REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 356ª
Sesión 41ª, en martes 5 de agosto de 2008
Ordinaria
(De 16:18 a 18:36)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ADOLFO ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, los Ministros del Interior, señor Edmundo Perez Yoma, y Secretario General de la Presidencia, señor José Antonio Viera-Gallo Quesney, y el Subsecretario del Interior, señor Felipe Harboe Bascuñán.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:18, en presencia de 15 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).-
Las actas de las sesiones 37ª, especial, y 38ª, ordinaria, ambas en 29 de julio; 39ª, especial, y 40ª, ordinaria, ambas en 30 de julio, todas del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Cuatro de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero retira la urgencia y la hace presente de nuevo, con el carácter de "suma", respecto del proyecto de reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas de Chile (boletín N° 5.522-07).
Con los tres siguientes retira la urgencia y la hace presente de nuevo, con el carácter de "simple", acerca de las siguientes iniciativas:
1.-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, con el objeto de permitir sufragar a los ciudadanos chilenos residentes en el extranjero en la elección de Presidente de la República (boletín N° 268-07).
2.-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que establece la Ley General de Educación (boletín N° 4.970-04).
3.-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo en materia de protección a las remuneraciones (boletín N° 5.434-13).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Cinco de la Honorable Cámara de Diputados, con los que comunica que ha prestado su aprobación a los siguientes asuntos:
1.-
Proyecto de ley que concede, por gracia, la nacionalidad chilena al sacerdote y educador Herbert Albert Becker Rauw (boletín N° 5.842-17).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
2.-
Proyecto de acuerdo que aprueba la Enmienda de la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares (boletín N° 5.935-10).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
3.-
Proyecto de ley que instaura el Día Nacional del Minero (boletín N° 4.418-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
4.-
Proyecto de ley que modifica el artículo 229 del Código Civil, con el objeto de prohibir que se establezca régimen de visitas a favor de quienes han sido condenados por delitos contemplados en los párrafos 5 y 6 del Título VII del Código Penal (boletín N° 4.919-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
5.-
Proyecto que modifica el artículo 73 de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para los Funcionarios Municipales (boletín N° 5.710-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
De la señora Contralora General de la República subrogante, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a un contrato del Programa de Recuperación de Barrios en la Villa Portales, comuna de Estación Central.
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores subrogante, mediante el cual da respuesta a un acuerdo adoptado por el Senado a proposición de los Senadores señores Navarro, Muñoz Aburto y Vásquez, con el que solicitaron la adopción de medidas encaminadas a ratificar diversos acuerdos internacionales sobre protección del patrimonio nacional (boletín N° S 1.078-12).
Del señor Ministro de Hacienda, con el que contesta un acuerdo adoptado por el Senado a proposición de los Honorables señores Naranjo y Muñoz Aburto, por medio del cual se solicitó a Su Excelencia la Presidenta de la República que forme una comisión de especialistas para elaborar una política de Estado en materia de monitoreo de volcanes (boletín N° S 1.070-12).
Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia, mediante el cual responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, relativo a la posibilidad de enviar a tramitación legislativa un proyecto de ley que recoja los propósitos de una moción, presentada junto al Senador señor Prokurica, destinada a establecer un fondo de fomento al cultivo de algas, la cual fue declarada inadmisible por contener materias propias de la iniciativa de Su Excelencia el Presidente de la República.
Del señor Ministro de Minería, por medio del cual contesta un acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Senadores señores Naranjo y Muñoz Aburto, con el que se solicitó a Su Excelencia la Presidenta de la República formar una comisión de especialistas para elaborar una política de Estado en materia de monitoreo de volcanes (boletín N° S 1.070-12).
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, con el que da respuesta a un oficio expedido en nombre del Senador señor Allamand, relativo a multas aplicadas a los concesionarios de vías que integran el transporte público urbano para la ciudad de Santiago y al Administrador Financiero del Transantiago.
De la señora Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, a través del cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Allamand, referido a los inconvenientes que afectan a la localidad de Quilacahuín, comuna de San Pablo.
Del señor Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, con el cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Kuschel, acerca de los procesos de investigación sobre catorce personas desaparecidas.
Del señor Subsecretario de Transportes, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a la licitación del servicio de transporte terrestre entre Puerto Montt y La Junta.
Del señor Subsecretario de Telecomunicaciones subrogante, por medio del cual responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Espina, respecto de la factibilidad de ubicar una antena de telefonía móvil en la localidad de Quechereguas.
Del señor Director Nacional de Pesca, mediante el cual da respuesta a un oficio expedido en nombre del Senador señor Horvath, tocante a la situación que afecta a la Asociación Gremial de Organizaciones de Pescadores Artesanales de la Undécima Región.
Del señor Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, con el que contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Navarro, relativo al proyecto "Alto Maipo" de la empresa Gener.
Del señor Intendente de la Región de Antofagasta, a través del cual responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Cantero, acerca del proyecto de mejoramiento, ampliación o reconstrucción de la avenida Pedro Aguirre Cerda.
Del señor Director del Servicio de Salud Araucanía Norte, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, referente a la situación que afecta al señor Domingo Caro.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Obras Públicas e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto que modifica la Ley de Concesiones de Obras Públicas y otras normas que indica (boletín N° 5.172-09) (con urgencia calificada de "simple").
--Quedan para tabla.
Mociones
Del Senador señor Orpis, con la que inicia un proyecto de ley que otorga competencia a los jueces de garantía para conocer de las faltas relativas a los servicios de agua potable y alcantarillado (boletín N° 6.011-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del Senador señor Horvath, con la que inicia un proyecto de ley que establece una patente verde y permite la circulación de los vehículos que señala en zonas contaminadas (boletín N° 6.012-12).
--Pasa a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
Del Senador señor Sabag, con la que inicia un proyecto de reforma constitucional en materia de requisitos para ser elegido Presidente de la República y para acceder a los cargos públicos que indica (boletín N° 6.013-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Senadores señores Bianchi, Gómez, Ominami y Vásquez, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que crea la Administradora de Fondos de Pensiones del Estado (boletín N° 6.015-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y a la de Hacienda.
Del Senador señor Vásquez, con la que inicia un proyecto de ley que autoriza la realización de descuentos en las pensiones de retiro o montepío que corresponde pagar a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (boletín N° 6.016-02).
--Pasa a la Comisión de Defensa Nacional.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminada la Cuenta.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Los Comités, en sesión celebrada hoy, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1.-
Poner en la tabla de la sesión ordinaria de mañana el proyecto de ley sobre modernización municipal.
2.-
Realizar una sesión especial el jueves 11 de septiembre, de 10 a 13 horas, con el objeto de que el Consejo del Banco Central presente al Senado la evaluación del avance de las políticas y programas del año en curso.
3.-
Prorrogar por quince días más el plazo fijado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para informar sobre la petición de desafuero del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.
4.-
Abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto que resguarda el derecho a la igualdad en las remuneraciones, hasta el lunes 11 de agosto, a las 12.
5.- Designar al Senador señor Espina como integrante de la Comisión especial referida a la ley Nº 19.417, que autoriza la erección de un monumento en Angol en honor de don Alberto Larraguibel.
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El señor HORVATH.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, solicito, por su intermedio, la anuencia de la Sala para que el proyecto de ley que define el descarte de especies hidrobiológicas y establece medidas de control y sanciones para quienes incurran en esta práctica en las faenas de pesca vuelva a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, debido a nuevos antecedentes que hemos recibido respecto de las pesquerías de la zona sur y sur austral.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si le parece a la Sala,¿
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Excúseme, señor Presidente, ¿qué pidió el señor Senador?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Que el proyecto relativo al descarte vuelva a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
O sea, que se devuelva la iniciativa a dicha Comisión para un nuevo segundo informe y que, posteriormente, lo analice la de Hacienda.
El señor HORVATH.-
Así es.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
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El señor SABAG.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, me llama la atención que se cite a sesión para el jueves 11 de septiembre. Todos sabemos que es un día complicado, y, a mi juicio, el que los Senadores debamos movilizarnos hasta acá significa exponernos. Pero hay tiempo todavía para rectificar esa fecha...
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Señor Senador, la Mesa originalmente había planteado el 10, pero los Comités estimaron por unanimidad que la sesión especial no debía citarse para un día de sesiones ordinarias.
En segundo lugar, quiero recordar que la cuenta que el Presidente del Banco Central debe rendir ante el Senado se realiza en cumplimiento de un mandato de la ley orgánica respectiva.
Esa es la razón y no otra. Y, como digo, luego de ponderar los argumentos en un sentido y en otro, los Comités acordaron unánimemente sesionar ese día.
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El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente, en la sesión pasada, y con toda razón, la Mesa declaró la inadmisibilidad por inconstitucionalidad del proyecto, presentado por cuatro Senadores, que crea una administradora de fondos de pensiones con sentido social. En aquella oportunidad, señalé que estaba cierto de que en el Senado existía la mayoría suficiente para aprobar esa iniciativa, que requiere quórum calificado. En virtud de ello, pedí que se solicitara el patrocinio del Ejecutivo.
Sin embargo, en ese momento no había quórum como para acoger mi petición, por lo que quedó pendiente para esta oportunidad. En consecuencia, señor Presidente, solicito que se oficie al Ejecutivo requiriéndole su patrocinio para esta iniciativa de ley.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
--Así se acuerda.
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El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente, la semana anterior, también por falta de quórum, no pude solicitar que se oficiara al Ejecutivo requiriéndole su patrocinio para el proyecto que suspende el otorgamiento de concesiones y autorizaciones de acuicultura en la Región de Magallanes, así que, por su intermedio, lo pido en esta oportunidad.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
--Así se acuerda.
PERFECCIONAMIENTO DE SISTEMA DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre sistema de compensación y liquidación de instrumentos financieros, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (5407-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 15ª, en 29 de abril de 2008.
Informe de Comisión:
Hacienda, sesión 38ª, en 29 de julio de 2008.
Discusión:
Sesión 40ª, en 30 de julio de 2008 (queda para segunda discusión).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
La primera discusión se realizó en sesión del día miércoles 30 de julio, oportunidad en que el Comité Partido Radical Social Demócrata solicitó segunda discusión.
El objetivo principal del proyecto es perfeccionar el actual sistema de compensación y liquidación de instrumentos financieros, estableciendo el marco legal necesario para permitir la creación y operación, por parte del sector privado, de una o varias cámaras de compensación de instrumentos financieros.
La Comisión de Hacienda discutió este proyecto solo en general, y le dio su aprobación por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señora Matthei y señores Escalona, Frei, García y Ominami), en los mismos términos en que lo despachó la Honorable Cámara de Diputados.
El texto pertinente se transcribe en el primer informe, que Sus Señorías tienen en sus pupitres.
Cabe hacer presente que la Comisión acordó invitar, durante la discusión particular, a los distintos actores involucrados en esta iniciativa -bancos, bolsas de comercio e instituciones de depósitos y custodia de valores-, además de a los principales usuarios.
Corresponde señalar que el inciso cuarto del artículo 2º y los artículos 9º y 10 tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación del voto conforme de 22 señores Senadores.
Asimismo, debo hacer notar que en la reunión de Comités del día de hoy el Honorable señor Novoa solicitó que se propusiera a la Sala que este proyecto volviera a la Comisión para que esta lo pudiera tratar, en el primer informe, tanto en general cuanto en particular, precisamente para escuchar, durante ese trámite, a todos los representantes de las instituciones que ella se proponía recibir con motivo del segundo informe.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se procederá de la forma indicada.
El señor LARRAÍN.-
De acuerdo, señor Presidente.
El señor VÁSQUEZ.-
¡Con lo difícil que es el proyecto, hay acuerdo¿!
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Es lamentable, sí, que el Senador señor Novoa no se encuentre en la Sala para haber explicado hoy su planteamiento. Pero, en fin, vamos a partir de la base de que su petición está bien orientada.
--El proyecto vuelve a la Comisión de Hacienda para debatirse en general y en particular durante el trámite de primer informe.
MEDIDAS CONTRA COMERCIO ILEGAL
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece normas para combatir el comercio ilegal, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5069-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 89ª, en 5 de marzo de 2008.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 38ª, en 29 de julio de 2008.
Discusión:
Sesión 40ª, en 30 de julio de 2008 (queda para segunda discusión).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
La primera discusión se efectuó en sesión del miércoles de la semana pasada, oportunidad en que el Comité Partido Radical Social Demócrata solicitó segunda discusión.
El objetivo del proyecto es combatir el comercio ilegal y la piratería intelectual, dotando a las policías de mecanismos que faciliten la labor investigadora de estos delitos.
La Comisión discutió esta iniciativa solamente en general y le dio su aprobación por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señora Alvear y señores Gómez, Larraín, Muñoz Aburto y Romero), en los mismos términos en que lo despachó la Honorable Cámara de Diputados.
El texto pertinente se consigna en la parte correspondiente del primer informe.
Corresponde indicar que el inciso tercero del artículo 4º y el artículo 5º revisten el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación del voto conforme de 22 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
El señor Ministro del Interior solicitó autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario de dicha Cartera, don Felipe Harboe.
¿Habría acuerdo?
--Se accede.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor PÉREZ YOMA (Ministro del Interior).-
Señor Presidente, el comercio ilegal representa hoy un serio problema nacional al generar diversos costos y perjuicios sociales.
Por una parte, cabe destacar la evasión tributaria.
Además, muchas veces tal actividad ilícita infringe las leyes de propiedad intelectual, afectando a los legítimos titulares de los derechos involucrados, junto con desvirtuar el sistema que protege el derecho de autor.
En tercer lugar, podemos mencionar la distorsión que se registra en el mercado producto del comercio ilegal, por cuanto redunda en una competencia desleal al comercio establecido.
Desde las legislaciones tributaria, sanitaria, penal, de propiedad intelectual, e incluso desde la regulación municipal, se han tomado medidas que buscan combatir el comercio ilícito y mitigar así sus efectos perjudiciales. Sin embargo, ellas no han sido del todo eficaces.
Los resguardos adoptados hasta la fecha para debilitar el comercio ilegal se hallan focalizados principalmente en sancionar al vendedor. En otras palabras, atacan de manera esencial al eslabón final de la cadena productiva y no son suficientemente eficaces para alcanzar a los productores, administradores o jefes de las organizaciones que están detrás de esta actividad ilícita.
Este proyecto justamente busca dar una respuesta a la actual situación e intenta perseguir a las organizaciones o asociaciones que se dedican al comercio ilegal, atacando así su origen.
Hoy en día la asociación ilícita está ya sancionada penalmente. Sin embargo, la iniciativa en debate pretende aumentar las penas aplicables a los jefes o a quienes hayan ejercido mando en un tipo de asociación ilegal en particular -a saber, aquellas que se configuran en torno al comercio ilícito-, imponiéndoles una multa de 200 a 800 UTM.
En segundo lugar, la normativa en estudio procura mejorar las herramientas investigativas que permitan a las policías la mejor persecución de los autores de las infracciones pertinentes.
En síntesis, los objetivos puntuales del proyecto son:
a) Establecer una pena aplicable a los jefes o a quienes ejerzan mando y a los provocadores de asociaciones ilícitas en torno al comercio ilegal;
b) Autorizar la figura de las entregas vigiladas, como técnica para la investigación de tales ilícitos;
c) Adicionar facultades de fiscalización para las policías, y
d) Conferir atribuciones a las municipalidades para adoptar regulaciones relativas al ejercicio del comercio callejero.
Así, particularmente, la iniciativa propende a penar a quienes se asociaren para cometer delitos referidos a:
a) Falsificación de obras literarias, artísticas y científicas: a aquellos que las editen, vendan o reproduzcan ostentando falsamente el nombre del editor autorizado o alterando el nombre del autor o de la obra;
b) Falsificación en las respectivas rendiciones de cuenta del número de ejemplares vendidos;
c) Comercialización fraudulenta de libros o su reproducción sin autorización del titular de los derechos de autor;
d) Comercialización de especies hurtadas, robadas u objeto de abigeato, receptación o apropiación indebida, y
e) Infracciones tributarias por comerciar sin haber realizado sus declaraciones y el pago de impuestos o por comerciar clandestinamente.
La asociación ilegal en comento será sancionada de conformidad con los artículos 293 y siguientes del Código Penal. De la misma manera, los jefes de las asociaciones, quienes hubieren ejercido mando en ellas y sus provocadores serán sancionados con multa de entre 200 y 800 unidades tributarias mensuales.
Por otro lado, el texto señala que el juez de garantía, previa solicitud del Ministerio Público, podrá autorizar que los envíos ilícitos o sospechosos de los productos objeto de comercio ilegal se trasladen, guarden, intercepten o circulen dentro del territorio nacional, salgan de él o entren en él bajo la vigilancia o el control de la autoridad correspondiente, con el propósito de individualizar a las personas que participen en la ejecución de tales hechos, conocer sus planes, evitar el uso ilícito de las especies referidas o prevenir y comprobar cualquiera de tales delitos.
El proyecto autoriza esa técnica de investigación cuando se presuma fundadamente que facilitará la individualización de otros partícipes, sea en el país o en el extranjero, como asimismo el cumplimiento de algunos de los fines descritos en el párrafo anterior.
Igualmente, se faculta al Ministerio Público para disponer en cualquier momento la suspensión de la entrega vigilada o controlada y solicitar al juez de garantía que ordene la detención de los partícipes y la incautación de las especies y demás instrumentos si las diligencias llegaren a poner en peligro la vida o integridad de los funcionarios que intervengan en la operación, la recolección de antecedentes importantes para la investigación o el aseguramiento de los partícipes.
Del mismo modo, el proyecto establece facultades fiscalizadoras en materia de comercio ilegal para las policías, los inspectores municipales y los funcionarios autorizados del Servicio de Impuestos Internos, quienes podrán fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente respecto de aquellos que ejercen el comercio, sea ambulante o establecido. Unas y otros estarán facultados para requerir la exhibición de los permisos municipales o sanitarios, así como los documentos que acrediten el origen de las especies que se comercialicen.
Se faculta al Ministerio del Interior, a las intendencias, a las gobernaciones y a las municipalidades para hacerse parte en los procesos a que diere lugar la aplicación del párrafo anterior cuando el Servicio de Impuestos Internos actúe como querellante.
Por último, se dispone que los municipios tendrán que establecer en sus respectivas ordenanzas los lugares donde se podrá ejercer el comercio ambulante, las que deberán contener, a lo menos, un sistema único de identificación personal, con registro fotográfico de la persona autorizada para ejercer dicho comercio.
Es cuanto puedo decir, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, solo deseo señalar que analizamos este proyecto en la Comisión de Constitución y, dados los objetivos que el señor Ministro acaba de reseñar -combatir el comercio ilegal y la piratería intelectual dándoles a las policías facultades que permitan una labor investigativa eficiente y eficaz de esos ilícitos-, nos pareció que debía ser aprobado en general.
Sin embargo, quiero hacer notar algunas inquietudes que se formularon y que deben ser corregidas durante la discusión particular.
La primera dice relación a algo simplemente de técnica legislativa. El artículo 1º hace un reenvío a diversas otras figuras delictuales de la Ley de Propiedad Intelectual y de la que creó el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, lo que genera el problema de que una modificación al articulado de esos cuerpos normativos puede dar como resultado final un proyecto discordante, con lo cual se frustraría el objetivo buscado.
Esa observación nos debe hacer pensar -como siempre- que la mejor forma es, más que referirse a determinado precepto de una legislación, incluir la norma pertinente en la ley en proyecto.
En tal sentido, parece necesario hacer la corrección desde un punto de vista formal.
No obstante, la observación que más me preocupa se refiere al artículo 4º, mediante el cual se confieren atribuciones a las policías, a los inspectores municipales y a los funcionarios autorizados del Servicio de Impuestos Internos para fiscalizar, de acuerdo con la normativa vigente, a quienes ejercen el comercio, sea ambulante o establecido, y, al efecto, solicitarles la exhibición de los permisos municipales o los sanitarios y cualquier otro documento que permita conocer el origen de las especies que comercializan.
Sobre ese punto, aun cuando parece muy razonable la factibilidad de realizar tales pesquisas, el hecho de que las policías estén autorizadas para circular por el comercio establecido puede generar una inquietud mayor en los propios comerciantes. Porque una cosa es la investigación y otra que sus efectivos circulen por los recintos comerciales. Creo, entonces, que la atribución que se les entrega puede ser altamente inconveniente, por la imagen pública que se proyectaría hacia las personas que asisten a los recintos comerciales.
En tal sentido, considero que se debe acotar de alguna forma la disposición respectiva. Porque, entendiendo la necesidad de que las policías investiguen, otra cosa es que lo realicen a vista y paciencia -por así decirlo- de moros y cristianos, generando en el público asistente, respecto a determinado local comercial, una desconfianza tal vez irreparable.
De otro lado, debo hacer presente -también lo señaló en la Comisión de Constitución la Senadora señora Alvear- la necesidad de establecer un distingo entre persecución criminal a los organizadores, jefes y financistas de las redes de comercio ilegal y a los vendedores ambulantes, la gente que está en el terreno, porque las sanciones que se puedan aplicar a unos y a otros participantes en el mismo ilícito, obviamente, deben ser de naturaleza distinta.
Me parece que eso también tendría que ser recogido en la discusión particular.
En la Comisión de Constitución analizamos las diversas materias, escuchamos a mucha gente, y creo que logramos cooperar con el proyecto presentado por el Ejecutivo, que va en la buena dirección respecto de una cuestión en la que Chile se encuentra en deuda.
En nuestro país, desgraciadamente, la piratería intelectual ha proliferado de forma indebida; no estamos cumpliendo los acuerdos internacionales sobre el particular. Creo, pues, que la normativa propuesta ayudará a corregir muchas de las deficiencias existentes y permitirá un trabajo más efectivo de las policías.
Con los reparos que he planteado, que recogen algunas de las inquietudes formuladas en la Comisión, espero que la Sala pueda aprobar en general esta iniciativa.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente, en primer lugar, anuncio que voy a votar favorablemente este proyecto, que es imprescindible hoy día. Conocemos perfectamente bien el daño que causa el comercio ilegal, sobre todo a los autores de las obras falsificadas, y también al Fisco, por las infracciones tributarias derivadas de las rentas omitidas o de los pagos que se soslayan en el ámbito del impuesto al valor agregado.
Concuerdo con la observación del Senador señor Larraín en cuanto a la necesidad de cambiar las remisiones a la Ley sobre Propiedad Intelectual, en primer lugar, porque se está examinando la materia en las Comisiones unidas de Economía y de Educación, y en segundo término, por una cuestión de técnica legislativa, pues el hecho de aplicar por la vía referencial, mediante el artículo 2° del proyecto en debate, una multa por la comisión de una serie de delitos pudiera estimarse un doble castigo a una misma conducta, es decir, la violación del principio non bis in idem.
De consiguiente, considero indispensable ajustar esta iniciativa, que en su contexto general, por supuesto, acoge las necesidades que la sociedad en su conjunto y el interés fiscal comprometido exigen satisfacer.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente, también parto expresando mi apoyo a esta iniciativa legal -la analizamos en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia-, que es de gran relevancia, por las razones aquí señaladas.
El comercio ilegal se ha transformado en un gran problema en distintas Regiones -no solo en la Metropolitana-, y sus efectos no son únicamente la evasión de impuestos, sino además la competencia desleal y la vulneración -aquí también se indicó- de normas que, como país, hemos suscrito en tratados de libre comercio.
Me alegra mucho que en el Senado se esté culminando -así lo espero- la tramitación de la iniciativa sobre propiedad intelectual. Al respecto, claramente, tenemos un atraso. Y, cada vez que sesiona la Comisión Revisora de los Acuerdos de Libre Comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea, el planteamiento en torno al cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual es uno de los énfasis que hacen quienes expresan en las distintas reuniones inquietud por lo que ocurre en Chile.
Por cierto, deberemos modificar el proyecto en debate a través de indicaciones que presentaremos, varias de las cuales fueron enunciadas por el Senador señor Larraín.
Se trata, a no dudarlo, de una importante iniciativa, que apunta en la dirección correcta a fin de regularizar un comercio que implica la existencia de asociaciones productivas ilegales donde normalmente es detenido el último eslabón de la cadena, el vendedor callejero -su actuar es fruto de la necesidad de subsistencia-, quien muchas veces es el menos culpable dentro de toda la organización.
Por ello, sin perjuicio de las indicaciones que formularemos, aprobaré en general el proyecto sometido esta tarde a la consideración de la Sala.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente, en este proyecto hay dos ángulos de análisis, a mi juicio.
Uno, formal-legal, tiene que ver con los derechos de las personas que ven burlada la autoría de sus obras y no pueden percibir las retribuciones que legalmente les corresponden al ser ellas objeto de falsificación.
Eso está bien, es plausible y resulta razonable.
Pero también hay una mirada social.
¿Quiénes son los que practican el comercio ilegal? Personas a las cuales el mercado de trabajo les niega espacios para una inserción real.
Si vamos persiguiendo a aquellos que intentan ganarse la vida apelando al último recurso que queda antes de traspasar la frontera de la delincuencia, no actuamos, a mi entender, en el sentido correcto.
Siento que debemos hacernos cargo de una realidad social.
Hay un porcentaje importante de personas que, por diversas razones -no es del caso comentarlas ahora-, no tienen posibilidades de un empleo que les permita ganar dignamente el sustento para sus familias. Recurren, entonces, a la venta en las calles, en las plazas, en las veredas.
Algunos alcaldes se inquietan a ese respecto, porque esa gente, que pulula por dichos lugares, brinda condiciones para la comisión de actos delincuenciales, los que no necesariamente son perpetrados por quienes llevan a cabo el comercio ilegal pero, de una u otra forma, son utilizados con tales fines.
La solución no consiste en eliminar de una plumada la posibilidad de que dichas personas se ganen el sustento.
Si nos empeñamos en perseguir implacablemente a ese sector de nuestra sociedad, la consecuencia no se hará esperar y será mucho peor, porque tendremos un incremento sustancial de los índices de delincuencia.
Es natural que así sea, por lo demás.
No podemos pensar que si determinadas personas no pueden conseguir un ingreso por la vía que se pretende eliminar no tienen más alternativa que optar por otras mucho más lesivas para la sociedad.
Este proyecto me deja con la inquietud de que el Congreso, en general, y el Senado, en particular, no están siendo sensibles con una situación social que es preciso tomar en cuenta, examinar en forma adecuada y no hacerla simplemente objeto de represión.
En esta oportunidad, por las consideraciones que he dado a conocer, más bien me inclinaré por la abstención.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, estimo que el texto en análisis honra varias situaciones.
En primer término, nuestros compromisos internacionales, porque, ciertamente, aquellos sobre protección de la propiedad intelectual constituyen una cuestión pendiente en el país.
En segundo lugar, el esfuerzo de los alcaldes y gobiernos locales por ordenar sus comunas, sus ciudades, porque no han tenido la posibilidad de llevar a cabo una regulación tan necesaria, tan indispensable.
Cuando se inicia una nueva campaña municipal, tendiente a elegir alcaldes y concejales, creemos que la iniciativa apunta a facilitar el que los nuevos gobiernos comunales en verdad logren ese ordenamiento. Hoy día existe desorden.
En seguida, de algún modo quiero rescatar una idea del Honorable señor Ávila, quien me antecedió en el uso de la palabra. Efectivamente, un importante grupo de personas se dedican al comercio ambulante por no haber podido conseguir un trabajo distinto. A mi juicio, ello, más que un aspecto negativo, es una oportunidad, pues los jefes comunales y quienes estudian la forma de encontrar para dicho sector un lugar en la sociedad van a saber con exactitud quiénes se hallan en esa situación. El enrolamiento de estos últimos facilitará tal proceso.
Cualesquiera que sean, entonces, los objetivos que se persiguen, diría que el proyecto viene, aunque un poquito tarde, a llenar un vacío muy importante. Porque la definición de los delitos contra la propiedad intelectual y la ley del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, y el transporte, venta, compra, transformación y comercialización de especies robadas, hurtadas, receptadas o apropiadas indebidamente no son considerados correctamente en nuestra legislación. A ello se agrega el comercio de especies sin cumplir con las debidas autorizaciones legales o sin declarar o pagar los impuestos correspondientes.
Debería prestarse atención a un aspecto, sin embargo, al volver la normativa a Comisión. Porque me parece que el texto ha sido mejorado en profundidad en el Senado, acotándose el sobredimensionamiento que traía de la Cámara de Diputados, ya que no solo se hacía mención a los artículos que tipificaban los delitos constitutivos de comercio ilegal, sino que también se repetían las disposiciones. Además, de alguna manera se perfeccionó la redacción conforme a las recomendaciones de los expertos. Sin embargo, podría discutirse sobre la posibilidad de que, cuando se investigue la asociación ilícita destinada a cometer alguno de los hechos considerados delitos de comercio ilegal, el fiscal, sin necesidad de la autorización del juez de garantía, utilizara a los agentes denominados "encubiertos" con la finalidad de individualizar a los partícipes en la ejecución.
Lo anterior, sobre la base de que toda asociación ilícita debiera ser considerada como un hecho delictivo del mayor interés público.
Formulo esa observación por cuanto creo que en la Comisión todavía es factible un perfeccionamiento a fin de poder entregar a la sociedad un cuerpo legal llamado a determinar un antes y un después de su dictación.
Por eso, señor Presidente, con mucho agrado aprobaré en general el proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, estimados colegas, nos hallamos convocados a aprobar la idea de legislar, a lo cual concurriré con mi voto.
De lo que se trata, para establecer las cosas en su justa medida y no confundirse, es generar instrumentos tendientes a atacar una asociación ilícita para perpetrar delitos ya tipificados -no nuevos- en diferentes códigos.
Lo digo porque soy de aquellos que siempre sacarán la voz por los que pierdan la capacidad de ganarse el sustento en el mercado formal; por respaldar a quienes desempeñan con dignidad la labor de vendedor ambulante para mantener a sus familias, lo que constituye una actividad decente.
Distinto es el caso de los que se asocian para delinquir, no porque estén cesantes y hayan salido del mercado del trabajo, sino para fomentar el comercio ilegal, que es lo que la normativa pretende atacar.
A mi juicio, no debemos confundir una cosa con la otra.
Entonces, con el proyecto se intenta, sobre todo, entregar instrumentos para poder combatir a quienes se asocian para cometer delitos. Y se busca, en particular, un justo equilibrio -no siempre fácil- en relación con el comercio establecido, con el que cuenta con permisos otorgados por el municipio, con las personas que ejercen legalmente la actividad de vendedor ambulante, teniéndose presente la acción de quienes se encuentran fuera de la ley, sea que se hallen o no asociados con productores de especies que se venden en el mercado (normalmente, ese vínculo más bien se da) y con una red cuyo propósito es delinquir.
Algo distinto, señor Presidente, es lo que pasa cuando esas redes que queremos atacar usan a distribuidores en pequeña escala que actúan dentro de la ley. Es una cuestión que se deberá precisar, porque, muchas veces, utilizan a vendedores ambulantes que pueden ser inocentes, lo que requiere una buena diferenciación.
Con motivo de la discusión a que nos hallamos abocados, señor Presidente, deseo representar, por su intermedio, al señor Ministro y al señor Subsecretario del Interior, quien ha trabajado mucho en el asunto, la importancia de establecer una desvinculación -sé que es difícil- respecto del vendedor ambulante legalmente establecido a quien las redes ilegales utilizan para vender sus productos.
El Senador que habla, a diferencia del Honorable señor Larraín -si no me equivoco-, quien manifestó una inquietud respecto al artículo 4°, no ve mucha dificultad con el contenido de este último. No debería preocuparnos el otorgamiento a Carabineros y a los inspectores municipales de la atribución -entiendo que Impuestos Internos ya la posee- de solicitar información demostrativa de que la persona se encuentra en regla.
La pregunta es si tememos a los carabineros o a los inspectores municipales. No me hallo en ese caso, señor Presidente, si el propósito es combatir el crimen organizado.
Entiendo que el problema lo constituye siempre la determinación del punto de equilibrio. La iniciativa faculta para requerir los permisos municipales -de por sí, deben estar a la vista-, el permiso sanitario respectivo y los documentos que acrediten la legalidad del origen de las especies que se comercializan. A mi juicio, ninguna de esas tres atribuciones debería generar temor a quien tuviera las cosas en regla.
Por mi parte, señor Presidente, voy a votar a favor de la idea de legislar.
Estimo que aquí no se trata de condenar ni a los vendedores ni al comercio ambulantes, ni de cuestionar la dignidad de quienes realizan dicha labor. En lo personal, muchas veces he defendido esa actividad, porque prefiero que las personas trabajen dignamente para mantener a sus familias, en vez de que se legitime el camino más fácil que toman otros, cual es caer en el delito, que es lo que queremos evitar.
Creo que esta es una muy buena iniciativa, sin perjuicio de que podamos presentar algunas indicaciones en el camino.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
A continuación tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, más que entrar a analizar la materia en su contexto voy a formular algunas interrogantes en voz alta.
Aquí, por ejemplo, se habla de evitar el comercio clandestino. Y, naturalmente, se alude a los vendedores ambulantes.
No obstante, al Senado llegó un proyecto de ley que busca reglamentar y autorizar la acción que ellos realizan en los buses del Transantiago. Eso se vio aquí mismo, en la Sala.
Aun más, después de un debate, se asumió que esa normativa contenía una muy buena idea, desde el punto de vista social, y que, simplemente, era necesario enviarla a Comisión para mejorarla.
Ahora nos hallamos ante una iniciativa bastante draconiana, porque el informe señala que, "En materia sustantiva, el proyecto plantea agregar cuantiosas multas a las penas corporales que se aplican a los que participen en el comercio ilegal y clandestino".
Entonces, como que no se observa un completo ajuste en una normativa tratada en el Senado y que tiene posibilidades de ser aprobada, pues va totalmente en sentido contrario a la idea que se expone con relación al tema que hoy estamos discutiendo.
Estoy totalmente de acuerdo con que existe de por medio un problema social. Y me surge la interrogante de cómo van a enfrentarlo los municipios. Porque todos sabemos que estos entregan permisos para el ejercicio del comercio ambulante y en nuestras ciudades -grandes y pequeñas- apreciamos una gran cantidad de personas dedicadas a dicho oficio que cuentan con la autorización legal otorgada por ellos, que son los que controlan esa actividad en la respectiva comuna.
Con el texto que nos ocupa, entonces, los alcaldes no podrán dar tales autorizaciones, pues si lo hacen van a contravenir la ley.
Y lo anterior no solamente dice relación al comercio ambulante, sino también a la gran proliferación de quioscos incluso en una ciudad como Santiago. Las calles de la Capital, de Valparaíso, de Concepción o de Temuco muestran una serie de esas instalaciones que venden mercaderías sin sujetarse a las normas del Servicio de Impuestos Internos. De manera tal que en ese caso también se infringiría una de las disposiciones que señala que se da, en la suma, una gran evasión de tributos, por lo cual quisiera saber cómo se contempla la situación.
Ahora bien, sobre la base de la realidad que se vive a diario -porque se señala que Carabineros va a contar con todo el apoyo posible para ejercer el máximo control en tal sentido, lo cual me parece bien-, ¿cómo se va a considerar, por ejemplo, a las damas que participan en talleres laborales y producen una gran cantidad de tejidos, chamantos, vestimentas? ¿Ello se estimará comercio clandestino, porque se competirá con las tiendas establecidas?
Y no solo en tal sentido esos talleres fabrican elementos generados por su propia creatividad, sino que también lo hacen en cestería, mimbrería, tallado, etcétera.
¿Cómo se va a considerar en la ley la comercialización no sujeta a normas, especialmente en relación con el Servicio de Impuestos Internos, de esas organizaciones de tipo social o laboral?
Me gustaría que los representantes del Ejecutivo dieran alguna luz en tal sentido.
Estoy totalmente de acuerdo con que en la mayoría de las ciudades existen pequeños comerciantes que, a veces, se hallan a una distancia no muy grande de los ambulantes. Se trata de negocios de poca envergadura, en una pieza, que pagan arriendo, electricidad, impuestos y son controlados, y que enfrentan, incluso, gastos de contabilidad. Me parece que esa es también una realidad que no se puede pasar por alto.
Por ello, más que entrar a cuestionar el proyecto en sí mismo, me gustaría que, cuando lo estimaran oportuno, sus autores entregasen algunas aclaraciones relacionadas con los hechos expuestos, tan sencillos, pero que permanentemente se presentan en la vida diaria de los sectores que representamos como políticos, como hombres públicos, como parlamentarios, registrándose en la base social de las comunidades o las Regiones que nos han elegido.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, desconozco cuál es la estrategia del Ministerio del Interior respecto de la seguridad ciudadana, pero se me ocurre -y no creo estar tan equivocado- que probablemente se piensa implementar las medidas en análisis a fin de evitar el aumento de situaciones de delincuencia y los grupos de personas dedicadas a una labor no reglamentada, no lícita. Y me parece que se va por el camino correcto.
Deseo aclarar, eso sí, lo siguiente. Dejo de lado, en forma absoluta, la actividad legítima que emprenden las dueñas de casa, los artesanos, muchos pequeños comercios que, posiblemente por motivos económicos, carecen de un lugar donde vender sus productos.
Lo que quiero decir, señor Presidente, es que los más están trabajando por un bien y por aprovechar una oportunidad económica.
Y estoy seguro de que la iniciativa apunta a los menos. Pienso que pueden ratificarlo así tanto el señor Ministro del Interior como el Subsecretario del Interior, señor Felipe Harboe, quien ha dado muestras de un gran compromiso en la materia, sin lugar a dudas.
Como país, debemos evitar las redes referidas, que son una realidad.
Me parece probable que un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra cambiará su abstención, porque creo que nadie estaría dispuesto a aceptar que estos trabajos informales también proporcionaran empleos informales. Y ahí entramos a otra arista del problema: muchos de estos distribuidores, que se hallan a lo largo del territorio, generan un empleo no estable, sin ningún resguardo de orden social.
Y voy a dar un ejemplo.
Hace un tiempo entré a la bodega de una empresa del rodado mayor que transporta mercadería. El lugar estaba repleto de mesitas y sillitas plásticas. Ante la pregunta de a qué jardín infantil iban esos productos, la respuesta fue que a ninguno, sino a comerciantes ambulantes. Y era una bodega de proporciones bastante grandes.
No me estoy refiriendo a los que venden, que viven en total desprotección, pues no se encuentran resguardados en los aspectos sociales, previsionales, de salud. Estoy hablando de los que distribuyen, que no son personas pobres y que hacen un gran negocio.
El proyecto apunta precisamente a eso, a que estas últimas personas no hagan abuso de una situación económica, de una carencia laboral, de los adultos mayores, a quienes muchas veces mandan a la calle con determinado producto para lograr un lucro ilegítimo.
Creo que la iniciativa en sí se halla orientada a lo concreto, a la actual realidad de nuestro país, donde, por fortuna, los menos se dedican al comercio ilegal, y los más, al comercio permitido.
En cuanto al artículo 4º, no concuerdo con lo dicho por el Senador señor Letelier. Efectivamente, Impuestos Internos tiene hoy la facultad de ingresar a un local y efectuar todas las peticiones que sean necesarias. Pero imagínense, Sus Señorías, lo que significaría para un comerciante -que lo único que quiere es abrir la puerta para vender- que además entrara Carabineros, quizás mañana Bomberos o cualquier otra institución, a solicitarle más y más y más antecedentes. Eso no me parece adecuado. Basta con que pueda ingresar una entidad como Impuestos Internos para determinar el origen de la mercadería. No es necesario que lo haga también Carabineros u otras entidades. Ya suficientes problemas tienen los pequeños comerciantes establecidos, a quienes les resulta muy dificultoso mantener su actividad debido a la instalación de monstruosas cadenas nacionales que casi los han eliminado.
Por eso, aprovechando la presencia del señor Ministro del Interior y del Subsecretario de dicha Cartera, señor Harboe -sé que este último tiene un profundo compromiso con la seguridad ciudadana, materia que no es fácil y donde nunca resulta suficiente cualquier cosa que se haga-, quiero preguntar si el proyecto en debate responde a una estrategia que se ha implementado para que, por esta vía, en primer lugar, el Estado obtenga más retornos al combatir la evasión de impuestos, y en segundo término, se elimine la piratería en Chile, tanto intelectual como de otra naturaleza.
Finalmente, anuncio que aprobaré en general la iniciativa y que durante la discusión particular formularé las indicaciones que sean pertinentes.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente, comparto la idea matriz del proyecto, que consiste en combatir el comercio ilegal y la piratería intelectual.
Para nadie es un misterio que prácticamente todas las grandes ciudades del país están invadidas por vendedores que ofrecen productos falsificados u objeto de piratería intelectual, como libros, CD o películas.
Las razones para que ocurran falsificaciones de este tipo son muchísimas. En el caso de los libros, es posible que se deba al IVA, que hace que ellos sean más caros en el comercio establecido, a que los márgenes de utilidad de las editoriales son muy grandes, o a la falta de políticas más activas por parte del Estado.
Nos encontramos en la discusión general. En ese contexto, creo que el proyecto es positivo, porque trata de eliminar focos delictuales importantes, en particular en el centro del país, como en la Quinta Región (Valparaíso, Viña del Mar) y en Santiago (Paseo Ahumada, Paseo Huérfanos), donde se emplazan redes de vendedores que sirven de pantalla a grupos ilícitos cuya existencia ha quedado demostrada a través de los medios de comunicación.
Me ha llamado bastante la atención la inquietud manifestada en ese sentido por la Cámara de Diputados, que en el texto que nos ha enviado distingue, para los efectos de la penalidad, entre los grandes empresarios del comercio ilegal y quienes lo ejercen como una forma de subsistencia. Considero conveniente tener presente ese punto cuando debamos efectuar la discusión particular.
Además, estimo necesaria una norma que obligue a las municipalidades a dictar una ordenanza mediante la cual determinen uno o más lugares donde se pueda ejercer en forma lícita el comercio ambulante. En todas las ciudades existen sitios donde los vendedores ambulantes se encuentran autorizados para desarrollar su actividad por los respectivos municipios. Pero lo importante es que tales espacios físicos se encuentren perfectamente definidos, a fin de que se sepa con claridad cuáles son esos lugares. Y en ello deben tener participación las juntas de vecinos, cuya opinión ha de ser vinculante y no meramente informativa.
Pienso que materias como las mencionadas son las que debiéramos regular de mejor manera durante la discusión particular, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, el proyecto en debate es una de las 16 iniciativas contempladas en el acuerdo sobre seguridad ciudadana suscrito entre el Gobierno, la Alianza y la Concertación en octubre del año pasado. Y es la que se encuentra más avanzada. Corresponde, como digo, a un acuerdo político que confío que se respete, a fin de que el texto pueda ser despachado en un plazo razonable.
Comparto plenamente la idea matriz del proyecto -por esa razón este fue incluido en el acuerdo-, el cual, en mi opinión, constituye un avance importantísimo en la lucha contra la delincuencia, no solo porque permite disminuir la evasión tributaria, la piratería, la competencia desleal y las infracciones a la Ley de Propiedad Intelectual, sino también porque, cuando se comete un delito de robo, hurto o un atentado contra la propiedad pública o privada, el objetivo del delincuente no es coleccionar las especies robadas, sino venderlas para obtener de ellas utilidad y lucro. Y la forma más habitual y común de hacerlo es a través del comercio ilegal. Por eso, la iniciativa enfrenta a fondo las asociaciones ilícitas constituidas con el propósito de desprenderse de gran parte de las especies robadas y, desde ese punto de vista, representa un complemento del artículo 456 del Código Penal, que tipifica el delito de receptación o reducción de especies.
Señor Presidente, hay que distinguir entre el comercio ambulante que vende especies legales y aquel que comercializa especies robadas, receptadas o ilegales. El proyecto en nada afecta al primero, que puede operar, de acuerdo con una regulación, vendiendo especies compradas de manera lícita. Lo que busca es sancionar a las asociaciones ilícitas que se dedican a formar, con ganancias de miles de millones de pesos, verdaderas mafias que venden productos robados, pirateados o falsificados, y que se valen de personas necesitadas -muchas veces sin empleo- para lograr el objetivo de cometer ese delito. Esto obliga a que los vendedores ambulantes deban ejercer su actividad, principalmente en zonas donde existen altos niveles de cesantía, sujetos a los mecanismos establecidos en el marco legal pertinente.
Por lo tanto, no veo contradicción.
Repito: hay un comercio ambulante que se dedica a la venta de especies legales, bien adquiridas o bien compradas, y otro que ejerce su actividad mediante el uso de especies robadas. Y la sociedad no puede admitir que existan zonas, ferias o lugares donde todo el mundo sabe que se venden productos robados.
Y aquí entro directamente al artículo 4º, del cual soy absoluto partidario, porque considero que la comunidad debe asumir un costo si quiere derrotar a la delincuencia.
Lo que señala esa disposición es por completo razonable. Si en algún momento un policía tiene antecedentes o sospecha que se puede estar realizando una actividad ilegal en un establecimiento comercial, vendiéndose especies robadas, por ejemplo, ¡cómo no va a poder requerir información que le permita conocer su origen!
El rechazo del precepto implicaría que la policía debiera ir a un tribunal a hacer la denuncia y obtener de un fiscal o de un juez de garantía la orden correspondiente. El problema es que cuando el policía estuviera en condiciones de presentarse con dicha orden ya no quedaría ningún objeto hurtado o robado porque se habría "pasado el dato" con el fin de hacerlas desaparecer.
Entonces, si el comercio quiere defenderse de los robos, tiene que colaborar. Y la manera de hacerlo es entender que estará sujeto a un mayor grado de fiscalización.
Por consiguiente, el artículo 4° es una norma muy bien orientada. ¿Que implicará sacrificio y molestias? Claro que sí, de la misma manera que las provoca el control de identidad. A nadie le parece agradable que lo paren en la calle y le pidan su carné para demostrar quién es. No obstante, la sociedad prefiere sufrir esa cuota de molestia a cambio del enorme beneficio -la Ley Corta permitió efectuar operaciones policiales que concluyeron con la detención de numerosos delincuentes- que significa ir disminuyendo los delitos contra la propiedad -los más frecuentes en nuestro país, en particular los de robo con violencia y robo con intimidación-, en los cuales se sustraen especies que finalmente terminan siendo vendidas en el comercio ilegal.
En consecuencia, señor Presidente, nosotros vamos a votar a favor de este proyecto, que -repito- es parte de un acuerdo político formal con el Gobierno.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminó su tiempo, Su Señoría.
El señor ESPINA.-
Termino en 30 segundos, señor Presidente.
Me alegra que estemos sacando adelante una iniciativa sobre la cual existe un compromiso. Y de ahí que pido despacharla a la mayor brevedad, por considerarla una de las más importantes, pues obligará a enfrentar el problema del comercio ambulante de una manera que haga posible desarrollar esta actividad en forma lícita y no con la verdadera anarquía que existe hoy, donde no se sabe si los vendedores ofrecen especies robadas o legítimamente adquiridas. No tengo dudas de que lo único que quiere la mayoría -gente modesta que trabaja para comer- es vender productos de manera legal.
Por lo tanto, el proyecto constituye un gran desafío, en la medida en que por un lado permite combatir la delincuencia y por el otro enfrenta en serio la cuestión del comercio ambulante que ejercen personas que carecen de un trabajo estable.
Por tales razones -reitero-, votaremos a favor de la idea de legislar.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente, cuando hace 18 años se aumentó el IVA, uno de los argumentos que utilicé fue que con el alza de 16 a 18 por ciento en forma transitoria -ahora ya está en 19-¿
El señor VÁSQUEZ.-
¡Por eso fue transitoria¿!
El señor KUSCHEL.-
¿ seguramente crecería el comercio ilegal o informal, e incluso la piratería, que ahora estamos sufriendo.
A mi juicio, el comercio ilegal se debe en gran medida a nuestras malas políticas públicas las cuales a veces terminan constituyendo una trampa para la gente.
¿A qué me refiero? Por ejemplo, si en vez de acercarse al 20 por ciento el impuesto al valor agregado fuera de 10 por ciento, sería menos interesante burlarlo o ejercer una actividad ilegal o informal. Es más: a su nivel actual, prácticamente uno de cada cinco artículos pertenece al Gobierno. Entonces, espontáneamente se asocian el comerciante y el cliente -no solo el que abastece- para engañar al Estado.
Del mismo modo, el Ejecutivo ha venido implementando medidas que dificultan la actividad económica formal, no solo desde el punto de vista tributario, mediante el impuesto a las empresas (al final lo paga la gente) o el IVA, sino también a través de la incorporación de diversos trámites administrativos para las pymes, los productores y los comerciantes.
Aparte, se han complicado sobremanera las leyes laborales. Por eso, las pequeñas y medianas empresas, en lugar de mantener sus trabajadores, los reemplazan por maquinaria u otros equipos, si tienen la posibilidad de hacerlo, o bien no los sustituyen cuando se retiran. Esto lo veo a menudo en distintos talleres de la zona que represento.
Asimismo, como ha aumentado excesivamente el gasto público, se ha producido inflación. Hay que pagar tasas de interés demasiado altas que, como resulta obvio, constituyen un incentivo al comercio ilegal o paralelo.
También existen problemas contables. Se pide a la pequeña y mediana empresa una contabilidad bastante sofisticada para sus capacidades.
En los ámbitos ambiental y sanitario, se exigen normas de muy difícil cumplimiento para gente sencilla, como la que vive en la Décima Región, que represento, donde existe la mayor cantidad de trabajadores por cuenta propia.
Al reducirse la actividad económica formal -ahora, con el actual ajuste de tasas de interés-, habrá una presión adicional al comercio informal.
Por eso, esta normativa es, como dijeron varios señores Senadores, un arma de doble filo.
Yo pregunto: ¿Es esta la herramienta para avanzar en materia de seguridad ciudadana? ¿Qué mecanismos alternativos accesibles les entregaremos a las pymes para que desarrollen sus actividades sin peligro de delinquir? ¿Qué estímulos, qué subsidios o qué alternativa estamos ofreciendo a esas personas? Les decimos que deben salir de las calles; ¿pero dónde las mandamos? ¿Qué facilidades hay para que los alcaldes implementen mercados o ferias municipales destinadas a ellas? ¿Dónde las van a instalar? ¿Con qué recursos? ¿Qué mecanismos administrativos o tributarios generaremos?
No he leído el proyecto en detalle, pero me preocupa. También, que sigamos subiendo los impuestos. Porque la gente busca su acomodo, su ubicación en esta sociedad, que es áspera. Y nosotros la estamos haciendo áspera con leyes de este tipo, en ocasiones muy desarrolladas, copiadas de España o de otro país europeo, pero que en Chile no tienen a veces una correspondencia inmediata.
Voy a aprobar en general el proyecto. Sin embargo, me incomoda mucho lo que está ocurriendo en este momento.
El señor GAZMURI.-
¡Someta a votación, señor Presidente!
El señor LARRAÍN.-
Se puede fundamentar el voto.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
A petición de varios señores Senadores, se cerrará el debate y se pondrá en votación el proyecto.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En votación.
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami para fundar su voto.
--(Durante la votación).
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente, me pronunciaré a favor, porque comparto la idea general de dotar de más herramientas jurídicas a los fiscales y a las Policías para enfrentar los problemas que generan el comercio informal y el ilegal, los cuales provocan efectos que, como se sabe, son muy negativos. Es una forma de competencia desleal que causa evasión tributaria; afecta la propiedad intelectual por la vía de la piratería; también, en muchos casos, es reconocidamente un foco de delincuencia. Verdaderas cadenas productivas se vinculan con contrabandistas, acaparadores y comerciantes, los que, finalmente, llevan las mercancías hacia los consumidores.
Como señalé, comparto el propósito de entregar más herramientas a las autoridades para poder investigar ese tipo de delitos.
Dicho lo anterior, quiero plantear muy brevemente dos aprensiones.
La primera se refiere a lo formulado aquí por otros Senadores y se relaciona con la situación de numerosas familias que viven del comercio informal, el cual constituye su principal ingreso presupuestario. El proyecto no se hace cargo de eso.
En consecuencia, creo que las políticas públicas deberían orientarse también hacia la regulación del comercio ambulante; a buscar, mediante ellas, franquicias, subsidios y otros mecanismos ad hoc, para quienes no tienen un establecimiento comercial o no otorgan boletas; o sea, formas que les permitan insertarse de manera correcta en los circuitos de comercialización. Porque, a mi juicio, no es admisible regular únicamente por la vía de la represión.
En segundo término, deseo advertir que buena parte de las herramientas investigativas del proyecto ya rigen en nuestra legislación de algún modo: está el delito de asociación ilícita; los fiscales cuentan con elementos suficientes para desempeñar su labor; las Policías disponen de muchas facultades, y en el último tiempo se ha hecho un esfuerzo significativo para ampliar las dotaciones profesionales, con el objeto de investigar las redes de contrabando.
Desde ese punto de vista, hay que advertir que la ampliación de penas y el reforzamiento de la legislación en su aspecto puramente represivo, probablemente, no darán los resultados que de ello se pueden esperar. Es reconocido el hecho de que el agravamiento de multas por sí solo no resuelve esos problemas.
De ahí, entonces, que reitero que votaré a favor de la iniciativa, pero hago presente mis aprensiones respecto de la necesidad de contar con una política pública que se haga cargo de la informalidad; que habrá camino y espacio para dicho sector, y que no se confíe de manera excesiva en los efectos positivos de medidas puramente represivas.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, por cierto, la preocupación para combatir el comercio ilegal debe estar presente en lo micro y también en lo macro.
Leía en "La Segunda" de hoy que Hans Ebens recurrirá a la Superintendencia de Valores y Seguros para apelar por la multa de 400 UF que se le aplicó por el manejo de información privilegiada en el proceso de fusión de Falabella y D&S.
En verdad, en todos los niveles surgen hechos sobre los cuales es necesario reglar, sancionar y regular, particularmente cuando se trata de fusiones de las empresas más grandes del retail, defendidas por los más importantes estudios jurídicos.
Dice el titular de aquel diario: "Abogados de Barros & Errázuriz y multas en D & S-Falabella:" "Todo el caso construido contra Hans Eben se funda en indicios", a pesar de que hay grabaciones telefónicas.
Agrega la nota que, siendo familiares los involucrados, no se reúnen a almorzar todos los domingos, sino que lo hacen muy a lo lejos, y que no hubo información privilegiada.
Me parece muy positiva la investigación de la Superintendencia de Valores y Seguros. Y, ciertamente, el Senado debe estar abierto a legislar en ese sentido y a procurar que ese tipo de transacciones -sin duda, ilegal- y el abuso de información privilegiada sean también objeto de debate.
En lo que dice relación al proyecto, ¿cuál es el origen del comercio clandestino? ¿Por qué surge? Por el desempleo.
Señor Presidente, me pronunciaré a favor de la idea de legislar; pero creo que tenemos el deber de manifestar a miles de personas que han optado por el empleo informal de vender en las calles para no caer en la delincuencia, que elaboraremos programas especiales a fin de socorrerlas. Porque si, en definitiva, las sacamos de las vías públicas y limitamos su derecho a ganarse el sustento con su trabajo, las estamos arrojando a los brazos de la delincuencia, ya que no tienen alternativa. Ellas optaron por una práctica que es ilegal pero no delictual, pues deben hacerlo para obtener los recursos que necesitan.
Me gustaría que se invitara a la Comisión a la Asociación Chilena de Municipalidades para saber cuál será el criterio de los alcaldes a la hora de dictar la correspondiente ordenanza. Porque el comercio clandestino quedará radicado en aquellos lugares que todos sabemos. No lo mandarán ni a Providencia ni a Las Condes ni a sectores ABC 1, sino a áreas donde los vecinos tengan que asumir esa realidad.
Claramente, la decisión de las ordenanzas municipales debe ser de acuerdo con los vecinos -el Senador señor Larraín así lo plantea en el informe-, y no una decisión arbitraria de los alcaldes.
Y, en lo personal, observaría especialmente lo relativo a la función de las Policías. Les estamos entregando una nuevo cometido, en circunstancias de que se desea restarles funciones, para que se preocupen realmente de los delincuentes y no de perseguir el comercio ilegal.
Hemos debatido la necesidad de quitarles ciertas labores accesorias, administrativas. No obstante, el combate del comercio ilegal es una función compleja y se suma a otras que cumplen en la actualidad, porque, como funcionarios públicos, están obligados a intervenir.
Por lo tanto, estimo que se debe escuchar a Carabineros. La Policía de Investigaciones, por cierto, ya tiene esa facultad en los casos de la venta de bienes inmuebles y del crédito prendario, y no la otra Institución. Y si se la asignamos, sería conveniente escuchar a sus integrantes, para que indiquen cómo van a actuar, qué procedimiento aplicarán y qué tiempo dedicarán a ese objetivo en pos de la seguridad que hemos venido señalando.
Por otra parte, en cuanto a la propiedad intelectual -que la iniciativa en estudio fortalece-, quiero informar que en la Comisión de Educación estamos discutiendo un proyecto relacionado con tal materia. Y hay una Comisión especial -presidida por el Senador señor Vásquez- que se encuentra abocada al tema de la piratería. Se ha llevado a cabo un largo análisis sobre el particular. Se trata de una gran normativa y, obviamente, la estamos apoyando.
En ese sentido, el proyecto me parece adecuado, pues con él se da cumplimiento a acuerdos internacionales.
Por otro lado, es del caso señalar que el asunto que estamos debatiendo nos obligará a desarrollar una política de carácter social más profunda, porque ciertamente se rigidizará el actuar y se perseguirá a quienes hacen el gran tráfico de productos ilegales, los que luego menudean y transfieren para generar comercio ilícito, que tiene una profunda raíz social.
Las cifras de cesantía han crecido en todo el país. Y cada vez que se remece el mercado laboral y se expulsa a trabajadores, un porcentaje importante de ellos incursiona en ese mercado ilegal.
Conforme a lo anterior, creo preciso fortalecer los programas que permitan desarrollar alternativas ante el ejercicio de aquella actividad. Y, por lo tanto, es conveniente escuchar a los alcaldes, a la Policía y, particularmente, al Gobierno. Pero no solo a los encargados de esta política -el Ministro del Interior y el Subsecretario-, sino también a quienes están a cargo de los programas sociales, para buscar así fórmulas complementarias que eviten el comercio ilegal; que protejan a muchos hombres y mujeres que han hecho de esa práctica una actividad que les permite ganar algunos pesos y no caer en la delincuencia o muchas veces arrancar de ella.
Y, sin duda, una medida restrictiva como la que se pretende podría terminar siendo más peligrosa que el problema que se desea resolver.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, seré muy breve, pues ya intervine.
Ahora quiero referirme a un par de elementos que surgen del debate. Creo importante al respecto intercambiar ideas.
Lo primero que debo aclarar es que el proyecto en análisis no debe entenderse como un combate al comercio ambulante. Resulta muy fundamental que ello se lea de esa forma, porque, de lo contrario, tendría una consideración social y una naturaleza enteramente distinta.
De lo que se trata aquí es combatir el comercio ilegal, la venta de productos provenientes del contrabando, de especies robadas o de cualquier otro objeto de comercio ilícito. ¡Eso es lo que estamos combatiendo!
Aun más, se trata precisamente de ayudar a que el comercio ambulante tenga un ordenamiento. De ahí que el artículo 5° permita a las municipalidades la generación, a través de ordenanzas, de regulaciones en esta materia.
Como recordaba el Senador señor Navarro, yo he pedido que haya participación de la comunidad. Porque es ella la que debe entender este fenómeno y ver cómo quiere que en cada lugar se manifieste.
Por lo tanto, en la iniciativa no hay un combate al comercio ambulante, sino que al ilegal. Y me parece importante esta puntualización para evitar conceptos equivocados.
Por otro lado, me quiero referir al artículo 4°, que en el transcurso del debate ha sido analizado desde distintas perspectivas. Así, algunos son partidarios de que las Policías puedan fiscalizar el cumplimiento de las normas vigentes en quienes ejercen el comercio, sea ambulante o establecido.
Hoy día, como se ha señalado, los funcionarios de Impuestos Internos realizan esta labor. Pero las Policías solo lo hacen en el marco de una investigación criminal a raíz de solicitud emanada del Ministerio Público o del juez, en su caso.
Desde mi punto de vista, entregar estas atribuciones a la policía merece un atento debate y una lectura pormenorizada. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que yo no veo a carabineros recorriendo la calle Independencia de Linares -donde se instala el grueso del comercio- o alguna comuna de las circunscripciones que representan los señores Senadores, revisando todos los días a cada uno de los comerciantes sus papeles. Aquí se estaría haciendo no por la sospecha de algo, sino por fiscalización. Por lo tanto, se transformaría en tarea permanente. Me parece que eso va a generar tremenda desconfianza en el sector, pues equivaldría a pensar que todos son actores del comercio ilícito.
Sin embargo, se podría aplicar en el comercio ambulante, porque, como decía el Senador señor Muñoz Aburto, se ha generalizado en muchos de ellos la venta de objetos ilícitos o pirateados, como libros, CD con películas o música. Y ahí se produce parte importante de dicho comercio.
En consecuencia, en mi opinión, debemos revisar con mucho cuidado las atribuciones que se quiere entregar a la policía. No se trata de diferenciar quién está en el combate contra el comercio ilegal y las acciones ilícitas que implica, sino de buscar la manera más eficiente de hacerlo, de modo que no genere anticuerpos o incentivos perversos que conviertan esto en una "caza de brujas".
Insisto, podríamos discutirlo respecto del comercio ambulante. No obstante, instaurarlo en el negocio establecido como una fiscalización permanente lo encuentro extremadamente delicado, pues supone abrir una página de desconfianza respecto del comercio en general, incluso del constituido, el que hace sus papeleos, paga sus impuestos; en fin. Si no lo cumple, fiscalicémoslo; pero ¿son los carabineros o los funcionarios de Investigaciones los llamados a realizar la tarea de fiscalización preventiva? Tengo mis reservas.
Por eso, creo que esta facultad merece una segunda discusión y en ese sentido hago esta apreciación. Por lo demás, la podemos debatir durante el análisis en particular.
En términos generales, como lo he señalado, se trata de un acuerdo que hemos alcanzado con el Gobierno, producto de nuestra voluntad de llegar a consenso en ciertas materias.
Y, por cierto, voy a votar a favor del proyecto.
Sin embargo, habría preferido que el Honorable señor Espina no recordara que esto es producto de un acuerdo, porque algún señor Senador, cuando sepa que tiene ese carácter, tal vez querrá sustraerse a él, como lo hemos visto en otras materias. Pero ya que lo mencionó, nosotros, por lo menos, como siempre, cumplimos nuestra palabra.
Voto que sí.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (32 votos), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido, y se fija como plazo para presentar indicaciones el 1 de septiembre, a las 12.
Votaron las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Coloma, Espina, Flores, Frei, Gazmuri, Girardi, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Novoa, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
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El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, solicito recabar el asentimiento de la Sala para ampliar, hasta las 12 del próximo lunes, el plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
Participación ciudadana en procesos calificatorios de declaraciones de impacto ambiental
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Horvath y Sabag, sobre modificación de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, con el fin de permitir la participación ciudadana en los procesos de calificación de las declaraciones de impacto ambiental, con segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5483-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los Senadores señores Horvath y Sabag).
En primer trámite, sesión 65ª, en 14 de noviembre de 2007.
Informes de Comisión:
Medio Ambiente y B. Nacionales, sesión 88ª, en 4 de marzo de 2008.
Medio Ambiente y B. Nacionales (segundo), sesión 40ª, en 30 de julio de 2008.
Discusión:
Sesiones 15ª, en 29 de abril de 2008 (queda pendiente su discusión general); 16ª, en 30 de abril de 2008 (se aprueba en general).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
La iniciativa fue aprobada en general en sesión de 30 de abril del año en curso.
La Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, en su segundo informe, efectuó diversas modificaciones al texto despachado en general, las que dicen relación a la consideración por parte de las Comisiones Regionales del Medio Ambiente de la opinión de las juntas de vecinos acerca de las declaraciones o los estudios de impacto ambiental; el conocimiento que tiene que darse a los concejos municipales de la declaración jurada que contenga la declaración de impacto ambiental y también el proceso de participación ciudadana.
Las enmiendas fueron aprobadas por unanimidad, de manera que, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite su discusión y votación o que exista alguna indicación renovada.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado de cuatro columnas que transcriben, respectivamente, los artículos pertinentes de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el texto aprobado en general; las enmiendas de la Comisión, y el proyecto que resultaría si se aprobaran.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el proyecto.
--Se aprueba en particular, y queda despachado en este trámite.
estableciMIENTO DE requisitos especiales para transporte ESCOLAR interurbanO. PROYECTO DE ACUERDO
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Corresponde votar el proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Naranjo y Muñoz Aburto.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1086-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 33ª, en 2 de julio de 2008.
Oficio de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones, sesión 36ª, en 15 de julio de 2008.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El propósito del proyecto de acuerdo es solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República que se modifique el decreto supremo N° 38, del año 2003, que creó el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares, estableciéndose requisitos especiales para el transporte de estudiantes en las zonas interurbanas.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones tomó conocimiento de la iniciativa y resolvió, por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señora Matthei y señores Cantero, Girardi, Novoa y Pizarro, informar a la Sala que no tiene reparos ni observaciones que formular.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo.
--Se aprueba.
PUBLICIDAD DE SESIONES E INFORMES TÉCNICOS UTILIZADOS POR CONSEJO NACIONAL DE PESCA. PROYECTO DE ACUERDO
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Hay que votar ahora el proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Navarro y Vásquez.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1060-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 16ª, en 30 de abril de 2008.
Oficio de Comisión:
I. Marítimos, Pesca y Acuicultura, sesión 36ª, en 15 de julio de 2008.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El objetivo del proyecto de acuerdo es solicitar al señor Subsecretario de Pesca que se adopten medidas de publicidad respecto de las convocatorias y de las actas de las sesiones del Consejo Nacional de Pesca y de los resúmenes de los informes técnicos que se tienen a la vista.
La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura analizó este proyecto de acuerdo desde el punto de vista de su idoneidad constitucional y concluyó que él en nada se opone al ordenamiento jurídico ni invade competencias o facultades atribuidas a otras autoridades.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Se aprueba.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes.
Del señor HORVATH:
A los señores Ministros del Interior, de Hacienda y de Obras Públicas, y a la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, solicitándoles informar respecto de CONGELAMIENTO DE PAGOS A EMPRESAS CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS. A la señora Ministra de Agricultura, requiriéndole INFORME DE INSTITUTO FORESTAL "INVENTARIO DE ALERCE, VIVO Y MUERTO". A la señora Ministra de Agricultura, solicitándole informar en cuanto a MONTOS DESTINADOS A RECUPERACIÓN DE SUELOS Y FORESTACIÓN y a EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CON BONIFICACIÓN DE DECRETO LEY Nº 701.
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El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Independientes.
Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
INDIGNACIÓN ANTE PROCESO DE DEVOLUCIÓN DE DEUDA PREVISIONAL HISTÓRICA DE JUBILADOS DE REGIÓN DE MAGALLANES
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, hoy me veo en la obligación de hacer pública a todo el país, más allá del Senado, la siguiente situación.
Hace poco más de un año el Ejecutivo tomó conocimiento de una legítima demanda -como muchas otras- relativa a deudas previsionales históricas, que yo a estas alturas denomino "prehistóricas", porque cuesta entender que hayan pasado tantos años sin haberse tomado el compromiso de resolver el fondo de esas fundadas aspiraciones.
Pero, en lo concreto, a mí me correspondió llegar a un acuerdo con el Gobierno para que se devuelva la llamada deuda previsional histórica del 4 por ciento.
¿Cómo se generó dicho aporte previsional? Por el ahorro que las personas efectuaron entre los años 1958 y 1977; o sea, se trata de gente que ya jubiló hace muchos años, de bastante edad, pero que, en el caso de nuestra Región, afortunadamente, todavía se encuentra con vida.
Pues bien, en ese entonces hicimos ver a las autoridades competentes que esas personas no estaban pidiendo algo por pedir; era su propio dinero el que solicitaban les fuera devuelto por el Estado. Él se quedó con la plata, ya que así lo determinó el Presidente de la época, señor Patricio Aylwin, quien prohibió seguir pagando la legítima demanda de esos jubilados después de haber ganado 3 juicios.
Producto de situaciones que no sería pertinente recordar hoy, el Ejecutivo asume un compromiso, que luego se lo endosa al gobierno regional de Magallanes.
Transcurrido un año de ese proceso, señor Presidente -y aquí viene lo curioso, pues cuando ocurren este tipo de cosas en la vida uno no sabe si llorar o reír, aceptarlas o rechazarlas-, resulta increíble ver que el gobierno regional, no habiendo encontrado soluciones dignas para esos adultos mayores, determina implementar lo que denominó la "universidad de la vida", sistema que obliga a personas de 80 años hacia arriba a una participación de 30 horas para que se les devuelva su propio dinero, que ni siquiera será restituido como corresponde, o sea, reajustado, etcétera, sino que se entregará a cada una de ellas un bono compensatorio de 2 millones de pesos.
La situación de esos adultos mayores ha producido enorme indignación en Magallanes, los cuales se sienten pasados a llevar, humillados, que su lucha por más de 30 años no tenía sentido.
En definitiva, el sistema propuesto establece que el Gobierno entregará un millón de pesos en el acto a quienes se inscriban en esa "universidad de la vida", debiendo en 30 horas dar a conocer en qué consistió su vida, cual era la receta de cocina que preparaba la abuelita, la actividad de los hombres.
Sin embargo, como todo eso lo efectuará SERCOTEC, que seguramente cobrará por realizar tal labor, porque gratis no lo hará, el problema radica en la forma en que, de la noche a la mañana, se ideó un proceso legal para entregar tan importantes cantidades de dinero; a lo mejor, próximamente podría crearse la universidad del deporte o de cualquier otra cosa. En todo caso, lo bueno es que en esta oportunidad se beneficia a nuestros adultos mayores de Magallanes.
Se ha tratado de un proceso largo, duro, que indigna ver cómo se resolvió el problema: del modo menos inteligente.
Por lo tanto, esos jubilados deben cobrar el millón de pesos esta semana -si se aprueba el mecanismo- y, luego, después de cumplir las 30 horas, se procede al pago del segundo millón de pesos, previa firma de un documento en el cual se les imposibilita continuar el proceso de cobro, lo que resulta mucho más indignante.
Eso, en verdad exaspera a cualquier persona que ha seguido dicho proceso, el que deseamos concluir.
Debo señalar que en una asamblea realizada el sábado recién pasado con casi 500 adultos mayores, se nos hizo presente que, desgraciadamente, producto de la precariedad económica de muchos de ellos, se verán obligados a aceptar ese millón de pesos, y a futuro, el otro millón de pesos restante, porque su situación no da para más y hay que terminar con el proceso.
A veces, señor Presidente, uno debe experimentar esta indignación para darse cuenta de que la palabra empeñada no basta, que dar la mano no es suficiente. Porque cuando a uno se le pide asumir un compromiso por el país, cuando a uno se le pide colaboración, y la única condición que coloca -pensando en mantener su grado de independencia- es la devolución de los propios dineros de adultos mayores pertenecientes a determinada Región, no se puede decir que tal solicitud es extraña o no corresponde.
Pero la manera en que la solución se llevará a cabo -porque todavía no se materializa- enfurece, e indigna que se humille a un adulto mayor a someterse al proceso denominado la "universidad de la vida"; indigna, además, que se le imponga la condición de firmar un documento en el que renuncia a toda otra posibilidad de seguir luchando por lograr el objetivo de recuperar parte de su dinero.
Y lo que más indigna, señor Presidente, es que probablemente se dejará afuera a todas las mujeres, a todas las montepiadas, a todas las viudas, que tienen el más legítimo de los derechos a percibir el bono de dos millones de pesos.
Ellos dicen que la tarea está cumplida, que la palabra de la Presidenta se ha cumplido. Y así se ha publicado a nivel regional en toda la prensa escrita, en la televisión, en las radios, etcétera.
Sin embargo, es tal la indignación que hoy día, en nombre de las mujeres y los hombres jubilados de Magallanes, hago público en el Senado el problema descrito, porque me parece una vergüenza mayúscula que se haya abusado por más de 30 años con un dinero que no era del Gobierno, que se lo quedó el Estado de Chile, y que, al momento de devolver, lo haga humillando de tal forma a esos adultos mayores con su vuelta a la "universidad de la vida", sin considerar que algunos de ellos se encuentran postrados, que han perdido la audición o la vista, o que sufren alguna discapacidad, a pesar de haber señalado que concurrirán hasta sus casas para conversar y preguntarles cómo fue su vida, con el objeto de, quizás mañana, escribir un libro o filmar una película, o hacer no sé qué, pues desconozco a dónde irá a parar este proyecto.
Debía hacer presente la situación descrita, señor Presidente, porque ese fue mi compromiso con ellos. Hay una sensación de desamparo. Esa gente ya en nada cree. En efecto, estaba empeñada la palabra del Gobierno, no obstante todo termina en un proceso como el descrito.
Asimismo, el SEREMI del Trabajo, encargado de dicho procedimiento en Punta Arenas, públicamente -y así fue expuesto en la prensa regional- echó a algunos adultos mayores y los trató de mala manera. Se supone, entonces, que esta persona cesará en su cargo. Ello, aunque no es un asunto de mi incumbencia, es lo mínimo que uno espera, toda vez que se trata de un funcionario de Gobierno, que representa al Estado, que pertenece al sistema público, que ha humillado a los adultos mayores en este proceso de pago.
Esas son las razones por las cuales he querido referirme a esta situación en la hora de Incidentes en nombre de las mujeres y los hombres de Magallanes.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En el turno del Comité Socialista, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, ante todo, debo hacer presente que el Partido Radical Social Demócrata me cedió sus 8 minutos.
A continuación, me referiré a diversas materias.
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER PROSTÁTICO EN CONSULTORIOS
Señor Presidente, cerca de cuatro hombres al día mueren de cáncer a la próstata en Chile. Los expertos urólogos afirman que entre 2 y 3 por ciento de los chilenos pueden llegar a sufrir esta enfermedad. Actualmente, cada año mueren más de mil 400 personas a raíz de ella, transformándose en la segunda causa de muerte por cáncer en el país.
Incluso, como ha publicado en la prensa y en todos los informes nacionales e internacionales, el doctor Javier Domínguez, urólogo del Hospital Clínico de la Universidad Católica, reitera que "probablemente entre el 2 y 3% de los chilenos va a desarrollar cáncer de próstata, aunque esto no quiere decir que se muera específicamente por esta enfermedad".
Esta, en muchos casos, es una patología tratable y de lento desarrollo, por lo que las posibilidades de recuperación son altas. Sin embargo, en numerosas ocasiones, cuando el diagnóstico es tardío, los tratamientos como cirugías, radioterapias u hormonoterapias no son efectivos, resultan muy caros y, al final, desencadenan la muerte del paciente.
Las estadísticas demuestran que el cáncer cérvico uterino y el de mamas equivalen al 50 por ciento de los casos de cáncer a la próstata en hombres mayores de 45 años, de 50, y muy especialmente, a partir de los 60 años. Ello da cuenta del explosivo crecimiento de este último.
Hemos venido señalando que el costo de miles de millones pesos que significa el tratamiento tardío para combatir el cáncer a la próstata, puede rebajarse de manera sistemática si se realizan campañas de prevención que estén directamente al alcance de los usuarios.
Por ello, hemos pedido la aplicación de programas especiales de detección precoz del cáncer a la próstata en cada uno de los consultorios municipales, y no en los hospitales. También hemos solicitado que el diagnóstico mediante el antígeno prostático, especialmente para los adultos mayores, se efectúe a un precio alcanzable a sus bolsillos.
Y así como en Chile se combatió el cáncer a las mamas con eficacia y con éxito, transformándola hoy día en una patología que ha retrocedido o ha mantenido un equilibrio en el número de incidencias por cada 100 mil casos, también se puede hacer lo mismo con el cáncer a la próstata.
He tenido la oportunidad de compartir en múltiples ocasiones con grupos de la tercera edad, donde he podido apreciar que la decisión del varón para hacerse el examen preventivo depende en un 60 por ciento del apoyo femenino, ya sea de la pareja, la esposa, y especialmente de su entorno. Ellos no toman tal decisión, porque existe el mito de que el tacto rectal podría incidir en la masculinidad.
Junto a un grupo importante de médicos hemos formulado la advertencia de que a veces los hombres resuelven efectuarse el examen cuando es demasiado tarde, lo cual al Estado y a sus familias les cuesta muy caro.
Es preciso que los exámenes se realicen lo más cerca posible de los pacientes. Asimismo, hay que trabajar en la línea sicológica, a fin de hacer comprender que la prevención es el mejor sistema, como ocurrió con el cáncer cérvico uterino y el de mamas. Costó que se practicara la prueba del papanicolau. Había clínicas móviles recorriendo las poblaciones para hacerles a las mujeres el examen de mamas. Existía pudor, desconocimiento, una falsa percepción de las finalidades del examen, porque también se efectúa a través del tacto.
Señor Presidente, deseo reiterar lo que he venido señalando, en el sentido de que, en el Presupuesto de 2009 del Ministerio de Salud, se incorporen los programas pilotos para llevar a cabo un plan masivo de detección precoz del cáncer a la próstata directamente en los consultorios, donde asiste la gente que no puede pagar el antígeno prostático, ni le es posible concurrir al hospital y desembolsar 36 mil pesos o más. Por lo tanto, no se van a hacer los exámenes correspondientes.
Le ahorraremos miles de millones de pesos al Estado chileno, vamos a salvar miles de vidas y evitaremos costosos tratamientos si se realiza una detección precoz de dicho mal, el cual lentamente se ha transformado, reitero, en la segunda causa de muerte por cáncer en Chile.
CELEBRACIÓN DE SEMANA MUNDIAL DE LACTANCIA MATERNA. OFICIO
Del mismo modo, señor Presidente, cada año, desde 1992, durante la semana comprendida entre el 1° y el 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna.
En dicha semana se conmemora el aniversario de la Declaración de Innocenti, emitida en la convención celebrada en el "Spedale degli Innocenti", en Florencia, Italia, el 1° de agosto de 1990.
Esta celebración tiene como principal objetivo sensibilizar a la comunidad y a la familia acerca de la importancia de la lactancia materna. Surge de la acción conjunta de la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, la FAO y la Alianza Mundial a Favor de la Lactancia Materna.
Es sabido que la lactancia materna proporciona, como ningún otro medio, el alimento y la nutrición más conveniente, más sano, para el mejor desarrollo de los lactantes. Por eso, se incentiva a las madres a amamantar a sus bebés durante los primeros seis meses de vida y a continuar la lactancia materna mientras se les introducen alimentos complementarios, más allá de los dos años.
En los países en desarrollo -los de mayor crecimiento ya han cubierto esta situación-, como Chile, los niños que toman leche materna tienen casi el triple de probabilidades de sobrevivir. Es decir, más leche materna, más sobrevivencia.
Por eso, es importante aumentar la conciencia acerca de la necesidad del amamantamiento, así como generar las condiciones sociales, culturales y legales para apoyar efectivamente a que las madres lo hagan.
En nuestro país, a partir de 1993, se han realizado cinco encuestas nacionales sobre lactancia materna (en 1993, 1996, 2000, 2002 y 2005). En cada una se han incluido alrededor de 10 mil niños menores de 18 meses de sectores urbanos y rurales.
De acuerdo con el estudio realizado en 1993, el 16 por ciento de los niños recibía lactancia materna exclusiva al sexto mes de vida. En la última encuesta, de 2005, esa cifra llegó al 46 por ciento, lo que, por cierto, es alentador. Otros índices nos señalan que la lactancia exclusiva en niños de cero a seis meses ha subido del 50,7 por ciento, en 1993, al 63,2, en 2002, lo cual es positivo.
Por esa razón, el 23 de noviembre de 1995 presentamos un proyecto de ley que establecía el derecho de las madres trabajadoras a amamantar, aun cuando no existieran salas cunas en sus lugares de trabajo, permitiéndoles salir durante una hora al día para alimentar adecuadamente a sus hijos. De esa manera, no se las obligaba a optar entre brindar atención directa al niño o tener que volver rápidamente a su casa.
Ese proyecto, luego de 12 años de tramitación, el 12 de febrero de 2007 fue aprobado por el Congreso y fue publicado en el Diario Oficial como la ley N° 20.166. El Gobierno de la Presidenta Bachelet acogió esa iniciativa y la transformó en norma legal.
Me siento orgulloso de haber persistido, junto a un grupo importante de parlamentarios, en la necesidad de garantizar a las mujeres trabajadoras el derecho a amamantar en un mercado laboral donde miles y miles de madres salen cada día a buscar empleo, y no queremos que abandonen a sus hijos.
En tal sentido, apelamos permanentemente al empresariado: la familia se cuida cuando se cuida al niño; el derecho a amamantar es irrenunciable. No puede el niño lactante pagar con la negación del amamantamiento por cualquier tipo de acuerdo.
Señor Presidente, no importa la labor que ejecute la mujer, ni el tipo de contrato que celebre, pues tiene el derecho a amamantar y se extiende a todas las madres.
Sin embargo, aunque dicha normativa nos llena de orgullo y satisfacción, debemos decir que nos preocupan algunas dificultades en su implementación y ciertos incumplimientos de ella, pese a los esfuerzos de distintos organismos como la JUNJI, el SERNAM y la Dirección del Trabajo por difundir sus alcances.
Por eso, señor Presidente, junto con reiterar la necesidad de relevar nacional y mundialmente la significación de la lactancia materna no solo para asegurar niños más sanos sino también para procurar un desarrollo afectivo más sólido de estos con sus madres, es indispensable insistir en políticas públicas y leyes que garanticen, aumenten y mejoren las condiciones para que las mujeres -ciertamente, esta materia también afecta a los padres- puedan ejercer el derecho a amamantar (por ejemplo, en lo relativo al traslado del menor al lugar de trabajo de su madre).
En razón de esto último, junto con destacar el esfuerzo del Ministerio de Salud -y valoro profundamente lo obrado por la Ministra- para incrementar las tasas de lactancia materna en nuestro país -hemos sido exitosos en ello-, solicito oficiar en mi nombre a la Dirección del Trabajo a los efectos de que me señale el número de denuncias recibidas en cada una de las Regiones por trasgresión a ese importante derecho y la cantidad de infracciones cursadas por dicha causal, con indicación de monto de las multas e identificación de las empresas involucradas.
--Se anuncia el envío del oficio pertinente, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
EXTENSIÓN DE PERMISO POSNATAL MATERNAL A SEIS MESES. OFICIOS
Señor Presidente, pido que se oficie al Ministerio de Salud para que informe respecto a los avances de un anhelado proyecto de ley, que ha sido solicitado casi unánimemente por el Parlamento: el que extiende el permiso posnatal maternal a seis meses, para estimular la lactancia materna como mínimo a ese período, tal cual lo recomiendan todas las organizaciones mundiales vinculadas a la salud.
Una y diez veces hemos planteado que se requiere innovar sobre el particular. Muchas licencias médicas -quizás miles- obedecen al propósito de evitar el desapego de la lactancia materna. Cuando son abandonados en ese aspecto, los niños se enferman. Está comprobado. Todos los pediatras sostienen que otorgar permiso a la madre durante dicho período constituye un deber moral, porque cuando se niega el menor puede llegar incluso la UCI, con un gran costo fiscal. Entonces, no es ningún negocio para el Estado.
Hemos planteado al Superintendente de Seguridad Social -y lo conversamos con la Ministra de Salud- que, si cruzamos los datos de las licencias otorgadas por enfermedades de niños menores de un año con los períodos de lactancia materna, los resultados indican claramente que gran número de ellas dicen relación a la necesidad de apego y lactancia hasta los seis meses. Y, lamentablemente, eso no ocurre hoy en Chile.
Insisto en mi consulta a la Ministra de Salud, Soledad Barría, y al Ministro de Hacienda, Andrés Velasco, respecto de si se van a incorporar en el proyecto de Ley de Presupuesto para el 2009 las normas indispensables para la extensión del período en comento.
Asimismo, pido que se oficie al Ministro del Trabajo a fin de que nos indique derechamente si se encuentra elaborando una iniciativa que apunte en tal dirección y que, en caso afirmativo, nos remita las estadísticas que permitan fortalecerla.
Tengo la certeza de que un proyecto de tal índole es compartido plenamente tanto por la Ministra de Salud como por el titular del Trabajo. Por ende, solo se trata de una decisión económica. Y muchos estimamos que el país está en condiciones de tomarla. Disponemos de los recursos necesarios para proteger el bien de la lactancia materna. Entonces, es preciso actuar, ¡y ahora!
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
PROBLEMAS EN SECTOR DE CONCEPCIÓN POR ABANDONO DE VÍA FÉRREA. OFICIOS
Señor Presidente, solicito que se oficie a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y a la Secretaría Ministerial de Salud de la Octava Región acerca de una situación muy compleja que se vive entre las calles Rengo, Caupolicán, Aníbal Pinto y Vicuña Mackenna, de Concepción, donde se producen detenimientos de trenes por exceso de carros, con pitazos y otros ruidos.
¡Hay que vivir allí para entender la situación!
El abandono de la vía férrea y la falta de luminosidad convierten ese lugar en algo deplorable.
Muchas personas me han escrito para señalarme la necesidad de fiscalización. Y, para ello, recojo la inquietud de doña Gladys Eyzaguirre, domiciliada en Vicuña Mackenna 685, esquina Aníbal Pinto, quien ha planteado lo insufrible del ruido ambiental que afecta a los vecinos, el cual les ha provocado efectos acumulativos en su salud.
Por lo tanto, le solicito a la Secretaría Regional Ministerial del Biobío que nos dé a conocer las medidas adoptadas frente a esa denuncia de los habitantes del sector individualizado.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
REPARACIÓN DE PUENTES ENTRE COMUNAS DE CONCEPCIÓN Y FLORIDA. OFICIO
Señor Presidente, pido que se remita un oficio a la Dirección de Vialidad de la Región del Biobío a fin de que nos informe acerca de la reparación de los puentes 6 y 7, en los sectores de Bodega y Roa, donde se encuentran aisladas por el barro más de 70 familias que, desde que se demolió el puente San Lorenzo, que unía dichas localidades, viven en una situación muy precaria.
He planteado lo anterior en diversas ocasiones. Quiero solicitar una vez más que se nos informe cuántos recursos se requieren, si se realizaron los diseños pertinentes, cuánto se invertirá en la mantención de esos caminos rurales, para poder dar noticias alentadoras -porque el invierno todavía no termina- a la gente de los sectores Bodega, Roa y ex puente San Lorenzo, camino entre Concepción y Florida.
--Se anuncia el envío del oficio pertinente, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
CAUSAS DE RETRASO EN ENTREGA DE TEXTOS ESCOLARES GRATUITOS. OFICIO
Señor Presidente, solicito que se oficie al Ministerio de Educación para que nos informe sobre los motivos de su retraso en la entrega de textos escolares gratuitos para distintos niveles, con indicación del número de libros distribuidos hasta la fecha.
Diversas versiones de prensa han señalado que más de 700 mil ejemplares estuvieron expuestos a situaciones externas que complicaron su entrega. La Ministra de Educación llegó a decir que no valía la pena distribuirlos a estas alturas del año.
Es preciso mejorar las condiciones de impresión, fabricación y distribución de los libros pertinentes, que en los sectores populares, y particularmente en las escuelas municipalizadas, constituyen el único elemento para estudiar, porque el bolsillo de los padres no alcanza para comprar textos de apoyo al aprendizaje.
Debemos saber por qué ha habido tanta demora; cuál es la empresa fabricante; cómo se distribuyen los libros; cuál es el presupuesto; qué autoridades son responsables, dentro y fuera del Ministerio, de la entrega.
No es tolerable que 700 mil ejemplares destinados a los niños más pobres de Chile experimenten retrasos por ineficiencia o inexcusable irresponsabilidad de algún funcionario o de alguna empresa.
¡Quiero que se aclare tal situación!
Conocimos tangencialmente, a través de la prensa, lo ocurrido. Mantenemos una relación expedita con la Ministra de Educación. Empero, decidí pedir formalmente que se me informe sobre el particular porque quiero dejar constancia de que al menos el Senador que habla no está disponible para seguir apoyando las Partidas presupuestarias de esa Secretaría de Estado si no se garantiza la entrega oportuna de textos escolares de calidad.
Los niños pobres de Chile también tienen derecho a recibir a tiempo libros -pagamos por ellos; no son gratis- de calidad y en la cantidad necesaria.
--Se anuncia el envío del oficio pertinente, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
SITUACIÓN DE PLANES ESPECIALES PARA ABSORCIÓN DE CESANTÍA EN OCTAVA REGIÓN. OFICIOS
Señor Presidente, pido oficiar a los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo; a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, y al gobierno regional del Biobío a los efectos de que nos informen respecto a los planes especiales para las comunas de Tomé, Talcahuano, Coronel y Lota y la provincia de Arauco.
En particular, solicito que el Ministerio de Obras Públicas señale qué trabajos está en condiciones de adelantar para enfrentar las gruesas cifras de desempleo en Tomé, Talcahuano y Coronel.
Existe un compromiso de la Presidenta de la República. Se han creado planes especiales, pero hasta la fecha han andado con lentitud.
Pido que el gobierno regional remita un informe donde dé cuenta acerca de cómo se han empleado los recursos, quiénes son los funcionarios responsables y qué tipo de obras pueden adelantarse ahora, durante el año 2008, para ejecutarse en 2009, de tal manera de lograr la mayor cantidad de empleos posible en zonas duramente castigadas por la pérdida de puestos de trabajo derivada de los altos costos energéticos, pero en particular de la situación inflacionaria y del alza en el costo de los créditos, lo que ha hecho inviable más inversión en la zona, sobre todo en la comuna de Tomé, tras el cierre de Bellavista.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
GESTIONES PARA VENTA, COMO UNIDAD ECONÓMICA, DE BELLAVISTA OVEJA TOMÉ. OFICIO
Señor Presidente, solicito que la Corporación de Fomento de la Producción nos informe acerca de las gestiones que realiza para llevar adelante la venta, como unidad económica, de Bellavista Oveja Tomé.
Hace un mes y medio se conformó una comisión especial que debía colocar esta industria en el mercado internacional, difundirla, dar garantías de su funcionamiento y evitar su cierre.
No vaya a repetirse lo ocurrido con la merluza, en que ya hemos gastado 5 millones de dólares que, si bien se han transformado en subsidios necesarios y oportunos para las caletas de Cocholgüe, Coliumo y Coronel, no han generado un solo empleo.
Se requieren programas especiales destinados a crear ocupaciones permanentes, a incentivar a la mipyme. Y hemos conversado con la CONUPIA, con todas las organizaciones gremiales que representan a las pymes de la Región del Biobío, para avanzar en tal sentido, con -por cierto- el apoyo del Gobierno.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Adhiero al oficio pedido por Su Señoría.
--Se anuncia el envío del oficio pertinente, en nombre del Senador señor Navarro, conforme al Reglamento, con la adhesión del Honorable señor Zaldívar.
PLANTEAMIENTOS SOBRE SITUACIÓN DE PESCA ARTESANAL. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, solicito oficiar al SERNAPESCA, al Ministerio de Economía, para que informen respecto de los proyectos que se están realizando a través del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal en la Octava Región y en las demás Regiones del país, a fin de saber exactamente cuánto se invierte y en qué.
En especial, pido que el señor Subsecretario de Pesca indique cuándo se reactivarán las iniciativas que establecen un seguro de vida para los pescadores artesanales. Estos siguen muriendo, y dicho resguardo para sus familias no existe.
Hemos dicho y reiterado a las viudas, ante las urnas de los pescadores rescatados de la mar, que vamos a jugarnos por la existencia de un seguro de vida, para el que los trabajadores e incluso las empresas están dispuestos a aportar.
Sin embargo, los proyectos no caminan. Hay uno en la Cámara de Diputados y otro en el Senado. Hemos pedido reiteradamente al Ejecutivo hacer presente la urgencia. Necesitamos proteger a las familias frente a las arriesgadas faenas de los pescadores en altamar.
Por otra parte, la iniciativa que regula la pesca artesanal se encuentra sobre un barril de pólvora. Existe en la Región del Biobío un grave conflicto social con respecto a las cuotas, particularmente en lo que se ha denominado "Régimen Artesanal de Extracción", y con la supervivencia de especies afectadas por sobreexplotación.
¡Debemos intervenir ahora en la pesca artesanal!
Señor Presidente, hace casi dos meses hablé en esta Sala durante 25 minutos sobre la materia; pedí cursar un conjunto de oficios, y hasta la fecha, ¡huevo, nada, cero!
Dialogamos con el Subsecretario. Necesitamos respuestas.
Se realizará un congreso sobre pesca artesanal en los próximos días. Dicho sector se va a sublevar.
Y no digan que los pescadores no tienen paciencia o que son opositores al Gobierno, pues han trabajado lealmente con las Administraciones de la Concertación para buscar soluciones.
El Senador señor Kuschel conoce bien lo que ocurre en la Décima Región.
Los pescadores tienen problemas en la Región de Los Lagos, en la del Biobío, en el norte del país. Hay que enfrentarlos. Para ello se requiere tomar decisiones. Por ejemplo, regularizar el registro pertinente, a fin de evitar que entren al sistema nuevas lanchas a través de la sustitución o de otro mecanismo. Porque si aumenta el número de embarcaciones y la cuota total es la misma, al dividir esta entre más naves se reduce la cantidad asignada a cada pescador.
Entonces, reitero mi solicitud a la CORFO en cuanto a que responda a la propuesta que formulamos.
Se necesita un sistema que permita a los pescadores artesanales enfrentar la deuda que mantienen con la gran empresa industrial del sector -asciende a entre 50 millones y 60 millones de dólares-, que los tiene amarrados de manos con contratos de largo aliento que implican, por ejemplo, que el costo de la tonelada de sardina y anchoveta no supere los 55 mil pesos desde hace más de diez años. Es el mercado al revés: ¡mientras menos peces hay, el precio se mantiene o baja¿!
Pido oficiar a la CORFO y a la Subsecretaría de Pesca para que evalúen la propuesta que hicimos hace algún tiempo.
He dicho.
¡Patagonia sin represas!
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre de Su Señoría, conforme al Reglamento.
--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comités Demócrata Cristiano, Mixto y Unión Demócrata Independiente, ningún señor Senador interviene.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Me referiré a dos materias, señor Presidente.
INQUIETUD POR MENORES INCENTIVOS PARA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS EN DÉCIMA REGIÓN. OFICIOS
En primer lugar, pido que se oficie a los Ministerios de Hacienda, de Agricultura y de Obras Públicas a fin de solicitar que se anule o se revierta la decisión de recortar el presupuesto destinado al Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados en las provincias de Chiloé, Palena, Llanquihue y Osorno. Se están reduciendo 1.140 millones de pesos -cifra equivalente a ¡menos de tres días del Transantiago¿!-, aparentemente para ahorrar recursos.
Nadie ha planteado bajar el gasto fiscal. Lo que se requiere es no aumentarlo en 10 por ciento como se ha hecho cuando la economía ha crecido entre 3 y 4 por ciento. Puede incrementarse aquel en 5 ó 6 por ciento.
Reducir el gasto fiscal es particularmente grave en mi Región, porque necesita fertilizantes para producir alimentos, y estos son los que están subiendo.
¿Cómo vamos a combatir la inflación si se reducen las posibilidades de producir alimentos? Venimos saliendo de un año donde hubo heladas en el invierno y sequía en el verano.
¡No sé cómo piensa nuestro Ministerio de Agricultura!
La cantidad señalada al inicio de mi intervención representa 90 por ciento del monto destinado a los concursos 8, 9 y 10, que ya están en marcha.
Por otro lado, debo puntualizar que la actividad salmonera aporta cerca del 33 por ciento de la riqueza -o sea, del producto interno bruto- que se genera en mi Región. Pese a ello, ha habido despidos en las industrias del sector debido a la anemia infecciosa del salmón (ISA).
Entonces, mayor razón para reforzar la parte agrícola. Porque la actividad salmonera se da en zonas costeras de pequeña y mediana agricultura con suelos degradados.
Por ello, es muy importante tener presente tal situación.
Finalmente, vinculado con lo anterior, se ha anunciado la suspensión de otros proyectos de obras públicas -por eso la solicitud de oficio al Ministerio del ramo-, que también implican montos reducidos, en comparación con los recursos millonarios destinados al Transantiago, sistema que le está costando al país hoy día, en fondos netos al barril sin fondo o al saco roto, 50 millones de dólares mensuales, esto es, casi 2 millones de dólares por día. ¡Y se pretende eliminar 3 millones de dólares del presupuesto destinado a la regeneración de praderas en toda la Décima Región!
En consecuencia, solicito que se oficie a los Ministerios de Hacienda, de Agricultura y de Obras Públicas para pedirles que revisen la situación que he descrito.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
PROBLEMA DE BENEFICIARIOS DE FUTALEUFÚ, AYACARA Y CHAITÉN PARA COBRO DE BONOS DE APOYO. OFICIO
En otro ámbito, quiero referirme a un problema que me han planteado habitantes de Futaleufú respecto a los bonos de apoyo: se les deposita el dinero, pero después se les descuenta.
Aquí tengo copia de una cartola de BancoEstado donde a un beneficiario se le registra el depósito e inmediatamente se le hace un cargo por la misma cantidad. O sea, las personas van a cobrar el bono respectivo al banco, y ahí les dicen que el dinero ya no está disponible en sus cuentas.
Obra en mi poder un listado con los nombres de todos los afectados por esta situación y las respuestas que en cada caso ha dado la Coordinadora Presidencial, que a mi juicio resultan bastante insatisfactorias.
Es muy incómodo para los habitantes de Futaleufú que les digan que tienen derecho a un bono que se depositará en cierta fecha y que después, al ir a cobrarlo, ya no exista en las cuentas respectivas, pues ha sido retirado -digámoslo así- "por secretaría".
Lo mismo sucede en Ayacara y en Chaitén, en menor medida.
Para buscar una solución al problema expuesto, pido oficiar al señor Ministro de Hacienda.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
CESACIÓN DE PAGOS A CONTRATISTAS EN PROYECTOS PÚBLICOS REGIONALES. OFICIO
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, en Regiones se está viviendo una suerte de cesación de pago respecto a distintos contratos de los Ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Obras Públicas y a proyectos financiados con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, entre otros fondos públicos.
Se espera que aquello suceda en el curso de los próximos sesenta días. Y ya se advierte que algunas empresas contratistas empezaron a paralizar sus obras y a despedir personal.
Aquella medida, como forma de sujetar el gasto público, me parece absolutamente desproporcionada y carente de todo tipo de consideración social.
Lo que debe hacerse en momentos de ajuste es seguir una línea de acción mes a mes, a fin de evaluar las condiciones, los compromisos de trabajo existentes, la generación de empleos que se registra, para luego efectuar los ajustes de manera bastante más fina que el mecanismo brusco que se está aplicando.
Conversé el asunto en esta misma Sala con el señor Ministro del Interior y el señor Subsecretario del ramo, quienes también son testigos de la situación.
Por lo tanto, solicito que se oficie al señor Ministro de Hacienda para hacerle presente el problema, con el objeto de que revierta la decisión, porque Regiones como la Décima -a la cual hizo referencia el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra- y la Undécima dependen mayoritariamente de su actividad vinculada a proyectos de carácter público como los que mencioné, de modo que se va a generar un problema social mayor que el beneficio que el Ministerio de Hacienda pretende conseguir a través del mencionado ajuste.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Comparto plenamente sus juicios, señor Senador.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Senador señor Horvath, conforme al Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:36.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción