REPÚBLICA DE CHILE

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

PUBLICACIÓN OFICIAL

LEGISLATURA 356ª

Sesión 23ª, en martes 3 de junio de 2008

Ordinaria

(De 16:25 a 19:12)

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ADOLFO ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE,

Y BALDO PROKURICA PROKURICA, VICEPRESIDENTE

SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,

Y MARIO LABBÉ ARANEDA, SUBROGANTE

____________________

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

I. ASISTENCIA

Asistieron los señores:

--Allamand Zavala, Andrés

--Arancibia Reyes, Jorge

--Bianchi Chelech, Carlos

--Cantero Ojeda, Carlos

--Coloma Correa, Juan Antonio

--Flores Labra, Fernando

--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo

--García Ruminot, José

--Gazmuri Mujica, Jaime

--Girardi Lavín, Guido

--Gómez Urrutia, José Antonio

--Horvath Kiss, Antonio

--Kuschel Silva, Carlos

--Larraín Fernández, Hernán

--Letelier Morel, Juan Pablo

--Longueira Montes, Pablo

--Matthei Fornet, Evelyn

--Muñoz Aburto, Pedro

--Muñoz Barra, Roberto

--Naranjo Ortiz, Jaime

--Navarro Brain, Alejandro

--Novoa Vásquez, Jovino

--Núñez Muñoz, Ricardo

--Orpis Bouchón, Jaime

--Pérez Varela, Víctor

--Pizarro Soto, Jorge

--Prokurica Prokurica, Baldo

--Romero Pizarro, Sergio

--Ruiz-Esquide Jara, Mariano

--Sabag Castillo, Hosaín

--Vásquez Úbeda, Guillermo

--Zaldívar Larraín, Adolfo

Concurrió, además, la Ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Patricia Poblete Bennett.

Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor Mario Labbé Araneda.

II. APERTURA DE LA SESIÓN

--Se abrió la sesión a las 16:25, en presencia de 20 señores Senadores.

El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.

III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 17ª, 18ª y 19ª, ordinarias, en 6, 7 y 13 de mayo, respectivamente; 20ª, especial, en 14 de mayo, y 21ª, ordinaria, en 15 de mayo, todas del año en curso, que no han sido observadas.

El acta de la sesión 22ª, ordinaria, en 20 de mayo del año en curso, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.

IV. CUENTA

El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor LABBÉ (Prosecretario subrogante).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:

Mensajes

Diecisiete de Su Excelencia la Presidenta de la República:

Con el primero inicia un proyecto que introduce modificaciones en la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional (boletín N° 5.872-06).

--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y a la de Hacienda, en su caso.

Con el segundo inicia un proyecto que establece una nueva Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos (boletín N° 5.887-06).

--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

Con los ocho siguientes retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto de las siguientes iniciativas:

1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece medidas contra la discriminación (boletín N° 3.815-07).

2.- Proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite, en materia de gobierno y administración regional (boletín N° 3.436-07).

3.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo, en lo concerniente al salario base (boletín N° 5.433-13).

4.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece normas sobre importación de mercancías (boletín N° 5.343-01).

5.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que introduce enmiendas al decreto con fuerza de ley N° 1, de 2001, de Hacienda, aprobatorio del texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.420, que establece incentivos para el desarrollo económico de las provincias de Arica y Parinacota (boletín N° 5.648-05).

6.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que transforma la Casa de Moneda en sociedad anónima (boletín Nº 2.949-05).

7.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que adecua la legislación penal a los tratados internacionales en materia de derechos humanos (boletines Nos 3.345-07 y 3.959-07, refundidos).

8.- Proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas (boletín N° 4.248-06).

Con los seis siguientes retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", respecto de los asuntos que se señalan a continuación:

1.- Proyecto de reforma constitucional que suprime la referencia al número de Diputados (boletín N° 4.968-07).

2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza la construcción de monumentos en memoria de las víctimas de la masacre de la Escuela Santa María, de Iquique (boletín N° 4.766-24).

3.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, adoptados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (boletín N° 5.738-10).

4.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.066, sobre violencia intrafamiliar, y otros cuerpos legales, a fin de incluir el maltrato hacia el adulto mayor en la legislación (boletines Nos S 5.376-18; 5.142-18; 5.055-18; 4.691-18 y 4.167-18, refundidos).

5.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre sistema de compensación y liquidación de instrumentos financieros (boletín N° 5.407-05).

6.- Proyecto, en trámite de comisión mixta, que modifica la ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional (boletín N° 4.059-07).

--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.

Con el último hace presente la urgencia, calificada de "suma", en relación con el proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos (boletín Nº 3.878-17).

--Se tiene presente la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.

Oficios

De Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar como miembros del directorio de Televisión Nacional de Chile a la señora Marcia Scantlebury Elizalde y a los señores José Antonio Galilea Vidaurre y Cristian Leay Morán, por un período de ocho años (boletín N° S 1.075-05) (con la urgencia a que se refiere el N° 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental).

--Pasa a las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, unidas.

Tres de la Excelentísima Corte Suprema, con los que comunica su parecer sobre las siguientes iniciativas:

1.- Proyecto, originado en moción de los Honorables señores Pérez Varela, Chadwick y Longueira, que modifica la ley N° 19.947, sobre Matrimonio Civil, en lo relativo a los matrimonios celebrados ante entidades religiosas (boletín N° 5.815-07).

2.- Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Ominami, que modifica diversos cuerpos legales en materia de reconocimiento de la paternidad (boletín N° 5.816-07).

3.- Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Vásquez, que establece una forma alternativa de cumplimiento del beneficio de la reclusión nocturna (boletín N° 5.814-07).

--Se toma conocimiento y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.

Cinco del Excelentísimo Tribunal Constitucional:

Con los dos primeros remite copia autorizada de las sentencias dictadas respecto de los siguientes proyectos de ley: el que crea el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales y perfecciona el Estatuto de Capacitación y Empleo (boletín N° 3.507-13) y el que crea cargos en la Dirección del Servicio Electoral en la Región de Arica y Parinacota y dicta norma relativa a partidos políticos en nuevas Regiones (boletín N° 5.867-06).

--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos junto a sus antecedentes.

Con el tercero remite copia autorizada de la sentencia recaída en el requerimiento de inconstitucionalidad planteado con relación al otorgamiento de un préstamo del BancoEstado al sistema de transporte público de Santiago.

--Se toma conocimiento.

Con los dos últimos remite copias autorizadas de los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formulados en contra de la segunda frase del inciso primero del artículo 171 del Código Sanitario y del inciso segundo del artículo 387 del Código Procesal Penal.

--Se toma conocimiento y se remiten los antecedentes a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Del señor Contralor General de la República, mediante el cual responde un oficio cursado en nombre del Honorable señor Romero, relativo a irregularidades en la entrega de aportes en dinero por el Instituto Nacional de Deportes a organizaciones deportivas de la Quinta Región.

Dos del señor Ministro de Relaciones Exteriores:

Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor García, referido a la conveniencia de que el señor Secretario General de la OEA se abstenga de participar en la política interna chilena mientras ostente ese cargo.

Con el segundo responde un oficio remitido en nombre del Honorable señor Navarro, respecto de la ratificación del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología.

Del señor Ministro de Obras Públicas, con el que da respuesta a un oficio cursado en nombre del Honorable señor Romero, atinente a la instalación de una malla medianera en la pasarela peatonal ubicada a la altura de Viveros Hijuelas, comuna de Hijuelas.

Seis de la señora Ministra de Salud:

Con los tres primeros responde igual número de oficios remitidos en nombre del Honorable señor Navarro, en cuanto a la situación que afectó a un menor en el Hospital de Los Ángeles; a la construcción del nuevo Hospital Penco-Lirquén y a información sanitaria asociada a la erradicación de diversas poblaciones de la comuna de Hualpén.

Con el cuarto contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Chadwick, tocante a la investigación sobre la actuación del personal del SAMU de Rancagua en el caso de la menor Anyela Cruz.

Con el quinto da respuesta a un oficio remitido en nombre de la Honorable señora Alvear, acerca de la evolución del sistema de libre elección en FONASA.

Con el sexto responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath, referente a la implementación de un programa de tenencia responsable de mascotas.

Dos de la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, con los que contesta igual número de oficios cursados en nombre del Honorable señor Horvath, referidos a soluciones sanitarias deficientes en la localidad de Puerto Gala y a proyectos de pavimentación de caminos de la zona austral.

Del señor Ministro de Minería, con el que contesta un oficio enviado en nombre de la Honorable señora Matthei, concerniente al cobro por flete que efectúa ENAMI a los mineros de la provincia de Choapa.

Del señor Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, con el que responde un oficio remitido en nombre del Honorable señor Horvath, respecto de la participación de Chile en el evento "All Energy 08".

Dos del señor Subsecretario de Telecomunicaciones:

Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath, sobre la posibilidad de dotar de señal de telefonía celular a diversas localidades de la Región de Aisén.

Con el segundo responde un oficio remitido en nombre del Honorable señor Allamand, en relación con los problemas de comunicación vía celular que afectan a la localidad de Quilacahuín, comuna de San Pablo.

De la señora Superintendenta de Servicios Sanitarios, mediante el cual da respuesta a un oficio cursado en nombre del Honorable señor Allamand, en cuanto a la contaminación del agua potable en la localidad de Quilacahuín, comuna de San Pablo.

Del señor Director del Instituto Nacional de Deportes, con el que responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Frei, acerca de la viabilidad de instalar una oficina provincial en la comuna de Osorno.

Del señor Director Nacional del Servicio Nacional de Menores, con el que da respuesta a un oficio cursado en nombre del Honorable señor Coloma, atinente a los hechos relacionados con el embarazo de una adolescente en el Centro de Internación Provisoria de San Miguel, Séptima Región.

Del señor Director Nacional del Servicio de Capacitación y Empleo, con el que contesta un oficio remitido en nombre del Honorable señor Navarro, tocante a los recursos destinados a la capacitación de conductores con licencia A-3 en Concepción.

Del señor Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Normalización, mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Navarro, sobre la votación de nuestro país ante la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) con relación a la propuesta de convertir el formato Office Open XML en norma internacional.

Del señor Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas, con el que da respuesta a un oficio cursado en nombre del Honorable señor Frei, respecto de la instalación de la Oficina de CONADI en la Región de Los Ríos, con sede en Valdivia.

Del señor Secretario General de Carabineros de Chile, con el que contesta un oficio remitido en nombre del Honorable señor Espina, relativo a la dotación de vehículos y motos para la comuna de Vilcún, Novena Región.

Del señor Secretario Regional Ministerial de Planificación y Coordinación de La Araucanía, por medio del cual responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Espina, referido al subsidio al consumo de energía eléctrica en la localidad de Selva Oscura, comuna de Victoria.

Del señor Secretario Regional Ministerial de Agricultura de La Araucanía, con el que contesta un oficio cursado en nombre del Honorable señor Espina, en cuanto a las condiciones en que desarrollan su actividad los pequeños y medianos empresarios panaderos de la provincia de Malleco.

De la Oficina de Enlace del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el que remite copia de la Declaración Congresal aprobada por el Honorable Congreso de la República de Bolivia, en la que se solidariza con el pueblo de Chile ante los daños producidos por la erupción del volcán Chaitén.

--Quedan a disposición de los señores Senadores.

Informes

Dos de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaídos en los siguientes asuntos:

1.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del Acuerdo entre Chile y los Estados Unidos Mexicanos para el otorgamiento recíproco de permisos de trabajo a favor de los dependientes de agentes diplomáticos y funcionarios consulares acreditados en el otro país (boletín N° 5.607-10).

2.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo entre Chile y Guatemala sobre reciprocidad en el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y consulares (boletín N° 5.608-10).

De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que adecua la legislación penal a los tratados internacionales en materia de derechos humanos (boletines Nos 3.345-07 y 3.959-07, refundidos) (con urgencia calificada de "suma").

Segundo informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2001, de Hacienda, aprobatorio del texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.420, que establece incentivos para el desarrollo económico de las provincias de Arica y Parinacota (boletín N° 5.648-05) (con urgencia calificada de "suma").

De la Comisión de Obras Públicas, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señor Pérez Varela y señora Matthei, que sustituye el artículo 119 del Código de Aguas (boletín N° 5.818-09).

--Quedan para Tabla.

Moción

Del Honorable señor Longueira, con la que inicia un proyecto de acuerdo que modifica el Reglamento del Senado, a fin de crear la Comisión de Equidad Social (boletín N° S 1.073-09).

--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Declaraciones de inadmisibilidad

Moción de los Honorables señores Prokurica y Horvath, mediante la cual inician un proyecto de ley que establece un fondo de fomento al cultivo de algas.

--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución Política de la República.

Moción del Honorable señor Longueira, con la cual da inicio a un proyecto de ley que crea el Consejo Consultivo de Trabajo y Equidad Social.

--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República, de conformidad con lo dispuesto en el N° 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política de la República.

Proyectos de acuerdo

De los Honorables señores Horvath, Ávila, Bianchi, Muñoz Aburto, Navarro y Vásquez, mediante el cual solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República la adopción de medidas destinadas a evitar distorsiones en la fijación de las tarifas eléctricas (boletín N° S 1.074-12).

--Pasa a la Comisión de Economía.

De los Honorables señores Horvath y Zaldívar, con el que proponen medidas especiales para los trabajadores de plantas pesqueras que han quedado cesantes a raíz del cierre de empresas en la Región de Aisén (boletín Nº S 1.076-12).

--Pasa a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.

Solicitud de permiso constitucional

Del Honorable señor Ávila, para ausentarse del país a partir del día 25 de mayo de 2008.

--Se accede.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminada la Cuenta.

MINUTO DE SILENCIO POR FALLECIMIENTO DE GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS Y DE PARTE DE SU COMITIVA

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Se guardará un minuto de silencio como homenaje póstumo por el sensible fallecimiento del General Director de Carabineros de Chile señor José Alejandro Bernales Ramírez y de su esposa, de los oficiales que lo acompañaban y de la esposa de uno de ellos.

--La Sala guarda un minuto de silencio.

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El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Para referirse a la Cuenta, tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, deseo exponer dos asuntos.

El primero se relaciona con la moción que presentamos junto con el Honorable señor Prokurica a fin de establecer un fondo de fomento para la reconstitución de las algas en nuestro suelo marino, lo cual constituiría una suerte de decreto ley Nº 701, pero en versión marítima.

Quiero pedir el apoyo de la Sala para que se oficie al Gobierno a fin de que respalde la iniciativa.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Si no se formulan objeciones, se procederá en esa forma.

--Así se acuerda.

El señor HORVATH.- En segundo lugar, el proyecto de acuerdo que presentamos con usted, señor Presidente, y del cual se acaba de dar cuenta se refiere, en realidad, a las consecuencias del sismo que afectó al fiordo de Aisén, fenómeno en virtud del cual han quedado paralizadas por más de un año las concesiones y la actividad en el sector, habiéndose cerrado una de las plantas que mayor trabajo daban en la Undécima Región. Por lo tanto, se trata de un hecho vinculado, entre otros factores, pero preponderantemente, a una zona de catástrofe.

Pido, entonces, que ese texto se vote hoy, si es posible, sin que pase a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, trámite que impediría verlo antes de la próxima semana.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.

--Así se acuerda.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra el Senador señor Longueira.

El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, después de leer el informe del Consejo Asesor Presidencial Trabajo y Equidad, conocido como "Comisión Meller", entidad cuya formación dispuso la Primera Mandataria, presenté dos mociones.

La primera apunta a crear en el Senado la Comisión de Equidad Social, con el fin de que trabaje permanentemente en un seguimiento de lo propuesto en dicho informe. Fue declarada admisible.

La segunda, que recoge algo planteado por el mencionado estudio: el establecimiento del Consejo Consultivo de Trabajo y Equidad Social, fue declarada inadmisible.

Ante esta última resolución, quiero pedir dos cosas, señor Presidente. Por una parte, que se oficie al Ejecutivo para que apoye el proyecto de ley correspondiente. Y, por la otra, también me gustaría requerir la preparación de un informe sobre cómo nos ha ido con esta clase de solicitudes; porque la verdad es que se ha hecho una costumbre que los Senadores las formulemos cada vez que, en forma muy rigurosa, la Mesa declara la inadmisibilidad de una iniciativa.

Creo que la Mesa y los Comités deberían ponerse de acuerdo, a lo mejor, para que las bancadas priorizaran algunas mociones y la primera le pidiese al Gobierno que respaldara aquellas de mayor interés para el Senado.

En realidad, temo, sin conocer un estudio como el que acabo de plantear, que el resultado es bastante pobre.

Pienso que no deja de ser más bien un "saludo a la bandera" lo que hemos pedido hoy algunos Senadores, al igual que lo sucedido en otras ocasiones similares.

Por lo tanto, estimo que este tipo de solicitud debiera perfeccionarse con algún grado de conversación con el Ejecutivo, de manera que ojalá algunas mociones que presentamos entren efectivamente a la discusión parlamentaria con su apoyo.

Gracias.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Para lo primero que pidió Su Señoría, se dará curso al oficio si no existen objeciones.

--Así se acuerda.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En cuanto a la segunda parte de su intervención, señor Senador, cabe recordar que hacemos lo que corresponde y que solo es posible actuar según lo dispuesto por la Constitución. No hay otra forma de proceder.

Pero me parece, más allá de cualquier consideración, que debería contarse con un mecanismo como el que Su Señoría plantea. Desde ya, acogemos su propuesta. Veremos cómo es posible lograr una voluntad expedita del Ejecutivo en tal sentido. Se puede conversar sobre el asunto y estudiar cómo traducir la idea en algo concreto.

Sin perjuicio de ello, la Secretaría elaborará el informe requerido, a fin de que se disponga de un buen seguimiento. Y eso mismo puede fundar nuestro accionar frente al Ejecutivo.

A continuación se dará cuenta de los acuerdos de Comités.

ACUERDOS DE COMITÉS

El señor HOFFMANN (Secretario General).- En sesión de hoy, los Comités acordaron en forma unánime lo siguiente:

1) Rendir homenaje en memoria del fallecido General Director de Carabineros señor José Bernales el miércoles 9 de julio próximo, al inicio de la hora de Incidentes;

2) Autorizar a la Comisión de Vivienda y Urbanismo para discutir tanto en general cuanto en particular, en el trámite de primer informe, la iniciativa que regula los actos y contratos que se pueden celebrar respecto de viviendas adquiridas con respaldo de los programas habitacionales estatales, y

3.- Colocar en el segundo lugar del Orden del Día de la presente sesión el proyecto signado con el número 5, que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal.

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El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Núñez.

El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, quiero aprovechar la ocasión para recordar a mis Honorables colegas que la Comisión de Minería y Energía ha convocado para mañana, en conjunto con la de Hacienda, a una reunión donde tendremos la oportunidad de escuchar la cuenta pública del Vicepresidente de la ENAP. Como se trata un tema particularmente sensible en los últimos días, quedan invitados.

El señor SABAG.- ¿A qué hora?

El señor GÓMEZ.- ¿Dónde?

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- A las 11:30, en este mismo lugar.

V. ORDEN DEL DÍA

Boletín N° 5719-14

MODIFICACIÓN DE LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN URBANA

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Corresponde continuar la discusión general del proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en materia de planificación urbana, con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo y urgencia calificada de "simple".

--Los antecedentes sobre el proyecto (5719-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 82ª, en 15 de enero de 2008.

Informe de Comisión:

Vivienda y Urbanismo, sesión 19ª, en 13 de mayo de 2008.

Discusión:

Sesión 22ª, en 20 de mayo de 2008 (queda pendiente su discusión general).

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Cabe recordar, señores Senadores, que en la sesión del 20 de mayo último se inició el debate en general.

Asimismo, es del caso señalar que la Comisión de Vivienda y Urbanismo aprobó la idea de legislar en esta materia por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Naranjo, Orpis y Sabag.

El texto que se propone aprobar se consigna en la parte pertinente del primer informe.

El proyecto contiene disposiciones de carácter orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requiere 21 votos conformes.

Por último, hago presente que se encuentran inscritos para hacer uso de la palabra, en este mismo orden, los Senadores señores Naranjo, Horvath, Muñoz Barra, Navarro, Cantero, señora Alvear, señores Ominami, Sabag, Vásquez y Ruiz-Esquide.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- La señora Ministra de Vivienda y Urbanismo ha pedido autorización para que ingresen a la Sala el señor Eduardo Bresciani, Jefe de la División de Desarrollo Urbano de esa Secretaría de Estado, y la señora Jeannette Tapia, asesora de la misma Cartera.

¿Habría acuerdo?

El señor NAVARRO.- No, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- No hay acuerdo.

La señora Ministra también ha solicitado intervenir -y está en su derecho de hacerlo- en forma previa a la participación de los señores Senadores, a fin de precisar un punto que no quedó debidamente aclarado en su exposición anterior.

Por tanto, le doy la palabra.

La señora POBLETE (Ministra de Vivienda y Urbanismo).- Gracias, señor Presidente. Solo ocuparé un minuto en mi intervención.

En la sesión del pasado 20 de mayo tuve la oportunidad de exponer los principales contenidos y objetivos del proyecto que reforma la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de planificación urbana, el que, por cierto, esperamos analizar en profundidad durante su discusión particular.

Antes de que Sus Señorías inicien la ronda de intervenciones, deseo recalcar que el Ministerio que dirijo tiene la convicción más absoluta de que debatir la presente iniciativa en el Parlamento es de la mayor importancia. Este es el espacio natural y constitucional donde deben plantearse las discrepancias e introducirse los perfeccionamientos relacionados con el texto propuesto.

Tenemos hoy la oportunidad histórica de discutir por primera vez en el Congreso, con actores muy relevantes, un proyecto de ley que ayudará a construir mejores ciudades.

La iniciativa que Sus Señorías analizarán a continuación está siendo complementada con otras, como la que modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y establece un plan regional de ordenamiento territorial; el mensaje ingresó a trámite legislativo y se dio cuenta de él en la presente sesión.

Soy una convencida de que el debate amplio y democrático enriquecerá esta propuesta y nos permitirá contar con una ley actualizada al Chile del siglo XXI, es decir, con un marco regulatorio moderno que será clave para el desarrollo de nuestras ciudades y de nuestro país.

Es todo lo que deseaba agregar, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Naranjo.

El señor NARANJO.- En mi condición de Presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, me corresponde informar al Honorable Senado el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de planificación urbana.

DIAGNÓSTICO

La presente iniciativa forma parte de la denominada "Agenda de Ciudades", que está orientada a dotar a nuestras ciudades y a sus comunas de mayores poderes, recursos e instrumentos de gestión urbana para otorgar una mejor calidad de vida a sus habitantes. Para ello se contemplan modificaciones en cuatro ámbitos: reforma urbana, planificación urbana, mejoramiento urbano y recuperación de barrios.

El nuevo escenario urbanístico se caracteriza por alto dinamismo del sector privado, creciente descentralización y mayores demandas de participación ciudadana. Estos elementos requieren una innovación legal en tres materias claves: la planificación urbana, la integración social y el impacto del desarrollo urbano. La iniciativa en discusión corresponde a la primera de ellas.

Cabe destacar que el marco regulatorio del desarrollo urbano, contenido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, no ha tenido modificaciones significativas en los últimos cuarenta años y ha mostrado debilidades para resolver en forma eficiente y participativa las nuevas tendencias y demandas.

En efecto, desde la promulgación de la primera Ley General de Construcción y Urbanismo, en 1931, hasta su más reciente adaptación mediante el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, que es el texto que actualmente rige, nuestras ciudades, comunas y barrios han experimentado grandes cambios, tanto en su desarrollo territorial como en las formas de gobierno y en las demandas ciudadanas. Por ende, el proyecto en estudio surge de la necesidad de dar una respuesta eficiente a la nueva realidad urbanística, que se caracteriza por los siguientes aspectos:

a) El sostenido aumento de la población urbana, por sobre el 17 por ciento en la última década;

b) La creciente descentralización político-administrativa en la gestión urbana;

c) El incremento de la construcción inmobiliaria e infraestructuras en el territorio;

d) La demanda de las personas por mayor participación y transparencia en las decisiones que las afectan;

e) La concentración territorial de los sectores sociales más vulnerables y el deterioro urbano de las zonas interiores donde se localizan, situaciones preocupantes, que han hecho que la segregación social urbana genere una tendencia que pone en entredicho la convivencia en las principales ciudades del país;

f) El fuerte aumento en las áreas rurales de construcciones complementarias al desarrollo de los sectores productivos, exportadores y asociados al turismo, y

g) La incorporación sostenida de nuevas áreas urbanizadas a las ciudades, con una tasa de 29 por ciento en la última década, y tendencia a incrementar este porcentaje.

Esta nueva realidad, señor Presidente, obliga a introducir reformas legales que perfeccionen los instrumentos de planificación urbana.

OBJETIVOS

La iniciativa en discusión persigue los siguientes objetivos:

-Incrementar y mejorar la participación ciudadana;

-Ampliar los espacios de concertación entre la inversión urbana pública y privada;

-Fortalecer las capacidades locales de planificación y recuperación de espacios públicos, infraestructuras y barrios;

-Facilitar los procesos de actualización de los planes reguladores;

-Permitir compensaciones y condicionamientos que garanticen proyectos urbanos más sustentables;

-Acoger la diversidad de barrios y ciudades con tipos de planes a escala de sus realidades, y

-Racionalizar la construcción en áreas rurales.

1) En primer término, la iniciativa propone mecanismos que faciliten la participación de la ciudadanía en la etapa de elaboración de todos los instrumentos de planificación urbana. Para ese efecto, se obliga a los organismos del Estado y a las empresas de servicios públicos a proporcionar la información necesaria. De esta forma, los ciudadanos tendrán acceso libre a los antecedentes que conformen un proyecto de plan regulador, desde el inicio hasta su total tramitación.

2) También se incorpora a la ciudadanía con la elaboración de un nuevo instrumento denominado "Esquema Director", el cual definirá la "imagen objetivo" del desarrollo futuro de la comuna, intercomuna o ciudad, y permitirá la discusión sobre los principios básicos a implementar, en términos asequibles, e incluso didácticos, para sus habitantes.

3) El proyecto de ley perfecciona los procesos de actualización y planificación a escala de barrios y sectores en los planes reguladores intercomunales y comunales mediante la incorporación de instrumentos menores para la planificación de áreas o lugares específicos o para hacer ajustes que faciliten o aclaren la aplicación de las normas. Además, se introduce un procedimiento simplificado de ajustes menores a un plan regulador intercomunal y comunal. Y, finalmente, se crean los planos de detalle para fijar con exactitud las características físicas de los espacios públicos, así como las delimitaciones de las distintas áreas y zonas establecidas en los instrumentos de planificación urbana, evitando las interpretaciones casuísticas.

4) También se incorpora el mecanismo de Desarrollo Urbano Condicionado, modalidad de tipo flexible orientada a promover el crecimiento urbano mediante el cumplimiento de estándares de diseño, de integración social o de obras de mitigación ambiental y urbanística. Tal instrumento se crea con la finalidad de resolver algunos impactos negativos del desarrollo urbano. Permite a la comunidad compartir los beneficios de los proyectos por medio de compensaciones en obras o equipamientos de uso público, además de otorgar mayor flexibilidad a los planos reguladores para acoger el crecimiento de la ciudad.

5) Por otra parte, se propone incorporar a la legislación chilena dos figuras: la transferencia de derechos de construcción y los contratos de asociación.

Los derechos de construcción transables están destinados a los predios e inmuebles a los cuales el plan regulador les ha establecido algún gravamen, como áreas verdes, terrenos que se encuentran legalmente protegidos, inmuebles declarados de conservación histórica, monumentos nacionales o áreas afectas a utilidad pública de cualquier tipo, a las cuales se les asignan normas urbanísticas especiales o similares a las de las zonas inmediatamente colindantes. Tales reglas pueden ser transferidas a proyectos susceptibles de aplicarse en áreas donde el plan regulador comunal admite un mayor nivel de desarrollo urbano, denominadas "áreas de recepción". Asimismo, se establece la forma de valorización y traspaso de estos derechos.

En segundo término, los Contratos de Asociación constituyen un mecanismo de transferencia de derechos de construcción aplicables solo entre predios colindantes, orientado a posibilitar la óptima distribución de la edificación en un determinado sector, de forma de crear espacios urbanos mejor diseñados entre diversos propietarios sin tener que recurrir a la fusión de predios y a la creación de megaproyectos urbanos. Tal medida evita también la tendencia a generar inmuebles aislados entre proyectos inmobiliarios que quedan sin uso o afectados negativamente.

6) Respecto de la subdivisión y de la construcción en el área rural, la modernización de la planificación urbana implica la limitación de las actuales facultades discrecionales de aprobación de proyectos urbanos y subdivisiones al margen de todo plan y de la participación ciudadana, en particular con relación al uso del suelo rural.

De este modo, el proyecto de ley en discusión propone restringir definitivamente la urbanización fuera de los límites urbanos, por lo que se propone modificar parcialmente el decreto ley N° 3.516, de 1980, sobre predios rústicos, comúnmente llamados "parcelas de agrado". Se plantea reemplazar sus normas por nuevas disposiciones de subdivisión rural, las que establecen una subdivisión mínima de dos hectáreas, certificadas por la oficina del Servicio Agrícola y Ganadero respectiva, contemplando algunas excepciones básicas.

7) Sobre la edificación en el área rural, la iniciativa contiene normas aplicables a las construcciones que son indispensables para satisfacer las necesidades de los sectores rurales. Se señala que estas deben cumplir con los requisitos de urbanización que disponga la Ordenanza General y se fijan superficies máximas que pueden destinarse a fines habitacionales o a suplir los requerimientos habitacionales de los propietarios de los predios y de sus trabajadores, así como los relativos a subsidios habitacionales en el área rural.

8) En cuanto a la división y urbanización del suelo urbano, para perfeccionar los procesos respectivos y para materializar tanto las obras de urbanización necesarias como el acceso de todo lote resultante a un espacio de uso público, la iniciativa contiene cuatro casos distintos de división y urbanización del suelo. Distingue los predios de propietarios que están obligados a ceder y ejecutar obras de urbanización en su interior de aquellos en los cuales no resulta atendible dicha obligación, por corresponder a espacios públicos en su calidad de bienes nacionales de uso público que se encuentran fuera del predio que se divide. En este último caso, la ejecución de las obras de urbanización corresponderá al Estado.

9) Por otra parte, considerando la progresiva tendencia de deterioro urbano en múltiples ciudades y la concentración territorial de los sectores sociales más vulnerables, se fortalece la intervención del Estado en la recuperación de barrios y de las zonas interiores más degradadas de las ciudades.

10) Finalmente, el proyecto de ley perfecciona las actuales facultades municipales y regionales de saneamiento de las zonas o poblaciones deterioradas o insalubres al permitir declarar la condición de utilidad pública e intervenir inmuebles urbanos y conjuntos de viviendas económicas o parte de estos, cuando, por sus condiciones de menoscabo, sea necesaria la formulación de proyectos integrales de regeneración y recuperación urbana. Así, se posibilita la integración a la ciudad y a sus comunidades.

OBSERVACIONES

Señor Presidente, durante la discusión general del proyecto fueron escuchadas diversas organizaciones: el Colegio de Arquitectos, la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, la Cámara Chilena de la Construcción, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios A.G., dos Premios Nacionales de Arquitectura, la Fundación Defendamos la Ciudad, el Observatorio de Ciudades de la Universidad Católica, el Instituto Libertad y Desarrollo, la Red Ciudadana por Ñuñoa y la Fundación Jaime Guzmán.

Se consultó, además, la opinión por escrito de los siguientes organismos públicos: Ministerios de Educación, de Agricultura, de Obras Públicas, y de Transportes y Telecomunicaciones; Superintendencia de Servicios Sanitarios y Asociación Chilena de Municipalidades.

Todos los invitados coincidieron, en general, en la necesidad de legislar sobre esta materia. No obstante, realizaron algunos alcances.

Las principales observaciones que se efectuaron son las siguientes:

-Demanda de una planificación nacional en concordancia con las escalas intercomunales, comunales y del resto de los instrumentos existentes y propuestos, y su coordinación con los organismos tanto públicos como privados.

-Valoración de la participación temprana de la ciudadanía en la elaboración de la planificación urbana y necesidad de mayor especificidad sobre las vías de participación, las organizaciones involucradas y el sistema de registro de las opiniones vertidas.

-Acogida de los nuevos instrumentos, como el Esquema Director y la Imagen Objetivo. Sin embargo, se requiere una mayor precisión en su definición y sus alcances, y procurar mayor lógica y coherencia administrativa entre los procedimientos, mecanismos y organismos que participan en su elaboración.

-Necesidad de mayor detalle de la figura del Desarrollo Urbano Condicionado, sobre todo en el área rural, y su concordancia con otros instrumentos existentes, de forma de evitar la discrecionalidad.

-En cuanto a los Derechos de Construcción Transables y a los Contratos de Asociación, definir las formas y alcances de ellos para asegurar su funcionamiento, aplicación y efectividad.

-Mayor fundamentación, en cuanto al suelo rural, sobre el tamaño predial dispuesto (dos hectáreas) y su aplicación de manera uniforme en todo el territorio.

-Necesidad de compatibilizar la institucionalidad existente, tanto a nivel regional como municipal, a fin de que tenga la capacidad requerida para aplicar esta nueva normativa.

-Y tramitar separadamente algunos asuntos, como el de la planificación territorial, y otorgar mayor urgencia a otros, como el desarrollo condicionado. Respecto de ellos, el Ejecutivo manifestó su apoyo, tanto para detectar e identificar los tópicos que precisen un tratamiento particular como para darles el trámite legislativo correspondiente.

Finalmente, cabe tener presente que el proyecto de ley fue aprobado solo en general por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, de manera de brindar a Sus Señorías la oportunidad de proponer enmiendas que complementen, enriquezcan y perfeccionen la iniciativa con ocasión del segundo informe.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar a la Sala la enorme trascendencia del proyecto en debate, por cuanto sus efectos pueden incidir, para bien o para mal, en muchos aspectos claves de nuestra sociedad. Por ello, en la discusión particular deberemos ser absolutamente prolijos en cuanto a los alcances de sus disposiciones.

Lo anterior no lo digo como una crítica a la persona de la Ministra o de la Subsecretaria, sino teniendo a la vista el historial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y, en particular, del SERVIU.

Cuando se discute una ley de planificación urbana, uno espera entrar a analizar lo que significa un plan, un modelo o un proyecto de esa naturaleza. Para ello, cabe tener presentes todos los factores y a todos los actores; incluir la sistematización de las actuaciones e intenciones, tanto públicas como privadas, y ser capaces de anticiparse para dirigirla, encauzarla, en determinados objetivos de bien común.

En este caso, se debe considerar el desarrollo armónico de la ciudad. Además, la planificación ha de tener una amplitud susceptible de adaptarse a situaciones y antecedentes nuevos -sobre todo en un país tan vertiginosamente dinámico como el nuestro- y a variaciones culturales, sin perder el objetivo del bien común y el de cada uno de los chilenos.

Es decir, en la planificación urbana hay que pensar, anticiparse, actuar en red y sintonizados, con una dosis de razón. Pero también abrir espacios para la intuición y la creatividad.

Si se analiza el tema en debate desde el punto de vista de la institucionalidad y de la legislación, y también desde una perspectiva histórica en nuestro país, los elementos de planificación que señalo no se han dado.

La población urbana de Chile, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, crece rápidamente. De acuerdo con los resultados de los últimos censos, el 86,6 por ciento de la población es urbana, y el 13,4, rural.

Sin embargo, debido a las condiciones de vida del sector urbano -pido a las señoras Senadoras y señores Senadores que observen el gráfico proyectado en la pantalla-, en nuestro país tenemos algunos récords no precisamente halagüeños.

En el mundo, Santiago de Chile es la ciudad con el mayor porcentaje de pacientes en consultorios de atención primaria con síntomas de desorden sicológico. Y eso merece ser tenido en cuenta, pues deriva de las condiciones en que se vive ahí.

Este dato lo obtuvimos del Consejo Nacional para la Regionalización y Descentralización de Chile (CONAREDE).

Si se analiza la proporción de parques, tanto los del sector urbano como los colindantes, las áreas verdes de nuestro país son mínimas. En Santiago hay un promedio de 3 metros cuadrados por persona, en circunstancias de que la Organización Mundial de la Salud recomienda al menos 9.

Observemos ahora los dos mapas que aparecen en la imagen en pantalla. Chile, normalmente se nos muestra como el plano que está a la izquierda. Pero, si hacemos una proporcionalidad -y hemos alterado a propósito el mapa de la derecha- considerando la dimensión de superficie según la población que tenemos en nuestro país, la Región Metropolitana se agranda exageradamente y el resto de las Regiones prácticamente desaparece.

Ese es el Chile que nosotros debemos enfrentar.

La Ley General de Urbanismo y Construcciones -como se ha señalado- nunca fue discutida en el Parlamento. La primera normativa sobre tal materia se dictó bajo la presidencia del General Carlos Ibáñez del Campo, en 1931; y la que nos rige en la actualidad data de 1975.

Al respecto, cabe preguntarse si las modificaciones a dicho cuerpo legal vigente nos llevan en la línea de los objetivos armonizadores o en los del desorden, por así decirlo.

Ahora, nos encontramos en el tercer intento de modificar esa normativa en el Congreso. Entonces, habría que averiguar por qué fracasaron los dos anteriores proyectos de ley. Sobre el particular, tengo presente el caso del entonces Director del Servicio Agrícola y Ganadero don Leopoldo Sánchez, que dejó su cargo por haberse opuesto a una expansión urbana y no dar su beneplácito para cambiar el uso del suelo.

Por tanto, en la cuestión hay intereses fuertemente encontrados.

Rescatemos el punto importante. Aquí se trata de establecer un plan maestro o "esquema director" -como se quiera llamar- que vaya en la línea de la planificación participativa que he señalado.

Además, se debe consagrar la participación ciudadana, pero más vinculante, pues la de hoy es muy formal. Se publica en el Diario Oficial u otro medio de comunicación lo referente a una reunión; a ella concurren 50 de los 50 mil posiblemente afectados o beneficiados; sólo dos hacen uso de la palabra, y con ello se estima haber cumplido con la participación ciudadana.

En verdad, eso solo produce frustración en la comunidad.

También se debe tener presente la historia de los SERVIU. No estamos hablando del actual. De ahí que es posible apreciar el mismo tipo de edificios desde Arica hasta Magallanes. Podemos ver la descomposición de ciudades por los planes públicos, cuando tienen su identidad, y se llenan de casas de lata o pareadas, sin sitio. Hay plazas de armas que se han transformado en viviendas sociales; se edifican casas como "trencitos", donde las personas ni siquiera pueden pasar al patio trasero, o se incendian conjuntos de ellas con facilidad.

Y no me estoy refiriendo a la actual Ministra de Vivienda y Urbanismo, que está tratando de realizar bien las cosas, lo cual me consta, sino que lo digo desde un punto de vista histórico.

Por otro lado, las municipalidades no lo hacen mejor. En realidad, a veces, echan abajo lo poco y bueno que queda en las ciudades para satisfacer algunas soluciones -entre comillas- habitacionales.

Así es como se han creado verdaderos guetos en muchas ciudades.

El caso de los deudores habitacionales ya reviste carácter de crónico. Más de 180 mil personas están endeudadas por sus casas, a pesar de haber cancelado dos o tres veces su precio. En definitiva, se trata de un tema de equidad.

Además, las juntas de vecinos no coinciden con los barrios complicando el desarrollo de estos.

Finalmente, se abre la puerta para una gran especulación que deja, desde luego, sin considerar los factores sociales y ambientales.

Entonces, tenemos que lograr armonizar tal libertad con los derechos comunes y públicos para los casos señalados sobre el cambio de uso del suelo, de las subdivisiones de terrenos.

Chile ostenta el récord de las regularizaciones. Cada cierto tiempo se regularizan loteos, así como construcciones y ampliaciones de viviendas que no son los que corresponde. La realidad es más dinámica que las normas y procedimientos.

Algo no camina en relación con dicha materia en nuestro país.

Por lo tanto, debe coordinarse -lo que no es un tema menor- todo lo relativo a los municipios, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, al SERVIU, al medio ambiente, a las áreas de riesgo, al ordenamiento territorial tanto urbano como rural, a los gobiernos regionales, a los profesionales, a las universidades. Y eso tiene que estar garantizado en el proyecto que nos ocupa.

Lo mismo ocurre con otras Secretarías de Estado, como la de Transportes o la de Obras Públicas, Cartera esta última que ha dividido en dos barrios completos con las vías concesionadas, de lo cual los árboles son mudos testigos, pues en silencio prácticamente van desapareciendo como claro ejemplo del intento por tratar de sobrevivir en las ciudades.

También resulta determinante que las modificaciones a los planes reguladores específicos no sigan el trámite completo correspondiente a las de un plano regulador general, porque, en el fondo, una vez aprobadas habrán dejado de estar vigentes. Hay que hacer las cosas mucho más regionalizadas, para no llegar a la situación que estamos mostrando en la Sala con antecedentes y gráficos.

En el caso del transporte urbano, que es un tema no menor en materia de planificación, no hemos logrado armonizar lo relativo a los peatones, ciclistas, automovilistas y el transporte público. El Transantiago, aparte de su error de concepción, significó perder una gran oportunidad para volver al sistema eléctrico de transporte, como en Europa, donde han sabido valorar y mantener los tranvías y los trolebuses, los cuales no solo no contaminan, sino que además son "amigables" desde el punto de vista urbano y de la calidad de vida de sus habitantes.

Todo lo referente a la eficiencia en el transporte, los tiempos de traslado, la energía utilizada y la calidad de esta son elementos que deben configurar la planificación urbana, sobre todo si el 86 por ciento de la población vive en las condiciones descritas.

Por cierto que también corresponde ocuparse del tema de la seguridad ciudadana.

Lo único regionalizado en Chile es la delincuencia. La regionalización propiamente tal no existe. Es por completo formal: los intendentes son designados por la autoridad nacional de turno y los consejeros regionales no son elegidos por votación popular.

En verdad, la regionalización es una entelequia. Y, en ese sentido, cuando uno plantea un esquema regionalizador debe tener bastante cuidado, sobre todo si vive y representa a una Región y se traslada con regularidad a zonas más urbanas, donde se ve cómo las personas van transformando sus casas y oficinas en verdaderas jaulas por el problema de seguridad.

La materia relativa al medio ambiente no es menor. Las grandes ciudades modifican la configuración del clima, concentran la contaminación y producen centros de alta temperatura. Por eso, la iniciativa en estudio no puede aprobarse en perjuicio de otras normativas, como la Ley de Bases del Medio Ambiente.

Lo perfecto es enemigo de lo bueno. En consecuencia, la planificación tanto urbana como territorial y rural es altamente deseable y, en ese sentido, rescatamos el compromiso de la Ministra de Vivienda y Urbanismo, quien en forma posterior a la reunión de trabajo que sostuvimos hace casi dos años, se contactó con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y envió simultáneamente el proyecto de ordenamiento territorial con las competencias regionales, el cual considera una concepción regional integral.

El ordenamiento territorial debe ser un proceso dinámico y participativo, porque si no se transforma en un zapato chino, caso en el cual resulta peor el remedio que la enfermedad.

Las áreas de riesgo en nuestro país tienen que jugar un rol importantísimo. Nuestro Chile, como hemos visto, es propenso a todo tipo de daños por el volcanismo, la actividad sísmica, la subida de la línea de las nieves y por el tipo de ríos, que son verdaderos torrentes, a lo que hay que asociar el efecto de la acción humana como la erosión.

Por lo tanto, el riesgo es una materia que, así como aquellas que requieren de un estudio de impacto ambiental, también precisa estudios específicos, los cuales deben ser considerados en la planificación urbana, la modificación del uso del suelo, el trámite legislativo, los proyectos inmobiliarios, el manejo integrado de las cuencas, y en todo lo relativo a revitalización urbana. Es decir, enfrentamos un tema de la mayor amplitud y significancia.

Las zonas de desarrollo urbano condicionadas con compensación -entre comillas-, que puede ser incluso en dinero, desde luego es algo que se debe aclarar, sobre todo si consideramos lo ocurrido con la escasez de suelo agrícola en el país.

Los derechos de construcción transables sobre terrenos afectados por cierto tipo de gravámenes, que se puedan canjear si se trata de áreas verdes, de construcciones de carácter histórico o de utilidad pública, también tienen que ser precisados.

A mi juicio, la participación en la etapa de discusión general del proyecto fue bastante precaria. La señora Ministra de Vivienda ha manifestado que la iniciativa mantendrá la urgencia normal, posibilitando la participación de todos los sectores: agrícola, forestal, turístico, de la biodiversidad y de la arquitectura, urbanismo y seguridad.

En tal sentido, siempre se debe poner cuidado entre lo expresado en el mensaje y lo dicho en el texto sugerido, pues en este algunos elementos arriesgan la constitucionalidad de la iniciativa, o derechamente son inconstitucionales.

Aprobadas las ideas matrices del proyecto, no solo corresponde estudiar en particular los artículos modificados, sino también el conjunto de normas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, porque de lo contrario no se producirá un buen "enganche" con lo que he señalado.

En cuanto a las materias sobre privación de derechos constitucionalmente amparados -las que deben ser tratadas en forma directa en una ley- y las contrarias a disposiciones de rango constitucional, debemos tenerlas "vigiladas".

No se pueden limitar algunos de los derechos de las personas en razón de la función social de la propiedad, porque tal motivo no es de uso infinito. Se debe fundamentar en cada caso.

En tal cuestión no entraré en detalles. Pero uno no puede mirar el sector rural con la lógica urbana. Chile se ha urbanizado, y rápidamente. Sin embargo, aquí ha ocurrido un fenómeno social adverso, pues se ha actuado en perjuicio de la zona rural. Esto no corresponde al ejemplo seguido por países desarrollados, los cuales, a través de un proceso gradual de la economía, han pasado de sectores primarios a secundarios, y luego a terciarios. Por el contrario, nosotros saltamos de lo rural al sector terciario, de servicios, dejando un gran vacío en cuanto a la mantención de condiciones productivas y armónicas de nuestro extenso suelo no urbano.

Tal fenómeno ha sido analizado. Por ejemplo, están los estudios del doctor en Geografía Axel Borsdorf para varias de nuestras ciudades.

Por lo tanto, hago expresa reserva de constitucionalidad respecto del ARTÍCULO PRIMERO en sus numerales 2); 3), tocante a los artículos 27 bis y 27 bis A, y 4) del proyecto que se nos somete a consideración, pues hay materias que no son delegables o que no pueden quedar sujetas a un reglamento.

Tenemos una cantidad significativa de observaciones. Desde luego, pedimos a la Sala -así lo comprometió la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo en la Comisión- poner particular atención a esta materia, porque si al proyecto no se le incorporan esos elementos, tendrá inconvenientes en la discusión en particular y podrá ser nuevamente rechazado en los hechos o bien mejorado sustancialmente.

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El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Prosecretario.

El señor LABBÉ (Prosecretario subrogante).- En este momento ha llegado a la Mesa un informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, recaído en el oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 146, numeral 5, de la Ley General de Pesca y Acuicultura, somete a consideración del Senado el nombramiento de don Sergio Pulido Roccatagliata, como integrante del Consejo Nacional de Pesca, con la urgencia del inciso segundo del N° 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Queda para tabla.

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El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- A petición de diversos señores Senadores, se va a abrir la votación.

En votación.

--(Durante el fundamento de voto).

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, como todos sabemos, las ciudades enfrentan el reto del crecimiento poblacional y de sobreexplotación de los recursos naturales. No es desconocido el hecho de que a la par de los beneficios de la urbanización, la aglomeración y el desarrollo económico, hay una serie de "costos" o "externalidades negativas", como son la degradación ambiental y social -incluyendo la carencia de acceso al agua potable y al saneamiento- y la contaminación, entre otros.

La expansión masiva de mayores áreas urbanas constituidas por establecimientos humanos informales (por ejemplo, campamentos) y otros urbanos improvisados, sin planificación, generan, sin lugar a dudas, diversos efectos negativos que conoce el Ministerio del ramo.

Lo que subyace a esta situación, Honorables colegas, es la necesidad de una planificación proactiva para abordar los retos ambientales que demanda un desarrollo urbano y territorial sustentable, con intervenciones urbanas de enfoque preventivo, integrado y multisectorial.

En lo principal, el proyecto que tratamos incluye modificaciones a la actual Ley General de Urbanismo y Construcciones que hacen evidente el enfoque de la dimensión de lo construido dentro del ambiente urbano de este cuerpo legal -así lo señalan los artículos 15, 20 y 21- y de la carencia normativa para enfrentar una planificación territorial sin la distinción de límites urbanos y áreas rurales.

Ese aspecto se manifiesta en forma más preocupante fuera del área metropolitana o en comunas donde la ruralidad del territorio es relevante por su extensión y, también, porque desencadena el desarrollo económico local.

Por ejemplo (voy a señalar algo concreto), la Región de La Araucanía, que represento, está apostando, desde el punto de vista productivo, por el turismo de intereses especiales, el cual se desarrolla principalmente fuera de los límites urbanos.

Por otra parte, como saben Sus Señorías, esta Región presenta uno de los índices de pobreza más altos del país, y además, gran parte de la solución habitacional de las comunas de la Región se desarrolla -creo que ocurre en las Regiones de muchos parlamentarios- fuera de los límites comunales vigentes, básicamente porque los planos reguladores no han sido actualizados o, simplemente, no han considerado la problemática de la vivienda social, como es el caso de Temuco-Padre Las Casas, Victoria, Traiguén, Villarrica y Pucón.

Entonces, ¿cómo conjugar estas pretensiones con la necesidad económica y social que manifiesta la sociedad? En estos casos, la competitividad e imagen de las comunas no están exclusivamente en los centros urbanos. Por ende, la problemática en materia de planificación se halla en la compleja relación campo-ciudad. En consecuencia, no es una planificación exclusivamente urbana -entendámoslo así-, sino una de carácter territorial.

La realidad de las metrópolis (por ejemplo, Santiago, Concepción, Valparaíso, etcétera) dista mucho de la de ciudades donde, además, los escasos instrumentos intercomunales existentes no han logrado ser actualizados.

La modificación del artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones permite en casos muy específicos la regularización de áreas, que por definición se encuentran protegidas oficialmente (por ejemplo, parques nacionales, reservas nacionales, zonas y centros de interés turístico, etcétera), dentro de los planes reguladores. Lo que no resulta claro es la extensión posible de incorporar en cada caso, pues en la gran mayoría la definición de estas áreas se contradice con el concepto de planificación urbana de la modificación, debido a que alcanza dimensiones extraurbanas o territoriales.

Si bien la diversidad de instrumentos y normas de una u otra forma afectan al territorio y, en particular, al uso del suelo, no es menos cierto que la transición de una planificación exclusivamente urbana a una de tipo territorial debe ser gradual en el tiempo, sobre todo por los aspectos institucionales que involucra para que en la práctica sea efectiva, y que van desde el traspaso de competencias, desarrollo de políticas coherentes y sostenibles, reformulación de planes y programas (por ejemplo, el caso de la vivienda social), hasta la instalación de capacidades y competencias al interior de los municipios del país, los cuales, en definitiva, deben asumir de cualquier forma las carencias de la actual legislación en esta materia, o en caso contrario, hacerse cargo de mayores atribuciones en el ámbito de la planificación y la coordinación con los diversos servicios que operan en el territorio y que hoy, por cierto, no se da.

Un tema aparte merece la relación con las empresas sanitarias, situación que todos los señores parlamentarios conocen en sus Regiones.

Construcciones y subdivisiones en el área rural

El artículo 56 del proyecto dice: "En el área rural no será permitido abrir calles, subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones".

Cambio de uso de suelo

Respecto a las construcciones y subdivisiones en el área rural, el citado artículo de la iniciativa propone reemplazar el mecanismo del cambio de uso de suelo por condiciones, requisitos y procedimientos preestablecidos en relación con las subdivisiones y edificaciones que se desarrollen en el área rural.

De alguna forma, se pretende impedir el crecimiento urbano fuera de esos límites al margen de la planificación intercomunal o comunal, por la vía del cambio de uso de suelo, recurrentemente utilizado para dar cabida al desarrollo de viviendas sociales.

No obstante las buenas intenciones, la realidad -digámoslo claramente- supera las posibilidades efectivas de desencadenar los efectos deseados, considerando que la actualización de los planos reguladores es un proceso lento que se ve afectado por la falta de competencias profesionales al interior de los municipios y, luego¿

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Ha terminado su tiempo, señor Senador.

El señor MUÑOZ BARRA.- ¿Me puede conceder un minuto más, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Aunque le hemos dado dos, puede hacer uso de uno más, señor Senador.

El señor MUÑOZ BARRA.- Decía que se ve afectado por la falta de competencias profesionales al interior de los municipios y, luego, porque los procesos de participación ciudadana, más temprano que tarde, transforman la discusión técnica en un debate donde, en pro del ambiente -lo cual es considerado políticamente correcto-, se pierden de vista las dimensiones social y económica que involucra esta decisión, a falta de instrumentos o financiamientos ad hoc.

Subdivisiones

La propuesta para modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones establece que -y aquí no estoy de acuerdo con algunos colegas- "La superficie mínima de los predios resultantes de una subdivisión será de 2 hectáreas"; es decir, de 20 mil metros cuadrados.

Actualmente, las subdivisiones en el área rural aprobadas por el Servicio Agrícola y Ganadero, en conformidad a lo dispuesto en el decreto ley N° 3.516, tienen como mínimo 5 mil metros cuadrados.

En ese sentido, es recomendable reflexionar sobre el porcentaje del territorio rural, actualmente subdividido conforme a la Ley de Predios Rústicos a la fecha de este proyecto, sobre todo en zonas donde la presión de uso del suelo es alta, por ejemplo, en el sector lacustre de la Región de La Araucanía. Con seguridad gran parte del área rural donde hoy se realizan labores agrícolas se encuentra ya subdividida, al amparo del decreto ley N° 3.516, en predios de 5 mil metros cuadrados.

Entonces, cabe preguntarse ¿cuál será el efecto de la actual modificación frente a esta realidad? De seguro puede desencadenar una demanda masiva de aprobaciones ante el SAG, previo a la entrada en vigencia de la presente modificación, pues nada impide que así suceda.

Sugerencia

Señor Presidente, aumentar la subdivisión de 5 mil a 20 mil metros cuadrados afectará a las familias de clase media o jubilados que quieran vivir en parcelas de agrado. Por eso, es factible proponer una subdivisión de 10 mil metros cuadrados, ya que la tierra es un bien cada vez más escaso, lo que aumenta directamente su costo e inhabilita el acceso a ella de la clase media, de la cual tanto hablamos, pero que tanto olvidamos.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en materia de definición de suelo urbano y, en general, en lo que respecta a urbanismo y construcción, desde hace ya una década y media -en mi primer período como Diputado-, hemos recibido una crítica permanente en cuanto a que el Ministerio de Vivienda tiene que ver mucho con vivienda y poco con urbanismo.

En efecto, el poder contar con una Secretaría de Estado preocupada del ordenamiento territorial, de la urbanidad sería un hecho inédito. Nunca se ha discutido en el Parlamento -es una paradoja impresionante- un proyecto tendiente a ordenar las ciudades.

De allí lo que ocurre en Chaitén. Y por eso Santiago enfrenta la situación actual: preemergencia ambiental, mil millones de dólares invertidos en un plan de descontaminación que fracasa y niños y adultos mayores muriéndose de a poco, como señaló el doctor Tchernitchin y lo indican los informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Nuestra Capital es la peor ciudad existente en materia de contaminación por PM10, donde, mediante la aplicación de una norma flexible y tolerante, se hace creer a sus habitantes que se encuentran seguros cuando en realidad la presencia de dicho material particulado duplica el índice recomendado, es decir, subsiste el riesgo vital.

¿Por qué nuestras ciudades se hallan mal concebidas y desarrolladas? Porque se ha operado sobre la base de mecanismos de mercado, utilizando decretos y no leyes.

Aprovechemos esta oportunidad en el Parlamento para discutir de verdad una modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

El debate que nos ocupa, señor Presidente, se lleva a cabo -diría- en medio de la incertidumbre, la inquietud y la desconfianza de la mayoría de las organizaciones sociales preocupadas del urbanismo en Chile. Desconfían del Estado. ¡Y con razón! No creen que este sea capaz de ordenar una ciudad de acuerdo con los intereses comunes y tienen la aprensión de que lo será conforme a los intereses de mercado, es decir, a los de los poderosos. Y les encuentro razón.

Pienso que debemos discutir el proyecto durante el tiempo necesario y suficiente para escuchar a todos los actores, no solo a las empresas constructoras o a los alcaldes que desean expandir sus comunas, sino también a los ciudadanos que desean una ciudad, una Región y un país habitables.

Por tal razón, en esta oportunidad, cuando discutimos la iniciativa en general, no puedo dejar de mencionar las observaciones formuladas por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile.

Aquí habrá pocos urbanistas y arquitectos, pero, en verdad, lo que señala dicha entidad debiera preocuparnos y fustigar un debate profundo.

En dicho informe se afirma que la iniciativa tiene por objetivo posibilitar un desarrollo urbano más sustentable, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, lo cual sería una responsabilidad tanto pública como privada.

Al respecto, cabría preguntarse cuánto de público y cuánto de privado; cuánto de Estado y cuánto de mercado. La misma discusión existe en el ámbito de la educación, la salud y en todo lo relacionado con el desenvolvimiento del país; por ejemplo, en el Transantiago. ¿Cuál es el rol del Estado respecto al desarrollo urbano?

Por ello, la Facultad de Arquitectura expone: "no puede dejar de expresarse nuestro reparo al hecho de que una iniciativa tan compleja y trascendente para la planificación urbana en nuestro país no haya considerado, en el proceso de formulación del proyecto, una participación más temprana y oportuna de nuestra Facultad."

Y yo agregaría a otras universidades, por ejemplo, a la Católica y a las privadas.

Esta iniciativa se inscribe en un proceso impulsado por el Ministerio de la Vivienda que pretende innovar en tres ámbitos. A saber: planificación urbana, integración social y el impacto del desarrollo urbano sobre la infraestructura y los espacios públicos.

Añade el citado informe que "Esta modalidad de abordaje gradual del tema a través de tres proyectos sucesivos de Ley, estimamos que se opone a la idea de un enfoque global del problema, lo que sería deseable considerando la naturaleza del fenómeno urbano que es eminentemente integral y complejo. Esto, sumado al hecho de que muchos temas importantes de este proyecto de ley quedan pendientes para ser reglamentados por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, dificulta en forma significativa la comprensión de los alcances del proyecto, lo que puede haber limitado en ciertos casos la apreciación de algunos temas y posiblemente las opiniones que aquí se vierten.".

Los especialistas advierten que esa visión parcial y segmentada impide una mirada integral. Por cierto, los tres objetivos que se desean concebir como un todo se tratan de manera individual.

Se acota que la iniciativa "no se inscribe en una propuesta global que aborde y resuelva el problema de la institucionalidad del desarrollo urbano como una instancia que promueva una visión de largo plazo de nuestras ciudades.".

Se cita a De Mattos, quien se refiere a Santiago como "una ciudad sin proyecto ni gestión coordinada".

En el análisis del proyecto de ley llevado a cabo por la Universidad de Chile se tuvo en vista que su objetivo último es posibilitar un desarrollo urbano más sustentable, para lo cual se establecieron un conjunto de instrumentos, insertos en un Sistema de Planificación y Gestión del Desarrollo Urbano basado en las siguientes consideraciones: integralidad del Sistema de Planificación Urbana; consideración de la participación ciudadana; observancia de principios que logren la sustentabilidad ambiental del desarrollo urbano.

Por cierto, se trata de objetivos que podríamos compartir.

La planificación urbana -según numerosas definiciones- es un proceso que se efectúa en función de una política nacional, regional y comunal de desarrollo socioeconómico. Esto es, contiene un fuerte ingrediente económico y no solo estético o paisajístico, como algunos desearían.

Y en el informe se afirma que "Estos principios no prevalecen en el proyecto de ley, por cuanto:

"En los procedimientos para la elaboración y aprobación de los Planes Reguladores Intercomunales y Comunales, no se hace mención a algún mecanismo que considere relacionar los Esquemas Directores respectivos con las Estrategias de Desarrollo Regional y Comunal, en cuanto a su visión objetivo de desarrollo espacial esperado.

"En general, la propuesta no contempla explícitamente relacionar los Planos Reguladores Intercomunales y Comunales con los niveles superiores de Planificación Urbana". Es decir, no existe una relación entre lo comunal y los planos regionales o intercomunales.

Más adelante, se señala "No queda claro en la propuesta cómo se logra compatibilizar la coherencia entre los Esquemas Directores del nivel intercomunal y el comunal.".

El numero 6 del ARTÍCULO PRIMERO del proyecto aprobado por la Comisión de Vivienda elimina la actual obligatoriedad de las disposiciones del Plan Intercomunal sobre las de los Planes Reguladores Comunales.

Señor Presidente, acerca del ordenamiento urbano, hemos venido insistiendo de manera reiterada en que en el establecimiento de vertederos, rellenos sanitarios y la ubicación de los buses de transporte público los planos comunales no pueden determinar de manera individual o autónoma el ordenamiento de la ciudad. Eso es el caos.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminó su tiempo, Su Señoría. Ya le hemos otorgado dos minutos adicionales, pero no hay inconveniente en concederle uno más.

El señor NAVARRO.- Gracias, señor Presidente.

En definitiva, deseamos formular numerosas observaciones a la iniciativa que se discute, en particular en materia de participación ciudadana.

Se valora positivamente que el proyecto considere una participación temprana de la ciudadanía, pero lo cierto es que existe poca claridad respecto a los siguientes puntos:

"Para las modificaciones de los Planes Reguladores Intercomunales, por la vía de los Planos Seccionales (¿) no se contempla consulta a la comunidad y sus disposiciones se incorporan automáticamente como modificaciones".

Es decir, se trata de una decisión autoritaria y vertical.

Otra herramienta que permitiría modificar los Planes Reguladores Comunales e Intercomunales es la Enmienda, procedimiento que posibilitaría intervenir en aspectos de fondo en que -a juicio de la Universidad de Chile- se redefina una localización sin considerar ningún tipo de participación.

En síntesis, señor Presidente, las observaciones que se formulan sobre los mecanismos de participación ciudadana son profundas.

Sin duda, nos pronunciaremos a favor de la modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y presentaremos todas las indicaciones que hagan falta para convertirla en una normativa al servicio de la ciudadanía, y no de un grupo de empresarios.

Voto que sí.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.

El señor CANTERO.- Señor Presidente, al observar el panorama de las ciudades del país, no queda sino sobrecogerse ante el ambiente de desorden, de falta de racionalidad, de primacía del interés económico o individual por sobre el bien común.

Lo concreto es que al observar la forma en que se han desarrollado nuestras ciudades, uno se pregunta qué está primando. ¿El bien común? Claramente no.

Es evidente que el desarrollo urbano se encuentra sometido a leyes de mercado donde la primacía se halla en el ámbito privado, y el sector público ha actuado en forma pusilánime, inepta, con ineficiencias.

No es posible seguir sosteniendo el crecimiento que muestran, por ejemplo, las grandes conurbaciones urbanas del país sin afectar gravemente la dignidad de las personas. Y, en esta materia, el Estado ha sido el principal responsable por la ineptitud, por la permisividad y, muchas veces, por la corrupción. ¡Los planos reguladores se cambian de la noche a la mañana!

Hace pocos días se anunciaba que un número indeterminado de hectáreas serían desafectadas para seguir expandiendo el radio urbano de la Región Metropolitana. Algo funciona mal en este ámbito.

Y por eso tengo dudas respecto de los distintos criterios que establece la institucionalidad sugerida en el proyecto.

El mercado ha actuado de manera implacable utilizando el suelo solo con una racionalidad económica, pero sin una lógica tendiente a cautelar el uso adecuado del territorio y la dignidad de las personas. El tiempo y la distancia dan prueba y testimonio de que mis palabras tienen fundamento. En promedio, un trabajador santiaguino debe desplazarse, a lo menos, una hora de ida y otra de venida. Eso atenta contra la dignidad y la calidad de vida de esas personas y de sus familias.

Igual situación ocurre desde el punto de vista de las distancias.

Opino que el Estado debe cautelar el bien común. Y por eso tengo serias dudas en cuanto a cómo enfrentar este tema. ¿Por qué? Porque en nuestro país la descentralización no funciona. Durante más de cuarenta años el discurso principal ha aludido a la descentralización, y la verdad es que Chile se encuentra más centralizado que nunca. Imputo un fracaso rotundo en esta materia a la política descentralizadora de los Gobiernos de la Concertación. El país está muy concentrado desde los puntos de vista demográfico, económico, industrial, comercial, etcétera.

Entonces, me pregunto si es razonable centralizar el desarrollo y la administración del territorio.

Me parece que debe buscarse un camino distinto, donde el Estado, el mercado y la sociedad civil mantengan un rol notoriamente definido y cuenten con la garantía de poder actuar y participar en resguardo de sus intereses.

Si uno mira el crecimiento natural del país, no logra entender la dinámica de ampliación de las ciudades. Si uno observa los procesos de emigración e inmigración, se da cuenta de que no existe debida respuesta a este problema. Y, lo que es peor, si uno analiza el nuevo fenómeno, estudiado recientemente y denominado "conmutación", que no es emigración ni inmigración, sino un desplazamiento destinado a trabajar por turnos durante una semana en determinado lugar para después volver a la ciudad de residencia (es decir, Santiago), uno se percata de que, en el caso de la minería, hoy día salen semanalmente a lo menos cinco aviones de trabajadores conmutados. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la calidad de vida en las Regiones es deplorable. ¿Quién va a querer vivir en Calama al comparar las condiciones de vida con las de¿

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Concluyó su tiempo, Su Señoría. Le concederemos unos minutos más.

Puede continuar, señor Senador.

El señor CANTERO.- Decía, señor Presidente, que se presenta una situación muy compleja.

En resumen, no se ha cautelado debidamente la calidad de vida de las personas; no existe un adecuado ordenamiento del territorio. Es cuestión de ver cómo el edificar en áreas de riesgo sigue siendo la tónica en la construcción.

Asimismo, hemos visto cómo la política habitacional-social se ha vuelto deplorable. Desde la década de los ochenta en adelante, se deterioró gravemente la calidad de las viviendas que se entregaban a los sectores más populares.

En todo caso, valoro cierto cambio de actitud al respecto y le adjudico al Senado mucha responsabilidad en la búsqueda de ese propósito. Integré la Comisión de Vivienda y fui testigo de cómo algunos miembros de esta Corporación reprocharon enérgicamente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo por el hecho de no atender la necesidad de mejorar, de una vez por todas, esas casas donde al ser humano se le mira como un instrumento, un artefacto que requiere un parqueadero, un estacionamiento, sin ningún concepto de vida social, comunitaria, etcétera.

Por estas razones, hago un llamado a dicha Cartera de Estado a ampliarse en esta materia. He escuchado a algunos sectores reclamar porque han participado poco o no han tenido espacios para ello.

En general, pienso que Chile avanza positivamente en su desarrollo, pero mantiene un déficit en cuanto a buscar la descentralización, la desconcentración, y a impulsar un desarrollo de administración territorial más razonable, en el cual nadie tenga duda de que está primando el bien común por encima del criterio de mercado.

Por eso, voto a favor del proyecto, haciendo presentes mis prevenciones, en el sentido de que actuaré con mucha energía para que los elementos señalados puedan ser considerados en el debate en particular.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, debo partir señalando que el proyecto que nos ocupa fue presentado en el año 2004 por el Gobierno del entonces Presidente Lagos. Me tocó ser Presidente de la Comisión¿.

El señor FREI.- Y en 1999 durante mi Gobierno, señor Senador.

El señor SABAG.- Así es. También durante la Administración del Presidente Frei Ruiz-Tagle.

Por lo tanto, hace muchos años se viene buscando la manera de que el Parlamento pueda legislar sobre esta materia.

Cuando fui Presidente de la Comisión de Vivienda del Senado, hicimos ingentes esfuerzos en tal sentido. Realizamos un seminario en la Pontificia Universidad Católica de Chile durante el año 2005, en el cual contamos con la participación de representantes de diversas universidades y de otros sectores involucrados. Posteriormente, organizamos una nueva jornada solo con la asistencia de las municipalidades. Como hubo tanta participación e inquietud y fueron muchas las observaciones presentadas, durante las últimas semanas del Gobierno del Presidente Lagos el proyecto debió ser retirado, con el objeto de acoger los resultados de tales seminarios, los cuales se han traducido en la presentación de una nueva iniciativa legal, encabezada ahora por la actual Ministra de Vivienda y Urbanismo, doña Patricia Poblete, a quien felicito por el éxito que ha alcanzado en orden a que esta Sala tome conocimiento del referido proyecto.

¡Nunca en democracia se ha aprobado una iniciativa acerca de esta materia por el Parlamento! En 1931, durante el Gobierno del General Carlos Ibáñez del Campo, se dictó un decreto con fuerza de ley. Y, en 1976, se dictó el decreto con fuerza de ley Nº 458, firmado por la Junta Militar presidida por el General Pinochet,.

Por lo tanto, esta es la primera oportunidad en que un proyecto de esta naturaleza es sometido a la consideración del Congreso Nacional. Y no me cabe duda de que ese éxito corresponde a la Presidenta de la República, a quien felicito.

Muchas observaciones se pueden formular respecto de la iniciativa que nos ocupa.

Sin embargo, la Comisión escuchó a todos los sectores interesados sobre el particular. Sé que todavía existen muchas interrogantes, pero solo estamos pidiendo la aprobación de la idea legislar. Por ello, invitamos a los señores Senadores a que nos hagan llegar sus indicaciones, sus inquietudes, porque tenemos la mejor voluntad de sacar una muy buena normativa legal para fomentar el desarrollo de nuestras comunidades urbanas y también del sector rural.

Por ejemplo, en nuestro órgano técnico tuvimos la oportunidad de escuchar al Presidente del Colegio de Arquitectos, don Alberto Montealegre; al Presidente del Comité de Asesores Urbanos, don Jaime Márquez; a los representantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, de la Cámara Chilena de la Construcción y de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios; el arquitecto y Premio Nacional de Arquitectura señor Víctor Gubbins; el arquitecto y Premio Nacional de Arquitectura don Juan Sabbagh; la Fundación Defendamos la Ciudad, representada por los señores Patricio Herman, Jonás Figueroa y Jorge Cisternas; el Observatorio de Ciudades de la Universidad Católica, representado por su Director Ejecutivo, don Pablo Allard; el Instituto Libertad y Desarrollo, representado por la Investigadora del Programa Económico señora Bettina Horst y el abogado señor Rodrigo Delaveau; la Red Ciudadana por Ñuñoa, representada por doña Verónica Adrián y don Moisés Scherman.

Además, la Comisión acordó solicitar, por escrito, el parecer de los Ministerios de Educación, de Agricultura, de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones; de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, y de la Asociación Chilena de Municipalidades.

Ha habido, entonces, una gran participación.

Esta es una iniciativa que viene tramitándose desde hace muchos años. Y hoy estamos viendo la posibilidad de que el Parlamento, de una vez por todas, legisle sobre la materia.

Existen diversos puntos en los que no estamos todos de acuerdo. ¿Pero cuándo vamos a debatirlos si ni siquiera aprobamos la idea de legislar?

Tenemos la mejor disposición de seguir escuchando a todos los sectores involucrados, y asimismo, la mayor apertura y generosidad.

--(Manifestaciones en tribunas).

El señor SABAG.- El trabajo nos corresponde a nosotros. Podemos escucharlos a todos; no hay ningún problema en ello. Pero sobre nosotros recae el deber, como legisladores, de actualizar una normativa legal añeja, atrasada, que repercute en las posibilidades de desarrollo y progreso de nuestras Regiones, incluidos los sectores rurales, que se ven seriamente afectados por disposiciones anacrónicas.

Por eso, señor Presidente, junto con votar a favor de la idea de legislar, reitero que nos encontramos muy abiertos a acoger en la Comisión de Vivienda todas las sugerencias que se nos hagan llegar tras la aprobación del proyecto en general.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, la materia que estamos tratando se puede analizar desde distintos puntos de vista. En mi caso, más que al solo tecnicismo, me interesa referirme al significado de un proyecto que busca resolver las falencias de nuestras ciudades, que son cada vez más grandes, menos saludables, y que se hallan cada vez peor distribuidas, con guetos de gran riqueza y de ultrapobreza que -ya no cabe duda- constituyen más bien nichos de distorsión de sus habitantes que espacios gregarios.

Por tanto, todo aquello que permita intervenir esa realidad -desde la visión global y técnica hasta la participación social y ciudadana- tendrá mi apoyo, dado el fracaso de la perspectiva con que se ha encarado el problema hasta la fecha.

De otra parte, es incuestionable que la plena y abusiva libertad para construir nuestras ciudades ha significado en general, salvo en lugares de alto costo, conjuntos urbanos disociadores y segregadores en razón de la riqueza, lo cual completa magníficamente la brecha de nuestra sociedad, causa primera tanto del quiebre cultural y social como de la irritación de los habitantes.

En esa misma línea, nadie podría señalar con certeza que los trastornos de conducta privada y colectiva apreciables en los centros urbanos provienen de tal realidad citadina; pero, asimismo, nadie duda ya de la tremenda influencia negativa de esta. La uniformidad de las construcciones, su falta de hermosura, la carencia de lugares de esparcimiento y la imposibilidad -por razones económicas- de adecuadas implementaciones deportiva y social son el origen del maltrato infantil y de la delincuencia juvenil. Constituyen también un factor principalísimo de ese maltrato, ya iniciado desde la casa estrecha, la familia disgregada, la pareja sin afecto y una sociedad obligadamente agresora.

Por eso -lo reitero-, todo lo que permita modificar el urbanismo como factor negativo desde el punto de vista constructivo a fin de imprimirle una exigencia de inclusión social y transformarlo en un factor de desarrollo interior es bienvenido como parte de una política futura, pero cercana.

El Chile urbano de ahora es distinto del de los años de la creación del Ministerio del ramo. Sus grandes ciudades han sufrido el impacto de la inmigración rural, con un crecimiento marginal que ha extendido su radio de construcciones a niveles absolutamente injustificados; con el despoblamiento central, y, además, con el crecimiento de sectores lujosos, alejados del resto y, en algunos casos, con una clara significación de apartheid. Esto ha transformado a nuestras megaciudades -en especial a Santiago- en escuelas del delito, alterando barrios que otrora fueron apacibles y de larga gregariedad.

Podría decirse -con nostalgia, pero también con la ilusión de recomponerlos- la vieja frase del anónimo español:

"Estos, Fabio, ¡ay dolor!,

que son ahora

dolosos entornos,

fueron entonces

dulces lugares".

En Santiago -como señalé- se agrega el uso indiscriminado de la precordillera, la que, al ser pavimentada para la natural urbanización, termina originando comunidades pendiente abajo sin la exigencia de la necesaria evacuación.

Si el proyecto en debate ayuda a las correcciones requeridas, representará un cambio de giro en la construcción y en el urbanismo de las ciudades.

Ya en aquellos años de la creación del Ministerio, que además de Vivienda es esencialmente de Urbanismo -y así se planeó siempre-, se plantearon también argumentos relacionados con la influencia de la expansión territorial y el error de las construcciones pequeñas, estrechas, contrarias en su diseño al desarrollo de la familia y, muy especialmente, de los niños.

En el transcurso de los últimos 40 años -y sobre todo en las décadas de los 80 y 90- se ha intensificado un diseño de ciudades disociadoras, verdaderos muros para alejar a los más pobres, rompiéndose con ello la vieja concepción de urbes integradas donde vivían en armonía personas de distintos niveles sociales.

Esta sensación de rechazo, de gueto, de contención social fue plasmada en forma magnífica, también allá por los años 65 a 70, por el autor nacional Egon Wolff, quien planteaba la invasión de ciertos guetos hacia los sectores precordilleranos.

Antes de concluir, quiero pedirle a la señora Ministra de Vivienda que considere la necesidad de incorporar en los diseños públicos y privados la participación de sicólogos infantiles a fin de que los proyectos que se ejecuten prevean desde la partida la expansión indispensable para permitir la convivencia de los niños -lo he solicitado a diversos Ministros de Educación- sobre la base de la construcción de un recinto deportivo techado en todo establecimiento educacional.

Hemos visto un aumento de la delincuencia juvenil. Pero uno debe preguntarse: ¿qué otra cosa puede esperarse del maltrato infantil desde la más tierna edad en parejas dispersadas, familias carentes de espacios, barrios sin juegos, ciudades segregadas, con diferencias de ingresos que están llegando a ser criminales?

Por eso, señor Presidente, porque tengo confianza en la Ministra, en el Ministerio y en lo que representa este proyecto -una visión y una misión más humanas y progresistas-, voto que sí.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, por el breve tiempo de que disponemos para discutir en general un proyecto de esta naturaleza, quiero partir diciendo que aquí tenemos una oportunidad: la de establecer, de una vez por todas, normas legales que nos permitan mirar la ciudad con una perspectiva sistemáticamente coherente.

He escuchado con atención a los diversos señores Senadores que han intervenido sobre esta materia, y creo que su análisis sobre lo que son nuestras ciudades es verdadero. Las dificultades que plantean acerca de las capitales de nuestras Regiones -y en particular la Metropolitana- son ciertas. Y por eso es esencial contar con normas legales de participación ciudadana en materia de planificación urbana.

Por tanto, estimo que lo que la Ministra de Vivienda ha traído a este Senado constituye una oportunidad para contribuir de manera sostenida a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

Y enfatizo que estamos frente a una oportunidad. Porque, sin duda, el proyecto adolece, a mi juicio, de una serie de falencias que nos obligarán a trabajar intensamente para perfeccionar el articulado. Pero no hemos sido llamados a votar a tabla rasa cierto texto, ni tampoco a aprobar un acuerdo político, sino a emplear todas nuestras capacidades -política, creativa, técnica, en fin- para los efectos de entregar al país un conjunto de normas que permitan planificar urbanísticamente nuestras ciudades en forma coherente.

Por eso, esta es una iniciativa sin urgencia y cuyo estudio a propósito del segundo informe nos permitirá realizar un debate amplio y a fondo.

Dentro del escaso tiempo de que dispongo, señor Presidente, puedo decir que hay una serie de aspectos a los que tendremos que dar especial dedicación. Por ejemplo, a las normas referidas al mundo rural. Porque no me parece correcta la asimetría consistente en que para el sector urbano se puedan dictar disposiciones prácticamente comuna por comuna a través de los planes reguladores, de las seccionales, etcétera, y que para el mundo rural, donde existen realidades por completo distintas, rija una sola normativa de Arica a Magallanes.

En esta Sala se hizo referencia a la constitucionalidad de ciertas disposiciones que deberían estar en la ley y no solo en la Ordenanza General y en los reglamentos.

Se trata de aspectos que deberemos examinar. Entre ellos, todo lo vinculado con el esquema director, para ver cómo mejoramos sustancialmente la participación ciudadana, de qué manera posibilitamos que la gente contribuya a que sus ciudades y sus barrios sean cada día mejores.

Por eso, esta es una oportunidad. Y llamo al Senado a no desaprovecharla, a actuar con la mente abierta para, con la participación de todos los que deseen colaborar durante el debate en la Comisión de Vivienda y Urbanismo -ya hicimos allí un ejercicio importante, el que, sin duda, se ampliará sistemáticamente en la discusión particular-, salir airosos del desafío de dictar normas que el día de mañana -a lo mejor, dentro de 10, 20 ó 30 años- hagan innecesarios discursos como los que esta tarde hemos escuchado en la Sala del Senado en cuanto a los desastres y dificultades que viven nuestras urbes y a los obstáculos que deben salvar sus vecinos no solo para vivir en un ambiente libre de contaminación sino, asimismo, para superar los problemas derivados de la lejanía, del tiempo, del espacio y de la desintegración social a que se ven enfrentados diariamente.

Esta es -repito- una oportunidad. Y el Senado -en particular su Comisión de Vivienda- debe asumirla como el gran desafío de trabajar intensamente.

Aquí se ha expresado en dos o tres ocasiones que es la primera vez que el Congreso Nacional -y por consiguiente el Senado- discute esta materia.

En ciertos momentos de la historia de nuestro país, gobiernos de facto dictaron las disposiciones en cuestión. Y esta es la primera vez que el Parlamento se sienta a debatir sobre el particular. Pero eso no puede inhibirnos ni impedir la discusión. Todo lo contrario: aquí debe realizarse el intercambio de ideas, aquí tienen que generarse las contradicciones, aquí han de producirse las distintas visiones para las resoluciones del Senado y de la Cámara de Diputados.

Por lo tanto, insisto -y por eso aprobaremos la idea de legislar- en que esta es una oportunidad.

Nadie nos ha pedido que el proyecto que el Ejecutivo ingresó al Parlamento sea el que este despache. Por el contrario, he escuchado que en el Gobierno, en las autoridades del Ministerio de Vivienda, existe apertura en cuanto al perfeccionamiento y robustecimiento de muchos de los preceptos que conforman la iniciativa y a la inclusión de otros.

Pongo el acento, pues, en que se nos ha brindado la oportunidad de incorporar en la Ley General de Urbanismo y Construcciones normas sobre planificación urbana. Y espero que la agradezcamos y no la desaprovechemos, porque, sin duda, las ciudades del mañana, aquellas donde vivirán nuestros hijos y nietos, son las que van a recibir el fruto de un trabajo legislativo bien hecho.

He dicho.

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El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Prosecretario.

El señor LABBÉ (Prosecretario subrogante).- En este momento ha llegado a la Mesa una moción de los Senadores señores Bianchi, García, Horvath, Muñoz Barra y Núñez con la que inician un proyecto que modifica la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en lo relativo a la exigencia de haber cursado la enseñanza media para ser candidato a alcalde.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

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El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, votaré a favor de la idea de legislar básicamente porque considero indispensable discutir una modificación a fondo de la Ley General de Urbanismo y Construcciones con el propósito de generar normas que permitan de verdad desarrollar la planificación urbana y territorial del país.

Empero, mi voto a favor no significa que esté en completo acuerdo con el proyecto presentado por el Gobierno, que, por cierto, estudiaremos con mucho detenimiento.

Ahora, en virtud de que esta es la primera vez que un Parlamento democrático puede discutir una normativa relacionada con el desarrollo de nuestras urbes, pienso que el debate pertinente debe hacerse dentro de un tiempo razonable, pero no bajo la presión de urgencias muy estrictas. Y esta es una condición indispensable para que aprobemos una buena normativa.

Por lo tanto, voy a ir entregando mi opinión personal en la medida que realicemos la discusión particular.

También va a ser necesario abrir espacios para la participación de todos los actores que tengan que aportar al proceso respectivo. Porque hemos recibido la queja de muchos sectores que piensan que sus opiniones no han sido debidamente recogidas durante el estudio de esta iniciativa.

En consecuencia, propongo modificar la norma según la cual las audiencias públicas comúnmente se efectúan durante la discusión general, para que después los Poderes colegisladores -Parlamento y Ejecutivo- realicen el análisis pormenorizado.

Va a ser indispensable, pues, que la Comisión de Vivienda abra espacios -ella verá cómo- para la participación del conjunto de organizaciones -sobre todo de la sociedad civil y del mundo académico- que deseen aportar en esta materia.

Ahora, señor Presidente, mi única orientación general discurre sobre la base de que la experiencia -lo han dicho otros colegas, cuya opinión comparto plenamente- pone de manifiesto la existencia de una absoluta distorsión en materia de planificación urbana, donde el mercado -y cuando hablo de "mercado" me refiero principalmente a la industria inmobiliaria- es el que determina en último término el tipo de ciudades en que los chilenos y chilenas vivimos.

Esa es la cuestión.

O sea, como tendencia general, estamos construyendo urbes a imagen y semejanza de los intereses del mercado inmobiliario. Y eso genera el fenómeno que vemos esencialmente en las grandes ciudades, pero también en las pequeñas y medianas: segregación hasta el extremo.

Nuestras grandes urbes son de las más segregadas del mundo social y espacialmente: barrios para pobres, para pobres medios, para medios bajos, para medios medios, para medios altos, para altos altos. Es decir, nos hallamos a un nivel de segregación física por completo incompatible con una sociedad integrada y fundamentalmente democrática.

Frente a ello, el Gobierno de la Presidenta Bachelet, sobre todo, ha intentado desarrollar no solo construcción, sino también barrios. Pero las restricciones son brutales, y los problemas económicos, muy complejos.

Por tanto, aquí tenemos que entrar a una discusión muy de fondo, pues en nuestro país la ecuación, clave de toda la política contemporánea, entre mercado, sociedad y Estado -este último, como regulador de los intereses del bien común y, además, descentralizado-, está completamente desbalanceada en favor del primero, sobre todo en la dimensión territorial urbana. A mi juicio, ese debe ser el eje que oriente el debate.

Sin duda, existe un conjunto de aspectos técnicos muy centrales. Pero, en mi concepto -y creo que los Senadores de estas bancas vamos a orientar nuestra participación en ese sentido-, el esfuerzo central radica en cómo corregimos la distorsión que ha tenido lugar y en cómo entregamos a la sociedad organizada, a la sociedad civil, y al Estado, desde el municipio hasta el gobierno regional y el gobierno central, como representantes del bien común y de la democracia, finalmente, una palabra tendiente a resolver de qué manera y en qué ciudades queremos vivir.

Porque ese es el punto: hasta dónde los ciudadanos, a través de los instrumentos de que se dispone en la sociedad civil y de los democráticos del Estado, vamos a tener o no alguna influencia para determinar el hábitat social, ecológico, natural y económico en el que deseamos vivir.

Hoy día, en lo fundamental, ello nos viene determinado desde afuera.

Pienso que esa es la importancia radical de la iniciativa.

Espero que hagamos acá un buen trabajo. Así que anuncio -como señalé- mi voto a favor de la idea de legislar, al igual que la orientación general por la cual el Senador que habla, al menos, guiará su opinión y su pronunciamiento sobre los aspectos particulares del proyecto.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, voy a intentar no repetir algunas cosas que ya han dicho otros señores Senadores. Pero me gustaría indicar que, cuando uno tiene la fortuna de haber recorrido y conocido otros continentes, de haber visto cómo se han construido las ciudades en otros países, una de las conclusiones a la que puede llegar es la de que nosotros no lo hemos hecho bien.

Es más, los instrumentos para el ordenamiento territorial, básicamente, no se contemplan en Chile. No hay una opción clara acerca de los aspectos conforme a los cuales se realiza ese proceso. ¿Es en torno a las ciudades, tal cual existen? ¿Es en torno a las cuencas?

Constituye una antigua discusión, sobre un tema respecto del cual no ha habido una definición.

Durante los últimos años se intentó crear una comisión -y se ha avanzado en ello- para que dialogaran, en el ámbito del Estado, diversos entes que antes no lo hacían. Es el caso de los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda, que contribuyeron, en diferentes épocas de nuestra historia, a armar lo que hoy tenemos, que no es racional, que carece de planificación, que es cortoplacista, que no es bueno.

Y a ello se ha sumado el hecho de que el mercado es el que ha impuesto en el último tiempo el uso del suelo, no la planificación, ni el bien común, ni el interés público.

Incluso, cuando veo, con relación a una materia en la cual tengo un criterio distinto al planteado por el Ministerio de Vivienda, que se quieren incorporar equis cantidades de miles de hectáreas más a la ciudad de Santiago, me surgen dudas con respecto al proyecto en debate, no porque no sea necesario, sino en cuanto a los criterios que deben quedar delegados y los aspectos sobre los cuales deberíamos legislar y dejar amarrados así de una vez por todas.

Porque si hay algún recurso escaso, es el suelo. Y el uso de este, en nuestro país, ha sido lamentable. Por nuestra parte, debemos legislar pensando, no en 10 años ni en 50, sino en varios años más. Es preciso considerar cómo se obliga a densificar y cómo se evita que continúe la situación absurda que hemos originado en nuestras ciudades -Santiago no es la única-, donde extendemos los límites urbanos para seguir construyendo de un modo irracional viviendas de un piso, ocupándose tierras agrícolas de primera que son fundamentales para alimentarnos, para generar empleo y, también, para garantizar el modelo de desarrollo por el que hemos optado. Y entiendo -repito- que hoy no disponemos de instrumentos de ordenamiento territorial adecuados.

A mi juicio -estoy disponible para que me convenzan de lo contrario-, el proyecto exhibe un vacío, porque no se define claramente por algo que se intentó hace unos ocho años: ordenar a partir de las cuencas. Y se realizó un tremendo esfuerzo sobre el particular, que fracasó por razones que algún día se comprenderán. Pienso que ello ocurrió más bien por las pugnas burocráticas, y no por quien trató de promover dicho objetivo desde su presidencia.

Considero muy importante el trabajo por una reforma urbana, por instrumentos de planificación urbana, así como la idea del mejoramiento urbano y de la recuperación de barrios. Pienso que es preciso legislar al respecto, sobre todo en lo relativo a la planificación urbana.

Lo digo porque se puede ver la "estupidez" -no tengo una palabra más docta para describir lo que deseo señalar- que se está haciendo en la comuna de Providencia, en Santiago, al permitir la construcción de una torre como la del señor Paulmann. Y mi problema no se relaciona con el dueño del proyecto, sino con la destrucción de la ciudad; con la cantidad de vehículos que se inyectan, de forma drástica, en un lugar semirresidencial, lo cual colapsará las vías.

Y nada se dice sobre ello. Es más, algunos lo aplauden y creen que con hacer un túnel es suficiente. Y no se dan cuenta de que van a arruinar un patrimonio urbano como la Costanera, dado que la iniciativa terminará no solo por crear una congestión dramática, sino que también obligará a invertir una cantidad excesiva de recursos públicos para solucionar los problemas que se generarán, que serán de gran envergadura.

Y cuando uno pregunta si el alcalde de esa comuna cuenta con la facultad y los instrumentos para resolver la dificultad, la respuesta es negativa. No los poseen ni ese jefe comunal ni el de Vitacura.

Porque uno tiende a pensar, en efecto, que se trata de municipios con más capacidades que otros, en términos relativos.

Por mi parte, no abrigo la convicción de que el proyecto que nos ocupa evitará ese tipo de fenómenos en el futuro. Estoy abierto, eso sí, a que realicemos la discusión correspondiente.

Pero el cómo evitamos el crecimiento irracional de la ciudad, el cómo defendemos el patrimonio que es el suelo y logramos que la planificación se imponga al mercado, constituyen objetivos que sí pueden lograrse con la iniciativa.

Pero reitero que me asaltan dudas en el sentido de si las facultades que se quiere delegar en algunos planos apuntan en la dirección correcta y de si el concepto de participación que se incluye no es más que formal, considerando el caso de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente y de una serie de espacios. Porque algunas comunas han pedido que no se construya más allá de cierto tamaño, y ello se hace igual.

Señor Presidente, voy a votar a favor la idea de legislar, con los reparos que indiqué.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador señor Núñez.

El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, me parece absolutamente pertinente lo que se ha expuesto acerca del proyecto, en particular lo relativo al hecho de que por primera vez tenemos la posibilidad de discutir exactamente lo que queremos con relación a nuestras ciudades, a cómo deseamos vivir y, en especial, a cómo lo harán las futuras generaciones.

En lo personal, enfrento un problema con la denominación de la iniciativa. A mi juicio, debiera existir una ley general de uso del territorio, pues no se dispone de un cuerpo legal que permita saber cómo hemos de utilizarlo.

El proyecto avanza en cuanto a cómo se deben emplear los suelos urbanos, pero nada dice respecto de los otros. Seguramente, durante su estudio asimismo se abordará lo relativo al suelo rural. Pero tal discusión igualmente conlleva un absurdo, porque el país no se divide solo en zonas urbanas y rurales. Existen también otros tipos de territorios, como los costeros, con relación a los cuales es importante legislar. En efecto, hay pocas disposiciones legales a partir de las cuales sea factible utilizarlos mejor, tratándose de un país con cuatro mil kilómetros de litoral.

Se ha suscitado una controversia acerca de qué va a suceder con Chaitén. Todo el mundo opina en cuanto a si debe quedar en el mismo lugar o a si su emplazamiento debe hallarse en un lugar distinto. Y, por cierto, no contamos con normas que orienten ese debate sobre una ciudad que ha sufrido tanto. Seguramente tendrá que mediar un traslado, con una variación fundamental del entorno.

Por tal razón, me parece bien que tengamos la posibilidad de hablar de estos temas. Pero -insisto- me hubiese gustado la vigencia de una ley que permitiera manejar mejor lo que queremos hacer con el territorio nacional.

El país no puede seguir concentrado como en la actualidad, por ejemplo. Prácticamente, 90 por ciento de la población se halla asentado en las superficies urbanas de Santiago, Valparaíso-Viña del Mar y Concepción. Y ello constituye una grave anomalía para el futuro de Chile.

Ningún país latinoamericano presenta una característica parecida. Tal vez en Perú, con Lima y El Callao, ocurra algo similar. Pero en el resto del continente no existe el grado de concentración que nosotros registramos solo en los tres centros urbanos que acabo de mencionar.

Considero adecuado incorporar el concepto de planificación urbana, sobre la base, por supuesto, de que sea posible analizar otros aspectos distintos de lo que meramente se entiende por tal. El problema estriba en que los municipios no se encuentran en condiciones de manejar en forma apropiada sus respectivos territorios. En varias oportunidades hemos hablado con importantes alcaldes de la Región Metropolitana respecto de cómo están planificando en ese aspecto, sobre todo con relación a aquellos grandes proyectos que abarcan más de una comuna. Y, por lo general, la única respuesta que recibimos es que para esos efectos deben recurrir al Consejo Regional, a fin de que oriente el proceso de planificación que se pretende implementar. Pero la dificultad radica en que, muchas veces, el CORE no posee la capacidad técnica para dirigir en debida forma los procesos de planificación urbana que el país requiere.

En consecuencia, me parece bien que el proyecto incorpore algunas enmiendas en cuanto a cómo utilizar mejor las instituciones creadas para estos efectos. Ojalá que paralelamente aprobáramos la elección directa de consejeros regionales, en la medida en que tendrían más autoridad y legitimidad para actuar en una materia tan compleja como la señalada.

Por lo expuesto, estimo muy interesante el hecho de que se modifiquen algunas de las normas que hasta el momento son mal o medianamente utilizadas por los municipios y los gobiernos regionales.

Abrigo una preocupación, sin embargo, en lo relativo a la participación ciudadana, que es uno de los objetivos del proyecto. Y más adelante presentaré, seguramente, algunas indicaciones sobre el particular. Porque resulta que, a nivel urbano, la gran discusión que hemos sostenido es que las organizaciones en mejores condiciones de luchar por un territorio adecuadamente urbanizado, con todas las reglas que requiere un país moderno y más participativo, son las juntas de vecinos. Y la dificultad radica en que en una misma comuna pueden existir varias, sin que se haya podido legislar nunca para limitar su número a una sola.

En Santiago funciona una importante cantidad de esas entidades que luchan permanentemente entre ellas, que no se pueden entender. En consecuencia, sería bueno que en esta oportunidad pudiéramos ponernos de acuerdo, en la parte referida a la participación ciudadana, para conceder mayores atribuciones a las juntas de vecinos, con la condición de que haya una sola por unidad vecinal. Cuando existen dos o tres, resulta altamente probable que no se logre aquella participación que requiere una ley moderna como la que pretende dictar el Parlamento, en conjunto, por cierto, con las autoridades de Gobierno, que nos han puesto ante el desafío de elaborar una buena normativa.

Señor Presidente, anuncio desde ya mi voto favorable al proyecto y la presentación de algunas indicaciones que creo esenciales para enriquecer un texto que, de por sí, es altamente positivo.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Frei.

El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, me limitaré a fundamentar el voto, pues el debate ha sido lo suficientemente extenso para conocer todas las opiniones.

Deseo recalcar dos o tres cosas que me parecen bastante increíbles.

Ante todo, la ley que se modifica nunca fue debatida por el Congreso. Primero estuvo contenida en un decreto con fuerza de ley de 1931; después, en otro de 1976, o sea, de 32 años atrás. Por lo tanto, se trata de un cuerpo legal del todo obsoleto.

En 1965 se creó el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Desgraciadamente, con el tiempo se transformó casi exclusivamente en una Secretaría de Estado dedicada a la vivienda y poco al urbanismo.

Sin embargo, después de escuchar a mis Honorables colegas expresar que no se ha hecho nada y que no hemos avanzado mucho, debo puntualizar que la responsabilidad de ello es muy compartida por el Parlamento. En efecto, en 1999 se mandó un proyecto sobre modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el cual llegó a la Cámara de Diputados. Y no es cuestión de que allí se rechazara, sino que ni siquiera se vio: durmió el sueño de los justos y nunca fue discutido. Posteriormente, en 2004, se rechazó la idea de legislar. Ello significa que ni siquiera medió una disponibilidad para tratar el asunto.

Por lo tanto, creo que hoy día se registra un avance sustancial al aprobarse en general la iniciativa, con la posibilidad de discutirla, analizarla y escuchar opiniones para perfeccionarla, cual es nuestra responsabilidad fundamental.

Concuerdo con varios puntos de vista que he escuchado, coincidiendo especialmente con el Senador señor Pérez Varela, quien habló de una oportunidad, y con el Honorable señor Núñez, en cuanto al uso del territorio.

Sobre todo, me parece conveniente considerar una ley que no diga relación solo a Santiago. Normalmente, cuando se llevan a cabo estas discusiones pensamos más en la gran metrópoli y poco en las Regiones. Es preciso visualizar el territorio nacional en toda su globalidad y extensión.

Juzgo importante aprobar la idea de legislar y efectuar el debate como corresponde, pero, asimismo, no seguir eludiendo nuestra responsabilidad. En los últimos nueve años, el Congreso ni siquiera había tenido la posibilidad de discutir un proyecto como este. Por lo tanto, no nos quejemos si no hemos demostrado capacidad para dictar una ley moderna, que constituya una herramienta eficaz para avanzar en el tema en análisis, el cual preocupa a la inmensa mayoría de los chilenos.

He dicho.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (31 votos a favor y una abstención), fijándose como plazo para presentar indicaciones el lunes 7 de julio, a las 12.

Votaron por la afirmativa la señora Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Bianchi, Cantero, Coloma, Flores, Frei, García, Gazmuri, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar.

Se abstuvo el señor Girardi.

TIEMPO DE VOTACIONES

Boletín N° S1069-12

ACCESO CIUDADANO A PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. PROYECTO DE ACUERDO

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Proyecto de acuerdo, presentado por los Honorables señores Navarro, Muñoz Aburto, Ominami y Vásquez, cuyo propósito es solicitar al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción que estudie y promueva en los distintos ministerios y servicios públicos los mecanismos que garanticen el acceso a sus plataformas tecnológicas por parte de los ciudadanos y el uso igualitario de ellas, con informe de la Comisión de Economía.

--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1069-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Se da cuenta en sesión 18ª, en 7 de mayo de 2008.

Oficio de Comisión:

Economía, sesión 22ª, en 20 de mayo de 2008.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- La solicitud apunta al Ministerio referido por su calidad de entidad coordinadora de la agenda digital del Estado.

La Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, informa que el texto sometido a su consideración no le mereció observaciones.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo.

--Se aprueba.

Boletín N° S1053-12

RECHAZO A ACTIVIDADES TERRORISTAS DE FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA. PROYECTO DE ACUERDO

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- El siguiente proyecto de acuerdo fue presentado por los Senadores señores Romero, Flores, Frei, Larraín, Muñoz Barra, Prokurica y Zaldívar.

--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1053-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Se da cuenta en sesión 10ª, en 9 de abril de 2008.

Oficio de Comisión:

Relaciones Exteriores, sesión 22ª, en 20 de mayo de 2008.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario

El señor HOFFMANN (Secretario General).- El proyecto de acuerdo cuenta con oficio de la Comisión de Relaciones Exteriores, y su objetivo es solicitar que el Senado exprese su rechazo a las actividades terroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia.

Respecto de esta materia, se ha pedido aplazamiento de la votación.

--Queda aplazada la votación del proyecto de acuerdo.

Boletín N° S1055-12

EXIGENCIA A FARC PARA LIBERACIÓN DE DOÑA INGRID BETANCOURT Y OTROS REHENES. PROYECTO DE ACUERDO

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- El siguiente proyecto de acuerdo fue suscrito por los Senadores señor Larraín, señora Matthei y señores Arancibia, Chadwick, Coloma, Espina, García, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela y Romero.

--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1055-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Se da cuenta en sesión 11ª, en 15 de abril de 2008.

Oficio de Comisión:

Relaciones Exteriores, sesión 22ª, en 20 de mayo de 2008.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Este proyecto también cuenta con oficio de la Comisión de Relaciones Exteriores, y su finalidad es solicitar que el Senado acuerde exigir a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia la pronta liberación de doña Ingrid Betancourt y de todos quienes son mantenidos en cautiverio y manifestar su apoyo al Gobierno de la República de Colombia en las acciones que realice para alcanzar aquel objetivo.

Señores Senadores, también se ha solicitado aplazar la votación de este asunto.

--Queda aplazada la votación del proyecto de acuerdo.

Boletín N° S1048-12

CONDENA A REPRESIÓN CHINA CONTRA TÍBET Y ACCIONES DE CHILE PARA SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTO. PROYECTO DE ACUERDO

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- El siguiente proyecto de acuerdo fue presentado por el Honorable señor Naranjo.

--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1048-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:

Se da cuenta en sesión 4ª, en 19 de marzo de 2008.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- El proyecto de acuerdo tiene los siguientes objetivos: que el Senado exprese su condena a la represión ejercida por la República Popular China en contra del pueblo tibetano y que Su Excelencia la Presidenta de la República impulse ante la Organización de las Naciones Unidas acciones que permitan alcanzar una solución pacífica al conflicto que afecta al Tíbet.

El señor GAZMURI.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- No puede intervenir, Su Señoría.

El señor GAZMURI.- Estoy pidiendo hablar en mi condición de Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- No se puede hacer uso de la palabra porque estamos en el Tiempo de Votaciones, Su Señoría.

El señor GAZMURI.- Si envían el proyecto a la Comisión, es lógico que dé un informe.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- No puede intervenir, señor Senador.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Lo siento, señor Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, pero debo atenerme al Reglamento, a menos que la Sala dé la unanimidad para que Su Señoría pueda intervenir.

¿Habría acuerdo?

El señor NARANJO.- ¡No, señor Presidente!

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- No hay unanimidad.

En votación.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminada la votación.

--Se rechaza el proyecto de acuerdo (7 votos en contra, 2 a favor y 2 abstenciones).

Votaron por la negativa los señores García, Gazmuri, Kuschel, Muñoz Barra, Núñez, Pérez Varela y Romero.

Votaron por la afirmativa los señores Horvath y Naranjo.

Se abstuvieron los señores Frei y Sabag.

El señor NARANJO.- ¡No hay quórum, señor Presidente!

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Sí lo hay.

Se requieren 12 señores Senadores para votar y en este momento en la Sala hay 16. Por tanto, existe el quórum necesario.

El señor NARANJO.- Entonces, pido copia de la votación.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- No hay inconvenientes.

Boletín N° S1061-12

PREOCUPACIÓN DE CHILE POR DERECHOS HUMANOS EN TÍBET Y POR LIBERTAD RELIGIOSA DE PUEBLOS. PROYECTO DE ACUERDO

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- El siguiente proyecto de acuerdo fue presentado por los Senadores señores Horvath y Prokurica.

--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1061-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:

Se da cuenta en sesión 16ª, en 30 de abril de 2008.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- El propósito del proyecto de acuerdo es solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República y al Ministro de Relaciones Exteriores hacer presente en los foros internacionales la preocupación de Chile por el respeto de los derechos humanos en el Tíbet y por la libertad religiosa de los pueblos.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En votación.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminada la votación.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Resultado de la votación: 5 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.

Votaron por la afirmativa los señores Horvath, Muñoz Barra, Naranjo, Prokurica y Zaldívar.

Votaron por la negativa los señores Gazmuri, Kuschel y Romero.

Se abstuvieron los señores Frei y Núñez.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Señores Senadores, si se sumaran las abstenciones a los votos negativos, cambiaría el resultado de la votación. Por tanto, hay que repetirla.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En votación.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminada la votación.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Resultado de la votación: 6 votos en contra, 5 a favor y 1 abstención.

Votaron por la negativa los señores García, Gazmuri, Kuschel, Núñez, Pérez Varela y Romero.

Votaron por la afirmativa los señores Horvath, Muñoz Barra, Naranjo, Prokurica y Zaldívar.

Se abstuvo el señor Frei.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Señores Senadores, ahora la abstención se suma a la mayoría, que son los 6 votos negativos. Por lo tanto, el resultado final es: 7 votos en contra y 5 a favor.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En consecuencia, queda rechazado el proyecto de acuerdo.

El señor NARANJO.- Señor Presidente, aunque el proyecto de acuerdo haya sido rechazado, quiero dejar constancia de que en China se violan los derechos humanos.

¡Aun cuando el Senado no lo haya reconocido, en China se violan los derechos humanos!

¡En China se violan los derechos humanos!

Boletín N° S1076-12

MEDIDAS ESPECIALES PARA TRABAJADORES CESANTES POR CIERRE DE EMPRESAS PESQUERAS DE AISÉN. PROYECTO DE ACUERDO

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- El siguiente proyecto de acuerdo fue presentado por los Senadores señores Horvath y Zaldívar.

--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1076-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:

Se da cuenta en sesión 23ª, en 3 de junio de 2008.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- El objetivo del proyecto es solicitar a la autoridad correspondiente la adopción de una serie de medidas especiales a favor de los trabajadores de las plantas pesqueras que han quedado cesantes a raíz del cierre de empresas en la Región de Aisén.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo.

--Se aprueba.

Boletín N° S1072-12

SOLIDARIDAD ANTE PÉRDIDAS HUMANAS Y MATERIALES POR TERREMOTO EN CHINA. PROYECTO DE ACUERDO

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- El siguiente proyecto de acuerdo fue presentado por los Senadores señores Allamand, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Flores, Larraín, Núñez, Ominami, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Sabag, Vásquez y Zaldívar.

--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1072-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:

Se da cuenta en sesión 22ª, en 20 de mayo de 2008.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- La finalidad el proyecto es solicitar que el Senado manifieste su pesar y solidaridad ante las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por el terremoto acaecido recientemente en la República Popular China.

El señor MUÑOZ BARRA.- Que se manifieste el pesar en nombre del Senado.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Esa es la idea.

Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo.

--Se aprueba.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminado el Tiempo de Votaciones.

VI. INCIDENTES

PETICIONES DE OFICIOS

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.

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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:

Del señor ESPINA:

Al señor Director Nacional del Instituto de Normalización Previsional, reiterándole solicitud de OFICINA DE INP PARA PAGOS A PENSIONADOS DE PILLANLELBÚN, COMUNA DE LAUTARO.

Del señor HORVATH:

Al señor Ministro del Interior, para pedir AMPLIACIÓN DE PERÍODO DE ZONA DE EMERGENCIA EN AISÉN. Al señor Ministro del Interior y a la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, a fin de solicitar ESTUDIO DE FINANCIAMIENTO PARA IMPLEMENTACIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA EN LA JUNTA. A los señores Ministro de Economía y Subsecretario de Pesca, a la señora Intendenta de Aisén y al señor Director de SERNAPESCA, requiriéndoles adopción de medidas para resolver SITUACIÓN DE TRABAJADORES AFECTADOS POR CIERRE DE PLANTA DE SALMONES ANTÁRTICA. A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, pidiéndole impartir INSTRUCTIVO ACLARATORIO DE APLICACIÓN DE LEY Nº 20.234 PARA MUNICIPALIDADES Y DIRECCIONES REGIONALES DE SERVIU. A la señora Directora de la Oficina Nacional de Emergencia, solicitándole disponer medidas para satisfacer NECESIDADES BÁSICAS DE EVACUADOS DE CHAITÉN ALBERGADOS EN LA JUNTA. Y al señor Presidente del BancoEstado, a fin de requerirle INSTALACIÓN DE SUCURSAL EN LA JUNTA (ambos de Undécima Región).

Del señor LARRAÍN:

Al señor Director Nacional de Vialidad, haciéndole presente IRREGULARIDADES Y FALENCIAS EN REPARACIÓN DE RUTA L-327 EN SECTOR PUENTE ALTO, SAN BARTOLO, y pidiéndole CONCLUSIÓN DE CAMINO LONGITUDINAL LOS CORRALES- MONTEFLOR (ambos de Séptima Región).

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El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En Incidentes, ofrecida la palabra sucesivamente a los Comités Demócrata Cristiano, Mixto y Unión Demócrata Independiente, ninguno hace uso de ella.

En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Senador señor Kuschel.

El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, voy a referirme a dos materias.

NECESIDAD DE LIMPIEZA DE CAUCE DE RÍO CHAITÉN. OFICIOS

En primer lugar, pido oficiar a los señores Ministro del Interior e Intendente de la Décima Región y a las demás autoridades que corresponda para requerir que se inicien los trabajos de limpieza del cauce del río que inundó la ciudad de Chaitén.

En este momento, como hemos visto, el volcán Chaitén se encuentra estabilizado en su actividad, pero no ha dejado de emitir cenizas.

Desde hace ocho días ha habido buen tiempo en la zona, con un viento sur que ha desplazado las cenizas hacia el norte. Si bien estas siguen cayendo, no son la principal causa del daño mayor en la ciudad. Este lo ha ocasionado el agua. En efecto, se acumuló ceniza en el cauce del río -en su matriz o curso-, y ello desvió las aguas más arriba de la ciudad de Chaitén, inundando su mayor parte.

Desconocíamos tal situación, pero ahora contamos con la información que nos permite sostener que, si se limpiara el lecho del río, no se volvería a producir el mismo hecho. Lo que obstruye su cauce son solamente cenizas.

La semana pasada, cuando había buen clima, planteamos esta solicitud al Intendente subrogante, don Óscar Valenzuela; a la Delegada Presidencial, doña Paula Narváez, y a un asesor del Ministerio del Interior.

El buen tiempo está pasando; va a llover, y tendremos que volver a lamentar otras inundaciones, las cuales, en mi opinión y en la de varios vecinos de la zona, se podrían evitar.

Cerca de Chaitén, como bien sabe nuestra Comisión de Obras Públicas, el Cuerpo Militar del Trabajo desarrolla labores para la construcción del camino que unirá los sectores El Amarillo y Espolón. Se podrían utilizar las máquinas que se ocupan en esas faenas para retirar la ceniza del río. Ello lo pueden llevar a cabo las empresas contratistas o voluntarios de la propia ciudad de Chaitén.

--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

ESTADO DE INVESTIGACIÓN POR DESAPARICIÓN DE PERSONAS DE DÉCIMA REGIÓN. OFICIOS

En otro ámbito, solicito, una vez más, que se oficie a los señores Ministro del Interior, General Director de Carabineros, Director de la Policía de Investigaciones y Fiscal de la Décima Región a fin de que nos informen sobre el estado de avance de los procesos de investigación para encontrar a catorce personas desaparecidas.

La otra vez leí una lista de aproximadamente siete -el oficio fue respondido, pero los avances eran muy escasos-, lo que di a conocer solo a modo de ejemplo. La siguiente es la lista completa hecha llegar por la Corporación Nuestros Ausentes, con sede en Ancud y presidida por doña Roxana Cárcamo.

Quiero que se proporcionen antecedentes de los desaparecidos que indicaré a continuación: don Carlos Patricio Millacura Yudumán, de Ancud; don Carlos Hugo Millán Cárdenas, de Ancud (desaparecido en Valdivia); don Jorge Mansilla Miranda, de Quellón (desaparecido en Queilen); don Julio César Jouanin Uribe, de Ancud (desaparecido en Quehui); don Jorge Alvarado Gómez, de Chacao; don José Hernando González González, de Ancud; don José Florencio Millalonco, de Curaco de Vélez; don René Gonzalo Barrientos Domínguez, de Quellón; don Enzo Boris Villegas Ojeda, de Manao; don Juan Roberto Coñue Pérez, de Castro; don Luis Alberto Oyarzún Oyarzún, de Curaco de Vélez; don Jorge Mansilla Yáñez, de Dalcahue; don Guillermo Mendoza Silva, desaparecido en Maullín, y don Óscar Antonio Cadin Villacén, desaparecido en Melinca.

Voy a dejar copia de la lista, donde figuran los teléfonos del padre, de la madre o de los hermanos de los desaparecidos, a fin de que las autoridades encargadas de buscar a esas personas puedan dirigirse a sus parientes e informar, nuevamente, sobre el estado actual de las investigaciones.

He dicho.

--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Horvath.

SITUACIÓN DE EVACUADOS DE CHAITÉN EN SECTOR NORTE DE REGIÓN DE AISÉN. OFICIOS

El señor HORVATH.- Señor Presidente, en la semana regional tuve la oportunidad de visitar la zona norte de la Región de Aisén y tomar contacto con los evacuados de la provincia de Palena que han sido derivados hacia allá.

A esa zona, por la situación de conectividad física que la une a Chaitén, han llegado aproximadamente 300 personas, y se ha generado un flujo creciente desde Puerto Montt y Chiloé, e incluso desde el lado argentino hacia la Undécima Región.

En las reuniones de trabajo que sostuvimos en terreno, los evacuados hicieron notar la difícil situación que están viviendo, por cuanto, si bien no se hallan en zona de catástrofe, sí sufren una situación de catástrofe.

Las ayudas, en buena medida, no se están repartiendo equitativamente. Los afectados las ven pasar hacia Santa Lucía desde la Undécima Región o, al revés, desde Futaleufú hacia dicha localidad; pero la gente albergada en Aisén no las recibe en las mismas condiciones. Y esto no es una queja, sino la verificación de una realidad administrativa complicada.

En seguida, voy a efectuar un resumen de los planteamientos formulados por dichas personas.

En primer lugar, se preguntan si en el corto plazo se realizarán algunos operativos que les permitan regresar a Chaitén y a sus alrededores para recuperar sus pertenencias. Cuando eso se resuelva, la idea es que las autoridades de las Regiones Décima y Undécima y de la ONEMI provean los vehículos necesarios a fin de que el proceso se desarrolle en forma gradual, a medida que la "zona cero" se vaya achicando.

En segundo lugar, señalan que en Los Turbios hay rodados en el camino y solicitan el pronto despeje para acceder a dicho sector. Agregan que tampoco es posible ingresar al área de El Amarillo y consultan cuándo estarán expeditos el puente y la vía.

También hacen presente que al sur de Chaitén Viejo y Yelcho Sur existen áreas despejadas y ubicadas incluso fuera del radio de seguridad. Sin embargo, añaden que para acceder a ellas tienen que pasar por la zona de evacuación. Por eso, plantean la posibilidad de llegar por mar con el propósito de realizar movimiento de animales y rescatar sus bienes.

Respecto a la compra de animales por parte del Estado, preguntan quién los pagará, cuándo y cómo se hará el pago y qué animales se incluirán en ella. Porque los personeros que visitan la zona provienen de Santiago, y algunos incluso estiman que los caballos son un hobby, cuando en realidad constituyen una herramienta de trabajo. En esta materia hay compromisos concretos asumidos públicamente por la autoridad, los que deben ser cumplidos.

Los evacuados han tomado conocimiento de que tienen que realizar una declaración de bienes, trámite que deben cumplir en una notaría o en una oficina del Registro Civil. El problema estriba en que en La Junta no existe ninguna de esas reparticiones. Lo ideal, en principio, es que algún oficial de Puyuhuapi, localidad más cercana con oficina de Registro Civil, se constituya en el lugar para tomar la declaración señalada. Además, desconocen a qué autoridad tienen que entregarla. A este respecto, se estima que, por necesidades del sector, deben constituirse en La Junta una oficina de Registro Civil y una notaría que atiendan toda el área.

Se ha comunicado a los evacuados que se les entregará una nueva vivienda. Consultan cuándo se va a materializar este compromiso y qué opción tienen ellos de elegir libremente, en este caso, una que esté emplazada lo más cercana posible a La Junta.

Señalan la conveniencia de que se imparta educación media en la escuela de esa misma localidad. Muchos de los albergados tienen niños en ese nivel de enseñanza, como también la gente de Lago Verde, Raúl Marín Balmaceda y Puyuhuapi, cuyos hijos también estudiaban en el liceo de Chaitén, por no haber educación media en esos lugares. Hoy en día esa situación no se encuentra resuelta, por lo que se da la oportunidad de abrir tal nivel en el sector, caro anhelo de muchos años que ahora se ve reforzado por las necesidades de los evacuados.

En otro punto, piden que se establezca un subsidio aéreo entre Puerto Montt y La Junta, así como un subsidio para el transporte marítimo entre Puyuhuapi y Puerto Montt, por un valor equivalente al que existía cuando el transporte se realizaba entre Chaitén y Puerto Montt. Actualmente, todo el movimiento del sector sur está siendo canalizado por las áreas que he señalado.

Asimismo, plantean la necesidad de evacuar los animales de la denominada "zona cero"; realizar obras de contención -como ha indicado el Senador señor Kuschel- y de encauzamiento del río Chaitén o Blanco, cuando las condiciones lo permitan, y, en casos determinados, cambiar de lugar a los animales o soltarlos de corrales y potreros para que puedan recibir el forraje correspondiente y sobrevivir.

Los evacuados y las localidades que he mencionado solicitan establecer una sucursal del BancoEstado en La Junta.

Además, se pide coordinar con las autoridades de la Región de Aisén la presencia de un delegado de la Gobernación de Palena y otro de la Municipalidad de Chaitén en aquella localidad. Si bien se trata de Regiones distintas, las personas albergadas requieren tener acceso a las autoridades de su zona.

También se solicita instalar un médico y un sistema de salud familiar en La Junta, por cuanto el hospital de Chaitén está cerrado. Tal localidad es el área que queda más cercana. Además -vuelvo a señalar-, esto se transforma en una oportunidad para todo el sector, bastante amplio, de la zona norte de la Región de Aisén.

Asimismo, plantean hacer un reconocimiento a los carabineros que patrullan la "zona cero", que abnegadamente dan condiciones de seguridad al sector y participan en el rescate de mascotas, aprovechando su presencia en el área que recorren, lo que en algún minuto se podría incrementar, con las seguridades correspondientes, con el movimiento de animales a los lugares con forraje y resguardo que he señalado.

Por otra parte, solicitan estudiar la posibilidad de que las Fuerzas Armadas y Carabineros rescaten los bienes más preciados que están siendo afectados por el cambio del cauce del río Chaitén o Blanco, que se ha rellenado con las cenizas arrastradas por todo el sector de la cuenca.

Señor Presidente, solicito que estos planteamientos sean comunicados mediante oficio tanto a la Delegada Presidencial para la Emergencia como al señor Ministro de Defensa, quien tiene a su cargo las instituciones pertinentes.

He dicho.

--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento, con la adhesión del Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En los minutos que restan al Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Kuschel.

PAGO DE SUBVENCIONES A MUNICIPALIDAD DE PALENA POR ENSEÑANZA DE ALUMNOS DE CHAITÉN

El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, suscribo lo manifestado por el Senador señor Horvath. Lo de La Junta vale asimismo para la gente que está en Palena, en Futaleufú, en Ayacara, en Hornopirén -que no se encuentra considerada- y en otros pueblos, como Achao, donde también me reuní con gente de Chaitén.

A propósito de lo que señaló el Senador señor Horvath, olvidé mencionar que se acaba de poner en operación la enseñanza media en Palena con ochenta de los quinientos alumnos que había en el liceo de Chaitén, y los respectivos profesores. Y cincuenta alumnos de enseñanza básica de este último lugar están también en Palena. A estos los atienden los maestros de la escuela Roberto White Gesell; y a los del primer caso, los de Chaitén que se fueron a Palena.

En cuanto a la enseñanza media de Chaitén, la subvención, de acuerdo al número de profesores y alumnos, se está pagando a la municipalidad respectiva. Pero, respecto de la enseñanza básica, nada se sabe. Y los concejales de Palena reclamaban que por los profesores que imparten clases en la escuela de dicha comuna no se efectúa un pago para la municipalidad por dicho concepto. Les parecía bien que en el caso de la enseñanza media toda la subvención fuera para la municipalidad de Chaitén. Pero quieren que se llegue a un acuerdo entre los dos municipios respecto de la subvención escolar.

He querido llamar la atención acerca de este punto particular en el caso de Palena.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En el tiempo del Comité Independiente, tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, voy a referirme a varias materias.

DESMEDRADA SITUACIÓN DE PROFESORES DE RELIGIÓN. OFICIOS

Señor Presidente, pido oficiar al Ministerio de Educación respecto de la delicada y crítica situación de los profesores de religión.

A lo largo de estos años, tal asignatura ha sido degradada y utilizada por los directores y las directoras de liceos, quienes, con fines netamente economicistas, han generado una política hacia más de trece mil profesores de esa disciplina, quienes, en muchos casos, son trasladados, despedidos y humillados, sin consideración alguna ni defensa.

Se ha realizado una permanente acción para eliminar a tales educadores, lo que ha provocado gran cesantía entre ellos. En esta tarea también han cooperado las direcciones municipales de educación, en connivencia con muchos sostenedores. A la luz de la situación actual, a estos cabría llamarlos de otro modo, pues en verdad no sostienen nada, ya que más bien son sostenidos por el Estado a través del pago de las subvenciones.

En este contexto, se me han acercado dirigentes del Consejo Gremial de Profesores de Religión, organización de nivel nacional que agrupa a integrantes de esa rama de la enseñanza y que es reconocida por el Colegio de Profesores de Chile, A.G., mediante protocolos de acuerdo.

Dos mil profesores en todo Chile se han acogido a la bonificación por jubilación establecida en la ley Nº 20.158. Pero su pago no ha estado exento de problemas. Un caso paradigmático es el de don Robinson Antonio Ramos González, Presidente del Consejo Gremial ya indicado.

Ese señor, con carné de identidad Nº 4.400.396-1, trabajó desde el 23 de agosto de 1974 en liceos fiscales y posteriormente en municipales. Desde 1989 se desempeñó en la Municipalidad de Santiago, primero en el Darío Salas y, desde 1990, en el Instituto Nacional, impartiendo la asignatura de Religión.

Postuló a la jubilación el 7 de marzo de 2007. Cumplía los requisitos para recibir la bonificación establecida en la ley Nº 20.158. Recursos Humanos de la Municipalidad capitalina informó que su retiro se haría efectivo en enero de 2008. Luego señaló que sería en los primeros días de marzo de este año, sin tener mayor claridad del proceso.

Finalmente, don Robinson fue llamado para recibir la bonificación el 8 de marzo de 2008 por el liceo Cervantes, en circunstancias de que trabajaba en el Instituto Nacional. Pero se le entregó efectivamente el 31 de marzo de 2008 en la Municipalidad de Santiago, en la DEM.

Se le pagó el mes de marzo, en el Instituto Nacional. Además, se incluyó la deuda por excelencia académica de 2006 y 2007, pero sin los intereses que ordena la ley. Tengo en mi poder los ordinarios, que demuestran claramente la arbitrariedad de esta situación, por cuanto todas las bonificaciones de la ley Nº 20.158 deben ser pagadas con los reajustes y los intereses respectivos.

El 17 de abril del año en curso el señor Ramos asistió a la DEM de Santiago para saber qué sucedía con el pago de abril. Le respondieron que ya no era funcionario, y lo enviaron a pedir el decreto pertinente. Es decir, lo han tramitado como en el "comprahuevos". No se firma el finiquito ni se habla de indemnización por años de servicios con pago tope de once meses. Solo se confirma que el bono por excelencia académica correspondiente al presente año se cancelaría en mayo, lo que aún no ocurre.

La situación resulta insostenible. Van dos meses en que estos casi dos mil profesores no perciben sueldo. La dignidad de ellos al final de su trayectoria está en juego. Algunos poseen ahorros. Pero no todos pueden sobrevivir si no los tienen.

Por lo expuesto, pido oficiar a la Asociación de Municipalidades, a efectos de que se informe sobre los criterios institucionales que han tenido los municipios en la Región Metropolitana y los del resto del país para el pago de estas bonificaciones, pues, por lo visto, algunos han confundido el bono con la indemnización por años de servicios.

Asimismo, solicito que se oficie al señor Contralor General para que se investigue y se informe sobre la legalidad y accionar del Municipio de Santiago en el caso de don Robinson. Es necesario establecer un precedente respecto del cumplimiento de la ley Nº 20.158 con todas las otras acciones y particularmente derechos que tienen los profesores por años de servicio, lo que a nuestro juicio no resiste análisis de ningún tipo.

--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

HOMENAJE A LÍDER SINDICALISTA CLOTARIO BLEST. OFICIOS

Señor Presidente, hay una tendencia creciente en la sociedad a olvidar los actos y los nombres de muchas personas que, desde diversos espacios y ámbitos, dejaron una huella en nuestra historia. Y aunque, como sostiene el Premio Nacional de Historia don Gabriel Salazar, los anales de los pueblos los construyen estos y no los individuos aislados a través de actos heroicos, ciertamente siempre hay excepciones, las cuales parecen confirmar la regla. Una de ellas es sin duda don Clotario Blest Riffo.

Muchos quizás solo recuerden su figura ya de anciano en overol o sus últimas imágenes antes de su deceso, ataviado con el hábito que caracterizaba a los monjes franciscanos. Muchos quizás solo evocan su barba blanca, sus ojos azules y su rostro curtido pero amigable, cercano y transparente.

En muchas biografías solo se limitan a recordar a don Clotario Blest como un organizador e importante fundador de organizaciones sindicales, haciendo hincapié en que fue el primer Presidente de la Central Única de Trabajadores.

Sin embargo, este dato, siendo cierto, se adelanta mucho a la intensa labor que cumplió don Clotario Blest.

Mucho antes de la fundación de la CUT, en 1927, preside la Unión de Centros de la Juventud Católica. En 1931 ya había fundado la Liga Social de Chile, de la que fue su Secretario General. Incansable en su labor, ante las dificultades para crear sindicatos en esas épocas, se dedicó por completo a la fundación de clubes deportivos y culturales. Así, en 1938 funda la Asociación Deportiva de Instituciones Públicas, que en los hechos es antesala del movimiento gremial chileno.

En 1943, fue uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (actual ANEF), la que además presidió. Se buscaba mejorar las condiciones sociales, culturales y económicas de los trabajadores del Estado. Y fue la creación de pequeñas instituciones la plataforma para dar unidad al movimiento obrero.

Por eso el paso siguiente, en febrero de 1953, fue la creación de la Central Única de Trabajadores, la que, como sabemos, funcionó y se desarrolló ininterrumpidamente hasta septiembre de 1973. Don Clotario Blest la dirigió hasta 1961.

En 1965, junto con un grupo de dirigentes sociales, participa en la fundación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el que abandona tiempo después, tras surgir diferencias con los jóvenes dirigentes de la nueva organización, entre los que se contaban Miguel Enríquez, Luciano Cruz, Andrés Pascal y Bautista Von Schowen.

El 1976, en plena dictadura, reactiva el Comité de Defensa de los Derechos Humanos. Durante ese mismo período ayuda a la creación de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, cuya sede funcionó por mucho tiempo en su propia casa.

En octubre de 1978 se le otorgó el Premio de la Paz por parte del Servicio Paz y Justicia, que presidía el argentino Adolfo Pérez Esquivel. Y en 1980 el Gobierno y el Parlamento alemán propusieron su nombre como candidato al Premio Nobel de la Paz.

Sin embargo, en su vida no solo se centró en la creación de agrupaciones sindicales, sino que participó activamente en manifestaciones y huelgas, en distintos momentos de la historia sindical y social.

Don Clotario Blest, hijo de un militar y de una profesora, fue por cierto también un hombre de fe.

Como niño, es testigo de las huelgas y protestas de principios del Siglo XX.

Este gran hombre estudia becado en el Seminario de Santiago, donde recibe la influencia del pensamiento social cristiano, en especial de su profesor: José María Caro, de quien hereda su visión de una Iglesia cercana y dedicada al pueblo.

Sin embargo, a los 19 años abandona el camino religioso, luego de encabezar una protesta estudiantil.

En 1922 empieza a trabajar en la Tesorería General de la República y, además, se inicia como asistente frecuente a las conferencias y charlas de Luis Emilio Recabarren. De modo paralelo, participa en organizaciones ligadas a la Iglesia Católica, siempre amparado en el concepto "Jesús obrero".

Por esos años, señor Presidente, ingresa al círculo de estudios El Surco, creado para formar conciencia socialcristiana, organizar sindicatos y luchar por una legislación social más justa para la clase trabajadora. Preside la Unión de Centros de la Juventud Católica, para organizar a la juventud obrera.

Pero un hecho que revela su temple y su carácter más profundos es su relación con Teresa Ossandón Guzmán, su primera y única novia. Cuando aún eran muy jóvenes, acordaron separarse para servir plenamente a Cristo. Ella ingresó al Convento de las Carmelitas Descalzas, donde murió en 1988, y él continuó su lucha por la justicia social, manteniéndose fiel al celibato hasta su muerte, tal como prometió a su novia.

Clotario Blest murió el 31 de mayo 1990 en la Recoleta Franciscana, lugar donde vivió sus últimos años. Cuatro días antes había ido a visitar a presos políticos en la Cárcel Pública de Santiago. El día 30, en su lecho -ya moribundo-, tomó papel y lápiz y alcanzó a escribir solo "compañeros¿ paz y unidad".

Señor Presidente, tuve el privilegio de conocer a don Clotario Blest cuando yo era dirigente estudiantil en la sede del colegio Salesiano de Concepción. Junto a otros dirigentes estudiantiles, tuve el honor de compartir una conversación con él, en la pieza austera en que vivía, como un franciscano más, donde las palomas eran la única compañía que tenía don Clotario.

De ese encuentro conservo y atesoro no solo sus palabras, sino también un retrato de Ghandi que me regaló, con la leyenda: "Sé justo".

En honor a ese hombre, que merece muchas más palabras y homenajes que los de esta breve intervención que realizo en su memoria, se aprobó una normativa legal en 1999, al cumplirse el centenario de su nacimiento. Dicha legislación, nacida de una moción del ex Diputado de la Democracia Cristiana don Andrés Aylwin, autoriza a erigir en la ciudad de Santiago un monumento en su memoria.

Esa ley, la Nº 19.627, fue promulgada en agosto de 1999. Estamos próximos a que se cumpla una década de esa fecha sin que ese monumento se levante. Creo necesario hacer un llamado a nuestras autoridades, en particular a los dirigentes sindicales, para que se activen en función de este homenaje, con el cual Clotario Blest no hubiera estado de acuerdo -ciertamente que no, pues todos conocimos su personalidad-, pero que merece que nuestra sociedad le entregue.

Por eso, solicito hacer llegar copia de mi intervención a los señores Ministros del Interior y del Trabajo y Previsión Social y al Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores.

Nada podrá resaltar la infinita bondad y el compromiso que don Clotario Blest mantuvo y mantendrá siempre en la imagen de los miles y miles de trabajadores de nuestro país.

--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senador señor Navarro, conforme al Reglamento.

TRAMITACIÓN DE LEY DE PLANTAS PARA GENDARMERÍA DE CHILE. OFICIOS

Por último, señor Presidente, quiero pedir que el señor Ministro de Justicia y el Director de Gendarmería de Chile nos informen respecto de la reiterada petición durante más de una década por los funcionarios de Gendarmería en cuanto a modernizar ese organismo y a tramitar su ley de plantas.

En verdad, cuando uno lee la historia de Gendarmería, desde el año 1871, fecha en que se crea la Guardia Especial de Cárceles -que trabajaba casi 24 horas seguidas-, la situación no ha cambiado mucho.

Más de 8 mil gendarmes siguen laborando 7, 8, 10 ó 14 días seguidos, para luego tener uno de descanso.

Se requiere una nueva planta y otra legislación que reoriente la política penitenciaria en Chile.

La ley Nº 19.851 amplió de manera insuficiente la dotación de gendarmes en 72 por ciento y disminuyó los sueldos de los funcionarios más jóvenes al "maldito" -como lo llaman ellos-, grado 26 de la Escala Única de Sueldos.

La construcción de nuevos recintos privados, que ha llenado de deudas al Estado -con demandas por más de 117 millones en contra del Ministerio de Obras Públicas-, no ha sido la solución.

Se necesita aumentar de verdad la planta de funcionarios de Gendarmería, y estabilizar los sueldos en niveles dignos, para que esta institución pueda cumplir la tarea de custodia de los presos de manera eficaz, porque hasta ahora lo hace en pésimas condiciones.

Señor Presidente, la planta de Gendarmería hoy resulta insuficiente para resguardar siquiera la integridad física de sus funcionarios. En los penales chilenos se hallan recluidas 47 mil personas, con un 80 por ciento de reincidencia carcelaria. Es decir, de cada 10 que egresan del recinto, 8 vuelven, por cuanto -claro está- no hay una política de rehabilitación ni de reinserción.

La ampliación de la planta va a posibilitar que los funcionarios -uniformados y civiles- puedan desarrollar su tarea.

Por tal motivo, solicito a los señores Ministros de Hacienda y de Justicia y al señor Director General de Gendarmería que nos den la luz sobre este asunto. El problema no puede seguir esperando.

Demandamos que el Gobierno cumpla sus compromisos con los funcionarios de Gendarmería, y que dé certeza respecto de que las cárceles de Chile estén debidamente custodiadas.

En la actualidad, basta solo ver la precariedad en que trabajan en cada uno de los presidios, en especial respecto de los sueldos, que son miserables, que no están a la altura de la dignidad de un trabajador del Estado. Se trata de gente que ha tenido tolerancia para esperar y esperar. Pero la paciencia se agota.

Muchos han dicho: "Somos funcionarios públicos y nos debemos a nuestra patria".

Pero yo siento que esa paciencia se agota, señor Presidente.

Los gendarmes regalan más de 25 millones de horas extraordinarias al Estado cada año, las que, por supuesto, no se pagan. Y, en ocasiones, su único día de descanso, por no haber funcionarios disponibles para cubrir la guardia asignada, lo obtienen -reitero- después de 12 o 13 días laborales.

Reclamo de los Ministros de Justicia y de Hacienda una respuesta a esta demanda. Y espero que un proyecto de ley de plantas pueda ingresar al Parlamento para ser discutido a la brevedad.

--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En el turno del Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Naranjo.

El señor NARANJO.- Señor Presidente, me referiré a dos materias.

PROCESAMIENTOS A EX AGENTES DINA POR "OPERACIÓN COLOMBO"

En primer término, quiero que mis palabras sean un homenaje a las víctimas de la denominada "Operación Colombo".

El martes 27 de mayo, el Ministro señor Víctor Montiglio procedió a iniciar la notificación de procesamiento a 98 ex agentes de la DINA por su actuación en esa acción.

La dictadura del General Pinochet, apremiada por las acusaciones de que violaba sistemáticamente los Derechos Humanos, montó una burda operación con el fin de hacer creer que 119 militantes del MIR, detenidos y hechos desaparecer por la DINA, habían sido asesinados en diversos países de América Latina y Europa por sus propios compañeros, producto de divisiones políticas.

De esta forma, se buscaba desinformar a la opinión pública nacional e internacional para que se creyera que las denuncias sobre los detenidos desaparecidos eran falsas y que se debían a un invento del "comunismo internacional" y a su campaña de desprestigio contra el Gobierno militar.

Con ese objetivo, se procedió a implementar una campaña comunicacional nunca antes vista en nuestro país, contando para ello con la ayuda de los servicios de seguridad de Argentina y Brasil, en el marco de la llamada "Operación Cóndor".

Es así como en Chile los medios de comunicación reprodujeron de manera entusiasta una nota aparecida en la revista "Lea" de Argentina, publicada el 18 de julio de 1975, la cual señalaba que en distintos países "alrededor de 60 extremistas chilenos habían sido asesinados por sus propios compañeros".

Días más tarde, dieron a conocer otra noticia, aparecida en el supuesto diario de Brasil "O Dia de Curitiba", que expresaba: "59 extremistas chilenos fueron identificados entre los guerrilleros que murieron en enfrentamientos con la policía de la provincia de Salta, Argentina".

Sin embargo, poco después, y producto principalmente del trabajo hecho por los familiares de las víctimas y por organizaciones de derechos humanos, la verdad se comenzó a imponer.

Así, algunos meses más adelante se estableció que la revista "Lea" solo tuvo un número de circulación, mientras que el periódico "O Dia de Curitiba" nunca existió. Es decir, ambos medios fueron creados solo como parte de la "Operación Colombo".

Hoy, esta parte de la verdad, cuando han transcurrido dieciocho años desde que fue recuperada nuestra democracia y treinta y tres desde la "Operación Colombo", ha sido confirmada finalmente por los tribunales de justicia al ser procesados 98 ex agentes de la entonces DINA por su participación en ella.

El ministro Montiglio ha comprobado plenamente que ninguno de los 119 chilenas y chilenos, cuyos nombres aparecían en esas publicaciones, salieron del país y que todos fueron detenidos y hechos desaparecer por la DINA.

Señor Presidente, no puede dejar de llamarnos la atención la enorme cantidad de agentes del Estado procesados. En tal sentido, cabe precisar que a todos ellos se les imputa como coautores del mismo delito. Pero el Ministro Montiglio establece distintas calidades.

Es así como determina que solo la cúpula de la DINA participó en la planificación, dirección y puesta en marcha de la "Operación Colombo", y sus integrantes fueron calificados de coautores mediatos.

Al resto de los agentes se les encausó por participar en la detención; en la custodia de los detenidos; por trasladarlos de un centro de reclusión a otro; por haber sido parte de los equipos que eliminaron e hicieron desaparecer los cuerpos de los 119 integrantes del MIR, siendo calificados como coautores materiales.

En este aspecto, debo destacar la gran rigurosidad con que ha actuado el Ministro Montiglio.

En efecto, en su resolución señala cómo la DINA detuvo a esos 119 chilenas y chilenos; a qué lugares se los llevó; dónde se los mantuvo, y, en la mayoría de los casos, cuándo se los vio por última vez con vida.

Sin embargo, señor Presidente, es necesario señalar que existen otros implicados, ya sea por acción u omisión o por prestarse para esta maniobra, que no han sido encausados.

En primer lugar, están todos aquellos altos funcionarios del Ministerio del Interior y, principalmente, de la Dirección Nacional de Comunicación Social de aquella época (DINACOS), que proveyeron todo el apoyo institucional para el desarrollo de la campaña de desinformación.

¡La DINACOS vigilaba y controlaba todos los medios de comunicación chilenos, por lo que la DINA no pudo lanzar su campaña de desinformación sin el apoyo de esa repartición estatal!

Espero que el Ministro Montiglio amplíe su investigación a esos civiles, ya que a lo menos les cabe responsabilidad política en los hechos que se investigan.

En segundo término, señor Presidente, se hallan los medios de comunicación, y muy especialmente la prensa escrita, que en esos años dio amplia cobertura a dicha campaña, llegando incluso el diario "La Segunda" a titular, con cruel irreverencia y falta de la más mínima humanidad: "Miristas se matan como ratas". Ese titular, como otros, es todo un monumento al compromiso que tenían algunos medios de comunicación con la dictadura militar.

Espero que hoy los propietarios y directores de esos medios de comunicación, cuando la verdad ha sido establecida por los tribunales de justicia, reconozcan su responsabilidad en esa y en otras campañas de desinformación del Régimen militar, como la relacionada con la "Operación Albania", y que, por tanto, pidan públicamente perdón a los familiares de aquellas 119 personas.

¡Los chilenos esperamos ese mea culpa de parte de ellos desde hace dieciocho años!

Señor Presidente, sin lugar a dudas, la nueva resolución del Ministro Montiglio demuestra que en nuestro país aún es posible continuar avanzando en materia de verdad y justicia sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el Régimen militar; que todavía queda mucho por andar, pero que es necesario seguir perseverando para asegurar realmente el "NUNCA MÁS" en Chile.

CRÍTICAS A SENADO POR NO APROBACIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO SOBRE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS EN CHINA

Señor Presidente, lamento profundamente la página oscura, triste y vergonzosa que ha escrito el Senado de la República el día de hoy.

Al no aprobar dos proyectos de acuerdo de ese carácter, la Cámara Alta niega la existencia de la violación a los derechos humanos en China y está escribiendo la página más oscura de su historia.

¡Jamás imaginé que el Honorable Senado -no sé bajo qué circunstancias y qué presiones- pudiera tomar esa resolución!

Verdaderamente es vergonzoso lo que ha ocurrido. ¡Porque, en otros casos, esta misma Corporación ha tenido el coraje y la valentía para condenar a diferentes países por graves violaciones a los derechos humanos; no obstante, hoy día no ha tenido ese coraje ni esa valentía para hacerlo!

Es vergonzoso, señor Presidente. ¡Porque si hay algo que debemos aprender de nuestra experiencia traumática y dolorosa, es que los derechos humanos son universales y no tienen fronteras!

¡Quien pretenda establecerles fronteras está negando la existencia de los derechos humanos en el mundo!

Sin embargo, lo que ha hecho hoy día el Honorable Senado ha sido ponerles fronteras y no aceptar el carácter universal de aquellos en toda su concepción.

Porque, en el mismo momento en que esta Corporación se niega a aceptar que en China se violan los derechos humanos, en dicho país se está haciendo desaparecer gente, se tortura a personas, se las detiene, se impide a los medios de comunicación ejercer su actividad libremente. ¡Y la Cámara Alta no tuvo la valentía para reconocer que los derechos humanos no existen allá!

¡Qué triste, señor Presidente, la página que se ha escrito esta tarde en el Senado!

¡Qué vergonzoso es lo que ha ocurrido!

¡Quienes condenaron las violaciones a los derechos humanos en el Régimen de Pinochet, hoy día no tuvieron la misma fuerza y coraje para condenar la falta de observancia de estos en China!

Quienes condenan la violación a los derechos humanos en Venezuela y en Cuba, ¿con qué autoridad moral van a condenar tal circunstancia el día de mañana si no fueron capaces de reconocer que en China no se respetan?

¡Por eso, en mi caso particular, jamás he puesto fronteras ni he desconocido el carácter universal de los derechos humanos!

¡Ayer condené a Cuba!

¡Ayer condené a Venezuela!

Hoy día esperaba que la Cámara Alta acogiera los dos proyectos de acuerdo presentados por el Honorable señor Prokurica y el Senador que habla, para que hubiésemos condenado la violación a los derechos humanos en China. Sin embargo, esta Corporación quiso negar esa realidad.

¡Qué triste la historia que hemos escrito esta tarde, señor Presidente!

¡Ojalá el día de mañana no tengamos que lamentar lo que ha ocurrido aquí!

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.

--Se levantó a las 19:12.

Manuel Ocaña Vergara,

Jefe de la Redacción