REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 356ª
Sesión 86ª, en miércoles 14 de enero de 2009
Ordinaria
(De 16:16 a 19:28)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ADOLFO ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE,
Y BALDO PROKURICA PROKURICA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, los Ministros de Defensa Nacional, señor José Goñi Carrasco; de Hacienda, señor Andrés Velasco Brañes; Secretario General de la Presidencia, señor José Antonio Viera-Gallo Quesney y de Transportes y Telecomunicaciones, señor René Cortázar Sanz.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:16, en presencia de 19 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 82ª y 83ª, ordinarias, en 6 y 7 de enero del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que retira y hace presente la urgencia, calificada de "discusión inmediata", respecto del proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1 (G), de 1997, y establece normas de ajuste remuneracional para el personal de las Fuerzas Armadas que indica (boletín N° 6.358-05).
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha aprobado las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que regulariza la construcción de bienes urbanos sin recepción definitiva destinados a equipamiento de deporte y salud (boletín Nº 4.304-14).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto con sus antecedentes.
Con el segundo informa que ha prestado su aprobación al proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1 (G), de 1997, y establece normas de ajuste remuneracional para el personal de las Fuerzas Armadas que indica, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (boletín N° 6.358-05).
--Pasa a las Comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda, unidas.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional, con el que remite copia autorizada de la sentencia recaída en la acción de inaplicabilidad formulada en contra del artículo 161 del Código Tributario.
--Se toma conocimiento.
De la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Frei, relativo a los planteamientos del Comité de Pavimentación Pasaje Gunckel, de Valdivia.
De la señora Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, con el que contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Navarro, referido a la realización del Rally Dakar Chile-Argentina.
Del señor Presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, con el que responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Navarro, acerca de la prohibición dispuesta por Supermercados Wal-Mart en cuanto a la venta de productos de ciertos países en establecimientos de su propiedad en Chile.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Del señor Presidente subrogante del Tribunal Calificador de Elecciones, respecto del proyecto que introduce diversas modificaciones en las leyes N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, y N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral (boletín N° 6.349-06).
--Se manda agregar a sus antecedentes.
Informes
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece incentivos tributarios transitorios, concede un bono extraordinario para las familias de menores ingresos y establece otras medidas de apoyo a la inversión y al empleo, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (boletín N° 6.350-05).
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que introduce diversas modificaciones en las leyes N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, y N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (boletín N° 6.349-06).
Nuevo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, en materia de gobierno y administración regional, con urgencia calificada de "suma" (boletín N° 3.436-07). De la Comisión de Agricultura, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.455, sobre producción, elaboración y comercialización de alcoholes, bebidas alcohólicas y vinagres, para adecuar sus disposiciones a compromisos internacionales adquiridos por Chile y perfeccionar sus mecanismos de fiscalización, con urgencia calificada de "simple" (boletín N° 5.013-11).
--Quedan para tabla.
Declaración de inadmisibilidad
Moción de los Senadores señora Alvear y señores Chadwick, Espina y Gómez, con la que inician un proyecto que modifica la ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, con el objetivo de ampliar el período de funcionamiento de las Juntas Inscriptoras.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminada la Cuenta.
El señor CHADWICK.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor CHADWICK.-
Señor Presidente, en relación con la inadmisibilidad del proyecto presentado por la Senadora señora Alvear y los Honorables señores Espina y Gómez, sobre ampliación del horario de funcionamiento de las Juntas Inscriptoras, solicito oficiar al Ejecutivo para que le dé su patrocinio.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se procederá en esos términos.
--Así se acuerda.
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El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Frei.
El señor FREI (don Eduardo).-
Señor Presidente, respecto del proyecto que establece normas de ajuste remuneracional para el personal de las Fuerzas Armadas, la Cuenta dice: "Pasa a las Comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda."
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
"Unidas", señor Senador.
El señor FREI (don Eduardo).-
Pero el texto no señala eso.
El problema que se presenta lo hablamos con el señor Ministro de Defensa y con los miembros de la Comisión de Defensa Nacional. Como en la de Hacienda tenemos varios proyectos que analizar, la lógica que esta ha empleado es la de ver solo aquella parte que le corresponde, sin examinar la totalidad de cada una de las iniciativas.
En realidad, no disponemos de tiempo para analizarlo antes del martes. Debemos despachar otras materias, como el seguro de desempleo, por ejemplo, para lo cual tendremos que sesionar el lunes próximo para que la Sala lo discuta al día siguiente. Ese fue el acuerdo de las Comisiones de Hacienda y de Trabajo, unidas.
Por lo tanto, solicito que la Comisión de Defensa Nacional despache el proyecto el lunes. La de Hacienda, entre las 12:30 y las 13 del martes, estudiará las materias que son de su incumbencia, porque no tendremos tiempo para que ellas funcionen unidas.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se procederá en los términos planteados por el Presidente de la Comisión de Hacienda, es decir, primero el proyecto va a la Comisión de Defensa y luego pasa a la de Hacienda, para que vea los artículos pertinentes.
--Así se acuerda.
MODIFICACIÓN DE CÓDIGOS PENAL Y ORGÁNICO DE TRIBUNALES EN MATERIA DE CIERTOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Corresponde ocuparse del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones al Código Penal y al Código Orgánico de Tribunales, en la regulación de ciertos delitos contra la Administración Pública, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (5725-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 57ª, en 7 de octubre de 2008.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 84ª, en 13 de enero de 2009.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Los objetivos de la iniciativa son:
1) Elevar las sanciones a los delitos de fraude al Fisco, negociación incompatible, uso de información secreta o reservada y cohecho.
2) Completar la definición del tipo penal que sanciona a quien ofrece cohecho, reemplazando la forma verbal rectora "ofreciere dar" por "ofreciere, prometiere o diere".
3) Incorporar, en el caso del cohecho a funcionarios públicos extranjeros, el elemento típico de obtención de un beneficio de naturaleza no económica.
4) Regular en párrafos separados el cohecho a funcionarios nacionales y extranjeros, de manera que nuestra legislación se ajuste a la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, autorizada por la Sala en sesión del 16 de diciembre del año pasado, discutió el proyecto tanto en general cuanto en particular en el primer informe, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Alvear y señores Espina y Muñoz Aburto.
En lo que respecta a la discusión en particular, efectuó diversas enmiendas a la iniciativa despachada por la Honorable Cámara de Diputados, todas las cuales fueron aprobadas también por unanimidad.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que consigna las diversas etapas de tramitación del proyecto.
Me permito hacer presente que el artículo 2° tiene el carácter de norma orgánica constitucional, por lo que requiere para su aprobación el voto conforme de 21 de señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En discusión general y particular la iniciativa.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente, el proyecto sometido a consideración de la Sala se origina en una moción de los Diputados señores Jorge Burgos, Guillermo Ceroni y Nicolás Monckeberg y del fallecido señor Juan Bustos.
Se ha aprovechado esta iniciativa legal para adicionar, al mismo tiempo, un conjunto de normas que Chile debe adoptar en su legislación penal con el objeto de poder ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Dicho trámite es indispensable, junto con otros requerimientos que se solicitan a nuestro país, para conformar el grupo de naciones que cumplen con los estándares de ese organismo.
Quiero destacar la importancia que representa para Chile el ser incorporado a dicha organización, la cual reúne a 30 Estados con economías de mercado y democracias pluralistas, que generan el 80 por ciento del Producto Interno Bruto mundial.
Fruto del proceso de apertura de la opción por el regionalismo abierto que ha tenido nuestro país, y sobre la base de que más del 60 por ciento del PIB nacional lo logra en exportaciones e importaciones, resulta muy importante dar este paso para que seamos incorporados al grupo de naciones que integran la OCDE.
En consideración a lo anterior, la iniciativa cuenta, naturalmente, con el apoyo del Gobierno, representado en la Comisión por los Ministros de Justicia y Secretario General de la Presidencia y la Cancillería, que explicaron su relevancia.
Felizmente, la normativa en debate coincide con un proyecto presentado por algunos Diputados, con el propósito de avanzar en materias relativas a delitos en contra de la Administración Pública, en especial en lo que dice relación al cohecho.
En ese sentido, resulta importante efectuar ajustes a nuestra legislación, con el objeto de que también se considere a los funcionarios internacionales.
En verdad, en la Comisión, después de la discusión general, en la particular hubo un debate bastante intenso para buscar en forma unánime la mejor redacción respecto de cada uno de los artículos. De manera tal que puedo decir responsablemente en la Sala que esta iniciativa, además de constituir un avance importante en la agenda de probidad que el Gobierno y el Parlamento se han propuesto, cumple con los objetivos en materia de política exterior de Chile y satisface uno de los requerimientos que exige la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Señor Presidente, junto con anunciar mi voto favorable, quiero aprovechar esta oportunidad para motivar a los señores Senadores y a la señora Senadora a que apoyen el proyecto, que -insisto- fue aprobado por unanimidad, luego de haberle hecho ajustes a algunos de sus artículos.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VIERA-GALLO (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, quiero ratificar lo dicho por la Senadora señora Alvear, en cuanto a la importancia que reviste esta iniciativa para la política exterior de Chile. Además, viene a completar la legislación en contra de la corrupción, subiendo las penas para algunos delitos relacionados con funcionarios públicos y, sobre todo, introduciendo modificaciones y un nuevo epígrafe en el Código Penal, sobre "Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros", en el título que consigna tales ilícitos.
Lo principal es que el bien jurídico que se está protegiendo es la transparencia en las relaciones internacionales y la coherencia de los directivos de empresas públicas chilenas o de empresas que tengan su sede en nuestro país al momento de efectuar inversiones, negocios o cualquier tipo de transacción en el extranjero.
También puede afectar a transacciones internacionales que no sean estrictamente comerciales.
En esa virtud, quiero precisar algunos aspectos.
La mayor novedad en la legislación es que se amplía el concepto "beneficio económico", que caracteriza a ley penal chilena para configurar todo este tipo de delitos de corrupción, quedando como "beneficio económico o de otra naturaleza", bastante más extensivo.
Para que ello tenga alguna limitación más precisa desde el punto de vista jurídico, debe entenderse todo el articulado o el tipo penal correspondiente en el sentido de que se requiere que el beneficio sea para el funcionario público extranjero o para un tercero, y que se obtenga con miras a realizar un negocio o sacar una ventaja indebida.
Y, en esa perspectiva, son muy importantes los conceptos "negocio" y "ventaja indebida". Porque hay negocios u obtenciones de ventajas que son lícitas, debidas.
En consecuencia, es necesario leer el articulado en su conjunto para comprender bien que, al ampliarse el concepto anterior a "beneficio económico o de otra naturaleza", no se está dando una especie de ley penal en blanco, sin frontera clara, sino que ello se encuentra ligado a la obtención de una ventaja indebida o ilícita, o a un negocio de esa naturaleza.
Eso era lo primero que deseaba señalar.
Lo propuesto es esencial para que Chile pueda ingresar a la OCDE, lo que implica un nivel o un estándar más alto respecto de las actuaciones de chilenos o extranjeros residentes habituales en nuestro país al momento de realizar negocios o transacciones con funcionarios públicos foráneos.
Consecuente con lo anterior, en el artículo 2° del proyecto se da a los tribunales chilenos competencia de extraterritorialidad, de jurisdicción para conocer de los delitos -en este caso, el de cohecho- vinculados a funcionarios públicos extranjeros cuando sean cometidos por un chileno o por una persona con residencia habitual en nuestro territorio. Y se entiende que ese ilícito ha ocurrido en tierra foránea. Si ocurriera acá, es obvio que tendría jurisdicción la magistratura chilena.
Señor Presidente, esas son las dos principales modificaciones.
Y, al igual que la Senadora señora Alvear, pido que ojalá se repita en la Sala del Senado la votación tan categórica que hubo en la Comisión de Constitución.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, este es un proyecto de ley que, sin duda, abre un camino que la jurisprudencia deberá definir respecto de los delitos vinculados a la corrupción en que participan funcionarios extranjeros.
Debo recordar que las normas sobre tráfico de influencias, cohecho, uso de información privilegiada, mal empleo de la información en reserva -delitos todos tipificados hoy día en el Código Penal- fueron fruto de una moción que varios Diputados presentamos años atrás, con la asesoría e intervención directa de don Ricardo Rivadeneira, y que significó un cambio de fondo respecto de la forma en que el Estado de Chile enfrentaba las conductas de corrupción, en donde hay dos partes involucradas: un particular, que pide la realización de un acto que significa una ventaja indebida desde el punto de vista económico, y un funcionario público, que ofrece dicha ventaja.
Esas son, en definitiva, las bases sobre las cuales descansa el principio de los delitos de corrupción. Todo ello, siempre en perjuicio de los intereses del Fisco.
Dicho proyecto de ley significó un avance muy importante, porque complementó nuestra legislación, que hasta entonces tenía varios vacíos, y permitió que los casos de corrupción, al menos desde la perspectiva de los instrumentos con que cuenta un juez, pudieran ser investigados y sancionados como corresponde. Lo anterior se explica por la gravedad de la conducta que involucran: ponen en riesgo la fe pública; perjudican el patrimonio del Estado, y constituyen un germen que se sabe dónde comienza, pero nunca dónde termina.
Tal como dijeron tanto el señor Ministro cuanto la Senadora señora Alvear, aquí se plantea un gran cambio.
Hasta ahora, toda conducta de corrupción vinculada al ofrecimiento o petición de ventajas indebidas -el primero, por un funcionario público; la segunda, por un particular- parte de la base de que la ventaja debe ser de carácter económico. La razón es muy simple: resulta muy difícil determinar objetivamente qué otra ventaja, no traducible en dinero, constituiría una acción propia de corrupción.
Ahora se plantea una distinción en la legislación entre lo que afecta al funcionario público nacional y lo que atañe al funcionario público extranjero -me refiero a quien ejerce un cargo público en otro país, que eventualmente podría ser chileno-, y se incorpora un concepto nuevo: la ventaja.
Al respecto, el artículo 251 bis dice: "El que ofreciere, prometiere o diere a un funcionario público extranjero, un beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, para que realice una acción o incurra en una omisión con miras a la obtención o mantención, para sí u otro, de cualquier negocio o ventaja indebidos en el ámbito de cualesquiera transacciones internacionales, será sancionado con la pena" que se indica.
Ese es un paso enorme, señor Presidente, en la tipificación de los delitos de corrupción en Chile, por cuanto incorpora el concepto de "ventaja indebida". En todo caso, tendrá que transcurrir un tiempo para que la jurisprudencia de los tribunales realmente logre determinar el límite de ese delito.
Considero que se trata de un avance importante, en primer término, porque abre la legislación penal a aspectos que hasta hoy no estaban contemplados y, en segundo lugar, porque significa ver cómo va a evolucionar la interpretación que los tribunales hagan de esta norma.
Creemos que es un buen proyecto, que no solo permite que Chile se incorpore a la OCDE, sino que, además, moderniza la legislación anticorrupción.
Sin embargo, todas estas disposiciones son aplicadas por jueces. Si se trata de un buen magistrado, sin duda ellas serán muy útiles. Pero, aplicadas por un juez que las interprete en forma incorrecta, pueden causar dificultades.
Por lo tanto, quedará muy entregado a la capacidad, conocimiento y objetividad de los jueces -y de los fiscales, por supuesto- el cumplimiento de la finalidad de la norma: ponernos a la altura de los países que tienen legislaciones modernas para luchar contra la corrupción.
Por esas razones, señor Presidente, votamos a favor la indicación respectiva. En la Comisión de Constitución se realizaron cambios de gran trascendencia respecto del texto que llegó desde la Cámara de Diputados.
Agradecemos también a los abogados penalistas que nos asesoraron en la materia, porque, de verdad, nos permitieron tipificar estos delitos de forma correcta.
Confiamos en que este paso permitirá que, cada vez que exista un acto de corrupción, se investigue debidamente y se sancione a sus autores. De esa manera contaremos con una Administración Pública que sea garantía de probidad, tanto para los funcionarios que trabajan en ella como para los particulares con que deben vincularse.
Por tales motivos, votaremos a favor de la iniciativa.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba la idea de legislar (26 votos).
Votaron las señoras Alvear y Matthei y los señores Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Escalona, Espina, Frei, García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Muñoz Barra, Novoa, Núñez, Ominami, Pérez Varela, Prokurica, Ruiz-Esquide, Vásquez y Zaldívar.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Por tratarse de un proyecto calificado de "discusión inmediata", ahora corresponde votarlo en particular.
Además, el artículo 2º requiere quórum de rango orgánico constitucional.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En votación particular.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto en particular (28 votos), dejándose constancia de que se cumplió el quórum constitucional requerido, y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Frei, García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Muñoz Barra, Navarro, Novoa, Núñez, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
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El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Solicito la atención de la Sala respecto de un acuerdo recién tomado, que al parecer adolece de un error de hecho que lleva a una situación que no corresponde.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Con relación al proyecto que establece normas de ajuste remuneracional para el personal de las Fuerzas Armadas, se acordó hace unos minutos que pasara primero a la Comisión de Defensa y después a la de Hacienda, en su caso.
Nos informa la Secretaría del primer órgano técnico que todos los artículos del proyecto tendrán que ser vistos por el segundo.
Ante ello, el Honorable señor Prokurica propone que rectifiquemos el acuerdo anterior, de manera que la iniciativa pase a las Comisiones de Defensa y de Hacienda, unidas.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
--Así se acuerda.
INCENTIVOS TRIBUTARIOS TRANSITORIOS, BONO PARA FAMILIAS DE MENORES INGRESOS Y MEDIDAS DE APOYO A INVERSIÓN Y EMPLEO
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece incentivos tributarios transitorios, concede un bono extraordinario para las familias de menores ingresos y fija otras medidas de apoyo a la inversión y al empleo, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6350-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 84ª, en 13 de enero de 2009.
Informe de Comisión:
Hacienda, sesión 86ª, en 14 de enero de 2009.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Los objetivos principales de la iniciativa son siete:
1) Otorgar un bono extraordinario de 40 mil pesos, que se pagará en marzo de este año, a los beneficiarios del subsidio familiar de la ley N° 18.020 y a los de las asignaciones familiar y maternal cuyo ingreso mensual sea igual o inferior a 441 mil 274 pesos. Asimismo, se cancelará este bono a las familias registradas en el sistema denominado "Chile Solidario".
2) Adelantar para septiembre de 2009 la devolución de impuestos que normalmente correspondería hacer el año 2010.
3) Eliminar transitoriamente el impuesto de timbres y estampillas en todas las operaciones de crédito.
4) Perfeccionar los incentivos al ámbito forestal, ampliando las actividades bonificables.
5) Disminuir en 15 por ciento los pagos provisionales mensuales que efectúan las empresas de menor tamaño por concepto de impuesto a la renta y en 7 por ciento los que hacen las empresas más grandes.
6) Ampliar los mecanismos de capacitación de los trabajadores.
7) Efectuar un aporte extraordinario de 26 mil millones de pesos al Fondo Común Municipal.
La Comisión de Hacienda aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señora Matthei y señores Escalona, Frei, García y Ominami).
En cuanto a la discusión particular, aprobó el articulado en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados, con las siguientes votaciones:
-Los artículos 1°, 2°, 4°, 5° y 6°, por la unanimidad de sus integrantes.
-El artículo 3°, referente al impuesto de timbres y estampillas, por cuatro votos a favor (Senadores señora Matthei y señores Escalona, Frei y García) y una abstención (Senador señor Ominami).
-El artículo 7°, que establece un aporte extraordinario al Fondo Común Municipal, por tres votos a favor (Senadores señores Escalona, Frei y García) y dos abstenciones (Senadores señora Matthei y señor Ominami).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En discusión general.
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, ante todo, agradezco a la Comisión de Hacienda y a la Sala la rapidez con que se ha podido ver este proyecto. Y lo hago porque constituye una iniciativa importante y urgente para el país.
A nadie en este Hemiciclo, hoy por hoy, le cabe duda de que la economía mundial pasa por un trance extremadamente difícil. Las proyecciones más recientes sugieren que esta, en su conjunto, se va a contraer por primera vez en los últimos 50 años, lo que implica que el 2009 será más estrecho para todos los países.
En Chile, los efectos de este tremendo shock externo se expresan a través de dos mecanismos: por un lado, menores precios y baja demanda para nuestras exportaciones, y por otro, condiciones de financiamiento más rigurosas en el resto del mundo, con plazos más cortos y, a veces, tasas más altas.
Frente a tal situación, corresponde usar activamente las distintas herramientas de política económica para amortiguar los efectos que pueda producir en el ámbito local ese impacto externo. Si los problemas se vinculan con demanda y financiamiento, corresponde abordarlos justamente con instrumentos de política económica.
Por eso el plan fiscal anunciado por la Presidenta Bachelet el lunes pasado contiene medidas para estimular la demanda -en especial, la inversión y el consumo-, y también, para abaratar el financiamiento e incrementar la liquidez tanto de los hogares como de las empresas, preferentemente de las pequeñas y medianas.
Creo que no vale la pena enumerar cada una de las medidas aquí contempladas, pues el señor Secretario las acaba de listar de modo muy exhaustivo.
Solo cabe enfatizar que ellas son fuertemente contracíclicas y están diseñadas para amortiguar el impacto externo. A eso se suman las políticas que está adoptando el Banco Central -fueron expuestas esta mañana en la Comisión de Hacienda del Senado- y la solidez de nuestro sistema financiero.
Ese conjunto de fortalezas y el uso muy activo de las herramientas pertinentes nos permitirán afrontar en buen pie lo que evidentemente será un año muy difícil para la economía internacional.
Según estimaciones del Gobierno -coincidentes con las presentadas por el Banco Central hoy en la Cámara Alta-, el plan fiscal en análisis incrementará el crecimiento económico de este año en al menos un punto porcentual respecto de lo que habría sido sin él. Esto significa que la economía chilena estará en condiciones de crecer entre 2 y 3 por ciento en 2009.
Esa es la proyección hecha por el Ejecutivo al elaborar el plan y que es congruente -reitero- con lo previsto por el Instituto Emisor.
Tales mayor inversión, mayor demanda y mayor actividad generarán un fruto muy importante: crear empleo. Y nuestra estimación es que el plan ayudará, tanto por la vía directa (mayor inversión pública) como por la vía indirecta (mayor actividad), a crear al menos 100 mil puestos de trabajo. Ello, de nuevo, nos permitirá amortiguar el efecto que provocarán en la cesantía la caída en el volumen de nuestras ventas al exterior, la disminución de los precios exportados y la situación de estrechez en el financiamiento.
Señor Presidente, vuelvo al punto en que comencé.
Este es un proyecto importante, urgente y que ha sido bien recibido -me atrevería a decir- por cuanto analista y actor político y social se ha referido a él. Ha provocado un grado inusual de consenso.
También ha sido bien acogido por los mercados financieros. De hecho, ha ocurrido algo muy notable: la respuesta de los mercados a una expansión fiscal ha sido una baja del riesgo país, porque entienden que este es un buen plan y que al subir la actividad económica y el empleo disminuyen los riesgos de la economía chilena.
Por lo tanto, señor Presidente, ojalá que pronto la iniciativa en debate pueda ser ley, de modo que tanto los beneficios dirigidos a la familia -bono extraordinario e incentivos a las personas de clase media- como la rebaja tributaria adelantada, las medidas dirigidas especialmente a las empresas más pequeñas que carecen de liquidez, la baja del impuesto de timbres y estampillas, en fin, puedan estar disponibles con la mayor brevedad.
Muchas gracias.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, los Senadores de Renovación Nacional vamos a concurrir con nuestro voto favorable a la idea de legislar y a cada uno de los artículos del proyecto, porque compartimos que, ante una crisis internacional de enormes proporciones y contando con el financiamiento fiscal para ello, la Hacienda Pública salga a invertir mayores recursos para apoyar a las familias más vulnerables, en situaciones de mayor pobreza, principalmente, por ejemplo, a través del bono extraordinario de 40 mil pesos por cada carga familiar que se pagará en marzo.
Además, participamos de otras medidas como el anticipo de la devolución de impuestos del año tributario 2010 a los contribuyentes del Impuesto Global Complementario; la rebaja del impuesto de timbres y estampillas; la disminución de los pagos provisionales mensuales; la inyección de recursos a las municipalidades, que probablemente también se verán perjudicadas por la menor actividad económica y percibirán una menor recaudación en permisos de circulación, por pago del impuesto territorial, de patentes comerciales, lo cual va a afectar sus ingresos. Y muchos municipios, particularmente los más pequeños, incluso pueden llegar a tener problemas para cumplir, entre otros compromisos, con el 10 por ciento de reajuste que aprobó el Congreso en noviembre pasado.
Compartiendo todos y cada uno de los artículos aquí propuestos, el día de ayer, durante la discusión en la Comisión de Hacienda, señalé en nombre de los Senadores de Renovación Nacional al Ministro de Hacienda nuestra preocupación por el atraso en los pagos a muchos contratistas por parte del Ministerio de Obras Públicas a raíz de obras ya contratadas y en plena ejecución.
En mi Región, al menos, hay contratistas que desde octubre no se les han cursado pagos o anticipos, a los que tienen derecho por el avance en los trabajos. Obviamente, eso genera en las respectivas empresas pequeñas y medianas graves problemas financieros, debiendo recurrir a créditos que terminan por encarecer enormemente la obra.
Otro tanto ocurre con las deudas que mantienen muchos servicios de salud. Gran cantidad de hospitales se encuentran altamente endeudados y no están pagando a pequeños y medianos empresarios. Por lo tanto, hemos pedido -y lo reiteramos hoy- al Ministerio de Hacienda controlar la situación, agilizar al máximo dichos pagos, porque mientras estas medidas se ponen en aplicación -en las que todos estamos de acuerdo que son necesarias- no puede estar por otro lado el propio Fisco, al incumplir sus compromisos financieros, provocando que muchas pequeñas y medianas empresas caigan en insolvencia.
Del mismo modo, hemos solicitado al Ministro de Hacienda especial preocupación para que se reciban durante el mes de enero las solicitudes que están presentando muchos funcionarios públicos a fin de acceder al bono poslaboral. Existen varios servicios estatales que se niegan a recepcionar esas solicitudes señalando que no tienen instrucciones para ello.
Debo señalar a la Sala que si tales solicitudes no se reciben y tramitan ahora en enero, no se les va a poder pagar en marzo el bono por primera vez, y por ende, se estaría corriendo para abril o mayo.
Entonces, se trata de situaciones frente a las cuales la agilidad de la Administración es tremendamente importante para que esas personas también concurran, al tener mayor capacidad de compra, a aumentar la demanda, produciéndose, de ese modo, la reactivación de la economía.
Lo mismo sucede con los programas de ampliación y mejoramiento de viviendas, que en muchas Regiones del país se encuentran completamente paralizados, pues las obras respectivas se materializan, de manera fundamental, a través de pequeñas empresas constructoras.
Por lo tanto, cuando estamos hablando del empleo, de dinamizar la economía y de dar más capacidad a las pymes, creo que para esas pequeñas empresas constructoras que se dedican a la ampliación y mejoramiento de viviendas, es muy importante que dichos programas se reactiven a la brevedad posible.
En consecuencia, señor Presidente, Renovación Nacional estima que si a las medidas recién anunciadas -que muy pronto se convertirán en ley de la República- le agregamos una preocupación especial del Gobierno en los puntos que hemos señalado, estaríamos logrando mayor reactivación económica y más empleo, que es un objetivo por todos compartido.
He dicho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, yo también quiero asociarme a la manifestación de amplio acuerdo que existe con relación a la iniciativa en debate presentada por el Gobierno de la Presidenta Bachelet.
Era indispensable diseñar un paquete de tales características, el cual -según entiendo- tiene una amplitud y diversificación que lo hace altamente efectivo en sus alcances tanto en lo que se refiere a respaldar de manera inmediata y cierta a las familias más humildes con el bono de 40 mil pesos por carga familiar a implementarse en el mes de marzo, como en lo relativo al conjunto de medidas de carácter tributario que van a facilitar las cosas a un grupo de personas que se desempeñan en el ámbito profesional, y que en nuestro país caracterizamos como perteneciente a la clase media.
Además, deben considerarse los diferentes aportes que se realizarán a los emprendimientos productivos, los cuales esperamos que tengan especial importancia respecto de las pequeñas y medianas empresas por las facilidades que se otorgarán desde el punto de vista tributario, así como otras medidas relativas a la rebaja de los pagos provisionales mensuales, cuyo propósito es ampliar la capacidad de liquidez de las empresas y, en consecuencia, mantener la actividad económica en las mejores condiciones posibles dado el empequeñecimiento de la economía mundial y la contracción que muchos mercados a los cuales nuestros productos concurren experimentarán en meses venideros.
También creo que, desde el punto de vista territorial, lo propuesto en cuanto al aumento de los subsidios a la forestación está bien pensado. Porque se trata de un aporte, desde la perspectiva de la localización de esas iniciativas, que permitirá aliviar a varias zonas del país donde la actividad maderera es bastante significativa, y, en ese sentido, la contribución a los pequeños y medianos productores en el campo resulta muy trascendente.
En definitiva, el proyecto es imaginativo, entrega una cantidad muy importante de recursos y aumenta la inversión pública de manera elocuente con el objeto de que la responsabilidad por los emprendimientos, que en épocas normales corresponde a los privados, pueda ahora, en condiciones de reducción de la actividad de estos últimos, ser de cargo del Estado.
Por lo tanto, tenemos una iniciativa que va a ampliar significativamente la capacidad de las obras públicas, es decir, todo lo relativo a caminos y conectividad, lo cual al mismo tiempo ayudará a que numerosas localidades no solo mantengan sus condiciones de acceso a los mercados en las diferentes Regiones, sino que las mejoren y amplíen, considerando además el impacto y aporte que ello tendrá en cuanto al empleo.
Especial significado reviste, a mi juicio, lo que se refiere a la inversión pública en el ámbito de la vivienda. Entiendo que son centenares de miles de familias las que en nuestro país están postulando a su vivienda propia, su hogar, con el respaldo del Fondo Solidario o de los diferentes instrumentos existentes en el ámbito de la vivienda.
Ello, se ha transformado con el curso de los años en parte clave del mejoramiento de los sectores más humildes y de las familias que aspiran a mejorar sus condiciones de vida y de dignidad.
No cabe ninguna duda de que el país ha ido dando garantías a las familias que postulan y son ya, año a año, decenas de miles las que han pasado de la condición de allegada o de arrendataria a contar con una vivienda propia. En ese sentido, las miles que esperan incorporarse a esta ayuda se verán beneficiadas. Y dicha medida va a tener también en el empleo un efecto, a mi juicio, de altísima significación.
Se trata sobre todo de sectores en los que se puede contraer la actividad productiva por el impacto de la crisis mundial en los mercados en los cuales concurren nuestros productos. Pues bien, con esta cuantiosa inversión pública dicho impacto podrá contrapesarse y contrarrestarse, aunque no eliminarse. Pero peor hubiese sido que el Estado permaneciera de brazos cruzados.
Desde esa perspectiva, señor Presidente, creo que esta es una clarísima reafirmación de lo que en cierto momento a muchos les pareció una frase anticuada o anacrónica, referente a la responsabilidad del Estado en cuanto a asegurar y garantizar el bien común de la nación. Sin la capacidad del Estado para llevar a cabo esta iniciativa, no cabe ninguna duda de que la crisis económica causaría un problema social terrible, como el ocurrido en los años 82, 83, 84 y 85, cuando el desempleo reinaba a nivel nacional ante un Estado completamente incapaz de llevar a cabo medidas eficaces.
Del mismo modo, señor Presidente, quiero señalar que esta es una medida que reafirma la política de responsabilidad fiscal que han llevado adelante los Gobiernos de la Concertación. Entiendo que en un primer momento dicha política de responsabilidad fiscal produjo sorpresa en nuestros interlocutores de la Oposición, porque ellos siempre partieron de la base de que los partidos democráticos no iban a tener en el Gobierno capacidad para actuar con responsabilidad; simplemente, esperaban que un manejo desprolijo y una acción populista o demagógica provocara el descontrol de las finanzas públicas.
No ha ocurrido así, sino exactamente lo contrario, y la política de responsabilidad fiscal se ha transformado, en realidad, en un sello de la conducción económica de la Concertación. En particular, en el último tiempo, la llamada "política de balance estructural", que incluso se vio ratificada en el Congreso Nacional a través de una ley relativa a esta materia, dio la razón a un esfuerzo que el país viene desarrollando ya desde hace varios años, no solo desde esta Administración, sino también desde la del ex Presidente Ricardo Lagos. En rigor, la política de responsabilidad fiscal comenzó a aplicarse en el país durante el Gobierno de don Patricio Aylwin; fue proseguida por el del ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y, como acabo de señalar, se prolongó en las Administraciones concertacionistas recientes.
Por eso, creo que ello es un mérito de Chile, pero también constituye la justa expresión de la persistencia y la tenacidad que ha habido para colocarse al frente del país, a veces en condiciones difíciles y en circunstancias que en no pocas oportunidades han resultado ingratas.
A fin de cuentas, señor Presidente, pienso que la política de responsabilidad fiscal depara un premio, que se refleja en la capacidad de poder ejecutar ahora un plan contracíclico que posee ni más ni menos que la dimensión de 4 mil millones de dólares y que el país se halla en condiciones de asegurar y de llevar a cabo, sin tener que golpear puertas fuera de sus fronteras en busca de aquellos onerosos préstamos con los cuales históricamente debíamos resolver nuestros problemas, que son tremendamente caros, sobre todo en épocas de crisis, cuando la liquidez de los mercados mundiales se termina y conseguir recursos para enfrentar las dificultades se transforma en un verdadero vía crucis.
Hoy la situación de Chile es completamente distinta. Me parece que aquí hay una expresión de cómo las cosas también se pueden analizar en una perspectiva de tiempo, con el grado de seriedad con que hemos sido capaces de actuar en el curso de los últimos años.
Por eso, estimo que este debate constituye igualmente una manera de mirar el país y de mirar la conducción económica bastante diferente de la que yo, lamentablemente, escuché hace algunas horas. No pude participar en toda la sesión relativa a la deuda histórica del profesorado, dado que en paralelo a la Sala las Comisiones unidas de Trabajo y de Hacienda estaban discutiendo un instrumento también muy importante para enfrentar los meses venideros, como es el mejoramiento del subsidio para el desempleo. Yo me encontraba allá, de manera que no podía estar en ambas partes, pero alcancé a escuchar un desborde de demagogia y de populismo en algunas intervenciones que francamente provoca vergüenza ajena.
Yo siento que el contraste no podría ser más aleccionador con los discursos que oímos hace algún rato de parte de algunos de los más destacados voceros de las bancadas de Oposición, que pretenden convencer al país de que pueden gobernar. En mi opinión, con ese tipo de intervenciones, plagadas de una demagogia francamente irrefrenable, lo que le están diciendo al país, en realidad, es que para Chile resulta mucho mejor que continúe gobernando la responsabilidad y la seriedad por encima del descontrol del populismo.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra a continuación el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente, ya he intervenido en otras oportunidades durante los últimos meses sobre el tema económico, pero quiero reiterar algunas ideas a propósito de la discusión de este tan importante proyecto.
Es la primera vez que se adopta una decisión fiscal de esta envergadura. Para que los Senadores tengan total conciencia de lo que estamos analizando, los anuncios de la Presidenta del día lunes antepasado significan prácticamente duplicar la tasa de crecimiento del gasto público aprobado en la Ley de Presupuestos en noviembre recién pasado.
En dicha ocasión autorizamos un aumento del gasto público equivalente a 5,7 por ciento. Como resultado de este paquete de medidas, en vez de ese porcentaje, el gasto público debería expandirse en cerca de 11 por ciento. Eso es lo que estamos haciendo, lo cual considero bastante positivo.
Me parece muy bien que quienes hasta hace unos meses sostenían que la receta para la economía chilena era disminuir el gasto público hoy día entiendan que esa era una muy pero muy mala receta; que lo que ahora corresponde implementar es una política lo más contracíclica que se pueda; que ahí donde la demanda externa se está retrayendo, el Estado, si tiene las condiciones para ello -y afortunadamente Chile las tiene, por la acumulación de excedentes-, debe hacer un esfuerzo por tratar de generar, en toda la medida de lo posible -no va a ser una sustitución perfecta-, una demanda interna por la vía del aumento del gasto público que permita sustentar el grado de actividad.
Yo espero que la proyección del Banco Central, compartida por el Gobierno, de un crecimiento de entre el 2 y el 3 por ciento para el 2009 pueda materializarse. En las condiciones actuales de la economía internacional, una tasa de crecimiento de ese nivel -modesta respecto de lo que ha sido nuestra trayectoria y de lo que han sido nuestros desempeños durante los años anteriores- sería un muy buen resultado. En el último tiempo, Chile ha estado en el promedio e incluso por debajo del promedio de América Latina. Si el próximo año crece entre 2 y 3 por ciento, claramente estará entre los países de mayor crecimiento de América Latina, justamente en virtud de la posibilidad de hacer una política fiscal distinta.
Todo eso, señor Presidente, porque estamos frente a un crisis absolutamente inédita.
Se equivocan los analistas que dicen: "Esta crisis es un poco más grave que la de las Torres Gemelas. Se parece un poco a la crisis asiática. Tiene algunos componentes de la crisis de los años 30".
No es así. Esta es la primera gran crisis de la globalización financiera.
La de los años 30 fue básicamente una crisis de las grandes economías, pero una crisis de los sistemas de regulación internos. No había globalización financiera; no existía la internacionalización financiera tal cual se ha desarrollado durante los últimos 30 a 40 años.
Lo que ha entrado en crisis es precisamente eso.
¿Qué pasó?
No quiero abusar de la paciencia de los señores Senadores. Por lo demás, hay un acuerdo de las Comisiones de Régimen en el sentido de realizar a principios de marzo un seminario conjunto, organizado por ambas Cámaras, para discutir más a fondo estos temas. Va a tener lugar -aprovecho de pasar el aviso- el 9 de marzo próximo.
Considero muy importante que el Senado y la Cámara de Diputados convoquen a especialistas destacados en estas materias y tengan una jornada de reflexión que nos permita debatir con mayor profundidad acerca de lo que está ocurriendo.
En todo caso, como adelanto a lo que uno pueda decir en esa jornada, debo puntualizar que sucedieron dos cosas extremadamente delicadas.
Por un lado, se produjo cierta autonomización de las finanzas, las que comenzaron a operar con una dinámica propia, donde ya no estaban al servicio de la actividad productiva, sino al servicio de sí mismas. El negocio era hacer plata con plata, sin pasar por la actividad productiva.
Esa es una parte muy importante de la crisis que se está viviendo hoy día.
Era el negocio que hacían los bancos con modestos norteamericanos a los que llamaban para prestarles plata sin preguntarse si estaban en condiciones de devolverla. Y les proponían un negocio redondo: "Te presto 100 para que te compres una casa de 100. No me des pie. Y me vas a poder pagar el crédito porque estamos en un sistema superinteligente, según el cual esta vivienda, que hoy día vale 100, el próximo año costará 150. Entonces, igual vas a poder pagarla. Ganarás tú y ganaré yo".
Ese era un negocio que en algún momento tenía que reventar. Porque el dinero solo no puede crear dinero. Tiene que pasar por alguna actividad productiva. Las finanzas al servicio de la actividad productiva pueden ser algo muy fecundo. Las finanzas al servicio de sí mismas terminan provocando ese tipo de crisis, particularmente -y esta es la segunda observación que deseo hacer- cuando todo esto se da en un cuadro de absoluta desregulación y de un repliegue cada vez mayor de las entidades públicas encargadas de controlar estas actividades.
Ayer se publicó en la prensa que sobre el Banco Santander, una de las grandes instituciones bancarias del mundo -¡ojo!: si no me equivoco, es el principal banco extranjero en Chile-, se abrió una investigación para saber si es efectivo o no que perdió 3 mil millones -no de pesos- de dólares en la operación del señor Madoff. Y -como señalo- no se trata de cualquier institución.
Lehman Brothers fue contratado por el Banco Central de Chile; también, por el Comité de Expertos que maneja nuestros excedentes. Y bien contratado, de acuerdo a los informes de clasificadoras de riesgos que decían que era un banco triple A; es decir, un banco con la mejor clasificación. Y la mantuvo hasta tres días antes de irse a la quiebra. Y se fue a la quiebra porque, a propósito de un programa bastante generoso del Gobierno norteamericano para apoyar a todos los sectores que se hallaban en dificultades, encontraron que, simplemente, no calificaba para recibir fondos públicos. Ello, debido a que el tipo de prácticas que había desarrollado era a tal punto inaceptable que no lo hacía merecedor de un nivel de respaldo público que le permitiera continuar subsistiendo.
Entonces, estamos frente a una crisis inédita, cuyo fundamento final es una crisis de confianza. La mayoría de los bancos hoy día desconfían mucho de lo que ocurre en el sector. Por ejemplo, ver que un banco importante, serio, como el Santander, respecto del que se produce una discusión para saber si perdió 3 mil millones de dólares a manos de un especulador, genera una tremenda desconfianza.
Tengo la sensación y el temor de que la crisis actual va a ser larga. Porque recomponer las confianzas y generar una nueva institucionalidad que regule razonablemente la globalización financiera será una tarea difícil, que no durará semanas o meses, sino años.
Desde ese punto de vista, considero muy relevante que nos vayamos preparando para un cuadro económico internacional complicado en los próximos años.
La discusión de si la recesión durará 6, 12, 18 meses es un poco absurda. Las economías, con toda seguridad, estarán rebotando. Pero el marco general en que se va a desenvolver la economía internacional durante los próximos años será complejo, de mucha desconfianza. Entonces, costará reconstituir este sistema.
En tal sentido, una de las cosas más significativas que espera el mundo es saber exactamente qué va a hacer el nuevo Gobierno de Estados Unidos, que entrará en función ya la próxima semana y deberá efectuar anuncios importantes sobre cómo reactivará la economía norteamericana, que está entrando en una recesión muy profunda, y de qué manera reconstituirá la economía financiera mundial bajo controles públicos que hoy día no existen, con un nuevo rol del Fondo Monetario, todo esto que se ha dado en llamar "un nuevo Bretton Woods", "una nueva arquitectura financiera internacional".
Pero todo eso va a tardar. Y por eso creo que el escenario de los próximos años será bastante complejo.
En ese cuadro, quiero nuevamente valorar el paquete fiscal del Gobierno. Es evidente que en un escenario de crisis, de recesión, donde el problema no es la inflación sino la recesión, mantener la regla del superávit estructural no tenía ningún fundamento. Continuar ahorrando allí donde hay que gastar para sustentar el nivel de actividad era lo lógico. Y me parece una buena noticia la que dieron hace algunos días la Presidenta de la República y el Ministro de Hacienda al anunciar este paquete de medidas.
Ahora bien -se me acaba el tiempo-, voté con entusiasmo a favor de la idea de legislar y de todos los aspectos particulares de la iniciativa. Empero, tengo algunas aprensiones que deseo explicitar.
Un par de temores no relacionados con la ley en proyecto, señor Presidente.
Tengo aprensión en cuanto a la capacidad de ejecución del Estado, y particularmente de los Ministerios que deben jugar un papel fundamental en este ámbito. Me refiero en especial a los de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo. A mi juicio, existe un desafío descomunal a su capacidad de gestión.
A ambas Secretarías de Estado se les está entregando ahora, después de aprobada la Ley de Presupuestos, una cantidad muy importante de recursos. Por tanto, será enorme el esfuerzo que habrán de realizar sus técnicos y profesionales para poner en práctica nuevos programas que permitan ejecutar correcta y eficazmente los dineros respectivos.
En eso también hay un desafío, no solo para dichas Carteras en particular, que concentrarán la atención, sino también para otros Ministerios.
Al respecto, comparto lo dicho por el Senador señor García. Si estamos preocupados de promover el empleo, no puede haber centenares de pequeñas empresas que esperen 60, 90, 120 días el pago de la deuda hospitalaria.
No es admisible que pequeños contratistas aguarden 60 a 90 días los pagos del SERVIU. Conozco casos -no son muchos- de pequeños contratistas que fueron a la quiebra porque el SERVIU no les pagó.
Entonces, son en extremo importantes la pulcritud, la impecabilidad de los procedimientos y la diligencia de los distintos Ministerios para ejecutar los recursos que se están poniendo a su disposición.
En ese ámbito tiene una gran responsabilidad la Contraloría General de la República. Ella debe hacer su trabajo y velar para que los recursos se gasten correctamente.
Conversábamos también sobre la factibilidad de que el Contralor -tuve ocasión de hablar con él hace algunos días- fuera convocado en el marco de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Lo sugirió el Senador Sabag. Me parece una estupenda idea. Y se planteó en la Comisión de Hacienda la factibilidad de pedirle una suerte de programa de emergencia que, sin desviarlo del rigor con que debe hacer su trabajo de fiscalización, de contraloría, le permita tener disponibles equipos que posibiliten, especialmente en los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda, sacar adelante la tarea.
En cuanto al proyecto específico, señor Presidente, tengo dos aprensiones.
Primero, con la suspensión general del impuesto de timbres y estampillas.
Aquello se planteó aquí con mucha fuerza, en varias ocasiones, por la Oposición.
Mi temor tiene que ver con lo siguiente.
Creo no equivocarme si digo -algunos Ministros quedaron de entregarnos los antecedentes; por lo menos a mí no me llegaron- que más del 50 por ciento de la recaudación por concepto de dicho tributo es resultado de los pagos de un número muy reducido de grandes empresas. Es lógico: ellas son las que realizan grandes proyectos, los cuales se concretan con créditos voluminosos. Son esas empresas, entonces, las que terminan pagando lo esencial del impuesto de timbres y estampillas.
En consecuencia, eso me parece muy bien.
Por lo demás, ya habíamos avanzado en la dirección de que las pequeñas empresas fueran liberadas del pago del mencionado tributo, sobre todo -ya lo habíamos mencionado- para que tuvieran la posibilidad de renegociar sus créditos o contratar nuevos préstamos, por cuanto el impuesto de timbres y estampillas operaba también como una especie de barrera a los efectos del cambio de banco.
Mi segunda aprensión¿
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Concluyó su tiempo, señor Senador.
Nos enfrentamos a un problema insoluble. Por ello, le pido que, simplemente, termine su intervención.
El señor OMINAMI.-
Gracias, señor Presidente. Finalizaré de inmediato.
Decía que mi segunda aprensión tiene que ver con los titulares del aporte fiscal a los municipios. La libre disponibilidad no me parece bien. Creo que deberíamos buscar alguna manera para que gasten correctamente los dineros.
Por último, algo que no viene en el proyecto, pero sobre lo cual manifiesto mi aprensión: la línea de crédito respecto del factoring no bancario. En Chile este opera más bien como una institución cercana a la usura que como una institución de financiamiento decente.
Gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Hago presente a la Sala que estamos ante un problema que debemos resolver.
Quedan siete oradores inscritos. Esta iniciativa no solo tiene "discusión inmediata", sino que, asimismo, hay una clara manifestación del Ejecutivo en el sentido de que la despachemos hoy. Y ese es el compromiso. Además, en la tabla figura un segundo proyecto con urgencia de ese carácter.
De seguir otorgando la palabra por quince minutos, el debate de este proyecto demorará más de una hora y media.
El señor ÁVILA.-
Reduzca las intervenciones a cinco minutos, señor Presidente.
El señor SABAG.-
Por supuesto.
El señor NARANJO.-
Abra la votación, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Entonces, sugiero abrir la votación y otorgar cinco minutos a cada Senador para fundar su voto, con el compromiso de atenerse al tiempo en la forma más estricta posible, para que logremos el objetivo de fondo. Las razones son más que evidentes.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
No comparto el procedimiento, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Perdón, señora Senadora. Con seguridad, usted habría querido, lógicamente, intervenir por más tiempo.
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora MATTHEI.-
La verdad es que resulta molesto, señor Presidente, cuando uno ha preparado una intervención, que justo un segundo antes de que le den la palabra le digan que en vez de quince minutos solo dispone de cinco.
¡Me parece inaceptable!
Si me lo hubiesen dicho antes, podría haber visto a qué dedicarme.
El señor SABAG.-
Dele más tiempo, señor Presidente.
El señor BIANCHI.-
La señora Senadora tiene razón.
La señora MATTHEI.-
En todo caso, señor Presidente, solo podré hablar, por desgracia, de lo que tal vez revista alguna importancia para mi Región.
Por ejemplo, en cuanto a los estímulos a la inversión y al consumo, donde figura el incremento transitorio a la reforestación, solicité, en el caso de las comunidades agrícolas de la Cuarta Región, que agrupan a la gente de más escasos recursos, rebajar los porcentajes de prendimientos requeridos para acceder a los programas pertinentes, por cuanto están pensados básicamente para las Regiones del sur, donde cae abundante lluvia. En cambio, en el norte, donde muchas veces afecta la sequía, los porcentajes de prendimiento previstos son prácticamente imposibles de alcanzar.
Asimismo, solicito que en el caso del norte, sobre todo en las comunidades agrícolas -reitero que allí se concentra la población de menores recursos-, la tabla respectiva contemple el costo del riego. Este no se halla incluido porque, obviamente, en las provincias del sur no hay riego. Sin embargo, en nuestra Región las plantas pequeñas deben ser regadas, pues de otra manera no sobreviven.
Por otro lado, pido que se consideren especies acordes a nuestra zona, como el algarrobo, el churque, el carbonillo, el guayacán, etcétera.
Los programas diseñados serían de extraordinaria importancia para las comunidades agrícolas -forma de tenencia de la tierra bastante rara; es una modalidad colectiva-, que muchas veces no tienen alternativas laborales. Además, ellos adquieren significación desde el punto de vista del país, porque pueden contribuir a frenar el avance del desierto.
Ahora, me sumo a las observaciones hechas a propósito de los incumplimientos en que ha incurrido el MOP con respecto a los contratistas, algunos de los cuales se están endeudando.
Muchas pequeñas y medianas empresas relacionadas con el área de la salud no están recibiendo los pagos pertinentes. Y lo propio ocurre en los casos del SENAME, del SERVIU, etcétera.
No tiene ningún sentido, por una parte, preocuparse de proveer liquidez a las empresas, y por otra, retrasar los pagos justamente cuando el que debe hacerlos es el Estado.
Respecto del aporte fiscal a los municipios, en la Comisión me abstuve. No obstante, ahora votaré a favor. Sin embargo me llama la atención y me molesta mucho que algunos de ellos que se encuentran tremendamente endeudados sigan gastando plata a manos llenas en fuegos artificiales, en contratar con sueldos millonarios a personas para que se preocupen de las relaciones internacionales, mientras mantienen deudas previsionales con los trabajadores, a quienes a veces les descuentan dinero que después no llega a los destinatarios, como la COOPEUCH o diferentes tiendas comerciales (numerosos funcionarios figuran en DICOM, no por responsabilidad de ellos, sino por problemas de las municipalidades).
De otro lado, me parece imprescindible que los municipios paguen las deudas que mantienen con las pequeñas y medianas empresas.
Ojalá quede claro, señor Presidente, que esa es la cuestión que debe abordarse.
Me habría gustado referirme a otros temas, pero ya se me acabó el tiempo.
Muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
La Mesa le agradece su comprensión, señora Senadora.
La señora MATTHEI.- Siempre me hacen lo mismo.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, también deseo manifestar mi molestia, porque uno prepara un tema y luego, sobre la marcha, tiene que reducirlo casi a la cuarta parte.
Por lo tanto, no me parece justo que algunos Senadores puedan explayarse por un cuarto de hora y a otros se nos asignen escasos cinco minutos.
Ahora bien, concuerdo con muchos de quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Se trata de medidas absolutamente necesarias en un año donde vamos a comenzar una crisis que probablemente -lo han sostenido muchos expertos en el resto del mundo- durará un lapso preocupante.
La situación registrada implica que varios pequeños y medianos empresarios -ha ocurrido en varias Regiones- hayan comenzado a despedir a un grupo significativo de trabajadores, por cuanto existe incertidumbre en cuanto a qué sucederá en el orden económico.
Entonces, quiero manifestar mi apoyo a cada una de las medidas propuestas. Sin embargo, tengo aprensiones con respecto a algunas, producto tal vez de lo mismo que ya he sostenido con anterioridad, fundamentalmente en lo relacionado con los municipios.
Mediante la medida número 7 se destinan 26 mil millones de pesos al Fondo Común Municipal.
Tengo aprensiones sobre el particular. Por ende, me encantaría pedirle al señor Ministro que la distribución de esa significativa cantidad de dinero quede sujeta a proyectos productivos que, en cierta medida, permitan enfrentar situaciones de cesantía en algunas Regiones, por la vía de potenciar a pequeños o medianos emprendedores en diversas localidades, o, de ser necesario, crear empleos.
No quiero que esos dineros se destinen a saldar deudas que algunos municipios arrastran por años.
Me parece que la manera de actuar, cuando hay una crisis, es la optimización de los recursos. Y una de las formas de hacerlo es por la vía de que los dineros vengan acotados a determinados ítems o proyectos.
Otro aspecto que me preocupa dice relación al primer punto que se considera, relativo a los recursos que les llegarán a las familias más vulnerables. He venido repitiendo insistentemente que no se ha revisado la Ficha de Protección Social y son numerosos los municipios que no han podido aplicarla bien. Y mucha gente queda fuera del beneficio, necesitándolo, ya que forma parte de familias que realmente enfrentan una situación muy precaria en lo económico. Me encantaría que durante el año en curso se efectuara una revisión general en cada uno de los municipios para ver de qué manera se ha ido desarrollando la Ficha.
Un tercer punto, no incluido en la iniciativa, dice relación a que me gustaría que el BancoEstado, que debiera apoyar permanentemente a la pequeña y mediana empresa, también diese cuenta de cómo está actuando en Regiones. Muchísimos pequeños, medianos emprendedores, simplemente siguen sin tener ninguna posibilidad de acceder a un crédito a través de esa institución bancaria o del FOGAPE y de beneficiarse de todas las medidas que el Gobierno y el Congreso han implementado, pero que, por desgracia, no les llegan. Y uno tampoco puede saber adónde van esos dineros, a qué empresa se destinan, porque no resulta posible apreciarlo en las Regiones -en varias de ellas, no solo en la que me honro en representar-, donde la gente señala en forma insistente que no obtiene créditos, a pesar de poder presentar los papeles necesarios para conseguirlos.
Señor Presidente, voto a favor todas las medidas. El proyecto es sabio, acorde a los tiempos que vivimos, y ojalá también augure o garantice, siquiera en parte, una mayor estabilidad económica en nuestro país.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, estamos en presencia de una de las iniciativas de estimulación económica anunciadas por nuestra Presidenta con la finalidad de enfrentar la grave crisis económica mundial, la cual, por supuesto, asimismo nos llega a nosotros.
En mi opinión, las medidas contempladas en este primer proyecto son las adecuadas, y, por eso, la bancada democratacristiana va a apoyarlo con agrado.
Sin embargo, quiero hacer también algunas observaciones. Porque los pilares del plan son el estímulo a la inversión y al consumo, el fortalecimiento del acceso al financiamiento de las empresas, el apoyo a las personas y el robustecimiento del empleo y la capacitación, y no me cabe duda de que todo ello es conveniente. Pero igualmente debo señalar que muchos de estas acciones no llegan a quienes realmente las requiren.
Si alguna empresa o persona enfrenta dificultades económicas, ¡por supuesto que se encuentra en DICOM! ¡Por supuesto que exhibe algún grado de protesto y figura en el boletín! Pues bien, por ese solo hecho no logra ningún tipo de crédito y ayuda. ¿A quién va esta última? Siempre se dice que el banco le presta al que tiene plata, no al que la necesita, porque primero se asegura. Y el que la necesita, en este caso, es aquella persona que trabaja y ha caído en dificultades, a quien se trata como la peste.
Debiéramos apoyar a los empleados que han caído en DICOM, que registran algún grado de protesto, y permitirles una renegociación a tres o cuatro años de sus deudas, lo cual los liberaría de todo. Hoy día, en cambio, están sometidos a un verdadero drama.
¡Dediquémosles cuidado a los chicos! En Estados Unidos partió la deuda subprime, de las hipotecas. Nadie le hizo mayor caso. Y resulta que arrastró a los bancos, a las compañías de seguros, a todo ese país, a las naciones europeas y ahora también a nosotros. Las cosas hay que tomarlas en cuenta en lo pequeñas que son.
Y, a veces, no es cuestión de plata, sino de facultades; es decir, basta con que se flexibilicen las normas en todos estos aspectos. El plan es adecuado, a mi juicio. Creo que el estímulo forestal es altamente conveniente y, por eso, lo acogemos con agrado. Y la inversión de 700 millones de dólares en infraestructura constituye, por supuesto, una cantidad adicional muy importante, pero, si no se flexibilizan las normas operativas, es imposible que se pueda ejecutar durante el año.
Anticipándome a ese hecho, la Quinta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, que presido, está citada para el lunes, de 16 a 18. El primer invitado es el Contralor General de la República. También asistirá el Ministro de Obras Públicas. ¿Cómo se va a operar? ¿Se aplicarán las mismas normas ordinarias, conforme a las cuales es preciso, para llamar a una simple propuesta, mandar primero las bases de licitación -¡eso puede tomar tres meses!-, considerar después 45 días para licitar y contemplar tres meses más para la toma de razón? ¡Vamos a llegar a septiembre u octubre sin pelar una papa!
Diría que si no estimulamos rápidamente la ejecución de las medidas y no partimos trabajando en marzo, todo ello va a ser letra muerta.
¡No estoy aquí para avalar con mi apoyo beneficios que no van a llegar a la ciudadanía! Por eso, levanto mi voz en forma oportuna, no después. Y hago las gestiones correspondientes.
Y le pido también a Hacienda que cumpla con eficiencia y a tiempo los pagos a los diversos servicios. Ya lo dijeron los Senadores señores García y Ominami y la señora Matthei: ¡todas las empresas constructoras estaban esperando el pago en diciembre! ¡No se le canceló a ninguna! ¿Pero por qué? ¡Si lo reclamaron en forma oportuna!
Todos debemos aportar, tanto nosotros como las autoridades -no pretendemos que no se fiscalice: que la Contraloría lo haga-, pero actuemos con flexibilidad para enfrentar estos momentos difíciles, porque quienes más van a sufrir son, sobre todo, las personas más modestas y necesitadas de nuestra patria.
Por supuesto, votaré a favor del proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, intervengo para anunciar nuestros votos favorables a la iniciativa, que se sumarán a los del resto de los partidos políticos representados en el Senado.
Quisiera partir por algo que no siempre hago -o hacemos-: reconocer el trabajo del señor Ministro de Hacienda. Por lo general, cuando viene estamos en una situación crítica, a veces por la coyuntura de los problemas. Pero, en verdad, el tiempo ha ido transcurriendo y uno observa que ha manejado la economía de tal manera que hoy día permite entregar un paquete de medidas positivas, las cuales llegan incluso a sorprender. Y aquí se comprueba, como lo han señalado algunos economistas a nivel mundial, que Chile es uno de los países de América Latina que se encuentra en mejores condiciones para enfrentar la crisis.
Se ha señalado, con antecedentes que realmente asustan un tanto, que en el año que recién comienza se va a registrar el crecimiento menor de los últimos 50 años. Y, como es evidente, eso va a traer repercusiones, porque tenemos una economía abierta y es natural que de alguna manera también nos afecte directamente todo lo que suceda en otras partes del orbe. Mantenemos tratados de libre comercio casi con todo el mundo: con la Unión Europea, con los países asiáticos, por nombrar solo los más importantes, y no cabe ninguna duda de que la caída del crecimiento, que todos vamos conociendo y de la cual recibimos antecedentes diariamente, va a reducir la demanda por nuestras exportaciones. Entonces, el deterioro de las condiciones financieras internacionales va a restringir las posibilidades de financiamiento de nuestras empresas, efecto que esta iniciativa, de alguna manera, procura revertir.
Me llama positivamente la atención el incremento de 700 millones de dólares en inversión pública, los cuales, según se expresa, están destinados a conservación vial urbana y rural, y de adelantamiento de obras de riego y vivienda ya diseñadas y aprobadas en todo el país.
Me alegro mucho de ello, porque, en el plano de la vivienda, por ejemplo, no existían recursos para concretar 14 mil subsidios de ampliación y reparación en la zona que represento en el Senado, a pesar de ya habían sido recibidos y seleccionados técnicamente por los organismos respectivos.
Y, en cuanto al riego, quisiera pedir al señor Ministro y a las autoridades de Gobierno una mirada muy atenta, porque uno se halla con la sorpresa de que organismos estatales entregan subsidios y recursos para fortalecer algunas obras y resulta que por lo menos en La Araucanía hemos encontrado que prácticamente no hay aguas, pues estas pertenecen a un grupo muy pequeño de personas que desde 1981 hacia adelante lograron inscribir los derechos. De tal manera que los pequeños y medianos agricultores, en el caso de la Región que represento, están hoy desesperados a tal extremo que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que debe cumplir múltiples objetivos, está buscando urgentemente a quien comprar recursos de agua, para que los productores pequeños y medianos puedan desarrollar sus actividades.
También me parece muy acertado el aporte de 41 millones de dólares al Fondo Común Municipal, porque todos sabemos que nuestros municipios siempre andan realmente "al tres y al cuatro".
Y termino dando a conocer una aclaración que me hizo el señor Ministro de Hacienda, que, a lo mejor, puede ser asimismo de interés para mis Honorables colegas. Porque cuando se hace referencia, en cuanto al apoyo a las personas, que se pagará un bono especial de 40 mil pesos por carga a los beneficiarios del subsidio único familiar (SUF) y receptores de la asignación familiar, y un bono para las familias del sistema Chile Solidario, se me precisó que este último también asciende a 40 mil pesos y es por cada carga, tal como ocurre con los beneficiarios del subsidio único familiar.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, junto con anunciar, obviamente, mi voto favorable al proyecto, quisiera destacar la política fiscal que está siguiendo el Ministerio de Hacienda. En algunos momentos, durante estos casi tres años y medio de Gobierno, he sido crítico de la conducción macroeconómica, pero hoy día debo reconocer que se está aplicando una política fiscal a mi juicio completamente correcta, expansiva, que es lo que Chile necesita.
Y, en general, concuerdo completamente con las orientaciones de la iniciativa, en el sentido de que apunta tanto a reforzar la capacidad de ingreso de los sectores más vulnerables como, al mismo tiempo, a sostener, con un conjunto muy grande de estímulos -tanto tributarios como subsidios de empleo y otros-, a los sectores productivos.
Por lo tanto, creo que se trata de una política fiscal activa, de lo que se necesita. En el momento actual, es lo que están aplicando, además, la mayoría de las economías bien manejadas en el país. Y ello podemos hacerlo, entre otras cosas, porque hemos mantenido, durante todos los Gobiernos de la Concertación -en particular, a partir del Presidente Lagos-, una política fiscal contracíclica, la cual, en momentos en que el ciclo tiende a la crisis o a la baja, como el que estamos viviendo hoy día, permite contar efectivamente con recursos fiscales para ir en auxilio de la economía.
Así que quisiera dejar testimonio de mis felicitaciones a la política fiscal que está llevando a cabo el señor Ministro de Hacienda, y reconocerle en ello, asimismo, un mérito personal.
Me gustaría formular tres observaciones, dos de las cuales tienen que ver con dicha política, y la otra, con la política monetaria.
Resulta evidente, en primer término, que enfrentamos problemas relativamente serios de capacidad de gasto público. Y creo que es algo que debe ser objeto de medidas muy de emergencia.
Lo anterior es particularmente agudo en algunas Regiones, incluida la del Maule, que represento en el Senado. El año pasado no fuimos capaces de cumplir con el programa de inversiones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. A pesar de que invertimos más que en 2007: 2 mil 500 millones de pesos, lo que constituye un aumento significativo, solo pudimos cumplir 88 por ciento del gasto asignado.
La situación que señalo demuestra dificultades de distinto tipo. Algunas de ellas tienen que ver con la debilidad del personal técnico de los gobiernos regionales. Otras se relacionan con trámites burocráticos que se demoran con las destinaciones que deben hacerse desde Hacienda. También se suscitan algunas con las empresas -y es lo que se ha señalado acá-, en la medida en que el sistema de control de la Contraloría muchas veces se traduce, no en un obstáculo final, pero sí en la lentitud de los procesos de inversión.
En tiempos de crisis, es evidente que se requiere corregir muy drásticamente las capacidades de inversión del aparato público. Porque, si no, podemos incluso tener disponibilidad de una política fiscal expansiva y dificultad para realizarla en tiempo y forma. Y lo tocante a la oportunidad constituye una cuestión central.
En segundo lugar, me parece que todavía existe un gran espacio -y ello depende por completo de la autoridad pública- para que el BancoEstado se convierta de verdad en una entidad de vocación fundamentalmente orientada hacia la pequeña y mediana empresas. Pienso que esta es la única manera de asegurar un mayor dinamismo, porque ocurre con frecuencia que el conjunto de estímulos, incluso de aportes directos al sistema financiero, de líneas de financiamiento que se abren vía CORFO -que es banco de segundo piso, no de primero-, se traduce en que finalmente están los instrumentos, los recursos, pero el crédito no llega ni para la capitalización ni para la operación de las pequeñas empresas que lo demandan. Y, en momentos de crisis, la banca privada tiende a ser relativamente conservadora, como es obvio. Entonces, el instrumento del BancoEstado resulta fundamental.
Y una última consideración, de carácter general: a pesar de lo acertada que fue la última medida del Banco Central en el sentido de bajar en 100 puntos la tasa monetaria, creo que todavía se registra un desajuste entre la política fiscal y la política monetaria. Pienso que estamos con tasas todavía muy altas para estimular la demanda, que es lo que necesitamos.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, con respecto a las once medidas de estímulo fiscal anunciadas, quisiera formular un planteamiento más bien crítico y, desde luego, constructivo, a fin de que se garantice el buen uso de los recursos.
Varios señores Senadores han expuesto las dificultades que se viven en Obras Públicas y Vivienda, en el sentido de que no se cuenta ni siquiera con flujos de caja como para financiar los estados de pago de las empresas. Eso genera desconfianza, lo que finalmente termina en un aumento de los precios al no haber mayor competitividad ni condiciones para realizar las obras.
El mundo de las concesiones privadas ha señalado que puede levantar del orden de mil 200 a mil 300 millones de dólares, los cuales debieran enfocarse justamente a los sectores de más alto tránsito y donde ello juegue un rol claramente significativo. Y se debe aprovechar la oportunidad para atender los 30 mil kilómetros de red que exhiben los caminos y huellas vecinales en el país, los cuales ofrecen, además, la particularidad de generar mucha ocupación y de ser base para empleos futuros, ya que mejoran las condiciones de acceso a los campos, a los recursos forestales. Además, se encuentra la Ley del Bosque Nativo, que debemos flexibilizar este año en un sentido positivo, y también otros recursos, como los turísticos.
En Vivienda, en particular, se ha señalado la importancia de aumentar la cobertura del programa de protección del patrimonio familiar.
En forestación, hemos formulado un planteamiento, no quiero decir desde hace décadas, pero sí desde hace muchos años. Se está ocupando muy mal el Fondo establecido en el decreto ley Nº 701. Si uno revisa las cifras, en 2008 apenas se forestaron 26 mil hectáreas en todo el país. Tenemos una necesidad urgente de cubrir 4 millones de hectáreas, 500 mil de ellas en Aisén. Y 80 por ciento de los recursos se ocupan en recuperación de suelos degradados. Creo que es algo totalmente desvirtuado. La Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente establece una normativa especial para el caso de los suelos. Por esta razón, presentamos una indicación para que el Fondo vaya realmente a lo que corresponde.
Detrás de lo anterior hay trabajo en viveros, plantaciones, donde opera un numeroso grupo de mujeres que lo realiza en mejor forma.
En cuanto al aporte a los municipios -como ya se ha señalado- debe enfocarse, desde luego, a cubrir los gastos en educación y a fomentar proyectos de servicios y de carácter productivo.
Los 1.000 millones de pesos para capitalizar CODELCO mueven a duda, pero no es el debate en este minuto.
Por otra parte, deseo insistir en la indicación que formulé, que fue rechazada en la Comisión, y que según el Senador señor García se consideró en forma tácita.
Sobre el particular, debo decir que los beneficios de estímulo para las personas naturales y las pequeñas y medianas empresas han de incluir necesariamente a las que tengan deudas previsionales, tributarias, financieras, comerciales o se encuentren en DICOM. De lo contrario, vamos a seguir hundiendo a gran parte de nuestra sociedad.
Con relación al factoring, indudablemente -como expresó el Honorable señor Ominami-, se debe velar por que la actividad de estas empresas no revista carácter de usura.
Termino señalando que la señora Ministra de Planificación nos acaba de entregar el resultado de la aplicación de la Ficha de Protección Social: se ha encuestado a más de 9 millones 500 mil personas en el país. Una cifra espectacularmente grande.
En ella se indica que, de los deudores habitacionales que recibieron subsidio del Estado -estoy hablando de 200 mil familias-, el 56,3 por ciento se halla en condiciones de vulnerabilidad.
Si no enfocamos las políticas públicas hacia ese sector, y esperamos en paralelo un compromiso del Gobierno de aquí a marzo para resolver tales casos, la verdad es que el buen uso de los fondos públicos no se verá garantizado con los estímulos en comento, los cuales sin duda apuntan en la línea correcta.
Por las razones expuestas, votaré a favor de la iniciativa.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, a mi juicio, toda la propuesta del Ejecutivo es alentadora, oportuna y representa una gran inversión del Estado para enfrentar los efectos de la crisis, por lo cual no queda sino apoyarla de manera decidida.
Deseo, sí, hacer algunas observaciones en torno a lo siguiente:
El artículo 4° destina 20 millones de dólares a fin de incrementar los beneficios del decreto ley N° 2.565, de 1979 -que reemplazó al N° 701, de 1974-, para activar la forestación, e incorpora a ellos las actividades de preparación y cercado de terrenos, y cierta protección de los gastos generales asociados a las actividades bonificables. Ello, sin duda, movilizará mano de obra.
Lo anterior es positivo. Y también lo sería que el sector forestal, y específicamente las empresas, pudiera dar cumplimiento al artículo 13 de dicho decreto ley, que establece que se deberá pagar impuesto territorial dos años después de concluida la primera rotación, lo que no se ha hecho.
Hemos conversado sobre el particular con don Fernando Léniz y también con el señor Ricardo Escobar, del Servicio de Impuestos Internos. El problema es la falta de rol. No hay cómo medir las plantaciones y su rotación, lo que ha redundado en que desde hace muchos años las empresas forestales no paguen contribuciones, de las cuales 40 por ciento va a los municipios, y 60 por ciento, al Fondo Común Municipal.
Cabe recordar que la mayor cantidad de plantaciones forestales se ubica en las comunas más pobres y, por lo tanto, percibir el impuesto territorial les significaría un aumento de los ingresos municipales.
Espero que el Servicio de Impuestos Internos se aboque a remediar tal situación a los efectos de posibilitar dicho pago a la mayor brevedad.
Con referencia a los aportes para impedir los despidos y fortalecer la economía, echo de menos -lo planteo al señor Ministro- alguna medida para financiar el empleo dentro de las empresas, y no el desempleo fuera de ellas. Es decir, pagar subsidio, no cuando el trabajador esté cesante, sino aún en funciones, para que no existan despidos.
Respecto a la industria Bellavista Oveja Tomé, por ejemplo, si hubiéramos contado con la vocación del BancoEstado en tal sentido, se habría impedido la pérdida de 700 empleos, porque el valor del dólar era bajo. Hoy día es alto. Claramente, con una inspiración diferente del Banco estatal, en orden a apoyar a las empresas, aquella se habría salvado.
La situación de Tomé es crítica. Ahí tenemos el grave problema de los pescadores de merluza en Cocholgüe, y el de la textil Crossville. Es necesario buscar mecanismos más innovadores. Como dije, los planteados son positivos, pero es posible seguir innovando. Por ejemplo, crear un subsidio de transporte para los cesantes.
Muchas personas han quedado sin trabajo; ya son miles en el sector forestal, y continúan los despidos. Esa gente después tiene que gastar gran cantidad de dinero para encontrar un nuevo empleo e incluso desplazarse a la ciudad.
El 17 por ciento de los ingresos de quienes ganan menos en el país se utiliza en transporte público, en movilización.
Entonces, se podría entregar un subsidio para ayudar a las personas a buscar un nuevo empleo.
Señor Presidente, hemos eludido un asunto de fondo: el del rol del Estado en la economía, en particular en momentos de crisis y teniendo presente que líderes mundiales como Angela Merkel, Gordon Brown y el propio Barack Obama han afirmado que el Estado debe incorporarse fuertemente a dicha área.
Asimismo, los economistas que han recibido el Premio Nobel de Economía, como Paul Krugman, asesor de Obama, han señalado que debe haber una gran inversión estatal. Él ha expuesto algo que debiera llamar la atención de los señores Senadores: hay que evaluar todo lo que el Estado puede invertir, y cuando esto se halle resuelto, aumentarlo en 50 por ciento. Es decir, en épocas de crisis, más bien debe efectuarse una sobreinversión pública que tener que pagar los platos rotos por una subinversión.
Yo desearía que el Estado asumiera un rol más determinante; que, en definitiva, no fuera como "el perro del hortelano" y también generara acciones empresariales donde el sector privado no quiera o no pueda invertir por ser mal negocio, pero tampoco lo hace.
Ello es posible en el caso de las zonas extremas. Creo que Iquique y Arica, o Punta Arenas y Magallanes no van a lograr desarrollarse de no mediar una fuerte inversión estatal para promover la inversión pública.
Se debe debatir acerca de una acción permanente del Estado en el fomento de inversiones productivas y de mantención del empleo.
Señor Presidente, votaré a favor del proyecto porque lo necesitamos. Y me parece que no será el último que presente el Gobierno. Seguramente enviará nuevas iniciativas tendientes a incluir beneficios que no se incorporan en este, como el subsidio directo al empleo dentro de las empresas y no fuera de ellas, al que me referí con anterioridad. Sobre el particular, no quiero tener más bonificaciones Proempleo en mi Región. Estas alcanzan a 14 mil 300, equivalentes a 25 mil millones de pesos, lo cual representa el 50 por ciento del FNDR.
Eso no es posible. Hay que subsidiar para impedir los despidos.
He dicho.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (32 votos favorables). Votaron las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Frei, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, voy a hacer un alcance respecto a la reforestación, para responder las consultas de algunos señores Senadores.
Quiero dejar muy en claro que la idea y el compromiso del Gobierno al destinar fondos adicionales a este sector y contemplar la facultad para modificar la tabla tienen un solo objetivo: promover la reforestación.
Eso implica beneficios obvios, especialmente en el empleo y sobre todo en las Regiones que han sufrido el impacto de la crisis externa. Se han perdido puestos de trabajo y no se está usando la capacidad para reforestar de que podríamos disponer.
Por lo tanto, las medidas propuestas permitirán en el futuro mayor actividad en el sector forestal, aparte de todos los beneficios medioambientales que ello involucra.
Esa es la voluntad del Ejecutivo y su compromiso en dicha materia.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Por tratarse de una iniciativa calificada de "discusión inmediata", ahora corresponde votarla en particular.
Se podrían votar todos los artículos de una sola vez, señor Presidente.
El señor GAZMURI.-
Votemos el artículo 1°, y aprobemos el resto con la misma votación, señor Presidente.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Ocurre que, además, hay una indicación renovada.
Sería mejor pronunciarse en particular sobre todo el articulado de inmediato, y luego sobre la indicación renovada.
El señor GAZMURI.-
Votemos la primera disposición, y en las demás, repitamos el resultado.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Es lo mismo que aprobarlas todas con la misma votación, Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Procedamos como corresponde, señor Secretario.
El señor KUSCHEL.-
"Si le parece".
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Desgraciadamente, no se puede, señor Senador, porque hay que dejar testimonio acerca de cómo se pronunció cada uno.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En efecto. Ya hemos tenido problemas otras veces. Y Sus Señorías lo han representado.
En votación particular.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en particular el proyecto (20 votos a favor), con excepción del artículo 4°, que fue objeto de una indicación renovada.
Votaron las señoras Alvear y Matthei y los señores Ávila, Bianchi, Escalona, Frei, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Novoa, Orpis, Prokurica, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Señores Senadores, en el artículo 4º, letra c), se agrega el siguiente inciso final:
"Sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero, facúltase a la Corporación Nacional Forestal para que, durante los años 2009 y 2010, pueda modificar en el transcurso de dichos años el valor de los costos de las actividades bonificables fijados para cada temporada.", etcétera.
Respecto a dicho párrafo, los Senadores señores Horvath, Bianchi, Chadwick, Espina, García, Kuschel, Orpis, Pérez Varela, Navarro y Sabag han renovado una indicación para intercalar la frase: "directamente relacionadas con la forestación". De aprobarse, la parte pertinente del texto quedaría de la siguiente manera: "pueda modificar en el transcurso de dichos años el valor de los costos de las actividades bonificables directamente relacionadas con la forestación fijados para cada temporada".
El señor HORVATH.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Puede intervenir, Su Señoría.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, sobre la base de lo que ha señalado el señor Ministro y para evitar un tercer trámite a este proyecto con urgencia calificada de "discusión inmediata", retiramos la indicación con el claro compromiso de que este Fondo no se desnaturalice y se emplee de aquí hacia adelante en forestación, para lo cual fue creado originalmente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Gracias, señor Senador. Se lo agradece el bien común.
--Queda retirada la indicación, se aprueba el artículo 4° y el proyecto se despacha en este trámite.
MODIFICACIÓN DE NORMAS RELATIVAS A NULIDAD DE ACTOS ELECCIONARIOS
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de ley, de la Honorable Cámara de Diputados, que introduce diversas modificaciones en las leyes Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, y Nº 18.556. Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. Con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6349-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 84ª, en 13 de enero de 2009.
Informe de Comisión:
Gobierno, sesión 86ª, en 14 de enero de 2009.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Los objetivos principales de la iniciativa son:
1) Establecer que, en caso de declararse por sentencia firme o ejecutoriada la nulidad de una elección municipal de concejales, el Consejo Regional se integrará transitoriamente por consejeros elegidos por los concejales de la Región, excluidas aquellas provincias en las cuales existiere una o más comunas cuya elección de concejales hubiere sido anulada.
2) Disponer que, en caso de nulidad del acto eleccionario de alcalde, las funciones correspondientes serán ejercidas por el secretario municipal hasta la investidura del nuevo alcalde.
Tratándose de la nulidad del acto eleccionario de concejales, las funciones serán desempeñadas por los cuatro funcionarios que sigan al alcalde en orden de jerarquía, con exclusión del juez de policía local.
También se regula la situación que se produciría al declararse la nulidad de la elección del alcalde y de los concejales.
3) Establecer que el Consejo Regional de Antofagasta (período 2009-2013) será elegido por los concejales de las comunas que conforman las provincias de El Loa y Tocopilla, constituidos en colegios electorales quince días después de la publicación de la ley.
La instalación del Consejo Regional de Antofagasta deberá efectuarse a más tardar el 19 de febrero del año en curso.
4) Una vez practicada la nueva elección de concejales de la comuna de Sierra Gorda, se llevará a efecto, dentro de los quince días siguientes, la elección de los consejeros regionales que correspondan a la provincia de Antofagasta.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización aprobó este proyecto tanto en general cuanto en particular por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señores Bianchi, Núñez, Orpis, Pérez Varela y Sabag), en los mismos términos en que lo despachó la Honorable Cámara de Diputados. El texto pertinente se transcribe en el informe que Sus Señorías tienen sobre los pupitres.
Cabe hacer presente que la iniciativa requiere para su aprobación el voto conforme de 21 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
El Senador señor Gómez ha solicitado abrir la votación.
Si le parece a la Sala, se accederá a ello, para no quedarnos sin quórum.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, quiero informar esta iniciativa en nombre de la Comisión de Gobierno.
El proyecto que hoy conoce la Sala, con urgencia calificada de "discusión inmediata", viene a solucionar un problema ocurrido con ocasión de la última elección municipal. Sucede que en la comuna de Sierra Gorda, Región de Antofagasta, el Tribunal Electoral declaró la nulidad de dicho acto eleccionario y dispuso su repetición con los mismos candidatos, pero con mesas y vocales nuevos y con inscripciones que correspondan a habitantes de la comuna.
Uno de los fundamentos del fallo, que luego fue ratificado por el Tribunal Calificador de Elecciones, radica en que en la etapa de formación de los registros electorales se produjeron una serie de vicios que, de una u otra forma, provocaron una grave distorsión de la voluntad del electorado, impidiendo que esta se manifestara en términos libres y fidedignos.
Dicha declaración de nulidad de la elección motivó que el día en que asumieron las nuevas autoridades edilicias -el 6 de diciembre de 2008- no pudo llevarse a efecto su investidura en la comuna de Sierra Gorda, situación que se mantiene hasta la fecha, por lo que en dicho territorio no existe alcalde ni concejo municipal.
A mayor abundamiento, cabe señalar que tampoco ha podido constituirse el Consejo Regional, pues son los concejales constituidos en un colegio electoral quienes deben elegir a sus integrantes.
Podría explayarme mucho más en el informe, pero, en beneficio del tiempo, señor Presidente, lo dejo hasta aquí y llamo a votar a favor del proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, solo quiero señalar que la iniciativa que nos ocupa tiene por objeto favorecer la constitución de los Consejos Regionales que no han podido hacerlo debido a que hay elecciones impugnadas en el Servicio Electoral; entre ellas, la de los poblados de Sierra Gorda y Baquedano, que conforman una comuna de mi Región.
En mi opinión, se trata de una decisión acertada, pues, de otra forma, la Región quedaría sin sus autoridades elegidas.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Le quiero preguntar al Senador informante, el Honorable señor Bianchi, si la elección se va a repetir con el mismo electorado.
No entiendo. Y sería bueno que tuviéramos una conciencia clara al respecto.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, efectivamente hay una situación compleja.
Sierra Gorda cuenta con mil y tantos habitantes, pero para votar se inscribieron 3 mil personas más, las cuales fueron trasladadas a la zona.
Por lo tanto, el problema se debe dilucidar precisando quiénes habitan en dicha localidad.
Como señalé, se trata de un asunto bastante complejo. Pero la iniciativa lo resuelve absolutamente.
En definitiva, el acto eleccionario se repetiría solo con las personas que viven en el sector de Sierra Gorda.
El señor VÁSQUEZ.-
¡Engordó Sierra Gorda, señor Presidente¿!
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Gracias, Su Señoría.
Era muy importante precisar dicho punto.
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, a mi juicio el problema es mucho más complicado.
El Tribunal Electoral decretó la nulidad de la elección, pero el Juzgado de Garantía estableció que el padrón era legítimo.
No es una cuestión fácil de resolver.
Y si el Servicio Electoral cambia el padrón electoral, ¿cuál será el nuevo? Es decir, hay una modificación a dicho instrumento.
Por consiguiente, aquí se estaría resolviendo el problema transitorio de la ausencia de autoridades, pero no así el fondo del asunto, que tiene que ver con situaciones mucho más delicadas.
Si se cuestiona el padrón electoral, ¿cuál va a existir, en definitiva? ¿El Tribunal Calificador de Elecciones deberá cambiarlo?
En mi concepto, con ello se crearían precedentes no menores respecto del sistema electoral.
En lo concreto, el juez de garantía estableció que el padrón electoral era legítimo, pero el TRICEL anuló la elección por considerar que no lo era.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, el proyecto en análisis no tiene por finalidad solucionar el problema que hoy se suscita entre el Juzgado de Garantía y el Tribunal Electoral, sino resolver lo que dice relación a la representatividad que debe existir en la Región respecto de su CORE.
Sin embargo, efectivamente hay una diferencia entre lo que dicen los Tribunales de Garantía y el Calificador de Elecciones, que habrán de resolver ambas instancias. La justicia electoral tiene una visión y la del crimen, otra. Pero se trata de una disputa entre dos autoridades que no se puede solucionar en la ley en proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Además, sería inconstitucional.
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, deseo aclarar que con la iniciativa en análisis estamos resolviendo dificultades que son urgentes, para que puedan seguir funcionando la municipalidad de Sierra Gorda y el Consejo Regional de Antofagasta.
Respecto al problema electoral, la instancia correspondiente lo mandó al Tribunal de Garantía. Es una controversia entre ellos en cuanto a si están bien o mal inscritos los electores.
Pero con el proyecto en debate por lo menos solucionamos las dificultades de la comuna de Sierra Gorda y del Consejo Regional de Antofagasta.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, el Senador señor Orpis planteó la cuestión de fondo. Porque no se ha explicitado que el proyecto trata de resolver los problemas de autoridades en dos ámbitos.
Por un lado, quiénes serán los consejeros regionales, estableciendo que los actuales de la provincia de Antofagasta continúan en sus cargos.
Por otra parte, debe considerarse el hecho de que desde el domingo -creo- Sierra Gorda no cuenta con alcalde -porque se acabó la subrogancia de 45 días- ni con concejales. Por lo tanto, la iniciativa busca solucionar el asunto también en esa área, consignando una norma permanente, conforme a la cual, cada vez que un tribunal declare nula una elección, asumirá las funciones de alcalde el secretario municipal y las del concejo, cuatro directores municipales, los que deben actuar de consuno. Eso demuestra la magnitud del problema.
De hecho, ayer el Presidente de la Comisión, Senador señor Bianchi, dio a conocer una carta del Presidente Subrogante del Tribunal Calificador de Elecciones, quien expresa su malestar por la resolución del Tribunal de Garantía, agregando que, si se convoca a una elección y se usa el mismo padrón electoral -que el Tribunal de Garantía ha declarado legítimo-, el TRICEL volverá a anularla.
Por ende, nos encontramos frente a una dificultad mayor, que no se arregla solo con solucionar la contienda de competencia.
En consecuencia, por medio de la presente iniciativa estamos resolviendo quiénes serán los consejeros regionales -en el caso de la provincia de Antofagasta continuarán en ejercicio los actuales- y lo que va a suceder en Sierra Gorda, donde el secretario municipal asumirá como alcalde y cuatro directores de la municipalidad, de consuno, tendrán las atribuciones del concejo.
Pero el tema de fondo, como lo manifestó el Senador señor Orpis, no queda resuelto.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, estamos frente a una situación francamente paradójica.
Ocurrió que, por indefinición o vacío jurídico, un grupo de personas que participaron en el acto electoral, prácticamente todas candidatos -por cierto acarrearon mucho del bagaje electoral que se acumuló-, al perder, recurrieron a un subterfugio, porque el padrón electoral -que ellos mismos contribuyeron a "importar"- tendría el vicio de registrar a gente que no tenía su domicilio en el lugar.
Si el Parlamento y particularmente el Ejecutivo no buscan una solución, se generará un problema. La vez anterior hubo uno o dos casos. En la última elección, se han duplicado. Con el procedimiento empleado, en los comicios parlamentarios próximos nos podemos ver enfrentados a una situación francamente escandalosa.
En el caso que nos ocupa, sucedió que el Tribunal Calificador de Elecciones, con la tesis de una mala construcción del padrón, lo declaró nulo, viciado, y que había que reconstituirlo. Pidió la nulidad del proceso electoral. Otra instancia -la efectivamente llamada a pronunciarse respecto de si hay o no ilícito en la inscripción, el Tribunal de Garantía- ha señalado que no hay vicio y que, en consecuencia, el padrón electoral se encuentra perfectamente construido.
En un arrebato de audacia -en mi opinión-, el TRICEL hizo llegar ayer a los parlamentarios una comunicación, donde manifiesta que, en el evento de que se convoque de nuevo a elecciones, dentro del marco de la sentencia según la cual no hay vicio, volverá a declarar nula la elección.
Entonces, nos encontramos frente a una especie de juego sin fin, un perro pillándose la cola, un proceso bastante complejo de competencias indefinidas.
Por consiguiente, la situación es francamente anómala, la que, a mi juicio, tendrá repercusiones importantes a futuro. Porque si, según el TRICEL, una vecina de Antofagasta no puede votar por un candidato (sobrino, pariente, etcétera) en la comuna adyacente, yo pregunto cómo doña Juana, que vive en Amberes, en Hamburgo o en cualquier país del mundo, puede hacerlo por un candidato en cualquier proceso electoral en Chile. Se trata de una cuestión que carece de toda lógica.
Reclamo y exijo del Gobierno que con urgencia se pronuncie acerca de qué va a hacer frente a esta materia.
Ante la duda, anuncio que me abstendré y me cobijaré en el argumento del TRICEL. En consecuencia, no cuenten conmigo para dar derecho a voto a un ciudadano que vive en el extranjero. Porque, si se anuló una elección, creo que se ha establecido un precedente francamente grotesco.
Me atrevo a adelantar y a apostar triple contra sencillo que en la elección parlamentaria venidera se va a usar el mismo procedimiento por gente absolutamente marginada de cualquier racionalidad mínimamente lógica y, por lo tanto, habrá cuestionamientos. En consecuencia, a los candidatos de los distritos 3 y 4 -que tienen tal problemática- se les puede adelantar desde ya que tendrán serias dificultades, porque es perfectamente posible que se reclame nulidad de la elección, pues el padrón será el mismo.
Esta situación es urgente. Observo pasividad, ineptitud en la reacción del Gobierno, y reclamo que esto se atienda con prontitud.
Me parece realmente impresionante que se haya torcido la voluntad electoral, la soberanía popular, en un juicio de controversias que francamente no sé dónde pueda terminar.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
A la luz de esta discusión o análisis, creo aconsejable que el señor Viera-Gallo retire la urgencia de "discusión inmediata" y que el proyecto vuelva a la Comisión.
Estamos sentando un precedente muy grave. Desde acá, desde la testera, siento la responsabilidad de representárselo, señor Ministro.
Me parece razonable regularizar lo relativo al CORE. Pero el Senador señor Cantero y otros colegas han planteado el problema de un cuerpo electoral claramente abultado en varios lugares del país y no solo en Sierra Gorda. En mi opinión, eso debe resolverse. De haber nuevas votaciones, se cambiaría totalmente la representatividad y se destruiría el sistema.
Por lo demás, yo me voy a abstener. Tenía la intención de apoyar la iniciativa; pero, a la luz de los antecedentes, no lo haré. Es lo menos que puedo hacer.
El señor VIERA-GALLO (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, siempre escucho con mucha atención lo dicho por los señores Senadores. Por eso, me sorprende la intervención del Honorable señor Cantero, quien fue varias veces a mi oficina -con razón, porque la situación corresponde a la Región que representa- a solicitar el envío del proyecto.
Entendí que la fórmula de la iniciativa contaba con su visto bueno. El problema que él tiene -y que plantea con justa razón- debe resolverse en la ley correspondiente. ¿Qué pasa cuando se trasladan electores a una comuna? Eso hoy día ha caído en manos de la justicia. Y hay una dificultad enorme. Veremos cómo se resuelve.
Entiendo que el Honorable señor Cantero votará a favor de la iniciativa. Así lo inferí cuando fue a mi despacho.
El Gobierno no ha sido ni lento, inepto ni cosa por el estilo. Al contrario, ha seguido lo que él planteó. Y lo que se está buscando es solucionar el problema de la comuna que preocupa al señor Senador. No veo cuál es la discrepancia. Al Gobierno se le pueden criticar tantas cosas, pero por qué hacerlo cuando estamos de acuerdo. Eso no logro entenderlo.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Debo recordar que estamos en votación. Habría que tener acuerdo unánime de la Sala para intervenir.
El señor LARRAÍN.-
Ya se abrió la votación.
El señor VIERA-GALLO (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Nosotros no vamos a retirar la urgencia.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Reitero: estamos en votación.
El señor CANTERO.-
Quiero dar una orientación, porque se pueden generar problemas.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tendría que haber acuerdo unánime de la Sala. Y no lo hay.
Después de la votación, no tengo inconveniente en que se haga uso de la palabra. Pero creo que con la iniciativa se sienta un precedente complejo.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y particular el proyecto (30 votos y una abstención), y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Frei, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag y Vásquez.
Se abstuvo el señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
El Honorable señor Longueira había solicitado la palabra.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, el señor Ministro, que dijo que nos ponía tanta atención, se ha ido de la Sala.
Dado que se ha anulado el padrón electoral, quiero saber si las personas que han estudiado esta materia me pueden informar más este caso. ¿Se va a necesitar una ley para crear un nuevo padrón y después convocar a elecciones? ¿O esa facultad la tiene el TRICEL? ¿Va a necesitar un trámite legislativo la solución para la comuna en cuestión? Porque si va a requerirlo, me parece que tiene mucho más sentido tratar ambas materias.
Dado que se anuló el padrón electoral, pareciera que la solución más racional es establecer en la ley un plazo para constituir el padrón y convocar a votación.
Entonces, no sé si alguien pueda ilustrarnos al respecto.
A lo mejor, el señor Ministro, que acaba de ingresar a la Sala, estaba buscando una solución.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si bien el proyecto está despachado, es de interés lo planteado por el Senador señor Longueira, lo que, por lo demás, debió haberse previsto en la Comisión.
Me parece muy atingente lo sugerido por Su Señoría.
El señor LONGUEIRA.-
Yo había pedido la palabra cuando el señor Presidente propuso que el proyecto volviera a la Comisión. Me pareció que ello tenía sentido si después debe tramitarse otra ley para solucionar el caso de aquellos lugares donde se anula un padrón. No sé cómo se resuelve este punto. A lo mejor, ya se ha legislado.
Esa es la pregunta que deseaba formular.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, hay posibilidades. Una, que la controversia siga, pues no se sabe cuándo los dos tribunales se pondrán de acuerdo. Ese es un camino. El otro es que, de una vez por todas, se establezca una norma concreta respecto del domicilio.
Lo que se ha cuestionado es el concepto de domicilio. Y yo entiendo que para los efectos electorales, es el que uno declara.
Por lo demás, con la inscripción automática y el voto voluntario, creo que estamos doblemente obligados a precisar este tipo de materias.
Con todo, me parece que la única manera de zanjar la situación es confeccionar un nuevo padrón, y en función de él convocar a una elección. Y eso, obviamente, va a requerir tratamiento legislativo.
Respecto de lo que dice el señor Ministro, efectivamente, he insistido en que se corrija esta situación. Pero lo cierto es que debe atenderse la emergencia. El problema de fondo -que afecta no solo a mi comuna, sino también a otras- es que no debe correrse el riesgo de que en las elecciones parlamentarias -yo no seré candidato, pues no corresponde votar en mi Región- se repita el descriterio que ha afectado a ciertas comunas.
Es cuanto puedo decir.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, efectivamente el problema se abordó en la Comisión.
Para solucionar el problema del padrón electoral habría que impugnar por vía judicial los domicilios. Ese es el camino. No queda otra alternativa. No sé si el Servicio Electoral tiene facultades para modificar el padrón electoral. Pienso que solamente los tribunales de justicia pueden impugnar los domicilios de las personas que votaron en Sierra Gorda. Por lo tanto, una vez hecha la denuncia judicial cuestionando los domicilios, se podrá "limpiar" el padrón respecto de esa comuna en particular.
Señor Presidente, creo que el tema es mucho más delicado y generalizado. El acarreo prácticamente ocurre en todas las comunas rurales del país.
En consecuencia, la solución debería ser mediante una ley, porque se está alterando la voluntad manifestada respecto de las autoridades -particularmente de las comunales- con padrones electorales que no corresponden a la realidad de las respectivas comunas. A mi juicio, ese es el problema que se debe solucionar, el cual se ha planteado de manera reiterada.
Respecto de este caso particular, la única vía de impugnar a quienes votaron es que no tenían domicilio en la comuna de Sierra Gorda, lo que compete a los tribunales.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Aunque el proyecto ya fue votado, tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VIERA-GALLO (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, hay que distinguir el caso particular del problema general.
El Senador señor Cantero tiene razón respecto de este último, que es diferente del caso particular. En este, la justicia intervino y anuló la elección. Entonces, hay que esperar lo que resuelvan los tribunales. Y la elección se va a repetir sin necesidad de cambio legal, conforme a las reglas establecidas, que pueden gustar o no gustar.
El señor LARRAÍN.-
¿Con qué padrón?
El señor VIERA-GALLO (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Lo establecerá la justicia. El SERVEL va a actuar conforme a lo que determinen los tribunales.
Cosa distinta es el problema de fondo planteado por los Senadores señores Cantero y Orpis. ¿Qué pasa si el caso de Sierra Gorda se convierte en emblemático en todas las comunas pequeñas del país?
Para eso va a estar la ley de inscripción electoral. Espero que la próxima semana ingrese al Senado el proyecto pertinente. Ahí Sus Señorías verán si son más estrictos en exigir el domicilio respectivo en cada comuna. Hoy día para acreditarlo o cambiarse de comuna, es relativamente fácil, porque no se exige comprobación de él.
Puede ser que los señores Senadores quieran ser más estrictos. Puede que no. Depende. En comunas grandes esto no afecta, pero sí en las pequeñas. Pero eso no tiene nada que ver con el caso particular que se está resolviendo bien, tanto que el propio Honorable señor Cantero votó a favor del proyecto, de lo que me alegro enormemente.
Entonces, el problema general se verá en su momento. Pero yo trataría de no confundir lo general con lo particular.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Pasamos al Tiempo de Votaciones.
DEVOLUCIÓN DE GASTOS A CARABINEROS POR
ORGANIZADORES DE ACTOS MASIVOS.
PROYECTO DE ACUERDO
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Corresponde ocuparse del proyecto de acuerdo presentado por los Honorables señores Naranjo y Prokurica.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1111-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 54ª, en 16 de septiembre de 2008.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El propósito del proyecto de acuerdo es solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República que regule la obligación de los organizadores de actos masivos con fines de lucro de devolver los gastos en que haya incurrido Carabineros de Chile para prestar en ellos servicios de orden y seguridad.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (12 votos a favor y 3 abstenciones).
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores Ávila, Flores, Gazmuri, Horvath, Naranjo, Navarro, Núñez, Prokurica, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
Se abstuvieron los señores Cantero, Larraín y Orpis.
REEMPLAZO DE FONDO DE ESTABILIZACIÓN
DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO.
PROYECTO DE ACUERDO
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de acuerdo presentado por el Senador señor Prokurica.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1127-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 68ª, en 12 de noviembre de 2008.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El objetivo del proyecto de acuerdo es solicitar al Ejecutivo que reemplace el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo por un sistema que sea más representativo de los precios de mercado de los combustibles.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (15 votos).
Votaron los señores Ávila, Cantero, Flores, Gazmuri, Horvath, Larraín, Longueira, Naranjo, Navarro, Núñez, Orpis, Prokurica, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
INCLUSIÓN DE NUEVOS RUBROS EN ÍNDICE DE NECESIDADES
CONTEMPLADAS PARA FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL.
PROYECTO DE ACUERDO
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Bianchi, Cantero, Horvath, Muñoz Barra, Navarro, Núñez y Ruiz-Esquide.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1132-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 76ª, en 3 de diciembre de 2008.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El propósito del proyecto de acuerdo es solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República la inclusión de los gastos en luz, agua, gas, leña y créditos bancarios y el descuento del 7 por ciento para la salud de los adultos mayores en el índice de necesidades de la familia de la Ficha de Protección Social.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (9 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa los señores Cantero, Flores, Horvath, Larraín, Navarro, Pizarro, Prokurica, Vásquez y Zaldívar.
Votó por la negativa el señor Gazmuri.
Se abstuvieron los señores Ávila y Naranjo.
RATIFICACIÓN DE PROTOCOLO FACULTATIVO DE PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE NACIONES UNIDAS. PROYECTO DE ACUERDO
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Navarro, Naranjo, Muñoz Aburto y Ominami.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1134-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 80ª, en 17 de diciembre de 2008.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
La finalidad del proyecto de acuerdo es solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República que ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
El señor NAVARRO.-
¡Mejor pasemos a la hora de Incidentes!
¡No hay quórum para votar!
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Si no lo hay, señor Senador, la Mesa debe llamar por cinco minutos. Y si en ese lapso no se logra reunir el quórum exigido para adoptar acuerdos, corresponde levantar la sesión.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, creo que es necesario modificar el Reglamento para que, en ese caso, se privilegie la hora de Incidentes. Los Senadores no cumplen con asistir al Tiempo de Votaciones y ello lleva a la imposibilidad de usar de la palabra en Incidentes.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Su Señoría, la Mesa está abocada a cumplir estrictamente el Reglamento.
El señor PIZARRO.-
¿Cuál es el problema?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Que los señores Senadores han estado entrando y saliendo de la Sala.
El señor PIZARRO.-
¿Pero hay quórum?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Ahora sí. Pero hace un instante no lo había.
En votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (8 votos favorables y 4 abstenciones).
Votaron por la afirmativa los señores Flores, Gazmuri, Horvath, Larraín, Naranjo, Navarro, Pizarro y Vásquez.
Se abstuvieron los señores Cantero, Orpis, Prokurica y Zaldívar.
SOLICITUD A BIBLIOTECA DE CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIO SOBRE RECUPERABILIDAD DE FONDOS DE PENSIONES
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Bianchi, Ominami y Vásquez.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1135-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 81ª, en 23 de diciembre de 2008.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El propósito del proyecto de acuerdo es pedir a la Biblioteca del Congreso Nacional que elabore un estudio sobre la recuperabilidad de los fondos de pensiones.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En este caso se enviará el oficio correspondiente.
INCORPORACIÓN DE PYMES MINERAS EN PROGRAMAS DE APOYO A PYMES Y OTRAS MEDIDAS EN SU BENEFICIO. PROYECTO DE ACUERDO
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de acuerdo presentado por los Honorables señores Prokurica, Cantero, Escalona, Núñez, Orpis y Zaldívar.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1136-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 81ª, en 23 de diciembre de 2008.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
La finalidad del proyecto de acuerdo es solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República la incorporación de las pequeñas y medianas empresas mineras a los programas de apoyo de las pymes, adoptando, además, otras medidas, tales como traspasar a las tarifas de la ENAMI los menores costos por concepto de combustibles y energía y la sustentación del precio a 199 centavos de dólar, con una banda de 40 centavos.
El señor PROKURICA.-
¡Incorporen a las pequeñas y medianas empresas mineras en el beneficio de las pymes!
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
¡Que alguna vez se haga algo por las pymes mineras, por los pirquineros!
En votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (12 votos).
Votaron los señores Cantero, Flores, Gazmuri, Horvath, Larraín, Naranjo, Navarro, Orpis, Pizarro, Prokurica, Vásquez y Zaldívar.
INCORPORACIÓN EN PLAN AUGE DE PLAN PILOTO PARA PESQUISA NEONATAL. PROYECTO DE ACUERDO
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Naranjo y Ominami, cuyo propósito es solicitar al Ejecutivo que incorpore, como parte de los exámenes de medicina preventiva del Plan AUGE, al programa piloto para la pesquisa neonatal propuesta por el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile. Asimismo, que adopte otras medidas relacionadas con el examen denominado "Pesquisa Neonatal Ampliada".
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1133-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 79ª, en 16 de diciembre de 2008.
Oficio de Comisión:
Salud, sesión 84ª, en 13 de enero de 2009.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
La Comisión de Salud, por la unanimidad de sus miembros (Honorables señores Arancibia, Girardi, Kuschel, Ominami y Ruiz-Esquide), acordó informar a la Sala que respalda este proyecto de acuerdo.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (13 votos).
Votaron los señores Cantero, Flores, Gazmuri, Horvath, Larraín, Longueira, Naranjo, Navarro, Orpis, Pizarro, Prokurica, Vásquez y Zaldívar.
INCORPORACIÓN DE MARIDOS COMO CARGA DE CÓNYUGES
EN FONASA. PROYECTO DE ACUERDO
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de acuerdo presentado por los Honorables señores Prokurica, Allamand, Arancibia, Escalona, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Núñez, Orpis y Zaldívar, que tiene como propósito solicitar a su Excelencia la Presidenta de la República que adopte las medidas necesarias para permitir que un hombre casado pueda ser carga de la mujer que cotiza en FONASA.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1137-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 81ª, en 23 de diciembre de 2008.
Oficio de Comisión:
Salud, sesión 84ª, en 13 de enero de 2009.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
La Comisión de Salud, por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señores Arancibia, Girardi, Kuschel, Ominami y Ruiz-Esquide), acordó informar a la Sala que respalda este proyecto de acuerdo.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (14 votos).
Votaron los señores Cantero, Coloma, Flores, Gazmuri, Horvath, Larraín, Longueira, Naranjo, Navarro, Orpis, Pizarro, Prokurica, Vásquez y Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminado el Tiempo de Votaciones.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
)--------------(
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor ESPINA:
Al señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, haciéndole llegar información relativa a SITIOS WEB CON REFERENCIAS A NEXOS ENTRE ORGANIZACIONES VIOLENTISTAS EXTRANJERAS Y GRUPOS EXTREMISTAS CHILENOS.
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro de Obras Públicas, planteándole MEDIDAS PARA SUPERACIÓN DE DIFICULTADES EN OBRAS DE REPARACIÓN DE PUENTE PRESIDENTE IBÁÑEZ DE PUERTO AISÉN (Undécima Región).
Del señor ORPIS:
Al señor Contralor General de la República, solicitándole enviar NÓMINA DE PERSONAS A HONORARIOS EN MUNICIPALIDADES DURANTE 2008, y al señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, pidiéndole remitir LISTADO DE PROYECTOS DE FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL DE 2007 Y 2008, CON SUS RESPECTIVOS VALORES.
Del señor ZALDÍVAR (don Adolfo):
A la señora Ministra de Educación, requiriéndole TEXTOS DE CONTRATOS DE CONTROL Y MONITOREO DE TARJETA NACIONAL ESTUDIANTIL FAVORABLES PARA TRANSPORTISTAS DE REGIONES QUINTA, OCTAVA Y METROPOLITANA (reiteración de oficio).
)---------------------(
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En Incidentes, el Comité Renovación Nacional no hará uso de su tiempo.
A continuación, corresponde el turno del Comité Independientes.
El señor CANTERO.-
Lo cedemos al Senador señor Navarro.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
EFECTOS EN ZOFRI Y NECESIDAD DE MEDIDAS POR DECRETO BOLIVIANO SOBRE NO INGRESO DE AUTOS USADOS DESDE CHILE. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, el problema producido en el norte a raíz del decreto boliviano que impide el acceso de automóviles usados desde nuestro país -en particular, de aquellos con más de cinco años de antigüedad- ha provocado efectos dramáticos tanto en Chile como en Bolivia, especialmente en la actividad económica asociada al cambio de volante. Pero también ha perjudicado a los comerciantes y usuarios que adquirieron esos vehículos.
Existe una situación muy grave en el país vecino, porque usuarios particulares compraron dichos automóviles -los pagaron en la Zona Franca- y estos iban camino a sus legítimos dueños. Sin embargo, hoy se encuentran almacenados en la aduana, en Alto Hospicio, en un interregno, y no se sabe hasta la fecha si van a ser rematados o devueltos. Lo cierto es que no van a entrar a Bolivia.
Ahí se ha producido una situación nueva, compleja, que debe ser dilucidada.
Resulta claro que esos vehículos no podrán ser comercializados en el mercado nacional fuera de la Zona Franca de Iquique, pues no cumplen la normativa ambiental, que es el principal motivo por el cual el Gobierno boliviano les impidió su ingreso. Pero también es obvio que esos más de mil vehículos no pueden permanecer eternamente almacenados. Se va a requerir al respecto un pronunciamiento del Servicio Nacional de Aduanas.
Por ello, solicito dirigir oficio a dicho organismo para que informe sobre el destino de los automóviles devueltos a causa de lo dispuesto en el decreto boliviano. En particular, deseo conocer el mecanismo tributario, arancelario, aplicado a sus dueños internacionales. Porque estamos hablando de ciudadanos bolivianos.
Además, se precisa una evaluación del gobierno regional sobre la materia, así como del Directorio de la ZOFRI, a los cuales pido oficiar en relación con las proyecciones de esta situación, que afectará la actividad económica de la Región de Iquique y provocará gran incertidumbre en muchos empresarios que han llegado a la Zona Franca con la intención de invertir.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
NECESIDAD DE INVERSIONES ESTATALES PARA DESARROLLO EN ZONAS FRANCAS DE ARICA E IQUIQUE. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Adicionalmente, pido oficiar a los Ministerios de Hacienda y Secretaría General de la Presidencia, para que evalúen la realización de inversiones estatales a fin de estimular el desarrollo económico de las Zonas Francas de Iquique y de Arica.
Está claro que la mantención de una política de arreglo de autos viejos no es lo esencial. Uno desearía que en la Zona Franca se pudieran construir automóviles nuevos, como sucedía con la General Motors en Arica. Tal empresa se fue de la ciudad y ello provocó gran cesantía. Arica se está muriendo: ha disminuido el empleo y no hay mayores inversiones.
Por ello, se requiere una evaluación político-económica de la situación para generar nuevos incentivos, nuevos subsidios y, en especial, nuevas disposiciones legales que permitan la inversión estatal en las zonas extremas (Regiones Primera, Duodécima y Decimoquinta), en donde el sector privado, por diversos motivos, no tiene la vocación, la voluntad, el interés para invertir.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
FISCALIZACIÓN DE CONDICIONES LABORALES DE CARGADORES EN ZONA FRANCA DE IQUIQUE. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Por otra parte, pido que se oficie al Directorio de la ZOFRI, a fin de que nos informe sobre las medidas que está adoptando respecto de la situación interna de quienes trabajan en los galpones de la Zona Franca de Iquique cargando camiones con mercadería destinada a diversos puntos del país, y también a Bolivia y Perú.
Allí se ha producido una situación que puede derivar en un enfrentamiento social, dado que muchos inmigrantes, a quienes siempre acogemos de manera sincera y amplia, son empleados sin contar con los requisitos legales pertinentes.
Lo que han planteado los trabajadores es que, si los extranjeros desean laborar, lo hagan de manera legal. Porque a ningún chileno en las mismas condiciones en Bolivia se le permite trabajar; o sea, reciprocidad.
En definitiva, ese trabajo ilegal, o "negro", permite el abuso por parte de algunos empleadores.
Se deben, además, vigilar las condiciones laborales de esas personas: no tienen dónde vestirse; carecen de baños; trabajan jornadas extensas y, en especial, cargan cajas de más de 135 kilos.
La denominada "Ley del Saco" establece un tope de 50 kilos en el almacenaje de productos que deben ser transportados con fuerza humana. Pero esa norma no se cumple.
Estamos hablando de una ley que determina claramente que ningún ser humano es capaz de resistir de manera continua una carga de más de 50 kilos. Los trabajadores terminan enfermos, con su columna vertebral desviada. La Ley del Saco fue hecha precisamente para establecer el peso máximo que pueden transportar.
Como dicha normativa no se está cumpliendo, solicito oficiar a la Dirección del Trabajo para que verifique esta situación y tome las medidas que correspondan.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor senador, conforme al reglamento.
PROBLEMAS DE CAMIONEROS EN ZOFRI POR IMPOSIBILIDAD DE TRANSPORTE DE CARGA DESDE BOLIVIA. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Por otro lado, quienes prestan servicios de camiones en el puerto de Iquique y también en la ZOFRI manifiestan un problema que vale la pena revisar.
Solicito que se oficie a la Dirección Nacional de Aduanas, a la Tesorería General de la República y al Ministerio de Hacienda, para que estudien una norma tendiente a resolver un conflicto que puede terminar muy mal.
La normativa boliviana impide a los camioneros chilenos sacar carga de ese país; en cambio Chile permite a sus pares bolivianos salir cargados desde nuestro territorio hacia la nación altiplánica.
Como no existe reciprocidad en dicho aspecto, nuestros camioneros han señalado -y yo les creo- que tal situación puede derivar en una crisis y, eventualmente, en un enfrentamiento, dado el desbalance que ello genera.
Muchos expertos han planteado que la solución va en la línea de contar con un puerto seco en la frontera con Bolivia, a fin de que nuestros camioneros trasladen la carga desde puertos chilenos al puerto seco y desde allí los camiones bolivianos hagan lo propio hacia su territorio. O sea, que la carga interna sea trasladada por los transportistas de cada país.
Tal modalidad evitaría este conflicto creciente, el cual -advierto- puede terminar de muy mala forma, pues la paciencia de los camioneros chilenos se está agotando.
Y, en ello, tenemos responsabilidad. El Gobierno boliviano hace su legislación, en el marco de su autonomía, y nosotros la nuestra. No obstante, los tratados que hemos firmado con ese país han generado esta discriminación.
Por otra parte, a los más de 93 camioneros que estuvieron detenidos por varios días en la localidad de Tambo Quemado se les dispensó un trato hostil por parte de las fuerzas de orden bolivianas. Y yo solicito a la Cancillería chilena que investigue esta situación.
Queremos tener las mejores relaciones con nuestros hermanos bolivianos, pero también pedimos respeto para los trabajadores chilenos que ingresan a su territorio.
Según las informaciones de que disponemos, ellos fueron tratados, incluso, de manera vejatoria, lo cual debe ser aclarado. Puede que se hayan vivido momentos de tensión o de crisis, pero nada justifica dicho proceder.
Dado que siempre es mejor investigar antes de formular cargos, me he comprometido a solicitar los antecedentes a la Cancillería chilena para evaluarlos.
Debo señalar que, después de su reingreso a Chile, esos 93 camiones estuvieron parados en Arica durante largos días porque ni el gobierno regional de esa ciudad ni el de Iquique disponían de los recursos para proveerlos de petróleo. Ambas instancias estuvieron tirándose la pelota durante largo tiempo y nadie resolvía.
Al final, la Zona Franca de Iquique puso el combustible para que los camiones pudieran regresar a la localidad de Alto Hospicio, en Iquique, y estacionarse en un puerto seco de aduanas mientras se solucionaba el problema.
Asimismo, en la frontera chilena funcionarios de Carabineros los sometieron a controles que suscitaron reclamos formales de los dirigentes de los camioneros.
En tal virtud, solicito al Ministerio de Defensa y a Carabineros de Chile que hagan una evaluación de los trámites y procedimientos aplicados, a fin de aclarar por qué existía molestia entre los camioneros. Quizás la tensión, el hambre o las condiciones físicas en que volvieron hayan provocado tal situación.
En todo caso, solicito que se oficie en mi nombre al General Director de Carabineros, Eduardo Gordon, para que nos entregue un informe detallado sobre los procedimientos llevados a cabo por personal de dicha Institución con relación a esos hechos.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A ZONA FRANCA DE IQUIQUE
El señor NAVARRRO.-
Por otra parte, señor Presidente, al interior de la Zona Franca de Iquique (ZOFRI) -entidad con participación estatal y privada- se está implementando un sistema de control mediante código de barras, que ha derivado en la confección de un listado de personas que no pueden ingresar a sus instalaciones.
El Gerente General de la ZOFRI, señor Ariel Pérez, quien nos brindó un deferente trato durante la reunión que sostuvimos, ha señalado que dicho sistema evita la entrada al recinto de personas inhabilitadas para ello.
La medida la encuentro necesaria, pero me llama mucho la atención. Vale la pena revisar si legalmente una institución puede impedir el libre acceso de ciudadanos bajo cargos que no han sido comprobados. No entiendo por qué se les puede negar la entrada. Otra cosa es el posible ingreso de delincuentes; ellos sí deben ser vigilados, detenidos y, eventualmente, sancionados y encarcelados.
Es una cuestión que hay que revisar, porque se puede prestar para discriminaciones y abusos.
DENUNCIAS SOBRE INCUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN LABORAL EN ZONA FRANCA DE IQUIQUE. OFICIO
El señor NAVARRO.-
Asimismo, señor Presidente, los trabajadores de carga que se desempeñan al interior de la Zona Franca han manifestado su molestia profunda por problemas de orden laboral. Se requiere que la ZOFRI exija a todos los clientes que alberga en su seno, sean chilenos o extranjeros, el cumplimiento de nuestra normativa; es decir, ningún empleador, sea chileno, coreano, chino o paquistaní puede violar la legislación nacional. Quienes se desempeñan en su interior deben tener contrato, trabajar durante las horas especificadas, gozar del derecho al descanso dominical. En resumen: hay que cumplir la legislación laboral chilena. No porque corresponda a una zona internacional, libre de impuestos, puede vulnerarse dicha normativa.
Por ello, solicito a la Dirección del Trabajo que efectúe la evaluación correspondiente de un conjunto de denuncias vinculadas con graves incumplimientos laborales. En particular, que se realice una fiscalización más efectiva al interior de la ZOFRI, porque los trabajadores se sienten abandonados en sus derechos y avasallados por empleadores que proceden a su despido cuando reclaman.
Si hay contrato diario tiene que haber un régimen laboral claro y expedito. Ellos no reclaman por la mucha pega existente, pues son buenos para el trabajo, sino por un trato digno, y la aplicación de la legislación laboral nacional, a fin de estar protegidos.
Eso se lo hemos solicitado a la ZOFRI.
Al igual que las empresas públicas, como CODELCO y ENAP -entre otras-, la ZOFRI tiene la capacidad para exigirles a sus subcontratistas el cumplimiento de una normativa básica. Así lo ha hecho ENAP.
Las empresas públicas han de tomar los debidos resguardos con los subcontratistas que laboran en las faenas al interior de ellas. Y, en este caso, la ZOFRI debe hacerlo. Yo espero que así sea, porque existe plena voluntad para ello. Además, hay que privilegiar el diálogo entre quienes operan al interior de la Zona Franca.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL EN TORNO A
ZONA FRANCA DE IQUIQUE. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, por otra parte, solicito oficiar al gobierno regional de Iquique pidiendo un informe detallado de la estrategia de desarrollo regional en torno a la ZOFRI, porque probablemente se verá alterada profundamente por las restricciones de acceso al mercado boliviano, medida que puede extenderse a otros productos.
Asimismo, solicito a la Cancillería y al Ministerio de Relaciones Exteriores una evaluación del intercambio comercial con Bolivia y las proyecciones del Banco Central producto de estas restricciones, a fin de contar con parámetros y antecedentes que nos permitan tomar medidas con anticipación. Si habrá restricciones que significarán desempleo en Iquique y en Arica, queremos saberlo con tiempo, porque las medidas deben ser adoptadas con mucha antelación para evitar los impactos económicos.
Arica e Iquique dependen mucho económicamente de Bolivia. El intercambio comercial de Iquique con ese país llega a 25 por ciento, y en el caso de Arica, supera el 50 por ciento. Necesitamos una buena y sana convivencia tanto con Perú como con Bolivia. Y ese es un esfuerzo geopolítico que el Gobierno debiera hacer permanentemente.
Pido también a la Cancillería que informe acerca de las gestiones realizadas en Bolivia por una delegación nacional el pasado lunes 12 de enero, que buscaba revertir la fijación del decreto en cuestión y una salida para el problema de los camiones retenidos, que beneficiaría tanto a los compradores bolivianos como a los vendedores chilenos.
He tenido la posibilidad de conversar con los Senadores señores Gastón Cornejo y Antonio Peredo, ambos del Movimiento al Socialismo (MAS), y en ellos existe la mejor de las voluntades en tal sentido. Con el MAS boliviano nos unen temas muy profundos; somos colectividades parecidas, partidos hermanos. El Movimiento Amplio Socialista (MAS) de Chile cuenta con la directiva política más joven de América Latina: su presidente, Felipe Hasbún, tiene 27 años y el promedio de edad alcanza los 29. Sentimos mucho aprecio por el MAS de Bolivia que, incluso, logró la Presidencia de la República con Evo Morales. A eso aspiramos.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
SITUACIÓN DE MÉDICOS CHILENOS TITULADOS EN CUBA. OFICIO
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, quiero que se oficie al Ministerio de Salud, recabando información sobre la situación de un grupo de diez médicos chilenos titulados en la Universidad Latinoamericana de Ciencias de la Salud de la República de Cuba, donde estudiaron gratuitamente la carrera, y que se desempeñan en diversos centros de atención primaria y consultorios dependientes de la Corporación Municipal de Valparaíso.
Desde mediados de 2007 que prestan servicios en establecimientos de salud municipal con excelentes resultados, lo que se refleja en la evaluación satisfactoria de los consejos locales de salud, de los directores, de la población, de los pacientes, puesto que la formación integral de médicos de familia que recibieron en Cuba sustenta innegables avances en los tratamientos.
La visión que estos médicos obtuvieron gracias a su formación en Cuba y el ejercicio laboral en Chile les ha permitido potenciar sus competencias. Se han desempeñado en el programa cardiovascular, en salas ERA-IRA (enfermedades respiratorias), en salud mental, en control del niño sano y en atención al enfermo postrado. Han realizado una diversidad de trabajos por su especial formación en salud familiar.
Actualmente, este grupo de galenos se encuentra abocado al proceso de revalidación de su título profesional para obtener reconocimiento en Chile de sus estudios de medicina. Hasta diciembre del año pasado, y durante la vigencia del DFL 153 de 1981, esta función la realizaba la Universidad de Chile. Y, actualmente, conforme a la ley N° 20.261, rige el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina.
Informalmente, a estos profesionales se les ha dicho que, por disposición del Seremi de Salud, señor Fernando Olmedo, se iba a poner fin a los cargos que servían.
Esta situación es muy grave, porque los médicos chilenos no quieren trabajar en los consultorios dado el bajo nivel de las remuneraciones. Y ellos quieren continuar laborando.
En ese sentido, la posibilidad de que estos profesionales sigan prestando sus servicios pasa por que rindan el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina, que les permitirá revalidar sus títulos.
La reflexión y la solicitud al Ministerio¿
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Terminó su tiempo, Su Señoría.
El señor NAVARRO.-
Tenía el asignado al Comité Independientes.
El señor NARANJO.-
Ya se completó.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
¿Señor Secretario, le queda tiempo al señor Senador?
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-
No, ya concluyó el que se le había dado.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
¿Cuántos minutos necesita para completar su intervención?
El tiempo que le corresponde a su bancada terminó.
El señor NARANJO.-
¡Ya intervino en el turno de los Independientes!
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-
Señor Presidente, el Honorable señor Navarro puede continuar su intervención en el tiempo del Comité Mixto.
El señor NARANJO.-
Pero antes viene el Comité Socialista.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Efectivamente, el siguiente turno corresponde al Comité Socialista.
En consecuencia, tiene la palabra el Senador señor Naranjo.
NORMATIVA LEGAL PARA MEJORAMIENTO DE SITUACIÓN DE
PRODUCTORES TRIGUEROS
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, he considerado pertinente, a raíz de la situación por la que atraviesan los productores de trigo, precisar algunas cosas, ya que pareciera ser que algunos, a veces tentados por oportunismos políticos o económicos, desconocen cómo funciona actualmente la economía en nuestro país.
Ante todo, es bueno tener muy claro que el precio que se paga por el quintal de trigo se establece en la cadena trigo-harina-pan. Sin embargo -y esto es lo que llama poderosamente la atención-, tanto las empresas molineras como panificadoras se lavan las manos y deslindan absolutas responsabilidades esperando, como es lógico, que otros asuman las culpas. Porque en esta materia hay que ser muy explícito: se está pagando un precio muy bajo por el quintal de trigo por parte de la empresa molinera, no obstante que el valor del pan -como es de público conocimiento- no ha bajado si siquiera un peso.
Ante tal situación sorprendente e inexplicable por parte de las empresas molineras y panificadoras, los productores de trigo abrumados por el precio del quintal -el cual no cubre los costos de producción, ya que sembraron con insumos altísimos y están cosechando con precios bajísimos-, en su desesperación, han golpeado las puertas del Ministerio de Agricultura para que COTRISA salga a comprar trigo, con la consiguiente intervención del mercado, y repunten los precios, lo que es justificable y comprensible.
Frente a tal situación, pareciera que algunos han olvidado que dicha empresa es autónoma, y que, por tanto -esto es lo más importante de resaltar-, el precio con que ella puede salir a intervenir en los mercados se encuentra en relación a la banda de precios que hoy rige en nuestro país. Con todo, igual han solicitado su intervención.
Entonces, señor Presidente, cabría preguntarse ¿a qué precio compraría COTRISA el trigo si saliera hoy día al mercado?
Lo importante es que la respuesta a tal interrogante la dio el 13 de enero -es decir, ayer- la Presidenta del Directorio de COTRISA en la Comisión de Agricultura del Senado, donde señaló que el precio que podrían pagar sería de alrededor de 10 mil pesos por quintal de trigo.
Es decir, para que quede súper claro, si COTRISA saliera hoy a comprar trigo, lo haría en peores condiciones que las actualmente ofrecidas por los molineros: 12 mil pesos por quintal.
Ante la realidad que vive el trigo a raíz de la crisis internacional, y que en la temporada 2008-2009 -que recién comienza- lo más probable es que se hará extensiva al maíz, arroz y otros cereales, hay una sola respuesta, y es la que han dado otros países ante la situación que vivimos: más intervención del Estado. Y hay que hacerlo sin vergüenza.
Reitero: ¡más intervención del Estado!
Por consiguiente, ¡basta de engañar a los productores con soluciones oportunistas! Para este problema puntual, y para cualquiera que a futuro viva la agricultura, tenemos que crear las herramientas legales para que el Estado pueda intervenir en los mercados, siempre y cuando sea necesario para el bien del país.
Nosotros, como Partido Socialista, estamos disponibles para hacerlo. Sin embargo, habría que preguntar si las fuerzas políticas de Derecha pensarán lo mismo.
También, señor Presidente, resulta necesario aprobar con urgencia el proyecto de ley que establece normas sobre la importación de mercancías al país, pues ellas dicen relación justamente con la eliminación de las bandas de precios, que con su existencia, de alguna manera, hoy impiden que COTRISA pueda intervenir los mercados de otra forma.
Lamentablemente, el respaldo para tal iniciativa no ha sido total en el Senado.
Digámoslo con claridad, hoy, para resolver el problema del trigo y evitar mayores pérdidas a los agricultores, se requiere pagar más de 20 mil pesos por quintal de trigo.
Si COTRISA solo puede pagar 10 mil pesos por quintal de trigo, lo que habría que preguntarse es quién pagaría los otros 10 mil en caso de que interviniera el mercado. Actualmente, dicha comercializadora no tiene atribuciones legales para hacerlo. ¡No las tiene!
Por consiguiente, yo por lo menos no tengo ningún problema que el dinero salga del bolsillo del Estado. Sin embargo, para eso se debe crear un instrumento legal que permita a COTRISA actuar en esos términos.
Yo estoy disponible para legislar de inmediato al respecto. En cambio, no tengo la certeza de que piensen lo mismo aquellos que dicen -entre comillas- apoyar a los trigueros.
Con todo, igual considero importante señalar claramente lo anterior, porque hoy día se está generando una confusión al no ser explicado el problema con claridad a los productores trigueros.
Reitero: si hoy día COTRISA saliera a los mercados estaría solo pagando 10 mil pesos por quintal de trigo, porque ese es el precio que debería pagar de acuerdo con la banda de precios, la cual establece, conforme a la normativa legal, que no podría ser superior a la cifra mencionada.
Pero hoy día los productores de trigo, a fin de poder enfrentar la crisis, requieren que se les pague 20 mil pesos por quintal de trigo, y los molineros están pagando 12 ó 13 mil pesos. Entonces, si COTRISA puede pagar 10 mil pesos, ¿quién va a poner los 10 mil pesos faltantes? Repito que soy partidario de que el Estado los coloque. Sin embargo, con la legislación vigente en nuestro país, ello no es factible de realizar.
Por lo tanto, si queremos verdaderamente salir en apoyo de los agricultores, lo que debemos hacer es legislar para permitir que COTRISA pueda intervenir los mercados de otra forma.
He dicho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
En el turno del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
EVENTUAL CONCERTACIÓN DE PRECIOS CONTRA
PRODUCTORES DE TRIGO NACIONALES. OFICIO
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente, si me llegara a faltar tiempo -cosa que no espero que ocurra- el Comité Socialista me cedió la parte restante del suyo, porque voy a tocar exactamente el mismo tema.
El problema planteado por el Senador señor Naranjo fue examinado por la Comisión de Agricultura en una sesión efectuada ayer, a la cual asistieron organizaciones de pequeños, medianos y grandes agricultores; asociaciones de molineros tanto del centro como del sur del país; uno de los gremios panificadores; además de autoridades públicas, fundamentalmente la Ministra de Agricultura, el Director de INDAP, el Director de ODEPA y la Presidenta de COTRISA; y también algunos Diputados, que incluso pudieron intervenir.
Quiero hacer presente que de las intervenciones escuchadas sacamos algunas conclusiones importantes.
La primera de ellas -señalada por el Honorable señor Naranjo-, se refiere a que, efectivamente, COTRISA solo puede obrar de acuerdo a lo que contienen sus estatutos cuando el precio del trigo en el mercado perfora la banda de precios en su piso, es decir, cuando el precio del trigo es inferior al mínimo fijado por dicho mecanismo. De modo que para que tal comercializadora pueda actuar debería modificarse su actual objeto social.
Tengo mis dudas de que tal enmienda pueda realizarse por vía legal al tratarse de una sociedad anónima. Pero a lo mejor es factible de realizar por medio de la junta extraordinaria de accionistas. En todo caso, se trata de una decisión política, porque, aproximadamente, el 97 por ciento de las acciones son de la CORFO, y el 3 por ciento restante, de privados.
Entonces, ahí existe una dificultad política, porque para poder pagar los precios correspondientes habría de determinar un aumento de capital.
Pero lo más grave, señor Presidente -por eso que he usado la hora de Incidentes, cosa que no es usual en mí-, es lo que sin ambages, sin el menor tapujo e impúdicamente el representante de la asociación de molineros del sur señaló: que estaban pagándoles a los agricultores nacionales mil pesos menos que por el quintal de trigo importado, justificándose en que tenían gastos de comercialización, de acopio y de financiamiento. Y detalló más o menos en qué consistían los gastos.
Las preguntas, que eran obvias, las hice yo en mi intervención: ¿Acaso el trigo importado no tiene gastos de comercialización? ¿Acaso lo que se utiliza como crédito bancario para comprar el trigo importado no constituye costo de financiamiento? ¿Acaso el acopio y el bodegaje del trigo extranjero no se paga y el del trigo nacional sí?
Señor Presidente, como lo dije anoche, queda clara la existencia de una operación de especulación. Lo que hicieron los molineros de Chile -no son más de 50- fue adquirir trigo durante el período previo a la cosecha con el fin de abastecerse y blindarse frente a una posible presión sobre los precios del producto nacional. Eso es especulación y, sin duda alguna, constituye una señal evidente de concertación de precios. Y hoy nos encontramos con que la Ministra de Agricultura solicitó a la Fiscalía Nacional Económica una investigación en cuanto a la relación de precios de la cadena trigo-molino y pan.
Los gremios de los panaderos demostraron que a ellos no les ha bajado el precio de la harina. Sin embargo, los gremios de los productores de trigo demostraron que a ellos les había bajado el precio de adquisición de dicho cereal.
¡Está claro dónde se encuentran el meollo y el nudo del asunto, de acuerdo a las propias declaraciones de los representantes de los distintos gremios!
Pero nótese, señor Presidente -y por eso voy a solicitar que en el oficio que pediré enviar se transcriba mi intervención-, que quien declaró "Nosotros estamos pagando por el trigo nacional mil pesos menos que por el trigo importado" no fue un molinero: fue el representante de la Asociación de Molineros del Sur. Y "Nosotros estamos pagando" implica decir "Nosotros hemos tomado la determinación como grupo, como Asociación de Molineros del Sur". O sea, "Hemos concertado precios para pagar mil pesos menos". Y eso se halla expresamente sancionado en el DFL N° 1, ex DFL N° 211, de 1974.
En consecuencia, señor Presidente, he usado la hora de Incidentes para solicitarle que ordene remitir a la Fiscalía Nacional Económica copias íntegras tanto del audio de la sesión celebrada ayer por la Comisión de Agricultura como de esta intervención. Porque de las declaraciones formuladas por los propios molineros aparecen al menos indicios ciertos que dan lugar a sospechar concierto o determinación de precios en contra de los productores nacionales. En jerga económica, eso se denomina "oligopolio".
Y esa concertación de precios está reconocida implícitamente incluso por el Ministerio de Agricultura, que dice: "En Santiago se pagan 15 mil pesos; en Chillán, alrededor de 13 mil 600".
Tal concertación de precios es absolutamente ilícita e infracciona las normas de la libre competencia.
Por consiguiente, solicito enviar el oficio pertinente a la Fiscalía Nacional Económica, con inclusión del audio de la referida sesión de la Comisión de Agricultura -no pido remitir el acta porque sé que esta no recoge textualmente lo que expresan los oradores- y de esta intervención.
Gracias, señor Presidente.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Se remitirá el oficio solicitado, en nombre de Su Señoría, conforme al Reglamento.
En todo caso, señor Senador, le hago presente que para enviar el audio habrá que contar con autorización de la Comisión de Agricultura, la que por supuesto se pedirá.
A continuación tiene la palabra, por 8 minutos, el Honorable señor Navarro.
REBAJA DE IVA AL PAN. REITERACIÓN DE OFICIO
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, a propósito del debate duro sobre el problema de la harina, quiero pedir que se reitere un oficio al Ministerio de Hacienda, al cual este Senado, a través de un acuerdo, le solicitó la rebaja del IVA al pan.
Claramente, el pan, la leche, el agua potable son bienes de primera necesidad que en muchos lugares del mundo tienen IVA diferenciado. En Brasil, en Francia, etcétera, no hay un IVA único.
Los sectores que destinan parte importante de sus ingresos a adquirir pan -en especial, los grupos C3 y D, es decir, los de menores recursos- pueden llegar a gastar anualmente por ese concepto 130 mil pesos en promedio, lo cual tiene una incidencia muy fuerte en sus entradas. Esos grupos consumen 180 a 190 kilos de pan al año (casi el doble del ABC1). La gente humilde de nuestro país come mucho más pan. Por tanto, que alguien que gana 175 mil pesos pague el mismo IVA que una persona con ingresos superiores a los 3, 4 ó 5 millones no parece justo.
En vista de ello, solicito al Ministro de Hacienda que, en estos momentos de crisis social, reevalúe lo que este Senado y múltiples sectores le han pedido con respecto a un IVA diferenciado en el caso del pan.
Para cientos de miles de familias chilenas sería un gran alivio el poder dejar de pagar un impuesto que, además, resulta ridículo: mientras por un lado el Estado subsidia, por otro impone un gravamen al que otros países le dan carácter diferenciado.
--Se anuncia el envío del oficio pertinente, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
MEDIDAS GUBERNATIVAS PARA ESTÍMULO A
EMPLEO Y CRECIMIENTO. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, valoro ampliamente las propuestas que la Presidenta Bachelet y el Ministro de Hacienda dieron a conocer para apoyar el crecimiento e incentivar el empleo.
Frente a ello, debo hacer una reflexión: el Gobierno empieza a encarar la crisis económica de manera seria y con gasto fiscal.
Sin embargo, no puedo dejar de expresar que puede haber una crítica por lo tardío de las medidas, que deberían haberse propuesto durante la discusión del Presupuesto para el año 2009. Entonces, las valoro, pero connotando que se perdió un tiempo muy valioso.
Ahora, todos los vaticinios del Banco Central debieran hallarse en sintonía con tales elementos y, además, con una nueva baja de la tasa de interés en la próxima reunión del Instituto Emisor, que ojalá escuche los consejos del premio Nobel Paul Krugman, quien ha estado instando a los directores de los bancos centrales del mundo a no quedarse pegados en recetas antiguas y a adoptar nuevas formas de incidir en la economía, con propuestas monetarias más atrevidas.
De las medidas dadas a conocer por la Presidenta, considero altamente destacables los 700 millones de dólares en recursos para un plan masivo de inversión pública; la implementación de una nueva línea CORFO para pequeños empresarios (espero que la plata llegue a ellos); el pago de un bono especial de 40 mil pesos por carga familiar para beneficiarios del subsidio único familiar, familias del sistema Chile Solidario y receptores de asignación familiar (esta medida debe aplicarse con la mayor brevedad); la creación de un subsidio al trabajo a los efectos de incentivar el empleo formal para trabajadores de entre 18 y 24 años con sueldos bajos (¡bienvenida!); capitalización de CODELCO (espero que dicha Corporación la aproveche y rebaje costos, sin que ello signifique desmedro para los trabajadores del cobre).
Creo sinceramente que estamos enfrentando una crisis que requiere un esfuerzo mayor. Y para eso se necesita un compromiso mucho más fuerte del Gobierno.
Si en los próximos cuatro meses las consecuencias de la crisis avanzan y los efectos de las propuestas no son los esperados, habrá que implementar un nuevo paquete de medidas.
Chile, afortunadamente, posee reservas: 19 mil a 20 mil millones de dólares. Dinero hay. Entonces, es preciso estar atentos.
A mi juicio, algunos sectores deben ser ayudados de manera más significativa.
1) El grupo poblacional que más crudamente vive la crisis, constituido por los trabajadores y trabajadoras que han perdido su empleo durante los últimos 12 meses.
En este caso se precisa una ayuda con dos acciones inmediatas.
En primer lugar, para todos los cesantes, un bono de locomoción de al menos 41 mil 800 pesos mensuales -o sea, el equivalente a 5 pasajes de transporte diario-, para que durante los 22 días hábiles de cada mes puedan salir a buscar pega. Esta medida es clave y debe ser renovable por 6 meses mientras no se encuentre trabajo. Por cierto, ello apunta a motivar la búsqueda de empleo.
En segundo término, un bono de alimentación. Ciertamente, no se trata de que los municipios den canastas familiares. Si hay desocupación, un bono adicional al seguro de cesantía no debe bajar de los 30 mil pesos, que es lo que cuesta una canasta básica decente.
2) El Estado debe hacerse responsable por obligar a todos los chilenos a estar adscritos a un sistema previsional que solo ha entregado pérdidas en los últimos 24 meses. La crisis ha golpeado a las AFP, que llevan 27 años operando en nuestro país. Algunos afiliados han perdido la mitad de su capital. Así, en este momento, 320 mil 768 personas de carne y hueso no puedan jubilar. Son hombres y mujeres mayores de 55 años de edad que se hallan en tales condiciones.
Hay que evaluar la vuelta al INP, a un INP que pueda acoger a dichos trabajadores para hacerlos pasar la crisis durante este período (uno o dos años).
Probablemente, no serán los 320 mil, porque estamos hablando de mujeres desde los 55 años y de hombres hasta los 65.
Hay estudios respecto a cómo ir en ayuda de mujeres de 58 ó 59 años de edad y de hombres de 61 (por trabajo pesado), 64 ó 65 que en este momento no pueden ni deben jubilar, pues si lo hacen el valor de su pensión será un tercio o 40 por ciento menor. Por eso, esa gente tiene que recibir atención primordial.
3) Se requiere un aporte extraordinario de 10 mil millones de pesos para las Regiones de Valparaíso, del Biobío, de La Araucanía y de Arica y Parinacota, donde la tasa de desempleo ha superado los dos dígitos. Estamos hablando de ciudades como Valparaíso, Viña del Mar, Talcahuano, Lota, Coronel, Angol, Temuco, entre otras.
Esa medida implicaría un gasto adicional de unos 62 millones de dólares. Pero lo considero justo y necesario, porque dichas Regiones están viviendo con mayor fuerza la demanda de empleo y la presión hacia los gobiernos regionales.
4) Por último, debe haber un compromiso del Gobierno con el seguro de cesantía.
Era de cinco meses. Se amplió a siete. Pero la verdad es que siete resulta insuficiente.
El promedio para la búsqueda de empleo, según el INE, es de siete meses. Pero ese -reitero- es el promedio. Claramente, el tiempo de búsqueda es mucho mayor. Hay gente que pasa un año y más en ese trajín.
Por lo tanto, el subsidio de cesantía no puede ser ni de cinco ni de once meses.
Aspiramos a que en este período de crisis el Ministerio de Hacienda establezca un subsidio de cesantía de al menos doce meses, de acuerdo, por cierto, a una tabla regresiva que va del 50 hasta el 20 por ciento de la remuneración durante un año de desempleo, de tal manera que exista un estímulo a la búsqueda de trabajo.
La medida señalada podría costarle al Estado 13 millones de dólares. El primer mes se entregaría el 50 por ciento para una remuneración con valor superior de 194 mil 500 pesos y valor inferior de 101 mil 138, hasta llegar a la más baja el último mes de seguro, con 20 por ciento para el valor superior de 72 mil 586 pesos y el inferior de 32 mil 400.
Se trata de cifras manejables. Tan solo recordemos que el Estado ha gastado millones de dólares en otras situaciones. Traigo a colación en particular la de las cárceles concesionadas, donde ha debido pagar millones de dólares debido a actuaciones negligentes que dieron lugar a proyectos deficientes.
Al respecto, señor Presidente, solicito que se oficie al señor Ministro de Hacienda y a la Central Unitaria de Trabajadores remitiéndoles copia de mi intervención.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
IMPROCEDENCIA DE PAGO DE MULTA A CONCESIONARIAS
DE CÁRCELES PRIVADAS. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, pido oficiar a los Ministerios de Obras Públicas, de Hacienda y de Justicia y a Gendarmería de Chile, porque nos hemos enterado de que, por concepto de multa, deberemos pagarles alrededor de 350 millones de pesos a las concesionarias de las cárceles privadas, a las que les estamos entregando 526 mil pesos mensuales por cada reo.
Escúcheme bien, señor Presidente: ¡526 mil pesos mensuales le cuesta al Estado un reo en una cárcel concesionada!
¡Y ahora nos dicen que, por haber sobrepoblación, deberemos pagar adicionalmente una multa de más de 350 millones de pesos!
Ese es un negocio extraordinario para las empresas que construyeron los penales -particularmente BESALCO- y para quienes los administran.
Quiero saber cómo se justifica aquel nuevo cobro y qué debe hacerse para no pagar multa en un sistema cuyo costo está claramente sobredimensionado.
He dicho.
¡Patagonia sin represas!
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, nadie hará uso de la palabra.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:28.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción