REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 356ª
Sesión 39ª, en miércoles 30 de julio de 2008
Especial
(De 15:40 a 17:33)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ADOLFO ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE,
Y BALDO PROKURICA PROKURICA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, los Ministros de Justicia, señor Carlos Maldonado Curtis, y Presidente de la Comisión Nacional de Energía, señor Marcelo Tokman Ramos.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 15:40, en presencia de 33 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
La siguiente es la comunicación recibida:
Informe
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en la propuesta contenida en el oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República mediante el cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política, solicita el acuerdo del Senado para nombrar Ministro de la Excelentísima Corte Suprema a don Alfredo Pfeiffer Richter (boletín Nº S 1.090-05)
--Queda para la tabla de esta sesión.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminada la Cuenta.
DESIGNACIÓN DE SEÑOR ALFREDO PFEIFFER RICHTER COMO MINISTRO DE CORTE SUPREMA
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Esta sesión especial tiene como propósito ocuparse en el oficio mediante el cual Su Excelencia la Presidenta de la República solicita el acuerdo del Senado para designar Ministro de la Excelentísima Corte Suprema al señor Alfredo Pfeiffer Richter, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 1090-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 38ª, en 29 de julio de 2008.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 39ª, en 30 de julio de 2008.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
La señora Presidenta de la República comunica en su oficio que se encuentra vacante un cargo de Ministro del Máximo Tribunal por cese de funciones del señor Enrique Tapia Witting, y propone para llenarlo al Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago don Alfredo Pfeiffer Richter.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recibió en audiencia al Ministro señor Pfeiffer, quien se refirió a su trayectoria en el Poder Judicial, a diversas materias relacionadas con la judicatura y a su labor como magistrado.
A continuación, la Comisión analizó los antecedentes relativos a la designación propuesta y, por la unanimidad de sus miembros (Senadores señora Alvear y señores Espina, Gómez, Larraín y Muñoz Aburto), informa a la Sala que en ella se ha dado cumplimiento a los requisitos, formalidades y procedimientos previstos por el ordenamiento jurídico.
El Senado, para dar su acuerdo, requiere el pronunciamiento favorable de dos tercios de sus miembros en ejercicio; en esta sesión, 25 votos.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para informar respecto de la solicitud del Ejecutivo.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, seré muy breve.
La Comisión de Constitución recibió esta mañana al Ministro señor Pfeiffer, en el marco de la propuesta formulada por la Presidenta de la República. En la sesión pertinente, el postulante hizo mención de su trayectoria como funcionario judicial desde el año 1970, como Secretario del Juzgado de Letras de Río Bueno, hasta la fecha, en que se desempeña como Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Concurrieron a la Comisión, aparte de sus miembros, los Honorables señores Naranjo y Letelier, quienes le hicieron al señor Pfeiffer una serie de preguntas, las cuales se consignan, junto con las respuestas respectivas, en el informe que cada uno de los señores Senadores tiene en sus escritorios.
Finalmente, debo señalar que se cumplieron los requisitos formales exigidos para la nominación que la Presidenta de la República planteó al Senado, tanto por la comparecencia del señor Pfeiffer como por los antecedentes de rigor que se acompañan a la solicitud.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En discusión.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Deseo fundamentar mi voto, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si le pareciera a la Sala, pondríamos en votación la solicitud presidencial.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente, se ha propuesto para integrar la Corte Suprema al Ministro Pfeiffer, un magistrado, sin lugar a dudas, con una trayectoria y con convicciones particulares; que tiene, al parecer, simpatías por el régimen nazi; que abriga dudas, manifestadas de manera pública, sobre la amplitud del Holocausto; que ha declarado que entre los jueces que más admira se encuentran los señores José María Eyzaguirre e Israel Bórquez, Ministros de la Corte Suprema que reconocidamente denegaron la justicia cuando era especialmente necesaria en nuestro país.
Digo esto, señor Presidente, en aras de la transparencia. Porque, no obstante ello, voy a votar a favor.
Voy a votar favorablemente en el convencimiento de que la Corte Suprema se ha venido renovando en forma positiva. Y para ello ha sido preciso establecer un conjunto de compromisos, de los cuales es parte la designación del Ministro Pfeiffer.
Esa es la verdad.
Yo, junto con votar favorablemente, quiero pedir al Ministro Pfeiffer que, si es designado Ministro de la Corte Suprema, deje de lado sus prejuicios y actúe como un juez justo.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Hago presente a Sus Señorías que se puede fundamentar el voto. Solo deben solicitarlo.
Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.
El señor CANTERO.-
¿En qué condición¿?
El señor PIZARRO.-
Voy a hablar desde mi condición de Senador no sé si "congelado" o "suspendido", de acuerdo con las malas versiones del diario "La Tercera", una vez más. Pero, en fin, ese no es el tema que me llevó a solicitar la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
¡Solo usted tiene ese problema, señor Senador¿!
El señor PIZARRO.-
No solo yo, señor Presidente. ¡No soy el primero ni seré el último!
Entrando en materia, quiero dejar constancia de que voy a inhabilitarme de votar en esta oportunidad. Ello, por una razón absolutamente personal: el señor Pfeiffer fue Ministro en una causa donde yo y otros miembros de mi familia éramos parte. Y, aparte comprobar en esa ocasión el funcionamiento de la justicia, no tengo ningún reparo, ni a resoluciones que él dictó ni al fallo que emitió.
Tal como plantea el artículo 8º del Reglamento, no corresponde que yo vote, por hallarme, con parte de mi familia, directa o indirectamente involucrado.
Por tanto, manifiesto mi inhabilidad.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Se tomará nota, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Frei.
El señor FREI (don Eduardo).-
Señor Presidente, de acuerdo con los artículos 53 y 78 de la Constitución, le corresponde al Senado, como atribución exclusiva, aprobar la designación de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia.
Recalco que la Carta Fundamental establece establece expresamente que esta es una atribución exclusiva del Senado. En consecuencia, lo que corresponde es que cada Senador analice en forma seria y detallada los antecedentes de las personas propuestas para esta altísima magistratura y, en definitiva, vote si aprueba o rechaza la proposición de nombramiento.
En una materia como esta, el deber de cada Senador es irrenunciable y constituye, a mi juicio, un imperativo ético.
Entre otras cosas importantes, para eso está el Senado. Nadie ni nada puede sustituirlo.
Por tal razón, no se pueden imponer pactos políticos ni acuerdos, por muy bien inspirados que estén.
El país exige transparencia y que las instituciones decidan en función del bien común, de los intereses superiores de la nación. Y, en este caso, se pide formar una convicción personal en cada Senador sobre las condiciones de los nominados para integrar el Máximo Tribunal de Chile.
Por ello, voy a votar según lo que me dicte mi conciencia y de acuerdo con los antecedentes objetivos que he analizado.
No acepto imposiciones ni cuoteos ni reciprocidades ni acuerdos políticos que desvirtúen lo que dice la Constitución, esto es, que en cada caso se trata de ejercer una atribución exclusiva del Senado.
La propuesta de nombramiento del Ministro Pfeiffer como integrante de la Corte Suprema la he ponderado y meditado con tranquilidad y, según la convicción de mi conciencia, anuncio mi decisión de votar en contra de esta proposición.
Explicaré por qué me pronuncio en tal sentido.
Existe un principio elemental en el Derecho: el principio de imparcialidad de los jueces. Es un hecho objetivo que el Ministro propuesto se inhabilitó por resolución judicial en una causa de gran trascendencia pública, por carecer de la imparcialidad suficiente para seguir conociendo del proceso, debido a sus antipatías de orden político.
Más allá de reconocer la sinceridad del gesto específico en dicha causa, hasta ahora ningún candidato a la Corte Suprema había manifestado que sentía animadversión personal por motivos políticos hacia algún sector, lo que es un antecedente muy importante.
Yo creo que los Ministros del Máximo Tribunal deben ser totalmente imparciales y no tener antipatías políticas de ninguna especie.
Por eso, rechazo el nombramiento del Ministro Pfeiffer como integrante de la Corte Suprema.
También fundo mi oposición en la circunstancia de que, habiendo hecho, durante mi Gobierno, en conjunto con todas las fuerzas políticas, un esfuerzo significativo por la reforma judicial y por consolidar la imparcialidad en los tribunales superiores de justicia, me parece que esta nominación es una acción contraria a esas importantes iniciativas.
Tuve el privilegio, entre otra medidas, de contribuir a la creación del Ministerio Público a nivel constitucional, de impulsar la reforma procesal penal y de asegurar la reforma de la Corte Suprema, iniciativas que están entre los cambios más significativos que se han hecho en la historia republicana respecto de la justicia en nuestro país.
En ese contexto, se aprobaron dos importantes leyes de reforma constitucional: la Nº 19.519, de 16 de septiembre de 1997, y la Nº 19.541, de 22 de diciembre de 1997.
Fue con esas normativas precisamente que se reconoció la atribución exclusiva del Senado de participar en el acuerdo necesario para la nominación de los Ministros de la Corte Suprema y en la creación del Ministerio Público, entre otras materias.
La ley Nº 19.541 introdujo importantes reformas constitucionales para asegurar la imparcialidad en los tribunales superiores de justicia y, entre otros asuntos, dejó atrás el sistema que existió en el pasado en nuestro país, mediante el cual se designaba a los ministros y fiscales superiores gracias a un mecanismo denominado por algunos especialistas como "autogeneración judicial", porque solo se contaba con la intervención del Máximo Tribunal y del Presidente de la República.
Reafirmar el sentido de la reforma constitucional de 1997, que supone remarcar la atribución exclusiva del Senado en la nominación de los Ministros de la Corte Suprema, constituye otra razón para rechazar el nombramiento del Ministro Pfeiffer, ya que su actuar como juez no da garantías de la imparcialidad judicial que se ha tratado de asegurar con las iniciativas de reforma que he mencionado.
Finalmente, el Ministro Pfeiffer ha aplicado de manera amplia y reiterada la Ley de Amnistía en los casos de desaparición de personas, fallos que han sido revocados con posterioridad por la Corte Suprema, precisamente porque contradicen la reiterada jurisprudencia de esa Corte sobre la no aplicación de dicha ley en los casos de secuestro permanente.
Y aunque sobre esas materias es admisible la controversia jurídica, la verdad es que hemos podido constatar cada día con más fuerza cómo la jurisprudencia del Máximo Tribunal ha permitido hacer justicia y conocer parte importante de la verdad en los dolorosos casos de violaciones a los derechos humanos en Chile.
El Ministro Pfeiffer no comparte la posición de la Corte Suprema en el tema de la aplicación de la Ley de Amnistía. Y, por eso, su incorporación al Máximo Tribunal me parece inconveniente para el país, porque se arriesga la impunidad de delitos, respecto de los cuales recién después de 30 años estamos conociendo la verdad y haciendo justicia.
Los jueces chilenos tienen que ser personas que realicen todos los esfuerzos a su alcance por hacer justicia y por conocer la verdad. Y no me parece que sean buenos magistrados quienes, en el cumplimiento de sus deberes, busquen la salida fácil mediante la aplicación irreflexiva y mimética de una Ley de Amnistía que la propia Corte Suprema ha cuestionado por su injusticia.
Por todos estos antecedentes, voto en contra de la propuesta del nombramiento del Ministro Pfeiffer como integrante del Máximo Tribunal.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, quiero dar a conocer mi decisión sobre la solicitud de la Presidenta de la República. En ese sentido, debo reiterar que tal propuesta no constituye una imposición para el Senado.
Tengo claro que la nominación sugerida forma parte de una negociación con la Derecha, que esta, curiosamente, ha querido desconocer. Pero el señor Ministro de Justicia es testigo -y puede ratificarlo en esta Sala- de que la proposición del señor Pfeiffer fue fruto de una negociación política relacionada con el anterior nombramiento a Ministro de la Corte Suprema, que recayó en el señor Haroldo Brito.
Quiero dejar en claro que, no obstante entender que existió una negociación política con la Derecha para nominar ayer al señor Haroldo Brito y hoy al señor Pfeiffer, ella no me priva de mi facultad de entregar mi opinión en conciencia.
En ese sentido, mi decisión no tiene nada que ver con cuestiones personales con el señor Pfeiffer y tampoco con asuntos de naturaleza política o partidista, como se ha señalado por ahí, en cuanto a que el Partido Socialista desearía pasarle la cuenta al mencionado Ministro. Muy por el contrario, el único espíritu que me guía en este pronunciamiento es la labor que este postulante ha desarrollado a lo largo de su ejercicio profesional en materia de justicia. Por consiguiente, descarto cualquier consideración de índole política.
Cabe tener presente que, para aprobar una nominación de esta naturaleza, no basta solo con los años de servicio, con la calidad profesional o con cómo se ha comportado aquel dentro del tribunal. Esas son formalidades.
Lo que nos interesa como Senadores -porque la que nos ocupa es una decisión tremendamente delicada- es la doctrina jurídica que el candidato tiene frente a determinados valores y principios, particularmente, en materia de derechos humanos.
En el caso específico del señor Pfeiffer, resulta muy evidente que su procedimiento siempre ha estado teñido por normas de carácter ideológico o por visiones sesgadas de la realidad de nuestro país.
En el fondo, debemos tener claro que estamos en presencia de un postulante que, a lo largo de distintas resoluciones judiciales, permanentemente ha establecido una doctrina de aplicación del Decreto Ley de Amnistía, es decir, tendiente a consagrar la impunidad en Chile. Con ello, incluso fue más lejos que la propia jurisprudencia fijada por la Corte Suprema, cual es que primero hay que saber la verdad y después aplicar la normativa sobre amnistía.
Muy por el contrario, este señor, según se aprecia en sus decisiones, ¡nunca quiso descubrir la verdad y de inmediato aplicaba dicho decreto!
Lo curioso, señor Presidente, es que todas sus resoluciones judiciales fueron revocadas con posterioridad por el Máximo Tribunal. Aun más, ¡todas las personas acusadas en los casos en que ese Ministro aplicó el Decreto Ley de Amnistía hoy están condenadas o procesadas! Es decir, felizmente, ha imperado la justicia en Chile.
En ese contexto, yo no puedo compartir la nominación del señor Pfeiffer, porque contraría la doctrina que debe regir en la Corte Suprema de nuestro país.
Uno tiene el legítimo derecho de preguntarse: con jueces como esos, ¿dónde queda el sagrado derecho a la justicia? ¿Cómo se aplica un criterio justo con magistrados que tienen una visión parcial e incluso políticamente sesgada? Porque uno también podría preguntarse dónde queda la doctrina jurídica internacional en materia de derechos humanos, que permanentemente la propia Corte Suprema ha establecido como criterio para abordar esta clase de causas.
Es decir, tenemos la presencia de un juez y un candidato cuestionable desde cualquier punto de vista.
Aquí ya se hizo mención a su condición de defensor del régimen nazi y al hecho de desconocer el Holocausto. ¡Imagínense, señores Senadores, a qué tipo de personas estamos llevando a la Corte Suprema!
Por lo tanto, voy a rechazar esta nominación.
Pero, con la misma fuerza, quiero agradecer y valorar a los Senadores de la Concertación y de mi Partido, que han comprendido la posición que tengo respecto de este tema. Porque también entiendo la situación en que hoy día se encuentran, de ratificar este acuerdo o negociación política con la Derecha. Sé que los Senadores de la Concertación que hoy darán tal vez el voto a favor del señor Pfeiffer no comparten en absoluto su doctrina en materia de derechos humanos; ninguno de ellos es partidario de aplicar el decreto ley de amnistía en nuestro país. Sin embargo, votarán afirmativamente porque ese ha sido el precio -y es bueno que lo tengamos claro- que hemos debido pagar para que determinados magistrados, con una visión más amplia del Derecho y de la doctrina jurídica, puedan integrar la Corte Suprema.
Es bueno que el país sepa que este es el precio que se ve obligada a pagar la democracia, nombrando a este tipo de Ministros, para tener de esa forma una Corte Suprema mucho más diversa y viable.
Voto en contra, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, en realidad me sorprenden algunos comentarios que justifican el rechazo a la propuesta de la Presidenta y de la Corte Suprema para designar al magistrado señor Pfeiffer como integrante del Tribunal Supremo.
Cuando uno lee su historia judicial y se impone de su currículo, puede apreciar que estamos frente a un juez hecho y derecho. Un hombre que ingresó hace 38 años al Poder Judicial, en abril de 1970; que se ha desempeñado en tribunales de todo el territorio nacional en los más distintos cargos y que, como tal, tiene una trayectoria absolutamente notable. Fue distinguido como el mejor juez del año en 1978; ha ejercido cargos de docencia; ha escrito textos de Derecho Procesal. Es decir, tiene una hoja de vida impecable.
Algunos dicen que esto es un requisito formal.
Señor Presidente, qué mejor cosa puede decirse de un juez que su historia lo acompaña para testimoniar el hecho de que por 38 años -es decir, una vida entera- se ha desempeñado profesionalmente de manera notable y destacada.
¿Qué otra explicación tiene la Corte Suprema para haberlo incorporado desde el 2001 en adelante prácticamente en todas las quinas que ha elaborado dentro del actual sistema para proponer a sus Ministros?
Cuando no ha figurado en el primer lugar ha estado siempre entre los primeros de la lista.
¿Alguien puede decir que el Máximo Tribunal considera, por lo tanto, que alguno de los juicios emitidos en contra del Ministro señor Pfeiffer aquí en la Sala tiene algún asidero? ¿Han obstaculizado su labor judicial?
Se señaló que la Corte Suprema ha enmendado algunas de sus resoluciones. Pero ella misma lo ha propuesto una y otra vez. ¿Y por qué? Porque lo considera un buen juez.
Nuestra labor es esa: nombrar adecuados jueces; asegurar que haya buenos jueces, y que representen una verdadera diversidad.
Y aquí está el fondo del problema. Algunos señores Senadores estiman que la integración de Ministros de la Corte Suprema pareciera que debe hacerse solo con quienes piensan igual que ellos. Y si no es así, son execrados.
Al respecto, quiero decir que he votado por personas con distintas visiones jurídicas de la que yo tengo; que tienen distintas visiones políticas o ideológicas de la que yo poseo; que tienen distintas visiones filosóficas de la mía. Y, sin embargo, lo volvería a hacer. Porque nuestra misión no es la de poner en la Corte Suprema a los amigos ideológicos, doctrinarios o filosóficos que uno tiene en la vida, sino a los que realmente pueden ser los mejores exponentes de la jurisprudencia chilena.
Y un hombre que tiene esta trayectoria, estas calificaciones, estos antecedentes no puede ser objetado eternamente, como se ha hecho hasta ahora. Ha sido vetado por ciertos fallos en materias específicas.
¿Acaso debemos nombrar, entonces, solo a los jueces que piensan de una sola manera en la jurisprudencia? Creo que con eso terminaríamos realmente con la posibilidad de tener una Corte Suprema que vaya evolucionando en su doctrina.
Señor Presidente, esto no es solo un fenómeno nacional. En todas partes del mundo la Corte Suprema, la instancia superior del Poder Judicial, tiene en sí misma diversidades, y la doctrina que elabora va cambiando según las realidades y los tiempos.
Pero eso puede hacerse solo si no es una unidad monolítica.
En la Unión Soviética, en el régimen nazi, claro, probablemente la Corte Suprema tenía una visión monolítica. Pero no en un Estado de Derecho democrático como el nuestro, al que nosotros aspiramos perfeccionar cada día.
Recién hoy he conocido al Ministro señor Pfeiffer. No había estado nunca con él. Me pareció un juez honesto. En la Comisión se le consultó sobre muchos temas específicos. Por primera vez observé que se preguntaban materias concretas. Y las contestó -yo diría- casi con ingenuidad, con mucha sinceridad. No estuve de acuerdo en todas sus respuestas ni concordé con la forma como enfocaba ciertos temas. Pero no es esa la cuestión fundamental. Porque no estamos buscando clones personales, sino buenos jueces. Es una visión de Estado.
Yo reclamo porque aquellos que no están de acuerdo en determinada posición y objetan su nombramiento no tienen una visión de Estado, como corresponde para este tipo de materias.
A lo largo de los años, uno tiene que velar -y esa es la responsabilidad del Senado- por una Corte Suprema que refleje una visión de Estado, en donde quepan todos y no solo algunos, como lo han planteado ciertos señores Senadores al fundar su posición.
Por estas razones, y más allá de cualquier otra consideración, voto que sí.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente, todas las agrupaciones de derechos humanos, sin excepción, rechazan este nombramiento.
Yo no me siento en condiciones de agraviarlas a ellas ni a las víctimas que representan.
En el caso "Jecar Nehgme Cristi", el Ministro Pfeiffer tuvo 11 años sin encausar a nadie; y trató de cerrarlo cuatro veces, hasta que los familiares lograron que se cambiara a tal juez. Hoy los criminales están condenados.
Estuvo por amnistiar los procesos "Calle Conferencia" y "Operación Cóndor".
En enero del 2006 votó por la amnistía y prescripción en el caso de secuestro y desaparición de Jacqueline Ninfa. En la actualidad, ella sigue siendo una detenida desaparecida.
Creo que la amplitud de los acuerdos llega hasta cierto límite.
Si me proponen, en este juego binominalista de uno y uno según el bloque, a un Ministro de Derecha a cambio de un librepensador, ningún problema. Pero no a un pronazi. ¡Porque eso es demasiado!
Esto es lo mismo que si nominasen a Manuel Contreras para el Premio Nobel de la Paz. ¡No estoy dispuesto para ello!
Voto en contra.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, quiero señalar, en primer término, que en esta Corporación hay algo que debemos corregir. Porque no resulta admisible que se impute a un Ministro que postula a integrar la Corte Suprema el ser partidario del Holocausto; ser nazi. Menos todavía, después de haberlo invitado a una sesión de la Comisión especializada -a la cual pueden concurrir todos los señores Senadores-, donde diversos colegas, como el Honorable señor Naranjo, le formularon consultas sobre distintas materias: Ley de Amnistía, pena de muerte, aborto, Derecho Internacional, tuición de los hijos, matrimonios gay, etcétera, etcétera. Sin embargo, nunca le solicitaron entregar su opinión acerca del régimen nazi ni del Holocausto.
Por eso, hacerle en la Sala, donde él no se halla presente, una imputación de tal gravedad me parece -lo digo francamente, aunque con el mayor respeto- deshonesto.
Y lo considero deshonesto porque, si deseamos emitir un juicio de valor respecto de una persona o nos merece duda su comportamiento y tenemos la oportunidad de plantearle las consultas pertinentes, entonces, digámoselo en su cara. Pero no le atribuyamos la comisión de hechos tan graves sin haberle dado el mínimo derecho a defenderse.
Eso constituye una suerte de fusilamiento público que no es propio de un régimen democrático ni menos de la tradición en que se ha basado el funcionamiento del Senado.
En segundo lugar, se critica la práctica de acuerdos. ¡Si el sistema obliga a buscarlos¿! Y está bien que así sea.
Para reunir dos tercios de los votos de los Senadores en ejercicio es imprescindible que se junten los representantes de los diferentes sectores, hablen con el Ministro de Justicia (en representación de la Presidenta de la República) y busquen los nombres que logran mayor consenso.
Es efectivo que en tal análisis se ha ido procurando que converjan distintas visiones del Derecho.
Señor Presidente, yo -equivocado o no- he sido un duro crítico de jueces garantistas que dejan libres a delincuentes peligrosos, pues una vez en la calle reinciden en sus tropelías. Mas, también soy el primero -como seguramente muchos de Sus Señorías- en pronunciarme a favor de nombrar a alguno de ellos como miembro de la Corte Suprema si estimo que cumple las condiciones de idoneidad para desempeñar el cargo y, además, por representar un enfoque imprescindible del Derecho que ha de estar presente en el Máximo Tribunal.
El Ministro señor Pfeiffer entregó en la Comisión su interpretación jurídica respecto de las materias mencionadas, con una salvedad, que aquí se ha omitido: él dio a conocer que él resuelve caso a caso y que en cada uno ve si corresponde aplicar una norma u otra.
Si llegáramos a la conformación de una Corte Suprema absolutamente homogénea, que representara las sensibilidades puras de nuestras visiones políticas, significaría que ese día ella ha perdido su diversidad.
En tercer término, deseo recordar que aquí desarrollamos antes un debate similar: si un Ministro del Máximo Tribunal era católico o masón, conservador o liberal.
¡Ojalá formaran parte de dicha instancia todas las diversidades de nuestra sociedad y finalmente contásemos con fallos que las representaran! Ello sucederá en la medida en que se cumpla un solo requisito: que el juez adopte sus decisiones en forma libre, independiente, conforme a sus propias convicciones y respetando la ley.
Señor Presidente, es efectivo que se llegó a un acuerdo para la nominación de un Ministro de la Corte Suprema. Así ha acontecido siempre. Pero, como he señalado en cada oportunidad, no es verdad que ese consenso parta de la base de que el candidato haya de ser de una tendencia política u otra.
El acuerdo implica que conversamos el asunto con el Gobierno -tal como procedimos respecto del nombramiento del señor Brito, quien me merece la mejor de las opiniones, pese a que muchas veces discrepo de sus sentencias- y aquel se generó respecto de un magistrado que ha sido incluido en más de 25 quinas de la Corte Suprema (en las últimas 7, en primer lugar), elaboradas por los Ministros cuyo nombramiento hemos aprobado con anterioridad.
Entonces, considero de toda justicia que nosotros mismos fomentemos esa variedad de conceptos jurídicos que se dan dentro de los tribunales.
Señor Presidente, se ha dicho que el Ministro señor Pfeiffer -aclaro que lo he visto dos veces en mi vida: una vez aquí y otra hace alrededor de 15 años, en un debate sobre la reforma procesal penal- no reuniría las condiciones exigidas porque en un juicio se declaró inhabilitado por abrigar cierta animosidad hacia una de las partes.
¡Si ese es el acto más honesto que puede realizar un juez¿!
Cuando un magistrado, en una causa determinada, por A, B o C razón siente que no va a poder resolver con imparcialidad y en conciencia, lo honrado y valiente es manifestarlo. Lo cómodo es callarlo. Él lo dijo. Y se apartó de un proceso en el cual podría haber tenido -legítimamente- animadversión respecto de alguna de las partes.
¡Cómo va a ser negativo que un juez declare que no está dispuesto a resolver una causa porque perdió la imparcialidad necesaria!
Señor Presidente, voy a votar a favor del nombramiento por lo siguiente:
Uno, porque llegué a un acuerdo con el Gobierno y con la Presidenta de la República, representada por el Ministro de Justicia.
Dos, porque ese acuerdo no constituye un cuoteo de uno y otro lado, sino que indica: "busquemos diversidad y buenos jueces". Y en todos estos años ninguno de los candidatos -cualquiera que fuera su tendencia desde el punto de vista de la interpretación del Derecho- cuya designación aprobamos ha demostrado no ser un buen Ministro.
Por lo tanto, el juez señor Pfeiffer reúne los requisitos de capacidad, independencia y compromiso de seguir con el proceso de modernización del Poder Judicial. Él es parte de un convenio con el Gobierno en cuanto a ir otorgando diversidad a la Corte Suprema.
Espero que la política de entendimientos prevalezca en materias tan trascendentes como el nombramiento de los miembros del Máximo Tribunal. Por los motivos indicados, señor Presidente, me pronuncio afirmativamente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente, voy a votar a favor de la designación única y exclusivamente por el acuerdo político cuya existencia se ha reconocido en la Sala con relación al nombramiento del Ministro señor Haroldo Brito, y a la propuesta actual.
Lo señalo, porque obviamente no puedo concordar con los criterios expresados en una entrevista que en 1994 le hizo Raquel Correa, de El Mercurio, al Ministro Pfeiffer, donde este manifestaba que había que relativizar el Holocausto; que a su juicio correspondía aplicar la Ley de Amnistía, y todo lo demás que se ha expresado acá.
No obstante, reconozco que este tipo de nombramiento requiere de una realidad política, la cual exige consensuarlo por requerirse el voto conforme de dos tercios de los Senadores en ejercicio para su aprobación.
Como no podemos paralizar esa modalidad de designación -repito-, voto favorablemente única y exclusivamente en función de ello.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, conocí a Jecar Neghme. Fui dirigente estudiantil junto con él. La particularidad de su asesinato es que se produjo después de haber dado pasos fundamentales para recuperar la democracia.
En verdad, ese crimen impune, infame, horroroso de un joven dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria marcó a mi generación: la del ochenta, y a todos los luchadores por los derechos humanos.
El Ministro Pfeiffer intentó cerrar el caso. Y el haber encontrado a un juez perseverante que pudo llevar adelante la investigación me parece una muestra significativa de que los magistrados no solo tienen que ajustarse a la ley y al debido proceso, sino que han de buscar la verdad y particularmente la justicia.
Eso es lo que espera la ciudadanía de los tribunales, no que un magistrado solo aplique la ley, sea ordenado, llegue temprano a su trabajo y sea un buen hombre. Lo que la gente pide es que sea un juez, es decir, que actúe con dignidad frente a la verdad y la justicia. Y en este caso particular, como expresaron el Honorable señor Naranjo y otros señores Senadores, ello no ha ocurrido.
Por lo tanto, señor Presidente, claramente estimo que el sistema de elección de los Ministros del Máximo Tribunal y de acuerdos políticos debe ser revisado.
Sé que el asunto es incómodo, complejo, dado que los Senadores debemos transformarnos en jueces al decidir muchas veces acerca de la honra, el destino o el profesionalismo de algunos ciudadanos, entre ellos, por cierto, de estos magistrados. Y ello, sin lo que podríamos llamar "el debido proceso", porque se trata de un debate político, no de un juicio. Es un debate político sobre doctrinas.
En el caso particular de la doctrina sobre la Ley de Amnistía, la Corte Interamericana de Justicia ha declarado que efectivamente es una normativa inconstitucional, que no se ajusta al Derecho Internacional. Y si un juez estima que ella se encuentra vigente y es aplicable, lo menos que uno puede pedir es que se adecue al Derecho Internacional, a las normas que Chile se ha comprometido respetar. Y como eso tampoco se ha hecho, creo que la Corte Suprema debe estar integrada por hombres rectos, que den garantías a todos -no solo a un sector-, y que busquen la justicia.
En esta circunstancia, aquello no se cumple y, por eso, voto en contra.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR.-
Señor Presidente, el asunto sobre el cual debemos decidir o pronunciarnos no es menor.
Francamente, estoy convencido, como el que más, de que para que haya un Estado de Derecho en un país debe existir un Poder Judicial independiente, así como también han de serlo quienes llegan o acceden a formar parte de la Corte Suprema de Justicia. Es a ese Alto Tribunal al que le corresponde ejercer las facultades conservadoras, que son, en definitiva, las que cautelan la libertad personal en última instancia. Y esas atribuciones son, en un momento de crisis, las que pueden no solo resolver una instancia jurídica, sino acerca de la vida misma de las personas.
Por eso, en nuestro país, con ocasión del golpe de Estado de 1973, quienes integraban la Corte Suprema tuvieron la posibilidad, ante la inexistencia de un Congreso que cautelara las libertades públicas, de haber velado por la libertad personal. Sin embargo, los miembros de ese Máximo Tribunal se subordinaron al poder político de entonces. Y quienes llegamos ante él para alegar por la libertad de los que se hallaban detenidos, a quienes se les conculcaban sus libertades y eran atropellados en toda la dimensión que uno pueda imaginar, no encontramos respuestas.
¡Cuánto se hubiera evitado en nuestro país si aquellos jueces, en esos años, hubiesen estado a la altura de ejercer con libertad y en plenitud la justicia!
Y eso no se hizo. No se pudo hacer, porque el poder político de entonces subordinó todo a una lógica, que espero que nunca más tenga vigencia en nuestra patria. Por eso, hay que velar por que existan jueces independientes, nos gusten o no.
A mi juicio, un gobernante, quien ejerce el Poder Ejecutivo, debería aspirar a que lo controlen. Por eso y para eso está el Congreso. Pero también están, por cierto, el Poder Judicial y la Corte Suprema de Justicia. Porque, en definitiva, más allá de un régimen político, si tenemos un Estado de Derecho sano, donde las personas y sus libertades se hallan plenamente cauteladas, el resto va a venir por añadidura.
Por tal motivo, más allá de cualquier cosa, a mí no me llegan los acuerdos políticos. No me parece un buen sistema. En mi opinión, constituyen un camino equivocado. Muchas veces he votado contra acuerdos políticos, porque uno tiene que pronunciarse en conciencia. Y al elegir los miembros de la Corte Suprema debemos honrar esa forma de votar.
Es mucho mejor que el día de mañana haya jueces con una visión distinta -y es necesario que así sea- antes que contar con un tribunal obsecuente. Porque la justicia no se interpreta políticamente. Y nadie puede sostener en esta Sala o en ninguna parte que la justicia pasa por una visión política de coyuntura. Al contrario.
Señor Presidente, aquí corresponde que nos pronunciemos sobre si queremos o no tener una Corte Suprema de Justicia independiente, integrada con diversidad. Eso es lo que debemos hacer.
¡De cuándo acá en Chile todos vamos a tener que pensar lo mismo sobre las cosas! ¡Y en materias tan relativas, donde es realmente absurdo llevar a posiciones absolutistas!
¡Gracias a Dios el mundo ha evolucionado en ese aspecto!
Y nuestra propia Corte Suprema debe irse abriendo para interpretar la ley, conforme, incluso, a las circunstancias que son cambiantes. No tiene por qué constreñirse a una decisión absolutamente fija, estable, de las cosas. Porque no es así.
Por eso, señor Presidente, porque creo que es buena y necesaria la diversidad, el acuerdo debió haberse fundado en ella y no en una cuestión política.
En consecuencia, voy a votar a favor del nombramiento, más allá de cualquiera otra consideración, por lo que se ha vivido en Chile. Pero, sobre todo, por un anhelo superior de administración de justicia, incluso, corriendo el riesgo de que mañana ese juez u otro no estén de acuerdo con mi parecer, porque ese no es el problema. El problema es que la sociedad tenga una administración de justicia que garantice claramente no solo la diversidad, sino también la libertad para poder dirimir en cualquier materia que sea llevada a su competencia.
Por eso, voto a favor del nombramiento.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, voy a votar que no. No voy a apoyar el nombramiento del señor Pfeiffer.
No pensaba hablar. Sin embargo, en el debate se han planteado algunas observaciones y lineamientos para rebatir a quienes estamos en contra de su designación, lo cual no me parece que pueda dejarse pasar, a lo menos, en mi concepto.
En primer lugar, los acuerdos hay que cumplirlos.
Yo comparto esa tesis, salvo en aquellos momentos en que uno cree que sobrepasan nuestra obligación de conciencia, donde uno puede estar equivocado o no. Pero, en definitiva, es eso lo que nos mueve al tratarse de nombramientos de personas que van a ejercer una función tan extremadamente delicada como es la de impartir justicia, formular planteamientos y resoluciones.
Aquí no estamos, como dijo algún Senador, quienes vamos a votar en contra por tener una Corte Suprema absolutamente pareja, que piense igual, que se transforme en una suerte de totalitarismo judicial.
Soy contrario, incluso, a algunas resoluciones que ha adoptado el Congreso con demasiada frecuencia en cuanto a que sea la Corte Suprema la que resuelva algunos temas de carácter legislativo. No creo en la eforocracia. Creo que debe haber una compensación en términos de igualdad y respeto entre todos los poderes, así como en la equiparidad de posibilidades al actuar.
Se ha dicho que con este planteamiento podríamos provocar algo similar a lo que ocurrió con la justicia en Rusia, en Sudáfrica, o en otras partes. Para ser justos, tendríamos que agregar también a nuestro Chile en los tiempos de la dictadura militar.
Por lo tanto, a uno le asiste la obligación de proceder de una determinada forma respecto de los antecedentes de las personas, independiente de la diversidad que deseamos, sin olvidar cuál es la postura que se tiene en algunas cosas que son esenciales.
Y creo que este es el caso, pues golpea mi conciencia.
Para mí, como para todos los presentes, la libertad ha sido una exigencia. Desde que ingresé a la política, en cualquier rango que fuera, la libertad, esa roca tan preciada que posee más valor que las rocas del fondo del mar, como diría don Quijote, ha constituido una necesidad imperiosa para mí.
Y los antecedentes del señor Pfeiffer me demuestran que su visión del mundo, sobre la vida, la sociedad o los derechos de las personas es absolutamente contraria a la mía. Y no es la misma diferencia existente respecto a otros Ministros de gran cercanía con la Alianza, con la Derecha o con la visión conservadora. He votado por ellos sin ningún problema. Pero creo que en este caso se sobrepasa la posibilidad de aceptar sus planteamientos. Porque, honestamente, estimo que cuando un Ministro administra justicia se mueve en virtud de sus pensamientos más profundos, y estimo que la diferencia con los de él escapa al rango factible de aceptar.
Por lo expresado, voto que no.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, ciertamente este debate ya no apunta a saber si la propuesta de la Presidenta de la República es correcta o no, sino más bien al fondo del mecanismo implementado por esta gran reforma en la década pasada.
Quiero efectuar un breve recuerdo acerca de lo que ocurrió hace ya más de doce años con relación a esta materia.
Se encuentran presentes personas involucradas directamente en el tema. La Ministra de Justicia de esa época, señora Soledad Alvear; el entonces Presidente de la República, y muchos de nosotros, que concurrimos a un gran acuerdo -entre comillas y subrayado- para llevar adelante una gran reforma al mecanismo de nombramiento de los integrantes de la Corte Suprema.
El objetivo de dicha reforma era velar no solo por la independencia del Poder Judicial, sino por que en su interior imperara un concepto que denominaría de "diversidad". Es decir, se buscaba independencia y diversidad de pensamiento. Eso hizo que alcanzáramos ese gran acuerdo. Yo presidía el Senado en aquel tiempo, y lo suscribí con el entonces Primer Mandatario, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Estoy sorprendido, porque al parecer tales elementos, tales requisitos hoy simplemente ya no son importantes para nuestra Corporación. Aparentemente, algunos señores Senadores quisieran que en la conformación de una Corte Suprema independiente e idónea no participara el segundo Poder de la República, el Legislativo. La alternativa en muchos otros regímenes es que el Poder Ejecutivo designe sin más a los Ministros del Máximo Tribunal, propuestos por el Poder Judicial en una quina o en una terna.
¿Por qué hicimos que el Poder Legislativo concurriera a esta decisión? Por una razón muy simple: porque creíamos -lo sigo creyendo- que era la manera más ecuánime para equilibrar los Poderes y otorgar independencia al Poder Judicial. De lo contrario, se producía una dependencia de este respecto al Ejecutivo, que resultaba obvia si se entregaba la designación al solo arbitrio del Gobierno de turno.
La presente situación me parece gravísima, pues estamos cuestionando un aspecto de fondo. Y si esa es la opción, entonces hagamos lo que corresponde: una reforma que devuelva al Poder Ejecutivo la tuición y la posibilidad de que, sin ningún contrapeso, designe a los Ministros de la Corte Suprema.
Ello constituye un asunto de fondo, porque una vez más nosotros mismos estaremos cercenando las escasas atribuciones que posee hoy el Parlamento frente a un presidencialismo extraordinariamente fuerte.
Me preocupa que, dado que se trata del nombramiento del Ministro Alfredo Pfeiffer -como se ha dicho, ha integrado más de 25 cinquenas desde que se instauró el actual mecanismo-, hoy, con el propósito más diverso, con el razonamiento más arbitrario y actuando cual tribunal de la Inquisición, se desee impedir su llegada al Máximo Tribunal, dejándolo eternamente como Ministro de corte de apelaciones. Eso lo considero extraordinariamente grave e injusto. Y pienso que con ello no contribuimos a que la Corte Suprema sea independiente, cobije a los más idóneos y cuente con la diversidad que todos queremos.
Creo que es preciso hacer una reflexión más profunda que la efectuada aquí para entender por qué se llegó a ese gran acuerdo. Ello se hizo a objeto de que hubiese que compartir criterios. Porque de otra manera resulta imposible que se alcance el quórum de dos tercios establecido para la designación de un Ministro del Máximo Tribunal. Y esto no lo menciono solo a propósito del Ministro Pfeiffer, sino respecto a cualquier otro nombramiento.
No hablamos de acuerdos de cuoteo político -yo los rechazo-, sino de que tenemos que compartir criterios para contar con una Corte Suprema diversa. Hemos de entender que no debiera existir una sola ideología ni una sola tendencia en nuestro Máximo Tribunal.
Me parece que estamos ingresando en un terreno en el que cada uno habrá de responder ante la opinión pública nacional. Porque algunos Senadores están cuestionando una reforma que se hizo con un propósito muy definido, y a la que hoy se le está volviendo la espalda.
Votaré a favor de la designación de Alfredo Pfeiffer, porque es un excelente Ministro, tiene una hoja impecable, es idóneo, capaz y éticamente compatible con una Corte Suprema que queremos que sea independiente y diversa.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, hoy al mediodía concurrí a la parroquia de Concón a la misa por el fallecimiento de la señora Margarita Luke Núñez.
Sé que la mayoría de los presentes desconocen de quién se trataba. Tal vez sabrán un poco más si les digo que era la viuda de Exequiel Ponce Vicencio, detenido desaparecido desde 1975.
Margarita dedicó su vida a buscarlo, y nunca lo encontró. Debió irse de Chile en 1975 con su única hija: Tania. Esta última, junto con el nieto de Margarita (hijo de Tania), la despidieron hoy en la misa.
A Tania le costó expresarse en español, porque aprendió a hablar en alemán.
Ahora hace clases en la Universidad Santo Tomás, pues se vino a acompañar a su madre, quien, aparte la desgracia de perder a Exequiel Ponce, durante los últimos años de su vida padeció Alzheimer.
Si se hubiese votado ayer, yo habría adoptado otra posición. Pero, lamentablemente -o afortunadamente, tal vez-, se vota hoy.
No puedo aprobar la designación de una persona que denegó justicia. Pronunciarme a favor va mucho más allá de mi ser político. Va contra mi biología. Traspasa mis capacidades mentales.
Tania estuvo en mis brazos cuando tenía tres años, en el exilio, en 1975. No recuerda a Exequiel Ponce. Lo único que sabe es que su mamá dedicó su vida a buscarlo y nunca lo encontró.
Y Pfeiffer representa ese horror. Representa la denegación de justicia. Representa al grupo de magistrados que decían que los detenidos desaparecidos los tenían curcos.
¡Hay tantos jueces de Derecha! ¡Por qué no proponen a uno de esos!
Muchas personas podrían estar en la Corte Suprema. Y podríamos votar por ellas como lo hemos hecho en otras ocasiones.
No se trata de un problema de diversidad, sino de aceptar o no la monstruosidad. Y no es posible aceptarla, desgraciadamente, más allá de la lógica política que uno tiene a veces.
Yo, por ejemplo, a pesar de que recién veníamos saliendo de la dictadura, en marzo del 90 voté por el ahora Senador Coloma para que fuera Vicepresidente de la Cámara de Diputados. No nos habíamos visto nunca; las heridas se encontraban abiertas; nos mirábamos con bastante bronca, a la distancia. Pero había un acuerdo, y yo me pronuncié a favor de él.
¡Tantas otras veces hemos votado por gente de Derecha!
Pero el problema no es ese, sino que en esta situación existe algo que se halla por encima de nosotros y que tiene que ver con la justicia.
Lamentablemente, no puedo votar a favor de una persona que durante tantos años denegó justicia.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Están inscritos, además de la Honorable señora Alvear, los Senadores señores Gazmuri y Letelier, en ese orden.
Tiene la palabra, señora Senadora.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente, estuve esta mañana en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Escuché con mucha atención al Ministro Pfeiffer, y debo reconocer que mostró la mejor disposición para contestar todas las consultas que se le formularon.
Durante el Gobierno del ahora Senador Eduardo Frei tuve el privilegio de ser Ministra de Justicia. Y, como señalaba el Honorable señor Romero -Su Señoría no se halla en la Sala en este momento-, respecto a la forma de los nombramientos en el Máximo Tribunal se hizo una gran modificación, que me parece muy pertinente, ya que ha permitido contar con una Corte Suprema que se ha ido renovando de manera a mi juicio correcta.
Ahora, compartiendo ese mecanismo de nombramiento, considero que se deben tener presentes los acuerdos, las conversaciones, las diferencias de opinión, y que se ha de buscar a las mejores personas para que reciban el respaldo de dos tercios de los Senadores en ejercicio.
Digo eso porque no siempre en la Cámara Alta se ha votado a favor de los nombres propuestos por los Presidentes de la República.
En efecto, en esta Corporación se rechazaron los nombramientos de los Ministros Milton Juica -a la sazón, yo era Ministra de Justicia- y Carlos Cerda.
Por lo tanto, es perfectamente posible que no se apruebe aquí el nombramiento de un Ministro de la Corte Suprema.
Lo mismo sucedió con distintas propuestas para la designación de Contralor General de la República.
Señor Presidente, de lo que escuché esta mañana al Ministro Pfeiffer, un punto me parece extraordinariamente grave.
En su respuesta -fue completamente honesta; lo reconozco- a una pregunta sobre Derecho Internacional, dijo no estar de acuerdo con los tratados internacionales porque, en su concepto -y anoté lo que expresó-, representan cesión de soberanía.
Efectivamente, es así. Es lo que se hace en los tratados económicos, y también en los de derechos humanos (por eso existe uno que crea el Tribunal Penal Internacional).
Con relación al artículo 5º de la Carta Fundamental, el Ministro Pfeiffer agregó que no rigen los tratados internacionales dictados antes de la enmienda introducida a dicho precepto constitucional. Incluso, se refirió expresamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y dijo no compartir su criterio.
Señor Presidente, desconocer el aporte efectuado por los tratados internacionales en materia de derechos humanos resulta -lo digo con mucha claridad- francamente preocupante, por cuanto tales instrumentos tienen primacía constitucional sobre las leyes (arriba de la pirámide de nuestro ordenamiento jurídico se encuentra la Carta Fundamental).
Como señalé, esta mañana el Ministro Pfeiffer, inclusive, se refirió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Debo recordar que dicho tribunal se creó en el Pacto de San José de Costa Rica y se halla en funciones desde mayo de 1979. O sea, no estamos hablando de la Corte Penal Internacional -espero que algún día el Senado ratifique el instrumento pertinente-, sino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que data de la fecha indicada.
Señor Presidente, sé que esta es una situación muy difícil. Comprendo como el que más la labor que realizan los Ministros de Justicia, porque me tocó llevarla adelante. Pero -insisto- aquí también se rechazaron nombramientos para la Corte Suprema: los de los Ministros Milton Juica y Carlos Cerda, por ejemplo.
Ahora, esta mañana asistí a la Comisión de Constitución con la más absoluta amplitud de criterio para escuchar al señor Pfeiffer. Pero, con el respeto que me merece un Ministro, debo manifestar que su afirmación en aquel sentido me parece grave, tanto más cuanto que los tratados internacionales en materia de derechos humanos forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y tienen primacía, conforme a nuestro orden constitucional, sobre las leyes.
La aseveración en comento es, en mi concepto, extraordinariamente compleja al provenir de un Ministro al que se postula para hacerlo llegar a la Corte Suprema.
Por ende, mi voto es negativo.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, cuando votamos a favor de don Haroldo Brito, planteé que el único criterio de discriminación que yo tenía en materia de nombramiento de Ministros de la Corte Suprema se refería a temas esenciales vinculados con los derechos humanos. Porque entiendo que hoy día los derechos humanos en nuestro país no son patrimonio de un sector, ni de una ideología, ni de una posición conservadora o progresista, sino que constituyen la base ética fundamental de la convivencia civilizada en el siglo XXI. Tanto es así que figura en la Constitución.
Pero debo decir también que voté por el Ministro Brito sabiendo que había un acuerdo y que este incluía al Ministro Pfeiffer.
Quiero expresar asimismo que no planteé un rechazo al método. Porque podría haberlo objetado y haber votado -algunos lo han hecho así- en contra del Ministro Brito.
Por tanto, nos encontramos -yo particularmente; y creo que también muchos otros Senadores- ante un dilema político y ético muy complejo: quienes vamos a votar en contra incumpliremos un acuerdo.
El señor ROMERO.-
¡Una vez más¿!
El señor GAZMURI.-
No una vez más.
Y eso, sin duda, es grave¿
El señor ROMERO.-
¡Gravísimo!
El señor GAZMURI.-
¿desde el punto de vista de la ética, de la responsabilidad política.
Por cierto, el método actual, del cual no abjuro, ha dado en doce años una Corte Suprema bastante más favorable para la justicia que la que teníamos en 1990. Y eso, evidentemente, también es materia de derechos humanos.
Pero, desgraciadamente, el acuerdo que se tomó ahora va más allá de lo que éticamente podemos resistir.
Ese es el punto.
Nos equivocamos en tomarlo. Yo asumo la equivocación. Sin embargo, puesto en la disyuntiva, hoy no puedo sino votar en contra, por múltiples razones -me ahorro su detalle-, sabiendo que aquí deberemos recomponer sistemas y confianzas indispensables para el buen funcionamiento democrático.
La señora MATTHEI.-
¿Pero ustedes no sabían de este nombre cuando votaron la vez anterior?
El señor GAZMURI.-
Yo no tenía la declaración que se ha mencionado.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
¿Votó, Su Señoría?
El señor GAZMURI.-
Sí, señor Presidente, pero permítame contestarle a la señora Senadora.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- No es factible, porque estamos votando.
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, quiero comenzar diciendo que yo cambié de opinión. Y creo que es un derecho básico hacerlo cuando uno dispone de más antecedentes.
Pensé por un momento que mi juicio contrario al Ministro Pfeiffer tenía que ver solo con mi experiencia personal, aunque el Senador Romero se ría y no lo entienda,¿
El señor ROMERO.-
Sí, lo entiendo. Pero hay que respetar los acuerdos.
El señor LETELIER.-
¿porque quizás es parte de aquellos que han justificado horrores.
Honestamente -y se lo digo a él, mirándolo a los ojos; pero, por sobre todo, al Senador Espina, con quien se conversó el punto, y al colega Chadwick, quien no se encuentra en la Sala en este momento-, por algunos instantes consideré que podía separar mi historia personal y que ella no me iba a condicionar mucho.
La verdad es que, hasta ayer, yo estaba dispuesto a valorar un acuerdo político. Lo que me hizo cambiar de opinión de manera terminante fue escuchar hoy día al Ministro Pfeiffer, quien se refirió a temas que para mí son de conciencia profunda. Algunos podrán tener otro parecer, y los respeto.
Dijo que, como juez, respeta la ley y que, independiente de su juicio, si ella existe la aplica, y si no existe, no. Y puntualizó que esa era su justificación para aplicar la Ley de Amnistía.
Me sorprendió, porque las Convenciones de Ginebra se encuentran vigentes en nuestro país desde hace tiempo. Pero él, en su interpretación, optó por "una ley versus otra".
Usó un argumento un poquito distinto. Refiriéndose a la reforma constitucional de 1989, que incorporó formalmente los tratados internacionales, señaló que solo tienen vigor los vigentes a partir de ese momento.
Esa podría ser una cuestión de doctrina. Pero la verdad es que las Convenciones de Ginebra se hallan vigentes en Chile desde antes.
Cuando se le preguntó sobre la pena de muerte, algo que para mí es muy caro, me llamó la atención la velocidad con que dijo ser partidario de ella.
Es curioso. Entendí su razonamiento jurídico posterior, cuando justificó el porqué había votado a favor de la pena capital en otro momento.
Pero esa no fue la consulta que se le formuló: se le preguntó si estaba a favor de la pena de muerte. Y su reacción instantánea fue decir que sí.
Cuando se le consultó sobre las uniones de hecho entre personas del mismo sexo -tema polémico, sin duda-, me llamó poderosamente la atención la forma como juzgó a quienes toman esa opción sexual (figura en las actas de la Comisión de Constitución).
No es mi elección emparejarme con personas de igual sexo, pero no soy quien -y menos un juez- para calificar tal opción, que es muy personal. Y me sorprendió que el Ministro Pfeiffer haya reputado esa situación de anormal, casi de enfermedad.
No comparto aquel juicio, por una concepción de fondo.
Ahora, yo no había leído la entrevista hecha por Raquel Correa, donde, en el fondo, el Ministro Pfeiffer relativizó los horrores del Holocausto, relativizó el asesinato de tantos millones de personas.
Eso lo entiendo en los alemanes que vivían en su país y no sabían lo que pasaba en ese instante bajo un régimen de terror. Pero, al final del siglo XX y principios del siglo XXI, me parece inadmisible sostener que se exagera al hablar del horror de ese momento.
Señor Presidente, no me importa que un postulante a la Corte Suprema sea de Derecha o tenga otro pensamiento ideológico. He votado a favor de personas de la Oposición en varias ocasiones.
Tampoco voy a acudir al argumento que emplearon aquí los Senadores de la Alianza, quienes aludieron a la idoneidad para votar en contra del Ministro Cerda. Expresaron: "Es poco idóneo".
No diré que el Ministro Pfeiffer es poco idóneo. Como todos los magistrados propuestos para formar parte de la Corte Suprema, tiene una carrera en el Poder Judicial.
Tampoco voy a descalificar algo que en esta Sala se valora como mérito de ese magistrado: que en 1978 -yo me habría quedado callado, pues ese año, cuando se dictó el decreto ley de amnistía, fue uno de los más horribles de la represión- lo nombraron mejor juez de Chile. No creo que eso sea un mérito. Y lo digo con absoluto respeto.
Sin embargo, pienso que, por sobre todo, estamos llamados a votar en conciencia. Y, en conciencia, yo no puedo pronunciarme a favor de alguien que, habiendo en Chile ley escrita al respecto, no ha hecho todo lo posible por administrar justicia ante crímenes de lesa humanidad.
Voto que no.
El señor OMINAMI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
El Senador señor Ominami me está solicitando una interrupción.
El señor PIZARRO.-
No es posible, pues estamos en votación.
El señor LARRAÍN.-
El Honorable señor Gómez ya intervino, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
No, Su Señoría: informó en su condición de Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Así que le asiste todo el derecho a fundar su voto.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GÓMEZ.-
Quiero ser muy honesto en mi exposición sobre la materia, señor Presidente.
Fui Ministro de Justicia. Por lo tanto, sé que uno debe cumplir los acuerdos políticos que asume. Estos se suscriben por diversas razones que obligan -como tarea de Estado, a veces- a respetarlos.
Deseo recordar que, en reuniones que sostuve con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, le dije hace mucho tiempo que, a pesar de no tener ninguna afinidad ni con el pensamiento ni con la actuación del ministro señor Pfeiffer, iba a cumplir mi compromiso político. Se los dije en la cara, en una reunión que sostuve con ellos. Porque nunca voy a mentir ni a hacer las cosas de manera distinta a como corresponde cuando tengo la obligación de respetar mi palabra.
En el caso que nos ocupa, la Presidenta de la República propuso a esta Corporación un nombre que se suponía que nosotros, los Senadores de la Concertación, íbamos a votar favorablemente.
Aquí he escuchado distintas razones para pronunciarse en contra.
No me gusta lo que voy a decir, pues no acostumbro a hablar de asuntos personales, señor Presidente, pero si alguien en la Sala puede invocar razones particulares y familiares en materia de derechos humanos, es el Senador que habla.
A pesar de ello y de todas las circunstancias vividas en mi familia, tengo la obligación de cumplir con la palabra comprometida, por ser lo que corresponde.
Y, por ello, anuncio que votaré favorablemente la designación del ministro señor Pfeiffer.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, creo que este es uno de los asuntos complejos que debe resolver el Senado.
Quiero ir a lo esencial: todos conocíamos la trayectoria del ministro señor Pfeiffer. Para nadie en el Hemiciclo constituyen una sorpresa sus actuaciones, su punto de vista jurídico, su visión valórica.
Aquí está en cuestión un elemento que me parece básico en la convivencia democrática: el respeto por la palabra empeñada.
El señor Ministro de Justicia -quien, por lo demás, creo que ha hecho una gran labor- me preguntó si nosotros estábamos dispuestos a apoyar el nombramiento del ministro señor Pfeiffer para que el ministro señor Haroldo Brito, a quien considero una gran persona y un gran jurista, pudiera llegar a la jerarquía más alta del Poder Judicial, que es la Corte Suprema. Ese era el elemento condicionante.
Y hubo aquí un acuerdo político que suscribí con pleno conocimiento de causa, sin compartir, por cierto, la visión jurídica ni los valores del ministro señor Pfeiffer y habiendo sido férreo opositor a la dictadura y dirigente y presidente de una de las organizaciones estudiantiles que se le opusieron más duramente. Además, sostuve siempre una postura muy crítica, no solo a ese régimen, sino también a la visión neoliberal y a todo lo que pueda haber significado esa cultura.
Pero aquí se ha trastocado el debate. El asunto fue discutido por el conjunto de Senadores durante las reuniones de los días miércoles. Y muchos tomaron una decisión. Por eso, el ministro señor Haroldo Brito está en la Corte Suprema, pues la Derecha le dio su voto.
El señor LARRAÍN.-
Y en forma unánime.
El señor GIRARDI.-
Y lo hizo en el entendido de que muchos Honorables colegas dijeron que iban a apoyar al ministro señor Pfeiffer.
A mí no me obligan -quiero ser claro- las decisiones por provenir del Gobierno. Me impongo de ellas y voto en conciencia. Y si se me plantea que debo apoyar el proyecto de Ley General de Educación, debo puntualizar que no lo votaré a favor, porque no creo en la educación privada ni en el subsidio a la demanda. Y no me importa quién me lo diga, pues tengo mis propias convicciones al respecto.
Sin embargo, en este caso no se trata de eso, sino de que quienes queríamos que el ministro señor Brito llegara a la Corte Suprema concurrimos a ello tal vez no directamente, pero sí consultados con motivo de un acuerdo.
Y mi palabra vale. Estoy dispuesto a perder en defensa de aquello a lo que me comprometí y, aunque no sea elegido el ministro señor Pfeiffer, de lo único que uno tiene para valerse en la vida: la honra de sus compromisos.
Votaré a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Arancibia.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente, al igual que muchos que me antecedieron con sus intervenciones, no tenía intenciones de participar en el debate, pero los planteamientos expuestos me han llevado a hacerlo.
Quiero leer literalmente lo expresado por el ministro señor Pfeiffer acerca del Derecho Internacional, en la Comisión de Constitución, porque ha habido unas interpretaciones notables respecto de lo que habría dicho o no:
"En cuanto a la aplicación del Derecho Internacional, destacó que el Código Penal contempla el delito de prevaricación para el juez que, a sabiendas, falla contra texto expreso de ley vigente. Agregó que el decreto ley de amnistía, ha sido reconocido, tiene valor y no ha sido derogado y que los tratados internacionales pertinentes entraron en vigencia con posterioridad a él. A este respecto, recordó, además, el principio de irretroactividad de la ley penal e hizo presente que el ex Presidente Aylwin no cuestionó la aplicación de este decreto ley, sino el que no se investigaran los hechos. Aclaró que él, como juez, se ha mantenido en una misma posición, que consiste en aplicar la ley que está vigente. Explicó que, si se derogara el decreto ley de amnistía, la situación sería diferente".
En la Sala, un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra aludió a los Convenios de Ginebra como un ordenamiento legal vigente anterior al punto de referencia considerado por el ministro señor Pfeiffer.
Sin embargo, quiero recordarle que esos instrumentos ponen como punto central el hecho de que, terminado un conflicto interno en un país, se debe decretar la más pronta y completa amnistía, al objeto de lograr la pacificación social.
Finalmente, deseo formular un comentario general, señor Presidente. Se ha hecho uso y abuso del Holocausto. Por mi parte, lo califico como algo atroz, brutal, sin ninguna justificación y difícilmente susceptible de adhesión. Esa es mi postura.
Por otro lado, se habla normalmente de la dictadura y de sus atrocidades. Creo que nadie puede estar de acuerdo con las cosas equivocadas o brutales que se puedan haber hecho.
Pero estamos olvidando que algunos de nosotros avalamos la concesión de asilo a un terrible dictador, a un asesino que, en la propia Alemania, hizo matar a innumerables compatriotas suyos. Y Chile se lo otorgó. Y todavía tenemos aquí a su esposa, quien fue una gran colaboradora en ese proceso de genocidio.
Entonces, no mantengamos un doble estándar. Si vamos a reconocer atrocidades, hagámoslo de cara, de frente y en todo sentido, y procedamos así, además, en forma permanente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, la Primera Mandataria ha hecho llegar al Senado una propuesta de nombramiento en virtud de un acuerdo político gestado precisamente en la Cámara Alta, como se recordará, sobre la base de un consenso con la Oposición -al igual que en muchas otras oportunidades- que permitió la integración a la Corte Suprema del ministro señor Brito, a quien todos le reconocemos su calidad moral, ética y profesional.
Hoy día, un número importante de Senadores que participaron en ese acuerdo político cambia su posición -y lo respeto-, porque en la sesión de la Comisión de Constitución se enteraron de cierta forma de pensar del señor Pfeiffer.
Permítanme Sus Señorías observar que el señor Pfeiffer, hoy, no es diferente del que ha sido siempre. Eso lo sabemos todos los presentes, que enfrentamos la responsabilidad de cumplir lo convenido. Y ello, no porque nos guste.
Se pueden decir muchas cosas sobre el particular. Sin embargo, lo que encuentro sumamente grave y delicado es que no solo se está desconociendo un acuerdo político, con consecuencias futuras que ignoramos -a lo mejor, algunos de los que hoy plantean, respetablemente, una posición diferente intentarán armonizar su actuación, en la medida en que en el Senado siempre hemos respetado los compromisos-, sino que también se está infligiendo un agravio gratuito a la Presidenta Bachelet, quien formuló su proposición en la confianza de lo que aquí se había suscrito.
Lamento que hayamos llegado a este epílogo sin haber pensado en lo que acontecería con nuestras relaciones y en la compleja situación en la que quedaría la Primera Mandataria.
Por lo tanto, en cumplimiento de lo acordado aquí, y juntamente con mi colega de Partido, votaré a favor de la proposición formulada.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, el país ha observado con claridad que aquí se llega a acuerdos políticos -y no es ningún misterio-, los cuales son absolutamente respetables. Ellos deben existir, se han verificado desde siempre y van a seguir concretándose.
Mas de todos esos compromisos el sector independiente no ha sido parte, ni hoy ni ayer, y esperamos que por lo menos sea considerado el día de mañana, porque la esencia de la política es tratar de contraerlos.
Pido a mi Honorable colega Ávila, sentado al lado, que respete mi derecho a usar de la palabra.
En cuanto al ámbito de los derechos humanos, mi experiencia personal -no la he contado antes ni lo haré ahora- me despierta mucha sensibilidad al respecto. ¡Mucha sensibilidad!
Pero no sé si es razonable hoy, cuando no se encuentra presente la persona de quien hemos hablado no sé por cuanto rato, usar el tiempo asignado a cada uno para enrostrarle una situación que no me consta si es verdadera o falsa.
¿Qué es lo que sí puedo expresar? Que no puedo entender que la Presidenta de la República -sin perjuicio de la intervención que ha correspondido al señor Ministro de Justicia, en particular- no haya contado con todos los antecedentes que hoy día se han hecho públicos. Eso me parece grave.
Más allá del acuerdo político, aquí se encuentra comprometida la palabra de la Primera Mandataria. Si ella formula una proposición -tal como lo hizo presente el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra-, se supone que conoció los antecedentes, que revisó el currículum del candidato, que se enteró de parte de la historia, que sus asesores o el propio Gobierno le hicieron ver quién es la persona, cómo es, cuál es su pasado.
Porque no creo que hoy día se le haya expuesto algo que desconocía. Eso sí que sería serio, señor Presidente.
No soy parte de ningún acuerdo político en la materia. Declaro ser partidario de una total defensa de los derechos humanos, y, sobre esa base, como en el caso que nos ocupa no abrigo una certeza, creo que uno perfectamente podría abstenerse -sería una posición muy cómoda- o buscar un pareo en el último minuto o ausentarse de la Sala para no votar, Pero ello no corresponde. Lo que sí corresponde es honrar la palabra de la Primera Mandataria, porque es ella quien formuló la proposición de que se trata.
Voto a favor.
El señor PIZARRO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Un momento, señor Senador.
Quiero recabar el parecer de la Sala respecto de la siguiente situación. El Honorable señor Ominami ya fundó su voto, pero pide que se le otorgue un minuto para rectificarlo o precisarlo.
Para ello se requiere un acuerdo unánime.
El señor OMINAMI.-
No he votado, señor Presidente.
El señor PEREZ VARELA.-
Dijo que lo hacía a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Entendí que el señor Senador había fundado su pronunciamiento.
Pido el asentimiento de la Sala para que Su Señoría pueda intervenir.
El señor LARRAÍN.-
No hay inconveniente. Tiene derecho a hacerlo.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Gracias, señor Presidente y señores Senadores.
Efectivamente, al inicio de la sesión expresé que iba a votar a favor del ministro señor Pfeiffer, a sabiendas de muchas cosas. Sin embargo, en el curso del debate han surgido nuevos elementos, desde mi punto de vista, que hacen imposible mantener esa intención.
Además, constato que, en esta ocasión, el compromiso del cual me sentía parte se destruyó.
Por esas razones, fundamento en este momento mi voto de rechazo a la nominación del ministro señor Pfeiffer.
El señor PIZARRO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Su situación, señor Senador, es un tanto diferente, porque usted se inhabilitó. Es como si no estuviera en la Sala.
El señor PIZARRO.-
Pero el artículo 8° del Reglamento me permite participar en el debate.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Según ese texto, Su Señoría debe ser considerado como ausente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Como es algo inédito,¿
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Estamos en votación.
El señor PIZARRO.-
El artículo 8° me faculta claramente para intervenir.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
¿Desea fundar el voto, señor Senador?
El señor PIZARRO.-
Quiero referirme al tema. Tengo derecho a hacerlo.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si bien cabría solicitar el pronunciamiento de la Sala, puede usar de la palabra.
Entiendo que usted se encuentra inhabilitado, pero no seré un obstáculo para que intervenga.
El señor PIZARRO.-
Lo estoy para votar.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tenemos una opinión distinta al respecto.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, ya expuse que estaba inhabilitado. Constituye una decisión personal. Y expliqué la situación. No tengo referencias del ministro señor Pfeiffer.
Pero el artículo 8° establece que los Senadores que se encuentren en ese caso, "Con todo, podrán participar en el debate advirtiendo previamente el interés que ellos, o las personas mencionadas, tengan en el asunto.".
Por lo tanto, puedo hacer uso de la palabra. Otra cosa es que no pueda votar, por decisión personal, de acuerdo a los antecedentes que entregué.
¿Y por qué pedí intervenir, señor Presidente? Porque, indudablemente, el debate se ha transformado y ha recaído también en un tema de orden político, más allá de la situación particular del señor ministro.
Varios señores Senadores han dicho que en este caso media un acuerdo político para que la Presidenta de la República proponga al Senado la designación del señor Pfeiffer como Ministro de la Corte Suprema. Quiero expresar responsablemente, en nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, que nosotros no hemos participado de un compromiso de esa índole, si existe.
Y voy a decirlo con todas sus letras, aunque algunos se rían: no he participado, en nombre de la Democracia Cristiana ni de la bancada, en ningún acuerdo político, ni con el Senador señor Espina, que ha sido el negociador por Renovación Nacional, ni con el Honorable señor Chadwick, , que lo ha sido por la Unión Demócrata Independiente, ni con el Senador señor Letelier, quien reconoció que lo fue por el Partido Socialista.
Es más, cuando el Ministro de Justicia, señor Maldonado, nos consultó sobre este asunto -eso sí se hizo-, manifestamos que en la bancada de la Democracia Cristiana no había acuerdo para la propuesta conjunta de los Ministros Brito y Pfeiffer. Y las pocas veces que se nos preguntó ratificamos tal postura, tanto la Presidenta Nacional del Partido como quien habla, en calidad de jefe de bancada.
Por consiguiente, me parece fundamental dejar en claro ese hecho.
Cuando se buscan acuerdos políticos, primero, se debe procurar la participación de todos. Y hay que hacerlos bien para garantizar que tienen un piso. Cada cual responderá por lo suyo. Nosotros manifestamos esa situación donde correspondía.
Segundo, es evidente que los acuerdos políticos se tienen que cumplir. Pero, como sostuvo aquí un señor Senador, antes hay que participar en ellos. Y si alguien señala estar en desacuerdo, hay alternativas. El Gobierno -como en otras oportunidades- usó una de ellas, legítimamente: lograr el consenso solo con quienes constituyan la mayoría necesaria para garantizar el nombramiento propuesto por la Presidenta de la República.
Entiendo si el señor Ministro dijo: "Los votos de los Senadores de la Democracia Cristiana no importan, no interesan; da lo mismo lo que puedan pensar", a pesar de conocer nuestra opinión. Yo lo comprendo, porque siempre es muy difícil lograr la unanimidad. Tal vez porque creyó que tenía los votos garantizados, envió al Senado la proposición de la Primera Mandataria.
Por otra parte, hay que manifestar, con toda claridad, que aquí no se inflige ningún agravio a la Presidenta de la República. Ninguno. ¿Por qué iba a ser así? A ella le presentan una propuesta y le dicen: "Sobre esta base, el nombre del candidato puede ser aprobado". ¿O me van a decir ahora que cada vez que han votado en contra de una proposición como esta -y ha habido pronunciamientos negativos en varias oportunidades- se ha ofendido a la Presidenta?
Ella tiene la facultad para proponer y el Senado, para decidir. No se agravia a nadie.
A mi juicio, es políticamente importante destacar -lo planteé en las reuniones que sostuvimos Senadores de la Concertación- que no se puede forzar a nadie a cumplir un acuerdo respecto del cual, desde que se iniciaron las conversaciones, no se participó por no compartir su contenido. Así ha votado cada integrante de nuestra bancada. ¿Por qué? Porque tenemos libertad no solo de conciencia, sino también política, pues no formamos parte del acuerdo referido.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Honorable señor Pizarro, debo precisar algo, porque resulta fundamental que me esmere en que se cumpla el Reglamento, a fin de que nos podamos entender y no quede la menor duda respecto de la interpretación que hice antes.
La Sala hizo una excepción que yo no comparto.
El artículo 8° del Reglamento le autorizaba a participar solo en el debate. Como Su Señoría se inhabilitó, no está facultado para intervenir en la votación, que es la instancia en la que nos hallamos. En la fundamentación del voto se tiene que aplicar el artículo 171.
En consecuencia, usted habló porque la Sala lo autorizó, no el Reglamento, ni la Mesa.
Quiero dejar constancia de esta aclaración para el futuro.
El señor PIZARRO.-
¡Estoy impedido, no ausente!
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, en el curso del debate han surgido distintos argumentos para votar en contra del Ministro Pfeiffer.
En primer lugar, me parece delicado que haya ciertos elementos sobrevinientes al acuerdo político. Y lo grave, desde mi punto de vista, es que esos antecedentes eran públicos al momento de adoptarlo. El contenido de la entrevista referida, que apareció en un medio de comunicación de carácter nacional, era público desde hace muchos años.
Si se quiere votar en conciencia, una mínima responsabilidad de parte de los señores parlamentarios es averiguar todos los antecedentes de los magistrados. De lo contrario, que no se adopte el acuerdo político.
Los grandes argumentos entregados se basan en antecedentes de carácter público. Y eso lo considero extremadamente grave.
En segundo término, los señores Senadores tuvieron tiempo suficiente para averiguar toda la información relativa al postulante. Esta no fue una nominación que surgió de la noche a la mañana.
En tercer lugar -esto me parece particularmente grave-, en este caso se ha provocado un agravio al sistema político, más allá de afectar la nominación planteada por la Presidenta de la República. Porque aquí -y quiero decirlo con todas sus letras- se abusó de la buena fe de la Alianza, ya que el nombramiento del Ministro Brito estaba condicionado al del Ministro Pfeiffer. Y la Alianza, de buena fe, votó unánimemente a favor de aquel.
La señora MATTHEI.-
¡Pero así son! ¡Y se ríen, además!
El señor ORPIS.-
Por eso, no se ha hecho un agravio a la Presidenta de la República, sino al sistema político.
La señora MATTHEI.-
¡Cuando necesiten nuestros votos, vengan no más¿!
El señor ÁVILA.-
¡Nada que ver!
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Por favor, evitemos las interrupciones.
El señor ORPIS.-
¿Qué va a ocurrir, señor Presidente, de aquí en adelante? ¿Podrá la Alianza confiar en nuevos acuerdos cuando medie un lapso de tiempo antes de un nombramiento? ¿Qué confianza vamos a tener en la Concertación ante futuras propuestas? ¡Ninguna, señor Presidente! No hay garantías. Ellas se perdieron en esta materia.
En consecuencia, hay que sopesar muy a fondo la situación antes de adoptar los acuerdos políticos.
Antes tal situación -quiero decirlo con todas sus letras-, me enorgullezco de algunos parlamentarios que, a pesar de que, por asuntos personales, están en contra del nombre propuesto, honran la palabra empeñada. Tal actitud constituye un elemento básico del sistema político, pues, a partir de esta, se generan las confianzas.
Sin embargo, aquí se quebró la confianza, se abusó de la buena fe de la Alianza y se agravió enormemente el sistema político. Todo ello, por causas sobrevinientes, pese a tener el tiempo suficiente para analizar los antecedentes de los magistrados propuestos.
En consecuencia, señor Presidente, lo ocurrido esta tarde a propósito del nombramiento no es neutro, sino extremadamente grave. Tal situación provocará serias consecuencias políticas. Y es bueno señalarlo antes de conocer el resultado de la votación.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, no quería intervenir, pues ya habían sido expuestos todos los argumentos centrales en esta materia. Sin embargo, lo hago, porque lo peor que puede pasar en el Senado es que nos empecemos a amenazar¿
La señora MATTHEI.-
¡No es una amenaza!
El señor NÚÑEZ.-
¿ o que se genere un clima de contradicción tal que seamos incapaces de ponernos de acuerdo en diversos temas tan sustantivos como la nominación de un miembro de la Corte Suprema.
A mi juicio, quienes nos antecedieron como Senadores de la República fueron bastante más sabios que nosotros. Porque nunca antes una Cámara del Congreso tuvo la atribución de nombrar jueces del Máximo Tribunal. Normalmente, al Senado le correspondía pronunciarse para designar a los embajadores y a los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Respecto de la defensa nacional y de la política exterior, el país fue capaz de ponerse de acuerdo. En ambas áreas siempre hemos tenido políticas de Estado.
En cambio, con relación a otros temas -por ejemplo, los relativos a la justicia, donde normalmente existen puntos de vista distintos y concepciones filosóficas diferentes-, no siempre se alcanza un entendimiento similar al que se suele llegar en defensa nacional o en política exterior.
Por eso, considero un error que continuemos con esa atribución.
Lo señalé en una ocasión anterior: creo que los acuerdos políticos para nominar a los magistrados de la Corte Suprema no corresponden. Debemos encontrar un sistema distinto.
Lo ocurrido aquí es ciertamente grave. Pero también lo sería no buscar un camino diferente para la nominación de las altas magistraturas del país.
En esta ocasión ejercemos el legítimo derecho que nos asiste, desde un punto de vista filosófico, político, ideológico -como quiera llamárselo-, de rechazar la nominación propuesta, tal como lo han hecho ustedes con la de otros magistrados, por ejemplo, la del juez Cerda.
Eso es absolutamente legítimo¿
El señor ORPIS.-
¡Pero ahí no hubo acuerdo!
El señor ESPINA.-
¡No, no lo hubo!
El señor NÚÑEZ.-
No me interrumpan, porque¿
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Ruego a Sus Señorías que mantengan el orden más estricto mientras interviene un señor Senador. Y lo mismo vale para las tribunas.
El señor NÚÑEZ.-
Muy bien.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Continúa con el uso de la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, independiente de que no haya existido un acuerdo respecto de la designación del magistrado Cerda, el punto de vista que entonces expresó la Oposición obedecía a un legítimo derecho, aunque tales opiniones se basaran fundamentalmente en prejuicios o visiones ideológicas. Da lo mismo.
En consecuencia, hemos llegado a un punto en que es necesario buscar un camino distinto para estos efectos.
Con respecto a una nominación para integrar el Consejo Nacional de Televisión, también se produjo una situación lamentable. Aun cuando no existía un acuerdo, se utilizaron argumentos absolutamente poco elegantes para rechazar el nombramiento de Mahmud Aleuy. Ello, porque, en el ámbito de las comunicaciones o de la justicia, es posible sostener legítimamente puntos de vista diferentes, sobre todo en materia de derechos humanos.
Por lo tanto, pienso que debemos modificar la Constitución y buscar acuerdos políticos para encontrar otros caminos. Porque siempre tendremos visiones distintas acerca de cuestiones particularmente sensibles. Y ello es legítimo en un país como el nuestro, en una democracia como la nuestra, en un Senado como este, donde se manifiestan opiniones diversas respecto de muchos temas.
En consecuencia, no deberíamos llamarnos la atención, ni mucho menos amenazarnos, señalando que aquí prácticamente se ha venido abajo el sistema político. Aquí lo único que ha ocurrido es la expresión obvia de una decisión ante un asunto determinado. En torno a ello, debiéramos generar condiciones distintas para la nominación de los altos magistrados de justicia, de los integrantes del Consejo Nacional de Televisión y también de otras autoridades, atribución que por primera vez la Carta Fundamental le concede a nuestra Corporación.
Por algo la Constitución de 1925 le otorgaba al Senado solo la facultad de pronunciarse respecto del nombramiento de embajadores y de altos mandos de las Fuerzas Armadas. Creo que los constituyentes de dicha Carta fueron bastante más sabios que los de la actual.
He dicho.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se rechaza la proposición de la Presidenta de la República para designar al señor Alfredo Pfeiffer Richter como Ministro de la Corte Suprema (23 votos a favor, 10 en contra, 2 abstenciones y una inhabilidad), por no haberse reunido el quórum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa la señora Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Bianchi, Cantero, Coloma, Espina, García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Muñoz Barra, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Romero, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
Votaron por la negativa la señora Alvear y los señores Ávila, Frei, Gazmuri, Muñoz Aburto, Naranjo, Navarro, Núñez, Ominami y Ruiz-Esquide.
Se abstuvieron los señores Escalona y Letelier.
No votó, por haberse inhabilitado, el señor Pizarro.
--(Aplausos en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 17:33.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción