REPÚBLICA DE CHILE

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

PUBLICACIÓN OFICIAL

LEGISLATURA 356ª

Sesión 74ª, en martes 2 de diciembre de 2008

Ordinaria

(De 16:29 a 18:58)

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ADOLFO ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE,

Y BALDO PROKURICA PROKURICA, VICEPRESIDENTE

SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,

Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE

____________________

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

I. ASISTENCIA

Asistieron los señores:

--Allamand Zavala, Andrés

--Alvear Valenzuela, Soledad

--Ávila Contreras, Nelson

--Bianchi Chelech, Carlos

--Cantero Ojeda, Carlos

--Chadwick Piñera, Andrés

--Coloma Correa, Juan Antonio

--Escalona Medina, Camilo

--Espina Otero, Alberto

--Flores Labra, Fernando

--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo

--García Ruminot, José

--Gazmuri Mujica, Jaime

--Girardi Lavín, Guido

--Gómez Urrutia, José Antonio

--Horvath Kiss, Antonio

--Kuschel Silva, Carlos

--Larraín Fernández, Hernán

--Letelier Morel, Juan Pablo

--Longueira Montes, Pablo

--Matthei Fornet, Evelyn

--Muñoz Aburto, Pedro

--Muñoz Barra, Roberto

--Naranjo Ortiz, Jaime

--Navarro Brain, Alejandro

--Novoa Vásquez, Jovino

--Núñez Muñoz, Ricardo

--Ominami Pascual, Carlos

--Orpis Bouchón, Jaime

--Pérez Varela, Victor

--Pizarro Soto, Jorge

--Prokurica Prokurica, Baldo

--Romero Pizarro, Sergio

--Ruiz-Esquide Jara, Mariano

--Sabag Castillo, Hosaín

--Vásquez Úbeda, Guillermo

--Zaldívar Larraín, Adolfo

Concurrieron, además, el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor José Antonio Viera-Gallo Quesney; la Ministra de Educación, señora Mónica Jiménez de la Jara; el Ministro de Obras Públicas, señor Sergio Bitar Chacra, y la Ministra Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, señora Paulina Urrutia Fernández.

Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.

II. APERTURA DE LA SESIÓN

--Se abrió la sesión a las 16:29, en presencia de 28 señores Senadores.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.

III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Las actas de las sesiones 69ª, ordinaria, en 18 de noviembre; 70ª, especial, y 71ª, ordinaria, ambas en 19 de noviembre, todas del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.

IV. CUENTA

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:

Mensajes

Diez de Su Excelencia la Presidenta de la República:

Con los tres primeros retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto de las siguientes iniciativas:

1.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.284, que establece normas para la plena integración social de personas con discapacidad (boletín N° 3.875-11).

2.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del Acuerdo entre la República de Chile y la Unión Europea, sobre Participación de Chile en la Operación Militar de Gestión de Crisis de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina (boletín N° 5.853-10).

3.- Proyecto, en trámite de Comisión Mixta, que introduce en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional las adecuaciones necesarias para adaptarla a la ley N° 20.050, que reforma la Carta Fundamental (boletín N° 3.962-07).

Con los dos siguientes retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", acerca de los siguientes asuntos:

1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre sistema de compensación y liquidación de instrumentos financieros (boletín N° 5.407-05).

2.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal y el decreto ley N° 321, de 1925, para sancionar el femicidio, aumentar las penas aplicables a este delito y modificar las normas sobre parricidio (boletines números 4.937-18 y 5.308-18, refundidos).

--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.

Con el sexto hace presente la urgencia, calificada de "discusión inmediata", en cuanto al proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece que la declaración de candidaturas a consejeros regionales deberá ser realizada por los partidos políticos (boletín N° 6.026-06).

Con el séptimo hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto del proyecto de ley que establece normas sobre la actividad de lobby (boletín N° 6.189-06).

Con los dos siguientes hace presente la urgencia, calificada de "simple", con relación a los siguientes asuntos:

1.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, con el objeto de permitir sufragar en la elección del Presidente de la República a los ciudadanos chilenos residentes en el extranjero (boletín N° 268-07).

2.- Proyecto de reforma, iniciado en moción de los Senadores señores Espina, Horvath, Romero y Viera-Gallo, que modifica los artículos 15 y 18 de la Carta Fundamental con el propósito de consagrar el sufragio como un derecho de los ciudadanos y su inscripción automática en los Registros Electorales (boletín N° 3.544-07).

--Se tienen presentes las urgencias y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.

Con el último retira la urgencia que hizo presente respecto del proyecto de reforma del Texto Fundamental, en segundo trámite constitucional, en materia de gobierno y administración regional (boletín N° 3.436-07).

--Queda retirada la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.

Oficios

Cinco del Excelentísimo Tribunal Constitucional:

Con el primero remite copia autorizada de la sentencia dictada en relación con el proyecto de ley que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, reajusta las asignaciones familiar y maternal y el subsidio familiar, y concede otros beneficios que indica (boletín N° 6.203-05).

--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto con sus antecedentes.

Con el segundo remite copia autorizada de la sentencia recaída en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formulada respecto de diversos artículos del Código de Justicia Militar.

--Se toma conocimiento.

Con los tres siguientes remite copia autorizada de igual número de requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formulados en contra de los artículos 2° de la ley N° 17.235 y 20 de la ley N° 20.033; 38 y 38 ter de la ley N° 18.933 y 199 del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, y 171, inciso primero, del Código Sanitario.

--Se toma conocimiento y se remiten los antecedentes a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

De la Excelentísima Corte Suprema, con el que da respuesta a un acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Honorables señores Ávila, Bianchi, Cantero, Girardi, Gómez, Letelier, Ominami y Pizarro, mediante el cual se solicitó a su Presidente la adopción de las medidas que puede ordenar en virtud de la superintendencia directiva, correccional y económica que le corresponde a aquella sobre los tribunales del país, para el desarrollo de una investigación rápida y eficaz que determine las razones de la muerte del ex Presidente de la República señor Eduardo Frei Montalva (boletín N° S 1.095-12).

De la señora Contralora General de la República subrogante, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Matthei, referido a donación de un millón de dólares efectuada por CODELCO a la Teletón.

Del señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, con el que responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Espina, respecto de la investigación de eventuales negligencias y errores administrativos o médicos en el hospital de Collipulli en el caso que derivó en la muerte de doña Luz Acuña.

Tres del señor Ministro del Interior:

Con el primero contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Kuschel, relativo al reforzamiento de la vigilancia para enfrentar la comisión de delitos de abigeato en la Décima Región, particularmente en las provincias de Chiloé, Osorno, Palena y Llanquihue.

Con el segundo da respuesta a un oficio expedido en nombre del Senador señor Ruiz-Esquide, acerca del estado de los programas del Plan Arauco.

Con el tercero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, con referencia a medidas para proceder al techado de la Escuela Hamburgo, de Puerto Puyuhuapi.

Del señor Ministro de Relaciones Exteriores, con el que contesta un acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Honorables señores Navarro, Ávila, Girardi y Muñoz Aburto, mediante el cual se solicitó a Su Excelencia la Presidenta de la República la suscripción del Convenio N° 143 de la OIT, sobre Migraciones en Condiciones Abusivas y Promoción de la Igualdad de Oportunidades y de Trato de los Trabajadores Migrantes (boletín N° S 1.107-12).

Dos del señor Ministro de Defensa Nacional:

Con el primero da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Larraín, tocante a las prestaciones de salud del hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile.

Con el segundo responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Navarro, referido a las jornadas laborales y a las remuneraciones de las policías en el país.

Tres del señor Ministro de Hacienda:

Con el primero contesta un oficio expedido en nombre del Senador señor Kuschel, atinente a la posibilidad de que dicha Cartera de Estado otorgue facilidades para el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas.

Con el segundo responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, concerniente a una moción, de la cual es autor junto con el Senador señor Bianchi, modificatoria de la ley N° 18.502 que fue declarada inadmisible por contener materias propias de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República.

Con el tercero contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Ruiz-Esquide, acerca de los planes especiales que deberían implementarse para que la economía nacional recuperara su ritmo y orientación.

Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia, con el que da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Zaldívar, sobre el compromiso adquirido por el Gobierno en el sentido de otorgarles a los funcionarios pertenecientes a la CONFENATS, FENPRUSS y ASEMUCH un bono de características similares a las de aquellos que beneficiaron a los trabajadores afiliados a la ANEF en relación con incentivos especiales para jubilar.

Del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, con el que responde un acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Honorables señores Naranjo y Muñoz Aburto, con el que se solicitó a Su Excelencia la Presidenta de la República que encargara a aquella Cartera estudiar modificaciones legales relacionadas con los montepíos (boletín N° S 1.092-12).

Dos de la señora Ministra de Agricultura, con los que contesta igual número de oficios expedidos en nombre del Senador señor Frei, referidos a la entrega de apoyo financiero al proyecto "Leña, energía renovable para la conservación de los bosques nativos del sur de Chile" y a los planteamientos de la Corporación de la Carne de Chile.

Dos de la señora Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente:

Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, respecto de la necesidad de exigir a la empresa Hidroaysén un informe pormenorizado que indique el trazado de las líneas de transmisión y el destino de la energía que producirán las centrales de los ríos Baker y Pascua.

Con el segundo contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Espina, tocante al problema de contaminación que afecta a los valles de Huelehueico y Manzanares, ubicados en la comuna de Renaico, Región de La Araucanía.

Del señor Subsecretario de Aviación, mediante el cual responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Naranjo, sobre la situación laboral del Director del Servicio de Urgencia del Hospital de la Fuerza Aérea, Comandante de Grupo (S) Luis Gustavo Hein, durante los años 2007 y 2008, hasta el mes de septiembre, inclusive.

Dos del señor Subsecretario de Justicia subrogante:

Con el primero da respuesta a un oficio expedido en nombre del Senador señor Espina, acerca de la situación que afecta a doña Lérida Alcalde.

Con el segundo contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Navarro, con el que se remitió al Ministerio de Justicia copia de su intervención relativa a la conmemoración del Día Mundial contra el Maltrato a los Adultos Mayores.

Del señor Subsecretario de Transportes, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, referido a los planteamientos efectuados por la Confederación de Dueños de Taxis de Chile (CODUTACH).

De la señora Directora del Trabajo, mediante el cual responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Navarro para requerir antecedentes acerca de alguna evaluación de las fiscalizaciones que eventualmente haya realizado esa entidad en el ámbito de la labor de recolección de basura.

Del señor Secretario Ministerial de Salud de la Segunda Región, con el que da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Cantero, relativo a la contaminación acústica asociada a la construcción y habilitación del edificio ICONO, en Antofagasta.

De la señora Secretaria Ministerial de Salud de la Región de Aisén, con el que contesta un oficio expedido en nombre del Senador señor Horvath, respecto del derrame de combustibles y aceites en el estero San Luis, en la localidad de Puerto Cisnes.

Del señor Secretario General del Ejército, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, con relación a los planteamientos de un grupo de personas que trabajan "a jornal" en el Ejército, en la ciudad de Calama.

Del señor Secretario General de Carabineros, con el que da respuesta a un oficio cursado en nombre del Senador señor Romero, en cuanto a la posibilidad de incluir un cuadrante adicional que abarque la comuna de La Cruz y a la agilización de la puesta en marcha del Plan Cuadrante en La Calera.

De la señora Presidenta de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, mediante el cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Larraín, respecto del Programa "Becas Bicentenario Australia, Nueva Zelandia".

--Quedan a disposición de los señores Senadores.

Informes

De la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas entre ambas ramas del Parlamento durante la tramitación del proyecto de ley que otorga beneficios a deudores de crédito universitario que indica por la prestación de servicios remunerados en las comunas de menor desarrollo del país (boletín N° 4.237-04).

De la Comisión de Agricultura, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece normas sobre importación de mercancías al país (boletín N° 5.343-01).

--Quedan para tabla.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminada la Cuenta.

V. ORDEN DEL DÍA

Boletín N° 4970-04

ESTABLECIMIENTO DE LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre establecimiento de una Ley General de Educación, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y urgencia calificada de "simple".

--Los antecedentes sobre el proyecto (4970-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 31ª, en 1 de julio de 2008.

Informe de Comisión:

Educación, sesión 69ª, en 18 de noviembre de 2008.

Discusión:

Sesión 33ª, en 2 de julio de 2008 (se rechaza el envío a Comisiones unidas).

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es la instauración de un nuevo marco institucional que permita ofrecer a todos los chilenos el acceso a una educación de calidad, independiente de su condición socioeconómica, consignando definiciones básicas para el sistema escolar; asignando roles al Estado; estableciendo los requisitos que deben exigirse a los administradores del sistema educacional, y creando el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad.

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología recibió en audiencia a diversas autoridades, especialistas y académicos universitarios que expusieron sus puntos de vista acerca de este proyecto. Sus nombres figuran en la parte expositiva del primer informe.

Puesta en votación la idea de legislar, la Comisión la aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Chadwick, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide), en los mismos términos del texto que despachó la Honorable Cámara de Diputados.

Cabe destacar que los artículos 1º a 8º, 10 a 14, 16 a 24, 25 (inciso primero), 26 a 35, 37 a 40, 42 a 58, 59 (incisos primero y tercero), 60 a 68 y 70 permanentes, y los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 8º, 9º y 10 transitorios tienen carácter orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requieren los votos conformes de 22 señores Senadores.

Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado que consigna, en su primera columna, la actual Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, y en la segunda, el proyecto que será sometido a discusión.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra en primer término la señora Ministra, y en seguida, el Honorable señor Núñez.

La señora JIMÉNEZ (Ministra de Educación).- Ante todo, quiero saludar al señor Presidente de la Cámara Alta; al señor Vicepresidente; al señor Presidente de la Comisión de Educación, y a la señora Senadora y a los señores Senadores presentes.

Hoy he venido a presentar ante ustedes un proyecto de ley cuya aprobación significa:

-Sentar las bases para un cambio determinante del sistema educacional;

-Poner la piedra basal de una nueva arquitectura del sistema;

-Dar el paso natural que corresponde al sector para seguir avanzando una vez alcanzada la maduración de las leyes promulgadas con anterioridad por esta Honorable Corporación.

Sus logros han creado nuevos y grandes desafíos.

En el Hemiciclo del Senado, Arturo Alessandri, entre 1919 y 1920, se jugó por un acuerdo que concretó un debate social y político sobre la enseñanza. En dicho acuerdo -ley Nº 3.653, de 25 de agosto de 1920- se consagraron el acceso y la obligatoriedad a cuatro años de educación primaria y la gratuidad de esta.

Ochenta y tres años más tarde, la reforma constitucional de 2003 garantizó 12 años de escolaridad obligatoria.

Gracias a la visión de ustedes, nuestros legisladores, hemos sido pioneros en la región en alcanzar la universalización de las enseñanzas básica y media. Esa visión marcó una impronta que ha significado una verdadera revolución de la educación. En el Ministerio la llamamos "la revolución oculta".

Ustedes son los depositarios de una responsabilidad histórica; a ustedes les corresponde decidir sobre un significativo cambio en el sistema de enseñanza.

I. ¿Cuáles son los resultados de esta revolución oculta que nos exige nuevos pasos en la educación?

En primer lugar, se ha puesto fin a la exclusión educacional. A la universalización de las enseñanzas básica y media se agrega hoy la garantía al acceso a una educación de prekínder y kínder. Se completa así un total de 14 años formalmente garantizados.

La enseñanza superior ha avanzado en esa misma dirección abriendo oportunidades a estudiantes provenientes de sectores sociales que nunca habían tenido acceso a ella. Los alumnos matriculados en la educación superior aumentaron tres veces entre 1990 y hoy día: de 250 mil, pasaron a 750 mil.

La enseñanza superior dejó de ser el privilegio de una ínfima minoría y se abrió como posibilidad a la mayoría de la población. Prueba de este cambio es que, actualmente, 7.5 de cada 10 alumnos que cursan estudios superiores son los primeros de sus familias que alcanzan este nivel.

En segundo término, contamos con condiciones para enseñar y aprender de acuerdo a los estándares que exige la modernidad.

Hoy día el sistema educacional ofrece condiciones para aprender -tiempo, espacio, equipamiento, tecnologías y currículo- a la altura de los nuevos requerimientos y estándares que la vida contemporánea plantea.

-En 1990 la jornada escolar completa era un privilegio al que accedía solo el 10 por ciento de la matrícula, levantando una barrera infranqueable respecto del 90 por ciento restante. Hemos realizado inversiones fuertes y constantes para contar con jornada escolar completa en la mayoría de los establecimientos educacionales.

-En la actualidad, toda la matrícula tiene acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación. En el año 2000, el 50 por ciento de las escuelas y el 100 por ciento de los liceos contaban con acceso a dichas tecnologías. Hoy disponen de ella todos los establecimientos. La escuela se ha convertido en la puerta de acceso al mundo para todos los estudiantes. Este ha sido un gran paso en términos de equidad.

-La experiencia educativa, desde parvularia hasta cuarto medio, se basa en un currículo nuevo y más relevante, que organiza y secuencia conocimientos y valores de acuerdo con los requerimientos que la sociedad, su economía y su cultura formulan a las personas del siglo XXI.

-Se ha establecido un sistema de evaluación del desempeño de los docentes, esencial tanto para su mejora permanente como para resguardar los niveles mínimos de calidad.

-Más recientemente, se han mejorado los estipendios asociados a la asignación de excelencia pedagógica y al Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño, y se ha trabajado en una mesa, con participación del Colegio de Profesores, en torno a elementos de base para un nuevo diseño de la carrera profesional docente (esperamos someter el proyecto respectivo a consideración de ustedes durante el próximo año).

En tercer lugar, se han alcanzado importantes logros en los resultados de aprendizaje medidos por la prueba SIMCE y por las pruebas internacionales TIMSS y PISA, que, si bien no son suficientemente buenos, no desmerecen al compararlos con los que se logran en otros países de la región.

La información preparada por la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio señala que:

-Los estudiantes chilenos formados completamente en el currículo reformado han alcanzado, en general, mejores resultados que sus pares latinoamericanos y que los estudiantes chilenos de hace 5 años.

-Entre 2001 y 2006 se ha producido un mejoramiento en los logros de Lectura en los educandos chilenos -el más alto observado entre todos los países participantes en la prueba PISA 2006-, acortándose así la brecha con los países de la OCDE.

-En la escala general de Ciencias, al igual que en Lectura, el rendimiento de los estudiantes chilenos sobrepasa el obtenido por todos los otros países latinoamericanos que participaron en esa prueba internacional.

-Los alumnos chilenos rinden mejor que sus pares latinoamericanos en las tres dimensiones de la alfabetización: competencias, conocimiento científico y conocimiento sobre la ciencia. -Al comparar estudiantes de similares características socioeconómicas y culturales entre los latinoamericanos, los chilenos obtienen mejores rendimientos en Ciencias y Lectura.

Pero, al mismo tiempo, PISA nos ha mostrado que estamos lejos de poder declararnos satisfechos. En comparación con los países desarrollados, nuestros promedios resultan extremadamente bajos y tenemos un gran conjunto de educandos que no alcanzan los niveles mínimos de competencias que les permitirían participar e incorporarse a la sociedad como ciudadanos útiles y productivos.

En suma, tales resultados solo demuestran que tenemos que dar un gran salto en la calidad de los aprendizajes.

Significado de estos logros y nuevos desafíos

En el país no hemos sabido aquilatar tales avances. Por ello, hemos calificado a esta etapa como "una revolución oculta y silenciosa".

En esa falta de valoración incide, en gran parte, nuestra nostalgia por un pasado que no reviste la significación que se le atribuye. Cuando se dice que antaño el sistema escolar era más homogéneo y de mejor calidad, se hace referencia a una leyenda. Se olvida, en efecto, que se dejaba fuera a la mayoría de los jóvenes de familias de menores ingresos, ya que los más pobres no influían en los promedios nacionales. Para el sistema y sus evaluaciones, simplemente no existían.

En las últimas décadas hemos quebrado esa brutal segregación. Ahora, todos los niños, niñas y jóvenes están incluidos en el sistema escolar. Pero eso mismo hace que en la educación se expresen las desigualdades que aún persisten en la sociedad. Hemos creado un sistema inclusivo, pero todavía desigual.

Esta realidad marca la agenda futura del sistema de educación. Hemos ganado la batalla contra la exclusión del sistema escolar. Ahora debemos ganar la batalla contra la desigualdad en el sistema escolar. Nuestra tarea es transformar las nuevas oportunidades de acceso a este último en oportunidades de aprendizaje de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes.

El desafío de pasar de la equidad en el acceso a la equidad en la calidad de la educación se encuentra en el centro del debate desde hace dos años y ha remecido al sistema educacional y al político.

II. Con estos antecedentes, miremos hacia adelante

Para superar los obstáculos que impiden que nuestro sistema educacional alcance las metas de calidad que necesita, se requiere abordar la tarea de crear una nueva arquitectura para el siglo XXI. Nos enfrentamos a una reforma de segunda generación.

Me referiré de modo breve a cada uno de los componentes de esta nueva arquitectura, para que los señores Senadores puedan hacerse una idea cabal de su diseño y de hacia dónde marchamos. Ello mostrará, a la vez, la centralidad de la Ley General en proyecto en la nueva visión del sistema educacional.

Empecemos por señalar los principios que orientan el diseño.

El sistema educacional se organiza en torno a la equidad y calidad. Por ello, plantea el establecimiento y consolidación de garantías para todos los ciudadanos: acceso, permanencia y egreso en una educación de calidad. Dicha meta se debe lograr con un sano equilibrio entre el principio de libertad de enseñanza y el derecho a una educación de calidad para todos.

La arquitectura del sistema considera:

-Una plataforma institucional, dada por la Ley General de Educación, cuyo proyecto se debate hoy.

-Un nuevo enfoque para la educación pública. La Presidenta de la República anunció esta mañana la iniciativa que lo consolida, la cual será enviada al Congreso, específicamente a la Cámara de Diputados, el jueves próximo.

-Subvenciones para asegurar la permanencia de los estudiantes vulnerables en el sistema.

-Planes de mejoramiento educativo a fin de elevar la calidad del aprendizaje. La entrega del beneficio de la Subvención Escolar Preferencial exige elevar la calidad de la enseñanza en los establecimientos que atienden a estudiantes vulnerables. Como Sus Señorías recordarán, el proyecto que creó la Subvención Escolar Preferencial fue aprobado en febrero del año en curso, y ya se encuentra en plena ejecución.

-La formación y la carrera docentes. El Programa de Formación Inicial Docente ya ha sido conversado con las universidades, y la acreditación de las carreras de pedagogía y la evaluación de los maestros están en aplicación. En el diseño de la carrera trabaja el Centro de Perfeccionamiento del Magisterio con el Colegio de Profesores.

-Finalmente, se considera una Política de Educación Superior, en elaboración. Es posible que dé origen a iniciativas que el próximo año se remitirán al Parlamento.

Como los señores Senadores pueden observar, el diseño es ambicioso. Nada se ha descuidado. Hay acciones ya en ejecución, como las subvenciones generales, la subvención preferencial, la Política de Formación Inicial. La carrera docente y la Política de Educación Superior están en preparación.

En cuanto a la futura Ley de Educación Pública, se implementará un conjunto de acciones mientras se aprueba, para:

-Mejorar las condiciones en que opera la educación pública;

-Revertir, o al menos detener, la disminución persistente de la matrícula y

-Permitir y facilitar que los sostenedores asuman mayores niveles de responsabilidad respecto a la gestión educativa.

Así, por ejemplo, existe una preocupación especial por los establecimientos tradicionales. Más de cien liceos de todo el país podrán postular a la renovación de infraestructura y la adquisición de equipamiento, por un monto que en 2008 contempla más de diez mil millones de pesos y que se extenderá por cuatro años.

Asimismo, más de 690 proyectos de inversión en establecimientos municipales ya han sido adjudicados para obras que se desarrollarán en 2009, por un monto de 43 mil millones de pesos.

En materia de capacitación y actualización de directivos y profesores, el presupuesto 2009 contempla más de mil 800 millones de pesos destinados a desarrollar las capacidades de liderazgo, gestión y evaluación de los equipos directivos. En esta área se espera capacitar a más de 2 mil 550 docentes directivos del sector público y a más de 300 sostenedores.

En cuanto a la propia iniciativa que nos ocupa, en primer lugar es preciso tener presente que el cuadro que plantea el Sistema de Aseguramiento implica exigencias de calidad y responsabilidad por parte de los distintos actores del sistema: sostenedores, profesores, directivos.

Se busca dotar a los establecimientos públicos de las condiciones que exigirá la Ley General de Educación en proyecto que Sus Señorías votarán, aspectos que serán complementados con el diseño de una nueva carrera docente.

Además, quiero subrayar que el foco central de la iniciativa es proveer recursos y generar condiciones institucionales para mejorar las gestiones administrativa y, sobre todo, técnico-pedagógica de los sostenedores de la educación pública.

El articulado propone la conformación de equipos técnicos encabezados por un director ejecutivo responsable de supervisar a los establecimientos educacionales a su cargo. Deseamos que todas las escuelas públicas del país estén en un marco similar al de aquellas ubicadas en áreas de mayor matrícula y, por lo tanto, con mayores recursos. No queremos que la calidad del aprendizaje dependa solo de la iniciativa de las autoridades locales, y tampoco de los montos de la subvención, determinada por la matrícula.

Uno de los propósitos de la futura Ley General de Educación es contar con un piso mínimo de recursos para las gestiones técnico-pedagógica y administrativa. Por ello, sin duda resulta necesario resolver las desventajas de escala que presentan los municipios pequeños. En determinados casos, se proponen agrupaciones de municipios al objeto de facilitar su gestión educativa. Ello permitirá generar redes entre los directores, profesores, y contar con un equipo técnico para supervisar al conjunto.

Nuestro propósito es implementar dicha normativa en forma progresiva y gradual.

Estoy convencida de que con estas medidas podremos mejorar los resultados de aprendizaje de los niños más vulnerables de nuestro país.

La propuesta que se formula respecto de la educación pública se encuentra en estrecha relación con la Subvención Escolar Preferencial, herramienta maestra para mejorar la calidad de los establecimientos que reciben alumnos vulnerables gracias a los planes de mejoramiento educativo. Quiero destacar que actualmente cerca de 7 mil escuelas reciben dicha subvención -cifra equivalente a 76 por ciento de las que pueden acceder a ella-, las que cubren 98 por ciento de los alumnos considerados prioritarios en el año en curso.

Vamos por la buena senda. Ahora requerimos consolidar los avances y darles la institucionalidad que asegurará su permanencia en el tiempo y su incremento. En otras palabras, es necesario dotar al sistema escolar de una organización que haga posible garantizar la calidad de la educación. Ello significa poner término a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza y aprobar la propuesta contenida en la iniciativa en examen.

III. Ley General de Educación

Para lograr esa plataforma institucional que apunta a asegurar la calidad, la Ley General de Educación contempla cinco grandes temas.

En primer lugar, establece el marco institucional que permitirá que la calidad se convierta en realidad. A dicho marco lo hemos llamado "Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad".

Luego contiene las precisiones necesarias para organizar al sistema educacional:

-Definiciones básicas del sistema escolar.

-Rol que le compete al Estado.

-Avances que se requieren para alcanzar la equidad y calidad.

-Requisitos que deben exigirse a los administradores del sistema educacional; vale decir, a los sostenedores privados.

Invito a los señores Senadores a analizar las grandes líneas de cada uno de estos puntos.

El marco institucional

La Ley General de Educación en proyecto crea el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, el cual considera tres nuevas instituciones:

1.- Consejo Nacional de Educación.

En la actualidad existe un Consejo cuya composición deseamos cambiar. Se halla integrado solo por representantes de la educación superior y de organizaciones ajenas al sistema, como la Corte Suprema y las Fuerzas Armadas, y cuenta con atribuciones para aprobar el marco curricular sin estándares y plan de evaluación.

La normativa en estudio modifica esa conformación y considera solo a los actores del sistema escolar. Además, se le otorgan al organismo nuevas atribuciones, que incluyen su participación en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad. De esta manera, tiene injerencia en los estándares de aprendizaje y de desempeño de profesores y establecimientos.

Deseamos contar con una entidad independiente que se encargue de fijar el currículo y los estándares de aprendizaje que deberán alcanzar todos los alumnos.

2.- Agencia de Aseguramiento de la Calidad.

Se encargará de evaluar los aprendizajes de los alumnos, evaluar el desempeño de los colegios, identificar a aquellos que necesiten planes de mejoramiento o cambios drásticos de gestión e informar a la familia y la sociedad.

3.- Superintendencia de Educación.

Velará por el uso correcto de los recursos invertidos en la educación y por el cumplimiento de las normas que regulan la relación de los sostenedores con las familias, la sociedad y el Estado.

Definiciones básicas del sistema escolar

La ley en proyecto pone el tema de la equidad y calidad en el nivel de los principios y derechos, planteando que la equidad supone calidad para todos.

¿Qué dice sobre principios la actual normativa reguladora del sistema escolar? Nada. Aquí hay un vacío cuya razón es difícil de explicar.

La iniciativa contempla un nuevo sistema, coherente y con objetivos claros, inspirado en los siguientes principios:

-Universalidad

-Educación permanente

-Equidad y calidad, las cuales van de la mano. No existe equidad sin calidad para todos.

-Autonomía

-Responsabilidad

-Transparencia.

Asimismo, nada se dice en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza sobre la existencia de una comunidad educativa, sobre sus miembros, y tampoco, por la misma razón, se definen derechos y deberes. El proyecto precisa el concepto de comunidad educativa y los miembros que la constituyen, así como sus derechos y obligaciones.

El rol del Estado

El nuevo texto se traduce en más y mejor Estado:

-Financia un sistema de 14 años de escolaridad gratuita.

-Resguarda la igualdad de oportunidades y la inclusión en el sistema de enseñanza, para lo cual promueve la reducción de las desigualdades.

-Vela por la calidad de la educación.

-Mantiene y provee de información a los actores del sistema educacional, para lo cual propende a la transparencia.

Avances para alcanzar calidad con equidad

Este campo dice relación a la esencia del nuevo sistema. Sobre el particular, deseo señalar tres cambios determinantes que propone la iniciativa:

-Se eliminan barreras discriminatorias y se exige equidad.

Hoy, las escuelas subvencionadas, con sostenedores privados, pueden seleccionar a sus alumnos. Ahí se registra un principio de discriminación que deseamos suprimir. El articulado en análisis no permite seleccionar alumnos por razones socioeconómicas y académicas hasta 6º año básico. Hasta ese nivel, nunca más a un padre se le rechazará un hijo por no poder pagar o no saber lo suficiente.

Asimismo, ningún establecimiento, sea pagado o subvencionado, podrá cancelar la matrícula a un estudiante por razones académicas o económicas.

Y los alumnos tendrán derecho a repetir una vez cada ciclo en un mismo establecimiento.

-Calidad para todos es condición de equidad.

La garantía de calidad se afianza con la creación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, que ya he comentado. En este aspecto se inscribe la futura ley que establece la Superintendencia, así como un segundo cuerpo legal, relativo a la Agencia de Calidad.

-Se pone el currículo al servicio de la equidad.

El currículo sufre un importante cambio. Se modifican sus bases, su estructura y la disponibilidad de planes y programas.

Los actuales objetivos fundamentales y contenidos mínimos son reemplazados por objetivos de aprendizaje exigentes y que constituyen referentes de calidad elaborados por el Estado para los tres niveles del sistema: párvulos, básica y media.

La estructura curricular vigente, de ocho años de educación básica y cuatro años de media, se sustituye por una de dos ciclos, de seis años cada uno. A su vez, la educación media se desagrega en dos ciclos: uno de cuatro años, de formación general, y otro de dos años, de formación diferenciada.

La incorporación de los actuales 7º y 8º años a la enseñanza media ofrece grandes ventajas. Esta última exige profesores de una sola asignatura y mejor preparación. Con solo ese cambio los alumnos ganan en calidad.

En cuanto a los planes y programas, a las dos opciones existentes para los establecimientos se agrega una tercera, que consiste en un banco de Planes y Programas, a cargo del MINEDUC, lo que permitirá impulsar mayor innovación y acceder a programas que han demostrado un alto rendimiento en otros liceos y escuelas.

Requisitos para los sostenedores privados

La Ley General en proyecto permite asegurar que los recursos que entrega el Estado se invertirán en educación y exige dedicación y compromiso por parte de quienes administran esta última.

En esta materia, nuevamente, se efectúan grandes cambios.

Los sostenedores deberán ser personas jurídicas y exhibir giro único y exclusivo en educación. La calidad de tales será intransferible, vale decir, no se podrá enajenar, a diferencia de lo que sucede actualmente. Sus representantes legales y los encargados administrativos deberán contar a lo menos con ocho semestres de formación superior.

Los establecimientos deberán cumplir normas referidas a infraestructura y equipamiento; poseer personal docente y codocente idóneo, y comprometerse a cumplir con los objetivos curriculares y los estándares de calidad del sistema.

Los sostenedores que reciban recursos públicos deberán rendir cuenta anual de su uso. Deberán acreditar solvencia económica.

En esta tradición, y a partir de este aprendizaje histórico, el Honorable Senado ha sido y es depositario de una responsabilidad que para el país constituye una señal única y determinante. Conscientes de tal legado, debemos hoy debatir y aprobar -al menos, así lo espero- una nueva Ley General de Educación.

Honorables señoras y señores Senadores de la República, en esta presentación de la iniciativa ustedes han podido obtener una visión del diseño que hemos elaborado para el sistema educativo. Se ha considerado cuidadosamente cada una de las partes de este último -ninguna puede ser evaluada al margen de las otras-, las cuales, en conjunto, permiten un avance substancial hacia metas que tenemos instaladas en nuestro ideario y que estamos concretando con acciones potentes, fortalecedoras de nuestra confianza en la capacidad de tomar decisiones en consonancia con el interés nacional.

Este es el momento de marcar un nuevo hito en nuestra historia de avances en el sistema de educación. Este es el momento para dar señales claras y decididas de que nos estamos jugando por el país, por sus niños y niñas y por todos sus jóvenes.

Honorables señoras y señores Senadores, todo el país tiene depositada su esperanza en los avances de la educación. Todo el país tiene puesta su mirada en los debates que se realicen y las decisiones que aquí se tomen. Este Hemiciclo ha sido el espacio de articulación de los más significativos consensos logrados respecto de la educación.

La normativa en análisis es el inicio de un proceso que cambiará radicalmente el sistema escolar. Son muchos los que esperan confiados en que en este instante nuevos aires entrarán al Ministerio, en que el sistema de educación emprenderá un nuevo vuelo y en que este sentará las bases definitivas para un cambio de importancia crucial en los aprendizajes de todos nuestros estudiantes.

Hoy nos encontramos a punto de dar un paso trascendental para cambiar la faz de nuestro sistema de educación. La decisión está en vuestras manos, señoras y señores Senadores. Ustedes tienen, en unión con la Cámara de Diputados, la función de aprobar las leyes. La iniciativa que debatirán ya fue aprobada por la otra rama del Congreso. Hoy le corresponde a esta Corporación sancionarla.

Es cierto que en nuestra sociedad ha habido y hay visiones e intereses contrastantes sobre el proceso educativo. A veces, estos intereses han emergido con fuerza en posiciones extremas de uno u otro color. Es legítimo que estas se expongan públicamente. Cada quien busca hacer realidad sus sueños o aspiraciones en educación. Todos tenemos derecho a reivindicar nuestros problemas y requerimientos en este ámbito. Pero, como sociedad, no debemos olvidar que en educación son mucho más fructíferos y necesarios los consensos. A la larga, gracias a ellos hemos avanzado como país y se ha avanzado en el sistema educacional.

Junto con agradecerles, señores Senadores, les pido que hoy debatan y aprueben el proyecto de Ley General de Educación.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.

El señor CHADWICK.- Señor Presidente, creo que la señora Ministra lo ha reflejado bien en sus palabras: no ha sido fácil en la historia de nuestro país avanzar y lograr reformas educacionales de carácter sustantivo. Cuando así ha ocurrido, ello ha exigido grandes acuerdos políticos del Congreso Nacional. Así aconteció el año 20, con la aprobación de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, que fue una normativa fundamental dentro del proceso de enseñanza de nuestro país; y también en los años sesenta, durante el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva, cuando se aprobó extender la cobertura educacional a la mayor cantidad de jóvenes de nuestra patria.

Hoy día, el Senado se enfrenta a un gran desafío: consolidar el acuerdo nacional sobre calidad de la educación, celebrado hace un año, en este proyecto de Ley General de Educación y, de este modo, avanzar en la solución del problema que en la actualidad presenta el sistema educacional chileno, que es, precisamente, la calidad de la enseñanza que se entrega a los jóvenes.

Ese es el problema de hoy: un problema profundo, absolutamente real y ético. Porque, sin duda alguna, la mala calidad de la enseñanza ha incidido fuerte y determinantemente en la construcción de una sociedad como la del Chile actual, que presenta grandes desigualdades sociales.

Voy a dar un solo ejemplo.

Si comparamos los resultados de la prueba SIMCE, que se toma a los cuartos años básicos, se puede apreciar que en 1996, en el área de lenguaje y comunicación, el sector municipal obtuvo 241 puntos, y diez años después, luego de casi triplicarse el presupuesto del Ministerio de Educación, logró el mismo puntaje. Es decir, hay un total estancamiento. En el área de las matemáticas, por su parte, consiguió 239 puntos en 1996, contra 234, una década después.

Si lo anterior, que solo son cifras para demostrar el estancamiento o el empeoramiento de nuestro sistema educacional, se lleva a contenidos, significa que durante 10 años los niños de cuarto básico del sector municipalizado, en materia de lenguaje y comunicación, no alcanzaban a comprender lo que leían y, en el área de las matemáticas, no conseguían realizar con fluidez las cuatro operaciones básicas.

O sea, hubiésemos reprobado el curso en materia de calidad de la educación, no obstante haberse triplicado en diez años el presupuesto del sector.

Por eso, señor Presidente, el acuerdo que se celebró hace un año resulta tremendamente importante.

Obviamente -y creo que no vale la pena detenerse o perder mucho tiempo en ello-, este proyecto de Ley General de Educación, que refleja dicho acuerdo, no es suficiente por sí mismo, ni constituye el único instrumento para mejorar la calidad de la enseñanza en Chile. Sin duda, debe ir acompañado de muchos otros factores. Pero, no siendo suficiente, resulta del todo indispensable.

El académico José Joaquín Brunner ilustró muy bien ese aspecto en la Comisión de Educación cuando, al citar estudios internacionales, señaló que lo que más incide, lo más preponderante en la calidad de la enseñanza es, en primer lugar y por lejos, la familia y su condición sociocultural; segundo, la calidad de la gestión de la escuela a la cual se envía a los niños, y tercero, a bastante distancia, los sistemas o diseños institucionales.

Pues bien, este proyecto de Ley General de Educación se refiere, precisamente, a los sistemas o diseños institucionales. Pero, sin duda alguna -y así lo afirmó José Joaquín Brunner-, tener un buen diseño institucional resulta tremendamente importante en la generación de incentivos para que las escuelas puedan mejorar su capacidad de enseñanza.

Tampoco creo que valga la pena, señor Presidente, detenerse a detallar aquello que la normativa no incorporó, o que incorporó de manera distinta o matizada de lo que uno piensa. Porque todo acuerdo -es bueno recordarlo- exige generosidad, comprensión y renuncias mutuas, para lograr ir avanzando.

La pregunta no es qué faltó o de qué discrepo, sino si la iniciativa, examinada en su conjunto, significa o no un paso adelante. En ese sentido, estoy convencido de que estamos dando un paso importante para mejorar la calidad de la educación.

Y precisamente, valorando el mencionado acuerdo, haré el análisis del contenido de la ley en sus aspectos fundamentales teniendo como pauta los elementos consignados en él para demostrar la fidelidad que existe entre lo acordado y lo que recoge el proyecto en estudio.

El primer punto es la existencia de "Una institucionalidad pública más sólida que permita dotar a nuestra educación de un sistema de aseguramiento de la calidad". El acuerdo señala que "La educación y sus políticas públicas no deben estar sometidas a los vaivenes políticos de corto plazo y tampoco responder a la visión de un solo sector político". Y agrega: "Los países exitosos son aquellos que poseen una institucionalidad que persiste a lo largo del tiempo en la búsqueda de mejorar la cobertura y la calidad educativa".

Así, la institucionalidad que recoge el proyecto de Ley General de Educación y que es parte del acuerdo tiene cuatro ejes fundamentales.

Uno, el Ministerio de Educación, que cumplirá un rol preponderante en la fijación de las políticas educativas del país.

Dos, la Superintendencia de Educación -órgano aún inexistente-, que deberá velar por la observancia de los requisitos establecidos en la ley y, especialmente, ejercer el control de los recursos públicos destinados a la enseñanza.

Tres, la Agencia para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación -también inexistente-, con un rol fundamental en esta materia, por cuanto deberá efectuar los diagnósticos y la evaluación de las escuelas en cuanto al cumplimiento de los estándares educativos; apoyar la gestión educativa donde existan dificultades o deficiencias en el cumplimiento de dichos estándares, y sugerir sanciones, las que incluso podrán llegar al término de la condición de sostenedor, si no se cumplen, bajo determinadas circunstancias, los estándares de calidad de la educación que se establezcan.

Y cuatro, el Consejo Nacional de Educación, el que, ni más ni menos, tendrá la atribución de fijar los contenidos, ya sea a través de los currículos, de los proyectos educativos, de los planes y programas y de los estándares de educación; es decir, el "qué se enseña en nuestro país".

El segundo punto contenido en el acuerdo dice relación a la necesidad de contar con una "Definición clara de los roles de cada uno de los actores de la comunidad educativa".

El proyecto de ley, en su artículo 10, consagra con precisión cuáles son los actores de la comunidad educativa, con sus respectivos derechos y deberes.

Como seguramente los señores Senadores van a referirse a los derechos, yo quiero especificar un deber que me parece muy importante: el de los alumnos, de tener un trato respetuoso hacia sus profesores y de respetar el reglamento interno de cada establecimiento.

Y ello, porque una de las demandas más relevantes de los padres y apoderados apunta a la ausencia, falta o debilidad en la disciplina interna de las escuelas o liceos, tan necesaria para lograr una mejor calidad en la educación de nuestro país.

En esta materia, el acuerdo señala que, "Asimismo, se determinan los objetivos de aprendizaje de los distintos niveles educativos, incorporándose el nivel parvulario". El nivel parvulario, que ya se incluyó a través de una reforma constitucional cuyo autor fue el Senador Mariano Ruiz-Esquide, ahora se incorpora dentro del sistema educativo como un nivel más. El acuerdo agrega que, "De esta manera, se precisan las responsabilidades y los objetivos de aprendizaje que los niños y niñas deben alcanzar, permitiendo con ello una adecuada rendición de cuentas para asegurar el objetivo principal: la calidad de la educación". Es decir, qué se enseña, cómo se enseña, quién se hace responsable de esa enseñanza y cómo se evalúa a quien está educando.

Todo ello se encuentra comprendido en los Títulos I y II de la iniciativa.

El tercer aspecto es "Una nueva estructura curricular para elevar la calidad de la educación". ¿Qué significa esto? Que se establecen nuevos ciclos educacionales: de primero a sexto básico, y de séptimo básico a cuarto medio, siguiendo la nomenclatura actual.

¿Qué se busca con este cambio en el ciclo curricular -idea que viene planteada incluso desde el Consejo Asesor Presidencial-? Aprovechar de mejor manera y en forma más extensa a los profesores de enseñanza media. ¿Por qué? Porque son especialistas en una sola asignatura y, por lo tanto, se hallan más aptos para entregar una mejor calidad en la disciplina que imparten.

El cuarto punto del acuerdo se vincula con la necesidad de "Garantizar la eficiencia y la transparencia de todo el sistema educacional".

Aquí hoy tenemos un problema.

El sistema educacional funciona con poca transparencia, tanto en el sector particular subvencionado como en el municipal. Las dificultades en este ámbito han sido tan serias, que el Congreso incluso debió adoptar una sanción constitucional.

Por eso, el proyecto obliga a la mayor transparencia en el uso de los recursos públicos involucrados en el proceso educativo y a la mayor calificación para quienes sean sostenedores.

El artículo 46 exige que estos sean personas jurídicas y posean como giro único la educación. La calidad de sostenedor será intransferible a los que no cumplan con los requisitos establecidos por la ley. Además, deberán acreditar solvencia económica.

Del mismo modo, el representante legal y el administrador de entidades sostenedoras tendrán que estar en posesión de un título profesional o una licenciatura de al menos 8 semestres.

El quinto punto es esencial. La calidad de la educación requiere libertad, requiere espacios para poder innovar en materia de proyectos educativos. Por eso, el acuerdo es "Asegurar y desarrollar la autonomía" educativa, la cual se expresa en dos aspectos muy concretos.

En primer lugar, en la creación de un banco de planes y programas complementarios. Todos sabemos que muchas veces una escuela municipalizada o una particular subvencionada enfrenta enormes dificultades para desarrollar un proyecto educativo. Por consiguiente, no tiene otra alternativa que recurrir al programa oficial que le entrega el Ministerio de Educación. El mencionado banco, que recogerá los proyectos educativos más exitosos del sistema educacional, quedará a disposición de los colegios para su implementación en todos los lugares que así lo deseen.

Y, además -lo dice el acuerdo-, "se contempla un tiempo de libre disposición en las bases curriculares y en los planes de estudios elaborados por el Ministerio de Educación".

Un gran inconveniente de nuestro sistema educacional es que los contenidos mínimos fijados en la LOCE terminan asfixiando a las escuelas, ya que estas ni siquiera tienen tiempo suficiente para pasar esos contenidos mínimos. Por lo tanto, no queda ningún espacio para innovar o introducir una particularidad o un sello propio en el proyecto educativo.

La iniciativa señala que solo el 70 por ciento del tiempo deberá destinarse al cumplimiento de tales objetivos, y que el 30 por ciento restante será de libre disposición, lo cual garantiza la autonomía.

El sexto punto fue, quizás, uno de los que provocaron mayor debate: las "Normas de no discriminación arbitraria y selección".

Aquí había un problema complejo, como era armonizar la capacidad de selección de alumnos con la libertad de enseñanza, evitando discriminaciones de carácter arbitrario.

Se estableció expresamente en el acuerdo que la Ley General de Educación debía contemplar "normas para asegurar que los procesos de admisión de cada establecimiento escolar sean transparentes, objetivos y no discriminen arbitrariamente".

Asimismo, hubo coincidencia en cuanto a que los establecimientos subvencionados que reciben aportes públicos no pueden seleccionar, entre prekínder y sexto año básico, en razón del mérito académico, ni tampoco solicitar antecedentes sobre las condiciones socioeconómicas de la familia del postulante.

¿Qué quiere decir eso? Que en ningún evento se puede discriminar arbitrariamente en la selección de un alumno y que la ley entiende que hay discriminación arbitraria en las escuelas que reciben subvención estatal cuando, entre prekínder y sexto básico, seleccionan por criterios académicos.

¿Se podrá seleccionar en virtud de un proyecto educativo autorizado que no implique ningún tipo de discriminación? Sí. Lo que no se podrá hacer es seleccionar, entre prekínder y sexto básico, en razón del mérito académico de un alumno.

El séptimo punto trataba el tema del "Financiamiento".

Se valoran los avances en materia de incremento de la subvención escolar, pero este sigue siendo un asunto pendiente.

A nosotros nos gustaría -y esperamos que finalmente se logre- que, una vez aprobada la Ley General de Educación, la cual sirve de base institucional para el avance en materia de calidad de la educación, nos propusiéramos como objetivo duplicar el presupuesto del sector y duplicar la subvención educacional.

No nos podemos engañar: educar con calidad no es gratis; requiere recursos. Y los que hasta hoy se han destinado, si bien reconocemos que se han incrementado, mantienen una subvención que, comparada con los medios con que cuenta el sistema educacional particular, está a años luz de otorgar o garantizar un aprendizaje de calidad.

El octavo punto es la creación de "Un nuevo Consejo Nacional de Educación".

El proyecto original del Ejecutivo establecía más bien un organismo del Gobierno de turno. La mayoría de sus miembros eran elegidos por el Presidente de la República. Se ha cambiado completamente ese criterio, para llegar, no a una entidad de Gobierno, sino a un Consejo Nacional compuesto por 10 integrantes que durarán 8 años en sus cargos -más allá de cualquier plazo electoral- y que permite una participación amplia en la designación o ratificación de muchos de sus integrantes tanto del Consejo de Alta Dirección Pública como del propio Senado.

El Acuerdo se refiere al rol del Estado. Y agrega un nuevo punto que me parece especialmente importante: es deber del Estado velar por la calidad de la enseñanza. Dice: "Mantener y desarrollar un sistema educacional de provisión mixta. Históricamente la educación en Chile ha sido provista de manera mixta. Es responsabilidad del Estado mantener y desarrollar un sistema de educación gratuita y de excelencia. Junto con ello debe velar por la eficaz realización de la libertad de enseñanza y del derecho a una educación de calidad a través del apoyo a todas las escuelas, sean públicas o privadas.".

Ello está recogido en el TÍTULO PRELIMINAR del proyecto de ley, donde todo el Párrafo 1° tiene relación con los Principios y Fines de la Educación.

Concluye: "Estamos seguros de que este acuerdo permitirá al país avanzar en forma clara y decidida hacia una educación de calidad para todos.".

Señor Presidente, lo convenido está fielmente reflejado en el proyecto de Ley General de Educación que estamos conociendo. Y el análisis lo he hecho a través de él -mostrando su fidelidad con la iniciativa-, porque está suscrito por todos los presidentes de los partidos con representación parlamentaria -varios de ellos presentes en la Sala- Honorables señora Alvear y señores Escalona, Gómez y Larraín, y además por el Ministro señor Viera-Gallo y por la ex Secretaria de Estado en Educación señora Yasna Provoste.

¡Todo lo que he señalado lo dijeron los presidentes de los partidos políticos con representación parlamentaria que suscribieron el Acuerdo!

Quiero terminar mi intervención, señor Presidente, no con mis palabras, sino con otras que pueden tener mucha más significación.

Hace un año, cuando se suscribió el Acuerdo Nacional por la Reforma de la Educación se expresó: "A mí me parece que este es un gran día para Chile, un gran día para todos, porque hemos asumido un compromiso con Chile todas las fuerzas políticas". Y se agregaba: "El compromiso que adoptáramos de producir cambios significativos en la educación chilena, y en especial derogar la LOCE, para poder contar con una nueva Ley General de Educación, democrática, moderna y republicana, y que asegurara, lo más importante de todo, que creo que está en el espíritu del protocolo que acaba de ser firmado, muy centralmente es el poder garantizar una educación de calidad para todos.".

Más adelante, se señala, luego de un detenido detalle de los aspectos del Acuerdo recogidos en el proyecto de ley en debate: "Todas ellas" -las materias anteriormente descritas-, sin embargo, reafirman lo más importante, que es nuestra vocación, nuestra convicción, nuestra certeza y nuestro compromiso con una educación de calidad para todos.". Y se agregaba: "Y espero que lo que hemos convenido se traduzca pronto en legislación soberana.".

Se manifestaba: "Tenemos la capacidad de superar nuestras diferencias y convenir sólidos acuerdos nacionales en beneficio de todos.

"Por eso que he dicho que hoy día es un gran día, y por eso que he dicho que hemos dado un gran salto para reencontrarnos con nuestra historia.".

Obviamente, todos habrán advertido que son expresiones de la Presidenta de la República al firmarse el Acuerdo por la Calidad de la Educación, hace un año, con palabras y espíritu que comparten estas bancadas, porque tal Acuerdo lo impulsamos, trabajamos y suscribimos. Y vemos plasmados sus aspectos sustanciales en este proyecto de Ley General de Educación.

Señor Presidente, vamos a votar favorablemente la iniciativa todos los Senadores de la Alianza, no solo por cumplir la palabra empeñada -de por sí ya sería muy importante y relevante-, sino además por nuestras convicciones y esperanzas en que el camino que se empieza a abrir para mejorar la calidad de nuestra educación puede contribuir a la mayor equidad y justicia social que la sociedad actual nos exige y reclama.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Núñez.

El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, estimadas señoras Senadoras y colegas, hubiese querido dar a conocer a la Sala los debates habidos en la Comisión de Educación, que tengo la honra de presidir, sobre este importante proyecto de ley que ahora estamos discutiendo.

Para conocimiento de Sus Señorías, debo informar que durante la presidencia de aquella del Senador señor Navarro tuvimos la oportunidad de escuchar a no menos de 81 organizaciones de distinta naturaleza, que fueron convocadas para que expusieran sus opiniones no solo respecto a la iniciativa, sino también a cómo ven el proceso educativo que vive el país.

Dificulto, por lo tanto, que otro proyecto de ley contara con la participación de organizaciones de tan diversa índole y con orientaciones ideológicas, políticas y religiosas muy diferentes, que tuvieron el interés de concurrir a nuestra Comisión -por tratarse, como todos tenemos conciencia, de una materia trascendente- para plantear sus puntos de vista.

Sin embargo, el actual proceso no es sino el reflejo de otras reformas que ha vivido la República. En la historia de las modificaciones a la educación chilena, no se conoce ninguna que se haya implementado sin grandes traumas políticos, ideológicos e, incluso, religiosos.

Durante los siglos XIX y XX, prácticamente todas las modificaciones que intentaron realizar las fuerzas políticas al funcionamiento o a la estructura educacional del país generaron grandes controversias.

No hay que olvidar que la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria se discutió durante 40 años en el país y que las fuerzas liberales y conservadoras se encontraron durante todo ese período, porque había algunos que sostenían que la educación no era para un sector importante de la población, el cual tenía que vivir en su feliz marginalidad.

Después de tantos años, no es de extrañar que hoy todos consideremos que es básico que un chileno o chilena, cualquiera sea su condición social y su origen ideológico, político, religioso, tenga a lo menos ya no 6, sino 12 ó 14 años de enseñanza elemental, para los efectos de enfrentar las complicaciones de la vida moderna.

Todas las modificaciones incorporadas no han sido solo producto de procesos políticos en donde han participado las fuerzas determinantes de nuestra vida institucional, sino también lecturas que el país ha sido capaz de hacer de la realidad mundial -cultural y política- que nos rodea.

En consecuencia, las enmiendas hechas son también producto de grandes influencias o de procesos políticos e ideológicos que se viven, incluso, más allá de nuestras fronteras.

Por eso, creo que debemos contextualizar de manera adecuada lo que ocurrió en la nación hace menos de dos años, cuando se movilizaron, como nunca antes, 700 mil jóvenes a través de todo Chile. Solo recuerdo que en los años 1952 a 1953 hubo un movimiento similar de los estudiantes de educación media, aunque por otros motivos. En el caso actual, los alumnos se movilizaron, fundamentalmente, para exigir un cambio en la vida institucional y en la orientación de la educación chilena, particularmente la municipalizada, en cuanto a calidad y equidad.

Nunca habíamos conocido una movilización de esa naturaleza. Pocas veces se había visto en el país. Y nadie a esta altura puede decir que ella fue orquestada desde un partido político, desde una alianza o coalición de partidos ni tampoco desde algunas entidades extrañas a la vida política nacional.

Se trató de un movimiento espontáneo, y los jóvenes -más allá de lo que pensáramos nosotros- fueron capaces de ponernos frente a una dolorosa realidad: que la educación chilena no está dando cuenta de los enormes cambios producidos no solo en nuestro país, sino en la humanidad.

Por eso, creo que ahora todos estamos contestes -y hay gran consenso al respecto- en que las modificaciones incorporadas básicamente durante el Régimen militar quedaron por completo obsoletas. No tienen posibilidad de éxito.

Tales enmiendas, incluyendo por cierto la municipalización, no podrán en ningún sentido generar una educación de calidad, con gran sentido republicano, que traiga equidad e igualdad al país.

Sin embargo, hay un gran acuerdo, que es el primero que se produce sobre esta materia entre las fuerzas de Oposición y de Gobierno. Y creo que es bueno entender, por lo tanto, que ya no se puede continuar aceptando en el país tanta desigualdad, segregación y falta de calidad en el sistema educacional.

No digo que ello ocurra en todo el sistema educativo, porque cuando hablo de segregación me refiero a esa franja de la sociedad chilena a la que hoy se entregan los mejores niveles de educación, de acuerdo a lo que se puede exigir a un país que pretende el desarrollo. Pero hay una gran mayoría de chilenos y chilenas, de jóvenes, que no tienen posibilidad alguna ya no solo de competir -término que no me gusta mucho, pero se puede utilizar para estos efectos-, sino que de vivir las transformaciones profundas que en el campo intelectual, científico y tecnológico se están desarrollando en nuestro entorno. ¡No tienen posibilidad!

Eso lo vamos a ver, con seguridad, en los resultados de la PSU que se está rindiendo en estos momentos, donde los puntajes más altos los obtienen jóvenes provenientes de cierto estrato socioeconómico y de determinados colegios.

Esa segregación, por cierto, nos duele a todos, porque es parte de nuestro propio fracaso. Y no me basta señalar que esas modificaciones introducidas por el Régimen militar fueron negativas. No tiene sentido si no asumimos la responsabilidad de no haber sido capaces durante 20 años de introducir mejores enmiendas, pues durante ese lapso hemos sido nosotros los que hemos gobernado y no las fuerzas que acompañaron a dicho Régimen.

Además, se debe considerar la instalación entre nosotros -incluyendo los partidarios del Gobierno- de una suerte de lucha ideológica larvada, donde la desconfianza hacia nosotros fue el factor fundamental por querer una educación radicada exclusivamente en el ente estatal, muy laica, por completo prescindente de cualquier orientación ideológica, política o religiosa; y también nuestra desconfianza en quienes piensan distinto por desear una educación solo privada y la destrucción del rol educativo del Estado, como lo fue siempre en la historia republicana del país o, prácticamente, durante los últimos 500 años en Europa Occidental.

Esa desconfianza fue fatal. Por eso, considero bueno el acuerdo al cual se arribó hace poco tiempo. Yo no lo discuto. Me parece muy importante, porque es el primero al que se llega en el país después de 1920 entre Oposición y Gobierno, cuando durante la Administración de don Arturo Alessandri Palma las fuerzas liberales y las conservadoras, con el Partido Radical, básicamente, lograron cierto consenso sobre la necesidad de dar fortaleza al sistema educacional público, particularmente al liceo.

Ahora, después de transcurridos más de 80 años, las fuerzas políticas que tenemos la responsabilidad de conducir los asuntos públicos nos ponemos de acuerdo en algo.

Por eso, es muy importante lo dicho aquí por la señora Ministra de Educación, y lo discutido también en la Comisión, en el sentido de que el proyecto de ley en debate no se puede entender si no es al tenor de otras normativas que se encuentran en estudio en el Senado, así como las que prontamente entrarán a tramitación en la Cámara de Diputados. Vale decir, la Ley General de Educación tiene sentido y se puede entender adecuadamente su orientación si estudiamos en forma conjunta lo relativo a la Superintendencia de Educación y a la Agencia de Calidad, y, al mismo tiempo, la ley -acaba de ser anunciado el envío del proyecto al Parlamento- sobre fortalecimiento en la educación pública.

El otro consenso al cual hemos llegado se refiere a que no es posible destruir la educación pública. Resulta absurdo pretenderlo no solo desde el punto de vista ideológico, sino también histórico. No hay país en el mundo que no tenga la responsabilidad de fortalecer su educación pública. Quienes pretendieron hacer lo contrario han debido volver sobre sus pasos.

En consecuencia, existe otro consenso sobre la necesidad de fortalecer la educación pública. Y cuando llegue al Senado la iniciativa correspondiente, con seguridad encontraremos caminos de entendimiento que van a ser bastante más sólidos de lo que podríamos esperar. ¿Por qué? Porque también venimos de vuelta en materia educacional -al igual como en economía, después de la catástrofe que está viviendo el mundo-, donde nos encontramos revalorando la importancia de la educación pública, particularmente aquella entregada por el Estado.

En Chile, a diferencia de otros países, siempre ha sido buena la educación estatal. No es cierto que se haya entregado una educación de mala calidad. Con seguridad, en el último tiempo, el Estado ha perdido injerencia y, por eso, se han producido desastres en dicho ámbito, particularmente a nivel municipal.

La educación municipalizada fue un gravísimo error. Y nos costará muy caro reparar los daños. Será un proceso bastante difícil y largo. Pero fortalecer la educación pública es un deber histórico de todos los que estamos en esta Sala. Porque es la única posibilidad de tener una sociedad más inclusiva, menos discriminatoria, y que no explote por las contradicciones que la hacen incapaz de gobernarse a sí misma.

En cuanto a la educación pública -que siempre fue buena, yo por lo menos soy hijo de ella, desde la primaria hasta la universitaria-, estoy convencido de que la podemos dotar de las mismas definiciones que tuvo en el pasado. No es necesario inventar nuevas.

En nuestro país, nunca hubo Estado docente, que es una de las cosas que más preocupa a algunos sectores. No es cierto que solo aquel impartió educación. Siempre se dio un sistema mixto, que este proyecto de ley garantiza. De manera permanente, ha habido colegios privados. La mayor parte de los creados durante los siglos XIX y XX fueron de origen religioso, particularmente católico.

Por lo tanto, el cuento o la idea de que el Estado docente nuevamente puede venir como una suerte de fantasma a instalarse en la discusión no tiene sentido, por carecer de raigambre histórica. Pero eso no significa que podemos continuar destruyendo la enseñanza pública, pues estaríamos manteniendo la segregación, la falta de inclusividad y de calidad en ella.

La Ley General de Educación -cuya iniciativa votaré a favor- no debería incluir la expresión "general", porque no considera adecuadamente a dos sectores de la vida educativa del país: la superior -queda al arbitrio de la LOCE, por dejar vigente el capítulo pertinente- y la técnico-profesional.

Si nuestro país fue capaz de progresar -algunos podrán discutir sobre si fue o no progreso efectivo-, ello se debió a que durante la década del 30, 40 y parte del 50 tuvimos un sistema de educación técnico-profesional dentro de la secundaria. Tanto es así que la Dirección General de Educación Técnica estaba en el Ministerio del ramo, y a través de todo el país había un sistema de formación técnica.

Hoy se produce una paradoja absurda: por cada 10 ingenieros hay un técnico. En Francia, por cada 10 técnicos hay un ingeniero. Esa es la diferencia. Y resulta que esta iniciativa no se refiere a la educación técnica.

En todo caso, esto no lo hago presente porque sí -fui Secretario General de la Universidad Técnica del Estado-, sino fundamentalmente porque estoy convencido de que en esta nueva etapa de desarrollo industrial que el país puede experimentar -lo está haciendo en este momento a pesar de nosotros-, lo más seguro es que se producirá no una carencia de ingenieros, sino que de técnicos capacitados, de ingenieros de ejecución, que hoy día más encima se están formando mal. Y el Estado no está teniendo ninguna responsabilidad en aquello.

En un área tan particularmente competitiva del país como la minería -algo conozco al respecto- no faltan ingenieros metalúrgicos o en minas, sino técnicos de alta calidad capaces de manejar los enormes avances tecnológicos que se han desarrollado para explotar nuestros recursos.

Por lo tanto -insisto-, debiéramos cambiarle el nombre a esta "Ley General", porque no es general, dado que carece de esos dos aspectos fundamentales.

Con todo, estimo que este es un buen proyecto, por cuanto resalta -ya lo dije anteriormente- el rol del Estado, un Estado capaz de omnicomprender adecuadamente lo que es el proceso educativo; de entender que la educación constituye la base fundamental no solo del ascenso o la movilidad social sino también del progreso de todo el país.

En tal sentido, radicar nuevamente en el Estado -no en el Gobierno- una responsabilidad histórica (ya la tuvo en el siglo XIX y ahora debe recobrarla) es un gran logro.

En esta materia no había un consenso como el que tenemos hoy. Creo que existe acuerdo suficiente al respecto. Podemos pensar en más o menos participación del aparato estatal, pero esos son detalles que resolveremos en el debate.

Cuando se dio a conocer el Informe Brunner, durante el Gobierno del Presidente Aylwin, yo estuve en contra -José Joaquín Brunner lo supo perfectamente-, pues estimé que era un error que en él no se considerara de forma adecuada la visión de algunos sectores de la vida del país con experiencia educativa. No hablo solo del mundo laico como algunos podrían pensar, sino de gente proveniente de otras esferas de la vida cultural y política del país que no fue tomada en cuenta.

Por eso el Informe Brunner fue aplaudido por un sector y no por otro donde estábamos personas que creímos que tal labor no constituía un avance, aunque pudo haberlo sido.

Tuvimos un debate respecto de los alcances de ese Informe aquí, en el Senado. Y recuerdo haber discutido con varios señores Senadores de la época que dicho documento iba a provocar un grave problema por estar concebido sobre la base de principios que no necesariamente todos compartíamos.

Ahora, en cambio, sí estamos compartiendo, por ejemplo, el principio de la universalidad en la educación; el principio de una educación permanente; el principio de la educación laica, no en el sentido antirreligioso como algunos piensan, sino en el sentido de la libertad de espíritu que debe reinar en cualquier proceso educativo, en el sentido de entender la educación como un proceso y no solo como etapas a través de las cuales se mide el conocimiento que se entrega. No: esa es una parte menor de la educación. La educación debe ser concebida como un proceso que comienza desde el momento en que nace el niño.

Debemos estar todos de acuerdo si queremos avanzar en una educación de calidad, sobre todo para enfrentar los enormes desafíos que tenemos como país, en un mundo donde el cambio climático está generando transformaciones de tal magnitud que todavía no somos capaces de entenderlas; en un mundo donde Estados Unidos entra en crisis y nos afecta a todos; en un mundo donde se agotarán los medios energéticos que actualmente conocemos -como el petróleo-; en un mundo donde nuestros hijos y nietos van a vivir cambios que ni siquiera nosotros imaginamos.

Por ello, hablar de calidad es una tarea fundamental.

No es posible aceptar, como lo señaló el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, que haya profesores que no sean capaces de transmitir conocimientos adecuados; que muchos de nuestros jóvenes no aprendan; que un número importante de estudiantes de cuarto medio, si se les entrega un texto elemental de filosofía -el más elemental-, no estén en condiciones de comprenderlo porque carecen de la formación básica suficiente para horadar el pensamiento de tal o cual autor.

Dicho problema se vive de manera dramática en todo el sistema educativo, particularmente en el municipalizado.

Señor Presidente, por último -y agradezco que me haya dado más tiempo para concluir mi intervención-, hago presente que estamos ante un buen proyecto. No es perfecto. Nunca ha existido una ley perfecta. Y, de hecho, va a haber muchos descontentos.

Yo estoy en desacuerdo con ciertos acápites; incluso, con algunos de los factores que motivaron el consenso nacional en torno a la iniciativa.

Por ello, me permitiré, como Senador -todos tenemos este derecho-, presentar indicaciones para mejorar su articulado, por cierto sin romper el sentido fundamental de los acuerdos.

Esa es la labor fundamental del Senado de la República: perfeccionar los acuerdos, hacer posible que logren el objetivo propuesto.

Por lo tanto, anuncio que voy a formular indicaciones.

Espero que ello no signifique una escandalera entre nosotros por pensarse que estamos rompiendo acuerdos. He sido partidario de ellos. Sigo pensando que son fundamentales en materias tan sensibles como esta. Pero voy a presentar indicaciones, aunque, seguramente, no todas serán bien aceptadas y formarán parte de los asuntos en los que no hay consenso.

Sin embargo, todo ello enriquecerá el acuerdo, el cual, por lo demás, se formuló hace un año, cuando teníamos un país y un mundo distintos. Ahora debemos ser capaces de generar las condiciones para enfrentar el Chile diferente que se está desarrollando ante nuestras narices, el mismo que una iniciativa de esta naturaleza tiene la obligación de reflejar.

Muchas gracias. El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- La Mesa ha permitido hacer una exposición con toda tranquilidad no solo a la señora Ministra de Educación, como es natural, sino también a los dos señores Senadores que ya intervinieron, dada la trascendencia del proyecto de ley que nos ocupa. Y ese será el criterio por seguir en esta ocasión, a fin de que Sus Señorías dispongan del tiempo necesario para expresar sus puntos de vista.

Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.

La señora ALVEAR.- Señor Presidente, estimados colegas, tal como aquí se ha señalado, hace solo dos años el país se vio remecido por las movilizaciones de los estudiantes de enseñanza media.

La masiva convocatoria nos hizo mirar profundamente el Chile que hemos construido y el Chile que queremos ver mañana.

Permítame, señor Presidente, recordar algo que se expresó en aquellos días y que quizá no tuvo la resonancia requerida. Nuestros obispos, a través de la Conferencia Episcopal, durante esos momentos de confusión, señalaron: "Lo que está sucediendo manifiesta un profundo y sentido malestar, que hunde sus raíces en la escandalosa brecha social que afecta nuestra convivencia.".

Comparto profundamente esa visión: la fuente de aquel conflicto estaba mucho más allá del petitorio de una organización de estudiantes.

En el centro de esto se halla el mayor desafío que hoy Chile enfrenta: superar las severas inequidades sociales que dañan nuestra convivencia e hipotecan nuestro futuro.

Esas desigualdades se expresan en la educación: ¡El promedio de los resultados del SIMCE en Providencia es 50 puntos mayor que el de La Pintana! Ambas comunas forman parte de la circunscripción que represento.

Los jóvenes secundarios le mostraron al país lo que muchos no querían ver: la desesperanza de quien sabe que sus años de estudios no se traducen en un mejor futuro y que haber pasado por la educación pública o, incluso, por la subvencionada no asegura un mañana.

Esas fueron las razones que permitieron un amplio acuerdo en torno a que la educación de nuestro país debe caminar desde una etapa en que el acceso a las oportunidades educativas y la cobertura de las instituciones dejaban de ser los principales requerimientos a otra donde la calidad de los aprendizajes y su distribución social constituyen una exigencia capital.

A mi juicio, este es el gran mérito de la iniciativa; es el gran paso que damos como país al superar la LOCE y entrar en un nuevo modelo educacional nacional, el cual se plasma en este proyecto de Ley General de Educación.

Quiero expresar, señor Presidente, los motivos por los cuales apoyo esta iniciativa legal, que votaré favorablemente.

El primero dice relación con el establecimiento de un adecuado equilibrio entre el derecho a una educación de calidad y la libertad de enseñanza. Por una parte, se amplía el concepto desde el "derecho a la educación" al "derecho a una educación de calidad", y por la otra, se cambia el énfasis de la LOCE, que claramente ha privilegiado la libertad de enseñanza -entendida como la defensa de la provisión privada de educación sin restricciones- por sobre el derecho a la educación, lo cual ha permitido exclusiones y abusos que afectan especialmente a los estudiantes más vulnerables.

El proyecto de Ley General de Educación (LGE), sin limitar la garantía de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, no solo establece sanciones para los abusos, sino que declara como un deber del Estado el aseguramiento de una educación inclusiva, impidiendo, entre otros elementos, la selección de estudiantes hasta sexto básico y limitando la expulsión de estos por motivos académicos, como la repitencia.

En segundo lugar, la iniciativa resguarda adecuadamente la existencia de una oferta diferenciada en la educación subvencionada; es decir, una oferta pública y otra privada (oferta mixta), lo cual hace posible la existencia de proyectos educativos distintos. Esto significa que se permite la participación en el sistema de diferentes proveedores y, por lo tanto, de variadas opciones para las familias (colegios grandes, pequeños, religiosos, laicos, con enseñanza personalizada o de otro tipo).

La Democracia Cristiana tiene una tradición de respeto al rol del Estado como garante del derecho a la educación y de la libertad de enseñanza, y como garante del derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos.

Valoramos, entonces, un sistema mixto con participación de los sectores público y privado, lo cual es coherente con nuestro sentido comunitario y la importancia que asignamos a las organizaciones intermedias que actúan entre el Estado y las personas.

En tercer término, creemos que es un avance fundamental el establecimiento de mayores requisitos para ser sostenedor, exigiendo un giro único y rendición de cuentas acerca del uso de los recursos públicos. Resulta difícil no estar de acuerdo con la afirmación de que la educación no puede ser un negocio. Lucrar a costa de la calidad de la educación es un abuso que no puede permitirse. Y en ello, la legislación debe ser clara.

El Estado debe tener atribuciones para resguardar la calidad de servicio que está pagando con recursos de todos los chilenos y para sacar del sistema a los malos sostenedores educacionales, facultad que actualmente no existe y que el proyecto incorpora.

Por eso, me parece indispensable conciliar las normas que eviten los abusos con un sistema que promueva la generación de confianzas en el propio sistema. Hoy día uno de los problemas que tenemos es que las relaciones entre el Estado y los sostenedores, públicos y privados, están marcadas por una recíproca desconfianza. Digámoslo tal cual: ¡recíproca desconfianza!

Necesitamos, entonces, una Superintendencia de Educación. Y lograrla es una conquista relevante. Pero no queremos una Superintendencia cuyo énfasis esté puesto en la sospecha, pues tal enfoque es contrario al espíritu que se requiere para crear una cultura de responsabilización de los actores del sistema.

El cuarto aspecto que deseo destacar es la referencia explícita a la autonomía de gestión de los establecimientos escolares. Sin una autonomía real, los actores del sistema (sostenedores, directores, docentes, etcétera) no se hacen responsables de los resultados que obtienen sus estudiantes. Este es un aspecto indispensable para impulsar la calidad. Por eso resulta tan importante que las modificaciones que se hagan al sistema consideren los efectos que provocarán sobre las escuelas, que son las unidades donde se da la gestión educacional. Ello significa analizar cada propuesta en el impacto que puede tener su aplicación en los establecimientos escolares, y garantizar que ellos puedan funcionar asumiendo la responsabilidad por la calidad del aprendizaje de sus estudiantes.

Permítame señalar, señor Presidente, que durante los últimos meses he visitado muchos planteles educacionales (municipales, privados, de fundaciones sin fines de lucro), los cuales, atendiendo a un mismo tipo de alumnos -niños vulnerables-, muestran claras diferencias en cuanto a los resultados logrados con ellos. Y la gran diferencia radica en el compromiso del director o la directora, de los profesores y de los padres y apoderados en el proyecto educativo y la evaluación de la gestión.

Hace dos semanas visité en Lampa, comuna pobrísima, una escuela perteneciente a una fundación que no cobra ni un peso. Le va tan bien que postulan a ella muchos más niños que los que puede recibir. Y el sistema de selección es el sorteo; vale decir, no existe ninguna otra calificación que no sea la buena suerte del estudiante para ingresar.

El compromiso de su directora y de los miembros del directorio de la fundación, que funciona semanalmente en el establecimiento educacional; las metas que se exigen a cada profesor; el plan semanal que se elabora y su evaluación son claves para el logro de un gran resultado.

Insisto: esto ocurre en un establecimiento educacional que recibe a alumnos vulnerables, cuyos padres se encuentran en recintos penitenciarios y que viven en las condiciones más difíciles que un niño puede enfrentar.

Entonces, señor Presidente, ¡se puede!

Por eso es tan importante poner el acento en el compromiso que debe existir en las metas de gestión y la evaluación.

Por último, valoro el impacto que la Ley General de Educación debiera tener en la necesaria modernización del Ministerio de Educación para asumir la etapa de la calidad. La iniciativa establece la obligación de dicha Cartera de fijar estándares de calidad que serán el referente para guiar y, a la vez, evaluar a los establecimientos educacionales.

También dispone un sistema de aseguramiento de la calidad y la creación de una Agencia que se preocupará por el seguimiento de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, de la gestión escolar, de los docentes.

Por su parte, la Superintendencia de Educación velará por el cumplimiento de la normativa y el buen uso de los recursos públicos.

Pero, por sobre todo, será la sociedad la que deberá ejercer un nuevo rol como un actor con mayor información (resultados para los padres de las pruebas del SIMCE, sistemas de información en línea, entre otros).

En fin, en la discusión en particular tendremos la oportunidad de hacer planteamientos específicos.

Finalmente, señor Presidente, quiero referirme a aquello que el proyecto de Ley General de Educación no contiene y que debemos ser capaces de ir impulsando en el próximo tiempo con la mayor urgencia posible.

1. El necesario apoyo a los docentes.

La masificación de la educación chilena en las últimas décadas ha traído consigo la rápida expansión de un recurso humano con que el país no contaba y se expresa en una débil formación profesional de algunos docentes. Entre 1997 y 2003, los alumnos matriculados en carreras de pedagogía aumentaron de 25 mil a 75 mil. Chile no cuenta con los profesores que necesita para enseñar a los estudiantes del siglo XXI. Y ello no es culpa de los profesores, sino, muchas veces, de la enseñanza que recibieron.

Agréguese a lo anterior el déficit de docentes en disciplinas tan importantes como matemáticas, ciencias e inglés. Siendo los profesores el principal factor para lograr buenos aprendizajes, su formación y apoyo representan el desafío más importante que enfrenta el país para mejorar la calidad de su educación.

Por eso, nos alegramos del Programa Inicia planteado por la Ministra de Educación, que significa la instauración de una prueba de acreditación de los docentes al egreso de su carrera, lo que viene a complementar la acreditación obligatoria de las carreras de pedagogía. Pero no solo aquello va a resolver el problema: debemos tener el coraje de emprender una nueva carrera docente que, garantizando la estabilidad laboral, sea capaz de incentivar y premiar el mérito. No puede dar lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal. Hoy pareciera que así fuera.

2. El mejoramiento de la educación pública. Sabemos -así lo ha expresado la señora Ministra de Educación- que la Presidenta ha presentado un proyecto en esa dirección. Tenemos conciencia de que la educación pública requiere de reformas complejas que es necesario afrontar con esmero. El 70 por ciento de los estudiantes más vulnerables asiste al sistema municipal. Hay problemas de institucionalidad y de recursos que deben ser abordados.

Señor Presidente, me eduqué en un liceo público -el Nº 1- y me siento hija de la tradición de una educación integradora en la que el mérito y el esfuerzo eran lo fundamental, donde no veíamos las diferencias sociales que apreciamos hoy. Con todo, no puedo dejar de reconocer que, cuando yo estaba en el liceo, la mayoría de los jóvenes de mi edad aún no tenía acceso a la enseñanza media. En 1970, 49,7 por ciento de ellos ingresaba a la educación secundaria y solo 9 por ciento a la educación superior.

Por eso, para lograr una educación pública de calidad, debemos ser capaces de enfrentar la diversidad de estudiantes que hay hoy día y de responder a las distintas realidades y a la complejidad que presenta la sociedad actual. Será en otro momento cuando habremos de discutir acerca de este difícil e importante desafío. Estamos firmemente comprometidos con ello.

Para terminar, señor Presidente, una reflexión.

Chile avanza con cambios posibles, no con voluntarismos. Estamos conscientes de que llegamos a un acuerdo. Cuando ello ocurre, como es natural, todos tenemos algo que ceder y eso se hace en función de un bien mayor. La Ley General de Educación representa un avance significativo. Vendrán además las otras iniciativas legales que se están tramitando en la Cámara de Diputados. ¿Vamos a mantener la LOCE por aquello que le falta a la Ley General de Educación? El país no entendería que echáramos por la borda el acuerdo logrado en torno a este proyecto. Seamos claros: los que quieren todo ahora nos están arriesgando a que nos quedemos sin nada, por mucho tiempo. Nuestros niños y jóvenes no se lo merecen.

He dicho.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.

El señor ÁVILA.- Señor Presidente, la lógica que se ha impuesto a este proyecto es la de avanzar a toda costa y rápido, adonde sea. La prisa, "pasión de necios", como decía Gracián, suele inducir a errores irreparables. En este caso, es el de legislar a espaldas de las mayorías, tal como se hizo cuando se impusieron la LOCE y la Constitución de 1980.

Se sigue pensando que las personas no saben lo que quieren y, por lo tanto, necesitan ayuda para tomar decisiones. Por eso se ha hecho oídos sordos a la opinión de los estudiantes, principales "clientes" de la educación, según el modelo de mercado. Los profesores tampoco son considerados. Lo mismo sucede con el 70 por ciento de la población, que desea ver erradicadas las escuelas de los municipios.

La diversidad se logra, según ciertos académicos, teniendo escuelas diferentes pero con el mismo nivel de recursos. El argumento luce razonable, pero es idéntico al que empleaban los racistas en Estados Unidos. En efecto, blancos y negros, al ser supuestamente "iguales", acceden a escuelas con similar apoyo económico. Pero, ese no es motivo suficiente para que estén juntos; es mejor mantenerlos separados.

Las escuelas particulares subvencionadas, dejando fuera a los estudiantes más desfavorecidos, generan una imagen de éxito, pero ficticia, artificial. Gracias a que "descreman" socialmente obtienen mejores resultados en el SIMCE. Con la discriminación, fomentan el mito de ser los mejores lugares de aprendizaje. En realidad lo que hacen es concentrar los niños con mayores ventajas socioeconómicas. Es como si la camiseta albiceleste, por sí misma, explicara los logros de un equipo formado por Messi, Riquelme, Mascherano, el Kun Agüero y la constelación de estrellas que integra la selección argentina. De ser así, nuestro histórico Magallanes sería campeón permanente, solo por vestir esa casaquilla.

Los establecimientos municipales, definidamente, quedaron para servir a los más pobres, a los desheredados.

Se dice que el proyecto tiene "avances". Pero si estos se hacen en una dirección equivocada, resultan más graves que permanecer donde se está.

Es el momento de parar esta carrera desenfrenada, sin rumbo. Hay que echar marcha atrás y buscar un mejor camino. Debemos retomar con firmeza la educación pública. Cuando no se escucha a los actores sociales, es preciso volver a empezar, siempre.

Los protagonistas de la "revolución pingüina" fueron capaces de articular el diagnóstico más crudo y realista de la educación chilena: postularon que los bajos resultados de aprendizaje y las inmensas desigualdades educativas en Chile se debían en gran medida a la municipalización, al escaso financiamiento, a la selección de los estudiantes, a la sangría de recursos generada por el lucro y al total descontrol de los dineros públicos que se entregan a privados.

Con la propuesta de la LGE, la municipalización ha quedado incólume; la selección persiste en los grados claves para la movilidad social; no se toca el financiamiento compartido y solo se enmascara el afán de lucro.

En síntesis, tenemos frente a nosotros un proyecto que propone avanzar en un camino erróneo. Ha ignorado las demandas sociales; ha desilusionado a distinguidos miembros del Consejo Asesor Presidencial y, lo más inquietante, no fortalece la educación pública.

Como Senador radical, siento el peso de la historia y de los principios con singular fuerza. El ideario de mi Partido expresa que la educación es la gran herramienta para el desarrollo del ser humano en todas sus dimensiones. La concibe como pública, gratuita, laica y pluralista. El profesor Pedro Aguirre Cerda afirmó: "la educación es el primer deber del Estado y el más alto derecho de los ciudadanos". El gran Valentín Letelier, profesor, rector de la Casa de Bello, uno de los intelectuales más insignes de su época e ideólogo de primera línea del radicalismo, dijo: "el Estado no puede ceder a ningún otro poder social la dirección superior de la enseñanza". Y agregó: "Es digno de un pueblo culto que el Estado mantenga una educación propia, donde el personal docente se forme bajo su mano, inspirado por el espíritu nacional, influenciado por las tradiciones populares.".

Definitivamente, estoy por un proyecto que termine con la municipalización del sistema escolar; que fortalezca de modo efectivo la educación pública; que tome en consideración las demandas de la sociedad; que defina a la educación como un derecho y no como una mercancía; que cohesione la sociedad; que en su vocación pluralista valore la diversidad y prohíba la selección de estudiantes en todos los establecimientos que reciben recursos públicos, desde la educación parvularia hasta la media.

Por desgracia, no es ese el proyecto que tenemos frente a nosotros.

Si esta iniciativa se aprueba, es porque satisface a quienes rechazan lo que define a una educación pública de calidad y al rol del Estado en ella. A eso no se le podría llamar "consenso" y mucho menos un logro "histórico". En realidad, con la LGE estamos perdiendo una gran oportunidad, quizás la más propicia que ha tenido Chile para mejorar la educación en los últimos cien años.

Viene en camino -según anuncian- un proyecto específico, que apunta al fortalecimiento de la educación pública. ¡Pero es un lubricante extemporáneo, porque no llega a la entrada, sino a la salida de la LGE!

Lo lamento, Presidenta. Yo la quiero mucho, quizás demasiado. ¡Pero no puedo inmolarme ante un proyecto que contraría principios esenciales e inclaudicables en uno de los campos más sensibles para el desarrollo del país!

Voto en contra.

--(Aplausos en tribunas).

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Ruego guardar silencio a quienes se hallan en las tribunas.

Corresponde usar de la palabra al Honorable señor Horvath.

Quedan dos minutos para terminar el Orden del Día.

Están inscritos los Senadores señores Letelier, Allamand, Ruiz-Esquide, Larraín, Gómez, Orpis, Girardi, Muñoz Barra, Gazmuri, Navarro, Sabag, Flores, Ominami, Escalona, Naranjo, Vásquez y Cantero.

Consulto al Honorable señor Horvath si desea intervenir ahora, o prefiere hacerlo en la sesión ordinaria de mañana.

El señor HORVATH.- Mañana, señor Presidente.

--Queda pendiente la discusión general del proyecto.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Ha terminado el Orden del Día.

VI. INCIDENTES

PETICIONES DE OFICIOS

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.

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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:

Del señor CHADWICK:

Al señor Contralor General de la República, solicitándole INVESTIGACIÓN DE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA (Sexta Región).

Del señor COLOMA:

A la señora Presidenta de CONICYT, requiriéndole información sobre NÚMERO DE BECAS ASIGNADAS PARA POSGRADO EN NUEVA ZELANDIA Y AUSTRALIA.

Del señor ESPINA:

Al señor Contralor General de la República, remitiéndole antecedentes en torno a SUMARIO CONTRA DOÑA PATRICIA RETAMAL PINO, FUNCIONARIA DEL CONSULTORIO MUNICIPAL DE LUMACO (Región de La Araucanía); para pedirle que se investigue LICITACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN INFANTIL INTERCULTURAL PELLAHUEN LOF PICHIQUECHE, LUMACO, y ENCUESTA DE UNIVERSIDAD ARTURO PRAT, SEDE VICTORIA, SOBRE RECIENTE VOTACIÓN PARA ALCALDE EN CUATRO COMUNAS DE MALLECO. Y a los señores Contralor General de la República y Director de Instituto de Normalización Previsional para remitir ANTECEDENTES SOBRE INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO DE SEÑOR CAMILO DEL CARMEN ALARCÓN SANDOVAL.

Al señor Superintendente de AFP, remitiéndole antecedentes relativos a DESAFILIACIÓN DEL SISTEMA DE AFP DE DON JUAN ORLANDO OLATE LUNA. A los señores Rector de la Universidad Arturo Prat y al Vicerrector de la sede Victoria de dicha universidad, requiriéndoles información respecto de ENCUESTA SOBRE PREFERENCIAS DE VOTO PARA ELECCIÓN DE ALCALDE EN ANGOL, COLLIPULLI, TRAIGUÉN Y VICTORIA. Y a los señores Ministros del Interior, de Justicia, de Obras Públicas, de Salud y señora Ministra de Vivienda y Urbanismo; Contralor General de la República; Fiscal Nacional del Ministerio Público; General Director de Carabineros de Chile; Superintendenta de Pensiones; y Secretario Ministerial de Obras Públicas de La Araucanía, solicitándoles CONTESTACIÓN A OFICIOS SIN RESPUESTA.

Del señor FREI:

Al señor Ministro del Interior, a fin de que evalúe SOLICITUD DE CALIFICACIÓN DE EXONERADO POLÍTICO PARA DON HÉCTOR ENRIQUE ALARCÓN MUÑOZ. Al señor Intendente de Los Lagos, sobre factibilidad de CESIÓN DE TERRENO AGRÍCOLA A DON JOSÉ BERNARDINO VÁSQUEZ VÁSQUEZ. Y al señor Presidente del BancoEstado, a fin de analizar DEVOLUCIÓN DE DINERO PARA DON PEDRO ÁNGEL BARRIENTOS RIQUELME.

Del señor GIRARDI:

Al señor Ministro de Justicia, solicitándole REMISIÓN DE ANTECEDENTES RELATIVOS A CORPORACIÓN ADMINISTRADORA DE PROYECTO PARQUE PUMALÍN, PROVINCIA DE PALENA (Décima Región), y al señor Director Regional de la CONAMA de Coquimbo, pidiéndole copias de INFORMES DE SERVICIOS PÚBLICOS SOBRE ADENDA Nº 2 DE PROYECTO CENTRAL TERMOELÉCTRICA BARRANCONES.

Del señor HORVATH:

Al señor Ministro de Hacienda, planteándole DIFICULTADES DE PESCADORES ARTESANALES PARA EXTRACCIÓN DE CUOTA 2008 y solicitándole REUNIÓN CON SUBSECRETARIO DE PESCA PARA SUPERAR PROBLEMAS DEL SECTOR (Región de Aisén). Al señor Ministro de Hacienda y a la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, demandándoles SOLUCIÓN PARA DEUDORES HABITACIONALES HABITACOOP DE COIHAIQUE.

Del señor PROKURICA:

Al señor Ministro de Salud, solicitándole INVESTIGACIÓN EN HOSPITALES DE COPIAPÓ Y VALLENAR POR SITUACIÓN DE PACIENTE MARCELO VARGAS TORRES.

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El señor PROKURICA (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Independiente.

Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

VENTA DE SANITARIA AGUAS NUEVAS A GRUPO SANTANDER. OFICIOS

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, deseo expresar en esta instancia la preocupación que ha generado en los habitantes de Magallanes el enterarse de que en los últimos días el Grupo Santander llegó a un acuerdo para adquirir del Grupo Aguas Nuevas la concesión de tres empresas sanitarias del país, que son de su propiedad.

Si bien se trata de un negocio entre privados, el tema no es menor. Vemos la forma en que se está lucrando con un servicio público, como es el sanitario, donde los únicos perjudicados ante las suculentas utilidades de las empresas son sus usuarios, en su mayoría personas naturales.

En septiembre de 2004, el Grupo Aguas Nuevas adquirió al Sistema de Empresas Públicas (SEP), en ese entonces liderada por el magallánico Carlos Mladinic, la Empresa de Servicios Sanitarios de Tarapacá, la Empresa de Servicios Sanitarios de La Araucanía y la Empresa de Servicios Sanitarios de Magallanes en 176 millones de dólares y con una cantidad de 340 mil clientes en total.

Esta operación se hizo bajo la modalidad de traspaso de derechos de explotación por 30 años.

Cuando han transcurrido cuatro años de operaciones de Aguas Nuevas, con los correspondientes ajustes de sus tarifas, se ha iniciado el proceso de venta del Grupo, que en promedio obtiene resultados anuales superiores al 60 por ciento.

Este conjunto de empresas representa el 9 por ciento de la industria sanitaria del país.

Hoy el Grupo Aguas Nuevas, con 360 mil clientes, vende en 350 millones de dólares la empresa, es decir, en 972,2 dólares por cliente.

En resumen, y con cifras claras, Aguas Nuevas duplicó el valor de venta de las sanitarias. De esta forma el Grupo Solari, que es la propietaria de dichas empresas, ganó unos 174 millones de dólares en ese negocio.

Aquí el Estado ha perdido millones de dólares, porque dejó la explotación de las aguas en manos privadas. Y, peor aún, hoy somos testigos de cómo se realiza una transacción millonaria entre privados.

Entonces, cabe la legítima pregunta: ¿Por qué el Estado está derrochando así sus recursos, más aún si pensamos que nos encontramos frente a la administración de un servicio básico y vital para el ser humano?

Sumado a lo anterior, existe preocupación por los perjuicios que podrían sufrir los usuarios ante la inminente venta de la empresa.

Por ello, solicito que se oficie a la Superintendencia de Servicios Sanitarios para que informe de qué manera ha efectuado el control de la legalidad de la transferencia de derechos sobre esta concesión de servicio público, de acuerdo con las facultades que le confiere el artículo 32 de la propia Ley General de Servicios Sanitarios, con especial énfasis en el cumplimiento de la normativa que asegura los derechos de los usuarios de este servicio público concesionado, como es el de agua potable.

Ya en septiembre del presente año y ante los rumores de venta de la empresa, oficiamos a la Superintendencia de Servicios Sanitarios a fin de que se entregaran detalles de las condiciones técnicas y económicas establecidas por la autoridad al momento de otorgar la concesión a la referida empresa. Sin embargo, en esa oportunidad se nos informó que no existían antecedentes del proceso de transferencia de la concesión.

Pero actualmente el escenario es completamente distinto.

Asimismo, solicito que se oficie a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y también a la Contraloría General, para que emitan un informe sobre la aplicación de tarifas a la comuna de Puerto Williams, toda vez que se cobra el mismo valor que a la de Porvenir, sin que aquella cuente con una planta de tratamiento de aguas servidas y sin pertenecer, además, a la concesión de la sanitaria Aguas Magallanes.

Ello, porque en el caso de Puerto Williams, el servicio sanitario fue entregado por el gobierno regional solo en administración a la sanitaria Aguas Magallanes, la cual no está obligada a ejecutar inversiones como en las restantes zonas de su concesión.

He dicho.

--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.

REFLEXIONES EN TORNO A APROBACIÓN DE REAJUSTE DE REMUNERACIONES A FUNCIONARIOS PÚBLICOS. OFICIO

El señor CANTERO.- Señor Presidente, deseo hacer una reflexión en torno a lo acontecido con el reajuste de remuneraciones a los funcionarios del sector público.

Quiero expresar mi preocupación por la falta de coherencia, de diligencia, por la actitud demagógica que he observado en el Gobierno al anunciar la responsabilidad del Parlamento respecto de la no aprobación de la fórmula que envió: el reajuste escalonado.

Eso es falso. La no aplicación del reajuste escalonado obedeció a que la formulación del Ejecutivo no era legal ni constitucional. Y no se pudo implementar en la Comisión respectiva, precisamente por acuerdo de los señores Senadores, para evitar el bochorno de aprobar una iniciativa que posteriormente fuera rechazada por el Tribunal Constitucional y, también, para impedir la dilatación innecesaria y vergonzosa del aumento que clamaban a voz en cuello los funcionarios públicos.

Atribuir una conducta un tanto ilegítima al Parlamento constituye un acto de irresponsabilidad del Gobierno. Y considero una actitud negligente de la Presidenta de la República el haber argumentado como lo hizo.

¿Por qué digo eso?

Porque, si se quiere acortar de verdad la brecha entre los funcionarios de la Administración Pública que ganan más y los que ganan menos, lo razonable es que la única autoridad pública de este país facultada para hacerlo, precisamente la Presidenta de la República, presente a tramitación legislativa un proyecto sobre la materia.

Resulta paradójico que esa autoridad busque fórmulas tan alambicadas, que rompen la carrera funcionaria, como la del reajuste escalonado.

Si la Primera Mandataria quiere mejorar las remuneraciones de quienes perciben los sueldos más bajos de la Administración Pública, tiene un solo camino razonable, expedito, al cual le puede fijar la urgencia que estime adecuada para actuar con la mayor velocidad posible: enviar a tramitación al Parlamento una iniciativa que busque diferenciar, de acuerdo con su criterio, los distintos tramos de la escala de remuneraciones pertinente.

Pienso que la autoridad pública, cualquiera que sea, se hace daño cuando inventa polémicas artificiosas, como la que hemos observado, producto de la actitud asumida por la Presidenta de la República y su equipo de Ministros.

¡Quién podrá creer tamaño disparate de que, mes a mes, mientras dure el reajuste y en tanto se encuentren en el Gobierno, buscarán dónde entregar aportes para beneficencia pública a fin de responder a la lógica irracional, absurda, grotesca planteada por el Ejecutivo!

Además, andar predicando a voz en cuello lo que se entrega como aporte voluntario, en circunstancias de que es fruto de un reajuste que al parecer consideran ilegítimo, es algo francamente absurdo.

¡Repudio la actitud de las autoridades del Gobierno! Estimo irracional lo que ha hecho la Presidenta de la República. Creo que daña innecesariamente al Congreso. No se reconoce el error de haber enviado un proyecto sin fundamentos legales convincentes ni siquiera para los propios parlamentarios de la Concertación. Y resulta irritante, porque afecta el prestigio y, en algunos casos, el honor del Poder Legislativo.

¿Se pretendió poner en duda algún criterio desconocido? ¿O se quiso poner en tela de juicio lo resuelto por el Presidente de la Comisión de Hacienda, Honorable señor Frei, quien fue la autoridad llamada a sancionar el asunto? ¿Se procuraba dañar la imagen de ese ex Jefe del Estado y actual Senador? ¿Qué se intentó realmente con ese bochorno irracional?

Considero francamente impropia la situación; la lamento, y, desde esta tribuna, emplazo a la Presidenta de la República para que envíe un proyecto destinado a reparar la situación de los funcionarios públicos que se hallan en tramos de remuneraciones del todo inadecuados, con sueldos en extremo bajos.

La escala de remuneraciones del ámbito público refleja casi fielmente la irracional distribución del ingreso en Chile: algunos ganan mucho, y otros, muy, pero muy poco.

Eso se puede reparar. Y yo emplazo a la Primera Mandataria para que envíe una iniciativa de ley, en el plazo más breve posible, a fin de mejorar efectivamente las categorías inferiores de la escala de sueldos de los servidores públicos.

Creo que ello sería un acto de consecuencia, un acto de coherencia, un acto de justicia, un acto que dignificaría a las autoridades. Sería hacer bien las cosas. Porque el Gobierno, en materia de reajuste, al plantear una compensación escalonada y, peor aún, al buscar dónde donar el aumento, solo ha generado confusión y provocado daño a la imagen pública.

Por consiguiente, pido que se oficie a Su Excelencia la Presidenta de la República a los efectos de que envíe a trámite legislativo un proyecto que recoja las ideas antes planteadas, para mejorar la situación de los funcionarios públicos que perciben bajas remuneraciones debido a su inadecuada ubicación en la escala respectiva.

He dicho.

--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- En el tiempo del Partido Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Naranjo.

NECESIDAD DE MAYOR CONCIENCIA SOBRE

EPIDEMIA DE SIDA

El señor NARANJO.- Señor Presidente, el 1° de diciembre recién pasado se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, instaurado por las Naciones Unidas en 1988 como una forma de hacer conciencia en la Humanidad acerca de ese flagelo, que ha costado millones de vidas en los últimos 27 años.

Fue elegida esa fecha precisamente porque el 1° de diciembre de 1981 se diagnosticó el primer caso de sida en el mundo.

Desde ese día, según la Organización de las Naciones Unidas, dicha enfermedad ha aniquilado a más de 25 millones de personas en el orbe, transformándose en la epidemia más destructiva de toda la historia de la Humanidad. Solo a modo de ejemplo, cabe recordar que en el año 2005, pese a los grandes avances médicos, las muertes alcanzaron a 3,1 millones de personas, de las cuales 570 mil eran niños.

Es así como nos enfrentamos a la realidad de nuestro país, donde al 31 de diciembre de 2007 se había notificado del diagnóstico de VIH-sida a 17 mil 235 personas. De ellas, entre 1990 y 2005 fallecieron 5 mil 288, correspondiendo el 88 por ciento a hombres.

Sin lugar a dudas, Chile ha avanzado en cuanto a la forma de enfrentar el sida. Y, al igual que en el resto del mundo, ello no ha sido tarea fácil. Hemos dejado en el pasado los prejuicios, principalmente aquel según el cual la referida enfermedad era propia y exclusiva de homosexuales y promiscuos sexuales, para comprender como sociedad que nadie está al margen de la posibilidad de contagiarse.

De tal manera, después de siete años de ardua discusión en el Congreso Nacional, en diciembre de 2001 se promulgó la ley que establece normas relativas al virus de inmunodeficiencia humana y crea bonificación fiscal para enfermedades catastróficas, de la que fui autor con otros parlamentarios.

Sin embargo, debemos reconocer, a la luz de los últimos acontecimientos que causaron alarma pública, que un número importante de portadores del VIH no fueron notificados por los distintos servicios de salud del territorio nacional.

Es, por tanto, necesario aprender de esa dolorosa lección. No basta con denunciar y recriminarnos unos a otros. Ello en ningún caso ayudará a los portadores del sida ni a sus familias. Lo correcto es impulsar las medidas indispensables para que NUNCA MÁS suceda aquello; para que en nuestro país no vuelvan a existir casos de personas infectadas con el virus del sida que no sean notificadas, de manera de asegurarles el inicio inmediato de sus tratamientos médicos.

Con tal propósito, es preciso modificar la Ley del Sida, de tal forma de garantizar la notificación a todos sus portadores y establecer claramente las responsabilidades de los funcionarios públicos o privados del ámbito de la salud que no lo hagan. Esto, manteniendo, dentro de lo posible, la privacidad adecuada.

Lo importante, lo decisivo es ser consciente de que cada vez que alguien no es notificado a tiempo de su condición de portador del VIH-sida y, por tanto, no inicia los tratamientos médicos necesarios en la práctica es condenado a muerte. Es decir, se están violando dos de sus derechos fundamentales: los derechos a la vida y a la salud.

De igual modo, señor Presidente, es preciso fortalecer las medidas antidiscriminación, ya que las normas vigentes no han permitido una real protección a los infectados, especialmente en materia laboral.

La no notificación a tiempo a numerosas personas portadoras del VIH y el escándalo público que ello generó han permitido que nuestra sociedad tome más conciencia sobre esa epidemia: los portadores han dejado de ser parte de una estadística, transformándose en rostros de hombres, mujeres y niños que sufren.

Considero que esa situación, por dolorosa que resulte, debe ser aprovechada para crear más conciencia acerca de los verdaderos alcances de la epidemia del VIH-sida y, sobre todo, de las formas de evitar el contagio, especialmente entre nuestros jóvenes.

Como expresó el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, el año 2007, al conmemorarse el Día Mundial del Sida, "Hemos de poner fin al estigma y a la discriminación que aún impiden a mucha gente saber cómo prevenir el VIH y obtener tratamiento. La necesidad de liderazgo y empoderamiento en la lucha contra el SIDA, y de cumplir los compromisos asumidos en la materia, es más real y urgente que nunca".

Es con ese objetivo que las autoridades de Gobierno y, asimismo, los parlamentarios debemos comprometernos a buscar los mecanismos que nos permitan, como país, enfrentar de mejor forma dicha epidemia. Y esto pasa no solo por implementar campañas de información, sino también por modificar -como señalé anteriormente- la Ley del sida.

Esa es nuestra gran tarea. Y espero que estemos disponibles para tramitar con celeridad el proyecto respectivo.

Tal es el compromiso que tenemos que asumir para hacer frente a dicha realidad.

He dicho.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- En el turno del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra la Senadora señora Alvear.

INCLUSIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE EN RÉGIMEN

GENERAL DE GARANTÍAS EN SALUD. OFICIOS

La señora ALVEAR.- Señor Presidente, la esclerosis múltiple es una enfermedad de causa desconocida. Se caracteriza por la aparición de placas en el sistema nervioso central -evolucionan en brotes y pueden surgir en cualquier parte de la sustancia blanca del mencionado sistema- y, también, por la presencia de lesiones neuropatológicas.

La edad de comienzo más frecuente es entre 20 y 40 años. Es más habitual en mujeres que en hombres. De hecho, 2 de cada 3 enfermos son mujeres.

La prevalencia de la esclerosis múltiple en nuestro país es de 12 a 13 casos por cada 100 mil habitantes, cifra menor que la de Argentina y muy similar a las de Brasil y México. La proyección estadística arroja cerca de 3 mil casos en Chile. Sin embargo, las personas conocidamente diagnosticadas son alrededor de 500.

El tratamiento se basa en medicamentos, con un doble objetivo: por un lado, detener la enfermedad, evitar que continúe su progresión, y por otro, intentar mejorar las lesiones del sistema nervioso, que ocasionan las secuelas.

Se utilizan los medicamentos Avonex, Copaxone, Rebif, Betaferón (Interferón beta), con los que se procura disminuir el número de brotes en mayor o menor grado. Sin el tratamiento se presentan síntomas tales como ceguera, pérdida de movilidad en algunas articulaciones, por ejemplo en brazos y piernas, que provocan invalidez, mareos, parálisis, vómitos, entre otros trastornos.

Señor Presidente, el tratamiento de la esclerosis múltiple es muy difícil de solventar. Cuesta aproximadamente un millón de pesos mensuales solo en medicamentos. En nuestro entorno latinoamericano se halla cubierto. Así sucede en Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela. Chile es una excepción en la región, y no existe una razón de salud pública ni presupuestaria para ello.

Lo óptimo, pero no lo realista, es incorporar el tratamiento de la esclerosis múltiple a las patologías cubiertas por el AUGE. Sin embargo, se requieren una ley y los consensos necesarios para, primero, aumentar el número de patologías, y segundo, si se logra aquello, incorporar dicha enfermedad al listado pertinente.

Por eso, creo que la mejor alternativa es incluir la esclerosis múltiple en la protección No AUGE, llamada "Régimen General de Garantías en Salud"; es decir, la cobertura que el Fondo Nacional de Salud otorga a sus afiliados.

Basta una resolución de los Ministerios de Hacienda y de Salud, a través del FONASA, para mejorar sustantivamente la cobertura de la referida enfermedad, pues, de concretarse aquella, los pacientes tendrían derecho a recibir, en virtud del Régimen en comento, las prestaciones, incluidos los medicamentos, a que se refiere el artículo 138 del DFL 1, de Salud, de 2005.

Para incorporar la esclerosis múltiple al Régimen General de Garantías en Salud se precisan las siguientes decisiones:

-Que FONASA evalúe los costos de cobertura, sobre la base de una canasta de prestaciones asociadas al tratamiento y a la prevalencia de la enfermedad.

-Que el Ministerio de Hacienda asegure al FONASA los recursos para dicha cobertura.

Hecho aquello, el Fondo Nacional de Salud debe agregar la canasta de prestaciones de la esclerosis múltiple a su arancel tanto para la atención institucional como para la de libre elección. Ello significa que ha de incluir las prestaciones "dar código FONASA" en el proceso de actualización que año a año se realiza, el que comienza en diciembre y se publica finalmente en marzo.

El incorporar la esclerosis múltiple al Régimen General de Garantías beneficiaría no solo a los afiliados del FONASA, sino también a los de las isapres.

De acuerdo a la jurisprudencia de la Superintendencia de Salud, la cobertura libre elección de FONASA es el plan base obligatorio de las isapres, por lo que aquella decisión del sector salud favorecería automáticamente a los afiliados de ambos sistemas.

Eso es importante, porque el sector público financiará a quienes necesitan apoyo y el sector privado se hará cargo de sus propios pacientes y no transferirá el costo al sistema estatal.

Por las razones indicadas, los programas especiales del sistema de salud público dirigidos hacia un número restringido de pacientes no constituyen una verdadera solución, pues su limitada cobertura hará que el problema persista en el tiempo.

Hace algunas semanas, junto con los representantes de la Corporación Eskleros, que agrupa a los enfermos de esclerosis múltiple, nos reunimos aquí, en el Senado, con los Ministros de Hacienda y de Salud, quienes nos garantizaron la realización de la idea señalada.

Si la decisión del Ejecutivo se tomara ahora, la cobertura podría hallarse vigente en marzo. Basta que Hacienda y Salud lo determinen, conforme al compromiso que contrajeron en la mencionada reunión. No se debe esperar ninguna ley, y se está dentro de las fechas de actualización de aranceles del FONASA.

Ello permitiría que toda persona afectada por esclerosis múltiple tuviera acceso a las prestaciones médicas y a los fármacos correspondientes, pues los copagos dirían relación a su capacidad económica.

Reitero: junto con los representantes de la Corporación Eskleros hicimos tales planteamientos a los Secretarios de Estado referidos, quienes nos brindaron una cálida acogida y prometieron responder prontamente.

En virtud de lo expuesto, señor Presidente, solicito oficiar a los señores Ministros de Salud y de Hacienda y Director Nacional del Fondo Nacional de Salud a fin de que informen al Senado sobre la decisión definitiva en cuanto a incorporar la esclerosis múltiple en la cobertura del Régimen General de Garantías en Salud.

He dicho.

--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre de la señora Senadora, conforme al Reglamento.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Mixto, tiene la palabra el señor Navarro, Senador independiente¿

El señor NAVARRO.- Del MAS.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Perdón: Senador del MAS.

INTERROGANTES A BANCO CENTRAL SOBRE CRISIS

ECONÓMICA Y FONDOS DE PENSIONES. OFICIO

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, como es de amplio conocimiento público, la grave crisis que afecta a los fondos previsionales no ha variado. Por el contrario, amenaza con volverse más cruda aún.

Por eso, pido que se envíe copia de mi intervención al señor José De Gregorio Rebeco, Presidente del Banco Central de Chile.

Los efectos de la crisis global en la economía chilena son cada vez más evidentes. En las últimas semanas, el Instituto Emisor ha actualizado sus estimaciones sobre la evolución de la economía para 2009, proyectando una fuerte reducción de la demanda interna (0,6 por ciento), una disminución del producto a un rango de 2 a 3 por ciento y un deterioro muy grande de los términos de intercambio, causado en gran parte por la caída de la cotización del cobre en los mercados internacionales a -18.2. Con ello se da un paso relevante en el reconocimiento de lo que está aconteciendo.

Sin embargo, creo necesario tomar medidas en correspondencia con la gravedad de la situación, la cual tiene además elevados costos sociales, entre ellos una desocupación creciente.

Resulta paradójico que, cuando cada vez en más países se adoptan o anuncian medidas concretas para enfrentar la situación, en Chile se continúe, ya por demasiado tiempo, en período de observación. Es decir, observamos la crisis, no intervenimos para enfrentarla.

Es imprescindible que se asuma la realidad a plenitud y se acuerden políticas en múltiples esferas, ante la grave situación que viven chilenas y chilenos producto de las gigantescas pérdidas que sufren sus ahorros previsionales. Es necesario actuar. Siento un profundo malestar debido a la inmovilidad de los organismos del Estado, en lo cual cabe observar la nula o poca proactividad del Banco Central, como también de la Superintendencia y la Comisión Clasificadora de Riesgo.

Cuando los principales diarios financieros del planeta señalan que el curso de la economía mundial sigue siendo descendente, la estimación de crecimiento entregada por el Instituto Emisor parece optimista. Si uno considera las apreciaciones de los economistas chilenos, de acuerdo a la encuesta efectuada por el Diario Financiero a sesenta expertos del mundo académico, financiero y empresarial, más de 64 por ciento de ellos sostienen que el crecimiento estará bajo el rango de 2 por ciento.

Es necesario anticiparse a los efectos negativos que seguramente tendrá la crisis. Por ejemplo, en Estados Unidos, paradójicamente, el Presidente electo, Barack Obama, actúa -y ello nunca había ocurrido en la política de ese país- como si estuviera en ejercicio. Existen dos Mandatarios: el señor Bush, que se va, y el que asume, que es quien gestiona, decide, se reúne. Es decir, se da el "síndrome del pato cojo" a plenitud. Y Barack Obama ha decidido poner en el centro de su propuesta de reactivación económica la cuestión del empleo. "Si no actuamos rápida y audazmente," -ha dicho- "la mayoría de los expertos coinciden en que el año que viene podríamos perder millones de empleos". Es un desafío planteado a nivel mundial, entonces, y también tiene que ser parte del que enfrenta Chile.

Todo hace notar que faltan medidas para enfrentar el curso interno contractivo por registrarse en 2009. Va a haber una recesión mundial, incluido Estados Unidos, por cierto, y también Chile, que exporta 45 por ciento de su producto y del total de sus exportaciones hacia la nación del Norte.

La situación ha llevado a que muchos países anuncien medidas económicas para hacerle frente, lo cual también fue recomendado en la reunión efectuada a mediados de noviembre recién pasado en Washington por el G-20. Sin embargo, como advirtió el diario Estrategia el 17 de ese mes, "el plan de salvataje en Chile aún no existe, pese a que la cifra de desempleo sorprenderá en el próximo informe y no sería extraño que la tasa de desocupación se encamine hacia 9%, para alcanzar los dos dígitos el próximo año".

Por mi parte, quisiera que se equivocara Estrategia, que no avanzásemos hacia un desempleo de esa envergadura. Pero, en forma clara, hay una advertencia, luces amarillas, respecto de lo que viene.

Creo profundamente que las recomendaciones de aumentar el gasto público, como mecanismo anticíclico, es fundamental. Así lo dicen los economistas en el mundo. A nivel global se multiplican tales apreciaciones. En Estados Unidos, el nuevo Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, lo planteó públicamente a los asesores de Barack Obama. "Mi consejo a la gente de Obama" -escribió- "es que piensen en cuánta ayuda creen que necesita la economía, luego agreguen un 50%. Es mucho mejor" -enfatizó- "en una economía deprimida, equivocarse por el lado de demasiado estímulo que por el lado de muy poco.". Eso es lo que dijo para la economía estadounidense.

Por su parte, otro destacado Premio Nobel, Paul Samuelson, plantea también la importancia de aumentar el gasto fiscal, como política en la recuperación de la crisis, y de no esperar para aplicar dichas políticas económicas, pues el tiempo juega en contra.

La desaceleración económica ya se encuentra en curso y, en consecuencia, creo que la actualización de las cifras efectuada por el Banco Central debe conducir a la conclusión de que es preciso adoptar medidas urgentes para contrarrestarla.

Ya en agosto el Índice de Ventas Reales de la Cámara Chilena de la Construcción comenzó a descender, caída que se acentuó en los meses siguientes, lo que generó que grandes empresas constructoras, como Paz Froimovich y SalfaCorp, postergaran proyectos y llevasen a cabo reducciones masivas de personal.

La Corporación de Desarrollo Tecnológico y Bienes de Capital, que confecciona periódicamente un catastro de las inversiones por materializarse, cifra en 2 mil 360 millones de dólares el monto de 19 proyectos postergados, la gran mayoría de ellos en el sector de la construcción. A partir de octubre, dice su informe de 20 de noviembre recién pasado, "se han comenzado a percibir los primeros efectos de la crisis". Varias de las mayores empresas de comercio al detalle suspendieron también sus planes de expansión. A su turno, las exportaciones de octubre, a doce meses, disminuyeron 6,2 por ciento.

En la Región del Biobío, a la cual represento, la crisis también está provocando impactos importantes. Como señala El Mercurio de 30 de noviembre, el grupo Arauco ha cerrado cuatro empresas, desde 2007 a la fecha, perdiéndose más de 700 empleos. La planta Masisa también redujo personal en más de 260 trabajadores. El diario comenta que se han perdido más de cuatro mil puestos de trabajo en empresas ligadas al rubro forestal.

Por todo lo anterior me permito plantear al Presidente del Banco Central las siguientes interrogantes.

El informe publicado por la Superintendencia de Pensiones el día 10 de noviembre señala que las pérdidas en 12 meses han ascendido a 25 mil 168 millones de dólares, equivalente a -26,7 por ciento de los fondos. ¿Cómo explica el Instituto Emisor el gigantesco perjuicio sufrido por los chilenos si, de acuerdo al artículo 45 del decreto ley Nº 3.500, le entrega informes a la Superintendencia para autorizar las inversiones?

¿Los informes que proporciona el Banco Central a ese organismo, conforme a la disposición recién citada, recomiendan hacer innovaciones, para lo que resta de 2008 y en 2009, en las políticas de inversión de los fondos previsionales?

¿Han sido acatadas las recomendaciones por la Superintendencia y las administradoras de fondos de pensiones?

¿Por qué no se ha planteado, como estrategia, el repliegue ordenado de los fondos de pensiones a inversiones más seguras en el país mientras dura la crisis? Es necesario cambiarse al fondo E.

¿Ha señalado el Banco Central a la Superintendencia de Pensiones que exija a las administradoras el otorgamiento de facilidades a los afiliados para trasladarse al fondo E y volver al A una vez que haya pasado la crisis?

¿Qué medidas concretas ha adoptado para investigar las dimensiones reales de las pérdidas y asegurar la repatriación de los fondos?

Me dirán: "No es facultad del Banco Central". La verdad es que la Superintendencia no es una entidad financiera. El que debe hacer recomendaciones sobre las finanzas, las inversiones, es el Instituto Emisor.

Nuestras investigaciones sugieren que parte significativa de los instrumentos en que se encuentran invertidos los fondos de pensiones de los chilenos son actualmente de liquidez muy discutible, y varias de las instituciones en que se ha confiado aparecen hoy con su solvencia en cuestión.

¡Lo anterior es gravísimo, señor Presidente!

Esas inversiones debieran ser castigadas a su valor de mercado actual, como lo han venido haciendo todos los grandes bancos. Si no se liquidan es por la imposibilidad de hacerlo.

A modo de ejemplo, en septiembre recién pasado, 1,4 billones de pesos, equivalentes a 2 mil 772 millones de dólares, y 8,21 por ciento de los fondos externos estaban invertidos en los denominados "iShares" que siguen diversos índices financieros. Estos recursos son manejados por el banco Barclays, del Reino Unido, institución que ha sido objeto de múltiples cuestionamientos desde los inicios de la crisis, a raíz de sus problemas de liquidez y su dudosa solvencia, puesto que todavía no ha marcado a precio de mercado sus activos afectados, como sí lo han hecho otras instituciones. Ahí está el dinero de los chilenos.

Si se revisan los nombres de los fondos que concentran el grueso de las inversiones, se aprecia que varios de ellos ya han presentado serias dificultades durante la crisis en curso. Los correspondientes a los bancos suizos UBS y Credit Suisse, por ejemplo, concentran más de 2,3 billones de pesos entre ambos, equivalentes a 2 mil 600 millones de dólares, y más de 7 por ciento del fondo externo. Como se sabe, ambas entidades se hallan entre las más afectadas y su solvencia está actualmente en cuestión.

Fondos pertenecientes a las aseguradoras AIG, ING y Allianz concentraron 300 mil 979 millones de pesos, equivalentes a 586 millones de dólares. Como es sabido, la primera de ellas cayó en falencia y tuvo que ser, en los hechos, nacionalizada por el Gobierno de los Estados Unidos. ING, entre otros problemas, mantiene en sus balances más de 22 mil millones de euros en activos respaldados por hipotecas dudosas. Allianz, por su parte, ha perdido más de 40 por ciento de su valor bursátil en el último año.

De acuerdo al decreto ley Nº 3.500 y su Reglamento de las inversiones de los fondos de pensiones en el extranjero, "corresponderá al Banco Central de Chile disponer las normas correspondientes al retorno de los capitales, sus ganancias y su conversión a moneda nacional. Las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán velar por el oportuno y seguro retorno de las divisas a que se refiere este artículo".

¿Qué medidas propone el Banco Central para mejorar la escasa diversificación de inversiones tanto en fondos nacionales como extranjeros?

Las inversiones externas están altamente concentradas, al punto de que solo 14 fondos mutuos y de inversión concentran 49,4 por ciento, y solo 7 fondos, 30,56 por ciento.

¿Qué opinión tiene el Banco Central acerca de la creación de una administradora de fondos de pensiones estatal?

¿Qué comentarios le merece una medida como la propuesta por CENDA, Centro de Estudios en economía, en el sentido de que "debe permitirse volver al INP a todas aquellas personas próximas a jubilar que se encuentren afectadas por el daño previsional. Es decir, a todos aquellos a quienes su pensión AFP resulte ser inferior a la que obtendrían del INP con similar historia de cotizaciones previsionales. Estamos hablando de 320.768 personas de carne y hueso que han perdido" -y no van a recuperarlo al menos en diez años- "entre más de un quinto y poco menos de la mitad de sus fondos. Se trata de un número casi igual al total de jubilados por vejez de las AFP en la actualidad y más de la mitad de los beneficiarios de la nueva pensión solidaria."? Se hace referencia al caso en que el Estado se hace cargo de la garantía, al no alcanzarse la pensión mínima.

Y, por último, ¿cuáles serán las medidas que a corto y largo plazo tomarán, como institución, a fin de paliar los efectos de la crisis económica, en general, en nuestro país, y, especialmente, por el hecho de fijar los límites máximos para las inversiones en el extranjero de los distintos tipos de fondos de una misma administradora?

Señor Presidente, agradeceré que el Banco Central pueda responder estas inquietudes. Me entrevisté personalmente con José De Gregorio y le entregué una carta sobre el particular. Hubo total disposición a contestarla. Sin embargo, me ha parecido oportuno plantear su contenido en la Sala, al objeto de difundir claramente estos temas, que les interesan a 9,5 millones de trabajadores en el país, quienes han perdido -reitero- entre un quinto y la mitad de sus fondos previsionales.

Quedo a la espera de las medidas concretas que el Banco Central adoptará frente a la tragedia previsional que sufren millones de chilenos y chilenas, sobre la cual la inmensa mayoría de ellos no está informada.

Creo que en este caso la Superintendencia de Pensiones ha jugado un rol que debe ser revisado. Pienso que la legislación sobre diversificación de los fondos -la cual aprobamos en la Cámara de Diputados- ha sido un total fracaso. No es cierto que la gente pudiera cambiarse de fondo cuando lo quisiera. No se ha garantizado el derecho de migrar del Fondo A y B al E cuando la persona, con información entregada por la administradora, tomaba la decisión legítima y libre de hacerlo.

Nos encontramos frente a uno de los problemas más complejos que ha enfrentado el sistema de AFP, y que ha terminado, de manera irremediable, castigando a los afiliados. Porque las AFP no han dejado de ganar un solo peso. Por el contrario, han mantenido el cobro por la administración aun cuando los fondos de las personas se esfuman. Se trata de un modelo tremendamente injusto, que ha de ser revisado.

Reitero que el Gobierno tiene un deber con los afiliados a las administradoras: protegerlos, intentar devolverles los fondos que han perdido. Y se observa pasividad al respecto.

Ojalá el Banco Central y su Presidente den luces positivas para orientar una política de Estado que proteja a los trabajadores.

Aquí las empresas no han resultado perjudicadas. Los que tenían grandes ahorros de capital, ricos o pobres, han sido afectados por igual. Pero aquellos que han perdido la mitad de sus fondos y viven de la labor de sus brazos, que son asalariados, han sufrido una merma irremediable, y tardarán mucho más en recuperarse y en poder acceder a una jubilación digna.

Por ello, espero que el Banco Central dé respuesta a estas inquietudes, que creo que corresponden a millones de chilenos.

¡Patagonia sin represas, señor Presidente!

He dicho.

--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Los Comités Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional no harán uso de sus tiempos.

Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.

--Se levantó a las 18:58.

Manuel Ocaña Vergara,

Jefe de la Redacción