REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 356ª
Sesión 45ª, en martes 19 de agosto de 2008
Ordinaria
(De 16:24 a 18:35)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ADOLFO ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE,
Y CARLOS CANTERO OJEDA, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor José Antonio Viera-Gallo Quesney; del Trabajo y Previsión Social, señor Osvaldo Andrade Lara, y la Ministra Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, señora Paulina Urrutia Fernánez.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:24, en presencia de 19 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).-
Las actas de las sesiones 43ª y 44ª, ordinarias, en 12 y 13 de agosto del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Cuatro de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero retira y hace presente la urgencia, calificada de "discusión inmediata", respecto del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones en materia de seguridad social (boletín N° 6.017-13).
Con los dos siguientes retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", sobre los siguientes asuntos:
1.-
Proyecto que protege a los cetáceos e introduce modificaciones a la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura (boletín N° 5.936-12).
2.-
Proyecto de reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas de Chile (boletín N° 5.522-07).
Con el último retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", respecto del proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.885, referida a donaciones con beneficios tributarios (boletín N° 5.315-05).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero informa que ha elegido como su Presidente al Honorable Diputado señor Francisco Encina Moriamez.
--Se toma conocimiento.
Con los dos siguientes comunica que ha prestado su aprobación a las siguientes iniciativas:
1.-
Proyecto de ley que crea un subsidio nacional para el transporte público remunerado de pasajeros (boletín N° 5.849-15) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a las Comisiones de Transportes y Telecomunicaciones y de Hacienda.
2.-
Proyecto de ley que protege a los cetáceos e introduce modificaciones a la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura (boletín N° 5.936-12) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
Diecisiete del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Con el primero remite copia autorizada de la sentencia dictada en relación con el proyecto de ley que introduce modificaciones orgánicas y procedimentales a la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia (boletín N° 4.438-07).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto con sus antecedentes.
Con los dos siguientes remite copia autorizada de igual número de sentencias recaídas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formuladas en contra del inciso segundo del artículo 21 del decreto ley N° 2.186, de 1978, y del artículo 1° de la ley N° 19.989.
--Se toma conocimiento.
Con los catorce restantes remite copia autorizada de igual número de requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formulados en contra de los siguientes preceptos: artículo 4° de la ley N° 19.260; artículo 137 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, e incisos primero, segundo y tercero del artículo 96 del Código de Minería, y de la acción de inconstitucionalidad del inciso tercero del artículo 474 del Código del Trabajo.
--Se toma conocimiento y se remiten los antecedentes a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De la señora Contralora General de la República subrogante, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Chadwick, relativo a situaciones irregulares acontecidas en la municipalidad de Nancagua.
Dos del señor Ministro de Obras Públicas:
Con el primero contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Horvath, acerca del procedimiento utilizado para liberar los derechos de agua, del caudal de reserva en la localidad de Villa Cerro Castillo y de la entrega de derechos de agua en Estero Arroyo.
Con el segundo da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Kuschel, relativo a la limpieza y encauzamiento del caudal del río Blanco.
De la señora Ministra de Salud, mediante el cual contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Romero, acerca de los alcances del derrame de "2-etilhexanol" en la localidad de Ventanas.
Dos del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones:
Con el primero responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Bianchi, referido a la autorización para utilizar cilindros usados de gas natural comprimido en autos de la Duodécima Región.
Con el segundo contesta un oficio expedido en nombre del Senador señor Navarro, respecto de la propuesta para modificar el Plan Regulador Metropolitano y de los efectos que tendría la expansión urbana de Santiago.
De la señora Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, referido a la protección y patentamiento de los genes de nuestros recursos naturales.
Del señor Subsecretario de Bienes Nacionales, mediante el cual responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a regularización de títulos de dominio en la Undécima Región.
Del señor Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de La Araucanía, con el que contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Espina, referido a la pavimentación de la Avenida Arturo Pérez Canto, en Curacautín.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Comisión de Relaciones Exteriores y de la Comisión de Hacienda, recaídos en los siguientes asuntos:
1.-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo entre Chile y Canadá para enmendar el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá por el cual se adiciona un capítulo sobre contratación pública (boletín N° 5.852-10).
2.-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Protocolo por el que se adiciona el capítulo de Compras del Sector Público al Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Mexicanos (boletín N° 5.855-10).
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaídos en los siguientes asuntos:
1.-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del Acuerdo sobre requisitos para el etiquetado de vinos del Grupo Mundial del Comercio del Vino, suscrito en Canberra, Australia, el 23 de enero de 2007 (boletín N° 5.612-10) (con urgencia calificada de "simple").
2.-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Reglamento Sanitario Internacional (2005), adoptado en la 58ª Asamblea Mundial de Salud (boletín N° 5.841-10).
De la Comisión de Agricultura, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 7° de la ley N° 18.525, que establece normas sobre importación de mercancías al país, en materia de salvaguardias (boletín N° 5.363-03).
--Quedan para tabla.
Mociones
Del Senador señor Navarro, con la que inicia un proyecto de ley que establece un nuevo régimen de penas en caso de fuga del conductor que ha participado en un accidente de tránsito (boletín N° 6.034-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Senadores señora Alvear y señor Ruiz-Esquide, con la que inician un proyecto de ley que regula los incentivos comerciales a la venta de medicamentos que se expenden bajo receta médica (boletín N° 6.037-11).
--Pasa a la Comisión de Salud.
Proyectos de acuerdo
De los Senadores señores Pérez Varela, Ruiz-Esquide, Chadwick, Longueira y Zaldívar, con el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República el envío de un proyecto de ley que permita indemnizar a los ex trabajadores de la Empresa Nacional del Carbón que indican (Boletín N° S 1101-12).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
De los Senadores señores Arancibia, Ávila, García, Girardi, Kuschel, Larraín, Pérez Varela y Ruiz-Esquide, mediante el cual solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República incorporar la esclerosis múltiple entre las patologías cubiertas por el Plan AUGE (boletín N° S 1.102-12).
--Pasa a la Comisión de Salud.
De los Senadores señores Naranjo, Letelier y Muñoz Aburto, con el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que se estudien medidas que permitan a las pymes enfrentar el alza continua en sus cuentas de luz (boletín N° S 1.103-12).
--Pasa a la Comisión de Economía.
Permiso constitucional
El Senador señor Escalona solicita autorización para ausentarse del país a partir del 15 de agosto de 2008.
--Se accede.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
En este momento ha llegado a la Mesa el informe de las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones en materia de seguridad social (boletín N° 6.017-13) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Queda para la tabla de esta sesión.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor NAVARRO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, mañana miércoles en la Comisión de Educación votaremos el proyecto de acuerdo con el que se solicita postergar la fecha para la rendición de la PSU.
En mi calidad de Presidente de dicho órgano técnico, pido que se recabe la unanimidad de la Sala con el objeto de incorporar aquel en la tabla de la sesión ordinaria de mañana y, de ese modo, poder votarlo.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
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El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, se nos señala en la Cuenta que el proyecto de ley que protege a los cetáceos e introduce modificaciones a la ley N° 18.892 pasará a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
Al respecto, solicito que la Sala autorice el estudio en paralelo de cuatro mociones previas a esta iniciativa del Ejecutivo, que corresponden a los boletines N°s 5621-03, 5628-03, 5744-03 y 5572-12.
Lo anterior, con el fin de discutir todas estas mociones en general y particular a la vez en dicho órgano técnico junto con el proyecto enviado por la Cámara de Diputados a que hice mención.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
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El señor LETELIER.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
¿Sobre la Cuenta, señor Senador?
El señor LETELIER.-
Sí, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Para referirse a la Cuenta, tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, entiendo que respecto del proyecto que pasa a la Comisión de Transportes se propone una tramitación normal, no de Comisiones unidas.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Sí, señor Senador.
El señor LETELIER.- Gracias, señor Presidente.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Los Comités, en sesión de hoy, acordaron unánimemente lo siguiente:
1) Fijar un nuevo plazo para presentar indicaciones respecto del proyecto de ley que penaliza las conductas constitutivas de genocidio y los crímenes de lesa humanidad y de guerra: hasta las 12 del 1° de septiembre.
2) Agregar al Orden del Día de esta sesión, para ser tratado en primer lugar, el proyecto de ley que introduce modificaciones en materia de seguridad social.
Los Comités habían acordado que esta iniciativa se informara verbalmente. Pero, afortunadamente, la Secretaría de las Comisiones unidas logró terminar su informe, el cual ya se encuentra en los escritorios de Sus Señorías.
PRÓRROGA DE VIGENCIA DE COTIZACIÓN EXTRAORDINARIA PARA
SEGURO SOCIAL CONTRA RIESGOS DE ACCIDENTES DEL TRABAJO
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES Y MODIFICACIONES
EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones en materia de seguridad social, con informe de las Comisiones unidas de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6017-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 44ª, en 13 de agosto de 2008.
Informe de Comisión:
Hacienda y Trabajo, unidas, sesión 45ª, en 19 de agosto de 2008.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Los objetivos de la iniciativa son los siguientes:
1.-
Prorrogar hasta el 31 de agosto de 2011 la vigencia de la cotización extraordinaria del 0,05 por ciento de las remuneraciones imponibles, de cargo del empleador, en favor del seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y
2.-
Extender hasta el día 13 de cada mes la declaración y pago de las cotizaciones de seguridad social, si el empleador la realiza a través de un medio electrónico.
Las Comisiones unidas de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social aprobaron esta iniciativa tanto en general cuanto en particular por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señora Matthei y señores Allamand, Frei, García, Muñoz Aburto, Ominami y Pérez Varela), en los mismos términos en que lo despachó la Honorable Cámara de Diputados.
Por último, cabe consignar que el proyecto de ley reviste el carácter de norma de quórum calificado, por lo que requiere el voto conforme de 19 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En discusión general y particular el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor FREI (don Eduardo).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría
El señor FREI (don Eduardo).-
Señor Presidente, el proyecto fue despachado por unanimidad en las Comisiones unidas de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
Se pide a la Sala que lo apruebe.
Asimismo, se plantearon otras cuestiones, pero que tienen que ver con materias distintas.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, este proyecto de ley es importante, y hay que despacharlo rápido, porque se está terminando el período establecido para efectuar una cotización adicional, de cargo del empleador, a fin de financiar una serie de regalías y beneficios que no se encontraban en la ley N° 16.744.
Por lo tanto, es necesario prorrogar la vigencia de dicha cotización extraordinaria por otros 3 años a objeto de financiar esas prestaciones adicionales. Estas ampliaciones las hemos ido acordando mediante leyes.
Por otra parte, la fecha límite para realizar el pago de estas cotizaciones es el 10 del mes siguiente al que corresponden las remuneraciones. Sin embargo, como una forma de incentivar la declaración y el pago a través de un medio electrónico, se aumentó el plazo para tales efectos en la reforma previsional hasta el día 13 de cada mes.
Tal procedimiento se dispuso respecto de las AFP, y había que hacerlo extensivo a las otras cotizaciones, por ejemplo, en materia de seguro de cesantía, seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, isapre, etcétera, en los mismos plazos establecidos.
Asimismo, se tocaron dos temas adicionales.
En la reforma previsional se determinó que si el empleador no avisa el cese de funciones de un trabajador se supone que ha hecho una declaración y no pago. Ello, como una forma de incentivarlo a dar siempre aviso cuando ponga fin a un contrato de trabajo. Porque cuando no se informa sobre el particular se desencadena todo un proceso de cobranza, que es caro y que no tiene sentido alguno seguir, toda vez que el trabajador ya ha sido finiquitado.
Ahora, lo anterior se hizo solo respecto de las imposiciones previsionales. Y hay que establecerlo en especial en el caso de la salud y de las isapres. Porque cuando un empleador no da cuenta del finiquito del contrato, la institución de salud previsional tiene derecho a cobrarle las cotizaciones al trabajador. Y eso no es aceptable. Resulta inadmisible que, por una falla del empleador, la isapre termine cobrándole las cotizaciones al afiliado.
Por consiguiente, el Ejecutivo se comprometió a estudiar la disposición pertinente y a procurar que su enmienda se convierta en ley con prontitud.
El otro asunto que se analizó -no tiene mucho que ver con la materia en debate, pero sería importante abordarlo en algún momento- dice relación al deseo de que las pensiones de invalidez a que se refiere la ley N° 16.744 ojalá se otorguen de por vida.
En la actualidad, cuando el beneficiario de una pensión de tal índole cumple 65 años de edad enfrenta un tremendo problema, por cuanto se produce un quiebre en sus ingresos.
Por eso, sería muy bueno que en la ley mencionada se estableciera un mecanismo similar al de las AFP, en que esa pensión es vitalicia.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará la iniciativa.
--Por unanimidad, se aprueba en general el proyecto; no habiéndose formulado indicaciones, se aprueba también en particular, dejándose constancia de que en ambos casos se pronunciaron a favor 25 señores Senadores, por lo cual se reúne el quórum constitucional exigido, y queda despachado en este trámite.
BONO POSLABORAL PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON
BAJAS TASAS DE REEMPLAZO DE PENSIONES
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que mejora las condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones, con segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social e informe de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3975-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 44ª, en 2 de noviembre de 2005.
Informes de Comisión:
Trabajo, sesión 30ª, en 11 de julio de 2006.
Trabajo (segundo), sesión 44ª, en 13 de agosto de 2008.
Hacienda, sesión 44ª, en 13 de agosto de 2008.
Discusión:
Sesión 33ª, en 12 de julio de 2006 (se aprueba en general).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
La idea de legislar fue aprobada en sesión de 12 de julio de 2006.
La Comisión de Trabajo efectuó una serie de modificaciones al proyecto aprobado en general, las que en su mayoría fueron acogidas por 4 votos a favor y una abstención, por lo que se pondrán en discusión y votación de manera oportuna.
Por su parte, la Comisión de Hacienda realizó una sola enmienda al texto despachado por la de Trabajo, que fue aprobada en forma unánime. Sin embargo, casi todas las modificaciones introducidas por esta se acogieron con el voto en contra de la Senadora señora Matthei, al igual que los artículos 1°, 6°, 7°, 10 y 11, preceptos que en su minuto el señor Presidente pondrá en discusión y votación reglamentariamente.
Cabe recordar que las enmiendas acordadas por unanimidad deberán ser votadas sin debate.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en cuatro columnas que consignan el proyecto aprobado en general, las modificaciones efectuadas por ambas Comisiones informantes y el texto final que resultaría en caso de aprobarse dichas enmiendas.
Ahora bien, ha llegado a la Mesa una nota, suscrita por el Comité Unión Demócrata Independiente, en la que se solicita segunda discusión para la iniciativa.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En discusión particular el proyecto.
Habiéndose pedido segunda discusión, ofrezco la palabra en la primera.
Puede hacer uso de ella el Honorable señor Allamand.
El señor ALLAMAND.-
En mi calidad de Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, le agradezco a Su Señoría la posibilidad que me brinda para entregar a la Sala algunos antecedentes acerca de este importante proyecto, que lleva ya tantos años en tramitación.
Me parece interesante para todos señalar cómo ha ido cambiando el texto y referirme a cuatro o cinco aspectos que se deben tener arriba de la mesa antes de emitir el pronunciamiento final.
En primer lugar, hemos de preguntarnos cuál es el origen tanto del problema que se procura resolver cuanto del proyecto.
La cuestión que se pretende solucionar a través de esta iniciativa nace en la endémica subcotización que desde hace mucho tiempo ha afectado a los empleados públicos. En rigor, los sigue afectando. Por ejemplo, cada vez que en el sector estatal se contrata personal a honorarios en la práctica se perpetúa la situación de daño previsional.
La subcotización se tornó particularmente grave a partir de 1981, cuando entró en vigor la reforma previsional. En esa época, a través de distintos mecanismos -uno de ellos, un incentivo que entonces era bastante fuerte-, gran cantidad de funcionarios de la Administración del Estado se traspasaron desde el sistema -llamémoslo así- del INP al de las AFP. Pero como su subcotización había sido muy alta, el bono de reconocimiento fue especialmente bajo. En consecuencia, era evidente que, en definitiva, su pensión también iba a ser baja.
Durante el Gobierno del Presidente Aylwin, ese problema, de público conocimiento, fue tratado en el Parlamento. Y se llegó a una solución que, paradójicamente, solo benefició a los servidores estatales con daño previsional afiliados al INP. En términos muy simples, se estableció que al final de su vida laboral tendrían en sus pensiones una tasa de reemplazo de 70 u 80 por ciento.
La dificultad radica en que nada se hizo a favor de los funcionarios con daño previsional que se encontraban en situación idéntica a la que señalo pero que se habían traspasado al nuevo sistema.
¿De cuánta gente estamos hablando, señor Presidente? ¡De cien mil personas!
Para que la Honorable Sala conozca al detalle lo que eso significa, voy a abundar en el ejemplo que puso la Senadora señora Matthei -Su Señoría ha trabajado en la materia durante años- respecto de la brutal arbitrariedad que se registra entre un trabajador con daño previsional que se quedó en el INP y otro que se trasladó a una AFP.
Una enfermera con 720 mil pesos de remuneración que cotiza en el INP puede terminar pensionándose con alrededor de 655 mil pesos; pero si se encuentra afiliada a una AFP, solo le será factible obtener una pensión del orden de 250 mil pesos, a la que deberán adicionarse los 50 mil correspondientes al bono.
Tal situación es absolutamente arbitraria, discriminatoria, inexplicable y, en especial, injusta.
En segundo término, señor Presidente, ¿cuánto ha demorado la tramitación legislativa del proyecto en debate? Tres años: ingresó a la Cámara de Diputados en septiembre de 2005 y llegó al Senado en noviembre del mismo año.
Estoy seguro de que los Honorables colegas se preguntan cómo es posible que la tramitación de una iniciativa de esta naturaleza tarde tres años. Pero la razón es muy simple: porque su contenido es completamente insuficiente para resolver el gravísimo daño previsional que afecta -reitero- a más de cien mil servidores públicos.
En pocas palabras, ¿cuál es el beneficio que contempla el proyecto? Un bono poslaboral de cincuenta mil pesos. Punto.
Pregunta: ¿para todos los dañados previsionalmente?
Respuesta: no. Todos aquellos que hoy día perciben una pensión que supera los 800 mil pesos no obtendrán beneficio alguno. Y lo mismo sucederá con los demás empleados estatales cuya tasa de reemplazo sea igual o superior a 55 por ciento. El proyecto, sencillamente, los ignora.
En tercer lugar, alguien podría decir: "Bueno, este bono tan exiguo a lo menos se traspasará a la familia del dañado previsionalmente".
No, señor Presidente: este bono tan particular se extingue al fallecer el beneficiario.
En consecuencia, estamos frente a un proyecto que, lejos de resolver el daño previsional, lo perpetúa en forma odiosa, arbitraria e injusta.
¿Pero qué ha ocurrido? Y tengo la impresión de que esto es lo más importante a la hora de resolver sobre la materia.
Era tan evidente que la iniciativa tenía las características que estoy señalando, que desde el comienzo de su tramitación empezó una negociación paralela -no la critico; me parece perfectamente razonable- que, en mi concepto, los señores Senadores deben conocer.
Los distintos gremios afectados por el daño previsional, simultáneamente con la tramitación legislativa de este proyecto, iniciaron un conjunto de negociaciones con el Gobierno a los efectos de establecer un incentivo especial al retiro. Dicho de manera simple: lo que no se lograba para reparar el daño, precisamente por lo exiguo de los 50 mil pesos, se debía conseguir mediante una negociación directa con el sector público, en la lógica de consignar diferentes estímulos al retiro.
Todos los gremios comenzaron diversas negociaciones. En particular, durante el 2006, a los miembros de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado nos hicieron la siguiente exigencia: "No saquen adelante el bono poslaboral mientras no completemos las negociaciones que estamos sosteniendo con el Ejecutivo".
Esa es la verdad. O sea, aquí existe un proyecto visible, conocido, y en paralelo ha habido un conjunto de negociaciones de distinta naturaleza para intentar que de alguna manera el daño previsional sea reparado.
¿En qué situación nos encontramos al momento de votar en particular esta iniciativa, señor Presidente?
Algunos gremios negociaron con el Gobierno en muy buenas condiciones, y los proyectos de ley ya se encuentran aprobados. Otros tienen negociaciones avanzadas, pero todavía no se concretan en leyes de la República. Y existe un importante grupo que no ha hecho ninguna negociación.
Pero no solo eso, señor Presidente. Lo significativo es lo siguiente.
Alguien podrá decir: "No es una mala solución. Y en algunos casos se trata de una cantidad relevante de recursos".
Yo pregunto: ¿Alcanzan las negociaciones en paralelo a todos los dañados previsionalmente?
Conforme a la información que entregó a la Comisión de Trabajo la propia Dirección de Presupuestos, en el mejor de los casos solo 30 mil de los 100 mil dañados previsionales tendrán acceso al incentivo al retiro.
Ahora, alguien podría preguntar: ¿Y hasta cuándo será factible impetrar el beneficio?". Solo hasta el año 2010.
O sea, estamos tomando conocimiento de un proyecto que en principio -supuestamente- resuelve el daño previsional, pero que en el mejor de los casos impactará a 30 por ciento de los afectados, quienes podrán ejercer el derecho respectivo hasta 2010. Después de ese año, sencillamente, no habrá beneficio de ninguna naturaleza.
Entonces, alguien podrá decir: "Pero el beneficio es para todos, igual, correcto, significativo".
¡No, señor Presidente!
Por ejemplo, el obtenido por los funcionarios de la ANEF -y no estoy criticando su negociación- es por completo distinto al de los empleados municipales.
Se me dirá: "¿Y qué pasa con quienes trabajan en las universidades tradicionales?". Muy simple, señor Presidente: no reciben nada, porque no han llevado a cabo ninguna negociación.
Empero, ese no es el único problema.
Quiero remarcar la atención en un aspecto extraordinariamente significativo que la Honorable señora Alvear y otros colegas de la Concertación hicieron presente en la etapa final de la discusión particular de este proyecto.
Esa señora Senadora advirtió que el bono poslaboral podría tener impacto en la reforma previsional, por una razón muy simple, que paso a exponer.
Toda la lógica del pilar solidario de la reforma previsional radica en que la pensión básica y el aporte previsional solidarios los obtienen las familias que se encuentran dentro del 40 ó 60 por ciento más pobre.
Entonces, la Honorable colega hizo presente una cuestión obvia: qué va a ocurrir con el beneficio cuando un grupo familiar que lo recibe salte aquel umbral.
Durante más de un mes el Ejecutivo se abocó a resolver el problema que la Senadora señora Alvear planteó con precisión y agudeza.
¿Y sabe, señor Presidente, cuál fue la solución del Ejecutivo?
Veremos el problema al debatir la iniciativa en particular.
En el artículo 5º del proyecto se dispone que el bono poslaboral no constituirá indemnización, renta ni ingreso. O sea, es la nada misma.
Eso implica introducirle un forado conceptual enorme a toda la lógica de la reforma previsional que aprobamos en el Senado hace muy pocos meses.
Aquí se está sentando un precedente funesto, señores Senadores. Si, por una razón que no digo que no sea atendible, establecemos como principio que mediante una ley se puede sostener que un beneficio que evidentemente constituye ingreso no lo es y, en consecuencia, no debe contarse a los efectos de fijar el 40 ó 60 por ciento más pobre de la población, estaremos abriendo el camino para la discrecionalidad más absoluta en lo concerniente a la reforma previsional. Ello, porque el día de mañana otra ley, de cualquier tipo, podrá determinar que otro beneficio -indemnización, subsidio, en fin- tampoco constituye ingreso del grupo familiar.
La reforma previsional que la Cámara Alta aprobó hace pocos meses es un gran logro -lo digo con todas sus letras- del actual Gobierno.
El Congreso Nacional fue extraordinariamente funcional -en el buen sentido de la palabra- para alcanzar dicho logro. Se trabajó con una lógica de Estado, se perfeccionó el proyecto y logramos algo inédito en los Parlamentos de la región: una reforma previsional sancionada por unanimidad.
No han pasado cinco meses, y este mismo Congreso, por inadvertencia, por la razón que sea -no quiero juzgar al respecto-, está borrando con el codo uno de los principios básicos de la mencionada reforma al posibilitar que se haga un forado enorme a la base del pilar solidario cuando establece que determinado beneficio no constituye ingreso.
En mi opinión, aquello debiera analizarse y revisarse.
Para terminar, agregaré tres argumentos, señor Presidente.
Un conjunto de señores Senadores dicen: "Este proyecto hay que aprobarlo porque es el mal menor".
En efecto, esta iniciativa es mala, se halla mal diseñada y está mal concebida.
Por ejemplo, ¿quién en su sano juicio puede considerar razonable que a personas dañadas previsionalmente, en vez de engrosarles las cuentas de capitalización individual para que la pensión recibida al final de su vida laboral sea más alta o siquiera justa, se les resuelva el problema entregándoles una suma en dinero cuyo destino nadie conoce?
Entonces, se afirma: "Hay mucha gente muy modesta para la que los 50 mil pesos hacen una gran diferencia".
Señor Presidente, el principio del mal menor aplicado a materias de esta naturaleza es fatal desde el punto de vista de las políticas públicas. Y no parece razonable que el Senado, institución seria que acaba de hacer un gran aporte al país al aprobar la reforma previsional, cometa una impropiedad de tal naturaleza.
Ahora -segundo argumento que quiero destacar-, algunos señores Senadores sostienen: "Esto no es tan grave, porque este proyecto no resuelve el daño previsional".
¡No resuelve el daño previsional!
Quiero leer el acuerdo que adoptaron el Gobierno y la ANEF el 5 de febrero de 2007. Lo firman el Presidente de la entidad -que, sin duda, efectuó una buena negociación-, el Ministro del Trabajo subrogante de entonces, señor Luksic, y el propio Ministro de Hacienda. A propósito del incentivo especial al retiro, dice: "El otorgamiento de este beneficio garantizará la pronta tramitación del bono post laboral".
Francamente, nunca había visto que en un acuerdo entre un gremio y el Ejecutivo se estableciera que un punto de tal índole agiliza o no la tramitación de un proyecto de ley. Creo que se trata de un precedente extraordinariamente grave.
Pero, además, fíjense Sus Señorías en lo que se sostiene a continuación: "Este importante esfuerzo por mejorar los ingresos post laborales del personal beneficiario supone cerrar, para esta administración," -el actual Gobierno- "el tema que los gremios denominan `daño previsional¿".
Es decir, en un acuerdo entre un gremio -muy importante, pero uno solo- y el Ejecutivo se plantea que el aspecto a que hago referencia simplificará la tramitación legislativa. Pero no solo eso: también se señala que para el actual Gobierno el asunto se encuentra cerrado, tanto respecto al gremio que suscribe el acuerdo como a los restantes.
Por último, cuando aprobamos en general y en particular la reforma previsional -tengo aquí la lista de quienes concurrimos a ello-, casi todos expresamos que esta era la última oportunidad para resolver el gravísimo problema del daño previsional. El actual proyecto y la fórmula que se contempla no lo hacen. En consecuencia -y salvo que vuelva a la Comisión-, el Senador que habla, al menos, lo va a rechazar.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, cuando la iniciativa en análisis se votó en general, fui la única que se pronunció en contra. Y me alegro de haberlo hecho, porque, en verdad, el texto que nos ocupa es una vergüenza.
¿Cuál es el origen del daño previsional?
Durante muchísimos años, el Estado, como una forma de abaratar costos, pagaba a los empleados públicos una remuneración compuesta parcialmente por aportes no imponibles. Así, a la mayoría de ellos se les cotizaba aproximadamente solo por la tercera parte de lo que ganaban. Esa era la remuneración base. Y todos los ingresos que la excedían constituían asignaciones no imponibles -repito- y, en general, también no tributables.
Naturalmente, cuando los trabajadores empezaron a llegar a la edad de jubilar, se dieron cuenta de que la pensión a la que podían acceder equivalía a 70 por ciento de 30 por ciento. Como se les había cotizado solo respecto de este último porcentaje, era lo que constituía la remuneración base. Y dado que la pensión, en general, equivale a 70 u 80 por ciento de dicho concepto, ascendía más o menos a 21 por ciento de la remuneración.
Durante el Gobierno de Patricio Aylwin se promulgó la ley Nº 19.200, que cambió el mecanismo de cálculo de las pensiones en el INP. El artículo 5º dispuso: "Para los efectos del cálculo de las pensiones que otorgue el Instituto de Normalización Previsional (¿) se entenderá que a partir del 1º de enero de 1988, tales trabajadores han efectuado imposiciones sobre la totalidad de las remuneraciones". Es decir, se hizo como que habían cotizado siempre en esa forma.
Dicha normativa, que benefició aproximadamente a 50 mil funcionarios, provocó efectos dramáticos. Por ejemplo, un profesional en grado 12, que antes jubilaba con más o menos 35 por ciento de su remuneración, pasó a jubilar con 80 por ciento de ella.
Sin embargo, durante la tramitación del proyecto respectivo planteamos una y otra vez que el daño previsional había afectado a todos los funcionarios, tanto a los cotizantes en el INP como a los afiliados a las administradoras de fondos de pensiones. El Gobierno de entonces manifestó que, aunque reconocía el problema, no existía disponibilidad financiera para solucionarlo con esa ley. O sea, había plata solo para la gente del INP, y para la de las AFP, ni un solo peso.
Imaginen Sus Señorías, por lo tanto, lo que sucede: en el caso de trabajadores que ganan lo mismo, que se sientan uno al lado del otro, que sufrieron el mismo daño previsional, la pensión de uno de ellos representa hasta 81 por ciento de la remuneración, por efecto del cuerpo legal citado, mientras la del otro equivale a 30 por ciento.
Es algo que hemos venido reclamando desde 1991, señor Presidente. Y el Gobierno jamás ha querido otorgar una solución decente a la gente en las administradoras de fondos de pensiones. Y la que entrega ahora es asquerosa: cincuenta mil pesos.
El señor LETELIER.-
¡Asquerosa!
La señora MATTHEI.-
Así es.
El señor NARANJO.-
¡Como si fuera el responsable!
La señora MATTHEI.-
Esa suma puede ser bastante para quien gana muy poco, señor Presidente. Pero cuando alguien de clase media ve que su compañero jubila con 80 por ciento de la remuneración y que a él a lo mejor le darán un bono de cincuenta mil pesos, ello le resulta inaceptable. ¡Inaceptable!
Nosotros formulamos una indicación sustitutiva del proyecto, la cual no costaba más que la solución a la cual se ha llegado. Consistía en otorgar un complemento del bono de reconocimiento, a fin de poder lograr una tasa de reemplazo similar a la que favoreció a los cotizantes del INP. Pero el Ejecutivo se cerró a ello.
Además de implicar una burla los cincuenta mil pesos, también lo es que al beneficio se le llame "bono poslaboral". ¿Qué es un bono poslaboral, por favor? ¡Dónde se ha visto! ¿Qué es, legalmente, un bono poslaboral? ¡Y, además, ese dinero no es considerado ingreso! ¿Esta es la forma de legislar del Senado, señor Presidente: que una suma que se entregará a los trabajadores no sea considerada ingreso?
Por mi parte, me alegro de haber votado en su minuto en contra del proyecto. Pienso que realmente constituye una afrenta para todos los trabajadores afiliados a las AFP. Estimo inadmisible que, teniendo el dinero con el que cuenta en este momento, el Gobierno no haya estado dispuesto a entregar una solución decente, como sí se hizo hace ya dieciséis años respecto a los trabajadores en el INP. Un tratamiento tan diferenciado, en virtud del cual se castiga a personas por el solo hecho de haberse afiliado a una AFP, resulta absolutamente inaceptable.
En consecuencia, sigo estando en contra del proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, comparto en gran medida lo expresado por los Senadores señor Allamand y señora Matthei en el sentido de que para muchos funcionarios públicos que han sufrido daño previsional, en particular para aquellos de los niveles técnico y profesional, la iniciativa en debate no representa absolutamente ninguna solución.
En cada oportunidad que se ha presentado hemos expuesto el tema del daño previsional y su solución como algo prioritario, pero sin encontrar acogida en los distintos Gobiernos de la Concertación. Y, finalmente, la respuesta fue el bono de 50 mil pesos.
Mi diferencia con los Senadores señor Allamand y señora Matthei reside en que soy partidario de votar favorablemente el beneficio, como un primer paso para ir dando una solución a las personas que registran daño previsional, para las cuales la cantidad mencionada significa reajustar sus pensiones en 50 por ciento o más.
Porque digamos las cosas como son: hoy existen pensionados con daño previsional que reciben 80 mil, 90 mil, 100 mil o 120 mil pesos mensuales. Entonces, para ellos, los 50 mil pesos no constituyen el arreglo total, pero sí contribuyen a materializarlo en una parte considerable, más aún cuando ya el próximo 1º de enero deberán ser reajustados según la variación del IPC del año en curso.
Como decía el Honorable señor Allamand, la iniciativa lleva tres años en el Congreso. Tanto es así, que para todos esos pensionados tiene efecto retroactivo al 14 de noviembre de 2003. O sea, ya van a cumplirse cinco años.
¿Qué respuesta le damos a esa gente? ¿Que el proyecto se encuentra en el Congreso? ¿Que vamos a mejorarlo? ¿Que nos hallamos en tratativas con el Ejecutivo? ¡Hay personas que han muerto esperando el bono de 50 mil pesos o la solución al daño previsional!
No se trata de que el beneficio me deje conforme ni de que no vaya a seguir defendiendo una reparación más integral, sino de que constituye una respuesta por lo menos para quienes se encuentran en una situación más desvalida, para quienes reciben las pensiones más bajas. Por último, los ayuda a comprar medicamentos; a pagar la electricidad, el gas, el agua. Soy partidario, en consecuencia, de aprobarlo.
Además, señor Presidente, en la Comisión de Hacienda le expusimos al Ejecutivo un problema que se creaba con los que ya están pensionados desde el 14 de noviembre de 2003. En efecto, para determinar el 55 por ciento de tasa de reemplazo, se cotejaría la última remuneración líquida con la primera pensión líquida. En virtud de lo anterior, serían muchos los que no lograrían ubicarse bajo dicho porcentaje y no tendrían derecho al bono, a pesar de que ahora perciben pensiones bajas a través del sistema de renta vitalicia.
El Gobierno tuvo la disposición de enviar una indicación que hará comparable la última remuneración líquida con la última liquidación de la pensión que se obtenga mediante el sistema de renta vitalicia. Ello permitirá a mucha más gente acceder a los 50 mil pesos.
No nos hallamos ante la solución ideal, ante la reparación del daño previsional. Seguiremos peleando, insistiendo. Pero demos este primer paso, pues gran cantidad de personas con pensiones muy bajas no pueden continuar esperando.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente, estamos tratando el proyecto de ley que mejora las condiciones económicas de los trabajadores del sector público traspasados del INP a las AFP cuando se acojan a retiro con bajas tasas de reemplazo en sus pensiones, a los cuales se les otorga un bono de naturaleza laboral (no previsional) equivalente a 50 mil pesos mensuales, reajustables en enero de cada año.
En primer lugar, quiero consignar que, a mi juicio -y para todos los efectos-, la iniciativa no soluciona el grave problema del daño previsional.
Lo digo así de claro.
La aprobación que daré al texto en examen no significa, desde ningún punto de vista, que el asunto se encuentre superado. Si bien se entrega una ayuda a una parte muy importante de funcionarios públicos, en ningún caso -insisto- se repara ese histórico perjuicio.
Comparto -hemos conversado sobre el punto en muchísimas ocasiones- la frustración, el dolor, que el problema ha significado para miles de trabajadores. La iniciativa en debate representa un pequeño alivio. No obstante, es cierto que otros miles carecen de una solución completa y solo han conseguido que demos este paso.
El daño previsional -deseo dejarlo nítidamente establecido- constituye una responsabilidad del Estado que no podemos soslayar y un desafío que debemos asumir.
En segundo término, aquí se ha señalado que el proyecto es de larga data y se halla en trámite desde 2005. Pero el beneficio se dejó establecido en pesos nominales, por lo cual los 50 mil pesos han perdido valor adquisitivo, sobre todo en el último año, cuando se ha registrado una inflación bastante elevada.
Creo que durante la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos deberemos someter el monto a algún sistema de reajuste automático, de preferencia el que establecimos en la reforma previsional.
Como se ha expresado, se incorporó a la iniciativa una indicación que presentamos en conjunto los Senadores de la Democracia Cristiana -y me correspondió discutirla en la Comisión de Trabajo, como una de sus integrantes-, con la idea, precisamente, de hacer compatible la asignación de 50 mil pesos con los frutos de la reforma.
Al inicio se planteó que el bono no revestía carácter previsional y era compatible con cualquier otro beneficio. Sin embargo, su diseño es anterior a la reforma, por lo que resultaba imposible prever sus efectos en ella.
Lamentablemente, tal como se encuentra presentado, podría perjudicar el acceso de un número indeterminado de familias de funcionarios públicos a los beneficios solidarios de la reforma previsional. Podría significar que muchos de ellos no accedieran al aporte previsional solidario, complemento de las pensiones autofinanciadas insuficientes. Y, lo que es aun peor, podría implicar que muchas de sus parejas, de sus cónyuges -una dueña de casa que no cuenta con ninguna pensión autofinanciada, por ejemplo-, perdieran la posibilidad de acceder a la pensión básica solidaria.
De este modo, el resultado final podría ser que al momento de la jubilación muchos hogares quedaran con menos recursos que de no haber obtenido el bono, lo cual, naturalmente, no se hallaba en el espíritu del mensaje enviado en su momento al Congreso Nacional. Porque debemos recordar que la reforma previsional se tramitó con posterioridad a la iniciativa legal en análisis.
El aporte previsional solidario y la pensión básica solidaria exigen que un hogar pertenezca al 40 ó 60 por ciento del sector de menores ingresos, según la cobertura gradual que se aprobó en la reforma. Y la asignación puede determinar perfectamente que una familia ubicada en el límite de la línea de corte, al aumentar sus ingresos con el monto de que se trata, deje de ser sujeto de aquellos beneficios.
Al final, el Ejecutivo entendió la injusticia y patrocinó la modificación. Sin embargo, deseo consignar que realizó enmiendas a nuestra indicación, ampliando, a mi entender, la posibilidad de que exista alguna otra perforación en el sistema previsional.
En atención a lo anterior, señor Presidente, me inclino porque el Ejecutivo otorgue patrocinio -corresponde a una materia de su iniciativa exclusiva- a la indicación presentada originalmente, de carácter restringido, a fin de no generar el forado al cual se ha hecho mención en la Sala.
Por eso, junto con anunciar que apoyaré el proyecto en estudio, considero relevante destacar la necesidad de que se confiera dicho patrocinio, con el objeto de evitar los efectos no queridos, naturalmente, ni por el Ejecutivo ni por el Senado.
Me parece indispensable avanzar en la tramitación del bono, con la observación recién indicada. Son muchos los funcionarios públicos -seguramente, varios de mis Honorables colegas también los han recibido y escuchado- que se han acercado para señalar la trascendencia del beneficio, cuyo monto significa, en especial para quienes lo requieren en forma urgente, un incremento importante.
Insisto: voy a aprobar la iniciativa legal en debate, pero estimo necesario que el Ejecutivo modifique su indicación, basada en aquella que formulamos los Senadores de la Democracia Cristiana.
Finalmente, quiero dejar establecido que si bien el proyecto representa un avance, no soluciona por completo el daño previsional de los trabajadores.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, estimados colegas, deseo partir reconociendo y valorando la Mesa de Diálogo donde participaron los organismos gremiales de los empleados públicos, que en su mayoría concurrieron a firmar el acuerdo pertinente varios años atrás.
Estoy hablando de las entidades más relevantes de los funcionarios estatales de nuestro país, de quienes a veces en este Hemiciclo se dicen muchas cosas y se intenta asumir su representación, la cual a algunos les gusta relativizar cuando se trata de asuntos que ellos han concordado.
Y, en verdad, ninguna de las 14 organizaciones presentes en la Mesa de Diálogo, que han opinado y han sido escuchadas, tiene la más mínima duda en cuanto a la necesidad de aprobar este bono poslaboral. ¡Ninguna! Otra cosa es la discusión respecto de si la reforma previsional de los años 80 (la creación de las AFP) y el no pago de las imposiciones de los funcionarios públicos sobre la totalidad de sus ingresos por parte de la dictadura fueron justos o no.
Esas son las cosas que molestan a los amigos de enfrente, a quienes les gusta olvidar el origen del daño previsional o el de la deuda histórica con los profesores.
La señora MATTHEI.-
¡Venía de antes!
El señor LETELIER.-
Porque, para algunos, olvidar es una cuestión de conveniencia o de oportunidad.
Señor Presidente, el hecho de que ahora se esté discutiendo un bono poslaboral es producto de la historia de un país que trata de hacerse cargo de los profundos daños provocados a los trabajadores. Y, en ese sentido, quiero reconocer la actitud constructiva del Senador señor García, con quien hemos debatido el tema en diversas ocasiones.
El daño previsional, la situación vivida por numerosos funcionarios públicos -muchos de ellos ya fallecidos-, no es causa del Gobierno de turno: tiene que ver con una política de Estado, con un Estado que perjudicó en forma considerable a una gran cantidad de ciudadanos.
Ahora bien, los servidores públicos no son los únicos que han sufrido daño previsional. Es más, constituyen una parte mínima de los afectados por el menoscabo producido por el traspaso a un sistema previsional que no ha cumplido con sus compromisos, con su oferta de que los trabajadores jubilarían con un porcentaje relativamente alto de sus ingresos. Tal vez no se leyó la letra chica o no se reconoció que el mercado laboral era bastante distinto de lo que algunos decían en la década de los 80 del siglo pasado.
La señora MATTHEI.-
¡No era obligatorio cambiarse!
El señor LETELIER.-
No era obligatorio -dicen algunos-, pero ¡vaya cómo les pusieron las cosas en blanco y negro para que se traspasaran, a la fuerza muchas veces, al sistema de AFP, sin que tuvieran ninguna alternativa, salvo la de perder el empleo si no lo hacían!
La señora MATTHEI.-
¡Y por eso ahora los castigan!
El señor LETELIER.-
Quiero decirlo, señor Presidente, aunque a algunos les moleste. Y hoy, a través del proyecto en debate, queremos hacernos cargo de algo¿ ¡Asqueroso!, como señala una distinguida Senadora en este Hemiciclo,¿
La señora MATTHEI.-
¡Sí: asqueroso!
El señor LETELIER.-
¿ que llevaron a cabo otros que quizá deberían hacerse cargo de sus hechos.
La iniciativa, señor Presidente, no solo amplía la cobertura a quienes tienen contrato de trabajo y acorta los períodos de espera, sino que también persigue el propósito -compartido por todos, según entiendo- de que el bono sea compatible con los beneficios de la reforma previsional.
Esa es la razón -que algunos dicen no comprender- por la cual el bono poslaboral no se considera ingreso: para el solo efecto de que muchos trabajadores puedan acceder al Aporte Previsional Solidario.
De cualquier manera, si el proyecto presenta alguna dificultad, puede ser porque en el Congreso los dirigentes gremiales y el Estado han aceptado negociar mecanismos de retiro complementarios a los contenidos en él. Se trata de sistemas que permitirán que algunos reciban 10, 12 ó 20 millones de pesos adicionales. Y ello tiene que ver -se desprende de la firma de la ANEF- con el daño previsional. Por eso dicha entidad expresó que no iba a hablar del tema sino hasta el año 2010, el 2012 o más adelante. Porque se aceptó ese ingreso, esa salida, como una compensación a las bajas pensiones.
Señor Presidente, estamos ante una iniciativa importante, que ayudará a mejorar sus pensiones a decenas de miles de funcionarios del sector público. Estos recibirán cerca de 600 mil ó 700 mil pesos anuales por 20 años. Es un aporte que hace el Estado a un numeroso grupo de trabajadores.
Yo diría que el gran debate pendiente radica en si el bono poslaboral debe ser reajustado en el tiempo para que no quede en los 50 mil pesos nominales establecidos en el proyecto.
De todos modos, el beneficio tendrá efecto retroactivo a partir del año 2003, lo cual es muy importante para mucha gente que ya se retiró, y, sin duda, fija un principio de responsabilidad del Estado hacia quienes se han acogido a jubilación con pensiones con bajas tasas de reemplazo en relación con sus sueldos. Pero eso no es culpa del Gobierno. Es el sistema de AFP el que no ha cumplido sus compromisos. Y ahora el Estado hace un esfuerzo por subsanar en parte un daño del que no es culpable, ni tampoco el Gobierno de turno, sino el sistema instaurado tiempo atrás.
El bono poslaboral se complementa con la reforma previsional. No constituye la solución perfecta, pero, sin duda, es una medida que apunta en la dirección correcta y por eso lo vamos a votar a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, no cabe duda de que el daño previsional que ha afectado a cientos de miles de trabajadores en nuestra patria, especialmente del sector público, nos ha tenido a todos conmovidos desde hace mucho tiempo.
Cuando despachamos la reforma previsional, tuvimos la oportunidad de recibir a muchos de ellos en la Comisión del ramo. Escuchamos sus exposiciones -claras; lastimeras, diría yo-, en las que dieron a conocer la aflictiva situación que estaban viviendo y expresaron sus esperanzas de que, con motivo de esa iniciativa, nosotros acogiéramos sus planteamientos.
Durante el debate en la Sala, el Gobierno contrajo el compromiso, serio y formal, de buscar una solución integral para esos funcionarios del Estado.
Lamento que el Ministro del Trabajo se haya retirado de la Sala, porque fue él precisamente quien contrajo dicho compromiso, que tantas veces habíamos solicitado. Con el Honorable señor García, que siempre ha participado en el tema, lo volvimos a pedir en esa oportunidad.
El proyecto representa un pequeño paliativo, que servirá a un importante número de trabajadores, sobre todo a los que ya han jubilado, pero queda pendiente el problema de fondo.
Los orígenes de esta iniciativa ya fueron señalados con precisión por los Senadores señor Allamand y señora Matthei. Por lo tanto, no los voy a repetir, porque los conocemos.
Todos estamos conscientes de la enorme inequidad que significa dar solución a un solo sector de trabajadores. En efecto, aun percibiendo el mismo ingreso, mientras un imponente del INP puede retirarse con una jubilación de 650 mil pesos, un afiliado de AFP únicamente puede hacerlo con una pensión de apenas 250 mil.
Es una inequidad muy grande y por eso es importante que sigamos luchando para que se repare el daño previsional.
Esta tarde en las tribunas hay dirigentes modestos escuchando en forma tranquila este debate. Sin embargo, cuando se discutió la reforma previsional se les impidió el ingreso. Había, por ejemplo, representantes de la Multigremial del Sur, que agrupa a trabajadores de la Octava a la Décima Regiones. Y ellos por lo menos querían saber lo que se iba a plantear. Yo dije entonces que, si hubieran estado en las tribunas, muchos parlamentarios se habrían referido a su situación. Pero nadie se acordó, salvo el Honorable señor García, que también lo hizo en su oportunidad, y, por supuesto, quien habla.
Con el actual Presidente de la Corporación y con el entonces Senador don Andrés Zaldívar presentamos una moción tratando de buscar una reparación fácil y entendible para el daño previsional, pero el Gobierno nunca la ha querido patrocinar. En cambio, el año 2005 ingresó a trámite legislativo el proyecto que estamos debatiendo.
Sin embargo, se comenzó a hablar de los 50 mil pesos en noviembre de 2004. Ahora estamos en el 2008 y se sigue barajando exactamente la misma cantidad. ¿A cuánto equivale hoy? ¿Serán 70 mil pesos? Y solo correspondería un reajuste en enero del próximo año.
Yo creo que aquí hay inequidad.
Comprendo a la Honorable señora Alvear y a varios colegas que han indicado que a quienes jubilaron desde esa época con pensiones de 120 mil o 150 mil pesos -gente que lo está pasando pésimo- les vienen muy bien los 50 mil pesos.
Por ello, siendo insuficiente si se considera la totalidad, el bono resulta altamente beneficioso para un importante grupo de jubilados.
En suma, señor Presidente, voy a aprobar las normas del proyecto, aunque, sin duda, la lucha por buscar una solución integral al daño previsional seguirá, porque es de justicia. En Chile debe haber equidad para todos los trabajadores.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente, suscribiría plenamente lo manifestado por la Senadora señora Matthei y también el fatigoso relato del Honorable señor Allamand, pero lo que a mí me choca es la falta de honestidad para construir la historia del daño previsional.
No sé si los colegas advirtieron que recién en 1990 los Gobiernos adquieren nombre y apellido. Ahí es Aylwin el que dicta una ley con determinados efectos. Hacia atrás, es el Estado, simplemente.
La señora MATTHEI.-
¡Venía de antes!
El señor ÁVILA.-
Fíjense Sus Señorías la expresión que se utiliza para eludir el hecho de que en realidad el causante fue el Gobierno de Pinochet, el mismo que se defiende permanentemente y del cual muchos formaron parte.
Me pregunto qué dijo "Papito" en la Junta Militar cuando se adoptó la decisión de aplicar estas políticas públicas.
Yo, señor Presidente, esperaba al menos una autocrítica, un reconocimiento.
Uno lo que legítimamente reclama en esta clase de debate es que las cosas se hagan con transparencia, con honestidad, asumiendo lo que a cada cual le corresponde desde el punto de vista histórico. ¿Por qué no decir que esta arbitrariedad solo pudo cometerse en dictadura, cuando los trabajadores no tenían forma de defender sus derechos, sino, simplemente, acatar lo que se decidía a nivel de aquel Gobierno?
Pues bien, cuando se abren espacios para el funcionamiento de una democracia, todavía restringida y llena de limitaciones, comienzan a repararse no solo los daños previsionales, sino también los relacionados con los derechos humanos y muchos otros.
Había que empezar a reconstruir el país, porque durante 17 años lo que vivió fue el desconocimiento más atroz de toda norma ética, de todo lo que implican los derechos ciudadanos, y en los cuales los trabajadores se convirtieron en un objetivo para el Gobierno, que buscaba irlos mermando en su capacidad de reacción y, en definitiva, que ni siquiera pudiesen ejercer un intento de interlocución, dado que no tenían expresión orgánica alguna.
Es, pues, en ese proceso de reparación de muchos derechos conculcados donde debe insertarse el daño previsional.
Yo me guío por el acuerdo alcanzado por las directivas legítimas de los trabajadores con el Gobierno. Si hay entre todos el propósito de concebir esto como un paso positivo para luego alcanzar otros objetivos superiores, entonces no podemos negar nuestro concurso para que el proyecto se apruebe en las condiciones en que fue acordado con los trabajadores del sector público.
Por esa razón, señor Presidente -y lamentando que el debate tenga estas características que he descrito-, de todos modos hacía imperativo recordar ciertos aspectos que, a lo menos para la historia de la ley, deben quedar perfectamente de manifiesto. Quienes después se enteren de cómo fueron las cosas no deben olvidar que esta situación tiene un origen, y ese punto es, precisamente, uno de los más cuestionados en la historia de nuestro país.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, el proyecto en debate se presentó hace 3 años. Tal vez, para nosotros, ese lapso no tiene el mismo peso que para una gran cantidad de hombres y mujeres de nuestro país que, por las razones aquí explicitadas con pasión y gran convencimiento, han debido vivir con pensiones verdaderamente indignas.
Conozco profesores que ejercieron la docencia durante más de 30 años y hoy día, merced a la situación descrita -que también analizamos cómo se produjo-, reciben jubilaciones de 80, 85 ó 90 mil pesos, debiendo soportar, aparte del dolor que significa vivir a diario con dicha cantidad de dinero, el tremendo y perjudicial menoscabo en su sensibilidad y dignidad.
Recuerdo que cuando se anunció la iniciativa en debate experimenté alegría -a pesar de lo mínimo entregado respecto a la deuda que se tenía con dichos trabajadores-, al igual que muchos de los parlamentarios aquí presentes, y pude apreciar, al momento de contar en nuestra zona el inicio de su trámite, cómo esos chilenas y chilenos esbozaban una sonrisa, pues significaba una luz de esperanza.
Se creó cierta ilusión al respecto, y, producto de lo que considerábamos de absoluta justicia, pensábamos que la tramitación sería rápida, fluida. Sin embargo, después del primer anuncio, a todos los señores Senadores se nos consultaba en forma permanente cuándo se cristalizaría la entrega del respectivo bono.
Pero las cosas no resultaron, y muchas veces tuvimos que buscar alguna explicación, porque lo sucedido no los convencía.
Debo señalar, estimados colegas -y lo digo con el mayor de los respetos-, que efectivamente en el Gobierno dictatorial se quitaron derechos. Eso lo sabe el país y forma parte de la historia. Y frente a ello, la responsabilidad de quienes estuvieron involucrados directamente no se extinguirá jamás ni del recuerdo de los trabajadores ni de las propias conciencias de aquellos.
Sin embargo, permítanme manifestar que, al reconocer la pérdida de esos derechos en dictadura, a mi juicio, hoy día en democracia tenemos la obligación de devolverlos, por nuestra responsabilidad como Gobierno. Y yo la asumo como tal.
Por eso, creo que no hemos sido lo suficientemente rápidos para dar respuesta a esos chilenos y chilenas -cuyo número disminuye cada día más por razones de vida- que estregaron sus capacidades y esfuerzos al desarrollo del país. A lo mejor, se llegará a una solución de la famosa deuda previsional, pero cuando quede un reducido porcentaje de esos trabajadores.
Quizás, la respuesta al problema se mira desde el punto de vista de cuidar el tesoro público; por eso se demora y se patea hacia delante. Pero, excúsenme -y lo señalo con sincera convicción-, yo creo que reparar el daño previsional es una quimera, pues no se encontrará una solución concreta. Y si algún día la hubiere, ella será como dice el refrán: "Del lobo, un pelo"; es decir, se buscará entregar la menor cantidad de recursos a esos connacionales que hoy día siguen mirando con esperanza la posibilidad del bono de 50 mil pesos.
Como muy bien manifestó un señor Senador de mi zona, puede que el beneficio represente una pequeña cantidad, pero si una persona percibe una pensión de 90 mil pesos, le significará aumentarla a 140 mil. Tal vez desde nuestra perspectiva dicho monto sea muy exiguo, pero no cabe duda alguna de que quienes han sobrevivido con 90 mil pesos lo harán en mejor forma al recibir dicho bono.
Señor Presidente, quería pedir al señor Ministro que me informara sobre lo que a continuación expondré; pero, como no se encuentra en la Sala, solicito a algún miembro de la Comisión de Trabajo y Previsión Social que lo haga.
Se me acercó un grupo de trabajadores para consultarme qué ocurrirá con aquellas personas que jubilaron en febrero de este año con el sistema de renta vitalicia de una AFP y realizaron un retiro programado por un año, cuya pensión oscila entre 90 y 95 por ciento del sueldo en actividad. Como el beneficio dura solo un año, pues según el N° 3 del artículo 2° del proyecto para optar al respectivo bono será necesario "Tener una tasa de reemplazo líquida estimada igual o inferior a 55%...", ¿significa, entonces, que ellos no podrán beneficiarse del referido bono de 50 mil pesos?
De ser así, creo que el problema se puede solucionar si la AFP o la compañía de seguro que entrega la renta vitalicia emite un certificado -cuya validez no se discuta- que señale que esos pensionados perciben una renta programada de 90 ó 95 por ciento del sueldo en actividad, la cual solo durará un año. Ello posibilitará que en el mes decimotercero les sea posible acceder a esa suma de dinero.
Pero como no veo esa solución en la iniciativa, recurro a los miembros de la Comisión -estuvieron directamente relacionados con la materia en cuestión- a objeto de que me expliquen si lo que acabo de expresar ha sido considerado o, simplemente, esos jubilados quedan fuera del beneficio.
El señor ORPIS.- Tiene toda la razón, señor Senador. Yo también me referí al mismo asunto.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Como voy a intervenir, solicito el asentimiento de la Sala para que me reemplace en la testera el Honorable señor Cantero.
Acordado.
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Cantero, en calidad de Presidente accidental.
El señor CANTERO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, en verdad no hay nada peor que analizar históricamente situaciones bajo una mirada ideológica y apasionada, porque en ese proceso se distorsionan los hechos y se olvidan las realidades.
El proyecto que hoy día analizamos tuvo su origen en el problema que aquejó a muchas personas que entraron en el régimen de las AFP y que, luego, por efecto de aumentos de remuneraciones no imponibles en el sector público, cuando llegó la hora de jubilar, se encontraron en una situación de desmedro.
La pregunta es, ¿por qué se pagaron sueldos no imponibles?
Alguien dijo que esto se originó durante el Gobierno del señor Pinochet. En realidad, la historia señala otra cosa. Los antecedentes que hay en Chile sobre sueldos no imponibles son muy antiguos y anteriores a dicho régimen. Son de antes de 1980 y, efectivamente, se mantuvieron después de ese año bajo el Régimen militar. Pero no olvidemos que, durante las Administraciones de la Concertación, aquí hemos discutido varias veces sobre la materia, porque se han seguido presentando iniciativas sobre rentas no imponibles.
Esta es una pésima práctica, con la cual se castiga a los trabajadores chilenos. Sin embargo, existe una diferencia. Y en eso hay que ser justos. El efecto que esto producía antes de 1980 es distinto al que tuvo con posterioridad, porque la situación de esas jubilaciones no era igual a la actual, ya que no regía el sistema de capitalización. Pero los daños previsionales vienen con posterioridad, lo cual se empezó a advertir después. Lamentablemente, es una práctica que no se ha corregido enteramente y que sigue perjudicando a los trabajadores.
Ahora bien, eso llevó a que durante el primer Gobierno de la Concertación, el del Presidente Patricio Aylwin, se presentara una iniciativa para resolver parte del problema, la que convertida en ley benefició solo a quienes estaban afiliados o dependían del INP, pero no a los que todavía se hallaban en las AFP.
Me parece que allí se produjo una reparación justa para los beneficiados, pero muy injusta para quienes pertenecían a las Administradoras de Fondos de Pensiones, lo que se está tratando de corregir ahora a través de esta iniciativa.
Sin embargo, debemos reconocer que el proyecto, por su contenido, es discriminatorio e inequitativo respecto de lo que se hizo con otros servidores del Estado. Y, por eso, tenemos derecho a reclamar.
Esta no es una cuestión de este o de otro Gobierno. ¡No! Hay un dato objetivo: a unos trabajadores se les corrigió su situación en cierta manera, mientras que a otros, en forma distinta e inferior. ¿Por qué? No hay explicación. Y eso debemos reclamarlo, más allá de las pasiones de la historia.
Cabe dejar constancia de que la historia que he relatado es la verdadera.
Por eso, señor Presidente, debemos insistir en el planteamiento central hecho hace mucho tiempo desde distintos sectores en forma transversal: que haya reparación por la deuda previsional. Lamentablemente, ella no se ha realizado como corresponde.
La solución que ahora discutimos no es satisfactoria, porque, además de discriminar respecto a los funcionarios a quienes se les resolvió el problema correctamente, es parcial para ellos mismos, pues el proyecto beneficia a quienes pertenecen a los sectores de ingresos más bajos. Sí va a ser significativo para las personas que reciben una jubilación de 80 mil, 100 mil, 120 mil pesos. Sin embargo, para la denominada clase media chilena, de nuevo no tendrá una solución real.
Considero importante consignar que a este Gobierno no le interesa la clase media. Una vez más, aquí queda en evidencia. Y es bueno que el país lo sepa.
Nos parece muy positivo que la iniciativa favorezca a los niveles más bajos de la población, pero no es justa para otros que también tienen derecho a una jubilación adecuada. Por esa pequeñez de no querer resolver su problema en forma justa y apropiada, sectores importantes se quedarán con un beneficio muy modesto, muy parcial.
¿Qué se puede hacer frente a esto? Con razón, algunos señores Senadores han sostenido que prefieren no hacerse cómplices o solidarios de esta mala solución. Sin embargo, otros parlamentarios dicen que esta iniciativa es un primer paso, aunque modesto, y que ya se corregirá la situación.
Señor Presidente, si los trabajadores, a través de sus dirigentes, han aceptado esta solución -y es todo lo que el Gobierno puede dar-, no me siento calificado para rechazar el proyecto. Lo lamento, sí, y lo hago públicamente. Pero lo voy a apoyar. Porque votar en contra puede interpretarse como que no estamos disponibles ni siquiera para resolver parcialmente el problema.
Pero, con esa misma convicción, deseo señalar que esta iniciativa no resuelve el problema de la deuda previsional. Y por mucho que se le llame "bono poslaboral", es una solución previsional. Las soluciones laborales son para quienes se encuentran en actividad y las poslaborales no existen. Ellas son previsionales. Por lo tanto, se trata de una argucia, de un resquicio que oculta la realidad, y lo hace para mal.
Espero que el próximo Gobierno -que no será de la Concertación- resuelva este problema.
Anuncio que votaré a favor.
El señor CANTERO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
Señor Presidente, al igual que varios señores Senadores, en más de una oportunidad he suscrito proyectos de acuerdo, los cuales ahora nos obligan a actuar con toda seriedad y responsabilidad en este proyecto de ley. Porque en esas iniciativas de acuerdo, aprobadas prácticamente por unanimidad, reclamábamos -y con razón- dar solución integral a la deuda previsional que aquejaba y aqueja a la mayoría del sector público.
En verdad, esos proyectos de acuerdo se vienen presentando en el Senado en tal sentido desde el reinicio del proceso democrático en nuestro país. Porque había y hay conciencia de que se cometió una injusticia atroz con los trabajadores del sector público.
Más aún, deseo señalar que me siento doblemente comprometido, porque junto con otros señores Senadores concurrimos a patrocinar una moción, declarada inconstitucional o inadmisible, que proponía una solución integral y no parcial al problema.
Cabe recordar que en 1994, a solo 10 años después de haberse originado el problema, la solución era muy menor en comparación con la de ahora. Pero en aquella época se sostuvo que no había recursos y que vender o licitar una empresa del Estado para ese propósito no era aconsejable.
Cuesta entender que cuando hay que resolver problemas de los trabajadores -en este caso, del sector público-, surgen toda clase de inconvenientes, los cuales no se presentan para solucionar otras dificultades.
Por eso, señor Presidente, creo bueno colocar las cosas en su lugar. Porque ha llegado la hora de asumir la situación como corresponde.
Reconozco que la cuestión se inició en 1983. Y la responsabilidad fue de quien gobernaba en ese tiempo, pues prácticamente obligó a la inmensa mayoría del sector público a trasladarse de un sistema previsional que, con todas las críticas que merecía, tenía cierto grado de seguridad para los trabajadores. Esto, lejos de resolver el problema, los llevó a situaciones absolutamente discriminatorias. ¿Por qué? Porque quienes se quedaron en el sistema antiguo -por tener más de 20 años de imposiciones en las antiguas cajas previsionales- hoy día no se encuentran en la misma situación de los que tuvieron que salirse forzadamente.
Entonces, allí hay una responsabilidad no solo del Gobierno de turno, sino del Estado, por razones que, en mi parecer, todos entendemos.
Por otra parte, aquí entran a jugar las responsabilidades de quienes hemos estado en los Gobiernos de la Concertación a partir de 1990, los que generamos y respaldamos, y que contaron con mayoría ciudadana. Sin embargo, lo grave aquí es que, en vez de dar una solución integral, se cayó en la discriminación: para unos sí; para otros no.
Y ocurre que los funcionarios con capacidad de presión, y que hoy día respaldan esta clase de soluciones, reciben una pensión 80 por ciento mayor, mientras que quienes han quedado fuera solamente acceden al 30 por ciento. ¿Y de quién es la responsabilidad? De los que han cedido a este tipo de presiones.
Por eso, señor Presidente, debemos ser consecuentes, si realmente queremos ser respetados por la opinión pública.
Lo que estamos haciendo aquí es consagrar situaciones discriminatorias, y nada menos que entre los trabajadores. Son pocos los que tienen la posibilidad de presionar y quedar en una condición meridianamente justa o aceptable. Quienes no cuentan con esa capacidad, como los profesores; los funcionarios de la salud, del sector público centralizado y descentralizado, no logran nada. ¡Ellos, no obtienen ningún beneficio!
Y cuando nos reunimos con representantes de organizaciones serias, como la Multigremial del Sur, presidida por don Otilio Sánchez, y que agrupa a un número inmenso de trabajadores, ¿qué explicación podemos darles? ¡Ninguna!
Desde luego, lo propuesto es bastante discriminatorio, pero resulta agraviante que, después de cuatro o cinco años de discusión, solo se entreguen 50 mil pesos, y que el Ejecutivo -que tiene iniciativa en la materia- ni siquiera haya tenido la prudencia de fijar dicho monto en unidades de fomento para que, al menos, hoy no significara algo risible.
Por lo tanto, el vernos en la obligación de pronunciarnos sobre este proyecto a uno lo violenta. Lo menos que podría haber hecho el Gobierno era enviar un representante para que diera las razones de este trato discriminatorio, o del otorgamiento de esta compensación de solo 50 mil pesos, en forma rígida, y además con un tope de pensión no superior a 800 mil pesos aproximadamente.
Es decir, con esta manera de legislar agravamos más los problemas de nuestra clase media, en términos tales que a este inmenso sector de chilenos que han entregado todo durante sus mejores años les queda la sensación de una insensibilidad absoluta de parte de las autoridades.
No tenemos iniciativa en esta materia, pero sí nos asiste la obligación de dejar las cosas en el lugar que corresponde. Es de esperar, señor Presidente, que ante un derecho humano tan fundamental como el que aborda la materia que nos ocupa no solo exista comprensión, sino además, cuando se tengan los recursos, la posibilidad real de resolver este problema, y no seguir tramitando a este grupo de compatriotas tan importante, pero, a la vez, tan indefenso, en la forma muy lamentable en que lo hace el Gobierno.
He dicho.
El señor CANTERO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente, más allá de la anécdota, este debate ha sido interesante, con ribetes históricos, en que el Senador señor Larraín ha reconocido un hecho real: el daño previsional surgió en función de lo ocurrido con el decreto ley N° 3.500. De lo contrario, no se habría producido.
La señora MATTHEI.-
¡Pero cómo!
El señor VÁSQUEZ.-
Porque resulta que en el sistema de reparto las pensiones se fijaban de acuerdo con los años, más los aportes correspondientes.
La señora MATTHEI.-
¿Entonces, por qué se dictó una ley?
El señor VÁSQUEZ.-
Por ello, si efectuamos un análisis del sistema de administradoras de fondos de pensiones -y hoy lo estamos observando-, lo primero que salta a la vista es que estas ganan, mientras los cotizantes pierden; las empresas del sector logran rentabilidades anuales que, aparte las del cobre, son las más altas de Chile: el 50 por ciento sobre el patrimonio.
Si no hubiera existido tal costo respecto de los afiliados, sin duda alguna los montos de sus fondos de capitalización habrían sido mucho más altos y el daño previsional mucho menor. Esto explica, ante todo, la necesidad de generar en el futuro una AFP estatal, con un sentido social, que se haga cargo de los costos, pero que no perciba las inmensas utilidades que hoy obtienen las entidades en comento.
La primera conclusión que cabe sacar acerca del decreto ley N° 3.500 es que hubo un engaño. Se dijo que los trabajadores que se afiliaran a las AFP iban a contar con mejores pensiones que los pertenecientes al INP. ¡Y la historia probó que eso era falso!
En segundo lugar, anuncio que voy a votar a favor del proyecto. En definitiva, este requiere un trámite rápido y que además se mejore su texto actual. Porque, de rechazarse, deberá ir a Comisión Mixta, y si el informe de esta se vota en contra, no habrá solución alguna.
Es posible perfeccionar la iniciativa a través de indicaciones, de negociaciones con el Ejecutivo, pero, fundamentalmente, debe aprobarse de forma expedita, en consideración a que ninguno de los señores Senadores presentes -todos estarán de acuerdo- desea que la gente se muera con la esperanza de mejores jubilaciones.
Queremos que las personas que entregaron su vida al trabajo tengan una vejez digna y perciban suficientes ingresos. Y mientras más nos demoremos, menos beneficios lograremos, considerando lo ocurrido con la mantención del monto fijo de 50 mil pesos desde la presentación del proyecto hasta la fecha.
Finalmente, deseo hacer una aclaración. No es cierto que no existan leyes que dispongan que determinadas rentas no son ingresos. Un señor Senador se equivocó al respecto.
De partida, el artículo 17° de la Ley sobre Impuesto a la Renta establece cuáles no constituyen ingresos; asimismo, el Código del Trabajo reconoce una serie de asignaciones que no se consideran remuneraciones para los efectos legales.
Al disponerse que el bono que nos ocupa no constituye ingreso se pretendió no afectar los topes máximos para que se pudiera pagar efectivamente un monto de 50 mil pesos. En consecuencia, se trata de una salida que, de alguna manera, coopera a no hacer tan gravosa o, por lo menos, tan menguada la situación de quienes lo recibirán después de cuatro años de tramitación, con todos los efectos inflacionarios.
Señor Presidente, anuncio que voy a votar a favor del proyecto, pero concuerdo con los Senadores en que este no representa una solución al daño previsional. Espero que durante la discusión que sigue logremos que el Ejecutivo se conmueva y obtengamos un arreglo mejor.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Debo precisar que estamos en la primera discusión en particular de la iniciativa y que mañana se realizará la segunda discusión.
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, anuncio que votaré a favor del proyecto.
El debate ha puesto varios puntos en la discusión.
Sin duda, la responsabilidad principal de la situación que nos ha afligido durante tantos años radica en lo que resolvió el Régimen militar: una reforma inconsulta del sistema previsional y un conjunto de presiones muy grandes ejercidas sobre los funcionarios de la Administración Pública para que se desafiliaran del régimen antiguo, al que tenían derecho a pertenecer, para incorporarse al nuevo, que se presentó con promesas y compromisos que finalmente no cumplió.
Tanto es así que el problema que hoy día enfrentamos consiste en cómo equiparamos, de alguna manera, la situación previsional y el nivel de jubilaciones de las personas que, resistiendo las presiones, permanecieron en el sistema antiguo con las de aquellas que están jubilando bajo el mecanismo de las AFP.
Concuerdo en que el proyecto en debate no representa una solución global, por cuanto ella es compleja, difícil y, además, carísima.
Y también involucra opciones políticas y fiscales. No podemos, por una parte, exigir una reparación total -como permanentemente lo hace la Derecha, sobre todo hoy día que no tiene responsabilidad en la conducción del Gobierno- y, por otra, pedir que disminuyamos el gasto público, porque ambas cosas no son factibles. Es preciso tener coherencia en las soluciones que se proponen y las condiciones prácticas que existen para resolver los problemas.
Valoro el acuerdo que la ANEF y otros gremios han alcanzado con el Gobierno. Comparto la opinión que dicha entidad gremial ha hecho ver en el sentido de que el presente proyecto no resuelve todo el daño previsional. Por tanto, sin duda, aquí queda una tarea pendiente.
Asimismo, debemos tener en cuenta que la iniciativa se halla vinculada a un conjunto de negociaciones previas a su aprobación, las cuales perseguían el mismo objetivo, es decir, favorecer y estimular el retiro.
Es falso que dicho acuerdo se logró -como se ha sostenido aquí- con una minoría, porque la verdad es que incluyó a la ANEF, a los gremios de la salud y, también, al Colegio de Profesores. Quedan exentos de medidas que favorezcan el retiro los trabajadores municipales, porque las ventajas que en este aspecto ofrecía el proyecto sobre modernización municipal desgraciadamente no podrán regir en el corto plazo, debido a que la semana pasada el Senado rechazó dicha iniciativa legal.
En consecuencia, considero que existen razones suficientes para aprobar en particular el proyecto.
Sin perjuicio de ello, debo dejar constancia de que el texto de la iniciativa evidencia un defecto técnico complejo, en el sentido de que, en vez de disponer un monto en moneda variable, establece una cantidad fija de 50 mil pesos.
El señor VÁSQUEZ.-
Así es.
El señor GAZMURI.-
Y si su espíritu apunta a añadir permanentemente un bono de esa cuantía, obviamente debió fijarlo en unidades de fomento, cosa que no ocurrió.
Por lo tanto, ello constituye un problema muy severo, pues podría suceder que en cinco años más se siga entregando un bono de 50 mil pesos, lo cual es absolutamente ridículo y contrario al espíritu del proyecto.
Esa materia es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Lamento que en este momento ningún Ministro esté presente en la Sala, porque, en mi concepto, ese inconveniente tiene una solución: incluir este bono especial en todas las iniciativas de ley sobre reajustes de sueldos y salarios de la Administración Pública.
Pienso que esa es la manera práctica de corregir esta insuficiencia. Pero -como digo- ello requiere un acuerdo con el Gobierno, tema que debe ser resuelto en el próximo periodo.
En resumen, aprobaré en particular el proyecto con el condicionamiento -por así llamarlo- que he formulado, en cuanto a que el bono poslaboral debió haberse otorgado bajo una modalidad de pago como la UF, para asegurar su reajustabilidad permanente, o disponer que quedará sujeto al sistema de reajustes legales de los ingresos de la Administración Pública.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, a través de mi Comité he pedido segunda discusión del proyecto, porque estimo que debemos resolver ciertos problemas técnicos que se han suscitado dentro de la lógica de este.
El primero de ellos dice relación al que acaba de mencionar el Honorable señor Gazmuri.
El segundo fue abordado en las Comisiones, pero no alcanzó a ser objeto de una solución satisfactoria, en el sentido de que uno de los requisitos para postular al beneficio es contar con una tasa de reemplazo hasta el 55 por ciento.
La dificultad se presenta respecto de las personas que se hallan bajo la modalidad de retiro programado, pues para establecer dicho porcentaje se exigía certificarlo a través de la primera jubilación.
El señor OMINAMI.-
Eso está arreglado.
El señor ORPIS.-
¿Qué ocurre con el retiro programado?
Normalmente, se conviene con el trabajador que durante el primer año la tasa de reemplazo será de 80 ó 90 por ciento. Por lo tanto, ninguno de ellos calificaría para obtener este beneficio, de acuerdo con los requisitos que establece el proyecto en debate.
Como señalaba, las Comisiones técnicas respectivas abordaron el problema, disponiendo que para la certificación del 55 por ciento no se tome como referencia la primera jubilación, sino la última.
Sin embargo, el periodo para poder impetrar el beneficio son doce meses. Normalmente se llega a este acuerdo con las entidades en que el trabajador con retiro programado tenga 80 ó 90 por ciento de las remuneraciones en el primer año, razón por la cual nunca calificarían aquellos que traten de impetrar el beneficio desde esta fecha hasta el 2004, a pesar de que estén en condiciones de hacerlo.
En consecuencia, aun cuando ese problema haya sido abordado por la Comisión técnica, no se le dio la solución adecuada.
Por eso, estimo indispensable abordar ese punto, por cuanto técnicamente no fue bien resuelto.
En virtud de ello, he solicitado segunda discusión para esta iniciativa. Incluso, ojalá la Sala acuerde devolverla a las Comisiones, a los efectos de arreglar este asunto, porque perjudica a una serie de trabajadores que el mismo proyecto pretende beneficiar.
Los propios dirigentes de los funcionarios públicos me señalaron este problema. Y la fórmula que ellos proponen -puede haber otra distinta- es la misma que insinuó el Senador señor Muñoz Barra, en el sentido de que las instituciones previsionales otorguen un certificado en el cual conste cuál será la jubilación que obtendrán los trabajadores a partir del segundo año y sucesivamente hacia delante, porque la tasa de reemplazo a partir de esa fecha baja drásticamente. Insisto: en el caso del retiro programado, durante el primer año la tasa de reemplazo no es representativa; al contrario, deja a muchos trabajadores afuera.
Por lo tanto, más que una segunda discusión, solicito que el proyecto vuelva a las Comisiones para arreglar, al menos, esta dificultad técnica, con el objeto de incluir a todos aquellos que se persigue beneficiar -ese es el propósito de la iniciativa-, y no afectar a quienes han optado por la modalidad de retiro programado.
Si hubiera acuerdo en la Sala para ello, preferiría que se siga ese procedimiento en lugar de la segunda discusión, a fin de abordar el asunto con el Ministerio del Trabajo, pues debemos intentar resolver las dificultades antes de que los proyectos sean despachados y entren en vigencia como ley. Después de ello, se requiere una larga tramitación legislativa.
Aquí se está advirtiendo una situación en forma previa y, por ello, solicito que el proyecto vuelva a la Comisión técnica para resolver el problema específico que he manifestado.
He dicho.
El señor MUÑOZ BARRA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Excúseme, Su Señoría.
Antes de proseguir el debate, debo plantear una cuestión previa.
El Senador señor Gómez me ha pedido -lo reiteró el Honorable señor Vásquez- que recabe la autorización de la Sala, para que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento pueda sesionar paralelamente con la Sala.
Sin embargo, previamente a ello y atendido el quórum que existe en el Hemiciclo, me gustaría que la Sala se pronunciara, en un sentido o en otro, acerca del planteamiento del Honorable señor Orpis, en atención a que para adoptar tal acuerdo se necesitan 12 señores Senadores que, en este momento, se encuentran en el Hemiciclo.
Entonces, el Senador señor Orpis ha solicitado que, en vez de proceder a la segunda discusión en la sesión de mañana, el proyecto vuelva a la Comisión respectiva para reparar o superar algunas cuestiones de carácter previsional que ha señalado.
¿Habría acuerdo para proceder de la forma planteada por el Senador señor Orpis,¿
La señora MATTHEI.-
Sí.
El señor NARANJO.-
Conforme.
El señor OMINAMI.-
Sí.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
¿naturalmente fijando un plazo?
No hay ningún representante del Gobierno en este momento. Pero parece muy razonable poner un término.
Por eso, recabo el asentimiento de la Sala en tal sentido.
¿Qué plazo proponen Sus Señorías?
El señor OMINAMI.-
El 2 de septiembre.
El señor ORPIS.- La primera semana de septiembre.
El señor VÁSQUEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente, yo no voy a proponer plazo, no porque no quiera que el trámite sea rápido -ojalá se despachara el proyecto mañana-, sino porque, como cualquier modificación requiere iniciativa del Ejecutivo,¿
El señor ORPIS.-
Exactamente.
El señor VÁSQUEZ.-
¿hay que llegar a acuerdo con él.
Entonces, fijar un término no tiene sentido, porque es obvio que si no existe acuerdo volveremos a la Sala con el mismo texto.
Por eso, prefiero que el proyecto vaya a Comisión, se negocie rápidamente con el Gobierno y se remita el informe apenas esté listo.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Naranjo.
El señor NARANJO.-
Propongo el 2 de septiembre, señor Presidente.
El señor GAZMURI.-
De acuerdo.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
¿Hasta el 2 de septiembre?
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Hago presente a Sus Señorías que corresponde fijar plazo para presentar indicaciones. Y el proyecto vuelve a las Comisiones de Trabajo y de Hacienda.
El señor GAZMURI.-
¡Unidas, señor Presidente!
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Me parece bien.
En todo caso, el 2 de septiembre parece un plazo muy perentorio.
El señor ORPIS.- Sí. La segunda semana de septiembre es mejor.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, quienes estamos por aprobar el proyecto pretendemos, ciertamente, un plazo reducido.
Yo daría acuerdo en el sentido de que la iniciativa fuera a las Comisiones de Trabajo y de Hacienda, pero unidas. Eso me parece de todo sentido, porque el asunto de la reajustabilidad es propio de la Comisión de Hacienda, y el otro -el que planteó el Senador señor Orpis-, más bien de la de Trabajo.
Por tanto, propongo enviar la iniciativa a Comisiones unidas y que la Sala encargue al señor Presidente conversar con el Gobierno, ojalá esta misma tarde, para hacerle ver la necesidad de realizar ajustes técnicos al articulado.
La idea es que el proyecto vuelva a Comisión solo respecto de esos dos asuntos, nada más. No vamos a discutir de nuevo todo lo concerniente al daño previsional. O sea, que quede claro que se trata de ver qué ocurre con la tasa de reemplazo en el caso del retiro programado y qué con la reajustabilidad futura del bono. Esos son los dos aspectos que queremos mejorar técnicamente.
Entonces, acordemos que la iniciativa vaya a Comisiones unidas para permitir que el Gobierno dé respuesta a esos dos puntos. Si ello no ocurre, deberemos votarla tal como está.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Le concederé la palabra al señor Secretario para que precise¿
El señor MUÑOZ BARRA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Deseo plantear un asunto reglamentario.
Usted ha visto, señor Presidente, que hay muchas consultas e inquietudes.
Yo, como Comité PPD, pido que se oficie al Ejecutivo para representarle cuán inadmisible es que durante la discusión de proyectos de esta naturaleza no se halle presente en la Sala el Ministro del ramo. Porque aquí estamos planteando alternativas que a lo mejor podrían encontrar una acogida más rápido si algún Secretario de Estado nos acompañara.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si les parece a los señores Senadores, se enviará el oficio solicitado.
El señor MUÑOZ BARRA.-
¿Solo en mi nombre o en el de los Comités?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En nombre de la Sala.
--Así se acuerda.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, estoy conforme con lo que se acordó. Solo quiero connotar que aquí se han dicho muchas cosas, uno no sabe si por ignorancia o con el propósito de engañar.
Quiero leer algunas disposiciones de leyes¿
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Señora Senadora, ¿qué le parece si terminamos primero el acuerdo al que estamos concurriendo con la mejor voluntad¿
La señora MATTHEI.-
Pero el acuerdo está listo, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
No todavía. Porque el Honorable señor Gazmuri hizo, con razón, una precisión, y la Secretaría estima necesario aclarar el punto.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Señores Senadores, el ánimo, sin duda, es modificar las normas del proyecto o introducir nuevas disposiciones.
Al efecto, resulta indispensable abrir un término para presentar indicaciones. Y eso es lo que falta: fijar el plazo.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Yo les propongo¿
El señor NARANJO.-
El 2 de septiembre, porque¿
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Perdón, señor Senador.
¿Qué les parece el lunes 8 de septiembre, a las 12?
La señora MATTHEI.-
Conforme.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, el único que puede presentar indicaciones es el Ejecutivo. Entonces, ¿para qué fijamos tanto plazo?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si el Gobierno no las formula, estará fallido el acuerdo y adquirirá validez el planteamiento del Senador señor Gazmuri.
Pero ese es otro problema.
Lo que nos corresponde a nosotros es fijar plazo para formular indicaciones.
Propongo el lunes 8 de septiembre, a las 12.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
En la Secretaría de la Comisión de Hacienda.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Y el proyecto, como se acordó, irá a las Comisiones unidas de Hacienda y de Trabajo.
El señor NARANJO.-
Y lo votamos el 10.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Por cierto, si no se llega a acuerdo con el Ejecutivo, el proyecto deberá volver a la Sala, donde tendrá que ser votado. Pero si aquel manda las indicaciones, habrán de estudiarse como corresponde. Y esperamos también que el planteamiento del Senador señor Muñoz Barra sea escuchado, a fin de que las autoridades gubernativas concurran a la sesión pertinente.
Si le parece a la Sala, se procederá en la forma indicada.
--Se acuerda remitir el proyecto a las Comisiones unidas de Trabajo y de Hacienda, fijándose el lunes 8 de septiembre, a las 12, como plazo para presentar indicaciones.
El señor NARANJO.-
¿Se votará a más tardar el 10?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Se votará sobre la base del informe que emitan las Comisiones unidas. Si llegan las indicaciones, deberán estudiarse con el tiempo que corresponda; si no -como expresé-, el proyecto tendrá que volver a la Sala con su redacción actual para ser votado.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Excúseme, señor Presidente, una última aclaración.
Las indicaciones deben hacerse al texto final de la iniciativa que Sus Señorías tienen en sus escritorios, y se han de entregar en la Secretaría de la Comisión de Hacienda.
CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE PROVINCIA DE RANCO
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto, en segundo trámite constitucional y con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, que modifica la ley Nº 20.174, que crea la Región de Los Ríos, para denominar "del Ranco" la provincia "de Ranco".
--Los antecedentes sobre el proyecto (5326-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 27ª, en 17 de junio de 2008.
Informe de Comisión:
Gobierno, sesión 44ª, en 13 de agosto de 2008.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El proyecto tuvo su origen en una moción de diversos Diputados, y su objetivo es reemplazar en los artículos 1º y 2º de la ley 20.174 la expresión "de Ranco" por "del Ranco", de manera que dicho texto legal se refiera a la "provincia del Ranco".
La Comisión discutió esta iniciativa tanto en general cuanto en particular, por ser de artículo único, y la aprobó en los mismos términos en que fue despachada por la Honorable Cámara de Diputados, con la votación unánime de sus miembros, Senadores señores Bianchi, Orpis, Núñez, Pérez Varela y Sabag.
Cabe tener presente que para aprobar este proyecto se requieren 21 votos afirmativos.
Se ha pedido segunda discusión.
El señor VÁSQUEZ.-
Me parece.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En discusión general y particular el proyecto.
En la primera discusión, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
--El proyecto queda para segunda discusión.
La señora MATTHEI.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Habiendo concluido el Orden del Día, debemos pasar al Tiempo de Votaciones.
Tendría que haber acuerdo unánime para concederle la palabra a Su Señoría.
¿Lo hay?
El señor MUÑOZ BARRA.-
Sí, señor Presidente.
El señor ORPIS.-
Por cierto.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En consecuencia, tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, es muy indignante, cuando un proyecto se ha tratado en forma relativamente seria, que vengan señores Senadores a hablar en la Sala sin tener idea de lo que están diciendo.
Acá diversos parlamentarios expresaron que el problema de las remuneraciones no imponibles se generó en el Gobierno militar.
Uno no sabe si eso obedece a ignorancia o a otra cosa. ¡Ojalá se deba a ignorancia¿!
Para aclararlo, solo quiero leer algunas disposiciones del Reglamento de la ley Nº 15.076, de 1963, que fija el Estatuto de los médicos cirujanos, etcétera.
La letra F) del artículo 27º dice: "La asignación por trabajos en sectores apartados o rurales constituye un incentivo económico para desempeñar funciones en lugares que, por razón de alejamiento, clima u otras circunstancias no haya interesados en servirlas. Su monto variará entre un 10% al 40%. (¿) Es transitoria y no imponible.". Tal norma data de 1966.
La letra I) del mismo artículo señala: "El profesional funcionario que desempeñe funciones en postas rurales, estaciones médico rurales y puestos de socorro gozará de una asignación de un 30%.". Y agrega: "Es transitoria, no imponible". Eso data del año 1968.
La letra J) dispone: "El profesional funcionario que desempeñe funciones en una Unidad de Cuidado Intensivo, gozará de una asignación de un 50%. Se entenderá por trabajo en Unidades de Cuidado Intensivo el que se realiza en un sector o dependencia del Hospital", etcétera. Luego indica: "Esta asignación es transitoria, no imponible".
¡Hasta cuándo, señores Senadores, vienen a mentir aquí, a inventar cosas de las que no tienen idea!
El problema de las asignaciones no imponibles se originó mucho tiempo antes del Gobierno militar.
Además, el daño previsional afectó a los trabajadores del INP y a los de las AFP. Aquí se sostuvo que solo lo sufrió la gente del nuevo sistema.
¡Mentira!
Si hubiese afectado únicamente a los trabajadores afiliados a las AFP, ¿para qué fue necesario dictar una ley especial (la Nº 19.200) destinada precisamente a terminar con el daño previsional de quienes estaban en el INP?
Señor Presidente, lo único que yo pido es que se tenga un poquito de conocimiento sobre la materia respectiva antes de hablar en esta Sala.
Las remuneraciones no imponibles constituyen un drama para los trabajadores.
En esta y en las anteriores Administraciones de la Concertación, ¡yo he tenido que pelear para que no sigamos, nosotros, concediendo asignaciones no imponibles!
Recuerdo perfectamente, entre otras situaciones, que hace dos o tres años se quería dar un bono no imponible a los gendarmes.
Este es un problema que ha afectado permanentemente, desde hace muchísimo tiempo, a los servidores del sector público.
Como en el sistema que quedó bajo la administración del INP la pensión se calculaba de acuerdo con el número de años cotizados pero también según los aportes efectuados, el daño previsional igual afectaba a los empleados regidos por él.
De hecho, en el año 1992, antes de aprobarse la ley Nº 19.200, la gente del Instituto de Normalización Previsional se jubilaba con 35 por ciento de su remuneración. Y si ahora lo hace con una pensión equivalente al 80 por ciento, es justamente porque se dictó dicha normativa, pero solo para los del sistema antiguo.
El Gobierno de Aylwin quiso resolver un problema que venía de hacía muchos años, de antes del Gobierno militar, pero solo para los adscritos al INP, no para los afiliados a las AFP.
Yo solo pido un poco más de seriedad cuando se habla en esta Sala.
Gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Le agradezco la precisión, señora Senadora.
Pasamos al Tiempo de Votaciones.
MEDIDAS PARA SENSIBILIZACIÓN SOBRE IMPORTANCIA DE DONACIÓN DE ÓRGANOS. PROYECTO DE ACUERDO
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Corresponde ocuparse en un proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Navarro y Girardi.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1094-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 40ª, en 30 de julio de 2008.
Oficio de Comisión:
Salud, sesión 44ª, en 13 de agosto de 2008.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El propósito de la iniciativa es solicitar al Ministerio de Salud la optimización del trabajo y la coordinación de los organismos públicos y privados a fin de sensibilizar a la ciudadanía respecto a la necesidad de donar órganos para trasplante.
La Comisión de Salud informa que el proyecto no le mereció observaciones.
En estos momentos no hay quórum para adoptar acuerdos.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Se llamará a los señores Senadores durante cinco minutos.
El señor ORPIS.-
Nadie va a llegar.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
No hay quórum todavía.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Señores Senadores, han transcurrido los cinco minutos que establece el Reglamento y no hay quórum en la Sala.
Por consiguiente, corresponde levantar la sesión.
En todo caso, se dará curso reglamentario a diversas peticiones de oficios que han llegado a la Secretaría.
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor ALLAMAND:
Al señor Secretario Ministerial de Educación de la Región de Los Ríos, requiriéndole SOLUCIÓN A CARENCIAS DE ESCUELA RURAL TIERRA DE ESPERANZA, DE NELTUME (comuna de Panguipulli).
Del señor BIANCHI:
Al señor Ministro de Hacienda, solicitándole ACLARACIÓN SOBRE MONTOS DE RECURSOS PARA PAGO DE BONO COMPENSATORIO A COTIZANTES DE EX CAJA DE EMPLEADOS PARTICULARES DE MAGALLANES.
Del señor COLOMA:
A la señora Ministra de Salud, pidiéndole informar sobre NUEVA MODALIDAD PARA PAGO DE ARANCEL CORRESPONDIENTE A CAMBIO DE DIRECTOR TÉCNICO.
Del señor ESPINA:
Al señor Ministro del Interior, remitiéndole antecedentes relativos a SOLICITUD DE ACTO REPARATORIO FORMULADA POR DOÑA ISABEL LAVÍN SANDOVAL. A los señores Fiscal Nacional del Ministerio Público y Ministro de Justicia, enviándoles antecedentes con respecto a SITUACIÓN DE SEÑORA LÉRIDA ALCALDE CASTILLO POR PRESUNTA PARTICIPACIÓN EN TRANSACCIÓN DE DROGA. A la señora Superintendenta de Pensiones, remitiéndole antecedentes en cuanto a RECLAMO DE DOÑA MIGUELINA RIVERA RIVERA A AFP ING POR ERROR DE CÁLCULO EN PENSIÓN.
Del señor FREI (don Eduardo):
A la señora Ministra de Agricultura, requiriéndole CONTESTACIÓN A PROPUESTA DE CORPORACIÓN DE LA CARNE.
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro del Interior y a la señora Ministra de Bienes Nacionales, pidiéndoles REGULARIZACIONES DE PREDIOS COMPROMETIDOS CON POBLADORES AFECTADOS POR ERUPCIÓN DE VOLCÁN HUDSON EN 1991, y a la señora Ministra Presidenta de la CONAMA, solicitándole ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA EXIGENCIA A EMPRESA HIDROAYSÉN DE INFORME QUE POSIBILITE FISCALIZACIÓN A PROYECTOS DE CENTRALES EN RÍOS BAKER Y PASCUA.
Del señor LARRAÍN:
Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, transcribiéndole INQUIETUDES DE "PROYECTO MEJOR TRABAJO DE TALCA" SOBRE IGUALDAD LABORAL, y a la señora Presidenta de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, remitiéndole INTERROGANTES DE SEÑOR DANIEL PORTALES VELÁSQUEZ ACERCA DE PROCESO DE POSTULACIONES A BECAS DE CONICYT.
Del señor ROMERO:
A la señora Ministra de Agricultura, consultándole si habrá REASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA PROYECTOS O POSTERGACIÓN DE INICIATIVAS DE SECTOR AGRÍCOLA.
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El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:35.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción