REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 356ª
Sesión 22ª, en martes 20 de mayo de 2008
Ordinaria
(De 16:21 a 19:20)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ADOLFO ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE,
Y BALDO PROKURICA PROKURICA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--
Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, los Ministros de Relaciones Exteriores, señor Alejandro Foxley Ríoseco, y de Defensa Nacional, señor José Goñi Carrasco, y la Jefa de Prensa de la Ministra de la Vivienda y Urbanismo, señora María José Luque Guerrero.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 13 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).-
Las actas de las sesiones 17ª, 18ª y 19ª, ordinarias, en 6, 7 y 13 de mayo del año en curso, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Diez de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero retira la urgencia y la hace presente de nuevo, calificada de "discusión inmediata", respecto del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea cargos en la Dirección Regional del Servicio Electoral de la Región de Arica y Parinacota y dicta norma relativa a partidos políticos en nuevas Regiones (boletín N° 5.867-06).
Con el segundo retira la urgencia y la hace presente, calificada de "suma", respecto del proyecto, en trámite de Comisión Mixta, sobre modificaciones orgánicas y procedimentales a la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia (boletín N° 4.438-07).
Con los tres siguientes retira la urgencia y la hace presente nuevamente, calificada de "simple", respecto de los siguientes asuntos:
1.-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, con el objeto de permitir sufragar a los ciudadanos chilenos residentes en el extranjero para la elección de Presidente de la República (boletín N° 268-07).
2.-
Proyecto, en trámite de Comisión Mixta, que modifica la ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional (boletín N° 4.059-07).
3.-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, relativo a enmienda del Código del Trabajo para resguardar el derecho a la igualdad en las remuneraciones (boletín Nº 4.356-13).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con los cinco restantes retira la urgencia que hiciera presente, acerca de las siguientes iniciativas:
1.-
Proyecto, en trámite de Comisión Mixta, que introduce en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional las adecuaciones necesarias para adaptarla a la ley N° 20.050, que reforma la Carta Fundamental (boletín N° 3.962-07).
2.-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal (boletín N° 5.458-07).
3.-
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Naranjo y Viera-Gallo, que penaliza las conductas constitutivas de genocidio y los crímenes de lesa humanidad y de guerra (boletín N° 3.493-07).
4.-
Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Espina, Horvath, Romero y Viera-Gallo, que modifica los artículos 15 y 18 de la Carta, con el objeto de consagrar el sufragio como un derecho de los ciudadanos y su inscripción automática en los Registros Electorales (boletín N° 3.544-07).
5.-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Civil y leyes complementarias en materia de sociedad conyugal o comunidad de gananciales, otorgando a la mujer y al marido iguales derechos y obligaciones (boletín Nº 1.707-18).
--Se tiene presente el retiro de las urgencias y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual comunica que se ausentará del territorio nacional los días 22 y 23 de mayo de 2008, para participar en la Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y Gobierno de la Unión de Naciones Sur Americana en la ciudad de Brasilia, República Federativa de Brasil.
Además, informa que durante su ausencia será subrogada, con el título de Vicepresidente de la República, por el Ministro titular de la Cartera del Interior, don Edmundo Pérez Yoma.
--Se toma conocimiento.
Cuatro de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica los nombres de los señores Diputados que, en representación de dicha Corporación, integrarán las Comisiones de Reja y de Pórtico que han de recibir, el día 21 de mayo, a Su Excelencia la Presidenta de la República con ocasión de la sesión de Congreso Pleno en que dará cuenta al país del estado político y administrativo de la Nación.
--Se toma conocimiento.
Con los tres siguientes informa que ha dado su aprobación a los siguientes asuntos:
1.-
Proyecto que modifica los artículos 25 y 26 de la Ley General de Bases Generales del Medio Ambiente, con el objeto de establecer plazo de caducidad en la ejecución de un proyecto con estudio de impacto ambiental (boletín N° 5.214-12).
2.-
Proyecto que reforma la ley N° 19.300, con el fin de eliminar el seguro y la autorización provisorias ambientales (boletín N° 5.700-12).
--Pasan a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
3.-
Proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de protección a las remuneraciones, con urgencia calificada de "simple" (boletín N° 5.434-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional, con el que remite copia autorizada de la sentencia recaída en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formulado en contra del artículo 4° de la ley N° 20.000.
--Se toma conocimiento.
De la señora Ministra de Salud con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Naranjo, referido a la realización de una investigación administrativa en relación con la actuación del SAMU en los hechos que culminaron con la muerte de don René Palma.
Del señor Subsecretario de Transportes subrogante, a través del cual contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a vehículos particulares que prestan servicios de taxi en la ciudad de Coihaique.
Del señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, mediante el que da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, tocante al traslado de un grupo de astrónomos y estudiantes a Isla de Pascua con el fin de observar un eclipse total de sol.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda, unidas, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que crea cargos en la Dirección Regional del Servicio Electoral de la Región de Arica y Parinacota y dicta norma relativa a partidos políticos en nuevas Regiones, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (boletín N° 5.867-06).
--Queda para la tabla de la presente sesión.
Cinco de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, recaídos en los siguientes asuntos:
1.-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza erigir un monumento en Rancagua en memoria de don Oscar Castro Zúñiga (boletín Nº 3.284-04).
2.-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza la construcción de monumentos a víctimas de la masacre de la Escuela Santa María de Iquique, con urgencia calificada de "simple" (boletín N° 4.766-24).
3.-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza la construcción de un monumento en memoria de Su Santidad Juan Pablo II, en la ciudad de Viña del Mar (boletín N° 4.862-24).
4.-
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señora Alvear y señores García, Longueira, Muñoz Barra y Orpis, que autoriza erigir un monumento en memoria del señor Ernesto Ayala Oliva, en la comuna de Providencia (boletín N° 5.177-04).
5.-
Proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Naranjo, que autoriza la construcción de un monumento en la ciudad de Santiago en memoria de las víctimas del Holocausto (boletín N° 5.748-04).
--Quedan para tabla.
De la Comisión de Economía, recaído en el proyecto de acuerdo de los Senadores señores Navarro, Muñoz Aburto, Ominami y Vásquez, con el que solicitan al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción que estudie y promueva en los distintos Ministerios y servicios públicos mecanismos que garanticen a los ciudadanos el acceso y uso igualitario de sus plataformas tecnológicas (boletín N° S 1.069-12).
Dos de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaídos en los siguientes asuntos:
1.-
Proyecto de acuerdo de los Senadores señores Romero, Flores, Frei, Larraín, Muñoz Barra, Prokurica y Zaldívar, mediante el cual solicitan que el Senado exprese su rechazo a las actividades terroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el continente (boletín N° S 1.053-12).
2.-
Proyecto de acuerdo de los Senadores señora Matthei y señores Arancibia, Chadwick, Coloma, Espina, García, Larraín, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela y Romero, a través del que solicitan que el Senado acuerde exigir a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia la pronta liberación de doña Ingrid Betancourt y de todos aquellos que son mantenidos en cautiverio, y, a la vez, manifestar su apoyo al Gobierno de la República de Colombia en las acciones que realice con ese objetivo (boletín N° S 1.055-12).
--Quedan para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.
Moción
Del Honorable señor García, con la que inicia un proyecto referente a modificación de la ley N° 19.419, que regula actividades relacionadas con el tabaco, permitiendo que los establecimientos para fumadores sean utilizados para no fumadores en determinados horarios (boletín N° 5.876-11).
--Pasa a la Comisión de Salud.
Comunicaciones
De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, mediante la cual solicita a la Sala que se la exima de informar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que adecua la legislación penal chilena a los tratados internacionales en materia de derechos humanos (boletines números 3.345-07 y 3.959-07, refundidos), toda vez que ya se encuentra informado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Se accede.
De la Comisión Especial encargada de analizar el informe del Instituto Chileno de Campos de Hielo, por la cual expresa que ha elegido como su Presidente al Senador señor Jaime Gazmuri Mujica.
--Se toma conocimiento.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor NARANJO.-
Pido la palabra sobre la Cuenta.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
La tiene, Su Señoría.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, en una sesión anterior advertí sobre la presentación y tramitación de algunos proyectos de acuerdo.
Felicito a la Comisión de Relaciones Exteriores por la prontitud con que despachó dos iniciativas relacionadas con Colombia. Sin embargo, debo recordar que dicho órgano de estudio -pido que se tomen las medidas pertinentes- tiene retenido desde hace un mes el despacho de un proyecto de acuerdo tendiente a protestar por las violaciones de los derechos humanos en China.
Como han pasado más de quince días, corresponde votar tal iniciativa y no mantenerla más tiempo en dicha Comisión. No es admisible que haya actuado con tanta prontitud respecto de dos proyectos de acuerdo sobre Colombia. ¿Y qué pasó con el de China? ¿Se traspapeló? ¿Se olvidó de él? ¡Hace más de un mes que se encuentra en la Comisión, sin que esta se pronuncie!
Entonces, señor Presidente, pido que en la próxima sesión de Sala se vote la iniciativa que dice relación a las violaciones de derechos humanos en China. Porque no se justifica que se siga postergando.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Señor Senador, se solicitará a la Comisión de Relaciones Exteriores el informe correspondiente.
El señor NARANJO.-
Insisto, señor Presidente: el proyecto de acuerdo tiene que votarse en la próxima sesión, porque lleva 45 días "requisado".
El señor COLOMA.-
¡El Senador señor Gazmuri sabe por qué¿!
El señor NARANJO.-
Ocurre que hace más de un mes que está sin despacharse.
En consecuencia, señor Presidente, reitero mi solicitud en el sentido de que se vote en la próxima sesión.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Señores Senadores, los Comités, en sesión de hoy, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1) Tratar, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto que crea cargos en la Dirección Regional del Servicio Electoral de la Región de Arica y Parinacota y dicta norma relativa a partidos políticos en nuevas Regiones, solicitando al señor Presidente que aplique estrictamente el Reglamento en lo relativo al uso de la palabra, y
2) Ampliar, hasta el 20 de junio, el plazo otorgado a la Comisión de Salud para despachar su primer informe respecto del proyecto sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad.
CREACIÓN DE CARGOS EN SERVICIO ELECTORAL DE ARICA Y PARINACOTA Y DICTACIÓN DE NORMA SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS EN NUEVAS REGIONES
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Conforme a lo convenido por los Comités, corresponde tratar, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea cargos en la Dirección Regional del Servicio Electoral de la Región de Arica y Parinacota y dicta norma relativa a partidos políticos en nuevas Regiones, con informe de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda, unidas, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (5867-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segunda trámite, sesión 21ª, en 14 de mayo de 2008.
Informe de Comisión:
Gobierno y Hacienda, unidas, sesión 22ª, en 20 de mayo de 2008.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Los objetivos principales de la iniciativa son establecer la Dirección Regional del Servicio Electoral en la Región de Arica y Parinacota y declarar, para los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, que aquellos legalmente constituidos en las Regiones de Tarapacá y de Los Lagos al 8 y 2 de octubre de 2007, respectivamente, se entenderá que lo hicieron de pleno Derecho en las nuevas Regiones de Arica y Parinacota y de Los Ríos, según corresponda.
Las Comisiones unidas aprobaron el proyecto tanto en general cuanto en particular, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señora Matthei y señores Bianchi, García, Núñez, Orpis, Pérez Varela y Sabag (con dos votos), en los mismos términos en que lo despachó la Cámara de Diputados.
El texto pertinente se transcribe en el informe de las Comisiones.
Cabe tener presente que los artículos 1º y 2º tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren el voto favorable de 21 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En la discusión general y particular, tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, voy a dar cuenta del informe de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda, unidas, respecto del proyecto de ley que crea la Dirección Regional del Servicio Electoral de la Región de Arica y Parinacota y establece norma sobre los partidos políticos en nuevas Regiones.
Con motivo de las próximas elecciones municipales de octubre de este año, se hace absolutamente necesario dictar normas que permitan el correcto funcionamiento de la institucionalidad electoral, para que aquellas se desarrollen de manera transparente y oportuna.
Del mismo modo, los partidos políticos en las nuevas Regiones deben tener existencia legal. Por dichos motivos, las Comisiones unidas han aprobado la propuesta del Ejecutivo contenida en la iniciativa que hoy conoce la Sala.
Cabe recordar que las materias enunciadas se consignan en un proyecto de ley que crea una nueva circunscripción senatorial en la Región de Arica y Parinacota, aprobado por la Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, y por la Comisión de Gobierno del Senado en el segundo. No obstante, dicha iniciativa se encuentra aún en nuestra Corporación, por lo cual los plazos para su aprobación podrían exceder al de inicio del proceso eleccionario de este año, considerando que debe ser sometida al control del Tribunal Constitucional.
De acuerdo a lo señalado, el Ejecutivo desglosó ese proyecto para cumplir los siguientes objetivos:
1) Dotar de personal al Servicio Electoral en la nueva Región de Arica y Parinacota, creando una Dirección Regional de dicho Servicio, y
2) Dictar una norma interpretativa de la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, con el fin de determinar de manera expresa que las instituciones partidarias constituidas legalmente en las Regiones de Tarapacá y de Los Lagos a la fecha de vigencia de las leyes que crearon las nuevas Regiones se entenderán legalmente constituidas, de pleno Derecho, en estas últimas. En cualquier caso, se les otorga un plazo de 200 días, contados desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, para acreditar que el número de afiliados en las nuevas Regiones es superior al 50 por ciento del total exigido para su formalización.
Señor Presidente, con la urgencia que revisten las normas de este proyecto y considerando la unanimidad en la votación de los señores Senadores miembros de las Comisiones unidas, llamo a la Sala a aprobarlo en general y en particular.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, se trata de corregir una omisión en que se incurrió cuando se crearon las dos nuevas Regiones en lo que se refiere a materias de carácter electoral.
En el caso de Arica y Parinacota, resulta necesario constituir el Servicio Electoral. Pero, además, de acuerdo a lo que señaló el Director de dicho Servicio, es menester una norma interpretativa, porque, al crearse la nueva Región, los partidos políticos se ven obligados a volver a inscribirse en ella. Y como eso no ha ocurrido, es preciso establecer que los que se hallaban vigentes antes de la creación de la Región lo están de pleno Derecho.
Hoy día se da la paradoja de que yo no solamente represento a dos Regiones, sino que en una de ellas soy independiente y en la otra, militante de la UDI.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si le pareciera a la Sala, se daría por aprobado.
El señor HORVATH.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, hay un problema: la fecha de inscripción de algunos partidos ya vigentes en esas Regiones no calza con las fechas que establece la iniciativa. En el caso de Arica y Parinacota, el 8 de octubre de 2007. El Partido Ecologista, por ejemplo, se inscribió en esa Región el 21 de enero del año en curso.
Entonces, por razones de mínima equidad; por lo avanzado del año en que estamos, e independientemente del pensamiento de los señores Senadores respecto de esa colectividad política, pido modificar por unanimidad esa fecha.
El señor LONGUEIRA.-
¡Ese Partido está vigente, señor Senador!
El señor LARRAÍN.-
¡Así es!
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Señor Senador, no estamos en condiciones de introducir modificaciones a estas alturas.
Si le parece a la Sala, se aprobará la iniciativa.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que emitieron pronunciamiento favorable 23 señores Senadores.
PRÓRROGA DE PERMANENCIA DE TROPAS CHILENAS EN HAITÍ
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En seguida, corresponde tratar el oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para prorrogar, por el plazo de un año, la permanencia de tropas y medios nacionales en Haití, con informe de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas, y con la urgencia establecida en el inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Constitución Política, que vence el 29 del mes en curso.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 1057-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 15ª, en 29 de abril de 2008.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores y Defensa, unidas, sesión 21ª, en 14 de mayo de 2008.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Señores Senadores, la señora Presidenta de la República expresa en su oficio que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con fecha 15 de octubre de 2007, resolvió prorrogar el mandato de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití hasta el 15 de octubre de 2008, con la intención de renovarlo nuevamente.
Destaca, asimismo, que la labor de nuestras tropas ha recibido altos niveles de reconocimiento. En consecuencia, considera indispensable continuar con dicha tarea, y para ello solicita al Senado autorización para prorrogar la permanencia del componente militar en dicho país, por el período de un año.
Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas, acordaron, por 7 votos a favor (Senadores señores Flores, Gazmuri -como miembro de ambas Comisiones-, Muñoz Barra, Pizarro y Romero -en su calidad miembro de ambas Comisiones-) y 2 abstenciones (Senadores señores Coloma y Larraín) aprobar la solicitud de Su Excelencia la Presidenta de la República, esto es, prorrogar por un año la permanencia de las tropas chilenas y de los medios correspondientes en Haití.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
A petición del Ministro de Defensa, señor Goñi, solicito autorización para que ingresen a la Sala el Subsecretario de Guerra, señor Gonzalo García, y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, General de Aviación señor Iván Fabry.
Si le parece¿
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente,¿
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
No hay acuerdo.
El señor NOVOA.-
¿Quién no da el acuerdo?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
El Senador señor Navarro.
El señor COLOMA.-
¿Por qué?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En discusión la solicitud.
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, me corresponde informar el debate habido en las Comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional sobre la petición de la Presidenta de la República para prorrogar por un año más la presencia de tropas chilenas en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití.
Ante todo, cabe hacer notar que esta es la décima ocasión en que el Senado discute este asunto. La primera vez lo hizo en la sesión de 2 de marzo de 2004, cuando nuestra Corporación aprobó la participación de Chile en la Fuerza Multinacional Provisional en Haití -propuesta por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas-, junto a otros tres países provenientes básicamente del mundo desarrollado.
Después de cierto incidente referente a atribuciones con el Presidente de la República de la época, el Senado autorizó la solicitud y hubo un despliegue muy rápido de nuestra participación en esa fuerza multinacional.
Con posterioridad, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, que sucedió a la Fuerza Multinacional Provisional, a fin de evitar una crisis social y humanitaria más profunda y de iniciar un proceso de apoyo de las Naciones Unidas a la reconstrucción democrática, económica y social de ese país.
Dicha Misión se ha ido prolongando en el tiempo y hoy nuevamente se ha solicitado prorrogar por un año la presencia de nuestras Fuerzas Armadas en Haití. Y, de acuerdo con nuestro ordenamiento constitucional, le corresponde al Senado dar la autorización.
El Gobierno hizo una extensa presentación en las Comisiones unidas acerca de las razones de política internacional que llevan al país a tener una presencia activa en las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas, particularmente en Haití; de las evaluaciones realizadas respecto de la Misión, y de las perspectivas a futuro.
Lo anterior generó una discusión bastante intensa en dos sesiones de las Comisiones unidas. Finalmente, la solicitud se aprobó por 7 votos a favor y 2 abstenciones. Estas últimas corresponden a dos señores Senadores quienes estimaron que todavía faltaban elementos de juicio como para formarse una opinión definitiva.
La presencia de Chile en las Misiones de Paz de las Naciones Unidas es consistente con una política exterior que prioriza el manejo multilateral de las crisis. Y, por lo tanto, privilegia nuestra presencia activa en la NU, como el órgano legítimo para garantizar estabilidad y paz y para intervenir, cuando sea necesario, en nombre de la comunidad internacional en países o regiones donde hay crisis que requieren ese tipo de participación.
Nuestro país, que exhibe una política exterior abierta, que tiene cierta dimensión estratégica internacional, que depende mucho del entorno mundial y regional de seguridad y de paz, debe contribuir también a los esfuerzos multilaterales.
Esa es la razón de fondo.
Por lo tanto, nuestra presencia en el marco de las Naciones Unidas en misiones de paz constituye un elemento muy central de nuestra política exterior, porque a Chile le interesa contribuir a la paz y a la estabilidad mundial.
En segundo término, parece evidente que esa contribución debería hacerse de manera preferente en nuestra área de inserción más natural desde los puntos de vista económico, político y cultural, como es América Latina. Por consiguiente, se ha priorizado, como política de cooperación al establecimiento de la seguridad y de la paz mundial, el área de América Latina. Esa presencia privilegiada es la que ha llevado al Gobierno a proceder en esos términos.
El tercer aspecto que se ha tenido muy en consideración respecto de las condiciones de nuestra permanencia en Haití es que la contribución a la estabilización de esa nación, desde el punto de vista de las fuerzas de paz, ha exhibido como elemento central un componente latinoamericano.
Más de 50 por ciento de las tropas desplegadas son latinoamericanas. El mando de la operación lo ejerce un alto oficial brasileño. Y también nos ha correspondido una participación muy directa en el alto mando de esas fuerzas.
Los contingentes desplegados allí mayoritariamente provienen de América Latina, principalmente de América del Sur: Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, etcétera. Por lo tanto, ese ha sido un espacio, no solo de colaboración política, sino también en el plano de la Defensa, que es muy importante para nuestro país.
Otro factor que ha formado parte del debate dice relación a si se han cumplido los objetivos que se plantearon con la referida Misión. ¿Cuáles son los actuales desafíos? Y siempre ha rondado la pregunta ¿hasta cuándo va a ser necesaria la presencia de fuerzas en Haití? ¿Por cuánto tiempo más se va a requerir la participación militar chilena en esa nación? Por lo tanto, la idea del plazo de la Misión es un asunto que ha estado en el centro de la discusión que hemos tenido en las Comisiones unidas.
En cuanto a la primera cuestión, hay un acuerdo bastante amplio en que, en general, la Misión ha sido exitosa, en la medida en que se ha logrado estabilizar la situación y detener enfrentamientos que podrían haber llevado incluso a un genocidio en ese país; en que se ha conseguido realizar elecciones -que, sin duda, han sido las más democráticas que Haití ha tenido en las últimas décadas- que han permitido establecer un Gobierno legítimo, un Parlamento elegido, autoridades municipales, es decir, un proceso lento pero sostenido de reconstrucción institucional.
Sobre este aspecto, a mi juicio, hay una opinión, si no unánime, por lo menos muy generalizada.
Subsiste también la idea bastante extendida -que en cierta medida comparte el Gobierno- en el sentido de que el esfuerzo de solidaridad y apoyo a la reconstrucción económica y social de Haití, en particular el de los mayores donantes, vale decir, el de los países desarrollados, ha estado muy por debajo de las necesidades y expectativas. Por consiguiente, hay una mirada crítica sobre esta dimensión.
Existe la opinión -Chile está preocupado de ello- de que, en general, la participación de los donantes mayores de la cooperación para el desarrollo económico y social en Haití ha estado por debajo de las expectativas.
Hay igualmente la idea de que todavía la situación haitiana no es de plena estabilidad, de que las instituciones de su Estado aún son relativamente débiles.
En las semanas precedentes hubo cierta crisis, producto de una movilización popular muy intensa debido básicamente al alza extraordinaria de los precios del arroz, que significó la caída del Primer Ministro. Pero está claro que hay una situación económica y social de fondo muy crítica, y a pesar de que existen algunos indicadores económicos favorables, los gravísimos problemas sociales del país todavía no son resueltos, obviamente.
Ello plantea el criterio de que, para garantizar la seguridad, será necesario la presencia de fuerzas internacionales.
Sobre este punto en general tampoco hay mayor discusión.
Naciones Unidas ha planteado la idea de que es indispensable desarrollar un programa de consolidación de la Misión en Haití para los próximos años, que ponga metas económicas y sociales, e indicadores para ir midiendo el desarrollo de los objetivos planteados.
Fue una materia ampliamente discutida en las Comisiones unidas, y llegamos a acuerdo con el Gobierno para que el Senado -veremos después los mecanismos- tenga una participación más activa en el debate sobre los contenidos y plazos del plan de consolidación.
Considero que este acuerdo es de mucha importancia.
Por último, debo agregar alguna información adicional que puede ser útil para la resolución de la Corporación respecto al asunto que nos convoca.
El primer punto tiene que ver con la magnitud de nuestra presencia militar y policial.
En lo militar, básicamente tenemos desplegados un batallón (Batallón Chile), compuesto por personal del Ejército y de la Armada, que tiene como función principal ser la fuerza de seguridad más importante de la segunda ciudad de Haití, que es Cabo Haitiano.
Es preciso señalar que, en general, esta fuerza ha tenido mucha consideración por parte de la Dirección de la MINUSTAH y que, también, en Cabo Haitiano en general las condiciones de seguridad son muy superiores a las de la capital.
También existe una Compañía de Ingenieros, cuya función fundamental es apoyar las obras de infraestructura en Haití. Tiene la particularidad de ser una compañía combinada chileno-ecuatoriana bajo el mando de nuestro país.
Pienso que es un buen ejemplo de cooperación a nivel militar con una nación particularmente amiga de Chile en todos los terrenos.
Y mantenemos, además, una escuadrilla de helicópteros, unidad compuesta por 52 personas de la Fuerza Aérea y de la Brigada Aérea del Ejército de Chile, que realiza tareas de apoyo muy importantes para el comando de la MINUSTAH en Puerto Príncipe y en todo el país.
Asimismo, tenemos presencia en lo policial, menos significativa desde el punto de vista numérico.
Hay desplegado un total de diecisiete efectivos policiales, 14 carabineros y 3 detectives, que básicamente desempeñan funciones de instrucción para adiestramiento en las distintas unidades de la policía haitiana. Es decir, no desempeñan tareas propiamente policiales.
Se han desarrollado programas de cooperación permanente de formación de policías haitianos en la Escuela de Oficiales de Carabineros de Chile.
Finalmente, hay un anexo con el informe financiero, una parte de del cual las Comisiones unidas y el Gobierno la declaramos como de carácter reservado y secreto, pero que se encuentra a disposición de los señores Senadores en la Secretaría de la Corporación.
Las cuentas son relativamente complejas. Sus Señorías lo podrán apreciar, ya que hay gastos en que incurre el país, pero que de todas maneras deben hacerse, como los sueldos y salarios del personal que concurre a la Misión. También se contempla el adicional que paga Naciones Unidas en estas misiones, lo que aporta al despliegue de nuestras fuerzas, tanto en materiales como en insumos, y que son reembolsos. Y como estos se efectúan una vez hecho el gasto, existe un complejo sistema de contabilidad donde el Gobierno chileno hace el gasto, pero luego le es reembolsado.
Entonces, para hacer cuentas globales, lo que el país gasta, sin reembolso, son aproximadamente entre 4 y medio y 5 millones de dólares al año.
Ahora, existe un debate sobre si eso es gasto o inversión. Porque, en efecto, ello tiene cierta utilidad. Son equipos que vuelven, entrenamientos que añaden calidad a nuestro contingente militar. Pero, cualquiera sea la discusión, ese esfuerzo le cuesta a Chile esa cantidad.
La segunda cuestión que considero importante aclarar es que estos gastos -como básicamente son de material- se financian con recursos provenientes de los fondos de la ley reservada del cobre, que solo pueden ser destinados a estos asuntos y menesteres. Por lo tanto, no cabe la duda, que alguna vez se planteó en estas discusiones, de cuánto el país está restando a otros programas para gastar en Haití. Ello prácticamente no es así. No es una opción.
Lo que se gasta en Haití -es dable discutir la magnitud, cuánto se puede o no reponer- no podría ser destinado sino a los mismos usos también de material bélico.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor GAZMURI.-
Estoy terminando, señor Presidente. Concédame un minuto más.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Pero ya se le otorgaron dos minutos, señor Senador.
Serían tres minutos más.
El señor BIANCHI.-
Le cedo un minuto de mi tiempo, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Bien. Su Señoría puede disponer de un minuto más para terminar su intervención.
Tiene la palabra.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, quiero agregar un último elemento que ha estado presente en todo el debate, que entiendo que no es el central, porque la fundamentación para estar en Haití tiene que ver básicamente con nuestra política exterior (es la discusión sustantiva que debe haber).
En general, creo que hay una muy alta opinión, tanto de Naciones Unidas como de nuestros socios, acerca de la calidad del desempeño de nuestras Fuerzas Armadas y fuerzas policiales. Me parece un elemento intangible de esta operación, pero que nuestro país debe considerar.
Y, segundo, las Fuerzas Armadas tienen también una opinión muy positiva del perfeccionamiento profesional que significan estas misiones.
Como digo, estos aspectos han estado presentes en todos los debates que hemos tenido sobre esta materia.
Termino utilizando menos de los tres minutos que me dio de exceso, los cuales agradezco, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, la lata intervención del señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra me permite precisar algunos puntos que fueron del interés de muchos de quienes en las Comisiones unidas participamos en un debate informado y trascendente respecto de las misiones de paz.
En primer término, quiero destacar que el Ejecutivo, anticipándose a la dictación de la nueva ley orgánica relativa a la participación de tropas chilenas en operaciones de paz, se acogió voluntariamente al procedimiento que se propone en el proyecto pertinente y sentó un precedente que me parece muy auspicioso y que agradezco, porque en definitiva nos permite volcar el espíritu con que actuamos sobre la materia: el de una política de Estado. Porque se trata de una política internacional que tiene una serie de condimentos que ya se han explicitado y publicitado.
En esta parte, debo manifestar que el marco de participación de Chile en Haití no se generó unilateralmente, sino producto de una concertación, de una coordinación política entre los países del cono sur de América Latina.
Eso es destacable y motiva que siempre debamos tener en consideración el punto de vista de que no nos encontramos frente a una decisión unilateral, sino a la manera de enfocar en el futuro las resoluciones sobre muchos problemas que dicen relación a este tipo de asuntos.
En segundo lugar, siento que nos hallamos en una etapa completamente distinta de la que se planteó en un comienzo, hace cuatro años. El inicio de la participación de tropas chilenas en Haití tuvo por objeto evitar una suerte de enfrentamiento al interior de esa nación y, como consecuencia, muertes y un eventual genocidio.
La siguiente etapa consistió en institucionalizar el proceso político de Haití a través de elecciones, las que se llevaron a cabo dentro de los términos relativos en que se podía efectuar una acción de esta índole.
Y en la fase final debe procederse ya con la visión acerca de un país que necesariamente ha de contar con una serie de recursos para tener verdaderas posibilidades de desarrollo.
En cuanto al último punto, creo esencial que nos enmarquemos particularmente en los problemas de seguridad interior en Haití y, por cierto, en lo relativo a la institucionalización de diversos elementos de que esa nación debiera disponer para su desenvolvimiento.
Por otra parte, me parece muy importante tener una mirada de alguna manera crítica respecto del plan de consolidación presentado por la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) -entendemos su espíritu, pero hemos de convenir en que sus parámetros son vagos y poco precisos- a fin de ordenar los objetivos centrales que deberíamos plantear.
En ese aspecto, invitamos al Ejecutivo, que es el encargado de conducir las relaciones exteriores, a asumir un rol mucho más activo en la materia y, dentro de él, a recibir también el aporte que pueda entregarle el Congreso Nacional.
Por lo demás, así se acordó en las Comisiones unidas: que haya una participación nuestra en el sentido de formular sugerencias sobre las medidas que se adopten y brindarles nuestro apoyo, incluso a través de los vínculos que tenemos con Comisiones de Relaciones Exteriores de otros países (desde luego, a mediados de junio habrá un encuentro con los miembros de nuestra homóloga del Senado brasileño para analizar esta clase de materias).
Es preciso resaltar que en esta ocasión los antecedentes entregados por el Gobierno acerca del cometido de nuestras tropas en Haití son bastante más completos que los anteriores y proporcionan una información más acabada.
Ahora, en las Comisiones unidas sugerimos implementar indicadores de eficiencia acerca de cada punto, con el propósito de mejorar nuestra participación en Haití o en cualquier otra misión de paz a la que Chile pudiera ser invitado.
De otro lado, hemos recogido con gran interés las declaraciones que hizo en Nueva York el señor Ministro de Defensa Nacional y las que formuló el señor Ministro de Relaciones Exteriores en las Comisiones unidas en el sentido de que las misiones de paz, por su naturaleza, no son indefinidas en el tiempo, sino limitadas, temporales. Es decir, tienen una fecha de inicio y otra de término.
Desde esa perspectiva, consideramos que, dentro del plan de consolidación de cuatro años que propone la MINUSTAH, debiéramos incluir algún elemento para establecer un parámetro de definición en cuanto al término de la Misión y, asimismo, para apelar a la solidaridad continental a los fines de que se produzca un reemplazo en el esfuerzo que llevan a cabo los nueve países que hoy participan en ella.
Al respecto, pienso que todos debemos colaborar -tanto el Ejecutivo como el Parlamento- para convencer a naciones que hasta ahora no han tenido la oportunidad de participar en la MINUSTAH de que efectúen un relevo a los efectos de que se materialice la solidaridad compartida a que nos referimos.
Con esos elementos, estimo del caso acoger la solicitud del Ejecutivo. Pero no debe ser una aprobación simple, en términos incondicionales. Al contrario, ella tiene que ser razonada, en cuanto a que dentro del plan de consolidación de la situación elaborado por la MINUSTAH se establezcan parámetros, definiciones y rasgos concretos acerca del término de la operación.
Del mismo modo, en esta etapa, que es distinta de las anteriores, resulta fundamental ver la posibilidad de realizar un aporte más eficiente y eficaz; por ejemplo, preparando oficiales o suboficiales de la Policía de Seguridad de Haití, como ocurre actualmente con no menos de 22 de sus efectivos en la Escuela de Carabineros, donde se les dictan cursos de perfeccionamiento y capacitación.
A nuestro juicio, ese es un hecho que visualiza lo que entendemos como una de las tareas que debe efectuar Chile.
También es trascendental respaldar a ciertos funcionarios, dentro de la institucionalidad del Estado haitiano, a fin de ir preparándolos para que en el futuro puedan autogobernarse, gobernarse a sí mismos. Porque yo y otros integrantes de las Comisiones unidas queremos que esta sea una misión de paz y no una operación que el día de mañana pueda ser denominada "misión de ocupación", porque al final este tipo de intervenciones cansa a los grupos de civiles a quienes se pretende beneficiar.
Termino manifestando que daré mi aprobación a la solicitud presidencial.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, al menos según mi registro, esta es la séptima vez que evaluamos la salida de tropas nacionales a Haití. Así consta en las actas que tuvimos a la vista los parlamentarios que asistimos a las sesiones de las Comisiones unidas.
Entonces, no es algo menor -además, es justo y necesario- que en cada ocasión hagamos un alto y una reflexión profunda respecto de lo que significa la salida de tropas al exterior. Porque por algo es solo el Senado el que otorga al Primer Mandatario -en este caso, a la Presidenta de la República- la autorización pertinente.
Se trata de algo excepcional. Porque el espíritu de la ley es que debe haber causas encuadradas en la Constitución y especialmente razonables como para validar la salvedad al criterio general de que las tropas chilenas deben permanecer dentro de nuestras fronteras.
Por eso, en cada caso hay que ser riguroso al examinar los motivos por los cuales se solicitan autorizaciones como la que nos ocupa esta tarde.
Mi primera reflexión tiene que ver precisamente con aquello, señor Presidente, pues resulta complejo entender que en siete ocasiones se hayan formulado siete argumentos distintos, o sea, siete principios excepcionales diferentes uno del otro.
La primera vez se sostuvo que la solicitud se formulaba para evitar un genocidio. Se trataba de una razón importante. Entonces, era entendible una excepción, para no repetir el ejemplo de Ruanda -se citó expresamente- en una nación de nuestro continente.
La primera prórroga, pedida en mayo de 2004, se planteó para generar condiciones de estabilidad y seguridad a fin de permitir a Haití iniciar un proceso político, siguiéndose por esa vía la lógica del deber cumplido.
La segunda prórroga, solicitada en mayo de 2005, tenía por objeto asegurar el desarrollo de las elecciones que habrían de verificarse entre octubre y diciembre de ese año.
Esa fue expresamente la argumentación.
Me parece menos relevante que evitar un genocidio o que dar inicio a un proceso político; pero, por último, uno puede validar la idea de garantizar la existencia de un proceso electoral.
La tercera prórroga, planteada en mayo de 2006, fue para mantener la estabilidad durante el período -y lo subrayo- inmediatamente posterior a las elecciones. Se dijo: "Aquí hay una argumentación adicional. Ya no se trata de un genocidio, ni de un proceso político, ni de una elección, sino de asegurar que no existan dificultades después de ella". Así se entendió, y se dio el apoyo necesario para cumplir tal finalidad.
La cuarta prórroga, solicitada en noviembre de 2006, se relacionaba con la culminación exitosa del proceso eleccionario, que se había iniciado hacía dieciocho meses pero que se entendería cumplido con las elecciones de diciembre de aquel año.
La quinta prórroga se planteó para consolidar los avances políticos y permitir el desarrollo de la capacidad administrativa y de gestión que tenía el Gobierno de Haití en ese entonces.
Y ahora nos encontramos con esta sexta solicitud de prórroga, es decir, con la séptima ocasión en que se nos formula un planteamiento sobre la materia, ahora en función de una lógica institucional de dicho país.
Y pongo énfasis al respecto, señor Presidente, porque opino que debemos hacer una reflexión sobre si las siete razones distintas que nos han dado son válidas por sí mismas para permitir la aplicación de la norma excepcional en comento.
En primer término, yo reconozco tener -así lo señalamos en las Comisiones unidas con el Senador señor Larraín-, no falta de juicio -al revés de lo que alguien planteó-, sino falta de antecedentes para formarme juicio, lo que es distinto. Porque, obviamente, uno debe entender si la razón aducida envuelve la suficiente excepcionalidad como para ameritar que las tropas chilenas salgan al exterior.
Y no me voy a referir, por esta vez, a la cuestión constitucional, pues entiendo que habrá una sesión especial,¿
El señor ROMERO.-
Se verá en Comisión.
El señor COLOMA.-
¿si los medios de comunicación no se molestan (porque algunos lo hacen cuando el Senado realiza sesiones o propuestas sobre determinadas materias), donde vamos a estudiar la naturaleza de las salidas de tropas o de las misiones de paz y lo que envuelve la seguridad nacional. Y esta es una cuestión no menor, pues algunos extienden -y pasa a ser paradójico- el concepto de "seguridad nacional" a un ámbito inasible, en circunstancias de que esta, por esencia, debe tener límites, pues de lo contrario deja de ser tal.
Entonces, señor Presidente, no me queda claro que estemos ante una razón de suficiente valía como para explicar o justificar la medida excepcional de salida de tropas chilenas al extranjero, más aún cuando, al menos desde mi perspectiva -y así lo explicité-, la situación actual de Haití no es mejor que la de hace un año o dos.
Estuve en República Dominicana -país al que le interesa que haya tropas en Haití-, donde me señalaron que existía un empeoramiento de la situación haitiana, lo que refleja en forma clara que, institucionalmente, los objetivos que se había fijado el mundo no se están cumpliendo. Y esto no es culpa nuestra; pero se trata de un hecho de la causa, en el sentido de que la situación no mejora (y entregaré un antecedente en tal sentido).
Entonces, ahí existe un primer punto.
Pero hay un segundo punto, que me parece mucho más significativo.
Quiero recordar -porque sé que todos han revisado de manera meticulosa lo que ha hecho el Senado- que en mayo de 2005 las Comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, a propósito de la segunda prórroga, dejaron constancia en esta Sala de "que la actual solicitud de autorización de la "prórroga de la permanencia de las tropas y los medios nacionales en Haití, por seis meses prorrogables por un nuevo período de seis meses", implica la intención de no renovar dicho mandato el 1º de junio del 2006, y, además, reemplazarlo por uno de cooperación económica y social.".
Esto lo dijimos nosotros, por una cuestión de sentido común, el año 2006 -estamos en 2008: "No puede haber una mantención permanente de las tropas en el extranjero".
No se trata de que uno se desentienda de Haití. Pero vayamos reemplazando dicho mandato por un programa de cooperación económica y social.
Tampoco se trata de minusvalorar la acción de las Fuerzas Armadas chilenas. Uno la reconoce. Y creo que todos nos hemos sentido orgullosos de aquellas porque han estado a la altura de las circunstancias. La duda -y eso es lo que quiero plantear una vez más aquí, en el Senado- estriba en determinar si a Chile le corresponde mantener una presencia armada en Haití, con los riesgos crecientes que ello supone, o si es hora de aplicar una estrategia de retorno de las tropas.
Es lo que con el Senador señor Larraín planteamos y volvemos a plantear a los Ministros aquí presentes: si existe una estrategia de salida o si Chile se quedará para siempre en Haití.
Si alguien me dice que esto último resulta inevitable, puede ser una tesis. Pero discutámoslo en su mérito.
Como vamos, señor Presidente, cada año se vuelve a reiterar algo que ya es casi una letanía y, con una mayoría más o menos amplia, se termina prorrogando, por distintas razones, la permanencia de tropas en Haití.
Por consiguiente, quiero que el Gobierno me explique qué significa el acuerdo a que se llegó en términos de reemplazar la permanencia de tropas en Haití por una misión de cooperación económica y social, lo cual, insisto, no significa abandonar a esa nación, sino cambiar el sentido de la colaboración, para no hacer de Haití un Estado fallido, como aparentemente podría estar sucediendo.
Ese punto es muy relevante, señor Presidente. Y por eso nos abstuvimos en las Comisiones unidas, a la espera de un planteamiento del Gobierno con relación al plan de salida de las tropas desde territorio haitiano y al cambio de su permanencia allí por un programa de cooperación.
Se trata de interrogantes que, lamentablemente, no han recibido una respuesta adecuada, desde nuestro punto de vista. Es factible que quienes hicieron el planteamiento respectivo consideren apropiada la medida en comento.
Hay un tercer argumento que también quiero poner sobre la mesa, con miras a lo que puede ocurrir en el futuro.
En el informe que nos enviaron los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional -es un buen informe; yo lo valoro- se establece por primera vez que ya empieza a haber en Haití, en su Parlamento, problemas con este tipo de intervención.
Hace pocos días -lo leí en el informe que acabo de mencionar- se presentó una moción de censura contra el Gobierno haitiano: 25 por ciento de los miembros del Parlamento la aprobaron. Ya un porcentaje como ese muestra una oposición importante.
Recuerden, señores Senadores -creo que estábamos en esta Sala casi los mismos que debemos resolver ahora sobre la materia-, que una de las preguntas que surgieron desde todos los sectores se relacionaba con la reacción del Parlamento haitiano a la presencia de tropas extranjeras en su territorio; y se expresó que el sentimiento de aprobación era unánime. Sin embargo, hoy día un 25 por ciento de aquel manifiesta una diferencia, una distancia.
Entonces, señor Presidente, no quiero que las tropas en comento terminen siendo de ocupación o de intervención. Eso nos haría mal a todos. Y pienso que podemos estar ante el riesgo de que ello suceda. Entonces, ya no serían tropas pedidas de forma unánime por un pueblo para salvarse del genocidio, para consolidar la democracia; ahora serían tropas que empiezan a revestir la característica de ser de ocupación, según el Parlamento de Haití. En lo que a mí respecta, no conozco el país. La cuestión integra aquello que obviamente influye dentro de dicha nación.
Por mi parte, quiero dejar de lado los temas constitucionales, por los motivos que he explicado. Insisto en que me asisten dudas respecto a la constitucionalidad del envío de efectivos, en virtud del artículo 101 de la Carta.
Pero existen tres aspectos que no son menores y que no podemos soslayar.
El primero es el relativo a las razones de la excepción.
El segundo se refiere a la estrategia de salida. Cuidemos de que no se registre la transformación en un reemplazo de otras fuerzas internacionales. Tengo la sensación adicional de que el mundo ha sido muy mezquino con Haití, porque algunos no han asumido sus responsabilidades de carácter económico o institucional. Estamos haciendo descansar en nuestras Fuerzas Armadas, de modo excluyente, una opción muy discutible en el tiempo. Además, esto es exactamente lo contrario de lo que planteamos hace dos años en el Senado, por unanimidad, respecto a la forma de avanzar en la materia.
Por último, creo que debemos velar especialmente por la integridad de nuestras Fuerzas Armadas y la naturaleza de su intervención, lo que merece respeto, de manera de que esto no se transforme el día de mañana en una carga pública que haya que explicar en el ámbito internacional.
Planteo estas interrogantes al Ejecutivo, cuyas respuestas me parecen de utilidad para el Senado.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Me parece conveniente abrir la votación.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, me gustaría oír antes al Gobierno, porque puede ser importante en el pronunciamiento¿
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Después de su brillante intervención, señor Senador, no cabe duda de que el Ejecutivo quedará motivado.
El señor COLOMA.- No se trata de que haya sido o no brillante, sino de que se formularon preguntas.
El señor NARANJO.-
Pero eso no es incompatible con la apertura de la votación.
El señor COLOMA.-
No queremos que ello se haga todavía.
El señor LARRAÍN.-
Que hable el Gobierno.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
La medida de poner en votación el asunto constituye una facultad de la Mesa.
El primero en usar de la palabra será el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Si el señor Ministro quiere intervenir antes, no tengo inconvenientes.
El señor GOÑI (Ministro de Defensa Nacional).-
Hágalo usted, señor Senador. No hay problema.
El señor ÁVILA.-
¡Que agradezca al final, no más¿!
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En votación.
--(Durante el fundamento de voto).
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, estimados colegas, desde hace varios años hemos estado discutiendo esta materia, efectivamente. Y también es verdad que somos casi los mismos Senadores.
He respaldado plenamente cada una de las peticiones del Ejecutivo sobre el particular. Y sigo manteniendo la tesis de que debemos permanecer en Haití, de acuerdo con la solicitud del Gobierno.
La primera vez se argumentó que se trataba de un cuasigenocidio y que la posibilidad de que los demás países pudieran colaborar -y el nuestro también- era absolutamente lógica. Ello, conforme a mi punto de vista respecto de la solidaridad internacional. Y esta última obligaba, en ese momento, a que realizáramos un esfuerzo especial -más aún cuando las propias Fuerzas Armadas consideraban que era algo ventajoso para ellas, también, en términos de preparación, de inserción en el mundo, como lo manifestó el Ministro de Relaciones Exteriores en aquel entonces-, dando cuenta de nuestra visión, concreta y clara, en cuanto a lo que debemos hacer en el ámbito mencionado, en términos de que ojalá, así como se produce cada día un aumento de la globalización comercial, igualmente pudiera darse cada vez más una globalización solidaria, específicamente en estos casos.
Tanto en la primera como en las siguientes oportunidades en que se debatió la cuestión mencioné que una de las reservas que se requería mantener era, específicamente, que la gente de Haití no nos considerara una fuerza de ocupación. Tal conclusión resulta razonable y lógica, como expresaba el Senador señor Coloma, puesto que ningún país acepta por mucho tiempo la presencia de fuerzas extranjeras, salvo en situaciones muy puntuales.
Al respecto, creo que efectivamente persiste la necesidad de nuestra presencia, si bien tal vez de una manera menos llamativa, menos ostensible.
He viajado a Haití en dos oportunidades. La primera fue después de la autorización original. Debo reconocer que difícilmente se puede encontrar otro país latinoamericano -quizá en África, donde no he estado, se puede dar una situación semejante- con esos niveles de subdesarrollo, de confusión y enfrentamiento políticos, de locura en la forma de relacionarse entre las personas, y, sobre todo, con un pasado político tan triste.
Recojo algunas de las observaciones formuladas.
A través de los años, he mantenido contacto con efectivos del Ejército que fueron destinados allá y con personas a las cuales conocí en aquel entonces, y no tengo la sensación real de que ese país haya pasado el período de violencia interna y de peligro de reapertura de la confusión existente hace seis años.
En cada momento, su afán. Pueden ser distintos los afanes en seis años, pero me encuentro absolutamente convencido de que se requieren por lo menos diez o quince años de presencia de una fuerza morigeradora, de desarrollo, de asistencia técnica. No me cabe ninguna duda de eso, porque, a pesar de todo lo que se ha avanzado, los mismos oficiales que se desempeñaron allá me han dado cuenta de que no ha sido lo suficiente como para poder decir que llegó el instante de retirarnos.
En esas condiciones, y también por razones éticas y de moral internacional, comparto la opinión de que el mundo ha sido mezquino. Así es. Y muy específicamente las grandes potencias, que, en definitiva, o han sido causal de lo ocurrido en Haití, o se han aprovechado política o económicamente de este.
Ese es un país devastado. El solo mirarlo desde el aire demuestra la situación en que se encuentra. Por lo tanto, en las condiciones actuales, más allá de lo que nos convenga -sin poner sobre la mesa las dificultades que pudieran tener las Fuerzas Armadas, que es otro tema- estimo bueno prolongar nuestra permanencia, porque no estamos ajeno a lo que pasa en el mundo.
Esa es la razón por la cual votaré favorablemente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente, hasta las estadísticas se tornan un tanto brumosas a estas alturas. El señor Ministro de Defensa me señalaba hace un momento que llevamos cuatro años en Haití, pero la acuciosa exégesis que acaba de efectuar el Senador señor Coloma indicó que esta es la séptima vez que enfrentamos un debate¿
El señor COLOMA.-
En un principio, las autorizaciones eran cada seis meses.
El señor ÁVILA.-
Me aclaran que hubo algunos años en que ello era doble.
El señor VÁSQUEZ.-
¿El debate?
El señor ÁVILA.-
Naturalmente.
Pero se ahonda un conjunto de preocupaciones.
Desde luego, el orden más elemental y la paz en Haití sobreviven con "respiración mecánica", la cual brindan fuerzas armadas de diferentes países, entre ellos Chile. La interrogante más obvia es qué pasará una vez que se retiren. La respuesta es que volverá el caos que se encontró al comienzo. La razón es muy sencilla: la intervención no apunta a las cuestiones de fondo que motivan la lamentable situación social, económica y política que se vive.
¿Qué habremos hecho, entonces, a lo largo de estos años? Sencillamente, sostener de manera artificial un proceso signado por la tragedia, por la miseria más espantosa, por la corrupción, por la fragilidad de todas las instituciones, por una falta de atención en todos los aspectos al pueblo haitiano.
En ese contexto, lo único que cabe esperar de una intervención armada es cautelar de modo mínimo un cierto y precario orden social, que se derrumbará en el instante mismo en que todos los efectivos deban retornar a sus respectivos países.
A mi parecer, el balance que se haga en su momento constituirá un rosario de frustraciones. No imagino qué elementos positivos, aparte de que un oficial habría adoptado una niñita y la habría traído a Chile, podamos exhibir como logro después de todo el esfuerzo que desplegamos como nación.
Las discusiones que año a año se llevan a cabo en esta Corporación me recuerdan la que los presidentes de Estados Unidos, en su minuto, deben efectuar ante el Senado para mantener el financiamiento de tropas en el exterior, cada vez más numerosas y con los destinos más diversos. Pero esa situación corresponde a una potencia que, ya sin pudor de ninguna naturaleza, asume que debe proteger sus intereses aun con la fuerza de sus armas.
No es el caso de Chile. Nosotros estamos colaborando, como nación periférica, en una tarea que es fruto de la falta de atención de los países desarrollados hacia todos aquellos que han sufrido las penurias de un mundo completamente injusto, en donde los territorios productores de mano de obra barata y con recursos naturales renovables ven explotadas todas sus riquezas, sin una compensación apropiada que redunde en su desarrollo efectivo.
Señor Presidente, no sé si puede darme la posibilidad de concluir.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
A Su Señoría ya se le otorgó un minuto adicional. Sin embargo, contará con otro más para redondear su idea.
El señor ÁVILA.-
Solo quiero decir que este es uno de los proyectos en que aprovecho de autolacerarme en honor a la Presidenta de la República.
Eso sí, no sé cuánto más resistirán mis sufridas espaldas.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, no voy a entrar a los términos del informe. Considero que el Senador señor Gazmuri fue demasiado explícito en ese aspecto.
Pero sí deseo hacer el intento, a partir de las intervenciones de algunos Honorables colegas -planteando los mismos asuntos y siguiendo iguales pasos de raciocinio-, de llegar a una conclusión distinta.
Una evaluación de lo hecho en estos años -tal como se dijo-, indica, primero, que evitamos una guerra civil, un genocidio, una matanza. El segundo objetivo era lograr la pacificación, alcanzar mínimos en seguridad interna; el tercero, generar un proceso, una vez estabilizado el país, de democratización e institucionalización básicas; el cuarto, avanzar en el establecimiento de fundamentos económicos y sociales que permitan a Haití tener la posibilidad de autosustentarse.
Ello lo realizamos obedeciendo la política nacional de privilegiar el multilateralismo -por eso, estábamos muy contentos de actuar dentro de la institucionalidad de las Naciones Unidas- y forma parte de los objetivos permanentes de Chile. Y no me parece que sea una cuestión menor, como se ha dicho. Al revés.
A partir de ahí, uno tiene que decir: "¿Cómo estamos en este momento en relación con nuestra primera decisión?". Evidentemente, la evaluación resulta muy distinta. Y creo que lo es en el sentido positivo.
El que hoy nos estemos planteando la urgencia de pacificar ese país y evitar matanzas significa que avanzamos. El que en la actualidad la demanda sea llevar adelante un plan de consolidación en los próximos tres años, para terminar un proceso con una nueva elección presidencial, con un nuevo Congreso, también significa que avanzamos, porque hace cuatro años lisa y llanamente era impensable en Haití llegar a la conclusión de que se podía concluir un período presidencial.
Estimo además que, en la medida en que se han ido cumpliendo esos objetivos, las preguntas que hay que hacerse son las relacionadas con el momento en que retiraremos las tropas y con la forma en que seguiremos actuando en ese país.
Desde el primer instante se dijo que la tarea no era fácil; que se trataba de una situación compleja, delicada. Las primeras dudas que abrigábamos respecto al desenvolvimiento de nuestras Fuerzas Armadas se disiparon. Ese aspecto no se halla en discusión. Más bien lo que debemos hacer ahora es rendir un homenaje a la seriedad y el profesionalismo con que han actuado.
Me parece injusto con los chilenos que han participado en estas misiones manifestar que no hemos sacado nada positivo, porque solo la experiencia para nuestras Fuerzas Armadas ya justificaba la intervención.
Creo, además, que estamos en el camino correcto. Pero, indudablemente, existen insuficiencias en la cooperación, tanto internacional -creo que en ello Chile ha hecho un esfuerzo, aunque insuficiente- como bilateral.
Algunos Honorables colegas han manifestado aquí que no hemos hecho nada; que no hemos sacado ni aportado nada positivo, salvo una adopción.
Estimo que eso representa una injusticia en cuanto al esfuerzo realizado en Haití, el cual dice relación, de partida, a la policía haitiana; al ámbito del apoyo a proyectos sobre la infancia, la educación preescolar. Y se está desplegando otro muy importante en lo relativo a fortalecer la ruralidad. ¿Por qué? Porque eso significa dar a sus habitantes la posibilidad de acceder a un tipo de producción que les permita autosustentarse. Además, creo que se ha efectuado un aporte en asuntos sanitarios y de salubridad.
¿Que este último es insuficiente? ¡Claro! Pero lo es tanto o más que lo que Chile realiza en materia de cooperación en el resto de América Latina, en la medida en que en este Congreso, cada vez que se discuten las partidas para ver cuánto aportaremos por ese concepto, nosotros mismos nos limitamos y no entregamos los recursos necesarios. De manera que también esto es preciso verlo con un sentido de las proporciones.
¿Cuándo, cómo y con quién nos retiramos? Estimo que ese es el problema más delicado de todos.
Sobre el particular, sentaría algunos criterios:
-No podemos irnos solos de Haití. Tenemos que hacerlo en conjunto y de acuerdo con los otros países con que hemos actuado.
-No podemos proceder a ello antes de que el proceso de consolidación esté total y absolutamente implementado.
Y creo, también, que se debe pensar seriamente en quiénes van a reemplazar a las fuerzas latinoamericanas que están actuando en dicho territorio. No da lo mismo que sean sustituidas por otras de las naciones que se encuentran colaborando ahora que lo sean por tropas de países que pueden dar una connotación distinta a la intervención.
Quería tratar varios temas más, señor Presidente, pero, como mi tiempo se agota, termino manifestando mi voto favorable a la petición del Ejecutivo.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Ha solicitado la palabra el señor Ministro, a quien le hago presente que queda un solo orador inscrito: el Senador señor Orpis. Así que el señor Canciller puede hablar de inmediato o, si lo prefiere, hacerlo a continuación de Su Señoría.
El señor FOXLEY (Ministro de Relaciones Exteriores).-
Lo haré después, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Entonces, tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, seré muy breve, para efectuar el siguiente planteamiento.
Básicamente, quiero señalar que, cuando se ha solicitado la autorización del Senado para prorrogar la estadía de tropas nacionales en Haití, siempre se nos ha dicho que allí existe una situación social explosiva, que estamos frente a un país completamente destruido desde el punto de vista social. Sin embargo, el debate, en general, se ha centrado en torno a la prórroga.
Todos tenemos grabada la imagen de cuando nuestra ex Ministra de Defensa visitó el lugar y se quebró por la pobreza que observó ahí. Eso nos impactó a todos.
En consecuencia, señor Presidente, al abordar esta materia uno debe hacerlo con una visión más complementaria y preguntarse: ¿Es suficiente con enviar tropas? Si queremos comprometernos verdaderamente con Haití, ¿no será necesario desarrollar una acción mucho más integral, sin colocar el énfasis tanto en lo militar, sino en la búsqueda de cooperación internacional, etcétera?
Si la situación allí ha llegado a un grado de deterioro extremo, lo que uno espera de Chile es un mayor compromiso de su parte, que no se limite al envío de personal de nuestras Fuerzas Armadas, sino que también ponga un fuerte acento en otros aspectos, en particular en el tema de la pobreza y en el ámbito social. Y eso, en general -repito-, ha estado ausente en el debate.
Creo que el énfasis, al final, no debe estar en lo militar. Evidentemente, la presencia de nuestras tropas ha de tener un límite. Lo único permanente que podría exhibir nuestro país en Haití va, precisamente, por el lado de lo social. Por eso, me gustaría que se profundizara más en ese plano en lugar de discutir la simple prórroga de la permanencia de tropas nacionales en la isla.
Como no se ha fijado ningún límite a la estadía de fuerzas militares chilenas ahí y tampoco se ha puesto acento en el otro aspecto, me voy a abstener, señor Presidente, por cuanto a estas alturas yo esperaría una visión más profunda, más complementaria, más equilibrada, de nuestra estadía, como país, en Haití, que mantuviera la permanencia de tropas, pero que, por sobre todo, incluyera nuestra colaboración en el ámbito social.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín, quien se inscribió para usar de ella durante la última intervención.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, también seré muy breve, pues la argumentación del Senador señor Coloma representa con claridad lo que muchos pensamos. Sin embargo, considero importante insistir en un punto que de alguna forma planteamos en las Comisiones unidas, pero que me parece necesario reforzar en la Sala.
Pienso que todos valoramos el significado de la presencia de Chile en Haití, por distintos conceptos: militar, de cooperación, de señal internacional, en fin. Hay razones para sentirnos satisfechos, orgullosos, etcétera -según la mirada de cada cual-, por la realización de dicha labor. Pero, con igual claridad y honestidad, debo señalar que no tenemos la misma tranquilidad respecto del rol que Chile cumplirá en Haití en el futuro.
Y pienso que nosotros ayudamos al Gobierno cuando le pedimos que nos diga cómo continuará nuestra presencia en ese país. Porque no es razonable que Chile se mantenga ahí en una forma que, al final, más parece fuerza de ocupación que una colaboración a la institucionalización y al desarrollo económico y social de aquella nación.
Me parece que aquí se halla el nervio de lo que estamos decidiendo, no solo en esta oportunidad, sino también en lo que pase de aquí en adelante con nuestra participación.
Lo hemos dicho una y otra vez: no queremos que Chile se constituya solo en una fuerza de ocupación o en una presencia estrictamente militar. Entendemos que es necesaria la existencia de fuerzas que garanticen y ayuden al orden mientras Haití no pueda hacerlo por sus propios medios. Pero no queremos que nuestro país se identifique únicamente con eso. Por el contrario, lo que puede hacer es aportar más experiencia al desarrollo económico y social de esa nación. Haití necesita no solo orden y seguridad nacional, sino también paz social.
Y en esta materia, que es de Estado, yo quisiera oír del Gobierno algún plan que dé tranquilidad de que en el corto plazo cambiaremos el giro de nuestra presencia en Haití, hoy esencialmente militar, por uno que, en lo fundamental, sea de contribución al desarrollo social de ese país.
Ya lo hemos pedido. Se dice que se comparte esa filosofía o idea, pero, por un motivo u otro, no se presenta un programa concreto que dé seguridad de que hacia allá nos encaminamos.
Lo planteé al fundamentar mi voto en las Comisiones, esperando que el Gobierno nos trajera aquí, a la Sala, un plan concreto y preciso, que indicara cómo lo va a hacer, cuáles serán las etapas, cuáles los compromisos que se podrán adquirir, cómo vamos a compartir esta participación con países que hoy se han marginado de tal determinación. Desgraciadamente, nada se ha presentado.
Y, mientras no haya claridad en ese sentido, considero que la mejor manera de ayudar a que Chile siga teniendo éxito en Haití es mantener una amigable presión hacia el Gobierno, a objeto de que formule un plan donde nuestra presencia militar se transforme en un programa de desarrollo económico y social para esa nación.
Me abstengo.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
No queda ningún otro orador inscrito.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor COLOMA.-
¿Y el señor Ministro no va a hablar?
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
No puede hacerlo hasta después de proclamada la votación.
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
El señor CANTERO.-
Quiero fundamentar mi voto, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Ya está cerrada la votación, Su Señoría.
--Se aprueba la solicitud de la Presidenta de la República para prorrogar por un año la permanencia de tropas nacionales en Haití (25 votos por la afirmativa, 2 por la negativa y 5 abstenciones).
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores Ávila, Bianchi, Escalona, Espina, Flores, García, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Letelier, Muñoz Aburto, Naranjo, Navarro, Núñez, Ominami, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
Votaron por la negativa los señores Cantero y Novoa.
Se abstuvieron los señores Chadwick, Coloma, Larraín, Orpis y Pérez Varela.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Canciller.
El señor FOXLEY (Ministro de Relaciones Exteriores).-
Señor Presidente, le agradezco mucho que me conceda el uso de la palabra, pero estoy un poco confundido respecto de la naturaleza de la intervención que debo hacer. La verdad es que yo había pensado fundamentar por qué el Gobierno presentó al Senado la solicitud, pero, como esta acaba de aprobarse, le pido que me indique si solo tengo que remitirme a agradecer la aprobación de los señores Senadores y dejar el análisis del tema de fondo para otra oportunidad.
El señor COLOMA.-
¿Por qué para otra oportunidad?
El señor FOXLEY (Ministro de Relaciones Exteriores).-
Si hay tiempo, puedo hacer un desarrollo del planteamiento del Gobierno. Si no, me limitaría a agradecer.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Dada la trascendencia de la materia, señor Ministro, creo que usted debería referirse a ella. No me corresponde a mí decidirlo, pero, como muy bien expresó el Senador señor Coloma, aquí hay un problema de fondo en el cual resulta conveniente que se fijen posiciones.
El señor FOXLEY (Ministro de Relaciones Exteriores).-
Lo haré con mucho gusto, señor Presidente.
En primer lugar, deseo manifestar que este es un tema donde hemos ido construyendo en el camino la forma de abordarlo, lo cual ha representado un avance desde el punto de vista de la colaboración, muy activa, entre el Ejecutivo y el Legislativo, en particular el Senado, que se tradujo en la elaboración conjunta de un proyecto de ley que establece los marcos de referencia para las misiones de paz. Dicha iniciativa ya fue sancionada por esta Corporación y está a punto de serlo por la Cámara de Diputados.
Quiero decir que la solicitud recién aprobada fue formulada exactamente dentro del espíritu y la letra de ese proyecto de ley, que esperamos que pronto se convierta en ley.
Menciono lo anterior para enfatizar que trabajando en conjunto se pueden abordar cada vez más adecuadamente los desafíos que plantea nuestra participación en el mundo internacional y en especial en misiones de paz.
Sería bastante extraño que una nación como Chile, que hace unos 20 años decidió globalizarse y abrirse al mundo, sobre todo en el plano económico-comercial, prestara oídos sordos al hecho de que, junto con la apertura de oportunidades comerciales o económicas, un país que quiere ser escuchado, respetado y valorado en el mundo internacional y, en particular, en el ámbito multilateral, también debe asumir algunas "responsabilidades", dirán algunos, "obligaciones", dirán otros.
Y nosotros pensamos que es responsabilidad de un país como Chile -pequeño, vulnerable, pero exitoso en lo económico- asumir la tarea de colaborar, cuando pueda, en la consolidación de la paz, principalmente en zonas que no nos son por completo indiferentes, porque forman parte de la región en la cual vivimos.
Cualquiera de nosotros que haya estado en Haití -muchos hemos ido- no solo se habrá sentido sobrecogido con lo que ahí se observa, sino que también habrá entendido que un país como Chile, con los valores y el tipo de democracia que posee, no puede desoír el llamado efectuado por las Naciones Unidas. Cuando su Consejo de Seguridad, su Secretario General, en reiteradas oportunidades, y, hace dos semanas, el señor Hannabi, representante de la máxima autoridad de la Organización en Haití, con su presencia explícita acá, nos señalan: "Para nosotros resulta fundamental su presencia en la isla; son un ejemplo; lo están haciendo extraordinariamente bien y los necesitamos", no sé con qué cara podríamos pararnos para decirles: "Muy interesante lo que ustedes nos expresan, pero, ¿saben?, nosotros nos vamos".
Creo que ahí hay una visión parcial, asimétrica, de lo que constituye la experiencia para cualquier nación pequeña que aceptó globalizarse y que, al hacerlo, asumió responsabilidades.
Pongo como ejemplo a los países escandinavos, que, no siendo grandes, tienen un rol activo en la generación de un mundo multilateral equilibrado y presencia en todas las misiones de paz.
Aquí se señaló que la permanencia de tropas nacionales en Haití se ha justificado de distintas maneras. ¡Por supuesto! Porque este es un proceso en evolución. Efectivamente, al comienzo se trataba de una situación que podía terminar en genocidio. Y precisamente por el rol positivo de las fuerzas de la MINUSTAH ha sido posible ir transitando desde un punto en que podrían haber ocurrido asesinatos colectivos para lado y lado hasta la realidad actual, en la que existe un Gobierno democráticamente elegido, en que el Congreso se encuentra debatiendo quién será el próximo Primer Ministro y en que hay un calendario de elecciones hasta el 2011, año en que se elegirá a un nuevo Presidente de la República.
Hoy, gracias a la colaboración de la comunidad internacional, Haití cuenta con cerca de 7 mil policías. Cuando se produjo el colapso del régimen anterior, solo disponía de un puñado de ellos.
Además, no estamos actuando a ciegas. El señor Hannabi nos informó de un plan de consolidación definido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de aquí al 2011, en el cual se establecen roles bastante específicos. Y nosotros le planteamos el concreto que Chile quiere cumplir, que no es cualquiera.
Estoy de acuerdo con lo expresado por algunos señores Senadores -me parece habérselo escuchado al Honorable señor Romero- en el sentido de que estamos hablando de una situación que no puede entenderse estática. Y, ante eso, debemos tener la capacidad de anticiparnos a la evolución del papel de Chile en este proceso.
La nueva etapa que estamos planteando, señores Senadores, no la inventamos nosotros, sino que resultó del diálogo fructífero, productivo, que hemos sostenido con los integrantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa. ¿En qué consiste? Nosotros les hemos preguntado por dónde creen, honestamente, que debemos orientarnos. Y creo que hemos llegado a cierto acuerdo, aunque no quiero hablar de unanimidad.
¿En qué? Primero, en cuanto a que tenemos que entrar en una nueva fase, en una nueva etapa. Esto no significa que nuestra presencia militar deba desaparecer de un día para otro, pero sí que hemos de señalarles a la MINUSTAH y al Consejo de Seguridad nuestra intención de ir evolucionando desde un apoyo en lo militar hasta una colaboración orientada a la formación policial. ¿Por qué? Porque obviamente, como decía el Senador señor Romero, el de la seguridad interna es el tema esencial, ya que el hecho de que haya policías bien entrenados es lo que hace diferente la vida cotidiana de los ciudadanos.
Este año tenemos 22 policías haitianos formándose en Chile. Y con los Senadores de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa se ha analizado la posibilidad de aumentar ese número a 50 el próximo, y después, probablemente a 100.
Sus Señorías me podrán decir que eso es muy insuficiente. Pero me gustaría que conversaran con algunos de los que se hallan estudiando acá -hace poco fuimos a la Escuela de Carabineros- para que se dieran cuenta de cómo ellos valoran lo que les está ocurriendo en su rol profesional y, por lo tanto, la capacidad que tendrán allá, de vuelta en su país, para entrenar y formar a muchos policías con la misión de resolver el problema de fondo de mediano y largo plazos.
Algunos se preguntarán por qué no retiramos nuestras tropas ahora. La razón es muy simple. Primero, hay que considerar el rol que están cumpliendo los militares.
Y en esto quiero hacer un matiz respecto de lo que se dijo anteriormente. Me gustaría que hicieran una encuesta entre los militares, los aviadores y los marinos que se encuentran allá y les consultaran si ellos se sienten como fuerzas de ocupación. Me gustaría que vieran cómo se mueven en la comunidad, en los barrios más pobres de Cabo Haitiano; la relación que tienen con la población; el aprecio, el cariño y el afecto que les prodiga la gente, y el papel que juegan, que va mucho más allá de una labor de seguridad militar. Nuestros uniformados prestan un apoyo social y actúan en una forma que busca acoger a la comunidad y validarse o legitimarse ante ella.
Sin embargo, estoy de acuerdo en que nuestra presencia militar no puede ser indefinida. Y lo que nosotros estamos planteando, recogiendo las observaciones formuladas por los señores Senadores en las Comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa, es que, efectivamente, haya cierta rotación.
Hemos propuesto acudir a las instancias pertinentes de las Naciones Unidas para señalarles, como ya lo hicimos con el señor Hannabi, que los países latinoamericanos presentes en Haití -actualmente, nueve- no deberían ser siempre los mismos. Y la ONU tiene que ayudarnos a persuadir a otras naciones para que nos vayan reemplazando en nuestro rol de fuerza militar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos concentrarnos en dos actividades principales.
Primero: la formación policial. Los haitianos tienen el más alto respeto por la calidad del entrenamiento que reciben en Chile por parte de Carabineros e Investigaciones.
Y segundo: ayudar en la implementación de un plan de desarrollo económico y social, que es lo que más necesitan.
El Presidente Preval le dijo en su momento al representante chileno: "No quiero que cualquier país me venga a ayudar a hacer mi plan de desarrollo. Yo tengo confianza en los países del ABC: Argentina, Brasil y Chile. Y les pido a ustedes que me ayuden en esto". Y lo hemos estado haciendo: hemos estado enviando gente, lo cual es una tarea extraordinariamente valorada, que no nos cuesta muy caro y que para ellos marca una diferencia enorme entre tener y no tener un plan de desarrollo.
Por otra parte, hemos querido hacer creíble el que nosotros de verdad deseamos dar un testimonio de apoyo, desde el punto de vista del Gobierno y de las organizaciones no gubernamentales, en favor del 70 por ciento de gente sin empleo y de quienes viven en la extrema pobreza en Haití. Y tenemos programas de desarrollo productivo para los sectores rurales más pobres; también, programas de cuidado infantil y de entrenamiento de educadoras de párvulos, para que las mujeres más pobres puedan salir a trabajar; y además brindamos apoyo institucional en materia de reforma de la justicia y en otros ámbitos.
Ahora bien, ¿estamos actuando como Quijotes, como un país raro que fue allá y no quiere salir sino quedarse en forma permanente como una fuerza militar en territorio ajeno? ¡No! Somos nueve las naciones latinoamericanas que estamos allá. Y esta presencia nos está haciendo posible coordinar y concordar acciones conjuntas con otros ocho países de la región. A nuestras Fuerzas Armadas -el Ministro señor Goñi podrá informarlo y detallarlo mejor- esta experiencia les permite intercambiar opiniones profesionales con las de otros países. Con Argentina ya tenemos una fuerza de paz integrada por un comando conjunto. Es decir, ello también demuestra que Chile quiere trabajar con otros pueblos de la región en tareas beneficiosas para la paz mundial.
¿Cuál es el beneficio para nuestra patria?
Nuestros amigos brasileros siempre nos dicen que el nuestro es un país muy pequeño, pero con un poder conceptual; que es respetado; que se le escucha, y que se le admira por su forma de actuar en el plano internacional. Eso constituye influencia, y esta significa beneficiar el interés nacional.
Por eso, resumiendo lo propuesto y aprobado hoy día, puedo decir que renovar por un año la permanencia de tropas chilenas, el paso gradual de apoyo militar a uno policial y el incremento de cooperación son elementos de una nueva fase o etapa.
En cuanto al último punto, hago presente a Sus Señorías que recién en Lima propusimos con la Unión Europea, como idea fundamental, realizar programas conjuntos de cooperación en países como Haití -con lo cual se va a multiplicar el esfuerzo y, también, los recursos- y trabajar en un plan gradual de retiro.
Deseo señalar algo muy importante. Como lo dijeron los Senadores señores Gazmuri y Romero, aquí estamos hablando de una política de Estado.
Por eso, considero extremadamente positivo -al menos para todos los que hemos estado involucrados en este ejercicio- el hecho de que, más allá de colores políticos y de las legítimas diferencias en muchísimos otros planos, hemos sabido reconocer en las misiones de paz una tarea de Estado y concordar mayoritariamente una posición común.
Sobre el particular, anuncio mi compromiso -y el señor Ministro de Defensa lo podrá corroborar- respecto del nuevo plan incluido en el respectivo proyecto de ley que está a punto de aprobarse en la Cámara de Diputados, en el sentido de que su espíritu y letra serán conversados, concordados e informados periódicamente a los señores Senadores, porque creemos que una política de Estado debe implementarse en forma conjunta por los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa Nacional.
El señor GOÑI (Ministro de Defensa Nacional).-
Señor Presidente, seré extraordinariamente breve, dado que el señor Ministro de Relaciones Exteriores fue muy claro y preciso, y argumentó en la misma dirección en que yo pensaba hacerlo.
En verdad, lo expuesto demuestra el trabajo conjunto que el Gobierno ha venido desarrollando con ambas Carteras.
La política internacional de Defensa es un instrumento de nuestra política exterior. Por lo tanto, lo que ha estado realizando nuestro Ministerio con la presencia de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en Haití corresponde a los lineamientos diseñados por el señor Canciller, discutidos largamente durante los debates en las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas.
Por otro lado, debo insistir en que, como ya señaló el señor Ministro de Relaciones Exteriores, durante este año y el próximo vamos a aumentar de manera notable nuestra labor en materia de formación de la policía de Haití. Como expresó el señor Foxley, para los propios haitianos no es lo mismo que tal instrucción la efectúe cualquier policía del mundo a que la realice Carabineros de Chile, lo que tiene una importancia particular para el desarrollo que están experimentando.
Es cierto que la situación que se vive en esa nación es compleja. No cabe duda de ello, así como tampoco de que, para todos los que han seguido en detalle la situación y evolución de ese pueblo durante estos años, no habría sido posible lograr avances tan considerables si no hubiesen estado presentes allí las fuerzas de la MINUSTAH.
Por lo tanto, agradezco al Senado el haber aprobado la autorización de permanencia de tropas en Haití por un año más; y señalo que lo dicho por el señor Canciller respecto de los próximos pasos por seguir será labor del Gobierno, la cual naturalmente realizaremos en el contexto del espíritu y de la letra de la nueva ley, que esperamos sea promulgada en el transcurso de los próximos meses.
MODIFICACIÓN DE LEY GENERAL DE URBANISMO Y
CONSTRUCCIONES EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN URBANA.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de planificación urbana, con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5719-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 82ª, en 15 de enero de 2008.
Informe de Comisión:
Vivienda y Urbanismo, sesión 19ª, en 13 de mayo de 2008.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho del proyecto, calificándola de "simple".
Sus objetivos principales son:
1) Incrementar la participación ciudadana en la formulación temprana de planes y en la toma de decisiones sobre el ordenamiento urbano;
2) Generar herramientas de diseño y gestión de las municipalidades para el espacio público, posibilitando la creación de sectores o lugares de calidad urbanística;
3) Facilitar los procesos de actualización y ajustes técnicos de la planificación del suelo urbano;
4) Incorporar mecanismos de compensación urbana y distribución equitativa de los derechos de construcción, y
5) Fortalecer las capacidades locales para la recuperación de barrios.
La Comisión de Vivienda y Urbanismo discutió la iniciativa solamente en general y dio su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Naranjo, Orpis y Sabag.
El texto propuesto se consigna en el informe.
Cabe tener presente que revisten carácter de normas orgánicas constitucionales los siguientes numerales del ARTÍCULO PRIMERO: número 4, en lo que concierne al artículo 28 bis, nuevo, y las letras b), c) y d) del artículo 28 bis A, nuevo; números 6), 7), 10), 11) y 15); número 17), respecto de los incisos quinto, octavo y noveno del artículo 55 bis B, nuevo; número 18), en cuanto al inciso tercero del artículo 55 bis D, nuevo; número 20), tocante al inciso final del artículo 56, nuevo; números 22) y 25); número 26), acerca del inciso segundo del artículo 61, y números 28), 35), 39) y 42). Tales disposiciones requieren para su aprobación el voto conforme de 21 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
La señora Ministra de Vivienda y Urbanismo me ha pedido recabar la autorización del Senado para que ingrese a la Sala la señora María José Luque, Jefa de Prensa de la citada Cartera, a objeto de facilitar el uso del PowerPoint.
--Se accede.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En discusión general el proyecto.
Debo hacer presente que el Honorable señor Naranjo, Presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, ha planteado la conveniencia de que primero intervenga la señora Ministra para entregar información acerca del proyecto y, después, se conceda la palabra a los señores Senadores que deseen participar en el debate.
¿Habría acuerdo en proceder de esa forma?
Acordado.
Sin embargo, como el Orden del Día termina a las 18:30, creo que solo habrá tiempo para escuchar a dicha Secretaria de Estado, quedando para la próxima sesión las intervenciones y el pronunciamiento sobre la iniciativa.
Tiene la palabra la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo.
La señora POBLETE (Ministra de Vivienda y Urbanismo).-
Señor Presidente, Honorables Senadores y Senadoras, me dirijo a Sus Señorías para solicitar el respaldo a la idea de legislar sobre una de las reformas más esperadas relativa a la Ley General de Urbanismo y Construcciones: la modernización de nuestro sistema de planificación urbana, o dicho de otra forma, la relativa a las capacidades de nuestras comunidades de ordenar y concertar el desarrollo de sus ciudades y barrios.
Es evidente para todos que, conforme hemos ido resolviendo las necesidades básicas de la población -como vivienda, acceso universal a redes sanitarias o equipamientos de salud y educación-, la demanda por mejorar la calidad de vida se ha vuelto creciente.
Y aunque satisfacer tal demanda depende de muchos factores y, en gran medida, del crecimiento económico del país, la construcción de mejores espacios públicos, viviendas, barrios o ciudades es gravitante para que esa calidad de vida se encuentre al alcance de todos.
Durante el actual Gobierno, con el apoyo del Congreso, hemos duplicado el gasto público en mejoramiento urbano, espacios públicos y vialidad.
Pero para tener mejores ciudades y barrios no basta con aumentar el gasto público, pues se requiere, además, una adecuada combinación de inversiones y regulaciones urbanas, si queremos facilitar y fomentar la construcción de ciudades más integradas, más sustentables y más competitivas.
Nos alegra mucho que, por primera vez en la historia de nuestro país, una reforma a la Ley General de Urbanismo y Construcciones se discuta en el Parlamento y, en particular, que este proceso se inicie hoy en la Sala del Senado, luego de que la Comisión de Vivienda y Urbanismo aprobara la idea de legislar.
El proyecto en debate ha recogido amplio consenso entre diversos sectores, desde el mundo universitario, profesional y empresarial hasta distintos actores municipales y regionales, quienes concurrieron especialmente invitados a exponer sus puntos de vista a la Comisión.
Entre ellos, el Colegio de Arquitectos; la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile; la Cámara Chilena de la Construcción; los arquitectos y Premios Nacionales de Arquitectura, señores Víctor Gubbins y Juan Sabbagh; la Fundación Defendamos la Ciudad; el Observatorio de Ciudades de la Universidad Católica; la Fundación Jaime Guzmán, que presentó excusas por no concurrir e hizo llegar su opinión; el Instituto Libertad y Desarrollo, y la Red Ciudadana por Ñuñoa, que fue la única que cuestionó la iniciativa y solicitó apoyo financiero para redactar un proyecto de ley desde las organizaciones ciudadanas.
Tener normas urbanas que faciliten las convergencias es clave para construir mejores ciudades.
Porque las ciudades son un hecho colectivo donde participan muchos actores públicos y privados, las comunidades y las personas en sus diarias decisiones.
Estoy muy optimista, porque el proyecto constituye el inicio de una reforma fundamental de nuestras ciudades que marcará el futuro de Chile, el cual se construye sobre la experiencia del pasado, pero enraizada en el Chile del siglo XXI.
Para iniciar esta exposición pondré esta reforma de ley en el contexto de los cambios que las ciudades se hallan experimentando y en el de las políticas urbanas que estamos impulsando.
Conocer este nuevo contexto urbano, más dinámico y transformador, nos permite plantear respuestas de corto y largo plazo para desconocidos escenarios. Entre ellas, la actualización del marco legal.
Las dinámicas urbanas que enfrentamos hoy son completamente distintas a las de hace 30 años, cuando se realizó la última actualización de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
En un esfuerzo de síntesis, podríamos caracterizar el nuevo contexto urbano en seis puntos.
1. Nos enfrentamos a un sostenido aumento de la población urbana. En la última década, esta ha crecido en 17,5 por ciento, y los hogares en 29,6. Hoy, de cada 10 chilenos, 9 viven en ciudades.
2. Tenemos una creciente demanda por mayor descentralización político-administrativa en la gestión urbana, poniendo a los municipios al centro de la agenda urbana.
3. El desarrollo económico nacional se ha traducido en un crecimiento sostenido de la construcción inmobiliaria que en pocos años ha transformado barrios y ciudades. Hoy se construyen en Chile 127 por ciento más de metros cuadrados por año que en 1990.
4. Hemos visto un explosivo aumento en las demandas de las personas por mayores derechos, participación y transparencia en las decisiones que afectan a sus barrios.
5. También observamos con preocupación la segregación territorial de los más vulnerables, el deterioro urbano de aquellas zonas donde se localizan y la desigualdad en el acceso a bienes urbanos públicos.
6. Finalmente, debemos reconocer que aunque nuestras ciudades han mejorado, las tensiones por proyectos o decisiones de planificación urbana han aumentado.
Lo anterior es una muestra del mayor interés de las personas por sus ciudades y barrios, pero, también, una señal de las debilidades del sistema para resolver mejor esos conflictos en el tiempo.
Las ciudades chilenas están cambiando con gran dinamismo y no pueden esperar más.
Todo indica que estas tendencias se mantendrán e incrementarán en las próximas décadas.
El Estado y las leyes deberán responder con eficiencia a las demandas de, al menos, 3 millones de nuevos habitantes urbanos en los próximos 20 años; a las ciudades de Regiones que seguirán creciendo mucho más que Santiago, y a un sostenido aumento en la construcción urbana.
La pregunta que surge de inmediato es:
¿Cómo responder a este nuevo contexto para que estas tendencias se traduzcan en mayor calidad de vida?
Como ya señalé, primero, avanzando en el fortalecimiento de los programas de inversión pública en obras de mejoramiento urbano y, también, en la reforma del marco regulatorio.
Somos un país con altos estándares urbanos básicos. Por eso, hoy podemos plantearnos metas más ambiciosas, pues hemos resuelto en forma exitosa y con logros inéditos en América Latina problemas como el déficit habitacional y la cobertura de servicios básicos.
Por lo mismo, es evidente que, hoy día, las nuevas políticas urbanas deben responder a aspectos más cualitativos del desarrollo, entregando mayor calidad urbana, permitiendo más participación y equidad en el desarrollo de los barrios y en el acceso igualitario a bienes públicos.
Hemos pasado de resolver las demandas de cantidad, a atender las de calidad. Necesitamos un nuevo marco legal -un nuevo trato urbano- que responda a las exigencias de las ciudades del siglo XXI.
En ese contexto, tenemos un nuevo trato urbano, y el proyecto se inscribe en un esfuerzo más amplio, que hemos denominado "Agenda de Ciudades".
Ella resume nuestros compromisos para los cuatro años de Gobierno, los cuales se agrupan en cuatro grandes líneas de acción:
1. Reforma a la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de planificación de nuestras ciudades.
2. Planificación urbana integrada, con una fuerte inversión en Planes Reguladores en todas las ciudades y Planes de Inversión Pública por ciudades, mediante amplios convenios de programación regional.
3. Aumento significativo de la inversión en obras de mejoramiento urbano, lo cual ha implicado duplicar el gasto público en vialidad, espacios públicos y pavimentación de barrios.
4. Finalmente, hemos puesto un énfasis especial en la regeneración de la ciudad mediante programas de recuperación de barrios, tanto vulnerables como deteriorados, a través de nuevos subsidios de mejoramiento urbano y el Programa Quiero Mi Barrio, tan apreciado por el Ministerio que encabezo.
En ese marco se inscribe la reforma a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la cual abordaré en sus ideas matrices.
Quiero partir subrayando el hecho histórico de que esta ley no ha sido mayormente actualizada en materia de planificación urbana desde su dictación hace más de 30 años, y que por primera vez se discutirá en el Congreso.
Todas las leyes anteriores sobre urbanismo y construcción fueron decretos con fuerza de ley. La primera Ley de Construcción y Urbanismo fue dictada en 1931 y, la segunda, todavía vigente, en 1976.
Por tanto, no estamos partiendo de cero, pues la normativa legal vigente, que cumplió 32 años, ha significado importantes aportes a la construcción de nuestras ciudades.
Ella ha permitido mantener una larga tradición de planificación urbana que ha trascendido los Gobiernos. Y si bien nuestras ciudades tienen aún mucho que mejorar, las reglas del juego han hecho posible la existencia de ciudades ordenadas y planificadas, con cientos de planes reguladores vigentes.
El proyecto en estudio mantiene lo bueno de nuestras tradiciones en la materia, conservando, entre otras, las facultades de establecer usos de suelo, facilitando la coordinación e integración de actividades; de regular las edificaciones y subdivisiones de terrenos, dando mayor armonía al desarrollo urbano; de definir zonas protegidas o sujetas a expropiación para vialidad o áreas verdes, y de coordinar la planificación comunal con planes intercomunales que den orden a las áreas metropolitanas, facultad ampliamente valorada en muchos países desarrollados que no cuentan con esta herramienta.
A partir de esas facultades y prácticas hemos definido lo que queremos mejorar.
La iniciativa busca complementar la actual ley con nuevos instrumentos y capacidades, resolviendo un conjunto de deficiencias.
Las reformas introducidas a la ley no establecen un marco rígido que indique a cada municipio o gobierno regional cómo deben ser sus ciudades o cómo tienen que planificar su comuna o Región. Por el contrario, los empoderan, entregándoles un amplio abanico de mecanismos y posibilidades de planificación para que se adapten a la realidad urbana local y regional, fomentando la diversidad urbana y la concertación de esfuerzos.
De ahí que el proyecto de ley apunta a cinco objetivos fundamentales:
1. Mejorar la participación ciudadana y la concertación entre los sectores público y privado y la comunidad.
2. Acoger la diversidad de ciudades y barrios, con mecanismos que se adapten a cada caso y localidad.
3. Fortalecer las capacidades locales para responder a tiempo a las transformaciones urbanas, con instrumentos ágiles que hagan posible gestionar el desarrollo y la recuperación urbana.
4. Compartir los beneficios del desarrollo urbano mediante compensaciones urbanas que permitan una mejor inserción de los proyectos inmobiliarios en los barrios y zonas.
5. Y, por último, dar mayor certidumbre tanto a la comunidad como a las inversiones urbanas con normas no discrecionales, con mecanismos facilitadores de acuerdos, y con disposiciones menos discrecionales y de mayor transparencia.
Contenidos del proyecto de ley.
Los objetivos que se han traducido en este conjunto de modificaciones e innovaciones que se incorporan a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, los podemos resumir en seis materias fundamentales: participación ciudadana; planes menores; condicionamientos al desarrollo urbano; recuperación de inmuebles y áreas protegidas; recuperación de barrios, y ordenamiento de la construcción en áreas rurales.
Estas materias o prioridades recogen temas largamente estudiados, y también surgen, en gran medida, de los planteamientos formulados por muchos municipios y organismos, a raíz de las limitaciones de la actual legislación para enfrentar nuevos problemas o tendencias urbanas.
En materia de participación, las mayores dificultades no radican en la ausencia total de participación, porque desde el año 2001 existen formas de consulta en la ley. El problema es que la participación se realiza en las etapas finales de la aprobación de un plan, lo que hace altamente conflictiva su aprobación o modificación. Se trata de una historia conocida por todos.
La iniciativa plantea aumentar y adelantar la participación a la etapa de elaboración de las propuestas.
Queremos que los vecinos participen en la construcción del plan regulador de su comuna desde su formulación. Esto es ventajoso para todos, porque facilita los acuerdos, crea propuestas de mayor calidad y agiliza los procesos.
No obstante que la aprobación final de un plan seguirá recayendo en las autoridades elegidas, el proyecto de ley crea un nuevo mecanismo denominado "Esquema Director". Este deberá ser resultado de los consensos, y fijará en forma simple las líneas generales para el ordenamiento de la comuna o ciudad sobre las cuales se construirán las normas técnicas de planificación.
Una segunda materia se refiere a facilitar planes menores.
Para facilitar la actuación de los planes reguladores y permitir un ordenamiento más cuidadoso de barrios y zonas al interior de comunas o ciudades, se incorporan los planes menores y procedimientos expeditos para hacer correcciones. Es el caso de los Planos Seccionales, Planos de Detalle y Enmiendas.
Hoy la realidad es verdaderamente kafkiana. Para hacer un cambio o ajuste en una manzana se requieren los mismos estudios y plazos que para elaborar un plan regulador completo. Por eso, la gran mayoría de los municipios observa como sus planes se desactualizan con los años, porque no cuentan con las herramientas para mantenerlos vigentes.
Los Planos Seccionales permitirán actualizar parte de un plan regulador, mediante procesos de participación y aprobación más expeditos, bajo la condición de que no se modifiquen los acuerdos generales tomados por la comunidad en el Esquema Director.
Los Planos de Detalle permitirán fijar con exactitud los límites y dimensiones de los espacios públicos y zonas.
En materia de desarrollo urbano condicionado, la resolución de muchos conflictos entre vecinos y proyectos, o la necesidad de potenciar el efecto positivo de la inversión privada en una zona no serán tales si el desarrollo inmobiliario no va acompañado de un mejoramiento real del entorno o de las condiciones del barrio o ciudad.
El proyecto propone que el plan regulador pueda determinar, al interior de las áreas urbanas, mayores niveles de construcción a cambio de obligaciones explícitamente establecidas para el mejoramiento urbano del sector.
Quiero hacer una aclaración en este punto.
Aunque hemos usado un nombre similar al de las Zonas de Desarrollo Urbano Condicionado (ZODUC) de Santiago, el mecanismo que plantea el proyecto de ley es distinto, ya que no se aplica en las áreas rurales, sino solo en las urbanas, y sus normas serán fijadas en los planes reguladores haciéndolas participativas.
Dicho mecanismo podrá ser usado en los centros de ciudades, para fijar aportes de espacio público o equipamiento contra bonificaciones de altura o densidad en edificios. También podría ser utilizado por sectores residenciales que deseen que los nuevos proyectos aporten en equipamiento y áreas verdes. O facilitaría el establecimiento de compensaciones de vialidad, parques o porcentajes de vivienda social, a cambio de permitir construcciones en zonas de extensión urbana fijadas por los planes reguladores.
También queremos incorporar instrumentos normativos que ayuden a la recuperación urbana.
Otra innovación del proyecto de ley es la incorporación de mecanismos de intercambio de derechos de construcción vinculados a áreas protegidas o gravadas.
No obstante que la protección o gravamen de ciertas zonas puede justificarse en la preservación de un área verde o un inmueble de valor histórico, debemos reconocer que sus efectos no siempre son los deseados.
Aunque la comunidad en su conjunto se beneficia con la protección de su entorno, los propietarios de los inmuebles gravados son perjudicados en el uso de sus propiedades, lo que -contrariamente a lo que se pretende- crea enormes desincentivos para la mantención y recuperación de esas edificaciones o zonas.
Un sistema justo de desarrollo urbano debiera permitir a todos los propietarios beneficiarse igualmente del desarrollo de sus barrios, o compensar a los más perjudicados.
Siguiendo dicho principio, proponemos incorporar a nuestra legislación un mecanismo que posibilite asignar derechos transables de construcción a los inmuebles o zonas protegidas en los planes reguladores. Con ello se incentivará a otros propietarios para que compensen a quienes sean gravados, mediante la compra de sus derechos a fin de usarlos en zonas disponibles para el desarrollo urbano. A cambio, los propietarios gravados estarán obligados a mejorar y a mantener el respectivo inmueble.
En esta misma línea, queremos fortalecer la recuperación de barrios degradados.
Como Gobierno hemos puesto especial énfasis en la recuperación de barrios; y sabemos que, con el objeto de dar continuidad a estas políticas, debemos fortalecer las capacidades municipales para intervenir.
El proyecto de ley propone que los municipios dispongan de una facultad que hoy solo poseen los SERVIU, que les permita expropiar sectores o barrios, a través de declararlos de utilidad pública, cuando se encuentren en condiciones de deterioro. Actualmente, las municipalidades solo pueden hacerlo respecto de áreas verdes o vialidad.
Un mecanismo de este tipo complementará los programas que posibilitan la acción del Estado para el mejoramiento integral de una zona deteriorada. En la zona declarada de utilidad pública se podrán adquirir inmuebles, y ejecutar o contratar la ejecución de obras de urbanización y equipamiento.
Áreas rurales
Por último, junto con ampliar los mecanismos de planificación y gestión urbana, estamos conscientes de que la relación entre la ciudad y los territorios donde se emplazan es un tema vital. Por ello, con la Subsecretaría de Desarrollo Regional hemos concordado incorporar en la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional un instrumento de ordenamiento territorial que permita una mejor coordinación entre las ciudades y el desarrollo territorial.
Desde la perspectiva de la regulación de la construcción, se requiere facilitar y racionalizar las normas aplicables a las construcciones fuera de los límites urbanos. Aunque hoy existen normas que regulan la construcción en el ámbito rural, estas son altamente discrecionales y débiles, lo cual afecta las reales capacidades de proteger zonas rurales, o bien, de crear certidumbre respecto a la construcción de usos complementarios en esas zonas.
Para ello, se deben corregir y derogar las facultades que hoy permiten construir y lotear al margen de la participación y la planificación. Me refiero, en particular, a los efectos urbanos del decreto de ley N° 3.516, sobre División de Predios Rústicos, comúnmente conocidos como "parcelas de agrado", y a las facultades discrecionales de los Seremis de Agricultura y de Vivienda y Urbanismo, en orden a aprobar o rechazar cambios de uso de suelo, conjuntos de viviendas o de edificaciones industriales en áreas rurales.
En esta línea, el proyecto propone:
Reemplazar el decreto ley N° 3.516, sobre División de Predios Rústicos (5.000 metros cuadrados), a los efectos de elevar el mínimo a dos hectáreas, a fin de desincentivar los loteos agrícolas con fines residenciales, y para ello se instituyen excepciones explícitas, eximiendo de este mínimo a proyectos comunitarios, infraestructuras y viviendas campesinas y usos agrícolas.
Establecer un artículo 56, nuevo, en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, a fin de reemplazar la facultad discrecional de aprobar o rechazar construcciones y conjuntos de viviendas en el área rural por una enumeración explícita de las edificaciones permitidas, siempre en el ámbito rural, tales como la vivienda del propietario, las de equipamiento, las de turismo, las instalaciones complementarias de las actividades productivas rurales (minera, agrícola, forestal, etcétera).
Estas son las ideas matrices del proyecto de ley en discusión.
Estamos seguros de la necesidad y de la urgencia de iniciar esta discusión al interior del Congreso. Y para ello, deseamos contar con el respaldo a la idea de legislar.
Esta iniciativa ha recogido amplios consensos entre diversos sectores, como relaté al inicio de mi intervención. Su tramitación exitosa significaría un acontecimiento histórico, ya que en dos oportunidades anteriores (1999 y 2004) no se aprobó la idea de legislar, dada la enorme dispersión de opiniones frente a la materia.
Los consensos alcanzados hoy se fundan en la convicción de que las ciudades son el motor del desarrollo nacional, y de que serán mejores si existen amplios acuerdos y formas de participación y concertación de proyectos.
Por lo anterior, un marco regulatorio moderno se vuelve clave para el desarrollo futuro: es el momento de hacer un nuevo trato para las ciudades.
Sin embargo, la iniciativa no representa una verdad absoluta. Y estamos abiertos a enriquecerla y perfeccionarla con el apoyo de las indicaciones de los señores parlamentarios.
Es cuanto puedo exponer.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Hago presente a la Sala que ha llegado la hora de término del Orden del Día, por lo que deberemos dejar el debate en este punto.
--Queda pendiente la discusión general del proyecto hasta la próxima sesión ordinaria.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, respecto de la iniciativa cuya discusión acaba de quedar pendiente, la que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, ¿hay una lista de inscritos?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Algunos señores Senadores ya pidieron la palabra, pero seguiremos inscribiendo en la próxima sesión ordinaria.
El señor CANTERO.-
Muy bien.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Hasta ahora están anotados los Honorables señores Naranjo, Horvath y Ávila.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Al parecer todos los presentes están interesados en intervenir. Sin perjuicio de ampliar la inscripción cuando se discuta el proyecto, quedan anotados también los Senadores señores Navarro, Cantero, Ruiz-Esquide, Vásquez, Alvear, Sabag y Ominami.
Tiene la palabra el señor Secretario.
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El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Señores Senadores, han llegado a la Mesa tres proyectos de acuerdo.
El primero, suscrito por los Senadores señores Allamand, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Flores, Larraín, Núñez, Ominami, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Sabag, Vásquez y Zaldívar, tiene por objeto solicitar que el Senado manifieste su pesar y solidaridad por las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por el terremoto en la República Popular China.
Asimismo, han llegado a la Mesa, conforme ha sido resuelto por los Comités, los siguientes proyectos de acuerdo de la Comisión de Relaciones Exteriores:
1.-
Proyecto de acuerdo del Senador señor Naranjo, mediante el cual se condena la represión ejercida por la República Popular China en contra del pueblo tibetano y se solicita a Su Excelencia la Presidenta de la República que impulse ante la Organización de las Naciones Unidas acciones que permitan alcanzar una solución pacífica al conflicto que afecta al Tíbet. (boletín N° S 1048-12).
2.-
Proyecto de acuerdo de los Senadores señores Horvath y Prokurica, con el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República y al Ministro de Relaciones Exteriores hacer presente, en los foros internacionales, la preocupación de Chile por el respeto de los derechos humanos de las personas en el Tíbet y por la libertad religiosa de los pueblos. (boletín N° S 1061-12).
--Quedan para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Así damos cumplimiento a la solicitud planteada por el Honorable señor Naranjo.
Terminado el Orden del Día.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor ALLAMAND:
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, para requerir ANTECEDENTES ADICIONALES RESPECTO DE MULTAS A CONCESIONARIOS DE VÍAS Y ADMINISTRADOR FINANCIERO DE TRANSANTIAGO, y al señor Director de Vialidad de la Décima Región, para solicitar PAVIMENTACIÓN DE CAMINO HACIA CAIPULLI, RUTA U-500 OSORNO RÍO NEGRO.
Del señor BIANCHI:
Al señor Director General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, a fin de que instruya IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE OBSERVACIÓN DE AMBIENTE LITORAL EN COMUNA DE PUNTA ARENAS.
Del señor ESPINA:
A los señores Contralor General de la República y Ministro del Interior y señora Ministra de Educación, para pedir INVESTIGACIÓN DE DENUNCIA DE SEÑORA NELLY CÁRCAMO VARGAS, VICEPRESIDENTA ONG UNEXPP CHILE.
A la señora Ministra de Salud, requiriéndole INVESTIGACIÓN URGENTE SOBRE DECESO DE MADRE DE SEÑOR MANUEL PARRA RUBILAR POR CONTAMINACIÓN EN UTI DE HOSPITAL DE TEMUCO.
Y al señor Secretario Ministerial de Agricultura de la Novena Región, solicitándole PRONTA ENTREGA DE CONCENTRADO, VACUNAS Y FORRAJE A SECTORES DE COMUNAS DE TRAIGUÉN, VICTORIA, MELIPEUCO Y LAUTARO.
Del señor HORVATH:
Al señor Contralor General de la República, pidiéndole REVISIÓN DE CONTRATOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS PARA PRONTO INICIO DE TRABAJOS VINCULADOS A TRANSPORTES CARRETERO Y MARÍTIMO EN UNDÉCIMA REGIÓN.
A la señora Ministra de Agricultura, solicitándole informar sobre PROYECTO "CATASTRO DE RECURSOS DE ALERCE VIVO Y MUERTO".
A la señora Ministra de Bienes Nacionales, requiriéndole antecedentes acerca de SOLICITUDES DE POBLADORES DE CERRO CASTILLO, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, RELATIVAS A TERRENOS PARA VERANADAS.
Al señor Director General de Aguas, pidiéndole informar respecto de PROCEDIMIENTO PARA LIBERACIÓN DE DERECHOS DE AGUA, y de CAUDAL DE RESERVA EN CERRO CASTILLO, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ (ambos de Undécima Región).
Al señor Superintendente de Electricidad y Combustibles, demandándole PRONTA SOLUCIÓN A SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOCALIDADES DE REGIONES DE LOS LAGOS Y DE AISÉN.
Al señor Director Nacional de SERNAPESCA, con el fin de plantearle la necesidad de MANTENCIÓN DE HORARIO DE ATENCIÓN DE SERNAPESCA EN MELINKA.
Y al señor Director Regional de Vialidad de Aisén, solicitándole que gestione CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL Y MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN VILLA CERRO CASTILLO.
Del señor NARANJO:
Al señor Ministro del Interior, pidiéndole información acerca de ASIGNACIÓN DE ESCOLTAS DE CARABINEROS Y DE INVESTIGACIONES A PARLAMENTARIOS.
Del señor ROMERO:
Al señor Ministro de Obras Públicas, requiriendo antecedentes sobre PEAJES EN RUTA 60 CH, y ETAPAS FUTURAS Y RECURSOS PARA EMBALSES DE REGIÓN DE VALPARAÍSO.
Al señor Comandante en Jefe de la Armada, a fin de que informe acerca de CONDICIONES PARA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE SALUD CON MUNICIPIOS DE VILLA ALEMANA Y QUILPUÉ EN FAVOR DE PERSONAL INSTITUCIONAL.
Y al señor Vicepresidente Ejecutivo de CORFO, solicitándole antecedentes sobre ACCESO DE COOPERATIVAS DE AGUA POTABLE RURAL A INSTRUMENTOS DE CORFO.
Del señor ZALDÍVAR, (don Adolfo):
A la señora Ministra de Agricultura, demandándole enviar al Senado ESTUDIO SOBRE "DESARROLLO Y APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO AGRÍCOLA" DEL SAG.
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El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Socialista.
Tiene la palabra el Senador señor Naranjo.
PROCESOS JUDICIALES SOBRE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, han pasado más de 18 años desde que los chilenos recuperamos nuestra democracia, y recién ahora los tribunales han avanzado en el conocimiento de la verdad en numerosos casos de violaciones a los derechos humanos. Tal situación es de enorme trascendencia, ya que demuestra que los chilenos no estamos dispuestos a olvidar ni a renunciar a la justicia.
Por eso, quiero destacar tres casos emblemáticos que, en estas últimas semanas, nos han hecho reflexionar.
En primer lugar, me referiré a la resolución que cerró la investigación por la muerte del destacado cantautor chileno Víctor Jara, la cual estableció un solo procesado por el delito de homicidio calificado: el coronel retirado Mario Manríquez Bravo.
Diversos testigos han declarado que él no es el único involucrado. También lo estaría, entre otros, un teniente de la época apodado "El Príncipe", quien se destacaba por su brutalidad.
Lamentablemente, el pacto de silencio existente entre los militares cómplices, y que no ha sido posible penetrar, ha impedido que en este caso tan significativo -no solo a nivel nacional- algunos de los autores materiales e intelectuales reciban un castigo.
Aquí es necesario hacer notar la poca cooperación de parte del Ejército para identificar a los efectivos militares que se encontraban destacados en el Estadio Chile -ahora Estadio Víctor Jara- durante septiembre de 1973 y, muy especialmente, el 16 de ese mes, fecha en que fue brutalmente torturado y ejecutado el cantautor.
Espero que los conscriptos que fueron testigos de ese alevoso asesinato no callen más, como asimismo, que la apelación que presentará el abogado Nelson Caucoto sea acogida. De lo contrario, sería una vergüenza para la justicia de nuestro país que este crimen quedara sin castigo.
En segundo lugar, señor Presidente, quiero resaltar la valiente resolución de la jueza Eliana Quezada, quien procesó a seis altos ex oficiales de la Armada por el secuestro, la tortura y el posterior asesinato del sacerdote chileno-británico Miguel Woodward, ocurrido en 1973, después de estar detenido en el buque-escuela Esmeralda.
Cabe señalar que, por primera vez en Chile, se procesó a ex oficiales de la Armada -entre ellos, a tres almirantes y dos capitanes de navío- por violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, este hecho significativo, que debería llenarnos de orgullo pues finalmente se está haciendo justicia, ha causado una reacción más allá de lo razonable en algunos parlamentarios, quienes han salido en defensa de los inculpados con argumentos que, incluso, contradicen las declaraciones de los propios procesados. Llama poderosamente la atención que quienes siempre han señalado respetar las resoluciones de los tribunales de justicia hoy no lo hagan y pretendan desconocer una investigación seria, responsable, muy fundada y que se ha extendido por años.
Y lo más grave es que intentan involucrar a la Armada en una defensa corporativa, al afirmar en sus declaraciones "su profundo desencanto por la falta absoluta de reacción y respuesta de la -entre comillas- `familia naval¿".
Una vez más comprobamos que tales parlamentarios no entienden que el castigo de quienes violaron los derechos humanos constituye una tarea ineludible en democracia, pues estos son los pilares fundamentales de todo sistema democrático.
Cabe resaltar que, en este caso, la Armada ha prestado toda su colaboración y, en especial, su Comandante en Jefe.
En tercer lugar, señor Presidente, quiero referirme al denominado "caso de la calle Conferencia", donde, hace 32 años durante el mes de mayo de 1976, se produjo la detención y desaparición de toda la cúpula del Partido Comunista de Chile, encabezada por su Subsecretario Víctor Díaz.
En efecto, en los inmuebles de las calles Conferencia 1587 y Alejandro del Fierro 5113, los agentes de la DINA, en conjunto con Carabineros, montaron dos emboscadas, lo que permitió posteriormente detener a otros dirigentes en la vía pública o en otras casas de "seguridad".
A pesar de los diversos testigos, incluso el entonces Obispo Auxiliar de Santiago, Monseñor Enrique Alvear -quien concurrió el 1º de mayo a la casa ubicada en Alejandro del Fierro y fue retenido por tres horas-, la dictadura siempre negó la detención de esos dirigentes comunistas.
Sin embargo, el trabajo acucioso del ministro Víctor Montiglio ha hecho posible que la verdad sea conocida y que hoy 67 ex agentes se encuentren procesados.
Pese a la gran cantidad de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el Régimen militar, pocas veces este adquirió tanta crueldad como con el asesinato de esos dirigentes comunistas.
En el cuartel de la DINA de la calle Simón Bolívar, recientemente dado a conocer al público, los agentes de la Brigada Lautaro y su Grupo Delfín, según consta en el proceso, apalearon a los dirigentes, quemaron sus rostros con sopletes, robaron sus dientes de oro, apresuraron sus muertes con cianuro y bolsas de plásticos y, finalmente, metieron sus cuerpos en un saco y, atados a un trozo de riel, los tiraron al mar.
Señor Presidente, los tres casos mencionados tienen un denominador común: en mayor o menor medida se ha ido conociendo la verdad y avanzando en la justicia, lo cual constituye una esperanza para los miles de familiares de otros detenidos desaparecidos y ejecutados políticos que hasta la fecha no han podido conocer la suerte de sus seres queridos y tampoco lograr algo de justicia.
Al mismo tiempo, se refuerza nuestra convicción de que el No a la impunidad es perfectamente alcanzable cuando existen jueces decididos y valientes en su investigación.
He dicho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, estimados colegas, traigo a la consideración del Senado diversos tópicos.
RESTRICCIÓN A PESCA DE MERLUZA COMÚN EN QUINTA, SEXTA Y SÉPTIMA REGIONES. OFICIOS
En primer término, me referiré a una petición de los dirigentes de CONAPACH, la organización más relevante de los pescadores artesanales de Chile, quienes, con tremenda responsabilidad, han planteado la necesidad de establecer en la Quinta, Sexta y Séptima Regiones una restricción a la práctica de ciertas artes de pesca, sobre todo en lo referente a una pesquería que está sufriendo un tremendo agobio, una enorme presión, producto del esfuerzo de los industriales: la de la merluza común.
Actualmente, según algunos estudios, cerca del 84 por ciento de la merluza común que se extrae en las Regiones individualizadas corresponde a ejemplares juveniles. Es decir, se está haciendo todo lo necesario para terminar con dicha pesquería.
Mantener el esfuerzo pesquero de arrastre sobre la merluza común sin modificar las artes de pesca selectivas es la garantía de repetir lo que se ha hecho en Europa y en otras latitudes del mundo para "matar la gallina de los huevos de oro".
Por ello, es imprescindible, a lo menos, establecer un congelamiento respecto a las artes de pesca no selectivas para la merluza común en la Quinta, Sexta y Séptima Regiones en forma pareja -esto es, tanto para los industriales como para los pescadores artesanales-, cerrando la posibilidad de cualquier tipo de extracción. Si no procedemos de esa manera y no les hacemos caso a los científicos y al Instituto de Fomento Pesquero -organismo del Estado-, nos convertiremos en cómplices del saqueo de uno de los principales recursos pesqueros de nuestro país.
No debemos olvidar que la pesca de arrastre involucra a la llamada "fauna acompañante", que se halla compuesta por 21 especies. Y como se extraen ejemplares, en conceptos técnicos, de poca calidad y de baja talla, se está produciendo una explotación excesiva de especies de la fauna acompañante, lo que resulta tremendamente perjudicial.
Señor Presidente, en representación de la bancada de Senadores socialistas, le pido al señor Ministro de Economía comprender, primero, que si, a raíz de lo que señalé, hay impacto sobre los trabajadores industriales, será indispensable enfrentar ese problema, y segundo, que no por evitar el efecto social que puede generarse por la restricción a la extracción vamos a seguir aceptando un esfuerzo pesquero como el actual.
Queremos ser muy claros: se está saqueando un recurso renovable; y si se sigue presionando de la manera como se hace hoy, la merluza común desaparecerá y el golpe social será mucho mayor.
En consecuencia, pedimos que el Ministro de Economía y el Subsecretario de Pesca -discúlpenme los conceptos- "se pongan los pantalones" y defiendan el recurso hidrobiológico, sin entrar a mediar en los impactos laborales que puede generar una decisión correcta, por cuanto ello no les corresponde.
Si hay impactos de tal índole, el Estado tendrá que ver cómo se asumen cíclicamente los problemas de desempleo que puedan afectar a cuatro mil, cinco mil o incluso seis mil trabajadores en un período de ocho meses. Pero no destruyamos nuestros recursos hidrobiológicos, pues ello puede resultar tremendamente perjudicial no solo para los pescadores artesanales, sino también para grandes ciudades de diversas Regiones, en particular de la Quinta, Sexta y Séptima.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
CONGELAMIENTO DE CONCESIONES A INDUSTRIA
SALMONERA. OFICIOS
Señor Presidente, deseo plantear una tremenda preocupación con respecto a la industria del salmón.
Todos fuimos testigos del artículo de The New York Times donde se hicieron afirmaciones infundadas sobre la industria salmonera chilena. Y digo "infundadas" porque el emisor de la nota no tiene el cargo que se le atribuyó.
Empero, ese dato no le quita validez al hecho de que nuestra industria del salmón se encuentra en una profunda crisis por, a lo menos, tres razones.
En primer lugar, existen problemas sanitarios originados en el mal manejo del proceso de producción por parte de algunas empresas, el que se realiza con una sobrecarga de especies en jaulas que no se hallan ubicadas adecuadamente y que no permiten la oxigenación requerida. Ello ha provocado dificultades sanitarias de grandes proporciones, pues, por falta de medidas concretas, se transmitió en forma masiva el virus ISA, lo que ya ha generando la pérdida de miles de empleos.
En segundo término, el sector se encuentra en una crisis de carácter comercial, por cuanto se ha denunciado que los niveles de antibióticos utilizados en los salmones que vende nuestro país están por sobre las normas aceptadas no solo en el exterior, sino también en Chile. Ello, a raíz de una práctica que no prevé la existencia de registros reales y confirmados en cuanto al volumen de importación de antibióticos y su uso. Lo que sí se halla claro es que se utiliza más de lo necesario. Y ello está generando tremendas desconfianzas en el futuro de la industria.
Por último, sobre el sector salmonero hay cifras de accidentabilidad laboral mayores que las de cualquier otra industria del país. Es el área donde se concentran las tasas nacionales más elevadas de accidentes tanto fatales como con consecuencias graves y leves.
Señor Presidente, debemos cuidar la industria del salmón, regularla, reorganizarla, y con gran celeridad.
Para ello es necesario que la Subsecretaría de Pesca tome una resolución: congelar la entrega de nuevas concesiones salmoneras en nuestro país hasta que la industria se ordene; hasta que los empresarios, en conjunto con los trabajadores, decidan reubicar las jaulas y limitar la cantidad de carga en cada una de ellas. Porque ya está demostrado -con la experiencia de Noruega, por ejemplo- que muchos problemas sanitarios surgen cuando se supera dos o tres veces la cantidad de ejemplares que aquellas pueden contener. Eso genera a la especie un tremendo conflicto con su medioambiente, con su hábitat, lo cual provoca dificultades sanitarias de elevadas proporciones.
No me referiré en esta oportunidad a los impactos ambientales de la industria salmonera (podría hablar mucho sobre ellos). Pero, sí, debo puntualizar la necesidad de, al menos por ahora, controlar el impacto laboral que puede tener la crisis en comento, como también las consecuencias sanitarias y comerciales.
Por eso, solicito oficiar al Ministerio de Economía, a la Subsecretaría de Pesca y al Servicio Nacional de Pesca para pedirles, por un lado, que nos señalen qué medidas se tomarán al respecto; por otro, el congelamiento del otorgamiento de nuevas concesiones salmoneras, y finalmente, la entrega de un solo dato -para demostrar cuán importante es el congelamiento-: cuántas veces al mes se fiscaliza cada unidad productiva de salmones en nuestro país. Creo que con este antecedente podremos darnos cuenta de que el Estado requiere una tremenda modernización. Porque no hay inspectores que acudan mensualmente a las unidades de producción.
Precisamos una innovación mayor antes de que la industria siga creciendo. Somos los segundos productores de salmones en el planeta, y necesitamos mantener esta actividad económica. Pero para ello es indispensable adoptar las medidas pertinentes, a fin de evitar su desplome, que puede registrarse.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Le quedan al Comité Socialista tres minutos y medio.
Le ofrezco la palabra al Senador señor Navarro, quien¿
El señor NAVARRO.-
Perdón, señor Presidente. Hay que agregar el tiempo que me cedió el Partido Radical Social Demócrata.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
El Comité Mixto no ha enviado a la Mesa ninguna nota sobre el particular.
El señor NAVARRO.-
El Senador señor Ávila hizo la petición al señor Secretario.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Entonces, se le añadirá el tiempo del Partido Radical.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor NAVARRO.-
Me referiré a dos materias.
CONVENIO PARA REALIZACIÓN DE PRIMER CENSO
PESQUERO Y ACUICULTOR. COMUNICACIÓN
Señor Presidente, quiero solicitar el envío de una nota de agradecimiento y de felicitaciones a la Directora del Instituto Nacional de Estadísticas a raíz de al menos una buena noticia para el sector pesquero, después de lo manifestado por el Senador señor Letelier, que comparto plenamente, pues considero que respecto de la merluza común y de la situación global de la actividad pesquera se requieren una intervención profunda, seria, y una reestructuración de la institucionalidad.
La verdad es que "hay que tener cojones" para enfrentar -espero que se haga durante el actual Gobierno- la reestructuración de un sector extraordinariamente significativo para el país desde el punto de vista económico, sobre todo porque estamos dejando en la estacada a cientos de miles de pescadores artesanales.
Hace un tiempo, con el Senador señor Muñoz Aburto pedimos al Ministerio de Economía, a la Subsecretaría de Pesca y al Instituto Nacional de Estadísticas destinar en 2008 recursos para el diseño, implementación y aplicación del primer censo pesquero nacional, a los efectos de permitirnos disponer de información pública actualizada sobre la realidad del sector tanto en el ámbito de la fiscalización como en el extractivo.
En tal sentido, con alegría nos hemos enterado de que la Directora del Instituto Nacional de Estadísticas, doña Mariana Schkolnik, y el Subsecretario de Pesca, señor Jorge Chocair, firmaron un convenio para realizar el Primer Censo Pesquero y Acuicultor, cuyo objetivo es describir por primera vez el sector.
El Centro de Investigaciones Marinas de Quintay, dependiente de la Universidad Nacional Andrés Bello, fue escogido para inaugurar el Mes del Mar. En el acto pertinente se anunció la realización del referido Censo, el que ya está operativo, en su etapa de precenso, en las Regiones de Tarapacá y de Los Lagos desde abril y mayo. Y a partir de los resultados obtenidos se determinarán las mejores prácticas para llevar a cabo aquel proceso a lo largo del país.
La Región del Biobío concentra 60 por ciento de la descarga, junto con la Décima Región. Espero, pues, que sean consideradas prontamente.
--Se anuncia el envío de la comunicación respectiva, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
SITUACIÓN DE GUARDIAS DE SEGURIDAD. OFICIOS
Señor Presidente, quisiera referirme, de manera breve pero muy concreta, a la situación de los guardias de seguridad en Chile.
El trabajo denominado "IV Estudio sobre la Oferta de la Seguridad Privada en Chile", con prólogo de Guillermo Holzmann, hace una revelación que no debiera dejar indiferentes a las autoridades, ni menos a la ciudadanía.
En nuestro país existen 92 mil 864 guardias privados acreditados.
Durante 2007 se desempeñaron como guardias de seguridad alrededor de 98 mil 500 personas, sin considerar nocheros, porteros, rondines u otros similares, que fácilmente duplicarían el listado.
Respecto a la facturación de ese sector, las cifras se estiman en 714 millones de dólares, monto que supera ampliamente los 476 millones de 2005 y casi duplica los 381 millones de 2004.
O sea, Chile está gastando en seguridad privada alrededor de 800 millones de dólares anuales. Y esta cifra tiende a multiplicarse: duplica la de 2004.
Se calcula que en el año 2007 los abonados al monitoreo de alarmas sumaban entre 265 mil y 290 mil. Los particulares -58,5 por ciento el año 2005 y 49,8 por ciento el 2007- continúan siendo los principales demandantes de ese servicio, con una cifra cercana a los 138 mil hogares.
Se estima que la suma de los principales demandantes (particulares y comercio) supera, como gasto combinado, los 92 millones de dólares al año, con un crecimiento promedio del sector de 17 por ciento.
La seguridad se ha convertido en una industria mundial compleja que provee una amplia gama de servicios y productos, entre los que se incluyen guardias de seguridad y vigilantes privados.
Chile, ante las demandas de seguridad ciudadana, no se ha quedado atrás y ha visto aumentar los números que dan cuenta de la realidad del sector.
Sin embargo, la legislación sigue siendo extraordinariamente precaria.
En 1981 se dictó el decreto ley Nº 3.607, que dispuso normas para el sector. Su preceptiva estableció la diferencia entre vigilantes privados y guardias de seguridad.
Los vigilantes privados trabajan contratados por empresas bancarias, financieras, de transporte de valores o de personas estratégicas, entidades públicas o las que se determinen en virtud de la utilidad pública.
La formación de tales trabajadores pasa por un curso anual en una escuela aprobada por el OS-10 de Carabineros. Se exige ser chileno; tener como mínimo 21 años de edad; no haber sido procesado ni condenado por delito que merezca pena aflictiva; poseer salud compatible; tener la calidad de ex funcionario de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, y haber hecho el servicio militar. Y, por cierto, se les permite portar armas.
Los guardias de seguridad pueden trabajar en cualquier empresa. Requieren también un curso de formación. Deben ser chilenos; tener un mínimo de 18 años de edad y salud compatible con sus labores, etcétera. Pero no pueden portar armas. Esta es la diferencia esencial con respecto a los vigilantes privados.
El órgano fiscalizador es el OS-10 de la Prefectura de Carabineros respectiva.
La seguridad privada se halla instalada en Chile y es una industria extraordinariamente exitosa.
Ahora, cabe la siguiente reflexión: si aquella ha experimentado un auge, es justamente porque existe inseguridad. Es decir, porque el aparato público delegó en el sector privado una función vital que constitucionalmente es propia del Estado y que, en mi concepto, debe tener una restricción: esto no puede ser al infinito.
La seguridad pública, por mandato de la Carta, corresponde al Estado, a Carabineros y a los órganos que la ley ha designado. Nadie puede reemplazar a Carabineros en el ejercicio de sus facultades. Pero, en ese ámbito, cada día que pasa el crecimiento apunta en sentido contrario.
El "IV Informe de Seguridad Privada de Chile", de Leemira Consultores, revela claramente que se trata de un negocio sustentado en una contradicción: mientras más inseguridad hay en el país, más dinero ganan las empresas de seguridad. Es decir, el negocio no es la seguridad, sino la inseguridad.
Esa es una paradoja que hay que resolver de la manera más adecuada. No es admisible que a medida que aumenta el sentimiento de inseguridad la respuesta de los particulares sea rejas, alarmas, monitoreo, cámaras, más guardias privados, mayores gastos. Porque, por esa vía, lo que se está haciendo es delegar en ciudadanos cuya responsabilidad es diferente a la del Estado -si bien son cooperantes- una función cuyo cumplimiento corresponde esencialmente al sistema público.
Las empresas de asesoría en seguridad privada -estoy hablando ahora de otro sector- llegaban a 97 el año 2007, con 383 personas naturales que prestaban tal servicio. No obstante, el mercado se concentra en cuatro grandes empresas. El comercio demanda 32 por ciento del sector, y la industria, 25,5 por ciento.
Las empresas de capacitación en seguridad privada también han experimentado un auge. La ley impone su existencia para entrenar y reentrenar guardias. El año 2006 había 210 empresas a nivel nacional -28 por ciento más que en 2005- y sobre mil 143 capacitadores personas naturales. Un 22 por ciento de los entrevistados aseguró tener una facturación sobre los 20 millones de pesos mensuales.
Son datos del "IV Informe de Seguridad Privada en Chile", de Leemira Consultores.
Las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas de seguridad son el tema sobre el cual quiero extenderme.
El sector de la seguridad privada en Chile se caracteriza por la informalidad, los bajos salarios y el poco nivel de capacitación.
Un 78,5 por ciento de los guardias son empleados por empresas subcontratistas, mientras solo 21,5 por ciento son contratados directamente por las empresas receptoras. (Seguridad Privada en Chile. Adam Abelson. Programa Princeton en Latinoamérica. Flacso Chile. Agosto 2006).
Es decir, la tercerización y, particularmente, la fragilidad de la subcontratación se han extendido también a este rubro: 78,5 por ciento de la contratación -según acabo de señalar- se realiza a través de mecanismos de subcontratación, lo cual ha devenido en una situación laboral precaria e inestable en el caso de los guardias de seguridad y de los vigilantes privados.
El estado general en el ámbito laboral es el que señalaré en seguida.
Bajos sueldos: entre 160 mil y 180 mil pesos mensuales; es decir, los vigilantes privados que trabajan en condominios y custodian miles de millones de pesos y, por cierto, las vidas invaluables de niños y adultos ganan entre 160 mil y 180 mil pesos al mes.
Además, no hay pago de horas extraordinarias; no se respeta el descanso dominical; la jornada laboral es excesiva -hasta 36 horas de corrido sin comer ni dormir- y los contratos de trabajo son infinitamente largos, con mucha letra chica, de modo que muchos trabajadores los firman (lo han declarado públicamente) sin la debida lectura.
La inestabilidad laboral también se ha manifestado. Hay contratos por obra -no dan derecho a beneficios sociales-, se despide por causales que no otorgan derecho a indemnización, en fin.
Se advierte una gran cantidad de infracción a las leyes laborales. Las empresas desaparecen cuando acumulan un nivel insostenible de multas, o cambian de nombre y de representante legal, pero siempre son las mismas.
Se trata de empresas de gran rentabilidad: 300 por ciento por cliente -eso dicen los estudios-; pero, debido a diversos maquillajes contables, no pagan gratificaciones.
Por otro lado, no se aceptan mujeres guardias de seguridad o vigilantes. Hay amenazas constantes sobre los trabajadores y dirigentes sindicales; estas prácticas sindicales se han denunciado ante la Inspección del Trabajo, pero la tramitación demora mucho.
Los supervisores y dueños son, en su gran mayoría, ex uniformados.
Yo no puedo hacer un juicio sobre la calidad de los ex uniformados. Sin embargo, coincidentemente, hay una gran cantidad de ellos en el rubro en cuestión. Entonces, eso obliga al OS-10 a ser extremadamente riguroso cuando procede a la aprobación. Y se requiere solo un certificado de la Prefectura policial. No hay ninguna consulta acerca del comportamiento laboral anterior.
Ahora, si se nos preguntara quién fiscaliza a los guardias de seguridad en Chile, diríamos que nadie, porque la Prefectura de Carabineros únicamente visa la autorización respectiva, sin llevar a cabo ningún tipo de investigación.
El OS-10 extiende la certificación pertinente limitado por el decreto ley ya individualizado, que no plantea mayores exigencias.
Las denuncias que han hecho la Federación de Trabajadores de Seguridad y Servicio de Chile (FETRASECH) y el Sindicato Nacional Nº 1 de GAMA Service Ltda. son más que claras, señor Presidente.
Los principales mandantes de Gama, empresa que se halla altamente cuestionada, son Metro S.A., Municipalidad de La Florida, Municipalidad de Recoleta, Ferrocarriles del Estado, ENAMI, Farmacias Salcobrand, Cemento Melón, Pronto COPEC, SODIMAC, tiendas La Polar, Comercial Automotriz SK.
La verdad es que GAMA mantiene totalmente abandonados a más de 2 mil 800 trabajadores.
Solicito que se oficie a cada uno de los Ministerios, Subsecretarías y dependencias de servicios públicos que han contratado a esa clase de empresas, a fin de que informen detalladamente el tipo de contrato que han mantenido, las cláusulas que han exigido y, en particular, las denuncias de que estas han sido objeto.
Compete al Estado cautelar que los encargados de la seguridad al interior de los edificios públicos, cuando son vigilantes privados, mantengan el rigor y el trato que demanda el nivel de preocupación que debe desplegar.
Por eso, deseo que se oficie a las empresas que he señalado, en especial a Metro S.A. -entiendo que es una entidad estatal-, al BancoEstado y al resto de las empresas públicas, incluida la ENAP, respecto de los contratos que han suscrito con firmas privadas de guardias de seguridad.
En particular, quiero llamar la atención sobre ello, porque son múltiples los informes que señalan la necesidad de intervenir.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Los Comités Demócrata Cristiano, Mixto y Unión Demócrata Independiente no harán uso de su tiempo.
En el turno del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Kuschel por diecisiete minutos y medio.
MAPAS DE RIESGO DE REGIÓN DE LOS LAGOS. OFICIOS.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente, solicito que se oficie a los señores Ministros del Interior, de Vivienda y Urbanismo y de Obras Públicas para que nos hagan llegar los mapas de riesgo sísmico, volcánico, de inundaciones y de deslizamiento de tierra correspondientes a la Región de Los Lagos.
La zona que represento posee tal vez los volcanes más activos de Chile. Ha sufrido el peor terremoto registrado en la historia de la humanidad¿
El señor ALLAMAND.-
¿Cuál fue, Honorable colega?
El señor KUSCHEL.-
El del año 1960, señor Senador. Algunos lo llaman "terremoto de Valdivia", porque hasta ahí no más llegaba la información y la preocupación, pero ahora el progreso se extiende mucho más al sur.
Inmediatamente después del desastre se realizaron muchos estudios, que me tocó conocer. Se ha establecido, por ejemplo, que ciertas regiones no son aptas para determinado tipo de construcciones. Sin embargo, igual se ha edificado.
Uno de los volcanes a que hago referencia es el Osorno, el cual, entre muchos nombres autóctonos, ha recibido el de Hueñauca, que significa "alto rebelde" ("hueñu"=alto; "auca"=rebelde), por haber entrado en muchas erupciones. El sabio Darwin tuvo la oportunidad de presenciar una de ellas durante su estadía en Chile.
Quiero que se estudie la factibilidad de acotar el crecimiento de la ciudad de Alerce, que ha sido vista con mucha envidia en otras zonas, pero siempre he mantenido algunas reservas respecto de su ubicación, porque se encuentra en los faldeos pantanosos del volcán Calbuco, y basta con mirar para darse cuenta de que debajo existe lava. Sin embargo, se están realizando cuantiosas inversiones en la zona.
Si eventualmente sufriéramos una embestida de la naturaleza como lo que hoy nos impacta con la erupción del Chaitén, enfrentaríamos graves dificultades sobre qué hacer con esa gran población, que ya equivale a la de la ciudad de Puerto Varas.
Eso es todo.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Allamand.
MAPA DE RIESGO DE EX REGIÓN DE LOS LAGOS. OFICIOS
El señor ALLAMAND.-
Señor Presidente, en primer lugar, y en relación con lo expresado por el Honorable señor Kuschel, deseo pedir unos antecedentes que solicité informalmente al señor Subsecretario del Interior.
Con motivo de la tragedia del lago Maihue, el Ministerio del Interior confeccionó un mapa de riesgo de todas las zonas o lugares que presentaban problemas serios de comunicación o de aislamiento en la entonces Región de Los Lagos.
Lo cierto es que ese estudio se dio a la publicidad, pero ha sido imposible encontrarlo. Ni en la Intendencia de la Región de Los Lagos ni en la de la Región de Los Ríos dicen conocerlo. Y tampoco ha sido posible hasta ahora hallarlo mediante la petición oficiosa que mencioné, la cual formulé personalmente.
Por lo tanto, solicito que se oficie al Ministerio del Interior y a las Intendencias de la Región de Los Lagos y de la Región de Los Ríos para ver si en alguna de esas reparticiones es posible encontrar el documento que señalo, el cual se habría elaborado luego de la tragedia del lago Maihue.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
NECESIDADES DE COMUNA DE CORRAL. OFICIOS
En seguida deseo referirme a diversos aspectos de la comuna de Corral, ubicada en la Región de Los Ríos y que hoy observa una disminución de su población. En efecto, el censo de 2002 registró alrededor de 5 mil 500 habitantes, cifra 5,2 por ciento inferior a la de diez años antes.
En materia de pobreza, aparece también con un rango bastante elevado. El analfabetismo alcanza a 9,9 por ciento, el más alto índice en toda la Región de Los Ríos, después de Panguipulli. Y, en cuanto a la escolaridad, el resultado también es bastante exiguo: llega a 7,4 años, el tercer promedio más bajo de toda la zona. Junto con ello, exhibe un notorio y preocupante desempleo.
Existen a lo menos seis aspectos que deseo abordar con relación a la comuna y solicitaré que se envíen los oficios que en cada caso voy a pormenorizar.
1.-
Hospital actual
La verdad es que el establecimiento, que se encuentra en muy malas condiciones, en cierta forma refleja algunas de las paradojas del sector público.
Su personal es particularmente esforzado. Debo destacar que incluye un conjunto de médicos jóvenes, con una enorme vocación, que están realizando su trabajo en muy precarias condiciones pero al máximo de su capacidad, por lo que merecen palabras de elogio.
Mas lo que resulta simplemente impensable es que un hospital de baja complejidad que se halla a muy pocos kilómetros de Valdivia, la capital de la Región de los Ríos, sea uno de los pocos en el país que carecen de un laboratorio básico y de un equipo de radiografía.
Asimismo, el sistema de urgencias es de muy baja calidad y la sala de kinesioterapia se encuentra habilitada también en forma particularmente precaria, incluso con maquinarias destinadas a otros efectos.
Cuando uno visita el hospital, como lo hicimos recientemente con el ex alcalde de la comuna señor Gastón Pérez para entregar una donación de medicinas y otros elementos, se queda con una sensación de sorpresa e indignación. Al ver cómo se despilfarran los fondos públicos a lo largo y ancho de todo el aparato del Estado y encontrar un establecimiento de salud que funciona en esas condiciones, ello a todas luces es incomprensible.
Por lo tanto, solicito que se oficie a la señora Ministra de Salud y al Director del Servicio de Salud de Valdivia, a fin de que tomen conocimiento de la situación del hospital de Corral y, sobre todo, con el objeto de que, de una vez por todas y sin dilaciones, adopten las medidas necesarias para corregirla.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
2.-
Nuevo hospital
En este minuto se está hablando en Corral de un nuevo hospital. La verdad es que es otro de los casos en que los anuncios parecen ir bastante más rápido que las realidades. Dicho establecimiento, cuya construcción las autoridades están anunciando para el primer trimestre del próximo año, se encuentra objetado en su diseño, y ni siquiera ha sido evaluada su ejecución. Lo único que hay al respecto es que el Ministerio de Planificación aprobó que se lleven adelante los estudios de prefactibilidad, por lo que queda un largo camino por recorrer.
El punto es que existe una polémica en la comuna precisamente por el emplazamiento del nuevo hospital. El lugar escogido para ello es la localidad de San Carlos, que se encuentra a cinco kilómetros de Corral, es decir, del núcleo urbano. La comunidad, en cambio, aspira a una ubicación distinta. Pero imagino que algunos elementos técnicos determinaron la decisión.
Lo que resulta completamente absurdo, señor Presidente, es que se esté pensando en la construcción de un hospital sin abrigar ninguna preocupación por su conectividad con el principal núcleo urbano de la comuna. Dicho en castellano, el camino entre San Carlos y Corral ni siquiera se encuentra pavimentado. Más aún, no existe en la base de datos del sistema de inversión pública antecedente alguno que demuestre un interés por "sintonizar", si se quiere, al nuevo edificio con una mínima conectividad.
Algunos funcionarios públicos han hecho ver que lo primero es construir el hospital, para que, posteriormente, alguien -nadie sabe quién- se ocupe de la conectividad y los caminos. Pero, como es obvio, esas son decisiones que deben ser adoptadas simultáneamente en el ámbito público.
En consecuencia, pido que se oficie al Ministerio de Obras Públicas, al Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de Los Ríos y al Director Regional de Vialidad, con el objeto de que informen acerca de los planes de conectividad para el establecimiento que se está pensando construir, que viene a subsanar el grave problema del actual.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
3.-
Situación crítica de La Aguada
La localidad de La Aguada, ubicada a un kilómetro y medio al sureste de Corral, enfrenta a lo menos tres problemas.
El primero de ellos es, otra vez, lo relativo al camino y la conectividad, cuestión que me señaló un conjunto de dirigentes vecinales con quienes me reuní. Ciertamente, la pavimentación ha sido ofrecida por todas las autoridades de la Concertación que en alguna oportunidad han visitado la comuna, promesa que se encuentra tan estancada como otras.
Por consiguiente, solicito que se oficie tanto a la Municipalidad de Corral como a la Dirección de Vialidad de Valdivia, a fin de que den a conocer si se tiene considerado o no algún proyecto que apunte a un mejoramiento en la materia.
En seguida, existe -no sé cuál es la palabra- un programa de casetas sanitarias en ejecución.
Visité personalmente las obras, y puedo decir que, a simple vista, las unidades son de pésima calidad y de un tamaño y envergadura que, a decir verdad, distan mucho de ser una solución habitacional mínimamente razonable.
En consecuencia, solicito que se oficie al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a la propia Municipalidad de Corral, al objeto de que informen a esta Corporación acerca de planes de mejoramiento de tales viviendas.
Por último, se plantea una cuestión relacionada con el agua potable rural. Se contempla un único proyecto de mejoramiento de la instalación del servicio, pero los antecedentes con que se cuenta son absolutamente precarios.
Como ha surgido una enorme inquietud al respecto en la comunidad de La Aguada, pido que se oficie al Ministerio de Obras Públicas y al Director de Obras Hidráulicas de la Región de Los Ríos para que informen sobre los proyectos de agua potable rural que pueden estar ejecutándose en esa localidad.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
4.-
Deslizamientos en Amargos
También solicito datos actualizados respecto al problema que afecta a Amargos.
En agosto del año recién pasado pedí que se enviara un oficio, respondido por el Ministro del Interior de la época, señor Belisario Velasco, porque se registra una situación de deslizamientos verdaderamente peligrosa.
En la contestación me indicaron que se había adoptado un conjunto de medidas de emergencia (simulacros, coordinación con los habitantes), existiendo de alguna manera un programa para avanzar hacia una solución habitacional más definitiva.
Lo cierto es que hasta ahora, según mi información, simplemente se aprobó un subsidio total de 520 unidades de fomento por familia, pero no median antecedentes disponibles acerca del resto de la solución, como tampoco respecto de si se está ejecutando en la forma que se había señalado.
--Se anuncia el envío del oficio pertinente, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
5.-
Precariedad de caminos
Deseo consignar que toda la comuna de Corral presenta una enorme precariedad vial, con los consiguientes efectos en el transporte. Mi impresión es que debe de ser de las que exhiben, en ese aspecto, una de las realidades más desmejoradas del país, con apenas 2,47 kilómetros pavimentados. El resto de las vías es de muy mala calidad y se encuentran en pésimas condiciones.
El camino ripiado que conduce a la ciudad de Valdivia plantea riesgos constantes de accidente. El tráfico de camiones madereros se efectúa por una ruta sinuosa, con ripio suelto, pasos angostos y puentes de madera en muy mal estado que, obviamente, requieren un claro mejoramiento.
Y el camino a La Unión parece más bien una huella forestal, más apta para algún tipo de deporte extremo que para una razonable comunicación entre Corral y la capital de la provincia de Ranco.
Por lo tanto, solicito que se oficie al Ministerio de Obras Públicas, al Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de Los Ríos y al Director Regional de Vialidad, a fin de que informen al Senado con relación a los proyectos de pavimentación para la comuna de Corral, que, en ese aspecto, como digo, muestra un estado lamentable.
6. Puerto
Por último, deseo hacer constar que, desde el punto de vista de la Región de Los Ríos, de la provincia de Valdivia y de la propia comuna, no existe nada más importante que el puerto de Corral, como tal.
Si tuviéramos que remontarnos a los anuncios propagandísticos de campaña de diversos candidatos de la Concertación que llegaron a ser Primeros Mandatarios, encontraríamos que el señor Aylwin ofrecía a los cuatro vientos una solución definitiva al respecto.
Lo cierto es que todos los Presidentes de la Concertación, todos los Ministros de Obras Públicas, todas las autoridades que en alguna oportunidad han estado cerca de la comuna, han expuesto que el engranaje más importante, desde la perspectiva del desarrollo, de los corredores bioceánicos, tanto del norte como del sur, que debieran desembocar en Corral, queda pendiente sin una solución en la materia.
En el último convenio de programación, que también se ha dado a conocer en forma bastante rimbombante, desde el punto de vista público, lo relativo al puerto de Corral sigue ausente.
En consecuencia, solicito que se oficie al Ministro de Obras Públicas y, en particular, al Director Regional de Obras Portuarias para que informen acerca de los proyectos existentes sobre el particular. Porque mucho temo, señor Presidente, que estamos, una vez más, frente a una promesa incumplida.
Para finalizar, deseo exponer que hace pocos días, el 10 de mayo, falleció don Joaquín Holzapfel, un valdiviano de excepción, quien fue intendente y gobernador de Valdivia.
En la última entrevista que otorgó a "El Diario Austral", de esa ciudad, hizo ver que el futuro de la Región de Los Ríos, el de Valdivia, pasaba por la revitalización del puerto de Corral, "para que vuelva a ser lo que fue y consolidar el paso bioceánico" -a fin de utilizar sus palabras-, que es uno de los grandes anhelos de la Región.
En consecuencia, señor Presidente, espero que, junto con la respuesta por parte del Ministerio de Obras Públicas, se aborde de una vez por todas el problema pendiente del puerto de Corral, que es vital no solo para dicha comuna y la provincia de Valdivia, sino, en general, para toda la Decimocuarta Región.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:20.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción