REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 356ª
Sesión 37ª, en martes 29 de julio de 2008
Especial
(De 11:7 a 13:5)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ADOLFO ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional para Control de Estupefacientes, señora María Teresa Chadwick Piñera; el Jefe del Departamento de Drogras del OS-7 de Carabineros, Coronel señor Francisco Otegui Parra, y el Subprefecto, Jefe de la Brigada Antinarcóticos de Región Metropolitana de Policía de Investigaciones, señor Guillermo Navarro Pérez.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 11:7, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
Antes de entrar al tratamiento de la materia que motiva esta sesión especial -el problema de la droga en Chile en las áreas de prevención, represión y rehabilitación-, solicito autorización para que ingresen a la Sala la Secretaria Ejecutiva de CONACE, en representación del Ministerio del Interior, y los representantes de las instituciones invitadas.
¿Habría acuerdo?
El señor KUSCHEL.-
No, señor Presidente.
El señor GÓMEZ.-
No.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, si viene el Subsecretario de Educación, no doy la unanimidad.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Se tomará nota, Su Señoría.
¿Habría inconveniente en autorizar el ingreso de la señora María Teresa Chadwick, Secretaria Ejecutiva de CONACE; del Coronel señor Francisco Otegui, Jefe del Departamento de Drogas OS-7 de Carabineros, y del Subprefecto señor Guillermo Navarro, Jefe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile?
--Se accede.
)----------(
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, solicito que recabe el asentimiento del Senado para que la Comisión de Relaciones Exteriores sesione paralelamente con la Sala.
Mucho antes de que se citara a esta sesión especial, habíamos extendido la invitación al señor Canciller subrogante, a fin de analizar el desarrollo de los últimos acontecimientos en la relación con Bolivia y las cuestiones pendientes con Perú.
Por lo tanto, pido que se otorgue dicha autorización.
El señor ESPINA.- No estoy de acuerdo, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
El Honorable señor Espina se opone.
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, solicito autorización para que la Comisión de Educación funcione simultáneamente con la Sala a fin de continuar la sesión donde recibimos en audiencia a la señora Ministra de Educación y a los representantes de diversas organizaciones interesadas en dar su opinión respecto del proyecto que establece la Ley General de Educación.
El señor ESPINA.-
Me opongo.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Nuevamente el Senador señor Espina se opone.
El señor GAZMURI.-
¿El acuerdo requerido debe ser unánime?
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Estoy revisando el Reglamento, señor Senador.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Vamos a despejar la duda de inmediato.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El artículo 35 del Reglamento dice: "Las Comisiones no podrán sesionar mientras lo esté haciendo el Senado.
"No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, las Comisiones podrán reunirse previo acuerdo de la Sala o de la unanimidad de los Comités.".
En consecuencia, basta el apoyo de la mayoría para conceder la autorización solicitada.
El señor GAZMURI.- Entonces, pido votación, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Para precisar bien, tal autorización requiere la unanimidad de los Comités o el acuerdo de la Sala, el cual se adopta por mayoría.
El señor ESPINA.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Puede hacer uso de ella, señor Senador.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, es primera vez que escucho que debe procederse de esta manera.
Pido al señor Secretario que lea de nuevo el artículo respectivo. No pretendo alterar una norma reglamentaria ni me corresponde hacerlo.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El artículo 35 del Reglamento dispone: "Las Comisiones no podrán sesionar mientras lo esté haciendo el Senado.
"No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, las Comisiones podrán reunirse previo acuerdo de la Sala o de la unanimidad de los Comités.".
El señor ESPINA.-
Okay.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La norma general indica que los acuerdos de la Sala se adoptan por mayoría.
El señor ESPINA.-
Sí, lo entiendo bien, señor Secretario. No se preocupe.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En votación las autorizaciones solicitadas por los Honorables señores Gazmuri y Muñoz Aburto para que las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Educación, respectivamente, puedan sesionar en paralelo con la Sala.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se conceden (8 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención).
Votaron por la afirmativa los señores Ávila, Gazmuri, Gómez, Muñoz Aburto, Pizarro, Romero, Sabag y Zaldívar.
Votaron por la negativa los señores Espina, Kuschel, Orpis, Pérez Varela y Prokurica.
Se abstuvo el señor García.
PROBLEMA DE LA DROGA EN CHILE: PREVENCIÓN, REPRESIÓN Y REHABILITACIÓN
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
La presente sesión ha sido especialmente convocada para analizar el "problema de la droga en Chile, en las áreas de prevención, represión y rehabilitación".
Tiene la palabra el Senador señor Orpis, por doce minutos.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, Honorable Senado, algunos Comités solicitamos esta sesión especial para debatir acerca de un tema de trascendencia: cómo Chile está abordando el flagelo de la droga.
Hace unos años se elaboró una estrategia nacional para enfrentar el problema. Sería mezquino de mi parte no reconocer que se ha llevado a cabo un esfuerzo, un intento, particularmente por la actual Secretaria Ejecutiva del CONACE, para implementar dicha estrategia a través de medidas concretas.
Sin embargo, debemos juzgar las políticas públicas por su resultado, más allá de los recursos que se asignen o de las acciones que se desarrollen.
Lamentablemente, todos los indicadores en esta materia son negativos. Y para comprenderlos en su entera dimensión resulta fundamental colocarlos en perspectiva.
Estamos frente al problema social más grave que vive el país.
Por ello, deseo relatar un encuentro muy impactante que sostuve hace dos meses con los residentes de la Corporación La Esperanza, quienes se están rehabilitando.
En aquella ocasión me reuní con ellos -se trata de personas que llegaron destruidas- y les hice una primera pregunta: "¿Cuántos de ustedes, que son de origen modesto, ocupan armas como una forma de traficar y financiar el consumo?". Más de la mitad levantó la mano.
En seguida, les pedí que me dijeran cuál era la droga de inicio en la carrera que los llevó a la pasta base. Me contestaron: "La marihuana".
Y les hice una tercera pregunta: "¿Por qué terminaron en esa condición?". Y la respuesta -la más impactante de todas- en el fondo fue: "Por falta de expectativas". Porque ellos, en una esquina, pueden obtener durante un fin de semana hasta 400 mil pesos por concepto de droga. Sin embargo, de incorporarse al sistema educacional -según me señalaron-, estarán condenados de por vida a ganar el sueldo mínimo, ya que la educación es mala y no les entrega ningún tipo de expectativas hacia el futuro.
Me dijeron, además, que la sociedad los había terminado condenando a tal situación.
He querido partir con este relato para mostrar que el tema que abordamos hoy es sumamente complejo. Ello, porque involucra aspectos relacionados con la salud, con el delito y con la sociedad. Por lo tanto, para comprender el asunto es necesario tener una visión integral.
Reitero: nos encontramos frente a uno de los problemas sociales más delicados que vive el país.
Para entrar en materia, señor Presidente, es importante hacer los diagnósticos. En el curso de esta intervención abordaré diversas aspectos: el del consumo, el del tráfico, el de la prevención, el de la rehabilitación, y también me referiré a los efectos sobre la comunidad.
Consumo
El consumo ha dejado de ser un problema individual y en la actualidad está teniendo efectos devastadores en la población.
En la década de los noventa se señalaba que Chile era un país de tránsito de droga. Por muchos años se negó que fuera consumidor. Otros sosteníamos, en cambio, que era ambas cosas. Pero se ha terminado por reconocer eso, y se sabe que el consumo no solo está radicado en los adolescentes, sino también en los adultos.
A mi juicio, no ha existido un mensaje único, claro, potente y visible que incluya a todas las drogas. Es necesario sincerar el tema.
El consumo que, de acuerdo con todas las estadísticas, ha escalado de manera alarmante es el de la marihuana. Como se trata de una droga de moda, existe menos temor en reconocer su uso, a diferencia de lo que ocurre con la cocaína, la pasta base, las drogas químicas o el crack.
Después de analizar las cifras en la serie histórica de los estudios nacionales realizados por CONACE entre 1994 y 2006, debo admitir que existen elementos definitivamente contradictorios. Según los resultados de esos análisis, el consumo de marihuana aumentó por sobre el cien por ciento durante dicho período, pero el de cocaína y pasta base se mantuvo relativamente estable.
La contradicción es la siguiente.
El Séptimo Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile, de 2006, señala textualmente: "La percepción de riesgo frente al uso experimental de cocaína (¿) alcanza a 72% entre quienes no han usado ninguna droga, pero cae a 46% entre quienes declaran que sólo han usado marihuana". La pregunta que surge es: si la marihuana ha tenido un aumento explosivo y el 54 por ciento de quienes la consumen no tendrían problema en usar cocaína, ¿por qué esa afirmación no se confirma estadísticamente?
Al revés, lo que señalan las cifras es que el consumo de cocaína y pasta base no ha tenido grandes variaciones desde 1994. Más aún, en la página 24 de dicho Estudio se indica lo siguiente (no es una hipótesis, sino una aseveración): "Los datos anteriores confirman que usar, aunque sea sólo marihuana, predispone hacia el uso de otras drogas de una manera siempre significativa y consistente, fenómeno conocido como escalada.".
Señor Presidente, reitero la pregunta: ¿por qué no se refleja estadísticamente tal situación? Las respuestas son dos: o porque, debido a prejuicios, no se quiere admitir el consumo de cocaína, pasta base, drogas químicas o crack, o simplemente porque estamos en presencia de un error metodológico.
Tengo la convicción de que existe una seria contradicción en el sentido de que el consumo de basta base y cocaína está subvalorado, sea porque las personas no lo reconocen -como dije-, sea por un error en la metodología empleada.
A mayor abundamiento, los decomisos que aparecen permanentemente en los medios de comunicación son, en forma mayoritaria, de pasta base o cocaína destinadas al consumo.
Más del 80 por ciento de los adictos a dichas sustancias que han llegado a la Corporación La Esperanza se iniciaron con la marihuana.
En materia de consumo, es necesario consignar que ha aumentado la variedad de drogas. A las tradicionales -cocaína, pasta base o marihuana- se agregan las químicas, la marihuana manipulada genéticamente y el propio crack.
Tráfico de drogas
Señor Presidente, aun cuando los decomisos se han incrementado de manera significativa y en las últimas semanas se han detectado redes de narcotráfico, el tráfico de drogas, y particularmente el microtráfico, se instaló en nuestro país con raíces muy profundas.
En un comienzo la estrategia consistió en atacar las grandes redes de tráfico y no el microtráfico. Salvo algunas situaciones concretas, como la red del "Cabro Carrera" o el caso Zevallos, en la práctica se permitió, incluso con la complicidad judicial, que el microtráfico se masificara a través de nuestro territorio, especialmente en los sectores modestos.
La ley Nº 20.000 estableció una alta penalidad para el tráfico de drogas, sin hacer distinción entre el microtráfico y el gran tráfico. Se nos señaló en aquella oportunidad que debía crearse la figura del microtráfico porque, si se detectaba a personas portando pequeñas cantidades, aun cuando fueran traficantes, se las terminaba castigando como consumidores, en atención a que la pena era muy elevada.
Se modificó la ley y se creó la figura del microtráfico, en virtud de la cual los reincidentes arriesgan una sanción de hasta 5 años de cárcel. En la práctica, ello ha sido un fracaso. Casi no existe ningún microtraficante cumpliendo condena. Dicha figura ha operado en los hechos como una rebaja de pena para los traficantes, a muchos de los cuales se los condena como consumidores.
Creo, sinceramente, que el microtráfico superó a nuestros cuerpos policiales.
Sin embargo, el tráfico de drogas ha llegado mucho más lejos. En los recientes operativos policiales, tanto en el caso Cavieres como en el de los hermanos Carte, han quedado demostradas la existencia de organizaciones importantes que se encuentran operando en nuestro país y la vulnerabilidad de las instituciones públicas llamadas a combatir ese delito, al verse eventualmente involucrados funcionarios de ellas.
Pero el problema, señor Presidente, va mucho más lejos.
En el Séptimo Estudio de escolares dado a conocer recientemente, el 29,6 por ciento de los alumnos entrevistados reconoce que se trafica al interior de los colegios; no en los alrededores.
¡Un tercio de los educandos reconoce que se trafica al interior de los establecimientos de enseñanza!
Se advierten profundas debilidades en materia de lavado de dinero. No es admisible que en más de una década¿
El señor MUÑOZ BARRA.-
¡Qué desagradable es el sistema de audio implementado!
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
El Honorable señor Orpis dispone de 16 minutos más cedidos por el Comité Unión Demócrata Independiente.
El señor ORPIS.-
Gracias, señor Presidente.
Decía que se advierten profundas debilidades en materia de lavado de dinero. No es admisible que en más de una década se hayan dictado solo un par de sentencias al respecto, lo cual ha permitido que se fortalezcan patrimonialmente las organizaciones criminales.
Prevención
En cuanto a prevención, una política eficaz en tal sentido debería tender a disminuir el consumo; es decir, tendría que incidir sobre la demanda. La única forma de medirla es a través de la percepción de riesgo, o sea, que una mayor cantidad de personas considere que el consumo de drogas es dañino. Pero ha ocurrido exactamente lo contrario. Particularmente en la población joven, la percepción de riesgo respecto del consumo de marihuana ha bajado de 53 por ciento en el 2003 a 39 por ciento en 2007; y la del de cocaína, de 70 por ciento en el 2005 a 65 por ciento en 2007.
Dicho de otra forma: 61 por ciento de la población estima que el consumo de marihuana no produce daño y 35 por ciento considera que el consumo de cocaína no perjudica la salud.
Estas cifras nos llevan a una sola conclusión: las políticas de prevención han fracasado.
Rehabilitación
En materia de rehabilitación, se calcula en 240 mil los consumidores problemáticos. De ellos, 40 mil han tomado la decisión de rehabilitarse. Sin embargo, no hay cobertura para atender a más de 14 mil. Las cifras indican que los 25 mil adictos que decidieron rehabilitarse no tienen dónde hacerlo. Y es fundamental convencer a los 215 mil restantes para que se sometan a tratamiento.
Si se desglosan las cifras de cobertura en rehabilitación, prácticamente el 80 ó 90 por ciento corresponde a programas denominados de "primera respuesta". Se trata de programas básicos que se desarrollan en consultorios de atención primaria, los que por lo general no dan buenos resultados.
Dentro de las patologías del Plan Auge, se incorporó la rehabilitación de los infantoadolescentes. Pero, por diversas razones, no está operando.
Efectos sobre la comunidad.
Decía en el comienzo de mi intervención que este fenómeno tiene devastadores efectos sobre la comunidad. La droga ha generado el problema social más grave que vive el país: ya no se trata de lugares aislados, sino que tal problema social se masificó.
El microtráfico ha terminado por destruir el tejido social en los sectores modestos de cientos de poblaciones, y no de algunas, como se pretende. Familias humildes, que en el pasado se ganaban la vida de manera honesta, han encontrado en el microtráfico una forma de obtener ingresos.
Según lo he señalado, los jóvenes adictos terminan traficando y delinquiendo para financiar el consumo. Forman bandas que se distribuyen territorialmente una población, donde terminan imponiendo el terror y la violencia. Ha aumentado por doquier el número de armas, que obtienen mediante el robo, así como de la fabricación de armas hechizas en los mismos lugares, cuyo costo de adquisición oscila entre 3 mil y 7 mil pesos.
¿En qué se expresa esta realidad? En que 25 por ciento de la deserción escolar se explica por el consumo de drogas y el abuso de bebidas alcohólicas.
Uno de los aspectos más sensibles tiene que ver con la seguridad ciudadana. Si bien no todos los adictos cometen delitos, 73 por ciento de los de mayor trascendencia son perpetrados por personas bajo los efectos de la droga, para financiar el consumo.
En algunas ciudades -como la de Iquique-, el 90 por ciento de los delitos de mayor connotación social lo perpetran individuos que actúan bajo los efectos de la droga.
Síntesis
Señor Presidente, la deserción escolar, la destrucción del tejido social, los serios problemas de seguridad ciudadana y de salud pública son algunos de los fenómenos provocados por las drogas.
Conclusión final
¿Cuál es la conclusión final?
-Los niveles de consumo no ceden y se han extendido a la población adulta.
-La prevención no está teniendo los resultados esperados, al constatar la progresiva baja en la percepción de riesgo.
-El microtráfico se ha extendido a través de todo el país.
-Las instituciones llamadas a combatir el delito se han mostrado vulnerables.
-El origen de los ilícitos de mayor connotación social está directamente relacionado y vinculado con la droga.
-Estamos frente a un serio problema de salud pública.
-La cobertura de rehabilitación es baja y en general de mala calidad.
¿Qué resta por hacer frente a esta realidad?
Quiero formular una proposición muy concreta sobre el particular.
Como la estrategia nacional no ha tenido los resultados previstos, desde mi punto de vista, resulta fundamental hacer un alto en el camino para analizar las raíces del problema, evaluar los distintos programas y efectuar una profunda rectificación sobre cómo lo estamos abordando.
Solo quiero señalar algunas líneas de acción.
1.-
Considero fundamental postular que el mensaje que se entregue a la ciudadanía debe ser único, claro, potente y visible, no solo por parte del CONACE, sino también del Gobierno en su conjunto respecto de todas las drogas, sin exclusiones. Porque, en general, se da otro trato a la marihuana.
2.-
Bajo pretexto alguno, ningún Poder del Estado o institución pública puede dejar de asumir la gran responsabilidad que le compete.
a) El Ministerio Público debe asumir una tarea prioritaria en el microtráfico, además de continuar detectando y persiguiendo a las grandes organizaciones criminales.
b) Los Tribunales de Justicia deben sancionar a los traficantes como tales y no como consumidores, y preocuparse especialmente de los reincidentes, para los efectos de aplicar la pena en los casos de narcotráfico.
3.-
En cuanto a prevención -dado que progresivamente continúa bajando la percepción de riesgo-, resulta fundamental establecer como obligatoria la prevención de drogas en todos los niveles de la enseñanza, partiendo por la básica.
En el Parlamento se presentó un proyecto de ley que lleva más de un año. Hace ocho años patrociné otro, que fracasó. Por desgracia, no ha existido un pronunciamiento en el asunto.
4.-
En materia de rehabilitación es esencial aumentar la cobertura en los programas intensivos.
5.-
Como la droga en la actualidad tiene una incidencia directa sobre la seguridad ciudadana -particularmente en los delitos de mayor connotación social, cuyo origen es la adicción-, es esencial realizar rectificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, para que efectivamente los tribunales deriven a tratamiento a los adolescentes infractores y no se considere, como ocurre hoy, que no se aplica la pena accesoria de la rehabilitación por entenderse que con ello se estaría penalizando dos veces a las personas.
6.-
En materia de tráfico, hay que fortalecer la figura del lavado de dinero y tipificar el delito de tráfico o lavado cometido por personas jurídicas, lo cual se consigna en un proyecto de ley que también se encuentra en el Parlamento desde hace mucho tiempo y sobre el que no ha habido pronunciamiento.
7.-
Fortalecer de manera urgente la frontera con Perú y Bolivia -países en los que hoy día se produce la mitad de la cocaína del mundo-,para impedir el narcotráfico. Tenemos límites territoriales vulnerables, con más de 200 pasos no habilitados. Además, ambas naciones han aumentado significativamente la producción de estupefacientes.
8.-
Para reconstruir el tejido social, seriamente dañado en los sectores modestos, MIDEPLAN debe abordar con urgencia un plan especial de medidas articuladas y coordinadas con el Ministerio del Interior y con las autoridades competentes.
9.-
Los programas no causan efecto si no poseen impacto ni son masivos. Esta ha sido una de las grandes fallas para abordar el problema. Y en la práctica, por distintas razones, o ellos no se han podido implementar o estamos llenos de pequeños programas no masivos, circunscritos a localidades determinadas. Y, dada la gravedad de la situación, lo que necesitamos es avanzar en acciones generales y que tengan un impacto mucho mayor.
A mi juicio, nos encontramos ante uno de los problemas más serios que está viviendo el país en este minuto en materia social, el que no se ha abordado con la profundidad que corresponde. Se trata de una cuestión compleja, con muchas aristas. Resulta fundamental -como lo señalé al plantear mis proposiciones, que constituyen algunas líneas de acción- reconocer que, a pesar de los esfuerzos e intentos en esta estrategia nacional, por desgracia hemos fracasado. Hay que hacer un alto en el camino; hay que evaluar y rectificar. Desafortunadamente, tenemos índices negativos en todas las variables, y hay que provocar un punto de inflexión, porque el daño que se ha estado produciendo en la actualidad es demasiado grave.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En el turno del Comité Mixto, por doce minutos, tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
El seños ÁVILA.-
Señor Presidente, si el CONACE fuese una empresa productiva, su directorio y accionistas estarían celebrando alborozados. Todos los indicadores apuntan al infinito. Aumenta el tráfico y también el consumo.
Entre el 2003 y el 2007, la droga incautada pasó de 7 mil 31 a 17 mil 410 kilos; esto es, 147 por ciento de incremento.
Pero lo que podría leerse como un logro, debe ser motivo de honda preocupación. La droga incautada -según estándares internacionales- representa entre 5 y 15 por ciento de la que circula. En cuanto a la cannabis, entre 1994 y 2006, de 3,7 por ciento pasó a 7 por ciento, es decir, 89 por ciento de aumento.
El fracaso de las políticas aplicadas no admite discusión. Pero el CONACE se empeña en justificarse. Lo malo es que utilizan argumentos falaces, medias verdades y lecturas parciales de la información disponible.
Un solo ejemplo: durante el período entre 1994 y 2006, poco más de 600 mil personas consumieron cannabis al menos una vez en el último año, mientras que 6 millones y medio de chilenos ingirieron alcohol.
Si analizamos la prevalencia mensual, que es haber consumido en los últimos 30 días, la distancia se hace abismal: 341 mil personas usaron cannabis, y 5 millones tomaron bebidas etílicas. Quizás el único que se salve sea el Senador señor Gómez, porque, contrariando el tronco radical, prefiere la Coca-Cola.
De ahí, entonces, que en este tipo de encuestas hay que irse con cuidado, ser objetivo y aplicar las magnitudes como corresponde.
De acuerdo a la estigmatización en uso respecto de las drogas ilegales, esos más de 5 millones de chilenos serían todos borrachos.
El CONACE reconoce que la cantidad de abusadores de alcohol bordea las 600 mil personas, cifra similar al total de usuarios de cannabis.
Pero aquí se registra una extraña y sospechosa manipulación.
A pesar de que están científicamente demostrados los riesgos para la salud y costos asociados a la ingesta de alcohol, como enfermedades, ausentismo laboral, violencia intrafamiliar, accidentes, muertes, etcétera, no solo se hace la vista gorda frente a esta realidad, sino que se magnifica la situación de las demás sustancias.
El alarmismo del discurso público obvia datos como que más del 90 por ciento de la población no utiliza drogas ilegales. Aquí está la figura del vaso. Persistentemente se muestra la parte vacía; es decir, casi al borde, ¡pero todo el resto está lleno!
Hay que destacar el hecho de que ese guarismo es un indicador de que no estamos frente a una sociedad consumidora de drogas, sino que el asunto está radicado en los márgenes que internacionalmente se asumen como propios, naturales a cualquier sociedad del planeta.
También silencia que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el potencial adictivo de la cannabis bordea el 9 por ciento, mientras que el del alcohol llega a 15 por ciento y el del tabaco a 32 por ciento.
Me pregunto ¿por qué se respeta el derecho de las personas a decidir por sí mismas en relación con unas drogas y no con otras? ¿Por qué se discrimina en cuanto a la capacidad de autorregulación?
Claramente, la distinción entre las distintas sustancias no tiene que ver con la peligrosidad objetiva para la salud pública, sino con el estatus legal del que gozan.
La prohibición es un gran negocio. Los narcotraficantes han logrado una condición monopólica, con protección de la policía y los tribunales.
Todavía no se entiende que regular es mucho más eficaz y menos costoso que prohibir.
Suscribo plenamente lo que manifestó la Presidenta de la República, en su Mensaje del 21 de mayo pasado, respecto del uso de la píldora del día después. Solo que yo le daría un alcance mayor, por lo razonable y asertivo del juicio.
Dijo: "Chile tiene dos caminos: o confiamos en la responsabilidad de cada uno o creemos que es mejor tratarlos como menores de edad y que es mejor que alguien decida por ellos. Nuestra opción, ahora y siempre, es respetar la responsabilidad de cada chileno y chilena.".
Hasta ahí la cita.
¡Lean eso, señores del CONACE! ¡Escríbanlo cien veces y repítanlo otras tantas! Así dejarán de ser soldados de una guerra fracasada y perdida de antemano.
Sé que algunos sueñan con un mundo sin drogas¿
Quizás eso sea posible, señor Presidente, en Júpiter, en Marte, en la Luna. Pero jamás en la Tierra. No existe ningún grupo social que de una u otra forma se halle vinculado a múltiples sustancias que existen en la naturaleza -cuyo uso se encuentra en la raíz histórica y tiene fundamentos antropológicos-, en el cual de la noche a la mañana, porque a alguien se le ocurra, se pueda eliminar absolutamente algo que está comprobado de modo científico: las predisposiciones que se observan en el ser humano.
Ante el fracaso de las actuales políticas en materia de drogas, ha llegado el momento de cambiar el paradigma y probar otro camino. Uno comprensivo de que los fenómenos asociados a las drogas también tienen una raíz sociocultural, histórica, médica y no solo criminal.
Concluyo señalando que las drogas no son buenas ni malas en sí mismas, sino que todo depende de cómo las personas se relacionan con ellas. Y ahí entra a cumplir su rol el Estado, poniendo el acento primero en la prevención y luego en el tratamiento de quienes incurren en adicciones; pero no calificándolos como delincuentes sino, simplemente, como enfermos que es necesario tratar.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Restan dos minutos y medio al Comité Mixto.
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Es poco el tiempo. Espero que la Mesa me otorgue un par de minutos más.
Señor Presidente, quiero mencionar una cifra estadística más y hacer presente un hecho puntual.
Indudablemente, la situación del consumo y tráfico de drogas ha ido adquiriendo en la percepción ciudadana una relevancia -en buena hora, diría yo- cada día más apremiante. Sin embargo, este fenómeno que observamos en Chile -como muy bien indicó uno de los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra- constituye una realidad presente en la mayoría de los países del mundo. Por eso, requiere una preocupación significativa y la urgente implementación de todas las medidas que sean factibles para disminuir al máximo los terribles efectos que derivan del consumo de drogas.
Debido al escaso tiempo de que dispongo, deseo expresar algo que para mí es muy importante.
Siempre nos había llamado la atención el que en muchos países, especialmente de Europa y también de América Latina, los narcotraficantes -quienes ofrecen el consumo de drogas a millones de seres humanos-, hubieran logrado penetrar instituciones tan fuertes como lo son en Chile, por ejemplo, el Poder Judicial, las policías, los organismos investigadores. En fin, estamos descubriendo la punta del iceberg.
Es triste y lamentable, pero aquí nos encontramos con que altos funcionarios del Poder Judicial, específicamente fiscales, han estado siendo indagados, investigados por los sistemas¿
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Excúseme, Su Señoría. Terminó el tiempo de su Comité.
Le concedemos un minuto más, a fin de que redondee la idea.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, considero en extremo grave que en este minuto altas autoridades, como algunos fiscales del Ministerio Público, sean objeto de investigación por complicidad con el narcotráfico. Y lo que más me asusta en esta materia -resulta evidente que no vamos a escapar de lo que pasa en el resto del mundo- es que se hallen involucrados no solo suboficiales, sino también altos oficiales, gente de la élite de nuestros organismos policiales: Carabineros e Investigaciones.
No pretendo ser injusto y señalar que el problema comprende un elevado porcentaje de funcionarios policiales o del Poder Judicial. Pero así se empieza. Ello ha ocurrido con coroneles de Carabineros, con detectives de Investigaciones y, como dije, con fiscales del Ministerio Público.
No obstante la complejidad de lo que sucede, sería deseable que se le pusiera coto en forma drástica.
Según las informaciones que he recogido, la opinión pública está alarmada por dicha situación. Y aunque los involucrados sean uno, dos o tres funcionarios de alta categoría, deben adoptarse las medidas del caso para erradicar esos tumores, pues podrían infectar todo el sistema, destinado precisamente a terminar con el drama que implica el flagelo de las drogas en el país.
Señor Presidente, me preocupa que las Naciones Unidas coloquen a Chile en el segundo lugar de Sudamérica con mayor prevalencia de consumo anual de cocaína. Esto es sumamente grave.
De otro lado, conforme a una encuesta de cohesión social en América Latina, el 26 por ciento de los chilenos vive en barrios donde se registran narcotráfico, consumo de drogas y asaltos. Eso significa que nuestra realidad social va aparejada al asunto que nos ocupa y que hemos de ir visualizándola para encontrar sus soluciones.
Deploro no haber alcanzado a entregar algunas cifras bastante impactantes y fácilmente comprensibles por la ciudadanía, para que pudiera dimensionar la gravedad del problema.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En todo caso, Su Señoría dispuso de mayor tiempo que el que le indiqué.
La Mesa debe atenerse a los tiempos respectivos.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Sí, gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En el turno del Comité Renovación Nacional, al que corresponden catorce minutos, tiene la palabra, en primer lugar, el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, ante todo, llamo la atención en cuanto a que en esta sesión, convocada para ocuparse del narcotráfico y de la droga en general, a cuyo respecto en las últimas semanas hemos visto en los medios de comunicación que la Policía de Investigaciones y Carabineros, en forma notable, han logrado desbaratar peligrosas bandas de traficantes, no se hallen en la Sala ni el Ministro ni el Subsecretario del Interior.
Ayer, en un seminario organizado por el Consejo Consultivo de la Fundación Paz Ciudadana, le enrostré al Subsecretario del Interior, mediante un chilenismo, que él estaba dando la batalla solo.
La verdad de las cosas, señor Presidente, es que quienes estamos dando la batalla solos, desde el punto de vista político, somos nosotros. Porque resulta inconcebible que cuando el Senado de la República analiza un asunto de tanta importancia y entidad como este, el Ministro del Interior y el Subsecretario de la Cartera no se encuentren presentes para dar cuenta de las políticas de Estado que se están aplicando e informar sobre las fortalezas y debilidades de ellas.
Por lo tanto, solicito oficiar, en mi nombre, a ambas autoridades, expresándoles mi protesta por que frente a un tema de esta envergadura no hayan venido al Parlamento.
Y, por lo mismo, agradezco la presencia de la Directora del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, CONACE, señora María Teresa Chadwick, como también la del Jefe del Departamento de Drogas OS-7, de la Dirección de Investigación Delictual y Drogas de Carabineros, Coronel señor Francisco Otegui, y la del Subprefecto señor Guillermo Navarro, Jefe de la Brigada Antinarcóticos, Metropolitana, de la Policía de Investigaciones de Chile.
Señor Presidente, cuando vi en los diarios algunas cifras dadas a conocer por el CONACE pensé que causarían impacto en la sociedad chilena, en cuanto a la forma como enfrentamos el problema de la droga.
En efecto, un informe de dicho organismo señala que 43 por ciento de los niños de Chile han visto pasar droga dentro de sus colegios, la han probado o han sido testigos de su tráfico; que 53 por ciento ha observado dicha práctica en los alrededores de los establecimientos, y que 29 por ciento se ha percatado de su comercialización. O sea, en el mejor de los escenarios, un tercio de los jóvenes de nuestro país ve cuando se vende droga en las escuelas y, como ya dije, 43 por ciento se ha dado cuenta de cómo se consume, se negocia y se comercia al interior de los recintos educacionales.
¿Es eso normal? Ese es el primer punto que tenemos que marcar. Yo tiendo a creer que no lo es.
He tenido la oportunidad de visitar países europeos y constatar su realidad. Ellos también tienen un problema serio con las drogas, pero porcentajes como los mencionados, que alcanzan tales niveles, despiertan en sus comunidades debates, análisis, y se convoca a las autoridades para hacer un frente común. En cambio, aquí, el Ministro del Interior y el Subsecretario del ramo, salvo enojarse porque ayer se les criticó, no concurren a la sesión de la Cámara Alta.
Yo espero que la Presidencia del Senado, en honor a la dignidad de nuestra Corporación y al respeto que se merece, represente tal hecho. Porque, francamente, llevar a cabo sesiones sin las autoridades de Gobierno puede tener como contrapartida que nunca más ingresen al Hemiciclo personeros que no sean Ministros, mientras no estén dispuestos a sostener un debate con altura de miras en el lugar donde la democracia lo señala: en esta Sala.
El CONACE, señor Presidente, ha hecho un gran esfuerzo, pero ha resultado tan insuficiente -y no es responsabilidad de sus funcionarios- que tuvimos que modificar su estructura. Actualmente, es un programa social. Y lo estamos transformando en un servicio autónomo, elegido por la Alta Dirección Pública. En promedio, los recursos de que dispone el CONACE para la prevención, según información que me entregaron sus propios funcionarios, ascienden a 1.674 pesos al año por alumno, en caso de que hubiera una cobertura total a los niños de las enseñanzas media y básica.
El presupuesto total de dicho organismo es de 24 mil 900 millones, de los cuales 7 mil 900 millones son destinados a materias de prevención.
Si uno considera la matrícula nacional de estudiantes, el gasto total por alumno sería de 1.600 pesos al año, tomando en cuenta que hay otros programas que no están destinados al mismo fin y que dicen relación a las familias jóvenes no escolarizadas y a los jóvenes en general.
Por lo tanto, señor Presidente, no tenemos programas con recursos suficientes para prevenir los consumos de drogas y alcohol. Y ello constituye la mejor razón para ser traficante de drogas en Chile, pues existe un mercado respecto del cual la sociedad nada ha hecho para disminuirlo.
Insisto en que he trabajado con el CONACE y no tengo dudas de que la angustia que expreso aquí, en nombre de muchos Senadores, la sienten también quienes laboran en esa institución. Lo que ocurre es que no pueden manifestarla en voz muy alta porque son funcionarios del Gobierno. Y no lo señalo porque no tengan autonomía para decirlo. Yo estoy diciendo la verdad.
Por lo tanto, ahí tenemos una debilidad como sociedad que es vergonzosa. ¡Vergonzosa!
Un país con tales niveles de consumo de drogas es vergonzoso.
De otro lado, señor Presidente, si bien la prevención es clave, ¿qué pasa con el control?
En cuanto a este último punto, a nivel de tráfico -no me refiero al microtráfico, sino a la venta de droga dura en Chile- hubo 6.111 denuncias durante el año 2007. Tanto la Policía de Investigaciones cuanto Carabineros cumplen su trabajo y lo hacen bien. Detuvieron a 4.106 traficantes de droga dura, no microtraficantes, elevando casi en mil la cifra del año anterior. ¿Y saben lo que ocurre? El 42 por ciento, es decir, 1.700 quedan en libertad apenas transcurridas 24 horas de su detención. ¡A las 24 horas! Es una información oficial del Ministerio Público entregada al Senado de la República y que consta en la Oficina de Informaciones.
¿En qué país del mundo la mitad de los traficantes de drogas duras quedan libres a las 24 horas? Y hablo de drogas duras, no del microtráfico, sino del macrotráfico. Porque si vemos las cifras del microtráfico, observaremos que 59 por ciento de los detenidos quedan libres. Luego se señala que de 1.078 traficantes de drogas duras, 648 -es decir, 60 por ciento- no pasan un día en la cárcel. No creo que exista un país con las características de Chile donde un traficante de drogas duras, condenado por tal delito, no pase un día preso.
No estamos hablando -y lo repito hasta la saciedad, porque ese es el argumento que se da- de la persona modesta que es microtraficante. ¡No! Estoy refiriéndome a los que mueven grandes cantidades de drogas.
De otra parte, se dice que hay medidas alternativas, que los inculpados pueden cumplir su pena a través de ellas, porque no todo es cárcel. ¡Lo creo! Entonces, oficio al Ministerio de Justicia y le pregunto respecto de tales medidas que permiten cumplir la pena en un medio libre, aun cuando se trate de tráfico de drogas, como la libertad vigilada, la reclusión nocturna o la remisión condicional de la pena. Y el Ministro me entrega un documento oficial -lo tengo en mi poder- donde reconoce que el sistema está colapsado, que en cuanto a la libertad vigilada cada delegado puede tener a su cargo un máximo de 30 beneficiados. Sin embargo, en la actualidad se le asignan 60, o sea, el doble.
En el caso de la remisión condicional de la pena, el máximo de beneficiados por cada funcionario es de 200, pero tienen 300.
¿Qué significa lo anterior? Que traficar drogas en Chile -y excúsenme Sus Señorías que se los diga- es gratis. ¡Es gratis, señor Presidente! La posibilidad de que un traficante de drogas duras quede finalmente detenido en la cárcel es muy baja, cerca de 7 por ciento de las denuncias que se presentan.
Ello va más allá del esfuerzo que hacen las policías, las cuales, además, carecen de medios. ¡Esa es la verdad!
En Chile no hay más de 800 ó 900 policías especialistas destinados a ocuparse en materias de tráfico de drogas, sumando los pertenecientes a la Brigada de Narcóticos de la Policía de Investigaciones y los funcionarios de Carabineros de Chile.
Los recursos de que se dispone para realizar una buena labor, por ejemplo, tomando en cuenta los gastos que se generan al actuar como agentes encubiertos, etcétera, son absolutamente insuficientes.
Vamos a la rehabilitación.
Si hay un joven involucrado en el tráfico de drogas el deber de la sociedad es rehabilitarlo. Sin embargo, no existen políticas destinadas a tal objeto.
Gendarmería reconoce que ni el 1 por ciento de su presupuesto lo destina a rehabilitación. Y como decía el Senador Orpis, el 70 por ciento de los delincuentes en Chile afirman que inician su carrera delictual y la agudizan en la medida en que van teniendo más dependencia de la droga.
Entonces, la gente se pregunta: "¿Y por qué hay más detenidos o más hechos delictuales?". Porque se transforma en un negocio en el cual no hay riesgos.
Sin embargo, aquí estamos en una sesión tratando un asunto de alta sensibilidad que aparece en televisión cuando se desbaratan dos bandas gigantescas. Y el Ministro del Interior y el Subsecretario Harboe, probablemente, concurren a la incautación, a la foto. No obstante, cuando deben venir al Senado de la República para rendir cuenta de su gestión y señalar las políticas públicas al respecto y cómo debemos actuar como sociedad, en su conjunto, y cómo enfrentamos el problema sin politizarlo, brillan por su ausencia. ¡Es una vergüenza!
¡No estamos hablando del hurto menor en un supermercado! ¡Estamos hablando del tráfico duro de drogas en Chile que infecta la sociedad, que penetra en las instituciones y que destruye vidas enteras!
Se ha hecho referencia a la legalización de la droga. Este es un debate existente en la sociedad mundial. Yo lo único que digo al respecto es lo siguiente.
En Chile en este momento hay 218 mil 744 personas reconocidas por el CONACE como consumidoras abusivas o dependientes de la droga.
El Senador señor Orpis hace una labor maravillosa en el ámbito de la rehabilitación. A mí me corresponde básicamente efectuar el seguimiento de los casos, en la idea de ver la recuperabilidad de la gente sometida a ella.
Los adictos, señor Presidente -y eso es lo que considero inmoral en la tesis (lo digo con el mayor respeto) de quienes quieren legalizar el consumo de drogas-, son personas que pierden su libertad; que no tienen capacidad para distinguir entre el bien y el mal; que terminan en manos de bandas de narcotraficantes que los transforman en ladrones, en sinvergüenzas; que estafan a sus propias familias; que se destruyen la vida.
Aquellos que desean legalizar el consumo de drogas argumentan que con esta medida bajaría el precio. ¡Pero no bajaría el consumo!
Esta es una sociedad que no puede darse el lujo de decirles a 218 mil adictos o consumidores abusivos: "La solución es que se baje el precio; ustedes van a poder comprar más barato". ¡Porque seguirán adquiriendo drogas!
Termino con un par de interrogantes, señor Presidente.
¿Tiene arreglo esta situación? Tiene arreglo.
¿Hay países que han logrado revertir esta realidad? Los hay.
Si hacemos una fuerte campaña masiva de prevención; si fortalecemos instituciones como el CONACE con recursos, con capacitación, con difusión a nivel nacional; si vamos educando a la juventud chilena acerca del error gravísimo que constituye caer en el mundo de las drogas o en el del alcoholismo; si focalizamos los esfuerzos en las 240 mil familias respecto de las cuales el Gobierno se comprometió con nosotros en marzo a concretar un acuerdo -ello no ha ocurrido-, donde se encuentra el mundo popular sensible al problema en comento, entonces podremos tener éxito.
Con buenas políticas de prevención, de control y de rehabilitación, nuestra sociedad no viviría lo que padece en la actualidad.
Mientras no cambiemos, señor Presidente, no habrá solución sobre la materia.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Debo hacerle presente a la Sala dos cosas.
La Mesa acoge lo planteado por el Senador señor Espina en cuanto a representar al señor Ministro del Interior -y a la Presidenta de la República, por cierto- la obligación que tenía de concurrir a esta sesión.
Fue invitado al efecto, de acuerdo con la naturaleza e importancia de la materia por analizar y con una petición expresa que formuló en tal sentido el Honorable señor Orpis, quien propició la convocatoria a ella. Y, conforme al inciso segundo del artículo 37 de la Carta Fundamental, estaba obligado a asistir, personalmente.
Esta es la segunda vez que el señor Ministro del Interior, ante una invitación formal de la Cámara Alta y encontrándose obligado constitucionalmente a concurrir, no lo hace.
La Mesa, en consecuencia, va a representar, con los Comités que estén de acuerdo, la grave situación registrada.
Pregunto cuáles de los Comités presentes adhieren al oficio respectivo.
Comité Independientes, Comité Renovación Nacional y Comité Unión Demócrata Independiente.
--En nombre de los Comités individualizados, se acuerda oficiar en el sentido expuesto.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
A continuación, y alterando el orden de los oradores, concederé la palabra al Senador señor Muñoz Barra, a quien cedió tiempo el Comité Socialista para permitirle terminar su intervención, que quedó inconclusa.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Agradezco la gentileza del Partido Socialista. Y procuraré abreviar lo más posible.
Señor Presidente, un colega planteaba con toda razón que, frente al problema que nos ocupa, uno de los aspectos fundamentales se relaciona con el sistema más adecuado para recuperar a quienes caen en la droga o en el alcohol. Y yo agrego el otro flagelo, que no siempre se toca suficientemente, a pesar de que a su respecto hemos avanzado bastante desde la perspectiva legal: el tabaco.
En una reunión con una de sus autoridades, me enteré de que los recursos que se le entregan al Servicio Nacional de Menores para rehabilitación en los hogares de él dependientes solo alcanzan para atender a 15 por ciento de los niños que se le envían. El 85 por ciento restante no tiene ningún elemento protectivo de responsabilidad del Estado dirigido a discriminar positivamente en la distribución de los recursos para que también lleguen a un segmento de los jóvenes sobre los cuales recaerá la misión de crear una sociedad más humanizada, con mayores valores éticos.
En el caso del CONACE, he observado a sus funcionarios trabajar con gran intensidad en las Regiones, especialmente en la que represento. Los he visto desarrollar su labor con una vocación increíble en el contexto de una sociedad tan pragmática como la actual. Pero no la realizan únicamente dentro de la jornada que fijan sus contratos, sino también -y puedo dar fe de ello- después de concluida, y aun en sábados, domingos y festivos, sin recibir pago alguno -me consta- por concepto de horas extraordinarias. Por cierto, no hay trasgresión de ley, porque llevan a cabo en forma voluntaria la función de monitores allí donde se vive la realidad que hoy tanto nos inquieta.
Son muchas las situaciones que uno podría analizar a propósito de este problema tan dramático, señor Presidente.
Yo quiero señalar, por ejemplo, que a principios de la década de los años 90 la droga se hallaba concentrada, con todas sus variantes, en 90 por ciento en la Región Metropolitana. Hoy día, el centralismo que siempre discutimos y atacamos está haciendo "un acto de justicia" al repartir tal flagelo entre las Regiones. Y Sus Señorías saben que en todas -en unas más que en otras- el consumo ha llegado a niveles alarmantes, al punto que en comunas pequeñísimas -de seis mil a ocho mil habitantes- y que son fácilmente controlables ya es habitual la venta de productos como la marihuana o la pasta base.
Es decir, la cuestión que hoy analizamos en el Senado reviste carácter absolutamente nacional: de punta a cabo, de Arica a Magallanes.
Entonces, hacemos bien en preocuparnos de una situación que al país le cuesta, sin ir al fondo del problema, 149 millones de dólares anuales.
Para enfrentarla, vamos efectuando descubrimientos, haciendo constataciones y recibiendo información. Y me parece que hay flancos que no hemos atacado con la misma intensidad, con la misma constancia o -por qué no decirlo- con mayor cantidad de recursos.
Señor Presidente, estoy absolutamente convencido -sé que, por razones administrativas, ello no se confirmará en esta sesión- de que el CONACE no se encuentra distante de los precarios dineros que recibe el SENAME.
¡El CONACE y el SENAME son, a no dudarlo, las instituciones que deben ir a la vanguardia de la recuperación de la gente que cae en la droga, flagelo que ataca a muchos hogares!
Obran en nuestro poder ciertos datos que también hemos de analizar, para conectarlos con acciones que tendríamos que tratar de mejorar y perfeccionar.
Algunas cifras me llaman profundamente la atención.
Se sostiene, por ejemplo, que el consumo de marihuana es tres veces menor en los jóvenes pertenecientes a hogares donde los padres se preocupan en forma sistemática de sus hijos.
Al respecto, hay un hecho cierto. Esta sociedad consumista, esta sociedad hedonista, esta sociedad que hace trabajar al padre y a la madre genera soledades inmensas que en algunas ocasiones, incluso científicamente, queremos compensar con diversas iniciativas, como la jornada escolar completa, sobre la cual se ha dicho, a veces sin ningún rubor, que la idea central es posibilitar que los niños permanezcan más tiempo en el colegio para evitar que, al no tener compañía en su hogar, salgan de él y formen parte de los grupos que existen en las diferentes poblaciones de nuestro país.
A raíz de la experiencia recogida, sabemos cuán delicada es la situación existente. Por eso, nadie puede sacar de ella partido pequeño, algún beneficio de índole electoral. Se trata de un problema que puede tocar a cualquiera de nosotros: a la gente de todas las posiciones políticas, de todas las confesiones religiosas. Porque la droga no es un fantasma que se encuentra encima de quienes se hallan en el Gobierno o de los que están en contra de él. ¡No! Este drama puede llegar a cualquiera, incluso -como acabo de señalar- a quienes estamos sentados aquí, en el Parlamento.
De ahí, entonces, el cuidado, la delicadeza, la seriedad, la responsabilidad que debe tenerse para enfrentar la situación que estamos analizando hoy.
Sobre la materia, hemos tramitado en el Senado una gran cantidad de proyectos de ley, especialmente para endurecer las sanciones contra los jóvenes que delinquen, al punto que la responsabilidad penal ya va cerca de los 14 años.
Conocido es el caso del famoso "Miguelito", quien ha sido convertido en una especie de Robin Hood. Él y sus familiares dicen a gritos que lo están mandando a lugares de detención donde recibirá un "doctorado" o un "máster" para salir a la calle a los pocos años como un delincuente en todo sentido.
¡Esa es la realidad!
Hay, pues, cierta incoherencia.
Por ejemplo, yo leía un documento según el cual un 87 por ciento de detenidos había usado cocaína -droga dura- y/o pasta base, y 55 por ciento había fumado marihuana.
De otra parte, al estudiar expedientes judiciales de tribunales del crimen de Santiago se encontró que el uso de drogas aparece asociado a 32 por ciento de los robos con violencia y a 31 por ciento de los homicidios: pasta base, 45 por ciento, y marihuana, 13 por ciento.
Ahora, cuando un hombre público visita una cárcel en nuestro país se impresiona al ver que 70 a 75 por ciento de la población detenida son menores de 35 años. O sea, la gente que hoy está en las cárceles de Chile pertenece mayoritariamente al estamento más joven. Y ello nos debe preocupar mucho a quienes buscamos soluciones al problema delictual.
A continuación, señor Presidente, entregaré algunas cifras que sé que serán captadas con facilidad por las autoridades presentes: la Secretaria Ejecutiva del CONACE, el Jefe del Departamento de Drogas OS-7 de Carabineros y el Jefe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la Policía de Investigaciones.
Un señor Senador señalaba lo que ocurre con los delincuentes que son apresados.
Es cierto: el 70 por ciento de los traficantes de drogas, al ser dejados en libertad, siguen en ese comercio ilícito. Y a la "puerta giratoria" se suma el hecho de que no existe ninguna labor que permita a esa gente, de alguna manera, cambiar su forma de vida.
Asimismo, se ha señalado aquí -y esto me duele mucho- que en un estudio a nivel latinoamericano Chile aparece liderando, con Argentina, el consumo de marihuana: 7 por ciento de la población en el último año.
Y se confirma lo que manifesté hace algunos minutos: el flagelo de la droga no hace diferencias de colores políticos, ni de credos religiosos, en fin, pues ataca a la sociedad en su conjunto.
Estudios realizados responsablemente por el CONACE han constatado que los jóvenes de los estratos alto y medio son los que más consumen marihuana.
¿Y cómo nos enteramos de aquello? Aparte del pesquisamiento que efectúan los técnicos en la materia, por lo que nos muestran los diarios, la televisión.
Jóvenes de los referidos estratos, en su protagonismo triste, llegan al punto de perder la vida porque a altas horas de la madrugada chocan con sus vehículos a gran velocidad. Y casi en el ciento por ciento de los accidentes se comprueba que la causa es el consumo de droga y alcohol, que constituyen una mezcla infernal.
¿Y qué sucede con los muchachos de los estratos más bajos? Tal vez mueren en el anonimato, sin la publicidad y la espectacularidad de los hechos protagonizados por los de las capas socioeconómicas alta y baja, que son exhibidos por la televisión. Mueren en enfrentamientos de pandillas, de grupos; en peleas que se generan en las poblaciones a veces hasta por la negativa a dar un cigarrillo.
O sea, los antecedentes en el caso de los jóvenes de los estratos alto y medio podemos buscarlos en las estadísticas vinculadas con la velocidad de sus vehículos. Y a los otros los vemos con el cuchillo o el punzón en la mano, en enfrentamientos que a veces -insisto: por efectos de la droga y el alcohol- terminan con sus vidas.
Hay entonces materias donde, junto con legislar desde el punto de vista jurídico, debemos considerar lo atinente a la readaptación. Y, a este respecto, nos hallamos muy lejos de entregar los recursos necesarios.
Antes de esta sesión estábamos viendo asuntos relacionados con las farmacias, con los medicamentos. En este ámbito también tenemos graves falencias.
Por ejemplo, 3 por ciento de los chilenos de entre 12 y 64 años han usado psicofármacos sin prescripción médica.
Es decir, se puede comprar estupefacientes o drogas sin receta médica porque -yo diría- existe chipe libre. Pero en algún momento tendremos que acotar más fuertemente la venta.
Señor Presidente, existe otro asunto que también debe ser colocado en el tapete de la discusión. Porque siempre estamos viendo solo un tipo de droga.
Me explico.
Al ser consultados los jóvenes chilenos, 44,5 por ciento señala que el principal problema que enfrentan en la actualidad son los excesos de alcohol y drogas.
Como el alcohol es una droga -lo señalaba un señor Senador- que se vende en forma legal, su consumo pasa bastante desapercibido. Pero sobre el particular hay un drama terrible.
Cuando el 44,5 por ciento de los jóvenes manifiesta que su drama son el alcohol y las drogas, uno procura visualizar qué institución existe a los efectos de rehabilitarlos. Es cosa de ir a los hospitales públicos para ver con qué recursos cuentan a tales fines.
El proceso de rehabilitación de un joven, según quienes han entrado con mayor profundidad en la materia, nunca es inferior a 3 años, con un costo increíble: entre 800 mil y un millón de pesos mensuales, si derecha y seriamente se quiere recuperarlo. Ello, debido a los costos en especialistas, en remedios; a que la persona debe cesar en su actividad laboral, etcétera.
Ahora, la mayoría de los jóvenes de los quintiles más bajos de nuestra población consumen la mala droga y el mal alcohol. Pero para ellos no existe ninguna posibilidad de recuperación.
¿Me concede un minuto más, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- No puedo, Su Señoría. Ya le otorgué tiempo adicional.
Tiene la palabra el Senador señor Orpis. Le restan cuatro minutos al Comité Independientes.
Después intervendrá la Directora del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, señora María Teresa Chadwick.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, abordaré varios puntos que se han tocado en el debate.
En primer lugar -tal como lo dije con anterioridad-, quiero defender la labor del CONACE. Y lo hago porque ese organismo, partiendo por su Directorio y todos sus funcionarios, ha tomado como una causa la cuestión que nos ocupa. Lo que ocurre es que la problemática, indudablemente, ha escapado a sus posibilidades de hacer efectivas muchas materias y políticas.
En segundo término, deseo que por lo menos quede conciencia en la sesión de que la droga y su consumo no son un asunto individual: hoy constituyen la dificultad de carácter social más grave que vive el país por la destrucción del tejido comunitario, particularmente en los sectores modestos. Y, por lo tanto, deben ser abordados en esa dimensión.
Finalmente -creo que aquí se encuentra la raíz del problema-, y como lo planteaba un señor Senador al hacer un símil con el alcohol, aparentemente la marihuana, como droga, es inofensiva.
Y, en tal sentido, el mensaje no ha sido unívoco, ni claro, ni potente, ni visible, a diferencia, por ejemplo, del entregado mediante la normativa que se dictó respecto del tabaco, que ha surtido efecto por su claridad. Mientras se siga considerando que la marihuana es una droga inofensiva, que tiene fines casi terapéuticos, se continuará por mal camino. Porque, estadísticamente, está demostrado -y así lo señalan todos los estudios- que más de 50 por ciento de quienes la consumen pasan después a las drogas duras, como la cocaína, la pasta base, el crack y otras variedades.
En consecuencia, si queremos enfrentar el problema con una política de Estado, con la seriedad que corresponde, no podemos dejar de considerar la necesidad de emitir un mensaje claro. Y la mejor experiencia -repito- es lo acontecido con el tabaco.
Los países donde se ha planteado una situación especial de la marihuana -en realidad, no la han legalizado, porque el caso de Holanda, en especial, se refiere a determinados lugares- vienen de vuelta. Y hoy día cuentan con normativas mucho más restrictivas, porque no han obtenido resultados.
El señor ÁVILA.-
¡No es así!
El señor ORPIS.-
Es así, señor Senador.
Y es tan devastador el efecto de las drogas sobre la salud, señor Presidente, que me gustaría hacer una reflexión. Como se ha llegado muy lejos, se debe ser sumamente prudente con cualquier medida que se adopte. ¿Por qué lo digo? Cuando se registra una secuencia de aumento en el consumo de marihuana de cien por ciento y el resto de las drogas se halla subvalorado, no conozco ningún país que haya dispuesto una liberalización y en que, en definitiva, medie una baja. Por el contrario, se observa un incremento.
Lo he dicho más de una vez: creo que uno de los mejores laboratorios es Estados Unidos. Porque, al ser un país federal, sus Estados son muy autónomos, de modo que existen algunos más liberales y otros más restrictivos.
Conozco el caso de New Orleans, donde hace diez o quince años se produjo una liberalización. ¿Qué ocurrió? Fui a un hospital y me impuse de que los propios médicos se estaban rehabilitando. ¡Los médicos! El consumo se desató. Y hoy día han terminado con toque de queda, es decir, los menores de edad no pueden circular por las calles a determinadas horas por la peligrosidad derivada de la penetración del narcotráfico.
Por lo tanto, señor Presidente, es preciso ser sumamente responsable frente al problema. Dado el nivel que ha alcanzado el país, considero pertinente hacer un alto, con la mejor intención, en cuanto al tema técnico, del cual nunca me aprovecharé políticamente, porque decidí dedicarle mi vida. Soy de la idea de crear un comité de expertos, porque no es posible seguir abordándolo como hasta ahora.
Es necesario celebrar una sesión especial para analizar los efectos de la Ley sobre Responsabilidad Penal Juvenil, que perseguía un objetivo rehabilitador precisamente con relación a los adolescentes infractores. ¿Y qué ha ocurrido, señor Presidente? Ese cuerpo legal no se aplica. Los centros del SENAME para los jóvenes privados de libertad no están operando en rehabilitación y aquellos adictos que cumplen su condena en espacio libres no son derivados a lo centros respectivos, que se encuentran vacíos, ¡vacíos!, a lo largo del país, no por culpa de quienes hicieron el ofrecimiento, sino porque los jueces han interpretado que con la pena accesoria, que estaba enfocada en la rehabilitación, se está sancionando dos veces, por lo cual no la imponen. Y el adicto -existe una relación directa entre adicción, seguridad ciudadana y delincuencia, y la única forma de superar el problema es solucionando la primera- no tiene la posibilidad de rehabilitarse, porque simplemente se ha hecho una interpretación errónea del texto legal mencionado, lo que va por entero en contra del propósito del legislador. Dictamos una ley con un enfoque rehabilitador y hemos terminado con una ley cuya aplicación práctica se ha traducido en penalizar y no en rehabilitar.
He presentado iniciativas para que se rectifique dicha situación y solicito a la Comisión de Constitución que las analice, porque no podemos abstraernos del problema. Un conjunto de normativas beneficiarán en muchos de los aspectos que estamos considerando: hacer obligatoria la prevención del consumo de drogas; modificar la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil para que adquiera un enfoque rehabilitador; potenciar la figura del lavado de dinero, entre otras, y tipificar ese delito no solamente respecto de las personas naturales, sino también de las personas jurídicas, lo que fue, además, una de las proposiciones del GAFISUD.
En mi opinión, debemos abordar lo relativo al consumo de drogas, la prevención, la rehabilitación y a cómo hacernos cargo de ese efecto devastador que hoy día ha destruido el tejido social en los sectores modestos.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Antes de conceder la palabra a la señora Directora del CONACE y a sus asesores, si estiman a bien intervenir, quisiera consignar que, para la Mesa, el Senador señor Muñoz Barra formuló un cargo de extremada gravedad al afirmar que había oficiales, tanto de Carabineros como de Investigaciones, condenados por vinculaciones con la materia en debate.
Resulta deseable una precisión, entonces, porque no nos consta que tales funcionarios hayan sido formalizados, sino que más bien aparecen como implicados en algunos hechos. Y, dada la importancia de las Instituciones mencionadas, creo que es bueno que el Gobierno determine cuál es la situación jurídica real que se presenta.
Tiene la palabra la señora María Teresa Chadwick.
La señora CHADWICK (Directora del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes).-
Con respecto a la consulta que usted acaba de hacer, señor Presidente, las autoridades policiales que me acompañan darán una respuesta.
Deseo agradecer al Senado el haber convocado a esta sesión especial para tratar la problemática de la droga. Y destaco que ello se enfoca no solo desde el punto de vista del control, como hubiera ocurrido hace diez o quince años, sino que todos los señores Senadores presentes le han dado una importancia muy grande a la prevención del consumo de drogas y de alcohol. A mi juicio, eso da cuenta de un significativo avance en nuestra sociedad.
En los organismos internacionales en los que me toca representar a Chile también ha ido cambiando la mirada de cómo abordar la cuestión de la droga. Y cada día más -esto también ocurre en nuestro país- nos damos cuenta de que la relación entre la oferta y la demanda es muy directa. No habría consumidores de drogas si no existiera oferta, y esta, obviamente, en la medida en que el narcotráfico va consiguiendo adhesión, entusiasmo, e intentando llegar con más droga a los mercados. Por lo tanto, una y otra tienen que ver con una problemática integral.
Hoy día no quiero hacerme cargo ni responder -porque sería muy largo y necesitaría contar con más elementos de la base de datos de nuestros estudios- las interpretaciones hechas por algunos señores Senadores de las cifras de los análisis del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes.
Solo quiero decir que se trata de una labor reconocida mundialmente por su metodología científica; que ha sido realizada en su totalidad por la empresa AdimarkGfK, gracias a licitaciones públicas que se ha adjudicado, entidad que, al llevarla a cabo, cada dos años, tanto en población escolar como en población general, ha ido adquiriendo la experiencia de trabajar en la medición cuantitativa y cualitativa de una problemática tan complicada como la referida.
Se puede recurrir, entonces, a dicha empresa o a la base de datos del CONACE.
Y creo que sería muy importante, tal vez, formar un grupo para ponernos de acuerdo en la interpretación de los datos. Existen conceptos -como socióloga, puedo decirlo- que se confunden en la discusión.
Tratándose de las percepciones sobre los problemas, como, por ejemplo, el de altas cifras de tráfico de drogas al interior de las escuelas, la pregunta es qué porcentaje de escolares advierte ese hecho. Las percepciones no siempre coinciden con la realidad y muchas veces se abultan según la opinión del grupo.
Sin embargo, quiero expresar que en nuestro país hay políticas públicas con respecto a la prevención del consumo de drogas y alcohol que pueden no ser suficientes y que deben ser perfectibles. Durante los años 2003 y 2008 aplicamos una estrategia nacional de drogas cuyos resultados estamos evaluando para poder mejorar nuestras intervenciones.
Estoy segura de que los señores parlamentarios conocen el trabajo del CONACE en las Regiones que representan, el cual tiene que ver con las instituciones más protectoras contra el consumo de drogas en la población.
En ese aspecto, la que más se destaca es la familia. Los Gobiernos, los Estados, tienen que entregarle, en forma adecuada, herramientas e información, para que pueda manejar una problemática en el ámbito de la prevención y, también, en el de la detección del problema en su seno.
No obstante, no es responsabilidad de un Gobierno, de un Estado, el que la prevención tenga más éxito o el que el impacto sea medido de una determinada manera, sino de la sociedad civil en su conjunto, más, obviamente, las políticas de Gobierno y de Estado que puedan apoyar esa acción en el ámbito de la prevención.
El grupo familiar es fundamental. Nosotros hemos trabajado con más de 500 mil familias a lo largo del país. Y los estudios que hemos realizado a nivel escolar nos dicen, como se ha mencionado acá, que cada una de ellas -al indicador respectivo lo hemos denominado "Involucramiento de la familia en la vida de sus hijos", en la medida en que estamos hablando de adolescentes de entre 12 y 18 años- incide fundamentalmente en el mayor o menor consumo de drogas.
Obviamente, ello debe ser acompañado con prevención a nivel de las escuelas, la cual contemplamos, pero, como muy bien dijo el Senador señor Orpis, no constituye una materia obligatoria. Tenemos a disposición de todas las escuelas municipalizadas y particulares subvencionadas, y también de las privadas, una cantidad de materiales diferenciados según el grado de escolaridad de los niños, y hemos capacitado a miles de profesores para poder aplicar los programas de prevención.
Muchas veces -porque es preciso reconocer las debilidades-, estos últimos no se pueden realizar en forma adecuada. A mí me toca viajar por todo el país y participar en la capacitación de los docentes, quienes a menudo señalan: "Sabemos que esta es una problemática de la mayor importancia, pues es algo que vemos al interior de las escuelas con nuestros alumnos, pero no tenemos tiempo para poder abordarla en la forma como ustedes nos plantean, porque las horas de clases no dan para eso". Sería gran cosa que pudiéramos encontrar una solución a fin de lograr una mayor obligatoriedad de horas, dentro de la jornada escolar, para poder desarrollar bien los programas.
Nosotros trabajamos en los territorios. Hemos cumplido con el compromiso sobre seguridad pública suscrito entre la Alianza y el Gobierno, en la medida en que hemos logrado instalarnos en 140 comunas con nuestro programa "CONACE PREVIENE", el cual no voy a detallar, porque Sus Señorías, que también desarrollan una actividad en el territorio, deben conocer la acción preventiva concretada por esa vía juntamente con los municipios. En eso hemos cumplido la parte del compromiso de la cual me hago responsable.
Gracias al aporte del Parlamento, con la aprobación de la ley N° 20.000, nueva normativa de drogas, el país también ha logrado avanzar en prevenciones vinculadas con el ámbito laboral público, lo que resulta muy importante. Dicho cuerpo legal obliga a todas las reparticiones de la Administración Pública a incorporar dentro de sus políticas de recursos humanos la prevención del consumo de drogas.
Y el CONACE -organismo que hasta ahora no es más que un programa del Ministerio del Interior, pero existiendo la esperanza de que se convierta en un servicio público descentralizado- ha desarrollado con más de 340 reparticiones un programa llamado "Trabajar con Calidad de Vida", conforme a un criterio de prevención del consumo de drogas y alcohol inserto en las políticas de recursos humanos. Y eso es obligatorio para todo el aparato del Estado.
También la ley citada dispuso que incluso un jefe superior de servicio deberá prestar una declaración jurada, al asumir su cargo, en el sentido de no ser consumidor de drogas ilícitas.
Asimismo, estableció que el Ministerio del Interior, representado por el CONACE -en este momento estamos efectuando una licitación con consultorios de salud-, determinará exámenes de control de consumo de drogas ilícitas respecto de los funcionarios de alto nivel, hasta el grado de jefe de división o su equivalente, a través de muestras aleatorias. Obviamente, en caso de dependencia, se le brinda a la persona la posibilidad de someterse a un tratamiento y a rehabilitación.
No mencionaré todas las acciones de política pública que estamos realizando en el ámbito de la prevención, porque, en verdad, se hace un esfuerzo muy grande al respecto por parte del Gobierno, como lo demuestra el aumento del presupuesto para poder implementar los programas.
Estos últimos no han fracasado. Son los mismos que se están realizando en la comunidad internacional. Y aunque les parezca extraño, la institución que me toca dirigir ha sido elegida como modelo para los países pertenecientes a la Organización de Estados Americanos, respecto a las entidades que se ocupan del problema de la droga, en todo lo que tiene que ver con los programas de prevención. No hay más. Chile se ha destacado por la manera en que ha ido formulando sus intervenciones hacia los distintos actores sociales, para prevenir un problema que entendemos como de una complejidad extrema.
Sobre la percepción de riesgo, quiero hacerme cargo del último estudio a nivel escolar, que refleja una disminución en ese ámbito, fundamentalmente en torno a la marihuana. Eso no depende solo de la acción preventiva del Gobierno. Hay muchas voces irresponsables que han hecho que se siga consumiendo esta sustancia, que daña la salud de la población, sobre todo la de nuestros jóvenes, por el grado de dependencia que produce. Alrededor de 30 por ciento de jóvenes adictos a las drogas se encuentran en tratamiento gracias a nuestros convenios con el Ministerio de Salud, a través del FONASA. Porque la dependencia a la marihuana es una realidad.
Para afligirse realmente ante la magnitud del problema, hay que visitar las comunidades terapéuticas y, además, conocer los programas de dicha Secretaría de Estado sobre el particular.
En todo caso, también existen bastantes voces que entregan un mensaje distinto y representan un modelo para los jóvenes, las cuales cumplen un rol muy fuerte en la disminución de la percepción del riesgo frente al consumo de marihuana.
No quiero aburrir a los señores Senadores con información que en forma permanente les hemos mandado, y seguiremos enviando, respecto de todas las acciones que realiza el CONACE. Pero hago presente que la nuestra es una tarea difícil, pues tal situación conlleva una complejidad tremenda que cruza todos los sectores sociales, por cuanto tiene que ver con marginalidad y con pobreza, y también con falta de afecto, con problemas biológicos y sicológicos de las personas, con circunstancias sociales.
Por lo tanto, resulta complicado abordar los asuntos relativos a la droga.
Sin embargo, nuestro país ha avanzado al respecto. Es un éxito que hoy día atendamos de forma gratuita a 8 mil personas en el servicio público de salud, a través del seguro público del FONASA.
Obviamente, queda una brecha por cubrir; no obstante, haber incorporado una forma de tratamiento para la dependencia de drogas dentro del seguro de salud constituye un ejemplo. Debemos aumentar la cobertura y perfeccionar los tipos de tratamiento, pero no se puede decir que nada se ha hecho.
Hemos avanzado enormemente y tenemos que seguir complementando nuestra acción de manera más focalizada, más segmentada, más dirigida a grupos con problemas específicos.
Esos son nuestros desafíos para el futuro.
Por otro lado, estamos trabajando con la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Se trata de una realidad difícil. Debemos aplicar tal normativa -estoy de acuerdo con el Senador señor Orpis en que debemos perfeccionarla- para permitir a jóvenes que delinquen y que consumen drogas -son el 70 por ciento del total- acceder a tratamiento y rehabilitación. De este modo, cumplida la condena impuesta, quedarán en condiciones de integrarse a la sociedad en igualdad de oportunidades, las que nunca han tenido.
Debo señalar -y con esto termino- que la droga es peor en pobreza que en riqueza. Los jóvenes pobres que consumen pasta base están liquidados. Dicha sustancia se encuentra focalizada solo en el sector de menores ingresos de nuestro país. La marihuana y otras drogas se usan de manera similar entre los distintos segmentos de la sociedad. Todo ello lo medimos a través de los diferentes tipos de colegios: municipalizados, particulares subvencionados o particulares privados. Incluso, se sabe que en estos últimos -como se mencionó acá- se produce un mayor consumo de alcohol y de marihuana.
Pero la pasta base es la que está destruyendo el tejido social y la vida de nuestros niños en los sectores de menores recursos. Y la respuesta ante tal situación debe ser consecuencia de una reacción ética de la sociedad frente al consumo. No cabe escuchar voces que relativizan el fenómeno: "la droga ha existido siempre", "esto no importa", "no pasa nada".
Es cierto que las drogas han existido siempre. Pero, en la actualidad, se encuentran ligadas al negocio del narcotráfico, que cada día, a través de las estrategias malignas de las bandas criminales organizadas y de su afán de lucro, compromete más la salud de los pobres, la integridad de los sistemas económicos, la estabilidad del sistema político en la sociedad.
Por lo tanto, cualquier persona responsable en este país tiene que hacer frente a dicha problemática, y los Gobiernos y los Estados deben apoyar todas las acciones relacionadas con la prevención.
Muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Como todavía restan algunos minutos, pregunto si el Coronel de Carabineros señor Francisco Otegui o el Subprefecto de Investigaciones señor Guillermo Navarro desean complementar o precisar algunos puntos.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente, ¿existe alguna posibilidad de agregar algo sobre el tema?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Por supuesto, pero antes tiene la palabra el señor Navarro.
El señor NAVARRO (Jefe de la Brigada Antinarcóticos de Región Metropolitana de Policía de Investigaciones).-
Señor Presidente, deseo leer una minuta muy sucinta que permitirá al Honorable Senado conocer la percepción que tiene la Policía de Investigaciones (PDI) respecto del tráfico de drogas en el país.
Es conocido por todos que el problema de las drogas en la región es un fenómeno geopolítico que afecta a todos los países por igual, donde la diferencia, quizá, se genera en las medidas que la autoridad impulsa para contener este flagelo y en cómo los organismos de control las ejecutan. Esto incluye una legislación apropiada, capacidad de los agentes del Estado en su aplicación y los recursos que se destinan tanto al control como a la prevención.
Interés de las autoridades en el tema
El interés de nuestras autoridades en el problema del narcotráfico me parece evidente, prueba de ello es esta sesión. Ello también se demuestra con el constante perfeccionamiento que ha tenido la ley Nº 20.000, en la que se han mejorado muchas de las técnicas de investigación, convirtiendo a dicha normativa en un referente para otros países de la región.
Como ejemplo, cabe señalar el hecho de que la ley referida ha recogido por completo todas las herramientas legales propuestas por Naciones Unidas.
¿Cómo los agentes del Estado ejecutan las medidas?
Otro aspecto tan importante como el anterior lo constituye el nivel profesional alcanzado por los detectives antinarcóticos, debido a los permanentes programas de capacitación que impulsa la Institución -algunos a través del sistema e-learning, que nos permite llegar a todos los funcionarios en los extremos del país-, y también a la reciente incorporación de elementos tecnológicos en todas las unidades antinarcóticos distribuidas a lo largo del territorio, lo que sin duda ha mejorado la eficacia y la eficiencia en el control de las organizaciones criminales dedicadas a este ilícito.
En ese sentido, resulta interesante señalar que se ha podido distribuir a las brigadas antinarcóticos del país, a partir de los proyectos adjudicados, equipos de escucha telefónica, fibras ópticas, densímetros y algunos elementos tan básicos como cámaras, que evidentemente les ayudarán a desempeñar sus tareas.
Legislación apropiada
Por otra parte, la tipificación del delito del microtráfico, por ejemplo, ha permitido dar una eficiente respuesta a uno de los problemas que genera mayor inseguridad en los sectores poblacionales. Me refiero a la distribución menor de drogas.
En lo que respecta a nuestra Institución, la estrategia antinarcóticos ha introducido el accionar de las unidades territoriales -son las unidades comunales que se enfocan en los delitos comunes- en el cumplimiento de ese objetivo, donde ha sido fundamental la reciente creación de la figura del agente revelador -artículo 25 de la ley N° 20.000-, técnica que empieza a ser utilizada de manera progresiva.
Otro ejemplo lo constituye también el nuevo sistema de control de identidad migratorio, que se consigna en los artículos 197 del Código Procesal Penal y 29 bis de la ley N° 20.000. Como se expuso en esta misma Sala hace algún tiempo, no era posible confirmar cuándo correos humanos trasportadores de drogas la ocultaban en su organismo. Pues bien, con la creación de dicha figura ha sido factible saber esto mediante equipos de rayos x, aplicados a numerosas personas que ingresan drogas ilícitas al país, especialmente en los pasos fronterizos.
Recursos
Como mencioné anteriormente, los recursos que se invierten en el control de drogas representan un elemento determinante.
Al respecto, puedo señalar que durante los últimos dos años el presupuesto de la Jefatura Nacional Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones ha crecido en niveles inéditos. Durante el año 2007, se ejecutaron proyectos de inversión por 3.075 millones de pesos, lo que permitió dotar a todas las unidades antinarcóticos del país de los elementos básicos de investigación criminal.
En lo que respecta a este año, nuevamente nos encontramos ejecutando un presupuesto de inversión de 1.590 millones de pesos.
Resultados
Teniendo presentes las operaciones antinarcóticos ampliamente difundidas por los medios de comunicación durante los últimos días, es sabido que muchas veces los miembros de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, luego de ser detenidos, siguen operando. En parte, esto sucede cuando en la investigación no se logra incautar la totalidad del dinero y de los bienes que les pertenecen.
Pues bien, la estrategia de las actuales investigaciones, sumada al hecho de que hoy se cuenta con capacidad técnica para mejorar la calidad de los elementos de prueba reunidos, ha permitido, junto con la detención de los imputados, la incautación de la totalidad de sus bienes y su capital, y, en forma paralela, la sustanciación de procesos por lavado de dinero.
Prevención de drogas
La prevención es un tema muy importante para nosotros. Si bien la mayor cantidad de los recursos que se asigna a la PDI se destinan a la investigación de los delitos relacionados con las drogas, la Jefatura Nacional Antinarcóticos también cumple objetivos de prevención.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Lamentablemente, estamos constreñidos por la hora, señor Navarro. Quedan 4 minutos para terminar la sesión.
En el tiempo restante del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Honorable señor Girardi. Y, al final, le daremos unos pocos minutos al Senador señor Ávila.
El señor GIRARDI.-
Agradezco al Comité Demócrata Cristiano por cederme este tiempo.
Señor Presidente, solo quiero plantear un punto de vista que va más allá de lo que se ha venido haciendo. A mi juicio, lo realizado tanto por el CONACE como por la Policía de Investigaciones es muy importante, pero insuficiente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de drogas, nos referimos a una epidemia global, mundial.
Y sabemos cuándo empezó. Fue en la década de los sesenta, cuando se produjeron las primeras muertes por sobredosis en Estados Unidos, lo que fue un indicador de epidemia dura. En Francia, los decesos por la misma causa aparecieron en los años setenta, y en Inglaterra, en 1976.
En mi opinión, el escenario chileno es bastante dramático, porque tenemos 20 años de retraso respecto de la instalación de esta epidemia en nuestro territorio. Por lo tanto, el problema se hará mucho más grave y profundo desde el punto de vista de la salud y de los factores que conducen a que muchas personas se conviertan en adictas.
Es cierto que la droga es un ampliador de conciencia. De hecho, es usada en distintas culturas tradicionales para ritos chamánicos, pero siempre en un contexto determinado. Entonces, solo para algunos puede ser un ampliador de conciencia. Para otros, la droga constituye un reemplazo de todos los satisfactores sociales, afectivos y humanos que no están funcionando en la sociedad.
Vivimos en la sociedad de la vida líquida, donde las personas han optado por ir construyendo satisfactores que van cambiando una y otra vez y reemplazando a los anteriores. Las relaciones humanas están adquiriendo valor desechable. Incluso, las personas temen construir vínculos más profundos y estables. Y esto lo vemos en todos los planos.
Chile tiene un contexto bastante peligroso. Somos uno de los países con más consumidores de benzodiacepina y, también, con los niveles más altos de angustia. Tales elementos se toman en cuenta para evaluar el grado de desarrollo y crecimiento de la epidemia de la droga.
No quiero iniciar una discusión tendiente a satanizar o no lo relativo a la marihuana, pero no se la puede liberalizar en una sociedad donde no se ha alcanzado el punto de equilibrio de prevalencia. El día en que eso ocurra, tendremos una prevalencia estable de 20 a 30 por ciento de la población consumidora de marihuana y parte importante de esta será adicta. Por eso, no tiene sentido liberalizar dicha sustancia hoy día.
Es distinto el caso de los países que ya están en el punto de equilibrio, los cuales, si no actúan en tal sentido, no pueden detectar a quienes necesitan apoyo.
Siento que el país no comprende que el problema que se avecina es mucho más duro y fuerte de lo que hemos vivido, que este fenómeno en Chile se está recién iniciando.
Lamentablemente, en nuestro país no hay prevención; la existente es solo simbólica, pues carece de aspectos potentes.
Por ejemplo, en cuanto a actividad física -uno de los elementos protectores contra la drogadicción entre los más pobres-, los chilenos apenas realizan una hora a la semana. ¡Y para qué hablar del contexto en que se mueven los jóvenes: sin plazas, sin infraestructuras!
No hay rehabilitación en Chile. Es un drama cada vez que, como parlamentarios, nos piden apoyo en esta área, porque no existe rehabilitación. La que se ofrece también es simbólica. Además, los instrumentos desarrollados en esta materia son muy débiles. Por tanto, necesitamos una institucionalidad mucho más potente para luchar contra este flagelo y su ámbito ligado al delito. Se requiere una DEA chilena para combatir la droga.
A mi juicio -y aquí voy a tomar las palabras del Senador señor Orpis-, ante esta situación urge un debate profundo, tal vez uno de los más importantes como sociedad. De lo contrario, a pesar de todos los esfuerzos realizados, que son bien intencionados, estaremos llegando tarde a una solución. El problema que se viene por delante será mucho más profundo, macizo y complejo que el que hemos vivido. Frente a él, lo que estamos haciendo equivaldrá a usar pistolas de agua.
Por lo tanto, preparémonos para ello. Yo creo que la sociedad se halla en condiciones de actuar y debe hacerlo. No solo está lista, sino que tiene la obligación de enfrentar este profundo y dramático problema, que es una verdadera epidemia mundial.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Aunque ha llegado la hora de término de la sesión, le daremos la palabra, por breves minutos, al Senador señor Ávila, quien la había solicitado.
El señor ÁVILA.-
Gracias, señor Presidente.
A mi juicio, la única conclusión que todos podemos compartir, sin ningún tipo de cuestionamiento, es que estamos frente a un tema de gran complejidad. Pero la manera de abordarlo experimenta graves fracasos y puede implicar consecuencias impredecibles.
El prohibicionismo en todo el mundo ha fracasado estrepitosamente. No hay un solo país que exhiba resultados positivos en este aspecto.
El Honorable señor Orpis mencionó que determinados países vienen de vuelta respecto de medidas aparentemente liberizadoras que habían aplicado. Pero yo le recuerdo que en Chile, durante las décadas de los cincuenta y de los sesenta, hubo una oferta de marihuana que sobrepasaba largamente la demanda y, en relación con esta sustancia, no hubo problemas de narcotráfico de ninguna índole, por la sencilla razón de que es la prohibición la que genera esa lacra. De lo contrario, no estaríamos enfrentando las gravísimas consecuencias que tal fenómeno produce y materializa en todas partes.
En los hechos, señor Presidente, las drogas se han convertido en el lubricante psicosocial de una sociedad individualista que segrega, que reprime y que, en definitiva, somete a una tensión permanente a todos los sectores, en especial a los más vulnerables. ¿Cuántas empresas someten a sus trabajadores a presiones que son insoportables para cualquier ser humano normal? Y ellos, para sobrevivir en un medio donde la competitividad resulta enfermiza, deben apelar a sustancias como las que ofrece el mercado.
En fin, es bueno que se realice un debate sobre estas materias, para que se resuelva llevar a cabo un encuentro donde también participen quienes tienen puntos de vista distintos, discrepantes del que prevalece hoy en nuestra sociedad.
--(Aplausos en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 13:5.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción