REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 356ª
Sesión 35ª, en miércoles 9 de julio de 2008
Ordinaria
(De 16:20 a 19:28)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ADOLFO ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, los Ministros del Interior, señor Edmundo Pérez Yoma; Secretario General de la Presidencia, señor José Antonio Viera-Gallo Quesney, y Secretario General de Gobierno, señor Francisco Vidal Salinas.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 31ª, ordinaria, en 1 de julio; 32ª, especial, y 33ª, ordinaria, ambas en 2 de julio, todas del año en curso, que no han sido observadas.
El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica que ha prestado su aprobación al proyecto de reforma constitucional en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política (boletín N° 4.716-07) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, con el que contesta un oficio remitido en nombre de los Senadores señores Espina, Allamand, García, Orpis, Pérez Varela y Romero, referido a los recursos disponibles para la puesta en marcha y funcionamiento de la reforma de la justicia laboral.
Dos de la señora Ministra de Educación:
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, acerca de la reposición de la Escuela de Palmilla, en la ciudad de Linares.
Con el segundo responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Navarro, relativo a programas de reparación y mantenimiento de la Escuela Francisco Coloane, en Puerto Sur, comuna de Coronel.
Tres del señor Ministro de Obras Públicas:
Con el primero da contestación a un oficio expedido en nombre del Senador señor Allamand, sobre proyectos de agua potable rural para la localidad de La Aguada, comuna de Corral.
Con el segundo contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Romero, referido al estado de avance de los proyectos de construcción de embalses en la comuna de Petorca.
Con el tercero da respuesta a un acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Senadores señores Naranjo y Muñoz Aburto, mediante el cual se solicitó a Su Excelencia la Presidenta de la República que instruyera a los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones, de Obras Públicas, y de Vivienda y Urbanismo para que adopten las medidas necesarias destinadas a la construcción de ciclovías en las calles o avenidas segregadas para la locomoción colectiva (boletín N° S 1.039-12).
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Frei, acerca de lo expuesto por doña Silvia Pino, representante de la Academia Nacional del Transporte S.A.
Dos del señor Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía:
Con el primero contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Romero, relativo a la factibilidad de introducir reformas a las tarifas de regulación eléctrica.
Con el segundo responde un oficio expedido en nombre del Senador señor Horvath, respecto de la posibilidad de dotar de energía eléctrica a la localidad de Lago Verde, Región de Aisén.
Del señor Secretario Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Séptima Región, mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, referido a la extensión del recorrido de la línea 4 de la empresa de microbuses San Ambrosio, en la comuna de Linares.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Defensa Nacional e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea una planta de tropa profesional para las Fuerzas Armadas (boletín N° 5.479-02) (con urgencia calificada de "simple").
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo para resguardar el derecho a la igualdad en las remuneraciones (boletín Nº 4.356-13) (con urgencia calificada de "simple").
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Senadores señores Naranjo y Letelier, con la que inician un proyecto de ley que modifica el Código de Justicia Militar para regular la pérdida de honores militares y degradación de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden (boletín N° 5.962-02).
--Pasa a la Comisión de Defensa Nacional.
Del Senador señor Pérez Varela, con la que inicia un proyecto de ley que establece la obligación de rendir una prueba de aptitud profesional ante la Corte Suprema para poder ser abogado (boletín N° 5.963-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Senadores señores Muñoz Aburto, Escalona y Letelier, con la que inician un proyecto que modifica la ley N° 18.556, sobre sistema de inscripciones electorales y Servicio Electoral, en lo relativo a los electores que incurran en falsedad en la inscripción (boletín N° 5.965-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Del Senador señor Orpis, con la que inicia un proyecto de ley sobre energía nuclear (boletín N° 5.966-08).
Del Senador señor Allamand, con la que inicia un proyecto de ley que establece estándares mínimos de desempeño energético de los artefactos eléctricos que se comercialicen en el territorio nacional (boletín N° 5.967-08).
--Pasan a la Comisión de Minería y Energía.
Declaraciones de inadmisibilidad
Moción de los Senadores señores Horvath y Bianchi, con la que inician un proyecto que modifica la ley N° 18.502, que establece un impuesto a los combustibles que señala.
--Se declara inadmisible por tratarse de una materia que debe tener su origen en la Honorable Cámara de Diputados y que corresponde a la iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República, de conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 65 de la Constitución Política de la República, respectivamente.
Moción de los Senadores señores Bianchi, Horvath y Romero, con la que inician un proyecto de ley que crea un subsidio de emergencia al consumo de agua potable.
--Se declara inadmisible por regular una materia de iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero y en el número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.
Proyecto de acuerdo
De los Senadores señores Bianchi, Ávila, Espina, Gómez, Kuschel, Larraín, Letelier, Muñoz Barra, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Sabag y Zaldívar, mediante el cual solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República la adopción de una política de pago en moneda euro a los funcionarios diplomáticos que se desempeñan en la Zona Euro y el inicio de un proceso de compra de inmuebles para las representaciones diplomáticas en el exterior (boletín N° S 1.087-12).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
Solicitudes de permiso constitucional
Del Senador señor Naranjo, para ausentarse del país a contar del día 9 de julio de 2008.
Del Senador señor García, para ausentarse del país a partir del día 18 de julio del año en curso.
--Se conceden.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminada la Cuenta.
Para referirse a la Cuenta, tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, pido oficiar en nombre del Senado a Su Excelencia la Presidenta de la República, para solicitarle que analice y patrocine los dos proyectos declarados inadmisibles, en particular el primero -modifica la ley que establece impuesto a combustibles que señala-, por cuanto la iniciativa legal que aprobamos hace poco, sobre adición de recursos al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles Derivados del Petróleo y adopción de medidas adicionales para el sector transporte, no tiene ninguna significación práctica en la zona austral.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Comparto plenamente lo planteado por Su Señoría, al igual que el Honorable señor Navarro.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
--Se acuerda.
CREACIÓN DE MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SERVICIO NACIONAL PARA PREVENCIÓN DE CONSUMO Y TRÁFICO DE DROGAS
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Corresponde continuar la discusión general del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea el Ministerio Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas, con nuevo primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (4248-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 24ª, en 20 de junio de 2006.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 60ª, en 30 de octubre de 2007.
Constitución (nuevo), sesión 31ª, en 1 de julio de 2007.
Discusión:
Sesiones 62ª, en 6 de noviembre de 2007 (se retira de la tabla); 33ª, en 2 de julio de 2008 (queda para segunda discusión).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Cabe recordar que la relación del proyecto se efectuó en la sesión del 2 de julio recién pasado.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, de conformidad con el acuerdo adoptado por la Sala el 22 de enero de este año, emitió un nuevo primer informe, donde se deja constancia de que discutió el proyecto tanto en general cuanto en particular, autorizada por la Sala para este efecto.
En el nuevo primer informe, dicho órgano técnico se abocó al análisis de la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo y aprobó los distintos artículos propuestos, en forma unánime, con la excepción del artículo 18, que contó con el voto favorable de los Senadores señora Alvear y señores Chadwick, Espina y Muñoz Aburto, y el voto en contra del Senador señor Gómez. Dicho artículo crea el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.
El texto aprobado por la Comisión se transcribe en la parte pertinente del nuevo primer informe.
Corresponde señalar que los artículos 1°, inciso primero; 2°, inciso segundo; 3°, letras c), k) y l); 4°; 7°, inciso segundo; 9°; 11; 12, inciso segundo y letras a) y b) del inciso tercero; 14; 17, inciso final; 21, numerales 1 a 6, 7 -salvo la letra k) aludida por este numeral-, 8 y 11; 23, y 25, número 1) tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación el voto favorable de 21 señores Senadores.
El proyecto, durante su discusión particular -si se aprueba la idea de legislar-, también debe ser informado por la Comisión de Hacienda.
Cabe indicar que el Comité Unión Demócrata Independiente solicitó, en la sesión del día 2 de julio, segunda discusión para esta iniciativa.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En la segunda discusión, tiene la palabra el Senador señor Gómez.
)----------(
El señor Longueira.-
¿Me permite una cuestión previa, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor LONGUEIRA.-
Lamentablemente, no pude intervenir luego de la Cuenta y no sé si hubo un acuerdo distinto respecto del segundo proyecto del Orden del Día, sobre operación de embalses frente a alertas y emergencias de crecidas, que fue aprobado en particular tanto por la Comisión de Obras Públicas como por la de Hacienda en forma unánime, y que la Sala conoció hace bastante tiempo.
Solicito recabar el asentimiento de la Sala para tratar esa iniciativa en primer lugar como si fuera de Fácil Despacho, dado que aborda una materia importante y que en el órgano técnico fue acordada por unanimidad. Así podríamos despacharla en forma inmediata.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Senador señor Longueira, pese a tener la mejor voluntad para acoger su petición, ello no es posible, debido a que ya se hizo la relación del primer proyecto de la tabla y se puso en discusión. Estamos en el debate general.
Ante las razones esgrimidas por Su Señoría, no habría tenido inconveniente en acceder a tratar de inmediato aquella iniciativa como si fuera de Fácil Despacho. Lamento que su intervención haya sido tardía.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, entiendo que esa rigidez siempre puede ser resuelta por la unanimidad de la Sala.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Concluido el asunto en análisis, plantearé tramitar el proyecto referido en los términos en que sugiere el señor Senador.
El señor LONGUEIRA.-
Está bien, señor Presidente, pero no sabemos cuánto va a demorar la discusión de la primera iniciativa. Si ella no se alcanzara a despachar hoy día, pediría que el segundo proyecto quede para Fácil Despacho de la sesión siguiente, porque no hay motivo para su postergación.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Ningún problema, señor Senador. Comparto plenamente su juicio.
)----------(
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, después de una prolongada y acuciosa discusión, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento presenta a esta Sala su nuevo primer informe sobre la iniciativa en estudio, para proponer, en definitiva, la creación de un Ministerio que se denominará "del Interior y Seguridad Pública".
La fórmula que se presenta ahora deja atrás dos modelos sometidos previamente a la consideración de la Comisión: el primero consistía en crear un Ministerio enteramente nuevo que se encargaría de la seguridad pública, y el segundo, en confiar dicho asunto a una nueva Subsecretaría, que formaría parte de la Cartera del Interior.
Debo destacar que la estructura que ahora planteamos está respaldada por un acuerdo político-legislativo alcanzado por los distintos partidos con representación parlamentaria y el Gobierno, en noviembre del año pasado. ¡La única diferencia es que aquí no levantamos las manos, señor Presidente¿!
El nuevo Ministerio es definido como un colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en los asuntos relativos al orden público, a la política y mantenimiento de la seguridad pública interior y a la protección de las personas y sus bienes. Se trata de contar con una autoridad que reúna todas las atribuciones necesarias para responder adecuadamente a los graves desafíos que se plantean en estos ámbitos.
Por ello, se acordó que dicha Cartera concentrará la decisión política en las materias ya señaladas; coordinará la ejecución de los planes y programas que desarrollen los demás Ministerios y servicios en estas áreas, y tendrá a su cargo la evaluación y la fiscalización de aquellos.
Además, se encargará de todo lo relativo a la prevención, al control de la delincuencia, a la rehabilitación de los infractores de ley y a la reinserción social de estos.
Debo señalar, por otra parte, que de esta Secretaría de Estado dependerán las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución Política.
Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente de la República mantendrá su relación directa de autoridad con el General Director de Carabineros y con el Director General de la Policía de Investigaciones a través del mismo Ministro.
La coordinación de los planes y programas que las diferentes instituciones públicas desarrollen en materia de seguridad pública, prevención y rehabilitación es un elemento distintivo de esta nueva Cartera que debe destacarse. Se trata de una coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los objetivos nacionales, que, en concreto, se traduce en que los programas, las acciones y las actividades que la Ley de Presupuestos consulte para estos efectos deberán ser visados por el Ministro del Interior y Seguridad Pública.
El proyecto contempla, además, la obligación de este Ministerio de informar semestralmente al Senado y a la Cámara de Diputados, por medio de las Comisiones que estas Corporaciones designen, acerca de la inversión realizada y los avances logrados en la implementación de programas de seguridad publica y de los resultados parciales de las correspondientes políticas públicas.
Otro aspecto destacable de la iniciativa lo constituye la creación de la Subsecretaría de Prevención y Rehabilitación, que se encargará de todas aquellas materias relacionadas con la elaboración, ejecución y evaluación de políticas públicas destinadas a prevenir socialmente la delincuencia y el consumo de drogas y alcohol, a rehabilitar a los infractores de la ley y a reinsertarlos en la sociedad.
Complementariamente, la iniciativa crea el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, como entidad pública descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sometido a la supervigilancia del Primer Mandatario a través del nuevo Ministerio.
Este fue el único punto en que no hubo unanimidad en la Comisión, pues, mientras la mayoría optó por el referido modelo de servicio público descentralizado, quien habla manifestó inquietud por el hecho de que el proyecto proponga en forma simultánea la creación de una Subsecretaría de Prevención y un servicio público con una misión similar.
Durante el debate sostuve que esta duplicidad de instituciones podría dificultar la coordinación y la concentración de atribuciones y de mando que se busca, y atentar contra el propósito de reunir el ejercicio del poder en un solo titular en una materia que, precisamente, demanda unidad de criterio. En concreto, consideré que, al crearse dicha Subsecretaría, el Servicio debería quedar bajo su dependencia.
Otra materia abordada por el proyecto es la ejecución de la política nacional de seguridad pública en el territorio nacional. Si bien esta se efectuará principalmente a través de los intendentes, la Comisión quiso asegurar en esta tarea un rol importante a las municipalidades y a las comunidades locales. Para este efecto, los intendentes se coordinarán directamente con los municipios, de manera que la política nacional de seguridad dé cuenta de la realidad local. También con este objeto, se faculta al nuevo Ministerio para desarrollar planes y programas de prevención y seguridad mediante las municipalidades, para lo cual deberá utilizar criterios técnicos y objetivos, y establecer los respectivos mecanismos de financiamiento.
El proyecto contempla, además, una serie de adecuaciones a diferentes cuerpos legales, especialmente a las leyes orgánicas de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones.
En último término, se establece un conjunto de disposiciones transitorias que consagra una serie de delegaciones de facultades legislativas al Presidente de la República, con el fin de que fije las nuevas plantas y haga los correspondientes traspasos de personal y determinaciones de funciones. Además, las normas transitorias se ocupan de los aspectos presupuestarios propios de la creación de los órganos que esta iniciativa plantea.
Sobre estas disposiciones transitorias, se concordó con el Ejecutivo la suscripción de un Protocolo que dará cuenta pormenorizada de las plantas y dotaciones de los nuevos servicios, así como de las formas y condiciones en que se efectuará el traspaso de personal. En la discusión particular analizaremos detalladamente estos preceptos.
Debo destacar, una vez más, que salvo la votación de la norma que crea el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, la totalidad de los acuerdos contaron con el voto unánime de los miembros de la Comisión, lo que da cuenta del consenso que se alcanzó en este trabajo.
Señor Presidente, en la iniciativa, que fue objeto de una larga discusión y tramitación en el órgano técnico, se logró un resultado positivo al concordar políticas de seguridad pública y también -era esencial- de rehabilitación y reinserción. Esta materia se debatió ampliamente y se aprobó con gran consenso.
Es cuanto puedo informar.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, el proyecto en análisis es, probablemente, el más relevante en materia de seguridad ciudadana, en cuanto a contar con una institucionalidad sólida que permita enfrentar el problema de la delincuencia en las tres fases en que debe abordarse.
Una de ellas es la prevención del delito, fase en la cual nuestro país ha avanzado muy poco o prácticamente nada durante muchos años. Ella incluye políticas públicas destinadas a identificar, dentro de los sectores de nuestra sociedad, a las familias más vulnerables al involucramiento en hechos delictuales, y a realizar una intensa campaña de prevención del consumo de drogas y de alcohol.
Actualmente, en nuestro país se destinan 1.600 pesos anuales por cada estudiante de enseñanza secundaria para prevenir el consumo de drogas y alcohol. Esta suma resulta del todo absurda y ridícula, porque no alcanza para realizar una campaña masiva, en circunstancias de que todos sabemos que una causa directa de los delitos radica en el uso abusivo de esos tóxicos, en particular cuando un alto porcentaje de los jóvenes que consumen droga son adictos a ella.
Por otro lado, en el área de la investigación del delito -que compete propiamente a la Fiscalía-, la actuación de las Policías resulta fundamental para la captura de delincuentes peligrosos, los que habitualmente son reincidentes y, por desgracia, recuperan su libertad con gran facilidad, continuando su carrera delictual.
Donde se ha avanzado muy poco o nada es en materia de rehabilitación, en que se han registrado falencias extraordinariamente graves en las políticas públicas respecto al control del delito. Por eso, la delincuencia sigue siendo uno de los puntos de mayor relevancia para la ciudadanía, si no el mayor, en todas las encuestas de opinión pública.
El mérito del proyecto que nos ocupa reside en la creación de una institucionalidad, un Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que concentre todo el poder necesario para avanzar en las líneas de la prevención, de la acción policial y de la rehabilitación.
Eso sí, señor Presidente, deseo formular una prevención: en el texto en discusión, figura un cambio que aparentemente se produjo en la sesión donde se efectuó la revisión final del proyecto -no asistí a ella-, en cuanto a que las atribuciones le corresponden al Ministerio del Interior y no al Ministro de esta Cartera.
Hago presente lo anterior, porque los acuerdos políticos están para cumplirse. Y el que suscribimos con el Gobierno -lo tengo en mis manos- dispone claramente en la letra b. del punto 1.: "El Ministro del Interior será el responsable político de la seguridad pública y de él dependerán las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.".
En efecto, el articulado que se somete a conocimiento de la Sala establece lo anterior como atribución global del Ministerio del Interior en materia de seguridad ciudadana. Nosotros no deseamos que carezca de aquella, sino que el Ministro sea responsable personalmente y que, por supuesto, disponga de toda la estructura de su Cartera.
Ese punto no representa un cambio menor, señor Presidente, porque fue esencial en el debate y aprobación del proyecto.
En consecuencia, voy a votar a favor en general, pero en la discusión particular pediré que se reponga la idea original, que debemos respetar. Reitero: ella está en el acuerdo que suscribimos, y tenemos que cumplirlo.
En efecto, nosotros deseamos una autoridad política responsable directamente del control de todos los programas públicos en materia de seguridad ciudadana, en las áreas de prevención, de rehabilitación y, por supuesto -porque se traslada la dependencia de las Policías al Ministerio del Interior-, de la acción policial y del orden público.
Asimismo, es importante señalar que se crea una Subsecretaría de Prevención y Rehabilitación -algo inédito en el país-, lo que va a redundar en que la sociedad chilena va a enfocar, por primera vez en forma decidida, políticas públicas tendientes a evitar la comisión de delitos.
Cabe destacar que el CONACE asumirá por primera vez no solo lo que dice relación a la prevención del consumo de drogas, sino también de alcohol. Esto reviste gran importancia, porque en Chile hoy se ha puesto el acento -con razón- en la ingesta de ellas, pero el problema de la ingesta excesiva de alcohol tiene, a lo menos, iguales características de gravedad que la adicción de estupefacientes en los niños.
Por ejemplo, la última encuesta del CONACE muestra que 43 por ciento de los niños en nuestro país reconoce que en la escuela pasa droga o se vende: ¡el 43 por ciento de los niños de nuestros colegios! Se trata de una encuesta elaborada por un organismo del Estado. Revela un hecho extraordinariamente delicado que debe revertirse, porque significa el comienzo de la cadena delictual.
De otra parte, las Policías son traspasadas al Ministerio del Interior. Todas las materias relacionadas con cuestiones de carácter administrativo y operativo serán ejercidas a través de tal organismo, sin participación en medidas operativas -una de las características de la profesionalización de las Policías chilenas- ni politización por medio de Intendencias o Gobernaciones.
Por lo tanto, ello resguarda adecuadamente el carácter profesional de las Policías, evitando que el día de mañana puedan ser utilizadas o influidas con fines distintos a su propósito institucional.
Se establece una relación directa entre las políticas públicas nacionales y el municipio. Porque, a fin de cuentas, alguien debe cumplirlas, y lo lógico es que lo hagan dichas entidades. Si bien el Gobierno debería tener una estrategia nacional para enfrentar lo relacionado con la seguridad ciudadana y la delincuencia, quien la ejecuta en la práctica son las municipalidades.
En tal sentido, el texto dispone claramente que no podrá haber por parte del Gobierno central discriminación entre un municipio y otro, particularmente cuando ello se origine en razones políticas. Por ejemplo, celebrar contratos y derivar recursos a las municipalidades cuyos alcaldes pertenezcan a la coalición gobernante, y dejar sin apoyo a aquellas que tengan alcaldes de la Oposición.
Para prevenir lo anterior, cualquiera que sea el futuro Gobierno, se consagra que no podrán establecerse discriminaciones, y que lo primero que debe efectuar el Gobierno es ofrecer los recursos por igual y en forma equivalente a todos los municipios. Si estos los acogen, tendrán la oportunidad de desarrollar las políticas públicas, adecuándolas a su realidad, y si no, el Ministerio tendrá la facultad de llevarlas adelante, de manera tal de no entorpecer la política nacional.
En síntesis, señor Presidente, opino que se trata de un muy buen proyecto, que fue trabajado mancomunadamente en la Comisión, lo que demuestra -como en este caso concreto- la colaboración de la Oposición.
A todos aquellos que habitualmente señalan que nuestra acción es obstructiva, debo decir que esta iniciativa ha logrado salir adelante gracias al trabajo desarrollado por todos los integrantes de la Comisión, incluidos los de la Alianza -le consta a su Presidente-, en forma permanente y reiterada, para perfeccionarla y buscar la mejor institucionalidad.
En conclusión, señor Presidente, vamos a votar a favor de la iniciativa, porque es buena. Esperamos que se mejore -ello es factible- mediante las indicaciones que formulen los señores Senadores. Se trata de un cambio radical en la institucionalidad chilena en la materia.
Sin embargo, reitero la prevención que mencioné con anterioridad: en el texto hay una norma que altera el acuerdo, porque muchas de las atribuciones son del Ministro del Interior, y no del Ministerio. Ello constituye un punto esencial para nosotros. No queremos que, finalmente, la burocracia termine por afectar el buen funcionamiento de la labor que el país debe llevar adelante en materia de seguridad ciudadana.
Con tal advertencia, y considerando que el proyecto tiene carácter orgánico constitucional, nos reservamos el derecho a cambiar lo que no corresponda al acuerdo suscrito.
Anuncio que votaré a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, deseo agregar algunas consideraciones a lo señalado por el Senador señor Espina.
El proyecto que nos ocupa tiene una historia antigua. Fue una de las primeras iniciativas promovidas por el actual Gobierno, cuando era Ministro del Interior don Andrés Zaldívar. Se trató de un proyecto muy discutido por la forma como planteaba la división de las tareas en dicha Cartera y en un Ministerio de Seguridad Pública.
Luego de algunos cambios, de varias discusiones y especialmente del consenso gestado entre la Alianza y el Gobierno a solicitud nuestra para avanzar en diversas medidas en el ámbito de la seguridad pública, se llegó a uno de los acuerdos centrales que interesaban al Gobierno. Nosotros tuvimos la mejor voluntad para alcanzar un entendimiento, dada la importancia que reviste el problema.
No escapará a la atención del Senado y del país la enorme inquietud existente sobre seguridad pública. Se trata de un área en que, durante muchos años, la percepción ciudadana ha sido constante, por cuanto no ha habido avances en ese ámbito. Y, por lo tanto, deben realizarse esfuerzos adicionales para conseguir la tranquilidad de la población.
Ese fue el sentido del acuerdo mencionado, dentro del cual incluimos aspectos cuya urgencia hemos reclamado reiteradamente, así como la necesidad de contar con una defensoría para las víctimas, dado que la Fiscalía no ha sido capaz de asumir esa tarea -probablemente no le correspondía-, tornándose imprescindible buscar una solución alternativa.
Otro elemento apuntaba a cumplir la reforma constitucional que obliga a concentrar en un solo Ministerio las tareas de seguridad pública, lo que se logra mediante el presente proyecto, reuniendo en el llamado "Ministerio del Interior y Seguridad Pública" todo lo relativo a la prevención, al control de la delincuencia, a la rehabilitación de los delincuentes y a su reinserción social.
Adicionalmente, se aclara que tal Ministerio será el organismo encargado de cumplir lo mandatado en el artículo 101 de la Constitución Política.
Por otro lado, para evitar las actuales duplicidades en el aparato público, el artículo 3º del proyecto concentra todas las atribuciones, que hoy día se reparten en diferentes entidades, en el Ministerio que se está creando.
Ahora bien, el Senador señor Espina tiene razón cuando señala que una cosa es la coordinación y las tareas propias que debe desarrollar esa Cartera y otra, la responsabilidad política.
¿Y por qué es importante el distingo? Porque, a través de la presente iniciativa, se crean dos Subsecretarías: una, la del Interior, que mantiene sus actuales atribuciones, agregándole lo relativo a la seguridad interior, la mantención del orden público y la coordinación territorial del Gobierno; y la segunda es la de Prevención y Rehabilitación.
Entonces, se podía entender que la responsabilidad política de la seguridad y del orden público recayese en la Subsecretaría. Precisamente ese es el sentido de mantener en el Ministro del Interior la responsabilidad política en el ejercicio de estas tareas.
Por eso, me parece de la mayor relevancia asegurar que se mantenga dicha responsabilidad donde debe estar, porque es la única manera de garantizar que una autoridad del más alto rango sea responsable ante el país de las políticas sobre seguridad pública.
Por lo tanto, habrá que incorporar tal aspecto en la discusión particular del proyecto, pues fue esencial en el acuerdo el hacer converger la seguridad pública en el Ministerio del Interior. Originalmente se trataba de entidades distintas, con la condición de que se entendiera nuestro interés de comprometer la responsabilidad política en torno del Ministro y no diluirla en las Subsecretarías o en diversas instancias dentro de esa Cartera.
Finalmente, resulta fundamental subrayar que, además de las tareas que mencioné, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública adquiere una nueva obligación, especialmente importante desde el punto de vista de la transparencia ciudadana, la que se logra en la medida en que medie información relevante, no solo cuando se solicita, por cuanto parece de la esencia de esta materia el hecho de que los distintos entes públicos entreguen de manera permanente información sobre su quehacer, como lo recoge el presente proyecto.
En tal sentido, resulta relevante destacar que el artículo 5º obliga al Ministerio del Interior y Seguridad Pública a informar semestralmente al Senado y a la Cámara de Diputados, a través de las comisiones que estas Corporaciones legislativas designen, respecto de los avances en la implementación de programas de seguridad pública y de los resultados alcanzados en su desarrollo, así como también de todos los antecedentes informativos, especialmente estadísticos, que permitan obtener, mediante el análisis pormenorizado en cada una de las aristas, una visión clara de su desenvolvimiento.
Pienso que se trata de una norma sumamente importante porque es la forma que tiene el Parlamento, en particular la Cámara de Diputados, de fiscalizar el funcionamiento de este servicio público del adecuado seguimiento de la legislación en esta materia.
Si durante el último tiempo algún área ha merecido revisión legislativa y presentación de nuevas mociones y mensajes, ha sido la de la seguridad pública. La única manera de abordar debidamente ese trabajo y de que este no sea el resultado de la intuición o de aspectos específicos que se van suscitando, consiste en un seguimiento permanente de las leyes, de su implementación y de su aplicación práctica.
Nos parece que ese elemento, incorporado en la normativa legal que hoy día estamos discutiendo en general, va a permitir y facilitar esa tarea.
Por tales consideraciones, vamos a aprobar, con mucho interés, la idea de legislar. Estimamos que forma parte de un acuerdo que nosotros, como siempre, cumplimos. Esperamos corregir aquellas materias que a nuestro juicio se han apartado del sentido y espíritu del acuerdo, sin dejar de valorar el paso que estamos dando.
Si bien el proyecto no resuelve todos los problemas relacionados con la seguridad pública -los cuales obedecen a una naturaleza extremadamente compleja-, pensamos que al menos dará facilidades al Gobierno para que, en su responsabilidad de brindar seguridad ciudadana y mantener el orden público, pueda contar con todas las herramientas administrativas para cumplir dicho objetivo. Es decir, no habrá excusas para que, por falta de un debido aparato público o por la duplicidad de Ministerios a cargo de esa tarea -como ocurre en la actualidad-, el actual Gobierno o cualquier otro en el futuro puedan diluir su responsabilidad.
Por estas consideraciones, votaremos a favor de la idea de legislar.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, por razones de tiempo, no voy a abordar globalmente la iniciativa, sino que me centraré en algunos aspectos específicos.
Mi primer comentario dice relación a que, ante la agudización de los problemas de seguridad ciudadana, el proyecto fortalece la institucionalidad en tal materia. Desde ese punto de vista, su orientación es correcta.
Sin embargo, deseo concentrarme en cuál es el origen y dónde radica el vínculo de la mayor cantidad de delitos.
Todas las investigaciones indican que casi el 70 por ciento de los ilícitos de mayor connotación social son cometidos por personas que se encuentran bajo los efectos de la droga. Por tanto, si queremos de verdad reducir realmente los índices delictuales, debemos abordar ese problema de manera resuelta.
Me parece, señor Presidente, que esa problemática se halla correctamente abordada en el proyecto, porque se fortalece al CONACE, que pasa a ser un servicio público descentralizado con patrimonio propio. Hoy día su estructura institucional es extremadamente débil. Desde esa perspectiva, se aborda bien la materia.
Sin embargo, tengo una preocupación de la cual me gustaría dejar testimonio en la Versión Taquigráfica: si queremos bajar los índices delictuales vinculados a la droga, la solución no es con más cárceles y mayores penalidades, sino con rehabilitación. La única manera de sacar a las personas del círculo del delito es rehabilitándolas, pues a través de ello logramos reinsertarlas socialmente. Y eso no se consigue por la vía de aumentar las penas y el número de cárceles.
Por esa razón, para mí tenía mucho valor que dentro del documento oficial del Acuerdo Político-Legislativo en Materia de Seguridad Ciudadana que se suscribió con la Alianza se señalara, en la parte final, que se iban a contemplar normas legales que establecieran "incentivos tributarios para las donaciones destinadas a proyectos cuyo objetivo es la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol.". Esto forma parte del Acuerdo, y creo que va en la dirección correcta.
Pero ¿cuál es el problema respecto de esta materia? Que aquí no bastaba con incorporar una normativa que otorgara beneficios tributarios a estas instituciones: había que conceder un incentivo tributario importante, potente, que efectivamente permitiera ampliar la cobertura.
Porque -y este es el tema central, a mi juicio-, si queremos sacar a las personas del círculo del delito, hay que rehabilitarlas. Y si vemos la cobertura que existe hoy, advertiremos que ella es demasiado pequeña para la magnitud del problema. Este tipo de tratamientos requiere programas intensivos, complejos, que no son baratos sino de un costo alto. Y en todo el país hay menos de mil cupos para los programas intensivos. Esa es la realidad: ¡menos de mil!
Por lo tanto, la pregunta es cómo ampliar esa cobertura. Y hoy vemos que la aplicación de la ley de responsabilidad penal juvenil, respecto de la cual al menos yo abrigaba una gran esperanza, es un desastre, porque los que están privados de libertad son derivados al SENAME, que no tiene tratamientos de rehabilitación, y si bien para los que se hallan en libertad CONACE logró establecer una oferta en materia de rehabilitación, la realidad es que los centros están vacíos. Así de simple, señor Presidente: ¡vacíos!
Quiero retomar el punto de los incentivos tributarios. Es cierto: se incorporaron beneficios de este tipo en la Cámara de Diputados -desgraciadamente, en una ley equivocada, porque debieron haber estado en la normativa que nos ocupa-, pero son los peores de todos.
Entonces, aquí yo veo una contradicción. Más aún: no se está cumpliendo el Acuerdo Político. Desde mi punto de vista, dicho cumplimiento no debe ser solo de carácter formal. Es decir, no basta con incluir esos beneficios tributarios para las instituciones de prevención y rehabilitación. De lo que se trata es de establecer incentivos importantes para que se consoliden las entidades existentes y amplíen la cobertura o se creen otras adicionales. Pero, lo curioso es que aquí se concede el peor beneficio tributario que existe, en circunstancias de que, al revés, tendría que ser uno de los mejores. Y además está mal ubicado, porque no debería formar parte de la ley de donaciones con fines sociales sino de la iniciativa legal en análisis, que aborda el tema de la seguridad ciudadana. Porque, si existe el vínculo entre droga y delincuencia y lo importante es rehabilitar, el incentivo tributario tiene que establecerse en la normativa en debate.
Por eso, señor Presidente, yo espero que se aborde este punto en la discusión particular. Porque, tal como le señalé formalmente al Ministro la semana anterior -antes se lo había hecho ver al Subsecretario del Interior, señor Harboe, y a la Subsecretaria de Hacienda-, desde mi punto de vista -y así se lo he transmitido a la Alianza-, con el texto actual no se está cumpliendo el Acuerdo Político suscrito con el Gobierno. Lo dije la semana pasada -por eso pedí la segunda discusión- y quiero reiterarlo en esta oportunidad: no se está cumpliendo el Acuerdo Político.
En consecuencia, este es un asunto que necesariamente hay que abordar en la discusión particular. Ello, con un doble propósito: por una parte, sacarlo del cuerpo legal de las donaciones con fines sociales e incorporarlo en este texto legal, y, por otra, cerciorarse de que ello se hará en condiciones que aseguren que efectivamente va a aumentar la cobertura en materia de prevención y rehabilitación. Esa es la única manera de bajar los índices delictuales y sacar a las personas del círculo del delito: a través de una orientación correcta.
De lo contrario, ¿qué nos va a pedir la comunidad? Más cárceles y más penas. Y yo me pregunto: ¿es ese el camino correcto? No, señor Presidente. El camino correcto es el más difícil: el de la rehabilitación, el de la prevención.
Por eso, me atrevería a señalar que este texto legal no basta. Hay que abordar dos iniciativas complementarias, que están siendo tramitadas en el Parlamento. ¿Cuáles? Yo dije hace unos momentos que la ley de responsabilidad penal juvenil no ha operado. ¿Saben los señores Senadores por qué ello no ha ocurrido? Porque estableció como pena accesoria la rehabilitación y los tribunales de justicia, la Defensoría, han interpretado que la pena accesoria es una doble penalización. Por lo tanto, no la aplican. Y, de esa manera, no se deriva a rehabilitación. ¡Absurdo, señor Presidente! ¡Si el Poder Legislativo lo que pretendía era rehabilitar! En todo caso, presenté un proyecto de ley para superar esa situación.
La segunda iniciativa, que también se halla en trámite, dice relación a la prevención, que es fundamental. ¿Y qué nos señala el VII Estudio Nacional que dio a conocer CONACE hace dos semanas? Que a pesar de todo el problema, en vez de aumentar la percepción de riesgo -es decir, que haya más personas que consideren que consumir droga es negativo-, ella baja. ¿Qué nos indica eso? Que los programas de prevención no están teniendo efecto. Y, por lo tanto, para complementar esta normativa creo que habría que abordar otra modificación legal que presenté hace un año atrás, a fin de establecer como obligatoria en los colegios de Chile, sin distinción, la prevención de droga de manera sistemática, en todos los niveles de enseñanza.
Concluyo, señor Presidente, señalando que no basta fortalecer las instituciones en materia de seguridad ciudadana, sino que se requieren disposiciones potentes y fuertes para otorgar incentivos tributarios como corresponde y, paralelamente, hay que perfeccionar, rectificar la ley de responsabilidad penal juvenil y dictar normativas complementarias en todo lo que dice relación a prevención.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, al anunciar, por supuesto, nuestro voto a favor del proyecto, quiero dejar constancia de algunas inquietudes.
Un señor Senador decía que después de que aprobemos esta iniciativa, que crea el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas, habría que ver cuáles son los efectos que sus disposiciones surten en la realidad, en el día a día.
¿Por qué lo planteo? Hace algunos días, la Segunda Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, cumpliendo con sus obligaciones, recibió la información de la inversión del Presupuesto del año 2008 de parte de Carabineros. Y ahí nos enteramos, con sorpresa, de la impotencia que ellos experimentan, por ejemplo, para cumplir funciones que tienen que ver con ideas centrales de la iniciativa que nos ocupa.
Y cuando digo que hay que seguir sus efectos es porque aquí nosotros también aprobamos una disposición que permitía a Carabineros contratar una cantidad interesante de profesionales civiles para que cumplieran labores administrativas en las comisarías. ¿Qué sucedió con esa norma, que aparecía como absolutamente lógica y positiva para la labor difícil que cumple esta Institución? Pues bien, con la nueva legislación penal se le entregaron otras funciones y lo que habíamos aprobado resultó ser de sal y agua, se diluyó absolutamente, y ellos se encuentran ahora con una falta de personal realmente impresionante.
Aquí se habla del consumo y tráfico de drogas. Bueno, el 30 por ciento de los establecimientos educacionales en Chile, de Enseñanza Básica y Media, están penetrados por la comercialización, especialmente de marihuana.
Entonces, la situación es de una gravedad extrema, y uno formula sinceros votos para que esta iniciativa realmente cumpla con sus objetivos y no se convierta en un organigrama más, burocrático y administrativo. Aquí, por ejemplo, se plantea que habrá secretarios regionales ministeriales de seguridad pública, cuya función principal será colaborar con los intendentes en la ejecución de la política nacional de seguridad pública interior.
Los señores Senadores sabemos que muchas veces estos secretarios regionales no son más que simples buzones que, en la práctica, carecen de toda efectividad.
Es de esperar, entonces, que estos cargos que se crean con la normativa en debate apunten en la dirección que el Gobierno y el legislador quieren implementar.
En efecto, debemos formular votos para que la instauración de este organismo sea positiva, porque en la lucha por la seguridad ciudadana -¡qué duda cabe!- estamos en deuda. ¡Ciento 87 mil personas han sido imputadas en un solo año por hurtos, lesiones y violaciones! El hecho de que estos tres delitos representen el 40 por ciento -según lo señala el informe- del total de ilícitos que se cometen es algo que nos debiera llevar a pensar que es preciso poner el pie en el acelerador para enfrentar lo relacionado con la seguridad ciudadana.
Un señor Senador, que sabe bastante de esta materia, pues dirige una organización que persigue fines sociales, sostuvo que la solución a este problema no consiste solo en construir más cárceles. Porque los establecimientos penitenciarios en Chile son nichos de cemento a donde se envía a quienes no tienen ninguna posibilidad de reinsertarse socialmente con posterioridad.
Incluso se ha señalado que el 30 por ciento de los presos, detenidos o procesados que hoy conforman la población penal del país consumen drogas que ingresan a esos recintos.
¡Para qué señalar, entonces, los efectos del microtráfico! Es realmente patético -y lo hicimos presente en la Segunda Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos- comprobar que siempre resulta detenida, con toda la fuerza y efectividad de los organismos policiales y de seguridad, doña Manuela Chamorro o don Pedro Matamala por estar vendiendo papelillos en una población, pero nunca se ha sabido que se haya arrestado a quienes reciben las partidas de drogas que de repente se detectan.
Cuando la policía informa que se logró interceptar 30 kilos de cocaína o determinado tipo de estupefaciente -digamos la verdad, como también lo señalamos en dicha Subcomisión-, la ciudadanía dice: "¡Ah! Se decomisaron 30 kilos, pero parece que eran 60." En el inconsciente folclórico de la gente, se piensa que la cantidad que se entrega no es la misma que a veces se decomisa. Y ahí están, por ejemplo, los "Car¿e Jarro". Sabemos que lamentablemente han logrado penetrar algunos organismos cuya función es totalmente diferente a la que hoy se está conociendo en el país.
Si no hay reinserción social de quienes delinquen, se podrán sacar adelante todos los ministerios de seguridad pública y servicios nacionales para la prevención del consumo y tráfico de drogas que uno desee, pero será "pan para hoy y hambre para mañana." Porque en las cárceles, en esos nichos de cemento, no hay personal que los capacite.
¿Qué hemos hecho en el Parlamento? Cada día aprobamos leyes más duras para castigar severamente y a más temprana edad a los jóvenes.
En un país donde la distribución de la riqueza es horrorosamente inequitativa; en que vemos cómo en los sectores poblacionales se forman grupos y pandillas que buscan una institución donde expresarse, porque en esta sociedad de consumo y de competencia, no tienen perspectiva alguna; en donde los resultados de la educación pública son negativos; en que la educación particular -¡en buena hora!- y particular subvencionada cada día va copando las mejores posibilidades del país, mientras que un porcentaje inmenso de jóvenes quedan botados a la vera del camino, porque no tienen la posibilidad de ingresar con posterioridad a los estamentos de la enseñanza superior.
Entonces, cuando vemos que se penaliza, se sanciona, se castiga y se crean instituciones, pero la oportunidad de reinserción aparece muy sumergida o en letra chica o como una simple intención: "se podrá", uno debe expresar su preocupación en el Senado, porque no se está yendo al fondo del asunto.
Conozco cárceles en las que se han construido, por ejemplo, bloques para instalar talleres donde los reclusos puedan adquirir una profesión. Pero por falta de recursos para arreglar determinadas maquinarias que permiten preparar y capacitar a algunos presos, se ha terminado arrendando esos espacios para guardar fardos de pasto, como ocurre, por ejemplo, con la cárcel especial de Victoria, donde un bloque, que costó varias decenas de millones de pesos y que hoy ya no funciona, ha sido entregado en arriendo a un agricultor para almacenar forraje destinado a sus animales.
Entonces, muchas veces la teoría, la dialéctica y la doctrina no corresponden a lo que nosotros estamos observando en la práctica.
Por eso, cuando uno ve la realidad más allá del discurso, del anuncio, del titular, debemos estar vigilantes para apreciar si lo que hemos aprobado surte efecto.
Por ejemplo, en materia de prevención del consumo y tráfico de drogas duras, en Chile se dice que una de cada cien personas tiene la probabilidad de readaptarse. ¡Una de cada cien! Y los muchachos adictos a otro tipo de drogas tampoco cuentan con alguna posibilidad en tal sentido.
Sus Señorías saben que una persona que desea readaptar a un familiar debe disponer de una cantidad millonaria de dinero en el año. Para ello tiene que recurrir a ciertas instituciones privadas, ya que en el ámbito de la salud pública no existen ni recursos, ni profesionales, ni oportunidades para recuperar a los jóvenes que consumen drogas. Y mucho menos a quienes ingieren la terrible droga del alcohol.
Cuántas familias pudientes en Chile -no quiero decir que haya aquí algún señor Senador que esté sufriendo el drama de tener algún familiar que se ve enfrentado a la presión que provoca el consumo de alcohol- viven con la cruz que eso significa. Porque si se carece de medios, ese familiar indudablemente va a terminar en un grado de indignidad humana que llega casi a una etapa de tipo vegetal.
Por eso, en esta oportunidad formulo sinceros votos para que la institución que se crea no sea una entidad meramente administrativa y burocrática, que entregue estadísticas, que promueva permanentemente proyectos y visualice algunas iniciativas a futuro, sino una que signifique entregar hoy, mañana y pasado mañana un apoyo sustantivo y real a la seguridad pública y a la prevención del consumo y tráfico de drogas.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VIERA-GALLO (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, para el Gobierno es muy satisfactorio que el Senado dé su aprobación en general a una iniciativa que viene a poner fin a una anomalía institucional en Chile, que tiene que ver con cierta dispersión en el manejo del problema de la seguridad pública.
Son muchos los países de América Latina y del mundo que en los últimos años han hecho reformas de este tipo. En el caso de Latinoamérica, urgidos por los problemas de la delincuencia, en especial del crimen organizado en las grandes ciudades, y, en lo que respecta a las naciones desarrolladas, mal que mal, por el impacto del terrorismo internacional.
Chile ahora se pone al día y realiza, mediante un acuerdo político, una reforma significativa que termina con la doble dependencia de Carabineros y de Investigaciones; que concentra el manejo de la seguridad pública en una sola repartición -quiero decir a los Senadores señores Espina y Larraín que, sin duda, el responsable político será el Ministro-; que pone énfasis en la prevención, tanto situacional como estructural, del delito, y que radica el programa destinado a combatir el narcotráfico, especialmente en lo relativo a prevención y rehabilitación, en un servicio público descentralizado.
Creo que este conjunto de cambios institucionales favorecerá el diseño de una política de seguridad pública más exitosa.
Ahora bien, pretender que dichos cambios solucionen rápidamente los problemas parece algo impropio.
Por cierto, se impulsa una reforma de salud para que mejoren los índices del sector; una reforma educacional, para que los niños aprendan más. Pero ello no ocurre de la noche a la mañana.
Entonces, este es solo un paso significativo de reordenamiento institucional. Luego habrá que poner en práctica políticas más eficaces en torno a la seguridad pública.
En cuanto a lo expresado por el Senador señor Orpis, me comprometo a revisar el planteamiento sobre la posibilidad de que haya incentivos tributarios para donaciones a instituciones privadas de rehabilitación que correspondan al espíritu del acuerdo.
Quiero, sí, recordar que en la última ley contra el tráfico de estupefacientes se estableció un nuevo fondo en favor de la prevención y la rehabilitación, compuesto por todos los bienes decomisados en los procesos por drogas. Dicho fondo -tiene un directorio y un reglamento, y, felizmente, va creciendo en forma exponencial, por la eficacia de las policías- será importante para que existan más opciones de rehabilitación, sobre todo en instituciones privadas.
La preocupación del Senador señor Muñoz Barra es, por cierto, muy loable. Pero quiero decirle a Su Señoría que algo se hace en el servicio público de salud en materia de rehabilitación. De hecho, una parte de la dirigida a los jóvenes ha entrado al plan AUGE. Y hay un convenio especial entre el CONACE y el FONASA para la realización de tratamientos, los cuales, desde luego, tendrían que aumentar mucho más.
Sobre la ley de responsabilidad penal juvenil, se observan algunas de las dificultades aquí señaladas. Pero, en general, los centros de rehabilitación del SENAME que mejor funcionan son justamente aquellos orientados a efectuar tratamientos antidrogas.
Señor Presidente, no cabe duda de que asistimos a una transformación del perfil delictual en Chile. Lo que el país está viviendo es la permanencia de ciertos delitos, como los más graves, que tienen que ver con la propiedad, en especial el robo con fuerza en las cosas o violencia en las personas; algunos delitos de lesiones; otros relacionados con la Ley de Tránsito, y los ilícitos del crimen organizado, que en Chile prácticamente se limitan al narcotráfico.
Aquí no existe una expansión alarmante ni de homicidios, ni de violaciones, ni de secuestros, ni de otro tipo de crimen organizado que no esté ligado al narcotráfico. Aquí no hay tráfico de personas en forma abismal; tampoco, tráfico de armas en un nivel que pudiera considerarse preocupante, ni otros fenómenos delictuales que abundan en América Latina.
Respecto a los delitos cometidos por jóvenes, felizmente no tenemos el problema de las bandas juveniles existentes en Centroamérica -las llamadas "maras"-, con todo lo que eso significa.
Entonces, cuando hablamos de delincuencia, es importante tratar de perfilar lo mejor posible el tipo de fenómeno social a que nos estamos refiriendo, a fin de que las políticas de prevención, de control y de sanción sean eficaces. Nada sacamos con hacer discursos en extremo alarmistas, porque eso no necesariamente va a provocar un cambio en la situación.
De ahí que cada vez más instituciones, como Paz Ciudadana y otras de distintas universidades, que se hallan especializadas en cuestiones de criminología, apuntan a políticas específicas.
Para eso, el nuevo Ministerio, con una Subsecretaría especializada y otra a cargo de las materias de prevención, podrá recurrir a un caudal de experiencia y de conocimiento acumulado que le permitirá definir en mejor medida las políticas respectivas.
En cuanto a la dimensión regional, que aquí no se ha mencionado, es del caso tener presente que el nuevo Ministerio va a actuar a través de los intendentes. Pero estos tendrán dos limitaciones. En primer término, no podrán inmiscuirse en el aspecto administrativo u operativo de las policías, porque eso significaría una posibilidad de interferencia política en el desempeño policial (felizmente, en Chile contamos con dos cuerpos policiales profesionales, apolíticos y muy respetados por la ciudadanía). Y, en segundo lugar, al diseñar el plan regional de seguridad ciudadana o de prevención de delitos deberán consultar a los municipios, pues está probado que una política es tanto más eficaz cuanto mayor es su impacto local; porque a veces no solo una comuna es diferente de otra, sino que también una población o un barrio puede tener características que al lado no existen.
Entonces, aquí se busca tener, por una parte, un Ministerio con capacidad de diseño a nivel nacional, con el brazo de las policías y una Subsecretaría de Prevención, y por la otra, dimensiones regionales y locales eficaces.
Es muy probable que los frutos de la reforma que hoy aprobará el Senado los perciba el próximo gobierno; pero creo que habla muy bien del país la elaboración de políticas de consenso con efectos más allá de un período presidencial.
Lo único que nosotros esperamos es que el trámite de la discusión particular sea rápido, para que el proyecto pase a la otra Cámara y sus normas sean pronto una realidad.
Gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Se va a abrir la votación.
El último inscrito era el Senador señor Ávila, quien, en consecuencia, podrá intervenir hasta por 5 minutos para fundar su voto.
En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente, Estados Unidos es el peor ejemplo de cómo se deben enfrentar la drogadicción y la acción del narcotráfico. Y tengo la impresión de que vamos por ese camino.
El Estado se ocupa de proteger a la población por las secuelas que acarrea un conjunto de problemas de fondo que, inevitablemente, se expresa en la elevación de los índices de delincuencia.
El temor de la población va creciendo, además, por el hecho de que se otorga una altísima resonancia a cada uno de los delitos que se cometen a diario en una ciudad como la de Santiago, de alrededor de 5 millones de habitantes.
Si en Nueva York los medios de comunicación reprodujesen todos los delitos que se perpetran a diario, sus habitantes vivirían aterrados y, probablemente, encerrados en sus casas para no correr el riesgo de sufrir un asalto o ser víctimas de un hecho de sangre.
Entonces, aquí hay varios elementos que confluyen para crear una situación que obliga a un análisis mucho más racional.
Desde luego, no podemos olvidar que en una sociedad como la nuestra, donde la discriminación social se agrava día a día y las oportunidades de trabajo van disminuyendo, las personas, a no dudarlo, tienen que apelar a algún modo de sobrevivencia.
Así, en amplios sectores populares no existe otra posibilidad de conseguir un medio de sustento que ligarse a las redes del microtráfico, porque en ellos no hay alternativas, más aún si constatamos que constantemente poblaciones marginales completas son estigmatizadas como áreas en que solo campea el delito. Las personas que tienen la desgracia de vivir en esos sectores no pueden conseguir trabajo por la sola circunstancia de habitar en poblaciones marcadas comunicacionalmente por el delito.
En Estados Unidos hay una empresa llamada "Corrections Corporation of America", que es la que ha tenido mayor éxito en la bolsa de Nueva York.
Hace poco, una ejecutiva dio a los accionistas una muy buena noticia: "Nuestros estudios de mercado señalan que el delito juvenil seguirá creciendo".
Eso lo dijo para estimular a los accionistas y, al mismo tiempo, atraer a nuevos adquirentes de papeles de dicha empresa.
Es decir, el temor de la población también se está convirtiendo en un negocio. Y lo mismo estamos haciendo nosotros con la seguridad privada, que ya alcanza un nivel masivo.
En fin, confío en que la discusión particular de esta iniciativa permita abordar los problemas de fondo. Y haremos indicaciones en tal sentido.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Frei.
El señor FREI (don Eduardo).-
Señor Presidente, voy a concurrir a la aprobación general de este proyecto.
Quiero recordar que hace más o menos cinco años se constituyó en el Senado la Comisión Especial de Seguridad. En ella trabajamos arduamente: revisamos la legislación internacional; escuchamos a expertos nacionales, y llegamos a la conclusión de que había que crear un Ministerio de Seguridad.
Después de ver lo que ha ocurrido en estos últimos años, mantengo esa opinión. Estoy convencido de que es la solución a que vamos a arribar. Y siento que el acuerdo logrado en esta oportunidad constituye un paso.
Es característica de este país tener un Ministro del Interior que además es Jefe de Gabinete y Vicepresidente de la República. Y ahora contará con tres Subsecretarías: de Desarrollo Regional, del Interior y de Prevención.
Me parece imposible que una persona con esa multiplicidad de funciones y responsabilidades dedique más tiempo a un problema complejo de la sociedad moderna, que la mayoría de los países ha abordado institucionalmente a través de un Ministerio de Seguridad.
Por eso, siento este acuerdo como un avance, como un paso. Pero no es la solución definitiva. Será necesario llegar a un Ministerio de Seguridad.
¿Cuántas horas al día dedica hoy el Ministro del Interior a las cuestiones de seguridad? ¡Y ahora tendrá a su cargo tres Subsecretarías!
Las materias relativas a la seguridad son complejas.
Hace algunos días una encuesta indicaba que 50 por ciento de los ciudadanos piensan que van a ser asaltados en los próximos meses.
También están el problema de las drogas -ya se señaló en esta Sala- y muchas otras situaciones complejísimas, que requieren dedicación absoluta; participación de profesionales, especialistas; políticas de prevención, y, en fin, todo lo que aquí se ha expresado.
A la larga, tendremos que concluir en un Ministerio de Seguridad.
Aquí muchas veces decimos: "Estas cosas no pasan en Chile; estas situaciones se ven menos que en el resto de América Latina". Por ejemplo, siempre sosteníamos que aquí no tendríamos el problema de las drogas, que la inseguridad y la corrupción no nos iban a tocar. Y las plagas demoran un poco más, pero al final llegan a nuestro país.
En consecuencia -reitero-, apruebo la idea de legislar, en función del acuerdo que se suscribió. Pero estoy convencido de que debemos concretar un Ministerio de Seguridad que asuma el problema integralmente, con todas las facultades, recursos y conocimientos que precisa una materia tan compleja del mundo moderno y que afecta prácticamente a todas las naciones.
Por algo todos los países han llegado a esta solución, señor Presidente.
Cuando hicimos nuestra propuesta el año 2003 revisamos la legislación comparada. Vimos lo que pasaba en América Latina, en Europa, en el Medio Oriente, en las naciones asiáticas. Y todos han concluido en lo mismo.
Entonces -insisto-, me sumo a la aprobación general de este proyecto, como fruto de un acuerdo. Empero, estimo que a la larga, por la situación especial existente en Chile, donde el Ministro del Interior es además Jefe de Gabinete y Vicepresidente de la República, dicho Secretario de Estado no dispondrá de tiempo suficiente para encargarse de una materia tan compleja y delicada como la seguridad pública.
Por eso, expreso mi opinión en tal sentido, que fue refrendada en el informe que preparamos con cinco colegas en 2003 (cualquiera puede revisarlo). Y mantengo lo expresado en ese documento. Yo diría que, al pasar de los años, hemos ido confirmando que lo que ahí planteamos tiene hoy más validez que nunca.
Por lo tanto -repito-, veo esta aprobación como una etapa. Pero al final tendremos que llegar a la creación de un Ministerio de Seguridad.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (29 votos a favor) y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el 28 de julio, a las 12.
Votaron la señora Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Cantero, Coloma, Escalona, Espina, Frei, García, Girardi, Gómez, Horvath, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Romero, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
-----------------
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Frei.
El señor FREI (don Eduardo).-
Señor Presidente, le solicito recabar el acuerdo de la Sala con el objeto de ampliar el plazo para presentar indicaciones al proyecto que modifica la Ley de Concesiones de Obras Públicas y otras normas.
Hemos ido avanzando en esa iniciativa; se ha logrado una serie de acuerdos; los integrantes de la Comisión de Hacienda presentarán nuevas indicaciones, y el Ejecutivo tiene listo un conjunto de proposiciones que hemos ido concordando durante el debate en la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, pido extender dicho término hasta el 28 de julio en curso.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se acogerá la solicitud.
--Así se acuerda.
)----------(
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, en el número 5 del Orden del Día se halla el proyecto de acuerdo, de la Honorable Cámara de Diputados, aprobatorio del "Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), elaborado en Washington el 19 de junio de 1970".
La iniciativa, que crea una ventanilla única de patentamiento -en eso consiste el instrumento a que se hace referencia-, cuenta, además, con informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda.
Deseo pedir a la Sala, por su intermedio, señor Presidente, que el asunto también sea visto por la Comisión de Economía. Lo anterior, porque dicho órgano técnico trabajó intensamente en los proyectos de adecuación de las normas chilenas a los tratados de libre comercio y las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio, entre ellas, de manera muy fuerte, las relativas a las patentes.
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
--Así se acuerda.
Operación de embalses frente a alertas y emergencias de crecidas
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de ley, de la Honorable Cámara de Diputados, sobre operación de embalses frente a alertas y emergencias de crecidas, y otras medidas que indica, con segundo informe de la Comisión de Obras Públicas e informe de la Comisión de Hacienda. La urgencia se calificó de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (5081-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 63ª, en 7 de noviembre de 2007.
Informes de Comisión:
Obras Públicas, sesión 65ª, en 14 de noviembre de 2007.
Obras Públicas (segundo), sesión 34ª, en 8 de julio de 2008.
Hacienda, sesión 34ª, en 8 de julio de 2008.
Discusión:
Sesión 75ª, en 12 de diciembre de 2007 (se aprueba en general).
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
La iniciativa fue aprobada en general en sesión de 12 de diciembre del año pasado.
La Comisión de Obras Públicas deja establecido, para los efectos reglamentarios, que los artículos 5º, 10, 13, 16, 18, 19 y 20 no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones en el segundo informe, manteniendo, en consecuencia, el texto aprobado en general.
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento, esas disposiciones deben darse por aprobadas.
Les recuerdo a Sus Señorías que los artículos 13 y 16 tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales.
--Se dan por aprobados todos los artículos mencionados, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, que se pronuncian a favor 22 señores Senadores.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
La Comisión de Obras Públicas efectuó una serie de modificaciones al proyecto aprobado en general, dándoles su aprobación por unanimidad, salvo a una de ellas, que el señor Presidente pondrá en discusión y votación oportunamente.
A su vez, la Comisión de Hacienda aprobó la iniciativa en los mismos términos en que lo hizo la de Obras Públicas, y en forma unánime.
Cabe recordar que las modificaciones aprobadas por unanimidad deben ser votadas sin debate.
Los artículos 4º, 11, 12, 15 y 17 tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales y requieren para su aprobación el voto conforme de 21 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se darán por aprobadas todas las normas que se acogieron por unanimidad.
--Se aprueban, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, que se pronuncian a favor 22 señores Senadores.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en cuatro columnas. En la tercera se transcriben las enmiendas efectuadas al proyecto aprobado en general, y en la cuarta, el texto final que resultaría en caso de que se acogieran.
La Comisión de Obras Públicas propone sustituir el artículo 1º por el siguiente:
"La presente ley regula la operación de los embalses de control que, por su capacidad de regulación o por su cercanía a lugares habitados, permita, en casos de crecidas inminentes de caudales de agua, evitar o mitigar los riesgos para la vida, la salud o los bienes públicos y privados, junto con otros derechos y obligaciones que indica.".
Lo anterior fue aprobado por tres votos a favor (Honorables señores Kuschel, Letelier y Romero) y una abstención (Senador señor Ruiz-Esquide).
Esa es la única norma que el señor Presidente pondrá en discusión y votación.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
El Honorable señor Longueira pidió que el proyecto fuese tratado como de Fácil Despacho y el Senador señor Navarro manifestó interés en usar de la palabra. En consecuencia, podría adoptarse la fórmula de que ambos intervinieran: el segundo, quien ha declarado mantener un punto de vista encontrado, para impugnar la iniciativa, y el primero, para defenderla.
Y luego se pasaría e inmediato a la votación.
El señor LONGUEIRA.-
Me parece bien.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si no existen inconvenientes, así se procederá.
Acordado.
En discusión.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, deseo recordar a la Sala que el proyecto de ley obedece a una situación muy concreta y práctica: las crecidas del río Biobío ante un extraordinario índice de precipitaciones, de las cuales resultó que las represas hidroeléctricas de Pangue y Ralco iniciaran tareas de descarga de aguas, dada la imposibilidad de contenerlas.
La evacuación generó un gran debate, porque la liberación de miles y miles de metros cúbicos de agua puede hacer crecer de manera violenta los niveles del caudal y afectar a poblaciones aledañas, desde Los Ángeles hasta Talcahuano, es decir, desde el punto medio hasta la desembocadura.
Por lo tanto, se buscaba contar con un mecanismo de control, de regulación, para que cuando las empresas tuvieran que tomar esa medida, producto de fuertes precipitaciones, ello se hiciera en forma anticipada, a fin de evitar que un procedimiento demasiado rápido perjudicara a pueblos y comunas cercanas.
Siempre se pensó que la iniciativa apuntara a proteger, esencialmente, a los afectados por una inundación que se genere por la evacuación de aguas realizada por una empresa y que altere el nivel natural, en la medida en que el efecto de acumulación no se registraría si existiera un flujo permanente.
Invito a los señores Senadores a leer el segundo informe de la Comisión de Obras Públicas. La verdad es que se gastó tiempo en un importante e interesante debate sobre cómo pagarles a las empresas si efectivamente deben evacuar aguas y luego no se recupera el nivel normal. Ese asunto ocupó gran parte del análisis.
He quedado realmente sorprendido por el tenor de la discusión. Se ha dedicado un gran número de páginas a ocuparse en el concepto de indemnización a las empresas, pero muy poco a la que procede en caso de daños a terceros, es decir, a campesinos, a personas.
Por mi parte, propuse -y lamento profundamente que la indicación haya sido rechazada- que quien infringiere "las normas de operación contempladas en el manual de operación del respectivo embalse de control" recibirá una pena de presidio menor en su grado máximo, con un aumento sustantivo en la multa.
Sin embargo, con sorpresa y cierto desagrado, por cierto, me he impuesto de lo que dispone el artículo 11. O sea, ¡será preciso pagarles indemnización a las empresas!
El Gerente de ENDESA, cuando ocurrió la crecida que afectó a Hualqui, particularmente a Chiguayante, dijo: "No estoy dispuesto a botar dinero. Cuando boto agua, boto dinero". La Comisión recogió ampliamente ese concepto.
He planteado la cuestión a mi Honorable colega Letelier, quien presidió la Comisión, y he leído sus indicaciones. El señor Senador expuso que no se da una situación de igualdad entre los habitantes de villorrios y comunas, los campesinos, y una empresa hidroeléctrica.
Y también cabe considerar las dificultades de la Dirección General de Aguas (DGA).
Me preocupa enormemente el contenido del artículo 11, el cual dispone que si se produce la crecida y, a causa de las medidas determinadas por dicho organismo conforme al artículo 10, "el embalse no recuperare el nivel de aguas" -por haberse cometido un error en la anticipación y registrarse menos lluvia después de la evacuación- "el Fisco deberá indemnizar al operador, siempre que éste probare un daño o perjuicio efectivo y evaluable en dinero.".
Prosigue el artículo 11:
"La procedencia y el monto de dicha indemnización serán establecidos de común acuerdo por las partes, y a falta de éste, por un arbitro de derecho con facultades de arbitrador en cuanto al procedimiento, designado por las partes de común acuerdo o, en caso de no producirse tal acuerdo, por la Justicia Ordinaria de conformidad a lo dispuesto en el Título IX del Código Orgánico de Tribunales.
"Si el propósito principal del embalse es la generación de energía eléctrica, la evaluación del daño se determinará calculando la diferencia entre el resultado económico que se produce por la operación del embalse como consecuencia de la aplicación de las nuevas medidas y el resultado económico que se hubiera producido por la operación del embalse si hubiere estado en condiciones de conservar las aguas que se ordenó evacuar.". Es decir, mientras más onerosa resulte la generación de electricidad -por ejemplo, si está más caro el petróleo, habrá mayor costo de producción-, más alta será la indemnización.
Y continúa la norma, a la cual se le dedican innumerables enmiendas:
"En el caso contemplado en el inciso precedente, el monto de la indemnización será establecido de común acuerdo por las partes, y a falta de éste, por el Panel de Expertos de la Ley General de Servicios Eléctricos, de existir acuerdo en ello. De lo contrario, el monto de la indemnización será establecido por un árbitro de derecho con facultades de arbitrador en cuanto al procedimiento, designado por las partes de común acuerdo o, en caso de no producirse, por la Justicia Ordinaria de conformidad a lo dispuesto en el Título IX del Código Orgánico de Tribunales. Dentro de los 60 días siguientes a la aplicación de las medidas adicionales indicadas en el inciso anterior, que hubieren producido el resultado también señalado en dicho inciso y siempre en carácter previo al acuerdo de las partes o al sometimiento de la determinación del monto de indemnización a una de las instancias antes señaladas, deberá existir sobre la materia, un informe de la Dirección de Operaciones del CDEC respectivo.".
Cabe hacer presente que el CDEC (Centro de Despacho Económico de Carga) se halla conformado, ampliamente, por las propias empresas.
El artículo 11 concluye así:
"En el caso del panel de expertos, su dictamen deberá optar por la alternativa del operador o de la DGA, sin que pueda adoptar valores intermedios. Será vinculante para todos los que participen en el procedimiento respectivo y no procederá ninguna clase de recursos jurisdiccionales o administrativos, de naturaleza ordinaria o extraordinaria.".
El Ministerio de Obras Públicas tiene pésimas experiencias en materia de paneles de expertos o de árbitros arbitradores. Acaba de ser condenado a pagar 117 millones de dólares, conforme a la resolución más perversa de la cual haya escuchado, pues el árbitro que nombró votó a favor de la empresa: BESALCO S.A. Y a esta se le siguen otorgando contratos. Se le continúan entregando miles y miles de millones de pesos a una empresa que demanda al Fisco, que le incumple; que no les cancela a los pequeños contratistas en todo el país; que construye cárceles de mala calidad y las abandona.
Entonces, me produce mucho temor, respecto del pago a las empresas, que se dispongan paneles, árbitros, o sea, todas las condiciones para llegar a acuerdo; pero que, cuando se trate de pagar a terceros -es decir, a los que buscábamos proteger con la ley en proyecto-, todo se despache en diez líneas.
En efecto, el artículo 17 expresa que, "En caso de incumplimiento," -de las operadoras, las hidroeléctricas o el embalse- "dicha autoridad" -la DGA- "lo denunciará ante el juez de letras competente," -en verdad, no conozco a ninguno especializado en hidráulica, en embalses, en evacuación de aguas, materias muy complejas- "quien impondrá una multa a beneficio fiscal, desde 200 a 2.000 unidades tributarias anuales".
No se habla de indemnización, sino que se deja todo en manos del juez competente.
Me siento un poquito estafado con el debate. Y, por cierto, votaré en contra de estos artículos. Porque creo que, al final, la discusión sobre una iniciativa que apuntaba a regular los embalses de contención pasó a centrarse en cómo estos no tengan que botar agua, en vez de resguardar a la gente que puede resultar dañada.
La Dirección no está en condiciones de ser un organismo fiable, y debe ser reformada. He intervenido ampliamente en el Senado al respecto. Elaboré una propuesta -la envié al Ministerio de Obras Públicas- para modernizarla, para establecer mejores condiciones de funcionamiento.
Me pronuncio en contra, señor Presidente. Pienso que, lamentablemente, nos salió el tiro por la culata, pues terminamos, como siempre, protegiendo a las empresas, en vez de a los ciudadanos.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Antes de otorgar la palabra al Honorable señor Longueira, el señor Secretario precisará lo que se va a votar.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Hago presente que el proyecto completo fue aprobado por unanimidad, con excepción del artículo 1º propuesto por la Comisión de Obras Públicas, donde se abstuvo el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, como ha dicho el señor Secretario, la única norma no aprobada por unanimidad en la Comisión de Obras Públicas -en la de Hacienda se registró un consenso acerca de lo que le correspondió analizar- fue el artículo 1º, debido a la abstención a que se hizo referencia.
Quiero hacer algunas precisiones respecto de lo expresado por el Senador señor Navarro, pues no se ajusta ni al texto ni a lo que dispone el proyecto de ley.
En primer lugar, sin ser abogado, puedo manifestar que todos los jueces ejercen jurisdicción, sin perjuicio de la competencia que les corresponde o no en el ejercicio de su función. El proyecto establece aquellos con competencia para conocer de los conflictos que pudieran derivar de las materias que contempla.
Y lo que hace, precisamente, es regular todos los embalses de control del país, lo que hoy no existe. De algún modo, se asume el riesgo del crecimiento inminente de caudales.
El punto que siempre provoca atracción es el pago a los privados, planteado por el Senador señor Navarro.
Resulta importante mencionar que las empresas no recibirán ningún pago por la necesidad de botar agua que establezcan los manuales y la DGA, salvo cuando, en forma extraordinaria, conforme a una facultad que el proyecto le entrega a ese organismo, se formule un requerimiento que exceda lo determinado por los instrumentos técnicos aprobados por este último. Por lo tanto, dado que se dispone esa facultad adicional, se contempla la exigencia de una reparación en caso de un perjuicio.
Pero ha de quedar claro en la Versión Oficial que jamás se cancelará un peso por el agua que debe botarse para garantizar la seguridad de los poblados ubicados aguas abajo de los embalses de control.
Quería hacer esas precisiones, pues se puede caer en distorsiones cuando no se ha participado en la discusión. Para quienes intervinimos resultaba evidente que se trata de un tema complejo y difícil de resolver.
Hubo un gran debate en torno a si era preciso pagar solo el agua que se botaba adicionalmente o toda la que fuera obligatorio botar en virtud de los manuales. Obviamente, la Comisión concordó en que aquella que debieran eliminar los embalses de control para garantizar la seguridad de las personas y los poblados aguas abajo no se tiene que pagar. El Fisco solo lo hará -ya lo he señalado- en un caso excepcional, cuando el Ejecutivo exija que se bote más agua de la que se dispone técnicamente para cada embalse. Por eso, se determinan la obligación de contemplar un manual y sanciones muy importantes cuando ello no se cumple.
También se disponen mecanismos de monitoreo.
Creo que nos encontramos, al final, ante un gran proyecto.
Ahora bien, el Honorable señor Ruiz-Esquide se abstuvo respecto del artículo 1º por una razón no tan ligada a esa disposición, sino a las posteriores. En el caso del monitoreo, la DGA exige -así lo planteó el Ejecutivo- que se realice en forma diaria y que los instrumentos para tal efecto sean financiados y controlados por privados, obviamente según los requisitos técnicos establecidos por dicha institución. El Senador señor Ruiz-Esquide, en cambio, era partidario de que la Dirección General de Aguas instalara sistemas de monitoreo en cada embalse de control en el país.
Lo importante es que exista el monitoreo, condición que tendrán que cumplir los embalses cuando se dicte el reglamento respectivo.
Por lo tanto, señor Presidente, anuncio mi voto favorable a esta iniciativa, que considero muy positiva y necesaria.
De haber contado con una normativa como esta, nos habríamos evitado situaciones anteriores que causaron daños a personas y poblados ubicados aguas abajo de los embalses de control.
El señor LETELIER.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Su Señoría, acordamos que intervinieran solo dos Senadores: uno a favor y otro en contra del proyecto.
No es que no quiera concederle el uso de la palabra, sino que tenemos esa limitante.
El señor LETELIER.-
Fui aludido por el Senador Navarro.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En ese caso, tiene la palabra.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, solo quiero clarificar lo siguiente.
El colega referido manifestó una inquietud, que comparten varios Senadores, respecto de la responsabilidad legal de los embalses cuando causan daño a la comunidad aguas abajo debido a su mal manejo.
Él tiene razón en que ese es un problema. Sin embargo, tal situación no constituye el objeto del proyecto de ley en estudio. Por ende, la razón por la cual sus indicaciones no fueron tomadas en cuenta radica en que ellas escapan a la idea matriz de la iniciativa.
El Senador Navarro aludió a que se estaría defendiendo más a las empresas que a las comunidades. Por el contrario, la normativa propuesta faculta al Estado para obligar a los embalses a evacuar aguas a fin de evitar daños a la comunidad aguas abajo. Y solo para el caso de que aquel tome una decisión errada por malos pronósticos se establece el mecanismo de compensación.
El colega Navarro tiene todo el derecho a preocuparse por lo que pasa cuando hay mal manejo de los embalses. Todos compartimos su inquietud. Pero, lamentablemente, este proyecto no tiene que ver con ese tema.
Por tanto, las referencias que efectuó son equívocas.
El interés de la Comisión de Obras Públicas apunta a defender las comunidades aguas abajo y a establecer mecanismos para que el Estado intervenga en forma oportuna.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En votación el artículo 1º.
El señor VÁSQUEZ.-
¿No hay indicación?
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
No, señor Senador.
Está en votación el artículo 1º, única norma que no fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Obras Públicas.
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el artículo 1º del proyecto (25 votos a favor y una abstención).
Votaron por la afirmativa la señora Matthei y los señores Arancibia, Bianchi, Coloma, Espina, Flores, Frei, García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Barra, Novoa, Núñez, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
Se abstuvo el señor Navarro.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En consecuencia, el proyecto queda aprobado en particular y despachado en este trámite.
SEGUNDO PROTOCOLO DE PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS PARA ABOLICIÓN DE PENA DE MUERTE
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del "Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Destinado a Abolir la Pena de Muerte", adoptado por la Asamblea General de la ONU el 15 de diciembre de 1989, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (4732-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 79ª, en 8 de enero de 2008.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 34ª, en 8 de julio de 2008.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El principal objetivo de este instrumento internacional es prohibir la pena de muerte estableciendo que cada uno de los Estados Partes adoptará las medidas necesarias para abolirla en su jurisdicción.
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó esta iniciativa, tanto en general cuanto en particular, por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Gazmuri, Larraín, Muñoz Barra y Romero), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
El informe deja testimonio de la reserva que formulará Chile respecto del Segundo Protocolo en el sentido de que podrá aplicar la pena de muerte en tiempo de guerra como consecuencia de una condena por un delito sumamente grave de carácter militar.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En discusión el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo en general y en particular, y queda despachado en este trámite.
PROTOCOLO DE CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS RELATIVO A ABOLICIÓN DE PENA DE MUERTE
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores y urgencia calificada de "simple", que aprueba el "Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte", adoptado en Asunción el 8 de junio de 1990 en el Vigésimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA y suscrito por Chile el 10 de septiembre de 2001.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4733-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 79ª, en 8 de enero de 2008.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 34ª, en 8 de julio de 2008.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El principal objetivo del proyecto de acuerdo es suprimir la pena de muerte.
La Comisión de Relaciones Exteriores, al igual que en el caso anterior, aprobó la iniciativa por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Gazmuri, Larraín, Muñoz Barra y Romero), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
El informe deja constancia de la reserva que presentará el Ejecutivo en el sentido de que podrá aplicarse la pena de muerte en tiempo de guerra conforme al Derecho Internacional por delitos sumamente graves de carácter militar.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En discusión el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, solo quiero manifestar que nuestro país se halla en sintonía con la legislación internacional sobre la materia, porque la pena de muerte ha sido abolida en todas las normas del Código Penal. Además, de acuerdo con tratados existentes, no se puede reponer tal sanción para los delitos en que ya fue suprimida.
Dicha penalidad solo subsiste para algunos delitos contemplados el Código de Justicia Militar.
Durante la discusión del proyecto de acuerdo aprobado por la Comisión, el Ejecutivo, al igual que en la iniciativa anterior, se comprometió a presentar una reserva del siguiente tenor sobre tales delitos: "El Estado de Chile formula la reserva autorizada por el Artículo 2 párrafo 1 del Protocolo a la Convención Interamericana de Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, en el sentido de que podrá aplicar la pena de muerte en tiempo de guerra conforme al Derecho Internacional por delitos sumamente graves de carácter militar.".
Tal situación está cubierta en nuestra legislación. Por tanto, esa materia no se verá afectada.
Por lo demás, se encuentra en tramitación una iniciativa relativa a este asunto, la que aún no se ha aprobado.
Hoy Chile cumple perfectamente tal condición. En consecuencia, aprobar el proyecto de acuerdo con la referida reserva resulta algo por completo razonable.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, nosotros vamos a concurrir con nuestros votos favorables a aprobar el "Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte", adoptado en Asunción.
Como se sabe, somos partidarios de que la pena de muerte se elimine de todos los textos legales de nuestro país. Pese a los esfuerzos realizados hace unos ocho años, cuando se discutió el tema en el Parlamento, no logramos pleno acuerdo para abolir dicha sanción en el Código de Justicia Militar, en particular tratándose de delitos en tiempo de guerra.
Pero igual avanzamos.
Ahora nos pronunciaremos a favor de este instrumento internacional en el entendido de que nuestro interés -y el de muchos otros-, como un gesto de civilidad, es que la pena de muerte se suprima de todas las leyes chilenas, de acuerdo con compromisos internacionales suscritos en otros contextos.
Señor Presidente, aprobaremos el proyecto, pero no renunciaremos a nuestro deseo de que también se modifique el Código de Justicia Militar en esta materia.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará la iniciativa.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo en general y en particular, y queda despachado en este trámite.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Propongo suspender la sesión por algunos minutos, dado que encuentran ausentes algunos señores Senadores que intervendrán con motivo del homenaje que se rendirá a continuación.
El señor PROKURICA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor PROKURICA.-
Mientras tanto, ¿es posible tratar el proyecto relativo a la posesión y el dominio de la pequeña propiedad raíz, que es muy simple y fue aprobado por unanimidad en la Comisión?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Por supuesto, mientras se integran a la Sala los Honorables colegas.
MODIFICACIÓN DE DECRETO LEY N° 2.695, DE 1979, EN LO RELATIVO A FORTALECIMIENTO DE DERECHO DE PROPIETARIO DE BIEN RAÍZ INSCRITO
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto, iniciado en moción de los Senadores señores Prokurica, Espina, Horvath, Romero y Sabag, que modifica el decreto ley N° 2.695, de 1979, en lo relativo a la posesión y el dominio de la pequeña propiedad raíz, con informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5417-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los Senadores señores Prokurica, Espina, Horvath, Romero y Sabag).
En primer trámite, sesión 59ª, en 17 de octubre de 2007.
Informe de Comisión:
M. Ambiente y B. Nacionales, sesión 34ª, en 8 de julio de 2008.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El objetivo principal de la iniciativa es fortalecer el derecho de los propietarios de bienes raíces inscritos en el registro del Conservador de Bienes Raíces respectivo, frente a las disposiciones contempladas en el decreto ley N° 2.695, de 1979.
La Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales discutió el proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Allamand, Ávila, Horvath y Longueira.
El texto aprobado por el órgano técnico se transcribe en la parte pertinente del primer informe que Sus Señorías tienen en sus pupitres.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En discusión general la iniciativa.
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, la estabilidad en el régimen de tenencia de tierras y el derecho de propiedad y su protección son, sin duda, presupuestos básicos para lograr un desarrollo económico sustentable.
El sistema registral inmobiliario chileno, que obliga a inscribir todos los derechos reales por tratarse de fuentes constitutivas de derecho, tal como lo ordena el artículo 686 del Código Civil, se encuentra regido por una variedad de principios, dentro de los cuales destaca el de prioridad registral, uniformemente reconocido por nuestra jurisprudencia. En el artículo 17 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces se establece prioridad al título que ingresa primero en el libro repertorio, el cual, una vez calificado en forma adecuada, tiene efectiva preeminencia para acceder al registro.
En armonía con lo señalado, la opinión doctrinal usualmente admitida ha sido que, para adquirir tanto la posesión regular como la irregular de un inmueble inscrito, cuando se invoca un título traslaticio de dominio, es necesaria la inscripción conservatoria de este, habida consideración de que en nuestro sistema civil, para la existencia de la posesión regular, se requiere la tradición cuando se hace valer un título traslaticio de dominio. Y la tradición del dominio de los bienes raíces se efectúa por la inscripción del título en el registro conservatorio.
Por otro lado, el poseedor inscrito no pierde su posesión mientras subsiste la inscripción a su favor. Y para que esta no subsista es imprescindible que el adquirente realice una nueva inscripción.
Señor Presidente, en 1979 se dictó el decreto ley N° 2.695, que estableció normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y la constitución del dominio sobre ella. Dicho cuerpo legal se promulgó en atención a que la deficiente constitución del dominio de las pequeñas propiedades raíces agrícolas y urbanas generaba problemas de índole socioeconómica, pues se impedía que ellas se incorporaran al progreso productivo nacional.
Así, se buscó hacer posible la incorporación real de propiedades al mercado, facilitando el acceso al crédito y a la asistencia técnica y dar estabilidad a los titulares del derecho de dominio, lo que en definitiva se traduce en un mejoramiento de las condiciones de vida del pequeño propietario.
El procedimiento para sanear títulos se consigna con carácter administrativo y se radica en el Ministerio de Bienes Nacionales, el cual dicta una resolución que permite a su dueño disponer libremente del bien, transcurrido un año desde su inscripción en el correspondiente Conservador de Bienes Raíces.
Aun cuando es efectivo que el ordenamiento jurídico otorga protección al poseedor de una propiedad raíz que no ha llegado a ser dueño, ya sea porque la persona de quien la adquirió no era propietaria o porque el modo de adquirirla no operó correctamente, el problema radica en que, de acuerdo con el texto del decreto ley N° 2.695, se han exagerado, en mi opinión, los privilegios concedidos al poseedor en perjuicio de los derechos del verdadero dueño y/o poseedor inscrito.
Es así como el sistema se ha prestado para múltiples abusos. Muchas veces los verdaderos propietarios han perdido sus bienes dado que otras personas planifican, por la vía administrativa, quedarse con ellos.
Por tales razones, resulta necesario fijar un límite al mencionado decreto ley, con el solo propósito de proteger al dueño de un inmueble que, amparado en la inscripción de su propiedad o posesión en el Conservador de Bienes Raíces, ha cumplido, además, con la obligación de pagar el impuesto territorial.
En consecuencia, señor Presidente, el proyecto en análisis pretende limitar los efectos de dicho decreto ley, proteger la propiedad privada y evitar el absurdo jurídico que se da hoy día: pese a que el Fisco reputa como dueño o poseedor a quien le paga el referido tributo, que es el verdadero propietario, permite que se le entregue un título a quien no lo es, aceptando, de este modo, que haya dos propietarios al mismo tiempo.
Por eso ha habido unanimidad para aprobar el proyecto en estudio.
Además, el Ejecutivo ha planteado la posibilidad de incorporar nuevas disposiciones, a fin de limitar aún más el ámbito del decreto ley.
Finalmente, cabe consignar que la iniciativa contiene sanciones para los funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales que, a sabiendas de la existencia de un título, incurran en negligencia en el procedimiento y con ello perjudiquen a los verdaderos dueños o poseedores inscritos.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, seré muy breve.
Adherí con mucho agrado a la moción del Senador señor Prokurica, porque estimo que es altamente relevante mejorar el decreto ley N° 2.695, el cual, si bien otorga facilidades para sanear las pequeñas propiedades rurales o urbanas, se ha prestado para demasiados abusos.
Así como hay ladrones que se apropian de bienes muebles, también existen los que roban bienes raíces. El ex Senador Zurita nos decía que en la Corte Suprema a esta normativa se la llamaba "ley ladrona", porque, a través de ella, algunos se robaban las propiedades.
Por eso, tanto en esta iniciativa como en otros cuerpos legales, se han introducido adecuaciones para hacer más preciso el mecanismo que permite a las personas regularizar sus bienes. Y, desde luego, estoy muy de acuerdo con todas ellas.
Pero quiero llamar la atención de los Honorables colegas frente al hecho de que el Tribunal Constitucional, con fecha 25 de octubre del año 2007, declaró inaplicables los artículos 15 y 16 del decreto ley N° 2.695, porque resolvió que el título de dominio registrado con anterioridad prevalece al inscrito mediante las normas de dicho cuerpo legal, aunque hubiese pasado el año que en este caso se exige para que opere la prescripción..
Tengo en mis manos tal dictamen, y los señores Senadores lo pueden consultar. Supe de él porque en esta Sala se da cuenta de los fallos del Tribunal Constitucional. Este me llamó la atención y, por eso, solicité el texto en forma inmediata. Y ahí observé que se declaran inaplicables los artículos 15 y 16 del mencionado decreto ley, que constituyen la base de requerimientos planteados por algunas personas.
Por lo tanto, el referido organismo se ha preocupado del tema, lo que se reafirma con mayor razón en el proyecto en análisis.
En consecuencia, mi voto será ampliamente favorable.
Ojalá que todos puedan adquirir sus propiedades en forma legítima. El decreto ley 2.695 tuvo por objeto regularizar los bienes raíces que, a través de distintas sucesiones, se habían ido traspasando de un familiar a otro.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente, el decreto ley N° 2.695, más conocido como "de saneamiento de la pequeña propiedad raíz", fue dictado en su época con la finalidad de regularizar una gran cantidad de inmuebles cuyos dueños no podían, entre otras cosas, acceder a créditos de diversas instituciones financieras.
Mediante dicha norma se pudo normalizar la posesión de muchas tierras en varias Regiones del país, cuyos propietarios en este momento tienen el carácter de legítimos.
Sin estar en contra del proyecto que nos ocupa, me merecen dudas algunas de sus disposiciones. Por ejemplo, el texto aprobado por la Comisión dice: "Sin perjuicio de lo anterior, no le serán aplicables las normas de la presente ley a los inmuebles con inscripción de dominio anterior vigente en que el pago del impuesto territorial, en los casos que corresponda, reúna las características de regularidad y continuidad¿", lo que viene a derogar lo señalado por el inciso segundo del artículo 2°, el cual dispone: "No será obstáculo para el ejercicio de este derecho la circunstancia de que existan inscripciones de dominio anteriores sobre el mismo inmueble". Vale decir, si se demuestra la posesión no es necesario un título inscrito para adquirir el dominio del inmueble.
Creo que esto restringe bastante lo preceptuado por el decreto ley N° 2.695, el cual perseguía la loable finalidad de regularizar alguna propiedad raíz cuando faltaren antecedentes.
Quiero llamar la atención sobre el hecho de que, por desconocimiento de este cuerpo legal, muchos habitantes de las provincias de Aisén y de Coihaique, por ejemplo, fueron despojados de sus propiedades, a pesar de ser legítimos poseedores, precisamente por lo del título inscrito.
Eso me merece dudas, nada más. Y espero que cuando se discutan las indicaciones correspondientes se puedan aclarar.
Yo no estoy en contra del proyecto, pero me preocupa que vayamos a colocar más exigencias o más requisitos a un decreto que ha sido bastante positivo para la regularización de la pequeña propiedad raíz.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Recuerdo que a las 18:30 se va a realizar el homenaje al General Director de Carabineros señor José Bernales.
Restan ocho minutos para el término del Orden del Día.
Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, el proyecto en debate fue analizado por la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y corresponde a una moción del Senador señor Prokurica -quien asistió a sus dos sesiones-, además de representantes del Ejecutivo.
Se resolvió dejar algunas materias para la discusión particular, con lo cual estuvo de acuerdo el autor de la moción.
La idea central de la iniciativa es perfeccionar y proteger la propiedad, en el caso de aquellas personas que la tienen, y establecer básicamente que algunos preceptos del decreto ley N° 2.695 no serán aplicables a los bienes raíces cuyos propietarios mantengan al día el pago del impuesto territorial. Porque algunas personas, pese a haber cancelado sus contribuciones, han comprobado que otro sujeto ha inscrito una propiedad superpuesta a la de ellas.
Se trata de evitar los abusos producidos por la aplicación de aquel instrumento legal.
Sin embargo, ese decreto ley ha sido muy eficaz no solo para que la gente pueda suscribir créditos, sino también para que en esos bienes raíces pudiesen conectarse servicios básicos. Ese fue el sentido social de su dictación. Porque, al no estar regularizados los títulos, no podían acceder a luz, agua ni alcantarillado.
Por lo tanto, la moción apunta específicamente a garantizar y resguardar la propiedad privada. Y el Ejecutivo planteó la incorporación de algunas ideas, las cuales serán analizadas por el Senador señor Prokurica y por personeros del Gobierno para su perfeccionamiento.
Por ello, me parece que en la discusión particular el texto del proyecto va a ser complementado y mejorado, porque su idea matriz apunta en el sentido correcto.
En la Comisión de Medio Ambiente la idea de legislar fue aprobada en forma unánime y espero que en la misma forma sea acogida por la Sala.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente, voy a votar favorablemente el proyecto que nos ocupa, porque modifica un decreto ley que si bien sirvió para regularizar la situación anómala en que se encontraban muchos predios, también se utilizó para la apropiación de pequeños terrenos por parte de empresas, particularmente en sectores rurales.
Además, lo voy a aprobar, porque es indispensable regularizar y establecer quiénes pueden efectivamente hacer uso de los derechos establecidos en el decreto ley N° 2.695. Ello, para evitar las apropiaciones indebidas de quienes, con pleno conocimiento y de mala fe, después de cinco años, ni siquiera pueden ser perseguidos penalmente.
Por todo lo anterior, anuncio mi voto a favor, para evitar que aquellas situaciones ocurridas en el pasado se puedan repetir en el futuro.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, como dijo el Senador señor Longueira, este proyecto fue tratado en la Comisión de Medio Ambiente, aunque no es de su especialidad lo relacionado con bienes raíces e inmuebles. También fue analizado durante mucho tiempo en la Cámara de Diputados.
El principio jurídico de propiedad tiene que prevalecer. No obstante, como la señora Ministra de Bienes Nacionales lo expresara en el informe de la Comisión, los requisitos planteados no van a ser los únicos medios de acreditación de la posesión. Porque también queremos evitar el hecho de que una persona que haya habitado y explotado un predio por décadas, de la noche a la mañana lo deba abandonar -como ha ocurrido muchas veces en la Región del Biobío-, porque alguien pagó un par de impuestos y se lo quitó.
Pienso que en ese caso la posesión efectiva del dominio de la tierra es un tema de principio.
Yo voy a votar a favor, teniendo en cuenta el compromiso de la señora Ministra en el sentido de revisar el rol de los Conservadores de Bienes Raíces, donde hay un asunto pendiente, no solo por los ingresos que perciben estos profesionales, sino por el gran poder que acumulan por la información de que disponen.
No me parece decente que, al legislar sobre esta materia, no nos preocupemos de hacer justicia sobre quien legaliza la inscripción de una propiedad y gana mucho dinero por ello. Además, siempre allí quedan en desmedro los débiles frente a los poderosos, por la no accesibilidad al registro y por los montos cobrados.
Múltiples empresas forestales han aplicado el sistema que ahora se pretende evitar. O sea, ellos inscriben, provocan la superposición y luego pagan el impuesto. Eso ha pasado en múltiples ocasiones con comunidades indígenas en la provincia de Arauco. Ellas tenían la posesión del predio, pero con una inscripción cuyos deslindes no eran exactos, por no haber geógrafo ni satélite para determinarlos con exactitud. Las empresas pagaban los impuestos por una inscripción superpuesta, luego hacían el deslinde y los propietarios menores -particularmente comunidades mapuches- quedaban sin predios.
En tal sentido, dejo constancia de que mi voto favorable se sustenta, en estricto rigor, en el compromiso de la Ministra Romy Schmidt en los siguientes aspectos:
"1.-
Establecer la prohibición de enajenar o gravar inmuebles que se encuentren en proceso de regularización, mientras subsistan las acciones para reclamar del procedimiento.
2.-
Eliminar la exigencia de requerir al Servicio de Impuestos Internos determinados antecedentes que en la actualidad pueden obtenerse válidamente por medios electrónicos.".
Eso facilita el acceso a documentación de gente más modesta.
"3.-
Incorporar dentro de los medios de notificación uno que considere los avisos radiales, a objeto de recoger la particular realidad del mundo rural.".
Cuando se publican los avisos en periódicos de circulación nacional la gente del campo no tiene ocasión de leerlos. La radio es su medio de comunicación. Y ellos tienen derecho a conocer este tipo de notificaciones para poder reclamar.
"4.-
Complementar el artículo 22 del decreto ley N° 2.695, de 1979, estableciendo que en el caso que se hubiere recurrido a la vía judicial, y esta termine por abandono de procedimiento, el juez de la causa devuelva, de oficio, el expediente al Ministerio de Bienes Nacionales, a objeto de continuar con el procedimiento administrativo. Ello por cuanto en la materia, la jurisprudencia no ha sido uniforme.
"5.-
Establecer que la oposición a la solicitud se pueda ejercer desde que la misma se acoge a tramitación, y hasta un plazo de 60 días hábiles contados desde que se efectúa la publicación de la resolución que la acogió, y".
O sea, son 60 días hábiles desde que se acoge, más el tiempo de la difusión por radio y no solo por medios escritos, ya que los campesinos no leen diarios.
"6.-
Precisar que el patrocinio y representación del Ministerio, al que está obligado ante los tribunales de justicia para el peticionario de escasos recursos, pueda ser desistido por el Ministerio en caso de que el oponente cuente con un mejor derecho.".
Tal situación también avala la protección de los más débiles en caso de litigio por posesión de tierras.
En ese entendido, y bajo dicho contexto, voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Me van a permitir que, desde la testera, haga una pequeña y sola reflexión sobre la materia: en verdad estoy convencido de que, pese a todo lo que se quiera decir, lo más seguro es la teoría de la propiedad inscrita. Ojala que ella vaya acompañada de la posesión.
Debemos tomar todos los resguardos, pues no cabe duda de que el débil tiene que ser el más protegido.
--Se aprueba en general el proyecto, y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 4 de agosto.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
)-----------(
Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor ALLAMAND:
A la señora Subsecretaria de Marina, al señor Director de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Región de Los Ríos y al señor Alcalde de Lago Ranco, pidiéndoles pronunciamiento sobre DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA LOCALIDAD DE LAGO RANCO".
Del señor FREI (don Eduardo):
Al señor Ministro del Interior, solicitándole establecer PRIORIZACIÓN DE PRODUCTO CERTIFICADO EN SERVICIOS PÚBLICOS CON CALEFACCIÓN O COCCIÓN DE ALIMENTOS A LEÑA, a la señora Ministra de Agricultura y al señor Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, recabándoles su opinión sobre APOYO ECONÓMICO PARA SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN DE LEÑA, y al señor Director Nacional del INP, para que considere SITUACIÓN PREVISIONAL DE SEÑOR SIGNIFREDO SEGUNDO MONJE CARRASCO.
Del señor HORVATH:
A los señores Ministros de Hacienda y de Transportes, dándoles a conocer DIVERSAS PETICIONES DE CARÁCTER FINANCIERO DE GREMIOS DE TRANSPORTE URBANO Y RURAL DE AISÉN, y a los señores Subsecretario de Pesca y Director Nacional de SERNAPESCA, solicitándoles información respecto de AUTORIZACIÓN DE CONSULTORÍA PARA ORGANIZACIÓN GREMIAL DE PESCADORES ARTESANALES DE UNDÉCIMA REGIÓN.
Del señor NÚÑEZ:
A la señora Subsecretaria de Marina, pidiéndole ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA OFICIAL DE CALETAS DE PESCADORES ARTESANALES e información sobre CONCESIONES MARÍTIMAS EN LITORAL, ambos de provincia de Huasco (Tercera Región).
Del señor ROMERO:
Al señor Ministro de Minería, solicitándole AUDIENCIA PARA REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES MINERAS DE SAN FELIPE, CATEMU, PUTAENDO, CABILDO Y PETORCA.
)-----------(
HOMENAJE EN MEMORIA DE GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS, SEÑOR JOSÉ ALEJANDRO BERNALES RAMÍREZ, Y COMITIVA, RECIENTEMENTE FALLECIDOS
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Antes de conceder el uso de la palabra a los señores Senadores que en nombre de la Corporación intervendrán, debo precisar que, por acuerdo unánime de los Comités y, de alguna manera, acogiendo el clamor popular que se desbordó en las calles de Santiago y a lo largo de todo Chile durante los días posteriores a tan tristes pérdidas, el Senado rinde hoy este merecido homenaje al General señor José Alejandro Bernales, a los Comandantes Orozco y Tapia y al Capitán Fuenzalida.
En ese sentido, nuestra Corporación, en nombre de la nación toda, realiza tal reconocimiento; y para ello cada Comité ha designado un señor Senador que lo representará.
En primer lugar, tiene la palabra el Honorable señor García, en nombre del Comité Renovación Nacional.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, prudencia, justicia, templanza, fortaleza, dignidad humana, protección de la vida, principio de proporcionalidad, secreto profesional, honestidad profesional, imparcialidad profesional, lealtad a la misión y honor de carabinero.
Así se definen los valores y principios del "ser profesional" de Carabineros de Chile. Al repasarlos uno a uno, podemos concluir que el General Director de Carabineros don José Alejandro Bernales Ramírez (Q.E.P.D.) encarnó cada uno de ellos, haciendo de su vida profesional un ejemplo que perdurará por siempre en su amada institución.
Señor Presidente, señoras Senadoras, señores Senadores, señor General Director de Carabineros, don Eduardo Gordon, y comitiva institucional; familias del ex General Director don Alejandro Bernales y de su señora Teresa Bianchini; familias del señor Teniente Coronel don Óscar Tapia Bacigalupo y de su señora Carolina Reyes; familia del señor Teniente Coronel don Ricardo Orozco Ugalde; familia del señor Capitán don Mauricio Fuenzalida Ayala, señoras y señores:
Me dirijo a ustedes, por especial misión que me han encomendado los Senadores de Renovación Nacional, para rendir sentido homenaje de admiración y gratitud a la vida y obra del General Director de Carabineros don José Alejandro Bernales Ramírez, fallecido trágicamente en un accidente aéreo en la ciudad de Panamá, en cumplimiento de una visita institucional.
Murió junto a su esposa, señora Teresa Bianchini Frost, con quien le unía un amor sincero y hermoso, dejando tres hijos, Alejandro Javier, Cristián Antonio y Francisco Tomás, nueras y nietos.
Les unía además una profunda fe en Dios, una activa participación en la Iglesia Católica, preparando parejas de novios para el matrimonio, entre otras tareas religiosas, y les unía también el mismo amor por Carabineros de Chile, ya que la señora Teresa presidió la Corporación de Ayuda a la Familia de Carabineros, realizando una intensa labor social y humanitaria, llegando a crear un centro de rehabilitación integral para hijos de Carabineros, establecimiento líder en la recuperación y estimulación de niños con discapacidad o capacidades diferentes, que los limitan en su crecimiento, castigando la calidad de vida que todo niño merece.
Dejó de existir junto a sus camaradas de armas el Teniente Coronel Ricardo Orozco Ugalde, el Teniente Coronel Óscar Tapia Bacigalupo y el Capitán Mauricio Fuenzalida Ayala. También perdió la vida la señora Carolina Reyes, esposa del Teniente Coronel Óscar Tapia.
La tragedia de Panamá, que llevó de la vida terrenal a personas tan queridas y de virtudes ciudadanas tan notables, inundó al país de un profundo dolor y a Carabineros de Chile, de una tristeza difícil de superar.
El día del fatal accidente me encontraba en mi oficina en Temuco, la que se ubica a solo media cuadra de la Jefatura de la Novena Zona de Carabineros de Chile. Confirmada la muerte del General Bernales, me dirigí de inmediato hasta dicha jefatura para expresar mi pésame. Durante el trayecto, vi a muchos carabineros con lágrimas en sus rostros, expresión de la conmoción que el hecho provocó en cada uno de los integrantes de la Institución, sin excepción.
Hoy, los Senadores de Renovación Nacional, reiteramos a todos los familiares de las personas fallecidas nuestros sentimientos de afecto y dolor por el duelo que les aflige, nos unimos en íntima oración por el eterno descanso de las almas que Dios llamó a su lado, pidiendo asimismo que otorgue cristiano consuelo a todos sus seres queridos y a la noble institución de Carabineros de Chile.
Pedimos igualmente para que se agilice la investigación que debe determinar las causas de la tragedia aérea. Estoy seguro de que ello traerá mayor tranquilidad a las familias y a Chile entero. La verdad de lo ocurrido es indispensable para encontrar la necesaria paz, ante tan dolorosa partida.
Señor Presidente, señoras Senadoras, señores Senadores, invitados especiales, conocí al General Bernales durante el ejercicio de la jefatura de la Novena Zona de Carabineros de Chile, Región de La Araucanía. Allí aprendí de sus valores y principios; conocí su templanza y apego estricto al Estado de Derecho. No fue fácil su misión en nuestra Región; sin embargo, con constancia y profesionalismo, logró desarticular la organización denominada "Coordinadora Arauco Malleco", cuyos principales líderes cumplen condena por incendios terroristas en la Octava y Novena Regiones.
El 28 de noviembre de 2003, el General Bernales dejó la jefatura de la Novena Zona para asumir otra delicada y difícil misión: la Dirección de Inteligencia Institucional. Dos años más tarde fue nombrado General Director de Carabineros, cargo que ejerció con orgullo y humildad, con energía y prudencia, con mucha cercanía a su gente; con toda razón la prensa dijo: "Sangre verde corre por sus venas"; una manera de definir su alto profesionalismo y su absoluto compromiso con el éxito de la institución y con la seguridad de la ciudadanía.
Fuerte es el eco en nuestros oídos de una de las muchas frases que lo retrataban: "No se me va a caer una estrella, si en un momento se me caen las lágrimas.". Porque así era la cercanía con su gente, y porque así era el dolor que sentía cuando uno de los suyos encontraba la muerte en cumplimiento de su deber.
El General Director de Carabineros don José Alejandro Bernales Ramírez fue un hombre de excepción, un Carabinero de honor, un servidor público ejemplar, un chileno que demostró con hechos su profundo y sincero amor por Chile.
Por ello, los homenajes se multiplican a lo largo y ancho del territorio nacional.
Tengo en mis manos copia de una carta del Senador señor Romero dirigida a la señora Presidenta de la República, mediante la cual solicita que en la ciudad de Los Andes -donde el General prestó sus primeros servicios en la Institución y conoció a su esposa, señora Teresa Bianchini-, el primer puerto terrestre de Chile próximo a ser inaugurado, lleve el nombre "Puerto Terrestre General Director de Carabineros José Alejandro Bernales". Esperamos que esta iniciativa prospere. Así como esperamos también que las acciones que busquen tributar homenaje en memoria del General Bernales y su esposa se materialicen con prontitud.
Al concluir, permítanme recordar la primera estrofa del himno de Carabineros de Chile:
"Orden y Patria es nuestro lema,
la ley espejo de nuestro honor;
del sacrificio somos emblema
Carabineros de la Nación.".
General Bernales, sepa usted que todo Chile reconoce que el orden y la patria fueron su lema; el cumplimiento de la ley fue su honor; el sacrificio máximo lo llevó a la eternidad. Es usted un nuevo mártir de Carabineros de Chile, un nuevo héroe de la patria.
He dicho.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente, señora Senadora, señores Senadores, señor General Director de Carabineros, familiares del General Bernales y de la comitiva que lo acompañaba en su viaje, quienes han vivido momentos muy duros, al igual que todo Chile.
No es fácil para mí hoy día hablar del General Bernales.
Lo hago en nombre propio y en representación de la Democracia Cristiana.
Aún están vivas en nuestra memoria las imágenes, las palabras y los reconocimientos con que sus restos fueron despedidos recientemente junto a los de su esposa y de toda la comitiva que lo acompañaba en Panamá.
Parece imposible decir algo que no se haya dicho.
Por ello, hoy he querido dirigir estas palabras de homenaje al General Bernales, recogiendo lo que ya mucho hemos escuchado o visto. No habrá, entonces, ocasión para sorprenderse con este tributo. Porque lo verdaderamente admirable es constatar cómo un hombre sencillo, un esposo, un padre cariñoso y un Carabinero dedicado fue capaz de llegar tan profundo en el alma de un pueblo, en el alma de Chile.
Por eso, por haber sido un servidor público destacado y querido, hoy el Senado también le rinde un homenaje.
Muchos de los que estamos aquí tuvimos el privilegio de conocerlo y pudimos trabajar con él. Nos unía un afán común: la lucha contra el delito y el hacer de este país un lugar más tranquilo.
Como herencia, el General Alejandro Bernales deja una Institución que avanza a paso firme en el cumplimiento de su misión; querida y respetada, profesional y eficaz, cercana a la ciudadanía. Así lo demuestran las últimas encuestas, que ubican a Carabineros como una de las instituciones más confiables de la sociedad.
Tras esa valoración ciudadana hay una valiosa organización que ve coronados sus esfuerzos por acercarse y comprender a la comunidad, y que ha exhibido el liderazgo para guiar este proceso.
Vale la pena resaltar que no solo en Chile se ven los frutos de esa reputación. Cuando fui Ministra de Relaciones Exteriores me sentía inmensamente orgullosa cada vez que nos pedían cooperación, y la primera solicitud siempre era que nuestros Carabineros pudieran ayudar a las policías de los distintos países de la región.
Y me sentía más orgullosa aún al saber que, en muchas ocasiones, con motivo de las recomendaciones que se daban a jóvenes extranjeros que deseaban venir a Chile, además de interiorizarlos acerca de los lugares atractivos del país, del clima, etcétera, les advertían especialmente: "Si te detiene algún Carabinero, no se te ocurra ofrecerle dinero, porque irás preso".
¡Por Dios, señor Presidente, señora Senadora y señores Senadores, qué orgullosa me sentía cuando hacían esa afirmación!
Podemos señalar, entonces, que este líder deja a Carabineros y a los chilenos un gran legado.
Por un lado, el Plan Estratégico Bicentenario, carta de navegación que establece políticas claras con miras al 2010.
Este plan propone enfrentar la victimización delictual con un enfoque innovador. Esto significa enfatizar la capacitación del personal, la incorporación de nuevas tecnologías en la labor preventiva, el fortalecimiento de la gestión con indicadores de eficiencia orientados a la obtención de resultados, como es la reducción de la victimización.
Son también parte de este legado la incorporación de conceptos que han sido más propios del mundo privado. Me refiero, por ejemplo, a la lógica de servicios de calidad al usuario, que ha permitido la puesta en marcha de programas que implican la permanencia de efectivos policiales en los barrios, como el delegado comunitario y los vigilantes del Plan Cuadrante. También la apertura de la Institución hacia la comunidad, que ha posibilitado, incluso, que sea ella la que evalúe a sus unidades policiales.
Sin embargo, nos parece que las virtudes del General Bernales no solo alcanzaban el ámbito estrictamente profesional. Él era un hombre creyente, un esposo enamorado, un padre querido y un jefe preocupado de las personas con las que trabajaba. Su labor como guía de encuentros matrimoniales, las iniciativas para la socialización con sus carabineros, su preocupación por sus funcionarios y sus familias, nos hablan de la esencia profundamente cristiana del General Alejandro Bernales.
Estuvo allí, sacando la voz para defender a los suyos, cuando algún carabinero resultó muerto o herido. Estuvo allí para acompañar a sus viudas y huérfanos. Y, en sus últimos días, lo vimos compartiendo un café y dando apoyo a los carabineros que hacían frente a la emergencia en Chaitén.
Por ello, su despedida y la de toda su comitiva fue desbordada de tanto afecto espontáneo, de tanto cariño retribuido.
El General Bernales representó a cada chileno al acompañar los restos de muchos carabineros que honraron con su vida el servicio.
Pues bien, al momento de su partida, todos los chilenos y chilenas representaron el sentimiento de la Institución completa en calles, plazas y esquinas.
El testimonio de vida del General Bernales es señero en la forma como los cristianos debemos entender el servicio público.
Ya lo decía el Cardenal Silva Henríquez:
"El pueblo chileno es un pueblo muy noble, muy generoso y muy leal.
"Se merece lo mejor. A quienes tienen vocación o responsabilidad de servicio público les pido que sirvan a Chile, en sus hombres y mujeres, con especial dedicación.
"Cada ciudadano debe dar lo mejor de sí para que Chile no pierda nunca su vocación de justicia y libertad.".
Estimados Senadores y familiares de las víctimas, quiero hacer propicia esta instancia para rendir un justo tributo a todas las autoridades del sector Defensa, que han tenido la responsabilidad de apoyar la continuidad institucional de Carabineros en momentos tan difíciles.
En este proceso han rescatado lo mejor de la experiencia del General Bernales y han combinado aquello con una mirada prospectiva, de continuidad, liderazgo y eficacia del nuevo Alto Mando. Como Senadora, tuve la ocasión de conversar con el General Gordon en muchas oportunidades.
Hombres como el General Bernales nos animan a cumplir nuestro rol con el máximo rigor, en beneficio de los chilenos y chilenas que han delegado en nosotros sus sueños, sus anhelos y sus esperanzas de hacer de esta patria un lugar más justo, más humano y en paz.
Por ello, solo podemos honrar su testimonio sirviendo mejor a Chile, entregando excelencia en nuestro trabajo y recordando que los cristianos, los humanistas y los buenos hombres y mujeres entregan a su patria lo mejor de sí, se esfuerzan siempre por nuestro país y tienen como norte su bien superior.
La labor profesional y humana del General Bernales da testimonio de aquello en todos los aspectos de su vida.
He dicho.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En el turno del Comité Partido Por la Democracia, tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, señores Senadores, la ciudadanía quedó conmocionada por la muerte, en un accidente aéreo en Ciudad de Panamá, del General Director de Carabineros don José Bernales Ramírez, de su esposa, señora Teresa Bianchini Frost, y de los miembros de la comitiva que los acompañaba: Comandante Oscar Mario Tapia Bacigalupo y su esposa Carolina Reyes Cruz, Comandante Ricardo Javier Orozco Ugalde y Capitán Mauricio Fuenzalida.
Las muestras de dolor y de afecto colectivo que todos observamos en sus funerales -como se ha recordado aquí- fueron la reacción espontánea de nuestro pueblo ante la muerte de un hombre, de un Carabinero, de un profesional, cuyos méritos personales y técnicos trascendieron a la Institución.
El General Bernales -qué duda cabe- fue un profesional de natural inteligencia, a la que unía una sólida formación especializada en Ciencias Policiales y Seguridad Pública. Pero fue más que eso: entendió que las competencias que requería un oficial de Carabineros para cumplir a cabalidad con su liderazgo exigían estar al tanto no solo de los nuevos conocimientos sobre la especialidad policial, sino también de otras disciplinas, particularmente las relacionadas con las personas, como la Gestión de Recursos Humanos y la Inteligencia Emocional.
En una de sus declaraciones a la prensa, demostrativa de cómo entendía el mando, expresó lo siguiente:
"Usar uniforme no implica ser mal genio o que uno se sienta con un poder enorme... Cuando hablo de humanizar el mando lo digo basado en los valores, en la doctrina, junto con la disciplina y la jerarquía. Así, cualquier Jefe dentro de la escala puede mandar, pero sin pasar a llevar a los demás. Creo que en todo esto la inteligencia emocional me ayuda mucho".
Y, como recordó un Honorable colega, también afirmó: "No se me va a caer una estrella si en un momento se me caen las lágrimas y tampoco se me cae una estrella cuando tengo que dar a alguien de baja.".
Fue un Jefe moderno respecto a cómo entendía y practicaba las complejidades de la gestión en Carabineros. Combinó sus conocimientos teóricos y su experiencia con el uso de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones.
Modernizó la gestión en Carabineros, incorporando, entre otras medidas, indicadores de gestión, cumplimiento de metas y cuentas públicas a la comunidad, a lo que ya estamos acostumbrados los Senadores.
Manejaba sus computadores, utilizaba las planillas Excel y recurría -como Sus Señorías lo saben- a una pantalla de plasma que le permitía realizar videoconferencias con cuarteles de Carabineros en distintas zonas del país.
La verdad es que a veces parecía el presidente de una gran empresa, aunque él decía: "No somos una empresa, pero vamos a ser la mejor.".
Tenía una gran meta: "El Carabinero del Bicentenario", al que definía como "un profesional probo, muy inserto en la comunidad. Tiene que utilizar la tecnología. Tiene que proyectarse hacia el futuro. La visión institucional que tengo es de primer nivel en el orden nacional e internacional, inspirada en valores como vocación de servicio, disciplina, honradez, lealtad, valentía, tolerancia e imparcialidad. Quiero que todo nuestro personal sea poseedor de un profundo respeto por las personas.".
Otra dimensión de la personalidad del General José Bernales fue su preocupación por todos quienes se hallaban vinculados a Carabineros de Chile, particularmente por los que eran víctimas de la lucha contra la delincuencia, y sus familiares. Siempre estuvo con ellos; es decir, no solo en el momento de sus funerales o de su ingreso al sistema hospitalario, sino también con posterioridad, cuando los familiares de las víctimas, esposas e hijos experimentan con amargura la profundidad de la ausencia. En esos actos lo acompañó siempre su esposa la señora Teresa Bianchini, quien, entre otras tareas, ejerció la presidencia de la Corporación de Ayuda a la Familia de Carabineros, y creó el Centro de Rehabilitación Integral para Hijos de Carabineros. Quienes conocieron a la señora Teresa, la calificaron como "una mujer encantadora, excelente madre de sus tres hijos, una persona muy querida, solidaria e íntegra".
El General Bernales fue un hombre cercano a la gente, qué duda cabe. Con sencillez, alternaba con todos aquellos que se le acercaban o con quienes debía tratar. Y Sus Señorías lo saben muy bien.
Antes de asumir la Dirección de Carabineros, le correspondió desempeñar el mando en la difícil Región de La Araucanía -que representamos algunos Senadores-, el que ejerció con autoridad y éxito. Al respecto, debo recordar que desarticuló la Coordinadora Arauco Malleco, organización de mapuches que realizó actos de violencia y daños a la propiedad, como una forma de luchar equivocadamente por sus reivindicaciones.
Permítanme manifestar que no deja de ser significativo que uno de los dirigentes mapuches, sin renunciar a sus demandas, haya formulado declaraciones elogiosas, durante sus funerales, respecto al rol que cumplió el General Bernales en aquella oportunidad, valorando su disposición al diálogo y a la negociación.
En esa misma Región le correspondió participar en la implementación, como plan piloto, de la Reforma Procesal Penal -como bien se recordó-, y crear, además, la Unidad Integral Investigativa para conocer los delitos de connotación social en coordinación con el Ministerio Público.
Honorables colegas, deseo hacer referencia a quienes integraban la comitiva del General José Bernales y su esposa. Me refiero al Comandante Oscar Mario Tapia Bacigalupo y a su esposa, Carolina Reyes Cruz, al Comandante Ricardo Javier Orozco Ugalde y al Capitán Mauricio Fuenzalida.
Ellos fueron destacados oficiales que han recibido el cariño y el reconocimiento de sus pares. Ellas, las señoras Teresa y Carolina, fueron nobles mujeres que supieron enfrentar con valor ser compañeras de quienes cumplen una función exigente durante extensas jornadas de trabajo y con evidentes riesgos.
A sus familiares, particularmente a sus viudas, señoras Carmen Gloria Ubilla de Orozco y Catalina Villegas de Fuenzalida, y a sus hijos, les hago llegar mis condolencias, en nombre del Partido Por la Democracia, al cual pertenezco.
El General José Bernales Ramírez fue un hombre íntegro, un profesional innovador, un Jefe ecuánime, quien, por su inteligencia, conocimientos y preocupación por sus subalternos, era poseedor de prestigio y autoridad indiscutibles.
Fue, asimismo, un ciudadano ejemplar. Reunía en alto grado las competencias necesarias para desempeñar el difícil cargo de General Director de Carabineros.
A ese hombre ejemplar rindo homenaje en nombre de mi colectividad. Y hago llegar nuestras sentidas condolencias a sus hijos, Alejandro Javier, Cristian Antonio y Francisco Tomás. Ellos tienen en sus padres un gran ejemplo a seguir.
He dicho.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ávila, representante del Partido Radical, en el tiempo del Comité Mixto.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente, Honorables colegas:
El Partido Radical también se asocia a este homenaje. Pero lo consagramos al ser humano de carne y hueso, no al héroe mítico construido por los medios a partir de un accidente lamentable.
Ampliamos nuestro reconocimiento a todas las víctimas de aquel hecho luctuoso. Les hacemos llegar a sus deudos el más sincero sentimiento de pesar.
Concretamente, vayan nuestras condolencias a las familias Bernales Bianchini y Tapia Reyes. También, a la esposa e hijos del Teniente Coronel Ricardo Orozco, y a la esposa e hijo del Capitán Mauricio Fuenzalida.
Particularmente, no tengo recuerdo de un suceso en que el fenómeno televisivo haya sacudido con tan arrolladora fuerza el lado emocional de la población. No solo el conjunto de la sociedad sino que además todas las instituciones del país sucumbieron a una suerte de catarsis colectiva. Ahí están los tres días de duelo nacional para confirmarlo.
Soy consciente del riesgo que involucra tomar distancia del estremecimiento generalizado que produjo la inclemente descarga mediática.
De mis palabras, nadie intente desprender falta de sensibilidad. Al contrario: hay sensibilidad, y mucha, pero dirigida a la Institución y a todos sus miembros por las pérdidas humanas que han debido lamentar.
Tan valiosa es la vida del más modesto efectivo de Carabineros que muere en actos de servicio como la de su General Director. Uno y otros han ido tejiendo el devenir institucional hecho carne en la historia de la república.
Parafraseando a Nicanor Parra, podemos expresar, entonces, que todos los auténticos servidores públicos, por el solo hecho de morir, son héroes.
He dicho.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier, en representación del Comité Socialista.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, estimados colegas; familiares del General José Alejandro Bernales, del Comandante Ricardo Orozco, del Comandante Óscar Tapia y de su señora, Carolina Reyes, y del Capitán Mauricio Fuenzalida; General Director de Carabineros, don Eduardo Gordon, y comitiva institucional:
En representación de los Senadores del Partido Socialista de Chile, me ha tocado intervenir en este acto en que la Cámara Alta rinde homenaje al extinto General Director de Carabineros José Bernales y esposa, al Comandante Orozco, al Comandante Tapia y señora, y al Capitán Fuenzalida, fallecidos recientemente en Panamá mientras cumplían funciones propias de su Institución.
Sin lugar a dudas, la muerte del General Bernales y de su comitiva tocó muy profundamente a todas las chilenas y chilenos, quienes a lo largo y ancho del país izaron nuestra bandera a media asta y concurrieron por miles a las comisarías, tenencias y retenes, por más lejos de sus hogares que estuvieran, para entregar sus condolencias a los funcionarios de Carabineros que se encontraban en tales recintos.
Chile se unió, dejando de lado las diferencias políticas y las diferencias sociales, para decir adiós al General Bernales.
Los carteles con expresiones como "General del pueblo", "Un buen General", "Luchador contra la delincuencia", que la gente espontáneamente levantó al paso de su féretro, demuestran el cariño y aprecio que le tenían los chilenos y chilenas.
Como parte de nuestro pueblo, los socialistas no estuvimos ausentes de ese sentimiento de gran pesar, que hoy, a más de un mes de ocurrida la tragedia, reiteramos a sus familiares y colegas de la Institución presentes hoy en las tribunas de esta Alta Cámara.
Señores Senadores, señoras Senadoras, si hay algo que nos explica tales muestras de dolor, admiración y cariño dadas por toda la comunidad nacional, inéditas en nuestro país, son la gran personalidad del General Bernales y la cercanía que alcanzó con su pueblo durante su mandato como General Director de Carabineros.
En efecto, a la cabeza de su querida Institución, ejerció el mando evidenciando un gran carisma, un tremendo liderazgo, pero, sobre todo, mostrándose como un General de carne y hueso -así lo han señalado aquí varios Senadores- que sufría cuando uno de los suyos resultaba herido o era asesinado y que no temía expresar con lágrimas su gran pesar e impotencia.
Todo eso nos demostró a los chilenos que estábamos en presencia de un General distinto: un General de gran humanidad, con caridad cristiana, sensible y muy abierto.
Pero, al mismo tiempo, era un General con carácter y coraje para enfrentar los desafíos, y muy especialmente las agresiones y asesinatos perpetrados contra funcionarios de su Institución; un General comprometido no solo con la modernización de Carabineros de Chile, con el proyecto destinado a crear la Institución para el Bicentenario, sino también con la lucha contra la delincuencia.
Para el General Bernales, servir a la comunidad era un objetivo de vida. Y así actuó a lo largo de toda su existencia como uniformado.
Por tal motivo, durante su gestión como General Director se preocupó especialmente por hacer de Carabineros una institución confiable y cercana a los chilenos, sobre todo a los más modestos, a aquellos que más requerían sus servicios.
Todo eso transformó al General Bernales en un hombre respetado e incluso querido por la gran mayoría de sus compatriotas -hecho no menor-, ya que durante su mandato promovió e inculcó en su gente el valor del respeto a los derechos de todos los ciudadanos, haciendo a un lado a los funcionarios involucrados en actos reñidos con la ley.
Chile perdió a un gran servidor público. La memoria y el legado del General Bernales no son patrimonio solo de su Institución, sino de todos los chilenos.
Tal como lo señaló la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, con ocasión del fallecimiento del entonces General Director, "Es muy valioso para el país que una institución policial haya alcanzado tal grado de compenetración con la gente como ha hecho Carabineros de Chile, que hoy es la expresión del Derecho, de la defensa de la Ley y de los valores que dan sentido democrático".
Los Senadores socialistas, sinceramente, reconocemos y valoramos la senda del General Bernales, quien entregó todo por su Institución y por asegurar a los chilenos protección, tranquilidad y paz.
A sus familiares, especialmente a sus hijos, quienes enfrentaron con hidalguía la dura experiencia de la tragedia ocurrida, les expresamos desde aquí nuestro más profundo sentimiento de solidaridad y respeto.
Nos sumamos a la demanda, al reclamo, al deseo de que las investigaciones arrojen cuanto antes todos los antecedentes que se requieren para tener plena tranquilidad.
Obviamente, sabemos que el legado del General Bernales se plasmará en los cientos de jóvenes que año tras año ingresan a la Institución. Su consigna de no descansar hasta dar con los asesinos de carabineros y derrotar a la delincuencia es el sello que seguirán los que están hoy y los que vendrán mañana.
Carabineros continuará siendo una institución confiable para la inmensa mayoría de los chilenos. Y eso lo debemos en gran parte a la semilla que sembró el General José Alejandro Bernales Ramírez.
He dicho.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas)
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En el turno del Comité Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, señoras Senadoras, señores Senadores, señor General Director de Carabineros y comitiva institucional que lo acompaña, familiares de las víctimas:
Nos convoca el día de hoy el propósito de tributar un sentido homenaje a un General ejemplo de servidor público que dirigió a Carabineros de Chile con tanta distinción y altruismo, liderazgo que lo llevó a ser uno de los eslabones más importantes para colocar a esa respetada Institución en el sitial que hoy conocemos.
Muy pocas veces en nuestro país hemos visto cómo miles de compatriotas han llorado la pérdida de alguien considerado en forma espontánea como líder positivo. Es el caso del extinto General Director de Carabineros don José Alejandro Bernales, quien pereció en un lamentable accidente junto a su esposa, señora Teresa Bianchini Frost, y a los miembros de la comitiva que los acompañaba: Teniente Coronel don Óscar Tapia, Comandante don Ricardo Orozco, Capitán don Mauricio Fuenzalida y señora Carolina Reyes.
La ciudadanía pudo darse cuenta de cómo una persona con dotes innegables, excelente hombre, Carabinero, General intachable, incansable en la búsqueda de un país más ordenado y justo, nos dejó en circunstancias tan dolorosas.
Los chilenos apreciamos al auténtico servidor público. Conocemos sus sacrificios, su entrega y su profesionalismo en el combate contra la delincuencia.
Valoramos asimismo el Plan Cuadrante y otras medidas asumidas por el General Bernales, a quien merecidamente, en forma póstuma, se le reconoce como "El General del pueblo". Y esperamos que así sea recordado siempre.
Bajo su liderazgo profundizó la modernización institucional de Carabineros; se preocupó permanentemente por mantenerlo como una institución confiable y vecina a la comunidad, y reflejó, igualmente, su ansiedad por brindarle seguridad a toda la gente.
Ante la tragedia, en forma natural, como si se tratara de una parte de sus familias, a lo largo de todo el país, de norte a sur, miles de chilenas y chilenos izaron a media asta la bandera nacional en sus hogares y en sus lugares de trabajo.
Aún recordamos las imágenes de la gente que se acercaba al carabinero más cercano para estrecharle la mano y expresarle así su conmoción y su pésame.
Carabineros de Chile es hoy la expresión del Derecho y de la defensa de la ley. La Institución le debe al General Bernales el ser hoy más profesional, más eficiente y más cercana a la gente. Su trayectoria le permitió alcanzar un gran conocimiento de aquella, de su problemática y de sus desafíos. Asimismo, su cercanía con la comunidad le posibilitó dar solución a los requerimientos de esta. Los diversos compromisos que asumió contribuyeron a su extenso conocimiento del país, de sus regiones y de las necesidades de la ciudadanía.
No solo la Región Metropolitana fue testigo de los avances promovidos por el General Bernales, ya que todas las Regiones, incluso las más alejadas, fueron incluidas en el Plan Cuadrante y en el proceso de modernización de la tantas veces mencionada institución policial.
A modo de testimonio, citaré las propias palabras del General Bernales cuando afirmó: "Carabineros de Chile ya no es el mismo, pues cambiamos, para hacer frente con más energía, ímpetu y sobre todo profesionalismo a aquellos que pretenden quebrantar la paz social y la tranquilidad de la ciudadanía". Y añadió: "Tenemos certeza en el trabajo conjunto, en que una verdadera alianza vecino-carabinero es la fórmula que permitirá contar con espacios públicos seguros y desarrollar una vida en comunidad en armonía y en paz".
Señor Presidente, hemos perdido a un gran servidor público, a un gran General, a un gran hombre. Y creemos que el mejor homenaje que se le puede rendir al General Bernales es prolongar su trabajo y sus enseñanzas, para que su Institución pueda servir a la patria de la mejor forma posible.
He dicho.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Honorable señor Arancibia.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente; señoras Senadoras y señores Senadores; mi muy estimado amigo Eduardo Gordon; queridos familiares del General Bernales y de los miembros de la comitiva que lo acompañaba en el momento del accidente:
En representación de los Senadores de la Unión Demócrata Independiente, tengo el privilegio de participar en el homenaje que el Senado de la República les rinde al General señor Alejandro Bernales y a los integrantes de la comitiva que lo acompañaba cuando se produjo el fatal accidente; homenaje que, ciertamente, quedará impreso en la historia de esta Corporación; homenaje originado en un hecho triste, penoso, pero de toda justicia en su fondo.
"Los grandes Generales no mueren, sólo sus cuerpos se desvanecen". Esta antigua frase de la cultura militar alude a la huella ejemplar que personalidades de excepción dejan como legado a sus instituciones y a sus comunidades.
Es el caso de José Alejandro Bernales Ramírez, General Director de Carabineros de Chile, cuyo trágico deceso conmovió a todo nuestro país. Y el pueblo chileno, intuitivo como es, percibió que la muerte le había quitado a un varón excepcional.
Al enterarse del suceso, surgieron en la memoria colectiva las conductas, lealtades, corajes y firmezas que le habían visto mostrar desde el más alto cargo de Carabineros de Chile, institución a la que el mismo pueblo califica como "la más abnegadamente servicial".
Y la gente se estremeció ante la pérdida de un hombre de esa jerarquía.
Pero los hombres de esa jerarquía no se improvisan. Y, por lo tanto, una somera referencia a los distintos pasos que marcaron su vida servirá para hacer justicia y justificar el sentido de este homenaje en el Senado de la República.
José Alejandro nació en Santiago el 29 de enero de 1949, en un luminoso día de verano capitalino. Luego de recibir en su hogar una formación cristiana y humana que le permitió ingresar a la Escuela de Carabineros de Chile a comienzos de 1970, egresó de ella el 16 de enero de 1972, tras superar con éxito las duras exigencias que demanda la formación de los futuros oficiales durante sus dos años en el alma máter institucional.
El inicio de su carrera como Oficial lo acerca a nuestro primer puerto, al ser destinado a la 7ª Comisaría de Valparaíso, y luego sube a la cordillera, a Los Andes, donde pienso que debe de haber conocido a la joven Teresa Bianchini Frost, su compañera de toda la vida, con quien se casa en 1975. De esa unión nacen sus tres hijos: Alejandro Javier, Cristián Antonio y Francisco Tomás.
En lo académico, el Oficial de Carabineros Alejandro Bernales es graduado de la Academia de Ciencias Políticas, Profesor Institucional y Magíster en Ciencias Policiales y Seguridad Pública, por mencionar las calificaciones más complejas de obtener. Y créanme que algún grado de autoridad me asiste en los méritos que se requieren para obtener estos logros.
En lo profesional, el Coronel Bernales asume la gran responsabilidad formadora de sus subordinados al ser designado Director de la Escuela de Suboficiales de la Institución y, posteriormente, de la Escuela de Carabineros de Chile, dos destinaciones de privilegio que corona con su ascenso a General el 2 de noviembre de 1999 y, cuatro años más tarde, a General Inspector.
Culmina su carrera al ser designado General Director de Carabineros de Chile el 27 de noviembre de 2005.
Al margen de esta información biográfica, impresionaron las muchas formas que tomó su cariño por aquellos a quienes siempre llamó "sus" carabineros, posesivo que los hombres suelen guardar solo para sus familiares más cercanos y que nos muestra que sintió por ellos lo que un buen padre: responsabilidad por hacerlos mejores, respaldo en los tiempos difíciles, resolución cuando los atacaban, felicidad cuando lograban un éxito. Con un agregado valioso: inalterablemente dispuesto a castigar con la ley a quien los maltratara mientras cumplían su deber de resguardar el orden de la Patria.
"Que no se duerman¿ Que no se duerman, porque los vamos a encontrar", dijo, con los ojos húmedos de pena, pero con tono firme y resuelto, respecto de quienes habían asesinado a uno de "sus" carabineros. Desde ese momento, adquirió una estatura especial para los chilenos.
La gente no se equivocó en absoluto y su juicio sobre el General hizo que su fallecimiento fuera causa de profunda pena en todo el cuerpo social de la Patria. El golpe de la noticia sobre las imágenes guardadas en millones de memorias conmovidas fue seguido de una caudalosa información sobre aspectos más personales del General Bernales.
En ese cúmulo de informaciones resaltan los aspectos especialmente relevantes de su esposa, dama que no le iba en zaga en jerarquía espiritual. Católicos practicantes ambos, crearon una familia con tres hijos que mostraron su recia formación al enfrentar estoicamente el terrible drama de perder a sus padres en un accidente absurdo.
Pero el matrimonio Bernales Bianchini fue más allá de su hogar para expandir su experiencia de vida espiritual. Ambos organizaban y conducían las reuniones de reflexión para matrimonios de oficiales y personal de Carabineros aportando el consejo elocuente de su propio ejemplo. Todo ello, quitando tiempo a su descanso y sin descuidar los deberes abrumadores de él, como General Director, y de ella, como conductora personal de diferentes programas en beneficio de las mujeres de la Institución, de las esposas y viudas de carabineros, de sus hijos y de niños discapacitados a quienes se les entregaban cuidados y tratamientos especiales, entre los que cabe destacar el llevarlos a las unidades policiales que disponían de caballos para brindarles tratamientos de hipoterapia que tanto bien les procuran.
He querido dejar para el final el tratar de reseñar los rasgos que diseñaron la excepcional familia que formó el General Bernales, porque quienes conocemos la vida militar sabemos lo que es hacer familia en una sucesión de ausencias y destinaciones inexorables, y valoramos mucho los notables logros obtenidos por el General y su esposa, Teresita. La actitud de sus tres hijos durante las exequias que conmovieron a Chile nos mostraron con elocuencia lo que se consigue de estos cuando los padres constituyen una estructura moral y espiritual de depurados caracteres.
No podría terminar mis palabras sin hacer una referencia a los integrantes de su delegación: el Comandante Oscar Tapia y su esposa, Carolina Reyes; el Comandante Ricardo Orozco y el Capitán Mauricio Fuenzalida, a quienes el destino se llevó en la plenitud de sus existencias y cuando el futuro predecible les auguraba éxitos profesionales y venturas personales y familiares. Vayan para sus familias nuestras sentidas condolencias.
Finalmente, quisiera expresar que el General Bernales le dio un significado trascendente a su existencia en el legado que entregó a su Institución, Carabineros de Chile, y en sus tres hijos, que ya demuestran ser sus dignos herederos.
En consecuencia, se le puede aplicar con justicia lo dicho al comienzo: "Los grandes generales no mueren, sólo sus cuerpos se desvanecen."
Gracias.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:28.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción