REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 356ª
Sesión 83ª, en miércoles 7 de enero de 2009
Ordinaria
(De 16:21 a 18:55)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ADOLFO ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE,
Y BALDO PROKURICA PROKURICA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
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Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrió, además, el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor José Antonio Viera-Gallo Quesney.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 16 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 80ª y 81ª, ordinarias, en 17 y 23 de diciembre del 2008, respectivamente, que no han sido observadas.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Treinta y cuatro de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con los catorce primeros hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto de las siguientes iniciativas:
1.-
Proyecto de ley que establece normas sobre actividad de lobby (boletín N° 6.189-06).
2.-
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señora Alvear y señores Escalona, Girardi y Gómez, que interpreta el artículo 93 del Código Penal excluyendo de la extinción de la responsabilidad penal por amnistía, indulto o prescripción a los crímenes y simples delitos que constituyen genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra, contemplados en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes (boletín N° 5.918-07).
3.-
Proyecto de reforma constitucional, de la Honorable Cámara de Diputados, en materia de gobierno y administración regional (boletín N° 3.436-07).
4.-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de la República de Chile y de Australia (boletín N° 6.220-10).
5.-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", adoptado en San Salvador el 17 de noviembre de 1988 y suscrito por Chile el 5 de junio de 2001 (boletín N° 4.087-10).
6.-
Proyecto de reforma constitucional, de la Honorable Cámara de Diputados, en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política (boletín N° 4.716-07).
7.-
Proyecto de reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas de Chile (boletín N° 5.522-07).
8.-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones en el Código Penal respecto a la regulación de ciertos delitos contra la Administración Pública (boletín N° 5.725-07).
9.-
Proyecto de reforma constitucional, de la Honorable Cámara de Diputados, sobre pueblos indígenas (boletín N° 4.069-07).
10.-
Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Allamand, Cantero, Espina, García y Romero, que reconoce el aporte de los pueblos originarios a la conformación de la nación chilena (boletín N° 5.324-07).
11.-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que establece la Ley General de Educación (boletín N° 4.970-04).
12.-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 150 del Código del Trabajo, relativo al descanso semanal de las trabajadoras de casa particular (boletín Nº 5.310-13).
13.-
Proyecto, en trámite de Comisión Mixta, que introduce en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional las adecuaciones necesarias para adaptarla a la ley N° 20.050, que reforma la Carta Fundamental (boletín N° 3.962-07).
14.-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la aprobación de un signo distintivo adicional para la Cruz Roja Internacional (boletín N° 5.985-10).
Con los veinte restantes hace presente la urgencia, calificada de "simple", respecto de los siguientes asuntos:
1.-
Proyecto de ley que modifica el Código de Justicia Militar a fin de alterar la competencia de los Tribunales Militares y suprimir la pena de muerte (boletín N° 5.159-07).
2.-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regulariza la construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva destinados a equipamiento de deporte y salud (boletín Nº 4.304-14).
3.-
Proyecto de ley que crea el Consejo de Auditoría Interna de Gobierno; modifica el Estatuto Administrativo en lo relativo a procedimientos sumariales, Juntas Calificadoras, incompatibilidades e inhabilidades; regula contratación a honorarios y de bienes y servicios; otorga flexibilidad financiera a la Contraloría General de la República, y confiere facultades delegadas al Presidente de la República (boletín Nº 3.937-06).
4.-
Proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas (boletín N° 4.248-06).
5.-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece medidas contra la discriminación (boletín N° 3.815-07).
6.-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula los derechos y deberes de las personas respecto a acciones vinculadas con su atención en salud (boletín N° 4.398-11).
7.-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, con el objeto de permitir sufragar a los ciudadanos chilenos residentes en el extranjero en elección presidencial (boletín N° 268-07).
8.-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 2004, referido al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (boletín N° 4.234-03).
9.-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre sistema de compensación y liquidación de instrumentos financieros (boletín N° 5.407-05).
10.-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que incorpora el combustible gas natural licuado a la ley N° 20.063 y modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1978, del Ministerio de Minería (boletín N° 6.088-05).
11.-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual (boletín N° 5.012-03).
12.-
Proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación (boletín N° 5.083-04).
13.-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.284, que establece normas para la plena integración social de personas con discapacidad (boletín N° 3.875-11).
14.-
Proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de planificación urbana (boletín N° 5.719-14).
15.-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 4.808, sobre Registro Civil, a efectos de establecer que el apellido de la madre anteceda al del padre (boletines números 3.810-18 y 4.149-18, refundidos).
16.-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo con el objeto de resguardar el derecho a la igualdad en las remuneraciones (boletín Nº 4.356-13).
17.-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza el Ministerio de Defensa Nacional (boletín N° 3.994-02).
18.-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.455, sobre producción, elaboración y comercialización de alcoholes, bebidas alcohólicas y vinagres, para adecuar sus disposiciones a compromisos internacionales adquiridos por Chile y perfeccionar sus mecanismos de fiscalización (boletín N° 5.013-11).
19.-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que sanciona el acoso sexual de menores, la pornografía infantil y la posesión de material pornográfico infantil (boletín N° 5.837-07).
20.-
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, sobre comercio ilegal (boletín N° 5.069-03).
--Se tienen presentes las urgencias y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Del señor Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, referido a la situación que afecta a don José Ramírez.
Del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, mediante el cual contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Horvath, respecto a la creación de una beca especial de estudios para la Undécima Región.
Dos de la señora Ministra de Educación:
Con el primero responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Navarro, relativo a denuncias por acoso al interior de establecimientos educacionales de la Octava Región.
Con el segundo da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Frei, referido al estado financiero del Departamento Administrativo de Educación Municipal de la comuna de San Pablo.
De la señora Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, con el que contesta un oficio expedido en nombre del Senador señor Navarro, acerca de la necesidad de contar con una política integral respecto del territorio antártico chileno.
Del señor Director del Instituto de Normalización Previsional, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, concerniente a la situación que afecta a don Camilo Alarcón.
Del señor Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, con el que contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Espina, sobre las circunstancias expuestas por la familia de don José Luis Soto.
Del señor Secretario General de Carabineros de Chile, mediante el cual responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Kuschel, acerca de delitos de robo en Chaitén.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informe
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señora Alvear y señores Escalona, Girardi y Gómez, que interpreta el artículo 93 del Código Penal excluyendo de la extinción de la responsabilidad penal por amnistía, indulto o prescripción a los crímenes y simples delitos que constituyen genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra, contemplados en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes (boletín N° 5.918-07) (con urgencia calificada de "suma").
--Queda para tabla.
Declaración de inadmisibilidad
Moción de los Senadores señores Bianchi, Horvath, Núñez, Prokurica y Orpis, con la que inician un proyecto de ley que incorpora a las municipalidades y a los cuerpos de bomberos entre las instituciones exentas del impuesto a las ventas y servicios.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República, de conformidad con lo dispuesto en el número 1° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política.
Proyecto de acuerdo
De los Senadores señores Muñoz Barra, Allamand, Arancibia, Coloma, García, Girardi, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Muñoz Aburto, Naranjo, Núñez, Ominami, Pérez Varela y Vásquez, mediante el cual solicitan promover el cese al fuego en la Franja de Gaza y estimular diversas acciones para terminar con la muerte de civiles de las partes en conflicto y alcanzar un acuerdo de paz definitivo (boletín N° S 1.138-12).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Diversos señores Senadores han solicitado que el proyecto de acuerdo del que se acaba de dar cuenta -que pasaría a la Comisión de Relaciones Exteriores- se vote en la presente sesión, dada la gravedad de lo que ocurre en el Medio Oriente.
Si le parece a la Sala, se tratará en el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria de hoy y se procederá a repartir su texto.
--Así se acuerda.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Terminada la Cuenta.
El señor BIANCHI.-
Pido la palabra sobre ella.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Puede intervenir, Su Señoría.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, como la moción que propone incorporar a las municipalidades y a los cuerpos de bomberos entre las instituciones exentas del impuesto a las ventas y servicios fue declarada inadmisible, solicito que se envíe un oficio al Ejecutivo para requerir su patrocinio.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se remitirá el oficio correspondiente.
--Así se acuerda.
REGULARIZACIÓN DE INMUEBLES URBANOS PARA EQUIPAMIENTO DE DEPORTE Y SALUD
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regulariza la construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva destinados a equipamiento de deporte y salud, con segundo informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo e informe de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (4304-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 81ª, en 3 de enero de 2007.
Informes de Comisión:
Vivienda, sesión 48ª, en 3 de septiembre de 2008.
Vivienda (segundo), sesión 81ª, en 23 de diciembre de 2008.
Hacienda, sesión 81ª, en 23 de diciembre de 2008.
Discusión:
Sesión 50ª, en 9 de septiembre de 2008 (se aprueba en general).
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-
Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 9 de septiembre del año pasado.
Para efectos reglamentarios, se deja constancia de que el artículo 5º no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones, conservando el mismo texto aprobado en general, que establece que las remisiones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones efectuadas en el artículo 3º se entenderán realizadas a las disposiciones vigentes al momento de publicarse la ley.
La mencionada norma debe darse por aprobada, salvo que algún señor Senador, con la unanimidad de la Sala, solicite su discusión y votación.
--Se aprueba reglamentariamente.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-
La Comisión de Vivienda y Urbanismo efectuó diversas modificaciones al proyecto aprobado en general, las cuales fueron acordadas en forma unánime, razón por la que deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador pida discutirlas o existan indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado de tres columnas que transcriben el proyecto aprobado en general, las enmiendas introducidas por la Comisión de Vivienda y Urbanismo y el texto final que resultaría de aprobarse aquellas.
--Se aprueban las normas acogidas por unanimidad.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).- En discusión particular el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, como muy bien se ha señalado aquí, esta iniciativa busca regularizar las construcciones de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva en términos de equipamientos de deporte y salud. Para orientar a los señores Senadores, es como la "ley del mono", pero dirigida a los establecimientos de salud y deportivos.
Cabe señalar, a modo de ilustración, que las principales modificaciones que incorporó la Comisión son las siguientes:
1) Se limitan los equipamientos de deporte y salud beneficiados por la iniciativa solo a aquellos cuyo dominio pertenezca a los organismos del Estado y a las organizaciones comunitarias deportivas aludidas en las leyes Nº 19.418 y Nº 19.712.
2) A los efectos de fijar un plazo de antigüedad de las construcciones para acogerse a la regularización dispuesta en el proyecto que nos ocupa, se consideró como límite a los equipamientos de deporte y de salud edificados hasta el 31 de diciembre de 2005, toda vez que la iniciativa ingresó a tramitación legislativa en la Cámara de Diputados el día 5 de julio de 2006, oportunidad a partir de la cual se materializó la idea de llevar a cabo lo señalado en el proyecto.
Lo anterior sigue el mismo criterio adoptado en otras "leyes del mono" sobre regularización de construcciones dictadas con antelación.
3) Se rebajan los límites de carga dispuestos en los dos tramos superiores de las tres categorías de equipamiento deportivos, de 1.000 a 500 personas. Estas categorías disponen diversos grados de exigencias, relativas a normas sanitarias y de seguridad contra incendios, de evacuación y de estabilidad estructural, dependiendo de la envergadura del equipamiento. Con esta modificación se reduce el universo de las edificaciones deportivas consideradas dentro de cada nivel, tornando más exigentes las condiciones impuestas en cada uno de ellos.
Tales fueron las tres modificaciones que la Comisión de Vivienda efectuó al proyecto.
En consecuencia, solicito a la Sala aprobar la iniciativa, la cual dicho órgano acogió por unanimidad.
Por otra parte, tengo entendido que el Senador señor Horvath desea plantear una complementación -ello requeriría el acuerdo unánime de la Sala- para que sean consideradas las medialunas y todo lo relacionado con el deporte del rodeo, lo cual comparto.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, desde luego apoyo el proyecto en los términos señalados por el Presidente de la Comisión de Vivienda. Y solo quiero proponer que en el artículo 2°, número 1.- "A equipamiento de deporte" donde se citan establecimientos como "gimnasios, multicanchas, canchas, piscinas cubiertas y descubiertas, pistas", se mencionen explícitamente las medialunas, porque gran cantidad de ellas se encuentran en sectores urbanos, sobre todo en el sur del país.
Para tal efecto, pido que se recabe la aquiescencia de la Sala.
Además, anuncio la presentación de una iniciativa de ley -en su momento solicitaré el respaldo del Ejecutivo- a fin de incluir las instalaciones de salud y deportivas ubicadas en sectores rurales.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
¿Su Señoría quiere agregar las medialunas a los establecimientos que se ponen como ejemplo en el número 1?
El señor HORVATH.-
Así es.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Ello requiere acuerdo unánime.
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
--Así se acuerda.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en particular el proyecto (18 votos favorables), y queda despachado en este trámite.
Votaron la señora Matthei y los señores Ávila, Bianchi, Chadwick, Espina, García, Horvath, Kuschel, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Sabag y Vásquez.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Ministro señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, solicito que se recabe la anuencia de la Sala para que el proyecto que establece normas sobre la actividad de lobby pueda ser visto a continuación.
Se trata solo de la discusión en general, y la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes.
El señor PÉREZ VARELA.-
El próximo martes.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Lo lamento, señor Ministro, pero no hay acuerdo.
ACUERDO CON BARBADOS SOBRE exención de visas para titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del Acuerdo entre los Gobiernos de la República de Chile y de Barbados sobre exención de visas para titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5758-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 38ª, en 29 de julio de 2008.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 72ª, en 20 de noviembre de 2008.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-
El objetivo principal del proyecto de acuerdo es eximir del trámite de visa a los nacionales de Chile y de Barbados que sean titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales.
La Comisión consideró que el acuerdo es similar a otros suscritos por nuestro país y que representa una señal de confianza entre ambas naciones, y le dio su aprobación por la unanimidad de sus integrantes presentes (Honorables señores Gazmuri, Larraín, Muñoz Barra y Romero), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).- En discusión general y particular la iniciativa.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo (18 votos a favor), y queda despachado en este trámite.
Votaron la señora Matthei y los señores Ávila, Bianchi, Chadwick, Coloma, Espina, Frei, García, Horvath, Larraín, Letelier, Muñoz Barra, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero y Sabag.
REEMPLAZO DE MECANISMO PARA CÁLCULO DE DERECHOS Y REBAJAS APLICABLES A IMPORTACIONES DE TRIGO Y HARINA DE TRIGO
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece normas sobre importación de mercancías al país, con informe de la Comisión de Agricultura.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5343-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 15ª, en 29 de abril de 2008.
Informe de Comisión:
Agricultura, sesión 74ª, en 2 de diciembre de 2008.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-
El objetivo principal de la iniciativa es reemplazar el mecanismo de cálculo que actualmente contempla la ley para la determinación de los derechos y rebajas que se aplican al trigo y a la harina de trigo por un derecho específico fijo y determinado, extensivo a toda operación de importación, con la finalidad de dar cumplimiento cabal a las constataciones y conclusiones del Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio.
La Comisión de Agricultura fue autorizada por la Sala para discutir este proyecto tanto en general como en particular en el primer informe, y le dio su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Allamand, Espina, Larraín y Naranjo).
En cuanto a la discusión en particular, la Comisión aprobó en forma unánime el artículo 1°, en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados, y rechazó el artículo 2° por tres votos en contra (Senadores señores Allamand, Espina y Larraín) y uno a favor (Senador señor Naranjo). Los fundamentos de la votación respecto al artículo 2° se transcriben en el texto del informe.
Cabe tener presente que la iniciativa, en su discusión en particular, debe ser analizada por la Comisión de Hacienda.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en cuatro columnas, donde se consignan el artículo pertinente de la ley N° 18.525; el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados; las enmiendas introducidas por la Comisión de Agricultura, y el texto final que propone este órgano.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).- En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
La tiene el Senador señor Larraín
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Agricultura quiero informar sobre la iniciativa que nos ocupa.
Como ya se ha señalado, dicho órgano técnico aprobó en general el proyecto en forma unánime, y, dadas sus características -consta de dos artículos-, en su momento solicitamos que se recabara la autorización de la Sala para discutirlo en general y en particular a la vez, la que nos fue concedida. Y ello nos permitió avanzar en el análisis de su contenido en forma más clara.
Más adelante me referiré a ese punto.
En lo sustantivo, la iniciativa se origina en la existencia en Chile del sistema de bandas de precios, proveniente de la década de los ochenta, que fue objetado por la República Argentina en el 2000, en lo que dice relación al trigo y a la harina de trigo, ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), la cual le solicitó a nuestro país que adecuara su sistema a los mecanismos y normas aplicados por ella.
Lo anterior se realizó mediante la dictación de la ley N° 19.897, que reemplazó el sistema vigente. Sin embargo, este no fue aceptado por Argentina, cuestionándolo ante la OMC, lo cual derivó en que el 22 de mayo de 2007 su Órgano de Apelación dictara otro fallo, donde constató que la modificación legal implementada por Chile continuaba siendo una medida aplicada en la frontera; es decir, no la consideró compatible con su sistema.
Por ello, solicitó que se corrigiera y se estableciera un mecanismo que, en esta materia, permitiera la compatibilización con las normas de la Organización Mundial del Comercio.
Este proyecto busca cumplir con ese objetivo. Y básicamente ha seguido un camino muy simple.
El proyecto original presentado por el Ejecutivo en la Cámara de Diputados, de artículo único, tiene su criterio rector en la adecuación del sistema de bandas de precios del trigo y de la harina de trigo a las observaciones de la OMC, mediante el reemplazo del mecanismo de cálculo, con arreglo al cual se determinan las tasas y rebajas aplicables a aquellas mercancías actualmente vigentes, por un derecho específico, fijo y determinado que cumple con las características y requisitos de los derechos aduaneros propiamente tales.
En definitiva, el sistema de banda con un piso y un techo dentro del cual se desplazan los precios y que da estabilidad a los mismos, se cambia por la aplicación de un derecho específico, que se encuentra dentro de los márgenes aceptados por la OMC, cuyo tope para Chile es de 31,5 por ciento.
Ésa es la fórmula de solución que establece la iniciativa en debate.
Al mismo tiempo, ella dispone que tal mecanismo regirá hasta el año 2014, oportunidad en que él se evaluará y se definirá la forma en que continúe.
El 2014 no es una fecha trivial. Corresponde a la de culminación de los calendarios de desgravación de nuestros acuerdos comerciales suscritos fundamentalmente con Estados Unidos y con Argentina, y suponen una situación diferente, otro escenario en el cual se tendrán que adoptar nuevas medidas.
No voy a entrar en el detalle del proyecto. Supongo que los señores y señoras Senadores lo conocen.
Se fija un derecho específico aplicable a las importaciones de trigo de 30 dólares por tonelada. Y en el caso de la harina de trigo, se mantiene el factor de 1,56, de acuerdo a lo establecido en la ley vigente.
No se modifican otros productos regidos por banda de precios, como son los derechos específicos y rebajas aplicables al azúcar, ya que curiosamente no fue o no ha sido objeto de cuestionamiento alguno ante la OMC.
Nuestro compromiso fue mantenernos siempre dentro de las reglas de la iniciativa en análisis.
La discusión del proyecto en la Cámara de Diputados se tradujo en la agregación de un segundo precepto -originalmente de artículo único, al cual me acabo de referir-, conforme al cual el Presidente de la República podrá otorgar, simplemente a través de un decreto supremo y dentro del marco de profundización de los acuerdos comerciales que Chile ha suscrito, el tratamiento de acceso preferencial que dispone el artículo 1° de esta iniciativa, para el caso de ciertas posiciones arancelarias, con un calendario de desgravación distinto.
Es decir, se mantiene el referido derecho específico, único, que de acuerdo a las normas aceptadas puede llegar hasta 31,5 por ciento, y se establece en un artículo 2° la atribución para que el Primer Mandatario pueda establecer con quienes se hayan celebrado acuerdos comerciales un calendario de desgravación diferente hasta el año 2014.
Ese fue el precepto agregado por la Cámara de Diputados, a propuesta de la Jefa de Estado.
¿Cuál fue la razón de tal disposición?
Aparentemente, hubo entre Chile y Argentina discusiones y conversaciones respecto del asunto triguero durante largo tiempo. En cierto momento, se llegó a un entendimiento directo entre ambas Cancillerías -o entre los encargados en materias agrícolas- para fijar una desgravación determinada.
Nuestro acuerdo con Argentina, a través del MERCOSUR, señalaba que ello se debía establecer. Pero todavía no se ha hecho.
En definitiva, hubo un convenio, pero finalmente éste fue desconocido por nosotros. Argentina no aceptó tal desconocimiento y sostuvo que, como había un entendimiento entre ambos países, debía respetarse.
Como no se llegó a arreglo al respecto, nuestro Gobierno -según entendemos- decidió legitimar el referido acuerdo e incorporar este artículo 2°, el cual responde a una situación de hecho conversada con el país trasandino para resolver nuestras diferencias específicas en materia de trigo y de harina de trigo.
En resumen, la iniciativa cuenta con dos disposiciones.
La Comisión de Agricultura, después de analizar la materia, resolvió que la normativa debería ser aprobada en general, porque efectivamente soluciona el problema ante la OMC. Eso lo hace el artículo 1° al fijar para Chile, dentro de los márgenes autorizados por la OMC -como señalé- un derecho específico de 31,5 por ciento, más el factor correspondiente a la harina de trigo.
Sin embargo, no hubo el mismo acuerdo respecto del artículo 2°, por distintas consideraciones. En lo fundamental, a la mayoría de la Comisión le pareció que el proyecto estaba saneando una situación interna, en la cual nosotros no hemos tenido participación; pero de manera más específica, hubo desacuerdo porque se delegaba en el Presidente de la República la atribución para fijar, por decreto supremo, un calendario distinto de desgravación arancelaria.
Sobre esa delegación de facultades se presentaron dudas, incluso de constitucionalidad, en el sentido de si era factible realizarla, pues pese a que el calendario está contenido en la ley respectiva, la atribución de aplicar lo establecido a otro país queda entregada al Presidente de la República.
Presuntamente, eso no es admisible. La delegación de facultades está sujeta a ciertas restricciones dispuestas en la Constitución, como el conferirla por un lapso máximo de un año. Sin embargo, aquí no hay plazo alguno, por lo que podría ejercerse en cualquier momento durante la vigencia de la ley, o sea, hasta el 2014.
Por lo tanto, nos pareció que no era el camino más adecuado para resolver el asunto.
En lo medular, respecto del artículo 2°, la mayoría de la Comisión sostuvo que el mecanismo más eficaz y seguro para proteger al sector triguero y molinero de países como Argentina es el arancel, no las medidas de defensa comercial, las cuales exigen que la rama afectada pueda recurrir a la Comisión de Distorsiones de Precios, sin alegar situaciones como la del referido calendario de desgravación, pues lo que hace, finalmente, es generar un conflicto adicional, incluso de constitucionalidad.
Por lo tanto, la recomendación de la mayoría de la Comisión de Agricultura es aprobar en general el proyecto y abrir espacios, si así lo estima la Sala, para que sea discutido en particular, a fin de formular indicaciones y revisar la situación que se suscita con el rechazo del artículo 2°, particularmente considerando que él no ha sido analizado por la Comisión de Hacienda y que por sus características y naturaleza es de aquellos que precisan su autorización.
Solo quiero insistir en que, al final, nuestro rechazo al artículo 2° se refiere a si estimamos conveniente entregar a un país -básicamente, a Argentina- una escala distinta en materias arancelarias respecto de los dos productos señalados -o de cualquier otro, porque pareciera que con Canadá también tenemos la misma situación pendiente y el Gobierno estaría interesado en resolverla en idéntica forma-, o si la solución debería ser a mediante protocolos de aprobación directos que se presenten al Congreso, y no a través de un mecanismo que, por decreto supremo, permita al Ejecutivo responder.
Estimamos que con el artículo 1°, en lo fundamental, se logra la protección arancelaria compatible con la OMC, y se aseguran a la agricultura sus condiciones de trabajo con estabilidad, ya que se trata de una actividad fuertemente intervenida.
El mercado del trigo y de la harina de trigo presenta fuertes distorsiones a nivel internacional, como ha sido ya acreditado en todos los ámbitos. Los principales países productores, como Estados Unidos, subsidian de manera extrema la producción del trigo. Por lo tanto, no se puede competir lealmente, ya que el mercado se encuentra distorsionado en el plano internacional.
Por tales consideraciones, señor Presidente, solicitamos la aprobación en general de la iniciativa, quedando a criterio de las Comisiones si acogen el contenido de las indicaciones que se formulen en la discusión particular.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, en primer término, quiero señalar que el sistema de banda de precios que rige en nuestro país no altera las normas de la libre competencia. No se trata de un subsidio, sino simplemente de un instrumento cuya finalidad es estabilizar los precios del trigo, de la harina de trigo y de otros productos agrícolas. Prueba de ello es que tiene un techo y un piso. De tal manera que si la importación de trigo y de harina de trigo a nuestro país está a un precio muy alto, la banda impide que ingresen a ese valor, para favorecer a los consumidores. Y si su valor es muy bajo, ella establece un arancel que regula la situación, para que haya un rango de precios dentro del cual se puedan comercializar en Chile, considerando especialmente que en materia agrícola los subsidios y las alteraciones a la libre competencia que aplican Estados Unidos y Europa son gigantescos. La gran diferencia es que ellos lo dicen sin tapujos, lo expresan públicamente y lo mantienen.
Después que Chile firma el Acuerdo de Complementación Económica, Argentina nos amenaza con recurrir a un Panel de Cumplimiento y señala que nuestro país debe modificar las bandas de precios, porque alteran las reglas de la libre competencia establecidas en la Organización Mundial de Comercio.
Y Chile enmienda sustancialmente el sistema de bandas de precios a través de la ley N° 19.897, luego del despacho del proyecto respectivo por el Congreso Nacional. En ese momento, la vecina nación tenía dos propósitos: primero, lograr la eliminación de las bandas de precios; y segundo, alterar nuestras condiciones de acceso pactadas en el Mercosur para la importación de trigo y de harina de trigo desde Argentina.
La razón es muy sencilla. Cuando Chile firma el Mercosur no establece un proceso de desgravación, y este queda pendiente. Simplemente se dice que el arancel general del 6 por ciento debe llegar a cero el 2014. Y hay también una discusión respecto del arancel específico, que puede ser de hasta 31,5 por ciento.
En síntesis, lo relevante es que Chile nunca conviene con Argentina un mecanismo de disminución gradual del arancel, sino que se establece su mantención hasta el 2014. Y lo que busca el país de allende Los Andes es presionarnos para que fijemos una gradualidad del arancel y lo disminuyamos anualmente, y no lo mantenga hasta ese año.
Por tanto, Chile modifica el arancel. No obstante esto, en 2005 Argentina nuevamente nos amenaza con llevarnos a un Panel de Cumplimiento. Y, entonces, el Gobierno chileno negocia dos condiciones: la primera, permitir a Argentina ingresar al país 30 mil toneladas de harina sin gravamen. Y, la segunda, suscribe el Protocolo N° 44, adicional al Acuerdo de Libre Comercio, mediante el cual nuestro país se compromete a dar a la nación hermana el mismo trato de desgravación de la harina y del trigo que otorgó a Estados Unidos.
En ese momento, la industria molinera de nuestro país, junto con los productores agrícolas, recurren de protección a la Corte de Apelaciones, señalando que es improcedente que Chile permita el ingreso de 30 mil toneladas de harina argentina sin arancel, porque afecta un tratado vigente. Ese Tribunal decreta una orden de "No Innovar" y, finalmente, Argentina resuelve llevarnos a un Panel de Cumplimiento.
En ese momento, nuestra nación declara que retira el Protocolo N° 44, porque los trasandinos nos llevaron a un Panel de Cumplimiento, y por lo tanto también su firma para los efectos de establecer el mismo proceso de desgravación que rige con Estados Unidos. Entonces, Argentina nos informa que no es válido romper unilateralmente un protocolo, amenazándonos con llevarnos a la ALADI.
Argentina nos acusa ante el Panel de Cumplimiento de la OMC y gana. Y a raíz de ese triunfo, que nos obliga a terminar con las bandas de precios, el Gobierno envía el proyecto en análisis.
Esta iniciativa es muy simple: el artículo 1° establece un sistema arancelario general para las importaciones de trigo de 6 por ciento ad valorem, más un derecho específico de 30 dólares por tonelada, y para las de harina de trigo de 6 por ciento del arancel general más 47 dólares por tonelada. O sea, en el trigo se cobran 30 dólares, y en la harina, 47 dólares por tonelada internada. Y hasta ahí todo está perfecto.
Así ingresó al Congreso el proyecto del Gobierno, el cual era sensato: terminaba las bandas de precios, establecía un arancel razonable, sin perjuicio de que Chile o Argentina podían recurrir a los tres sistemas que establece la OMC cuando se trata de medidas legítimas, tales como, las salvaguardias; las medidas antidumping, que se pueden imponer en distintas situaciones, que no es del caso analizar en este momento, y los derechos compensatorios, todos ellos regulados por la Organización Mundial del Comercio.
Pero ocurre que la Cámara de Diputados agrega al proyecto original un artículo 2° que, lisa y llanamente, es devastador para el sector agrícola del sur de Chile. Y en esto no hay dos opiniones desde el punto de vista de los molineros, de los productores y de los profesionales que hemos consultado sobre la materia.
¿Por qué? Porque el artículo 2° permite que el Presidente de Chile aplique en forma unilateral el mismo sistema de desgravación arancelaria vigente con Estados Unidos a otros tratados de libre comercio, entre ellos, al del Mercosur, sin pasar por el Congreso.
Por lo tanto, hoy día nuestro país se defiende ante la competencia desleal argentina. No hay economista de los que han participado en la Comisión de Agricultura ni informe que no señale que la nación trasandina utiliza medidas absolutamente contrarias a la libre competencia para alterar los precios reales de las exportaciones a la nuestra. Entonces, nos encontramos frente a la realidad de que permanentemente debemos defendernos de las medidas de Argentina para vendernos sus productos, alterando las normas de la libre competencia. Prueba de ello es que en la actualidad hay una medida antidumping del 30 por ciento, aproximadamente, porque está acreditado el dumping que hace a las importaciones chilenas.
Por consiguiente, el artículo 2° es extraordinariamente perjudicial para toda la producción chilena de harina de trigo y de trigo. ¿Por qué? Porque permite aplicar a Argentina el mismo proceso de desgravación que se concede a las importaciones de Estados Unidos, en circunstancias de que el Mercosur no establece ese proceso de desgravación. Y más aún, ambos países deben sentarse a negociar, pero no establecer una delegación de facultades del Congreso Nacional al Presidente de la República -cualquiera que este sea, el actual o uno futuro-, sino resolver el asunto en un debate en el Parlamento.
Si Chile quiere establecer un proceso de desgravación distinto al que hoy tiene con Argentina en el Mercosur, corresponde que lo debata donde lo establece nuestra Constitución y la propia Carta argentina: el Poder Legislativo.
Por lo tanto, señor Presidente, el proyecto de ley tiene de dulce y de agraz. El artículo 1° es muy bueno, porque suple de manera inteligente el término de las bandas de precios, aun cuando tengo la convicción de que estas no constituyen ningún tipo de subsidios. Pero hay un fallo de la OMC y Chile está obligado a cumplirlo. Eso no lo podemos discutir. Eso es respecto al artículo 1°.
En cuanto al artículo 2°, simplemente se trata de un instrumento que podría significar, desde el punto de vista económico, un desastre para la agricultura del sur. Porque si Chile aplica a Argentina el mismo proceso de desgravación que tiene con Estados Unidos, y a eso le sumamos la falta de libre competencia y la necesidad permanente e imperiosa de utilizar salvaguardias, derechos compensatorios, medidas antidumping, nos encontraremos con que es un desprendimiento unilateral de un nivel de resguardo que, como todas las economías modernas del mundo, tomamos frente a la competencia desleal por parte de Argentina y de otros países en la comercialización de productos agrícolas.
Por eso, señor Presidente, nosotros votaremos a favor de la idea de legislar. Somos partidarios del artículo 1º.
No obstante, consideramos que el artículo 2º es extraordinariamente dañino. No venía en el proyecto original; implica saltarse las atribuciones del Congreso Nacional para legislar acerca de las relaciones con Argentina en cuanto a alterar o no lo convenido en el acuerdo del Mercosur respecto del proceso de desgravación; permite otorgar al país trasandino, sin mediar justificación alguna, los mismos beneficios que se entregaron a Estados Unidos, y, además, privilegia a una nación que permanentemente nos obliga a utilizar salvaguardias, medidas antidumping o derechos compensatorios. De hecho, así se ha desarrollado nuestra relación con Argentina durante los últimos cinco años.
No hay nadie que haya dejado de sostener, ni la Comisión Nacional de Distorsiones ni todos los estudios que se han realizado sobre la materia, que Argentina, a través de la manipulación de los impuestos, ya sea del impuesto de retención o de subsidios directos o indirectos, altera los precios de sus productos, los hace bajar artificialmente, genera una sobreproducción y, luego, los vende a Chile a mitad de costo. Eso es transgredir las reglas de la libre competencia.
Y debemos tener claro que nuestros productores agrícolas no quieren medidas de protección, sino, precisamente, que se respeten las reglas de la libre competencia.
Nosotros aprobamos la idea de legislar y nos pronunciamos a favor del artículo 1º, pero rechazamos el artículo 2º, por estimar que carece de toda justificación. Esta norma no figuraba en el proyecto original y solo se agregó después de un debate muy profundo y de una fuerte presión de Argentina, que exigía a Chile el cumplimiento del Protocolo Nº 44.
Y estimo que en esa materia el Gobierno cometió un error enorme, por cuanto nunca debió suscribir dicho instrumento, que establece un proceso de desgravación con Argentina igual al que rige con Estados Unidos, sin haberlo sometido previamente a la consideración del Congreso Nacional. Tanta razón tenemos, que el Gobierno de Chile nunca lo ha publicado en el Diario Oficial. ¿Por qué? Porque sabe que es inconstitucional y que el día que lo publique los afectados recurrirán al Tribunal Constitucional, el cual lo declarará contrario a la Carta, por alterar las normas de un tratado, nada menos que en materia tributaria, cuestión que no se halla dentro de las facultades del Ejecutivo y que debe ser analizada en el Parlamento, tanto para subir como para bajar los impuestos.
Por las razones anotadas, señor Presidente, votaremos a favor del proyecto en general.
Aprobaremos su artículo 1º, pero consideramos que el 2º es dañino, perjudicial, y significa pasar a llevar el derecho del Congreso de debatir un tema tan trascendente como son los cambios de las reglas arancelarias que existen entre un país y otro en virtud de un tratado internacional.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, permítame recordar a los señoras Senadoras y señores Senadores que cuando Chile se asoció al Mercosur el Gobierno de la época señaló al Parlamento, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, que las bandas de precios no se derogaban. Y así se lo hizo saber también a los distintos gremios agrícolas, los que se encontraban muy preocupados de lo que implicaba para la agricultura, particularmente en lo que respecta a la producción de granos, la asociación de nuestro país a ese bloque de naciones.
Esa fue la tranquilidad que en su momento dieron los Ministros de Hacienda, de Agricultura y las autoridades gubernativas de entonces, quienes una y otra vez insistieron en que la incorporación de Chile al Mercosur no significaba cambio alguno en el sistema de bandas de precios y sostuvieron que nada había que temer, que todo continuaría igual, porque las bandas de precios -reitero- no se derogaban.
Todos conocemos el resto de la historia.
Argentina recurrió a la Organización Mundial del Comercio. En varias oportunidades, Chile defendió su punto de vista, pero finalmente el referido organismo internacional afirmó que nuestro país no podía mantener un sistema de bandas de precios y que existían otros mecanismos -ellos fueron recogidos en el artículo 1º de la iniciativa que ahora nos ocupa- para evitar que, frente a mercados imperfectos o economías que subsidian fuertemente a su agricultura, Chile quedara vulnerable.
Por esa razón, y entendiéndolo de esa manera, el Ejecutivo envió al Congreso Nacional el proyecto de ley en debate, con su artículo 1º.
Argentina, luego de que Chile suscribiera el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ha querido que se le apliquen las mismas condiciones contenidas en dicho instrumento, es decir, ha querido que rija el principio de la nación más favorecida, de tal modo que si en virtud de dicho convenio se ha entregado a la potencia del norte una condición más favorable, el país vecino también aspira a que se proceda en idénticos términos con él.
Sin embargo, Argentina actúa con nosotros de manera completamente arbitraria y discriminatoria, imponiendo tributos a nuestras exportaciones, sobre todo a las de trigo, con lo cual hace bajar el precio interno de ese producto muy por debajo de los valores internacionales y favorece directamente a su industria molinera, perjudicando a la chilena y a nuestros productores de trigo.
Por eso, la iniciativa en debate es bastante necesaria. Algunos dirán que esta es una forma de protección para los agricultores y productores de trigo nacionales. Lo que tenemos que reconocer es que los mercados mundiales de ese cereal son tremendamente desordenados e imperfectos. Por ejemplo, Europa, Estados Unidos y Japón subsidian su producción agrícola y, por lo tanto, muchas veces los precios internacionales se tornan mentirosos y terminan perjudicando a los productores chilenos, quienes no cuentan con ningún tipo de subsidio del Estado.
Entonces, hago un llamado a mis colegas del Senado para que aprobemos en general la iniciativa -es decir, su artículo 1º, que en el informe de la Comisión de Agricultura aparece como artículo único- y apoyemos el acuerdo adoptado por dicho órgano técnico en el sentido de rechazar el artículo 2º, que no hace más que entregar a Argentina los beneficios de la nación más favorecida.
Pienso que esto último sería profundamente perjudicial para nuestros productores y sumamente injusto para aquellos que compiten solo con su propio trabajo y esfuerzo, sin subsidios ni triquiñuela jurídica alguna.
Es evidente que no podemos entregar a Argentina los beneficios de la nación más favorecida, pues tiene climas y suelos tremendamente favorables para el cultivo del trigo. Además, dicha nación impone tributos a nuestras exportaciones, con lo cual logra que sus costos queden por debajo de los precios internacionales, y, por lo tanto, constituye una competencia manifiestamente desleal.
De ahí la importancia de rechazar el artículo 2º, para no promover esta competencia desleal, que finalmente significaría la ruina de miles de pequeños y medianos productores, desde la Séptima hasta la Novena Regiones, que es donde se concentra el cultivo de granos.
Por esa razón, señor Presidente, y sumándome a las expresiones de los Senadores señores Larraín y Espina, anuncio mi voto favorable a la idea de legislar y al artículo 1°, así como mi voto contrario al artículo 2º.
Muchas gracias.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, se avecinan tiempos muy difíciles para el sector triguero y, en general, para los productores de cereales de Chile. Siento que este año va a ser especialmente duro, porque nos vamos a enfrentar a una situación gravísima desde el punto de vista de la subsistencia de la pequeña y mediana empresa agrícola, en particular desde la Octava Región hacia el sur.
La razón es muy simple: se hizo una siembra con costos extraordinariamente altos, cuando el petróleo estaba a 147 dólares el barril, y hoy día se va a enfrentar una cruda realidad, porque el valor del cereal está alterado por las circunstancias económicas que vive el mundo, las cuales llevan a pensar que se va a cosechar a un precio que será la mitad del que se esperaba.
A ello debemos sumar la posibilidad cierta de que Argentina siga presionando, como lo ha hecho durante decenas de años. Al respecto, recuerdo un dicho de don Francisco Antonio Encina, uno de los grandes cultivadores de trigo que hubo en Chile y que se dedicaba, entre siembra y cosecha, a hacer semblanzas históricas. Él señalaba que la relación de la agricultura chilena con la argentina era como dormir con un elefante, porque cualquier mal sueño de este terminaba, indefectiblemente, aplastándonos.
En la década de los años 60, un eminente economista agrario, asesor agrícola de la Casa Blanca, cuyo nombre recuerdo perfectamente (Edward Shu), vino a Chile a dar unas conferencias en las que me correspondió participar como dirigente agrícola y donde pude conversar largamente con él respecto de este tema. Y ahí me contó que tenía en su cabeza una idea teórica, que nunca la había podido implementar: el sistema de las bandas de precios.
Al recordar ese mecanismo y correspondiéndome en alguna oportunidad ser Subsecretario de Agricultura, establecí en 1976 las llamadas "bandas de precios". Y esto ciertamente que fue un debate de extraordinaria importancia en el país¿
El señor PIZARRO.-
¿Usted es el responsable de las bandas de precios?
¡No lo sabía!
El señor ROMERO.-
Exactamente, señor Senador. Siempre lo he dicho.
Por lo demás, el país agrícola me lo ha agradecido. Porque, en verdad, este mecanismo, que ha durado 30 años, no solo ha sido reconocido por estas bancadas, sino también por las de enfrente y por las del medio, de donde a veces surgen algunas voces destempladas.
Lo que quiero señalar, señor Presidente, si me lo permite el Honorable señor Pizarro, quien debería dedicarse a proteger al pisco con más fuerza de otros embates,¿
El señor PIZARRO.-
¡Para eso tengo al Senador Gazmuri¿!
El señor ROMERO.-
¿ es que hoy día estamos frente a una situación bastante delicada, porque, ciertamente, ha habido una presión.
Primero, se ha hecho una mala defensa de las bandas de precios, que jamás debieron haber sido declaradas, si la defensa hubiera sido buena, como atentatorias contra la libre competencia. Porque, en definitiva, ellas son neutras en el mediano plazo. Es, sin duda, un punto que a mi juicio no fue bien defendido.
Por otra parte, como han señalado con mucha razón quienes me antecedieron en el uso de la palabra, Argentina ha intentado en forma permanente colocar a la agricultura chilena en una situación de dependencia.
Tal vez el símil más apropiado sea el de los contratos de gas natural que se celebraron entre ambos países en la década pasada, durante el Gobierno del ahora Senador señor Frei,¿
El señor GAZMURI.-
¡No se aproveche¿!
El señor ROMERO.-
¿ en donde simplemente no se establecieron los mecanismos de resolución de controversias que correspondían. Eso nos hizo dependientes y debimos pagar una crisis energética de muy alto costo para el país.
Esa misma falta de argumentos, de convicción, de fuerza, que ha tenido Chile para defender sus posiciones es la que hoy día me hace recordar estos antecedentes para decirle al Senado que nosotros debemos apoyar con decisión el artículo 1º del proyecto y rechazar, con idéntica decisión, su artículo 2º, porque es la única forma realista de actuar ante la desocupación que de manera muy importante puede ocurrir en el país por razones de la crisis económica, la cual puede verse seriamente influida por el tema de los cereales. Y nuestra obligación ética es preverla.
Por eso, señor Presidente, me sumo a las expresiones de los Honorables señores Larraín, Espina y García para que el Senado tenga una posición muy clara en esta materia.
Muchas gracias.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente, también voy a votar a favor de este proyecto.
Como miembro de la Comisión de Agricultura, pero también como Senador y como ciudadano, conozco perfectamente bien la situación que han vivido sobre todo los trigueros del país.
No me referiré a algunas cuestiones que ya se han mencionado, para no alargar la sesión en forma innecesaria, pero sí quiero poner énfasis en dos materias.
La primera dice relación al hecho de que la República Argentina utiliza el mecanismo de sustitución -denominado "de retenciones" por ellos, pero que son impuestos de exportaciones- como un mecanismo de desviación de comercio y de subsidio encubierto.
El subsidio encubierto radica en lo siguiente. Argentina, en general, subsidia fuertemente los combustibles, sobre todo el gas. En virtud de ello, uno de los costos importantes de la producción del trigo queda subsidiado por vía indirecta.
Pero, además, cuando diferencian gravando con un mayor porcentaje la materia prima -en este caso, el trigo- y con menor porcentaje el producto derivado -en este caso, la harina-, obviamente al consumidor externo, el importador del producto, le resulta mucho más barato comprar este que aquella. De esa manera, entonces, se configura un mecanismo de desviación de comercio.
Ese es uno de los tantos instrumentos que la República Argentina ha utilizado para lograr la penetración de su trigo a Chile, sin perjuicio de otros que se han buscado en forma fraudulenta, como el de hacer pasar harina de trigo como harinilla y, por consiguiente, competir con precios absolutamente diversos, porque a esta última no se le aplican los gravámenes respectivos.
En función de lo anterior, señor Presidente, voy a votar favorablemente el proyecto.
En cuanto al artículo 2º, ni siquiera me voy a pronunciar sobre su conveniencia o inconveniencia. Solo voy a señalar, simplemente, que, conforme a lo establecido en el artículo 64 de la Constitución, el Presidente de la República puede "solicitar autorización al Congreso Nacional para dictar disposiciones con fuerza de ley durante un plazo no superior a un año sobre materias que correspondan al dominio de la ley". Y son materias de ley -lo sabemos perfectamente bien- las que se refieren a todo tipo de tributos y gravámenes.
Pues bien, en este caso, se está fijando la posibilidad de un calendario sin determinar desde cuándo se establece y hasta el 2014. De modo que ya per se la disposición es inconstitucional y, en consecuencia, por ese solo hecho, procede rechazarla.
Por consiguiente, votaré favorablemente la idea de legislar, y anuncio mi apoyo irrestricto al artículo 1° y mi voto en contra del artículo 2°, por ser inconstitucional.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, lamento que no esté presente algún representante del Ejecutivo. Probablemente, por la tabla que hemos tenido y la forma en que se ha avanzado en ella, no se le informó que el proyecto sería tratado en esta sesión.
Digo lo anterior, porque aquí se está repitiendo la misma discusión que tuvimos en la Comisión, donde majaderamente -cada uno asume la posición que quiera, y me parece muy legítimo respetarla- se señaló que el artículo 2° no era conveniente para el desarrollo de la actividad triguera en nuestro país.
Yo tengo una opinión absolutamente contraria a ese planteamiento.
Quiero partir señalando lo siguiente.
A mi juicio, Chile, como consecuencia del resultado adverso del panel de la Organización Mundial del Comercio, al que fue llevado por Argentina, se encuentra obligado a adecuar la legislación nacional sobre el sistema de banda de precios a la normativa de aquel organismo internacional. Nuestro país debe solucionar dicho problema si queremos seguir participando de la globalización. Porque de repente uno tiene la impresión de que solo nos gusta recibir todos sus beneficios, pero no pagar ningún costo.
Como es lógico, esta iniciativa responde a esa necesidad: colocar las cosas en su lugar, luego de la resolución de la Organización Mundial del Comercio.
Pero, lamentablemente, aquí muchas veces se hace eco de situaciones que no se ajustan a la realidad. Se vive con fantasmas que no existen.
Si se preguntara la cantidad de harina de trigo argentino que ingresó a Chile durante el 2008, habría que señalar que fueron 3 mil toneladas.
¿Alguien podría decir que un país que importa esa cantidad constituye una amenaza para la producción triguera chilena y para la existencia de este sector? No. Porque la inmensa mayoría del trigo que se importa proviene de Estados Unidos y Canadá. De cada cuatro quintales que se importan, tres vienen de estos países y uno de Argentina.
¿Y saben por qué?
Porque en el pasado, cuando genéticamente producíamos variedades de trigo de mala calidad, parte importante de este provenía de Argentina.
Sin embargo, algunos parecen olvidar que los cambios tecnológicos, las innovaciones en materia tecnológica, han permitido que haya variedades de trigo de mayor calidad y que los propios consumidores la exijan en las harinas y el trigo. Eso ha llevado a que nuestro país importe trigo principalmente de Estados Unidos y Canadá y no de Argentina.
Entonces, aquí se tiende a suponer que el artículo 2° o tal acción es para favorecer a Argentina. ¡Por favor! Preguntemos primero de dónde vienen las importaciones de trigo y después hagamos las afirmaciones que correspondan.
Pero si existe un nivel de importaciones no tan relevante de trigo de Argentina, no me vengan a decir que tal artículo o tal ley favorecerá a los productores de esa nación.
No estamos comprando trigo argentino en grandes cantidades o, prácticamente, estamos comprando muy por debajo de lo que se quiere hacer creer.
Creo que eso es bueno colocarlo en su debido lugar.
Porque el artículo 2° del proyecto establece un mecanismo automático. ¡Y caramba que es importante! Hoy nos encontramos en una situación totalmente distinta a la de algunos meses atrás. Actualmente el precio del trigo está en caída libre y necesitamos mecanismos que actúen automáticamente en el evento de que este problema se profundice aún más.
Entonces, los mismos que hoy solicitan la eliminación del artículo 2° -¡escuchen Sus Señorías lo que voy a decir!-, sin duda, serán quienes el día de mañana nos estarán pidiendo un mecanismo parecido al establecido en dicho precepto.
¡Miren la paradoja!
Claro, en un cuadro en el que teníamos un trigo espectacular, con buenos precios, a lo mejor el artículo 2° habría sido un inconveniente.
Pero hoy día -¡ojo!- la situación va cambiando en una dirección absolutamente contraria.
Necesitamos mecanismos que actúen automáticamente para salvaguardar y proteger a nuestros productores.
Si uno cae en estas defensas a fardo cerrado, un tanto apasionadas -por decirlo de alguna manera- se termina por hacerle mucho daño a la agricultura. Porque empezamos a inventar fenómenos y catástrofes que al final la debilitan a ella y a los propios productores. Porque si digo que si hoy día se aprueba esta iniciativa significará prácticamente la destrucción del sector triguero, ¿habrá alguna institución financiera que querrá prestar plata a los productores para que siembren trigo?
Si el Senado dice que el trigo no vale nada, que está por el suelo, entonces, en el fondo, no les estamos haciendo un favor a los trigueros.
Por exagerar las cosas, estamos diciéndoles a las instituciones financieras -por eso es preciso tener cuidado-: "Miren, la cosa va mal con el trigo, y si se aprueba esta iniciativa, será la destrucción del sector". ¿Qué entidad bancaria querrá apoyar a nuestros productores de trigo? ¡Ninguna!
Y ahí sí que conduciremos al sector triguero chileno a donde al parecer algunos lo quieren llevar.
Entonces, pido prudencia, cautela en esta materia. Porque las exageraciones que de repente se hacen dañan mucho a la agricultura. Ocurre algo similar a como reza el dicho popular: "No me ayude, compadre, porque la ayuda que me brinda está perjudicándome en el largo plazo". Es como el "abrazo del oso".
Yo prefiero la prudencia. Debe ser por la experiencia, porque lo que plantea el proyecto es bueno.
Lo digo con mucho respeto, porque en el Senado se cae a veces en particularidades que llevan a algunos a creerse especialistas en todo. Conforme, están en su legítimo derecho. Pero hay que ser cuidadoso.
Soy ingeniero agrónomo, de muchos años; economista agrario; profesor universitario; magíster en economía agraria, he estudiado. Es decir, algo sé de agricultura y, por consiguiente, no estoy improvisando.
Por lo mismo, cuando acá se discuten materias de derecho trato de ser muy cuidadoso y muy prudente en lo que opino, porque no soy abogado.
En consecuencia -como he dicho-, cuando se exageran las cosas, al final se termina haciendo un tremendo daño a la agricultura.
Creo que, en su conjunto, el proyecto es bueno para la agricultura, para mantener el comercio internacional de Chile en todas sus facetas y expresiones. Si nuestro país no toma medidas como las que se plantean aquí, el día de mañana otros sectores económicos pueden resultar perjudicados, dado que no estamos adoptando las resoluciones de la Organización Mundial del Comercio.
La economía chilena hay que mirarla en su amplitud. El hecho de representar una zona agrícola hace que uno desee todas las cosas buenas para ella. Pero tengo que pensar qué pasaría si el día de mañana alguna nación empieza a poner problemas al sector industrial o a otros sectores exportadores chilenos por las medidas que adoptamos en la creencia de que estamos ayudando a la agricultura.
Me parece que esa no es la forma de apoyarla. Pienso que se la ayuda colocando las cosas con ponderación, con prudencia y no efectuando amenazas catastróficas. Porque eso hace que las cuestiones finalmente terminen mal.
Vuelvo a insistir: el trigo argentino, de acuerdo con la situación actual -puede que el día de mañana cambie-, no representa ninguna amenaza para el trigo nacional. ¡Ninguna!
Entonces, que nadie ande viendo sombras, fantasmas que no existen. Que los hubo en años pasados, porque la calidad del trigo era distinta, sí, claro, es verdad. Tienen razón quienes así lo afirman. Pero no estamos en 1990 ni en 1980. Estamos llegando al 2010, donde la calidad del trigo es distinta, y las personas que lo consumen la exigen no solo respecto de este, sino de su derivado. Y la calidad no la está dando hoy el trigo argentino. Por eso este no se compra tanto. Porque actualmente el trigo de calidad para producir pan, para elaborar harina es el que viene de Estados Unidos y Canadá.
Y ya que se ha hablado de la crisis del trigo -es bueno colocar las cosas en su lugar-, debo decir que este se está pagando mal no porque el precio internacional se encuentre muy bajo, sino porque las empresas molineras del país, aprovechando argumentos como los que hoy se dan aquí, dicen: "El precio que tenemos que pagar a nuestros productores de trigo es el precio argentino".
Por eso están pagando 12 mil y 13 mil pesos por el quintal de trigo, cuando debieran ofrecer el precio del trigo que Chile compra en Estados Unidos y Canadá, que se halla entre 16 mil y 20 mil pesos. Pero como los molineros escuchan estos planteamientos, entonces ¿qué hacen?
Creo que ellos deben estar felices de haber oído tales discursos. Porque van a seguir abusando de los mismos productores que algunos de los señores Senadores presentes han dicho que quieren defender. Lo que hacen con sus discursos hoy día aquí es permitir que los molineros -si están escuchando, deben estar aplaudiendo en sus casas- continúen abusando de nuestros productores. ¿Por qué? Porque les pagarán a estos al precio del trigo argentino (entre 12 y 13 mil pesos), en lugar de pagar los casi 20 mil pesos que corresponde al valor del trigo que viene a Chile de Estados Unidos y Canadá.
Aquí estamos escuchando a gente que dice: "Yo deseo ayudar a la agricultura; yo estoy por defender al sector triguero; yo quiero que siga existiendo". ¡Pero con los discursos que han dicho aquí lo están hundiendo! Porque están dando argumentos a los molineros para que sigan pagando 12 mil a 13 mil pesos por quintal de trigo a los productores; o sea, para que se mantenga el abuso.
Y resulta que no viene tanta harina de Argentina. Tres mil toneladas el año pasado ¡Tres mil! ¡La nada misma! Eso se va en las empanadas o en los panes que un Senador o candidato a Senador mande hacer para alguna concentración política o para su campaña. ¡Esas tres mil toneladas podrían consumirse en el transcurso de la campaña de un Senador si este quisiera ofrecerles empanadas a sus electores¿!
Entonces¿
El señor ESPINA.-
¿Cuántas?
El señor NARANJO.-
Tres mil toneladas.
Por eso, señor Presidente, insisto¿
El señor GAZMURI.-
¡Se trata de campañas largas...!
El señor NARANJO.-
Claro. ¡Suelen ser largas¿!
Entonces, insisto: ojo con lo que decimos, ojo con las señales que mandamos, porque los molineros, al escuchar este debate, deben estar sobándose las manos y diciendo: "Estos son los Senadores que yo necesito para que me defiendan". Porque los discursos que yo he escuchado aquí tienden a proteger a los molineros, no a los productores de trigo.
A estos últimos se les defiende respondiendo a los requerimientos que dicta el mercado internacional, respecto de lo cual Chile tenía una falta y una deuda, que está reparando con el proyecto en análisis. A los productores de trigo se les apoya diciendo las cosas como son y no exagerándolas, modificándolas o acomodando la realidad.
Por eso, anuncio que votaré favorablemente el proyecto. Creo que el artículo 1º es oportuno y que el artículo 2º lo complementa, y es necesario para defender una política triguera en nuestro país.
He dicho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor GAZMURI.-
¡Veamos si el señor Senador está con los molineros o con los trigueros¿!
El señor CANTERO.-
¡Buena pregunta¿!
El señor SABAG.-
Señor Presidente, no cabe ninguna duda de que este es un asunto muy sensible y de que todos queremos apoyar a nuestros agricultores, especialmente a los trigueros y a los más pequeños.
Sin embargo, no hay acuerdo en la Sala: unos dicen que los otros están equivocados y algunos señalan que estamos defendiendo a los productores o a los panaderos. Y la verdad es que todos queremos ayudar a los productores.
La agricultura es muy sensible en todas sus actividades. Solo se sabe cuándo se sembrará, pero nunca cuánto ni cuándo se cosechará. Es una incertidumbre constante: que el tiempo, que la sequía, que las lluvias, que las heladas, que los precios, que muchas producciones en otras naciones, que la baja producción. En consecuencia, el agricultor vive en una permanente incertidumbre.
No cabe duda de que la siembra de trigo es un problema delicado y de que, debido a la poca claridad en las reglas de juego, ha ido disminuyendo. En mi opinión, hoy día no hay más de 400 mil hectáreas cultivadas, en circunstancias de que en épocas pasadas había entre 700 y 800 mil.
En estos mismos momentos existe un gran movimiento de los productores trigueros desde Chillán al sur¿
El señor LARRAÍN.-
Desde Linares.
El señor SABAG.-
¿ Perdón, desde Linares al sur.
Ellos están preocupados de la situación. Con respecto a la iniciativa que nos ocupa, que lleva demasiado tiempo sin verse, quizás hemos andado con mucha lentitud en su tramitación. Ahora mismo la aprobaremos solo en general y volverá a la Comisión.
También lamento que el Ejecutivo no esté presente en la sesión. Como el proyecto lleva en tabla muchas semanas, a lo mejor no estaba invitado.
El señor LARRAÍN.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor SABAG.- Con la venia de la Mesa, con todo agrado.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, solo deseo responder a la inquietud que plantea, muy legítimamente, el Senador señor Sabag en cuanto a que el retraso de esta iniciativa traería consecuencias.
La verdad es que ello no es así, porque, de hecho, Chile sigue aplicando la banda de precios. Y no ha habido preocupación al respecto. De manera que se trata de cambiar una cosa por otra.
Ocurre que debemos legalizar y resolver el asunto. Mientras tanto, dicha materia no tiene consecuencias prácticas en los problemas que hoy presenta el mundo triguero.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Continúa con el uso de la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Agradezco la intervención del Honorable señor Larraín.
Decía que en la actualidad el movimiento de los trigueros se desarrolla desde Linares hacia el sur, porque hay inquietudes concretas. Ellos sembraron con la expectativa de vender a un precio de 18 a 20 mil pesos el quintal, pero los molineros pagan entre 12 y 14 mil pesos. Es evidente, entonces, que los costos de siembra y las expectativas generadas son muy distintos de lo que ofrece la realidad.
Por eso los trigueros están pidiendo la intervención del Gobierno, a través de COTRISA, para que abra un poder comprador por lo menos para favorecer a los pequeños y medianos productores de trigo.
Hago presente esa preocupación.
Insisto en que lamento que el Ejecutivo no esté presente en la Sala. Como dije, a lo mejor se debió a la incertidumbre de no saber si se discutiría el proyecto en esta sesión. Y hoy día se trató. Si la Ministra lo hubiese sabido, habría estado aquí, porque la voz del Gobierno es muy clara.
Yo no pertenezco a la Comisión de Agricultura; pero escucho decir a unos que el artículo 2º, agregado en la Cámara de Diputados, es fatal y a otros, que es la salvación. ¿Qué opina al respecto el Ministerio del ramo?
Por eso necesitamos aquí su presencia en la próxima sesión.
Ahora aprobaremos la idea de legislar. Y espero que, cuando la iniciativa vuelva a la Sala para su discusión en particular, el Gobierno venga y manifieste su clara posición, porque todos nosotros estamos por apoyar a nuestros productores, en especial a los trigueros.
He dicho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Informo a Su Señoría que el Ejecutivo siempre es informado de los proyectos que se verán en la Sala; así que, si la Ministra no está aquí, no es por falta de información.
El señor SABAG.- Yo dije que puede ser por la incertidumbre de no saber cuándo se tratará la iniciativa, pues ha estado en tabla desde hace tiempo.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente, quiero expresar mi apoyo al proyecto, pero hago presente que tengo dudas respecto del artículo 2º.
Además, comparto la inquietud planteada por el Honorable señor Sabag, en el sentido de que sería bueno escuchar la opinión del Ejecutivo. En este momento el trigo en nuestro país está sembrado y¿
El señor NARANJO.-
Ya se está cosechando.
El señor KUSCHEL.-
Claro, en la zona central, pero todavía no en el sur. En mi Región estamos muy cerca. En marzo debiéramos estar prácticamente listos.
En consecuencia, sería ideal poder ver esta iniciativa con el Gobierno la próxima semana.
Mientras tanto, mi voto será favorable.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la idea de legislar.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto en general (23 votos).
Votaron las señoras Alvear y Matthei y los señores Arancibia, Cantero, Chadwick, Coloma, Espina, Flores, García, Gazmuri, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Muñoz Aburto, Naranjo, Navarro, Orpis, Pizarro, Prokurica, Sabag y Vásquez.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Corresponde fijar plazo para la presentación de indicaciones.
El señor ESPINA.-
Hasta el lunes.
El señor LARRAÍN.-
Conforme.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
El lunes 12 de enero, a las 12.
¿Hay acuerdo?
--Así se acuerda.
EXIGENCIA DE CONSENTIMIENTO MATERNO PARA
RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD DE HIJOS DE FILIACIÓN
NO MATRIMONIAL
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que exige el consentimiento de la madre para el reconocimiento de paternidad de los hijos de filiación no matrimonial, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5706-18 y 5812-18) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 36ª, en 15 de julio de 2008.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 76ª, en 3 de diciembre de 2008.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El objetivo principal del proyecto es modificar diversas normas del Código Civil regulatorias del reconocimiento de un hijo o hija de filiación no matrimonial fijando exigencias adicionales a las que efectuó la ley N° 19.585 en cuanto al reconocimiento expreso espontáneo que hace el padre, con la finalidad de corregir situaciones de hecho no comprendidas en la señalada normativa.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió la iniciativa solamente en general y analizó al mismo tiempo la idea de legislar acerca de los dos proyectos que figuran a continuación en el Orden del Día -al respecto daré una breve explicación antes de terminar la relación-, que contienen una idea matriz muy similar pero no pudieron ser refundidos con la iniciativa que ocupa ahora al Senado, toda vez que esta se encuentra en segundo trámite constitucional -ya fue despachada por la Cámara Baja-, y aquellos, habiéndose originado en mociones de Senadores, en primer trámite.
La Comisión aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señora Alvear y señores Chadwick, Gómez y Muñoz Aburto), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados. El texto se transcribe en la parte pertinente del informe. Señores Senadores, como dije, los dos proyectos que siguen en la tabla son semejantes al que acabo de relatar. Y, si el señor Presidente me diera la venia, yo podría hacer la relación de ellos inmediatamente, con el propósito de que durante el trámite de segundo informe pudieran ser incorporados como indicaciones a la primera iniciativa.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Si le parece la Sala, se hará también la relación de los dos proyectos mencionados.
La señora ALVEAR.-
Conforme.
El señor GÓMEZ.-
Bien.
--Así se acuerda.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El proyecto que sigue, signado en la tabla con el N° 5, se originó en moción del Senador señor Ominami; propone la MODIFICACIÓN DE DIVERSOS CUERPOS LEGALES EN MATERIA DE RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD, y cuenta con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5816-07 ) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del Senador señor Ominami).
En primer trámite, sesión 11ª, en 15 de abril de 2008.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 76ª, en 3 de diciembre de 2008.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El objetivo principal de la iniciativa en comento es, por una parte, requerir el consentimiento de la madre para perfeccionar el reconocimiento de paternidad de un niño nacido fuera del matrimonio cuando se realice luego del año siguiente al nacimiento, y por otra, establecer diversos tipos penales que castiguen al que maliciosamente reconozca un hijo que no es suyo o suplante a otro con el objeto de alterar una prueba biológica ordenada por un tribunal o que tenga por finalidad alterar la filiación de un menor de edad.
La Comisión analizó este proyecto, al igual que el anterior, solo en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes presentes, Honorables señora Alvear y señores Chadwick, Gómez y Muñoz Aburto. El texto aparece en la parte correspondiente del informe.
Y la tercera iniciativa, signada en el Orden del Día con el N° 6, se generó en moción de los Senadores señora Alvear y señores Chadwick, Espina, Gómez y Muñoz Aburto; fue informada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y plantea, mediante enmiendas al Código Civil, el ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS CORRECTIVOS PARA CASOS DE RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD INDEBIDOS.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5825-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los Senadores señora Alvear y señores Chadwick, Espina, Gómez y Muñoz Aburto).
En primer trámite, sesión 15ª, en 29 de abril de 2008.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 76ª, en 3 de diciembre de 2008.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El objetivo del último proyecto es solucionar los problemas provocados por el reconocimiento indebido de paternidad de niños nacidos fuera del matrimonio.
La Comisión también discutió esta iniciativa únicamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Alvear y señores Chadwick, Gómez y Muñoz Aburto. El texto se transcribe en el informe.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).- En discusión general los tres proyectos a la vez.
El señor GÓMEZ.-
Pido la palabra.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
La tiene, Su Señoría.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, trataré de no repetir las relaciones que hizo el señor Secretario.
Ante todo, debo señalar que las tres iniciativas tienen por finalidad evitar lo acontecido en algunas oportunidades: que quienes no son padres de los niños los inscriban y los reconozcan, generando finalmente un problema familiar muy grande, porque de ello derivan obligaciones y derechos.
El primer proyecto, originado en mociones refundidas de Diputados, establece que, transcurrido un año desde el nacimiento del hijo, para el reconocimiento de paternidad se requiere consentimiento previo de la madre. Si esta no consiente, quien intente el reconocimiento podrá entablar un juicio donde le será factible probar su paternidad y obtenerlo por vía judicial.
La iniciativa en comento dispone que para el reconocimiento del hijo mayor de catorce años pero menor de edad se deberá contar con su consentimiento. Además, aquel tendrá derecho a optar entre los apellidos de la persona que lo reconozca y los que tenía con anterioridad.
Eso, con relación al primer proyecto.
El Senador señor Ominami, por su parte, presentó una moción donde se establece que, para que el reconocimiento de paternidad hecho luego de un año desde el nacimiento del menor tenga validez, deberá mediar confirmación de la madre. Si esto no ocurre, quien procura el reconocimiento podrá entablar un juicio para probar su paternidad y obtenerlo.
A continuación se contemplan algunos tipos penales. Durante la discusión señalamos reparos sobre el particular.
Y el tercer proyecto, presentado por los miembros de la Comisión de Constitución del Senado, parte de la base -por supuesto, las ideas matrices de las tres iniciativas son similares- de que la legislación actual permite que el menor reconocido repudie sin necesidad de expresar causa el reconocimiento una vez que alcance la mayoría de edad.
Para los casos excepcionales de reconocimientos abusivos, la iniciativa en comento propone entregar a la madre o al padre que hizo el primer reconocimiento el derecho a repudiar un nuevo reconocimiento dentro del año siguiente.
¿Cuál es el sustento del proyecto que firmamos los miembros de la Comisión de Constitución? Que la madre o el padre, el primero que haya reconocido al hijo, en el momento en que tenga conocimiento de que existe la intención de un nuevo reconocimiento, pueda repudiar o iniciar un juicio en forma inmediata, evitando así lo que sucede con la legislación actual, en que el problema se prolonga por mucho tiempo y no se tiende a resolverlo.
Señor Presidente, el asunto es bastante complejo desde el punto de vista de los hechos concretos.
Debo expresar en forma muy clara que, aunque los tres proyectos tienen bases similares, presentan diferencias en su estructura.
En tal sentido, es importante que la Sala los apruebe en general, para que en la Comisión, durante la discusión particular, procedamos a fusionarlos en uno solo que permita cumplir los objetivos que todos ellos persiguen en general, pero en algunos casos con soluciones distintas.
He dicho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente, intentaré aclarar bien qué motivó este conjunto de iniciativas y qué impulsó a que los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, luego de escuchar a profesores de Derecho Civil, acordáramos por unanimidad presentar la moción de que se ha dado cuenta.
Como Sus Señorías recordarán, en un programa de televisión se denunció una situación muy dramática: un cuidador de autos, en forma absolutamente antojadiza, reconoció e inscribió como padre al hijo de una Seremi de¿
El señor ORPIS.-
De Arica.
El señor GÓMEZ.-
Así es.
La señora ALVEAR.-
¿de Arica.
Esa mujer, naturalmente, se siente complicada. Porque la impugnación de la paternidad, de acuerdo con el Código Civil, puede hacerse, por ejemplo, mediante un examen de ADN. Pero sucede que el padre del niño falleció. Entonces, no hay posibilidad de efectuar una impugnación debido al término del plazo.
Ahora, aquella es una circunstancia absolutamente excepcional. Son muy raros los casos en que pueden registrarse situaciones abusivas. Sin embargo, como es factible que se produzcan, importa tener alguna normativa que, preservando los principios generales, permita corregir las anomalías.
¿Cuáles son los principios generales que nos preocupa salvaguardar?
Siempre, el interés superior del menor, más aún cuando actualmente en Chile sobre 50 por ciento de los niños -creo que la cifra es del orden de 56 por ciento- nacen fuera del matrimonio.
Ese interés superior marca la relevancia de que el menor tenga madre y padre. Y por tal razón hoy día el padre va a inscribir a su hijo con el certificado de parto.
Empero, eso muchas veces no ocurre. En la gran mayoría de los casos judiciales se registra la situación inversa: los hombres no reconocen su paternidad, lo que motiva numerosos juicios entablados por madres solteras ante los tribunales de familia.
En consecuencia, debemos buscar la existencia y preservación de un principio general que facilite la inscripción.
Algunas de las mociones presentadas señalan que la madre debe dar el consentimiento. Si eso fuera así, se podría prestar, lamentablemente, para una especie de negociación posterior susceptible de generar efectos en que el interés superior del niño no estaría debidamente resguardado: "¡Si tú no me das tal cantidad, no te voy a autorizar el reconocimiento de mi hijo!".
Trabajé muchos años -antes de ser Ministra, primero, y luego, Senadora- en asuntos de familia. Por tanto, estoy en condiciones de señalar que tal situación se da muchas veces. De modo que es relevante preservar el principio en comento y procurar que el reconocimiento de un hijo no sea motivo de una negociación entre el padre y la madre. Ya con posterioridad los jueces se abocarán a los derechos de alimentos, de visitas, etcétera.
Hay que diseñar, pues, algún mecanismo que evite situaciones tan horrorosas como la que vive esa madre angustiada del caso expuesto mediante la televisión. Porque si ella muere, el padre de su hijo va a ser ese señor que no sé si tiene sus facultades mentales perturbadas. Es una cosa espantosa. Y cualquier madre no viviría tranquila ante algo así.
Es por eso que los cinco Senadores de la Comisión de Constitución presentamos una moción donde se señala: "El padre o madre que ha reconocido al hijo menor podrá, extraordinariamente, repudiar en su nombre" -en nombre de ese hijo- "la nueva filiación que pretenda establecerse conforme al artículo 187, invocando la ausencia de vínculo biológico de quien hace el nuevo reconocimiento con el niño o niña reconocido. Esta repudiación deberá efectuarse dentro de un año contado desde que el padre o madre que repudia haya tenido conocimiento del reconocimiento.".
En el caso dramático que conocimos a través de un programa televisivo, la madre supo de la situación solo hace algunos meses. Por tanto, dispone de plazo para efectuar una presentación ante el tribunal competente con el objeto de que el reconocimiento hecho por un tercero que nada tiene que ver con el niño sea echado para atrás judicialmente. De formularlo al año de haber nacido el niño, no existiría solución, por desgracia.
Por eso -y quiero ser superclara en este sentido-, pensamos que, no obstante los casos excepcionales -la regla general es absolutamente al revés: en nuestro país, la gran mayoría de las mujeres muchas veces braman por que les reconozcan sus hijos; ¡ese es el drama que tenemos hoy!-, debemos facilitar el reconocimiento de los niños, a quienes les asiste el derecho a tener un padre, una madre.
Establecer por casos excepcionalísimos limitaciones o requisitos para tal efecto iría absolutamente contra el principio general que intentamos resguardar. Sin embargo, la presentación de los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia salvaguarda ese principio, fortalece la posibilidad de que el padre efectúe el reconocimiento y otorga una herramienta para que en un plazo prudente, de un año, independiente de la edad del niño, tras saberse del reconocimiento indebido, se proceda a la impugnación.
Tales son el objetivo de este proyecto y el motivo por el cual los cinco integrantes de la Comisión de Constitución, luego de escuchar a diferentes profesores y de razonar entre nosotros, llegamos a esta propuesta unánime, que me pareció importante explicar, dada la relevancia que tiene en el Derecho de Familia y, sobre todo, en la situación de nuestro país, donde -insisto- ya casi 60 por ciento de los niños nacen fuera del matrimonio.
He dicho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, las iniciativas en debate, destinadas a perfeccionar normas del Derecho de Familia, son fundamentales.
La Senadora señora Alvear se ha referido a diferentes aspectos de uno de los problemas.
En la Comisión se optó por aprobar en general esos proyecto y traerlos a la Sala con el propósito de que dicho órgano técnico pueda hacer un trabajo más integrador durante la discusión particular.
Por lo mismo, quiero plantear una cuestión que por desgracia es la más frecuente y no se halla incluida entre las materias abordadas. Me refiero a la situación del hombre que reconoce a un hijo y después de varios años descubre que no es suyo. Entonces se separa, pero, por haberlo reconocido, no puede repudiar la paternidad. Formalmente, sí. Empero, por el Derecho Internacional, por los derechos de la infancia, por el derecho de los niños y niñas a tener un apellido, cuando se trata de rectificar, aunque existan exámenes biológicos, de ADN, es imposible repudiar una paternidad que se aceptó en determinado momento, pese a descubrirse posteriormente que no existe ninguna relación biológica. Y, por ende, se obliga a ese hombre a mantener la carga como si fuera el padre biológico, aunque se encuentre separado de la madre biológica del menor en cuestión.
El señor PIZARRO.-
"Los hijos de mis hijas, nietos son. Los hijos de mis hijos, ¡solo Dios sabe de quién son¿!".
El señor LETELIER.-
Como señaló el Senador señor Pizarro, "Madre hay una sola¿".
El señor PIZARRO.-
Yo dije otra cosa.
El señor LETELIER.-
Él podrá concluir el resto de la frase.
Señor Presidente, en materia de Derecho de Familia no resulta correcto que quien no es el padre biológico tenga la obligación, contra su voluntad, de cargar con deberes propios del padre biológico.
Hay casos en que una mujer y un hombre se emparejan; ella se embaraza o está recién embarazada; después se descubre que el hijo no es del hombre que le dio el apellido -como se diría en términos antiguos- o reconoció la paternidad -como se dice actualmente-, pero no hay mecanismos para repudiar.
Esa es una situación tan inadecuada como otras que se procura corregir a través de los proyectos en análisis.
Yo quiero llamar la atención de la Sala en el sentido de que el criterio general en nuestro país debería ser que los adultos se hicieran cargo de sus actos, particularmente en lo que concierne a la legislación de familia.
Porque los niños siempre tienen un padre biológico. El problema estriba en que no siempre todos los hombres lo reconocen.
En todo caso, como hay inseminación in vitro, voy a decir, para los efectos del margen de duda, que en la abrumadora mayoría de las situaciones siempre hay un padre biológico. Y la cuestión reside en que siempre el padre biológico debería asumir las obligaciones económicas que conlleva traer una persona al mundo y en que nunca ha de traspasarse esa carga a otro cuando no hay voluntad de asumirla.
Muchos hombres hemos asumido responsablemente la crianza de hijos que no eran nuestros. Y los hemos hecho nuestros en toda la dimensión legal. Creo que en la Sala habemos más de un par que nos hallamos en tal situación, que nos llena de orgullo. Pero es un acto voluntario. No se debe impedir mediante el orden jurídico, por una interpretación del Derecho Internacional, que se repudie una situación que se da contra la voluntad y en la cual no median vínculos biológicos. Ese último ordenamiento no permite hacerlo, en efecto, aunque existan pruebas biológicas, sobre la base del derecho a un bien que todos queremos defender: el apellido. Pero ello no se puede hacer a cualquier costo.
He dicho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente, agradezco a los miembros de la Comisión de Constitución la acogida a estas mociones. Varios parlamentarios hemos presentado iniciativas en el ámbito que nos ocupa, motivadas por una denuncia efectuada a través de los medios de comunicación.
En lo personal, me impactó mucho la situación de la señora¿
El señor ORPIS.-
Pilar Mazuela.
El señor OMINAMI.-
Exactamente. Mi oficina la contactó y conversamos con ella.
En general, soy enemigo de legislar sobre la base de denuncias precisas, porque muchas veces se reacciona sin la debida distancia que una iniciativa requiere. Pero en este caso era bastante evidente que había un vacío legal.
Y, sin ser particularmente versado en estas materias, quiero explicar lo que entiendo al respecto.
En nuestro país, hasta 1998, antes de la ley Nº 19.585, el hombre -porque me refiero a la situación del sexo masculino- no respondía de las consecuencias de su vida sexual, salvo que cometiera un delito. Ese era el hecho básico. La ley no autorizaba a investigar la paternidad, ni siquiera a solicitud de la madre, del hijo o de la hija.
Asimismo, el reconocimiento de la paternidad constituía un derecho absoluto del hombre. Por consiguiente, el Servicio de Registro Civil no podía pedir antecedente alguno en el momento en que se efectuaba. Constituía un derecho que procedía de manera unilateral.
La ley simplemente presume que quien lleva a cabo el reconocimiento es el padre biológico. Se presenta, por tanto, un vacío legal en el sentido de que no existe un camino que logre establecer con certeza que reviste efectivamente esa calidad la persona que reconoce a un hijo. Esa es la situación actual.
Y la realidad demuestra que en Chile, anualmente, alrededor de treinta mil niños solo son reconocidos por la madre dentro del primer año de vida. ¡Treinta mil niños! En consecuencia, el universo del problema que se puede plantear no es completamente marginal. Altos índices de madres solteras, de familias uniparentales, reflejan un creciente ausentismo paterno.
Por otra parte, no es posible dejar de considerar el antecedente expuesto por el Senador señor Letelier, en orden a que muchos hombres reconocemos la paternidad de hijos que biológicamente no son nuestros.
En conclusión, resulta fundamental establecer un mecanismo de reconocimiento en que la madre tenga alguna participación. Por lo menos eso es lo que me motivó ante la situación de la señora Mazuela, en la cual se registraba un reconocimiento parental sin ningún tipo de intervención de su parte, y me llevó a presentar la moción, que es convergente con otras. Y me parece muy bien que la Comisión de Constitución, por unanimidad, busque perfeccionarla.
La iniciativa establece un sistema en el cual el padre podrá reconocer al hijo, sin la participación de la madre, sólo dentro del primer año de vida, no en cualquier momento. Vencido ese lapso, el reconocimiento solo surtirá efectos cuando sea confirmado por ella. Si la madre se niega, el padre tendrá la posibilidad de seguir la vía judicial. Y en caso de que la primera nada diga dentro del plazo de treinta días de ser notificada de la intención del padre, se entenderá reconocido el hijo por este.
En refuerzo de lo anterior, el proyecto, junto con dar un rol activo a la madre en el reconocimiento paterno de un hijo, crea tipos penales que sancionan criminalmente a quienes constituyan, entorpezcan o cometan alguna conducta fraudulenta que altere la exacta constitución del estado civil de una persona.
Por último -no sé si ello fue recogido en la Comisión-, la normativa le da valor a la voluntad de los mayores de catorce años en el sentido de que, cuando sean objeto de un reconocimiento que altere su nombre patronímico, consientan o no en cambiarlo. Ello tampoco se puede realizar hoy.
Esas son las motivaciones de mi moción, señor Presidente. Reitero que me satisface mucho que la Comisión de Constitución la haya asumido y busque una solución más global a esta clase de problemas, que revisten un carácter objetivo.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Solo había pedido una interrupción a mi Honorable colega Letelier, señor Presidente, respecto de un punto que ya aclaramos.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, el caso a que se ha hecho referencia ocurrió en Arica. De hecho, la afectada -creo que su situación conmovió a todo el país- es funcionaria de Gobierno, es una Secretaria Regional Ministerial.
Por mi parte, me alegro muchísimo de que la Comisión de Constitución haya abordado la materia ocupándose de las distintas mociones y de que se haya llegado a una resolución.
Lo más probable es que no sea la única situación en una familia.
Además, deseaba intervenir por una cuestión conceptual, en particular a raíz de la intervención del Senador señor Letelier. Ser padre no es lo mismo que serlo en el plano biológico, que ser el progenitor. Y los hijos adoptivos tienen la misma calidad jurídica que los biológicos. En consecuencia, quería dejar establecida la diferencia mencionada a fin de que cuando se tratara el tema de la familia se abordasen en un mismo nivel los casos de uno y otro hijo, en los cuales el padre será no necesariamente el biológico, el progenitor, para el empleo del concepto más exacto.
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
A continuación se procederá a votar.
El señor CHADWICK.-
¿Nos pronunciaremos sobre las tres mociones?
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Se consideró la idea de aprobarlas en general y recomendar a la Comisión de Constitución que tome como base la iniciativa que se encuentra en segundo trámite -lo que ahorrará uno-, respecto de la cual tendrá presentes, como indicaciones o como le parezca mejor, las otras dos mociones, para subsumirlas en ese articulado.
El señor LARRAÍN.-
Que se realice una sola votación y se entienda repetida para los otros dos casos.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Así es.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Por 26 votos a favor, se aprueban en general los tres proyectos, fijándose plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 9 de marzo, a las 12.
Votaron las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Flores, García, Gazmuri, Gómez, Kuschel, Larraín, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Núñez, Ominami, Orpis, Pizarro, Prokurica, Romero, Sabag y Vásquez.
MODIFICACIÓN DE CÓDIGO PROCESAL PENAL Y OTROS
CUERPOS LEGALES EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO
Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Procesal Penal y otros cuerpos legales en lo relativo al procedimiento y ejecución de medidas de seguridad, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Los antecedentes sobre el proyecto (5078-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 13ª, en 16 de abril de 2008.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 76ª, en 3 de diciembre de 2008.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El objetivo principal de la iniciativa es trazar una línea divisoria entre las medidas cautelares personales y las de seguridad aplicables a personas afectadas por alguna enfermedad mental, con motivo de lo cual se fijan los requisitos para imponerlas y los límites a que deben ceñirse, y se prohiben que se cumplan en establecimientos penitenciarios.
La Comisión discutió el proyecto solo en general y dio su aprobación a la idea de legislar por cuatro votos a favor, de los Honorables Senadores señora Alvear y señores Chadwick, Gómez y Muñoz Aburto, y la abstención del Senador señor Espina.
El texto que el órgano técnico propone aprobar en general es igual al que despachó la Cámara de Diputados y se consigna en las páginas pertinentes del boletín comparado que Sus Señorías tienen a la vista.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En discusión general.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente, quiero expresar brevemente que el proyecto en estudio se funda en la constatación de que los mecanismos existentes en nuestra legislación para detectar si el imputado cometió un delito en medio de un trastorno mental importante o fue afectado por este con posterioridad son extraordinariamente precarios.
Habiendo motivado ello, entonces, la presentación de la iniciativa, el Ejecutivo propuso tres aspectos relevantes para implementar un nuevo sistema de seguridad en el ámbito que nos ocupa.
El primero dice relación a la modificación de los Títulos VII y VIII del Libro Cuarto del Código Procesal Penal, sobre medidas de seguridad. Se establece una nueva regulación para los informes psiquiátricos y la resolución y aplicación de medidas de seguridad a los imputados y condenados que sufren enfermedades mentales, de manera tal de permitir, desde el momento de la detención, que los funcionarios a cargo deriven rápidamente al sospechoso de padecer un trastorno psicológico a las instancias donde pueda ser evaluado, para determinar, en una etapa temprana del proceso, si se trata de un simulador que intenta mostrar que adolece de alguna enfermedad mental o efectivamente es una persona que requiere un tratamiento.
Como segunda medida, se dispone la creación -a mi juicio, es lo más significativo- de unidades psiquiátricas forenses transitorias (UPFT), que serán las encargadas de diagnosticar y aplicar los procedimientos de intervención psicológica y psiquiátrica ambulatoria de los imputados presos y los condenados.
Estas secciones funcionarán al interior de los penales, se hallarán segregadas del resto de los internos sanos y de las demás instalaciones del recinto, contarán con vigilancia externa de Gendarmería y serán atendidas por personal médico competente, dependiente del servicio de Salud local.
Y la tercera medida, naturalmente, consiste en proporcionar los recursos necesarios para contratar, en los distintos servicios de Salud, a psicólogos, psiquiatras y personal auxiliar necesario para atender las unidades.
Tal como lo mencionó el señor Secretario, la mayoría de la Comisión, integrada por el Honorable señor Gómez, su Presidente, y los Senadores señores Chadwick, Muñoz Aburto y quien habla, valoró las ideas que fundamentan el proyecto y lo aprobó en general.
Deseo hacer presente, sí, que me parece importante, para que la normativa en estudio logre una verdadera aplicación, disponer de un presupuesto adicional, porque, para el cumplimiento de los propósitos que se persiguen, deberán existir las unidades psiquiátricas forenses transitorias, lo cual requerirá la contratación de médicos especialistas. De tal manera que, para que no se dicte una ley muerta, es necesario contar, a mi juicio, con recursos presupuestarios para tales efectos, por lo que debiésemos solicitar al Ministerio de Hacienda agregar un informe de costos de lo que demandará el sistema, a fin de que la iniciativa logre una concreción real, que es fundamental implementar.
Por cierto, estoy a favor del proyecto.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente, deseo consultar si los profesionales especialistas van a trabajar exclusivamente con Gendarmería o también con el SENAME, por ejemplo. Al depender del servicio de Salud respectivo, ¿en qué otros casos prestarán sus servicios?
Formulo la pregunta por la situación registrada en Puerto Montt hace más de un año.
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente, la creación de unidades psiquiátricas forenses transitorias dependientes de los servicios de Salud tiene por finalidad atender a enfermos adultos o jóvenes. Y ese es el objetivo de que sus profesionales puedan trasladarse para prestar una atención adecuada.
En todo caso, estamos pronunciándonos solo sobre la idea de legislar. Y creo que la iniciativa necesita algunas indicaciones, tal como lo conversamos en la Comisión, para ajustarla con mayor precisión a diferentes requerimientos, incluidos -insisto- los presupuestarios.
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Por 19 votos a favor, se aprueba en general el proyecto, fijándose como plazo para presentar indicaciones el lunes 9 de marzo, a las 12.
Votaron la señora Alvear y los señores Arancibia, Chadwick, Coloma, Flores, García, Gazmuri, Horvath, Kuschel, Letelier, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Navarro, Núñez, Orpis, Prokurica, Romero, Sabag y Vásquez.
REGULACIÓN DE ACTOS Y CONTRATOS RESPECTO DE VIVIENDAS
CON RESPALDO DE PROGRAMAS ESTATALES
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Letelier y Muñoz Aburto, que regula los actos y contratos que se pueden celebrar respecto de viviendas adquiridas con el respaldo de los programas habitacionales estatales, con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5784-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los Senadores señores Letelier y Muñoz Aburto).
En primer trámite, sesión 5ª, en 1 de abril de 2008.
Informe de Comisión:
Vivienda y Urbanismo, sesión 77ª, en 9 de diciembre de 2008.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El objetivo principal de la iniciativa es la determinación de facilidades en la celebración de actos y contratos destinados a conservar las viviendas cuya adquisición y construcción haya sido financiada por el Estado, en todo o en parte, mediante sus programas habitacionales. Para ello, se prescribe que cualquiera de los cónyuges, sin importar el régimen patrimonial del matrimonio, estará facultado para renegociar los créditos correspondientes, respecto de lo cual no se requerirá la comparecencia del otro, ni su autorización, ni la de la justicia, para la constitución o extinción de hipotecas u otros gravámenes.
La Comisión, autorizada por la Sala, discutió el proyecto tanto en general cuanto en particular y le dio su aprobación por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Naranjo, Orpis y Pérez Varela, consignándose el texto pertinente en el informe.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, estimados colegas, el origen de esta iniciativa tiene que ver con los deudores PET, en cuanto a que actualmente existen en nuestra legislación algunos vacíos con respecto al reconocimiento de la capacidad de los cónyuges frente a ciertos actos cuando se trata de bienes pertenecientes a ambos.
Lo concreto es que más de un tercio de la cartera PET del BancoEstado aún no ha podido acogerse al proceso de repactación para la rebaja de las tasas de interés porque quien vive en la casa no es la propietaria sino la mujer del propietario, el cual ha ocupado el inmueble en muchas ocasiones. Estoy hablando de familias separadas.
Tal situación conlleva a que la dueña de casa no esté en condiciones de acogerse a los beneficios dispuestos por el Ejecutivo o establecidos en una repactación tendiente a disminuir las tasas de interés. Porque, si bien la ley autoriza a la cónyuge a comprar bienes, a inscribirlos a su nombre y -si ya lo están- a repactarlos y a que se apliquen gravámenes más favorables, en caso de que haya sido el marido quien compró la vivienda, no le permite negociar una rebaja de las tasas de interés o algo que la beneficie a ella o a su grupo familiar. La ley no contempla tal posibilidad.
¿Cuál es el propósito de la normativa propuesta, que es bastante acotada? Otorgar tal facultad. Yo era partidario de ampliarla. Pero solo se comprenden situaciones de casas construidas con aportes del Estado -es decir, viviendas sociales- para que la mujer, la persona que ocupa el inmueble en términos reales, también pueda acogerse a los beneficios consignados en la ley.
La población objetiva que inspiró esta iniciativa son los deudores PET. Según el BancoEstado, cerca de un tercio de la cartera no ha podido acceder a esos beneficios debido a la limitante existente, la cual se pretende superar con este proyecto.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, en cuanto a lo planteado por uno de los autores de la moción, deseo señalar que los beneficios que se concederán a las personas del Programa Especial de Trabajadores en la renegociación de sus deudas no son tales. Como es sabido por el Senado, el anuncio de la Presidenta de la República en orden a analizar caso a caso según el resultado de la Ficha de Protección Social no se ha concretado hasta la fecha, pese a que la cobertura de evaluación de la Ficha alcanza a más del 75 por ciento.
Por otro lado, al revisar las condiciones conforme a las cuales se plantea la rebaja de tasas de interés y observar el detalle de los seguros que se les exige contratar a dichos deudores habitacionales, quienes se encuentran en una situación social desmedrada, se constata que, aparte de los seguros normales -muerte o incendio de la vivienda-, se les piden 29 adicionales: por atentados terroristas, por derrumbes de edificio, por si se estrella un avión contra la casa.
Resultan increíbles las condiciones en que el BancoEstado, a través de intermediarios, está renegociando las deudas con tales personas. Y, obviamente, lo hace con cargo a ellas. Y si dejan de pagar por un período de 15 días, pierden todos los beneficios, incluso su vivienda.
Por lo tanto, respecto a esta materia, no podemos dejar pasar la oportunidad de hacerles presente a dicha institución bancaria y al Gobierno que deben buscar una solución digna para aquellos deudores.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, solo quiero formular dos consideraciones.
Como manifestó el Senador señor Letelier, este proyecto es muy acotado -porque no se alteran las condiciones del dominio, que siguen exactamente igual- en materia de renegociación de deudas vinculadas a viviendas sociales.
A mí me gustaría, dado que se entrega una facultad de pleno derecho -así lo manifesté en la Comisión-, que la iniciativa volviera al órgano técnico para discutirla en particular. Porque, en virtud de aquella atribución, no queda claramente establecido, independiente de que se renegocie una deuda, si ese mecanismo puede generar condiciones más gravosas para el inmueble.
A mi juicio, debería consignarse con claridad que, aun cuando se otorgara esa facultad de pleno derecho -en este caso, a la cónyuge-, la situación de la vivienda debería quedar en una situación más beneficiosa que la actual.
Por lo tanto, solicito aprobar la idea de legislar y que el proyecto vuelva a la Comisión, para establecer con nitidez que la propiedad, a raíz de la renegociación, en ningún caso puede terminar en una condición más gravosa.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, la motivación de los autores de este proyecto de ley -Senadores señores Letelier y Muñoz Aburto- para presentarlo es el hecho de que muchas dueñas de casa, debido a que sus maridos ya no están -por separación o por diversas otras razones-, no pueden acogerse al beneficio de la rebaja de tasas de interés relacionadas con las deudas PET.
Sabemos que a esos deudores ya se los favoreció con una disminución. A muchos se les aplicaban intereses en UF que alcanzaban a 14,5 por ciento, pero se les disminuyeron a 6,5, lo que implica una buena ventaja. Sin embargo, las dueñas de casa se encontraron con el problema de que la ley no las faculta para participar en la renegociación, sino solo para la adquisición de una vivienda; por ende, no pueden acogerse a tal beneficio.
En consecuencia, la normativa en proyecto solo pretende que ellas puedan acceder a la rebaja de tasas de interés. Nada más. No persigue posibilitar que se grave más la propiedad, ni que se vuelva a hipotecar y se obtengan nuevos beneficios, sino únicamente conseguir una disminución de las tasas de interés con respecto al inmueble.
Señor Presidente, en la Comisión aprobamos por unanimidad el proyecto, que es simple. Y espero que aquí sea acogido de igual forma.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, por cierto, todo lo que tienda a aliviar y a facilitar los ya gravosos créditos hipotecarios será bienvenido. Porque el problema existe.
Pero quiero formular una observación respecto de una materia mucho más de fondo vinculada a algo similar. Me refiero a lo relacionado con la propiedad.
Numerosas parejas están separadas de hecho durante largos años y quien paga los dividendos y vive con sus hijos es la mujer (a este caso apunta el proyecto; pero también podría ser el hombre). Sin embargo, la propiedad sigue siendo compartida. Ahora bien, el cónyuge que se separa y busca otro hogar no puede adquirir un segundo inmueble aunque ya no viva con su mujer y sus hijos. Vale decir, está imposibilitado de formar una nueva familia.
Por lo tanto, lo que se plantea es de toda lógica.
Es cierto que la ley de divorcio otorgó cierta facilidad en este ámbito; pero no siempre las familias y los ciudadanos disponen de la posibilidad de contratar asesorías para recurrir a ese mecanismo.
Ahora bien, aquí se propone resolver solo lo vinculado con la repactación de la deuda. Sin embargo, lo que sigue pendiente -muchas veces ha sido motivo de presentaciones ante los parlamentarios- es la propiedad compartida, debido a la no separación de bienes en el contrato conyugal.
Menciono ese punto porque, en la práctica, muchas veces se da la situación de que tras 20 a 25 años de separación de hecho de un matrimonio, durante los cuales generalmente la jefa de hogar ha pagado los dividendos, la mujer se encuentra con que vuelve el "fresco" y le pide la mitad de la casa, pese a no haber solventado un peso de aquella obligación ni reparado la vivienda.
No obstante, en el proyecto se mantiene tal posibilidad, lo que, por cierto, constituye una gran injusticia.
Siento que ese punto va a quedar pendiente. Tal vez sea posible analizarlo después, si la iniciativa vuelve a Comisión. Por mi parte, estoy dispuesto a votar a favor de la idea de legislar, porque subsisten varias situaciones derivadas de lo antes mencionado.
En el ejemplo anterior, tratándose de una vivienda respecto de la cual una persona ha pagado durante 25 años el 80 a 90 por ciento de la deuda, mediando separación de hecho, lo cual puede involucrar una consulta judicial, resulta claro que debería existir una sola propiedad y no separación de bienes, por cuanto, en la práctica, ello significa otorgarle la mitad de la casa a quien no ha vivido en ella sin pagar dividendos ni efectuar reparaciones.
Lo anterior ocurre de manera muy frecuente en sectores populares, pero afecta a todos los estratos sociales. Sin embargo, aun cuando no se trata de una situación relacionada solo con los primeros, el drama se observa en ellos.
Si el proyecto vuelve a Comisión, deseo que se evalúe y se resuelva lo que he planteado, porque el problema persiste.
Repito que existe un doble perjuicio: primero, a la jefa de hogar que ha pagado los dividendos y que debe compartir la mitad de la propiedad de la casa; y segundo, al marido que se separó, quien, teniendo igual necesidad con su nueva esposa o pareja, está imposibilitado de acceder a un nuevo crédito para vivienda social porque ya lo obtuvo en su anterior régimen conyugal.
El SERVIU ha evaluado esa situación. Ella ocurre, y también debería ser enfrentada, porque impide regularizar un asunto relacionado con el beneficio fiscal en comento, donde encontramos este tipo de dificultades.
Voy a votar a favor de la idea de legislar. Cuando el proyecto vuelva a la Comisión, habrá posibilidades de analizar y resolver aquella clase de problemas.
¡Patagonia sin represas!
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Correspondería votar.
El señor ORPIS.-
¿En general?
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Así es.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Pero el Senador señor Letelier había pedido la palabra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
¿A qué hora termina el Orden del Día?
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Está por concluir.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, prorrogaremos el Orden del Día hasta el término de la votación.
--Así se acuerda.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, el Senador Orpis ha hecho una afirmación que considero muy importante precisar.
El señor ESCALONA.-
¡Es falsa¿!
El señor LETELIER.-
No lo es.
Estoy seguro de que el Senador Espina, como buen jurista, me acompañará en esta reflexión.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
¡Es abogado no más¿!
El señor LETELIER.-
El hombre -discúlpeme la forma de decirlo- no es más capaz que la mujer al momento de renegociar un crédito.
Con relación a la libertad de las personas para decidir qué hacer con sus bienes, ni el Estado ni la ley son quiénes para manifestarles cómo hacerlo.
Lo único que se propone establecer en este proyecto es la igualdad entre los cónyuges para renegociar una deuda. Ni el Estado ni la ley les pueden decir: "Hombre, encalíllate más o menos. Pero a usted, mujer, la controlamos". Eso es inconstitucional, con todo respeto; se trata de una discriminación arbitraria sobre la base del género.
Lo señalado por el Honorable señor Horvath es muy relevante, porque existe el compromiso de anunciar en abril de este año nuevas medidas para beneficiar a todos los deudores PET en situación de vulnerabilidad. Y más de 30 por ciento de las mujeres que recibirían potencialmente el beneficio no podrían acceder a él sin la iniciativa en proyecto. Por eso resulta tan importante despacharla cuanto antes.
Señor Presidente, insisto en mi solicitud de votar ahora en general y en particular. Porque el proyecto solo agrega el criterio de la igualdad entre ambos cónyuges para repactar una deuda, quienes, evidentemente, lo harán cuando les sea favorable. No se trata de que el hombre sí sea capaz de entender cuando existe un negocio conveniente, y la mujer, no.
Repito: pido que se vote en general y en particular la iniciativa, debido a la urgencia para acogerse a los beneficios en comento. Ya perdimos un año en la aplicación de la rebaja de tasas de interés.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Corresponde efectuar la votación general, Su Señoría.
El señor LETELIER.-
Yo pedí votar en particular también.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Dos señores Senadores han pedido revisar el proyecto en Comisión.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En votación la idea de legislar.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (19 votos a favor).
Votaron la señora Alvear y los señores Arancibia, Chadwick, Espina, García, Gazmuri, Gómez, Horvath, Kuschel, Letelier, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Navarro, Núñez, Orpis, Pizarro, Prokurica, Sabag y Vásquez.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Debemos fijar plazo para presentar indicaciones.
¿Podría ser el mismo que se estableció respecto al proyecto anterior?
El señor LETELIER.-
¡No: una semana!
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
¿Una semana?
Vamos a pedir la opinión de un jurista prestigioso: don Guillermo Vásquez!
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VÁSQUEZ.-
Gracias, señor Presidente. Usted es muy gentil.
En verdad, me parece que se trata de un proyecto muy corto. Pero tengo la impresión prima facie de que requiere una debida adecuación, fundamentalmente porque acá se habla de una posible renegociación. Pero podría producirse también una novación.
Entonces, hay que analizar los alcances respecto a si es preciso o no regularlo como novación.
Por lo tanto, si bien no se trata de una cuestión de extraordinaria profundidad jurídica, en mi opinión el proyecto no puede quedar tal como está.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
La Mesa comparte su criterio, porque podría tratarse del reemplazo de una obligación.
Así de claro.
--Se fija como plazo para presentar indicaciones el 19 de enero, a las 12.
SOLICITUD DE ACCIONES PARA CESE DEL FUEGO Y ACUERDO DE PAZ EN CONFLICTO DE FRANJA DE GAZA. PROYECTO DE ACUERDO
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Conforme a lo resuelto al inicio de la sesión, corresponde ocuparse en un proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Muñoz Barra, Allamand, Arancibia, Coloma, García, Girardi, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Muñoz Aburto, Naranjo, Núñez, Ominami, Pérez Varela y Vásquez (boletín N° S 1138-12).
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1138-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 83ª, en 7 de enero de 2009.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El proyecto de acuerdo tiene por objeto promover el cese al fuego en la Franja de Gaza y estimular diversas acciones que terminen con la muerte de civiles de las partes en conflicto y permitan alcanzar un acuerdo de paz definitivo.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (13 votos a favor y una abstención).
Votaron a favor la señora Alvear y los señores Arancibia, García, Gómez, Horvath, Letelier, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Navarro, Núñez, Ominami, Sabag y Vásquez.
Se abstuvo el señor Gazmuri.
SOLICITUD DE MEDIDAS PARA APOYO A ACUICULTURA. PROYECTO DE ACUERDO
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Corresponde votar un proyecto de acuerdo de los Senadores señores Horvath, Bianchi y Kuschel.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1126-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 67ª, en 11 de noviembre de 2008.
Oficio de Comisión:
I. Marítimos, Pesca y Acuicultura, sesión 76ª, en 3 de diciembre de 2008.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El proyecto de acuerdo tiene como propósito solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República la adopción de medidas de apoyo a la acuicultura, tales como el establecimiento de mesas de trabajo regionales entre las autoridades competentes y los representantes de la actividad acuícola; la facilitación del acceso a fondos de garantía, avales del Estado y factoring; el otorgamiento de líneas de capital de trabajo por parte del BancoEstado, y la instauración de barreras sanitarias, medidas de bioseguridad y zonificación del borde costero.
La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura estimó, por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señores Ávila, Bianchi, Escalona y Horvath), que este proyecto de acuerdo no se opone al ordenamiento jurídico ni invade competencias o facultades atribuidas a otras autoridades.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (14 votos favorables).
Votaron los señores Arancibia, García, Horvath, Kuschel, Letelier, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Navarro, Núñez, Orpis, Prokurica, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Se ha solicitado que los demás proyectos de acuerdo en tabla sean votados en la próxima sesión.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, procederemos de esa forma.
--Así se acuerda.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
)----------------(
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro de Hacienda, solicitándole DESTINACIÓN DE AUMENTO DE SUBSIDIO DE DECRETO LEY N° 701 A FORESTACIÓN E INCORPORACIÓN DE EMPRESAS ENDEUDADAS A PLAN DE ESTÍMULO FISCAL.
Del señor ROMERO:
A los señores Presidente de la Comisión Regional del Medio Ambiente de Valparaíso, Alcalde de Puchuncaví y Secretario Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Quinta Región, con el objeto de que informen acerca de MEDIDAS ADOPTADAS ANTE PRONUNCIAMIENTO DE CONTRALORÍA SOBRE RESOLUCIONES DE COREMA DE VALPARAÍSO Y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE PUCHUNCAVÍ.
)---------------(
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Mixto (Partido Por la Democracia e Independiente).
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
PROHIBICIÓN A SUPERMERCADOS DE WAL-MART DE VENTA DE PRODUCTOS DE PAÍSES SANCIONADOS POR ESTADOS UNIDOS. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, la prensa nacional ha recogido la llegada a Chile de Wal-Mart, la mayor cadena de distribución de los Estados Unidos, con 1,3 millones de empleados, pero también con un historial realmente preocupante respecto a la situación de sus trabajadores.
El informe de Human Rights Watch de mayo de 2007 revela que las leyes estadounidenses permiten al empleador desplegar un sinnúmero de estrategias para intervenir en la sindicalización de sus trabajadores, pero asignan altas penas a aquellos que realicen prácticas antisindicales.
Wal-Mart representa un caso ejemplar de las falencias de la legislación laboral estadounidense: pese a ser dicha empresa la más grande del mundo -con más de 4 mil tiendas en los Estados Unidos y con presencia en el resto del mundo-, no hay un solo sindicato entre sus trabajadores.
No solo eso. Wal-Mart ha dicho -en su legítimo derecho a poder fusionarse con el grupo D&S y así llegar a Chile- que todo producto proveniente de Cuba, Venezuela y de otras naciones sancionadas por los Estados Unidos no se podrá vender en los establecimientos de su propiedad en nuestro país.
Si uno analiza esa decisión desde el punto de vista del mercado, puede considerar legítimo el derecho de un propietario para vender en su negocio los productos que quiera. Sin embargo, lo que está en cuestión es la extraterritorialidad de una ley originada en los Estados Unidos -la llamada "Ley Helms-Burton"-, que ha sido esencial en el bloqueo que esa nación mantiene por casi 50 años contra Cuba. Además, se viola el tratado de libre comercio que ese país firmó con Chile.
La ley N° 20.169, que regula la competencia desleal en nuestro país, establece en la letra d) del artículo 4° que las manifestaciones agraviantes que versen sobre la nacionalidad, las creencias, ideologías, vida privada o cualquier otra circunstancia personal del tercero afectado y que no tengan relación directa con la calidad del bien o del servicio prestado configurarán ilícitos.
El artículo 9 de la misma ley señala en el inciso tercero: "Si existe un indicio grave y preciso de amenaza o de ejecución de un acto de competencia desleal, el tribunal, a solicitud de parte, podrá ordenar su suspensión inmediata¿".
En verdad, si nuestro país fuera notificado de que sus vinos, prestigiosos en el mundo entero, no serán distribuidos en un supermercado de Washington y que tienen prohibición en todo Estados Unidos, Chile entero se levantaría y acusaría de intervención, de discriminación. Si las manzanas o la uva chilena fueran impedidas de estar en los paneles de los supermercados franceses, también hablaríamos de intervención ilegítima, de discriminación.
Señor Presidente, quiero pedir que se envíen oficios en mi nombre al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y al Servicio Nacional del Consumidor para que evalúen las condiciones, que son de público conocimiento, que está poniendo esa gigante cadena norteamericana para venir a Chile.
Decenas de productos ya han salido de las estanterías de los supermercados y vendidos a precios de liquidación. En otros establecimientos comerciales se pueden comprar. Pero el consumidor tiene el legítimo derecho a preguntarse por qué no puede adquirir determinados artículos.
La ley chilena, en mi opinión, no puede permitir que una norma extranjera determine qué puede venderse, teniendo presente que en nuestro país existe un sistema de libre mercado. Y no es que quiera defenderlo -tengo contra él muchas críticas-, sino que considero que la legislación que regula la competencia desleal debiera ser aplicada en este caso.
Por eso, solicito que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y el Servicio Nacional del Consumidor se pronuncien respecto de la legalidad y oportunidad de la decisión de Wal-Mart, la cual ha tenido un pésimo "aterrizaje" en nuestro país.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
INQUIETUD POR SITUACIÓN EN FRANJA DE GAZA. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
En segundo término, señor Presidente, quiero señalar que, al igual que millones de chilenos, he observado conmocionado cómo en los últimos días se ha iniciado la operación "Plomo Derretido", la que significa la invasión terrestre a la franja de Gaza por parte de las tropas israelíes. Ya van más de 600 muertos en esta ofensiva, 50 por ciento de los cuales corresponde a civiles, a niños y a mujeres.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitó la intervención de fuerzas de paz y muchos países han manifestado su preocupación por la cantidad de civiles fallecidos. Chile estuvo entre ellos, de lo cual me alegro mucho.
Creo que nuestra nación podría propiciar el cese del fuego y el establecimiento de tropas de paz. Pero debe ir más allá. Porque, tal como hoy día lo dicen las agencias noticiosas, en Gaza se ha infligido un fiero golpe a inocentes.
El propio Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha condenado el ataque israelí, porque implicó bombardear varias escuelas y hospitales de la ONU en Gaza que tenían en su interior a niños y mujeres.
"Los ataques de las fuerzas armadas israelíes, que ponen en peligro las instalaciones de la ONU, que son utilizadas como refugio, son completamente inaceptables y no se pueden repetir", declaró el Secretario General de las Naciones Unidas.
Desde que comenzó la ofensiva israelí el 27 de diciembre, las víctimas fatales se elevan a más de 600 y los heridos superan las 2 mil 600 personas. El aumento de los civiles muertos y heridos está haciendo colapsar toda la capacidad de atención médica, sanitaria y alimenticia existente en la franja de Gaza.
Por eso, señor Presidente, en nombre de muchos ciudadanos de nuestro país, particularmente de los niños, de mis hijos, quiero que Chile levante su voz de indignación para condenar estos asesinatos.
El bombardeo de los refugios resulta irritante. Al menos 100 niños han muerto en la franja de Gaza desde que comenzaron estos ataques, como lo han informado diversas organizaciones internacionales y, recientemente -como acabo de leer-, el propio Secretario General de las Naciones Unidas.
Se tiene que parar el asesinato de niños en Gaza.
Miles de vidas de jóvenes, de hombres, de mujeres y de niños corren peligro en estos mismos instantes en la franja de Gaza. No hay cómo detener el ataque. Creo que las fuerzas israelitas seguirán avanzando.
En Chile, conviven judíos y palestinos desde hace muchos años conformando comunidades respetables a las cuales se les dispensa un trato digno, humanitario y solidario. Y precisamente ambas comunidades no pueden permitir que continúe este verdadero genocidio en contra de la población palestina.
Otro es el análisis que se puede hacer respecto del grupo Hamas; otro el análisis sobre la situación del Gobierno palestino; otro el análisis referido a Hamas y los ataques a Israel¿
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor NAVARRO.-
¿Puedo tener algunos minutos adicionales para terminar mi intervención, señor Presidente?
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Se le concederán 5 minutos a Su Señoría.
El señor NAVARRO.-
Gracias señor Presidente.
Un número significativo de parlamentarios chilenos ha estado en Israel -tienen completa libertad para viajar a ese país- y sería importante que todos aquellos que han estado en dicha nación y también los que han ido a Palestina se pronunciaran hoy sobre esta situación.
En el bombardeo de hoy contra una escuela de la ONU en el campo de refugiados de Jabaliya, murieron 40 personas. Se estima que el número de niños ya fallecidos alcanza el centenar, y este ataque hará que aumente.
Señor Presidente, todo lo que podamos hacer será insuficiente si no levantamos la voz ahora, antes de que sea demasiado tarde.
Por eso, solicito oficiar en mi nombre a la Presidenta de la República y al Ministro de Relaciones Exteriores para que Chile, más allá de lo que se ha realizado hasta ahora, cite a informar a nuestro embajador en Israel y solicite a las Naciones Unidas la presencia de fuerzas de paz -las tenemos hoy día en Bosnia-Herzegovina y en Haití- para evitar lo que la humanidad entera ha calificado como un genocidio.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
MEDIDAS GUBERNAMENTALES FRENTE A CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, en otro ámbito, quiero señalar lo siguiente.
La Presidente de la República ha dado a conocer recientemente un completo paquete de medidas para enfrentar la cesantía y la crisis económica que, por desgracia, va a azotar a toda la economía globalizada.
En esta intervención solo quiero señalar -me referiré al tema en profundidad la próxima semana- que cada día es más evidente que cualquier subsidio planteado para estimular la contratación de mano de obra debe tener también una variante de protección al empleo dentro de las empresas y no su financiamiento fuera de ellas.
Mi Región posee 14 mil 300 programas pro empleo. Gastamos 25 mil millones de pesos al año en ese tipo de contratación, lo cual equivale al 50 por ciento del FNDR.
Resulta claro que el ejemplo de Bellavista Oveja Tomé -lo he repetido varias veces- debe ser evaluado. Se requerían 10 millones de dólares para dar continuidad a 700 empleos. ¡Negativa! El BancoEstado señaló que no era su tarea salvar empresas.
De considerarse el valor actual del dólar de 626 pesos versus el precio de equilibrio de dicha empresa de 526 pesos, hubiera sido más conveniente entregarle los recursos, y hoy día tendríamos 700 empleos productivos, capaces de generar telas de la más alta calidad en América Latina, además de haberle permitido pagar sus deudas.
Por lo tanto, se requiere anticipar el quiebre de las empresas; es preciso evaluar el tipo de subsidio necesario para evitar los despidos. Y si determinado empresario dice que con cierto subsidio puede paliar la crisis durante 6, 8 ó 12 meses -o el tiempo que sea indispensable- y no despedir trabajadores, yo soy partidario de que se le entreguen dichos instrumentos para la mantención del empleo y no pro empleos, pues estos no son productivos, por lo cual podemos ver a hombres y mujeres barriendo papeles o paseando piedras.
Por consiguiente, hace falta innovar.
¡Bienvenidas las medidas de la Presidenta! Son de una gran factura y representan mucha inversión.
Esperamos que CODELCO invierta adecuadamente los mil millones de dólares para capitalizar. Pero también queremos que a esas 320 mil 768 personas de carne y hueso que estaban por jubilar y que han perdido entre un quinto y algo menos de la mitad de sus ahorros previsionales, se les pueda dar una segunda oportunidad, porque ya no podrán hacerlo. En las actuales condiciones no se pensionarán y seguirán en sus puestos de trabajo.
Se trata de un número limitado de personas. Son pérdidas acotadas. Se deben evaluar a través del INP y estudiar cómo logramos que, en definitiva, a una cantidad importante de ellas, mediante los subsidios, se les posibilite jubilar. Así, dejarán de presionar sobre fuentes de trabajo que podrán ser ocupadas en forma más permanente en el tiempo.
Por lo tanto, hay que evaluar las medidas dispuestas, mejorarlas. Igual son bienvenidas. Todos esperamos que, en definitiva, se utilicen de la mejor manera, sin intervencionismo electoral. Lo que se está haciendo es entregar respaldo y protección a los ciudadanos que hoy día sufren la crisis económica.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
El Comité Unión Demócrata Independiente, no hará uso de su tiempo.
En el turno del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Kuschel.
DEMORA EN ENTREGA DE SUMARIO SOBRE INCENDIO EN INSTITUCIÓN DEL SENAME EN PUERTO MONTT. OFICIO
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente, solicito que por su intermedio se oficie al señor Ministro de Justicia para que, si es posible, nos informe sobre la investigación realizada a propósito de la tragedia ocurrida en una repartición del SENAME llamada "Tiempo de Crecer", en Puerto Montt.
La noche del domingo 21 de octubre de 2007 se produjo un incendio. Al día siguiente se ordenó instruir un sumario que, primero, iba a demorar 20 días; después, 40 días. Pero ha pasado un año y dos meses y todavía no se sabe nada.
La Cámara de Diputados determinó la formación de una comisión investigadora sobre el particular, la cual entregó sus resultados el 8 de octubre del año pasado. Pero el informe respectivo no ha pasado a la Sala.
Señor Presidente, las familias de los fallecidos están muy preocupadas. En esa lamentable tragedia, murieron 10 jóvenes y solamente se salvó uno.
Por eso quiero solicitar antecedentes al Ministerio de Justicia.
Además -aunque no sé si corresponde-, deseo pedir el informe de la Cámara de Diputados.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Los Comités Independientes, Socialista y Demócrata Cristiano no harán uso de la palabra.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:55.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción