REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 356ª
Sesión 77ª, en martes 9 de diciembre de 2008
Ordinaria
(De 16:22 a 19:58)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ADOLFO ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE,
Y BALDO PROKURICA PROKURICA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor José Antonio Viera-Gallo Quesney; la Ministra de Educación, señora Mónica Jiménez de la Jara; el Subsecretario de Educación, señor Cristian Martínez Ahumada; la Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación, señora Regina Clark Medina, y el Coordinador Nacional de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación, señor Pedro Montt Leiva.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:22, en presencia de 22 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Las actas de las sesiones 72ª y 73ª, especiales, en 20 y 25 de noviembre, respectivamente; 74ª, ordinaria, en 2 de diciembre, y 75ª, especial, en 3 de diciembre, todas del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Diecisiete de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero retira y hace presente la urgencia, calificada de "discusión inmediata", respecto del proyecto de ley que faculta al Presidente de la República para realizar un aporte extraordinario de capital al BancoEstado y amplía el patrimonio del decreto ley N° 3.472, de 1980, que creó el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (boletín N° 6.231-05).
Con los siete siguientes retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", en relación con las siguientes iniciativas:
1.-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal en materia de regulación de ciertos delitos contra la Administración Pública (boletín N° 5.725-07).
2.-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regulariza la construcción de bienes urbanos sin recepción definitiva destinados a equipamiento de deporte y salud (boletín Nº 4.304-14).
3.-
Proyecto, en trámite de Comisión Mixta, que introduce en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional las adecuaciones necesarias para adaptarla a la ley N° 20.050, que reforma la Constitución Política de la República (boletín N° 3.962-07).
4.-
Proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas (boletín N° 4.248-06).
5.-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la legislación penal (boletín N° 5.458-07).
6.-
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señora Alvear y señores Escalona, Girardi y Gómez, que interpreta el artículo 93 del Código Penal excluyendo de la extinción de la responsabilidad penal por amnistía, indulto o prescripción a los crímenes y simples delitos que constituyen genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra, contemplados en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes (boletín N° 5.918-07).
7.-
Proyecto de reforma constitucional, de la Honorable Cámara de Diputados, en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política (boletín N° 4.716-07).
Con los ocho siguientes retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", respecto a los siguientes asuntos:
1.-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que incorpora el combustible gas natural licuado en la ley N° 20.063 y modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1978, del Ministerio de Minería (boletín N° 6.088-05).
2.-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.885, referida a donaciones con beneficios tributarios (boletín N° 5.315-05).
3.-
Proyecto que establece una nueva Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos (boletín N° 5.887-06).
4.-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del Protocolo Bilateral al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile, suscrito entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y de Guatemala (boletín N° 6.019-10).
5.-
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señora Matthei y señores Girardi, Kuschel, Ominami y Ruiz-Esquide, sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad (boletín Nº 4.921-11).
6.-
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que regula la tenencia y el extravío de equipos y tarjetas de telefonía móvil, con el objeto de prevenir su uso en hechos delictivos (boletín Nº 4.523-15).
7.-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece modificaciones en la legislación sobre expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas (boletines N°s 2.973-11, 4.181-11, 4.192-11 y 4.379-11, refundidos).
8.-
Proyecto de ley sobre comercio ilegal (boletín N° 5.069-03).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el último hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto del proyecto de reforma constitucional, de la Honorable Cámara de Diputados, en materia de gobierno y administración regional (boletín N° 3.436-07).
--Se tiene presente la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual comunicó su ausencia del territorio nacional el 5 de diciembre del presente, para asistir a Río Gallegos, República Argentina, con motivo de la conmemoración del inicio de la Mediación Papal.
Informó, además, que durante su ausencia sería subrogada, con el título de Vicepresidente de la República, por el Ministro titular de la Cartera del Interior, don Edmundo Pérez Yoma.
--Se toma conocimiento.
Cinco de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha dado su aprobación al informe conjunto de las Comisiones Mixtas constituidas para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
a) El que modifica el Código de Minería con el objeto de mantener la existencia de los Boletines Oficiales de Minería, y
b) El relativo a las publicaciones ordenadas por el Código de Minería (boletines Nºs 4.728-08 y 4.741-08).
--Queda para tabla.
Con el segundo informa que ha rechazado las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley sobre comercio ilegal (boletín N° 5.069-03) (con urgencia calificada de "simple") y remite la nómina de los Honorables Diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse.
--Se toma conocimiento y se designa a los Senadores miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para que integren la referida Comisión Mixta.
Con el tercero informa que ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, el proyecto de ley que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al señor Dietrich Paul Friedrich Angerstein Brink (boletín N° 5.047-07).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia la Presidenta de la República.
Con los dos restantes comunica que ha prestado su aprobación a los siguientes asuntos:
1.-
Proyecto de ley que sanciona el maltrato de palabra a Carabineros de Chile (boletín N° 5.969-02).
--Pasa a la Comisión de Defensa Nacional.
2.-
Proyecto de ley que faculta al Presidente de la República para realizar un aporte extraordinario de capital al BancoEstado y amplía el patrimonio del decreto ley N° 3.472, de 1980, que creó el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (boletín N° 6.231-05) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional, mediante el cual remite copia autorizada de la sentencia recaída en el proyecto que modifica la ley N° 19.983 y el decreto ley N° 825 con el objeto de facilitar la factorización de facturas por pequeños y medianos empresarios (boletín N° 4.928-26).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto con sus antecedentes.
Tres del señor Ministro del Interior:
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Frei, referido a la organización administrativa de la Región de Los Ríos.
Con el segundo contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Ávila, acerca del avance de la investigación relacionada con la muerte de don Matías Catrileo.
Con el tercero responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Espina, relativo a la evaluación realizada al Programa "Previene".
Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia, con el que contesta un oficio expedido en nombre del Senador señor Ominami durante la discusión del proyecto que modifica la ley N° 19.983 y el decreto ley N° 825 con el objeto de facilitar la factorización de facturas por pequeños y medianos empresarios (boletín N° 4.928-26).
Del señor Ministro de Obras Públicas, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, respecto de la ejecución de obras que aseguren la conectividad e integración del territorio en la comuna de O¿Higgins.
Del señor Subsecretario de Previsión Social, mediante el cual contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Naranjo durante la discusión del proyecto de ley que modifica la regulación de la cuota mortuoria del seguro escolar y de la asignación por muerte de beneficiarios de pensión básica solidaria de invalidez carentes de recursos (boletín N° 6.123-13).
De la señora Directora Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal, con el que responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Girardi, acerca de la intervención del Parque Nacional Puyehue por parte de un proyecto hidroeléctrico privado.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Nuevo segundo informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.885, referida a donaciones con beneficios tributarios (boletín N° 5.315-05) (con urgencia calificada de "simple").
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de reforma constitucional, de la Honorable Cámara de Diputados, en materia de gobierno y administración regional (boletín N° 3.436-07) (con urgencia calificada de "suma").
De las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas, recaído en el oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para autorizar la permanencia de tropas y medios nacionales fuera del territorio de la República, con el objeto de continuar integrando la Operación Militar de Gestión de Crisis de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina (Operación ALTHEA) (boletín N° S 1.128-05).
De la Comisión de Vivienda y Urbanismo, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Letelier y Muñoz Aburto, que regula los actos y contratos que se pueden celebrar respecto de viviendas adquiridas con el respaldo de programas habitacionales estatales (boletín N° 5.784-14).
--Quedan para tabla.
Declaraciones de inadmisibilidad
Moción del Senador señor Vásquez con la que inicia un proyecto de ley que regula el otorgamiento de préstamos de enlace previsional.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República, de conformidad con lo dispuesto en el N° 6° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política.
Moción del Senador señor Ávila con la que inicia un proyecto de ley que otorga atribuciones a la Administración del Estado para regular las tarifas de los servicios interurbanos de transporte público de pasajeros.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República, de conformidad con lo dispuesto en el N° 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminada la Cuenta.
El señor ÁVILA.-
Pido la palabra sobre ella.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Puede intervenir, Su Señoría.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente, abusando de su gentileza y apego al orden constitucional, le agradecería si pudiera enviar un oficio al Ejecutivo, a los efectos de solicitarle que patrocine la moción que propone otorgar atribuciones a la Administración del Estado para regular las tarifas de los servicios interurbanos de transporte público de pasajeros, por ser de singular relevancia para muchas personas.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se enviará el oficio pertinente.
--Así se acuerda.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
SOLICITUD DE PATROCINIO DE EJECUTIVO PARA MOCIÓN SOBRE PRÉSTAMOS DE ENLACE PREVISIONAL
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente, en mi intervención durante la sesión especial en que se discutió la situación de los Fondos de Pensiones que gestionan las Administradoras correspondientes y de sus afiliados, anuncié la presentación de una moción concerniente a la regulación del otorgamiento de préstamos de enlace previsional.
Y, con su venia, quiero explicar muy brevemente en qué consiste.
Hoy estamos ante una crisis económica que posiblemente aumentará el desempleo. Por ello, muchas personas se encontrarán ante la siguiente disyuntiva: tener la posibilidad de jubilar, pero, de hacerlo, deber liquidar su Fondo de Pensiones -especialmente quienes están en los Fondos B, C y quizás también en el D- con un castigo importante respecto a su valor en períodos de normalidad.
Sobre todo, considerando que todas las proyecciones anticipan que, tal vez, dentro de 24 meses esos Fondos alcanzarán cuantías iguales o similares a las que tenían antes de la crisis.
Entonces, la persona afectada debe optar entre no tener ingresos, incluso habiendo perdido su empleo, y tratar de defender el valor de sus fondos previsionales jubilando cuando se encuentren en un buen momento, o, por el contrario, hacer la pérdida y experimentar una sensible rebaja en el monto de su pensión.
Y la moción a que me estoy refiriendo tiende, precisamente, a evitar ambas situaciones, por un lado, obligando a CORFO a brindar cooperación a los cotizantes -igual como lo hace con las empresas- actuando como banca de segundo piso mediante licitaciones, y, a su vez, posibilitando que los bancos otorguen préstamos con intereses, con las debidas ventajas y descuentos que permite una licitación de esta naturaleza.
De tal forma, pasado el período de crisis, las personas en comento rebajarían de sus propios fondos lo que hubieran percibido con anticipación. Pero, durante la ocasión transitoria en que hicieran uso de este beneficio, habrían contado con algún sustento equivalente a una jubilación y, al mismo tiempo, recuperado sus fondos previsionales.
Señor Presidente, tratándose de una situación de esta índole, producida por la crisis actual -tal como expliqué-, solicito el envío de un oficio el Ejecutivo con el fin de que dé su patrocinio a la moción que presenté.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En verdad, Su Señoría, creo que su moción recoge en gran medida el fondo del debate de la sesión especial sobre la situación de los Fondos de Pensiones, celebrada recientemente, y apunta en la dirección requerida.
Por ello, si le parece a la Sala, haremos nuestro el oficio pertinente y lo remitiremos con ese carácter al Ejecutivo.
--Así se acuerda.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
En sesión de hoy, los Comités resolvieron por unanimidad lo siguiente:
1.-
Abrir un nuevo plazo, hasta el lunes 15 de diciembre, a las 12, para presentar indicaciones al proyecto de ley sobre plena integración social de personas con discapacidad, en la Secretaría de la Comisión de Salud.
2.-
Disponer que el proyecto sobre acoso sexual a menores (grooming), sea analizado primero por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y después por la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
3.-
Tratar en esta sesión, hasta su total despacho, el proyecto que establece la Ley General de Educación, signado con el número 1 en la tabla de hoy; abrir la votación inmediatamente al inicio de su debate, dando a los señores Senadores 15 minutos para fundar su voto -en lugar de los 5 que dispone el Reglamento-, y suprimir tanto el Tiempo de Votaciones cuanto la hora de Incidentes.
El señor ÁVILA.-
¿Me permite una observación, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Sí, Su Señoría, pero le hago presente que los acuerdos fueron unánimes.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente, solicito eliminar del proyecto sobre acoso sexual a menores el anglicismo grooming, porque supongo que tiene traducción al español.
Ya se está transformando en un mal endémico de nuestras instituciones el apelar a ese tipo de recursos lingüísticos, en circunstancias de que tenemos un idioma lo suficientemente rico como para expresarnos con absoluta claridad.
La señora MATTHEI.-
¡Estamos todos okay con eso¿!
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- La Mesa comparte su planteamiento, señor Senador. Debemos actuar como personas educadas, sobre todo si a continuación vamos a analizar el proyecto que establece la Ley General de Educación.
)---------(
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Solicito la autorización del Senado para que ingresen a la Sala el señor Subsecretario de Educación, señor Cristian Martínez, y los asesores directos de la señora Ministra de esa Cartera, doña Regina Clark y don Pedro Montt.
--Se accede.
FELICITACIONES A SENADOR SEÑOR PIZARRO POR REELECCIÓN EN PRESIDENCIA DE PARLATINO
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Antes de entrar al Orden del Día, quiero felicitar al Honorable señor Pizarro -creo que todos estaremos de acuerdo-, por haber sido reelecto como Presidente del Parlatino, en una votación limpia y transparente, tal como nos lo ha informado.
Es un honor para esta Corporación que alguien de los nuestros ocupe tan alto cargo en esa importante institución.
Solicito brindar un fuerte aplauso a Su Señoría.
--(Aplausos en la Sala).
Establecimiento de Ley General de Educación
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Corresponde continuar la discusión general del proyecto, en segundo trámite constitucional, que establece la Ley General de Educación, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (4970-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 31ª, en 1 de julio de 2008.
Informe de Comisión:
Educación, sesión 69ª, en 18 de noviembre de 2008.
Discusión:
Sesiones 33ª, en 2 de julio de 2008 (se rechaza el envío a Comisiones unidas); 74ª y 76ª, en 2 y 3 de diciembre de 2008 (queda pendiente su discusión).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Conforme a lo resuelto por los Comités, el señor Presidente pondrá en votación el proyecto y los señores Senadores inscritos para intervenir dispondrán de hasta 15 minutos para fundar su pronunciamiento.
El señor ÁVILA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente, solicito recabar el acuerdo de la Sala para rectificar lo que, en su momento, se acordó en la reunión de Comités: abrir inmediatamente la votación.
Creo que este es un proyecto de extraordinaria relevancia, que bien merece un debate con todas las condiciones apropiadas y con presencia de los señores Senadores en la Sala. Si se abre la votación, irá desmembrándose el cuerpo legislativo de esta rama del Congreso hasta quedar reducido a una expresión casi mínima o insignificante, lo que no condice con la importancia de esta iniciativa.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Compartimos del todo el fondo de su solicitud, pero hay un acuerdo de Comités y no estamos en condiciones de reverlo. Además, Su Señoría también concurrió a él.
Por consiguiente, en votación.
--(Durante la votación).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, debo expresar que tuve cierta dificultad para resolver cómo votar -sin perjuicio de que ya decidí a favor de la iniciativa-, por cuanto este proyecto de ley no es tan criticable por lo que dice, sino por los temas que no trata.
Si vamos al contenido particular de la normativa en debate, podemos observar que la creación de una agencia que vele por la calidad de la educación pública y particular subvencionada; la generación de una superintendencia de educación; el cambio en la composición del Consejo Superior de Educación son en general cuestiones que, efectivamente, mejoran el sistema educacional chileno.
Sin perjuicio de lo anterior, no puede considerarse que dicha ley sea "general" de educación como lo señala su título, porque hay cuestiones sustantivas en nuestro sistema educativo que ella no contempla.
Yo señalo por lo menos dos de ellas, las cuales, a mi juicio, son básicas.
La primera, es el fortalecimiento del sistema de educación público y su reforma, asunto fundamental para resolver no solo lo relativo a la calidad, sino también a la equidad.
Y la segunda, es que tal iniciativa carece de toda referencia a la normativa que rige el sistema de educación superior, el cual adolece de insuficiencias estructurales muy de fondo.
Todo esto tiene que ver con el gesto póstumo de autoritarismo del Régimen militar en el sentido de imponer el último día de su mandato una ley general de educación. Creo que no hay ningún ejemplo en la historia republicana ni en el mundo donde un Gobierno, al finalizar sus funciones, haya impuesto al conjunto de la comunidad una normativa general que ordene una cuestión tan fundamental como la educación pública, y que haya sustraído, por lo tanto, del debate una materia tan importante para toda la sociedad chilena: ciudadanos, educadores, especialistas, sostenedores, etcétera, respecto de la cual todavía existen diferencias muy de fondo.
La reforma impuesta por el Régimen militar se caracterizó en lo fundamental -así está registrado en todos los estudios, incluso de agencias internacionales- por haber instalado un sistema educacional que, a nivel mundial, ostenta el mayor componente de mercado.
Si uno analiza todos los informes del Banco Mundial, de la OPTE, y de la totalidad de organismos internacionales con estudios comparativos sobre regímenes educacionales, donde existe gran diversidad a nivel de experiencia mundial, no hay ninguno en que la lógica de mercado sea tan dominante como en el chileno.
El señor ÁVILA.-
¡Así es!
El señor GAZMURI.-
En muchos de los modelos más exitosos en diferentes contextos históricos tanto europeos como asiáticos -recojo el último ejemplo que se pone con mucha facilidad en la prensa neoliberal: el del régimen de Singapur-, toda la educación es pública y de acceso universal.
El señor ÁVILA.-
En Estados Unidos también.
El señor GAZMURI.-
Y todo eso fue, de una u otra manera, impuesto al país sin el debate indispensable.
Asimismo, entiendo que en todo el mundo existe una discusión sobre materias de educación muy rica, muy a fondo, la cual aquí no hemos realizado.
Durante estos 18 años de transición democrática no hemos logrado construir acuerdos al respecto, salvo este último del Gobierno de la Presidenta Bachelet con la Oposición que dio origen al proyecto de ley que nos ocupa, el cual -como señalé- tiene el gran problema de que lo acordado, aun siendo valioso, es completamente insuficiente para enfrentar y resolver los problemas de la educación.
Y sin duda que el desacuerdo nacional que mantenemos no hace sino agravar una situación en la cual todos estamos contestes: que nuestro sistema educativo, sin perjuicio de haber avanzado mucho en su cobertura tanto primaria cuanto secundaria, así como también en la educación terciaria, tiene severos problemas de equidad y de calidad.
Los problemas de equidad son elementales. Nuestro sistema educacional reproduce la diferencia socioeconómica y de clases existente en la sociedad.
Así, los estudiantes de sectores más vulnerables van a la escuela municipal pública; los de sectores un poquito menos vulnerables, al colegio particular subvencionado; los de sectores medios y medios bajos, a la escuela particular subvencionada con mayor copago; y los de sectores más acomodados del país, a distintos colegios pagados, cuyo arancel mensual es bastante diverso, desde los 100, 80 ó 70 mil pesos; o a colegios de elite, donde la mensualidad puede llegar a 350 mil o 400 mil pesos.
Por tanto, la afirmación de que en una sociedad como la nuestra la educación es el gran elemento de nivelación social, es completamente contradicha con la estructura práctica, concreta, orgánica existente en la actualidad. Y la tendencia general que vemos -no en todas partes- respecto de la educación pública municipal -que también por distintos problemas, básicamente relativos a recursos, gestión y calidad del cuerpo docente-, es a un menor rendimiento en calidad, según los índices que la miden, incluso cuando compite en ese ámbito con otros segmentos similares, lo cual en general lleva a las familias a emigrar de la educación pública a la particular subvencionada en cuanto pueden disponer de unos pocos recursos.
Ese es el tema de fondo.
Al respecto, se pueden hacer mil discursos sobre la equidad. Pero mientras tal cuestión no se resuelva, la extrema desigualdad de nuestra sociedad acerca del conocimiento y la educación, tan fundamental en el mundo contemporáneo para generar movilidad social, se irá reproduciendo cada vez a niveles, quizás, más altos.
Pero que un muchacho modesto, inteligente y capaz alcance los máximos niveles de la educación chilena, salvo casos excepcionales -como los hay siempre en toda estructura social-, resulta cada vez más difícil.
Imagino que todos los Senadores tenemos esa experiencia por el conocimiento más directo de los liceos de nuestros distritos. El acceso de un estudiante de un liceo de una comuna rural a la universidad es mucho menor que el perteneciente a un establecimiento de la capital regional, y el de este último también es inferior respecto a los que se encuentran en el colegio mejor pagado de esa misma ciudad.
Ese es el sistema que estamos reproduciendo.
La iniciativa en debate no apunta a resolver ninguna de las cuestiones relativas a la equidad, aunque sí avanza en cuanto a algunos factores como la exigencia o verificación de mejores niveles de calidad en la educación.
No hablemos de la educación superior, porque en esta materia todavía estamos en veremos. Por lo menos, el Gobierno ha enviado un proyecto de ley sobre fortalecimiento de la educación pública, lo cual permitiría efectuar en paralelo el debate de esa normativa con la que nos ocupa, que, a mi juicio, es un asunto indispensable.
Por tanto, aquí se abre un debate que tenemos que realizar muy a fondo, no solo respecto de este proyecto, sino también del otro, aunque desconozco cuáles serán nuestros plazos para tratarlos.
Considero indispensable introducir aquí una discusión profunda sobre la educación superior. Si decimos que la innovación, la ciencia y la tecnología son elementos centrales del desarrollo futuro del país, es evidente que nuestro sistema universitario y su ordenamiento actual no garantizan avanzar en esa dirección. Incluso, en el área de las ciencias de la educación observo con verdadera angustia que hay facultades universitarias, algunas de esta Región, cuyos egresados de pedagogías no entienden lo que leen. Eso sí que es dramático y gravísimo. Tal situación tiene que ver con un sistema educacional cuyas reglas mínimas de rigor y calidad se han deteriorado hasta el extremo.
Si eso ocurre en las pedagogías, ¿qué está pasando crecientemente en otras áreas de profesiones que requieren una mínima base científica?
Señalo las limitaciones de la iniciativa que nos ocupa y la necesidad de profundizar en este debate.
Creo que debemos fijarnos el objetivo en Chile -el próximo año o en un plazo relativamente corto- de construir un acuerdo. Sé que es muy difícil, no obstante hemos de llegar a un consenso general sobre la cuestión educacional, pues el proyecto no la resuelve por completo. De lo contrario, habrá un acuerdo total sobre el diagnóstico -hoy día casi todos lo estamos-, pero no resolveremos el problema concreto.
Si no arribamos a una reforma educacional consensuada, la situación será difícil, porque habrá que establecer los mínimos comunes denominadores. Desgraciadamente, en esta iniciativa y en el acuerdo que se celebró en La Moneda no se logró, ya que quedaron fuera asuntos sustantivos, como el fortalecimiento de la educación pública y la educación superior. Y sin esos dos elementos, no hay algo que merezca llamarse "Ley General de Educación", en una reforma que genera solo dos instrumentos con los que concuerdo.
Por lo tanto, en función de este juicio global que tengo del proyecto, valorando sus aspectos positivos, pero completamente insuficientes, anuncio que votaré a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, estamos en el debate más importante del siglo XXI, en Chile, sobre materia educacional.
La cobertura entregada por el Estado ha sido prácticamente nula. Esta es una discusión política ideológica. Soy de los que creen que no estamos debatiendo sobre pedagogía, sino, fundamentalmente, acerca de la ideología tendiente a construir un tipo de sociedad y un tipo de ciudadanos. Estamos hablando de educación. De allí que haya tal debate y que, efectivamente, el consenso sea tan difícil.
Estamos hablando de la sociedad a la que queremos alcanzar y de la clase de ciudadanos que se requiere para construirla. Y hay quienes creen, en una visión conservadora, que existe un tipo de ciudadano, a través de cierta educación, que debe fortalecerse.
Para quienes seguimos pensando en la construcción de una sociedad más justa, más equitativa, más socialista, la educación es un elemento clave.
Hay que dejar de lado eso de Robin Hood "de quitarles a los ricos para darles a los pobres". Lo que conlleva a una sociedad moderna es dar condiciones de igualdad a todas las personas para poder desarrollarse y cumplir con su misión en esta vida. Ese es el objetivo de la educación. Solo ella establece niveles de igualdad.
Por lo tanto, el debate debiera centrarse en si el proyecto de ley que nos propone el Gobierno genera las condiciones para ir construyendo una sociedad más igualitaria, más justa, y en si los jóvenes chilenos que egresan de la educación pública o estatal, efectivamente, tienen esa posibilidad.
Soy de los que creen, y tengo la convicción, que la iniciativa en debate traiciona la revolución pingüina. Y no lo sostengo solo yo. ¡Por favor! Porque, al final, dicen: "Mira, esta es una visión con cierto sesgo ideológico", que, en realidad, reconocemos.
¿Qué señaló el señor Juan Zolezzi, Presidente del CRUCH (Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas) y Rector de la Universidad de Santiago? Que la Ley General de Educación tiene "escasas exigencias para la entrada y salida de los proveedores educativos, limitada información sobre la calidad de las instituciones educativas, escasa difusión de la información sobre calidad y equidad educativa hacia los actores del sistema, débiles herramientas para demandar mejoras educativas entre los proveedores educativos y uso de mecanismos de selección a temprana edad que reducen las posibilidades de integración educativa.".
¿Qué dijo don Abelardo Castro, representante de los Decanos de las Facultades de Educación de Chile? Que "este proyecto de ley sólo ordena el sistema de educación particular vigente sin entrar a modificar la estructura central de la educación chilena.". Eso es lo que opinan quienes participaron en la Comisión presidencial. Y así, suma y sigue.
El señor García Huidobro, Decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, señaló que lo más difícil y complejo de la iniciativa fue su silencio, lo que no dice, lo que oculta, lo que evita, en pos del denominado "acuerdo político".
Desde un principio yo declaré en la Comisión que no solidarizo con ese acuerdo político; lo rechazo por espurio. Creo que es la fotografía más hipócrita de la política chilena y que va a quedar en los anales de la política nacional, donde la mitad de los que alzaron las manos en La Moneda quieren desalojar a la otra mitad. Eso es lo que hay. Una pugna por el poder.
Uno se pregunta, entonces, por qué hubo acuerdo sobre educación si, efectivamente, quienes alzaron las manos allí tienen un profundo debate sobre cómo gobernar y dirigir el país. ¿Por qué se ponen de acuerdo en materia educacional? ¿De verdad ellos quieren cambiar a Chile? ¿Desean hacer una reforma profunda -digo revolucionaria- en el sistema educativo, en el sentido estricto de que aquí se requieren cambios estructurales esenciales?
Siento que algunos no pretenden hacer esos cambios, sino más bien, como dicen los especialistas, efectuar reformas cosméticas que, en definitiva, mantengan lo esencial del programa.
El Senador señor Allamand ha dicho aquí que Renovación Nacional votará en contra del proyecto de ley de fortalecimiento de la educación pública, cuyo principal elemento es el cambio de la institucionalidad. Fin de la fracasada municipalización, que es la promesa que hace el Gobierno a objeto de poder proponer que votemos a favor del proyecto, que no es completo. Pero vienen otras iniciativas: la de fortalecimiento de la educación pública; la de fortalecimiento de la educación superior, y otra sobre la Superintendencia. Es decir, el mosaico más abstracto para tomar definiciones claras y concretas respecto a qué hacer con la educación.
Habrá cinco normativas sobre educación.
Por tanto, me surge la siguiente pregunta: ¿hay ingenuidad o se ha estructurado un mecanismo preciso y concreto para diversificar tanto el debate que, al final, nadie sepa efectivamente qué se aprueba? Porque si queríamos una reforma educacional, tendría que ser integral, incluyendo a la educación superior, básica y media, la creación de la Superintendencia y el cambio de la institucionalidad y su financiamiento.
En Nicaragua se gastan 190 dólares al año por estudiante; en Chile, 1.400 dólares, y en la OCDE, 4.800 dólares.
El diagnóstico concluye claramente que la educación municipalizada viene en retroceso, que nuestro país invierte poco en educación: recién en 1992 se igualaron los ingresos del PIB y, en la actualidad, no supera el 4 por ciento del gasto público. Sin embargo, en algunas naciones, como Cuba y Finlandia, el gasto llega al 10 por ciento del PIB.
Uno se pregunta, entonces, cuál es la decisión, ¿subir el aporte financiero para poder establecer una subvención mayor? Porque no se debe pensar que estamos en contra de la educación pagada. Mis hijos se hallan en colegios particulares y caros, porque puedo pagar. Pero a la inmensa mayoría de los chilenos, de los trabajadores, no les es posible solventar una educación de calidad. Por tanto, es un deber del Estado proveerles educación en igualdad de condiciones. Por cierto, todos los que estamos en esta Sala tienen a sus hijos en colegios particulares, porque pueden pagar la educación.
Por lo tanto, debemos proveer un sistema educativo de calidad y financiado. Pero en el proyecto no hay una sola letra sobre el tema del financiamiento.
Cuando se votó la iniciativa que establecía 130 mil millones de pesos para subvencionar a los niños más vulnerables del país, hubo quienes dijeron que queríamos rechazar el proyecto. Y lo que planteamos en su oportunidad era que los municipios no estaban en condiciones de administrar esos mayores recursos, porque han fracasado en su gestión.
Por eso, señor Presidente, decimos que este es un proyecto que no cumple con el objetivo, que tiende a distorsionar y que políticamente no tiene ninguna coherencia. Los profesores están en contra; los padres y apoderados están en contra; los estudiantes están en contra; un sector menor pero importante de parlamentarios está en contra.
Entonces, ¿quiénes están a favor, aparte el Gobierno? ¿Cuál es el objetivo de llevar adelante la iniciativa?
No se toca el financiamiento compartido.
Debo decirlo aquí: el financiamiento compartido no lo instaló Pinochet, sino la Concertación, en 1994.
¡Con doscientos mil millones de pesos han tenido que contribuir los padres y apoderados, a partir de esa definición, para financiar la educación de sus hijos!
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Fue el Ministro Arrate.
El señor NAVARRO.-
El Ministro Arrate, por cierto, con el voto en contra del entonces Diputado Juan Pablo Letelier -como lo dijo la semana pasada-, pero con la aprobación de algunos colegas que están detrás de mi asiento en esta Sala.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
¿Y cómo votó usted?
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, según hemos dicho, la pregunta a la señora Ministra es qué modelo queremos instaurar a través de esta reforma.
Hemos dicho que el modelo de Finlandia debiera ser el apetecido por Chile. La Presidenta de la República ha estado en Helsinki. Conversamos con Erkki Aho, líder de la revolución educacional de aquel país. ¿Y saben qué se nos dijo? "La clave del éxito es profesores bien formados y bien pagados".
Entonces, si uno quiere parecerse a los neoliberales en un país que cada día se afana por ser más neoliberal, incluso más que los neoliberales del resto del mundo, debe preguntarse cuál es el modelo.
¿Acaso el de Finlandia: educación cien por ciento pública y cien por ciento gratuita?
¿Quiénes conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico? ¿Qué ha dicho esta entidad sobre nosotros?
El Informe de la OCDE de 2004 señala en su Capítulo Cuarto que "el experimento del mercado educacional no ha producido progreso en aprendizajes ni en el ahorro de costos". Y agrega un punto importante: que no es el valor agregado lo que hace tan diferente el sistema, sino más bien la circunstancia de que el sistema educacional chileno está conscientemente estructurado por clases (página 277-278, Capítulo Séptimo, "Igualdad de oportunidades para aprender en Chile").
¡La educación chilena está conscientemente estructurada por clases sociales!
Eso nos dicen los especialistas del mundo -Francia, Grecia, Portugal, Suiza, Suecia, Japón, Holanda, Finlandia-: que la educación de nuestro país tiene una estructuración clasista.
¿Qué señala el mismo Informe en cuanto a la ideología de mercado? "La educación chilena está influenciada por una ideología que da una importancia indebida a los mecanismos de mercado para mejorar la enseñanza y el aprendizaje". (Capítulo Octavo, página 290).
La pregunta es: ¿hace caso o recoge este proyecto lo que la OCDE plantea para estructurar una educación de calidad?
Por cierto, hay avances. ¿Son suficientes? ¿Obedece la iniciativa a la política de "en la medida de lo posible"?
Yo quiero puntualizar que la política de "en la medida de lo posible" es lo que tiene a la Concertación a punto de perder el Gobierno, lo que provoca la frustración más profunda en vastos sectores ciudadanos. Ella implica evitar el debate de fondo, eludir definiciones, llegar a acuerdos aunque sean insatisfactorios.
En el proyecto no está claro el rol del Estado como garante de la calidad de la educación (artículo 3º, letra b).
¿Cómo es posible aceptar -y el Senado tiene una visión histórica- que el articulado exprese que el Estado "propende a asegurar una calidad educativa", cuando debiera "asegurar una calidad educativa"?
En consecuencia, debemos definir muy bien el rol del Estado.
La iniciativa en debate carece de una definición profunda sobre lo que debe ser la educación pública.
¿Qué es educación pública? La financiada por el Estado. Y la que imparten los colegios particulares subvencionados, ¿es o no educación pública?
La ley en proyecto carece de definición a este respecto.
De otra parte declara la existencia de la libertad de enseñanza, pero la garantiza más para los sostenedores que para los usuarios. Como he dicho, los sostenedores son sostenidos por el Estado. Muchos no sostienen a nadie; el Estado los sostiene a ellos, y entregan una educación de pésima calidad.
No reconoce la obligatoriedad de la educación preescolar.
No establece normativas de no discriminación por la situación civil de los padres.
Yo no puedo aceptar un proyecto de ley en virtud del cual el Estado le pague a un sostenedor que sea capaz de discriminar al alumno por el estado civil de los padres, más allá del reconocimiento a los colegios religiosos, que tienen legítimo derecho a establecer discriminaciones. ¡Pero no si reciben recursos públicos! ¡Si quieren plata del Estado, las condiciones debe ponerlas este! Y entre ellas, la de no discriminación.
El 52 por ciento de los niños de nuestro país nacen fuera del matrimonio. Es decir, cuando entregamos plata a colegios que no aceptan a alumnos en esa condición estamos permitiendo una discriminación con dineros fiscales.
Por otro lado, se debilita la labor docente.
Yo me pregunto si el Colegio de la Orden, a raíz del proyecto de ley que establece el Examen Nacional, va a aceptar que operen o diagnostiquen quienes no sean médicos.
Pero como se trata de profesores y de educación, la iniciativa que nos ocupa ahora dispone que pueden hacer clases sin haber estudiado pedagogía quienes se hallen en posesión de un título profesional o de un grado de licenciatura de al menos ocho semestres en una especialidad afín con la que se imparta. O sea, estamos consagrando que hagan clases en el aula personas que no hayan estudiado pedagogía.
Esa es la única área donde aquello ocurre. Porque si se tratara de los ingenieros civiles, de los médicos o de cualesquiera otros profesionales, aquí estaríamos poniendo el grito en el cielo para denunciar una discriminación tan absurda como la que vengo connotando.
El proyecto no se hace cargo de la educación técnico-profesional.
El 70 por ciento de los estudiantes de 3º y 4º medio pertenecen a liceos técnico-profesionales. Ahí están las CORPRIDE: ¡un desastre! El Senado rechazó un proyecto de acuerdo encaminado a fiscalizarlas.
Señor Presidente, los mismos males que acechan hoy día a la educación pública están en las corporaciones privadas de desarrollo, que tienen un régimen especial; que reciben más de 3 mil 600 millones de pesos y un diez por ciento adicional para pagos a directivos, y que no se encuentran sometidas a ninguna fiscalización solo porque son dirigidas por la SOFOFA, por la Cámara Chilena de la Construcción.
El proyecto nada dice sobre educación superior.
¡La educación superior se muere en Chile! La Ministra lo sabe. Quiere resolver el problema, por supuesto; el Subsecretario, también.
¿Pero qué han dicho los rectores?
En mis tiempos de universitario, cuando presidí la gloriosa FEC de la Universidad de Concepción, los estudiantes hacíamos las huelgas de hambre.
¿Qué ha dicho Zolezzi? "Estamos dispuestos a hacer una huelga de hambre si no nos entregan los recursos para establecer un sistema de jubilación que permita el recambio generacional al interior de las universidades públicas".
Lo que pretendemos es tener en Chile una Ley de Educación que satisfaga el anhelo de todos los padres: que sus hijos accedan a una educación de calidad que les permita surgir en la vida.
El proyecto en debate, sin duda, no consigue aquello.
El Gobierno nos ofrece una ley para el fortalecimiento de la educación pública. Y el Senador Allamand ya dijo que no votará favorablemente el proyecto respectivo.
Por lo tanto, es un bluf el término de la fracasada municipalización.
Lo dijimos hace dos años y lo hemos planteado reiteradamente: la municipalización debe terminar; hay que dar paso a las corporaciones públicas de educación para permitir que todos los estamentos (universidades, centros de padres, empresarios) conformen de manera descentralizada una propuesta diferente de la que hoy día tienen los municipios.
Ahora bien, el proyecto que nos ocupa propone una composición del Consejo Nacional de Educación muy singular.
¿Quién va a administrar en el ámbito de la calidad?
De una lectura atenta se desprende que, de los diez miembros que integrarán dicho Consejo, seis provendrán del sector privado, con la prohibición de recibir sueldo del sector público. O sea, condenamos a que la composición se halle ampliamente homogenizada por particulares.
Entonces, no me digan que la ley fortalecerá el rol del Estado. Más bien, sanciona y regula el sistema de financiamiento de los proveedores privados. Y quiero que estos sigan existiendo, pero también aspiro a un Estado fuerte, pequeño y eficaz al momento de establecer el modelo educacional. Porque así lo hace el mejor país del mundo en este ámbito: Finlandia.
Chile debe tener un modelo a seguir.
Y me parece muy bien si no quieren el de Cuba, país que invierte 10 por ciento del PIB y logra una educación básica, media y superior de extrema calidad, la mejor de América Latina.
Entonces, miremos a Finlandia.
Cuando he preguntado cuál es el modelo que vamos a seguir, me responden: el chileno; o sea, educación privada y pagada. Ello, versus el de Finlandia, el mejor del mundo: educación pública y gratuita.
Entonces, no logro entenderlo.
Por eso, votaré en contra de este proyecto, a la espera de que el Gobierno recapacite y establezca una normativa que intente interpretar a la mayoría de los chilenos.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Ruego a las personas que se encuentran en las tribunas abstenerse de hacer manifestaciones en un sentido u otro,...
El señor NAVARRO.-
Son niños, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
¿a fin de garantizar la realización de un debate pleno.
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, ha sido muy interesante este debate, donde a ratos hay acuerdos por lo menos en algún sentido. Porque más pareciera oírse aquí desacuerdos e insatisfacción acerca del proyecto que nos ocupa.
Y los acuerdos son bastante obvios.
En primer lugar, que la educación hoy día es esencial para el futuro del país y, por lo tanto, debe ser prioridad del actual Gobierno y de cualquier otro que lo siga.
Y, en segundo término, que los resultados obtenidos hasta la fecha en materia de educación son desastrosos.
¡Claro! Algunos responsabilizan de ello a lo que ocurrió hace dieciocho años durante el Gobierno militar, que, por cierto, responsabilidades tendrá. Sin embargo, lo que me sorprende es que olviden que llevan dieciocho años gobernando; que han casi quintuplicado la plata para educación, en términos reales; que han hecho reformas educacionales de distinta naturaleza.
La reforma que estableció la jornada escolar completa ¡era la clave!, ¡era esencial!, ¡iba a transformar la educación en Chile y a mejorar su calidad!
¡Y cuántos otros programas se han hecho: los MECE, los de aquí y los de allá, los P-900!
La verdad es que se ha gastado mucha plata y los resultados son muy malos.
¡Por favor, háganse responsables de su gestión de Gobierno! ¡No le sigan echando la culpa a cualquiera! ¡Los que han gobernado son responsables de lo ocurrido!
Y, cuando se celebra un Acuerdo para tratar de corregir el rumbo, quienes participan en él aparecen ahora, sorprendentemente, como detractores y critican la educación como si vinieran llegando de las Naciones Unidas o de la OEA.
Yo no puedo entender qué está pasando.
Aquí se produjo un cambio en la discusión, pero no por aquel diagnóstico. Y hace mucho rato que está instalado. Quienes hemos participado en debates sobre la educación chilena conocíamos desde hacía bastante tiempo las cifras que vimos en nuestra Comisión técnica. Doña Mariana Aylwin hizo allí una exposición muy notable para explicar una serie de antecedentes objetivos. Muchos de ellos eran sabidos, pues los resultados de los exámenes internacionales y nacionales tenían carácter público desde hacía rato.
Sin embargo¿
Si los colegas de las bancadas de enfrente lo desean, puedo guardar silencio para que discutan con más libertad.
El señor NÚÑEZ.-
Estábamos analizando sus dichos, señor Senador.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Así es.
El señor LARRAÍN.-
¡Muchas gracias por su interés¿!
Señor Presidente, lo que quiero connotar es que el diagnóstico se conocía. Pero el cambio y la reacción del Gobierno fueron posibles porque los estudiantes salieron a la calle. Gracias a eso apareció la asamblea que constituyó el Ejecutivo y se presentó un proyecto para empezar a introducir las modificaciones necesarias. Y eso me pareció un paso positivo.
La Alianza hizo su trabajo también. Ante el proyecto del Gobierno, que no consideramos bueno, planteamos otro, alternativo. Y le dijimos: "¿Por qué no nos sentamos a trabajar?". Nos sentamos, y el proyecto de la Alianza y el del Ejecutivo se trabajaron durante largo tiempo por una comisión que permitió avanzar y tener un conjunto de iniciativas de ley que atacan una parte del problema.
Porque aquí se dice: "Falta aquí, falta allá". ¡Pero claro que faltan muchas cosas! Yo también echo de menos algunas.
Por ejemplo, podrían haber oído a José Joaquín Brunner, quien hizo en la Comisión un análisis extraordinariamente significativo.
Dijo el mencionado personero que la investigación educativa de los últimos 20 años reconoce diversos factores como los esenciales para entender los problemas que hoy día tiene la enseñanza. Precisó que uno de ellos es el factor hogar, el origen de los alumnos, que obviamente incide, por las inequidades, de manera notoria en los resultados educacionales; otro, el factor escuela, la efectividad de esta misma en el desarrollo educativo y en la calidad del proceso de enseñanza; y un tercero, el institucional, que incluso puede incidir menos que los otros, pero que sin duda gravita e incide enormemente también en el desenvolvimiento de cualquier país en su ámbito educativo.
Hoy día no estamos discutiendo ni sobre el primer factor ni sobre el segundo.
El señor ÁVILA.-
Que son los más relevantes.
El señor LARRAÍN.-
Bueno; está bien: podemos seguir discutiéndolos. Pero no porque no debatamos otros factores cuando analizamos un elemento significativo tenemos que tirar este a la basura. Proceder así sería equivocado.
Por tratar de resolverlo todo, señor Senador, nunca se soluciona nada. Y lo que queremos es avanzar, aunque sea en pasos sucesivos.
Además, no estamos ante un solo proyecto. El que nos ocupa esta tarde apunta a una parte de la institucionalidad: la que dice relación a cómo se estructuran las enseñanzas básica y media, a cuáles son sus objetivos, a los principios con que se ordena.
Y el aporte que se hace es muy valioso, señor Presidente. Se corrigen errores y limitaciones de la LOCE. Se ha realizado un buen esfuerzo de autocrítica y de crítica, por cierto. Por lo tanto, se avanza en una línea que me parece importante.
Pero hay otros factores que forman parte del mismo proceso: la Superintendencia de Educación, que tiene una misión muy clara en la fiscalización normativa -esta no ha sido muy feliz, como pudimos verlo no hace mucho en el episodio de las subvenciones escolares, que le costó el cargo a una Ministra-; la Agencia de Calidad, que va a establecer, a partir de los estándares que fijará el Ministerio de Educación producto de la ley en proyecto, cómo se procederá en la práctica, con información a todos los actores del sistema educativo (padres, apoderados, alumnos y establecimientos), en fin.
Es decir, hay un proceso coherente. Y quizá lo más valioso, precisamente porque se trata de una cuestión educativa compleja y delicada, es que emana de un Acuerdo.
A este respecto, señor Presidente, lo que más me duele de muchas de las expresiones vertidas en esta Sala por Senadores de la Concertación es que aquí ha ocurrido algo parecido a lo que sucedió en la Cámara de Diputados, adonde hubo que ir a salvar este proyecto porque parlamentarios de la Concertación querían torpedearlo, a pesar de haber participado en su discusión y de haber estado presentes el día en que se firmó el Acuerdo.
Aquí estamos hablando de algo que no es factible imponer. No nos podemos imponer por mayoría un sistema educativo, porque en él se hallan involucrados los valores culturales de nuestro país, de nuestra historia y de nuestro futuro. Por tanto, debemos pensar cómo lo hacemos en conjunto.
Además, esta materia es esencialmente dinámica. La innovación y los cambios científicos y tecnológicos imprimen un dinamismo tal que hace poco aconsejable rigidizar en exceso ciertos procesos educativos que han de darse con la velocidad del rayo, que no siguen los caminos normativos.
Por eso es importante respetar el Acuerdo. Porque costó mucho alcanzarlo. Todos tuvimos que hacer concesiones, no solo los técnicos y parlamentarios de la Concertación. También nosotros, a través de los representantes de nuestro sector que estuvieron trabajando, codo a codo, durante varios meses.
Por eso es significativo el Acuerdo, más allá de la foto con que se pretende caricaturizarlo y descalificarlo.
Señor Presidente, queremos una educación producto del entendimiento y no de la imposición.
¡Esta no es Venezuela, Senador Navarro! ¡Allá podrá el señor Chávez imponer el socialismo por la escuela! ¡Aquí eso no ha ocurrido ni va a ocurrir, porque este es un país libre, donde los Chávez no tienen espacio!
Deseamos entendernos y hacer un acuerdo entre todos los sectores. Eso es lo que ha acontecido, y lo vamos a respetar.
¿Por qué tiene valor además el proyecto que nos ocupa, señor Presidente?
Esta iniciativa -y ha sido reconocido en la discusión- incorpora ciertos elementos que son conquistas históricas, como la libertad educacional; la libertad de abrir y mantener establecimientos educacionales, que viene del siglo XIX; la libertad de elegir escuelas que se confiere a los padres, quienes son reconocidos, en esta normativa y en cualquier convención internacional, como los verdaderos responsables de la educación de sus hijos.
Y a aquel repertorio de libertades se agregan derechos importantes: en especial, los derechos a la educación y a la educación de calidad; y se buscan mecanismos para garantizarlos.
¡Y me dicen que eso no es un avance, que no es suficiente porque falta la educación superior!
¡Por favor, vamos arreglando las cosas en la medida que podamos! Aquí hay voluntad.
Otro principio que me parece esencial es el de la igualdad de trato. Quienes están haciendo el trabajo, sean de una escuela municipal o de una particular subvencionada, deben ser objeto del mismo trato. Si lo hacen mal, que les llegue el castigo. Y si alguien engaña o estafa, ¡todo el rigor de la ley para él! Pero la igualdad de trato es coherente con el principio de libertad de enseñanza y con el derecho a la educación. Si no, en qué consisten una y otro.
Ojalá que tengamos una mejor educación pública. Yo sufro la existente.
En nuestra Región -el Senador señor Naranjo es testigo- la educación pública resulta esencial -hay poca particular- y la que existe no es de mucha calidad, por desgracia. Queremos, por lo tanto, potenciarla y fortalecerla. Sin embargo, no por eso vamos a destruir lo que funciona bien. Mejorémoslo, pero no lo destruyamos.
Igualdad de trato: principio esencial.
La idea de la autonomía de los establecimientos avanza asimismo en la correcta dirección. Porque sin autonomía no hay posibilidad de que la gente se haga responsable de sus actos.
En fin, la mayor información y transparencia del sistema van hablando de la accountability o de la manera como se responde a la ciudadanía por el funcionamiento de la educación.
El establecimiento de los estándares de calidad no es tarea menor. Además, eso podrá ser controlado. Y los padres van a saber, a través de la Agencia de Calidad, qué está pasando con la enseñanza de sus hijos.
No desvaloricemos lo que hemos logrado con mucho esfuerzo, pues hay ahí avances serios.
¿No se resuelven todas las cosas? Lo sabemos; ya lo voy a decir. Pero, en lo sustantivo, existe aquí un Acuerdo responsable que nos permite dar un paso cualitativo en una materia con relación a la cual es preciso actuar de manera unitaria.
Por eso, vamos a respaldarlo.
Y esperamos que con la introducción de indicaciones no se desnaturalice su sentido, que la responsabilidad de los Senadores de la Concertación debe hacer que lo respeten.
Queremos actuar en esa forma, también, a propósito de las cosas que faltan. Porque quiero manifestar mi preocupación ante el hecho de que el proyecto presentado sobre la educación pública -texto que recién estamos conociendo- está levantando luces amarillas, en lugar de avanzar en resolver los problemas pendientes en ese ámbito.
Lo anterior, porque la principal respuesta que uno advierte en sus términos, desde luego, es de carácter burocrático. ¡No sigamos solo en el nivel burocrático institucional! ¡Si se requiere ir al aula, a la escuela!
Se está creando una estructura, además, que en mucho se va a superponer a la Agencia de Calidad y la Superintendencia.
No veo, entonces, el sentido de la iniciativa, que, como he dicho, se queda en un punto específico.
En seguida, se rompe un acuerdo -es algo que no vamos a aceptar- en cuanto a la igualdad de trato. Existe, en efecto, una diferenciación. Uno puede decir: "Voy a ayudar a los alumnos más vulnerables". ¡Pero donde estén! Porque si son de la escuela particular subvencionada, ¿por qué esta no va a recibir el mismo trato que la escuela pública? ¡Si queremos apoyar a aquellos que estén en problemas! Y si se encuentran mayoritariamente en las escuelas públicas, serán, entonces, los que recibirán un mayor beneficio, pero por la vulnerabilidad, no por la diferencia de trato institucional, factor que rompe, a mi juicio, un principio que ha sido objeto de consenso y que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico.
En lo personal, me parece que la educación puede hallarse en manos municipales. Pero lo que importa es avanzar en una mayor descentralización y no en una idea que más bien vuelve a un control centralizado -autónomo, pero centralizado-, como el que se va a proponer.
Creo que es necesario delegar de la municipalidad a la escuela. Es preciso darles responsabilidades y derechos a los profesores, los directivos, los padres y apoderados. Se debe involucrarlos en torno al establecimiento educacional.
Hay que avanzar hacia una sociedad docente, como expresó el Senador señor Allamand, y no apegarse a los modelos del Estado docente. Se requiere lograr que la sociedad civil se haga cargo de su educación.
¿Por qué no? ¿Por qué no dejamos a los profesores y a los apoderados resolver estas cuestiones en los establecimientos educacionales? Ello, por cierto, con el control técnico-pedagógico, con la supervisión, del Ministerio de Educación; con la labor fiscalizadora económica que pueda efectuar el municipio, por la cercanía, por la tuición y supervisión que le podría corresponder.
Pero demos fuerza a la escuela, y no creemos corporaciones que, en mi concepto, burocratizan y, al final, centralizan el esfuerzo educativo.
Además, esos organismos no asumen responsabilidades. ¿Cuáles existen en el proceso?
Señor Presidente, el proyecto no me parece apropiado: debilita, no se traduce en responsabilidades y castiga a los municipios que lo hacen bien. Muchos de estos últimos han realizado adecuadamente su tarea; otros, no.
Se observan numerosos problemas en la iniciativa. Pero espero que no estemos rearmando un sistema -y es lo más complicado- respecto del cual no media consenso y que no se rompan los principios del acuerdo que hemos establecido.
Asimismo, también considero que algunas cuestiones deben ser abordadas prontamente. Comparto, desde luego, lo relativo al financiamiento. Fue una de las materias que quisimos incorporar en la discusión en la Comisión, pero no se coincidió en ello.
¿Qué posibilidad de escuela pública existe con una subvención escolar de 35 mil pesos? Ninguna.
Cuando hacemos referencia a escuelas particulares pagadas, se trata de 150 mil o 300 mil pesos, es decir, de varias veces el monto anterior.
Con una subvención escolar ascendente al doble -dicen los expertos-, se podría empezar a hablar de un proyecto educativo razonable.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor LARRAÍN.-
Un minuto más y termino, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
No puedo hacer excepciones, Su Señoría. Ya se le concedió un minuto adicional.
El señor LARRAÍN.-
Muy bien, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Agradezco su compresión.
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, una vez más, el Senado de la República se convierte en el gran escenario nacional donde se discute el presente y futuro de la educación, uno de los ejes fundamentales de nuestra vida como país y nación.
El proyecto de Ley General de Educación, conocida esta última por la sigla LGE, viene precedido de un amplio acuerdo en el que convergieron todas las fuerzas políticas y que dio lugar a uno de los consensos más importantes de los últimos tiempos, al cual todavía todos recordamos.
Aprobada la iniciativa por la Cámara de Diputados, ha registrado un largo recorrido en el Senado, cuya Comisión de Educación realizó un trabajo intenso, prolongado y exhaustivo, en especial respecto de la recopilación de numerosísimas opiniones de todos los agentes relacionados con la educación, sin excepción alguna.
Tras haberla estudiado en forma detenida y analítica, puedo aseverar que se trata de una normativa fundamental, que, en el nuevo marco que propone, garantiza con largueza la calidad y equidad en educación a todos los chilenos, independiente de su condición socioeconómica. Ello, sobre la base de establecer definiciones básicas al sistema escolar; asignar roles al Estado; fijar los requisitos que deben exigirse a los administradores -esto es, a los sostenedores privados-, y crear una institucionalidad que permitirá que estas metas se conviertan en realidad. Dicho marco es el llamado "Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad".
Cabe recordar que el 9 de abril de 2007 la Presidenta de la República envió el proyecto a trámite legislativo, lo que significó pasar de una etapa donde se privilegiaban el acceso y la cobertura a otra, la actual, en que la calidad de los aprendizajes y su distribución social constituyen la exigencia capital.
No es necesario ser experto en educación para entender que se trata de un desafío del más alto nivel para las autoridades; para nosotros, los parlamentarios, y para el país, en su conjunto. Es preciso hacerse cargo de las brechas en la calidad de los aprendizajes de nuestros alumnos, las cuales dependen de condiciones socioeconómicas, culturales y territoriales. Para hacerles frente se requieren nuevos instrumentos e instituciones, de los que carece nuestro sistema educativo.
Además, se deben atender las nuevas exigencias de la extensión de las coberturas educacionales a los primeros años de vida de los niños y a la educación de adultos.
No podría continuar sin antes destacar los ingentes y cuantiosos esfuerzos que han hecho el Gobierno actual y los anteriores de la Concertación para enfrentar la cuestión educacional, en especial con relación a la calidad y el acceso a esta de todos los sectores sociales, fundamentalmente los más vulnerables.
Podemos decir, con alegría y satisfacción, que ya están llegando hoy a las aulas universitarias hijos de familias modestas: 7,5 de cada 10 alumnos son hoy los primeros de sus familias en ingresar a planteles de enseñanza superior.
Y la cantidad de estudiantes se ha multiplicado por tres. En 1990, 250 mil accedían a la universidad. Hoy son 750 mil.
Agregaré que 60 por ciento de las familias pueden decir que al menos uno de sus hijos ingresa a la universidad. Esperamos que más adelante esta no sea la gran y única meta, sino que se prefieran en forma creciente instancias intermedias y se dé más énfasis a la educación técnico-profesional.
Prueba del esfuerzo descomunal realizado desde los años noventa hasta ahora es que en los últimos presupuestos de la Nación el Ministerio del ramo ha recibido la mayor cantidad de recursos. Es decir, se revela una preocupación creciente al respecto, a la altura de la importancia de la educación en el desarrollo sólido, sano y armónico del país y de nuestro cuerpo social. En el Presupuesto de 2009, por segundo año el mayor monto se destina a ese sector.
Fruto de la misma preocupación, también, hemos legislado para que la educación obligatoria y gratuita sea por doce años. Si a ello sumamos el prekínder y el kínder, Chile ya cuenta con catorce años de educación obligatoria y gratuita, lo que nos sitúa al nivel de países más desarrollados y avanzados en la materia.
Todo lo anterior lleva implícitos los esfuerzos desplegados para mejorar de manera significativa las remuneraciones de los profesores
Me parece que la nueva ley debe considerar el aspecto de la disciplina interna en los establecimientos educacionales, para salir al paso de los espectáculos deleznables e inconcebibles de violencia que se registran no solo entre los alumnos, pues también tienen lugar agresiones de estos a sus propios profesores, cuando ellas no provienen, incluso, de algunos apoderados. Es algo que requiere un corte de raíz y definitivo.
En fin, el proyecto en debate recoge la inmensa mayoría de las más grandes inquietudes nacionales acerca de la calidad de la educación y la equidad en el acceso a esta, dos pilares fundamentales sobre los que se asienta la normativa. Para alcanzar esos grandes objetivos, deroga la actual Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, en lo que a educación regular se refiere, y crea una institucionalidad moderna y acorde con los tiempos que se viven en educación, ciencia y tecnología.
Tenemos la más absoluta certeza de que en la construcción de la iniciativa participaron los principales representantes de la educación chilena, pública y privada, en su gran mayoría expertos de la más alta calificación, tanto nacional como internacional.
Para asegurar la calidad y equidad se requiere un financiamiento adecuado y oportuno. El texto en tramitación contempla los mecanismos que promueven la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos, en un marco de transparencia y cuenta pública en su entrega y gestión.
Cabe recordar que parte importante de tales principios se encuentran ya contenidos en la Ley de Subvención Escolar Preferencial, la que aumenta considerablemente los fondos disponibles para los establecimientos que atienden a estudiantes en situación de vulnerabilidad y propende a una gestión escolar que eleve sus logros de aprendizaje.
Destaco que por esa vía también se busca responsabilizar a los sostenedores, los docentes y las escuelas en el mejoramiento de la calidad de la educación y dar un trato preferencial a los alumnos más vulnerables.
En el mismo aspecto del financiamiento, considero relevante que en la iniciativa se contemplen medidas destinadas a superar las dificultades que presenta la administración descentralizada de la educación pública, las cuales, sin perjuicio de mantener el principio de descentralización, se dirigirán a fortalecer la administración territorial y potenciar nuevas formas de gestión de los establecimientos.
La Ley General de Educación en estudio comprende en su nombre la idea de la formación integral de la persona; valora, a la altura que le corresponde, el concepto de enseñanza, y asegura la libertad de enseñanza, entendida como un derecho preferente y primordial de los padres de escoger el establecimiento educacional para sus hijos, así como también la vincula al derecho de abrir, organizar y mantener planteles educacionales, incluido el de elaborar los planes y programas y el proyecto educativo institucional.
Además, refuerza el derecho a la educación al potenciar el desarrollo de las personas y cumplir múltiples funciones sociales que convierten a la primera en un bien público, ya que contribuye al desarrollo económico y social del país; otorga y transmite un sentido de memoria colectiva e identidad nacional; fortalece la convivencia y el régimen democrático, y favorece la redistribución de oportunidades en la sociedad. Por lo mismo, contiene normas precisas contra la discriminación en los planteles educacionales; asegura el derecho a la educación de la alumna embarazada, y prohíbe la expulsión durante el año académico por no pago de colegiatura.
Cuando se hace referencia al concepto de calidad de la educación, es preciso entender que se pone el énfasis en el desarrollo integral de los alumnos y no solo en el logro de aprendizajes. El objetivo central es entregar una formación integral, que comprenda competencias, conocimientos y valores sustentados en la democracia y solidaridad.
En concordancia con las ideas señaladas, la normativa incentiva la participación y colaboración como principios que constituyen una pieza clave para la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con una educación de calidad y equidad. En esta tarea involucra la participación activa de todos los integrantes de la comunidad educativa.
En el ámbito de la nueva institucionalidad que se crea, quisiera destacar que se sustituye el Consejo Superior de Educación por el Consejo Nacional de Educación, órgano integrado por representantes de toda la comunidad educativa, cultural y científico-tecnológica de la nación, incluidos los estudiantes, el que deberá actuar en forma acorde con las necesidades educativas del sistema que se regula en la presente iniciativa, tanto en la enseñanza parvularia como en la básica, media y superior. Igualmente, deberá pronunciarse sobre los estándares de calidad propuestos por el Ministerio de Educación y servir de instancia de apelación cuando corresponda.
Se incorpora a la educación el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, el ejercicio de la tolerancia y la consideración por la diversidad, los que se deberán impartir desde los primeros niveles formativos.
Señor Presidente, valoro las palabras de la señora Ministra de Educación al reconocer que el Senado de la República ha sido el espacio de articulación de los más significativos consensos construidos acerca de la educación y destacar que también ha sido el ámbito de grandes e ilustrados debates, en los cuales se han explicitado con altura las importantes diferencias que hemos mantenido sobre la materia, de tanta relevancia nacional.
Agregó que, históricamente, en esta Corporacón se ha reflexionado a fondo respecto de la educación chilena, recordando nombres de ilustres educadores y expertos en el tema, como Bannen, Mac-Iver, Walker Martínez, Errázuriz Urmeneta, Alberto Baltra y Eugenio González Rojas.
Hoy analizamos el proyecto de Ley General de Educación. El país tiene sus ojos puestos en lo que hacemos. Nos observan también años de historia y una trayectoria rica en debates de alto nivel. Chile ha depositado su confianza en nosotros para lograr los avances que se necesitan en educación.
En la historia quedó establecido que, tras una notable discusión doctrinaria y política, el Senado aprobó la escolaridad obligatoria. Y, ochenta y tres años más tarde, el Congreso sancionó, sin mayor divergencia ni larga polémica, un acuerdo que consagró los doce años que ella comprende. Hoy corresponde el turno de la Ley General de Educación, cuyo proyecto en análisis contempla cinco grandes temas:
-Definiciones básicas del sistema escolar.
-Rol del Estado. El nuevo texto se traduce en más y mejor Estado, y se financiará un sistema de catorce años de escolaridad gratuita, entre otros aspectos.
-Avances para alcanzar la equidad y calidad.
-Requisitos que deben exigirse a los administradores del sistema educacional, vale decir, a los sostenedores privados.
-Marco institucional: Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, que permitirá que las metas mencionadas se conviertan en realidad.
Por mi parte, señor Presidente, votaré a favor de la iniciativa. Y esta constituye lo posible, conforme a los acuerdos que hemos alcanzado. Algún sector quiere la excelencia, según su punto de vista; otros, algo distinto. Pero lo posible, ahora, es el articulado propuesto.
He dicho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
Señor Presidente, deseo ser enfático y claro: debemos terminar con la educación municipalizada. Así entiendo el problema.
En otros aspectos, he reconocido y estoy abierto a valorar cosas hechas en un período anterior, pero, en materia de educación, así como de salud, creo que los resultados son malos. Y el costo lo han pagado varias generaciones de jóvenes.
Si la presente discusión vale al menos para algo, ojalá que empecemos a revertir la situación de una vez por todas. Es preciso encarar tal tarea con decisión y responsabilidad aquí en el Parlamento.
No participé, al igual que varios de Sus Señorías, en el famoso Acuerdo. Tengo plena libertad, como todos, para definir hoy mi posición.
A mi juicio, lo que hemos de hacer -y varios de mis Honorables colegas coinciden sobre el particular- es colocar a la educación como el motor de desarrollo del país, así como de la equidad, de la igualdad.
Eso no es fácil. La maduración de todo ello va a ser lenta. Pero es algo que debe enfrentarse de una vez por todas como corresponde.
Por ejemplo, no veo que la normativa que hoy estamos discutiendo sintonice con la Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública.
Este fin de semana largo la leí con calma y no sé cómo se puede sostener que la creación de un servicio nacional de apoyo a la educación, como servicio único, independiente -otro SERNAM, por así decirlo-, vaya a fortalecer al Ministerio, cuando debería ser, en verdad, un servicio o un departamento de este, porque, si realmente queremos llevar a cabo una transformación, tenemos que fortalecer a dicha Cartera en lo que corresponda. En ese sentido, hay una contradicción. Yo estoy por fortalecer la educación, pero sin disminuir el rol del Ministerio.
Sí me parece un paso importante crear las famosas corporaciones locales, pues la realidad de los municipios indica, entre otras cosas, que debe haber un cambio.
Sin embargo, señor Presidente, en todas estas materias se está actuando, no diría sin el concurso o la participación de nuestros profesores, pero sí sin guardarles el debido respeto. Y no creo que vaya a haber ningún cambio, ninguna transformación positiva en la educación chilena, si no nos abrimos a reconocerlos como actores relevantes. No será posible hacerlo sin su concurso. No obstante, aquí vemos que son tratados bastante como, yo diría, figuras de segundo nivel. Hoy vemos que los docentes, para ejercer y entregar su labor, deben multiplicar sus esfuerzos. Y eso no puede ser. Hay que partir por entender que tenemos que remunerarlos como corresponde.
Aquí hay un asunto que sigue penando entre nosotros y al cual pocos le dan importancia -ahora, finalmente, parece que se la vamos a dar-, cual es la deuda histórica con el magisterio.
En esta misma Sala, con ocasión de la discusión de la Ley de Presupuestos, escuchamos con estupor al señor Ministro de Hacienda decir a los profesores: "Recurran a los tribunales".
Bueno, ¡en qué país estamos!
¡Si han ido a los tribunales! Y algunos ganaron. Y usted, señor Presidente, tuvo una actuación muy positiva en su circunscripción -debo reconocerlo-. Porque en esto, en verdad -seamos claros-, se ha pecado en uno y otro lado.
La deuda con el profesorado parte en el Régimen militar, cuando se paga una de cuatro cuotas. ¡Al menos se pagó una! Sin embargo, la Concertación lleva 20 años en el poder y no solo no paga, sino que, además, frente a maestros que ya no pueden siquiera, muchos de ellos, reclamar -algunos ya están jubilados y recibiendo pensiones de 150 mil, 100 mil, 80 mil pesos- actúa diciéndoles: "¡Vayan a los tribunales!". Algunos fueron antes de que se uniformara la jurisprudencia, cuando les cayó la prescripción encima, y encontraron justicia. Pero otros, que también ganaron, incluso con la jurisprudencia ya uniformada, no la hallaron. ¿Por qué? Porque los Ministros de Hacienda no entregaron los fondos.
Entonces, bueno: ¿a quién queremos engañar con esto? Aquí debemos tratar a los profesores como corresponde y estar dispuestos a discutir en serio -¡en serio, de verdad!- esta Ley General de Educación, pero también la Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública. Porque no calzan, señor Presidente. ¡No calzan! Quiero decirle que una y otra no andan bien.
Escuché atentamente a todos los señores Senadores, aunque algunos me llamaron más la atención. Y, por ejemplo, uno advierte que el planteamiento del Senador señor Núñez guarda gran coincidencia con el del Senador señor Larraín. Se ve, por último, que en las indicaciones, en las mismas definiciones que habrá que adoptar, encontraremos quizá el camino a seguir.
Pero, señor Presidente, el problema es que esto es una cantinflada. ¡Ese es el problema! Porque aquí hay cosas que quedan en la ambigüedad. ¿Cómo se puede hablar de fortalecimiento de la educación pública sobre la base de que el Ministerio de Educación prácticamente pase a ser una instancia decorativa, entregando todo a un nuevo servicio que va a depender directamente de la Presidencia de la República?
Bueno, ¿qué hay detrás? ¿Quiénes están detrás de esto?
Entonces, señor Presidente, yo le expreso al Senado mi mejor voluntad, mi mejor disposición, porque creo que en esta materia no podemos seguir engañándonos, para buscar de verdad una corrección de fondo al sistema educacional que nos permita conciliar algo que se ha conciliado siempre: la libertad de educación, pero sin dejar de lado la obligación del Estado, la obligación que tiene la sociedad, de brindar una educación pública gratuita, como corresponde. No veo antinomia entre ambas cosas: considero perfectamente posible lograr ambas. Al contrario, creo que con una buena comprensión de lo que entrega la educación privada se puede contribuir a una mejor evaluación y logro en la educación pública, respetando los espacios de cada una.
Pero, señor Presidente, tal como están las cosas, no veo que vayamos por el camino adecuado.
A decir verdad, he meditado mucho cómo votar. Y cuando miro el último proyecto, de fortalecimiento, con todas sus ambigüedades -analizando desde otra perspectiva lo que algunos han señalado- digo: "Bueno, esto va por el camino equivocado".
Ahora, señor Presidente, quiero señalarle, como el que más, que a mi juicio los profesores nunca se van a negar a estar bien evaluados. Aquí se excusan con el Estatuto Docente. Bueno, ¡si no hubiera Estatuto Docente se les pagaría de marzo a diciembre, con los criterios imperantes! Pero, claramente, deben estar abiertos a una verdadera evaluación. Lo que acá hay que mejorar es la educación en las aulas, en los colegios, con plena movilidad, para que los directores tengan la posibilidad de adoptar medidas. Y eso pasa por pagar bien, por respetar, primero que nada a nuestros profesores.
Entonces, señor Presidente, estoy llano a encontrar un acuerdo.
Y quiero decir lo siguiente.
Yo tengo la más alta opinión de la señora Ministra de Educación. Su actitud es muy diferente de otra que vimos en esta Sala. La suya es lo que a uno lo mueve a preguntarse: "¿Cómo podemos trabajar para que la señora Ministra sea la líder de un gran proceso, porque tiene una actitud distinta?". Pero eso mismo es lo que me lleva a decirle, con franqueza, con claridad: "Señora Ministra, si realmente quiere encabezar este proceso, un proceso de profunda reforma a la educación chilena, que es lo que se necesita, a usted hay que entregarle libertad para que verdaderamente pueda resolver esto y buscar cómo avanzar en ciertos criterios, que unas y otras bancas compartimos, porque aquí la diferencia ha estado más bien en situaciones que, a mi parecer, no apuntan al fondo del problema".
Yo, por ejemplo, tengo una, señor Presidente.
Créame: para mí las cuestiones valóricas no son menores. Cuando uno lee en la normativa los principios de la educación pública, ve que se habla de libertad de conciencia y laicismo como si fueran lo mismo. O sea, quienes albergan una concepción religiosa o una visión trascendente de la vida, ¿no pueden tener libertad de conciencia?
¡Y eso va a estar en los valores, en los principios de la educación pública!
Una cosa es que tengamos una educación laica -en lo que estoy de acuerdo-, pero otra distinta es que me digan que el principio motor, el central, el verbo rector, va a ser el laicismo con la libertad de conciencia.
Es decir, quienes no profesen una concepción laica, ¿no pueden tener libertad de conciencia? ¡O sea, Tomás Moro fue un accidente! ¡No tuvo problemas de conciencia!
Ese no es un problema menor.
Entonces, cuando a uno le traen esa forma de plantear valores y se pretende decir que son universales, yo me pregunto: ¿Universales de qué? ¡Si la libertad de conciencia es consustancial a la naturaleza humana! ¡De ahí se parte! ¡Cómo se la puede limitar solamente a los que son laicos!
Aquí, señor Presidente, parece que queremos volver cien años atrás, cuando únicamente los beatos católicos eran susceptibles de la caricatura. ¡No! Creo que desde los tiempos de Abdón Cifuentes en adelante -¡gracias a Dios!-, hay una forma más amplia de entender el punto.
A mí me gustaría que acá hubiera también otra clase de valores. La familia, por ejemplo, ¿no les dice nada, como un entorno para racionalizar, para priorizar valores en una sociedad? O sea, la familia, como tal, ¿no la vamos a preservar?
En fin, señor Presidente.
Yo, ante el presente proyecto, manifiesto mi voluntad de converger en un gran acuerdo en el Senado para encontrar un sistema de educación que, a partir de principios que al parecer son compartidos, sea la base del Chile del futuro. Pero no me pidan que lo apruebe tal como está, porque, en mi opinión, no va en la dirección correcta. Y, si se aprueba -están los votos para ello-, habrá que abrirse a formular indicaciones que nos permitan llevarlo a buen puerto.
Yo me voy a abstener, señor Presidente, para que exista la posibilidad de plantear indicaciones que vayan en el sentido que considero apropiado, también, ojalá, en relación con el segundo proyecto, que no sé por qué fue enviado en forma separada. ¿Por qué no enviaron los dos juntos? ¿No estaban preparados? Porque resulta que ahora le podremos formular indicaciones a esta iniciativa, hasta treinta días más, quizás, cuando la otra recién se esté tramitando. Y si acaso la segunda se aprueba de determinada forma, con el famoso servicio nacional de apoyo educativo, creo que el Ministerio de Educación no va a servir de nada. Entonces, ¿de qué fortalecimiento me van a hablar?
He querido expresar estos puntos de vista en el Senado, señor Presidente. Y, créanme -se lo digo a la señora Ministra con gran aprecio-, tengo la mejor disposición para lograr una buena ley y una educación como corresponde, donde la pública no aparezca como antagónica de la privada, sino donde, muy por el contrario, ambas se puedan complementar, guardando sus particularidades, y de donde surja la educación que el país realmente necesita, sin grupos interesados de una parte ni de otra.
He dicho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente, quiero comenzar mi intervención con una reflexión personal, pero que me parece relevante y atingente al objeto de este debate.
Yo soy hijo de la educación pública, a mucha honra. Estudié en el Instituto Nacional y en la Universidad de Chile. Y ello me compromete.
Para mí, este no es un debate puramente técnico. Por cierto, posee dimensiones técnicas importantes, pero que no son, en definitiva, las centrales. En esta discusión hay involucradas cuestiones Políticas -con "P" mayúscula-, cuestiones valóricas y cuestiones culturales muy fundamentales.
El jueves recién pasado participé en un emocionante homenaje en memoria de ex alumnos del Instituto Nacional víctimas del golpe de Estado: 34 caídos, 10 detenidos desaparecidos.
No traigo a colación esto para emocionar a nadie, sino porque me parece un hecho extremadamente relevante en el contexto del tema que estamos analizando. El Instituto Nacional, el colegio -tal vez hoy no, pero sí durante muchos años- más prestigioso del país, el foco de luz de la nación -según dice su himno-, es el que, probablemente -no debe de haber estadísticas muy detalladas al respecto-, presenta más víctimas. Y esto no es casualidad: se debe a una razón muy precisa, de la cual se ha hablado poco en este debate.
Y es la siguiente.
El establecimiento, de una excelencia académica que todavía manifiesta, aunque con muchas dificultades -el edificio donde funciona y en el cual me tocó realizar parte de mis estudios, inaugurado alrededor de 1963, todavía no se termina-, impartía -y este es el punto que deseo destacar- educación para la democracia, educación para la república.
Esa era una particularidad importante de los grandes liceos de esa época.
¡Por eso cuenta con 34 ex alumnos caídos!
Esa educación para la república se relaciona con la misión que se asignó al Instituto Nacional desde su fundación, en 1813, de la cual se van a cumplir casi 200 años. Se trata de un colegio que surgió prácticamente con la Independencia y que, incluso, se podría decir, sin forzar demasiado los acontecimientos, que es el forjador de ella. La verdadera Independencia de Chile se consolidó en 1818. Así que, desde ese punto de vista, el Instituto Nacional es anterior, porque se fundó en 1813.
Curiosamente, fue un cura, Fray Camilo Henríquez, quien definió su misión al momento de su fundación. Él dijo que el gran fin del Instituto Nacional era "dar a la patria ciudadanos que la dirijan, la defiendan, la hagan florecer y le den honor".
Yo siento que prácticamente ningún colegio posee hoy una misión de ese tipo.
Y lo anterior remite a una cuestión muy de fondo. Este debate, señor Presidente, tiene que ver con algo de lo cual nosotros somos parte: con la formación de las élites gobernantes en nuestro país. Y por eso saca tantas ronchas.
Aquí hay un dilema.
La República se construyó sobre la base de lo que uno pudiera llamar cierto elitismo, pero elitismo republicano: el elitismo del mérito. Quienes entrábamos al Instituto Nacional no lo hacíamos por dinero, salvo algunos pocos que lo hacían por cuñas. Ingresábamos gracias a un examen. No necesitábamos ser ricos para entrar al Instituto Nacional y contar con una buena educación. Requeríamos, simplemente, ser esforzados, tener padres que nos hubiesen incentivado la enseñanza y lograr rendir un buen examen de admisión.
Ello tenía que ver con la meritocracia, no con el crudo poder del dinero, que es lo que impera en la actualidad. Hoy usted no va a dar exámenes de admisión: va a comprar educación. Así funciona el sistema ahora.
Y, sin querer levantar una polémica artificial, si uno analiza la composición de este Senado, se encuentra con que en las bancadas de la Oposición (excluyendo la de independientes, de la cual forman parte los Honorables señores Cantero y Bianchi) hay solo dos o tres Senadores que pasaron por una escuela pública.
Aclaro que mi información no es de inteligencia ni confidencial, sino, simplemente, se basa en lo que consigna el sitio web de nuestra Corporación.
Según el registro que hemos logrado establecer, pasaron por la educación pública el Senador señor García, que estudió en Temuco, y el Senador señor Pérez Varela, ex alumno del Liceo Lastarria. El Senador señor Allamand, de acuerdo con lo que presenta la página web del Senado, aparece inscrito en el Saint George, y que yo sepa ese no es un colegio público. Y el Honorable señor Prokurica, como efectivamente lo consigna dicha página, pasó por el Liceo de Hombres de Vallenar y terminó finalmente en la Scuola Italiana de Santiago, si no me equivoco.
Digo que esto no es por casualidad, porque estamos hablando de algo que es muy central: de la educación, del sistema de valores, de las élites del país.
A propósito de esto, me decepcionó el Honorable señor Longueira. Pensé que, por su carácter plebeyo, iba a ser ex alumno del Internado Nacional Barros Arana o del Liceo Lastarria. Pero viene de los jesuitas.
Me interesa destacar que culturalmente la dirigencia de la Oposición -¡los de las bancas de enfrente!- está muy poco relacionada con la educación pública. Y tampoco tiene que ver, en forma muy mayoritaria, con la historia republicana de Chile, la cual es bastante importante. Sus integrantes son ajenos -salvo los Senadores señores Pérez Varela y Allamand, que dice que hizo una pasada por ese colegio- al INBA y al Instituto Nacional, el cual ha dado a la nación más de quince Presidentes de la República. Para citar a los más conspicuos por sus apellidos, mencionemos a Manuel Montt, a Federico Errázuriz Zañartu, a Federico Errázuriz Echaurren, a Germán Riesco, a Pedro Montt, a Jorge Alessandri Rodríguez. Y, para no molestar a la Alianza, no citaré en forma especial a los Mandatarios Salvador Allende ni Ricardo Lagos Escobar, ambos ex alumnos de dicho Instituto.
Volviendo al debate legislativo, debo hacer presente que una iniciativa de ley general sobre la educación que no se refiera a la educación pública es -para decirlo de la forma más elegante- un total contrasentido.
Es cierto que la educación chilena tiene muchos problemas. Su calidad global es mala. Incluso el rendimiento de los buenos colegios no se compara favorablemente con el promedio de los establecimientos de otros países del mundo con los cuales nos gustaría cotejarlos.
El principal problema en la educación chilena es que se ha transformado en un gran negocio. ¡Ese es el cáncer que la afecta y lo que hace que los profesores carezcan de la motivación y del liderazgo que debieran tener! Cuando el sistema no estaba fundado en el lucro y la educación no era un negocio, los profesores se movían por valores diferentes. ¡Eso es lo que hace falta!
Señor Presidente -y en esto voy a contradecir frontalmente lo expresado por el Honorable señor Larraín-, creo que no solo hay que preocuparse por la educación pública, sino que derechamente se la debe privilegiar. ¡Esa es la educación de la República! Es allí donde van los niños más modestos de Chile y es la única susceptible de garantizar un mínimo de igualdad, por lo menos en el colegio. Así ocurría en el mío, al que asistían muchos niños de clase alta y de hogares ricos. Pero ahí convivían con muchachos pobres y de clase media. No había el apartheid formado hoy en los establecimientos educacionales de Chile.
Al plantear esto, podría decirse que con ello se está discriminando en contra de un millón 736 mil niños de la educación particular subvencionada. Eso, señor Presidente, no es cierto. Esos jóvenes no permanecen en ella por voluntad propia. Están allí porque arrancan de la educación pública, la cual no les entrega la calidad mínima que necesitan.
Duele el alma ver cómo familias pobres pagan hoy lo que no tienen para emigrar de la educación pública. Eso no era así antes. ¡Una República decente no se construye de esa manera! Creo que realmente es muy grave que eso ocurra.
Cuando se dice que debe haber aquí un tratamiento no discriminatorio, tenemos una discrepancia fundamental; no hay acuerdo en esta materia. Esto debe ser resuelto por la ciudadanía. ¡Cómo va a ser lo mismo una escuela fiscal que el negocio del sostenedor privado! ¿De cuándo acá? Esto es una deformación chilena.
El Honorable señor Muñoz Barra lo explicó muy bien. Esto no pasa en ningún país del mundo. En los Estados Unidos más del 90 por ciento de la matrícula educacional es pública; otro tanto ocurre en Australia, en Francia y en Alemania.
¿De cuándo acá el Estado debe ser neutral respecto de los establecimientos educacionales que genera? ¿De cuándo acá el Fisco debe ser neutral respecto de la educación republicana?
Señor Presidente, yo voy a votar en contra¿
--(Aplausos en las tribunas).
El señor OMINAMI.-
Pero no lo digo con satisfacción. Doy excusas a la Presidenta de la República, porque es la segunda vez que votaré en contra de una iniciativa importante del Gobierno. La primera fue con motivo del famoso proyecto sobre depreciación acelerada, que se suponía era la gran panacea para los problemas de la economía. Sin embargo, fue rechazado aquí y después nunca más se habló de él.
Voto en contra, porque la legislación en análisis no se refiere a lo esencial: al desplome de la educación pública.
Voto en contra, porque ella no contiene nada sobre la educación superior, asunto pendiente desde la transición a la democracia, pues no hemos legislado sobre esa rama formativa. Se mantienen los mismos porcentajes de asignación de recursos que se establecieron arbitrariamente durante la Dictadura militar, y con ello se ha distorsionado gravemente el sentido de la propia universidad. Lo que tenemos hoy son guetos, apartheid.
¿Creen ustedes que son buenos para los niños los circuitos constituidos entre el Colegio Cumbres, la Universidad de Los Andes y la Universidad del Desarrollo? ¿Les están enseñando algo importante a los niños? ¡No! ¡A esos muchachos no los están preparando para la vida! ¡Al no mezclarlos con los alumnos pobres, con los de clase media, se les está haciendo un daño! ¡Son niños que no conocen el centro de Santiago!
¿De cuando acá la universidad es eso? Esta es algo amplio, donde coexisten distintas visiones. Con la universidad de los masones y la del Opus Dei, se está contradiciendo el sentido mismo de lo que es la educación superior. No hablar sobre ello en una ley general de la educación es inadmisible.
Voto en contra, porque este llamado acuerdo es también muy especial. No quiero que se repita lo sucedido con la reforma previsional, no obstante que votamos a favor.
Se cortó el micrófono, señor Presidente.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Sí, señor Senador. Por acuerdo de los Comités, ningún orador va a disponer de más tiempo que el asignado, porque falta un grupo importante por intervenir.
Concluya, Su Señoría.
El señor OMINAMI.-
En todo caso, no quiero que me reprochen al igual que en la discusión de la reforma del sistema previsional. En esa oportunidad, presenté indicaciones que no fueron discutidas. Y se me dijo al momento de fundamentar mi voto, que lo que estaba aprobando no era la reforma previsional, sino el pilar solidario. Se abusó de nuestra buena voluntad.
¡Y yo no estoy dispuesto a que eso ocurra de nuevo!
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Pido a quienes nos acompañan hoy respetar todas las opiniones.
Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, creo que el Honorable señor Ominami me ha interpretado en varios de los argumentos que expuso.
En mi opinión, esta discusión es seguramente la más relevante y trascendente llevada a cabo en el Congreso Nacional tal vez desde los años 90. No creo que haya un asunto más importante que discutir cuando se trata del modelo de educación que se requiere para Chile.
Nos encontramos en una encrucijada. Nuestro país debe dar un estirón. ¿Cuál es esa encrucijada? Nosotros tenemos dos opciones. En primer lugar, seguir como un modelo exportador de recursos naturales, de commodities, aparejado, en un enfoque sistémico, con una altísima desigualdad en materia de distribución del ingreso y con una alta segregación; con grave daño a nuestro patrimonio natural, que no renta para todos los chilenos ni para el desarrollo del país, sino para unos pocos; con un elevado nivel de concentración económica, que además tiene una gran capacidad de lobby para bloquear reformas sustantivas; con una carga tributaria de 16 puntos del producto; con un Estado de un tamaño expresado en gasto público total de 21 puntos del producto interno bruto, muy por debajo de cualquier país que haya hecho una transición hacia un modelo de desarrollo distinto y de mayor integración y cohesión social.
Si Chile pretende lo que hizo Finlandia con Nokia -esta, hace treinta años, era una empresa forestal y hoy día exporta tecnología- y desea construir una sociedad equitativa, del conocimiento, debe realizar un giro copernical, a lo menos en educación y en innovación. Sin embargo, en lo que dice relación a estos dos aspectos, hoy día no cuenta con recursos mínimos de sustento, de flotación, para poder aspirar a un cambio sustantivo de nuestro modelo de desarrollo.
Un país que destina el 0,7 por ciento del producto interno bruto a innovaciones está inhabilitado para imponer un cambio en ese sentido. Un país que dispone de una Unidad de Subvención Educacional de 40 mil pesos por niño no tiene posibilidad alguna de avanzar en el proceso de desarrollo, de construir una sociedad equitativa y de romper el círculo vicioso que lo envuelve, cual es que el 10 por ciento más rico percibe cuarenta veces más que el 10 por ciento más pobre.
Esos elementos, entre otros, se convierten en verdaderos cuellos de botella para dar aquel salto.
Es cierto que hemos bajado la pobreza de 40 a 13 por ciento. Pero eso obedece solo a un efecto de las políticas sociales compensatorias, porque ni siquiera hemos cambiado un milímetro los índices de desigualdad.
Por lo tanto, la primera reflexión es que, si queremos modificar aquello, debemos tener un gasto social que permita financiar la salud, la innovación y el tamaño del Estado, a través de una carga tributaria más equilibrada, donde no solo sean la clase media y los pobres quienes paguen impuestos, sino el conjunto de la sociedad.
Si no se dispone de 100 mil pesos por niño como mínimo en Unidad de Subvención Educacional, el debate que estamos haciendo será absolutamente estéril. Da lo mismo si la enseñanza es pública o privada. Eso es del todo intrascendente. Porque con los actuales recursos y la prioridad que se está dando a la educación, no hay posibilidad de progreso.
Por otra parte, pienso que se debe evaluar el mérito de la educación pública como elemento vertebrador del cambio de modelo de desarrollo y ver si es factible ir hacia un proceso de mayor calidad.
Hoy día, lamentablemente, distintos estudios demuestran que casi la mitad de los chilenos no comprenden lo que leen. Y con tal antecedente jamás formaremos una sociedad en que las personas sean innovadoras, constructoras o participantes en una economía global o en una nacional.
Tenemos un verdadero problema, y la única manera de resolverlo no es haciendo un esfuerzo para perseverar en un modelo de subsidio a la demanda, el que, por lo demás, ha fracasado en casi todos los país del planeta donde se ha implementado. Por algo la mayoría de los modelos exitosos en materia de educación son públicos. La mayor parte de los países que han transitado -como debiera hacer Chile- de modelos de commodities, de recursos naturales, a modelos más integrados, con mayor desarrollo, lo ha hecho a través de un fuerte potenciamiento de la enseñanza pública.
No existen otros ejemplos.
Yo, que conozco muy bien la experiencia francesa, puedo señalar que Sarkozy -Presidente de Derecha- jamás tocaría un "pelo de la cola" al modelo de educación pública de su país. Si lo hiciera, generaría una verdadera revolución, porque la sociedad gala defendería con "dientes y muelas" -como se dice- el instrumento de equidad que ha sido fundamental para su desarrollo. Lo mismo ocurriría en Alemania, España o en Italia con Berlusconi.
En España, el Gobierno del Partido Popular nunca se planteó la posibilidad de llevar a cabo una reforma que fuera en el sentido del subsidio a la demanda y la privatización de la educación.
Estoy hablando de sociedades y de economías de mercado, en que es absolutamente compatible un rol más preponderante del Estado con una intervención activa de políticas públicas en materia de educación, como herramienta fundamental de la cohesión social, de la no segregación y del desarrollo de esas comunidades.
Por lo tanto, nuestra perversión consiste en que Chile ha vivido una experiencia de neoliberalismo tan extremo que para nosotros es normal. Y nos parece tan normal que, incluso, una parte de la Concertación ha sido capturada por esa visión liberal extrema, que considera como un valor el subsidio a la demanda y, también, el financiamiento compartido, que es uno de los más brutales y odiosos instrumentos de segregación.
Lo único que lamento es que eso no lo haya inventado la dictadura, sino la Concertación. Ha sido un mecanismo de hostilización y de exclusión social. Además, hemos visto cómo la segregación, en todos los parámetros, en vez de disminuir la desigualdad en la educación, ha ido en aumento en materia de enseñanza superior y de calidad. Y, evidentemente, estamos muy lejos de los esquemas internacionales y de los estándares necesarios para transformarnos en una sociedad más competitiva, con mayor productividad y con posibilidades de dar aquellos saltos grandes que nos habíamos planteado.
Aún más, cabe señalar que un número importante de los que forman parte del modelo de educación privada subvencionada no persiguen un verdadero fin en la educación. Los motiva no un objetivo vinculado a la enseñanza, sino la captura de los subsidios del Estado. Por eso, muchas personas que antes se dedicaban a desarrollar actividades diversas, desde tener moteles hasta botillerías, vieron una mejor oportunidad en la educación y se trasladaron de rubro.
Ciertamente, ello ocurre cuando se hace un negocio de la educación. Así, o se preserva el bien común o se establecen criterios de selección, de "vitrineo" para la gente. También se da lo mismo en salud, haciéndose muy difícil concretar los objetivos.
Lamento que la Concertación -y por eso voy a votar "no", con firme convicción y adhesión estricta a los principios por los cuales me hice parte de ella- haya construido este acuerdo con la Oposición. Entiendo que para esta él sea su modelo privilegiado, ideal. Evidentemente, hay inserto en ello la visión de creer que el mercado es el mejor asignador de salud y de educación.
No veo en ese sentido alguna contradicción. Es parte de una visión cultural, ideológica; de una visión de la sociedad. Yo no la critico. Pero nosotros, justamente, representamos la mirada contraria: creemos que la educación es un derecho y no un instrumento o un valor de mercado, y que es fundamental para generar equidad y cohesión social.
Por lo anterior, considero una muy mala señal la dada por la Concertación al enviar primero un proyecto que apunta a mejorar una parte de la educación, la privada subvencionada, sin manifestar inicialmente nada respecto de la pública.
Uno podría entender aquello -y esto va muy en la lógica de las aspiraciones del mundo y de la cultura justamente más liberal de nuestro país, la Oposición chilena-, porque equivaldría a estar diciendo a las familias chilenas que lo mejor que ellas pueden hacer es abandonar la educación municipalizada. Y no solo están rechazando este tipo de enseñanza, sino que se les está manifestando a aquellas que en Chile se privilegiará al actor central desde el punto de vista del modelo: precisamente la educación privada y en particular la privada subvencionada y no la pública.
Esa señal indica que, por la vía de los hechos y en el corto plazo, va a predominar la educación privada subvencionada por sobre la municipalizada. Porque esta última se encuentra en absoluto abandono. Es una especie de "Siberia" y constituye el mundo de la segregación, de la exclusión social.
Frente a tales circunstancias, creo que los padres, incluso por razones de seguridad, no desearán que sus hijos asistan a la educación municipalizada. De esta forma, se crea toda una dimensión aspiracional respecto de la cual las políticas gubernamentales han sido cómplices en generar ese estatus para la enseñanza privada subvencionada y en favorecer el negocio de la educación, lo que, a mi juicio, resulta absolutamente incoherente con una mirada progresista.
Eso lo entiendo como una visión de la Derecha, tanto la mundial como chilena. Pero hay otras derechas que no han innovado ni avanzado en este tipo de temas.
Chile es muy particular: inventó las AFP; fue uno de los primeros iniciadores del modelo de isapres, y es el único país del planeta que privatizó los derechos de agua. Tales situaciones se han dado con la magnitud y la fuerza que hacen que ellas, lamentablemente para una parte importante de mi coalición, sean normales. Pero para mí no lo son.
Me parece que, si debe reponerse un debate de fondo en la sociedad chilena es justamente el relativo a la educación pública como principal elemento vertebrador de nuestro desarrollo, de la posibilidad de construir cohesión social e igualdad de oportunidades.
Por eso, señor Presidente, votaré que no. Me pronunciaré negativamente, porque, además, tengo la firme convicción de que tenemos, como prioridad fundamental -al menos para una parte del mundo progresista- que volver a poner en el debate la educación pública.
Si queremos tener autoridad moral para decir que esta discusión no ha terminado, no podemos sentirnos parte del proyecto ni compartirlo.
Además, desde el primer día en que se firmó el Acuerdo con la Oposición, fui de los que señalaron que no era partidario de él.
En consecuencia, quedo con tranquilidad de conciencia para afirmar desde ahora que Chile tiene una tarea pendiente: el fortalecimiento de la educación pública como principal impulsor del desarrollo democrático, de los avances en la equidad y del gran salto que debemos dar para abandonar un modelo excluyente, regresivo, donde no se pagan impuestos, que destruye el medioambiente, que no exporta la capacidad, el talento y la innovación de los ciudadanos chilenos. Todo ello está muy lejos de alcanzarse a través de políticas como las propuestas.
Por lo tanto, resulta fundamental, para lograr un nivel de desarrollo sostenible, interesante, equitativo, volver a poner el debate sobre la educación pública en el país.
--(Aplausos en tribunas).
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Advierto al público asistente que, si continúan las manifestaciones, haré desalojar las tribunas.
Tiene la palabra el Senador señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, a lo largo de la discusión sobre esta materia me he preguntado en reiteradas ocasiones qué sucede en la sociedad chilena que nos lleva a un escenario donde dirigentes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria y Ministros del Gobierno firman un Acuerdo que celebran en forma tan efusiva pero que, al mismo tiempo, la gente repudia con tanta energía.
¿Qué pasa en el país que se provoca un desencuentro tan violento que hace que las personas salgan a manifestarse en contra de un Acuerdo elogiado -repito- con tanta efusión por una cúpula?
El problema en cuestión radica en eliminar la LOCE, objetada y criticada, para establecer la LGE, teóricamente, como un bien que viene a remediar muchas situaciones irregulares.
El Acuerdo en comento persigue:
"1. Una institucionalidad pública más sólida que permita dotar a nuestra educación de un sistema de aseguramiento de la calidad.". Cabe preguntarse: ¿por qué la ciudadanía no tiene confianza en esta idea?
"2. Definición clara de los roles de cada uno de los actores de la comunidad educativa.". Ello, en circunstancias de que lo único que no queda claro son los roles, particularmente el del Estado.
"3. Una nueva estructura curricular para elevar la calidad de la educación.". No obstante, las pruebas indican en forma elocuente que la calidad de la educación se deteriora día a día.
"4. Garantizar la eficiencia y la transparencia de todo el sistema educacional.". Con todo, hemos conocido una serie de situaciones vergonzosas en las cuales los recursos de los establecimientos educacionales más pobres se dilapidan, cuando no simplemente se desfalcan.
"5. Asegurar y desarrollar la autonomía". ¡Qué autonomía puede haber en un establecimiento que presenta tantas limitaciones para actuar y operar!
"6. Normas de no discriminación arbitraria y selección.". Siento que la situación actual debe llenar de impotencia, de rabia y de molestia a ese padre que, queriendo enviar a su hijo a un colegio de mejor calidad, no puede hacerlo. ¿Y por qué? Porque no dispone del dinero para ello, dado que gana un sueldo miserable, como los que se pagan en la Administración Pública o tantos otros salarios de explotación que perciben nuestros trabajadores, equivalentes a los de los obreros. Por eso el padre o el apoderado no pueden pagar la parte que les corresponde como complemento de la subvención que entrega el Estado.
"7. Financiamiento". Al respecto, hay un desequilibrio y un valor asignado a la educación que constituyen francamente un escándalo y una vergüenza. ¡Todos coinciden -porque en esto sí hay acuerdo unánime- en que con 35 mil pesos no se puede educar a un niño! Se plantea que al menos debe ser el doble.
Los puntos finales del Acuerdo son "Un nuevo Consejo Nacional de Educación" y "Mantener y desarrollar un sistema educacional de provisión mixta.".
¡Pero todo indica que el sistema va caminando exactamente en el sentido contrario! Se trata de una especie de sentencia autocumplida: sobre el 50 por ciento de la matrícula de los estudiantes de nuestro país migra hoy hacia la educación particular subvencionada. ¡Particular subvencionada!
En mi opinión, el principio de la universalidad no se va a lograr, dadas las características de los problemas estructurales en el ámbito educacional, que voy a describir.
La educación permanente es un mito, una utopía, porque la mayor parte de la gente humilde en Chile no puede continuar estudiando.
En cuanto a la equidad y calidad, hemos visto, hasta ahora, que se iguala hacia abajo. Todos coincidimos en que los grandes colegios simbólicos, emblemáticos, que eran faros de la sociedad -según se dijo-, hoy día son una calamidad. Repito: estamos igualando hacia abajo.
Autonomía. ¡Qué autonomía puede haber en establecimientos que presentan problemas estructurales que les impiden generarla en lo más mínimo, con un Ministerio de Educación que, a lo largo de los últimos 20 a 30 años, se ha transformado en el talón de Aquiles de la educación: retrógrado, centralista, con falta de modernidad! Y una golondrina no hace verano.
Cabe mencionar, asimismo, los principios de responsabilidad y transparencia.
Además, se ha hablado de "competencia". ¡Pero qué competencia puede haber en un sistema municipal atado de manos, con un financiamiento absolutamente inadecuado, con problemas estructurales vinculados, por ejemplo, al Estatuto Docente!
También se han formulado planteamientos sobre la comunidad educativa. Sin embargo, todo indica que ella no existe. En Chile opera una "alcaldización" del sistema educacional. Porque nunca ha existido municipalización en este ámbito. No hay cuerpos colegiados que tomen decisiones respecto de la educación. Y al interior de los establecimientos educativos se genera una verdadera tiranía de los directores.
Entonces, ¡de qué comunidad educativa estamos hablando si un número muy grande de padres y apoderados no se vincula con el colegio y ve a este como una guardería! Porque la jornada escolar completa finalmente se ha transformado en eso: en un sistema de guardería.
Lo que la gente quiere es educación gratuita, pública y estatal; que se financie un sistema realmente gratuito, donde se expresen la pluralidad, la diversidad.
Alguien por ahí, en mi opinión muy poco inspirado -seguramente no era su día-, cuestionaba la orientación hacia una educación laica. Y señalaba: "¿Quién se preocupa de la familia?". Pero ello nada tiene que ver con la expresión de la búsqueda de dicha educación.
Sobre la palabra "laico", el Diccionario de la Real Academia Española dice: "Independiente de cualquier organización o confesión religiosa.". Y cita dos ejemplos: "Estado laico. Enseñanza laica.". Es decir, un Estado que no está comprometido con la primacía de ninguna corriente religiosa por dignas e importantes que ellas sean; y una enseñanza que establece la igualdad de todos los credos, independiente de que exista uno mayoritario. A eso hace referencia el concepto "laico" y no a otra cosa. Seguramente, puede ser muy mal entendido.
Por lo tanto, si alguien se quiere preocupar de la familia, de la dignidad de la persona
, del medioambiente, de las minorías de cualquier tipo, de los problemas de género, del derecho a la vida, obviamente lo puede hacer; pero ello no guarda relación alguna con la enseñanza laica.
A mi juicio, la confusión, el rechazo, el repudio que surge de la gente hacia el referido acuerdo derivan de que hay sobre la materia tres proyectos que han sido enunciados como emblemáticos: los que crean la Superintendencia de Educación, la Agencia de la Calidad y el Consejo Nacional de Educación.
De la simple lectura de la enumeración anterior se desprende que esas iniciativas legales buscan regular el rol del Estado en la industria educacional, entendiéndolo así: la Superintendencia, preocupada -espero- de transparentar el mercado; la Agencia de Calidad, efectuando la labor que denota su nombre, y el Consejo Nacional de Educación, cumpliendo tareas supletorias que seguramente se desprenden del Ministerio de Educación.
Lo concreto es que la gente entiende que, aunque aquí se está regulando el rol del Estado, "don Juan González" o "doña Juanita" -como se llamó metafóricamente- seguirá teniendo el problema de no poder pagar los 50, 80, 100 ó 200 mil pesos que cobra el establecimiento al que le gustaría mandar a su hijo. En consecuencia, a ella le resulta prohibitivo acceder a esa calidad de educación, que -como se mencionó- tampoco es muy superior; solo se trata de un sistema de redes, de encadenamientos sociales que permiten mejores oportunidades.
Este conjunto de proyectos de ley significa, sin duda, un avance. Pero, en realidad, contiene mucho de pirotecnia; se hacen gárgaras con muchas cosas.
El Ministerio ha insistido de forma majadera en que en el pasado el sistema educativo al que muchos le rendimos reconocimiento era discriminatorio, porque un porcentaje de estudiantes no tenía posibilidades de acceder a él.
Esa manera de mirar la vida me parece absolutamente majadera, miope, porque en esa época no todos teníamos derecho a casa, ni a vehículos. Cada etapa de la existencia viene asociada con ciertos bienes.
¿Cuál es el problema? Que el ciudadano común, "doña Juanita", recuerda que cuando era estudiante había ciertos bienes de buena calidad a los que podía acceder gratis: educación, salud y seguridad de relativa buena calidad; y ahora carece de todo ello. No tiene educación. Sin plata, se muere. Si no puede pagar el establecimiento, se queda simplemente con este remedo de educación.
Eso es, en mi opinión, lo que preocupa a la gente.
¿Y por qué digo que existe "pirotecnia"? Porque, por ejemplo, se habla mucho de la JEC. Pero, en definitiva, esta ha transformado a las instituciones educacionales, en ciertos horarios, en guarderías de infantes.
Se habla de la educación urbana y de todos sus beneficios. Sin embargo, se olvida la educación rural y sus graves problemas.
Se mencionó lo relativo a las escuelas de integración. Fui a observar algunas. ¿Y qué me dijeron los sordos? "Es un martirio, un tormento; somos segregados; estamos aislados, porque nadie nos entiende y nosotros no entendemos a nadie. ¿Por qué? Porque no hay gente que nos ayude en este proceso.".
En fin. También se registran problemas estructurales.
Primero, no se define el rol del Estado.
No estoy en contra de la educación particular -al revés, considero que esta siempre ha estado en la institucionalidad chilena y es muy bueno que siga estando-, como tampoco lo estoy de la particular subvencionada. Simplemente entiendo que una persona no puede pedir equidad, no puede pedir competencia, no puede pedir igualdad, cuando un establecimiento recibe 35 ó 36 mil pesos para educar a un niño y otro dispone de igual cantidad, más los 50, 80 ó 100 mil pesos que aporta el apoderado. ¡No es posible requerir igualdad! ¡No es posible demandar equidad! ¡Ese niño esta condenado!
Por eso, entiendo cuando se dice: "A ese establecimiento hay que darle". Así como el padre que puede aportar lo hace, el "papá Estado", en su rol subsidiario, debe entregar más a quienes se quedan atrás en el financiamiento. Y en mi opinión, la Centroderecha debe avanzar en este punto: tiene que entender -¡por Dios!- el drama de la gente humilde que no tiene acceso a lo que desea.
Además, en la educación municipalizada hemos ido en retroceso. Y espero que podamos revertirlo.
Cómo vamos a exigir autonomía; cómo vamos a exigir calidad en la educación municipal si, al compararla con la educación particular subvencionada, nos encontramos con una estructura que constituye un verdadero ladrillo: el Estatuto Docente. ¡Es imposible que exista flexibilidad! ¡Es imposible que se manejen plantas de profesores! ¡Es imposible que se disponga de algún grado de movilidad!
En cuanto a los problemas metodológicos, el Ministerio de Educación no da pie con bola, ¡por Dios!
Con relación al uso de las tecnologías, hemos visto que se trata -repito- de verdaderos fuegos artificiales, de remedos. Se instalan computadores absolutamente inoperantes; se contrata una banda ancha que resulta por completo insuficiente e inoperante, todo lo cual es un tormento. Se habilita un computador en el establecimiento y nadie sabe para qué sirve en realidad.
Por otra parte, los incentivos a los profesores son perversos. Da lo mismo que un docente sea bueno, porque, al final, no lo reconoce nadie; se mete en puros problemas.
En síntesis, siento que avanzamos en el sentido de mercantilizar la educación. Y eso, sin duda, provoca una grave frustración a los padres y apoderados.
Se habla de 12 años de escolaridad.
Es cierto que se trata de un adelanto importante. Pero, con la calidad que entregamos, constituye más bien un juego pirotécnico; no ayuda.
Asimismo, la PSU es una herramienta pésima para la selección de estudiantes.
En definitiva, observo instancias de segregación.
Entiendo a los pobladores, a los vecinos que repudian el acuerdo en comento, porque sienten que no les va a dar garantías y que, a la vuelta de cinco años, seguirán sufriendo graves discriminaciones y careciendo de oportunidades para sus hijos. Y, por cierto, a un padre mínimamente naturalizado en su rol y amante de sus hijos eso le tiene que despertar una tremenda insatisfacción.
En este ámbito, siento que resta mucho por realizar todavía. Me molesta que no se hayan considerado los elementos más importantes antes mencionados. Y repito que, en mi concepto, se mercantiliza la educación.
Por eso, en un gesto simbólico, voy a rechazar el proyecto en análisis.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, lamento enormemente, y me duele como chileno, el profundo desprecio surgido de algunas intervenciones respecto de lo que somos en cuanto país.
Y como concertacionista, también me duele inmensamente el profundo desprecio manifestado por algunos oradores respecto de lo realizado como Concertación, independiente de si ellos pertenecieron a la coalición de Gobierno hasta un año o meses atrás.
Uno no puede excluirse de una historia cuando ha formado parte de ella durante toda la vida. O sea, no es posible poner en la balanza 65 años contra 2 meses, o 50 años contra 6 meses. Tenemos una vida que nos ha acompañado y no es posible deshacerse de ella.
Por eso, quiero recordar las palabras de Salvador Allende cuando, debido a su condición de masón, fue arrinconado y criticado de manera fuerte y virulenta por sus propios compañeros en un congreso del Partido Socialista. Y de manera enteramente arbitraria y totalitaria, en esta instancia -de triste memoria- se adoptó la resolución de que para ser socialista no se podía pertenecer a la Masonería, declarándose incompatible la afiliación a ambas instituciones. En esa oportunidad, Salvador Allende dijo: "Ave de mala ralea es la que empuerca su propio nido".
Soy concertacionista, y me asumo con lo bueno y lo malo de la Concertación; y soy chileno, y me asumo con lo bueno y lo malo de nuestro país. Por lo tanto, entiendo que el mejoramiento de la Educación es una tarea nacional, en la que debemos estar todos involucrados y de la que no es posible excluir a nadie; por tanto, no se puede emprender solo con la mitad del país.
Digo lo anterior porque en intervenciones de Honorables colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, pronunciadas con mucho verbo y desprecio por lo que hemos realizado -como mencioné recién-, se omitió un dato esencial: la Concertación no dispone hoy de mayoría en ninguna de las ramas del Congreso Nacional. En consecuencia, el reemplazo de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, promulgada el 10 de marzo de 1990 por el régimen de Pinochet, no podrá realizarse sino con el acuerdo de quienes cuentan con la mayoría.
Incluso, quienes profirieron las expresiones más virulentas se cambiaron de la Concertación a la mayoría o se salieron de la propia coalición, con la honrosa excepción del Senador Flores, quien no ha intervenido todavía o, si lo hizo, no lo escuché.
Entonces, no deja de sorprenderme profundamente este ejercicio.
Quiero decirlo con mucha franqueza: pienso que aquí está de por medio la utilización de una retórica frondosa para excluir la responsabilidad de cada cual.
Y pareciera, según algunos, que lo más fácil -hoy los vientos soplarían hacia allá y, por eso, atrae esa idea-, lo interesante, lo novedoso es vestirse de izquierdista.
Entonces, mientras más izquierdista sea mi discurso, más frutos obtendría.
Incluso, este fenómeno se habría acentuado por efecto de la última elección municipal, en virtud de la cual muchos entienden -equivocadamente desde mi punto de vista- que estaríamos al borde de una oleada que va a empujar al país hacia la Izquierda. Y aunque yo no sea de Izquierda -entre comillas-, aunque no lo haya sido en el pasado ni lo sea en el presente, no quiero dejar de ser parte de esta ola. Por tanto -¡lógico!-, tengo que cambiar mi terno antiguo por uno nuevo. Y mientras más parezca de Izquierda mejor, al tenor del cambio de los tiempos y de las temperaturas políticas que aparentemente imperan en el país.
Por eso, no deja de sorprenderme, por ejemplo, que dos señores Senadores de un partido de la coalición gobernante hayan manifestado aquí que votarán en contra de un proyecto de la propia Presidenta de la República.
Yo, lógicamente, como concertacionista no puedo sino señalar que esta situación me produce un profundo dolor.
Además, hace poco rato fui testigo de cómo uno de esos mismos señores Senadores salió detrás de un Ministro de Estado que se retiraba de la Sala con el objeto de entregarle un papelito con el nombre de un candidato a Gobernador.
Entonces, señor Presidente, siento que aquí hay un problema mayor: estamos o no estamos por rescatar la política.
Si estamos por rescatarla, se debe reconocer que aquí se hizo un esfuerzo en un asunto complejo. A lo mejor, ese esfuerzo no posee todas las virtudes que, aparentemente, la retórica de hoy quisiera que tuviera. Pero fue un acuerdo que refleja lo que es nuestro país.
¡No creo que la realidad de Chile vaya a cambiar tanto!
El próximo año corresponden elecciones parlamentarias de nuevo. Y no pienso que la composición del Congreso Nacional vaya a cambiar radicalmente, al tenor de su actual correlación de fuerzas: habrá un bloque político que alcanzará cerca del 50 por ciento, un poco arriba de ese porcentaje; y otro, que obtendrá cerca del 50 por ciento, pero un poco abajo.
¿Es posible, desde el punto de vista de dirigentes políticos que aspiran a conducir al país, omitir, prescindir, intentar borrar lo que, a todas luces, constituye un dato de nuestra realidad política de los últimos 20 años, si no hay ningún antecedente serio que indique que esa situación se modificará en el curso del próximo tiempo?
¿Alguien puede, sensatamente, argumentar que el año 2011, cuando se constituya el nuevo Congreso Nacional, existirá en la Cámara de Diputados o en el Senado una correlación de fuerzas que permita alcanzar la mayoría de los dos tercios del Parlamento, con el objeto de modificar completamente la institucionalidad del país?
¿Alguien puede pensar que algún bloque obtendrá los dos tercios del Congreso Nacional en el próximo período?
¿Es eso sensato y razonable?
¡Nadie tiene ningún argumento serio para sostener aquello!
De modo que si alguien quiere actuar según lo que aquí se dice con tanta facilidad: que se busca el mejoramiento de la calidad de la educación, no tiene sino que proceder de acuerdo con esta realidad.
Esas son las circunstancias.
Y los dirigentes políticos nos tenemos que hacer responsables de nuestros actos. Porque lo otro resulta muy fácil. Las palabras se las lleva el viento. Claro, uno puede hablar para obtener tres aplausos allá en las tribunas: "Miren qué bonito, que es bueno, que es fácil". ¿Pero eso está de acuerdo con la realidad del país?
Yo estudié en el Liceo N° 6 de San Miguel. Y no es cierto, como aquí se ha señalado, que todos los niños podíamos entrar al liceo. No es así.
En los años 60 la cobertura de la educación pública era, claramente, mínima. En ese tiempo todavía no militaba en la Juventud Socialista y me dedicaba bastante a estudiar. Tenía siempre promedio arriba de 6 y logré quedar en el liceo. Pero los otros niños de la Escuela N° 24 de San Miguel, donde cursé mi preparatoria, no pudieron ingresar. Fueron desertores de la educación. Fenómeno que, a fines de los 60 y comienzos de los 70, se constituía en el principal problema del sistema educacional, porque este carecía de cobertura.
Y mi madre (mujer trabajadora y dueña de casa) tuvo la suerte -¡la suerte!- de ser escuchada en el centro de Santiago, entre la calle Moneda y la Plaza de Armas, por el entonces Presidente de la República don Jorge Alessandri, quien le consiguió una beca para mi hermana en el Instituto Nacional Femenino N° 1, que en ese tiempo estaba en Santa Rosa con Alameda. De lo contrario, mi hermana no hubiese podido estudiar.
¡Para los niños de las familias humildes del país no existían las condiciones para estudiar, por lo escaso de la cobertura educacional!
De modo que cuando escucho las intervenciones de algunos colegas que hacen gárgaras despreciando lo que se ha hecho al extender y universalizar la cobertura educacional, lo único que puedo pensar es que no tuvieron ante sí el fantasma que determinó la vida de varias generaciones en nuestro país, al no poder entrar a la enseñanza media ni a la universidad.
"Es falso", dice un señor en las tribunas. Le digo que no ha estudiado las cifras. ¡No tiene idea! Datos de ahora -¡ahora!- indican que recién hoy 7 de cada 10 jóvenes (70 por ciento) son primera generación en la universidad. ¡Primer integrante de una familia humilde que entra a un plantel de enseñanza superior! ¡Ahora! A comienzos del siglo XXI.
Señor Presidente, yo no desprecio lo que somos como chilenos, no desprecio lo que hizo el ex Presidente de la República don Eduardo Frei Ruiz-Tagle en este ámbito, no desprecio que se haya extendido la cobertura educacional, no desprecio que los niños puedan estar todo el día en su colegio.
Aquí se habla con mucha liviandad, con mucha soltura de cuerpo. Y soltura de algo más también, perdone que lo diga en esa forma, señor Presidente.
¡Todos sabemos perfectamente bien lo que significa que un niño vuelva a las 2 ó 3 de la tarde a su casa! ¡Todos sabemos lo que vive un niño en una población! ¡Todos sabemos lo bien que le hace a ese niño permanecer la mayor parte del día en su colegio!
Entonces, mi conciencia se rebela frente a la frivolidad, frente a la superficialidad, frente a la inconsecuencia, frente a la incoherencia que, lamentablemente, he visto en muchos de mis colegas durante este debate.
¡Yo entré a la Juventud Socialista a los 13 años! ¡Y aprendí el significado de la palabra "lealtad"!
En consecuencia, voy a votar a favor del proyecto de ley de la señora Presidenta de la República.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, mientras mayor es el nivel educacional de una persona, mayor es el ingreso al que puede aspirar. Por lo tanto, si aspiramos a una mayor equidad en Chile, resulta imprescindible que los niños de familias más esforzadas accedan a una educación gratuita y de óptima calidad.
La calidad de la educación chilena muestra un panorama desolador. Pruebas nacionales e internacionales revelan que cerca de 40 por ciento de los alumnos de 4° básico, e incluso de 4° medio, no alcanzan el nivel más elemental de comprensión de lectura, y que solo el uno por ciento de nuestros estudiantes es lector de calidad óptima.
Esto es gravísimo en un mundo donde la economía se basa crecientemente en el conocimiento y en que buena parte de este se halla libremente disponible en la web. Por cierto, en inglés. Y nuestros alumnos no entienden ni siquiera lo que leen en castellano.
En Ciencias y Matemáticas, nuestro país no solo obtiene un lugar preocupante en la prueba TIMSS. Peor aún. Esa prueba revela que, incluso, el grupo de alumnos chilenos que proviene de hogares con altos recursos tiene resultados inferiores a los alcanzados por estudiantes procedentes de familias de bajos recursos de países como Corea, Eslovenia, Federación Rusa, Taiwán, Malasia, etcétera.
Así es que la educación chilena es mala en general, pero particular e inmoralmente mala en el caso de los más pobres.
El modelo chileno se basa en la libertad de los padres para decidir a qué escuela enviarán a sus hijos, pensando en que optarán por la que les brinde la mejor calidad de educación.
Para que ellos escojan bien, es clave que puedan comparar la calidad de los diferentes colegios. Pero los resultados de la prueba SIMCE recién empezaron a publicarse a partir de 1995, y no ha existido mayor esfuerzo por darlos a conocer a los padres. Además, dicho sistema ha sufrido diversas formulaciones y modificaciones de criterios de puntuación a lo largo del tiempo, lo que no permite comparar los resultados de las evaluaciones realizadas en diferentes años para saber si un determinado establecimiento está mejorando o empeorando.
Por otra parte, el diseño y administración del SIMCE dependen del Ministerio de Educación. Es conocido que en las pruebas al 8° básico se pregunta por materias que deberían estudiarse en 6° básico. Uno sospecha que dicha Cartera tratará de demostrar que sus políticas son exitosas, lo que puede lograr haciendo más fáciles las pruebas.
La Región de La Araucanía exhibe los peores índices de calidad de la educación. Es interesante señalar que las escuelas más malas no son municipales, sino que hay algunas particulares subvencionadas pequeñas, que funcionan con pocos estudiantes rurales y pobres.
Pedro Hepp, Director de la Fundación Educacional AraucaníAprende, que se ha hecho cargo de 50 escuelas pobres y con malos resultados en la Novena Región, dice que es muy frecuente encontrar grupos de entre 3 y 6 escuelas cercanas entre sí que obtienen rendimientos muy dispares en la prueba SIMCE.
Entonces, cuando se consulta a esos padres por qué envían a sus hijos a una escuela que exhibe malos resultados habiendo otras próximas de mejor calidad, la respuesta generalmente es la misma: desconocen el significado de los resultados del SIMCE. Pero lo más grave es que, además, suponen que todas las escuelas enseñan más o menos lo mismo. En su sencillez, no se imaginan que el Estado podría permitir el funcionamiento de una escuela mala.
Ello significa que existe una confianza ciudadana básica que está siendo traicionada, y, de ese modo, miles de niños privados de un futuro mejor al consentirse el funcionamiento de escuelas de pésima calidad.
Cada vez que se publican los resultados de las pruebas SIMCE, la prensa destaca que los colegios particulares subvencionados evidencian mejores rendimientos que las escuelas municipales. Sin embargo, la diferencia en puntaje es muy pequeña.
Las escuelas particulares subvencionadas pueden escoger a sus alumnos; tienen más flexibilidad para contratar, premiar y despedir a profesores, y sus alumnos pertenecen, en promedio, a familias de mayores recursos. Con todas estas ventajas, las escuelas subvencionadas deberían alcanzar mucho mejores resultados de los que obtienen. Porque es conocido que las pruebas SIMCE muestran una alta correlación entre el puntaje sacado por los alumnos y la procedencia socioeconómica de la familia.
Por lo tanto, si tales establecimientos pueden escoger a sus alumnos -muchos de los cuales además realizan algún pago-, la verdad es que deberían tener bastante mejores puntajes que los realmente logrados.
Naturalmente, hay experiencias de escuelas particulares subvencionadas dirigidas a niños en situación de pobreza con resultados excelentes. Digno de destacar son los casos de las escuelas de la Sociedad de Instrucción Primaria, que dirige Patricia Matte; del Colegio San Joaquín de Renca, perteneciente a la Fundación Marcelo Astoreca; de la Fundación Educacional Barnechea, sostenedora del Colegio San Rafael y de la Escuela Técnica Francisco Antonio Encina, entre otros.
Pero es evidente que muchas escuelas particulares subvencionadas, así como también numerosas municipalizadas, son pésimas. En esta materia, es preciso manifestar que existen colegios particulares que se preocupan principalmente del lucro -hay que reconocerlo-, al igual que algunas universidades, las cuales, a pesar de que la ley respectiva señala que deben ser instituciones sin fines de lucro, han hecho multimillonarios a gran parte de sus dueños.
Los estudios que procuran establecer los factores que distinguen a una escuela exitosa, señalan el rol fundamental del director del establecimiento educacional. En todo establecimiento educacional exitoso existe una persona con fuerte liderazgo, muy involucrada en el proceso de enseñanza, que logra motivar, supervisar y exigir a los profesores en un ambiente de rigor y profesionalismo, con gran sentido de equipo, que analiza y adopta las mejores prácticas.
En 2005 se estableció la concursabilidad del cargo de director de escuela, pero la verdad es que esto no ha funcionado, en primer lugar, porque muchos municipios arreglan las bases del concurso para que gane una persona predeterminada.
Pero aun si se seleccionase al mejor director posible, tampoco podría hacer una diferencia, porque los directores de escuelas municipalizadas carecen de la facultad de elegir a los docentes con los que trabajarán, no tienen cómo premiar a un profesor que realiza bien su labor, ni cómo sacar a uno que lo hace mal; tampoco poseen atribución alguna para decidir en qué se gastarán los recursos, ni qué textos de estudios van a usar, etcétera.
La verdad, señor Presidente, es que en materia de directores de colegios hay mucho que avanzar, porque ello es clave. Todos los estudios así lo dicen. Pero también es evidente que se debe progresar bastante más en términos de mejorar las remuneraciones de los profesores.
Si creemos en la importancia de una buena educación, debemos atraer a los mejores a dicha profesión, lo que no se logra con bajos sueldos. Se requiere que la docencia sea apreciada, prestigiada y bien pagada.
Por lo demás, cada aumento de remuneración sería una oportunidad de introducir mayores grados de responsabilidad en el rendimiento de sus alumnos.
Al respecto, debo señalar que el tan mentado proceso de evaluación, no evalúa nada.
Cuba, que alcanza los mejores resultados en América Latina en materia educacional, tiene a sus profesores sujetos a una evaluación constante, debiendo entregar informes acerca del rendimiento de cada uno de sus alumnos en forma permanente. Allá, un profesor que no rinde, no puede hacer clases. Así de sencillo.
A eso tenemos que llegar en Chile, a que si un profesor no rinde, no puede impartir clases.
A partir del 2009, los médicos cirujanos egresados de universidades chilenas o que hayan estudiado en otros países deberán rendir una prueba nacional para poder trabajar en un hospital o consultorio público.
Yo me pregunto si no deberíamos hacer lo mismo en el caso de los profesores. Porque en este momento hay 62 facultades y más de 300 programas de pedagogía, y, a pesar de que ahora las universidades están obligadas a acreditarse, nadie conoce la calidad de la formación que ellas imparten.
Me parece que la labor de un profesor es tan delicada e importante como la de un médico. Por lo tanto, quizás, deberíamos avanzar en esa prueba nacional.
Es reconfortante señalar que sí es factible encontrar casos de escuelas en que la calidad de la educación es sobresaliente con muy pocos recursos.
Yo recomiendo realmente el libro: "ESCUELAS EFECTIVAS EN SECTORES DE POBREZA: ¿QUIÉN DIJO QUE NO SE PUEDE?", publicado por UNICEF y Asesorías para el Desarrollo, el cual presenta un estudio sobre escuelas que han logrado en forma consistente el éxito educativo por parte de estudiantes provenientes de familias de muy bajo nivel socioeconómico.
Hay factores que se repiten en todos esos establecimientos educacionales. Si realmente aprendiésemos de ese libro y del ejemplo de esas escuelas exitosas -incluso podríamos visitar algunas-, quizás tendríamos una discusión más sana respecto al proyecto de ley que nos ocupa.
Debo señalar que la calidad de la educación puede mejorarse en forma sustancial en plazos relativamente cortos.
En general, existe la noción de que para mejorar la calidad de la educación se requieren muchas décadas. Sin embargo, Corea, por ejemplo, que aparece hoy día en el lugar N° 5 en la prueba TIMSS, hace solo tres décadas exhibía niveles educacionales mucho peores que los chilenos.
En Malasia, en la década de los 60, casi el 60 por ciento de su población mayor de 25 años no tenía educación, mientras que en Chile el 24 por ciento se encontraba en esa situación. Hoy día, dicha nación supera por más de 100 puntos a nuestro país en la prueba TIMSS, con más cobertura de la educación, mayor número de alumnos por curso, y un PIB per cápita menor al chileno.
No es difícil analizar qué han hecho tales países para lograr resultados tan exitosos. Sin embargo, hay que tener la voluntad política para introducir los cambios requeridos, y esta debe partir del convencimiento genuino de que se pueden y se deben lograr resultados mucho mejores con los recursos que hoy se gastan en educación (y ojalá fuera factible aumentarlos). La experiencia de numerosos países así lo demuestra.
Señor Presidente, no me opongo en principio al establecimiento de corporaciones de derecho público para la administración de la educación. Pero, obviamente, deberé revisar cómo viene el proyecto, porque una idea puede estar bien o mal desarrollada.
Opino que lo más significativo es tener buenos directores, con autonomía, con buena capacitación, con exigencia de resultados, con una comunidad de padres y apoderados y de alumnos activa.
Ahora, el centro debería hallarse en la escuela. Pero una corporación puede centralizar muchas funciones, reduciendo costos y socializando las buenas prácticas, que es por lo demás lo que están haciendo las cadenas exitosas de colegios (por ejemplo, los colegios de Patricia Matte).
No obstante, estimo que si un alcalde lo ha hecho bien en materia educacional, debiera poder optar a mantener la administración. Porque, así como hay jefes edilicios que no se preocupan en absoluto de la calidad de la educación y aun así son reelectos con altas mayorías -porque la verdad es que los votos no se encuentran ligados al esfuerzo desplegado sobre el particular-, otros han hecho de aquella una de sus principales inquietudes.
Espero, por consiguiente, que nos sea factible discutir estas materias con serenidad y responsabilidad, pues no podemos seguir siendo culpables de la condena a la pobreza que significa la actual educación gratuita para los niños de escasos recursos.
Señor Presidente, estudios muy preocupantes señalan que la mayoría de los altos gerentes de empresas chilenas -no así de empresas extranjeras instaladas en nuestro país- vienen de cinco colegios.
Yo coincido con el Senador Ominami en la importancia del Instituto Nacional. Empero, creo que no basta con uno en Santiago: debiera haber Institutos regionales y, en lo posible, provinciales basados en los mismos principios. Y ojalá, también Liceos Carmela Carvajal. Porque aquí se tiende a hablar mucho de la calidad de la educación de los hombres y no se hace lo propio en el caso de las mujeres.
Se trata de colegios de excelencia. Pero los alumnos deben conocerse. Y, asimismo, han de tenderse redes sociales. Porque no solo importa la calidad de la educación: las redes sociales, desgraciadamente, también son relevantes.
Los estudios a que me referí -insisto- demuestran fehacientemente que una elevada proporción de los altos gerentes de empresas chilenas provienen de solo cinco colegios. ¿Por qué? Porque entre ellos se conocen, porque confían entre sí, porque se protegen unos a otros.
Si se desea que niños de familias de escasos recursos o de clase media puedan surgir y llegar a los más altos puestos, se requiere que tengan acceso no solo a una educación de excelente calidad, sino también a las redes sociales.
Señor Presidente, este es uno de los proyectos más relevantes que discutiremos. Hoy y en días anteriores he escuchado muy buenas apreciaciones de gente de todos los partidos, pero también, mucho ideologismo. Algunos países nos han demostrado qué se ha hecho. Hay libros que evidencian quiénes lo hacen bien y por qué. Yo espero que en este debate podamos lograr un buen resultado, más que enfrascarnos en discusiones puramente ideológicas.
He dicho.
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El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Para plantear una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, solo quiero pedirle que recabe autorización para que sesionen paralelamente con la Sala las Comisiones de Agricultura, de Salud y de Medio Ambiente, que se hallan citadas con antelación.
Necesitamos sacar adelante una iniciativa en la que no se ha podido avanzar y cuya discusión fue suspendida a raíz del análisis del proyecto de Ley de Presupuestos.
El señor CANTERO.-
Pido la palabra.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
¿Sobre el planteamiento anterior?
El señor CANTERO.-
No, señor Presidente, sino para solicitar igual autorización, pues la Comisión de Transportes, a la que asistirá el Ministro del ramo, está citada a las 19:30.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Si les parece¿
El señor NAVARRO.-
Nos estamos quedando sin Senadores para el debate y la votación de la iniciativa que ocupa a la Sala.
El señor CANTERO.-
Ya nos pronunciamos. La votación se encuentra abierta.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Así es. Y quedan cuatro intervenciones.
Se trata, Honorable señor Navarro, de Comisiones que deben funcionar.
Si le parece a la Sala, se acogerán ambas solicitudes.
--Así se acuerda.
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El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Flores.
El señor FLORES.-
Señor Presidente, he escuchado con atención este debate, que debiera ser uno de los más importantes, porque se halla en juego el futuro de nuestro país.
Creo que todos coincidimos en dos cosas que es necesario destacar: primero, en que todos amamos a Chile -de lo contrario, no estaríamos haciendo esta labor- y discrepamos en la forma de nuestro amor; y segundo, en que el futuro de esta nación depende, entre otras cosas, del futuro de su educación.
Concuerdo y no concuerdo con muchas de las afirmaciones hechas acá sobre el contenido de la iniciativa que nos ocupa. Empero, quiero aprovechar la oportunidad que constituye la conversación para hablar de manera distinta.
No convengo con la tesis general sostenida en esta Sala en el sentido de que a mayor conocimiento la gente va a ser más exitosa en sus tres dimensiones: la de la convivencia, la de la productividad y la de la sabiduría o sentido de la vida. Yo diría que son las tres cosas que están fallando por algún lado, no solo en Chile.
Estamos siendo menos competitivos. Y coincido con quienes aseveran que con una sociedad dedicada únicamente a la exportación de recursos naturales no vamos a andar. Estimo que al respecto nos hallamos todos de acuerdo: Derecha e Izquierda.
Ahora, no sabemos cómo cambiar aquello. Porque todas las fuerzas van para allá. Y eso nos es problema del Ministerio de Educación, naturalmente.
El problema de la educación es más grande que lo que llamamos "educación formal".
De otro lado, si miramos lo que está pasando en sociedades como la norteamericana, donde hay un creciente desempleo a raíz de los progresos asiático e indio, también encontramos que a veces ciertas formas de educación no son productivas.
Y en algunas ocasiones me pregunto cómo lo han hecho los chinos, quienes destruyeron todo lo que tenían en educación con la revolución cultural durante diez años y, sin embargo, emergieron de las cenizas como una potencia productiva y tecnológica.
En mi concepto, nosotros nos hallamos en un cambio civilizatorio, y no vamos a poder modificar el enfoque de la educación si no lo agarramos por otro lado.
Y déjenme usar una metáfora para que se entienda mejor lo que pienso.
Sus Señorías deben de recordar las siete plagas de Egipto. La gente y los animales morían en grandes cantidades, y no había mucho qué hacer. Empero, la gente hacía algo. Por ejemplo, descubrieron la cuarentena y, ante una peste, cerraban las ciudades. Después vieron que algunos no se enfermaban. O sea, no se sabía mucho, pero no se estaba totalmente errado.
En 1850 hubo un giro: se descubrieron las infecciones. Al descubrirse las infecciones, las plagas cambiaron. Hubo infecciones. Entonces, se desarrollaron lentamente métodos para observar microbios, bacterias, con un conocimiento insuficiente. No obstante, esto siempre será así. Nadie puede culpar a Pasteur de no haber descubierto los virus. Pero sí descubrió un nuevo principio: el del diagnóstico de las infecciones. Después vino la inmunología, y terminamos con los antibióticos y las vacunas, en un proceso de cien años.
Yo pienso que hoy nos encontramos en la misma instancia. El problema de la educación, el de la competitividad y el de la convivencia están cambiando porque estamos modificando nuestra relación con el resto del mundo.
En mi opinión, pensar que existe una cosa llamada "conocimiento" que debe enseñarse y transmitirse a los niños constituye una equivocación.
A lo mejor, alguno de ustedes dirá: "¡De qué está hablando este gallo!".
Estoy hablando de eso. Y creo que debemos profundizar al respecto.
Un escritor italiano -no sé si Sus Señorías lo han leído; no es un científico, sino un humanista; al Senador Núñez, quien gusta de estas cosas, le va a encantar-, Alessandro Baricco, escribió la obra intitulada Seda y, asimismo, una serie de artículos en el "Corriere della Sera". Y su libro Los bárbaros es el mejor tratamiento que he visto sobre la tecnología.
Dice Baricco: "Los bárbaros tienen una herramienta denominada "Google". Y con Google se acabó la era de que el conocimiento es valor; ahora el conocimiento es commoditie. El problema es el discernimiento: cómo sabemos que todo lo que se esta llevando a cabo hace sentido".
Sin embargo, esa máquina de discernimiento -ustedes saben de qué manera trabaja- es social. La diferencia entre un buscador completo y un buscador de Google es que este se alimenta de la búsqueda social anterior. Entonces, tiene una sabiduría social que está nutriéndolo.
El fracaso de Yahoo es el fracaso del cartesianismo en la era de los portales.
Entonces, yo diría que aquí tenemos un gran problema.
Me explico.
Todas las personas de 35 años han estado expuestas crecientemente a una digitalización espontánea, que no se aprende en los colegios, sino jugando, escuchando y bajando música. Y se suponía que el problema de la equidad digital era de máquinas; pero eso es mentira.
Si queda alguna duda, díganme qué pasa con los celulares: 500 millones en China y siete millones por mes en India; y progresivamente se convertirán, de una manera u otra, en computadores completos.
Acabo de visitar China con una señora Senadora. Allí vimos cómo la gente juega todo el día escribiendo en idioma local en sus celulares, los cuales tienen los mismos diez dígitos que los nuestros. Han inventado todo eso.
Entonces, la noción de verdad como una cosa profunda, deliberada, va quedando atrás. Y está apareciendo algo que consideramos negativo: el concepto de superficialidad, de surfing, de nómadas en el camino. Creo que eso va a quedar.
Pienso que si lográramos entender aquello podríamos cambiar nuestro sentido de la educación.
Y es una pena que no lo hagamos, porque Chile ha producido gente que desde hace muchos años ha logrado comprender que el problema cognitivo no es cartesiano, de representaciones, sino de acción y sentido.
En ese aspecto, quiero rendirles homenaje a dos hombres que, además, son amigos y maestros míos: Humberto Maturana y Francisco Varela. Si ustedes analizan la literatura, comprobarán que hace mucho tiempo ellos hicieron ver que el conocimiento era aquello.
Por eso los animales tienen conocimientos, habilidades y sentidos -quien lo dude puede estudiar más biología-, y sin embargo carecen de representaciones y de la necesidad de premiación y acumulación de reglas todo el tiempo.
En consecuencia, creo que debiéramos darle un giro a la educación. Pero estamos fregados, porque estamos poniendo nuestra esperanza en dos conceptos con los que me hallo en desacuerdo: la calidad y la inequidad.
La calidad es una invención japonesa de los ochenta. Si ustedes recuerdan, antes no se hablaba tanto de ella. Se empezó a dar cuenta de la calidad cuando Toyota comenzó a decir que tenía un método llamado "Total quality", basado en determinadas reglas, que fue desplazando crecientemente a los modelos productivos de la General Motors y la Ford, hasta el día de hoy. La General Motors se encuentra prácticamente quebrada; Toyota sobrevive, y bien.
Empero, muchas compañías fracasaron en ese terreno. Por ejemplo, Polaroid, Fuji (por nombrar una japonesa). Porque la calidad no se hace cargo de la innovación, del desplazamiento de la realidad.
Entonces, una de las cosas que me preocupan es que vamos a mejorar la calidad pero no le daremos a la gente capacidad para mutarse dentro de una realidad que será muy distinta en todo sentido.
Quienes conocen de biología y poseen información médica saben perfectamente que en medicina están ocurriendo cosas y que nosotros no solo seremos mutantes culturales, sino también mutantes biológicos, cibernéticos, con aparatos de todo tipo que deshumanizan.
Pues bien, ¿habrá dentro de esa vida necesariamente mayor superficialidad? Yo digo que no. Depende de la opción que tomemos.
Ahora, un país chico como el nuestro no debiera imitar a otros, como Finlandia. Porque esta es una nación que recibió una gran cantidad de educación en ingeniería, tal como ocurrió con Estonia, gracias a la Unión Soviética, por lo demás, que actuó muy fuerte en esa materia. Y nosotros no podemos desprendernos de ello de la noche a la mañana.
Nuestras ilusiones han estado puestas en los MBA, en las carreras de abogacía, en las de ingeniería industrial. Hoy día carecemos de gente con ética científica. Hubo más ética científica que ahora en la época de Gómez Millas, quien logró mandar a estudiar afuera a entre veinte y treinta jóvenes chilenos -entre ellos Maturana- y acortarles la carrera. Francisco Varela estuvo dos años en la universidad, lo mandaron a estudiar a Harvard y sacó un doctorado en cuatro años.
O sea, algunos recibían buena educación.
También coincido con el Senador Horvath y la Honorable señora Matthei en cuanto a que la educación de los colegios particulares, donde queremos medirnos con la segunda vara, la igualdad, es mala. En las mediciones los colegios privados tampoco van bien.
Entonces, si queremos resolver aquella situación, ¿por qué no resolvemos el problema en su conjunto?
Y ahí tenemos un inconveniente con la noción de igualdad.
Yo preferiría que, en vez de hacer reformas generales, pusiéramos a competir a nuestro sector público en excelencia.
Me encantaría que cada Región tuviera un Instituto Nacional -por usar una metáfora- del siglo XXI (completo, bien equipado); que tres años después contáramos con tres más, y así sucesivamente.
En Singapur he visto cómo lo hacen.
Cinco por ciento de los colegios son declarados de excelencia creativa; se deja ahí a los mejores profesores y se les permite hacer prácticamente lo que quieran.
El segundo grupo, de quince por ciento, aplica lo que aquellos colegios desarrollan, y después, en otros tiempos, va subiendo.
En el caso nuestro, el deseo de mejorar la educación desde leyes y reformas generales, con gente incompetente -como nosotros, que no entendemos la materia-, nunca va a cristalizar.
Aquí nos ponemos, como cardenales romanos, a hablar de una cosa que no entendemos y no escuchamos a la gente. Y -al respecto, coincido con el Senador Cantero- es raro que por un lado haya acuerdo, y por otro, tanto desacuerdo, de todas partes. De modo que se trata de una experiencia frustrada.
En consecuencia, voy a votar en contra de la ley en proyecto exclusivamente por lo que no tiene. No juzgo con ello la calidad de lo que se manda ni la labor de la Ministra de Educación. Simplemente estoy diciendo: "Colegas, ¡atención! Este es el problema más serio de Chile. No nos hemos dado el trabajo de conversar sobre la materia. Y esta es la única ocasión que tenemos para hacerlo".
Yo no fui parte del acuerdo ni de la levantada de manos. Tampoco participé en las preparaciones. De manera que me siento con absoluta libertad para votar en conciencia.
Sé que ganará la posición favorable a la iniciativa. Espero que en las próximas discusiones la cosa mejore. Pero nos hallamos equivocados respecto a lo que estamos llamando "educación" y a cómo atenderlo.
La educación no es la transmisión de conocimiento: es formar gente que sea capaz de convivir mejor, de hacerle sentido a la vida y de innovar productivamente en un mundo que está en permanente cambio, para posibilitar que los conocimientos que los alumnos tengan al culminar su aprendizaje les sirvan a los fines de realizar el trabajo para el cual se los va a contratar.
Si a la mayoría de nosotros se nos hiciera un test para medir nuestros conocimientos, seríamos un buen ejemplo de que aquel concepto sobre calidad de la educación no funciona.
Un distinguido profesional de la educación, Juan Casassus -ustedes deben de conocerlo- ha escrito un paper sobre la materia.
Entonces, yo digo "de qué estamos hablando".
Voto que no.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, en este interesante debate, quiero comenzar haciendo dos consideraciones de forma y una de fondo.
Me refiero al punto número 9 del Acuerdo por la Calidad de la Educación, de noviembre de 2007.
Dicho numeral señala que el Estado "debe velar por la eficaz realización de la libertad de enseñanza y del derecho a una educación de calidad a través del apoyo a todas las escuelas, sean públicas o privadas, aumentando así, la diversidad de los proyectos educativos en nuestro sistema escolar.".
¿Cuáles son mis comentarios de forma?
Ese Acuerdo -y bien hace el Senador señor Flores cuando formula su prevención en el sentido de que no pertenecía a los partidos que lo suscribieron; por lo tanto, nos dice: "Yo tengo pleno derecho, por no haber formado parte del Acuerdo, a votar como sea mi leal saber y entender"- fue firmado por los presidentes de las colectividades políticas a que pertenecen Senadores que hoy día han resuelto no cumplir la palabra empeñada por sus máximas dirigencias.
Es curioso, pues imagino que los jóvenes interesados en esta materia saben que la primera regla básica de la educación es el cumplimiento de los acuerdos.
Y ocurre, señor Presidente, que nada menos que en el tema educacional¿
El señor OMINAMI.-
¡El Acuerdo era para la reforma constitucional!
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, escuché atentamente al Senador Ominami. Después podremos sentarnos con Su Señoría a tomar un café, a conversar largamente. No tengo ningún problema. Pero ahora quiero hacer mi planteamiento.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Le ruego al Honorable señor Ominami no interrumpir a quien está haciendo uso de la palabra.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, esta materia no es menor, por dos razones.
En primer lugar, porque resulta paradójico que en el ámbito de la educación haya parlamentarios que no cumplen los compromisos asumidos por las directivas de sus partidos.
Y en segundo término -en mi opinión, es lo más grave-, porque esa conducta pone en riesgo la posibilidad de suscribir futuros acuerdos.
Tal actitud me parece extraordinariamente delicada, por cuanto, si queremos avanzar en políticas de Estado, lo menos que puede pedirse a quienes forman parte de las coaliciones que suscriben los acuerdos es que los cumplan.
Y la cuestión educacional no es la única, señor Presidente: en el Acuerdo que suscribimos en materia de orden público y seguridad ciudadana, de las quince medidas previstas, se ha cumplido una; y ha transcurrido más de un año.
Entonces, me hago cargo de un argumento del Gobierno: que la Oposición a veces no quiere contribuir a generar acuerdos y políticas de Estado. ¡Pero si cuando estos se construyen es básicamente ella la que debe estar defendiéndolos, porque en las filas del primero se "abren" muchos señores Senadores o Diputados, lo que es un pésimo precedente, desde el punto de vista de cómo debiera funcionar un sistema en donde las instituciones y los compromisos se respetan!
El tercer punto que quería plantear es la cuestión de fondo: aquí, un grupo de señores parlamentarios estiman -están en su derecho- que la educación pública solo puede ser impartida por el Estado. Y, además del criterio de que este último debe ser, finalmente, el que la provee, ponen de relieve y establecen, en forma exclusiva y excluyente, que quienes entran en el ámbito de la educación privada no pueden recibir recursos estatales para desarrollarla. Por eso, la frase del Acuerdo que los afecta es aquella que dice: "a través del apoyo a todas las escuelas, sean públicas o privadas".
Ahí tenemos una diferencia de fondo. Para muchos de nosotros, el valor fundamental en la materia es que el padre pueda elegir si sus hijos van a estudiar en la educación pública, en un colegio municipalizado, o bien, en uno particular subvencionado o en uno particular. Y en la Región que represento, que registra los niveles más altos de pobreza y de educación de baja calidad, como expresaba la Senadora señora Matthei, 44 por ciento de los estudiantes está en la educación municipal, 54 por ciento en colegios particulares subvencionados -o sea, los que reciben aporte del Estado-, y solo 2 por ciento en la educación particular.
Aquí media una cuestión ideológica, señor Presidente, y no se va a resolver con facilidad. Porque mi convicción es que los padres deben poder decidir si sus hijos estudian en la educación municipal, la particular subvencionada o -si cuentan con más recursos, por supuesto- la particular; pero otros estiman que no existe derecho a escoger, salvo que sea posible educar a los hijos en la educación particular. Ello, sobre la base de que, si no gusta esta última o se carece de recursos para solventarla, no queda más remedio que irse a la municipal o estatal. Hay quienes sostienen que el Estado no tiene por qué contemplar el derecho a que una persona se haga cargo de educación particular subvencionada.
Esa es una diferencia de fondo: el derecho a escoger de los padres es, para nosotros, un valor fundamental en la construcción de una sociedad de garantías, de oportunidades, que avanza hacia la expansión de las posibilidades de que los individuos elijan su destino, su futuro. En ese sentido, el proyecto va en la dirección correcta.
Al respecto, quiero dar un dato muy interesante que apareció publicado ayer en el diario "El Mercurio". Una encuesta del Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación, de la Universidad Alberto Hurtado, les consultó a alrededor de 600 profesores dónde estudian sus hijos. Pues bien, de los maestros que se desempeñan en colegios municipales, 48,5 por ciento los tienen en establecimientos particulares subvencionados, y 14,1 por ciento, en particulares pagados. Por lo tanto, poco más de 62 por ciento de ellos matriculan a sus hijos en establecimientos en donde la administración se lleva a cabo por particulares, reciban o no subvención del Estado.
Y si nos vamos al total de los docentes consultados, correspondientes a colegios de distinto tipo, 61,7 por ciento tiene a sus hijos en colegios particulares subvencionados.
Entonces, señor Presidente, hay un eje que nos atraviesa por una cuestión de principios, de convicción de lo que deben ser las bases sobre las cuales se desarrolla un modelo educacional. Para algunos, el Estado solo debe permitir que sus recursos se entreguen a establecimientos que controle o maneje, sea centralmente, como quieren unos; sea a través de organizaciones o corporaciones que se creen en cada comuna, como postulan otros. En una posición distinta nos hallamos quienes creemos que el Estado debe hacer posible que los padres escojan libremente, con toda la información, con todas las regulaciones -para evitar abusos, los cuales sí han existido, o establecimientos particulares subvencionados que funcionan mal-, con todos los controles. Los padres deben poder decidir si sus hijos estudian en una escuela municipal o en un colegio particular subvencionado.
Y aquí se presenta un segundo punto, en el que también tenemos una discrepancia de fondo: algunos satanizan el financiamiento compartido. Por mi parte, estimo que este es un derecho de los padres. Creo absolutamente que estos pueden querer hacer un esfuerzo económico adicional para mejorar los niveles de calidad de la educación de sus hijos. Hay quienes estiman que eso no es así.
Y ocurre que más de 40 por ciento de los colegios particulares subvencionados no cobran financiamiento compartido.
Entonces, como digo, hay una especie de satanización de la educación particular subvencionada. Y ello me parece extraordinariamente injusto, porque, al menos en la Región que represento, he visto en muchas oportunidades que profesores han formado colegios en zonas rurales y han hecho un enorme esfuerzo por rescatar niños y sacarlos adelante.
El proyecto en examen contiene cuatro medidas que no se han destacado lo suficiente -he seguido con atención el debate-, en circunstancias de que algunas son notoriamente buenas.
¡La Agencia de Calidad de la Educación es un avance gigantesco, señor Presidente! ¡Si ello le cambia la cara a la Araucanía! Y pido perdón por hacer referencia a la Región que me eligió. Pero si vamos a tener un organismo autónomo, técnico, sometido al sistema de la Alta Dirección Pública, que va a evaluar el aprendizaje de los alumnos, a comunicar el resultado a sus padres, a recomendar medidas para mejorar colegios mal evaluados, a apoyar a establecimientos de mal rendimiento, sea a través de agencias independientes o del Ministerio por dos años, y que incluso va a poder quitar el reconocimiento oficial a aquellos que persistan, ello constituye un progreso enorme. ¡Esa sola medida representa un cambio radical en la calidad de la educación! ¡Si en la actualidad no hay quien haga un seguimiento de esos establecimientos! El que exista un organismo profesionalizado, en donde participen personas idóneas, que vaya en apoyo de una escuela que funciona mal y le diga: "Veamos cómo mejoramos la calidad de la educación que imparte y cuáles son sus dificultades" -ese solo elemento- justifica un proyecto de esta naturaleza.
Y a ello se agrega el caso de la Superintendencia. ¡Si los papás hoy día no tienen dónde reclamar, en la práctica, cuando carecen de información respecto a la educación de sus hijos!
Existirá un organismo, además, que va a fiscalizar el cumplimiento de las leyes con relación a los propios profesores: remuneraciones, imposiciones, infraestructura mínima, subvenciones, rendiciones de cuentas, reclamos de la comunidad educativa.
En la práctica, una persona se ve atrapada por la burocracia y no tiene a quién hacerle ver los problemas que detecta en la educación de sus hijos. Y aquí se crea una Superintendencia que garantiza que cuando haya mala calidad o dificultades en la educación que se está impartiendo, alguien va a intervenir.
Ese es otro avance gigantesco, señor Presidente.
También funcionará un Consejo Nacional de Educación, autónomo, compuesto por 10 miembros elegidos con intervención del Presidente de la República, el Senado, la Alta Dirección Pública. Es un organismo que aprueba las bases curriculares y los planes y programas tipo de estudios; que fija estándares mínimos. Conforma otra entidad que le va a dar a nuestra educación un cariz distinto.
Y, finalmente, una serie de modificaciones se refieren al Ministerio de Educación.
Vuelvo a la Agencia de Calidad, porque no destaqué de manera suficiente lo de la información a los padres. Ella va a garantizar dos cosas: la primera, que la comunidad sepa cómo le fue a un establecimiento, y la segunda, que los papás se enteren de cómo les fue a sus hijos.
¡Si eso es muy relevante! ¡Son cambios muy de fondo!
En lo personal, creo que este es un buen proyecto de ley, que constituye un paso significativo. Pero comparto, obviamente, lo de su insuficiencia -no se ha afirmado su perfección-, porque hasta ahora se encuentra pendiente un problema al que no se le ha hincado el diente, y mientras ello no se haga no vamos a poder mejorar la calidad de la educación: el de los profesores.
Y como el Senador señor Ominami expresaba que era necesario estudiar en colegios públicos para saber lo que pasa en la educación pública, quiero contarle que mi padre fue alumno del Barros Arana, donde estaba internado, y mi madre, del Liceo Nº 1 de Niñas. Por mi parte, tuve la suerte de estudiar en un colegio particular. Mi padre fue ingeniero civil, un destacado profesional, y mi madre, una importante ejecutiva de empresas madereras que se forjó por sí misma su futuro. Soy casado con una profesora, quien ejerció durante muchos años su labor docente. Y discutimos mucho el tema.
A mi juicio, aquí no va a haber nunca una modificación de fondo si no cambiamos la condición de los maestros. Primero -ya lo dijeron correctamente la Senadora señora Matthei y otros Honorables colegas-, sus niveles de remuneración son absolutamente insuficientes para captar, como se dijo, a los profesionales que, con ganas, con entusiasmo, pueden impartir educación de alto nivel.
En segundo lugar -lo consulté con el Senador señor Allamand-, ocurre que aquí se presenta una situación dramática: un docente que trabaja 44 horas semanales jubila, a los 65 años de edad, con 180 mil, 200 mil o 250 mil pesos. Y su sueldo es de 500 mil o 600 mil pesos. ¡No le resulta posible retirarse, entonces, porque no puede vivir con esa suma! Por lo tanto, el Estado debe hacerse cargo de esa realidad.
Y esa persona, legítimamente, ya no quiere seguir haciendo clases, pues lleva 30 años de labor.
El señor OMINAMI.-
¡40 años!
El señor ESPINA.-
O 40 años, como apunta, con toda razón, el Senador señor Ominami, sin perjuicio del estrés que significa ser profesor una vida entera y del agotamiento por realizar una actividad muy fuerte.
Y respecto de los maestros se presenta un problema grave no resuelto, constituido por su deuda histórica y el daño previsional.
Un docente no tiene cómo capacitarse, señor Presidente. Los niveles de capacitación son absolutamente insuficientes.
Por último, tampoco tiene cómo recibir una mayor retribución o incentivo cuando efectúa bien su labor. Y resulta que no media diferencia alguna -como sí existe en toda actividad humana- con quien la realiza mal.
En consecuencia, el proyecto me parece un avance, de modo que votaré a favor. Además, obedece a un acuerdo que es preciso cumplir.
Pero mientras no entremos a fondo en la situación de los profesores siento que nos encontramos sin resolver lo trascendente y sin privar de justificación a una frase muy dura que escuché en la Región que represento, donde alguien me dijo: "Lamentablemente, en Chile quedan muchos niños que, si nacen pobres o provienen de una familia de escasos recursos, estarán condenados a morir pobres por no haber recibido una buena educación". Eso no es ético ni moral en un país.
He dicho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente, he escuchado interesantes y muy esclarecedoras intervenciones, las que agradezco, sobre todo por lo que significa la posibilidad de una discusión acerca de lo que debiera ser la educación en el siglo XXI.
Mas la verdad es que estamos abocados al conocimiento de un proyecto de ley determinado, el cual, como bien señalaron algunos señores Senadores que intervinieron, corresponde a un acuerdo entre las fuerzas políticas parlamentarias. Y respecto a ello voy a referirme.
En lo demás, por supuesto, estoy absolutamente abierto a escuchar todo aquello que tienda a mejorar la calidad de la educación.
Creo sinceramente en lo que dijo Pedro Aguirre Cerda: "Gobernar es educar". Y lo estimo así porque, de no haber ocurrido el proceso nacido en 1938, quizás el país no sería el de hoy.
Recuerdo haber escuchado decir a Joaquín Lavín, en una charla relativa a su libro "Chile Revolución Silenciosa", publicado en los años ochenta, que en el texto había cometido un solo gran error.
Pienso que incurrió en varios, pero, en fin...
Reconoció que nada de lo ocurrido para el crecimiento y desarrollo económico del país habría tenido lugar de no mediar los profesionales y el capital humano con que se contaba. Y este último no se formó en virtud de una educación con la cobertura actual, pero sí con colegios de una calidad que permitía en su momento asegurar que los egresados podían entrar a la universidad y salir de ella para servir a Chile.
Seamos francos, señor Presidente. Creo que el gran problema de la educación -y así, además, lo ha señalado mi Partido- nace con la concepción de la municipalización.
Y el proceso ha sido muy curioso. Gran parte de los alcaldes han denostado la medida; han reclamado que no cuentan con financiamiento; han sostenido que no pueden cumplir con los objetivos de la educación.
Pero seamos sinceros: en el momento en que se plantea que se "desalcaldice" la municipalización, entran a defenderla. ¿Los motiva una preocupación por la educación? Pienso que no. Me parece que ello obedece a que el proceso educativo, el control sobre los profesores y establecimientos educacionales, permite ejercer un poder electoral. Y hoy día estamos amarrados al proceso en función de intereses particulares de 345 personas.
Entiendo que esa ha sido la causa del gran drama que vive la educación chilena, fundamentalmente la destinada a las clases más desposeídas.
La preocupación de los Gobiernos democráticos por la educación ha sido importante. Inicialmente, con relación al daño que produjo la dictadura, se centraron los bríos en potentes inversiones en obras de infraestructura y se dedicaron ingentes esfuerzos a la modernización del sistema, la recuperación de la dignidad de los docentes, la expansión de las matrículas y beneficios para los estudiantes. Pero reconozcamos que todo lo anterior obtuvo magros resultados finales, que incluso llevaron a la rebelión de estudiantes secundarios denominada "revolución de los pingüinos".
La falla radica en el modelo educacional impuesto, que asignó al Estado un rol subsidiario y condujo a que la educación, en un segmento importante, formara parte de la política de mercado.
El Estado, por el contrario, debe jugar tres papeles, al menos: el normativo y regulador, estableciendo y haciendo respetar el recto espíritu de la legislación, que tiende a fomentar la educación; el de compensador de las diferencias, a fin de asegurar una educación de calidad para todos, y el de evaluador y supervisor del proceso educacional en sus diversas instancias, niveles y unidades.
Por ello, resultaba imprescindible asumir cambios sustantivos tanto en el sistema como en su operación, de modo de reforzar la cualidad rectora del Estado como cautelador de equilibrios sociales, ante las graves asimetrías que hoy padece nuestra sociedad, y como propulsor de una formación que entregue valores. Para tal efecto se requiere formar y perfeccionar permanentemente y con excelencia al profesorado e incentivar el diseño de mejoramiento educativo para adecuarlo a las nuevas exigencias educacionales.
El artículo 1° de la ley en proyecto declara que esta regula los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa; que es deber del Estado velar por el cumplimiento de las condiciones mínimas de los niveles de educación, y que determina los requisitos y el proceso para el reconocimiento oficial de los establecimientos e instituciones educacionales de todo nivel -salvo el universitario o postsecundario- con el objetivo de contar con un sistema educativo de calidad.
Agrega, en el artículo 3°, que el sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución. Y, dentro de ello, especifica que la calidad de la educación es un derecho de todas las personas, puntualizando que la educación debe propender a que todos los alumnos, independientemente de sus condiciones y circunstancias, alcancen los estándares de aprendizaje que se definan en la forma que establezca la ley.
Asimismo, indica que el sistema propenderá a que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad que les ofrezca alternativas para su formación y desarrollo integral; a que no sean discriminados arbitrariamente; a que se respeten su integridad física y moral, su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas o ideológicas, todo ello con especial atención en aquellas personas o colectivos que requieran apoyo especial.
Dispone, en el artículo 4° -siguiendo a la Constitución Política-, que "La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población.". En tal sentido, el no pago de los compromisos contraídos por el alumno o por el padre o apoderado no podrá servir de fundamento para la aplicación de ningún tipo de sanción a los alumnos durante el año escolar y nunca podrá servir de fundamento para la retención de su documentación académica, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos por parte de la institución educacional.
Establece un Consejo Nacional de Educación -al cual ya se han referido otros señores Senadores-, que fijará las bases curriculares para la educación parvularia, básica y media.
Instaura la Agencia de Calidad de la Educación, a la que corresponderá diseñar e implementar el sistema nacional de evaluación de logros de aprendizaje, según estándares referidos a las bases curriculares nacionales de educación básica y media y mediante instrumentos que se aplicarán en forma periódica en esos niveles de enseñanza, así como informar a los padres los resultados obtenidos.
En el mismo sentido, los establecimientos de educación básica y media deberán evaluar periódicamente los logros y aprendizajes de los alumnos de acuerdo a un procedimiento de carácter objetivo y transparente, basado en normas mínimas nacionales sobre calificación y promoción. Dichas normas deberán propender a elevar la calidad de la educación y serán establecidas mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio del ramo.
La autoridad conferirá a los establecimientos de educación parvularia, básica y media la facultad de certificar válida y autónomamente la aprobación de cada uno de los ciclos y niveles que conforman la educación regular y de ejercer los demás derechos que les concede la ley, mediante el reconocimiento oficial a los sostenedores particulares cuyo objeto social único sea la educación y a las personas jurídicas de Derecho Público, tales como municipalidades y otras entidades creadas por ley.
Todos los sostenedores que reciban recursos estatales deberán rendir cuenta pública respecto de su uso y estarán sujetos a la fiscalización y auditoría de recursos que realizará la Superintendencia de Educación. Esta entidad será la encargada de fiscalizar la mantención de los requisitos que dieron origen al reconocimiento oficial del Estado a todos los sostenedores, con sanciones que llegan, en el caso de los privados, a la pérdida de su calidad si no cumplen con las obligaciones que les señala la ley.
No hay duda de que el espíritu del proyecto es laudable, pero no cuenta con los grados de aceptación necesarios.
La Carta Fundamental obliga al Estado a otorgar una educación pública de carácter gratuito. Sin embargo, la iniciativa nada dice respecto de la constitucionalidad del cobro del financiamiento compartido por parte de los sostenedores particulares. Si bien se ha publicitado que la ley en estudio defiende la exclusión del lucro en la educación, en el hecho y de la lectura de sus disposiciones queda claro que se mantiene el financiamiento compartido y que, por tanto, no cumple con la norma constitucional.
En mi opinión, quienes deseen tener educación pagada deberán recurrir a ella, pero la educación pública ha de ser gratuita.
Mucho se ha dicho sobre la calidad educacional, pero gravar a los profesores con el deber de actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente, investigar, exponer y enseñar en debida forma los contenidos curriculares y cumplir largas jornadas, así como la escasez de material de perfeccionamiento adecuado y las remuneraciones que se perciben en el sector educacional privado no sujeto al Estatuto Docente, hacen imposible cumplir con esa obligación. Es necesario contemplar mecanismos que permitan que tal declaración se concrete en la realidad.
Los sostenedores subvencionados han de respetar la libertad personal y de conciencia de los educandos, lo mismo que sus convicciones religiosas o ideológicas, conforme al reglamento interno del establecimiento y a su programa educativo.
Un Estado laico debe permitir y exigir que los alumnos permanezcan en el establecimiento respectivo, aun cuando no se sometan a las exigencias de carácter valórico que les puedan imponer sus fundadores o directivos, si el plantel percibe financiamiento público.
Es evidente que la iniciativa constituye un avance, pero a la vez presenta falencias, algunas de las cuales me he permitido expresar. La votaré favorablemente, anunciando desde ya que presentaré indicaciones que hagan del proceso educativo un proyecto integrador, libertario, pluralista y democrático.
He dicho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, quiero iniciar mis palabras valorando todo lo que dijo el Senador señor Ominami en relación con el Instituto Nacional, porque también estudié en él y bien sabemos la trascendencia que tiene y tendrá siempre. Por consiguiente, soy asimismo hijo de la educación pública y, en ese sentido, no voy a renunciar jamás a que en nuestro país exista este tipo de educación.
Pero una cosa es que yo no desee renunciar a eso, y otra distinta es la realidad, la cual, por desgracia, quizás a muchos de nosotros nos señala otros caminos. Y creo que el gran desafío de nuestro país es justamente cómo adecuar el sistema educacional a la nueva situación. Nos guste o no, el proyecto más ideológico que ha tenido Chile, que fue el que hizo Pinochet, lo enfrentamos a esa realidad.
Porque aquí se ha sostenido que la discusión ha sido ideológica. Pero, ¡qué más ideológico que el proyecto que impulsó la dictadura militar, donde claramente se quería establecer un solo sistema de educación en nuestro país, como era la privada con fines de lucro!
Algunos argumentan -y tienen razón quienes así lo señalan- que van a votar en contra de la iniciativa por aquello de lo cual carece. Sin embargo, otros la votaremos a favor por lo que ofrece.
Esto me recuerda un poco lo acontecido con otros proyectos de ley de gran envergadura, como la reforma constitucional, que a nosotros nos hubiese gustado que fuera mucho más profunda. Pero era un paso importante. Entonces, también se podría haber dicho: "Como no aborda todo lo que yo quisiera, la rechazaré". ¿Y con qué nos hubiéramos quedado? ¡Con la Constitución de Pinochet!
Aquí ocurre algo similar. Porque, ¿qué significa no avanzar? Quedarse con la ley más ideológica de Pinochet, que pone énfasis en la educación privada.
Por eso, señor Presidente, respetando absolutamente a quienes han expuesto argumentos profundos para votar que no, poniendo énfasis en lo que la iniciativa no tiene, yo voy a concurrir a su aprobación por lo que ella sí tiene, que constituye un paso. Tal vez algunos tratarán de descalificarlo diciendo que es "un pasito". Pero, sea un paso o un pasito, me parece un tremendo avance para echar abajo la LOCE. Y en eso sí que no me equivoco ni me confundo.
En segundo lugar, a excepción de los Honorables señores Muñoz Barra y Núñez, que son profesores, el resto de los Senadores nos hemos referido al tema a partir de nuestra experiencia como docentes universitarios, de quince años en mi caso. Y puedo hablar desde esa perspectiva, pero de ninguna manera pretendo ni quiero transformarme en un experto en la materia, porque no lo soy ni nunca probablemente llegue a serlo. Por lo tanto, solo intervengo como una persona que ha estado ligada a la educación, haciendo algunos comentarios o ciertas referencias acerca del tema.
En tercer término, el texto en análisis me recuerda la discusión que tuvimos a propósito de la Ley de Culto. En Chile existía libertad de culto, pero no igualdad. Hoy, creo que tenemos un poquito de libertad de educación, pero no igualdad en sus distintos planos. Y la presente iniciativa apunta, a lo mejor no con toda la intensidad que quisiéramos, hacia esa igualdad. Y, así como en su momento la Ley de Culto no solamente terminó con la desigualdad en materia religiosa en el país sino que además a la igualdad agregó la libertad, estimo que la futura Ley General de Educación también se orienta en la misma dirección.
¿Y por qué la votaré a favor, señor Presidente?
Por las siguientes razones:
1) Porque, en mi concepto -puedo estar equivocado-, crear una Agencia de Calidad de la Educación como organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, representa un avance. Querámoslo o no, constituye un aporte que es importante incorporar a la educación chilena.
2) Porque pone nuevas y mayores exigencias a los sostenedores.
Algunos podrán considerar que son pocas o muchas, pero establece nuevas obligaciones a los sostenedores, quienes hasta ahora actúan con absoluta libertad.
3) Porque se perfeccionan las reglas de responsabilidad civil en materia educacional, lo cual también es digno de destacarse.
4) Porque se fijan estándares de calidad del aprendizaje, cuestión que no es menor. Uno de los problemas que hoy tenemos en nuestro país es justamente el aprendizaje de los chicos, debido quizás a la diversidad de establecimientos educacionales existentes en el territorio.
5) Porque busca incentivar, desde un marco general, un desarrollo integral de los alumnos. Y eso tampoco es menor. Resulta evidente que todo lo que se haga por hallar nuevos estándares de formación es importante.
6) Porque todos los recursos entregados por el Estado deberán ser rendidos públicamente por los sostenedores, asunto que en la actualidad, señor Presidente, es muy poco claro y preciso.
7) Porque se establece que hasta sexto año de educación básica los establecimientos subvencionados no podrán seleccionar a sus alumnos por su rendimiento o por su condición socioeconómica.
Ahora tenemos ese problema. Y esta iniciativa, que tal vez debería ser más amplia en dicho aspecto, apunta hacia donde queremos ir, esto es, a que no haya una selección por razones económicas o de otra naturaleza. Y esto tampoco es menor.
8) Porque se modifica nuestra estructura educacional.
Si bien es cierto que en el pasado, dada la realidad que presentaba el país, se estableció una estructura educacional con 8 años para la educación básica y 4 para la media, ahora se plantea un nuevo desafío, como es instaurar 6 años de enseñanza básica y 6 de enseñanza media. Y eso, a mi juicio, es un paso importante que readecúa nuestro sistema educacional a la nueva realidad que estamos viviendo.
9) Porque, además, señor Presidente -y es también una de las razones que me parece importante destacar-, instala cinco grandes temas. No se refiere solo a las definiciones básicas del sistema educacional, sino también al rol que le corresponde al Estado: los avances que se requieren para alcanzar la equidad y la calidad; los requisitos que deben exigirse a los administradores del sistema educacional, y el marco institucional que permitirá, en definitiva, que estas metas se conviertan en una realidad, lo que se ha denominado "Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad".
Por lo tanto, señor Presidente, estamos en presencia de una normativa legal que permite, como dije al comienzo, lograr un avance que tal vez no es el que yo quisiera. Pero, en vez de quedarnos mirando hacia el pasado, maldiciendo la existencia de la LOCE -esta ley de trasnoche que impulsó el Gobierno de la dictadura militar- y todos los graves problemas que ella ha ocasionado al sistema educacional, prefiero una legislación que apunte en la dirección correcta, hacia donde queremos llevar la educación.
Aquí se ha dicho, y con razón, que no se aborda el tema de la educación superior. Sin embargo, no podemos pedirle todo a esta ley. Eso será materia de otra normativa, pero nadie está renunciando a enfrentar lo relativo al sistema educacional superior de nuestro país, que presenta serios problemas y deficiencias. Lo que sucede es que de repente, por querer abarcarlo todo, nos olvidamos de la realidad que vivimos.
Algunos señores Senadores dijeron con bastante entusiasmo varias cosas que yo comparto. Sin embargo, parece que ellos no se han dado cuenta de la cantidad de votos con que cuenta la Concertación y de que hace tiempo que somos minoría. Y eso readecúa todo el sistema de cómo tenemos que impulsar las leyes. Da la impresión de que hablan como si todavía fuéramos mayoría.
En la vida, cada uno desearía que las cosas fueran a su entero gusto. Pero la realidad no siempre es así.
Nunca voy a olvidar algo muy valioso que aprendí del Ministro señor Viera-Gallo cuando fue Senador, quien me señaló: "Mira, una cosa es lo que a uno le gustaría en la vida, y otra, la realidad. Lo importante es que uno nunca renuncie a cómo le gustaría que fuera la vida".
Hoy estamos dando un paso, que comparto, pero ello no significa renunciar -como jamás lo voy a hacer tampoco respecto de las reformas constitucionales que debemos profundizar el día de mañana, tan necesarias para Chile- a tener una educación pública en mejores condiciones que las que hoy le proponemos al país.
No obstante, valoro el paso que estamos dando. A algunos les incomoda -y han ironizado al respecto- que se lleve a cabo de la mano de la Derecha. Han hablado de los que aparecieron con las manos alzadas, etcétera. A mí, señor Presidente -se lo digo francamente-, no me incomoda dar este paso con la Derecha si eso significa echar abajo la LOCE.
Creo que lo fundamental es ofrecer un nuevo marco educacional a nuestro país, a partir del cual se puedan dar los pasos que el país requiere -quizá lo hagan Senadores de las generaciones que vengan- para mejorar íntegramente nuestro sistema educacional.
Voto que sí, señor Presidente.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (29 votos contra 7 y 2 abstenciones) y se fija como plazo para formular indicaciones el día 5 de enero de 2009, a las 12.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Frei, García, Gazmuri, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Naranjo, Novoa, Núñez, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag y Vásquez.
Votaron por la negativa los señores Ávila, Cantero, Flores, Girardi, Muñoz Barra, Navarro y Ominami.
Se abstuvieron los señores Bianchi y Zaldívar.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora JIMÉNEZ (Ministra de Educación).-
Señoras Senadoras y señores Senadores, en nombre del Ministerio de Educación y del Gobierno, quiero darles las gracias por la votación favorable al proyecto.
Este es un nuevo paso que estamos dando en la tramitación de la Ley General de Educación. El resultado alcanzado significa avanzar en la construcción de una mejor educación para Chile, más inclusiva y de mayor calidad.
Me alegro -y quiero enfatizarlo, tal cual lo hice en mi discurso inaugural- que la normativa recién aprobada sea fruto de un amplio acuerdo político entre la Alianza y la Concertación.
Como expresé la primera vez que me tocó hablar ante Sus Señorías, solo es posible avanzar en educación a través de acuerdos. Hoy, una vez más, queda demostrado que solo serán los consensos los que nos permitirán seguir adelante.
Ya lo indicaron algunos señores Senadores: lo que ahora estamos haciendo es superar y derogar la LOCE. Y ello posee un significado inmenso.
A quienes sostienen que eso constituye una traición a los "pingüinos", quiero decirles que ellos se movilizaron fundamentalmente para derogar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.
El señor NAVARRO.-
¡No se deroga, señora Ministra!
La señora JIMÉNEZ (Ministra de Educación).-
Por lo tanto, deben estar felices con lo que ahora está ocurriendo.
En mi opinión, los avances de la nueva ley tienen que ver con principios de calidad y de equidad educativa.
Tal como se ha dicho aquí, se crean nuevas instituciones, como la Agencia de Calidad y la Superintendencia, las cuales van a cuidar y supervisar la inversión y a garantizar la calidad en la educación.
Vuelvo a reiterar a Sus Señorías la gratitud de la Cartera que dirijo y del Gobierno de Chile por el apoyo que han brindado al proyecto de ley.
Muchas gracias.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
De la señora ALVEAR:
A los señores Ministros del Interior y de Hacienda, consultándoles acerca de viabilidad de TRASLADO DE FECHA DE PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN, y a los señores Ministros de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social, planteándoles acoger DIVERSAS PROPUESTAS EN MATERIA PREVISIONAL.
Del señor ESPINA:
A la señora Presidenta de la Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas, remitiéndole antecedentes sobre el CASO DE DON JORGE MAURELIA ALBORNOZ.
Del señor ROMERO:
Al señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, para que responda acerca de EVENTUAL INSTALACIÓN DE MUSEO DE HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE QUINTERO EN INMUEBLE DE PROPIEDAD DE DICHA RAMA DE LAS FUERZAS ARMADAS.
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El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:58.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción