REPÚBLICA DE CHILE

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

PUBLICACIÓN OFICIAL

LEGISLATURA 356ª

Sesión 85ª, en miércoles 14 de enero de 2009

Especial

(De 12:6 a 13:54)

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ADOLFO ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE,

Y BALDO PROKURICA PROKURICA, VICEPRESIDENTE

SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR

____________________

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

I. ASISTENCIA

Asistieron los señores:

--Allamand Zavala, Andrés

--Alvear Valenzuela, Soledad

--Arancibia Reyes, Jorge

--Ávila Contreras, Nelson

--Bianchi Chelech, Carlos

--Cantero Ojeda, Carlos

--Chadwick Piñera, Andrés

--Coloma Correa, Juan Antonio

--Escalona Medina, Camilo

--Espina Otero, Alberto

--Flores Labra, Fernando

--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo

--García Ruminot, José

--Gazmuri Mujica, Jaime

--Girardi Lavín, Guido

--Gómez Urrutia, José Antonio

--Horvath Kiss, Antonio

--Kuschel Silva, Carlos

--Larraín Fernández, Hernán

--Letelier Morel, Juan Pablo

--Longueira Montes, Pablo

--Matthei Fornet, Evelyn

--Muñoz Barra, Roberto

--Naranjo Ortiz, Jaime

--Navarro Brain, Alejandro

--Novoa Vásquez, Jovino

--Núñez Muñoz, Ricardo

--Ominami Pascual, Carlos

--Orpis Bouchón, Jaime

--Pérez Varela, Victor

--Pizarro Soto, Jorge

--Prokurica Prokurica, Baldo

--Ruiz-Esquide Jara, Mariano

--Sabag Castillo, Hosaín

--Vásquez Úbeda, Guillermo

--Zaldívar Larraín, Adolfo

Concurrieron, además, el Ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco Brañes, y la Ministra de Educación, señora Mónica Jiménez de la Jara.

Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.

II. APERTURA DE LA SESIÓN

--Se abrió la sesión a las 12:6, en presencia de 17 señores Senadores.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.

III. ORDEN DEL DÍA

ANÁLISIS SOBRE DEUDA HISTÓRICA CON PROFESORES

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Como todos saben, esta es una sesión extraordinaria con un objeto único de tremenda importancia.

Quiero pedir a los profesores ¿o a la audiencia que hoy día se ha congregado en las tribunas- que mantengan la más absoluta calma y prescindencia de manifestaciones, a fin de llevar a cabo esta sesión como corresponde, que es lo que realmente interesa.

Ustedes saben lo que les ha costado el problema que los afecta. Es un camino muy largo el que han recorrido. Pero les falta otra parte. Por lo mismo, tienen claro lo que está en juego.

Por lo tanto, les solicito encarecidamente abstenerse de cualquier manifestación, en un sentido o en otro, y dejar que el desarrollo de la sesión conduzca al objetivo tan anhelado, de tanta justicia, que ustedes y la sociedad chilena esperan.

Tiene la palabra al señor Secretario para que dé cuenta de los tiempos por Comité, a objeto de que Sus Señorías se atengan a ellos en sus intervenciones. El señor HOFFMANN (Secretario General).- De aplicarse la regla vigente para la hora de Incidentes, pero reduciendo los máximos correspondientes, de suerte de no sobrepasar las dos horas de sesión, los tiempos para cada Comité son los siguientes: Unión Demócrata Independiente, 16 minutos; Renovación Nacional, 14 minutos; Independientes, 12 minutos; Socialista, 14 minutos; Demócrata Cristiano, 12 minutos; Por la Democracia, 7 minutos, y Radical Social Demócrata, 7 minutos. La señora Ministra dispondrá de 20 minutos.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, en primer término, quiero manifestar mi profunda satisfacción por la reunión que estamos celebrando hoy día, la cual viene a coronar la larga actuación del Senado respecto del reconocimiento de la deuda histórica que Chile tiene con los profesores.

Deseo recordar algunos hechos que explican y justifican esa deuda y por qué es tiempo de que el Estado haga justicia al magisterio.

Esa constituye una antigua demanda de los educadores. Y, como lo hemos podido apreciar, se ha convertido en una verdadera bandera de lucha de miles de docentes que, con justicia, reclaman del Estado una solución.

Los antecedentes se remontan a los años 70: una caída en las remuneraciones en ese entonces motivó al Gobierno de la época a efectuar una mejoría de aquellas, la que tuvo lugar cuando la situación económica del país había mejorado.

Eso ocurrió recién en 1980, con la dictación del decreto ley N° 3.551, que incluía una reparación del 90 por ciento de los sueldos para los profesores con título y del 50 por ciento para los no titulados, lo que se pagaría en cuotas anuales en los próximos cuatro años.

El beneficio de dicha normativa se empezó a pagar el 1° de enero de 1981 a todos los integrantes del magisterio que a la fecha fueran empleados públicos.

Poco después de decretado tal mejoramiento, se produce el traspaso de los profesores del nivel central a los municipios, garantizándose a los docentes que mantendrían en su nueva condición los mismos derechos y remuneraciones que tenían al momento de ocurrir el cambio.

Para tal efecto, se dicta la ley N° 18.196, que reconoce el derecho de los profesores -los que pasaron a regirse por el Código del Trabajo- a seguir gozando del sueldo que percibían al momento del traspaso, con los reajustes que a futuro se les otorgasen.

En esa situación hay implícitamente un reconocimiento relacionado con una suerte de derecho adquirido en los ingresos de aquellos, ya que el objetivo del traspaso tenía que ver con una cuestión de organización de la Administración Pública -es decir, era un paso que se daba dentro del proceso de descentralización del país- y no como una manera de generar ahorro en el gasto fiscal destinado a los docentes. Por el contrario -ya lo he dicho-, se trataba de mejorar su remuneración, con el compromiso de preservar el beneficio hacia el futuro en forma indefinida.

Por lo demás, no se debe olvidar que los municipios forman parte del Estado, pues no son entes privados. Por lo mismo, aquel traspaso no fue una privatización, sino un acto tendiente a organizar las funciones estatales de modo diferente. Los maestros estaban bajo la tutela del Ministerio de Educación y después pasaron a la de los municipios. Ambas formas son del Estado y en ningún caso del sector privado.

Así, para esos efectos, los profesores traspasados preservaron todos sus ingresos. Solo surgió un pagador diferente. Y el Gobierno de la época se comprometió a darles en lo sucesivo lo mismo que percibían como remuneración real no como expresión propia de aquel, sino que en virtud de la mencionada ley N° 18.196, que incluso les garantizaba los reajustes futuros que se les pudiesen conceder.

Sin embargo, en los hechos, ocurrió que no todos los municipios procedieron de ese modo. Muy pocos continuaron pagando la asignación, y la gran mayoría dejó de hacerlo.

Vinieron los juicios, lo que produjo una situación compleja que para muchos resulta incompresible: algunos fallos han sido favorables a la posición de los profesores, y otros, adversos. Probablemente, un abogado entiende eso, porque las jurisprudencias obligan solo a los efectos propios de un juicio. Y, por lo tanto, dos casos pueden ser fallados de manera distinta.

No tenemos la jurisprudencia de otros países, donde lo que determina el juez constituye un precedente general obligatorio para el futuro. Aquí no ocurre lo mismo. Y, en consecuencia, podemos ver que ha habido fallos adversos.

Así, es posible observar, por ejemplo, que en Pudahuel, en 1991, 16 profesores ganaron sus pleitos, y hoy día reciben 36 por ciento más de sueldo que los que no litigaron.

Igual cosa sucede en Antofagasta, donde 21 docentes gozan de una mayor remuneración en virtud del juicio ganado.

Pero ha habido de todo: profesores que demandaron, otros que abandonaron desesperanzados sus causas; unos perdieron y -como he mencionado- algunos ganaron. Y - hay que decirlo- también hubo muchos que, sin fe, no hicieron nada.

Esa es la situación que se ha venido arrastrando desde entonces.

¿Cuál es la respuesta que el Estado debe entregar frente a ello? Al igual que en todas las cosas, tenemos que dar la respuesta que proporcionan los organismos estatales. Se debe procurar no solo hacer cumplir el Derecho, sino algo todavía más simple: hacer justicia.

A mi modo de ver, se trata de una causa justa, respecto de la cual, más allá de consideraciones de cualquier índole -ya que en el Congreso pueden existir diferencias entre nosotros e igualmente entre los profesores, o con ellos-, cuando se trata de hechos objetivos como los descritos, lo que corresponde es una sola cosa: hacer justicia.

Esa es nuestra responsabilidad. Debemos asumirla como Estado, no como fracciones, no como municipios, no como Fisco, no como Congreso, que tienen miradas parciales de lo que al final todos representamos de alguna manera. Debemos dar una respuesta como lo que somos: el Estado de Chile.

Se trata de un problema que requiere una mirada de esa envergadura, de esa altura. Y, por lo tanto, solo así podremos dar una solución justa a esa realidad.

Quiero señalar que el Senado no ha permanecido indiferente a esta situación. Desde hace muchos años, hemos estado preocupados de escuchar a los profesores y de hacernos eco de su demanda.

La primera vez fue en el 2000, cuando presentamos un proyecto de acuerdo aprobado por unanimidad en esta Corporación. Me correspondió redactarlo; lo conversamos con distintos señores Senadores, y -como dije- se acogió por consenso.

Ocurrió lo mismo en los años 2004, 2006 y 2008. Me tocó siempre participar activamente, junto con el Honorable señor Prokurica, en esos últimos tres proyectos de acuerdo. Todos fueron aprobados por unanimidad en la Cámara Alta, y no solo reconocían esta situación, sino que, al final, planteaban lo mismo: dirigidos al Presidente o la Presidenta de la República, le pedían que se reconociera la deuda; que creara comisiones de estudio; que estableciera mecanismos para resolver esta situación; siempre se encontraban guiados e inspirados por ese solo hecho, y anticipaban nuestra disposición para aprobar cualquier iniciativa que permitiera una justa solución.

Por su parte, la Cámara de Diputados, siguiendo los pasos del Senado, ha aprobado diversos proyectos de acuerdo, también por unanimidad.

Es decir, ha sido la voluntad del Congreso Nacional la que se ha expresado reiteradamente. Sin embargo, no ha encontrado respuesta positiva en el Ejecutivo en ninguno de los últimos tres Gobiernos, los cuales, por un motivo u otro -pero en forma coherente- se han resistido a encontrar una solución.

El último proyecto de acuerdo que aprobó esta Corporación, en noviembre de 2008, recibió del Gobierno, de manera muy rápida, una contestación negativa en la cual rechazaba esta situación; se decía que nunca desde la Moneda se iba a propiciar una legislación que permitiera encontrar una salida al problema. Y repetía la argumentación esgrimida en la respuesta a otro acuerdo del Senado, en 2004, cuando había otro Gobierno y distinto Ministro de Hacienda.

El Senado ha hecho mucho. Y debo reconocer que su Comisión de Educación también. Recuerdo que cuando era presidida por el Senador señor Ruiz-Esquide llevamos a cabo muchas iniciativas y conversaciones igualmente destinadas a impulsar de diferentes maneras una vía de arreglo.

Pero no hemos tenido éxito como Corporación en tal cometido.

Fue por ello quizás que los profesores han seguido otros caminos.

Hace 12, 13 ó 14 años me tocó trabajar con docentes de mi Región; con el Colegio de Profesores y con algunos municipios, fundamentalmente en Cauquenes, en busca de una salida.

Ellos demandaron al Estado; incluso, obtuvieron un fallo favorable en primera instancia. Lamentablemente, no ocurrió lo mismo después, ya que nuestro Tribunal Superior tuvo otra interpretación. Sin embargo, luego de reuniones con el Colegio de Profesores de la época, varios miles de educadores demandaron directamente al Fisco.

No obstante, hasta la fecha ese juicio tampoco les ha dado las satisfacciones que merecen. Nuestros tribunales no han sido coherentes en defender la causa de los profesores.

Sin embargo, muchos de ellos no han dado su brazo a torcer, a pesar de las contradicciones que hemos tenido en los veredictos judiciales. Aunque existen fallos favorables y ejecutoriados -y, por lo tanto, solo corresponde hacerlos cumplir-, varios no han logrado que se les reconozca la deuda y que se las paguen.

En un Estado de Derecho eso es simplemente inaceptable.

No son muchos los docentes en esta situación, pero hay varios miles.

Y en vista de su impotencia por que el Estado de Chile no les da una respuesta, han recurrido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy ese tribunal registra un procedimiento. Me ha correspondido participar y colaborar en la causa, aportando antecedentes y materiales para que prospere. Y es muy probable que esa Corte reconozca los derechos de los profesores -lo cual no ha hecho el Estado de Chile- y obligue a nuestro país, de alguna manera, a una reparación justa.

Perdónenme, pero yo consideraría francamente esa situación como un agravio a todos nosotros. A pesar de haber hecho lo posible por que se reconozca el problema, me parecería en verdad digno de Ripley que el Estado de Chile sea reprendido internacionalmente.

Por eso, hay que evitar la vergüenza de una reprimenda internacional. Considero que hacer justicia es nuestra responsabilidad. Para ello, lo primero sería reconocer que la deuda es real.

Como dije, en esto han fallado los sucesivos Gobiernos del último tiempo, salvo en la última discusión presupuestaria, ocasión en que, curiosamente, el Ministro Viera-Gallo señaló en esta Sala que había ese reconocimiento al momento de avalar el Gobierno el estudio que anunció la Cámara de Diputados. Dijo: "¿lo hizo porque se reconoce la existencia de dicha deuda".

La Cámara Baja anunció la constitución de una comisión para estudiar esta materia, a la que va a aportar antecedentes el Gobierno. Y el Ministro Secretario General de la Presidencia manifestó que eso constituye el reconocimiento de la existencia de dicha deuda.

Primera vez que alguien de la esfera oficial hace este reconocimiento. Es un primer paso, tímido. No sé cuán representativo sea lo que piensa el Ministro de Hacienda sobre el asunto, pero lo debemos rescatar.

En seguida, cabe dimensionar el problema. ¿Cuántos son los profesores afectados? Porque no podemos pensar solo en los que demandaron o en los que obtuvieron resultados favorables, sino en todos los que fueron perjudicados, porque la causa, si es justa, lo es para todos ellos.

El Colegio de Profesores estima una cifra cercana a los 93 mil. Incluso, con algunos anexos complementarios, podría aproximarse a los 100 mil. Al respecto, quiero recordar a un distinguido señor Senador que se burló cuando hablé de una cifra de entre 80 y 100 mil (dijo que yo era un exagerado, que no conocía esos antecedentes) que estos datos provienen de esa institución gremial.

Una vez determinada la cantidad, corresponde establecer el monto adeudado. Es cierto que la cifra acumulada puede ser gigantesca, pero también lo es que los profesores, por su generosidad, están disponibles a buscar una salida que sea económicamente posible.

Todos debemos aportar: el Fisco, los municipios y los profesores. Lo importante, lo irrenunciable, es que esta deuda sea reconocida y que se fije una cifra que permita hacer justicia a los profesores, castigados injustificadamente durante muchos años. Tanto tiempo ha transcurrido, que lamentablemente muchos han fallecido sin ver satisfechas sus demandas. No queremos que a tantos otros les pase lo mismo y continúen recibiendo el viejo pago de Chile.

Por lo anterior, apoyamos con entusiasmo el proyecto de acuerdo que el señor Presidente del Senado presentó, el cual recoge precisamente todo el esfuerzo efectuado por esta Corporación durante muchos años, el que se mantiene en la línea de lo que corresponde. Porque mientras haya una causa justa, es nuestro deber hacer todo lo que esté de nuestra parte para dar nuestro apoyo, como toda institución del Estado de Chile cuyo objetivo sea velar por que se haga justicia y por que se reconozcan los derechos de los chilenos, más todavía cuando se trata de los profesores.

Hablamos mucho de que la educación constituye la clave para el desarrollo de nuestro país. Repetimos que es nuestra prioridad y que no escatimaremos esfuerzos para destinar recursos que logren mejorar la calidad de nuestra educación.

¡Qué podemos hacer sin el aporte y la contribución de los profesores! Si no prestamos el debido reconocimiento a sus causas, como el pago de la deuda histórica, ¿alguien va a creer que nuestras palabras no son más que pura retórica desprovista de contenidos y vacía de compromisos efectivos? Nuestra credibilidad como Estado, como personas, como políticos está en juego.

Debemos hacer justicia con los profesores, y el primer paso es reconocer y dar una solución a la deuda social que tenemos con el Magisterio.

Nuestro Partido, la UDI, y la coalición que represento, la Alianza, así lo reconocen. Y nos comprometemos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograr tal objetivo. Nuestros profesores lo merecen. Han dado su lucha y deben tener lo que en justicia les corresponde.

--(Aplausos en tribunas).

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Quiero reiterar a las personas presentes en las tribunas que se abstengan de realizar cualquier manifestación, en un sentido o en otro. Si no lo hacen, los únicos perjudicados serán ustedes mismos.

Por otra parte, varios señores Senadores -entre ellos, el Honorable señor Allamand- tendrán que ausentarse de la Sala para participar en Comisiones unidas en el debate de un proyecto de gran importancia. Nos han pedido que esta situación se haga presente, dada la trascendencia de esta sesión.

En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Quiero iniciar mi intervención felicitando al Senado de la República por esta sesión especial y a usted, señor Presidente, por haberla convocado.

Este es un esfuerzo más que el Parlamento hace, pues estamos en presencia de una causa -como lo ha dicho el Senador señor Larraín- legítima, que por largos años los Gobiernos han ido dilatando.

Hoy, ad portas del Bicentenario, parecemos estar más cerca de la realidad de los primeros cien años de nuestra historia republicana que de una nación que avanza con decisión a su segundo centenario.

El pago de la denominada "deuda histórica" no constituye sino la responsabilidad del Estado frente a los profesores, quienes deben liderar una verdadera revolución que permita superar una de las mayores y más graves falencias de Chile: la calidad de la educación.

¿Pero cómo podemos pedirles a los profesores mejores resultados si, como Estado, no hemos cumplido con los incrementos salariales a que nos obligamos en la década de los ochenta?

¿Cómo es posible que se mantenga en vilo a tantos docentes de avanzada edad, que no han podido jubilar en espera de una respuesta digna y a la altura de un país que se dice en vías de desarrollo?

¿Es justificable que muchos de ellos hayan muerto sin una solución, pese a existir a su favor sentencia ejecutoriada de los tribunales y a haber entregado años de sus vidas a la formación de las nuevas generaciones?

Francamente, creo que no.

El Senado, como se ha dicho aquí, en cuatro oportunidades -los años 2000, 2004, 2006 y 2008-, tres de ellas por iniciativa de quien habla junto al Senador señor Larraín, ha solicitado al Gobierno una solución a este problema que afecta a más de 90 mil profesores a lo largo del país. En todas ellas, aquel ha sostenido que no procede el pago de dicho beneficio y que, además, "este tema ha sido resuelto o está sometido a la resolución de los tribunales de justicia, no correspondiendo al Ejecutivo inmiscuirse en lo que afecta a la competencia de otro Poder del Estado".

Yo quiero decirles a los Ministros aquí presentes que, en otros casos, el Gobierno ha dado muestras de que, cuando existe voluntad, el Estado sí puede pagar, y a veces sin necesidad de llegar a juicio. Y lo que es aún peor, se dilapidan millones de dólares cada mes para reparar errores como el Transantiago.

Lamentablemente, las sucesivas respuestas que hemos recibido dan a entender con claridad que la solución a este tipo de problemas del profesorado no forma parte del programa del actual Gobierno, porque siempre las agendas están dedicadas a resolver otras urgencias.

Y debo agregar que, hasta la fecha, a pesar de la instrucción clara emitida por la Presidenta de la República en diciembre de 2007 para buscar una salida, al menos yo no he recibido comunicación oficial alguna que responda a los requerimientos de esos más de 90 mil docentes y sus familias que se han visto afectados por esta injusticia.

Pero hoy no quiero quedarme solo en la problemática -como planteaba un antiguo dirigente político-, sino adelantar una propuesta que hemos formulado con el Senador señor Larraín, que ha producido efectos positivos en otras partes. Y usted, señor Presidente, también ha participado en esta materia.

Creo que una buena fórmula -y me gustaría que me escuchara el señor Ministro de Hacienda- es que opere un sistema tripartito para dividir la deuda en tres.

Una parte corresponde al Estado, que es el real titular de esta deuda. Lo que ha ocurrido, como ha explicado el Honorable señor Larraín, es que los profesores, por un asunto judicial, solo tienen un nexo jurídico con los municipios. Por eso han demandado a estos. Y muchas veces los alcaldes involucrados han terminado en la cárcel.

La propuesta -repito- consiste en dividir en tres tercios la deuda: uno lo paga el Estado; otro, la municipalidad, y los profesores renuncian al restante para hacer más viable la solución.

Esta fórmula ha sido utilizada para pagar, en parte, las deudas en las comunas de Vallenar y Chañaral. Algunos dirigentes del profesorado de la Región que represento, quienes nos han acompañado en esta materia y vieron que existe una salida posible por esta vía, están presentes hoy aquí.

Hoy el Gobierno dice nuevamente que está dispuesto a sentarse a conversar, en alguna medida, a mi juicio, gracias a la presión que este mismo Senado ejerció durante la discusión de la Ley de Presupuestos del presente año, cuando nos negamos a aprobar las Partidas correspondientes al Ministerio de Educación, si no se creaban las instancias de diálogo necesarias.

En esta oportunidad, quiero hacer un llamado a terminar con "la política del avestruz" y a enfrentar la realidad de los profesores, generando una propuesta que signifique el cumplimiento del Estado de Derecho, no solo por lo que significa para el Estado, sino por lo que representa para dar un salto cualitativo en la gestión de la educación de nuestro país.

El Senado ha demostrado con creces en este debate su empuje e interés por saldar esta deuda con nuestros maestros. Lamentablemente, los gestos del Ejecutivo parecen ir en la dirección contraria. Y, como decía, las prioridades han estado en otra parte. Los recursos han ido a financiar sistemas de probado fracaso o a cubrir despilfarros de mala gestión. Con varios años de Transantiago o las platas perdidas en Ferrocarriles del Estado ya se habría pagado la deuda con los profesores.

Es hora de que el Gobierno muestre su real sensibilidad con uno de los más graves, angustiantes y urgentes problemas sociales del Chile del Bicentenario, y responda dignamente a los responsables del futuro de nuestros hijos. Si vamos a festejar los 200 años de nuestra patria, festejemos todos y cumplamos los deberes del Estado.

A través del proyecto de acuerdo que ha presentado el Presidente del Senado, queremos pedir, formalmente, a los señores Ministros y al Gobierno que conformemos una mesa de trabajo en donde participen el Estado, los docentes y los demás entes involucrados en la solución. Generemos una participación efectiva, donde demos real satisfacción a la deuda histórica de los profesores.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En el tiempo restante del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, quiero complementar lo que de forma muy completa han expuesto los Senadores señores Larraín y Prokurica, desde el punto de vista de la realidad que enfrentan los profesores hoy, en particular porque este es un año electoral.

Desde el retorno a la democracia, cada vez que entramos en un año electoral las autoridades de turno comienzan a señalar su disposición y voluntad para el pago de esta deuda histórica.

Ella, sin lugar a dudas, existe, es real y debe ser cancelada, no para darle un beneficio adicional a los docentes, sino para cumplir con un deber del Estado de Chile.

Las promesas electorales de Gobierno -debo decirlo con toda franqueza-, que ilusionan nuevamente a los profesores con que se les va a pagar, se evaporan después de cada elección. Entonces cambia la posición de la autoridad, quien señala que no hay recursos para responder a los docentes.

Señor Presidente, esta deuda ya no es solo jurídica; es una deuda moral. Ello, porque la realidad que sufren los profesores cuando llegan a edad de jubilar resulta doblemente angustiosa.

En primer lugar, porque, al no darse cumplimiento a las obligaciones del Estado producto del traspaso de ellos a los municipios, la remuneración percibida ha sido más baja y, por lo tanto, su jubilación será inferior.

Y en segundo término, porque, cuando muchos de ellos se traspasaron del INP a las AFP, su bono de reconocimiento fue muy bajo.

Entonces, ¿cuál es la realidad de un profesor que llega a la edad de jubilar después de toda una vida de trabajo, con jornada completa de 44 horas semanales y un sueldo cercano a los 500 mil pesos? Que quiere retirarse y su pensión solo alcanza a 150 mil pesos. O sea, no puede jubilar, no ve posibilidad alguna de optar al merecido descanso, simplemente porque no tendrá cómo vivir.

Y a ese maestro nosotros le estamos exigiendo calidad en la educación, capacitación, concentración en los jóvenes, preocupación por los niños con déficit atencional, tratamiento individualizado, quedarse en el establecimiento después de las horas de clases; en fin, un sinnúmero de requerimientos.

Si no existe una solución al problema de los profesores en Chile, señor Presidente, no habrá nunca capacidad para mejorar la educación, porque son ellos quienes la otorgan e influyen en la formación de los niños.

Considerando esa realidad, cuesta entender que en el Congreso hayamos aprobado no sé cuántas leyes para cubrir deudas legítimas del Estado de Chile con distintos grupos sociales o personas, o -como bien dijo el Senador señor Prokurica- para enmendar errores de alto costo fiscal: mil millones de dólares en el caso del Transantiago; mil 500 millones de dólares en el de Ferrocarriles; 400 millones de dólares en el de CHILEDEPORTES, etcétera.

¡Ahí sí hay plata! ¡Ahí no existe ninguna dificultad para encontrar los recursos financieros!

Sin embargo, como los docentes tienen responsabilidad cívica, hacen sus clases, trabajan con los niños, no se toman las carreteras, no provocan grandes conflictos, se les posterga.

Yo solo pido que no sea esta la quinta oportunidad en que, desde el retorno a la democracia, enfrentemos una elección presidencial donde de nuevo el Gobierno haga un "ofertón" a los maestros y no se cumpla nada.

Algo conozco del tema, señor Presidente, pues, entre otras cosas, soy casado con una profesora. Por lo tanto, entiendo bien el significado del gigantesco esfuerzo que se hace por educar sabiendo que no se percibe la remuneración justa que permita tener tranquilidad y un desempeño laboral adecuado.

No me cabe duda de que estamos ante un planteamiento legítimo, pues se trata de una deuda originada en una obligación incumplida del Estado y que no se puede seguir postergando, porque ya no solo es un compromiso político de cada candidato del Gobierno o un compromiso jurídico -cualquiera que lea los antecedentes se dará cuenta de ello-, sino también un compromiso moral.

No se pueden plantear exigencias a quienes educan a nuestros niños si nosotros no somos capaces de hacer respetar y cumplir las obligaciones contraídas con ellos.

Por esa razón firmé el proyecto de acuerdo presentado, que simboliza la inquietud de miles de profesores en nuestro país.

Gracias.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- A continuación, tiene la palabra el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, Honorables Senadoras y Senadores, son muchos los acuerdos, las discusiones y las instancias dentro del proceso legislativo, en ejercicio de las facultades del Congreso, así como el propio debate presupuestario efectuado año a año, en que se han propuesto soluciones para resolver adecuadamente la deuda histórica con los profesores de nuestro país.

La génesis de la deuda es por todos conocida. Su cobro merece apoyo legal, pero también, fundamentalmente, respaldo moral.

Según estudios realizados por la Biblioteca del Congreso Nacional, los docentes afectados son 100 mil 527, y ya hay fallecidos 4 mil 980.

A septiembre del 2008, la deuda máxima total alcanza a 8 billones 322 mil 475 millones de pesos, y por concepto de los fallecidos -por ende, para sus herederos-, a 412 mil 286 millones.

Resulta inaceptable que se responda al Parlamento que dicha deuda debe ser resuelta por los tribunales. Ello, porque se trata de una obligación del Estado chileno. Y no podemos permitir que el pago pertinente se dilate a la espera de que sigan falleciendo nuestros maestros, viendo que parte importante de los fondos se los llevan los abogados y los trámites ante el Poder Judicial.

Sobre la base de los resultados obtenidos por la educación chilena en pruebas internacionales, como la TIMMS o la PISA, los expertos señalan con claridad que los problemas de la educación de nuestro país solo se resuelven dignificando y mejorando radicalmente la situación salarial y las condiciones de trabajo de los docentes y directores; dando más autonomía a las escuelas y liceos; focalizando en un gran tema objetivo educacional, y logrando un respaldo político transversal que reconozca y valore la educación como gran tarea nacional.

Mientras persista la deuda histórica con el profesorado, nada de eso será posible, señor Presidente.

Gracias.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide, en el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, comienzo mi intervención manifestando que estoy absolutamente de acuerdo con todas las observaciones formuladas en cuanto a lo que significa el profesorado en nuestro país. Y las comparto no de ahora, sino desde siempre.

Además, hago presente que, para tener claridad sobre lo que estamos discutiendo, se debe ser muy preciso en las fechas, actitudes y situaciones bajo las cuales se produjo la deuda en comento.

Se trata de una deuda que va más allá de los alegatos jurídicos. Eso lo comparto, pues las discusiones al respecto -aquí ya se mencionó el punto- radican en el cambio de los profesores de un sistema a otro: del estatal al municipalizado, lo cual, aunque no correspondió a una privatización, para los profesores -tengámoslo claro- significó una rebaja en sus ingresos.

Tal decisión se tomó entre los años 1981 y 1982.

Por eso, al objeto de ir precisando las cosas, aclaro que la realidad no tiene nada que ver con las fechas que se han dado en cuanto a que la deuda vendría de 1970 o antes. Lo que sucedió fue que, durante los años que mencioné, los docentes pasaron del sistema estatal al municipal y quedaron percibiendo menos recursos.

Pero -para ser claros-, además del problema jurídico por el cambio al nivel municipal, en aquel entonces se presentaron -según la interpretación de la época- materias de carácter exclusivamente nacional. Fue un período de profundo shock en la economía chilena, en el cual todo el mundo tuvo claro que hubo fondos que, bajo el alegato de ciertas formas de contrato, terminaron siendo traspasado al Estado para que resolviera problemas económicos de entonces.

Por lo tanto, hay que precisar con exactitud lo sucedido.

En segundo lugar, deseo manifestar con mucha claridad que mi respeto a la educación pública y que mi respaldo a los colegios de profesores no viene de ahora.

Entre los años 1981 y 1982, en la Región que represento en el Senado, tuve el honor de presidir una institución llamada "Federación de Colegios Profesionales", y muy poco después, otra denominada "Asamblea de la Civilidad".

En esa época, con distinguidísimas maestras -no sé si estarán hoy día en las tribunas-, quienes además forman parte de la directiva del Colegio de Profesores, estuvimos en Concepción reclamando sobre este asunto.

Ello nos llevó muchas veces a sufrir baños no tan limpios -para ser francos, muy sucios- por nuestras protestas frente a la Intendencia.

Desde ese instante planteamos que el cambio de sistema realizado era simplemente una exacción que no tenía justificación alguna, aunque hubiese sido dentro del mismo Estado, pues se había hecho perder al profesorado -como ya se dijo- el 10 por ciento de sus ingresos, lo que, en definitiva, fue utilizado para el saneamiento de la economía. Así se discutió públicamente, dentro de lo muy poco que en aquel momento podíamos debatir.

Por lo tanto, señor Presidente, yo revivo todo lo que he dicho sobre esta materia a lo largo de mi vida política.

Debemos contar con una educación pública suficientemente fuerte, respaldada por el Gobierno, por el Estado y por el país, con libertad absoluta -como se está planteando hoy en las discusiones de la Comisión de Educación, en términos de que tiene que haber libertad de enseñanza-, pero también con exigencias de calidad y permitiendo que personas e instituciones brinden una educación de otra naturaleza, privada o subvencionada, con las modificaciones que habrá que realizar.

Por lo menos para mí -y en esto tomo en cuenta lo que han indicado los Senadores de mi partido-, este no es un tema electoral, no es una cuestión que se levante cuando viene una elección y luego, cuando ya ha pasado, se deje atrás. Yo entiendo que este es un asunto de justicia, de ética, de exigencia de la sociedad para con sus profesores. Hay una vieja frase de un filósofo alemán según la cual una sociedad que no respeta a los profesores porque van de pie en un bus y no van en auto es una sociedad que está cancelando su propio destino.

Eso es lo primero.

Segundo, conocemos los datos y estamos dispuestos a respetar aquí lo que se ha hecho, que es lo siguiente.

Como expresó el Honorable colega que habló al comienzo de la sesión, nosotros fuimos claros y le advertimos al Gobierno que no aprobaríamos el presupuesto de Educación hasta que se alcanzara un acuerdo, el cual se logró en la otra rama del Congreso. Y resulta que ahí -por eso a veces nuestras sesiones pueden ser extemporáneas- entre la Cámara de Diputados, el Gobierno y el Colegio de Profesores se formó una Comisión, la que, de acuerdo con la información que me ha llegado desde allá y que igualmente me ha aportado la señora Ministra de Educación, estaría en funciones.

Y el acuerdo fue preciso: en seis meses (abril o mayo del presente año) debería haber alternativas, que el Gobierno tomaría, resolvería y presentaría, probablemente a través de leyes, reglamentos o medidas absolutamente administrativas. En el primer caso, se las entregaría al Parlamento para dictar el cuerpo legal correspondiente.

En tales circunstancias, sigo sosteniendo el mismo principio, aunque sí voy a pedir que el acuerdo que adoptemos y que patrociné con mi firma a través del proyecto respectivo permita que el Senado, al igual que la Cámara de Diputados, participe en esta suerte de cuadriga que estudiaría la materia que nos ocupa.

Por último, señor Presidente -quiero dejar algunos minutos al Honorable señor Sabag, quien también va a intervenir-, deseo señalar lo siguiente.

Dentro de todo lo que estamos haciendo, que constituye un esfuerzo por tratar un tema mayor -no es un asunto de cualquier naturaleza-, yo lamento profundamente que algunos Senadores de la Oposición vuelvan a decir, en forma reiterativa y majadera, que la plata no se gasta en los profesores sino en el Transantiago o en Ferrocarriles.

El señor NOVOA.- ¡Pero es así!

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Mire, señor Presidente, la mejor manera de no tener que gastar esta plata en los profesores hubiera sido que el Gobierno que ellos respaldaron no hubiese efectuado el cambio que hizo y no hubiera aprovechado los fondos de los docentes para resolver un apuro económico que evidenciaba el Ministerio de Hacienda de aquel entonces.

Tienen derecho a señalar lo que quieran, pero hay que ser claros. No me vengan a decir hoy día que lo que se debe hacer es echar en cara. Todos sabemos lo que pasó en esos casos y soy el primero en lamentarlo. Pero también seamos justos en la exposición de nuestros propios errores.

El problema no lo originó ningún Gobierno de la Concertación; tampoco alguien de sus filas: lo provocó un Gobierno en el cual ellos, institucional o personalmente, participaron.

Entonces, la diferencia radica en que mientras ellos participaban en ese Gobierno, yo resultaba mojado igual que quizás algunos profesores que, como doña Olimpia Riveros, se encuentran hoy en las tribunas.

Por eso, señor Presidente, respaldaré el proyecto de acuerdo que he patrocinado, lo mismo haré respecto de la labor realizada por la Cámara de Diputados y el Gobierno; segundo, solicito que se integre también al Senado; tercero, ratifico mi disposición a que el acuerdo se cumpla, porque en política los acuerdos deben respetarse, y cuarto, pido efectuar un debate en la forma en que se ha llevado hasta ahora, sin inflexiones y sin asuntos ex post, porque lo mejor habría sido que el señor Büchi no hiciera lo que hizo en aquel entonces.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En los 2 minutos y medio restantes de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el Honorable señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, solo quiero manifestar que la deuda histórica representa una inquietud y una petición de los profesores a lo largo de todo Chile.

Nosotros, en las diversas visitas a las comunas y a nuestras circunscripciones, nos encontramos permanentemente con el clamor de cada uno de ellos. Siempre estamos recibiendo muchos e-mails. Hoy me llegó uno de la señora Gladys Beroiza Guerrero, quien también manifiesta este dolor que experimentan todos los profesores y la injusticia a la que estiman que están siendo sometidos.

Nosotros reconocemos la injusticia que se ha cometido con ellos. Y esta discusión de alguna manera ya la tuvimos con motivo de la Ley de Presupuestos de la Nación.

Por eso, siendo los mismos Senadores los que participamos en ese debate, y habiéndose llegado al acuerdo de formar una Comisión en la Cámara de Diputados -la cual está constituida y funcionando-, esperamos que con el estudio más acabado y prolongado que ella efectúe y con la participación del Ministerio, la Contraloría, el Ejecutivo, en fin, podamos llegar con propuestas más concretas.

Nada vamos a sacar en una sesión de dos horas, donde solamente alcanzaremos a manifestar nuestra voluntad de buscar una solución al problema. Y esto ya lo hemos hecho a través de varios acuerdos adoptados en reiteradas oportunidades tanto en la Cámara como en el Senado. Nosotros hemos expresado siempre nuestro deseo de apoyo.

Aquí se ha dicho que vivimos en un Estado de Derecho. ¡Por supuesto que sí! También se ha señalado que se ha requerido al Ejecutivo y que ha habido muchos fallos de la Corte Suprema. Bueno, ¿los respetamos?, ¿no los respetamos?

Esta es una deuda ética, moral. Entonces, encontrémosle una solución. Algo ya se ha visto en algunas de las leyes. Estamos disponibles para buscar una salida adecuada, razonable, prudente. El Senador señor Horvath habló de 8 mil millones. ¡Oigan, si fueran 8 mil millones ya se habrían pagado! ¡Son 8 billones! O sea, una cantidad bastante más elevada. Estamos refiriéndonos a miles de millones de dólares.

Por eso, hay que encontrar un arreglo razonable, posible, que el Estado se halle en condiciones de cumplir.

Yo no recuerdo que en alguna campaña política un candidato a un cargo parlamentario o a la Presidencia de la República haya ofrecido una solución inmediata al problema. Por lo tanto, ¿por qué se reclama el respeto a "las promesas"? ¿De qué promesas se trata? ¿De quién? Si se hizo alguna propuesta en ese sentido, bueno, que se reclame a los que la hicieron. Las personas responsables queremos ayudar a encontrar una salida a esta situación, pero con seriedad y disciplina y en la medida en que se trate de algo que el país esté en condiciones de realizar.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En el tiempo del Comité Partido Por la Democracia e Independiente, tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, durante toda su existencia los docentes han sufrido muchos calvarios. La historia del profesorado ha sido así. Y no estoy analizando el asunto desde un punto de vista pequeño, mediático, electoral, sectario o dogmático. ¡No! Lo digo desde lo más profundo de mis convicciones.

De los profesores se habla mucho, especialmente cuando ellos están presentes. Se produce una competencia en las bancadas: quién pone más, quién da más. Prácticamente no se manifiestan opiniones en contrario. Somos un poco como el padre Gatica, que predicamos mucho y no practicamos tanto.

Esa es la verdad.

Yo, muchas veces, he reclamado en el Parlamento que cuando se discute sobre el dólar o la bolsa u otras materias, nos tomamos horas y horas. Pero si debemos debatir respecto a educación, tiene que ser rapidito y los tiempos asignados son muy cortos. Y en las actas del Senado hay constancia de que siempre así lo he hecho.

Aquí se habla de la "deuda histórica". ¡Que nombre más cursi; es bastante histriónico! Reconozco que se trata de una deuda histórica del Estado de Chile por 14 mil millones de dólares. Ello es cierto, pero fue creada por un Gobierno dictatorial. ¡Digámoslo! Asumamos la responsabilidad de que esa deuda que enfrenta el Estado emerge clara y definidamente de un Régimen dictatorial. Y es un Gobierno democrático, como el que nosotros representamos desde 1990, el que debe responder por ella.

Señalo lo anterior sin ninguna odiosidad, simplemente, como un relator de lo que hemos vivido en los últimos años. Esta Administración debe responder como Estado democrático por lo que hizo un Estado personalista y dictatorial: hoy día, por la deuda histórica de los profesores, y también -no hay que olvidarse- hemos debido hacerlo en lo que respecta a los exonerados, a los exiliados, a los torturados, etcétera.

Esta deuda es parte de la historia. De repente uno se acongoja ante este tipo de situaciones. Pero también tiene que haber un análisis introspectivo de lo que ocurrió.

Yo solo quiero dar a conocer hechos concretos que son irrebatibles. ¿Cuándo empieza el drama de los cerca de 100 mil profesores afectados por esta deuda histórica? El año 1981. ¿Qué tipo de alcaldes había en Chile desde ese año hasta un tiempo después? ¿Elegidos por la ciudadanía? No. Eran alcaldes designados. Entonces, si uno analiza jurídicamente a quiénes correspondía enfrentar esa deuda, se concluye que a los municipios, toda vez que en 1981 se traspasaron los profesores a las municipalidades.

Digamos las cosas como son: una ley reajustaba en un 91 por ciento las rentas de los profesores, en un plazo de cuatro años. ¿Y qué pasó? Los alcaldes designados, que eran reyes y soberanos en cada comuna, por supuesto que miraron para el techo y no asumieron esa responsabilidad, pues nunca pagaron durante todos esos años en que ejercieron el cargo. Que los profesores tengan absolutamente claro lo que sucedió en esa época.

Mis colegas tienen todo el derecho de presionarnos, criticarnos, empujarnos y emplazarnos para que se les paguen esos 14 mil millones de dólares que correspondían a cerca de 100 mil docentes. Hoy día, al parecer quedan como 55 mil; ya han muerto alrededor de 40 mil. Si seguimos aprobando proyectos de acuerdo, continuaremos esperando hasta que fallezcan los restantes y la deuda histórica de los profesores va a ser simplemente una historia del pasado que nadie habrá solucionado.

Por eso, no voy a hablar de estadísticas. Ya se ha repetido que son 14 mil millones de dólares.

Lo que deseo ahora, porque podrá haber muchas justificaciones, es escuchar al señor Ministro de Hacienda. Lamentablemente, no está en la Sala. La señora Ministra de Educación, aquí presente, no tiene las herramientas necesarias para responder a esa deuda histórica. Quiero que el señor Ministro nos diga, aquí y ahora, si hay posibilidades de formar una mesa de análisis con los maestros para buscar un acercamiento respecto a esa deuda histórica. Este es el momento; este es el minuto. ¿Qué esperamos para hacerlo?

Si en esta sesión especial pretendemos llegar a algo concreto, debe haber una respuesta por parte del señor Ministro de Hacienda. Que nos diga si está dispuesto a acercar posiciones con el Colegio de Profesores, con sus dirigentes, con los maestros y maestras que se han visto perjudicados. De lo contrario, ustedes, señoras y señores profesores, han venido por nada, porque el tiempo y la resolución seguirán como un espejismo en el futuro. Esa es la verdad.

Muchas gracias.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo.- Señor Presidente, dadas la trascendencia e importancia de esta materia, al final de este vía crucis vivido por los profesores, realmente, como sociedad, no podemos sino darles una respuesta, ser lo más constructivos posible y no caer en palabras que prácticamente no tienen sentido.

A mi juicio, la intervención del Honorable señor Larraín -la primera habida hoy en el Senado- constituye una relación objetiva, seria, ponderada, y pone de manifiesto la verdad. Cualquier otra palabra, en un sentido o en otro, agrega muy poco.

Aquí se trata de un hecho cierto e indesmentible -nadie puede, a estas alturas, pretender alterarlo-: existe una deuda impaga, una grave falta para la sociedad chilena y no solo para el Estado. Y creemos que debe encontrarse una solución, dentro de lo posible, sin duda, de una vez por todas.

Por otro lado, señor Presidente, prácticamente carece de sentido decir cuándo se originó esa deuda con los profesores. Todos lo sabemos. Pero aun cuando haya unanimidad en cuanto al origen y en quién tuvo la culpa, eso no arregla nada. Tampoco lo resuelve señalar que los Gobiernos de la Concertación, durante todo su período, no enfrentaron la situación.

Hoy día, lo único importante es que este asunto ha quedado trabado en una instancia en la que, si el Gobierno, o los Gobiernos, no lo asumen en forma responsable, no solo será una vergüenza para quienes eludan el compromiso, sino que el precedente va a ser funesto para la sociedad chilena, y nada menos que en perjuicio de todos los profesores de nuestra patria.

Por eso, señor Presidente, quiero señalar, con toda responsabilidad, que en esta Sala ocurrió una situación de enorme importancia con ocasión del estudio de la Ley de Presupuestos para el presente año. En efecto, por primera vez una autoridad de Gobierno, nada menos que el señor Ministro Secretario General de la Presidencia, reconoció, mediante palabras precisas y claras, la existencia de esta deuda histórica con los profesores y el hecho de que se debe buscar una fórmula, dentro de lo que sea económicamente razonable, tendiente a resolver ese gravísimo problema.

Ahora bien, en esa oportunidad también intervino en esta Sala el señor Ministro de Hacienda, quien dijo que ello era un problema judicial. En este momento, aprovechando que él está presente, le pido que ratifique o rectifique lo anterior.

Es decir, por una parte, el señor Ministro Secretario General de la Presidencia reconoce la existencia de la deuda y que hay que buscarle una solución, y por otra, el señor Ministro de Hacienda sostiene que se trata de un problema judicial.

Quiero decirle aquí al señor Ministro, cara a cara y ante el país, que esa es una falacia, porque -y él lo sabe mejor que nadie- los hechos relatados por el Honorable señor Larraín y por varios señores Senadores demuestran que, aun cuando algunos profesores tuvieron éxito en sus demandas y acciones judiciales, no se dio cumplimiento a esas resoluciones dado que los Gobiernos -no voy a precisar cuáles, pues no tiene importancia- no entregaron los fondos para ello. Y si no hay recursos para ese propósito, la solución judicial no existe.

En consecuencia, creo que el señor Ministro de Hacienda debe decir claramente si el Gobierno se abre o no a la solución propuesta en los términos expresados por el señor Ministro Secretario General de la Presidencia.

Todo el resto carece de sentido.

Al respecto, somos conscientes de que cualquier solución no cubrirá por completo la deuda; los mismos profesores lo tienen así de claro. Y será necesario expresar una voluntad política en tal sentido.

Señor Presidente, por respeto a las instituciones; por respeto al Senado y al Parlamento en general; por respeto al Gobierno, pero, sobre todo, porque clama a Dios una salida al problema, aquí debe darse una respuesta clara y precisa.

En definitiva, se trata de dar una respuesta y de manifestar una voluntad.

Cualquier cosa en otra dirección constituirá una vergüenza para todos nosotros por no haber encontrado la forma de otorgar una solución a gente honesta que ha entregado su vida a educar y que merece todo el respeto de la sociedad chilena, el que en los hechos no se ha expresado.

He dicho.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, la citación a esta sesión especial fue cursada hace varias semanas. De modo que entiendo que la presencia del Ministro de Hacienda y de la Ministra de Educación tiene un sentido práctico.

Más allá de los legítimos discursos que cada uno de nosotros pueda pronunciar, quiero ser muy práctico -valga la redundancia- frente a la situación existente.

En esa línea, siento que las maestras y los maestros que hoy día nos honran con su presencia en las tribunas, más que escuchar esos discursos -probablemente los han oído en muchas campañas electorales-, requieren el pronunciamiento del Ejecutivo.

La génesis del problema es conocida por todos. Volver a recordarla implica ser majadero y evadir una responsabilidad ineludible: la búsqueda de una solución concreta.

Esta ya no es una deuda histórica: es una deuda prehistórica. Y siento que a la larga, de mantenerse la situación, ella será absolutamente inabordable, incobrable, etcétera.

Por eso, pienso que todos deberíamos respaldar el emplazamiento formulado recién por el Presidente del Senado y solicitarles al Ministro de Hacienda y a la Ministra de Educación -porque el problema se arrastra ya por un buen tiempo- que nos digan aquí y le expliquen al país cuál es la solución concreta que traen hoy día para los profesores de Chile.

Esa es la razón por la cual contamos con la grata presencia de ambos Secretarios de Estado.

El año pasado me tocó llevar adelante el tratamiento de una deuda, también histórica, de jubilados de Magallanes: la del famoso 4 por ciento. El problema solo se pudo resolver por la vía de la voluntad del Ejecutivo, pues la deuda estaba prescrita y no había cómo reversarla.

Sobre la base de esa misma voluntad -y en eso coincidimos todos, lejos de los discursos, unos más encendidos que otros-, le pedimos al señor Ministro que se pronuncie al respecto, para de esa manera darle un sentido práctico a la sesión especial a que nos convocó el señor Presidente del Senado.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En el tiempo que resta al Comité Independiente, tiene la palabra el Senador señor Cantero.

El señor CANTERO.- Señor Presidente, el Colegio de Profesores hizo confianza en esta Corporación y le entregó un estudio donde da cuenta del significado que ha tenido este verdadero drama, que se viene gestando desde 1974. El Presidente del Senado lo tomó y lo puso en un lugar de relevancia.

En función de eso y de lo ocurrido durante la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos, en la que todos los sectores políticos de la Cámara Alta, transversalmente, hicieron al Gobierno, en cuanto a la necesidad de afrontar la problemática en comento, un gesto muy claro por medio del rechazo a las partidas correspondientes al Ministerio de Educación como una exigencia, como un condicionamiento para dar solución a la deuda histórica, me parece paradójico seguir escuchando historias acerca de cómo se gestó la situación existente o dónde empezó el drama.

Lo que quiere escuchar el país, y particularmente el magisterio, no es dónde comenzó el drama, sino cómo terminará. Y, a este respecto, el Senado tiene una tarea ineludible.

La deuda existe, ha sido reconocida, y hay que darle una solución, y -como se expresó- una solución en la medida de lo posible.

Me parece muy importante manifestarle claramente al Ministro de Hacienda que el problema no se resuelve por la vía judicial -como ya se ha explicado- y que es necesario tomar conciencia de la situación y buscar otros mecanismos.

Señor Presidente, dado el escaso tiempo de que dispongo, me limitaré a dejar constancia de mi preocupación.

Por ejemplo, menciono el caso de la profesora Irma Guerrero, de Antofagasta, quien jubiló en 1989. Hoy día gana 177 mil pesos, como consecuencia del problema producido. Obviamente, esa suma no le alcanza para comer, ni para vivir con dignidad, ni siquiera para comprar sus remedios.

En la Segunda Región hay 2 mil 874 profesores en la situación expuesta. A nivel nacional suman más de 93 mil, sin contar los 5 mil que ya han fallecido esperando un acto de justicia.

Urge una solución al problema. Seguir dilatándolo resulta francamente vergonzoso para la conciencia nacional.

Quizá no podamos dar respuesta a todos los requerimientos del magisterio, al monto total que involucra la deuda histórica de los profesores. Pero no podemos seguir desconociendo la situación existente. Debemos empezar a remediarla cuanto antes, en la medida de lo posible, como se ha dicho ante otras circunstancias.

De una vez por todas, debemos dar una respuesta a los maestros, por cuanto no es legítimo ni simétrico hacerles exigencias cuando el Estado mantiene con ellos una deuda inconmensurable, no solo económica, sino también en lo concerniente a la dignidad de un trabajo tan relevante como el que desarrollan.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En el tiempo del Partido Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Núñez.

El señor ÁVILA.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Por cierto, señor Senador.

El señor ÁVILA.- Señor Presidente, la ecuanimidad tiene que darse hasta en las cosas más simples, como lo es respetar el orden de las intervenciones.

Su Señoría ha estado otorgando la palabra por Comité.

En el caso del Mixto, ya habló el Senador Muñoz Barra. Después me correspondía el turno a mí, pero usted saltó al Comité Independiente, donde siguió pulcramente el orden de todos sus integrantes.

Entonces, reclamo que nos atengamos a los criterios aquí establecidos.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Señor Senador, debo precisarle lo siguiente.

Los miembros del Comité Independiente tuvimos una virtud: hablamos poco y preciso. Cada uno utilizó tres minutos. Y si desea, puede verificarlo.

Mientras, en el Comité de Su Señoría, el señor Senador que intervino hizo un excelente discurso, pero ocupó todo el tiempo.

El señor NAVARRO.- ¡Y quedamos afuera nosotros también!

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Y quedaron afuera el Senador señor Navarro, usted¿

El señor ÁVILA.- ¡No, señor Presidente! ¡Está equivocado!

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Perdón, Su Señoría: al Partido Radical le quedan 7 minutos.

El señor ÁVILA.- Así es. Entonces, debió otorgarme la palabra después de la intervención del Senador Muñoz Barra.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- No, Su Señoría.

El señor ÁVILA.- ¡Exactamente por Comité, pues!

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- ¿Sabe cómo procede la Mesa, señor Senador? Otorga la palabra en forma alternada, para que se vayan formulando posiciones diversas. No hay otro propósito que ese.

El señor ÁVILA.- ¡No ha existido orden, señor Presidente!

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Núñez.

El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, intentaré ser tan breve como lo fue el Comité a que pertenece usted.

Por lo tanto, no haré ninguna referencia histórica, de naturaleza alguna.

Porque, desde luego, valoro y respeto la inteligencia de los profesores que nos acompañan en las tribunas y de todos los docentes de Chile, todos los cuales tienen memoria suficiente para saber exactamente qué sucedió con la llamada "deuda histórica".

Y, por supuesto, respeto la inteligencia y el sentido histórico de los señores Senadores, quienes saben perfectamente dónde se originó la cuestión, cuáles son las dificultades que nos han llevado a la situación en comento.

En consecuencia, por respeto a los profesores y a nosotros mismos, me referiré muy concretamente a las posibilidades de solución que tiene el problema.

A mí no me preocupan por el momento las enormes cifras -se dieron a conocer aquí- que implicaría resolver el problema al cien por ciento de los profesores que hoy se encuentran en la situación que estamos estudiando. Se ha hablado de 7 mil millones de millones de pesos -es decir, 7 mil billones de pesos-; se ha dicho que la solución costaría 10,4 por ciento del producto, etcétera.

Yo no soy economista ni experto en cuestiones de Hacienda, pero entiendo que, más allá de la discusión, se trata de cantidades siderales. Y eso lo reconocen el Colegio de Profesores y -me parece- todos los docentes de Chile que se han visto afectados por el problema en comento.

No voy a referirme al hecho de que tengo familiares profesores. Yo mismo lo soy, pero no me dediqué a la pedagogía porque no tuve la oportunidad: cuando lo estaba haciendo en una universidad, ¡me metieron preso¿!

En consecuencia, no pretendo representar a los maestros de nuestro país, sino puntualizar que el Colegio que los agrupa, en un acto bastante responsable, que habla bien de ellos, propuso -y entiendo que el planteamiento llegó también a la Cámara de Diputados- abordar esta materia a partir de cuatro soluciones posibles:

1.- Entregar una bonificación a cada profesor afectado, activo o pasivo, de 10 millones de pesos;

2.- Aumentar en 10 por ciento las remuneraciones del personal docente activo afectado;

3.- Establecer una pensión mínima docente, nivelando las actuales pensiones a 400 mil pesos, y

4.- Crear un fondo solidario para la construcción de una o varias casas de acogida.

¿Cuánto cuestan las tres primeras medidas? Esa misma organización lo ha calculado.

La primera -bonificación de 10 millones de pesos- implicaría 845 mil 480 millones de pesos, es decir, 23,67 por ciento del presupuesto de 2008 del Ministerio de Educación.

La segunda -aumento remuneracional de 10 por ciento para el personal docente activo- significaría 32 mil 298 millones 671 mil 858 pesos anuales, o sea, alrededor de 1 por ciento del presupuesto del país.

Y la tercera -establecimiento de una pensión mínima docente, nivelando las actuales pensiones a 400 mil pesos- representaría un desembolso de 1.705 millones de pesos -dinero actual-, cantidad bastante manejable, equivalente a 0,047 por ciento del presupuesto de 2008 del Ministerio de Educación.

Esas son las cifras reales. Sobre ellas tenemos que conversar.

Escuché con mucha atención al Senador señor Larraín cuando afirmó que este es un tema de Estado. Y tan de Estado es que, en mi opinión, no solo debiera preocupar a la Cámara de Diputados, que al parecer lo está haciendo bien -tiene una Comisión ad hoc-, sino también al Senado, a propósito de la propuesta que nos formuló el Presidente de la Corporación, que acabo de firmar.

Tengo la impresión de que si nos preocupamos el Senado, el Colegio de Profesores, la Cámara de Diputados, y olvidamos los discursos y las elecciones parlamentarias y presidenciales, podremos empezar a encontrar soluciones a una situación en que se hallan en juego recursos cuantiosos de toda la ciudadanía.

Asimismo, debemos olvidar que existen otros sectores de la vida nacional que están pidiéndonos lo mismo: los exonerados, en fin. Hay una cantidad importante de chilenos que se sienten perjudicados por la crisis actual y quieren que el Estado -con justicia, por lo demás- resuelva las dificultades que los afectan.

Si tales son las cifras y este es un problema de Estado, tengo la impresión de que vamos por el buen camino, porque todos estamos compartiendo todo: la historia del proceso; los efectos provocados; la circunstancia de que una cantidad significativa de profesores murieron a la espera de una solución; el convencimiento de que no resulta admisible que quienes han desarrollado y siguen desarrollando la actividad magisterial -importantísima para el futuro del país- se vean afectados por una situación tan desdorosa.

Si eso es así, señor Presidente -veo que Su Señoría está muy preocupado escuchando al señor Secretario-,¿

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Es acerca del proyecto de acuerdo que presenté, señor Senador.

El señor NÚÑEZ.- ...debo decirle que comparto plenamente ese proyecto de acuerdo (tanto, que lo firmé recién), aunque creo que le falta un punto -no es mi ánimo politizar en demasía la situación-: solicitarles a quienes van a ser candidatos a la Presidencia de la República para el próximo período -de los distintos sectores, incluyendo a los que el Senador señor Zaldívar pueda representar- que tengan a bien expresar su opinión sobre esta materia.

A mí me gustaría saber qué opinan el Senador Frei, el ex Senador Piñera, el actual Presidente del Senado (si va a ser candidato). Quisiera saber, por ejemplo, de dónde piensan sacar los recursos.

El señor LONGUEIRA.- ¡Faltó el Senador Gómez!

El señor NÚÑEZ.- El Senador Gómez también, por supuesto. Y el Senador Navarro.

¡Son puros Senadores, por lo demás!

Por si acaso, yo no voy a ser candidato. Así que ¡no se preocupen¿!

El señor VÁSQUEZ.- ¡Falta Arrate!

El señor NÚÑEZ.- Falta el ex Ministro Arrate -si va a ser candidato-, quien estuvo a cargo de la Cartera de Educación.

Señalo aquello porque, siendo un tema de Estado, no se trata solo de las instituciones del Estado, como el Senado o la Cámara de Diputados, sino también de quienes van a conducir, en un sistema presidencialista, los destinos de nuestro país.

Porque pedimos los recursos al Ministro de Hacienda actual. Por cierto, él podrá decir: "Yo me comprometo con tanta plata en lo que resta del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet". ¿Y qué pasa después de fin de este año? ¿Cómo resolveremos el punto? ¿Lo vamos a poner o no en los programas? ¿Compartiremos en los programas de los candidatos a la Presidencia de la República la necesidad de dar relevancia a esta cuestión y, en consecuencia, encontrar los mecanismos para otorgarle una solución de Estado?

Señor Presidente, participo en plenitud de lo que usted nos propone en su proyecto de acuerdo. No es el primero que hemos firmado, por cierto. Pero este me parece significativo, porque en la última parte Su Señoría hace referencia a algo que yo escuché en boca del Ministro Secretario General de la Presidencia: que el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet considera que este es definitivamente un problema grave, que afecta a la sociedad chilena.

Si eso es así, la única observación que formulo al proyecto de acuerdo del Presidente del Senado es -insisto- la necesidad de convocar a todos aquellos que aspiran a conducir los destinos de la patria para que no solo abordemos esta materia en medio de una disputa política, sino que la veamos como una cuestión de Estado que merece consideración.

Para eso, creo que lo que nos propuso el Colegio de Profesores constituye una base seria -podrán discutirse las cifras, los porcentajes- sobre la cual debiéramos empezar a trabajar.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ávila, por todo el tiempo del Partido Radical: 7 minutos.

El señor ÁVILA.- ¡La deuda suya conmigo, que no es histórica ni pecuniaria, comienza a saldarse en este instante¿!

Señor Presidente, intervengo en nombre del Partido Radical Social Demócrata para connotar que el daño patrimonial causado al magisterio no tiene parangón entre trabajadores del Estado. La mayoría de los docentes chilenos han sido víctimas propiciatorias de una deuda que, tal vez por su magnitud y el engaño de origen aparejado, es conocida como "histórica".

El menor monto de las pensiones ha sido solo una de sus consecuencias.

Los profesores activos deberían estar ganando 34 por cierto más de remuneración mensual, como lo indica el estudio de ingresos encargado a CENDA y reflejado en sus colillas de sueldo. Estas últimas son el azote mensual a su autoestima. El gremio docente ha debido cotizar menos. Ha sufrido, en consecuencia, un menoscabo económico, jurídico y moral. Quienes ejercen la pedagogía en la educación municipalizada obtienen emolumentos notablemente inferiores a otros servidores públicos. Es una discriminación lacerante.

El pago diferido de la asignación contemplada en el decreto ley Nº 3.551, a raíz de los traspasos de establecimientos educacionales a los municipios, nunca se cumplió cabalmente. En cambio, la migración forzada de un campo institucional a otro avanzó inexorablemente hasta diciembre de 1986, año en que terminó de consumarse.

Los maestros incorporaron a su patrimonio la prometida asignación y sus incrementos graduales, pero fue solo un ejercicio de imaginación. Ello, pese a que no se trataba de una mera expectativa, pues constituía un derecho legalmente adquirido. El cambio de dependencia desde la administración central a la municipalizada, siendo la razón del beneficio, se constituyó en el pretexto para justificar el contumaz incumplimiento.

Nadie puede verse privado de su patrimonio, dice la Constitución. ¡Nadie que sea empresario, aparentemente...!

El Estado de Chile, en el caso que nos ocupa, ha incurrido en falta de servicio, actos expropiatorios, discriminación y violación de la libertad de trabajo.

Las propuestas del gremio para zanjar la situación pasan por:

1.- Otorgamiento de un bono a todos los profesores que fueron traspasados a las municipalidades y los establecimientos educacionales regidos por el decreto ley Nº 3.166, de 1980.

2.- Establecimiento de una "pensión mínima docente" -y, a la vez, decente-, que repare el daño causado por el incumplimiento del decreto ley Nº 3.551, de 1981, y

3.- Concordar un aumento salarial al conjunto del magisterio.

Por último, debemos tener claro que nunca se logrará una educación de calidad para Chile sin un esfuerzo de todos por dignificar la profesión docente y, juntamente con ello, fortalecer la educación pública, que la Dictadura empezó a demoler radicándola en los municipios.

Los maestros siguen siendo víctimas de este sistema, que con ellos vamos a cambiar en beneficio de las futuras generaciones de chilenos.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- ¡A Su Señoría incluso le sobró tiempo!

A continuación tiene la palabra el Honorable señor Navarro, quien dispone de cuatro minutos de tiempo del Comité Socialista. A ello se agregará el minuto que no ocupó el Senador señor Ávila.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la verdad es que las cosas, por sabidas, se callan, y por calladas, se olvidan. Tal parece que ha sido el problema. Es preciso recordar claramente que la situación que nos ocupa ocurrió en 1981. La Dictadura tuvo diez años para resolverla. Ello no sucedió. Luego han venido 18 años de Gobiernos de la Concertación, en los cuales tampoco se ha dado una solución. O sea, se trata de un lío que ni la Dictadura y sus alcaldes ni la Concertación han podido superar.

Porque los Gobiernos de esta última coalición, lamentablemente, han dejado de escuchar a la gente, se han alejado de la ciudadanía, no han prestado atención a la voz de los profesores, ¡de sus profesores! En efecto, muchos de los que se encuentran ahora en el poder han tenido de maestros a quienes se hallan hoy en las tribunas, que, en una cantidad importante, todavía hacen clases. Y son esos alumnos los que hoy nos dicen que se trata de un problema judicial, en circunstancias de que constituye una cuestión de carácter moral, ético, político, social. ¡En definitiva, es una deuda del Estado y debe ser asumida! Lo que se requiere es una respuesta política, no judicial.

La Concertación va a perder las elecciones si no resuelve, entre otras cosas, la deuda histórica que nos ocupa; el funcionamiento del Transantiago. O sea, lo que la gente reclama. Por lo tanto, sus presidenciables deben tener muy claro que la paciencia se agota y el costo social y político por necedades como la que analizamos puede ser muy grande.

Plata hay, señor Presidente.

Se nos dice permanentemente que en los tiempos de vacas gordas, cuando se dispone de dinero, es preciso ahorrar para los períodos difíciles. En los períodos difíciles se señala, a su vez, que el dinero que habíamos guardado lo estamos gastando. Y tampoco hay. O sea, no se cuenta con recursos ni cuando existen excedentes ni cuando se registra déficit.

Entonces, la pregunta es: ¿cuándo hay dinero disponible para saldar esta deuda?

¡Basta ya de proyectos de acuerdo!

Por mi parte, firmé el presentado por el señor Presidente, pero será otro grito más en el desierto. Porque la interrogante que debiéramos formularnos es qué están dispuestos a hacer los Senadores para poder presionar al Gobierno al objeto de obtener un acuerdo político decente sobre la deuda. Y ello, Honorables colegas, pasa por una movilización. Está equivocado el que cree que se requiere un acuerdo político más.

Existió un acuerdo de esa naturaleza respecto de un proyecto de Ley General de Educación que lo único que hace es consagrar precisamente una educación de mercado, con lucro y exclusión. Y para ello habrá dinero: para una normativa que establecerá un sistema que no proporcionará una buena educación.

Es algo que fue discutido hoy. Acaba de rechazarse el concepto del laicismo. No se requerirá que la educación sea laica. Esta misma mañana sostuvimos un gran debate al respecto en la Comisión técnica.

Entonces, se trata de un problema político, así como la LEGE no es un problema solo de carácter pedagógico, pues, en mi opinión, también reviste carácter ideológico: dice relación al tipo de ciudadano que se está formando, al modelo de sociedad que queremos constituir. El punto se refiere a la clase de relación del Estado con los educadores de Chile.

Si a los docentes se les maltrata de este modo, si se les niega la posibilidad de resolver la cuestión ahora y, más aún, si se envía un proyecto de ley -la señora Ministra lo sabe muy bien- que terminará con la municipalización, pues se apunta a corporaciones locales de educación pública, de modo que se les va a traspasar de sistema una vez más, la verdad es que no sé hasta dónde llegará su capacidad de aguante. Porque si ya los cambiaron del Ministerio de Educación a los municipios y quedó una profunda deuda, lo cierto es que no encuentro factible, sin saldar esta última, la pretensión de hacerlos nuevamente objeto de la misma medida.

En consecuencia, no es cuestión solo de los docentes, sino también del sistema educacional que queremos cambiar mediante la LEGE.

Por ello, queremos que el asunto -y no solo por la eventual campaña presidencial a la que estamos abocados- efectivamente se resuelva. Deseamos que las mesas de diálogo revistan realmente el carácter de tales, donde nos escuchemos. ¡Porque la "revolución pingüina" -digámoslo francamente- fue traicionada! Espero que la mesa de diálogo que se conforme con voluntad del Gobierno sea positiva, para avanzar.

Estoy dispuesto a marchar junto con los profesores. No queda otra. Lo advierto: o se lleva a cabo una acción social de movilización en el período presidencial en curso, legítimamente -dentro del marco de la ley, de las buenas costumbres, por cierto-, o el sector seguirá esperando.

Porque no estoy aquí para mentirles y decirles: "Sí, vamos a aprobar un proyecto de acuerdo". ¡Hemos aprobado decenas de proyectos de acuerdo! "No se escucha, Padre". El Gobierno no escucha.

Y el señor Ministro de Hacienda esgrime muy fundadas razones.

Pero lo que cabe aquí, estimados colegas profesores, es luchar, porque nada les ha sido concedido a los trabajadores, en definitiva, si no es en esa forma. Y el Senador que habla, por lo menos, los acompañará hasta el final.

He dicho.

--(Aplausos en tribunas).

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Reitero a los señores profesores -no me cabe duda de que lo son quienes se encuentran en las tribunas- que deben abstenerse de realizar manifestaciones, en un sentido o en otro.

Habiendo terminado el tiempo asignado a los señores Senadores, por intermedio de los Comités, en la forma más prudente y armoniosa posible, le corresponde a continuación intervenir al Gobierno.

El señor Ministro de Hacienda no se encuentra presente.

--(Manifestaciones en tribunas).

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Entonces, tiene la palabra la Ministra de Educación, señora Mónica Jiménez.

--(Manifestaciones en tribunas).

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Solicito a los asistentes a las tribunas mantener una actitud de respeto absoluto, para escuchar los puntos de vista del Ejecutivo.

Puede intervenir, señora Ministra.

La señora JIMÉNEZ (Ministra de Educación).- Señor Presidente, en primer término, agradezco a usted, a la Mesa y a todos los señores Senadores la invitación que nos hicieron al Ministro de Hacienda y a mí.

En segundo lugar, deseo explicar que en paralelo con la Sala se encuentran funcionando las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas, para estudiar el proyecto que perfecciona el seguro obligatorio de cesantía, materia muy importante y actual. El señor Ministro de Hacienda, después de estar presente durante toda la sesión, se retiró para concurrir a ellas, al igual que varios señores Senadores que son miembros de dichos órganos especializados. Entonces, la ausencia del señor Ministro no se debe a que considere irrelevante la cuestión en debate, sino a que se están tratando simultáneamente dos asuntos de gran trascendencia.

A continuación expresaré, en forma muy breve, lo siguiente. En el marco de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos para 2009, el Gobierno firmó un Protocolo que establece:

"Una Comisión especial de la Cámara, con la participación del Colegio de Profesores y otros sectores involucrados, entregará en Mayo del 2009 un informe con proposiciones para abordar el conjunto de las "deudas históricas", que el Gobierno responderá en 60 días. A dicha Comisión, el Ejecutivo entregará información pertinente. La misma podrá recomendar soluciones a otras deudas sociales pendientes.".

Se está a la espera de las proposiciones que elabore y presente la Comisión especial creada a partir del instrumento suscrito, y colaboraremos con los antecedentes que se nos soliciten. El lunes pasado se realizó la primera sesión, con la participación del señor Subsecretario de Educación y representantes del Ministerio de Hacienda. Una vez que termine esa labor, el Ejecutivo se pronunciará.

Y, para finalizar, quiero expresar que a los gobiernos de la Concertación siempre les ha interesado resolver los problemas del magisterio, señor Presidente. Prueba de ello son el Estatuto Docente -tan discutido en estos momentos- y todos los reajustes de remuneraciones dispuestos para los profesores.

Consideramos que la situación de ese sector es de vital importancia para el desarrollo del país. Existen dos instancias, muy bien definidas, que se encuentran reuniendo y analizando toda la información requerida para determinar los alcances de la denominada "deuda histórica" con los docentes: una Comisión especial constituida por el Congreso, con participación del Ejecutivo, y los tribunales de justicia, a los que recurrió el propio magisterio.

Por lo tanto, reitero que el Gobierno participará, durante todo el tiempo que sea necesario, en la Comisión creada a raíz de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos para el año en curso.

Es cuanto podemos decir el señor Ministro de Hacienda y la Ministra de Educación, señor Presidente.

Muchas gracias.

El señor LARRAÍN.- Pido la palabra para hacer una propuesta.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- La tiene, Su Señoría.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, no me voy a pronunciar acerca de la ausencia del señor Ministro, salvo lamentarla, porque aquí, como han expresado algunos señores Senadores, queremos respuestas a las distintas soluciones planteadas. Y no podemos seguir entregados a que una Comisión siga abocada a un estudio, sin saber hoy día los criterios que al respecto mantiene el Ejecutivo. Todavía los ignoramos.

Y eso no es bueno, porque la señora Ministra de Educación -conozco su buena fe, su buena intención- depende en esta materia del Ministro de Hacienda, quien en este minuto no se halla presente.

Subrayo ese hecho y lo lamento.

Pero quiero ir a una cosa más concreta, que es la razón por la cual pedí la palabra, señor Presidente. Propongo que su proyecto de acuerdo se despache hoy día, como resultado del debate desarrollado en esta sesión. Porque hemos tenido diferentes aproximaciones -históricas, políticas, en fin-, pero convergemos en una cosa: en que existe una deuda con los profesores, en que se debe reconocer y en que es preciso buscarle una solución, dentro de las posibles. Y esa coincidencia la recoge dicho texto.

Por tal motivo, solicito a la Mesa recabar la unanimidad de la Sala para dejarlo aprobado en esta ocasión.

He dicho.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Puede hacer uso de ella Su Señoría.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, no tengo inconveniente alguno, como Comité Demócrata Cristiano, en que se vote ahora el proyecto de acuerdo.

Anuncio, sí, que en el momento oportuno plantearé a los Comités y la Mesa la necesidad de adoptar una resolución en cuanto al funcionamiento paralelo de la Sala con las Comisiones.

No resulta adecuado, ni para el debate ni respecto de la cortesía que debe imperar entre nosotros, aprovecharse del dolo propio: se autoriza a las Comisiones unidas de Hacienda y de Trabajo para sesionar en esa forma, con la concurrencia del señor Ministro de Hacienda, y después se critica la ausencia de este último. Eso no es correcto, conforme a las normas de discusión por las cuales nos regimos.

Por lo tanto, señor Presidente, desde ya anticipo que no daré la anuencia para que funcione en paralelo con la Sala ninguna Comisión más.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Quiero precisar que el señor Ministro sabía que intervendría al final. Ello se planteó en forma clara y objetiva. La Mesa no puede sino dejar establecido que no se encuentra presente, tal como lo consignó el Honorable señor Larraín. Esa es la situación.

Antes de pedir al señor Secretario que explique el tratamiento que debe darse a lo planteado por este último señor Senador, me veo en la obligación de expresarle al Honorable señor Núñez que, si bien comparto lo que Su Señoría hubiese agregado, todos sabemos lo importante que va a resultar también este asunto en la elección presidencial.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Reglamentariamente, corresponde dar cuenta del proyecto de acuerdo en la sesión ordinaria de la tarde y que quede para el Tiempo de Votaciones de la que se celebrará el próximo martes.

Sin embargo, si hubiera unanimidad en la Sala, se podría incluir en la Cuenta de esta sesión y votarse de inmediato.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- ¿Habría unanimidad para proceder en la forma indicada?

El señor BIANCHI.- La hay.

El señor GÓMEZ.- Sí, señor Presidente.

El señor LARRAÍN.- Claro.

El señor LONGUEIRA.- Que se vote ahora.

--Así se acuerda.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- El proyecto de acuerdo sobre PAGO DE DEUDA HISTÓRICA CON PROFESORES ha sido presentado por el señor Presidente y suscrito por los Honorables señores Prokurica, Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Espina, Flores, Frei, García, Gazmuri, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Ruiz-Esquide, Sabag y Vásquez.

--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1139-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:

Se da cuenta en sesión 85ª, en 14 de enero de 2009.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Después de la exposición de motivos, el texto expresa:

"POR TANTO,

"EL SENADO ACUERDA:

"Solicitar a Su Excelencia la señora Presidenta de la República disponer las medidas necesarias tendientes a pagar definitivamente la deuda que tiene el Estado con los docentes originada por el no pago de parte de los municipios de la asignación especial contemplada en el artículo 40 del decreto ley N° 3.551, de 1981.".

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Se va a votar, entonces.

El señor CANTERO.- Es preciso llamar a la Sala a los señores Senadores que se hallan en las Comisiones unidas.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, los miembros de las Comisiones unidas se encuentran ausentes.

Propongo dar por entendido que todos los asistentes a la presente sesión aprueban el proyecto de acuerdo, porque así ha sido¿

El señor VÁSQUEZ.- No, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Podría concluirse que se pronuncian a favor todos quienes lo suscribieron.

El señor ESPINA.- Me opongo, señor Presidente. Que se toquen los timbres para llamar a votar.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- No hay problema. Así se hará.

Dada la trascendencia del asunto, prefiero que nos apeguemos absolutamente al Reglamento.

Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.

El señor VÁSQUEZ.- Señor Presidente, no habría tenido ningún inconveniente en aceptar que, encontrándose en funcionamiento las Comisiones unidas, se entendiera que los firmantes del proyecto de acuerdo lo aprueban. Pero se ha reprochado el que no esté presente el señor Ministro de Hacienda, quien se halla precisamente en esa sesión, adonde también concurren los señores Senadores ausentes de la Sala.

Se observa, entonces, un doble estándar en la petición. El mismo señor Senador que en su momento solicitó dejar constancia de que el señor Ministro de Hacienda no se encontraba en la Sala y, por lo tanto, no se responderían las consultas ahora pide que a los colegas ausentes se los considere presentes.

¡Yo no acepto esa situación!

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Su Señoría, no voy a entrar en una polémica. Pero, ciertamente, quienes suscribieron el proyecto de acuerdo han manifestado una voluntad. Y así se entendería, a menos que vayan a pronunciarse en contra.

Seamos claros: dada la trascendencia de esta materia, se procederá a llamar a votar, como corresponde.

Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, creo que en vez de eso debemos suspender la sesión por cinco minutos y pedir a las Comisiones unidas que interrumpan su trabajo a fin de que los Senadores concurran a la Sala para expresar su voluntad.

Es lo que corresponde, y así evitamos los malentendidos.

Cabe tener presente que el proyecto que se discute en las Comisiones unidas de Hacienda y de Trabajo, sobre perfeccionamiento del seguro obligatorio de cesantía, es altamente prioritario para todos los chilenos. Y se están considerando las observaciones que se le han formulado.

No confundamos las cosas.

Entonces, prefiero que se proceda en la forma que señalé, porque hay señores Senadores que pueden venir a votar. Se lo pido como Comité.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Su Señoría, tenga la tranquilidad de que lo vamos a resolver de inmediato.

Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, quiero secundar lo que manifestó el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra.

Me da la impresión de que se podría suspender por un par de minutos la reunión de las Comisiones unidas donde se está tratando una iniciativa de mucha importancia para el país.

Pero también percibo que todos quienes asistimos a esta sesión especial necesitamos escuchar las palabras del señor Ministro de Hacienda respecto de la materia que nos ocupa. Por lo tanto, podríamos invitarlo, demorarnos un poquito más, a fin de oír de su boca qué compromiso asumirá o no, en definitiva, el Gobierno frente a la demanda histórica de los profesores.

--(Aplausos en tribunas).

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- La Mesa accede al planteamiento del Senador señor Pizarro, el cual, además, fue respaldado por el Honorable señor Bianchi y -según entiendo, por la expresión de sus rostros- también por el resto de la Sala.

En consecuencia, procederemos a suspender la sesión, y después se realizará la votación.

Se suspende la sesión por cinco minutos.

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--Se suspendió a las 13:47.

--Se reanudó a las 13:52.

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El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Continúa la sesión.

En votación.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el proyecto de acuerdo (28 votos afirmativos).

Votaron los señores Allamand, Ávila, Bianchi, Cantero, Coloma. Espina, Flores, Frei, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Muñoz Barra, Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar.

--(Aplausos en tribunas).

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Reitero que no se puede efectuar manifestaciones.

Señor Ministro de Hacienda, puesto que ha regresado a la Sala, ¿va a hacer uso de la palabra?

El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, el Ejecutivo ha hablado a través de la Ministra de Educación. Y, ciertamente, suscribo todos los conceptos que ella ha entregado. Esa es la postura del Gobierno, y entiendo que fue planteada con bastante claridad.

Muchas gracias.

--(Manifestaciones en tribunas).

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Se levanta la sesión.

--Se levantó a las 13:54.

Manuel Ocaña Vergara,

Jefe de la Redacción