REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 356ª
Sesión 84ª, en martes 13 de enero de 2009
Ordinaria
(De 16:17 a 19:36)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ADOLFO ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE,
Y BALDO PROKURICA PROKURICA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrió, además, el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor José Antonio Viera-Gallo Quesney.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:17, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Las actas de las sesiones 82ª y 83ª, ordinarias, en 6 y 7 de enero del año en curso, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Seis de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con los tres primeros retira y hace presente la urgencia, calificada de "discusión inmediata", respecto de las siguientes iniciativas:
1.-
Proyecto de ley que perfecciona el Seguro Obligatorio de Cesantía e introduce cambios a otras normas legales (boletín N° 6.036-13).
2.-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones en el Código Penal, en la regulación de ciertos delitos contra la Administración Pública (boletín N° 5.725-07).
3.-
Proyecto de ley que establece incentivos tributarios transitorios, concede un bono extraordinario para las familias de menores ingresos y establece otras medidas de apoyo a la inversión y al empleo (boletín N° 6.350-05).
Con el siguiente retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto del proyecto, en trámite de Comisión Mixta, que introduce en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional las adecuaciones necesarias para adaptarla a la ley N° 20.050, que reformó la Constitución Política de la República (boletín N° 3.962-07).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el siguiente hace presente la urgencia, calificada de "simple", respecto del proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal y el decreto ley N° 321, de 1925, para sancionar el femicidio, aumentar las penas aplicables a este delito y modificar las normas sobre parricidio (boletines Nos 4.937-18 y 5.308-18, refundidos).
--Se tiene presente la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el último retira la urgencia que hizo presente respecto del proyecto de ley que crea el Consejo de Auditoría Interna de Gobierno; modifica el Estatuto Administrativo en lo relativo a procedimientos sumariales, a Juntas Calificadoras, a incompatibilidades e inhabilidades; regula contratos a honorarios y contratación de bienes y servicios; otorga flexibilidad financiera a la Contraloría General de la República, y confiere facultades delegadas al Presidente de la República (boletín Nº 3.937-06).
--Queda retirada la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Cinco de la Honorable Cámara de Diputados, con los que comunica que ha prestado su aprobación a los siguientes asuntos:
1.-
Proyecto que crea el Ministerio de Energía, estableciendo modificaciones al decreto ley N° 2.224, de 1978, y a otros cuerpos legales (boletín N° 5.766-08) (con urgencia calificada de "simple").
--Pasa a la Comisión de Minería y Energía y a la de Hacienda, en su caso.
2.-
Proyecto de reforma constitucional en materia de asociacionismo municipal (boletín N° 5.224-07) (con urgencia calificada de "simple").
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
3.-
Proyecto de ley que establece incentivos tributarios transitorios, concede un bono extraordinario para las familias de menores ingresos y establece otras medidas de apoyo a la inversión y al empleo (boletín N° 6.350-05) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
4.-
Proyecto de ley que perfecciona el Seguro Obligatorio de Cesantía e introduce cambios a otras normas legales (boletín N° 6.036-13) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Pasa a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, unidas.
5.-
Proyecto que introduce diversas modificaciones en las leyes N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, y N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral (boletín N° 6.349-06) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Ocho del Excelentísimo Tribunal Constitucional, con los que remite copia autorizada de igual número de sentencias recaídas en las acciones de inaplicabilidad formuladas en contra del artículo 161 del Código Tributario.
--Se toma conocimiento.
Del señor Contralor General de la República, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre de los Senadores señora Matthei y señores Allamand, Arancibia, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Espina, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Novoa, Orpis y Pérez Varela, acerca de la legalidad de la publicación, por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, de un suplemento de circulación nacional denominado "Chile Contigo".
Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia, por medio del cual contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Navarro, respecto de una moción de su autoría declarada inadmisible que establece un nuevo plazo de reanudación del funcionamiento de las juntas inscriptoras para 2009.
Del señor Ministro de Obras Públicas, mediante el cual responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Larraín, referido al asfaltado de un camino rural en la comuna de Cauquenes.
De la señora Ministra de Agricultura, con el que contesta un oficio expedido en nombre del Senador señor Horvath, sobre la posibilidad de realizar estudios independientes destinados a evaluar la extensión de la contaminación de los cultivos y las semillas en el territorio nacional.
Del señor Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, por medio del cual responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, acerca de los proyectos de centrales termoeléctricas en el borde costero del país.
Del señor Comandante en Jefe de la Armada, mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo al rescate de la motonave Patagonia.
Del señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, con el que contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Navarro, sobre el desprendimiento de una masa de hielo en la Antártica Chilena y la necesidad de contar con una política integral respecto de ese territorio.
Del señor Subsecretario de Educación, por medio del cual responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Zaldívar, referido a la posibilidad de revisar la forma en que se otorga el incentivo económico por excelencia de desempeño académico.
De la señora Superintendenta de Servicios Sanitarios, mediante el cual da respuesta a un oficio expedido en nombre del Senador señor Navarro, acerca de los cortes de agua registrados en la península de Tumbes, comuna de Talcahuano.
Del señor Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, relativo a la toma de muestras de ADN a niños de colegios municipales en diversas regiones del país.
Del señor Presidente del Banco Central de Chile, por medio del cual responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Navarro, referido a los efectos de la crisis global en la economía chilena.
Del señor Alcalde subrogante de Galvarino, mediante el cual da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Espina, acerca de la posibilidad de que el Concejo Municipal adhiera a la petición de patrocinio a Su Excelencia la Presidenta de la República, respecto de tres proyectos de ley sobre incentivo de la inversión privada y contratación de nuevos empleos en comunas con altos niveles de cesantía y pobreza.
Del señor Secretario General de la Cámara Chilena de la Construcción, con el que contesta un oficio expedido en nombre del Senador señor Espina, relativo al mal estado de las viviendas del condominio Lomas de Conguillío, en la comuna de Victoria.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones en el Código Penal, en la regulación de ciertos delitos contra la Administración Pública (boletín N° 5.725-07) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
De la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula el secreto profesional en las obras audiovisuales (boletín N° 5.987-04).
--Quedan para tabla.
De la Comisión de Salud, recaídos en los siguientes asuntos:
1.-
Proyecto de acuerdo de los Senadores señores Naranjo y Ominami, relativo al examen médico denominado "Pesquisa Neonatal Ampliada" (boletín N° S 1.133-12).
2.-
Proyecto de acuerdo de los Senadores señores Prokurica, Allamand, Arancibia, Escalona, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Núñez, Orpis y Zaldívar, mediante el cual solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República la adopción de medidas que permitan que un hombre casado pueda ser carga de su mujer que cotiza en FONASA (boletín N° S 1.137-12).
--Quedan para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.
Solicitud de permiso constitucional
Del Senador señor Muñoz Aburto, para ausentarse del país a contar del 9 de enero de 2009.
--Se otorga.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminada la Cuenta.
Tiene la palabra el señor Secretario.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Los Comités, en sesión del día de hoy, acordaron unánimemente lo siguiente:
1) Tratar, como si fuera de Fácil Despacho (cinco minutos para un orador que favorezca el informe y cinco para otro que lo impugne), el proyecto signado con el N° 3 del Orden del Día, el que exime a la construcción de establecimientos penitenciarios del permiso de la Dirección de Obras Municipales, y
2) Autorizar a las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización; de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda, para que sesionen paralelamente con la Sala, a fin de que estudien los proyectos con urgencia calificada de "discusión inmediata".
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Frei.
El señor FREI, don Eduardo.-
Señor Presidente, la Comisión de Hacienda está citada a las 17:30 para discutir uno de los proyectos mencionados en la Cuenta.
La idea es constituirnos con la de Trabajo y Previsión Social a las 18:30 para analizar la iniciativa que requiere ser vista por ambos órganos técnicos en conjunto. Así no se producirá una merma de diez Senadores en el Hemiciclo al comienzo de la sesión, sino solamente de cinco.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Ya están autorizados, señor Senador.
El señor FREI (don Eduardo).- Apenas terminemos el tratamiento del primer proyecto, seguiremos con el segundo -a eso de las 18:30-, conjuntamente con la Comisión de Trabajo.
EXENCIÓN DE PERMISO MUNICIPAL A CONSTRUCCIÓN DE RECINTOS PENITENCIARIOS
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Según lo acordado por los Comités, corresponde tratar, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto, en segundo trámite constitucional, que exime a la construcción de establecimientos penitenciarios del permiso de la Dirección de Obras Municipales, con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6075-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 71ª, en 19 de noviembre de 2008.
Informe de Comisión:
Vivienda, sesión 82ª, en 6 de enero de 2009.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El objetivo principal de la iniciativa es modificar el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con el propósito de eximir a la construcción de establecimientos penitenciarios del permiso de la Dirección de Obras Municipales, a fin de proteger la seguridad de tales recintos. De esta forma, se homologa su situación con el estatuto otorgado a las obras de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad que revisten carácter militar y policial, las cuales se hallan exentas de dicho trámite.
La Comisión de Vivienda y Urbanismo discutió el proyecto tanto en general cuanto en particular, por tratarse de una normativa de artículo único, y le dio su aprobación por dos votos a favor (Senadores señores Naranjo y Pérez Varela) y una abstención (Senador señor Orpis), en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
El texto de la iniciativa figura en el informe respectivo.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, me corresponde informar a la Sala acerca del trabajo de la Comisión de Vivienda respecto del proyecto que nos ha relatado el señor Secretario.
La iniciativa modifica el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones -como muy bien se ha precisado aquí-, con el objeto de eximir a la construcción de establecimientos penitenciarios del permiso que otorga la Dirección de Obras Municipales, con la finalidad de proteger la seguridad de tales recintos. De esta forma, se homologa su situación con el estatuto otorgado a las construcciones de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad que revisten carácter militar y policial, obras que están exentas de dicho trámite.
No obstante, los recintos penitenciarios deberán dar cumplimiento a las normas de constructibilidad, seguridad y habitabilidad, y ajustarse, además, al plan regulador respectivo, según lo establecido en el inciso cuarto del artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Asimismo, el proyecto garantiza el cumplimiento de las normas recientemente señaladas en lo relativo al destino de las edificaciones y a las responsabilidades de los profesionales que intervinieron en el proceso de construcción, en virtud de los artículos 17 y 18 de la referida normativa legal. Todo ello, mediante una declaración efectuada ante la Dirección de Obras Municipales respectiva.
Este nuevo requerimiento se hará aplicable también a las obras de carácter militar de las instituciones armadas, desde la entrada en vigencia de la ley a que dé origen este proyecto.
Finalmente, es importante precisar que la Comisión aprobó en general y en particular el proyecto en estudio por dos votos a favor y una abstención.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis, con el objeto de exponer la posición discrepante.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, tal como se consigna en el informe de la Comisión, yo me abstuve en la votación. Ello, no porque quiera que los planos de los recintos penitenciarios tengan carácter público -son evidentes los motivos de seguridad que están de por medio para que no sea así-, sino por otra razón.
En el entendido de que la documentación pertinente debe ser reservada, desde mi punto de vista tales establecimientos no deben abstraerse de ser inspeccionados por los funcionarios municipales, para verificar si cumplen o no las normas de carácter urbanístico correspondientes.
Por lo tanto, tal como señalé en la Comisión, me inclino por que se considere esta materia como una excepción a la norma que establece la publicidad de la documentación del Estado, la cual entrará en vigencia en los próximos meses. Esa fue la discusión que se produjo en el órgano técnico: si estábamos en condiciones de asegurar que este tipo de normativas se mantengan con carácter reservado. El proyecto sobre acceso a la información pública, que regirá como ley en el mes de abril, dificultaba de algún modo el funcionamiento de la iniciativa que nos ocupa.
Yo no soy partidario de que los recintos carcelarios se abstraigan del conocimiento de los respectivos organismos fiscalizadores ex ante, porque, cuando la construcción ya está terminada, resulta muy difícil hacerle modificaciones con posterioridad.
Sin embargo, sí estimo conveniente que a través de una ley orgánica constitucional o de cualquier otro mecanismo se establezca una excepción a la publicidad de este tipo de documentos, con el fin de mantenerlos en reserva.
Reitero: este tipo de construcciones no deben abstraerse de la normativa vigente en materia de construcción y, particularmente, de la fiscalización que en este caso deben ejercer las municipalidades.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Perdón, señor Senador.
Sería bueno también que precisara qué pasaría con los permisos municipales.
El señor ORPIS.-
Entiendo que no se pagan, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Perfecto.
El señor COLOMA.-
¿Puedo hacer una consulta, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Solo puede intervenir un orador por cada posición, señor Senador.
Si desea hacer uso de la palabra, se requiere la autorización de la Sala.
El señor COLOMA.-
Pido la palabra.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Su Señoría, los Comités acordaron unánimemente que el proyecto sea tratado como si fuera de Fácil Despacho. Pero puede fundamentar su voto.
El señor COLOMA.-
Entonces, eso haré.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Muy bien.
Cerrado el debate.
En votación.
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma para fundar su voto.
--(Durante el fundamento de voto).
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, deseo argumentar en la misma línea en que lo ha hecho el Senador señor Orpis, aunque con una diferencia en lo que respecta a los tiempos.
Todos los aquí presentes entendemos el problema.
Las cárceles -igual que los recintos de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública-, en la medida en que son públicas, pueden ser más vulnerables. El proyecto apunta a resolver esto. Su artículo único señala que, para evitar los efectos del eventual conocimiento por terceros, se exime a los establecimientos penitenciarios de la obligación de contar con el permiso municipal respectivo, como la consagra hasta ahora la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que es del año 1976.
Lo que ocurre es que, posterior a dicha normativa, se aprobó el actual artículo 8º de la Constitución Política, por medio del cual se declara la publicidad de los actos del Estado. Dicho precepto dispone: "El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad". Y, en el inciso siguiente, establece: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen.".
Pero, acto seguido, se consagra, precisamente para casos especiales como el que nos ocupa, lo siguiente: "una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos".
En consecuencia, debió adoptarse una fórmula distinta para este tipo de materias: exigir los planos y permisos respectivos que generen las contribuciones pertinentes y dictar, en virtud de lo prescrito en el artículo 8º de la Carta Fundamental, una ley de quórum calificado que impida que esos documentos sean públicos.
Desde mi perspectiva, esa era la manera adecuada de resolver el problema.
El mecanismo que propone el proyecto es extraño, por cuanto no exige los permisos correspondientes para las obras que ejecute el Estado.
Me parece que esa no es la solución que deberíamos seguir, sobre todo a la luz del nuevo artículo 8º de la Constitución.
Bajo esa lógica, señor Presidente -y me gustaría poder cambiar esta propuesta legislativa-, yo me abstengo, porque creo que la fórmula que estamos adoptando es equivocada respecto del fin último buscado. Es más razonable exigir los permisos, los planos, la fiscalización adecuada, pero con carácter reservado, para efectos de seguridad. Eso es lo que el artículo 8º permite -antes no era así- y lo que, desde mi perspectiva, debió haberse implementado en esta iniciativa.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente, voy a fundamentar el voto en una forma absolutamente contraria a la de los señores Senadores que me antecedieron.
En primer lugar,¿
El señor NARANJO.-
¿No era un proyecto de fácil despacho?
El señor VÁSQUEZ.-
Estoy fundamentando el voto, señor Senador.
El señor NARANJO.-
Muy bien.
El señor VÁSQUEZ.-
Es de "fácil despacho"; no de "fácil raspacacho".
En primer lugar, deseo señalar que el hecho de abstenerse o no abstenerse de aprobar esta norma mantiene la eximición de la solicitud de permiso respecto de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, porque así lo dispone el texto actual de la ley.
El señor COLOMA.-
¡Debería cambiar eso!
El señor VÁSQUEZ.-
Entonces, resulta que toda la argumentación dice relación solo a Gendarmería.
El señor COLOMA.-
¡Debería cambiar todo!
El señor VÁSQUEZ.-
Bueno, si hay que cambiarlo todo, tendría que hacerse con otro proyecto. A mi juicio, la manera correcta de proceder es agregar el texto que estamos viendo hoy a la ley vigente y posteriormente modificar o reemplazar la totalidad. O es para todos o para ninguno. Porque, en caso contrario, estaremos dejando a Gendarmería en terreno de nadie.
En segundo término, yo entiendo la argumentación de otra manera. Resulta que si las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería no tienen la obligación de presentar el permiso, tampoco tienen la de allegar los planos. En consecuencia, aquí no hay un problema de secretismo de los planos. Porque, precisamente, el secreto radica en no entregarlos. Lo que se pide aquí es un cambio completo: que se entreguen, pero que queden en reserva.
Pensemos que el problema está dado respecto de Gendarmería pero también de las Fuerzas Armadas. O sea, ¿las Fuerzas Armadas van a tener sus planos en reserva en una municipalidad determinada? ¿Qué garantía tenemos de seguridad nacional? Yo creo que la argumentación es débil y contradictoria en sí misma. La forma de no aplicar el artículo 8º de la Constitución es, precisamente, eximir de permiso municipal a estas obras.
Por eso, voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, también quiero fundamentar mi voto porque me parece que el planteamiento que ha hecho el Senador señor Coloma es el correcto.
Lo que establece esta legislación es contrario a la filosofía que instaló la Constitución, en su artículo 8º, con la reforma de 2005. Si se quiere que alguna institución, por razones de seguridad nacional u otra de fondo, evite dar a conocer ciertos antecedentes -por ejemplo, los planos de una instalación de un organismo de las Fuerzas Armadas o de Gendarmería-, el camino que se debe seguir es el que señala esa norma -es decir, que una ley de quórum calificado así lo establezca- y no este, que en cierto modo constituye un resquicio. Porque, al final, dice: "Oiga, no presente los antecedentes". ¿Por qué? ¡Si el camino para resguardar la seguridad nacional es el de la trasparencia, con una norma que declare el secreto o reserva de ella en los términos fijados por el referido artículo 8º!
A mí me parece que esa es la forma correcta de hacer las cosas. Porque, de lo contrario, nos estaremos acostumbrando a legislar estableciendo resquicios, nosotros mismos, a las normas constitucionales. No me parece apropiado.
Por eso, también me abstengo.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente, es una lástima que estas materias tengan que discutirse en forma tan apresurada.
Por mi parte, creo que la norma actual pretende proteger el carácter "secreto" -llamémoslo así- de las instalaciones militares, pero no solo respecto de un documento, que puede ser la recepción final. La legislación vigente señala que "no requerirán de los permisos", "ni estarán sometidas a inspecciones o recepciones de ningún tipo". Lo que se busca es que no haya treinta o cuarenta funcionarios distintos -a quienes va a ser muy difícil exigirles la reserva después- que estén informados sobre cuál es el diseño de las instalaciones.
Estoy pensando en los que deben recepcionar las instalaciones eléctricas, sanitarias, en fin. No se trata solo de mantener en reserva un plano, sino de impedir que instalaciones de tipo militar o policial sean conocidas en sus detalles por personas que, no siendo miembros de las Instituciones, no tienen obligación de guardar reserva.
Por lo tanto, no me parece que sea un "resquicio" el aplicar a Gendarmería esta norma que existe para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, porque obviamente abriga un sentido más amplio: que estas no se hallen sometidas a "inspecciones o recepciones". Y la única forma de garantizar eso respecto de Gendarmería es incorporarla en esta disposición y no establecer el carácter de reservado de un documento, porque quedarían las inspecciones hechas por personas que a lo mejor no tienen ninguna obligación de guardar secreto.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (17 votos contra 2 y 8 abstenciones) y queda, por tanto, despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa los señores Allamand, Ávila, Escalona, Espina, Frei, Gazmuri, Girardi, Letelier, Muñoz Barra, Naranjo, Novoa, Núñez, Pérez Varela, Pizarro, Ruiz-Esquide, Sabag y Vásquez.
Votaron por la negativa los señores Prokurica y Zaldívar.
Se abstuvieron los señores Cantero, Coloma, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira y Orpis.
REGULACIÓN DE LOBBY ANTE ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y CONGRESO NACIONAL
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece normas sobre la actividad del lobby, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6189-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 65ª, en 5 de noviembre de 2008.
Informe de Comisión:
Gobierno, sesión 82ª, en 6 de enero de 2009.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Los objetivos principales de la iniciativa son fortalecer la transparencia en la gestión de los asuntos públicos y reconocer y regular el lobby como una actividad de promoción, defensa o representación de intereses respecto de las decisiones que adopten la Administración del Estado y el Congreso Nacional en el ejercicio de sus funciones.
La Comisión discutió este proyecto solo en general, luego de escuchar la exposición del señor Ministro Secretario General de la Presidencia y de recibir en audiencia a la señora Directora Ejecutiva de la Organización Independientes en Red; al representante de las Agencias Burson Marsteller, ICC Crisis, Imaginacción Consultores y Hill & Knowlton Captiva, y al Vicepresidente de Chile Transparente.
La Comisión aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señores Bianchi, Núñez, Orpis, Pérez Varela y Sabag) y acordó, también en forma unánime, dejar constancia de que en el trámite de discusión en particular planteará indicaciones para precisar conceptos -tales como el de "interés individual"-; fijar los alcances y obligaciones del proyecto en materia de registro de audiencias, y determinar quiénes deben ser sujetos activos del lobby.
Por último, cabe tener presente que los artículos 7º, 16 a 19 y 22 tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de 21 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, me corresponde informar, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, este segundo proyecto de ley sobre la actividad del lobby.
Al respecto, hago presente que en el mensaje que lo acompaña el Ejecutivo recuerda que la iniciativa anterior, al culminar su tramitación, fue objeto de un análisis en que se ponderaron los relevantes aportes de los señores parlamentarios y de representantes del mundo académico, concluyendo que las mejoras que podían introducirse iban más allá del texto acordado por las Cámaras y excedían también las normas que pudieren incluirse en el veto.
Por tal razón, el Ejecutivo optó por retirar el mencionado proyecto e iniciar el nuevo que ahora nos ocupa, que recoge la mayoría de las disposiciones del antiguo, mejorado con los aportes que mencionamos.
Se recuerda que el primitivo proyecto generó un extenso debate en la Comisión de Gobierno, y posteriormente en la Sala, de modo que en esta oportunidad solo me detendré en los aspectos que concitaron mayor interés, tanto en el ámbito parlamentario como en los actores consultados en esta nueva etapa.
Dichos aspectos dicen relación al concepto de interés individual, condición inherente al lobby; al alcance y obligaciones que fluyen de las normas que regulan los registros de audiencias, circunstancia de suyo importante para el sujeto pasivo de lobby, esto es, la autoridad ante la cual se realiza la gestión de lobby con la pretensión de obtener de ella una decisión favorable al interés invocado.
Por último, en ese orden de asuntos, fue particularmente controversial el análisis que suscitó la determinación de los sujetos activos de lobby, considerando que hay actividades que por su propia naturaleza revisten caracteres de representación de intereses e influencias.
Deseo detenerme aquí con el objeto de dilucidar un aspecto que es central para definir cada uno de estos puntos.
En nuestro país, el lobby es identificado culturalmente como una actividad oscura, poco clara, y que debe ser regulada para evitar que esta sea fuente de corrupción de nuestro aparato público. Creo que esta visión puede estar afectando el fondo de la discusión que llevamos hace años en torno al lobby.
En atención a lo anterior, resulta importante cambiar este enfoque negativo del lobby por el que existe en la mayoría de los países del mundo.
¿Y cuál es esta perspectiva que se da en naciones como Estados Unidos o Inglaterra? La de que el lobby constituye la forma en que los diferentes grupos de interés hacen ver sus posiciones ante las distintas autoridades; es el modo legal en la que se canalizan, quizás, la mayoría de los diversos intereses que existen ante un asunto de preocupación pública.
Esta visión positiva del lobby cambia radicalmente el eje de la discusión, puesto que si es esa la legitimación que se quiere otorgar a esta actividad mediante este proyecto de ley, de manera que sea la forma legítima de funcionamiento de la vida de nuestras instituciones, nos obliga a ser todavía más cautos para regular su ejercicio de modo tal que no se convierta en el negocio de unas pocas empresas de lobby, que van a ser las únicas legitimadas por este estatuto legal que viene en privilegiar al lobby como actividad, dejando a las demás entidades marginadas de él.
Digo lo anterior, porque sabemos que muchas instituciones sociales permanentemente quieren hacer ver sus posturas a la autoridad. ¿Y cuál es el peligro que ello reviste para nuestra democracia? El que sean solo las empresas de lobby las que puedan canalizar legítimamente las distintas demandas ante la autoridad.
Este efecto puede ser nefasto para nuestra democracia. De hecho, en Estados Unidos, la actual campaña de Obama fue precisamente con un fuerte discurso en contra de un sistema democrático que está siendo cada vez más cooptado y monopolizado por lobbystas profesionales, marginando con ello a las demás organizaciones sociales.
Creo que debemos regular un estatuto con el objeto de que esta actividad que denominamos lobby, que no es otra cosa que la posibilidad de que las distintas instituciones sociales tienen para presentar sus posiciones a la autoridad, sea efectivamente un derecho, a fin de que todos los actores sociales lo ejerzan en forma ordenada, transparente y legítima.
Señor Presidente, considero necesario legislar para que nuestra democracia se vea cada vez más profundizada, de manera tal que a todos los ciudadanos, sin exclusiones ni privilegios, se les permita acceder a las distintas autoridades. En este aspecto, a nuestra democracia le falta mucho. De hecho, gran parte del desprestigio y desilusión de la política frente a la ciudadanía radica en que esta es apreciada como una actividad de solo unos pocos privilegiados que pueden llegar a las fuentes del poder.
Este proyecto de ley es una oportunidad para avanzar en cambiar muchas malas prácticas, y, sobre todo, en transformar a nuestra democracia en una verdadera instancia de participación pública para nuestros ciudadanos.
Espero que las decisiones que tomemos en la discusión en particular no vayan exactamente en el sentido contrario.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro, quien tiene preferencia para intervenir.
El señor VIERA-GALLO (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, solo quiero corroborar lo señalado por el Presidente de la Comisión de Gobierno, Senador señor Bianchi, en el sentido de que lo que se está pidiendo a la Sala es la aprobación en general de este proyecto, que recoge gran parte de las inquietudes que se formularon durante la tramitación de la iniciativa anterior, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
La novedad mayor del que ahora nos ocupa radica en una definición más precisa del lobby, y, al mismo tiempo, en la exclusión de actividades de representación de lo que es el ámbito propio de regulación de esta iniciativa.
Junto con eso, se precisa también de mejor manera las audiencias de las cuales las autoridades deberán dejar registro, para que haya mayor transparencia en la función que desempeñan.
Yo diría que las observaciones que se han hecho, especialmente las de la Corporación Chile Transparente, de las propias empresas de lobby y de otras personas expertas en la materia, apuntan a precisar aún mejor en la discusión en particular el concepto propio de lobby y delimitar bien la frontera con las representaciones naturales de la sociedad, que ejercen un grado de influencia sobre las autoridades, pero que no forman parte de la regulación de esta normativa.
Por tal razón, espero que la Sala apruebe el proyecto en general, para que en la Comisión se introduzcan los cambios que sean necesarios -tal como se dejó constancia en el informe- y, después, el Senado pueda despacharlo en particular.
Gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, tal como lo mencionó el Presidente de la Comisión, el proyecto fue aprobado por la unanimidad de sus miembros, pero solo en general. Porque es del caso señalar -como se dejó constancia- que existen diferencias muy profundas con respecto a la iniciativa presentada por el Ejecutivo.
Lo anterior, indudablemente, se verá reflejado en las indicaciones que se presentarán sobre la materia.
Al respecto, creo que fueron muy determinantes las distintas exposiciones que escuchamos en el seno de la Comisión, a las que me referiré en seguida.
Me parece que el asunto parte por algo que manifestó el señor Presidente de la Comisión al comienzo de su exposición.
Pienso que la primera diferencia fundamental con el proyecto del Ejecutivo se halla en la definición de lobby, donde se reafirma una connotación negativa, punitiva de la actividad y que termina cruzando toda la iniciativa. Porque, evidentemente, al existir una visión negativa y punitiva acerca del ejercicio de la actividad del lobby, nadie querrá ser lobbysta y, por lo tanto, comenzarán las exclusiones, como pasaré a explicar más adelante.
En primer término, quiero ratificar cuál es el concepto que se establece en este nuevo proyecto, que marca una diferencia con relación al anterior.
El artículo 2° define qué es el lobby, señalando que es una actividad que básicamente consiste en representar intereses de carácter individual, remunerada y de carácter habitual.
¿Pero qué se entiende por interés individual? Y aquí pasamos a lo que constituye la connotación negativa del lobby.
El texto aprobado por la Comisión define el interés individual como "favor, utilidad, provecho, ganancia o beneficio, sea o no económico, de una persona, natural o jurídica, o de una entidad determinada.". Es decir, parte con una connotación tremendamente negativa de lo que es el lobby.
Uno se pregunta: ¿acaso para una organización el lobby consiste necesariamente en eso?, ¿acaso la influencia sobre las autoridades del Congreso Nacional o de los órganos de la Administración del Estado no puede tener una visión positiva o representar un aporte respecto de cierto sector o de una propuesta en particular?
Entonces, el planteamiento de fondo que se hizo en la Comisión fue: "Tratándose de una iniciativa de ley bastante innovadora, no solo en Chile sino también en el resto del mundo, cambiemos la cultura acerca de la materia y aproximémonos al lobby no únicamente con una mirada negativa o punitiva, sino además con una visión constructiva y positiva, aunque asimismo negativa o punitiva; pero no excluyamos el importante aporte que se puede efectuar a través de él".
Pues bien, aquello cruza todo el articulado. Porque, a mi juicio, existe un segundo elemento, que es consecuencia del primero: que, con esa visión negativa, hay que excluir del lobby a un montón de organizaciones. Y lo que hace el actual proyecto es ampliar las exclusiones contenidas en el anterior, que se encuentra congelado aquí, en el Parlamento, y que, en la letra m) del artículo 4°, preceptuaba que no constituían actividades de lobby las gestiones desarrolladas por los miembros de las directivas de organizaciones gremiales, sindicales, organizaciones no gubernamentales, corporaciones, fundaciones, colegios profesionales.
Ahora, en la letra n) del artículo 4°, la exclusión se extiende a las actividades que realizan las organizaciones regidas por la ley N° 19.418 (juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias); los sindicatos; las cooperativas; las organizaciones religiosas; las comunidades y asociaciones indígenas; las asociaciones gremiales de pequeños empresarios, de microempresarios, y las asociaciones gremiales artesanales; y los clubes deportivos que no sean sociedades anónimas, las organizaciones juveniles y las organizaciones culturales sin fines de lucro.
Evidentemente, dada la connotación negativa, la exclusión debe acrecentarse. Y eso lo hace el precepto citado.
Yo, señor Presidente, después de escuchar a los distintos expositores en la Comisión, me convencí de que es necesario regular, más que al sujeto activo del lobby, a esta actividad. Y en esa línea irán por lo menos las indicaciones que presentaré: a que lo único que permanezca vigente de la normativa en comento sea el artículo 15, por motivos de transparencia.
¿Y qué dispone el artículo 15? Que diversas autoridades, entre otras las del Congreso Nacional y las de la Administración del Estado, deberán registrar las audiencias que den a lo largo del tiempo e informar de su realización y contenido al Consejo para la Transparencia o a las entidades correspondientes.
Porque ahí no se excluye a nadie. Si uno va al artículo 15, ve que no hay ninguna institución exceptuada. O sea, aun cuando estén excluidas como sujetos activos de la enumeración que señalé, las autoridades en comento -insisto- deberán registrar las audiencias, independiente de que se otorguen a sindicatos, a organizaciones culturales, a juntas de vecinos, etcétera.
Entonces, en la iniciativa hay también una suerte de contradicción, pues por un lado se excluye a ciertas instituciones de las actividades del lobby y por otro se dispone que las autoridades de ellas tendrán que registrar las audiencias o reuniones.
En consecuencia, señor Presidente, creo que es más sano, más transparente y más directo regular la actividad, el acto, de manera genérica. Y eso se establece en el artículo 15, conforme al cual -repito- todas las autoridades allí indicadas deberán registrar las audiencias o reuniones referidas, que quedarán sometidas al control y fiscalización de los entes correspondientes.
Bueno, ahí se verá si la actividad realizada por una organización termina o no "capturando" a una autoridad. Pero lo importante es que se registre todo lo relacionado con el lobby y a partir de allí se puedan sacar conclusiones.
Considero que, desde esa perspectiva, nada debería quedar excluido. Y la única forma de lograrlo es legislando muy a fondo respecto del artículo 15, que es el precepto genérico. Los demás contienen conceptos limitados, restrictivos, contradictorios, que establecen excepciones y obligan a contemplar contraexcepciones.
Es preferible una ley corta, directa, simple, que dé cuenta de la transparencia que exige el país en este minuto.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, quiero señalar que la vez anterior voté favorablemente el proyecto sobre lobby. Cometí un error al momento de marcar mi pronunciamiento. Y por eso quiero hablar ahora: para señalar que mi decisión es no votar ni en general ni en particular la iniciativa que estamos analizando hoy.
La razón de ello es, en primer lugar, que no estimo conveniente, como práctica general, que las autoridades tengamos que atender a quienes plantean -se llama lobby- esta suerte de interés particular transformada en una tarea profesional reconocida por la ley.
No me parece adecuado que un Senador deba recibir a alguien, proveniente casi siempre de instituciones privadas, que promueve los intereses de otras personas, por lo cual percibe un emolumento, gana dinero.
Esta materia pertenece a las que yo coloco en el rango de las decisiones éticas que a uno le corresponde tomar en cierto momento.
Los parlamentarios debemos cumplir nuestra función de conformidad con nuestras opiniones y con lo que en conciencia consideramos bueno para Chile, para las instituciones, de cualquier naturaleza, y para aquellos a quienes representamos.
Empero, la transformación del lobby en un trabajo es opinable. Entiendo que algunos colegas están absolutamente de acuerdo con ello. Sin embargo, pienso que no es lo más adecuado para mejorar la transparencia y salvar las dificultades que enfrentamos en nuestra actuación política.
Se dice, como argumento de fondo: "Prefiero tenerlo regulado y no suelto" o "Soy partidario de que se dicte una norma definitiva, a fin de que no lo realice cualquier persona, sino que medien ciertas exigencias".
Aquí, cuando conversamos al respecto, algunos ponen distintos ejemplos que, por ser un poco soeces, no voy a repetir. Sin embargo, lo real es que la iniciativa crea una institución, una actitud, una actuación; en definitiva, una profesión que, al asignarle cierto nombre y darla el Senado por aceptada legalmente, termina transformándose en una "situación aceptable, digna, justa, equitativa y saludable". Y esto, repito, me parece del todo inconveniente.
Por eso, señor Presidente, voy a votar en contra.
Pero, además, permítanme Sus Señorías expresar que el texto en discusión incluye modificaciones derivadas de los planteamientos formulados con motivo del debate del proyecto anterior, que fueron acogidos por el Gobierno. Y es mejor que aquel. Eso nadie lo puede discutir. Sin embargo, ello no obsta a que yo, reconociendo que éticamente el mal menor es aceptado por todos los códigos morales, considere que este no siempre es el mejor camino que debemos tomar en política.
Muchas veces nos hemos visto obligados a actuar con el criterio del mal menor. Pero a la larga, si convertimos esto en una conducta casi permanente, al final de cuentas la política terminará siendo un ámbito de la actividad humana donde no siempre es claro lo que hemos de hacer.
Por esa visión, que he tenido durante toda mi vida y a la cual he tratado de ajustar mis actuaciones, no voy a votar.
Empero, adicionalmente, hay otros dos factores que de todos modos voy a mencionar.
Me parece que no se ha tocado el punto, pero hemos tenido mucho conflicto en nuestras conductas a raíz de los cambios experimentados por la sociedad moderna, donde, al desaparecer las identidades nacionales, con la fuerza que tenían antes, y aceptarse que la globalización existe para todo y que a esta la resulta factible penetrar absolutamente las culturas, uno podría considerar razonable que cualquier extranjero hiciera aquí, en Chile, lo que le pareciera.
A ese respecto, solo una observación, a los efectos del debate.
Yo creo que la globalización se halla solo en el ámbito de la economía. En el mundo entero no se han globalizado los derechos humanos; no se ha globalizado el derecho a ciertas identidades particulares, que en el fondo es un respeto a las personas. Pero, con el criterio planteado, estamos dejando que todo sea en el sentido amplio que señalo, lo que no creo adecuado.
Por eso, no me parece bueno que se acepte como posible que firmas o personas extranjeras tengan una participación directa en el lobby chileno.
En último término, solo una observación a un aspecto que alguien mencionó y al que quisiera darle una vuelta.
Con la ley en proyecto, al leerse todos sus artículos, uno ya no sabe si lo que estamos haciendo es normar las actividades de los lobbystas o regular el trabajo de los parlamentarios.
Yo no tengo ningún inconveniente en anotar a todas las personas que vengan a hablar conmigo, señor Presidente.
Pero miremos las dos perspectivas. Detengámonos, por ejemplo, en los artículos 14 y 15. Ambos terminan notificándonos, no las conductas que debemos asumir, sino la obligación de señalar con quiénes nos reunimos.
Si queremos hacer las cosas más a fondo, obliguémonos a decir de qué hablamos y qué acordamos.
Lo que se plantea al respecto constituye, a mi entender, un error legislativo bastante grande.
Ya tenemos que sujetarnos a la ética política en otros aspectos. Y aquella es la peor manera de seguir este camino, porque solo va a generar una preceptiva que muy rápidamente dará lugar a conflictos éticos. Entonces, además nos van a decir que estaremos contrariando la ley hecha por nosotros mismos.
Por eso, señor Presidente, yo no voy a votar. Y lamento que una materia como esta se haya llevado de la manera expuesta.
El Gobierno ha tomado nota de lo dicho por los Senadores.
También es verdad, señor Presidente, que este asunto es opinable. Se puede hablar de cualquier manera sobre él. Nadie va a decir que a quien está por el lobby le gustan las cosas correctas y que aquellos que se encuentran en la posición contraria quieren que la cuestión quede suelta, pase lo que pase.
¡No, señor Presidente!
Estimo que nos equivocamos al hacer la ley en proyecto. Nos equivocamos cuando le entregamos la actividad en comento a cualquier persona, sin siquiera exigir, a lo mejor, que se trate de oficinas de abogados o de un lugar donde exista algún control.
Quienes tenemos más edad sabemos en qué se termina por esa vía.
El lobby se ha hecho siempre y de la manera habitual: con ofrecimientos que en definitiva constituyen falta a la ética.
Por eso, señor Presidente, con el mayor respeto a quienes piensan distinto, reitero que no voy a votar y que mi voto será en contra.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente, la verdad es que me resisto a legislar a favor de quienes se ganan la vida en el "salón de espera" y trafican en los pasillos. Hacerlo es, en la práctica, otorgarles patente de corso a los piratas del cabildeo.
No creo, para nada, que con este proyecto se erradiquen del ámbito público las prácticas que acentúan la discriminación, la desigualdad ante la ley, y contribuyen al mayor enriquecimiento de unos pocos.
La captura de las autoridades públicas deja de hacerse de modo clandestino, con cierta vergüenza por parte de los protagonistas. Ahora se abren ampliamente las puertas de la burocracia para que pasen, con su frente en alto, aquellos que representan intereses que intensificarán sus privilegios en nuestra sociedad. Ellos van a tener acceso a los lobbystas de primera. Porque también los habrá de segunda y de tercera categorías: ¡como en el fútbol¿!
Ya sabemos qué intereses van a gestionar los estelares. Grandes honorarios. Y, por supuesto, se las ingeniarán para que todo esto, que tiene un carácter legal y hasta honorífico, empiece a descubrir meandros y senderos por donde infiltrar esa parte de corruptela que, por cierto, es casi consustancial a la actividad en cuestión.
Probablemente en la discusión particular afloren con más fuerza las contradicciones que se anidan en esta iniciativa.
Yo siento que hasta el Senador que exponía los resultados del trabajo de la Comisión¿
El señor BIANCHI.-
¿Es lobbysta¿?
El señor ÁVILA.-
¿lo hacía con una falta de convicción muy profunda. Nunca lo vi asomar un juicio casi con pudor.
La razón es muy sencilla: tenemos entre manos -yo diría- uno de las materias de más difícil manejo que han llegado a este Congreso.
Sabemos que aquí, forzados por determinadas circunstancias, surgió una oleada de opiniones que apuntaban a la necesidad de regular.
Yo estaría dispuesto, señor Presidente. ¿Pero por qué tan solo enfocamos la prostitución en el ámbito de la burocracia y no también en el del comercio sexual? Cuando ambos tengan el mismo tratamiento y decidamos de una vez por todas sacar a flote las cosas que están en esas zonas umbrías y debajo de la alfombra, creo que iremos por el camino apropiado.
Mientras tanto, seguiré en la línea que marcó el Senador señor Ruiz-Esquide.
No le entendí bien, eso sí: de pronto, tuvo el arranque de un 4x4, como dirigiéndose derechamente a emitir un voto negativo; pero después hizo un giro similar a los de "Chaleco" López y, al parecer, anunció que solo se abstiene.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
No me comprendió, Su Señoría.
El señor ÁVILA.-
Mi Honorable colega me corrige: dice que se encuentra en la disposición de un 4x4.
Por mi parte, me voy a declarar en estado de reflexión, señor Presidente,¿
El señor LARRAÍN.-
¡Igual que el Senador señor Ruiz-Esquide¿!
El señor ÁVILA.-
¿ en la línea que le entendí a quien me precedió en el uso de la palabra, que, muy sabiamente, expresó que en la discusión particular probablemente asomarán otras luces que lo inducirán a mudar de criterio.
Desde hace ya un tiempo le doy vueltas al punto. Imagino exactamente cuáles son los "próceres" que en este instante se soban las manos mientras discutimos el proyecto. En sus lujosas oficinas atienden con particular ansiedad al resultado del debate. ¡Capaz que tengan algún emisario en la tribuna¿!
El señor NARANJO.-
Están viéndolo en directo.
El señor ÁVILA.-
Así es. La tecnología les ayuda mucho.
Por el momento, entonces,¿
El señor NARANJO.-
¡Va a votar a favor¿!
El señor BIANCHI.-
¿O en contra?
El señor ÁVILA.-
¡Mis Honorables colegas intentan "ayudarme"¿
El señor SABAG.-
¡Eso es hacer lobby¿!
El señor ÁVILA.-
¿ en cuanto a cuál sería la orientación de mi voto, y ya ejercen un lobby fáctico sobre mi persona¿!
De cualquier manera, hasta aquí llega mi reflexión, señor Presidente.
He dicho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
¿Y en qué sentido se pronuncia, Su Señoría?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, Chile presume, a través de diferentes experiencias, de ser un país moderno. Y soy un convencido, sobre esa base, de que no puede carecer de un conjunto normativo que regule el lobby, institución que se ha mantenido en el debate nacional durante los últimos años. Evidentemente, han mediado en ello muchas situaciones un tanto extrañas, por emplear una frase comedida.
La regulación del lobby en los Estados Unidos data de 1946. Es decir, fue prioridad -debo destacarlo- en la modernización del Estado en el período inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Por alguna razón, esa nación lo determinó así.
En Chile, más de sesenta años después discutimos la creación de una institucionalidad jurídica que cumpla con dicho propósito respecto de esa delicada materia. Por ello, el hecho de iniciar el trámite legislativo un nuevo proyecto sobre el tema creo que a ninguno de nosotros puede dejar de parecernos una extraordinaria e importante experiencia. Y es factible corregir, pulir, modificar el articulado durante la discusión en particular.
Soy un convencido -y lo reafirmo- de que la iniciativa en análisis, con todas sus imperfecciones, posee la virtud de fortalecer la probidad y la transparencia en los asuntos públicos. Ella tiende a evitar, como han mencionado varios señores Senadores, el impacto negativo de los grupos de presión y poderes fácticos en las resoluciones de las autoridades del Poder Ejecutivo -de este Gobierno y de los que vendrán-, así como también respecto de nosotros, los parlamentarios, que, al integrar el Poder Legislativo, debemos adoptar decisiones con un significado de proyección estratégica frente a la comunidad nacional que representamos y ante la cual debemos rendir cuenta.
Creo que una ley que regule el lobby fortalece, además, el principio de la igualdad de los derechos -eso es muy importante-, evitando los privilegios de quienes actualmente, ante la falta de la regulación necesaria, pueden influir de manera directa en las autoridades, sin que ello trascienda.
Hemos leído muchas veces en la prensa que personas simpatizantes del Gobierno o proclives a este tienen la puerta más ancha para poder encauzar situaciones de lobby. Naturalmente, eso no es bueno, no es recomendable. Entonces, resulta importante normar la actividad, para evitar la creación de una penumbra de desconfianzas, en el actual Gobierno o en los que vengan.
Entre las virtudes de un proyecto de esta índole se hallan la de impedir el tráfico de influencias -¡qué duda cabe!-, la de hacer posible el aporte de antecedentes que pueden perfeccionar las decisiones de las autoridades y la de dar mayor legitimidad a las resoluciones de los órganos del Estado, a fin de evitar que permanentemente se les esté acusando de actuar con cierta parcialidad. En esa forma se perfecciona el derecho de petición, incorporado en la Constitución Política.
El lobby debidamente normado exhibe la ventaja de corregir la relación espuria que puede haber entre el Estado y los privados. En buena hora, entonces, el articulado que nos ocupa, el cual, repito, se podrá modificar, arreglar, pues corrige debilidades de la iniciativa anterior -ello garantiza la posibilidad de contar con un mejor texto-, pero también presenta algunas dificultades que es necesario solucionar. Por eso, resulta relevante la decisión de la Comisión de Gobierno en orden a que a través del trámite legislativo puede perfeccionarse.
¿Cuál es un reparo que pienso que todos los señores Senadores han constatado que puede formularse? El de que se contempla un concepto restringido de lobby, al limitarse este exclusivamente a la representación de intereses individuales.
Se impide, entonces, la representación de intereses sectoriales o institucionales, que igualmente deben ser objeto de la actividad en examen. Por ejemplo, no podrían realizar lobby, según el proyecto, las organizaciones no gubernamentales que defienden el medio ambiente o los derechos humanos. También quedaría fuera de la regulación, como se desprende de la lectura de la iniciativa, la actuación de sindicatos y gremios, al igual que la de juntas de vecinos, asociaciones de indígenas y otras. Este es un punto sobre el cual necesariamente se deberá reflexionar más durante el debate que se va a llevar a cabo.
Entre sus virtudes, el proyecto contempla, en el caso del sujeto pasivo del lobby, la obligación de informar trimestralmente sobre los lobbystas con quienes ha tratado en su lugar de trabajo y de registrar las audiencias que ha sostenido con ellos.
También es positivo el establecimiento de obligaciones y prohibiciones para los lobbystas. Entre estas últimas se halla la de financiar partidos políticos y campañas electorales. Asimismo, se impide a autoridades, funcionarios del Estado y dirigentes de partidos políticos efectuar lobby.
Me parece muy bien lo que dispone el artículo 13 de la iniciativa, que señala:
"La solicitud de audiencia realizada por un lobbysta a una autoridad, miembro, funcionario o servidor de los órganos de la Administración del Estado o del Congreso Nacional, hasta el nivel que determine el reglamento, deberá contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:
"a) La individualización completa del solicitante y, si fuere persona jurídica, la de su representante legal.
"b) La individualización completa de la persona natural o jurídica cuyos intereses se busca gestionar.
"c) La materia que se tratará en la audiencia.".
La misma opinión favorable me merece el régimen de sanciones a los sujetos pasivos del lobby y los lobbystas.
Por lo anterior, y con las aprensiones que he señalado, votaré a favor del proyecto informado por la Comisión de Gobierno.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, me llama un poco la atención que el debate haya recaído sobre hechos que la Sala ha discutido en reiteradas ocasiones. Deseo recordar a mis Honorables colegas que el Congreso aprobó un proyecto sobre el lobby que fue observado por la Presidenta de la República. Habiéndose suscitado una controversia sobre el veto, claramente inconveniente, se suspendió, en forma transitoria, la tramitación de la iniciativa y el Gobierno hizo llegar una nueva. Pero el Senado y el Congreso, en general, ya aprobaron la idea de regular la institución.
Y las razones para hacerlo son variadas, pero diría que la principal es la necesidad de transparentar una serie de actividades que se realizan -como alguien lo mencionó aquí- en la penumbra o se ocultan bajo la alfombra. Para nadie es un misterio -y no solo lo he leído en los diarios, como dijo el Senador señor Muñoz Barra- que ex ministros de Estado, ex altos funcionarios de la Administración, son contratados por distintas empresas y entidades para que las ayuden ante la autoridad.
Sin duda, eso es lo que debemos transparentar. El país, la opinión pública, la ciudadanía y nosotros necesitamos saber a quién se intenta apoyar y quién puede resultar favorecido producto de una reunión o una determinada gestión ante una autoridad. Es algo tan simple como eso.
Se trata de poner sobre la mesa las actuaciones de personas que buscan influir en esa forma, como una acción absolutamente legítima, resguardada por el número 14º del artículo 19 de la Carta, que reconoce el derecho de petición. Todos tienen derecho a intentar llegar a la autoridad, formularle solicitudes y, por lo tanto, lograr incidir en determinados ámbitos o materias que, en verdad, pueden ser de interés particular o público.
Esa actividad también se realiza en el Parlamento. Y nosotros somos testigos, muchas veces, de que organizaciones y personas naturales, frente a determinadas iniciativas legales, desean conversar con los Senadores para tratar de influir e ilustrarlos sobre determinados asuntos que en algún momento deberán votar y resolver tanto en Comisión como en la Sala.
Por lo tanto, esa información se debe transparentar a través de registros, del conocimiento acerca de cuál es la persona o entidad que está realizando una gestión de intereses ante los organismos de la Administración y del Parlamento.
Mi primera afirmación, entonces, es que resulta absolutamente necesario -y así lo ha refrendado la Sala en varias oportunidades- que la gestión de intereses denominada lobby sea regulada, con el fin de transparentar las acciones que realizan personas o entidades, lo que en mi opinión es legítimo.
Discrepo fuertemente, eso sí, de las disposiciones del proyecto. Las definiciones que se consagran son extraordinariamente erradas, porque se intenta regular actividades absolutamente ilegítimas, a mi juicio. No estoy dispuesto a despachar una legislación que norme el lobby de la manera como lo hace el texto en examen.
Considero el lobby y la gestión de intereses como el propósito particular o común de perfeccionar la legislación, de llevar adelante determinados proyectos en los cuales siempre se halle presente el bien común. Pero si me van a decir que tiene por objeto perseguir "cualquier interés individual", definido este último por la iniciativa como "favor, utilidad, provecho, ganancia o beneficio", hago presente que no tengo el ánimo de proceder de esa manera ni de que mi acción como Senador -o la de un Ministro- sea para hacer favores a alguien. ¡Eso es un tráfico de influencia, y, en mi opinión, es ilegítimo aquí y en cualquier parte!
No estoy dispuesto a que se regule ese aspecto, a que la actuación que realice una autoridad, un Senador o un Diputado sea la de generar utilidad o provecho para una persona. Creo en el interés particular y el colectivo, pero me parece que pasar de ahí a que el lobbysta busque que le hagan un favor es algo que forma parte de una definición absolutamente errada. ¡Insisto en que eso es un tráfico de influencia!
Una iniciativa de ley de esta naturaleza no debe regular o tratar de legitimar el que una autoridad, con fondos públicos, mediando el interés público, le haga un favor a un particular, lo que constituye un hecho reprochable. Ello no puede consignarse en la legislación, por lo tanto, y entra en el campo del tráfico de influencias -reitero-, hecho absolutamente ilegítimo. Es materia de otro debate si la normativa nacional lo combate o lo sanciona adecuadamente.
Muchos señores Senadores han sido Presidentes de Comisión. En esos órganos técnicos han actuado diversas entidades, personas y empresas que buscan influir sobre la base de un interés particular o colectivo, pero legítimo. Y eso es lo que debemos regular convenientemente para que exista la máxima transparencia. Mas si es para hacer favores, se trata claramente de un hecho negativo, a lo cual no me encuentro dispuesto.
Por tal motivo, en la Comisión de Gobierno planteamos que debiéramos votar a favor de la idea de legislar, por ser absolutamente necesario regular la gestión de intereses que es el lobby, a fin de hacerlo transparente, de que la ciudadanía acceda a la información respecto de quiénes pueden o no influir ante las autoridades; pero con una modificación sustantiva de las definiciones, ya que aquella a la cual me refiero importa, en mi opinión, un tráfico de influencia y, por lo tanto, no puede hallarse legitimada por un ordenamiento como el que hoy estamos sancionando.
Por último, junto con anunciar, como ya lo hice, que nos pronunciaremos a favor, quiero subrayar que uno de los aspectos fundamentales a que se refirió el Senador señor Orpis es el del Registro. Sin duda, alguien podrá sentirse incómodo con ese elemento o no gustarle, pero considero absolutamente sano y positivo que cualquier ciudadano sepa con quién nos reunimos y en qué materias trabajamos. La transparencia nos permitirá, en definitiva, cumplir nuestra función de manera más sana. Con todo -reitero-, indudablemente dicho mecanismo no puede establecerse para hacer favores.
¡Eso lo rechazo del todo!
Por lo tanto, en la discusión particular vamos a buscar, por la vía de las indicaciones, modificar de manera sustancial las definiciones que contempla el proyecto de ley en estudio, porque podrían llevar al equívoco de que se estarían legitimando hechos reprochables, lo cual, en verdad, no es el espíritu del Senado. En efecto, hace pocos meses se aprobó una iniciativa de la misma naturaleza, relativa a las acciones de gestión que pueden desarrollar personas naturales o jurídicas para defender ciertos intereses particulares o generales sobre la base del derecho a petición establecido en la Constitución. Tales actividades, debido a las complejidades del mundo moderno, de la administración, deben ser necesariamente reguladas a través de una iniciativa como la que tenemos sobre nuestros escritorios.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VIERA-GALLO (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, quiero aclarar un punto.
Al escuchar el debate, da la impresión de que el proyecto del Gobierno pretende legitimar lo indebido, lo ilícito, lo oscuro, lo turbio. Y debo decir, con toda claridad, que para la ilicitud está el Código Penal, en el cual se encuentran perfectamente establecidos y reglamentados, desde hace varios años, los delitos que pueden cometer los funcionarios públicos. Ahí se consigna con claridad meridiana que, si hay beneficio económico de por medio, existe delito.
El objetivo de la presente iniciativa es regular lo que no es delito, lo que es lícito. En consecuencia, no tiene nada de ilegítima, porque se pretende transparentar lo que hoy ocurre, y darle una reglamentación.
Si alguien quiere definir de mejor forma el interés individual, es posible hacerlo. Pero nadie puede sostener que, cuando un lobbysta defiende legítimamente la inversión extranjera de una empresa, favorece el bien común. Lo que está haciendo es beneficiar el interés de aquella, y la autoridad después sopesará y verá si eso resulta compatible con el interés común.
Sin embargo, disfrazar el interés individual de interés general constituye una gran hipocresía. Lo que corresponde es demostrar que el interés individual puede ser legítimo, como asimismo que dicha empresa obtenga un beneficio, una utilidad. Pero no es correcto señalar que la utilidad de ella representa el interés de Chile.
Repito: frente a una acción incorrecta, está el Código Penal.
Así que pediría a los señores Senadores que leyeran o volvieran a leer la rígida legislación penal chilena en materia de negociación incompatible, tráfico de influencias, información privilegiada, etcétera.
Aquí estamos hablando del campo de lo lícito. Y lo único que se pretende es establecer una legislación para darle mayor regulación. ¿Con qué fin? Para que sea más transparente; para que la ciudadanía sepa quiénes se entrevistan con Sus Señorías y con este Ministro; para que la gente conozca cuáles son los contactos que mantenemos como autoridad.
Y aquello le hace bien al país.
Por eso defiendo este proyecto. Podremos cambiar su redacción y mejorarlo. Pero a mí no me parece justo que se diga que el Gobierno, a través de esta iniciativa legal, desea legitimar algo turbio, oscuro o perturbador.
Gracias.
El señor FREI (don Eduardo).-
¿Señor Presidente, podría recabar el asentimiento de la Sala para abrir la votación?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
¿Habría acuerdo en tal sentido?
El señor LARRAÍN.-
No, porque nos quitaría tiempo.
El señor NARANJO.-
¡Se lo mantendríamos¿!
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, formulé serios reparos a la iniciativa presentada originalmente, pero considero que en esta versión ha habido un avance. Por tanto, votaré en general a favor, sin perjuicio de que en ella todavía se mantienen no pocas ambigüedades, las que resulta necesario aclarar o simplemente modificar.
Así, respecto de la definición de "lobby" -esto ha quedado de manifiesto en el debate-, todavía persiste cierta imprecisión. Algunos lo vinculan con el derecho a petición o con la representación de intereses. Y, a mi juicio,¿
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
¡Su Señoría, excúseme que lo interrumpa!
Estoy tratando de buscar un acuerdo, porque podríamos quedarnos sin quórum.
Propongo a la Sala abrir la votación, en el bien entendido de que los Senadores inscritos podrán fundar su voto hasta por 15 minutos, y el resto, por 5 minutos.
El señor NARANJO.-
Me parece bien.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
¿Está de acuerdo, Honorable señor Larraín?
Como está inscrito, podría usar de la palabra por el tiempo antes señalado.
El señor LARRAÍN.-
Si esa es la voluntad de la Sala, no me opongo. Pero no es lo más correcto. Creo que la comodidad de algunos perjudica el prestigio del Senado.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Lamentablemente, con anterioridad se resolvió autorizar a diversas Comisiones para sesionar en forma paralela con la Sala, a fin de analizar proyectos que le interesan a toda la Corporación y al país entero. Sin embargo, no quiero lesionar el derecho del resto de los señores Senadores, ni tampoco que nos quedemos sin quórum para votar.
¿Tiene alguna objeción, Su Señoría?
El señor LARRAÍN.-
No, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Perfecto. Le agradezco mucho su deferencia.
En consecuencia, como los Honorables señores Gazmuri, Larraín, Sabag, Navarro y Núñez están inscritos, podrán fundar su voto hasta por 15 minutos, y el resto, por 5.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, pensé que yo también figuraba en la lista.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
¿Desea intervenir, Su Señoría?
El señor NARANJO.-
Así es.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
No hay problema.
Por consiguiente, se cerrará el debate y se procederá en la forma señalada precedentemente.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri, por 15 minutos.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, decía que en la discusión de este proyecto hemos tenido, en general, diferencias acerca de qué se entiende por lobby. Para muchos se asimila -incluso se mencionó en esta sesión- a la representación de intereses. Y, a mi juicio, ello no constituye lobby.
La representación de intereses colectivos: de grupos, de sectores -sea de trabajadores, empresarios, ecologistas, regiones- no es lobby, sin considerar que tales intereses no siempre revisten carácter general, porque ello lo va definiendo la sociedad.
Lo que hacen las organizaciones de la sociedad civil es representar y defender intereses de clases, ideológicos, etcétera. Y eso no configura lobby, pese a que incluso en el lenguaje común mucha gente habla de que "le están haciendo lobby".
La ANEF, por ejemplo, no hace lobby, sino que representa los intereses de sus afiliados. Y, obviamente, le importará que las leyes relacionadas con los empleados fiscales los favorezcan, para lo cual estos tienen derecho a petición, a manifestación, etcétera. A mi juicio, ello conforma un elemento central de toda organización democrática, y las autoridades deben recibir y escuchar a esos dirigentes, como ocurre en el Senado. Pero eso no es lobby. Si lo fuera, no tendríamos para qué elaborar una normativa como la que nos ocupa.
Se ha argumentado que se trata de una ley específica, de algo nuevo. Efectivamente, es así. No en todos los países del mundo el lobby se encuentra regulado como actividad específica. Porque se halla en una zona gris -entre comillas- y tiene que ver con una práctica especializada -en este ámbito la tradición más desarrollada es la norteamericana-, elegida por agentes cuyo trabajo es gestionar, de manera remunerada, intereses particulares frente a la sociedad.
Ese es el punto.
Aquello existe y se encuentra en un área vinculada al tráfico de influencias, para alcanzar objetivos particulares. A modo de ejemplo, se podría decir que una firma de abogados tal representa a cierta empresa eléctrica y, a cambio de una remuneración, establece contactos con la autoridad para influir en las decisiones administrativas, cuando se trata del Gobierno, y en las legislativas, cuando se trata del Parlamento.
Eso ocurre todos los días en la sociedad contemporánea. Se puede hacer de manera legítima o ilegítima, mediando o no soborno. Ello es otro tema.
La cuestión radica en si vamos a regular o no esa actividad para hacerla transparente y no dé origen a perversiones en la relación entre los intereses privados y la autoridad; es decir, que no sea motivo, hasta donde sea posible, de sobornos o medidas que vayan en el sentido de lo ilícito.
Por lo expuesto, considero fundamental precisar muy bien qué es lobby. Creo que la definición contenida en el proyecto que nos ocupa es mucho mejor que la del anterior; se acerca a lo que, a mi juicio, debería entenderse por lobby: "aquella gestión o actividad remunerada o habitual," -yo diría: "remunerada y habitual"- "ejercida por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés individual,".
Dicha frase se aproxima a la concepción de lobby como una actividad específica, que se realiza y deseamos regular: poner lo gris bajo la lupa de una mínima transparencia.
Como es evidente, para completar aquella definición resulta esencial saber qué entiende la ley por "interés individual". Por ello, estoy de acuerdo en que habría que corregirla, tal como se ha planteado acá.
Esa es mi primera observación.
En lo relativo a los registros, a mi juicio, el proyecto en análisis todavía no supera su ambigüedad inicial en el sentido de carecer de una definición más precisa de lobby. Así, el hecho de que en la misma normativa se obligue a la autoridad a llevar un registro de las empresas lobbystas junto con el de las organizaciones de la sociedad civil, me parece incoherente. Porque, si queremos regular el lobby, debemos reglamentar, establecer y registrar, primero, las empresas que lo ejercen legítimamente -entre comillas- y segundo, los contactos que mantienen con las autoridades.
Por tanto, a modo de ejemplo, cada sesión que "Pérez y Pérez, abogados asociados" (inscritos en el Registro de lobbystas) celebraran con alguno de nosotros u otra autoridad quedaría registrada.
Una cosa distinta, que no tiene nada que ver con la materia que nos ocupa, es que registremos nuestras reuniones con organizaciones de la sociedad civil que representan intereses. Ello tal vez podría ser necesario como control del trabajo parlamentario, o si quisiéramos disponer de un índice acerca de cuánto nos vinculamos o no con la sociedad civil. Sin embargo, el introducir un registro de nuestros encuentros con delegados de la sociedad civil, quienes representan intereses legítimos, colectivos, pero no ejercen lobby, toda vez que constituyen organizaciones que interpretan a dicha sociedad, debería ser objeto de discusión.
No obstante, eso está relacionado con otro asunto: la transparencia de la actividad del Congreso. Porque, por ejemplo, también podríamos decir: "Por acuerdo de la Comisión de Régimen Interior, todos los parlamentarios deberemos colocar nuestra agenda diaria en la página web pertinente para que la gente sepa qué hacemos.".
Eso estaría bien, pero no se halla vinculado al lobby, sino al control ciudadano de la actividad de sus representantes.
Entonces, si la iniciativa dice relación específicamente al lobby, el registro y todo lo derivado de él habrán de referirse solo a las organizaciones lobbystas.
Por último, debo agregar lo siguiente: la transparencia en el área del tráfico de influencias -por así llamarla- siempre tendrá que ver, si queremos evitar que en este ámbito aparezcan focos de corrupción, con el financiamiento de las actividades públicas y políticas.
Sobre el particular, nuestra legislación todavía presenta insuficiencias graves. En efecto, la ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral permitió que en Chile las empresas, como tales, realicen aportes al financiamiento de las campañas, lo cual no existe en muchas legislaciones, donde solo lo pueden hacer las personas. En mi opinión, el límite que pueden entregar las empresas, cuyos nombres no resulta necesario registrar, es muy alto. Según entiendo, llega a alrededor de 7 a 8 millones de pesos.
Por consiguiente, si deseamos que exista completa transparencia en la vinculación entre los intereses particulares y las actividades del Ejecutivo y de los parlamentarios, hay tres elementos que pueden contribuir a ello.
Primero, ayuda el hecho de que el lobby sea normado y que, por tanto, haya un registro. Sin embargo, es posible argumentar que resulta factible burlarlo, y es cierto. Por ejemplo, se puede ejercer lobby durante una actividad deportiva dominguera, de lo cual, evidentemente no queda registro; puede efectuarse mientras se juega tenis. No me dedico a eso, pero me imagino que se trata de los escenarios más frecuentes.
El señor NARANJO.-
Y propicios.
El señor GAZMURI.-
Tampoco frecuento clubes de golf, pero empresarios amigos míos me dicen que este deporte es muy importante para hacer negocios.
Entonces, resulta evidente que tal situación no se va a resolver, pero por lo menos existirá la obligación del registro, lo cual ya significa un factor de transparencia.
En toda democracia, ese registro también ha de estar vinculado al que hoy existe con respecto al sistema electoral.
En resumen, los ciudadanos cuentan con el registro del lobby, con el del voto y con un tercero referido a cómo se financian las campañas políticas. Y este último, con relación a las empresas debería ser completamente público.
Si queremos disponer de una legislación eficiente, tendremos que revisar esa dimensión de la ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral.
Voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, estimo que la discusión a la que hoy estamos abocados y el lapso transcurrido desde que se presentó el primer proyecto en este ámbito demuestran que nos hallamos frente a una situación compleja, en donde no hay claridad acerca de la materia que estamos regulando, ni tampoco de su objetivo.
De hecho, la iniciativa del Ejecutivo que ingresó al Congreso en 2003, que estuvo a punto de ser despachada luego del veto enviado por la Presidenta de la República, experimentó durante la tramitación cambios de contenidos muy radicales. Y a través de este nuevo proyecto se quiso resolver esas diferencias tan primordiales que se plantearon.
En verdad, no tengo claro que ellas se resuelvan debidamente en la normativa en análisis. Por desgracia, me parece que todavía subsisten indefiniciones sustanciales -las abordaré a continuación-, que hacen que este proyecto todavía no logre concitar un consenso que nos permita sentirnos tranquilos en cuanto a que con sus disposiciones contribuiremos realmente a mejorar las actuaciones y decisiones del sector público en todos sus ámbitos y las del sector privado en su relación con él.
Con todo, de ahí a pensar que tales dificultades hicieran recomendable no disponer de una legislación sobre el lobby, es un paso completamente distinto.
Por eso, se debe emprender el esfuerzo, ya que, al final, se trata de un problema no menor e imposible de soslayar.
El Estado siempre ha cumplido funciones de gran relevancia, que afectan a personas, a grupos, a intereses de distinta naturaleza. Pero, sin lugar a dudas, su tamaño -no solamente mirado desde el punto de vista del Gobierno central, sino del de los servicios públicos, de los municipios, de sus diversos órganos- ha crecido en el último tiempo. Y muchas de sus definiciones producen un impacto muy sustancial en el destino o en el futuro de actividades, de grupos o de personas.
Por eso resulta importante introducir la legislación que se propone; pues, como el Estado toma decisiones tan relevantes para las personas, ayudará a quienes pretendan influir en estas a no hacerlo de una manera que afecte al bien común, al bien del país, y que, por el interés que alguien pueda tener, se postergue el compromiso que todos tenemos con ello.
Si uno piensa en la cantidad de normas que establecen subsidios, aranceles, impuestos, distintos tipos de restricciones o -en el ámbito más específico de definiciones- licitaciones, adjudicaciones, compras, etcétera, se da cuenta de que todas corresponden a materias complejas y muy importantes para los particulares, porque a mucha gente se le va la vida o la bolsa en ellas.
Por lo tanto, la necesidad de dar transparencia a la gestión que cualquier particular, persona o grupo realice ante alguna autoridad con el objeto de influir en sus decisiones, resulta absolutamente conveniente. Porque así aseguramos legalidad y regularidad en sus resoluciones, mayor honestidad y probidad en los criterios que se utilizan o, simplemente, que se haga lo correcto, lo que corresponde, lo que es mejor para el bien común.
Tal vez, el proyecto en debate no lo va a garantizar por completo. Pero estamos ciertos de que una legislación que haga transparentes esas actuaciones contribuirá a que los organismos públicos asuman la mejor definición en el ámbito de sus decisiones.
Por eso, creo que debemos regular esta actividad, pese a las dificultades que afloran en este debate, como en tantos otros que hemos tenido.
Y parte de esas dificultades se relacionan con que la actividad del lobby se topa con algo que recordaba el Senador señor Pérez Varela: el derecho constitucional de petición.
El número 14° del artículo 19 de la Carta asegura a todas las personas "El derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes". Es decir, las personas naturales o jurídicas pueden actuar ante las autoridades y hacerles cualquier petición. Y eso, ciertamente, puede influir en las decisiones que estas tomen.
¡Pero el derecho a hacerlo, el derecho a pedirlo, el derecho a plantearlo está garantizado constitucionalmente!
Entonces, ¿cuándo podemos regular la actividad del lobby, de manera compatible con un derecho evidente de las personas?
En verdad, señor Presidente, la confluencia de un derecho constitucional básico, del sentido común más elemental, se topa con la actividad del lobby, que puede ser indeseada si transgrede el marco dentro del cual debiera realizarse.
Por eso, el ámbito de regulación del lobby tiene que ser más bien restrictivo que extensivo, más acotado y preciso que genérico. Porque no podemos dejar que las personas naturales o jurídicas, cualquiera que sea su motivación, hagan peticiones o planteamientos inadecuados a las autoridades. Si estas actúan como tales, tendrán el carácter y la fuerza para resolver lo que le conviene al país. De no perseguir ese norte, no merecen el rol de autoridad.
En tal virtud, a esas gestiones hay que darles transparencia, pero no impedirlas. Y, por ello, la regulación tiene que ser, como decía, lo más precisa posible.
En ese sentido, Señor Presidente, el debate central que tuvimos a lo largo de la tramitación del anterior proyecto de ley se reproduce de nuevo hoy día.
La discusión que tuvimos inicialmente buscaba regular la actividad del lobby profesional y la del no profesional, estableciendo dos tipos de categorías, para que los no profesionales -como las corporaciones, los gremios, los sindicatos, las juntas de vecinos- pudieran quedar fuera, pero, de alguna manera, regulados. Y en el Senado llegamos a la conclusión de que eso era lo conveniente, precisamente porque queríamos evitar la regulación extensiva de estas actividades.
Eso fue lo que se aprobó en esta Corporación.
Pero luego el veto del Ejecutivo introdujo un concepto que, por desgracia, se mantiene en esta iniciativa: la habitualidad. Es decir, el lobby se define como "una actividad remunerada o habitual, ejercida por personas naturales o jurídicas¿". Su carácter de remunerada, me parece que define lo que queremos cautelar. Pero que sea habitual no es exactamente lo mismo.
Cuando un organismo gremial -de manera habitual, porque es su trabajo-, defiende una inquietud o critica algo que afecta a sus representados, está actuando dentro de su naturaleza. Ese es el sentido que posee; no está buscando ni haciendo nada que interfiera.
Lo que nos preocupa es la actuación de personas que se dedican profesional y remuneradamente al lobby. Queremos que lo hagan, pero de forma transparente y regulada.
Advierto de nuevo el problema que tuvimos en la discusión del proyecto anterior, pero que el Senado había despejado. Y ahora, sin embargo, con esta iniciativa vuelve a introducirse, como se hizo con el veto, generando lo que, a mi modo de ver, es una complicación.
Por eso, está nuevamente este asunto en discusión.
¿Y cómo se define la habitualidad? De manera bastante pintoresca: "Habitualidad: es la realización de más de cuatro gestiones de lobby efectuadas en el período de un mes o más de siete en un trimestre¿".
Sus Señorías comprenderán que la gente que realice estas gestiones se va a cuidar de no efectuar cuatro en el período de un mes o de hacer la cuarta de manera que no quede registrada (en el club de golf o en cualquier lugar donde se tope socialmente con alguien), o llevar a cabo menos de siete en el trimestre, en fin. El concepto de habitualidad, en su definición legal, da un poco la sensación de ridículo a lo que estamos tratando de hacer.
Por eso, señor Presidente, me parece que aquí está el meollo de lo que tenemos que resolver. La solución de las demás materias dependerá de su propia complejidad. Pero el tema central es que queremos regular, hacer transparente la acción de aquellas personas, naturales o jurídicas, que se dedican al lobby en forma profesional y remunerada. El quehacer de otras entidades lo podemos hacer más o menos transparente. Pero su actuación no constituye lobby.
Aquí está de nuevo reproducida la dificultad que tuvimos durante la tramitación de la iniciativa anterior -me refiero al veto- y que ahora se replantea.
Otras cuestiones también son complejas y generan cierta discrecionalidad.
El registro de las audiencias y reuniones con los lobbystas que se establece en el artículo 15 me parece muy bien.
Sin embargo, en el inciso que trata sobre las reuniones que las autoridades sostienen con personas, gremios, corporaciones, sindicatos -los que están excluidos como lobbystas-, se dice también que se deberán registrar los que se realicen con "personas naturales que manifiestamente ejerzan gestiones de lobby".
Esta disposición es de una discrecionalidad total. Porque podría suceder que un Ministro, un parlamentario o un alcalde reciba a alguna persona que ejerce como lobbysta y no lo advirtiera -puede ser un gran actor-, no lo registrara y, por lo tanto, incurriese en un acto indebido, ya que no le quedó tan de manifiesto que su acción correspondía a la de un lobbysta. Repito, es un caso de discrecionalidad que, para mi gusto, no debería estar incluido.
En otro aspecto, está lo relacionado con el nivel al cual pueden llegar las personas reguladas como lobbystas. El artículo 2° en su letra a) establece que el lobby se ejerce ante "autoridades, miembros, funcionarios o servidores de los órganos de la Administración del Estado o del Congreso Nacional, hasta el nivel que determine el reglamento". No me parece la más adecuada esta remisión al reglamento. Porque cada institución reglará de la manera que más le acomode.
Señor Presidente, el punto central, el tema de fondo que hoy día debatimos es el mismo que hemos discutido de una u otra forma desde que estamos analizando en el Senado esta norma. Se vincula con definir el ámbito dentro del cual vamos a regular esta actividad; qué vamos a entender por lobby y, por lo tanto, quiénes son lobbystas; qué requisitos deben cumplir estos, y qué normas deben observar quienes se vinculen con ellos en cualquier ámbito de la acción de los órganos estatales.
Me parece que mientras no resolvamos aquello no vamos a avanzar.
Por mi parte, creo que, para dar el paso necesario en aras de la transparencia en la regulación del lobby, debemos concentrar nuestros esfuerzos en aquellas personas dedicadas a esta actividad en forma profesional y remunerada. Y no porque algunos la puedan hacer con habitualidad se los puede calificar así. Porque -como dije- hay organismos constituidos para eso, y al llamarlos lobbystas pareciera que están realizando una actividad de connotación peyorativa, en circunstancias de que lo que hacen -por ejemplo un gremio que representa a un grupo de profesionales o a un sector productivo cuando se trata una legislación que lo afecta- en cumplimiento de sus funciones: dar a conocer su punto de vista y tratar de influir para que la decisión del caso sea la más adecuada para el desarrollo de la actividad correspondiente.
Las autoridades deben velar por el interés común. No es de competencia de cada parte la definición de él. Es tarea de aquellas. Pero que el interesado haga presente su punto de vista no me parece que deba ser objeto de una regulación especial.
Lo que sí precisa de una normativa especial es el ámbito profesional dedicado al lobby. Y ese fue el sentido que tuvo desde el principio la legislación americana, que es la primera y la más importante sobre esta materia -como se hizo referencia-, la cual ha tenido eco en otras esferas, pero no tanto en Europa, donde hay poca legislación y una preocupación no tan intensa y regulada al respecto.
Por tales consideraciones, señor Presidente, voy a votar que sí, pues considero necesario disponer de una regulación del lobby. Pero en la discusión particular volveremos a insistir en que el proyecto tiene que circunscribirse a lo más concreto. La experiencia podrá mostrarnos otros caminos de reglamentación hacia el futuro. Pero me parece que aquí debemos ir de menos a más, porque se trata de una materia poco orgánica, muy casuística. Y cuando ese es el fundamento de una norma, es mejor y más razonable circunscribirla que dejarla extensiva, más todavía cuando una disposición constitucional abre el espacio a la petición de cualquier ciudadano.
Por todas esas razones, voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, ha sido motivación del Ejecutivo dar transparencia a todas las actividades públicas. Y prueba de ello es que ya se publicó la ley sobre acceso a la información, que sin duda representa un paso importante en la materia. Queda pendiente otra normativa que iba en paralelo a la anterior: la que regula el lobby, la cual -como ya se ha señalado- lleva varios años de análisis en el Parlamento, habiéndose discutido latamente el proyecto presentado el año 2003.
En la Comisión de Gobierno, en la oportunidad en que fui su Presidente, analizamos el asunto e invitamos a altas personalidades del país a pronunciarse sobre él. Estimamos necesario legislar al respecto precisamente por la transparencia que exige.
Se trata de un problema que parece algo oscuro, indebido, pero que en Estados Unidos -según lo señalado aquí-, cuenta con una legislación desde 1946 -que tiene gran respetabilidad-, además de grandes oficinas dedicadas al lobby.
Chile ha contratado lobbystas cuando ha debido defender algunos intereses en el País del Norte y en otras naciones. O sea, la actividad es legítima. Pero aquí, por no haber legislación, aparece como dudosa, pues se estima que, cuando las personas dedicadas a ella hablan con una u otra autoridad, es algo pecaminoso.
A mi entender, el lobby es una actividad sobre la cual se debe legislar, y que merece nuestro respeto.
Los parlamentarios en muchas ocasiones debemos analizar diversas iniciativas en forma paralela. Sin embargo, ¿conocemos en detalle cada una de ellas? No. Para eso están entonces los lobbystas, que vienen a explicar pormenorizadamente el significado de cada una de las materias. Ellos exponen sus puntos de vista, los dan a conocer. Y uno es el que decide mirando los superiores intereses del país.
Por lo tanto, se trata de un asunto controversial ya discutido. ¡Y por supuesto que lo es! Sin embargo, el Parlamento despachó el respectivo proyecto sobre el particular. Al Gobierno no le gustó y lo vetó. Con posterioridad, nosotros rechazamos el veto, y entonces el Ejecutivo optó por retirarlo y enviar una nueva iniciativa, acogiendo las variadas observaciones formuladas por los colegas Senadores y también por los señores Diputados.
Por supuesto, en algunas cosas no estamos de acuerdo. Es necesario precisarlas, como el concepto de interés individual, la definición de sujetos activos de lobby y, finalmente, el contenido y alcance de la obligación de registro de las audiencias.
Todas esas materias se deben determinar con mayor precisión a objeto de sacar una legislación altamente conveniente para la transparencia, impedir actos de corrupción y evitar en nuestro país dudas sobre el particular.
Considero muy ventajoso aprobar la idea de legislar al respecto. En eso nos encontramos hoy día. Yo voté a favor en la Comisión de Gobierno y ahora haré lo mismo en la Sala, al objeto de que podamos formular las indicaciones pertinentes y, con posterioridad, analizarlas en su mérito.
Voto favorablemente el proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, yo confieso haber realizado lobby y haber sido uno de los autores del primer proyecto sobre la materia presentado en la Cámara de Diputados.
En aquella oportunidad, tuve la posibilidad de conversar en Washington con muchos lobbystas. En Estados Unidos hay más de 8 mil de ellos inscritos. Y la actividad mueve muchos millones de dólares.
En definitiva, realicé tal gestión a propósito de la discusión de muchas iniciativas donde lo que hay es un accionar del ámbito privado para influir en la toma de ciertas determinaciones. Pero también ello existe desde la esfera social.
Uno, muchas veces, termina por acoger la solicitud de muchas organizaciones pequeñas. Es el caso de la de pescadores artesanales, quienes, al final de la tramitación de la "ley corta", lograron que la repartición de cuotas de captura fuera individual.
En esa oportunidad, se determinó que la entrega de una asignación debía considerarse como un bien general. Pero con el objeto de tener un equilibrio entre los pescadores industriales y artesanales, se acordó dividir la asignación de cuotas, y los pequeños pescadores artesanales igual recibieron un porcentaje, con lo cual el interés común al final se revirtió en uno de carácter individual.
Chile ha hecho lobby, por cierto. Pagó 6,5 millones de dólares en Washington por apurar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El fast track costó esa suma de dólares. Así lo señaló la Cancillería en su oportunidad. Además, se gastaron 14,5 millones en la defensa de las salmoneras en Europa a raíz de las acusaciones de dumping.
En definitiva, se debe buscar una regulación legal lo más eficiente posible para evitar desigualdad en la actividad de lobby, pues, pese a la legislación que se dicte, siempre va a existir. El asunto es que todos tengan igual capacidad de acceso a las autoridades públicas respecto de intereses de carácter general.
Ahora viene el debate de la normativa sobre televisión digital, que se ha postergado en innumerables ocasiones. Hay fuertes intereses económicos detrás de esta legislación. Mi propósito es respaldar a los canales regionales y a los pequeños canales comunales. Sin embargo, la definición importante estará centrada en cómo afectará la propiedad de frecuencias que hoy día tienen los únicos canales que disponen de sintonía libre.
En varias oportunidades, realizamos lobby. Recuerdo el efectuado en la Tesorería General de la República para que no quebraran los clubes de fútbol. Después aprobamos una norma para regular las sociedades anónimas. Nos interesaba evitar el desastre de tales organizaciones deportivas.
Ahora los clubes de fútbol son privados. Antes eran entidades particulares colectivas. Hoy día, Colo Colo y la Universidad de Chile son propiedad privada. En su oportunidad, trabajamos para acoger una iniciativa que permitiera la subsistencia de esos organismos. Muchos desplegamos esfuerzos para que no sucumbieran.
También hubo acción concreta cuando tratamos el proyecto de ley sobre donaciones, donde igualmente hay intereses colectivos, pero también privados, respecto de cómo se beneficia n diversas instituciones.
En cuanto a la ley de subvenciones, hubo un fortísimo lobby en todos los niveles. Al final, los colegios particulares subvencionados terminaron teniendo dueño y, además, con posibilidades de lucrar. Por cierto, muchas veces, hemos respaldado acciones que nos permitieran evaluar aquello.
En cuanto al Poder Judicial, estimo que en el proyecto hay una gran carencia de control. Solo se le obliga a llevar registro de sus reuniones. Eso podría ser muy positivo, porque más de un juez ha dicho que recibe a todo el que le solicita audiencia. Sin embargo, es bueno que quede registro de que una audiencia ha sido pedida. Lo más probable es que un número muy importante de quienes van a hablar con los jueces, ya cuando exista el requisito de registrarse, no asistan ni soliciten la reunión.
Pienso que el Poder Judicial debería estar sujeto de manera plena a la normativa, igual que la Administración del Estado y el Congreso Nacional. Porque allí -¡por favor!- también se realiza lobby. Existe, y fuerte. ¡Se hace lobby en los tribunales! En esto no hay posibilidad de dejar fuera al Poder Judicial.
En materia de registros públicos, se ha encargado la tarea al Consejo para la Transparencia; a las Comisiones de Ética del Senado y de Conducta de la Cámara de Diputados; a la Contraloría, y al Banco Central. Creo que debería incorporarse, asimismo, a la Judicatura, porque es otro Poder del Estado.
El artículo 10, relativo a los lobbystas remunerados, es bastante particular, pues establece que no podrán hacer donaciones a campañas electorales ni a campañas internas de partidos políticos.
Como el Senador señor Gazmuri ya dijo, aquí habrá que tomar una decisión: poner fin a las donaciones secretas en las campañas electorales. No hay otra posibilidad. Si hoy aprobamos esta iniciativa, que impone dicha prohibición, y persistimos en mantener una ley que permite -ahora, hoy, para las elecciones de este año- las donaciones secretas, esto es, aquellas que ni siquiera el juez en una investigación puede saber quién las hizo -ese fue el tenor del debate efectuado en su oportunidad-, el artículo 10 completo será letra muerta.
Se trata de una norma clave, del corazón del asunto, por cuanto aquí se quiere evitar la corrupción, los incentivos ilícitos que atenten contra la capacidad y el deber de la autoridad de escuchar. Porque es un deber de ella oír a las asociaciones, a las personas, a los intereses públicos y privados. Tiene la obligación de hacerlo.
La autoridad debe recibir siempre y por igual a todos. Cómo proceda después, es otra cosa; y se vincula con lo indicado por el Ministro señor Viera-Gallo. Habrá registro de las votaciones, distintos elementos para poder determinar. Pero lo que no podemos dejar de establecer de manera nítida en esta ley es que todas las personas pueden tener acceso a las autoridades para plantear sus peticiones (derecho a petición) y que en eso no cabe ningún tipo de discriminación.
Por otro lado, señor Presidente, estimo que el concepto de habitualidad (cuatro gestiones en un mes) para los efectos de la calificación de lobbysta resulta un poco absurdo, pues quienes determinan tal condición (el Consejo para la Transparencia, las Comisiones de Ética del Senado y de Conducta de la Cámara Baja, la Contraloría o el Banco Central) podrían inscribir arbitrariamente a alguien como lobbysta. O sea, si una persona viniera cuatro veces al Congreso, la Comisión respectiva podría decir "Este señor es lobbysta" y registrarlo como tal. Aunque es factible que este apele para negar tal situación, no me parece que ese sea el procedimiento más adecuado.
Considero conveniente disponer de mecanismos que permitan la existencia de registros libres. Pero establecer la habitualidad como un elemento para el concepto no resiste análisis.
En Chile hay lobbystas. Se podrá criticar mucho a Enrique Correa -yo he tenido diferencias políticas con él-, pero jamás ha negado que efectúa lobby. Lo hace abierta y públicamente. Y es bueno que así sea, porque de esa forma se sabe que hay una acción de lobby y qué intereses se están defendiendo.
En el artículo 4°, que enumera las actividades que no constituyen lobby, existe un elemento que, a mi juicio, también habrá que revisar.
Su letra j) señala: "Las asesorías a los funcionarios públicos y parlamentarios realizadas por profesionales e investigadores de asociaciones sin fines de lucro, corporaciones, fundaciones, universidades, centros de estudios y de cualquier otra entidad análoga que no represente intereses económicos específicos; así como las invitaciones que dichas instituciones extiendan a cualquier funcionario de un órgano del Estado.".
La verdad es que existe un conjunto importante de fundaciones y universidades que, en mi opinión, sí persiguen intereses específicos, en determinado concepto de vida, en cierto modo de entender las cosas, de valorar el mercado. ¿O alguien me va a decir que una asesoría realizada por la Universidad de Los Andes o la Universidad Andrés Bello estará enfocada en fortalecer el rol del Estado?
Siento que allí pecamos de ingenuidad, porque, en definitiva, hay un sesgo y un sello muy claros.
¿Sus Señorías creen que cuando INPESCA (Instituto de Investigación Pesquera) realiza una asesoría la efectúa en favor de los pescadores artesanales, en circunstancias de que es financiado por los industriales? ¡No! Lo que dicho organismo hace -y esto lo hemos vivido- es defender legítimamente los intereses del sector industrial. Por cierto, ojalá tuviéramos en Chile un centro de investigación en materia pesquera autónomo y al cual tanto el Estado como los privados pudieran requerirle información. Pero Chile está estructurado de otra manera.
En definitiva, si la letra j) desea excluir a las fundaciones, universidades, centros de estudio o cualquier otra entidad análoga, el criterio que debe aplicar es el del financiamiento. No hay otro. O sea, depende de cómo se financie. Si efectivamente una institución presenta un financiamiento del cual es posible deducir algún tipo de interés o vinculación, no puede considerarse que sus estudios no son actividad de lobby, porque tal relación la inhabilita en ese sentido.
En consecuencia, señor Presidente, voy a formular indicaciones para ayudar a definir las actividades que no constituyen lobby.
Ahora bien, tenemos un problema con las comunidades y organizaciones indígenas y las asociaciones gremiales. La libertad de asociación las obliga precisamente a defender los derechos de sus socios. Y ello, en cumplimiento de un mandato que la Constitución les establece. Hoy nosotros les estamos diciendo que su actividad no constituye lobby y que pueden desarrollarla sin ningún inconveniente.
Sin embargo, ello significa introducir un elemento de discriminación. Mientras algunas organizaciones, como las empresariales, tienen mucha capacidad de llegada, gran poder económico para efectuar un fuerte lobby presencial, otras poseen un exiguo capital para llevar a cabo dicho propósito. Y todas estarían quedando en la misma situación.
Por eso, yo buscaría otro tipo de regulación. Porque si decimos que una asociación de pequeños agricultores de la Undécima Región tiene la misma capacidad de la SOFOFA para hacer lobby, estamos engañándonos. En realidad, la capacidad de una y otra es muy diferente. Y excluir a ambas también constituiría una discriminación, porque significaría otorgar una facultad que algunas entidades podrían utilizar fuertemente, y otras, en forma muy débil.
Señor Presidente, escuché con bastante atención las opiniones de los Senadores señores Ávila y Ruiz-Esquide. No obstante, aquí nos encontramos con una realidad: el lobby existe. En tal sentido, me parece que todos los esfuerzos que hagamos por regularlo irán en la línea correcta.
En Europa no está normado. En sus parlamentos existen algunas resoluciones, pero no se ha querido llegar más allá. Menos en Inglaterra. Sí en los Estados Unidos, donde se actualiza de manera permanente.
En Chile, lo que estamos haciendo con este proyecto de ley es intentar ordenar una actividad que hoy en día, sin regulación, es ampliamente discriminatoria respecto de sectores que carecen de influencia y de capacidad de llegada sobre las autoridades en pos de sus legítimas demandas.
Por lo tanto, la iniciativa constituye un paso; no es lo óptimo, pero sí un avance.
La Presidenta presentó un veto que ha sido incorporado. Podemos mejorar el texto a través de indicaciones, pero creo que, frente a la situación actualmente existente, donde reinan la más amplia libertad y, por tanto, una gran discriminación en contra de quienes no pueden efectuar lobby, el proyecto implica un avance.
Ello implica, por ejemplo, que cuando una pequeña asociación de pirquineros de Curanilahue le pida una entrevista al Presidente del Senado para defender sus intereses en cuanto al precio que se les está pagando por el carbón tendrá que ser recibida. La autoridad deberá tomar una decisión, porque, si no la atiende y sí concede audiencia a la gran industria del carbón, a los importadores colombianos, estará realizando un acto de discriminación. Lo bueno es que, como los registros serán públicos, el afectado podrá decir: "Usted ha recibido a muchas organizaciones; yo exijo mi derecho a ser también escuchado".
El proyecto -repito- representa un avance sustantivo, aun cuando, claramente, no podrá regular el lobby ni del living de la casa, ni del club de golf, ni del partido de fútbol, porque, en definitiva, es la vida misma.
Lo que se quiere y se puede hacer con la iniciativa -es imposible que transforme o abarque toda la realidad- es avanzar en la regulación de un ámbito en el cual hoy día cada vez más Chile exige transparencia. Y el proyecto ayuda a dicho propósito.
Por eso, votaré a favor del proyecto y presentaré indicaciones cuando corresponda sobre las materias que señalé en esta intervención.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
He dicho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, entiendo que solamente quedan algunos minutos para el término del Orden del Día, así que trataré de ceñirme exactamente al tiempo que resta para expresar mis opiniones.
Estamos viendo esta iniciativa después de ya varios años, como ha sucedido con muchos otros proyectos. Es más, este es el tercer texto que discutimos sobre la materia.
En mi concepto, lo que han pretendido el Ejecutivo y también quienes tomaron la iniciativa en la Cámara de Diputados al impulsar un cuerpo legal que regula el lobby es tratar de quebrar la lógica cultural que tiene el país. Resulta bastante significativo que ello se intente por todos los medios.
Por lo tanto, es perfectamente posible plantear un cambio de la estructura cultural. Pero para que funcione una ley de esa naturaleza, se requieren modificaciones muy profundas.
Al respecto uno puede tomar dos actitudes. Una es decir: "Es absolutamente imposible que eso suceda", y la otra: "probemos".
Tengo la impresión de que quienes hemos aprobado los tres proyectos que se nos han presentado pensamos en probar la posibilidad de que haya un cambio en Chile, que no es un país anglosajón y posee una cultura muy distinta para entender la actividad pública. A pesar de ser "los ingleses de América Latina", al parecer en estas materias no estamos en condiciones de imitar siquiera a algunos de los barrios de Londres.
En consecuencia, estamos intentando hacer algo en este ámbito, como establecer que existan registros de las conversaciones entre un alto funcionario público -así lo dispone claramente la iniciativa- y alguien que pretende influir en determinado sentido o busca que, si la autoridad es un parlamentario, se apruebe un proyecto con cierta orientación. Ello está bien; pero procedamos sobre la mesa y no debajo de ella.
Durante los últimos años el lobby se ha ejercido sobre las autoridades públicas, particularmente parlamentarios, sin que nadie lo controle. Y este proyecto intenta regularlo. Eso es lo valioso.
Sin embargo, tengo la impresión de que no va a durar demasiado tiempo, porque son muchos los resquicios que se encontrarán para no aplicar estrictamente lo que disponga la ley.
Y eso lo entiendo perfectamente. Por ejemplo, es muy arbitraria la definición que aquí se hace del término "habitualidad". Desde el punto de vista de la lógica formal, yo no debiera estar a favor de dicha definición, pero la voté afirmativamente.
Lo mismo ocurre si uno lee la letra g) del artículo 2°, que define "interés individual", pues tal concepto estrictamente está en el límite peligroso de lo que denomino "tráfico de influencia". ¿Cuál es la diferencia entre interés individual y tráfico de influencia? Es muy difícil de establecer.
Sin embargo, debemos tener claro que aquí se intenta definir una de las conductas más particularmente delicadas que existen en una relación, como es la que se establece cuando se pretende influir en los órganos del Estado.
Resultan curiosas, además, las excepciones establecidas en el artículo 4° del proyecto. Si uno analiza con atención esta norma, advierte que son muy pocas las entidades y personas que podrán realizar lobby. Porque se deja fuera una cantidad importante de organizaciones. Pero eso fue producto de la discusión que tuvimos aquí en el Senado. Por tanto, estoy de acuerdo con ello. La idea es dar mayor claridad y precisión a la ley.
Todas las excepciones que se consignan en el artículo 4° corresponden, en gran parte, a instituciones que en otras sociedades y otros países ejercen lobby sin ningún problema y no se sienten afectadas si se les trata como entes que lo realizan.
En consecuencia, señor Presidente, tengo la impresión de que el proyecto es un paso interesante en la perspectiva de dar mayor transparencia a la actividad pública, de dotar de principios éticos-morales a las relaciones entre las personas que quieren influir -legítimamente, por cierto, y así lo establece la iniciativa de ley- en una decisión que les puede afectar directa o indirectamente.
Me parece bien que se excluya del lobby a las organizaciones gremiales, particularmente a las entidades que son legitimadas por el voto popular. Todo aquel ciudadano de una organización, un sindicato o una corporación de empresarios que es elegido por votación, cuando defiende los intereses de su entidad, en mi opinión, no está ejerciendo lobby. Y ello quedó claramente establecido en todas las excepciones que Sus Señorías pueden ver en el artículo 4°.
Otro tanto sucede con relación al registro de lobbystas. Considero adecuado que el Senado tome una decisión en cuanto a si es bueno o no que sea la Comisión de Ética de la Corporación la que lleve un registro de quienes van a ejercer lobby en nuestro país, una vez promulgada la ley, si así lo determina el trámite legislativo.
En mi opinión, no van a ser más de cuatro o cinco las entidades que efectivamente se inscribirán como lobbystas en el Parlamento. Dudo que sean muchas más. Y ello habla bien de esas personas, porque han entendido la naturaleza de una ley que claramente será imperfecta y que, tal vez, no tendrá todos los alcances que hubiésemos querido.
En definitiva, hemos hecho un gran esfuerzo todos quienes hemos estado involucrados en el estudio de este asunto, que fue una petición que se formuló, según recuerdo, a principios del Gobierno del Presidente Lagos, en orden a buscar una mayor transparencia en la gestión pública y a dotar a esta de principios éticos y morales superiores.
Por esa razón, he votado varias veces a favor, y espero que esta sea la última.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, desde el año 2003, cuando el Ejecutivo envió el primer proyecto al Congreso, hemos estado tratando -por decirlo de alguna manera- de legislar con relación al lobby. Cuando fue posible hacerlo en profundidad, lamentablemente, la iniciativa que despachamos tenía tantos vacíos que el Gobierno tuvo que retirarla, porque ni con el veto se lograba mejorar.
En ese sentido, el hecho de que hasta hoy día el Parlamento no haya aprobado ninguna ley que regule dicha actividad en el país nos ha causado, como legisladores, como autoridades y como personas dedicadas a la actividad política, un tremendo daño. Creo que no hemos quedado en buen pie, porque, dentro de ese mundo oscuro, como se pinta al lobby, obviamente también entramos nosotros.
Mucha gente piensa que sostenemos conversaciones dudosas; que a veces votamos por determinados intereses, fruto de reuniones que nadie sabe dónde ni cómo se realizan ni de qué temas tratan.
Por consiguiente, pienso que nuestra actividad es cuestionada de alguna manera por no haber una Ley del Lobby. Yo soy partidario de que exista, señor Presidente. Mientras más trasparentes sean todas nuestras labores, mientras se sepa a quiénes recibimos y con quiénes dialogamos, más sano será para nuestra convivencia y para el país que queremos construir.
Pero en la medida en que todo ello esté en una nebulosa, esa realidad se torna poco clara y poco entendible para muchos. De hecho, cuando se habla de lobby -hoy día es una palabra muy usada-, resulta bastante amplio el espectro de personas que lo practican, ya sea en forma individual o como organizaciones propiamente tales. Incluso más, quienes participan del lobby no se reconocen como tales, pues dicen que defienden intereses determinados pero no se sienten formando parte de un trabajo de esa naturaleza.
Por eso, en la medida que definamos claramente qué es o qué no es el lobby, será de gran importancia para toda la actividad que nosotros desarrollamos.
Me habría gustado que el esfuerzo hecho por el Gobierno en términos de plantear una nueva iniciativa hubiera despejado muchas dudas, pero creo que vuelve a acentuar y generar inquietudes en relación con determinadas definiciones que aquí se consignan. Y, por cierto, será necesario y fundamental corregirlas.
Al respecto, solo quiero poner un ejemplo.
Se ha señalado con mucha fuerza -y comparto esa opinión- que los lobbystas deben ser remunerados, por cuanto se dedican a esta actividad como un negocio propiamente tal. Y eso me parece bien, porque el margen de acción de otro tipo de personas, sin fines económicos, a pesar de que por sus planteamientos puede entenderse así, está motivado por un interés mayor.
Por ejemplo -y lo conversaba hace un rato con el Senador señor Gazmuri-, uno podría sostener que algunos institutos de pensamientos hacen lobby por cuestiones ideológicas, lo que es muy distinto. Es decir, se mueven por una matriz ideológica, no por fines económicos. Porque se podría decir: "Mire, el instituto tal hace lobby". ¡Claro que lo hace! Pero obedecen a una ideología o pensamiento determinado y a cómo ellos visualizan, desde su óptica, ciertas leyes.
No obstante, tal situación es distinta de la de aquellas personas sin motivaciones ideológicas, que el día de mañana pueden defender intereses absolutamente contrapuestos, ya sean de Derecha, de Centro o de Izquierda, toda vez que su motivación es meramente económica. Por eso, no tienen inconveniente alguno ni constituye un drama para ellos el representar hoy día a empresarios y, mañana, a sindicatos. No media una cuestión ideológica de su parte, sino claramente un incentivo económico.
Para mí es preocupante que ese mundo hoy día opere sin regulaciones, porque sin duda obedece a motivaciones distintas.
No pretendo descalificar a quienes se dedican a esta actividad. Pero estimo conveniente que el accionar de ese grupo de personas, que claramente persiguen fines o intereses económicos al realizar dicha labor, quede muy bien regulado, así como la forma como se desenvuelven y cuáles son sus contactos, a diferencia de ese otro tipo de instituciones cuya motivación, por cierto, no radica en fines económicos, sino más bien en un planteamiento político.
Por esa razón, comparto el nuevo concepto de "habitualidad" que sugiere el proyecto.
Habrá que subsanar algunas cuestiones que probablemente surgirán en la discusión particular. E igualmente, en esa instancia, tendremos que analizar lo que se plantea en cuanto a intereses individuales, concepto que requerirá definirse en mejores términos y no como se ha propuesto.
En razón de ello, señor Presidente, y dado que esta ha sido una discusión de varios años, creo que repetir los argumentos que hemos vertido en otras ocasiones no viene al caso. Pero sí soy absolutamente partidario de que tengamos una normativa sobre el lobby, pues lo considero fundamental.
Mientras más transparentes sean nuestras actividades, mientras más se conozcan nuestras conexiones y reuniones, más contribuiremos al prestigio de la actividad que hoy día desarrollamos de manera -yo diría- casi profesional.
Por todas estas consideraciones, voto a favor del proyecto.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba la idea de legislar (30 votos contra 2 y 2 abstenciones), y se fija como plazo para presentar indicaciones el lunes 9 de marzo, a las 12.
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores Allamand, Arancibia, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Flores, Frei, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Núñez, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
Votaron por la negativa los señores Ávila y Ruiz-Esquide.
Se abstuvieron la señora Matthei y el señor Ominami.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Terminado el Orden del Día.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor CANTERO:
Al señor Ministro de Salud, acerca de IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD SOBRE PREVENCIÓN DE CÁNCER A LA PIEL. Al señor Secretario Ministerial de Educación de la Segunda Región, solicitándole informar respecto de INVERSIÓN EN ESCUELA VICTORIANO QUINTEROS SOTO DE COMUNA DE TALTAL. A los señores Secretario Ministerial de Salud y Director del Servicio de Salud de la Segunda Región, remitiéndoles INFORMACIÓN SOBRE PRESUNTA MALA ATENCIÓN EN HOSPITAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA.
Del señor HORVATH:
A los señores Ministro de Obras Públicas e Intendente de la Región de Aisén, solicitándoles ABASTECIMIENTO PERMANENTE DE AGUA POTABLE EN PUERTO AGUIRRE. Al señor Ministro de Salud, a la señora Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y a los señores Subsecretario de Pesca, Director Nacional de SERNAPESCA y Director General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, demandándoles ADOPCIÓN DE MEDIDAS ANTE GRAVE CONTAMINACIÓN DE AGUAS EN REPOLLAL, COMUNA DE LAS GUAITECAS. Al señor Director Nacional de la Policía de Investigaciones, pidiéndole DESTINACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DICHA INSTITUCIÓN EN PASO FRONTERIZO PALLAVICINI, COMUNA DE PUERTO IBAÑEZ (todos de la Región de Aisén).
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El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Unión Demócrata Independiente, que no hará uso de su tiempo.
Ofrezco la palabra al Comité Renovación Nacional.
El señor MUÑOZ BARRA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
¿Usted intervendrá en el de Renovación Nacional, señor Senador?
El señor MUÑOZ BARRA.-
Dicho Comité, con mucha cordialidad y como ha sido costumbre entre nosotros, me ha cedido su tiempo.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Muy bien.
Tiene la palabra, Su Señoría.
CRISIS AGRÍCOLA EN LA NOVENA REGIÓN. OFICIOS
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, los agricultores de la Región de La Araucanía, a la que represento en el Senado, están desesperados por lo que hoy día está sucediendo con nuestra agricultura tradicional, cuya crisis -como todos sabemos- va en aumento.
Hoy día, en plena cosecha -así lo he podido constatar en mi Región- el agricultor se encuentra con una serie de factores que lo afectan gravemente en su futuro como tal y como empresario, pues en la siembra correspondiente al 2008 se ha producido un incremento de los costos por hectárea en todos los cultivos.
Por ejemplo, entre los insumos más importantes en los cultivos tradicionales se hallan los fertilizantes, los cuales representan un 60 por ciento del costo total. Debido al incremento de la superficie sembrada a nivel mundial, principalmente de maíz y de cultivos destinados a la producción de biocombustibles, y al aumento de los precios, se generó una mayor demanda de fertilizantes y, por lo tanto, un alza superior al ciento por ciento en el precio de ellos.
Como antecedente concreto, cabe mencionar que una tonelada de fosfato monoamónico durante el año 2007 costaba 255 mil pesos; en el 2008, ese valor subió a entre 600 y 800 mil pesos.
Por ejemplo, una tonelada de urea, que durante el 2007 costaba 240 mil pesos, llegó al rango de entre 400 y 600 mil pesos.
Todo ello trajo como consecuencia un endeudamiento generalizado de los agricultores no solo con la banca, sino también con los distribuidores de insumos agrícolas, sobre todo en el contexto de que los afectados siempre pensaron que los precios se mantendrían estables por un par de años, tal como anunciaban los entendidos.
Como es sabido por todos, el incremento de los precios mundiales afectó a otro insumo de gran importancia en la agricultura como es el petróleo, perjudicando a los agricultores en sus costos, pues toda la maquinaria que emplean se mueve con dicho combustible.
Además del aumento en el precio de los fertilizantes y del petróleo, se produjo también un incremento en el precio de los agroquímicos y las semillas utilizadas en las siembras. Indudablemente, los más afectados son los pequeños agricultores que compraron a mayores precios, y también los productores más grandes quienes hicieron un tremendo esfuerzo económico, arriesgando un mayor endeudamiento para sembrar la misma cantidad.
Ello produjo que los costos por hectárea de trigo se incrementaran desde 600 mil pesos a un millón de pesos promedio, como mínimo. Repito: el costo de sembrar una hectárea de trigo era de 600 mil pesos; hoy día alcanza, en promedio, a un millón de pesos mínimo.
En la agricultura se trabaja con seres vivos dependientes principalmente del clima. El productor siempre estará expuesto a correr riesgos de heladas o lluvias intensas que afectan a los cultivos, provocando desgrane, tendeduras o la muerte de los granos.
Pero hay un factor que incide y que hace la diferencia con otros países, principalmente con nuestros vecinos: el origen de nuestro suelo.
Desgraciadamente, Chile, por su cadena volcánica, al igual que Nueva Zelanda, Japón, Australia, tiene suelos derivados de cenizas volcánicas, enriquecidas con aluminio, elemento mineral tóxico para el desarrollo del sistema radicular de las plantas, ya que inhibe la multiplicación celular, el crecimiento de las raíces a través de las cuales se alimentan de los nutrientes del suelo. Además, este problema debe ser solucionado por medio de las enmiendas calcáreas, lo que involucra un incremento del costo de siembra por parte del agricultor, a diferencia de lo que sucede en Argentina, cuyos suelos agrícolas cuentan con pH neutros y carecen de aluminio.
Pero el tipo de suelos que tenemos no solo afectan al sistema radicular de las plantas, sino también a los fosfatos que se aplican como fertilizantes, los cuales son de alto costo. En Argentina, Europa, América del Norte, al no tener aluminio en sus suelos, las dosis de fósforo son cinco veces menores que lo usado en nuestro país. Esto se debe a que el aluminio se une al fósforo que aplicamos como fertilizante y lo fija, no quedando disponible para la planta, ya que en la unión se forma fosfato de aluminio, que esta no es capaz de absorber o de aprovechar y que el suelo no puede entregar.
Como antecedente, en toda la zona sur, de cada 100 kilos de fósforo que se aplican, solo 8 a 14 kilos son aprovechados por la planta o su sistema radicular y el resto es fijado por el suelo. Aquí está la gran desventaja de nuestro suelo y la razón del mayor costo de producción que tenemos. Australia, Nueva Zelanda, Japón implementaron un programa especial en que bonificaban las aplicaciones de fosfatos para que sus agricultores pudieran competir, e impulsaron un sistema de aumento del pH de sus suelos, con el fin de mejorar la eficiencia de lo que ellos aplicaban como fertilizantes fosfatados.
También evidenciamos otro problema en los suelos del sur: que por las bajas temperaturas promedio la mineralización de los residuos es lenta. Y esto es afectado, además, por la acidez del suelo, que disminuye la descomposición de los rastrojos y materiales orgánicos y produce un menor aporte en nitrógeno. Debido a ello, en Chile debemos aplicar mayores dosis que los argentinos, cuyos residuos se descomponen en dos o tres meses, logrando así aportes naturales de nitrógeno para la alimentación de sus cultivos. Esto se demuestra por sus porcentajes de materia orgánica, que no van más allá de 2 por ciento, al igual que en Europa.
Es efectivo que en Chile tenemos mejores temperaturas promedio que en Argentina, lo cual nos debiera permitir alcanzar mejores rendimientos, pero ello solo es posible solucionando el problema de la acidez del suelo. Y eso se logra con enmiendas calcáreas, que involucran un mayor costo por hectárea. Además, el problema de nuestros suelos es que están afectando a todo el rubro ganadero, que también requiere fósforo y nitrógeno y enmiendas calcáreas para lograr incrementos en la producción de leche, lo que no pasa con nuestros vecinos, cuyos pastos crecen sin necesidad de aplicar fertilizantes o, si los aplican, es solo un quinto de lo que nosotros aportamos.
Lo grave de la situación agrícola es que con los costos de siembra del año 2008 -por el incremento de los precios de los fertilizantes, del petróleo y de los agroquímicos-, que alcanzan al millón de pesos por hectárea en el cultivo de trigo, si su precio es de 14 mil pesos el quintal, como se está pagando, las pérdidas serían dramáticas, ya que producir una hectárea de trigo representaría unos 70 quintales métricos, lo cual arrojaría una pérdida de 300 mil pesos por hectárea para un rendimiento de 50 quintales promedio, trayendo ruina y cesantía a la región y afectando no solo a los agricultores sino también a distribuidores, al rubro transporte, al comercio y a todo ente relacionado con la agricultura.
No solo el precio del trigo es inferior al del año pasado: el de otro cultivo también importante en la zona, como la avena, fue de 18 mil pesos el quintal el año anterior y hoy día solo están comprando a 8 y 9 mil pesos el quintal.
Debido a la falta de agua en primavera -octubre, noviembre y diciembre-, que es cuando se determina el número de granos por espiga y el peso de los granos, ha habido un menor rendimiento en la totalidad de los cultivos, lo que trae como consecuencia que la producción no alcanza a cubrir los costos, ocasionándose una pérdida de capital y una insolvencia por parte de los productores, tanto pequeños como grandes, si el precio del trigo se mantiene en los 14 mil pesos por quintal. No debemos olvidar que en la temporada anterior aquel alcanzó los 24 mil pesos por quintal. Es decir, hoy día los molineros están ofreciendo 10 mil pesos menos por quintal. Y el precio de internación actual es de 19 mil 500 pesos por quintal. En este sentido, la molinería ha cometido una injusticia inexplicable al no pagar por lo menos 18 mil pesos por quintal, lo mismo que el trigo importado. Ellos presionan importando trigo en los meses de diciembre y enero, con el fin de bajar el precio al agricultor, pues la molinería está en pocas manos y no hay un ente que regule adecuadamente estos abusos.
No debemos omitir que resulta indispensable cuidar de nuestra agricultura, pues se están produciendo cambios climáticos que podrían causar desastres naturales que afecten la producción de cereales. Y, aunque se tengan los recursos para comprar en el exterior, no será posible hacer esto último, porque los países que tienen conciencia agrícola y han pasado hambres por guerras o catástrofes no venderán su alimento para solucionar problemas de países inconscientes, que no piensan en el futuro alimenticio de su población.
Argentina es un ejemplo de lo anterior, pues el año pasado, con el fin de tener abastecida a su población de pan barato, pararon las exportaciones y no vendieron más trigo. Las reservas mundiales han ido bajando y no podemos destruir nuestra agricultura tradicional, pues en caso de catástrofe nadie venderá el insumo del principal alimento de la población mundial como es el trigo.
Solicito, por tanto, el apoyo para los agricultores desde la Sexta Región al sur en esta situación que los aqueja. Entiendo que es difícil su conocimiento por parte de todos los sectores del país. Pero sé que en el Senado, por lo menos, existe una clara convicción sobre esta materia.
Hoy día me informaba un funcionario del Ministerio de Agricultura que se publicó, con fecha 7 de enero, el derecho antidumping, que grava en 30,3 por ciento las importaciones de trigo originarias de Argentina. Esto sería por el plazo de un año. Pero, al conocer esta información los agricultores, me plantearon que resulta indispensable vigilar mucho más las aduanas, porque, de una u otra manera, está pasando trigo argentino hacia Chile, sin que se respete, a veces, en forma taxativa este derecho antidumping. Además, basta que a un quintal de harina se le coloque una pequeña cantidad de sal para que pase como mezcla. De manera que, por esa vía, se sigue distorsionando el mercado nacional.
Por tales razones, señor Presidente, pido que se haga llegar mi intervención a la señora Ministra de Agricultura y a los señores Ministros de Hacienda y de Economía.
Muchas gracias.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Los Comités Independientes y Socialista no harán uso de sus tiempos.
En el turno del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
DRAMÁTICA SITUACIÓN DE PALESTINOS EN FRANJA DE GAZA. OFICIOS
El señor SABAG.-
Señor Presidente, hace poco menos de 70 años el mundo sufrió el doloroso impacto de un hecho irracional, impropio de seres humanos, que se conoce como "el Holocausto judío". Millones de personas fueron privadas de sus vidas recurriéndose a las formas más sofisticadas de tortura para causarles sufrimiento por el solo hecho de ser hijas de Israel.
El recuerdo de ese drama sigue hoy vivo, porque está marcado a fuego en el alma misma de la Humanidad, como ocurre con muchas otras tragedias que ha padecido el hombre en distintas épocas.
Está bien que el recuerdo permanezca, para que todos sepamos, nos convenzamos y hagamos el firme propósito de contribuir a que ese tipo de brutalidades no se repitan sobre el planeta mientras haya viva una sola persona dotada de inteligencia, razonamiento y equilibrio mental.
Pero, señor Presidente, no dejan de tener razón quienes, estudiosos de las conductas de las personas, critican que el ser humano es el único que tropieza dos veces con la misma piedra, pese a su condición de inteligente.
Hoy el mundo moderno, el mundo del siglo XXI, orgulloso de sus adelantos tecnológicos, de sus avances en la carrera espacial, ve con espanto, con dolor y desgraciadamente, hasta ahora, con impotencia cómo, frente a los ojos de todos, se masacra al pueblo palestino, víctima en esta ocasión de una batalla entre las Fuerzas Armadas de Israel y la organización Hamas, en la Franja de Gaza.
Las informaciones hablan de una guerra entre ambas partes. Pero todos sabemos que se trata de una lucha absolutamente desigual. El Ejército de Israel, uno de los más poderosos del mundo, justificándose en algunas acciones violentas que ha lanzado Hamas contra su territorio, lleva a cabo una incursión aérea y terrestre desplegando una fuerza bélica infinitamente superior al ataque que recibe. Así, según nuestro ordenamiento jurídico, el principio de la legítima defensa propia no encuentra asidero legal; por lo tanto, no se podría exhibir como argumento.
Tal justificación se diluye por su falta de peso y realismo. Hablamos de uno de los ejércitos más poderosos del mundo, que hace frente con todo su potencial a los ataques de Hamas, los cuales se caracterizan por la debilidad del armamento usado: su capacidad de ataque queda reducida a niveles casi ridículos, comparada con la de Israel.
¿De qué respuesta estamos hablando, entonces? No existe en absoluto equilibrio de fuerzas.
Esa desigualdad y la ferocidad de las incursiones del Ejército israelí en territorio palestino dan origen a lo que hoy contempla el mundo entero, incluidos nosotros: una masacre que pudiera estar concebida para aniquilar a Hamas, pero que se desarrolla de manera tan brutal y ciega que prácticamente arrasa todo lo que se pone por delante, así sean niños, mujeres, ancianos en asilos, enfermos en hospitales o familias en sus hogares.
El Holocausto de ayer lo conocemos por los relatos de la historia y algunos testimonios de sobrevivientes. El que ocurre hoy podemos verlo en directo gracias al monumental desarrollo de las ciencias y la técnica de las comunicaciones. Lo que está sucediendo ahora, en estos mismos momentos, en la Franja de Gaza contra los palestinos no es necesario que lo cuente alguien, porque podemos conocerlo a través de las informaciones audiovisuales que llegan al centro mismo de nuestros hogares.
Mayor es el horror de lo que ocurre si pensamos que quienes llevan adelante esa masacre contra habitantes de la Franja de Gaza son descendientes de las mismas familias que sufrieron en carne propia la tragedia del Holocausto hace casi 70 años en Europa y que despertaron el apoyo solidario de toda la Humanidad.
¿Qué ocurre ahora?
Actualmente es la Franja de Gaza el tétrico escenario del martirio que padecen miles de familias palestinas.
Desde hace cien años se prolonga ese conflicto. El poderoso Ejército de Israel ha penetrado antes en tres ocasiones por la fuerza al territorio de Gaza. Así lo hizo en 1948, cuando casi lo capturó. Consiguió capturarlo en 1956, como resultado de un plan secreto entre Gran Bretaña y Francia para derrotar a Gamal Abdel Nasser, Presidente de Egipto, y restituir el control del Canal de Suez a Inglaterra. Volvió a invadir aquel territorio en 1967, con ocasión de la llamada "Guerra de los seis días", y se quedó 38 años en esa zona, para retirarse en forma unilateral hace solo tres años y medio.
He hablado de aquel conflicto, que se prolonga por cien años, recordando la publicación del domingo recién pasado, en Chile, de un análisis realizado por el diario "The Economist" acerca del problema en comento, donde se relata que en 1909 grupos del movimiento sionista se armaron para proteger sus nuevas franjas y aldeas en Palestina de los merodeadores árabes. Agrega la publicación que desde entonces ha habido una hilera espantosa de guerras: 1948, 1956, 1967, 1973, 1982, 2006 y, ahora, 2009.
Cada una de tales acciones bélicas se ha caracterizado por su crueldad y encarnizamiento. Los períodos intermedios tampoco han sido de paz. Todo esto, ante los ojos espantados de un mundo que observa, casi sin poder creer, que la realidad en este caso supera por mucho a las más violentas acciones que es factible ver en el cine.
Señor Presidente, no quiero caer en tropicalismos ni en conceptos exagerados. Sin embargo, los hechos que vemos todos los días, lo que cuentan los testigos, lo que hemos conocido a través de los diferentes caminos me permiten señalar que pareciera que se busca aniquilar por completo a un pueblo como el palestino, hacerlo desaparecer, borrarlo del mapa, tras la excusa de que se persigue a los terroristas de Hamas. Pero creo que ni siquiera esto podría justificar una ofensiva bélica tan gigantesca y encarnizada como la que en estos días se ha lanzado sobre las familias de la Franja de Gaza.
En todo el mundo se habla, defendiéndolo en forma permanente y sin lugar a duda alguna, del respeto a los derechos humanos, es decir, del respeto a la persona humana, quienquiera que sea, de dondequiera que provenga y sin distingo ni discriminaciones de ninguna especie.
Frente al verdadero genocidio que se verifica en la Franja de Gaza en estos días, surgen inevitablemente las preguntas: ¿Dónde están los derechos humanos de esas familias? ¿Dónde está ese respeto que proclaman casi a diario en el mundo entero los más prestigiosos líderes de todos los países?
Sería absurdo insinuar siquiera la pregunta sobre si las familias de la Franja de Gaza no tienen derecho a que se les respeten sus derechos humanos.
¿Y qué ocurre con Israel, señor Presidente?
¿Acaso quiere repetir hoy con Hamas y el pueblo palestino el Holocausto que sufrieron sus antepasados hace casi 70 años y que atrajo hacia ellos la solidaridad de todo el mundo y generó el repudio por siempre a quienes en esos años llevaron a cabo tal masacre?
¿O acaso solo aquel Holocausto merece el repudio de todos nosotros y no también lo que está sucediendo en la Franja de Gaza?
Me parece que detrás del horrible drama que vivimos actualmente por lo que ocurre en el Medio Oriente y que nos causa profundo dolor, hasta desgarrarnos el corazón, especialmente a quienes llevamos en nuestras venas sangre de esos pueblos hoy martirizados, hay inconsecuencias, hipocresías, engaños y mentiras gigantescas que deben avergonzarnos a todos, y en particular a los organismos internacionales encargados de poner orden cuando existen conflictos de aquella magnitud.
Cuanto se ha obrado hasta ahora y lo que se ha intentado realizar ha sido en vano. Da la sensación de que se habla a agresores que han perdido el ejercicio de todos sus sentidos: no ven, no oyen, ni siquiera sienten algo. Es como si la furia y el empecinamiento en su propia fuerza les hubiera quitado la capacidad de escuchar al resto del mundo y observar con serenidad lo que están haciendo.
El repudio mundial que se cierne sobre las acciones de Israel en la Franja de Gaza parece ser ignorado por sus autoridades. Es como si tuviesen solo una meta: aniquilar a una organización, y con ello, a un pueblo entero, pese a quien pesare.
Es usual que aquel que no comparte las políticas bélicas de Israel sea tachado de antisemita y se arriesgue a cargar con este verdadero estigma de los tiempos modernos por la sola razón de no estar al lado de quienes sufrieron el Holocausto.
Me parece que ya es hora de preguntarnos: ¿Hasta cuándo vamos a seguir con este juego? ¿Hasta cuándo el mundo va a permitir que se continúe usando el drama del Holocausto, que todos repudiamos, para avalar y justificar cualquier acción, por abominable que sea?
El Holocausto judío es un drama que nos avergüenza como especie humana. Nadie que haya visitado los campos de concentración que se usaron en esos años puede entender cómo fue posible tal barbarie, cómo el mundo no fue capaz de evitar que a millones de seres se los aniquilara de la peor manera en medio del silencio de toda la Tierra. Hoy seguimos condenando esos hechos, vergonzantes para nuestra condición de seres humanos, y la inmensa mayoría tiene extremo cuidado de no aparecer simpatizando con alguna de las ideas del nazismo.
¿Hemos aprendido esa lección? ¿La aprendió el mundo?
En la actualidad contemplamos el drama y la tragedia de los palestinos en la Franja de Gaza. ¿Nos daremos cuenta varias décadas después de que esos hechos, que avergüenzan a la especie humana, sucedieron mientras nosotros éramos habitantes contemporáneos del planeta?
Cuando se habla de masacre, de drama, de holocausto y de genocidio para describir lo que ocurre en la Franja de Gaza, nadie está cayendo en exageraciones ni en conceptos impropios. Se trata de una realidad que, por ser tan cruda y dolorosa, muchos parecieran preferir ignorar.
Cito un relato efectuado hace pocos días por una periodista chilena, Paola Dragnic, de familia croata, quien estuvo dos años en Palestina.
Estudiosa del tema, señala: "No hay libro que uno lea y no hay imágenes que uno vea que puedan graficar lo que ahí sucede. Uno puede ser un experto en la materia, pero si no se ha pisado ese suelo, si no se ha respirado ese aire, si no se ha palpado esa miseria, es imposible llegar a comprender el lento genocidio que ocurre en esas tierras".
En otra parte expresa: "No hay que tener miedo. Condenamos el holocausto judío y hoy condenamos oportunamente el holocausto palestino".
Y agrega: "Ir a Palestina, entrando por Tel Aviv, es una experiencia demoledora y desde entonces es imposible no sentir una cuota de responsabilidad al ser cómplice de esa masacre, por no hablar".
Señor Presidente, considero que denunciar lo que ahora acontece en la Franja de Gaza, condenar y repudiar las masacres que llevan a cabo los militares de Israel contra los indefensos palestinos no es hacer gala del tan manoseado antisemitismo, sino ponerse del lado de los más débiles, de los que sufren, y denunciar ante la faz del mundo a quienes abusan del poder, de la fuerza, y hacen trizas los derechos humanos reclamados desde todas partes.
"La tierra prometida" -afirma Paola Dragnic- "es hoy un cuadrillé de pueblos enmarcados en un muro de más de 8 metros de altura que zigzaguea el suelo y forma ghettos palestinos, de donde no hay salida. Apiñados, los palestinos quedaron en algunos pueblos sin conexión entre sí, muchas veces sometidos al ímpetu de los israelitas, que deciden qué puede entrar a ese ghetto y qué puede salir, incluso la comida".
Señor Presidente, estimo necesario poner el acento en situaciones puntuales que vive allí la gente para darnos cuenta cabal del tipo de tragedia y genocidio de que hablamos.
Y la mencionada periodista continúa: "Si tu padre quedó en el pueblo del frente podrás visitarlo escasamente y previa autorización. Entonces tendrás que hacer una larga fila, entre dos rejas, como las vacas camino al matadero, ingresarás a una pequeña habitación, sacarás toda tu ropa, serás humillado sin derecho a pataleo en tu propia casa y alguien te gritará en hebreo, detrás de un vidrio, si es correcto lo que estás haciendo. Si no, pueden apresarte y te llevarán a otra habitación, quién sabe con qué fin".
Es difícil, frente a estos relatos y otros que hemos conocido a diario, no preguntarse si las personas que sufren tales vejámenes, cuando no son arrolladas por las fuerzas de artillería y el poderío de todo un Ejército, no son seres humanos.
¿No son seres humanos quienes viven en la Franja de Gaza, las más de mil personas que a estas alturas han caído muertas a consecuencia de los ataques militares y las más de tres mil que se encuentran heridas?
¿O vamos a caer en el manido juego de que los derechos humanos son respetables solo para un tipo de personas y se hacen más relativos en el caso de otras?
Juzgo que el mundo en su conjunto debe decir que no a esa masacre, a tales abusos. No podemos permitir que quien tiene la fuerza y el poder, aunque no la razón, siga imponiendo sus reglas a los demás sobre la base del abuso, los excesos y el dominio sin contrapeso, mientras el resto de la Humanidad se muestra impotente e incapaz de detener los sangrientos episodios que amenazan con devastar a todo un pueblo.
Las noticias que llegan del Medio Oriente desde hace más de dos semanas nos hablan de bombardeos a escuelas con niños y profesores en su interior.
Asimismo, nos informan de la muerte de diez o más dirigentes de Hamas.
¿Pero cuántas mujeres, cuántas madres de familia, cuántos niños, cuántos ancianos, cuántos hogares de inocentes tienen que caer para que Israel cumpla su objetivo?
En los bombardeos que se han realizado y en la invasión terrestre llevada a cabo no se ha respetado nada. Pareciera que la consigna es hacer tabla rasa de todo lo que encuentran a su paso. No se han respetado instituciones civiles, casas de culto, hospitales; ni siquiera dos escuelas de las Naciones Unidas.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
¿Me permite, señor Senador?
Ha concluido el tiempo de su Comité.
Podría ocupar parte del correspondiente al Comité Mixto.
¿Cuántos minutos necesita para terminar?
El señor SABAG.-
Cuatro, señor Presidente.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Muy bien.
Puede continuar, Su Señoría.
El señor SABAG.-
Muchas gracias.
Señor Presidente, en medio del drama, suenan como un chiste cruel las declaraciones formuladas en los últimos días por el Primer Ministro israelí: "Estamos cerca de cumplir el objetivo¿".
¿Qué hacer para detener esa tragedia, que se verifica frente a los ojos de todo el mundo?
La respuesta sigue siendo la misma pregunta: ¿Cómo detener esa masacre y quién puede hacerlo?
Da la sensación de que aquí el mundo que clama por justicia y humanidad se enfrenta contra quienes, a pesar de sus muchos discursos y rasgaduras de vestiduras, solo responden con el uso y abuso del poder y de la fuerza. Se diría que para ellos el respeto a los derechos humanos, el valor de la paz, los principios más nobles que rigen al mundo solo tienen vigencia en los discursos pronunciados desde las grandes tribunas internacionales para aparecer ante la faz de la Tierra como los líderes de los más grandes fundamentos de la convivencia pacífica entre los pueblos, aunque fuera de esos enormes escenarios lleven a cabo cuanto les plazca con tal de mantener la hegemonía y el dominio que los hace sentirse superiores.
Señor Presidente, creo oportuno recordar que Chile, a través de sus distintos gobiernos, ha participado en forma directa e indirecta en la solución de problemas como el que afecta hoy a Palestina.
Recuerdo que la Cámara de Diputados, en sesión extraordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2002, analizó el asunto y acordó pedir al Presidente de la República de la época iniciar una ofensiva diplomática internacional para buscar una solución al conflicto del Medio Oriente.
En el marco de esa solicitud, Chile, actuando en conjunto con Brasil, buscaron una participación directa. Y, así, lograron ser los dos únicos Estados no árabes con un asiento permanente en la Liga de Estados Árabes.
El Gobierno anterior al actual envió también a su Canciller a Ramallah con una invitación al Presidente de Palestina, Mahmud Abbas, quien visitó nuestro país en mayo de 2005. En esa ocasión quedó ratificado el irrestricto apoyo de nuestro país a la legalidad internacional que ampara a los pueblos, entre ellos el palestino.
Nuestro Gobierno participó también, en mayo de 2006, en la Primera Cumbre Árabe-Sudamericana, realizada en Brasilia, con presencia de Jefes de Estado: 22 de naciones árabes y 12 de Sudamérica. Chile estuvo representado por quien a la sazón era su Presidente: don Ricardo Lagos. Allí se suscribió la Declaración de Brasilia, donde se ratifica el derecho de los pueblos a resistir la invasión extranjera, como ocurre con los territorios ocupados de Palestina, entre otros acuerdos a favor de la causa de este país.
El propio Presidente Lagos, cuando ofreció una conferencia de prensa junto con su par de Estados Unidos, George Bush, con motivo del término del APEC 2004, reconoció ante los periodistas que había solicitado en privado al Mandatario norteamericano resolver el problema palestino, por ser el causante de más inestabilidad en el mundo.
Queda claro que los gobiernos de nuestro país han tenido participación activa en las gestiones internacionales para buscar una solución al conflicto palestino, que tanto dolor nos provoca a quienes a la distancia conocemos de él. Es fácil imaginar y cuantificar el padecimiento de aquellos que sufren ese drama en carne propia.
Chile se ha jugado en todo tiempo por el respeto sagrado a los derechos humanos. Acontecimientos relativamente recientes ocurridos en nuestro territorio, donde se violaron en forma flagrante y brutal esos principios, no han hecho sino sensibilizarnos más a todos los chilenos respecto a la necesidad irrestricta de luchar cada día y en todo momento por la vigencia y el respeto absoluto de tales derechos, cualquiera que sea la persona involucrada en ellos. Así se establece en nuestra propia Constitución Política.
Quizás por eso nos duele tan profundamente como pueblo lo que les está sucediendo a las familias palestinas en la Franja de Gaza. Allí se verifican cada día, a cada instante, violaciones flagrantes a los más sagrados derechos humanos. Allí se consuma una transgresión, a vista y paciencia de todo el mundo, de los principios fundamentales del Derecho Internacional, en los cuales se basa nuestra Constitución.
Por eso, creo que nuestro país, frente al conflicto entre Israel y Hamas, debe reafirmar su tradicional política de defensa de la paz, de la legalidad internacional y del respeto a los derechos de las personas.
Nuestras autoridades, en representación del pueblo chileno, deben requerir con urgencia a las partes en batalla el cese inmediato de las acciones bélicas y la entrega de poder a la comunidad internacional para alcanzar un avenimiento y resolver, al amparo de la ley y del Derecho Internacional, el largo y cruento conflicto.
Asimismo, demando que Chile reitere que Israel debe cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas, entre ellas, con especial importancia, la Nº 242, de 1967, y la Nº 338, de 1973, del Consejo de Seguridad, donde se ordena el retiro de ese país de los territorios palestinos ocupados desde 1967.
Desde la Alta Tribuna del Senado de la República pido a la Primera Mandataria instruir a su Ministro de Relaciones Exteriores para que solicite con urgencia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que imponga la paz en la Franja de Gaza; que se detengan las hostilidades y se disuada a Israel de continuar con los bombardeos y ataques terrestres en contra de personas que, frente al poder bélico con que son arrasadas, aparecen prácticamente inermes; que cese el uso desproporcionado de la fuerza y se desactive el bloqueo al territorio palestino.
Junto con ello, que se exija a Hamas terminar sus ataques de cohetes contra Israel.
Creo necesario que la Organización de las Naciones Unidas envíe cuanto antes tropas a la zona del conflicto.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Se agotó su tiempo, señor Senador. Le doy un minuto para que pueda terminar.
El señor SABAG.-
Ocuparé menos que eso, señor Presidente.
También me parece pertinente solicitar a la Jefa del Estado que encabece ante el seno de la UNASUR esta posición de Chile.
Asimismo, procede que nuestro país reconozca la existencia del Estado Palestino, de acuerdo con el Derecho Internacional, tal como lo ha hecho ya con otros 103 Estados.
Es obvio que el drama que vive la Franja de Gaza no solo ha generado muchos cientos de muertos y heridos, sino también necesidades materiales básicas para la supervivencia de las personas, particularmente de niños, ancianos, madres de familia y enfermos. Por eso, pido que las autoridades chilenas organicen de inmediato el envío de ayuda humanitaria para esa gente, en especial de medicamentos y alimentos no perecibles.
Solicito que mi intervención se envíe a la Presidenta de la República, a la Embajada de Palestina y a todas las Embajadas de los países árabes.
El señor NAVARRO.-
Me sumo a la exposición que acabamos de escuchar, señor Presidente,
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Honorable señor Sabag, conforme al Reglamento, con la adhesión del Senador señor Navarro.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Mixto, Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
DEGRADACIÓN AMBIENTAL POR INDUSTRIA SALMONERA
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente, en menos de dos semanas, cinco episodios de degradación ambiental se han relacionado con la industria salmonera. Han ocurrido en la Décima Región de Los Lagos y la Undécima Región de Aisén.
En la segunda semana de diciembre, el dirigente Custodio Cerón, del Consejo de la Pesca Artesanal de la Décima Región, denunció que barcazas de empresas salmoneras no identificadas arrojaron al mar, frente a las costas de Carelmapu, sobre las áreas de manejo de la pesca artesanal local, miles de peces muertos.
El 30 de diciembre, con el mismo cargamento, una barcaza volcó frente a la boca del fiordo Comau, donde depositó su carga letal.
El 31 de diciembre, 700 mil ejemplares de salmones escaparon de centros de cultivo ubicados en el litoral de Puerto Montt y Calbuco. Las empresas atribuyen el hecho a malas condiciones climáticas, que habrían generado destrozos en las balsas-jaulas. Los trabajadores señalan, en cambio, que fue una fuga a lo menos extraña y que habría obedecido a la idea de algunas empresas de evitar los costos de la cosecha de un producto en mal estado y bajo precio. También justificaría los próximos despidos en el sector de Calbuco. Hasta el momento se registran más de 4 mil.
Señor Presidente, se trata de un problema en desarrollo que provocará repercusiones más profundas que las ya descritas. Una especie depredadora pone en riesgo a las de tipo silvestre que dan vida a nuestra pesca artesanal.
Asimismo, la contaminación que ello lleva consigo puede tener alcances insospechados, no solo para la biomasa, sino también para el ser humano. Ya se registran casos, muy preocupantes, de personas que están sufriendo algunos efectos, los cuales se van a multiplicar en el futuro, de acuerdo a las cifras que manejo y que me suministran trabajadores, gente ligada a la industria y dirigentes sindicales.
De ser así, estamos en presencia de uno de los mayores desastres ecológicos conocidos.
En países como Estados Unidos o Noruega, tales situaciones son drásticamente sancionadas y las industrias deben responder por los daños causados. Pero estas se encuentran acá en el paraíso de la impunidad.
Aún más, podemos hallarnos en presencia de la gestación de un doble impacto negativo: a todo Chile, en primer lugar, por el daño ecológico involucrado, y a la industria aseguradora, en segundo término, que, probablemente, se interesará en saber algo más de estas "fugas" por las indemnizaciones comprometidas.
Ahí se plantea una cuestión entre privados que quizás dé luces a las autoridades del sector, a las que veo muy pasivas, sin una actuación decidida de su parte en orden a verificar hechos denunciados en múltiples oportunidades, pero carentes de eco en las oficinas de la Subsecretaría de Pesca y del naciente Ministerio del Medio Ambiente.
Las explicaciones de los empresarios, en cambio, sí son registradas al instante -"a la pata", como dicen en el campo-, y, conforme a ellas, algunas personas a cargo del tema respiran tranquilas. Dicen que existe una "mesa del salmón", como otras relativas a tantas cosas que se han formado a lo largo de años. Al frente de esta se encuentra un personaje muy conocido para la pesca artesanal y, ciertamente, de muy ingrato recuerdo: se trata del señor Felipe Sandoval. Los ecologistas están aterrados de las conclusiones que se deriven de una deliberación encabezada por quien fue Subsecretario de Pesca. Cabe esperar que todas esas aprensiones se desvanezcan en los hechos. ¡"Dios lo quiera", como diría un buen radical¿!
Por último, insisto en que las autoridades deben poner más atención al problema descrito. Sin duda, implicará un costo muy alto para los recursos naturales y la salud de nuestra población. Eso ya se está viendo. Y ojalá que el estallido de esta catástrofe sirva para tomar medidas más de fondo y más oportunas.
He dicho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro, por siete minutos.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, son dieciséis. Es el tiempo de todo el Comité.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Lo que sucede es que intervino por ocho minutos el Honorable señor Ávila, del mismo Comité.
Puede intervenir, Su Señoría.
COBRO DE SERVICIO DE BASURA POR MUNICIPALIDADES. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, solicito que se oficie a la Asociación Chilena de Municipalidades, la Contraloría General de la República y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo respecto de la situación de los pagos por servicio de basura.
Los municipios cobran por dicho concepto. Afortunadamente, mucha gente se encuentra exenta al respecto, debido a su condición socioeconómica.
Desde Pudahuel Sur me escribió el señor Guillermo Núñez, a quien le informaron que adeuda 600 mil pesos por tal servicio. Más de 50 por ciento de ello corresponde a intereses.
He sido partidario de que la Subsecretaría entregue aportes a los municipios, provenientes del Fondo Común Municipal, estableciéndose el pago obligatorio de agua, electricidad y servicio de basura, que constituyen elementos básicos para que la comuna funcione.
También hemos señalado que deben llevarse a cabo programas de reciclaje, porque, al final, la basura resulta una inversión. La que se deposita en los vertederos, aun cuando no sean rellenos sanitarios, produce metano, y este último se vende en muchos millones de dólares por algunas empresas, en particular Santa Marta, lo que ha redundado en un lucrativo negocio, muy rentable medioambientalmente.
Además, pido que se oficie a la Municipalidad de Pudahuel, a mi querido amigo y compañero Johnny Carrasco, al objeto de que se informe acerca de cómo se procede al pago por el servicio de basura. Creo que es preciso legislar fuertemente en dicho aspecto.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
REGULACIÓN LEGAL DE LABOR DE RECOLECTORES DE BASURA. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Relacionado con lo anterior, pido que se oficie a la señor Ministra del Trabajo y al señor Ministro Secretario General de la Presidencia respecto del compromiso asumido por la Primera Mandataria el 21 de mayo del año recién pasado en orden a la dictación de una ley que regule la labor de los recolectores de basura.
Hemos trabajado largamente con todos los sindicatos. Existe una gran ansiedad al respecto y la necesidad de que dicha normativa opere, pues cuando los municipios cambian de contrato queda personal cesante, en pésima situación. Además, una parte importante de este desarrolla su labor en muy precarias condiciones. Una ley que regule la contratación redundará en un mejor servicio y particularmente protegerá los derechos de miles de trabajadores a lo largo del país. Solo en Santiago suman 18 mil los ligados a esta actividad.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
FRECUENCIA DE RECORRIDOS DE TRANSANTIAGO Y CONDICIONES LABORALES DE CONDUCTORES. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Del mismo modo, señor Presidente, solicito que se oficie a la Dirección del Trabajo para que informe acerca de la fiscalización del horario que cumplen los conductores del Transantiago.
Las organizaciones que los agrupan señalan que se ciñen a jornadas de ocho o nueve horas. El artículo 26 del Código del Trabajo establece que los choferes no pueden superar cuatro horas continuas de conducción. Ello está siendo excedido amplia y permanentemente, lo que aumenta los riesgos de accidente. No existe una legislación adecuada.
Se registran más de dos mil multas sin cursar. En las respuestas recibidas se señala que, debido a una falla computacional, no se les giran a las empresas las multas por grave incumplimiento y prácticas antisindicales.
En mi opinión, es necesario un informe de la Dirección del Trabajo respecto del cumplimiento efectivo de la legislación laboral.
Se requiere que se dé a conocer el número de multas aplicadas a las diversas empresas del Transantiago. Vamos a discutir un proyecto relativo al uno por ciento constitucional y quiero saber si realmente esas entidades, sean del país que fueren, están dando cumplimiento a la ley, en especial con relación a sus trabajadores, ante lo cual también deseo imponerme de los motivos por los que las infracciones han sido cursadas.
Se me ha hecho presente que 70 por ciento de las consultas requeridas por los trabajadores y conductores del Transantiago, en sus diversas líneas, corresponden a agresiones de los usuarios. Deseo saber cuál es el tratamiento que las mutuales de seguridad están dando a esa situación, que debe ser considerada un accidente del trabajo. Este último no puede ser atendido ni en una posta ni en una clínica particular sin que quede el debido registro, porque, lamentablemente, forma parte del riesgo que asumen los choferes al transportar a ciudadanos profundamente molestos, y con justa razón. Lo que no se justifica es el desquite con los primeros, pues se trata de un problema institucional, estructural, donde existe una responsabilidad muy fuerte del Gobierno.
Por otra parte, los usuarios del Transantiago se quejan -uno puede observarlo no solo cuando transita en vehículo, sino también cuando camina por las calles y, eventualmente, al tomar un bus- de que las frecuencias no son las que se anuncian de manera oficial en los paraderos ni las que ha planteado el Ministro de Transportes.
Pido a la Secretaría de Estado a cargo de este último que informe de manera detallada cuál es el tipo de control de frecuencia que hace y, en particular, cuánto se retrasa o qué dificultades existen en la materia en cada una de las líneas del Transantiago.
Se da una situación grave con los conductores, señor Presidente, con denuncias muy fuertes de prácticas antisindicales. Ello debe ser evaluado por la autoridad competente, en particular lo relativo a las horas de trabajo. Se trata de una jornada brutal: salen a las dos y media de la mañana de sus casas, a las cuatro y media están llegando al depósito - los que viven más lejos salen a las cinco-, para quedar libres alrededor de las 13 ó 14.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
PROBLEMA SANITARIO, MEDIOAMBIENTAL Y DE SEGURIDAD
EN ALTO HOSPICIO. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
En otro orden de cosas, señor Presidente, solicito que se oficie al Servicio de Salud y la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, a fin de que informen de manera detallada acerca de la situación del vertedero de Alto Hospicio.
Nos encontramos ante un desastre, una emergencia sanitaria. La verdad es que el problema ha durado mucho tiempo -por mi parte, he visitado el sitio en dos oportunidades-, y, claramente, debiera realizarse una evaluación.
En mi opinión, los dos organismos mencionados incurren en una fuerte transgresión. La realidad del lugar que señalo ha terminado en otras partes del país con un cierre. Eso es lo que debería ocurrir con ese vertedero, donde habitan decenas de personas y animales, y se realiza un proceso de reciclaje absolutamente ilegal, de alto riesgo para la salud. Allí se debe actuar.
Los vecinos de Alto Hospicio están extraordinariamente molestos: tienen que convivir con un vertedero, una planta de tratamiento de aguas servidas y un depósito de boro.
Respecto de la segunda, pido que se oficie a la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
A la vez, el Ministerio de Vivienda ha seguido construyendo en el sector. Por lo tanto, solicito que se oficie a esa Secretaría de Estado en cuanto a las autorizaciones que se han tenido a la vista para seguir acercando las nuevas poblaciones a la planta de tratamiento.
Señor Presidente, quienes hemos visitado las casas cercanas a dicha instalación, que consiste, más bien, en lagunas de depósito de aguas servidas, hemos constatado que resulta imposible vivir allí y que el mosquerío es insoportable.
Por lo tanto, aparte del vertedero, las lagunas de tratamiento son insostenibles y deben considerarse en otro lugar. O se van ellas o la gente. No cabe duda de que es preciso situarlas en un sitio distinto. O bien, no es posible seguir construyendo casas. Debe hacerse, entonces, una evaluación.
Pido al Gobierno Regional de Tarapacá, al Ministerio de Salud, a la CONAMA y a la Superintendencia de Servicios Sanitarios que realicen un análisis acerca de la situación sanitaria, medioambiental y, particularmente, social que afecta a Alto Hospicio.
Por otro lado, con motivo de la existencia de un depósito de boro en esa localidad del cual nadie se hace cargo, solicito que se oficie al Ministerio de Bienes Nacionales a los efectos de que informe si el lugar estatal donde se acopia dicho mineral se encuentra bajo su administración y dé a conocer qué medidas está adoptando para lograr su erradicación definitiva. Y pido oficiar en igual sentido al Ministerio de Salud, al Gobierno Regional de Tarapacá y a la Municipalidad de Alto Hospicio, porque creo que debe existir buena disposición para resolver lo expuesto con anterioridad.
Asimismo, solicito oficiar a la Dirección General de Carabineros de Chile sobre el Plan Cuadrante dispuesto para la zona. Si bien hay un fuerte agradecimiento respecto de la tarea que allí cumplen los efectivos policiales, lo cierto es que existen 76 carabineros para 200 mil habitantes (solo en el sector de El Boro hay 6 mil personas). Y dicho Plan, no obstante haber funcionado, se ha visto claramente debilitado por la ausencia policial en la zona, lo que ha derivado en la realización de algunos desmanes, como la destrucción de la Junta de Vecinos de El Boro.
¡Patagonia sin represas!
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor NAVARRO.-
Gracias por haberme cedido tiempo, señor Presidente.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Bien.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:36.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción