que uno -y comparto el juicio del Senador señor Núñez- en refino y fundición.
Pero esa es la concepción desde el punto de vista de la empresa minera. Después de veinte años, cabe preguntarse qué es lo más rentable, lo más conveniente para Chile.
Sin duda, en una visión de país, resulta mucho más importante colocar como condición que parte de esos dólares se inviertan en fundición y refino. No solo porque ello nos permitiría manejar plenamente una gran riqueza, respecto de la cual Chile tiene una posición muy preponderante, sino, además, porque significaría incorporar valor agregado a esos productos. Hoy el mineral ni siquiera se vende como materia prima. Seamos claros: el concentrado que se exporta contiene 30 por ciento de cobre y 70 por ciento de tierra.
En consecuencia, si tuviéramos capacidad de fundición y refino en Chile, lo señalado anteriormente no estaría ocurriendo y, por esa vía, los productos mineros tendrían valor agregado. En definitiva, entraríamos en una segunda fase exportadora. Cabe reconocer que todo el desarrollo que hemos experimentado en gran medida ha sido sobre la base de explotar materias primas.
En ese ámbito, justamente donde opera la actividad rectora de nuestra economía -porque, querámoslo o no, la minería y el cobre, en particular, van a seguir siendo aspectos determinantes-, no ha habido capacidad para tener una política minera.
Y no digan que no se puede hacer.
Existió una política minera hace 40 ó 50 años, cuando los Gobiernos de la época tomaron conciencia de esa situación.
La hubo en los Gobiernos radicales, sin duda.
La hubo en el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva. ¡Y de qué manera!
La hubo también en el Gobierno de Salvador Allende.
Y, para ser precisos, de alguna forma la hubo en el Gobierno militar.
Es en los Gobiernos de la Concertación donde esto se ha dejado entregado al mercado, como hoy día se reconoce. Ha quedado simplemente "a la buena de Dios".
Y no solo no hemos implementado una política minera, sino que, además, en los tratados de comercio que hemos suscrito facilitamos esa forma de producción. Porque, curiosamente, en muchos de esos instrumentos internacionales se establecen aranceles que castigan cuando exportamos cobre refinado, pero no cuando se trata de concentrado de cobre, como indicó el Senador señor Núñez, con toda propiedad.
El proyecto de acuerdo en análisis, que iba a pasar un poco desapercibido, a mi juicio, nos lleva a un problema de fondo similar al que se discutió esta mañana: si el Estado, el Gobierno o como se quiera llamar debe o no proteger a los pequeños o microempresarios agrícolas.
Yo pienso que todo es parte de lo mismo.
Pero la realidad nos conduce a una situación tremendamente delicada. Aquí, al parecer, no hay conciencia. Hemos estado como adormecidos con relación a lo que ha estado pasando con la minería.
Sería bueno que ahora, con ocasión de la crisis que se vive, donde han bajado los valores de los minerales en general, se reaccionase y corrigiese la forma como Chile debiera enfrentar el desarrollo minero.
Hace dos días dimos a la Sala de Lectura el nombre de un gran pionero chileno, un hombre extraordinario: don Pedro León Gallo. Uno de los políticos más grandes que Chile produjo en el siglo XIX, quien, además, tuvo la virtud de ser un gran empresario minero, un gran emprendedor: él y su familia. Ya en esa época, para justificar su posición política, tomó conciencia de lo que significaba para las provincias del norte, especialmente para la Tercera Región, una política minera desaprensiva respecto de lo que ocurría en Santiago en esos años.
Señor Presidente, si eso fue valedero hace 150 años, imagine lo que significa para la producción y para el país la tragedia nacional de no haber sido capaces, en todo ese tiempo, de sacar las consecuencias lógicas, políticas y económicas que nos anticipó don Pedro León Gallo.
Y hoy, curiosamente, vemos que cuando ocurren situaciones como las que se nos han descrito, además de la que he traído a colación sobre Minera Punitaqui, en el Senado reaccionamos como si no supiéramos lo que está pasando.
En efecto, postulamos que todo debe funcionar libremente; que no corresponde tomar decisiones; que las cosas se arreglan solas. Pero, en definitiva, esta es la peor vía que podemos seguir si pretendemos, de una vez por todas, colocar a nuestro país en una posición de desarrollo. Por eso, señor Presidente, me voy a abstener en la votación de este proyecto.
Con ello no quiero sino llamar la atención para que nuestro Gobierno reaccione y no sigamos con esta carrera de firmar un sinnúmero de acuerdos, de cualquier forma, sin velar por el verdadero interés nacional.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente, yo voté favorablemente el Tratado de Libre Comercio con Australia hoy en la mañana, en la Comisión de Hacienda.
Juzgo importante que Chile siga perseverando en la línea de suscribir este tipo de acuerdos, pues dan estabilidad a nuestro comercio internacional. Y el que ahora nos ocupa posee, además, una particularidad muy relevante: nos otorga cierta protección jurídica frente a un escenario internacional donde es altamente probable que comiencen a surgir reacciones proteccionistas.
Tal será la tendencia en el mundo en los próximos años. Desde ese punto de vista, Chile, que ha firmado más de 20 acuerdos de libre comercio con alrededor de 60 a 70 países, se encuentra más protegido que otros respecto de los efectos negativos del proteccionismo.
Por dicha razón voté a favor del Tratado y soy partidario de continuar en esa línea.
En todo caso, señor Presidente, pido segunda discusión para este proyecto de acuerdo, en primer término, para manifestar nuestra inquietud por lo que está ocurriendo en Minera Escondida, de propiedad de BHP Billiton.
Creo que no constituiría una buena señal el hecho de que el Senado aprobara este Tratado de Libre Comercio -pese a que, repito, a diferencia de otros de la misma naturaleza, contiene un capítulo sobre protección de inversiones-, en momentos en que se anuncia el despido de 2 mil trabajadores por parte de la principal empresa australiana instalada en Chile.
En segundo lugar, coincido con lo planteado por el Senador Núñez, y quiero agregar algo.
Se indicó que producto de la transacción señalada Minera Escondida habría perdido cerca de 2 mil 800 millones de dólares. En estricto rigor, dejó de ganar dicha cantidad, que no es lo mismo que perderla. Porque, como todos sabemos, esa empresa tiene costos de producción muy por debajo del dólar, y en los últimos años estuvo vendiendo a los precios que se conocen.
Señor Presidente, Minera Escondida ha batido todos los récords en cuanto a los beneficios que una transnacional puede obtener en el mundo. Recientemente se publicó la siguiente información: que con las utilidades de dos años esa compañía amortizó el conjunto de su inversión histórica en Chile.
Tal resultado no lo consigue ninguna otra empresa.
Pero -digamos las cosas como son- eso no es culpa de Minera Escondida. Es culpa nuestra; es culpa de la legislación en materia tributaria; es culpa de normativas sobre invariabilidad tributaria vinculadas con el decreto ley N° 600.
Y, en especial, es responsabilidad nuestra por no impulsar una buena tributación sobre los recursos naturales, particularmente de carácter minero. Porque lo que tenemos hoy día: el mal llamado "royalty", constituye un muy modesto impuesto específico a la minería.
¡Esa es la verdad!
Minera Escondida no violentó las reglas chilenas, sino que se apoyó en ellas. Y quedó en evidencia que son bastante inadecuadas; que no protegen en forma apropiada nuestro patrimonio en materia de recursos naturales, ni por la vía tributaria, ni por la vía de la incorporación en la cadena de valor de las actividades de fundición y refinación del cobre, que debieran ser parte fundamental de una eficiente política minera.
Señor Presidente, en la Comisión de Hacienda hice la salvedad de que me pronunciaba a favor del Tratado -en el cual, reitero, existe un capítulo sobre protección de inversiones- en el entendido de que ninguna de sus normas inhibe al Estado de Chile a modificar la tributación en el sentido de que el Parlamento soberanamente puede hacerlo.
Sin embargo, tengo dudas acerca de si el capítulo sobre protección de inversiones no impide a nuestro país, por ejemplo, establecer cierta obligatoriedad para todas las empresas mineras respecto de fundir o refinar en el territorio un porcentaje de su producción.
Igualmente, tengo dudas sobre si, al aprobar un Tratado de este tipo, no estamos limitando también nuestra posibilidad de generar política minera. No hago la afirmación; hago la consulta.
En el aspecto tributario, se me garantizó que no hay ninguna norma que nos impida ejercer amplia soberanía en ese plano.
Sin embargo, el despido de 2 mil trabajadores en Minera Escondida; lo ocurrido en Minera Punitaqui, en la Cuarta Región, y la importancia que reviste el esclarecer una duda relativa a los alcances del capítulo sobre protección de inversiones contenido en el Tratado -si se despejaran ahora, tanto mejor-, son, a mi juicio, buenas razones para retomar la discusión de este proyecto de acuerdo una vez que volvamos del receso parlamentario de verano.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, siento que el Tratado con Australia se haya abordado al final de la sesión.
Me parece del mayor interés hacer una reflexión compartida al respecto.
En primer lugar, estamos tratando de tapar el sol con un dedo. La crisis es una realidad en Chile, como en todo el mundo. Entonces, me sorprenden ciertas reacciones que se producen frente a ese hecho lamentable, y que, en definitiva, no entendamos que la crisis, de una u otra manera, nos va a afectar.
Resulta indispensable separar los asuntos.
Se ha demostrado que los tratados de libre comercio mejoran sustantivamente los términos comerciales de nuestras relaciones en el ámbito internacional, y más aún cuando en este caso existe la disposición de proteger las inversiones.
Con relación a lo que sucede en Minera Escondida, de BHP Billiton, el grueso de los despidos que, por desgracia, se han realizado, corresponden a empresas contratistas. Pero ya se efectuaron; pertenecen al pasado, aunque al pasado inmediato tal vez, y afectan no solo a las dos mil personas que trabajaban en ellas.
Dichos contratistas desarrollaban proyectos de expansión, de manera que los despidos no tuvieron que ver con los costos de producción. Son cosas diferentes.
Creo que estamos desviando el punto de atención y el del disparo al vincular esa situación con el Tratado de Libre Comercio en análisis, el que, entre otras materias, contiene disposiciones sobre protección de inversiones, que son cuantiosísimas.
Si yo preguntara hoy día en qué actividad minera ha habido mayor inversión en Chile, sin duda me responderían que en la de estas empresas.
Siento que estamos confundiendo los términos. Aquí se habla de la carencia de una política minera. Puedo concordar en que se discuta la existencia o no existencia de esta, pero de ahí a cuestionar los términos de un tratado de libre comercio me parece no solo disonante con los objetivos de estos instrumentos, más aún si Chile, prácticamente, ha cubierto toda su economía sobre la base de ellos, con casi el 85 por ciento de los países con que comercializa. De modo que suspender en forma transitoria el análisis de esta materia produce más efectos negativos que positivos.
No cabe la menor duda de que un país que protege las inversiones mediante un tratado de libre comercio, va a estar en mejor disposición para solicitar solidaridad a las empresas que se hallan cubiertas por dicho convenio antes que pedirla a aquellas que no lo están. Esa es una realidad y un hecho.
Por eso me llama la atención que estemos desviando o no estemos centrando el disparo donde corresponde.
A mi juicio, son cuestiones distintas.
Echar de menos una política minera es perfectamente razonable si se tiene un fundamento, tal como aquí se ha explicitado. Pero una cosa diferente es presionar a través de suspender la vigencia de un tratado de libre comercio que lo único que hace es resguardar las inversiones mediante el referido capítulo contenido en él.
Me parece que crear inseguridad, no tener certeza jurídica respecto de una determinada situación, lo único que va a lograr será poner en mayor riesgo los planes de expansión.
Lo que debemos hacer es asegurar que dichos planes de expansión se concreten, que las plantas de desalinización no queden a medias.
Entonces, creo que estamos equivocados.
Me va a perdonar, señor Presidente -y quiero pedirle al Senador señor Ominami que retire la solicitud de segunda discusión, aun cuando entiendo el objetivo que plantea-, pero me parece que no estamos apuntando al centro del debate.
Una cosa es la política económica y otra son los efectos de la crisis mundial, pero una cuestión muy distinta es que estemos amparados en un tratado de libre comercio que lo único que hace es favorecer nuestras expectativas.
Entonces, nos estamos disparando a los pies.
En mi opinión, esta situación debiera ser obviada de otra forma, a fin de que no nos lleve por un camino equivocado.
Debemos afrontar esta crisis mundial con la mayor confianza por parte de los inversionistas, porque son ellos los que van a crear las condiciones para superar sus efectos.
En todo caso, por un asunto de quórum, según entiendo, no estamos en condiciones de aprobar el proyecto. Y, desde el punto de vista a que hice referencia, prefiero que tengamos el quórum.
Sin embargo, quiero apuntar a lo principal: ¡No nos equivoquemos hacia donde disparar!
He dicho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VIERA-GALLO (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, más allá de la controversia que se ha producido, para el Gobierno es muy importante que se apruebe este Tratado, pese a los comportamientos que puedan exhibir determinadas empresas.
Por lo mismo, en atención a la última consideración formulada por el Senador señor Romero, hemos retirado la urgencia al proyecto.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, Australia está dentro de las diez economías más importantes del planeta; Australia es uno de los países con una institucionalidad bastante más desarrollada que la de muchos otros con los que tenemos acuerdos de libre comercio; Australia es una de las naciones con una legislación laboral -y no quiero ser ofensivo con esto- mucho más proempleo, protrabajadores, que la nuestra.
Los australianos cuentan, sin duda, con normas medioambientales más avanzadas que las de nosotros. Tienen estándares de vida y promedios de ingresos muy superiores a los nuestros.
Lo que le conviene a nuestro país -a los chilenos, a los trabajadores de nuestra patria- en una economía que se orienta prioritariamente a la exportación, donde cerca de un tercio del PIB lo exportamos, es precisamente establecer relaciones con un mayor poder adquisitivo, con un mercado más desarrollado, donde podamos vender nuestros productos y defender y crear empleo.
Hay quienes han querido orientar este debate en relación con nuestras políticas internas. Digamos las cosas como son: BHP Billiton u otra empresa actúa a los efectos laborales igual que cualquier empresa chilena. Porque ello tiene que ver con nuestro marco jurídico y no con la nacionalidad del capital en un caso u otro.
Aquí se ha generado, señor Presidente, una distorsión en la discusión.
Este es un acuerdo de libre comercio que permite que nuestros productos, por sobre todo, entren con mayor facilidad al mercado australiano.
Por su parte, los productos australianos ingresan a Chile con tremenda facilidad debido a nuestra política unilateral de fijar barreras tarifarias bajas.
El interés en este proyecto, sin duda, es mayor para Chile que para otros.
Comparto lo que dijo el Senador señor Zaldívar, en el sentido de que deberíamos revisar las políticas de concesiones mineras y ser capaces de examinar ciertas normas internas respecto de cómo se hace uso de nuestros recursos naturales no renovables, pero ello no tiene nada que ver con la iniciativa que nos ocupa. Absolutamente nada. Y es muy sorprendente que líderes destacados confundan estos dos debates.
Hoy, en nuestra Región, la inversión de Hidro Pacific -de la cual se hizo alusión aquí- representa uno de los aportes más eficaces y con menor impacto ambiental que se han realizado en el valle central de Chile y va a terminar generando más de 500 megavatios de energía, con centrales de paso.
Señor Presidente, siento que este Acuerdo de Libre Comercio es más favorable para Chile que para los australianos.
Mi única duda para ver si se suspende la votación y si hay una segunda discusión es saber si contamos con los votos. Tengo la impresión de que los tendríamos si se hacen sonar los timbres. En caso contrario, este Tratado no va a entrar en vigencia el 1º de marzo como está contemplado. Y eso nos hace mal. Más aún cuando hay consenso de generar todas las condiciones para combatir los problemas de desempleo en nuestro país. Es contradictorio.
El Senado asume una responsabilidad sobre el particular.
Soy partidario de votar a favor y tener claro el ámbito de acción del Tratado que nos ocupa.
Otra cosa es si nuestra legislación interna es mala. Y lo es, a mi juicio, respecto de las concesiones mineras. Sin duda, prefiero que se modifiquen dichas disposiciones. Pero no es esa la materia que estamos votando hoy.
Señor Presidente, si están los 22 votos que se necesitan, porque hay una norma de quórum, hago un llamado para que se apruebe hoy día esta iniciativa y así dar una señal de responsabilidad internacional. Pero, por sobre todo, para tener un instrumento que nos permita combatir los problemas del empleo, que son muy importantes, dado que el sector exportador ayuda a la mantención de los puestos de trabajo en nuestro país.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, a estas alturas del debate seré muy breve porque las últimas intervenciones van en la línea de lo que quería plantear.
En mi concepto, se está confundiendo un problema específico que se ha suscitado en una empresa por razones que desconozco -imagino que se relaciona con la situación económica internacional, con el precio del cobre, o con lo que sea- con el Tratado que estamos discutiendo, lo cual no guarda relación alguna.
Tanto es así que la situación a que se ha aludido se produjo antes de la aprobación de este Convenio y se podría haber generado igual después, porque este no va a originar ninguna diferencia al respecto.
Si queremos modificar la política tributaria, se podrá hacer. Si queremos cambiar las reglas de la inversión, se tendrán que acomodar. Pero aquí estamos avanzando en una línea que el país ha definido en forma muy significativa.
Tanto es así que las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda aprobaron el proyecto de acuerdo por unanimidad.
Entonces, no veo cómo se pueden confundir las materias.
Si faltaran votos para alcanzar el quórum requerido, me parecería razonable suspender la discusión. Pero si se trata de un problema ulterior, considero grave que particularmente las bancadas de Gobierno contradigan una política que el Ejecutivo ha venido llevando adelante con éxito y que normalmente ha contado con nuestro respaldo. Los pocos casos en que no la hemos apoyado se han debido a problemas específicos con sectores productivos insatisfechos con respecto a sus aspiraciones. Tal sucedió con el MERCOSUR y la agricultura. Pero en general hemos respaldado esa política, pues dice relación a cómo Chile desarrolla su proyección y su inserción en el mundo.
En consecuencia, si están los votos, pido que el asunto se resuelva hoy, pues no hacerlo sería una pésima señal y -estoy cierto- echaría al suelo todo el esfuerzo desplegado en el último tiempo para aproximarse a Oceanía, y en especial a Australia.
Por lo demás, este Acuerdo no es solo comercial, sino también de cooperación, sobre fijación de reglas de inversión. O sea, se trata de un instrumento con la profundidad y complejidad que deseamos. Además, aspiramos a asociarnos con países exitosos, como lo es Australia.
Entonces, me parecen sorprendentes algunas aseveraciones formuladas a propósito de un problema distinto, que no guarda relación con lo que debemos discutir hoy.
Por eso -repito-, si no se reúne el quórum exigido, me sumo a la solicitud de segunda discusión. Pero si están los votos, pido que nos pronunciemos y despachemos hoy la iniciativa.
La próxima semana se celebra la Fiesta Nacional de Australia. Creo que sería una muy mala señal que pocos días antes de ello no nos pronunciáramos sobre el instrumento en análisis, porque se generaría confusión en cuanto a las razones tenidas en vista para una decisión de tal índole.
He dicho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente, participé en la Comisión de Relaciones Exteriores cuando se analizó este Tratado, que fue respaldado en todos sus aspectos.
Ante la situación que vivimos hoy, estimo que es mejor tener el Acuerdo, especialmente por lo relativo a la solución de controversias entre ambos gobiernos o, eventualmente, con alguna empresa australiana.
Me parece que este instrumento y todos los posibles son necesarios para nuestro futuro inmediato, donde requeriremos inversión extranjera eficiente. Y, como han señalado aquí algunos señores Senadores, Australia es uno de los socios principales para un repunte de nuestra actividad económica, particularmente en el sector minero, que es tan significativo para nosotros.
He dicho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, comparto absolutamente lo manifestado por los señores Senadores que plantearon la necesidad de votar el proyecto de acuerdo en esta sesión.
Basta argumentar que Australia es el quinto mayor inversionista en Chile y que nuestro país es el principal inversor sudamericano en aquella nación.
Estamos hablando de un tratado de libre comercio fundamental para el desarrollo de Chile. Entonces, me parece increíble que, más allá de las aprensiones legítimas, no queramos resolver sobre él.
Por lo tanto, pido que se constate -hablemos en castellano- si están los votos requeridos para aprobar la iniciativa, que es de quórum especial. No he estudiado el punto en detalle, pero no entiendo por qué un tratado de libre comercio necesita un quórum de tal naturaleza.
En todo caso, considero fundamental aprobar hoy el proyecto de acuerdo, porque no hacerlo constituiría un tremendo error.
He dicho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente, quiero llamar la atención de los señores Senadores.
La política exterior de Chile es de Estado. Nuestro país tomó una opción por el regionalismo abierto. Somos una nación pequeña, que depende en 60 por ciento -y en 80 por ciento si sumamos los servicios- de lo que haga en materias de exportación e importación.
Tratándose de una relación con países del tamaño de Australia, ¿nos conviene o no tener reglas claras?, ¿nos conviene o no contar con normas sobre solución de controversias?
Como se ha argumentado -y con razón-, es factible que discutamos acerca de normas tributarias o de política minera. Pero ello no puede hacerse a propósito de un acuerdo -a mayor abundamiento, no es solo de libre comercio, sino además de cooperación-, con una nación de la envergadura de Australia, que permitirá emprendimientos comunes para llegar a las economías de Asia, las cuales son básicas para el crecimiento de Chile.
Señor Presidente, creo que no aprobar el Tratado -les pido a mis Honorables colegas especial atención- afectaría (y lo digo muy fuerte) a la política exterior de Chile, a nuestra credibilidad en el concierto internacional.
¡Cómo una decisión de aquella índole va a ser mejor -en su momento se aprobó un tratado de libre comercio con Estados Unidos- que disponer de reglas que permiten negociar de manera más conveniente!
Todo lo que buscan los países más pequeños es tener regulaciones con las naciones grandes. Porque ellas a quién favorecen. ¡A los chicos, pues! O sea, a nosotros.
Entonces, es obvia la conveniencia de contar con reglas insertas en un instrumento internacional que va más allá de un tratado de libre comercio, pues se extiende a la cooperación. Y ello, con un país como Australia, que ha avanzado notablemente en materia de educación, lo cual constituye una prioridad para Chile.
Francamente -perdónenme por reiterarlo-, opino que no aprobar el proyecto de acuerdo sería incomprensible desde el punto de vista de nuestra política exterior, y muy particularmente porque Chile ha cumplido un papel protagónico en la APEC, que, entre otros países, está conformada por Australia, nación fundamental para que nos proyectemos hacia Oceanía.
Por eso deseaba llamar la atención de Sus Señorías.
Ahora, comparto algunas de las afirmaciones formuladas aquí. Pero ellas no tienen nada que ver con la aprobación del proyecto de acuerdo y, al cuestionar el tratado, ponen en peligro la imagen de un país que optó por abrirse al mundo y fijar reglas claras con el objeto de fortalecer su desarrollo y su inserción internacional.
Por lo expuesto, señor Presidente, yo quisiera a lo mejor comprometer desde ya la celebración de una sesión en marzo para que abordemos la política minera, la tributaria u otra. Pero, ¡por favor!, no planteemos esa discusión -y lo digo con todas sus palabras- para jugar hoy día con el prestigio internacional de Chile.
Modestamente, como ex Ministra de Relaciones Exteriores, llamo a la conciencia del Senado, pues no se entendería que no aprobáramos el proyecto de acuerdo y al cuestionar el Tratado provocaríamos un efecto impredecible en la imagen externa de nuestro país.
He dicho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis. Luego votaremos, pues entiendo que se retiró la solicitud de segunda discusión.
El señor LARRAÍN.-
Si es así, votemos.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, creo que en este tipo de decisiones hay que distinguir las materias coyunturales de las más permanentes.
Sin duda, la inserción internacional de Chile es un tema permanente. En cambio, muchos de los aspectos que se han abordado hoy corresponden a problemas internos que deberemos resolver de alguna forma.
Solo quiero destacar que la política de apertura constituye un elemento esencial. ¿Por qué? Porque, cuando no existe este tipo de tratados en el ámbito tributario, generalmente las materias primas tienen aranceles muy bajos en el mundo; pero a medida que se va agregando valor a los productos las restricciones son mucho más altas. Por lo tanto, cualquier acuerdo de libre comercio tendiente a que en los distintos países haya bajos aranceles no solo para las materias primas sino también para los productos elaborados implica una apertura comercial demasiado importante para una nación pequeña como Chile.
Por lo expuesto, considero pertinente votar hoy el proyecto de acuerdo y no esperar más.
He dicho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ominami, pero para el solo efecto de mantener o retirar la solicitud de segunda discusión.
El señor NÚÑEZ.-
¿Puedo fundar el voto?
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Siempre puede hacerlo, Su Señoría.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente, quiero retirar la solicitud de segunda discusión,¿
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Muy bien.
El señor OMINAMI.-
¿sobre la base de pedir que se haga un esfuerzo para difundir el debate que hemos tenido en esta Sala, a los efectos de que la Embajada de Australia conozca los argumentos hechos presentes aquí y Minera Escondida sepa que se produjo una discusión sobre el punto cuestionado.
Y me parece muy bien lo planteado por la Honorable señora Alvear en el sentido de que en marzo efectuemos un debate a fondo sobre la política minera del país.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, siempre he votado a favor -también cuando fui Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores- los diversos tratados sometidos a nuestra consideración, incluidos los celebrados con la Unión Europea y Estados Unidos, como le consta a la Senadora señora Alvear.
Empero, en esta ocasión me abstendré, porque el planteamiento en cuanto a que se funda o se refine cobre en nuestro país lo he mantenido durante los últimos 15 a 20 años.
Formé parte -con el entonces Senador Lavandero, entre otros- de la Comisión donde hicimos estudios sobre la necesidad de que todas las empresas extranjeras dejen en nuestro país un porcentaje del cobre que extraen, para que el mineral no se vaya como tierra.
Entendámonos bien. El cobre denominado "concentrado" no es tal. Se trata de simple tierra que lleva una porción de cobre. Y el Estado no sabe qué porcentaje de molibdeno, de plata, en fin, contiene.
Lo he dicho a distintos embajadores de Australia. En la Embajada de esta nación deben estar contabilizadas todas mis visitas. Y con el señor Vicepresidente fuimos a protestar contra la situación provocada por la empresa minera canadiense Homestake, que nunca refinó un gramo de oro en Chile y que en nuestra Región, de la noche a la mañana, dejó cesantes a cientos de trabajadores, sin explicación alguna.
Eso ocurrió -lo sabe muy bien el Honorable señor Prokurica, quien está dirigiendo el debate- hace quince años.
Entonces, se trata de algo que he venido sosteniendo sistemáticamente. Y si no hay otra oportunidad para plantearlo, perdónenme. Pero los australianos saben perfectamente lo que pienso.
Por eso mi posición tiene fundamento, señor Presidente.
Me abstengo.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, tal como lo anuncié durante mi intervención, votaré a favor de este proyecto de acuerdo porque, a mi juicio, el Tratado en comento constituye un avance.
Se ha abierto debate en torno a la política minera, en particular con respecto a la evaluación constante de la protección de nuestras exportaciones, para que no constituya una norma radical el tener que evitar siempre las salvaguardias.
En el Tratado que nos ocupa, Australia hace uso, legítimamente, del sistema de resguardo para su industria textil.
Por consiguiente, quiero sumarme a la solicitud de celebrar una sesión especial sobre la política minera (podemos establecer la fecha desde ya).
Creo que así los señores Senadores podrán votar favorablemente esta iniciativa, conforme a lo que argumentó la colega Alvear sobre la necesidad de mantener nuestros compromisos internacionales vigentes, pero sin eludir ni pasar por alto el debate de fondo abierto en cuanto, primero, a la política minera nacional, y segundo, al aspecto laboral para las inversiones extranjeras en Chile, cualquiera que sea el país que las efectúe.
Voto a favor.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo (25 votos a favor y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y los señores Arancibia, Escalona, Espina, Flores, Frei, García, Gazmuri, Girardi, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Novoa, Ominami, Orpis, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide y Sabag.
Se abstuvieron los señores Gómez y Núñez.
AMPLIACIÓN DE PLAZO DE INSTALACIÓN EN TOCOPILLA PARA ACOGERSE A RÉGIMEN DE ZONA FRANCA INDUSTRIAL
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que prorroga el régimen de zona franca industrial de insumos, partes y piezas para la minería en la comuna de Tocopilla, Región de Antofagasta, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6373-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 88ª, en 21 de enero de 2008.
Informe de Comisión:
Hacienda, sesión 89ª, en 21 de enero de 2009.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El objetivo de la iniciativa es ampliar hasta el 31 de enero de 2012 el plazo de instalación en la comuna de Tocopilla a los efectos de que las empresas industriales manufactureras que elaboren insumos, partes o piezas o reparen bienes de capital para la minería se acojan al régimen de zona franca industrial.
La Comisión de Hacienda aprobó el proyecto en general y en particular por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señora Matthei y señores Escalona, Frei, García y Ominami), en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, el aplazamiento del régimen de zona franca industrial va a fortalecer el empleo y el desarrollo de la comuna de Tocopilla y de toda la Región de Antofagasta.
Solo quiero señalar que, con motivo de un reciente viaje, hicimos una evaluación de la situación de abandono en que se encuentran las zonas extremas de Arica y Magallanes.
En particular, el funcionamiento de la zona franca de Iquique amerita una evaluación del tipo de franquicias y de facilidades existentes para asegurar un desarrollo armónico, y muy especialmente, de las excepcionalidades que hemos brindado a Arica.
No hubo posibilidad de retener a la General Motors en Arica. Así, salió de la zona una industria que generó centenares de empleos vinculados al ensamblaje de vehículos nuevos. Y en el caso de la ZOFRI hemos devenido en un grave problema de exportación de vehículos usados, muchas veces en condiciones inadecuadas para enfrentar las exigencias ambientales, lo cual ha terminado en un impedimento, en virtud de un decreto dictado por Bolivia, del ingreso de más de mil unidades.
Si la voluntad del Ejecutivo y de la Sala -por cierto, votaré a favor- es establecer la continuidad del régimen de excepción, dejo pendiente el hecho de que la situación de Iquique y Arica -el Senador Orpis lo sabe muy bien- requiere también una revisión.
Las condiciones, las atribuciones y las facilidades que tiene la ZOFRI son cada día más restrictivas. Y eso significa un fuerte golpe no solo al empleo sino además a las posibilidades de desarrollo de Arica e Iquique.
Votaré a favor de la iniciativa. Y espero que el Ejecutivo y el Senado demuestren la misma buena voluntad cuando discutamos proyectos de ley que otorguen iguales garantías y excepcionalidades a las zonas señaladas.
He dicho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la idea de legislar.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (21 votos afirmativos), el cual, no habiéndose formulado indicaciones, queda aprobado también en particular, con la misma votación, y despachado en este trámite.
Votaron la señora Matthei y los señores Escalona, Espina, Flores, Frei, García, Gazmuri, Gómez, Horvath, Kuschel, Letelier, Longueira, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Núñez, Ominami, Orpis, Prokurica, Ruiz-Esquide y Sabag.
SUSPENSIÓN DE APLICACIÓN DE ARTÍCULO 3º
TRANSITORIO DE LEY Nº 20.158
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que suspende por cuatro años la aplicación del artículo 3º transitorio de la ley Nº 20.158, con nuevo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6195-04 ) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 81ª, en 23 de diciembre de 2008.
Informes de Comisión:
Educación, sesión 87ª, en 20 de enero de 2009.
Educación (nuevo), sesión 87ª, en 20 de enero de 2009.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El objetivo de la iniciativa, de conformidad con el texto despachado por la Cámara de Diputados, es suspender por cuatro años la facultad otorgada a los sostenedores de los establecimientos educacionales del sector municipal para declarar la vacancia del total de horas servidas por los profesionales de la educación que, cumpliendo los requisitos señalados en la ley, no hayan presentado su renuncia voluntaria.
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología señala en el nuevo informe que la unanimidad de sus integrantes (Honorables señores Cantero, Chadwick, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide) acordó rechazar el proyecto, por corresponder a una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
--Pasa dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Honorable señor Kuschel.
El señor KUSCHEL (Presidente accidental).- En discusión el informe.
Ofrezco la palabra.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, quiero plantear una cuestión de Reglamento.
El señor KUSCHEL (Presidente accidental).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, de acuerdo con la tabla, corresponde votar el proyecto signado con el número 4. No sé por qué nos saltamos al 7.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Se acordó hacerlo así, señor Senador, a petición del Honorable señor Núñez.
El señor NARANJO.-
Está bien. Pero el proyecto sobre Tocopilla ya lo aprobamos.
¿Usted pidió ahora, colega Núñez, discutir el número 7?
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Se acordó discutir la iniciativa relacionada con educación, señor Senador.
El señor NARANJO.-
El proyecto signado con el número 4 está mucho antes que el número 7.
El señor ORPIS.-
Es algo que se determinó al comienzo de la sesión.
El señor NARANJO.-
Se está informando que mi Honorable colega Núñez pidió votar ese último asunto, en circunstancias de que corresponde pronunciarse sobre el otro.
El señor NÚÑEZ.-
¡Me da lo mismo cualquiera de los dos!
El señor NARANJO.- Entonces, señor Presidente, solicito que se siga el orden de la tabla. Corresponde ocuparse en la iniciativa signada con el número 4.
El señor KUSCHEL (Presidente accidental).- Ya se hizo la relación, señor Senador. El tratamiento de la materia tomará poco tiempo, de modo que después¿
El señor NOVOA.- ¡Hubo un acuerdo de la Sala para no votar el otro punto!
El señor NARANJO.- Repito que corresponde debatir el proyecto signado con el número 4.
La señora MATTHEI.- Al comienzo de la sesión se acordó el alterar el orden.
El señor KUSCHEL (Presidente accidental).-
Así es.
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, lo que se solicitó y determinó fue una alteración parcial del orden. En ningún momento se dijo que no se analizaría la iniciativa a que hace referencia mi Honorable colega Naranjo. Se apuntó a asegurar la consideración de algunos proyectos como si fueran de Fácil Despacho, y, una vez aprobados, se seguiría¿
El señor NOVOA.-
Pido segunda discusión para ese asunto, señor Presidente.
El señor LETELIER.-
¿ con el orden establecido. Y la verdad es que hemos avanzado más allá de lo que se planteó.
Repito que en ningún momento se expuso lo de no votar hoy el proyecto número 4. Pido al señor Secretario confirmarlo.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
La Mesa ha procedido exactamente según lo definido al inicio de la sesión, cuando se pidió debatir las iniciativas signadas con los números 1, 3, 5, 6, 7. Y en eso estamos. No hemos alterado nada.
El señor LETELIER.-
No se incluía esa última, señor Presidente. Es necesario ocuparse en la número 4.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
No se pueden cumplir todas las voluntades, señores Senadores. Cabe consignar que se han formulado peticiones tendientes a tratar algunos proyectos incluso como si fueran de Fácil Despacho.
Lo cierto es que ahora se halla sometida a la consideración de la Sala la iniciativa número 7, a petición del Honorable señor Núñez.
El señor GAZMURI.- Lo que se solicitó fue discutirla en la presente sesión, no antes de la iniciativa número 4.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, lo que pedí, en concreto, fue que la materia mencionada se incluyera en la tabla de Fácil Despacho, como lo expresé en la sesión de ayer. Ahora bien, como ello no ocurrió, lo lógico es seguir el curso normal del Orden del Día. Y, como el proyecto número 4 figura antes que el 7, debería verse primero. Eso es obvio.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Ya está en discusión el asunto número 7.
El señor LARRAÍN.-
Eso es lo que corresponde.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VIERA-GALLO (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, usted verá cómo configura la tabla. Lo único que le expresé en la mañana es que nuestro interés, como Gobierno, es que se despachara por lo menos hasta el proyecto número 6. Y el signado con el número 4 está antes que el 7 y tiene urgencia calificada de "suma", por lo que debería ser discutido antes de que el Senado entrara en receso.
Gracias.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Señor Ministro, la sesión termina a las 20. Como algunos señores Senadores pidieron en el entretanto que se vieran otros proyectos, se trataron el 5 y el 6, que están después del 4. Y por eso se está discutiendo el 7, que también está después del 4.
El señor GAZMURI.-
¡Ese es un arbitrio, señor Presidente!
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
No, señor Senador. Estoy cumpliendo exactamente el acuerdo adoptado al inicio de la sesión.
El señor GAZMURI.-
¡Que el señor Secretario lo precise!
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Soy el que dirige la sesión, Su Señoría.
Ofrezco la palabra con relación al proyecto signado con el número 7, respecto del cual también intervendré.
El señor GAZMURI.- ¡No es posible que se cambie el orden y se argumente que es necesario ceñirse al nuevo!
El señor NOVOA.-
La iniciativa signada con el número 4 no se tratará hoy.
El señor NAVARRO.-
¡Veamos las dos!
El señor NOVOA.-
Pedí segunda discusión.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Ese proyecto se alcanzaría a ver de más hoy día. Faltan 40 minutos para el término de la sesión.
El señor NOVOA.- No se discutirá.
El señor LONGUEIRA.-
¿Nuestros Honorables colegas de enfrente están aquí por el 4¿?
El señor KUSCHEL (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, la verdad, en cuanto a la iniciativa en debate, es que se ha discutido bastante respecto de la forma y del fondo, especialmente porque fue aprobada en la Cámara de origen -la otra rama del Congreso- y su objetivo es suspender por cuatro años la aplicación del artículo 3° transitorio de la ley N° 20.158.
Ahora bien, quisiera ahorrarme lo relativo a la forma, por cuanto esa discusión tuvo lugar en el día de ayer en el sentido de si se podía o no declarar la admisibilidad en la Comisión.
A mi juicio, eso no es factible, toda vez que es algo correspondiente a la Cámara de origen y no al órgano técnico.
El acuerdo de los Comités fue justamente el de devolver la iniciativa a la Comisión, que tomó la decisión de rechazarla.
Ello, a lo mejor, desde el punto de vista formal, resuelve parte del problema, pero no el hecho de que hasta el 28 de febrero próximo, en virtud del artículo 3° transitorio de la ley Nº 20.158, se pueden declarar vacantes los cargos de los profesores.
A raíz de una solicitud formulada en la reunión de Comités, hablé con la señora Ministra de Educación, quien me dijo que solo 66 profesores en el país se hallan en esa situación. Si bien es cierto que el número es bajo -cabe consignar que el Senador señor Navarro planteó que se registran 15 docentes en solo una de las comunas de la Región que representa-, no implica que de aquí al 28 de febrero no pueda existir una cantidad muy importante de afectados.
¿Y cuál es la dificultad que enfrentan? Si bien la norma establece un beneficio, lo que hace es obligar a los maestros a jubilar. Y todos conocemos el problema actual: algunos cotizantes en las administradoras de fondos de pensiones han perdido 20, 25, 30 por ciento de sus recursos.
En consecuencia, me parece que el proyecto de ley, cuyo origen se encuentra en la Cámara de Diputados, obedece a una razón, y es preciso atenderla. La cuestión no se resuelve rechazándolo.
A mi juicio, obligar a profesores que han perdido parte importante de su patrimonio a que se retiren en el año en curso significa condenarlos a una jubilación de hambre.
De acuerdo con la tramitación de la iniciativa, el paso siguiente es la formación de una Comisión Mixta, lo que ocurriría después del 28 de febrero, por razones obvias.
Sin embargo, quiero hacer un llamado a los Ministros de Educación y Secretario General de la Presidencia -este último presente en la Sala- a no dejar "suelto" el tema. Porque sería conveniente contemplar una norma en la idea de que el beneficio se alargara por un tiempo -al menos, por dos años-, a fin de evitar lo que plantea el proyecto.
O bien, cabría buscar alguna fórmula que no llevara a imponer a los profesores la obligación de que se trata. Porque aquí se señala que ello no ocurre, pero digamos las cosas como son: a los docentes se les llama, se les expone que les entregarán 10 millones de pesos, y la gente en dificultades se embarca en el ofrecimiento, en circunstancias de que constituye una solución transitoria pero que condenará de por vida a recibir jubilaciones de hambre.
Estimo que el que nos ocupa es un problema que no se encuentra resuelto. Y ojalá la Comisión Mixta pueda tener alguna idea al respecto.
Por mi parte, me abstendré, porque creo que votar en contra tampoco es una solución.
Pido a las autoridades de Gobierno hacer un esfuerzo por superar la dificultad. De lo contrario, se va a condenar a muchas personas -repito que se dice que ahora son 66, pero pueden ser más- a jubilaciones de hambre para el resto de sus días. Y creo que eso realmente no podemos permitirlo.
Gracias.
El señor KUSCHEL (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, comparto el contenido del informe entregado por la Comisión de Educación, que señala que la materia del proyecto de ley es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, por cuanto se refiere a asuntos de previsión social, suprime funciones o atribuciones de órganos públicos e incide en la administración financiera o presupuestaria del Estado.
En consecuencia, desde el punto de vista formal, coincido con la decisión de los integrantes de ese órgano técnico en el sentido de que el texto presenta vicios de constitucionalidad.
Respecto del fondo, señor Presidente, creo que se trata de un problema que está afectando a los profesores y también a otros servidores públicos. El Congreso ha despachado distintos proyectos de incentivo al retiro, pero la crisis económica ha provocado que muchos trabajadores hayan perdido una cantidad importante de recursos para su jubilación. Y todo parece aconsejar que conviene esperar más tiempo, para que se puedan recuperar esos fondos y, obviamente, obtener una mejor pensión.
Así que comparto plenamente lo expresado por el Senador señor Prokurica respecto de que se trata de una materia que debemos abordar tanto con el Ministerio de Hacienda como con el Ministerio de Educación.
Reitero que la situación afecta no solo a los profesores, sino también a otros servidores del Estado.
He dicho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, me sumo a los planteamientos de los Senadores señores Pokurica y García.
Comparto lo de que aquí se observa una cuestión de constitucionalidad, como se ha consignado. Y, a diferencia de lo que opinan otros, creo que esta Corporación puede declarar inadmisible, en el estado actual de la tramitación del proyecto -aunque haya obrado en otro sentido la Cámara de origen-, cualquier iniciativa.
Pero esa no es la discusión. Porque, en el fondo, sea por la declaración de inadmisibilidad o por el rechazo con motivo de la inconstitucionalidad, la voluntad de la Comisión es correcta.
No obstante, me pregunto si acaso debemos desechar la cuestión de fondo planteada por la iniciativa. Y no quisiera que una inquietud que me ha sido representada por diversos profesores de la circunscripción que represento -con quienes hemos visto la conveniencia, por las razones aquí esgrimidas, de prorrogar el beneficio- sufriese el rechazo del Senado. Porque la Cámara de Diputados, aunque se haya cometido un error de carácter formal -el proyecto es inadmisible y no se debió haber aceptado su tramitación-, al menos expresó al Ejecutivo la voluntad de resolver el problema. Y quisiera que esta Corporación hiciera lo propio.
He conocido la situación concreta de diversos profesores que perderían 250 mil pesos de jubilación -pasarían de 700 mil a 450 mil pesos- si la medida se aplicara ahora.
El señor PROKURICA.-
A 200 mil.
El señor LARRAÍN.-
Hago referencia a los casos que vi, con nombre y apellido, y papeleta en mano.
Porque algunos dicen que la dificultad no afectaría, ya que se supone que se trata de quienes se encuentran en el Fondo E. Pero vi la situación concreta de personas -repito- que no pueden asimilarse al beneficio y deben seguir trabajando, en circunstancias de que se hallan en condiciones de jubilar.
La normativa buscaba generar un "tiraje de la chimenea" y dar posibilidades de recambio. Pero ello no se podrá hacer por el daño previsional que se registraría si se aplicara la fórmula ahora, pues sabemos lo que ha ocurrido con los fondos de pensiones a propósito de la crisis financiera internacional.
Ese es el tema de fondo. Por ello, valoro la iniciativa. Y, ya que seguramente se va a resolver en un sentido negativo, quisiera que el Gobierno recibiera el mensaje de que aquí existe un problema para los profesores. Un beneficio que obedeció a la iniciativa del Ejecutivo y fue concordado con el Colegio de la Orden se va a perder por los daños que sufriría la gente a la cual debería aplicarse hoy. Lo razonable, entonces, sería prorrogarlo.
En tal sentido, al menos quisiera dejar testimonio de la inquietud de muchos docentes que van a tener que renunciar a la posibilidad en análisis; de muchos municipios que no van a recurrir al mecanismo, porque se provocaría un daño muy fuerte a quienes serían objeto de la medida.
La fórmula aconsejable sería la prórroga por uno o dos años, o lo que fuera prudente. Me parece que es algo que debería explorarse, y sería bueno que esta Corporación así lo acordara.
He dicho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, comparto plenamente que se ha presentado una situación inédita y que debe traducirse en una responsabilidad.
Cuando se tramitó el proyecto de lo que fue la ley Nº 20.158, todos votamos a favor, porque queríamos que los profesores jubilaran con el bono, además de la indemnización. Existe una resolución a firme de Contraloría que aclara que el pago de ese primer beneficio no excluye el de la segunda.
Por tanto, es necesaria una propuesta legislativa que impida jubilar a los maestros cuyo monto acumulado en su cuenta individual ha bajado, porque, en caso contrario, lo harían contando con incluso la mitad del dinero que tenían. Eso ocurre con aquellos que no se cambiaron del Fondo A -particularmente, profesoras de 54 años-, porque nadie les advirtió sobre la conveniencia de una decisión semejante.
Por consiguiente, independiente de las observaciones del Ministerio en relación con que, aun cuando aprobáramos la iniciativa, la autoridad municipal tiene la facultad de seguir despidiendo, de acuerdo a los planes anuales de la educación municipal (PADEM) de 2009, para ajustar la planta, la idea matriz es clara.
Y es de justicia lo realizado por la Cámara de Diputados, en un gesto de rebeldía que nos obliga a revisar la cuestión del presidencialismo. Porque, en verdad, no se entiende por qué esa rama del Congreso aprueba un proyecto que el Senado declara inconstitucional.
Lo que viene es un mensaje muy claro en el sentido de que, al no tener facultad la Cámara, apela al Ejecutivo para que enfrente el drama, ya que, en definitiva, siempre se debe legislar a favor de la gente.
En esta oportunidad no se está pidiendo un peso más o uno menos. No se encuentran involucrados más recursos del Estado. Solo existe un cambio de fecha relacionado con la posibilidad de jubilar.
Por lo tanto, como no está presente la Ministra de Educación, destaco al Ministro señor Viera-Gallo que, si no aprobamos el proyecto, los alcaldes procederán a los despidos; van a declarar vacantes las horas, y se obligará a que los profesores jubilen con una pensión paupérrima, lo cual es evitable.
Como la Presidenta ha dicho que es necesario trabajar más en defensa del empleo, de la estabilidad de la gente, conviene hacerlo.
Pienso que es preciso buscar una salida, sea la que nos ocupa o una diferente. Lo importante es hallarla. Como lo que tenemos a mano es el proyecto en debate, estoy por apoyarlo, porque no tenemos otra alternativa, a no ser que el señor Ministro plantee otra que gustosamente apoyaré si efectivamente se cumple el objetivo que se debe perseguir.
He dicho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, para información de la Sala, a enero del año 2009, se han acogido a retiro 10 mil 484 profesores. De ellos, aproximadamente 90 corresponden a declaraciones de vacancia realizadas en virtud del artículo 3º transitorio, lo que equivale solo a 0,8 por ciento del total mencionado.
En seguida, el mecanismo es ineficaz. Si se hubiera dicho: "Prorróguese la facultad establecida en el artículo transitorio", lo habría entendido. Porque, al despachar la ley, lo que nosotros mismos hicimos mediante esa disposición fue dar a los profesores una serie de beneficios adicionales. En consecuencia, dado que el efecto de la norma se extingue el 28 de febrero próximo, lo lógico es que la Cámara de Diputados -repito- hubiera preceptuado: "Prorróguese", y no "Suspéndese". Pero seguramente se equivocó, bien inspirada, al igual que lo estamos nosotros.
Sabemos que actualmente, debido a la situación previsional de la mayor parte de los maestros, estos, al momento de retirarse, no van a hacerlo en función de la ley a que se hace referencia, sino del Estatuto Docente, que todos nosotros aprobamos, y su artículo 72. Y perfectamente se puede, ya no suprimir horas de clases, sino solicitar el retiro voluntario. Este último significa que los profesores -por el hecho de haberse equivocado, en mi opinión, los autores de la moción, pertenecientes a distintas bancadas- van a quedar afectos a la disposición citada, por lo cual recibirán menos dinero y, por consiguiente, no podrán paliar la disminución de sus recursos en la administradora de fondos de pensiones.
Entonces, lo que debe hacer el Ejecutivo -se lo solicitamos en la Comisión en forma unánime, por lo demás-, en lugar de la suspensión del efecto de la ley, es plantear la prórroga, ojalá a partir del 1º de marzo o del 28 de febrero, de lo que nosotros mismos hicimos, para el efecto de que los profesores no sufran más deterioro en su previsión.
Pero el proyecto que llegó, aparte de la inconstitucionalidad, que muy bien se ha observado, señala: "Suspéndese", en llugar de "Prorrógase". Creo que hubo un error.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro, quien goza de preferencia para su uso.
El señor VIERA-GALLO (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, el Gobierno comprende perfectamente el problema que aquí han planteado varios señores Senadores y el compromiso que puede adoptar es buscar la solución más adecuada para que no se produzca la injusticia mencionada.
Gracias.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente, me excuso por intervenir, dado lo avanzado de la hora, pero quiero hacer presente lo siguiente.
La materia aquí planteada es muy de fondo. Este inconveniente deberemos enfrentarlo nuevamente con relación a otros beneficios consignados en distintas leyes.
El señor LETELIER.-
¡Así es!
El señor OMINAMI.-
Este es, simplemente, la punta de un enorme iceberg producido por la crisis del sistema previsional chileno.
Yo no conocía en detalle la situación de estos profesores. Sin embargo, debo dar testimonio de que ayer estuve en el municipio de Quilpué y cuarenta y tantos docentes que se encontraban allí declararon que el problema también los afectaba. Ellos sabían que la Cámara de Diputados había despachado un proyecto de ley que sería discutido hoy en el Senado y todos, unánimemente, pidieron su aprobación, porque sienten que esta es la manera de evitar tener que jubilar en condiciones muy desmedradas.
Ese es el modo en que ellos ven el asunto.
Yo no tuve los argumentos del caso para responderles, pero sí les hice presente que soy partidario de buscar todos los mecanismos para impedir que la gente deba jubilar en las condiciones actuales. Porque la mayoría de las personas que no tenían sus ahorros previsionales en el Fondo E tendrían que hacerlo en circunstancias desmedradas. De eso no cabe duda.
Sin embargo, entiendo que la mayor parte de los afectados deben estar en ese Fondo y, por tanto, sus ahorros no sufrieron el nivel de pérdida promedio experimentado por el sistema. Desde ese punto de vista, esta iniciativa tiene poco sentido. Y, además, considero muy sólida la argumentación del Senador señor Núñez en el sentido de que el proyecto debió haber planteado una prórroga y no una suspensión.
En consecuencia, no sacamos nada con aprobar el proyecto tal como está formulado.
No obstante, señor Presidente, quiero pedirle al Gobierno que prepare un conjunto de iniciativas encaminadas a prorrogar algunos beneficios, como el bono poslaboral.
Nosotros estuvimos muchos años discutiendo sobre el daño previsional y la manera de mejorar las pensiones más bajas. Y, finalmente, en este Parlamento se aprobó un bono poslaboral de 50 mil pesos. Pero el tiempo para hacer efectivo este beneficio, si no me equivoco, se agota a fines de este año. ¿Qué ocurre? Que para recibirlo la persona debe jubilar, con lo cual ese bono de 50 mil pesos se le hará sal y agua, por el daño previsional producido por la crisis que hemos estado viviendo.
Entonces, lo lógico sería postergar el plazo para impetrar el beneficio.
Lo mismo ocurre con la Ley ANEF.
El señor NARANJO.-
Quedan 15 minutos para el término de la hora, señor Senador.
El señor OMINAMI.-
Senador Naranjo, yo voy a decir lo que tengo que decir. ¡Por favor!
¡Estamos hablando de algo extremadamente delicado, que se relaciona con las jubilaciones de miles de personas durante el próximo período!
Como decía, quiero pedirle al Gobierno que revise asimismo la situación de la llamada "Ley ANEF", que establece un conjunto de bonificaciones que también tienen plazo fijo.
Por ello, creo indispensable otorgar una prórroga para no obligar a los funcionarios públicos a jubilar en condiciones muy desmedradas.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, acá se habla y se habla y creo que nadie ha estudiado nada ni nadie conoce las cifras.
En primer lugar, ¿alguien sabe cuánto han perdido realmente estos profesores? ¿Alguien ha hecho un estudio? ¿Alguien sabe en qué fondos estaban, en promedio? ¿Alguien sabe con exactitud cuánto han perdido las personas de que hablaba el Senador señor Ominami, beneficiarios del bono de 50 mil pesos?
Esa gente, por edad, tiene que haber estado en los fondos menos riesgosos y, por tanto, lo más probable es que las pérdidas que sufrieron sean muy pequeñas.
Por eso, señor Presidente, lo primero que quiero solicitar es que antes de pedir el debate o el despacho de algún proyecto, por lo menos contemos con cifras para su análisis.
Estamos legislando con una frivolidad inaceptable.
En segundo lugar, hemos señalado que las personas que querían jubilar en forma anticipada deberían, claramente, posponer esa decisión. ¿Por qué? Porque esos cotizantes, por edad, tal vez estaban en fondos más riesgosos, sabiendo tal circunstancia. Esos fondos, por lo general, rentan mucho más, pero conllevan riesgos. Y esas son las personas que más han perdido. Pero les aseguro que ninguna de ellas se encuentra en la situación que nos preocupa, porque los profesores a que se refiere la iniciativa en estudio no pueden, por edad, estar en dichos fondos.
En tercer lugar, señor Presidente, aquí hay también una oportunidad. En este momento, las cuotas de los fondos más riesgosos están bastante baratas, porque han bajado muy fuertemente. Si se decide invertir el bono, el desahucio o las indemnizaciones que se otorgan en estos casos es posible obtener una ganancia enorme cuando los fondos empiecen a recuperarse.
¿Alguien les ha dicho a esas personas cuánto pueden ganar? ¡No! Aquí se habla y se habla y nadie sabe nada ni ha estudiado nada.
En cuarto lugar, aquí un señor Senador se ha referido a "la crisis del sistema previsional chileno". ¡Por favor! ¿Y el problema de Codelco también es por la crisis del sistema previsional? O sea, esto de que Codelco no nos vaya a entregar plata, ¿es igualmente consecuencia de la crisis del sistema previsional? ¿No será que aquí hay una crisis mundial?
¡Por Dios! ¡Por qué no nos ponemos un poquito más serios!
Acá existe una crisis generalizada. Y, como el Senador señor Ominami debe saber, no hay nadie que se pueda mantener a flote cuando una crisis es tan extendida. ¡A menos que se tenga la plata guardada bajo el colchón! En ese caso, efectivamente no se pierde durante una catástrofe como esta, pero se dejó de ganar las utilidades anteriores y también se dejará de ganar cuando el sistema se recupere.
En consecuencia, señor Presidente, antes de empezar a pedir soluciones, ¿por qué primero no hacemos un estudio del asunto?
¿No les parece a Sus Señorías que esa sería la forma razonable de actuar? Primero identificar la dificultad, determinar a cuánto ascienden las pérdidas, etcétera, y después ver si es necesaria una solución.
En este momento existe un problema, cuya solución pedimos hace más de un mes -todavía no se ha hecho nada-, referido a la obligación que establece la normativa actualmente vigente para las personas que cumplen 55 años de salirse de los fondos más riesgosos. ¡Ellas sí que van a perder como en la guerra! Y lo señalamos en la sesión especial sobre el tema. Dijimos que tal exigencia había que suspenderla cuanto antes.
Sin embargo, todavía no ingresa el proyecto respectivo, en circunstancias de que debió haberlo hecho al día siguiente. Se trata de algo muy sencillo: solo hay que dejar sin aplicación esa parte. Porque ahí sí que la gente pierde, señor Presidente. Un fondo puede disminuir su valor, pero también aumentarlo en la medida en que se recupere la economía. No obstante, si uno se cambia de fondo cuando su valor está bajo, vende barato y la pérdida es irreparable.
Y a esa pérdida irreparable estamos sometiendo a muchos chilenos, forzosamente. A lo mejor, si la gente pudiera elegir se quedaría en el mismo fondo, pero la estamos obligando a cambiarse.
Hace más de un mes que solicitamos modificar la norma respectiva, pero no ha pasado nada.
Entonces, me llama la atención que por 66 personas estemos analizando una ley cuando nadie sabe si soluciona algo o de qué dimensión es el problema. Sin embargo, respecto de la otra complicación, que planteamos hace un mes y perjudica a mucha gente, no se hace nada.
En definitiva, señor Presidente, propongo la postergación de la iniciativa en debate.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, solo haré pequeñas observaciones para dejar en claro lo efectuado por la Comisión, que se encuentra muy cuestionado.
En primer lugar, hicimos lo que nos pareció correcto, lo cual ha sido fundado aquí de manera muy transparente por el Presidente de dicho organismo. Nosotros no podíamos aprobar el proyecto, porque a nuestro juicio era inconstitucional. Y ni siquiera a favor de las necesidades de muchas personas se puede hacer algo contrario a lo ordenado por la Constitución. Esa es una cuestión elemental. Y lo digo porque en algunos casos se exaspera y se exagera el hecho de que, a pesar de la situación descrita, igual deberíamos haber aprobado el proyecto, porque era bueno para la gente.
Tengo muy claro cómo empiezan las cosas inconstitucionales, pero nadie sabe cómo terminan.
Así es que, en ese sentido, no tengo dudas de nuestro actuar.
En segundo término, evitaré referirme a ciertas argumentaciones que para el resto de los Senadores son muy fuertes, pero se debe tener presente que ellas son parte de lo que ocurre en este Senado.
A mí me basta con que una sola persona pierda plata para que se deba hacer algo al respecto. Lo digo honestamente. Aquí el problema no radica en si los afectados son 66, 8 mil o 10 mil. Lo importante es si tenemos que actuar rápido o no.
Pero yo me quedo con lo que hemos realizado, que es algo muy simple: traspasar al Ejecutivo la responsabilidad de enviar una normativa que permita hacer lo que hasta la fecha no hemos podido efectuar. No somos nosotros los que equivocamos el camino, por lo menos en la Comisión.
Por eso, no encuentro lógico que el debate se haya llevado por otros lados, en vez de hacer lo único que nos corresponde: aprobar o rechazar el nuevo informe de la Comisión de Educación. Y como creo que se va a aprobar, porque así debe ser, de acuerdo a las argumentaciones dadas, lo que el Senado tiene que realizar, a su vez, es tomar el acuerdo de solicitar al Ejecutivo que haga las cosas correctamente, pues el texto aprobado por la Cámara es inadecuado, a fin de resolver el asunto inmediatamente después de nuestro regreso, la primera semana de marzo.
Gracias, señor Presidente.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, coincido plenamente con lo señalado por el Senador señor Ruiz-Esquide respecto de un tema que no es menor.
Al respecto, quiero plantear aquí, más allá del fondo del proyecto, una cuestión relativa a la forma como se ha interpretado el Reglamento y la ley -que podría ser la correcta- a propósito de las iniciativas que llegan al Senado en su segundo trámite, o a la Cámara de Diputados en igual condición, cuando son manifiestamente inconstitucionales.
Advierto que no estoy emitiendo un juicio de valor sobre el fondo del proyecto, sino solo abordando un asunto particularmente sensible al momento de enfrentar un año electoral donde ya sabemos, por experiencia, que las leyes adquieren una influencia distinta: son percibidas por la opinión pública de otra forma y las diferentes candidaturas, legítima o incorrectamente -según cómo actúen-, las plantean como parte de su estrategia de campaña.
Pero la realidad de las cosas es que existe un problema digno de considerar.
¿Cuál es la interpretación que ha aplicado hasta ahora el Senado? Que cuando un proyecto se origina en la Cámara de Diputados, ella tiene la responsabilidad de declarar si es admisible o inadmisible, basándose en su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Si la cámara de origen declara su inconstitucionalidad en la Cuenta, que es el momento en que se da a conocer su contenido, su tramitación termina ahí y, eventualmente, algún o algunos parlamentarios -esto ocurre con cierta frecuencia- piden el patrocinio del Ejecutivo, el que lo más probable es que lo otorgue si la normativa es interesante.
Ahora, veamos qué pasa si llega un proyecto manifiestamente inconstitucional a la cámara revisora.
Estamos precisamente frente a ese caso, pues la normativa que ahora nos ocupa toca un tema previsional, y todos sabemos que la facultad para presentar iniciativas legales en dicho ámbito pertenece de manera exclusiva al Ejecutivo. En concreto, prorroga por un tiempo la posibilidad de acogerse a retiro de algunos profesores a cambio de un estímulo económico que oscila entre 10 y 14 millones de pesos, según los antecedentes que me ha proporcionado el Senador señor García. Además, se refiere a una materia sobre administración financiera del Estado.
Entonces, se trata de un asunto ya no solo de carácter previsional, sino también relativo a la administración financiera del Estado, en cuanto significa la prórroga de un derecho previsional.
Por lo tanto, el proyecto debió haberse originado en un mensaje y no en una moción.
Sin embargo, cuando la iniciativa llega al Senado, se dice que este no podría declararla inconstitucional por tratarse de una potestad exclusiva de la cámara de origen.
Nos encontramos, en consecuencia, ante una situación que desde el punto de vista de la lógica jurídica resulta bastante absurda: la Mesa de esta Corporación recibe el proyecto y, a sabiendas de que es contrario a la Carta Fundamental, debe dar cuenta de él a la Sala, por no poder declararlo inconstitucional.
Esa es la interpretación que se ha aplicado. Y no estoy diciendo que esté equivocada, sino, simplemente, que desde el punto de vista de la lógica jurídica resulta errónea. No es posible que la cámara revisora, ante una iniciativa inconstitucional aprobada por la cámara de origen, quede inhibida para declarar su inadmisibilidad.
¿Cuál es la solución al problema planteado? Llevar la iniciativa a la Comisión respectiva, que tampoco puede declarar su inconstitucionalidad, para rechazarla. Y quiero decirles a los miembros de la Comisión de Educación que hicieron lo correcto, pues si bien en un primer momento se limitaron a establecer que el proyecto era inconstitucional, luego se volvieron a reunir y en un nuevo informe lo votaron en contra.
Sin embargo, señor Presidente, frente a la opinión pública no es lo mismo señalar que los miembros de la Comisión votaron en contra, apareciendo como contrarios al objetivo final de la iniciativa, que declararla inconstitucional. Porque alguien podría decirles a esos profesores que los Senadores se opusieron al proyecto, en circunstancias de que existía un problema de constitucionalidad.
La cuestión es totalmente distinta.
Por lo tanto, aquí hay un problema de fondo. Y por eso pido que el tema y las modificaciones legales necesarias sean estudiados, para que frente a proyectos inconstitucionales provenientes de la cámara de origen no nos encontremos con la obligación de rechazarlos, aun cuando algunos de nosotros nos hallemos a favor de su contenido -no es el caso; estoy hablando en general-, sin que en algún momento tengamos la posibilidad de declararlos inadmisibles, porque la interpretación que en definitiva se haga será que estamos en contra de la idea central y no sobre si los parlamentarios pueden tener iniciativa en esa materia o no.
Señor Presidente, sinceramente, considero que este no es un asunto menor y que en realidad debe resolverlo la Comisión de Constitución o los Comités, en su oportunidad. Porque estamos entrando en una forma de ver la legalidad de los proyectos que, a mi juicio, es mala e ilógica.
Y, simplemente, en pocas palabras: el Senador señor Ominami y la Honorable señora Matthei -quienes, por cierto, son conocedores a fondo de los asuntos económicos- han planteado un punto que hay que debatir: ¿Es admisible, correcto y bueno que en una sociedad los fondos de pensiones estén sometidos a riesgos?
No quiero emitir un juicio de valor al respecto. Estoy diciendo que corresponde realizar un debate en el Senado, porque ya lo está haciendo la ciudadanía, la cual dice, con razón, que todos ingresaron voluntariamente al sistema, pero que jamás debieron hacerlo, pues la información no fue clara, se distorsionó la realidad de los hechos y el asunto no era como creían.
Esta es una cuestión que no hay que ideologizar desde el punto de vista de una contienda electoral. Lo que se debe hacer es discutir si en una sociedad de las características de la nuestra corresponde que las personas que tomaron el fondo A, de alto riesgo, hayan perdido más de un tercio de su plata, casi el 40 por ciento. Entre paréntesis, no sé si la pérdida fue al final, dependiendo de la época en que ingresaron al sistema. Si llevan mucho tiempo en él, también han recibido las utilidades de los años anteriores.
Me gustaría, señor Presidente, que el problema que he planteado pudiera debatirse en sesión especial. Me parece que ello va a permitir conocer más a fondo lo que hoy está pasando: todos vemos en nuestras respectivas circunscripciones a muchísima gente afligida, por lo cual sería bueno contar con una opinión fundada en un sentido o en otro.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, ¿hasta qué hora es la sesión?
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Hasta las veinte veintinueve.
El señor LONGUEIRA.-
¿Hasta la ocho y media¿?
Señor Presidente, pido que se suspenda la sesión. Me parece poco seria la forma en que estamos legislando. Imagino que nuestra voluntad fue alargar esta última sesión antes de irnos de vacaciones. En verdad hemos despachado numerosas iniciativas. En este caso, ha habido un debate que no prestigia nuestra labor legislativa.
Todos sabemos que debe despacharse el proyecto signado con el número 4 en el Orden del Día. Si ahora se trata de hacer tiempo, digamos las cosas como son.
Entonces, señor Presidente, ¿por qué no suspende la sesión para ver de qué forma seguimos? La iniciativa a que aludí tiene urgencia calificada de "suma". Por lo tanto, tenemos que resolver en qué situación vamos a quedar. Y después de reiniciada, yo retomaría el uso de la palabra.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En este momento, ha llegado a la Mesa un oficio, suscrito por la Su Excelencia la Presidenta de la República y por el señor Ministro Secretario General de la Presidencia, mediante el cual retiran la urgencia del proyecto que interpreta el artículo 93 del Código Penal, excluyendo de la extinción de la responsabilidad penal por amnistía, indulto o prescripción a los crímenes o simple delitos que constituyen genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra, contemplados en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Senador señor Longueira, ¿va a intervenir en este proyecto?
El señor LONGUEIRA.-
No, señor Presidente.
El señor LARRAÍN.-
Votemos, señor Presidente.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Kuschel, quien está inscrito.
Pido a Sus Señorías permanecer en la Sala, porque hay que votar.
Si les parece, se va a abrir la votación.
Acordado.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Votar que sí, significa rechazar el proyecto, pues eso es lo que la Comisión propone.
En consecuencia, deben pronunciarse por la afirmativa quienes estimen que la iniciativa es inconstitucional.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente, lamentablemente, por razones de forma, estamos omitiendo atender un asunto de la mayor importancia, referente a la situación previsional de los profesores, de otros funcionarios públicos y de diversas personas que, para su previsión, dependen de las decisiones del Parlamento, en especial, de los proyectos que nos hace llegar el Ejecutivo. Y, por razones de forma -reitero-, omitimos tratar una situación muy urgente que el Gobierno no ha abordado. Este no presentó, como corresponde, una iniciativa para atender el problema que aqueja a los profesores que hoy día se hallan en condiciones de jubilar y no lo pueden hacer.
Tenemos presiones sociales de todo orden para que los educadores en edad de jubilarse lo hagan. Sin embargo, se los está castigando en una etapa en que se llega a esa especie de precipicio en la vida.
Quiero hacer un llamado al Gobierno para -la forma en que estamos tratando el proyecto no corresponde, pues no vamos a llegar a ningún destino- que envíe al Parlamento una iniciativa que resuelva la situación.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
En votación.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
¿Qué estamos votando, Presidente?
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
El informe de la Comisión, que rechaza al proyecto por inconstitucional. El votar que sí, favorece lo resuelto por ella.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Que quede claro lo dicho por el Senador señor Larraín, que yo comparto.
Señor Presidente, lo único evidente en la discusión es que, de repente, se confunde la forma con el fondo. Lo que estamos haciendo es respaldar la votación de rechazo por inconstitucionalidad. Y de ninguna manera se puede pensar que nos estamos pronunciando en contra de los profesores, como se ha insinuado en varias oportunidades.
Dentro de esa claridad, voto que sí.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier, para fundar el voto.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, se está rechazando el informe de la Comisión por inconstitucional. El proyecto fue mal hecho en la Cámara de Diputados. No propuso lo que corresponde.
Quiero sumarme a las reflexiones de la Senadora señora Matthei: no está claro que el fondo E, en el promedio de los últimos 6 años, tenga las pérdidas aquí mencionadas.
Estas son cosas que deberían analizarse en forma más seria.
Nos gustaría que el beneficio de recibir un estímulo para el retiro se prorrogara. Pero eso no lo propone esta iniciativa de ley.
Entonces, es bueno señalar las razones por las cuales se rechaza lo propuesto por la Cámara Baja.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Para terminar, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, en lo general, debiera haber posibilidades de discutir estos temas en la prensa e informar a los afiliados. Pero es tal el poder de las AFP que impiden todo debate público.
Tal vez la Senadora señora Matthei tenga más influencia y su voz sea más escuchada. Pero quienes somos críticos y denunciamos los abusos de esas instituciones previsionales no hemos sido oídos.
Reitero que presentaremos una demanda por los abusos que cometen hoy día las AFP. Además, se hace necesario revisar a fondo el sistema previsional chileno, lo cual no hemos podido efectuar por falta de votos en el Senado.
Los que son partidarios de las Administradoras de Fondos de Pensiones, las han defendido. Y espero que ellas no hagan ninguna donación en las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales. Debemos terminar con el financiamiento secreto de las grandes empresas a las campañas electorales y a los partidos políticos.
Paradójicamente, voy a votar en contra de lo que propone la Comisión de Educación.
El Senador Ruiz-Esquide fue claro: el proyecto es inconstitucional. Sin embargo, le daré mi apoyo, porque el Ministro Viera-Gallo señaló que el Gobierno le buscará una salida al problema.
Los profesores están desesperados y angustiados. No les interesa una disquisición constitucional, sino encontrar una solución. Y el Ejecutivo ha manifestado que desea hacerlo.
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto inconstitucional. El Senado, en forma racional, ha manifestado que debe ser rechazado. Pero creo que ningún Senador querrá cargar sobre sus hombros tal responsabilidad.
Apelo a la buena voluntad de la Sala. Todos han opinado de manera positiva y quieren resolver la cuestión. El punto radica en que la iniciativa en debate no lo hace.
Pese a ello, repito que la voy a votar a favor, como una señal, porque ya manifestamos que había una solución única, y es preciso que haya coherencia.
Como deseo que el proyecto siga su tramitación, confiaré una vez más en la palabra del Ministro Viera-Gallo en cuanto a que efectivamente habrá una salida para los profesores que deseen jubilar, sin que deban sufrir el daño previsional que se les ha causado durante largo tiempo.
Voto que no.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de la Comisión de Educación, que rechaza el proyecto (14 votos a favor, uno en contra, cinco abstenciones y un pareo.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Escalona, García, Gazmuri, Kuschel, Letelier, Longueira, Novoa, Núñez, Orpis, Ruiz-Esquide y Sabag.
Votó por la negativa el señor Navarro.
Se abstuvieron los señores Horvath, Larraín, Muñoz Barra, Ominami y Prokurica.
No votó, por estar pareado, el señor Espina.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, creo que me equivoqué al votar.
El señor Secretario informó que votar "sí" significaba aceptar el rechazo del proyecto por parte de la Comisión. Y como yo estoy a favor de él, voté "no".
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Quedó constancia de ello. Por decirlo de otra manera, Su Señoría se pronunció por aprobar el proyecto.
El señor NAVARRO.-
Así es.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).- En consecuencia, por haberse rechazado la iniciativa, corresponde la creación de una Comisión Mixta con la finalidad de que resuelva en definitiva la materia. En esa instancia, el Gobierno podrá dar una solución de fondo al problema.
--Se designa a los miembros de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para integrar la Comisión Mixta que deberá formarse.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Terminado el Orden del Día.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
)--------------------(
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor ARANCIBIA:
Al señor Contralor General de la República, a fin de que informe sobre ANTECEDENTES DOCUMENTALES, TRIBUTARIOS Y DE HECHO Y DE DERECHO RELATIVOS A DICTAMEN N° 45431.
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro del Interior y al Intendente Regional de Aisén, con el objeto de plantearles CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ALTERNATIVO POR LAGO PORTALES HACIA COIHAIQUE Y HABILITACIÓN DE PUENTE PROVISORIO EN PUERTO CHACABUCO O DOTACIÓN DE BARCAZA EN SUBSIDIO.
)--------------------(
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 20:13.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción