REPÚBLICA DE CHILE

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

PUBLICACIÓN OFICIAL

LEGISLATURA 356ª

Sesión 76ª, en miércoles 3 de diciembre de 2008

Ordinaria

(De 16:21 a 18:34)

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ADOLFO ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE,

Y BALDO PROKURICA PROKURICA, VICEPRESIDENTE

SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR

____________________

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

I. ASISTENCIA

Asistieron los señores:

--Allamand Zavala, Andrés

--Alvear Valenzuela, Soledad

--Ávila Contreras, Nelson

--Bianchi Chelech, Carlos

--Cantero Ojeda, Carlos

--Chadwick Piñera, Andrés

--Coloma Correa, Juan Antonio

--Escalona Medina, Camilo

--Espina Otero, Alberto

--Flores Labra, Fernando

--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo

--García Ruminot, José

--Girardi Lavín, Guido

--Gómez Urrutia, José Antonio

--Horvath Kiss, Antonio

--Kuschel Silva, Carlos

--Larraín Fernández, Hernán

--Letelier Morel, Juan Pablo

--Longueira Montes, Pablo

--Matthei Fornet, Evelyn

--Muñoz Aburto, Pedro

--Muñoz Barra, Roberto

--Naranjo Ortiz, Jaime

--Navarro Brain, Alejandro

--Novoa Vásquez, Jovino

--Núñez Muñoz, Ricardo

--Ominami Pascual, Carlos

--Orpis Bouchón, Jaime

--Pérez Varela, Victor

--Prokurica Prokurica, Baldo

--Romero Pizarro, Sergio

--Ruiz-Esquide Jara, Mariano

--Sabag Castillo, Hosaín

--Vásquez Úbeda, Guillermo

--Zaldívar Larraín, Adolfo

Concurrieron, además, el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor José Antonio Viera-Gallo Quesney, y la Ministra de Educación, señora Mónica Jiménez de la Jara.

Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.

II. APERTURA DE LA SESIÓN

--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 16 señores Senadores.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.

III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 69ª, ordinaria, en 18 de noviembre; 70ª, especial, y 71ª, ordinaria, ambas en 19 de noviembre, todas del año en curso, que no han sido observadas.

IV. CUENTA

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:

Mensajes

Dos de Su Excelencia la Presidenta de la República:

Con el primero retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", respecto del proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 4.808, sobre Registro Civil, estableciendo que el apellido de la madre anteceda al del padre (boletines N°s. 3.810-18 y 4.149-18, refundidos).

--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.

Con el segundo retira la urgencia que hizo presente al proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece que la declaración de candidaturas a Consejeros Regionales deberá ser realizada por los partidos políticos (boletín N° 6.026-06).

--Queda retirada la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.

Oficios

Del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a la implementación de un plan especial de apoyo a la industria acuícola.

Del señor Ministro de Salud, con el que contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Horvath, relativo al depósito en contenedores especiales de los residuos plásticos generados por las empresas dedicadas a la distribución y entrega de bebidas.

Del señor Subsecretario de Transportes, con el que responde un acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Honorables señores Naranjo y Muñoz Aburto, mediante el cual se solicitó a Su Excelencia la Presidenta de la República la modificación del decreto supremo N° 38, que reglamenta el transporte remunerado de escolares, fijando requisitos especiales para zonas interurbanas (boletín N° S 1.086-12).

--Quedan a disposición de los señores Senadores.

Informes

De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que incorpora a la ley N° 20.063 el combustible gas natural licuado y modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1978, del Ministerio de Minería, con urgencia calificada de "simple" (boletín N° 6.088-05).

De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaídos en los siguientes asuntos:

1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que exige el consentimiento de la madre para el reconocimiento de paternidad de hijos de filiación no matrimonial (boletines N°s. 5.706-18 y 5.812-18, refundidos).

2.- Proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Ominami, que modifica diversos cuerpos legales en materia de reconocimiento de la paternidad (boletín N° 5.816-07).

3.- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señora Alvear y señores Chadwick, Espina, Gómez y Muñoz Aburto, que modifica el Código Civil, estableciendo mecanismos correctivos para casos de reconocimientos de paternidad indebidos (boletín N° 5.825-07).

4.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Procesal Penal y otros cuerpos legales en lo relativo al procedimiento y ejecución de medidas de seguridad (boletín N° 5.078-07).

--Quedan para tabla.

De la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, recaído en el proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Horvath, Bianchi y Kuschel, mediante el cual solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República la adopción de diversas medidas de apoyo a la acuicultura (boletín N° S 1.126-12).

--Queda para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.

Proyecto de acuerdo

De los Senadores señores Bianchi, Cantero, Horvath, Muñoz Barra, Navarro, Núñez y Ruiz-Esquide, con el que piden a Su Excelencia la Presidenta de la República la inclusión de los rubros que indican en el índice de necesidades de la familia de la Ficha de Protección Social (Boletín N° S 1.132-12).

--Pasa a la Comisión de Hacienda.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminada la Cuenta.

V. ORDEN DEL DÍA

Boletín N° 4970-04

ESTABLECIMIENTO DE LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Corresponde continuar la discusión general del proyecto, en segundo trámite constitucional, que establece la Ley General de Educación, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y urgencia calificada de "simple".

--Los antecedentes sobre el proyecto (4970-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 31ª, en 1 de julio de 2008.

Informe de Comisión:

Educación, sesión 69ª, en 18 de noviembre de 2008.

Discusión:

Sesiones 33ª, en 2 de julio de 2008 (se rechaza el envío a Comisiones unidas); 74ª, en 2 de diciembre de 2008 (queda pendiente su discusión).

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Como Sus Señorías recordarán, ayer se inició el debate de esta iniciativa, quedando pendiente su discusión en general.

Se encuentran inscritos para intervenir los Senadores señores Muñoz Barra, Letelier, Allamand, Ruiz-Esquide, Larraín, Gómez, Orpis, Girardi, Gazmuri, Navarro, Horvath, Sabag, Flores, Ominami, Escalona, Naranjo, Vásquez, Cantero y Bianchi.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- ¿El Honorable señor Horvath desea hacer algún alcance?

El señor HORVATH.- Señor Presidente, en la sesión de ayer quedé yo con el uso de la palabra y postergué para hoy mi participación. Pero veo que ahora hay un listado nuevo. No sé si en su elaboración se aplicó el criterio alfabético o si hubo otra razón.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Efectivamente, está inscrito en primer lugar.

Pero, señor Senador, ¿sería tan amable de dejar que primero intervenga el Honorable señor Muñoz Barra por tener un problema, y luego lo haga Su Señoría?

El señor HORVATH.- Sí, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Naranjo para un asunto de procedimiento.

El señor NARANJO.- Señor Presidente, si cada uno de los 20 Senadores inscritos utilizara los 15 minutos, por mera aritmética, se comprenderá que al término del Orden del Día no se podría votar el proyecto.

Siendo así, quiero proponer dos fórmulas de solución, porque a lo mejor estimulo a algunos Senadores a no efectuar sus discursos y a agilizar la sesión, lo que permitiría despachar hoy día la iniciativa.

Primero, que se abra la votación.

El señor NOVOA.- ¡No!

El señor NARANJO.- Por lo menos, déjeme hacer la proposición, señor Senador.

Y segundo, que a los Honorables colegas que no intervengan se los autorice a hacer llegar sus intervenciones a la Mesa. De esa forma, se podría desestimular a ciertos señores Senadores y agilizar el trámite del proyecto.

Se trata de dos proposiciones muy simples, que tal vez permitirían que la iniciativa se pudiera despachar hoy día. Dada la cantidad de Senadores inscritos, indudablemente, su aprobación quedará para la próxima semana.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Hay un problema reglamentario insoluble con el segundo punto de su petición. Y en cuanto al primero, no hay acuerdo.

El señor NARANJO.- Pero otras veces se ha procedido así.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Por lo demás, el criterio de la Mesa en el día de ayer -también a sugerencia de los señores Senadores- fue no restringir el uso de la palabra debido a la trascendencia de la iniciativa.

En consecuencia, no sería justo que quienes intervinieron en la sesión de ayer hayan dispuesto de un tiempo mayor que aquellos que lo harán hoy día.

Lo importante es analizar la normativa y tramitarla como corresponde. Y en verdad no vamos a dilatar nosotros su despacho por no terminar su estudio hoy día, sino porque, por razones por todos conocidas, su tramitación ha sido más prolongada.

Por lo tanto, se concederá el uso de la palabra al Honorable señor Muñoz Barra conforme al criterio aplicado anteriormente. Si se excede, se le otorgará tiempo adicional, a fin de que pueda terminar su intervención.

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, estimados colegas, el 13 de junio de 1980 se promulgó el decreto con fuerza de ley N° 1-3063, con la firma del Mandatario de ese entonces, don Augusto Pinochet; de don Sergio Fernández, Ministro del Interior, y de don Sergio de Castro, Ministro de Hacienda.

Mediante un decreto que hace muy feliz a un querido y estimado amigo y colega, se determinó el traspaso del sistema de educación pública a los municipios del país,¿

El señor CHADWICK.- ¡Descentralizaron¿!

El señor MUÑOZ BARRA.- ¿asignándole al Estado chileno lo que todos sabemos: solo una condición de subsidiariedad.

Lo ocurrido ese año y que comenzó a aplicarse en 1981 no fue la conclusión de un debate plural de expertos en educación que, con fundamentos técnicos, hubiesen podido concluir que la nueva institucionalidad era superior a la educación pública que habíamos conocido históricamente en el país.

Dentro de las iniciativas extrañas que transcurrieron durante ese proceso, no puedo dejar de recordar, por ejemplo, la abolición de las escuelas normales, donde se formaban los maestros de la Educación Básica, profesionales de tal calidad y excelencia, que muchos de ellos eran llamados a organizar sistemas educacionales en otros países de América Latina.

Por eso, con el mayor de los respetos, permítanme decir que no comparto -incluso, lo considero injusto- que el día de ayer la distinguida Ministra del ramo, señora Mónica Jiménez, haya dicho que la calidad de la educación pública no solamente era una leyenda, sino que quedaba en el pasado. Si revisa su intervención de ayer, confirmará que hizo tal afirmación.

Me parece injusto, porque hay toda una historia en torno de la educación pública en el país.

Pero no me detendré en un debate pequeño ni entraré a discutir -como algunos sostienen- para sacar dividendos políticos. Quiero plantear solo hechos concretos.

Han pasado 27 años del momento en que se declaró que la educación tendría carácter municipal. Y desde 1990 a 2008, el presupuesto de Educación se incrementó en 6 veces.

Tengo a la vista la cifra de 1990: 631 mil 339 millones de pesos. En 2006 se gastaron 2 billones 461 mil 468 millones de pesos. Esa es la inversión que llevamos hasta este minuto.

Entonces, en un debate reposado, sin dogmatismos, deseo señalar que, al calor de esos 631 mil 339 millones del año 90, de los 2 billones que acabo de dar a conocer y de los años que han pasado, resulta lícito que -con ponderación, por supuesto- veamos los resultados de esta educación que se halla bajo el alero de los municipios desde 1981.

A partir de esa fecha, la matrícula en colegios municipales ha ido en regresión. Lo planteo debido a que muchas veces decimos que el Estado tiene el deber ineludible de entregar una educación pública de buena calidad para las personas de sectores más humildes.

Escuchen bien los señores Senadores: 48,8 por ciento de los estudiantes de Enseñanza Media se matriculó en establecimientos municipales; 51,2, en los subvencionados, y 7,9 en los privados.

Esos porcentajes no solo se encuentran lejos de lo que ocurre en países desarrollados, sino también de lo que sucede en naciones de América Latina, como Argentina, Brasil, México y Uruguay.

Pero sigamos el debate con hechos concretos, una vez transcurrido tanto tiempo del invento hecho con la educación pública municipalizada.

Ese tipo de educación, después de 27 años y con todos los recursos entregados, muestra la triste realidad de que 40 por ciento de los alumnos no alcanza el mínimo en lenguaje; 40 por ciento de los jóvenes tampoco llega a ese nivel en matemáticas, y solo 43 por ciento lo consigue en ciencias naturales.

Entonces, uno tiene que preguntarse: ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué, pese a tanta inversión, se dan resultados tan lejanos a lo que queremos?

Es el momento de que comencemos a analizar la estrategia que está empleando el Ministerio, o mi Gobierno.

Dentro del cuadro sinóptico de esta intervención, que está acotado en el tiempo, también quiero ir mostrando otras realidades de lo acontecido en estos 27 años.

¿Qué pasa con la parte económica? Reparen Sus Señorías en los recursos envueltos. Me voy a referir solo a la última deuda municipal en materia educacional: solo la Municipalidad de Santiago tiene un déficit de 11 mil millones pesos; y en su conjunto, la deuda de los municipios asciende a 98 mil millones.

Yo señalaba aquí que en el año 90, cuando llegaron los Gobiernos democráticos, en Unidad de Subvención Educacional se gastaba por sobre los 631 mil 339 millones de pesos -repito: 631 mil 339 millones-; ahora se paga en USE por encima de 2 billones 461 millones 468 mil pesos. O sea, se trata de un buen negocio.

Por eso, la educación actual se halla en el mercado y muchos empresarios, en vez de incursionar en otras actividades comerciales, no encuentran nada mejor que instalar un colegio de Educación Básica o Media.

Dentro de esa estrategia educacional -que, con buena voluntad, tenemos que corregir entre todos-, se creó, por ejemplo, la Jornada Escolar Completa, que fue anunciada con bombos y platillos. Pero, dentro de este carácter tan abstracto de la estrategia desarrollada en la materia, aquella no tiene novedad ni interés para los jóvenes, porque no se elaboró en ella un currículum educacional, de contenido, que realmente implicara preocupación en los alumnos para participar en forma positiva en la Jornada Escolar Completa. Incluso, se ha llegado a decir que el sistema tiene como objetivo que los niños permanezcan más tiempo en la escuela -porque en esta sociedad de consumo trabaja el papá y la mamá-, a fin de que no anden en la calle y formen pandillas en las poblaciones. ¡Dejémoslos en los colegios, pero sin un programa de contenidos ni una malla curricular que realmente apunte a una mejor educación!

Es tal la precariedad de nuestro sistema educacional que, aunque pronunciemos los más hermosos discursos o presentemos los mejores folletos, ahí está la realidad, porfiadamente ante nosotros.

En Chile, de un total de 10 mil escuelas básicas, 4 mil son rurales. En estas -hay muchas en los distritos de los señores Senadores aquí presentes- no se da el problema de la masividad. A veces se sostiene, y con razón, que en muchas ocasiones los cursos en los colegios públicos de las ciudades tienen demasiados alumnos -40 ó 45-, lo cual impide que se imparta una educación personalizada. Se realiza una especie de monólogo en donde el profesor imparte su materia y los alumnos escuchan en forma pasiva. En el sector rural no ocurre eso. Allí no se produce masividad. Las escuelas rurales tienen 14, 16, 18 alumnos. Sin embargo, el resultado de ellas no solo es malo, sino pésimo.

Por consiguiente, cabe preguntarse: ¿cuál ha sido el efecto positivo de los dineros entregados desde 1990 a la fecha? Algo pasa.

La institucionalidad tiene aquí una responsabilidad que tenemos el derecho a plantear y enfrentar, para ver si se genera una meditación que permita corregir un problema cuya solución tanto interesa.

Por ejemplo, muchas veces escucho a señores Senadores decir con absoluta convicción que debemos modernizarnos; que tenemos que llevar nuestra educación al mismo nivel de los países desarrollados.

Pero les demostraré a Sus Señorías que vamos por el camino contrario, en una estrategia al revés.

La participación del Estado en educación básica y media es la siguiente, según una muestra representativa de países desarrollados.

-En Alemania, el 92 por ciento de los estudiantes se matricula en establecimientos públicos y el 8 por ciento, en planteles privados.

-En Canadá, el 94 por ciento se matricula en establecimientos públicos y el 6 por ciento, en privados.

-En Estados Unidos, el 94 por ciento se matricula en establecimientos públicos, o con financiamiento estatal, y el 6 por ciento, en privados.

-En Finlandia, el 93 por ciento se matricula en establecimientos públicos y el 7 por ciento, en privados.

-En Italia, el 96 por ciento lo hace en establecimientos públicos y el 4 por ciento, en privados.

¿De dónde sale esta información? De la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Si observamos el porcentaje de estudiantes matriculados en enseñanza básica según tipo de institución, siguiendo la misma fuente de información, encontramos los siguientes resultados.

-En Australia, el 71,1 por ciento se matricula en establecimientos públicos y el 28,3, en instituciones subvencionadas por el Estado.

(Estos datos son mucho más concretos que un discurso de análisis, porque corresponden a hechos reales del mundo de hoy).

-En Finlandia, donde las entidades que financian la educación son el Estado y los municipios, el 95,8 por ciento corresponde a establecimientos públicos y el 1,2, a planteles subvencionados.

-En Francia, el 85,4 por ciento de los alumnos se matricula en instituciones públicas; el 14,3, en planteles con subvención estatal, y solo el 0,2, en independientes o privados.

-En Alemania, el 97,3 por ciento se matricula en establecimientos públicos y el 2,7 por ciento, en planteles financiados por el Estado.

-En Estados Unidos, el 89,2 por ciento asiste a establecimientos públicos y el 10,2 por ciento, a privados.

-En el Reino Unido, el 95,1 por ciento se matricula en establecimientos públicos y el 4,9, en privados.

Voy a dejar hasta aquí esta información, que es a prueba de cualquier desmentido.

Estimados colegas, ahora se nos pide que votemos la presente iniciativa. Con ella, se nos propone una nueva institucionalidad después de 27 años. ¡Después de 27 años nos presentan -si me permiten decirlo así- otro engendro raro!

Quiero señalar que nuestro actual sistema de educación -y esto no se puede refutar- no existe en ninguna otra parte del mundo. Solo lo tiene Chile.

En ese plano, uno podría sentirse orgulloso si los resultados estuvieran a la altura y al nivel de los recursos que se han entregado.

Hoy somos un país muy especial, pues prácticamente tenemos 346 Ministros de Educación (347 sumando a la actual Titular de la Cartera aquí presente). Ello, porque cada alcalde es ministro en su comuna. Y yo no sé si eso produce la vertebración o la homogenización del trabajo educacional.

Ahora nos proponen el presente proyecto de ley.

Quiero preguntarles a los señores Senadores si han captado bien su contenido. Porque se crean corporaciones educacionales integradas por municipios, por particulares, por padres y apoderados; es decir, se sugiere algo mucho más enredado y complejo que lo que tenemos hoy.

Además, se nos ha dicho que viene una iniciativa legal que afianzará la educación pública. Y se nos ha hecho llegar una minuta. Algunos señores Senadores que participaron en aquel acuerdo sellado en ese evento en que todos levantaron los brazos dijeron que había unanimidad para la redacción de las modificaciones requeridas.

Yo no estuve ahí en la levantada de brazos. Pero me he puesto a estudiar la minuta y algunos otros antecedentes. Y quiero decir a Sus Señorías, con la modestia y la humildad de ser profesor, que algo entiendo de esta materia.

¡No digo que fui un docente muy brillante, pero me desempeñaba como tal¿! ¡Lo señalo, porque ya conozco a mis colegas¿!

El señor PÉREZ VARELA.- ¡De ahí viene el problema de la educación¿!

El señor MUÑOZ BARRA.- En realidad, cuando egresé obtuve uno de los más altos rendimientos de mi generación.

El señor LETELIER.- ¡Es que eran muy poquitos entonces¿!

El señor ÁVILA.- ¡Que muestre los documentos¿!

El señor MUÑOZ BARRA.- Uno de los más altos puntajes en práctica docente. Lo planteo para darme algún caudal profesional y moral en este debate.

Analicé la conformación de esas corporaciones públicas, locales, y creo que es una especie de puzzle. Si con lo que hay ahora resulta difícil desarrollar un sistema educacional exitoso y con buenos resultados, con la nueva modalidad las personas pasarán en reuniones o contestando correos electrónicos para poder interpretar lo que cada parte debe hacer.

Señora Ministra de Educación, con todo el respeto que usted me merece, quiero decirle que, hasta el minuto, mi voto es negativo a la iniciativa planteada. Y me pronuncio así por las conversaciones que he sostenido con muchos colegas profesores a través del país y porque conocí también el sistema de educación basado en un Estado docente, que daba la posibilidad de acceder a una enseñanza de buena calidad a personas que veníamos de los orígenes más humildes de nuestra sociedad.

Esa es mi posición como Senador. No digo que corresponda a la de mi Partido. Mi colega fundamentará su postura sobre el particular.

Tales argumentos, muy rápidamente esgrimidos por efecto del poco tiempo que se nos da, me llevan a tener esta actitud muy clara y muy responsable. Por eso señalo a la señora Presidenta -como expresó otro señor Senador- que lo lamento mucho, pero aquí estamos por elección popular y votamos en conciencia.

Por todo ello, en conciencia y en representación de lo que yo creo, votaré en contra de la idea de legislar.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, yo estaba inscrito antes.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- El Honorable señor Horvath hizo presente que él había quedado prácticamente con el uso de la palabra al finalizar la sesión ordinaria anterior.

El señor LETELIER.- El señor Secretario puede dar fe de que yo estaba inscrito ayer.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Me informa el señor Secretario que Su Señoría no estaba en la Sala cuando pedí al Senador señor Horvath que permitiera hablar primero al Honorable señor Muñoz Barra.

En todo caso, no tengo inconveniente en que intervenga a continuación.

El señor LETELIER.- Muy bien.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, la señora Ministra de Educación destacó en su intervención de ayer varios puntos que conviene recordar.

Chile cuenta con 14 años de educación obligatoria, si consideramos los niveles prekínder y kínder, y tenemos una cobertura que ha subido de 250 mil alumnos a 750 mil; es decir, se ha incrementado en tres veces.

Además, se indicó que 7,5 de cada 10 alumnos que ingresan a la enseñanza superior provienen de familias que por primera vez tienen a un miembro en ese tipo de enseñanza.

Por otra parte, no podemos dejar de reconocer el enorme esfuerzo desplegado para establecer la jornada escolar completa y para asegurar el acceso a las nuevas modalidades y tecnologías con que hoy se cuenta.

Podemos señalar, entonces, que tenemos una cobertura de país avanzado.

Sin embargo, en cuanto a los resultados no podemos decir lo mismo. Alcanzamos más bien un nivel bajo, que nos sitúa entre los países del Tercer Mundo o, como se dice eufemísticamente, en desarrollo.

Las cifras que muestran algunas de las pruebas internacionales en las cuales participamos -como la prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, establecida por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE)- son para preocuparse.

Chile ocupa el lugar 40 entre 57 países evaluados, con un universo de 400 mil estudiantes, de un total de 20 millones.

Andreas Schleicher, creador y director de la prueba PISA, señala que Chile es el país más desigual de todos los que rinden dicha evaluación, y que en los resultados no se observan mayores diferencias entre lo que hace la educación pública y lo que realiza la privada si trabajan con niños de un mismo nivel social. Agrega que las escuelas de elite, que tienen condiciones sociales comparables con las del mundo desarrollado, están muy por debajo del promedio de los países de la OCDE.

Corea, que estuvo muy bajo en los años sesenta, en dos generaciones ya se encuentra entre los primeros.

Alemania quedó impactada por sus malos resultados del año 2000, y aumentó el gasto en educación en 40 por ciento. A los profesores se los hizo trabajar una hora más y se introdujo una educación más temprana.

El gasto de Chile en Educación, si uno lo evalúa como porcentaje del producto interno bruto per cápita, es similar al de los países desarrollados.

El director de dicha prueba enfatiza que, de acuerdo a los resultados obtenidos, no cabe quedarse en los problemas, sino proponer soluciones.

Hay que trabajar con los profesores y no pensar en cambiarlos o solo en modificar su formación docente y efectuar reformas en las universidades que están bastante más lejos de la realidad.

En el caso de la prueba TIMSS -evalúa las tendencias en matemáticas y ciencias a nivel internacional y es realizada por la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo- sucede algo similar, pues las cifras de 1999 para Chile son bastante malas: el lugar N° 35, de un total de 38 países evaluados. El año 2003, entre 46 naciones, quedamos en el puesto N° 39 en la prueba de matemáticas y en el N° 36 en la de ciencias, superando solo a Botsuana, Arabia Saudita, Ghana y Sudáfrica.

¿Qué hace Chile el año 2007? Se margina de rendir la prueba TIMSS. Estimo que el peor de los caminos es ocultarse ante la realidad.

Respecto del Sistema Nacional de Medición de Resultados de Aprendizaje del Ministerio de Educación (SIMCE), que mide el logro de los objetivos fundamentales y de los contenidos mínimos obligatorios en 4° básico y, a partir de 2006 y en forma alternada, en 8° básico y 2° medio, los resultados tampoco son muy buenos.

Quiero destacar, con motivo del análisis del proyecto de Ley General de Educación, lo manifestado por el experto británico David Hopkins.

Se dice en la publicación de prensa correspondiente: Él, "de visita a nuestro país, después de haber estado a cargo de una de las reformas educacionales exitosas en Gran Bretaña, y destacar algunos ejemplos como Finlandia, señaló que ellos priorizaron y se esforzaron en las competencias lectoras de los niños. Hace énfasis en que para mejorar el sistema escolar hay que asumir al menos los siguientes desafíos: un liderazgo político con una coalición guía; enfocarse en un tema; elevar la calidad de los profesores y directores, como países en que todos ahora prefieren ser profesores respecto a las carreras tradicionales; reducir el poder de las municipalidades, dándoles más a las regiones, y darles a las escuelas o liceos más autonomía y exigencias. En el caso de regiones, además hay que asegurar más Centros de Formación Técnica, Profesional, Universidades y Becas adecuadas.".

Haré dos alcances antes de volver a lo general, señor Presidente.

En primer lugar, aquí se plantea introducir un cambio en la duración de los ciclos curriculares, de manera que los 7os y 8os sean parte de la educación secundaria y tengan así una enseñanza más especializada, lo cual, desde luego, parece bien.

Sin embargo, ese es un punto que debemos evaluar en el caso de las escuelas rurales, que solo tienen el compromiso de impartir educación básica. Si bajamos esta al 6° básico, haremos un gran daño al sector rural, independiente de la gradualidad con que se efectúe el cambio, y aún más, incrementaremos la migración y la condición desmejorada de dicho sector.

En segundo término, en los resultados también influye la mala focalización del gasto social, el cual se ha aumentado significativamente en las últimas décadas. No obstante, los instrumentos de evaluación, como la Ficha de Protección Social, no están funcionando, no reflejan la verdadera condición de vulnerabilidad de nuestra sociedad.

Ello se aprecia, por ejemplo, en la falta de becas para las personas que realmente cumplen los requisitos. Así, tenemos una clase media cada día más constreñida, con poca movilidad social y que no está accediendo a los beneficios que le corresponden por sus méritos.

En cuanto a la elevación de la calidad de los profesores y directores, es necesario reconstruir las confianzas. Para ello no podemos sino poner mayor voluntad política para solucionar algunos problemas, como la denominada "deuda histórica".

Chile tiene enormes carencias. Algunos indicadores dan cuenta de ello; pero, por el tiempo de que dispongo para intervenir, no puedo señalarlos todos.

Por ejemplo, la Educación Física en los colegios se imparte en solo una sesión semanal. Por eso nuestros jóvenes y sus familias, en su gran mayoría, son sedentarios y tienen regular condición de salud para emprender y autovalorarse.

¿Con qué ánimo vamos a elevar así el nivel social?

Además, cuando la regionalización avanza un paso, el centralismo, simultáneamente, avanza diez.

En definitiva, son muchos los aspectos que confluyen en esta materia.

Quiero destacar que el proyecto de Ley General de Educación es fruto de acuerdos, de la desideologización en el proceso legislativo, para garantizar una base mínima que permita mejorar la calidad de la educación en Chile.

Sin embargo, hay que recalcar que son muchísimos los desafíos que aún tenemos por delante. Debemos otorgar garantías para que las nuevas instituciones y las nuevas instancias no caigan en el riesgo de burocratizar y asfixiar a quienes quieren hacer algo por la educación.

El considerar que se avanza porque las nuevas instancias aseguran la equidad y la calidad de la educación; porque los sostenedores tendrán un giro único; porque va a haber participación del Senado en los nombramientos, etcétera, constituye una garantía. Pero, dentro del conjunto de los objetivos, la verdad es que esta iniciativa está muy lejos de alcanzarlos. Y, además, creer con ingenuidad que será la Alta Dirección Pública la que seleccionará a las personas idóneas que integren aquellas instancias implica, en mi concepto, desconocer el grado de arbitrariedad con que el sistema está funcionando.

Por las razones expuestas, como esta es una discusión en general, me pronunciaré a favor, sin perjuicio de las indicaciones que formularé en su momento.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, lamento que el Senador señor Muñoz Barra haya salido de la Sala, por cuanto quiero hacerme cargo de una afirmación que hizo.

El señor ÁVILA.- Yo le informo, señor Senador.

El señor LETELIER.- En todo caso, podrá leer la Versión Taquigráfica.

El Chile de los años cincuenta y sesenta no tiene nada que ver con el Chile de hoy.

El Chile educativo antes del Gobierno del Presidente Frei Montalva era otro. Quienes accedían a la educación, a la universidad, por lo general, pertenecían a un reducido segmento de nuestra población, a una elite.

Quienes piensan que la educación de hoy tiene algo que ver con esa realidad están equivocados.

En ese contexto, lo que manifestó la Ministra de Educación ayer durante su intervención en el sentido de que algunos tienen una visión idílica de la educación, distinta de la realidad de hoy, me parece muy válido. Porque la escuela normal -yo la aplaudo por sus méritos- y el acceso gratuito a la universidad -tremendo logro- eran posibilidades destinadas a un porcentaje muy reducido de chilenos y chilenas.

La gran mayoría del mundo campesino no conocía las aulas; la gran mayoría del mundo popular no terminaba la educación. Por algo en estos últimos 15 años se ha invertido tanto en educación para gente mayor, en generar programas para que los adultos de hoy -en aquel entonces eran niños- puedan terminar sus estudios.

Quiero partir con esa reflexión: el Chile de hoy no es el mismo de los años sesenta, cincuenta, cuarenta. Es otro.

En segundo lugar, yo discrepo mucho del modelo educativo existente en la actualidad. Pero quienes afirman que la educación chilena es pésima se equivocan. Porque lo que Chile es ahora se debe al esfuerzo de varias generaciones y a la gran capacidad de algunas personas para sacar adelante nuestro país, sin duda con muchas dificultades, deficiencias, errores. No obstante, la falta de capacidad para reconocer que nuestro país ha logrado estar donde está gracias a un capital humano muy importante y valioso demuestra que hay personas que les gusta ser medio bipolares -excúsenme si ofendo a alguien- o que tienen una visión errática de la realidad.

Ello, porque en Chile hay, a pesar de todas nuestras deficiencias, una población que, comparativamente, evidencia un alto nivel de desarrollo histórico y cultural.

Por tanto, no comparto los análisis que señalan que todo es horrible. No es así. Yo represento, con mucho orgullo, una zona del Chile medio; el centro de la patria; la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; un mundo rural, pujante, obrero, donde en promedio se pagan los peores sueldos de Chile; pero su gente es muy buena y exhibe un desarrollo humano y cultural que, en las condiciones actuales de la sociedad, hay que valorar.

Digo lo anterior solo para situar un punto de referencia, toda vez que existen otras naciones, como Estados Unidos, del cual tanto se habla y se dice que es el más potente, el más rico del planeta, en que más del 80 por ciento de su población no sabe dónde está Chile, la mayoría cree que se encuentra en México. En ese país, con estándares de educación tan extraordinarios, si se consulta cuál es un marco valórico que tiene que ver con procesos educativos, las respuestas nos sorprenderían.

Por consiguiente, es preciso situar las comparaciones en su contexto, en lo que somos y en lo que queremos ser como país. Porque en algunas naciones que dicen ser tan extraordinarias -discúlpenme, con todo el respeto que me pueden merecer; después entenderán el porqué de mi afirmación- los procesos educativos dependen de cuáles son los objetivos que persiguen como sociedad.

A mi juicio, la PSU y la prueba SIMCE no indican nada sobre la calidad educativa de un país. Me van a perdonar, pero todas esas mediciones tienen otro propósito y no apuntan al menos al tipo de sociedad a la que yo aspiro.

Señor Presidente, como he señalado antes, no comparto el modelo educativo existente en Chile. No me gusta este engendro de la educación particular subvencionada. Si uno pudiese poner aquí educación con financiamiento público versus educación con recursos provenientes netamente de privados, estaríamos igual que la gran mayoría de los países a que se refirió el Senador señor Muñoz Barra.

En Chile cerca del 87 a 90 por ciento de la educación se financia con dineros públicos y el 8, 9 ó 10 por ciento restante, con fondos privados. Y lo que hoy estamos discutiendo tiene que ver, esencialmente, con la primera de ellas.

Cuando estuve exiliado en Estados Unidos estudié en colegios con financiamiento público. Era un país bastante más estatista e intervencionista en el mercado de la educación que el nuestro. Uno asistía al colegio del sector donde vivía, y no existía esa situación casi de libertinaje en que uno estudia donde quiere, si le dan un cupo. Uno estudiaba en el barrio donde vivía, con financiamiento público, y si no le gustaba ese colegio, se iba a uno privado, lo cual es distinto a nuestro sistema educacional.

Entiendo que tenemos un modelo dual en cuanto a financiamiento público, y que no hay voluntad política para modificarlo. Por tanto, estamos en esta discusión gracias a nuestros jóvenes, de quienes algunos decían que no estaban "ni ahí", y se equivocaron.

Fueron los "pingüinos" los que salieron a las calles; hijos o nietos de muchos de quienes estamos aquí. En mi caso, eran mis hijos. Ellos protestaron porque cuestionaban que no todos tuvieran los mismos derechos de acceder a la educación superior y también por sus posibilidades en un mundo globalizado.

Esos jóvenes iban más allá de las ideologías. Estoy seguro de que había tanto hijos de Senadores de la bancada del frente, como de las nuestras, quienes estaban juntos en la calle en la "Revolución de los Pingüinos". Me consta, porque los míos se encontraron con hijos de algunos de la vereda de enfrente. Y me parece bien. Y gracias a ellos estamos ahora discutiendo sobre la institucionalidad, el financiamiento, la organización de la educación en Chile.

El proyecto que nos ocupa, señor Presidente, tiene un tremendo error. A mi juicio, no es la Ley General de Educación, sino, en verdad, una modificación de la LOCE.

Y si me permiten -sé que esto puede parecer mal para algunos, pero lo he dicho en privado muchas veces-, para entender bien esta materia, habría que denominarla "ley peor es nada". Porque si se quieren mantener las cosas tal como están, se vota en contra de esta modificación. Y hay consenso de que lo existente no es bueno. Y eso es preciso valorarlo. Después de la experiencia de la LOCE, se logró la unanimidad para enmendarla. Y aunque algunos queremos ir más allá, otros piensan que no es necesario tanto.

Mi Partido fue minoría cuando se suscribió el acuerdo y argumentó en contra de él, porque yo no creo en el lucro en la educación cuando hay financiamiento público. ¡No creo! Eso me parece una aberración. No creo que el Estado deba subsidiar negocios de ningún tipo, ni en la educación, ni en las panaderías, ni en el transporte, ni en la construcción. No creo en el subsidio fiscal para que empresarios o emprendedores privados lucren. ¡No creo! Y eso es algo que no comparto de este modelo. Por eso, mi Partido fue contrario a que se firmara el acuerdo. Pero igual se suscribió. Sin embargo, yo no desconozco que el proyecto representa un avance en comparación a lo que hoy rige.

Soy partidario de que no haya selección. ¿Avanza el proyecto en esta materia? Sin duda que sí. También restringe y hace más difícil el lucro abusivo al establecer condiciones para los sostenedores, exige tener giro único y fija un control que no existe en la ley actual.

Asimismo, en la iniciativa se prohíbe la selección, por lo menos en el primer ciclo de educación, y habrá un debate para determinar si se aplica también en el segundo ciclo. También se discutirá respecto a si será necesario diferenciar cuando se traten de liceos de excepción. El ejemplo que se menciona siempre es el del Instituto Nacional, y uno podría señalar el Liceo Oscar Castro de Rancagua, o el Liceo Politécnico C-15 de Rengo, o el Liceo Industrial de San Fernando. Algunas personas podrán discutir si debe haber selección o no. Yo, por regla general, soy partidario de que si hay fondos públicos involucrados no haya selección.

Pienso que esta materia debe ser tratada en la discusión en particular. Entiendo que se puede generar un equilibrio, porque no soy contrario ni enemigo de los liceos de excepción. Es bueno para el país y para una sociedad que exista en algunos liceos un proceso que pueda estimular a jóvenes con mayores capacidades y méritos. ¡Mérito! No otra cosa. ¡Mérito! No condición socioeconómica. ¡Mérito! No si son negros o blancos, gordos o flacos. ¡Mérito! No si se tiene el pelo corto o largo. Mérito, para que haya selección.

Lo cierto es que en el proyecto hay un avance en materia de selección; quizás no todo lo que yo quiera.

Por otra parte, aquí se produjo una discusión sobre un tema que, según algunos, no tiene que ver con la iniciativa: la municipalización.

Estoy muy contento con el proyecto de educación pública; me siento tremendamente identificado con la desmunicipalización de la educación. Espero que se generen entes, corporaciones o como se les llame -ya lo veremos en su momento- para ejercer esa función. Sin embargo, espero que las autoridades que dirijan la educación sean electas, para que tengan responsabilidades frente a las comunidades sobre cómo administran los fondos de todos los chilenos en un proceso tan estratégico, tal como se hace en otros países.

En ese aspecto, el modelo estadounidense es tremendamente sabio: tiene unidades territoriales, denominadas counties, que operan mediante un board, es decir, un elenco, un consejo de educación que debe guiarse por ciertas pautas y que es responsable ante la ciudadanía.

Sin embargo, el proyecto en debate no contempla ese tema, aunque sí aborda otras materias. Por tanto, no nos confundamos.

Cuando fui Diputado, junto con el Senador señor Escalona -si no me equivoco- y otros tres colegas votamos en contra del proyecto sobre financiamiento compartido, pues nos parece un engendro horrible. En la educación de nuestro país está arraigada la segregación de origen social.

Y permítanme hacer un paréntesis, porque ello no siempre se dice con la fuerza suficiente.

Si uno piensa en el hijo de una temporera que habita en Coltauco, cuya familia carece de acceso a bienes culturales pues vive de un sueldo de 180 mil pesos mensuales por la temporada -en invierno no reciben ingresos-, que muchas veces no toma un desayuno con huevo ni come carne durante la semana, a menos que la JUNAEB incluya en la dieta del almuerzo las proteínas suficientes -vale la pena indicar que gracias a las dos millones y medio de raciones que entrega dicho organismo algunos menores reciben más del 80 por ciento de las proteínas que requieren en su alimentación-, me parece obvio que en un examen ese niño obtendrá resultados muy distintos a los de mis hijos. ¿Y tratar de igualarlos? Eso significa ignorar que el denominador común es distinto.

Vivimos en un país segregado, con las mayores brechas de distribución de ingresos y tremendas desigualdades. Y cómo abordarlas es un punto de discusión entre nosotros, pues ellas se reflejan en el proceso educativo.

Muchos de nosotros creemos que el financiamiento compartido agudiza y profundiza esa segregación. Y la educación tiene como rol social la integración, la inclusión, el ser un punto de encuentro para aquellos que provienen de distintos orígenes socioeconómicos.

El tema del financiamiento no está abordado en el proyecto que nos ocupa y, a nuestro juicio, queda pendiente.

Por eso, insisto: para mí esta iniciativa no es la Ley General de Educación; es solamente -y disculpen la forma de decirlo- una modificación de la LOCE o la "ley peor es nada". Representa avances, pero creo que no es el proyecto ideal para nadie.

Sin perjuicio de ello, debo manifestar que el proyecto pretende equilibrar la libertad de educación y el derecho a ella.

Sobre el derecho a la educación, aquí se establecen ciertos criterios bien intencionados que cuesta analizar en su conjunto si no se tienen en consideración otras iniciativas. Por ejemplo, el proceso de formación de los profesores, el desarrollo de lo que pasa en el aula, el estatuto docente son elementos claves cuando se trata del derecho a la educación de calidad.

En ese sentido, se propone una institucionalidad basada en una Superintendencia de Educación, un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, una Agencia encargada de velar por la calidad, elementos que a mi juicio representan un avance¿

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Culminó su tiempo, señor Senador.

El señor LETELIER.- Y el proyecto que creará la Superintendencia de Educación va a complementar cómo se desarrollará aquel objetivo.

Sin embargo, quiero manifestar mis inquietudes en esta parte del proyecto y explicar por qué sostengo este punto de vista.

Yo soy de aquellos que valoran que tengamos -tal como decía el Senador señor Horvath- catorce años de educación; más de 750 mil alumnos y que más de 7 de cada 10 jóvenes que cursan la educación superior correspondan a primera generación.

Reconozco los resultados que hemos obtenido y aquel que no los quiere ver simplemente debe visitar a un oftalmólogo para mirar bien lo que hemos conseguido entre todos.

La infraestructura educacional actual es digna, en circunstancias de que hace un tiempo no lo era tanto. ¿Puede faltar? Sí. Pero hoy los niños asisten a colegios con una infraestructura decente, con equipamientos adecuados, con bibliotecas y centros de recursos educacionales que antes no existían. Es decir, la situación ha cambiado bastante.

Sin embargo, quiero abocarme a las partes del proyecto que me merecen dudas.

Por un lado, la iniciativa en debate no me garantiza la libertad de educación. Algunos creen que esta debe entenderse como la libertad del negocio y esconden ese argumento bajo la libertad de los padres a elegir un colegio.

Este Estado -el chileno-, particularmente este Ministerio de Educación que la señora Mónica Jiménez dirige con gran altura -y lo digo honestamente- no reconoce la libertad de pedagogía ni la posibilidad de optar a diferentes pedagogías para educar y formar a nuestros niños.

Se parte con una concepción pedagógica¿

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Señor Senador, ha concluido su tiempo y ya le dimos cinco minutos adicionales.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, deme solo unos minutos más.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- No, no es posible.

Aun así, le concederemos un minuto más, pero le pedimos¿

El señor LETELIER.- Entiendo que el acuerdo de la Sala fue que no nos iban a limitar el uso de la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- No, señor Senador, no fue así.

El señor LETELIER.- En todo caso, señor Presidente, terminaré altiro.

Pero no quiero dejar de tocar este punto, pues creo que soy una minoría en este tema.

Mis hijos asisten a un colegio que adhiere a la pedagogía Waldorf. En nuestro país no se reconocen las pedagogías alternativas. Se establecen requisitos mínimos obligatorios en el proceso educativo que -como sostuvo ayer el Senador señor Chadwick- constituyen una brutalidad y un crimen, pues no se cumple ni el 40 por ciento de ellos.

El proyecto modifica aquel concepto, pero habla de bases curriculares, de mecanismos de evaluación y de que el Estado va a regular cómo se evalúa el cumplimiento de ellos.

A mí, señora Ministra, esa nomenclatura no me interpreta, porque entiendo que existen procesos educativos diversos. No digo que la gran mayoría los desapruebe, pero quiero plantear la necesidad de dejar la puerta abierta para que el Estado reconozca otros procesos educativos en el país.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Muchas gracias, señor Senador.

Terminó su tiempo.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, solamente quiero pedir unos minutos más para poder concluir mi idea.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- ¡Pero ya lleva veintiún minutos, Su Señoría! Y a continuación está inscrito el Senador señor Allamand.

El señor NARANJO.- ¡Concédale dos minutos más, señor Presidente!

El señor CANTERO.- ¡No hay capacidad de síntesis, señor Presidente!

El señor ÁVILA.- ¡El sistema Waldorf carece de capacidad de síntesis!

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Muy bien.

A ver si logra hacer un esfuerzo y constriñe su idea en un minuto, Su Señoría.

El señor ALLAMAND.- Devuélvale el uso de la palabra al Senador Letelier, señor Presidente. ¡Con la colaboración de la Oposición!

El señor LETELIER.- Señor Presidente, espero que la iniciativa que nos ocupa pueda establecer el criterio de que el Estado reconozca a aquellos establecimientos educacionales distintos, que siguen pedagogías diferentes, y que elimine esa restricción para que seamos capaces de innovar.

De la misma forma, aspiro a que esta ley en proyecto consagre que ningún establecimiento que recibe fondos públicos pueda discriminar a los alumnos por su apariencia o condición física.

El señor NARANJO.- O por el pelo.

El señor LETELIER.- La discusión sobre el pelo la vengo planteando hace más de quince años. Y no es un tema baladí.

A mi juicio, la exigencia de cortarse el pelo encierra un concepto erróneo, pues trata de que -como dice la canción de Pink Floyd- uno sea "un ladrillo más en el muro". Hay cosas que son intrínsecas al ser humano. Culturalmente a algunos les gustará cortarse el pelo. Pero -y disculpe el ejemplo, señora Ministra- usted no es menos mujer porque tiene el pelo más corto que yo.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Allamand.

El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, pocas materias pueden ser más importantes que la que estamos revisando hoy. Por eso, en pocas palabras, quiero tratar de situar el contexto en que, desde mi punto de vista, tiene lugar esta discusión.

En general, el contexto macro -por decirlo de algún modo- de este proyecto es la grave situación -no sé si habrá que hablar de crisis o no- de nuestra educación, que uno podría caracterizar con tres conceptos: es mala, desde la perspectiva de la calidad; se halla estancada, desde el ángulo de su mejoramiento, y es especialmente desigual.

Ese es el diagnóstico con que enfrentamos en la actualidad el estado de la educación chilena. Podrá discutirse si es o no mejor que hace 50 años, en términos comparativos. Por cierto, ese es un debate absolutamente abierto.

Ahora, en concreto, también parece significativo referirse a cuál es el contexto particular de este proyecto. Porque la verdad es que él no llegó al Senado sin cuestiones previas que importaba poner arriba de la mesa y resolver.

En general, creo importante consignar en la historia fidedigna de la ley que hay a lo menos ocho hitos fundamentales previos a esta iniciativa.

El primero -aquí se ha mencionado- es la llamada "revolución pingüina", de mayo de 2006.

El segundo hito, de junio de ese año, es la formación por parte de la Presidenta de la República de un Consejo Asesor de 90 miembros, que sesiona durante seis meses.

En abril de 2007 -tercer hito- el Ejecutivo envía al Parlamento un proyecto de Ley General de Educación.

El cuarto hito es la presentación por la Alianza de una iniciativa alternativa.

El quinto -y aquí quiero detenerme- es la firma del Acuerdo por la Calidad de la Educación, de 13 de noviembre de 2007, que, como señaló acá el Senador señor Chadwick, fue traducido cabalmente en un texto legislativo: el que discutimos ahora.

El 29 de enero de 2008, el acuerdo alcanzado se traduce en una indicación sustitutiva. Ese es el sexto hito.

El séptimo es la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados, luego de una tramitación que yo calificaría de bastante tormentosa, por lo que voy a explicar.

Y, por último, nos encontramos aquí en lo que constituye el octavo hito, cuando, luego de más de seis meses de estudio en la Comisión, estamos viendo la iniciativa en esta Sala.

En consecuencia, este proyecto es el resultado de un proceso legislativo largo, de un proceso político decantado y de un proceso técnico elaborado. Porque aquí ha participado mucha gente.

Ahora bien, uno podría señalar que la normativa que nos ocupa recoge y refuerza a lo menos seis principios fundamentales:

1.- El de la libertad de enseñanza.

2.- El de la calidad de la educación.

3.- El de la identidad o autonomía de los colegios, que se expresa -yo diría- en la vigorización que se da al concepto de "proyecto educativo".

4.- El de la responsabilidad, que en definitiva se acentúa a lo largo del articulado.

5.- El de la flexibilidad -ya se ha mencionado aquí-, expresado en distintos aspectos, pero particularmente en el ámbito curricular. Tal como otros señores Senadores han manifestado, hoy día estamos en una situación kafkiana, donde supuestos objetivos mínimos se transforman en objetivos máximos que simplemente los colegios no son capaces de abordar en forma adecuada.

6.- El de la igualdad de trato o de la provisión mixta de la educación pública y la educación particular subvencionada.

Esos son los seis principios que hoy día podemos encontrar reforzados y, de alguna manera, vigorizados en este proyecto de ley.

Entonces, señor Presidente, habría que preguntarse -y creo que es importante ponerlo arriba de la mesa- dónde han estado los problemas, cuáles han sido los obstáculos, qué nudos ha sido necesario desatar para llegar a esta instancia.

En concreto, son tres.

El primero, todo lo relativo a los procesos de admisión. Y aquí hay que señalar exactamente cuál fue el punto de partida y cuál el que finalmente se expresó en el acuerdo.

El artículo 11 del proyecto original del Ejecutivo, en materia de procesos de admisión, que algunos llaman "de selección", establecía, en síntesis, que un colegio con más postulantes que cupos debía asignar estos "por prioridad familiar" -estoy leyendo textualmente- o "por sorteo".

Esa era -reitero- la manera de proceder cuando un colegio tenía más postulantes que vacantes.

De más está decir que con dicha fórmula, por ejemplo, el Instituto Nacional simplemente desaparecía. Ello, porque, no obstante ser un colegio extraordinario, público, gratuito, verdadero modelo para la educación chilena, tenía, en la lógica de los autores del proyecto primitivo, una suerte de pecado original: seleccionaba por mérito a contar de séptimo grado.

El referido punto se zanjó en el acuerdo político y en el acuerdo legislativo. Y, tal como algunos señores Senadores han señalado, ello se hizo sobre la base de establecer que los procesos de admisión no pueden contener ninguna forma de discriminación arbitraria, pero sí basarse en el proyecto educativo y, también, en el rendimiento académico, aunque, como es obvio, después del primer ciclo, es decir, arriba de sexto básico.

Eso entrampó gran parte de la discusión. Y se despejó de la manera que indiqué.

El segundo problema tiene que ver con lo que algunos llaman "lucro" y que yo prefiero llamar "emprendimiento": ¿hay espacio o no para el emprendimiento privado en la educación chilena?

Ciertamente, el debate daría para muchas horas. En blanco y negro, uno casi podría ponerlo de la siguiente manera: ¿queremos volver a alguna modalidad de Estado docente, en el sentido de que al final es este el que termina capitalizando, monopolizando las posibilidades educativas, o, al revés, nos abrimos al máximo de oportunidades y a un concepto de "sociedad docente"? ¿Qué queremos? ¿Queremos que las iglesias, corporaciones de profesores, instituciones privadas participen o no participen en el proceso educativo?

Unos dicen preferir al Estado. Otros sostenemos que mientras mayor incorporación haya de la sociedad al proceso educativo el resultado será mejor.

Señor Presidente, esta discusión -legítima, por cierto- también se zanjó. ¿Cómo? De una manera muy clarita: se determinó que sí había en el sistema educacional chileno espacio para los emprendimientos privados, estableciéndose mayores posibilidades de fiscalización y exigiéndose a las sociedades dedicadas a ellos tener giro único.

Ese fue el segundo gran nudo que fue necesario desatar.

Y el tercero surgió con posterioridad al envío de este proyecto al Parlamento. Básicamente, se planteó porque, en forma intempestiva e inconsulta, el Gobierno presentó en la Cámara de Diputados una indicación que modificaba el texto convenido y que, en resumen, establecía una preferencia en materia de financiamiento para la educación pública.

Eso generó el debate habido en la Cámara Baja.

La referida indicación, que significaba un inciso nuevo para la letra a) del artículo 46, finalmente fue retirada por el Ejecutivo.

Y era lo que correspondía, señor Presidente. Porque, sin duda, todo acuerdo se puede modificar, pero no en forma unilateral. ¿Es posible perfeccionar un acuerdo? Por cierto que sí. Pero, obviamente, deben hacerlo las mismas partes que lo suscribieron. Una de ellas no puede atribuirse unilateralmente la facultad de modificar un acuerdo por su mera voluntad.

Por lo tanto, aquel concepto, que podríamos denominar "no discriminación en materia de provisión de recursos para el financiamiento de la educación", es el tercer nudo que se desató cabalmente durante la discusión en la Cámara de Diputados.

En consecuencia, aquí ha habido un acuerdo meditado, decantado, y hoy día le corresponde al Senado -si vamos a cumplirlo, por supuesto- darle curso.

En tal sentido, quisiera expresar lo siguiente.

Ayer se destacó la importancia de los acuerdos en materias de Estado. En el ámbito educacional, el problema no radica en la inexistencia de acuerdo -porque lo hay-, sino en que algunos no se hallan dispuestos a cumplir lo que se convino.

El acuerdo está. No existen vaguedades ni indefiniciones. Pero hay una cuestión de confianza.

¿Quiénes concurrieron al acuerdo? La Presidenta de la República y los presidentes de todos los partidos políticos, quienes, a nuestro entender, comprometieron la voluntad de sus colectividades.

En la mañana leí algunas declaraciones que el Senador señor Gómez hizo en un periódico. Su Señoría dijo (y me referiré al punto en seguida): "Voy a revisar el proyecto de ley sobre reforzamiento de la educación pública que se ha enviado y voy a votar en conciencia".

No me cabe ninguna duda de que el Senador señor Gómez votará en conciencia; siempre lo ha hecho (por lo menos esa es mi impresión). Pero tampoco tengo duda alguna de que, habiendo concurrido personalmente a firmar el referido acuerdo, Su Señoría deberá validar su palabra. De lo contrario, habría que suponer que lo suscribió en estado de inconsciencia, lo que, ciertamente, no puede haber ocurrido.

Ahora, la educación pública, tal como dijeron diversos Senadores, es una cuestión distinta de la que aquí se ha descrito.

Nosotros, en Renovación Nacional y en la Alianza, estamos más que preparados y abiertos para tener una discusión de fondo sobre la materia.

La caricatura de aquellos que dicen que algunos quieren estatizar todo y otros privatizar todo no tiene ningún sentido.

Chile posee un sistema de educación y de provisión mixta.

Por lo tanto, en su oportunidad estudiaremos el proyecto con la misma buena disposición con que analizamos los anteriores.

Ahora, me sorprenden algunas reflexiones que surgen sobre el punto.

Por ejemplo, he escuchado atentamente todas las exposiciones de los Senadores de la Concertación que han abogado en favor de la educación pública. Nadie, hasta ahora, ha mencionado que es fundamental modificar el Estatuto Docente. ¿Omisión? ¿Olvido? ¿Inadvertencia? Porque si existe hoy un lastre para los resultados de la educación pública, está precisamente en el Estatuto Docente. Pero, simplemente, no se menciona.

Una segunda cosa.

Aquí se dice: "La municipalización fracasó". Y el proyecto sobre fortalecimiento de la educación pública que se acaba de enviar al Parlamento, al parecer -porque no conocemos exactamente su contenido-, termina con la municipalización de la educación.

Yo quiero decir, en representación de Renovación Nacional, que no estamos de acuerdo con ese concepto. Nos parece un gravísimo error. La forma de resolver los problemas de la educación pública no pasa por revertir el proceso de municipalización, sino todo lo contrario: pasa por acentuarlo. Y aquí se mencionó.

¿Cuál es el déficit que registran hoy día los establecimientos educacionales municipales? ¿Tienen los alcaldes recursos para salir adelante en forma adecuada a ese respecto?

Y permítanme un pequeño detalle, señores Senadores.

Se le preguntó a un destacadísimo alcalde si tenía o no facultades para llevar adelante un buen proceso educativo en su comuna. Y contestó:

"Voy a hacer una analogía futbolística.

"La situación del alcalde es como si al presidente de un club de fútbol se le encomendara llevar a un equipo de segunda división a primera, pero junto con el mandato se le establecieran las siguientes restricciones:

"1.- En principio, usted no puede despedir al actual entrenador. Si quiere hacerlo, debe realizar un concurso público; pero si el actual entrenador llega a perder, no puede despedirlo ni bajarle el sueldo. Es decir, tendrá que manejar el equipo con dos entrenadores: uno en la banca y otro en la cancha.

"2.- Usted tampoco puede elegir qué futbolistas juegan. La nómina ya está definida con anterioridad.

"3.- Usted no puede despedir a ningún jugador, independientemente de su desempeño o comportamiento.

"4.- Puede contratar nuevos y mejores jugadores, pero con el mismo presupuesto y, por cierto, sin despedir a nadie.

"5.- La evaluación, los planes de entrenamiento y los sueldos se los fijará la ANFP en una negociación central con el sindicato de trabajadores.".

¿A quién corresponden esas palabras? ¿Serán acaso de alguno de los exitosos alcaldes de la Alianza? ¿De Manuel José Ossandón, Alcalde de Puente Alto, o de Jacqueline Van Rysselberghe, Alcaldesa de Concepción?

Tales palabras son de don Claudio Orrego, de la comuna de Peñalolén, uno de los más destacados alcaldes de la propia Concertación.

Señor Presidente, cuando aquí se expresa que la municipalización ha fracasado y se pretende montar una estructura como la que hoy día se está anunciando en el proyecto antes individualizado, uno desde ya puede anticipar que, lejos de mejorar la educación pública, simplemente conducirá a una reiteración del fracaso ya experimentado.

En seguida, a través de usted, señor Presidente, quiero hacer un último comentario, de sentido común, a la señora Ministra.

Este Gobierno lleva más de treinta meses en el poder. Y, según como uno lo cuente, le quedan trece a catorce meses para terminar su mandato. Nos hemos pasado tres años en esta discusión. La "revolución de los pingüinos" se produjo dos meses después de que la Presidenta Bachelet asumiera el poder.

¿Qué queda por delante? Despachar esta iniciativa, poner en práctica la Superintendencia de Educación, la Agencia de Calidad. Y ahora se supone que, arriba de este tremendo esfuerzo legislativo, político, organizativo, hay que realizar una transformación completa de todo el sistema de gestión en educación pública. ¡En trece meses!

La verdad de las cosas es que aquello no hace sentido.

Señor Presidente, creo que, como aquí se ha dicho, finalmente van a prevalecer las ventajas de este proyecto, que sin duda constituyen una mejoría sustantiva con respecto a la actual situación.

Además, pienso que los señores Senadores, en particular los que suscribieron el acuerdo en representación de sus partidos, van a honrar su palabra. Y tendremos buena disposición para avanzar en esta iniciativa legal.

Podremos discutir, por cierto, el otro asunto, que -como señaló el Senador señor Letelier- es distinto. Y habrá que hacer el mayor esfuerzo.

El único punto estriba en que este debate no se puede eternizar ni transformarse en un ejercicio intelectual que, simplemente, no prospera. Cada día que pasa y no se promulga la ley en proyecto es un día en que seguimos condenando a los jóvenes, en especial a los de menos recursos, a una educación de mala calidad.

En consecuencia, no abordar este debate con el sentido de urgencia que las circunstancias aconsejan sería, en mi concepto, un grave error de esta Corporación.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, voy a votar favorablemente el proyecto de Ley General de Educación, que el Senado debate hoy.

Las razones son variadas, aunque desde ya señalo -al igual como lo hicieron otros colegas- que el nombre con el que se le denomina no es estrictamente adecuado.

Por ello, junto con el Honorable señor Núñez y otros Senadores estamos estudiando la presentación de indicaciones que permitan concordar un nombre pertinente a lo que queremos como marco general.

Siendo, entonces, un marco y no solo una sucesión de elementos particulares, esta iniciativa forma parte de un conjunto de normas que, en su ligazón y contenido, integran el cuadro general constituido por la reforma global del sistema de educación. Por eso, me parecen injustas e inadecuadas las permanentes citas que se hacen al respecto, señalándose que no se abarca todo lo que necesita la educación. Lo que menciono es obvio.

Al texto en análisis se suman normativas que ya son leyes, como la que dispone una subvención escolar preferencial, y otras que efectúan cambios particulares; el proyecto de reforma a la educación pública, anunciado recientemente por la Primera Mandataria y acordado con los partidos de Gobierno, que no lesiona ninguno de los convenios alcanzados con la Alianza; la iniciativa sobre la Superintendencia de Educación, y que contiene, además, la creación de la Agencia de Calidad y el nuevo diseño del Consejo Nacional de Educación; los articulados sobre educación superior y universidades estatales, algunos de cuyos aspectos ya se encuentran en discusión y que buscan mejorar el nivel de las escuelas de pedagogía; la ley en proyecto relativa a innovación y tecnología, y, naturalmente, lo que concierne a las nuevas formas de financiamiento. No es el momento de discutir sobre estas materias, porque no disponemos de tiempo, pero todos hemos dado a conocer en algún instante nuestros puntos de vista acerca de ellas.

El marco expuesto y sus contenidos deben obligarnos a mantener una visión holística con relación a los cambios requeridos en Chile; a entender que se trata de un proceso que no se agotará en un breve período, sino a lo menos en cinco o seis años, y que se equivocan aquellos que creen que todo se resuelve con voluntarismo legal.

Las reformas profundas que se necesitan nos exigen claridad en las ideas y la búsqueda de consensos sociales y legislativos hasta el punto máximo de los acuerdos, para luego materializar las normativas a paso democrático, de modo de avanzar, pero bien.

Este es el momento preciso para comenzar por el proyecto que nos ocupa, lo que permitirá seguir después con otros. Permítaseme recordar, entonces, cómo se gesta la iniciativa y lo que definimos en educación.

Estoy absolutamente convencido de que todo proceso educacional debe entenderse dentro del marco general de la sociedad, para ser su motor de cambio y un instrumento de perfeccionamiento moral y crecimiento espiritual y material del hombre y de la mujer.

También abrigo el convencimiento de que la educación no puede entenderse solo como una acumulación de conocimientos, porque ello es imposible a la altura del desarrollo actual, dada la magnitud de la creación humana, que se incrementa a cada segundo. Si alguien dotado de la más alta capacidad intelectual pretendiera conocer hoy todo lo que el hombre ha generado, no alcanzaría a absorber más de quince segundos de lo que a partir de ese instante pudiera aprender.

Esta visión distinta, consistente en desarrollar la capacidad intelectual y lectiva, más la formación espiritual y aquella que debe llevarse a cabo como ser humano, es la que deseamos establecer a través del proyecto, como un comienzo respecto de los otros que deberemos elaborar.

Menciono lo anterior porque el articulado en debate es la puerta de entrada para la generación de a lo menos siete normativas que deberemos tratar en su momento. De no ser aprobado, nos quedaríamos con la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, dictada en un tiempo no democrático y que se inspira en una visión absolutamente diferente de la llamada "Ley General de Enseñanza", cuyo proyecto discutimos hoy y que pretendemos cambiar más adelante en algunos aspectos.

Ahora bien, la iniciativa instala cinco grandes temas en la discusión:

a) Las definiciones básicas del sistema escolar.

b) El rol que le compete al Estado.

c) La determinación de los avances que se esperan para alcanzar la equidad y calidad.

d) El establecimiento de los requisitos que deben exigirse a los administradores del sistema educacional, especialmente a los sostenedores privados con aporte estatal.

e) La creación de un marco institucional que permita que estas metas se conviertan en realidad. Es el llamado "Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad".

Aquí se ha discutido mucho acerca de si la ley en proyecto sirve o no, y lamento que haya sido minimizada por un hombre tan inteligente como el Senador señor Letelier, quien la calificó de "peor es nada". Este último es el nombre de un pueblo de la Región que Su Señoría representa, pero no corresponde al valor de la iniciativa, la cual presenta diferencias con la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza que son precisamente las determinantes de la conveniencia de avanzar. Si se mantiene dicho cuerpo legal tal como está hoy, no se podrá progresar en ninguna de las siete iniciativas a que he hecho referencia.

¿Cuáles son esas diferencias?

1. Con relación a la equidad y calidad para todos:

a) El proyecto, desde la definición del sistema escolar, coloca a la equidad y calidad entre los principios y derechos que se contemplan. Asimismo, plantea un nuevo sistema, coherente con los principios de universalidad, educación permanente, equidad, calidad, autonomía, y responsabilidad y transparencia.

b) La Ley Orgánica Constitucional, en cambio, nada dice sobre el particular.

2. Respecto al reconocimiento de la comunidad educativa:

a) El proyecto define el concepto de comunidad educativa y consagra sus derechos y obligaciones. Asimismo, vela por la educación intercultural, protege a la estudiante embarazada y garantiza la educación de quien no puede cancelarla.

b) La Ley Orgánica Constitucional nada dice al respecto.

3. En cuanto al rol del Estado:

a) El proyecto consagra una mayor presencia del Estado; establece, en definitiva, el financiamiento de un sistema gratuito de 14 años de escolaridad; regula la obligación de resguardar la igualdad de oportunidades y velar por la calidad de la educación, al mismo rango legislativo que la libertad de enseñanza, y asegura el uso correcto de los recursos públicos.

b) La Ley Orgánica Constitucional solo consagra un Estado subsidiario, lo que se ha traducido en la realidad que se observa en cuanto a poca transparencia y redundado en una crisis cualitativa en materia de equidad y calidad.

4. a) El proyecto define la educación como un "aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico". Ello se enmarca en el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales y la pluralidad.

b) Para la Ley Orgánica Constitucional, se trata solo de la adquisición de conocimiento y de aprendizaje, lo que establece una diferencia a mi juicio esencial y básica.

5. Calidad de la educación:

a) El proyecto crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, la Superintendencia de Educación, la Agencia de Calidad y el Consejo Nacional de Educación, con una composición absolutamente pertinente.

b) Nada dice la Ley Orgánica Constitucional en esta materia, y, por ende, el derecho a la calidad de la educación queda subordinado -como hasta ahora- a la mera libertad de enseñanza, lo que ha llevado, en el caso de la educación privada subvencionada, a una suerte de corrupción, de desculturización, de su verdadero sentido de formación y transparencia.

6. Participación de padres y apoderados:

a) El proyecto la sitúa en el centro de la nueva visión formativa que se requiere, al punto que, respetando absolutamente el rol familiar, amplía su presencia en la tarea diaria frente al alumno.

b) La Ley Orgánica Constitucional nada plantea de manera explícita y como condición de su cumplimiento.

7. Formación docente:

a) Toda la reforma que comienza en el proyecto que nos ocupa se basa en la formación adecuada de los profesores. Sin este último elemento, dicho proceso no será posible, como tampoco los cambios educacionales, para lo cual asimismo se requiere un ambiente de legítimo cumplimiento de las tareas propias, de respeto de derechos, de remuneraciones adecuadas, de carrera docente y de pago de la deuda histórica, como lo he solicitado desde hace 15 años.

b) La Ley Orgánica Constitucional nada dispuso sobre el particular, sino que fijó normas que generan muchos de los problemas actuales.

Lo señalado con anterioridad es lo que me lleva, racionalmente, a votar a favor.

Sé que falta abordar muchos puntos y realizar cambios reglamentarios. Por tal motivo, insisto en que el texto reviste un carácter esencial para lograr un avance, aunque no total, ya que solo constituye un gran marco. Y, como todas las normativas de este tipo, es generalista, indispensable, incompleto, pero, al mismo tiempo, el principio alfa y omega para generar lo particular y completar las grandes reformas.

Se ha sostenido -y ello se seguirá haciendo- que tal vez por esas mismas razones es preciso votar en contra. No comparto tal criterio, porque es lo que nos impidió avanzar durante muchos años al no contar con mayoría suficiente en el Senado, hasta casi convencernos de que jamás se conseguiría un cambio.

Se expresa que no se satisface el espíritu revolucionario con que muchos desean actuar hoy en materia educacional. Se argumenta que se consagra el avance pequeño y que casi significa vender la primogenitura por un plato de lentejas.

Quienes hemos buscado durante cincuenta años, con mucha modestia y dificultad, los cambios a fondo del país, incluida la educación, y vivido los avances y retrocesos registrados, sabemos por experiencia, propia y partidaria, que los primeros se logran solo con una aprobación legislativa -no fuera del Congreso-, un respaldo social mayoritario y un Gobierno con plena coincidencia interna.

Si no contamos con esos elementos, es de responsabilidad revolucionaria buscarlos para avanzar un metro, y no permanecer estáticos, porque el inmovilismo solo favorece al orden establecido, que nunca está en manos de los que más requieren la acción del Estado.

Sé también, por experiencia propia, que el populismo sin real capacidad de vencer debe atenerse únicamente a convencer, como diría Unamuno, lo cual no siempre es suficiente para realizar los cambios.

Por eso alcanzamos un acuerdo con la institucionalidad de los partidos de la Alianza. Creo en el cumplimiento de estos convenios como esencia de la democracia, razón por la cual votaré a favor el proyecto.

Nada impide -y lo dejo establecido sobre la base de la visión con que participamos en la búsqueda de una coincidencia sobre el punto- nuestro esfuerzo para reforzar la educación pública, cambiar el financiamiento en el futuro o buscar todo aquello que fortalezca tanto a ella como a las modificaciones estructurales que requiere.

Espero, a la luz de las palabras del Senador señor Allamand, que se vean con buena disposición los cambios en la educación. Porque, quiérase o no -y cualquiera que sea la capacidad que todos entendemos que el país debe darse para posibilitar el respeto a la libertad de enseñanza-, hay dos cosas claras.

Una de ellas es que solo a la educación pública, como sentido de identidad del país y mediante una actuación razonablemente bien equilibrada, se le debe exigir que sea el "palo mayor" en el ámbito que nos ocupa.

La otra dice relación a que el financiamiento no se toca en este caso. Considero que lo relativo a esta materia también se debe revisar. Hoy día -seamos claros-, la educación particular subvencionada y la municipal son objeto de un factor idéntico. Pero la primera presenta también el financiamiento compartido y, además, un tercer factor: el aporte que le efectúan distintas instituciones privadas cuando se comparte un mismo pensamiento, filosófico o religioso. Y ello ha quedado explicitado en lo que ha sido posible observar.

Es algo que parece absolutamente ilógico. Y estimo que no se puede quitar un peso en relación con el derecho a contar con otra fuente de recursos; pero, si es así, los fondos estatales deben permitir superar la diferencia de modo que en una escuela y otra el financiamiento por alumno sea igual.

Ese es el motivo por el cual queremos desmunicipalizar. Es verdad. ¿Y por qué se ha fracasado en ese sector? Por una razón muy simple -y ojalá me escuche el Senador señor Allamand-: no es posible, como se desprende de una lógica elemental (lo mismo vale para la salud), que el día de mañana una municipalidad como la de Las Condes destine a educación igual cantidad de dinero que la de Tirúa o, en el norte, la de Canela, que son las más pobres de Chile.

Segundo, en las pequeñas escuelas municipalizadas se presenta un problema de capacidad -entendámoslo-, pues la concentración de poder intelectual se encuentra en otros lugares.

Y, en tercer lugar, también aquí se registra un fracaso, quiérase o no. Si alguien lo negara, sobre todo en cuanto a las zonas rurales, significaría que vemos el mundo con anteojos de distinta mira.

Si estas instancias necesitan cambios, efectuémoslos con buena disposición y veamos qué se requiere. Pero, si deseamos ser eficientes, debemos ser claros, consecuentes y creíbles al cumplir los compromisos, para poder convencer a más voluntades, como señalé, a fin de lograr equidad, acceso igualitario, calidad análoga y financiamiento justo, de manera de no empantanar las definiciones educacionales que Chile exige.

En los dos minutos que me quedan, señor Presidente, formularé un par de observaciones para esclarecer algo que de repente se presenta de otra forma.

El hecho de que no se haga referencia al Estatuto Docente da la sensación de que ahí se halla el quid del desastre en la educación pública. Es posible que sea un mecanismo en el que a veces cuesta introducir modificaciones.

Pero no olvidemos por qué se elaboró ese ordenamiento. Cuando se restableció la democracia, todos los alcaldes correspondían mayoritariamente al modelo dictatorial -y por dos años más fue así- y empezaron a hacer raziascontra muchísimos profesores que no compartían su mismo pensamiento. El propósito de la dictación del Estatuto, entonces, fue la defensa de los maestros. Y esa normativa, que obedeció a lo que estaba pasando en un Régimen que los señores Senadores de la Oposición representaron prácticamente en conjunto, ahora es exhibida como si hubiera sido producto de un error de la Concertación.

No se nos puede imputar responsabilidad en lo que tuvimos que hacer en ese momento, pues la esencia de una buena educación es el respeto a la carrera docente. Y en una municipalización es imposible la movilidad de profesores. Quien ejerce en la comuna de Canela no se mueve de allí hasta que alguien de la de Las Condes, por ejemplo, quiera irse a ese lugar, y no creo que esos casos sean muy numerosos.

Además, en esa época el Senador que habla integraba la Comisión de Educación, no así mis Honorables colegas de la Alianza que han intervenido, y debo recordar que fue la Oposición la que impidió que se moviera a algún director. Dijeron: "Ello es contrario al interés de los profesores. Aquí va a venir una razia desde la Concertación y, por tanto, no lo aprobamos". Por mi parte, no lo habría aceptado de ninguna manera y voté al final casi en conciencia, pensando en lo que sostenían esos señores Senadores.

La idea es atribuir a la Concertación -esta es la incoherencia- algo que ellos defendieron. Y cuando hacemos lo que piden, entonces somos nosotros los incoherentes y los inútiles.

Es una argumentación que me lleva a pedir al Honorable señor Allamand que me defienda cuando me vaya al otro mundo, pues estoy seguro de que me va a salvar de todos mis pecados y voy a llegar al Cielo¿

Por último, en el tiempo que me queda,¿

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- A Su Señoría le restan nueve segundos.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- A otros Honorables colegas se les otorgó algo más, señor Presidente. Déme algo a mí también.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Ya se le concedieron cinco minutos extras, señor Senador.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Termino de inmediato, señor Presidente.

Me interesa que el proyecto se despache lo más rápido posible, pero no que procedamos en forma atolondrada. Un refrán chino que resulta adecuado dice: "Porque estamos apurados debemos ir despacio".

Por lo demás, queda a disposición de mis Honorables colegas la información que me di el trabajo de sacar respecto de todo el debate sobre el proyecto de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, dictada en 1920 -la tramitación demoró nueve años-, y en el cual diversos Senadores realizaron intervenciones estupendas, en un sentido o en otro. Los temas, mutatis mutandis, son prácticamente los mismos que estamos discutiendo casi cien años después.

Reitero, señor Presidente, que voy a votar a favor de la iniciativa. Y dejo establecido que, para mí, la prisa nunca ha sido modelo de torpes, sino de apasionados.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, las grandes reformas educacionales ocurren excepcionalmente en la historia de los países y todas tienen su énfasis.

La de Chile, tal como se señaló, puso el énfasis en la cobertura. Y, cuando se pone el énfasis en ese aspecto, no podemos esperar grandes resultados en el plano de la calidad.

Por lo tanto, lo que nuestro país debe hacer ahora -y este es el centro de gravedad de la actual reforma- es enfocarse en el campo de la calidad, para salir del subdesarrollo, para buscar movilidad social y para mejorar sustantivamente la distribución del ingreso.

Entonces, si el tema radica en la calidad, considero importante tener claro cuál es el punto de partida. Y yo, por lo menos, tengo serias dudas de que el proyecto refleje bien una forma de garantizar la calidad de la enseñanza, tal como lo voy a demostrar en el curso de mi exposición.

"La mejor calidad de la educación es esencial para el crecimiento. Es la estrategia que han seguido Singapur, Taiwán, Corea y otros países. Permite mucho mejor justicia social. Hoy la diferencia de calidad de la educación que reciben los niños es inaceptable, porque perpetúa diferencias económicas".

En este contexto, señor Presidente, resulta conveniente tener presente lo que muestran indicadores tanto nacionales como internacionales.

Si vemos el SIMCE, nos daremos cuenta de que a través de los años -se establece una comparación entre el 2000 y el 2004- los resultados permanecen estancados en cuanto al promedio nacional.

¿Qué ha ocurrido con la brecha entre los niveles socioeconómicos alto y bajo? Se ha perpetuado. Ha aumentado la distancia. Mientras en el año 2000 los puntos de diferencia eran 72, hoy llegan a 79.

¿Cuál es la representación porcentual del alumnado a nivel nacional en los distintos segmentos socioeconómicos? Uno advierte que el 45 por ciento se ubica entre los segmentos medio-bajo y bajo. Lo más paradójico es que los únicos dos grupos que no mejoran absolutamente nada en el SIMCE son precisamente aquellos dos, los cuales no exhiben ninguna diferencia significativa.

Esto, en lo referente a las mediciones nacionales.

Es importante analizar también las internacionales donde Chile ha sido incluido.

Cuando Chile participó en la TIMSS, prueba internacional que mide comprensión en matemáticas y ciencias, ocupó el lugar 35 entre 38 países. Y aquí, señor Presidente, abstrayéndome del nivel socioeconómico, lo que impacta es que ningún estudiante chileno, en la última oportunidad en que nuestra nación fue evaluada (2003), se situó en el nivel avanzado. ¡Ninguno! Ni del segmento alto, ni del medio, ni del bajo.

Sin embargo, si se comparan los resultados obtenidos por alumnos chilenos en dicha prueba, se constata que el único segmento que algo mejoró fue el socioeconómico alto. El medio y el bajo siguieron cayendo.

¿Qué nos muestra estos resultados?

Algo muy importante. Da cuenta de que el problema no tiene que ver con el ingreso per cápita de un país, porque algunos reciben uno inferior al nuestro y, sin embargo, logran mucho mejores resultados que Chile.

El señor ÁVILA.- Es un problema de desigualdades.

El señor ORPIS.- Tampoco se trata de un problema de desarrollo humano. Así lo demuestra este cuadro. Naciones con un nivel de desarrollo humano igual al nuestro poseen mejor educación.

¿Qué ocurrió en la TIMMS en el rubro ciencias?

Como dije, Chile se ubicó en los tres últimos lugares, con 420 puntos. Otros países con prácticamente idéntico nivel de desarrollo humano al nuestro obtuvieron, no obstante, mucho mejores resultados.

En matemáticas ocurrió algo similar.

Señor Presidente, alumnos de hogares con altos recursos rinden similar o peor que los alumnos con bajos recursos de Corea, Eslovenia, Federación Rusa, Bélgica, Taiwán, Malasia, Singapur y Hong Kong.

"Malasia supera a Chile por más de 100 puntos en la TIMSS. Es un país algo más pobre que el nuestro. Sus salas de clases tienen más alumnos que las nuestras; los salarios de los profesores son algo más bajos al inicio y no más de 12 por ciento más alto después de 30 años de profesión, y su cobertura es más alta".

¿Cómo nos fue en el IALS (Estudio Internacional de Nivel Lector de Adultos)?

"Un 85% de los chilenos entre 16 y 65 años no es capaz de comprender bien lo que lee. Solo un 15 por ciento tiene un nivel que le permite responder a las exigencias de la era de la información".

Por último, señor Presidente, dentro de los estudios internacionales, me voy a referir al programa PISA.

Este estudio "No mide conocimientos del currículum, sino las habilidades para la vida que se necesitan en el mundo moderno: lógica, comprensión de lectura. Mide alumnos de 15 años. Rindieron la prueba casi 6 mil estudiantes de 15 años de 180 establecimientos educacionales de todo el país".

¿Cuál fue el resultado?

Chile también se ubicó aquí en los últimos lugares, por debajo de Argentina y sobre Perú.

Participaron 43 países. Los estudiantes chilenos superaron únicamente a los de Brasil, Macedonia, Albania, Indonesia y Perú. Había cinco categorías de competencia. Solo el 1 por ciento de los estudiantes chilenos lograron posicionarse en la más exigente. La mayoría se situó en las más débiles.

La Senadora señora Matthei me hace presente que hubo que crear una sexta categoría, precisamente para incluir allí a países con resultados tan malos como los de Chile.

Como el centro de gravedad tiene que estar puesto en la calidad de la educación, ese debe ser nuestro punto de partida: extremadamente débil.

¿Cuál es mi preocupación, señor Presidente?

La siguiente.

La institución que esencialmente debería asegurar ese aspecto es la Agencia de Calidad de la Educación.

Y paso a referirme en concreto al proyecto.

El artículo 38 establece: "Le corresponderá a la Agencia de Calidad de la Educación diseñar e implementar un sistema de evaluación del desempeño de los establecimientos y sostenedores educacionales. Esta evaluación estará basada en estándares indicativos de desempeño de los establecimientos, elaborados por el Ministerio de Educación y aprobados por el Consejo Nacional de Educación, de conformidad al procedimiento del artículo 53.".

¿Qué me preocupa? Lo que se señala al final del inciso: "En ningún caso el incumplimiento de estos estándares indicativos de desempeño ni de las recomendaciones que se desprendan de estas evaluaciones dará origen a sanciones".

Es decir, si alguien no cumple los estándares, no estará sujeto prácticamente a ningún castigo.

Más adelante, el artículo 50 consagra, no obstante, eventuales sanciones. Por lo tanto, podríamos estar frente a normas contradictorias. El mencionado precepto expresa: "La Superintendencia de Educación será el organismo encargado de fiscalizar la mantención de los requisitos que dieron origen al reconocimiento oficial del Estado.

"En caso de pérdida de alguno de los requisitos para ser reconocido oficialmente; de incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 32 y, o 34 y en las normas señaladas en el artículo 16," -y aquí viene lo importante y que quiero destacar- "o en el caso de obtención de resultados educativos reiteradamente deficientes respecto de los estándares nacionales, de conformidad a lo que la ley establezca para tales efectos, y oído previamente el sostenedor o representante legal, el establecimiento educacional podrá ser sancionado de conformidad a lo establecido en el inciso séptimo de este artículo".

¿Y qué sanciones contempla el inciso séptimo? Amonestación, multa, suspensión y pérdida del reconocimiento oficial.

¿Por qué he querido leer estos dos artículos?

Porque si el énfasis de la reforma debe estar puesto en la calidad, tiene que haber estándares mínimos. Y si alguien no los cumple, independiente de que sea particular pagado, particular subvencionado, municipal, corporativo, o como quiera llamársele, ese sostenedor no puede seguir siéndolo. Porque el énfasis de la reforma -repito- ha de estar colocado en esta oportunidad en la calidad.

Por lo tanto, si el desafío de Chile a partir de ahora es aquel, me costaría comprender que ese punto esencial no quedara garantizado en la ley de manera absolutamente categórica. Y, de acuerdo con el texto que he mencionado, no se encuentra establecido así.

En consecuencia, sin perjuicio de votar a favor de la idea de legislar, formularé las indicaciones respectivas en la discusión particular, pues, desde mi punto de vista, ya no estamos tras el objetivo de la cobertura, sino en el de la consecución de mayor calidad, lo cual exige estándares mínimos. Por ende, si un sostenedor no cumple con ellos, independiente de quien sea, no puede seguir desempeñándose como tal. Y esto, teniendo principalmente en vista a las personas de más bajos recursos, pues, como señalé al inicio de mi intervención, la educación constituye un instrumento que puede permitir movilidad social, una mejor distribución del ingreso y superar el subdesarrollo.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez.

El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, el radicalismo rescata y exalta con orgullo lo que fuera su lucha permanente y exitosa por una educación pública, estatal, laica y gratuita, cuyo progreso en el pasado lo exhibe con fuerza para sostener la necesidad de su actual vigencia.

1.- La política educacional de la Concertación

La atención brindada a la educación por los Gobiernos democráticos ha sido importante. Inicialmente se centró en esfuerzos destinados a atender el deterioro que sufriera durante la dictadura y más adelante apuntó a la modernización del sistema.

Se avanzó en recuperar la dignidad de la profesión docente y se expandieron las matrículas universitarias y los beneficios otorgados a los estudiantes. Todo ello, más las obras de infraestructura, significó inversiones cuantiosas.

Sin embargo, los resultados no reflejan la magnitud del esfuerzo y de los recursos invertidos.

La raíz de dicha situación se encuentra en el modelo educacional. Este otorgó al Estado un rol subsidiario y la libertad de enseñanza se tradujo, simplemente, en una política de mercado. La oferta educativa limitó en forma severa el derecho a la educación y ayudó a profundizar odiosas disparidades sociales que es preciso erradicar.

Asimismo, se implantó un esquema descentralizador, teniendo al municipio como sostenedor de la educación pública. Ello, con un menguado sistema de financiamiento y con una conducción técnica errática.

Por otra parte, las reformas incorporadas no atendieron a aspectos vitales para su éxito. Faltó la activa presencia, en su diseño y operación, de directivos y docentes, a quienes correspondía no solo participar, sino también perfeccionarse para asumir los nuevos roles que debían desempeñar. Se ignoró que cualquier reforma se concreta en la escuela y, especialmente, en el aula.

En la misma línea, la formación inicial del profesorado no fue objeto, con la celeridad necesaria, de los profundos cambios que requería para superar las debilidades heredadas.

Este verticalismo impuso una visión tecnocrática de los problemas, desestimando las peculiaridades del fenómeno educativo. Las "soluciones" no fueron reconocidas por sus actores.

2.- Nuevas perspectivas en educación

En la actualidad, el Partido Radical sostiene que corresponde interpretar los cambios experimentados por nuestra sociedad como una realidad a partir de la cual se debe actuar.

El rol del Estado en la educación. El derecho a una educación de calidad

El rol que los radicales asignamos al Estado en lo educacional corresponde al vigente en la actualidad en naciones modernas y democráticas. Básicamente, comprende tres funciones: la normativa y reguladora, encargada de establecer y hacer respetar el recto espíritu de la legislación vigente; la compensadora de diferencias, responsable de hacer efectivo el derecho a una educación de calidad para todos, y la evaluadora, a cargo de supervisar, controlar, juzgar e informar a la comunidad los resultados del proceso educacional en sus diversas instancias, niveles y unidades.

Todo ello se expresa en una administración descentralizada que involucra a múltiples proveedores del servicio educativo, reconociendo la libertad de enseñanza, pero siempre que garantice en plenitud el derecho a la educación.

Estas funciones requieren un Estado fuerte en sus capacidades, moderado en su tamaño y respaldado en una legislación coherente.

La libertad de enseñanza

Según algunos, la presencia de sostenedores privados en nuestro sistema constituye la expresión de la libertad de enseñanza. Para nosotros, ello es así en tanto no limite el derecho a la educación que al Estado corresponde cumplir. El uso de los recursos públicos debe ser objeto de estricto control, para evitar el lucro desmedido, ya sea producto de una débil fiscalización o de resquicios administrativos.

La calidad de la educación

Concebimos la calidad de la educación como un concepto amplio, que incluye la relevancia, expresada en objetivos que promueven valores deseables por la sociedad; la eficacia, entendida como el logro de los objetivos programáticos propuestos; la pertinencia, que se alcanza si sus contenidos son congruentes con las aspiraciones de la sociedad a la cual se dirige; la equidad, que implica la posibilidad de recibirla y beneficiarse igualitariamente de sus resultados, y la eficiencia, si se logra una óptima relación entre los recursos invertidos y los beneficios alcanzados.

3.- Propuestas de cambios

Ante la situación descrita, el radicalismo estima imprescindible incorporar con urgencia cambios sustantivos que consideramos necesarios.

En primer lugar, fortalecer la ineludible presencia rectora del Estado, por su condición de garante del bien común y cautelador de equilibrios sociales. Ella se torna imperiosa en una sociedad que presenta severas asimetrías en la distribución del ingreso, deficiente seguridad social, abusos laborales y problemas de desempleo que constituyen causas latentes de trastornos sociales. En tal sentido, rechaza el rol subsidiario que le otorga la actual legislación. Este reafirma odiosas diferencias sociales y termina convirtiendo en letra muerta los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Asimismo, la necesaria inserción del país en la sociedad del conocimiento requiere una conducción nacional que favorezca un desarrollo educacional y científico acorde con los exigentes requerimientos de la sociedad del futuro. Tales demandas no pueden dejarse al arbitrio de la voluntad privada. Deben formar parte de una política de Estado que cuente con el apoyo gubernamental y de todos los entes involucrados.

Del mismo modo, se requiere la presencia del Estado para lograr el necesario balance entre la preparación eficiente de las nuevas generaciones y una formación que entregue valores, fomente la integración social, rechace cualquier tipo de discriminación, valore la democracia como forma de gobierno y favorezca un enfoque ético que privilegie la condición de persona sobre la de "recurso humano".

Consideramos que hay que reformular la descentralización municipalizada del servicio educativo, de modo que permita reconocer, respetar y hacer realidad las diferencias regionales del país. En consecuencia, es preciso radicarla en un nuevo sistema de administración que sea parte del sistema educativo nacional, de manera que este preserve su coherencia interna.

La nueva gestión ha de responder a las peculiaridades del entorno, a la vez que enmarcarse en las prioridades nacionales, impidiendo diferencias educacionales según los recursos que cada municipalidad pueda destinar en su comuna.

Este enfoque permitirá transferir la responsabilidad que hoy ejercen los municipios a nuevos organismos diseñados y regulados por una nueva ley. Estos nuevos órganos tendrán como función esencial la planificación, gestión y administración del proceso educativo en el área geográfica correspondiente, disponiendo de la necesaria autonomía para su buen ejercicio. Su dirección radicará en una instancia calificada para asumir las responsabilidades que implica este cometido. Se han de vincular con el Ministerio de Educación, el que les proporcionará los recursos para su operación y les asignará las directrices a las que deban adscribirse.

Nosotros, por supuesto, consideramos necesario derogar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Se trata de un punto esencial.

En la nueva ley que se origine se deben adecuar las funciones del Consejo Superior de Educación; incorporar entre sus consejeros a representantes de organizaciones educacionales, y establecer disposiciones para el reconocimiento oficial de entidades educacionales, incorporando requisitos que garanticen la plena adscripción de estas al espíritu y letra de la facultad concedida.

Creemos necesario fortalecer el rol directivo del Ministerio de Educación; optimizar la formación inicial y el perfeccionamiento permanente del profesorado; revisar los currículos de los distintos niveles educativos, y establecer criterios según los cuales la norma no sea solo la enseñanza humanista, sino que haya también un currículo técnico-profesional.

Desde el punto de vista de los ingresos, creemos indispensable incrementar el producto interno bruto con un aporte sustancial para la educación estatal, como parte de la formación y desarrollo de un sistema formativo.

Estamos y estaremos siempre en contra de la fórmula que ha implicado hasta el día de hoy llevar a cabo el proceso educativo con un sistema de subvenciones que hace competir a los más pobres en la obtención de recursos, en circunstancias de que el Estado debe necesariamente proveer los dineros necesarios para que todas las escuelas del país entreguen una buena enseñanza.

Este es un problema de planificación, algo que se tiene que hacer pero no entregando recursos en competencia o subvenciones no ligadas directamente al desarrollo educativo en las distintas comunas del país y en los diferentes colegios a lo largo de Chile.

Queremos que se cumpla lo dispuesto en el Nº 10 del artículo 19 de la Constitución, inserto en el Capítulo De los Derechos y Deberes Constitucionales, que dice:

"10º.- El derecho a la educación."

"La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población.".

Creemos que ese es un asunto central que debe atenderse. Está claramente establecido que el Estado tiene la obligación de proveer la educación gratuita y de calidad en la enseñanza básica y media. Hace algún tiempo, propusimos con el Senador señor Ruiz-Esquide una reforma en que se estableció con nitidez que en la educación parvularia también estaban garantizados su acceso y financiamiento.

Ese elemento para nosotros es central.

Señor Presidente, si bien no hemos logrado todo lo que el Partido Radical aspira en materia educacional, queremos reivindicar aquí, con toda nuestra fuerza, el rol del Estado, en una política estatista o no estatista.

Nosotros sostenemos que en un sistema como el nuestro las desigualdades se van acentuando día tras día. ¿Por qué? Porque mientras el ente estatal no ponga los dineros necesarios para una educación pública gratuita y de calidad, habrá diferencias. En efecto, hay libertad de educación para quienes podemos definir dónde poner a nuestros hijos, pero no para aquellos que carecen de recursos, los cuales están obligados a llevar a los suyos a colegios municipalizados, que son los peores en Chile.

Por eso, hemos dicho claramente que los radicales valoramos la discusión parlamentaria sobre el proyecto presentado por la Presidenta de la República para fortalecer la educación pública. En él se inserta el compromiso de ella de que al respecto va a haber especial preocupación. Pero creemos necesaria también una iniciativa legal clara y precisa que entregue recursos adicionales directamente a los estamentos fiscales que igualen los que reciben los sectores subvencionados y particulares, muy superiores a los menguados fondos que aquellos obtienen del Estado.

Si eso se logra en definitiva y se toma la decisión real, directa, de potenciar la educación pública, podremos igualar de verdad y tener una educación pública de calidad. Porque vamos a disponer de recursos y a contar con adecuados profesores. Nos vamos a preocupar de sus remuneraciones, del Estatuto Docente, de los directores, de los ingresos, de lo que corresponde desarrollar, de lo que pasa en el aula, de la infraestructura de los establecimientos, de que los niños chilenos sean bilingües y puedan enfrentar los desafíos de un mundo globalizado. Todo ello siempre y cuando el Estado asuma su responsabilidad y no simplemente entregue muchos recursos a los privados y algunos pocos a los públicos, y que estos últimos no sean a través de subvenciones, que solo hacen competir a los más pobres con los más pobres, sino a través de criterios de planificación educacional.

En nuestro concepto y en nuestra forma de pensar, lo que hoy se está discutiendo corresponde al compromiso del Ejecutivo, que yo suscribí como presidente del Partido.

No está presente el Senador señor Allamand, a quien deseo manifestar que mi palabra la voy a cumplir siempre. Y si anuncio que voy a votar en conciencia, así lo haré porque para mí es muy importante que la Presidenta de la República haya presentado un proyecto de fortalecimiento de la educación pública que nos permita el debate, como dijo el Honorable colega.

Así como nosotros hoy día en la Concertación discutimos y tenemos diferencias de opinión frente a este tema, esperamos que la Alianza por Chile tenga la apertura necesaria para reconocer el cambio sustancial que significa la desmunicipalización de la educación. No hay duda ni parecer distinto en cuanto a que la municipalizada es la peor educación en Chile. Así como los alcaldes Orrego, Sabat o cualesquiera de los de la Región Metropolitana pueden decir cosas contrarias, porque disponen de recursos -los del Estado y los generados en sus municipios- hay comunas en Regiones -en la mía y en la de otros Senadores- que no tienen esa posibilidad. Y es obligación del Estado establecer una educación igualitaria, gratuita y de calidad en todo el país.

Por eso, sin perjuicio de lo establecido en el proyecto de ley en debate y a pesar de la discusión en la Concertación y en distintas instancias, acepto el siguiente criterio conceptual: la educación debe ser pública. No hay otra distinta, pues ni la privada ni la subvencionada lo son.

El cumplimiento del objetivo de la educación es público. Claro que es necesario que haya buenos alumnos y adecuados establecimientos para educar; pero, desde el punto de vista de lo que significa educación pública -entendido en la forma que nosotros señalamos-, ella es la que el Estado provee.

No es lo mismo la educación pública subvencionada, la cual recibe recursos del Estado. Y en esa materia nosotros creemos que el proyecto contiene elementos importantes que debemos valorar.

Aquí algunos han dicho que este es un proyecto que no tiene absolutamente nada nuevo y que en definitiva estamos aprobando una LOCE remozada. Eso no es correcto ni es bueno decirlo de esa manera.

La iniciativa de ley en análisis deroga la LOCE, primer elemento central. Habla de principios democráticos y reguladores, de aquellos que deben tener en mente los estudiantes en definitiva al momento de producir, cuando hayan terminado su proceso educativo.

También establece criterios de control de recursos del Estado; Agencias de Calidad, Superintendencia y diversos cambios muy relevantes desde el punto de vista de lo que es la educación actual.

¿Qué deberíamos hacer? Según algunos -como he escuchado- esta especie de LOCE remozada la deberíamos votar en contra y quedarnos con lo que tenemos: una educación de pésima calidad; o buscar fórmulas de avance que no son las que los radicales queremos.

Me he referido con anterioridad a ellas, pero vamos a votar favorablemente, porque en definitiva nos parece que significa un paso adelante en el fortalecimiento de la educación pública, cuyo debate se hará próximamente en el Congreso. Y en él quiero escuchar a todos los Senadores, tanto de la Alianza por Chile como de la Concertación, decir que nos interesa de verdad una educación pública gratuita y de calidad.

¿Y eso qué significa? Que se den los recursos necesarios; que haya buenos profesores, tecnología, y una buena relación en la formación familiar, todo lo cual permitirá mejorar el nivel social en Chile, única manera de romper las desigualdades. Lo demás es demagogia; hablar para la galería y anunciar un voto contrario al proyecto; preferir lo antiguo.

Señor Presidente, reitero que voy a cumplir siempre mis compromisos y mi palabra.

La Presidenta ha hecho un esfuerzo considerable, no el suficiente y necesario, en nuestra opinión, pero lo vamos a apoyar para realizar los cambios que el país necesita y, de una vez por todas, tener -lo que todos esperamos- una educación pública gratuita y de calidad. Eso significa para los radicales un avance y un gran triunfo para Chile, porque no puede ser que el destino de cada uno de nuestros niños dependa del barrio en que nace. Eso es inaceptable. Y la única manera de romper esa circunstancia es que el Estado, de una vez por todas, se "ponga las pilas" y determine claramente que la educación pública requiere financiamiento directo, propio y suficiente.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Ha terminado el Orden del Día.

--Queda pendiente la discusión general del proyecto.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Corresponde entrar al Tiempo de Votaciones.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- En este momento, no hay quórum para adoptar acuerdos, señor Presidente.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Se va a proceder a tocar los timbres por cinco minutos. Hay dos proyectos de acuerdo.

--Se hacen sonar los timbres por cinco minutos.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Como han transcurrido los cinco minutos que establece el Reglamento y no hay quórum, correspondería levantar la sesión.

En todo caso, se dará curso a diversas peticiones de oficio que han llegado a la Secretaría.

PETICIONES DE OFICIOS

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.

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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:

Del señor ESPINA:

A los señores Ministro de Salud y al Contralor General de la República, a fin de que ordenen investigar EVENTUALES RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE AUTORIDADES DE SALUD EN MALLECO; al señor General Director de Carabineros de Chile, solicitándole hacer llegar DIVERSOS ANTECEDENTES DE TIPO INSTITUCIONAL (NÚMERO DE COMISARÍAS, UNIDADES POLICIALES, DOTACIÓN) E INFORMACIÓN SOBRE DELINCUENCIA EN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, y al señor Director General de la Policía de Investigaciones, recabándole información sobre REALIDAD DE POLICÍA CIVIL EN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.

Del señor LARRAÍN:

A la señora Ministra de Educación, sobre RECONOCIMIENTO DE INSTITUTO TÉCNICO PROFESIONAL MARIO ARANDA, RBD 19684-7, SAN JAVIER

Del señor OMINAMI:

Al señor Ministro de Justicia, pidiéndole que inicie INVESTIGACIÓN POR MUERTE DE ADOLESCENTE EN CENTRO TRANSITORIO DE INTERNACIÓN DE LIHUÉN, COMUNA DE LIMACHE (Quinta Región).

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El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Se levanta la sesión.

--Se levantó a las 18:34.

Manuel Ocaña Vergara,

Jefe de la Redacción