Sesión 54ª, Ordinaria, en martes 16 de septiembre de 2008
De 16.20 a 18.49 horas. Asistencia de 31 señores Senadores.
Presidió la sesión el Senador Adolfo Zaldívar, Presidente.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann.
FACILITA VOTACIÓN DE HABITANTES DE CHAITÉN ELECCIONES MUNICIPALES
Por unanimidad, se aprobó en general y en particular, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.556, sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, y la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, para permitir el voto de los habitantes de la localidad de Chaitén en las elecciones municipales 2008. (Boletín N° 6.027-06). Con urgencia calificada de "discusión inmediata".
El proyecto de ley, iniciado en Mensaje, tiene por objeto habilitar las localidades de Puerto Montt (Provincia de Llanquihue), Castro (Provincia de Chiloé), Ayacara y Villa Santa Lucía (Provincia de Palena), para instalar en ellas mesas receptoras de sufragios con el fin de que los electores inscritos en la Circunscripción de Chaitén puedan ejercer su derecho a sufragio en las próximas elecciones municipales de octubre del año 2008.
Contenido del proyecto
Faculta al Director del Servicio Electoral para fijar el lugar de funcionamiento de la Junta Electoral de la Provincia de Palena, en tanto no pueda hacerlo en la localidad de Chaitén.
Autoriza al Director del Servicio Electoral y a la Junta Electoral de la Provincia de Palena, para disponer la instalación de mesas receptoras de sufragios, correspondientes a los registros electorales de la Circunscripción de Chaitén en: Puerto Montt, Castro, Ayacara y Villa Santa Lucía, para que voten en ellas los electores cuya residencia temporal y forzosa por la catástrofe esté más cercana a cualquiera de las localidades mencionadas.
Establece normas transitorias destinadas a permitir la instalación e integración de las mesas receptoras de sufragios de los habitantes de Chaitén que han sido desplazados.
Intervinieron los Senadores Carlos Bianchi y Antonio Horvath.
En consecuencia, el proyecto vuelve a la Cámara de Diputados, para que ésta lo remita al Ejecutivo para su promulgación.
ACCIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DEL MINISTRO DE TRANSPORTES
Por unanimidad y sin debate, se rechazó la solicitud presentada por un grupo de particulares que pedían la declaración de admisibilidad de las acciones judiciales en contra del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones señor René Cortázar, en virtud de lo dispuesto en el número 2) del artículo 53 de la Constitución Política de la República. (Boletín Nº S 1.089-02).
La solicitud fue presentada por los señores Luis Rendón Escobar, Manuel Baquedano Muñoz, Luis Márquez Valdivia, Patricio Herman Pacheco, Bernardo Zentilli von Kilsdonk, Alberto Muñoz Véliz, Lucio Cuenca Berger, Ricardo Acuña, Luzmila Peña Castro, Eduardo Giesen Amtmann, Daniela Álvarez Hernández y Manuel Zúñiga Sandoval.
El artículo 53, Número 2), de la Constitución Política de la República prescribe que es atribución exclusiva del Senado decidir si ha o no lugar la admisión de las acciones judiciales que cualquier persona pretenda iniciar en contra de algún Ministro de Estado, con motivo de los perjuicios que pueda haber sufrido injustamente por acto de éste en el desempeño de su cargo.
En virtud de ello, los solicitantes han requerido el pronunciamiento del Senado a fin de quedar habilitados para interponer las acciones ambientales, penales y civiles de indemnización que señalan, en contra del Ministro de Transportes, por estimar que esta autoridad no ha empleado las herramientas a su alcance para forzar a los concesionarios del sistema público de Transportes, al cumplimiento de su obligación de instalar dispositivos de post combustión en numerosos buses del Transantiago, de lo que nacería la responsabilidad que ellos pretenden hacer efectiva mediante el ejercicio de las acciones judiciales que anuncian.
En consecuencia, procede comunicar a los peticionarios, el rechazo de la acción deducida.
REGULA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Por unanimidad, se aprobó, en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales en lo relativo a la protección de los trabajadores y la comunidad respecto de la utilización de productos fitosanitarios. (Boletín N° 2.596-13).
El proyecto de ley, iniciado en moción de la Cámara de Diputados, perfecciona la normativa vigente en materia de utilización de productos fitosanitarios, con el objeto de otorgar una mayor protección a los trabajadores que los aplican y a la comunidad en general.
Contenido del proyecto
Perfecciona las normas relativas a la fabricación, comercialización, envasado e información obligatoria sobre aplicación de plaguicidas y productos fitosanitarios.
Faculta al SAG para prohibir la utilización o venta de los vegetales que resulten contaminados con plaguicidas o con residuos de ellos superiores a los permitidos, o retenerlos temporalmente.
Entrega al SAG la competencia para que, a través de una resolución fundada en razones técnicas o sanitarias regule, restringa o prohíba la fabricación, importación, exportación, distribución, venta, tenencia y aplicación de determinados plaguicidas.
Dispone que el SAG deberá mantener un archivo público actualizado, a lo menos semestralmente, en el que se detallen los productos prohibidos y registrados y, respecto de estos últimos, señale las menciones de su etiqueta o de su folleto adjunto.
Perfecciona las atribuciones del Ministerio de Salud para regular, por vía reglamentaria, las fumigaciones aéreas, sus condiciones y restricciones de seguridad para la salud de las personas, así como los requisitos y condiciones de seguridad exigibles a los expendios de pesticidas. Asimismo, impone el deber del médico tratante de notificar al Ministerio del ramo las afecciones que puedan derivarse de intoxicaciones producidas por el uso de plaguicidas o productos fitosanitarios.
Impone al empleador de trabajadores agrícolas, permanentes y transitorios, que realicen labores que supongan contacto con pesticidas, plaguicidas o productos fitosanitarios tóxicos, la obligación de proporcionarles información suficiente sobre el correcto uso de estos productos y de los riesgos derivados de su manipulación. Asimismo, se establece la obligación de proporcionarles los implementos y medidas de seguridad necesarios.
Faculta a los comités paritarios de higiene y seguridad para investigar, además de las causas de los siniestros laborales que se produzcan en la empresa, cualquiera otra afección que afecte en forma reiterada o general a los trabajadores y cuyo origen presumible sea la utilización de productos fitosanitarios, químicos o nocivos para la salud.
Intervinieron los Senadores Jaime Naranjo, Guillermo Vásquez, Guido Girardi y Mariano Ruiz-Esquide.
En consecuencia, el proyecto vuelve a Comisión para segundo informe, fijándose plazo para presentar indicaciones hasta el 6 de octubre próximo.
ACUERDOS CON EL MERCOSUR SOBRE ASISTENCIA JURÍDICA MUTUA
Por unanimidad y sin debate, se aprobaron en general y en particular, los siguientes proyectos de acuerdo, en segundo trámite constitucional:
1.-
Proyecto de acuerdo aprobatorio de los siguientes Acuerdos celebrados entre los Estados Partes del Mercosur, Bolivia y Chile: 1.- Acuerdo sobre Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, suscrito en Buenos Aires, el 18 de febrero de 2002; 2.- Acuerdo Complementario y su anexo al Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, suscrito en Brasilia, el 5 de diciembre de 2002, y 3.- Acuerdo de Enmienda del Acuerdo Complementario mencionado en el número anterior, suscrito en Asunción, el 6 de junio de 2003. (Boletín N° 3.897-10).
2.-
-Proyecto de acuerdo aprobatorio del "Acuerdo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa entre los Estados Partes del Mercosur, Bolivia y Chile", suscrito en Buenos Aires, el 5 de julio de 2002. (Boletín N° 3.907-10).
Los instrumentos internacionales, iniciados en Mensaje, tienen por objetivo general intensificar y armonizar las prácticas vigentes de cooperación judicial, entre los Estados Parte del Mercosur, Bolivia y Chile, en materia penal, civil, comercial, laboral y administrativa.
En consecuencia, los proyectos de acuerdos vuelven a la Cámara de Diputados, para que ésta los remita al Ejecutivo para sus promulgaciones.
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
Por unanimidad, se aprobó en general y en particular el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, recaído en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, adoptada en París el 17 de octubre de 2003, en la 32ª Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (Boletín N° 5.501-10).
El instrumento internacional viene a llenar un vacío existente en el sistema jurídico internacional en materia de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos, considerando la importancia que éste reviste para la diversidad cultural y la función que cumple como factor de acercamiento, intercambio y entendimiento entre los seres humanos.
Instrumento Internacional:
Define "patrimonio cultural inmaterial" como los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas ¿junto con los objetos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural, reconociendo las diversas manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial como lo son las tradiciones y expresiones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos, así como las técnicas artesanales tradicionales.
Crea un fondo para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, al cual estarán obligados a contribuir los Estados Parte, cada dos años por lo menos.
La Convención crea los siguientes órganos: la Asamblea General de los Estados Partes, el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y la Secretaría, estableciendo sus funciones y atribuciones.
Impone a cada Estado Parte la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio; entre ellas, identificar y definir los distintos elementos de este patrimonio, con participación de las comunidades, grupos y organizaciones no gubernamentales pertinentes.
Intervino la Ministra de la Cultura y de las Artes, Paulina Urrutia.
En consecuencia, el proyecto vuelve a la Cámara de Diputados, para que sea remitido al Ejecutivo, para su promulgación.
PROYECTO SOBRE SALIDA DE MENORES DEL PAÍS PASA A COMISIÓN MIXTA
Se rechazaron algunas de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, sobre salida de menores del país. (Boletín Nº 4.594-07)
El proyecto, iniciado en moción de los Senadores Camilo Escalona, Juan Pablo Letelier y Pedro Muñoz, tiene por objeto proponer un procedimiento especial para la autorización judicial de salida del país de menores cuyos padres se encuentren ausentes o en situación de grave incumplimiento de su deber de mantener un contacto directo y regular con su hijo, y dar a la autorización el carácter de permanente, mientras subsistan las condiciones que la hacen procedente.
Contenido del proyecto aprobado por el Senado, en primer trámite:
Faculta al juez que deba otorgar la autorización a un menor para salir del país, concederla con carácter permanente, cuando el padre que ha debido otorgarla no ha ejercido el derecho de visita, sin causa que lo justifique.
Se regula el procedimiento al cual deberá sujetarse el tribunal para otorgar esta autorización especial y el modo en que se puede revertir la misma.
En consecuencia, procede la formación de una Comisión Mixta de Senadores y Diputados
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SOLICITAN INDEMNIZACIÓN PARA EX TRABAJADORES DE ENACAR
Por unanimidad, se aprobó el proyecto de acuerdo presentado por los Senadores Víctor Pérez, Mariano Ruiz-Esquide, Andrés Chadwick, Pablo Longueira y Adolfo Zaldívar, mediante el cual solicitan a la Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que permita indemnizar a los ex trabajadores de la Empresa Nacional del Carbón que indican. (Boletín N° S 1.101-12).
SOLICITAN REAPERTURA DE LA COMISIÓN DE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA
Por 8 votos a favor, 3 en contra y una abstención, se aprobó el proyecto de acuerdo presentado por los Senadores Jaime Naranjo y Carlos Ominami, mediante el cual solicitan a la Presidente de la República que implemente medidas legales tendientes a reabrir la Comisión de Prisión Política y Tortura y a ampliar su ámbito de cobertura o crear una nueva, para que puedan ser calificados los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos que no se encuentren reconocidos por la Comisión de Verdad y Reconciliación. (Boletín N° S 1.104-12).
INCIDENTES
EL SENADOR JOSÉ ANTONIO GÓMEZ formuló un reconocimiento a la labor desarrollada por los Senadores integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en el estudio e informe respecto de la petición de desafuero del señor Ministro de Transportes, votado por la Sala en la presente sesión.
LA SENADORA EVELYN MATTHEI dio cuenta de la situación de una profesora de La Serena, que el año pasado postuló a la Asignación de Excelencia Pedagógica y que ganó junto a otros 26 docentes. Manifestó que los premios ganados, es decir un notebook y dinero, no le han sido entregado hasta al fecha, por lo que solicitó dirigir oficio al Ministerio de Educación para que informe sobre esta situación.
EL SENADOR ANDRÉS ALLAMAND solicitó enviar oficio a diversas autoridades a fin de que informen sobre el estado de avance del estudio del proyecto de construcción del Puente San Pedro, en la ciudad de Osorno, en atención a que la Presidenta de la República presidió la ceremonia de instalación de la primera piedra para su construcción, en circunstancias que, según antecedentes que obran en su poder, no hay ningún avance en el estudio del dicha iniciativa y ni siquiera se han efectuado las expropiaciones correspondientes.
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