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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 356ª
Sesión 17ª, en martes 6 de mayo de 2008
Ordinaria
(De 16:23 a 18:46)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ADOLFO ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE,
Y BALDO PROKURICA PROKURICA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor José Antonio Viera-Gallo Quesney y de Justicia, señor Carlos Maldonado Curtis.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:23, en presencia de 19 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).- El acta de la sesión 15ª, ordinaria, en 29 de abril del año en curso, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Cuatro de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero retira la urgencia y la hace presente de nuevo, calificada de "suma", respecto del proyecto, en trámite de Comisión Mixta, sobre modificación de la ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional (boletín N° 4.059-07).
Con los tres siguientes retira la urgencia y la hace presente nuevamente, calificada de "simple", respecto de las siguientes iniciativas:

1.- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señora Matthei y señores Girardi, Kuschel, Ominami y Ruiz-Esquide, sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad (boletín Nº 4.921-11).

2.- Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Senadores señora Alvear y señores Pizarro y Sabag, en lo relativo a la supervigilancia y control de armas (boletín N° 5.373-07).

3.- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señora Matthei y señores García y Ominami, y de los ex Senadores Boeninger y Foxley, atinente a juegos de azar ilícitos (boletín Nº 3.935-07).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia la Presidenta de la República, por medio del cual solicita el acuerdo del Senado para designar al señor Sergio Pulido Rocatagliata como consejero del Consejo Nacional de Pesca, para lo cual hace presente la urgencia establecida en el inciso segundo del N° 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental (boletín N° S 1.065-05).--Pasa a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
Tres de la Honorable Cámara de Diputados, con los que comunica que ha aprobado los siguientes asuntos:

1.- Proyecto que modifica la ley N° 19.885, referida a donaciones con beneficios tributarios, con urgencia calificada de "simple" (boletín N° 5.315-05).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.

2.- Proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el de los Estados Unidos Mexicanos para el otorgamiento recíproco de permisos de trabajo a favor de los dependientes de agentes diplomáticos y funcionarios consulares acreditados en el otro país (boletín N° 5.607-10).

3.- Proyecto de acuerdo relativo al Acuerdo entre las Repúblicas de Chile y de Guatemala sobre reciprocidad en el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y consulares (boletín N° 5.608-10).
--Pasan a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Dos del señor Ministro del Interior:
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Frei, relativo a un plan de saneamiento sanitario para las localidades rurales de la comuna de Coihaique.
Con el segundo remite información referida a un acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Honorables señores Horvath, Allamand, Arancibia, Ávila, Coloma, Frei, Larraín, Muñoz Barra, Navarro, Novoa, Núñez, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag y Zaldívar, a través del cual se solicitó a Su Excelencia la Presidenta de la República que otorgue becas de estudio y beneficios para la atención de salud de los hijos y de las viudas o viudos de los mártires de Carabineros de Chile (boletín N° S 1.022-12).
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores, por el que responde un oficio expedido en nombre del Senador señor Romero, sobre la aplicación y cumplimiento del Convenio sobre Seguridad Social celebrado entre Chile y Colombia.
De la señora Ministra de Salud, con el que contesta un oficio cursado en nombre de la Senadora señora Alvear, acerca de la incorporación de nuevas patologías al AUGE.
De la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, en respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Navarro, relativo al proyecto de ley que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones (boletín N° 4.991-15).
De la señora Subsecretaria de Marina, por medio del cual contesta un oficio despachado en nombre del Senador señor Romero, tocante a la caleta Ligua, en el sector de Salinas, comuna de Papudo.
Del señor Secretario Ministerial de Educación de la Novena Región, con el que da respuesta a un oficio cursado en nombre del Honorable señor Navarro, respecto del número de municipios de la Región que se encuentran al día en el pago de las cotizaciones previsionales de profesores y de trabajadores de la educación.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.Informes
De las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; de Minería y Energía, y Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, unidas, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Fondo de Innovación para la Competitividad, con urgencia calificada de "simple" (boletín N° 3.588-08).
De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal (boletín N° 3.778-18).
--Quedan para tabla.
Moción
De los Senadores señores Núñez y Pizarro, a través de la cual inician un proyecto de reforma a la Carta Fundamental en materia de declaración de culpabilidad por una acusación constitucional (boletín N° 5.850-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Declaración de inadmisibilidad
Moción de los Senadores señora Alvear y señores Pizarro, Ruiz-Esquide y Sabag, con la que inician un proyecto de ley que elimina la posibilidad de contratar trabajadores reemplazantes durante la huelga.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia propia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República, de conformidad con lo dispuesto en el Nº 5º del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.
Proyectos de acuerdo
De los Senadores señores Allamand, Frei, Horvath y Zaldívar, mediante el cual se reconoce la importancia del desarrollo de la hidroelectricidad en el progreso de Chile y se insta al Gobierno a fomentar los medios de generación renovables, los proyectos hidroeléctricos de bajo impacto y el uso eficiente de la energía (boletín N° S 1.062-12).
--Pasa a la Comisión de Minería y Energía.
De los Senadores señora Matthei y señores Allamand, Chadwick, Espina, García, Larraín, Pérez Varela y Romero, con el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que envíe a tramitación legislativa un proyecto que suplemente la dotación de jueces y funcionarios de los tribunales de familia (boletín N° S 1.063-12).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Senadores señora Matthei y señores Allamand, Chadwick, Espina, Larraín, Novoa, Orpis, Prokurica, Romero y Zaldívar, por medio del cual solicitan a la Primera Mandataria que otorgue el bono de invierno y los aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad a todos los beneficiarios de pensiones mínimas del sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (boletín N° S 1.064-12).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
De los Senadores señores Kuschel y Prokurica, con el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República la adopción de diversas medidas en favor de las personas afectadas por la erupción del volcán Chaitén (boletín N° S 1.066-12).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
Permisos constitucionales
La Honorable señora Alvear solicita permiso constitucional para ausentarse del país a contar del 3 de mayo del año en curso.
El Senador señor Girardi solicita permiso constitucional para ausentarse del país a partir del 7 de mayo de 2008.
--Se otorgan.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- En este momento, han llegado a la Mesa los siguientes proyectos de acuerdo:
De los Honorables señores Zaldívar y Horvath, mediante el cual solicitan a la Primera Mandataria un conjunto de medidas para poner fin al aislamiento de la provincia de Palena.
--Pasa a la Comisión de Obras Públicas.
Del Honorable señor Escalona, con el que solicita a Su Excelencia la Presidenta de la República la utilización del dos por ciento constitucional para la comuna de Chaitén y localidades afectadas de la provincia de Palena.
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor NARANJO.- Sobre la Cuenta, pido la palabra.

El señor PIZARRO.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Naranjo y, después, el Honorable señor Pizarro.

El señor NARANJO.- Señor Presidente, se dio cuenta de cuatro proyectos de acuerdo, cuyos contenidos comparto plenamente.
Pero, señor Presidente, desde que se cambió la modalidad con que se abordaban los proyectos de acuerdo la Sala prácticamente no despacha ninguno.
Pondré ejemplos que conozco de cerca: el 9 de enero presenté un proyecto de acuerdo que se encuentra en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Hasta la fecha, no se sabe nada de él; el 4 de marzo, presenté otro que tiene que ver con el IVA en las ampolletas eficientes. Todavía no aparece por acá; desde el 11 de marzo, está retenida en la Comisión de Defensa una tercera iniciativa, que dice relación a un seguro para Carabineros; un cuarto proyecto de acuerdo, atinente a la represión china en el Tíbet -al respecto, todos sabemos que han participado fuerzas oscuras para impedir que el Congreso chileno se pronuncie sobre tal materia-, está pendiente desde el 19 de marzo. ¡19 de marzo!
Y así podría seguir enumerando largamente.
El Senado estableció el criterio de que, transcurridos 15 días sin que la Comisión del caso se pronuncie respecto de un proyecto de acuerdo, este deberá ser despachado por la Sala, lo cual no se está cumpliendo.
Entonces, los Senadores seguimos entusiastamente presentando proyectos de acuerdo que quedan durmiendo en las Comisiones.
Por consiguiente, señor Presidente, pido que se respete el acuerdo de los Comités en el sentido de que, transcurridos 15 días sin pronunciarse respecto de una iniciativa de esta índole, la Comisión respectiva debe devolverla a la Sala. Es todo lo que solicito, ni más ni menos.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Comparto plenamente su preocupación y haré las gestiones ante las Comisiones a fin de resolver este problema. No puede ser que por esa vía se esté paralizando la tramitación de algo tan fundamental como son los proyectos de acuerdo, sea el que fuere.
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El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, en la Cuenta se declara inadmisible una moción que presentamos con los Senadores señora Alvear y señores Ruiz-Esquide y Sabag a fin de eliminar la posibilidad de contratar trabajadores reemplazantes durante la huelga.
La causal de inadmisibilidad que señala la Mesa -o la Secretaría- es "por corresponder a una materia propia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República, de conformidad con lo dispuesto en el Nº 5º del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política de la República.".
Sin embargo, al leer ese número, se advierte que este se refiere a una materia completamente distinta, ajena en absoluto al proyecto planteado. En efecto, dicha norma señala: "Establecer las modalidades y procedimientos de la negociación colectiva y determinar los casos en que no se podrá negociar".
Y, como digo, esto no tiene absolutamente nada que ver con la posibilidad de reemplazar trabajadores en huelga por parte de un empleador cuando hay un procedimiento.
Además, me parece que se trata de una relación entre privados y que no se refiere a las competencias excluyentes -o iniciativa exclusiva- de la Presidenta de la República, por lo cual debo decir con franqueza que no puedo compartir que la Mesa del Senado inhiba a los Senadores de tener iniciativa legal en este tipo de materias.
Reitero: el proyecto no tiene que ver con la negociación colectiva.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. El señor HOFFMANN (Secretario General).- Señor Senador, la razón por la cual la Secretaría -o el señor Presidente- estimó que la moción era inadmisible es que ella incide en el procedimiento de la negociación colectiva. Y, de conformidad con lo que menciona el precepto constitucional al que acaba de aludir Su Señoría, corresponden a la iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República las leyes que establezcan modalidades y procedimientos de negociación colectiva y determinen los casos en que no se podrá negociar. Entonces, se consideró que la moción tenía justamente esa connotación.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Con el debido respeto, el señor Secretario ha repetido lo mismo que he leído yo, sin dar una sola razón del acuerdo adoptado.
Esto no forma parte del proceso de negociación colectiva. El derecho a huelga y la huelga se hallan establecidos en otra ley. Entonces, yo no veo por qué en una normativa que no tiene que ver con esta facultad exclusiva -porque esto no forma parte de los procesos de negociación colectiva entre trabajadores y empleadores- se nos inhibe la posibilidad de presentar una iniciativa en el sentido indicado.
No me parece que el Senado tenga que limitarse en este tipo de asuntos, consagrando una extensión demasiado amplia de la facultad presidencial. No se encuentra en discusión el proceso de negociación colectiva o la facultad que establece el número 5º del artículo 65. Creo que es exagerar la nota inhibirnos nosotros en este punto, más allá del contenido del proyecto, respecto del cual algunos podrán estar de acuerdo y otros no. Pero, sin duda, su propósito es generar un instrumento que permita que los trabajadores organizados, durante todo el procedimiento del uso de sus derechos sindicales, incluida la huelga, tengan la seguridad de que no se podrán contratar reemplazantes para desarrollar el trabajo. Y eso no está en la negociación colectiva, porque si lo estuviera, jamás sería aceptado por ellos.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Después de la próxima intervención voy a dar a conocer mi parecer, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, discrepo del planteamiento del Senador señor Pizarro, porque la huelga es parte de la negociación colectiva. De hecho, cuando en esta no se llega a un acuerdo, el mecanismo que sigue es la votación de ella.
Entonces, independientemente de la conveniencia o inconveniencia de la norma, me parece que claramente la huelga forma parte del proceso de negociación colectiva. Y cuando no se da dentro de ese proceso, es lo que se conoce como huelga ilegal.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- El camino por seguir sería consultar a la Comisión de Trabajo. Sin perjuicio de ello, quiero precisar que más adecuada sería la de Constitución. Y en aquellas normas restrictivas o exclusivas se tiene que aplicar el criterio restrictivo o exclusivo -no me corresponde una interpretación sobre el particular- y no uno extensivo o de mayor generalidad, como el planteado por el Senador señor Pizarro.
Lamentablemente, es así, más allá de que uno pueda compartir el fondo o la conveniencia de la iniciativa en cuestión.
La Comisión de Trabajo deberá entregar el informe correspondiente ojalá mañana, a fin de resolver la impasse.
Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Si la Comisión de Trabajo -o la de Constitución- puede fijar el criterio con que tenemos que manejarnos en este asunto, me parece bien. Pero, francamente, a la argumentación dada por el Senador señor Novoa debo responder que, con el criterio sustentado por él, los trabajadores no podrían hacer ni negociación colectiva. Tendrían que estar supeditados a lo establecido en la Constitución o pedir permiso a la Presidenta o al Presidente de turno.
Pero, independiente de eso, señor Presidente, pido que se solicite al Ejecutivo que patrocine el proyecto que hemos presentado, si es que en definitiva se insiste en la declaración de inadmisibilidad.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Es una salida.
Como sea, no podemos abrir debate sobre esto.
Voy a dejar en claro que, frente a las aprensiones de Sus Señorías, lo más propio, a mi juicio, es que sea la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia la que se pronuncie sobre la materia, sin perjuicio de la especificidad que pueda tener la Comisión de Trabajo.
En todo caso, insisto en el criterio que manifesté, en función del cual, a juicio de la Mesa, debe interpretarse nuestra Constitución u otra ley.

ACUERDOS DE COMITÉS

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- El señor Secretario dará cuenta de los Acuerdos de Comités.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Señores Senadores, los Comités, en reunión del día de hoy, acordaron por unanimidad lo siguiente.

1.- Eximir del trámite de Comisión los tres proyectos de acuerdo de los que se ha dado cuenta hoy, refundiendo sus textos: el de los Senadores señores Kuschel y Prokurica, mediante el cual solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República la adopción de diversas medidas en favor de las personas afectadas por la erupción del volcán Chaitén; el de los Senadores señores Zaldívar y Horvath, con el que solicitan a la Primera Mandataria un conjunto de medidas para poner fin al aislamiento de la provincia de Palena, y, por último, el del Senador señor Escalona, mediante el cual solicita a la misma autoridad la utilización del mecanismo del 2 por ciento constitucional para la comuna de Chaitén y para las localidades afectadas de la provincia de Palena.
Reglamentariamente, correspondería votarlos en el Tiempo de Votaciones de mañana, pero los Comités acordaron adelantar dicho pronunciamiento para hoy. Como en esa parte de la sesión no ha lugar a discusión, se acordó que si un señor Senador deseaba fundamentar el origen de los proyectos de acuerdo, debía hacerlo al comienzo de la hora de Incidentes.

2.- Asimismo, a petición del Honorable señor Horvath -quien por razones obvias no se encuentra hoy en Valparaíso-, se acordó retirar de la tabla de la presente sesión, hasta la próxima semana solamente, el proyecto signado con el número 4, iniciado en moción de los Honorables señores Horvath, Prokurica y del ex Senador Ruiz de Giorgio, que define el descarte de especies hidrobiológicas y establece medidas de control y sanciones para quienes incurran en esta práctica en las faenas de pesca.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En cuanto al orden de presentación de los proyectos de acuerdo, quiero precisar que el primero en hacérmelo llegar el día de ayer fue el Senador señor Escalona. Los otros dos se presentaron después. Digo esto porque considero necesario dejar sentado ese precedente.
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, quería referirme a los proyectos de acuerdo, en el sentido de solicitar que se refundieran y fueran tratados al final de la presente sesión. Pero como ello ya fue acordado, está resuelta mi preocupación.
V. ORDEN DEL DÍA



DEFENSA JURÍDICA DE VÍCTIMAS DE DELITOS


El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Espina, Allamand, García, Prokurica y Romero, en primer trámite constitucional, que establece la obligación de otorgar defensa penal y asesoría jurídica a las persona naturales que han sido víctimas de delitos y que no pueden procurárselas por sí mismas, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5408-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional: (moción de los Senadores señores Espina, Allamand, García, Prokurica y Romero).
En primer trámite, sesión 58ª, en 16 de octubre de 2007.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 2ª, en 12 de marzo de 2008.
Constitución (segundo), sesión 15ª, en 29 de abril de 2008.
Discusión:
Sesiones 7ª, en 2 de abril de 2008 (se aprueba en general); 16ª, en 30 de abril de 2008 (queda pendiente su votación).

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Como Sus Señorías recordarán, en sesión de 30 de abril recién pasado se cerró el debate sobre el proyecto. Por lo tanto, ahora corresponde votarlo en particular.
Es preciso hacer notar que la Comisión de Constitución, en su segundo informe, propone aprobar la iniciativa en los mismos términos en que fue acogida en general, es decir, por unanimidad, puesto que la única indicación presentada fue rechazada.
El proyecto requiere para su aprobación de las tres quintas partes de los señores Senadores en ejercicio. Por lo tanto, teniendo en consideración los permisos constitucionales, en este momento se necesitan 22 votos.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En votación.

--(Durante la votación).

El señor NARANJO.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Se halla cerrado el debate sobre este proyecto, Su Señoría. Estamos en votación.
¿Desea fundamentar el voto, señor Senador?

El señor NARANJO.- Quería opinar acerca de otra materia.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Una vez terminado este asunto, Su Señoría.

El señor NARANJO.- Muy bien.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?


El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en particular el proyecto (26 votos), y queda terminada su discusión en este trámite.
Votaron los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Frei, García, Gómez, Kuschel, Larraín, Longueira, Naranjo, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar.


El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.

El señor MALDONADO (Ministro de Justicia).- Señor Presidente, solo deseo valorar la aprobación unánime de este proyecto de reforma constitucional, que es parte del Acuerdo de Seguridad Pública suscrito entre el Gobierno de la Presidenta Bachelet y todas las fuerzas con representación parlamentaria.
El Ejecutivo envió una iniciativa a la Cámara de Diputados la semana recién pasada, que crea el Fondo Nacional para la Representación de Víctimas de Delitos, lo cual permite llevar a la práctica la garantía constitucional que Sus Señorías han aprobado. Aquel operará mediante un consejo técnico que determinará en qué casos se justifica otorgar esa representación legal. Se trata de delitos de especial gravedad o en los que existan diferencias sustanciales entre la víctima y el fiscal a cargo de la investigación.
Por lo tanto, junto con valorar la aprobación unánime de esta iniciativa, quiero señalar que la garantía constitucional que se incorporará en la Carta Fundamental va a tener -ojalá pronto con la voluntad de Sus Señorías- una expresión legal que se materializará en un beneficio práctico en favor de las víctimas de delitos de mayor gravedad.
Muchas gracias.


REGULACIÓN DE CONVENIOS NO CONCURSALES PARA PEQUEÑOS DEUDORES Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS


El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Vásquez, en primer trámite constitucional, que regula los convenios no concursales para pequeños deudores y pequeñas y medianas empresas, con informe de la Comisión de Economía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4908-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del Senador señor Vásquez).
En primer trámite, sesión 3ª, en 14 de marzo de 2007.
Informe de Comisión:
Economía, sesión 10ª, en 9 de abril de 2008.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es el establecimiento y regulación de convenios no concursales que se caractericen por ser simples, baratos, libres y rápidos, aplicables a todos los deudores, personas naturales o jurídicas, civiles o comerciales, cuyas ventas anuales no superen el equivalente a cien mil unidades de fomento, y a pequeños deudores cuyas actividades estén en mal estado económico o en cesación de pago.
La Comisión de Economía discutió el proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Flores, Novoa, Pizarro y Vásquez).
El texto pertinente se consigna en la parte final del primer informe de la Comisión que Sus Señorías tienen en sus escritorios.
Cabe tener presente que los artículos 4º; 48, inciso segundo, y 63 tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación del voto conforme de 21 señores Senadores.
Finalmente, corresponde señalar que la Comisión de Economía deja constancia de un acuerdo bastante especial, adoptado también por unanimidad, en orden a solicitar a la Sala que, en caso de aprobarse en general el proyecto, se otorgue un plazo de 90 días para presentar indicaciones.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En discusión general.

Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.

El señor VÁSQUEZ.- Señor Presidente, la iniciativa en debate, tal como dijo el señor Secretario General, tiene por objeto principal establecer y regular convenios no concursales, es decir, no relacionados con la quiebra, que se caractericen por ser simples, baratos, libres y rápidos, atendidos los altos costos que involucra en la actualidad la celebración de un convenio conforme a la legislación vigente, que en la práctica margina de esta posibilidad a todo tipo de deudores y empresas menores, que representan un altísimo porcentaje de la actividad productiva del país.
La legislación en materia concursal sitúa el conflicto en la relación entre acreedores y su deudor, no trascendiendo a otros tópicos, tales como que el convenio debe posibilitar y amparar la reconversión del deudor.
La base de la legislación concursal siempre ha tenido como trasfondo el incumplimiento del crédito. En este mundo global, ya no debiera ser el crédito, en el sentido particular que vincula a dos o más personas mediante una obligación personal, el bien jurídico protegido, sino como concepto asociado a la protección de las transacciones en general, pues la generación de las confianzas se produce en la medida en que exista garantía de su cumplimiento.
Los convenios que contempla actualmente el Código de Comercio merecen algunos reparos. En la celebración de estos existen diversos intereses involucrados. En primer lugar, el interés particular de cada uno de los implicados en la renegociación; el interés público, que trasciende a los intereses particulares, que permite la aplicación universal de la norma y que se cristaliza en el acto de autoridad en tanto esta finalmente garantiza sus efectos. Y, por último, en el entendido de que el marco de referencia es la reorganización patrimonial, debe ser también un agente de la defensa del interés económico protegido.
La legislación actual resulta discriminatoria para estos pequeños y medianos deudores, afectando la garantía constitucional de la igualdad ante la ley. Ello, en primer lugar, por los altísimos costos que genera la celebración de un convenio. A modo de ejemplo, en el texto de la moción se contienen los costos básicos de un convenio que considere activos de 2 mil UF, incluyendo publicaciones, honorarios del síndico o experto facilitador, del auditor autorizado por la Superintendencia de Valores y Seguros o, en su caso, del interventor designado por el tribunal y del abogado patrocinante del convenio, de acuerdo con la legislación en materia concursal. Estos ascienden aproximadamente a 3 millones 916 mil pesos.
Por otra parte, la normativa vigente en materia de convenios no otorga los incentivos para evitar el conflicto final, esto es, la quiebra, ya que los beneficios para ciertos acreedores, por ejemplo, la recuperación del crédito fiscal, se da en el escenario de la quiebra y no del convenio.
En definitiva, el proyecto en discusión propone, en 63 artículos, agrupados en cuatro títulos, una regulación aplicable particularmente a la pequeña y mediana empresas, estableciendo tres nuevos tipos de convenios: el convenio simple, de carácter extrajudicial, que posteriormente es sometido a consideración de los demás acreedores; el convenio para los pequeños deudores, entendiendo como tales a las microempresas en cualquiera de sus formas, siempre y cuando sus pasivos no excedan de 2 mil unidades de fomento y sus activos no sean inferiores a la mitad de sus pasivos; y, finalmente, el convenio preventivo especial, que pueden celebrar empresarios cuyas ventas anuales no superen las 100 mil unidades de fomento.
El proyecto desvincula estos tres tipos de convenios de refinanciamiento con la Ley de Quiebras, lo que constituye una importante diferencia con la legislación actual en materia de convenios, conforme a la cual, en varios casos, particularmente en el convenio preventivo, la presentación y posterior rechazo de un convenio, trae necesariamente aparejada la declaración de quiebra. En su lugar, la iniciativa propone buscar alternativas previas que permitan "resucitar financieramente al deudor" en vez de liquidarlo con la declaración de quiebra, por caminos más rápidos, baratos y que producen menos consecuencias jurídicas.
En general, todos quienes participaron en el proceso de estudio del proyecto manifestaron su opinión favorable a su idea matriz y a los fundamentos de la moción.
Sin embargo, en razón de que actualmente se encuentra en tramitación en la Cámara de Diputados el proyecto de ley conocido como "Estatuto Pyme" (contiene normas para que estas empresas de menor tamaño puedan enfrentar de mejor manera los ciclos económicos recesivos a los que se encuentran afectas la generalidad de las empresas), el que, como se recalcó durante la discusión, fue presentado en forma posterior a la de la iniciativa en debate, se sugirió estudiar detenidamente la mejor fórmula para conseguir los objetivos propuestos, evitando complejizar demasiado la legislación y buscando la mayor armonía entre la ley vigente y las nuevas propuestas.
Por ello, la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, mostrándose de acuerdo con el proyecto de ley en análisis, estimaron que es perfectible. Y, en función de la búsqueda de armonía con las disposiciones que se hallan en estudio en la otra rama legislativa, acordaron solicitar, de ser aprobada la iniciativa, fijar un plazo no inferior a 90 días para la presentación de indicaciones.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.
Su Señoría no se encuentra presente.
No hay más inscritos para intervenir.
En votación general el proyecto.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?


El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (29 votos favorables).
Votaron los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Espina, Frei, Gómez, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Novoa, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Se ha solicitado un plazo de 90 días para presentar indicaciones. Es decir, hasta el 4 de agosto, a las 12.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.




ENMIENDA A LEY N° 18.450 PARA ACCESO DE AGRICULTORES ARRENDATARIOS A PROYECTOS DE RIEGO


El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley de Fomento de Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje, permitiendo que los agricultores arrendatarios puedan postular a los proyectos de riego, con informe de la Comisión de Agricultura.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3336-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 47ª, en 9 de noviembre de 2005.
Informe de Comisión:
Agricultura, sesión 10ª, en 9 de abril de 2008.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Los objetivos principales del proyecto son:
1) Permitir que los agricultores arrendatarios puedan acceder a los beneficios de bonificación de la Ley de Fomento de Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje siempre que concurran determinados requisitos; y
2) Posibilitar que los arrendatarios de un predio agrícola bajo la modalidad denominada leasing también puedan postular a los beneficios de la ley de fomento ya mencionada.
La Comisión de Agricultura discutió el proyecto tanto en general cuanto en particular, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Coloma, Espina y Vásquez).
En cuanto a la discusión en particular, la Comisión efectuó tres modificaciones a la iniciativa despachada por la Honorable Cámara de Diputados, las que fueron todas aprobadas por unanimidad.
Estas consisten en:
a) Establecer los requisitos que deben cumplir los agricultores arrendatarios y los arrendatarios con opción de compra o leasing para acceder a los proyectos de riego, y
b) Mantener el texto actual del inciso primero del artículo 14 de la Ley de Fomento del Riego sobre sanción al retiro del predio o enajenación de bienes adquiridos con la bonificación antes de que concluya el plazo de 10 años.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado dividido en cuatro columnas, que transcriben la Ley de Fomento de la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje; el proyecto despachado por la Cámara de Diputados; las enmiendas realizadas por la Comisión de Agricultura, y el texto final que resultaría de aprobarse dichas modificaciones.
Cabe señalar, finalmente, que la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión de Agricultura (Senadores señores Coloma, Espina y Vásquez) estimó que no procede dar a esta iniciativa trámite a la Comisión de Hacienda, atendida la naturaleza de ella.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En discusión general el proyecto.

Ofrezco la palabra.

El señor COLOMA.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, voy a informar a la Sala acerca de los alcances de este proyecto de ley, nacido en moción de diversos señores Diputados y que, en lo medular, procura establecer en la ley N° 18.450, de Riego, la posibilidad de que también opten a sus beneficios los agricultores arrendatarios, lo cual hasta ahora no se permite.
Quiero destacar que esa es, indudablemente, una de las leyes de fomento más importantes y positivas en la historia del país. Fue publicada el 30 de octubre de 1985, y su objeto era incentivar la inversión privada en obras menores de riego y drenaje.
A los efectos de que quede constancia en la Versión Taquigráfica, debo manifestar que hay tres tipos de obras: los grandes embalses, que se rigen por normas especiales; los embalses medianos, que también se regulan por disposiciones específicas, y las obras menores, con una inversión de hasta 12 mil unidades de fomento, que son precisamente las que tienen que ver con la iniciativa en debate.
Desde el punto de vista histórico, es necesario considerar que a lo largo de los años se han invertido más de 400 mil millones de pesos. Y -consta en las actas de las reuniones de la Comisión de Agricultura-, según los indicadores del Ministerio de Hacienda, la rentabilidad de este tipo de construcciones alcanza a más de 30 por ciento.
O sea, se trata de uno de los subsidios de más relevancia que existen en Chile. Y, en el hecho, se ha traducido en un sustantivo incremento de la capacidad de riego, posibilitando no solo dar mayor valor agregado a los productos, sino también incorporar miles de hectáreas a la actividad agrícola y, por ende, proporcionar más empleo y de mejor calidad.
Voy a hacer una pequeña digresión sobre la materia, señor Presidente.
La ley N° 18.450 rige hasta el 1° de enero de 2010; ese día terminará su aplicación. Nosotros estamos trabajando -ayer, junto con varios de los parlamentarios aquí presentes, participamos en un seminario al respecto- para ver qué aspectos de ella perfeccionar en la eventualidad de que se acuerde ampliar su plazo de vigencia, lo que es muy probable. Y entre las enmiendas esenciales se encuentra precisamente la destinada a posibilitar que los actuales arrendatarios de predios agrícolas accedan a la bonificación prevista en dicho cuerpo legal.
Hasta ahora tal beneficio se halla limitado a los propietarios. Pero, dado que se trata de un subsidio dirigido al predio y no a las personas, los miembros de la Comisión de Agricultura consideramos razonable la idea (planteada por los Diputados autores de la iniciativa) de extender su ámbito de aplicación para que postulen a él los numerosos arrendatarios existentes en las zonas agrícolas.
A tal efecto, colocamos algunos requisitos, que parecen de sentido común: primero, que haya un contrato de arrendamiento otorgado por escritura pública inscrita en el Conservador de Bienes Raíces respectivo; segundo, que exista autorización previa y por escrito del propietario, y tercero, que el plazo de duración del contrato no sea inferior a cinco años.
Adicionalmente -aspecto susceptible de análisis; porque entiendo que aprobaremos el proyecto solo en general-, se establece la prohibición de que los elementos adquiridos con la bonificación salgan del predio antes del plazo de diez años. Ello, para enfatizar el concepto de que el beneficio ha de otorgarse en función del mejoramiento de la capacidad del inmueble y no de la persona que accede él.

El señor MUÑOZ BARRA.- ¿Me concede una interrupción, señor Senador?

El señor COLOMA.- Concluyo enseguida, Su Señoría.
Esa es la idea de fondo, señor Presidente: extender a los arrendatarios de predios agrícolas el subsidio referido, ad portas de una modificación fundamental de la Ley de Riego, que llegará más adelante, lo que no tiene que ver con el contenido, sino con los recursos.
Hago notar a Sus Señorías que el año pasado las cifras involucradas alcanzaron a 28 mil millones de pesos. Y para 2008, producto de la sequía, el presupuesto subió a 40 mil millones.
Se supone que la demanda por esta clase de incentivo irá creciendo con el tiempo.
Entonces, si -como postulan las autoridades del área- se pretende aumentar de un millón a un millón cuatrocientas mil las hectáreas trabajadas de manera adecuada en materia de tecnificación, resulta indispensable posibilitar que el beneficio lo pidan también los arrendatarios de los predios y no únicamente sus propietarios.
Ese es el objetivo de esta iniciativa. En la Comisión la analizamos durante varias sesiones, y en definitiva concordamos el texto que aparece en el informe.
Por lo tanto, solicitamos a la Sala aprobar en general el proyecto, pues estamos seguros de que mediante él otorgaremos una herramienta decisiva para el mejoramiento de cientos de miles de hectáreas del suelo agrícola de nuestro país.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.

El señor OMINAMI.- Señor Presidente, esta iniciativa se originó en moción de un grupo de Diputados de la Alianza por Chile.
Creo que es un buen proyecto. Básicamente, se trata de que los agricultores arrendatarios puedan acceder a la bonificación de la ley N° 18.450, que ha permitido un significativo avance en cuanto a obras de riego y drenaje en los campos del territorio nacional.
En la iniciativa despachada por la Cámara de Diputados se proponía sancionar con una multa -juzgo muy importante este resguardo-, equivalente al monto percibido como bonificación, al que sin aviso previo a la Comisión Nacional de Riego y antes del plazo de cinco años retirare del predio bienes adquiridos con aquella. Y se establecía otra multa, equivalente al triple de la bonificación obtenida, al que sin autorización de la Comisión Nacional de Riego y antes de diez años enajenare dichos bienes.
En consecuencia, tratándose de una ley significativa, que ha sido un instrumento muy útil para el desarrollo y la modernización de la agricultura nacional, me parece de estricta justicia que el beneficio se otorgue no solo a los propietarios, sino también a los campesinos o agricultores arrendatarios de tierras.
Valoro, entonces, la iniciativa y anuncio mi voto favorable.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.

El señor MUÑOZ BARRA.- ¿Me concede una interrupción para hacer una consulta, señor Senador?

El señor SABAG.- Sí. Con el visto bueno del señor Presidente, no tengo ningún problema.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Con la venia de la Mesa, puede usar de la interrupción el Honorable señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, quiero formular una pregunta al señor Senador informante.
Su Señoría expresó que podrán acceder a la bonificación los arrendatarios con contrato de duración no inferior a cinco años. ¿Se considera entre ellos a los campesinos indígenas, quienes en algunos casos se rigen por legislaciones separadas que les permiten arrendar sus tierras por un plazo no superior a cinco años?
Los agricultores indígenas que arrienden sus tierras por los cinco años que la ley les permite, ¿podrán postular al beneficio a que se refiere la iniciativa en debate o quedarán circunscritos a las disposiciones vigentes de la CONADI o de otras organizaciones?
Agradezco a Su Señoría la interrupción.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, este es un buen proyecto. Se trata de dar facilidades a los agricultores para que puedan producir en mejores condiciones.
Por cierto, muchos de ellos desarrollan su actividad en predios arrendados y, pese a ser excelentes trabajadores y tener iniciativa, por esa circunstancia no pueden optar a la bonificación contemplada en la ley N° 18.450, de Riego.
Dicho cuerpo legal es muy bueno. Y debo manifestar al Senador señor Coloma, Presidente de la Comisión de Agricultura, que estamos con la mejor disposición para apoyar la prórroga de su vigencia y mejorar muchas situaciones que podremos ver en su oportunidad.
Sin embargo, me asaltan algunas dudas sobre el texto en debate.
Allí se dispone que deba existir un contrato de arrendamiento no inferior a cinco años.
¿De qué obras estamos hablando? ¿De obras movibles o de aquellas que pueden quedar en terreno?
Si son obras movibles, se ha de explicitar, entonces, que deberán quedar permanentemente en el predio.
Y otro problema.
Tras hablarse de un arrendamiento no inferior a cinco años, se dispone que los bienes no podrán ser retirados antes de diez.
Si el contrato dura cinco años, por ejemplo, y los bienes no pueden ser retirados antes de diez, ¿quién los usará con posterioridad al término de aquel? ¿El propietario?
Esas cuestiones tienen que ser aclaradas.
En todo caso, estoy completamente de acuerdo con la iniciativa, que votaré favor.
Si el señor Presidente de la Comisión desea una interrupción, se la otorgo, con la venia de la Mesa, para que aproveche de contestar las dos interrogantes planteadas en la Sala.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.

El señor COLOMA.- Contestaré a ambos colegas, señor Presidente.
En primer lugar, debo reiterar al Senador señor Muñoz Barra que se exige la existencia de un contrato de arrendamiento otorgado por escritura pública inscrita en el Conservador de Bienes Raíces respectivo.
Aquí lo importante es la seguridad de quien se compromete, pues -recordémoslo- la obra supone recursos del particular. No se trata de una bonificación de cien por ciento. El máximo es 75 por ciento. Hoy el corte se encuentra entre 55 y 60 por ciento. El resto lo aporta el privado.
La modalidad con que funciona la ley que se modifica considera el pago del subsidio una vez hecha la obra. Y, generalmente, el particular obtiene un crédito bancario, se ejecuta aquella y el pago se va efectuando en el tiempo. Entonces, se postula que haya para el arrendatario la seguridad de que la obra por la que asumió aquel compromiso pecuniario le será útil a lo menos en los cinco años siguientes.
En consecuencia, el beneficio se limita a los contratos inscritos en el Conservador de Bienes Raíces. Pero el Senador señor Muñoz Barra podrá presentar indicación en sentido distinto durante el trámite siguiente.
Ahora me referiré a las consultas del Honorable señor Sabag.
La realización de las obras pertinentes supone recursos del arrendatario. Por ende, la bonificación se plantea también en su beneficio, a fin de que no suceda que invierta una cantidad importante de dinero -por ejemplo, cien millones de pesos- para ejecutar una obra y al año siguiente le caduquen el arriendo, en circunstancias de que debió aportar, en promedio, 45 a 50 por ciento del total.
Por otra parte, en la Comisión de Agricultura se discutió mucho en torno a qué pasará después de los diez años.
Esa es una materia debatible, señor Presidente. Porque una cosa es quién paga lo correspondiente al particular, y otra, que el subsidio se otorga en función del predio y no de la persona. No se trata de que esta última obtenga ese beneficio y pueda llevarse la obra correspondiente a cualquier lado. El concepto es que ella quede en beneficio del predio.
¿Por qué se establece el límite de diez años? Porque -y lo discutimos mucho en la Comisión- luego de ese lapso muchas obras van quedando caducas.
Ahora, se trata de un plazo mínimo. Cumplido, la obra podrá sacarse o moverse; pero ya se habrá usado un tiempo razonable en beneficio del predio.
Se trata, pues, de cuestiones de criterio. Algunos planteaban doce años; otros, siete. La Comisión acordó un plazo mínimo de arriendo de cinco años y que el lapso para sacar algunas de las obras subsidiadas fuera a contar de los diez años -o sea, que su vida útil sea a lo menos por ese tiempo-, considerando que existe un aporte importante del Estado, cuyo monto (lo recalco) no puede ser conocido previamente, pues las asignaciones se efectúan mediante concurso; el máximo es 75 por ciento, pero hay casos en que la bonificación llega a un porcentaje mucho menor, según el grado de competencia que tenga para las distintas Regiones.
Agradezco la interrupción, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Naranjo.

El señor NARANJO.- Señor Presidente, a mi entender, debemos poner la iniciativa en análisis en la perspectiva de los objetivos que nuestro país se ha planteado a futuro.
Chile quiere ser una potencia agroalimentaria. Y para alcanzar esta meta es fundamental mejorar la eficiencia de los distintos factores productivos.
Es cierto que con mejor tecnología podremos avanzar de manera importante en el aumento de la productividad; de la misma forma, con mayor capacitación y especialización de la mano de obra. Pero no es menos cierto que uno de los factores que se están transformando en obstáculo para el desarrollo del sector rural del país es principalmente la limitación del recurso agua.
Por tanto, en buena hora todo lo que permita mejorar la adecuada y eficiente utilización del vital elemento. Y ojalá que lo hagamos con la mayor rapidez posible.
Ahora, de acuerdo con distintas cifras que se manejan, aproximadamente cinco por ciento -incluso un poco más- de las tierras que se dedican a las actividades agropecuarias son arrendadas. Y la ley Nº 18.450, sobre fomento a la inversión privada para mejorar los sistemas de regadío en el país, excluye a los terrenos arrendados de la posibilidad de ser incorporados a las mejoras en la tecnología de riego.
Por consiguiente, considero del todo justo y necesario permitir que los arrendatarios accedan al beneficio mencionado. Porque el subsidio se otorga al suelo, no al arrendatario. Serán los suelos los que se beneficien con las modificaciones planteadas y con los perfeccionamientos que se hagan a la ley de fomento a la inversión privada en obras de riego.
La iniciativa propuesta, entonces, me parece del todo oportuna, pues da una nueva orientación a la referida ley, que excluye -por decirlo de alguna manera- del beneficio en comento a más de cinco por ciento de la tierra productiva de nuestro país. Con la enmienda planteada estamos abriendo la puerta para que agricultores quizás de menos recursos, con menos medios, también puedan mejorar la eficiencia de sus factores productivos.
Lo anterior es más significativo aún si consideramos que se trata de un recurso -insisto- cada día más restringido, que cada día se transforma en un obstáculo o limitación para el desarrollo productivo, a tal extremo que expertos en la materia -quizá no se encuentran tan alejados de la realidad- han señalado que, probablemente, el agua se va a transformar en uno de los factores desencadenantes de un tercer conflicto bélico mundial.
Y nuestro país, señor Presidente, no escapa al hecho cierto de la falta del vital elemento.
Por lo expuesto, creo importante aprobar el proyecto en debate, pues a través de él estamos haciendo justicia con relación no solo a los arrendatarios sino también a la utilización más eficaz de nuestros recursos productivos.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Varios señores Senadores han solicitado abrir la votación.
En votación general la iniciativa.
--(Durante la votación).

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, tanto el Senador que me antecedió en el uso de la palabra como el titular de la Comisión de Agricultura plantearon el problema de fondo.
Hoy se da una paradoja en el sur de Chile: durante los inviernos se registra un gran superávit de agua, con inundaciones frecuentes, y en los veranos existe una tremenda escasez; incluso, en los años con sequía la situación es dramática, pues hay zonas rurales -lo digo por la Novena Región, que represento en el Senado- donde no existe agua ni siquiera para el consumo humano.
En nuestro país son a lo menos cuatro los factores que permiten al sector agrícola desarrollarse adecuadamente: primero, tierras preparadas para una buena productividad; segundo, capacitación para los trabajadores, a fin de que logren un buen resultado en sus predios; tercero, tecnología, y cuarto, capital de trabajo (esto último se traduce en beneficios, incentivos, subsidios del Estado y créditos de largo plazo a los efectos de financiar el capital necesario para producir).
Este proyecto aborda el primer factor, señor Presidente.
Sin discusión, para tener tierras bien preparadas se necesita contar con agua. La productividad de una hectárea de secano es del todo diferente a la de una regada. Y en el caso de la Novena Región es notoriamente distinta. Una hectárea regada nos permite desarrollar una agricultura de exportación, mejorar la eficiencia, diversificar los productos; en cambio, una hectárea que no tiene riego nos obliga a concentrarnos en pocos productos.
Y esta iniciativa apunta en la dirección correcta.
En primer lugar, porque percibe una realidad que en el mundo agrícola se reclamaba desde hacía mucho tiempo: que el subsidio para fomentar la inversión privada en obras de riego se otorgue no solo al dueño de la tierra, sino también a los arrendatarios (son cientos de miles los casos de predios que se arriendan).
En segundo término, porque para entregar el subsidio no se exigen plazos de arriendo muy largos. Lo regular es que los contratos de arriendo no se suscriban por períodos mayores a cinco años. Por lo tanto, requerir plazos superiores haría prácticamente inviable el proyecto.
Y, en tercer lugar, porque para asegurar que la obra será bien utilizada, se exige mantener la obra de riego por un plazo de diez años, a objeto de evitar que, en definitiva, se realicen obras transitorias y el Estado gaste una enorme cantidad de recursos que al final no sean bien aprovechados.
En suma, el proyecto apunta en la dirección correcta, por permitir que el arriendo y el leasing accedan al sistema; por disponer que, para gozar del beneficio, los contratos de arriendo no deben ser por plazos superiores a cinco años, y por establecer que una vez transcurridos diez años -lo que, en la práctica, muchas veces no ocurrirá- se podrá retirar parte de la inversión realizada en las obras de riego.
Pero la cuestión de fondo -y lo consultaba al señor Presidente de la Comisión- son los recursos que se destinarán al respecto. En el año en curso se asignan 40 mil millones de pesos, contemplándose 20 mil millones adicionales que pone el sector privado. Porque recordemos que el beneficio llega a 75 por ciento del costo de los estudios, construcción y rehabilitación de la obra de riego o de drenaje.
En realidad, se trata de un monto insuficiente, porque en el sur, o al menos en la Novena Región, se necesita mucha más inversión para contar con las obras de riego y drenaje necesarias para transformar realmente hectáreas de secano en hectáreas de riego.
Además, lo anterior lleva a otra materia relevante: los embalses. En la Región que represento no se ha construido ninguno en los últimos diez años. Y no hay candidato presidencial que no haya anunciado alguna de esas obras para La Araucanía.
Entonces,¿

El señor NARANJO.- ¡En la Séptima!

El señor ESPINA.- ¿Perdón?

El señor GAZMURI.- En la Séptima.

El señor ESPINA.- Estoy hablando de la Novena.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Señores Senadores, les solicito que se dirijan a la Mesa y eviten los diálogos.

El señor ESPINA.- Excúseme, señor Presidente.
En la Región que represento no se han construido los embalses que se requieren para transformar hectáreas de baja productividad en hectáreas de alta productividad.
Resulta absurdo que hoy nos encontremos con que, por una parte, cae una gran cantidad de agua en invierno y se inundan zonas completas, motivo por el cual se gastan y gastan recursos, y con que, por otra, cuando llega el verano, el agua se va directamente al mar y se presenta sequía, sin que el elemento se aproveche, como dije, no solo para el uso agrícola, sino incluso para el consumo humano.
Este es un muy buen proyecto, señor Presidente, pero quiero observar que no solucionará el problema de la agricultura. En efecto, se requieren más recursos, construir embalses y un esfuerzo serio para que la infraestructura en el sector sea muy superior a la actual.
Al igual que lo hice en la Comisión, me pronunciaré a favor de la iniciativa.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, el proyecto exhibe varias dimensiones tremendamente positivas. Por eso, votaré que sí, esencialmente por tres razones.
Una de ellas es que se requiere mejorar la eficiencia en el uso del agua. En la actualidad, en los valles de riego, el mayor porcentaje del recurso hídrico, en términos cuantitativos, es utilizado por agricultores, cifra que llega hasta 70 por ciento en algunos lugares. Sin embargo, la eficiencia es bajísima, porque en la mayoría de los casos se registra una pérdida de entre 50 y 60 por ciento por filtraciones, lo que una parte importante se podría evitar.
Incluso, se halla demostrado que los sistemas de riego tradicionales (de manera tendida) implican un mal uso del agua, no solo porque se lava el suelo, sino porque no necesariamente la abundancia del elemento mejora el crecimiento de los cultivos.
Ahora bien, existe un motivo de fondo por el cual el texto en examen resulta positivo, ya que también permite a los arrendatarios de tierras, que son varios, mejorar su capacidad de riego.
Eso, en particular, cuando son grandes.
Pero, en relación con los chicos, la iniciativa asimismo hace posible que los proyectos de carácter colectivo logren un mayor impacto territorial. Muchas juntas de vigilancia y canalistas han realizado un esfuerzo por mejorar su eficiencia de riego; pero, de acuerdo con la ley, es necesario que los postulantes sean dueños. Y, a veces, pequeños propietarios de terrenos -no medianos, como en el ejemplo del Honorable señor Coloma- pierden ventajas tremendas por no poder formar parte de tales proyectos.
El asunto es muy importante, además, para la pequeña agricultura, que también cuenta con otro mecanismo de subsidio, vía INDAP. Dicha entidad tiene entre sus beneficiarios a los arrendatarios, pero no sucede lo mismo con la ley Nº 18.450. Y se genera el absurdo de que, aunque en este último caso ellos quieran ser parte de un proyecto colectivo, hoy día no pueden, lo que genera un conflicto medio absurdo en la comunidad. Por tanto, incorporar el concepto del arrendatario introduce un elemento de equidad a la hora de emprender tales iniciativas, que es donde probablemente más empeño se debe desplegar.
Por último, señor Presidente, queda definido con mucha claridad que el subsidio es para los terrenos.
Hasta ahora, siempre existió cierta ambigüedad. Y creo que esta se rompe al plantearse una opción, porque quedará consignado en la Versión Oficial que el beneficio tiene que ver con los suelos.
Considero que eso apunta a un esfuerzo que el país tiene que hacer si quiere ser una potencia agroalimentaria.
Y otra dimensión para que lo anterior sea viable es el precio del dólar. Lo que pasa, en una economía como la nuestra, es que tenemos bienes transables que distorsionan, cuando alcanzan altos precios, la exportación de los bienes no transables.
Pero no cabe duda de que, para ser una potencia agroalimentaria, necesitamos mejorar nuestra infraestructura, en particular la de riego.
Y quiero dar un ejemplo. En el sector de secano de la Sexta Región, muchas personas son arrendatarias de tierras. Se trata de zonas donde llueve bastante en invierno, pero no se cuenta con ninguna obra que permita acumular agua. Si los pequeños agricultores pudiesen realizar construcciones de ese tipo, las tierras tendrían un destino distinto al de hoy, que es forestal, lo cual posibilitaría un aumento significativo de la productividad.
El proyecto es positivo, señor Presidente, porque permite un mejor uso del recurso hídrico, una mayor equidad y, sobre todo, modernizar el país con relación a una materia acerca de la cual todavía no hemos efectuado un debate relevante: la política respecto del agua. Ante la carencia de directrices en ese ámbito, es probable que ello constituya la gran discusión pendiente.
Pero, sin duda, la iniciativa en análisis, presentada por varios Parlamentarios, resulta tremendamente trascendente, por lo que votaré a favor.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.

El señor VÁSQUEZ.- Señor Presidente, ya se expuso gran parte de lo que pretendía expresar como miembro de la Comisión de Agricultura.
Estimo que lo más importante del proyecto, además de lo afirmado en la Sala, dice relación a que busca aumentar la productividad de la tierra y, por lo tanto, a que sea indiferente quién es el beneficiario aparente, como persona -en realidad, técnicamente, lo denominaríamos un subsidio real: es a la cosa, no a la persona, porque puede solicitarlo el propietario o, con el consentimiento de este, el arrendatario-; y, en lo fundamental, a que las obras deben permanecer en el terreno durante un plazo de diez años. No importa, entonces, que incluso cambie el propietario, porque el nuevo adquirente deberá respetar el aumento de productividad a que dio lugar la obra de riego, efecto en el que ha participado el subsidio del Estado.
De allí, señor Presidente, que la iniciativa presente la gran ventaja, la gran utilidad y, sobre todo, la gran visión de entender el proceso productivo agrario, más que el beneficio particular de un propietario o un arrendatario.
Como resulta obvio, es preciso proteger a quien realiza la inversión, que al menos debe ascender a 25 por ciento del costo, así como también al propietario, porque este puede concluir que le están gravando el predio con aquello que no le interesa, por lo que se requiere su aprobación cuando no es quien solicita el subsidio.
Pero, obviamente, proyectos de esta naturaleza aumentan el rendimiento de la tierra y permiten nuevos cultivos, así como, por consiguiente, el desarrollo del agro, de modo que votaré que sí.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, todo lo que vaya por la vía de generar una mayor eficiencia en la productividad agrícola, bienvenido sea. Y, por cierto, contará con nuestros pronunciamientos favorables.
En cuanto a lo dicho sobre la construcción de embalses y, particularmente, la aplicación de políticas de riego, solo deseo observar que, en definitiva, al menos en la Región del Biobío, con el canal Laja-Diguillín, que tuvo un costo de más de 140 millones de dólares, las expectativas de captación de agua desde el lago Laja han variado en forma sustantiva y que los agricultores potencialmente beneficiarios van a la baja, habiéndose registrado venta de terrenos. Es decir, tierras que han logrado una mayor plusvalía debido a que cuentan con riego, dejan de estar en manos de pequeños propietarios y son adquiridas por medianos o grandes empresarios, quienes usan una infraestructura de un costo millonario en dólares que estaba destinada particularmente a los primeros.
Al aprobar el proyecto de ley -como lo voy a hacer-, espero que los campesinos no se conviertan en eternos arrendadores de sus tierras, sino que las hagan producir.
Si la tendencia que marcará una iniciativa de esta naturaleza es que resulta más eficiente sobrevivir cediéndolas en arriendo y no haciéndolas producir, significará un giro, por cierto, y el fin del pequeño propietario, del pequeño campesino.
Entiendo que la política que se persigue apunta a un claro objetivo, en consecuencia, y que existen otras, desde el Ministerio de Agricultura, tendientes a fortalecer la sobrevivencia y desarrollo de los pequeños propietarios campesinos, para que del negocio de la agricultura no pasen al negocio inmobiliario, es decir, a vivir de la renta del arriendo de tierras y no de hacerlas producir.
Esa es una posibilidad cierta al aprobarse el texto en estudio.
Estimo factible una corrección en cuanto a los subsidios y la supervisión, para que se trate de una práctica -como lo establece la iniciativa- por uno o dos años y no más allá de diez, y que en definitiva haya rotación. De lo contrario, una iniciativa como la que nos ocupa, que tiene el claro objetivo de apoyar el desarrollo de los pequeños propietarios campesinos, puede terminar siendo el principio del fin de ese sector.
Voto en la convicción de que, al aprobar el Ministerio de Agricultura la iniciativa y contar esta con el patrocinio del Ejecutivo, existe una clara convicción de que Chile requiere, dentro de su política agroalimentaria, mantener a los productores, y particularmente a los pequeños, para la diversidad del mercado.
No quiero, en el ámbito de la agricultura, la concentración en grandes productores, sino un equilibrio adecuado de pequeños, medianos y grandes. Y si el presente texto contribuye en esa línea, le doy mi voto favorable.
Espero que dicha Secretaría de Estado -y se lo haremos saber a la señora Ministra- aplique las políticas necesarias para evitar cualquier desviación del sentido que he expresado.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?


El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (27 votos favorables) y, a solicitud del Senador señor Coloma, se fija plazo para presentar indicaciones el 19 de mayo, a las 12.
Votaron los señores Allamand, Ávila, Bianchi, Cantero, Coloma, Escalona, Espina, Frei, Gazmuri, Girardi, Kuschel, Larraín, Letelier, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Novoa, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Sabag, Vásquez y Zaldívar.

VI. TIEMPO DE VOTACIONES



MEDIDAS ANTE ERUPCIÓN DE VOLCÁN CHAITÉN.
FUSIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Corresponde ocuparse de tres proyectos de acuerdo, presentados por diversos señores Senadores, respecto de la situación provocada por la erupción del volcán Chaitén, Décima Región.
--Los antecedentes sobre los proyectos de acuerdo(S 1066-12, S 1067-12 y S 1068-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se dan cuenta en sesión 17ª, en 6 de mayo de 2008.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- De conformidad con la resolución unánime de los Comités, deben votarse los siguientes proyectos de acuerdo:
1) El de los Senadores señores Kuschel y Prokurica, cuyo propósito es solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República la adopción de diversas medidas en favor de las personas afectadas por la erupción del volcán Chaitén, incluido el inicio, a la brevedad, de los trabajos para concluir el tramo de la Ruta 7 que unirá, sin trasbordo, Puerto Montt y Chaitén.
2) El de los Honorables señores Zaldívar y Horvath, que tiene por objeto pedir a Su Excelencia la Presidenta de la República la adopción de un conjunto de medidas para poner fin al aislamiento de la provincia de Palena.
3) El del Senador señor Escalona, cuya finalidad es solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República la utilización del mecanismo del dos por ciento constitucional para enfrentar la situación de la comuna de Chaitén y las localidades afectadas de la provincia de Palena.
Cabe destacar que, en virtud del acuerdo adoptado por los Comités en el día de hoy, si dichos proyectos son aprobados se refundirán en un solo texto, para ser comunicados -ojalá hoy día mismo- a la Primera Mandataria.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobarán.
--Se aprueban por unanimidad los proyectos de acuerdo.
VII. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor HOFFMANN (Secretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor ESPINA:
Al señor Director General de la Policía de Investigaciones, con el objeto de remitirle ANTECEDENTES SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN POLICÍA CIVIL; a la señora Directora Ejecutiva de Fundación Integra, enviándole CORREO ELECTRÓNICO DE SEÑOR JAIME LAVÍN SANDOVAL, y al señor Gerente General de Aguas Araucanía S.A., demandando una solución para SITUACIÓN DE SEÑORA MARIELA INOSTROZA CATILAO A RAÍZ DE DESBORDE DE AGUAS SERVIDAS EN SECTOR VILLA FLORENCIA, COMUNA DE TRAIGUÉN.
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El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En Incidentes, conforme a lo resuelto por los Comités, tiene la palabra el Honorable señor Escalona para entregar la fundamentación de la aprobación de un proyecto de acuerdo sobre la situación en Chaitén.


FUNDAMENTACIÓN DE PROYECTO DE ACUERDO
ANTE ERUPCIÓN DE VOLCÁN CHAITÉN

El señor ESCALONA.- Señor Presidente, agradezco la disposición de la Sala para aprobar, por unanimidad, los tres proyectos de acuerdo planteados sobre la emergencia registrada en la Décima Región, enteramente coincidentes en su propósito.
El presentado por el Senador que habla persigue como objetivo que se atiendan, desde el punto de vista económico, los enormes requerimientos que surgen a raíz de la erupción del volcán Chaitén, y expresar el respaldo del Senado ante una eventual decisión de la Presidenta de la República en orden a utilizar, en caso de ser indispensable, el mecanismo del dos por ciento constitucional.
No estamos pensando en que ello obligariamente sucederá, pero el desarrollo de los acontecimientos en las últimas horas indica que, lamentablemente, la situación se agrava en lugar de mejorar.
En consecuencia, podría ocurrir, por ejemplo, que el volumen de recursos necesarios para resolver deudas de pequeños agricultores, de pequeños comerciantes, vaya mucho más allá de los asignados a los diferentes ministerios o reparticiones en el Presupuesto de la Nación. Ello podría significar, a lo mejor, la adopción de medidas y decisiones de emergencia que exigirían la aplicación del dos por ciento constitucional, para ir en ayuda de las familias y los pueblos y ciudades afectados por la erupción volcánica del complejo denominado "Chaitén", en particular de la localidad del mismo nombre y del conjunto de la provincia de Palena.
Deseo, al mismo tiempo, señalar que estamos en presencia de un fenómeno natural que una vez más vuelve a sorprender al país. Tal vez, el hecho más similar, por su magnitud, no sea la erupción del volcán Hudson, ocurrida hace algunos años, sino más bien la tremenda catástrofe causada por el terremoto de Valdivia, en cuanto al impacto de la acción de la naturaleza sobre centenares de kilómetros cuadrados, afectando profundamente el ecosistema.
Los especialistas, los ingenieros de suelos, plantean que la recuperación de las tierras, en el caso de la provincia de Palena, podría tardar, no dos ni tres años, como en el caso del volcán Hudson, sino décadas, para que pudieran ser utilizadas nuevamente. Y ello, aunque el ser humano participe activamente, con medios tecnológicos, científicos y químicos, en la superación del efecto de las toneladas de cenizas que en este momento están cayendo sobre los predios y dañando la actividad agrícola.
Lo mismo sucede con la ganadería: no será posible recuperarla si no media una diligente actuación del Estado.
Quisiera también suscribir la preocupación vinculada con la necesidad de que el Ministerio de Bienes Nacionales participe activamente en la adquisición de aquellos predios que vean disminuido en exceso su valor -es altamente posible que ello ocurra-, porque sería por completo contraproducente para el país la concentración de la propiedad en una sola mano o en una sola persona.
Por eso, dicho Ministerio debería procurar la compra de esos terrenos por lo menos al valor del avalúo fiscal que tenían antes de que la catástrofe se produjera, porque, sin duda, su devaluación afectará severamente a los propietarios. En consecuencia, también debiera haber una acción del Estado en esa dirección.
Asimismo, comparto el proyecto de acuerdo en el sentido de asegurar un camino que permita unir, ininterrumpidamente, la provincia de Palena con el territorio nacional en su conjunto. Para ello, a corto plazo habría que llevar a cabo las expropiaciones necesarias a fin de que ese anhelo se transformara en un hecho concreto y real, porque la experiencia, una vez más, ha demostrado que el traslado por vía marítima es insuficiente desde el punto de vista de la integración de esa parte del país al desarrollo nacional.
Sin embargo, decir que el transporte marítimo es insuficiente no significa, señor Presidente, no valorar altamente la acción realizada por la Armada de Chile para el desplazamiento de las personas y las familias afectadas. Se está realizando un trabajo profesional de primera calidad, con una eficiencia encomiable -es una demostración de la capacidad del Estado de Chile-, en el cual participan también Carabineros, la Fuerza Aérea y el Ejército, labor que se une a la acción de la Intendencia y otras autoridades, así como de la empresa privada, que ha colaborado activamente para poder garantizar la evacuación de miles de personas en muy difíciles condiciones, por la violencia que ha tenido la erupción volcánica.
Del mismo modo, quiero sumarme a la decisión -acaba de publicarla la prensa- de la Presidenta Bachelet de nombrar como Ministro en campaña al titular de Defensa, don José Goñi. Yo citaba el caso del terremoto y posterior maremoto de Valdivia en los años 60, cuando se utilizó una figura similar y se designó al ingeniero Raúl Sáez como una especie de -utilizando el lenguaje actual- Ministro en campaña, capaz de dirigir en terreno la acción que requiere impulsar el Estado para hacer frente a las consecuencias de una catástrofe.
Para terminar, señor Presidente, vuelvo a agradecer a la Sala del Senado su disposición a aprobar por unanimidad estos proyectos de acuerdo, cuyos contenidos se pueden perfectamente refundir, porque son por completo convergentes.
He dicho.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR.- Señor Presidente, quiero llamar la atención de la Sala sobre algunos asuntos.
Por cierto, los proyectos de acuerdo se pueden refundir, de manera que haya una sola voluntad, que es, sin duda, la que existe a lo largo de todo Chile. Nosotros reflejamos la solidaridad que hoy siente toda la nación con los chilenos que han sido víctimas, una vez más, de un hecho imprevisible; en esta ocasión, un cataclismo.
También sería bueno que a raíz de este tipo de situaciones, que no son ocasionales y ocurren cada cierto tiempo en nuestro país, se tomara conciencia de la necesidad de que la sociedad en general las enfrente como corresponde.
Con esto no quiero decir que no haya habido una pronta actuación y una buena coordinación de parte de las autoridades; porque la ha habido, en particular de Carabineros y de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, varias de las situaciones ocurridas en los últimos años nos muestran la conveniencia de perfeccionar algunas cosas para que siempre se preste una rápida y urgente ayuda, e incluso, para que se puedan prevenir ciertos hechos.
El último problema grave ocurrido en la Undécima Región -el terremoto en el fiordo de Aisén- era absolutamente previsible. El Ministro del Interior de la época, quien entendió que catástrofes de esa naturaleza podían repetirse en el futuro -han ocurrido y seguirán ocurriendo, dadas las características de nuestra geografía-, obtuvo que en una partida del Presupuesto se incluyera un significativo aporte para contar con mecanismos, como sensores altamente calificados, que permitieran prevenir desastres similares al que hoy estamos comentando.
Lamentablemente, señor Presidente, creo que en esa materia no se ha hecho todo lo posible.
Por eso, en esta oportunidad quiero insistir en ello y pedir a las autoridades que concreten el proyecto que llevó adelante el Ministro del Interior señor Belisario Velasco. Es fundamental que se concrete. Chile tiene una formación territorial muy especial que hace que cada cierto tiempo debamos sufrir grandes calamidades.
Además, señor Presidente, deseo hacer otro alcance.
Con el Honorable señor Horvath hemos concurrido con un proyecto de acuerdo -quiero decir desde ya que considero perfectamente factible fusionarlo con los presentados por los Senadores señores Escalona y Kuschel- porque estimamos primordial que se tome conciencia ahora de lo que los habitantes de la Undécima Región y de la provincia de Palena vienen reclamando desde hace años: la conectividad territorial, que hoy no existe.
En ese aspecto, había en el país una voluntad prácticamente abrumadora en cuanto a concretar la conectividad terrestre. Sin embargo, hace dos años, cuando dicha iniciativa estaba a punto de concretarse, algunos se las arreglaron para que tal decisión no se materializara.
Y aquí quiero ser muy claro.
En nuestro país existe un extranjero que posee extensas tierras en la provincia de Palena y en otras zonas aledañas, y su acción, junto a la de otros, ha sido permanente para lograr que, de una forma u otra, proyectos como ese se vayan posponiendo.
Hoy reclamo ante el Senado y ante la nación, porque tales iniciativas no se deben seguir postergando. No puede ser que la integridad territorial de Chile -bien superior que debemos preservar por sobre cualquier otra cosa- se halle en la situación en que está, y que compatriotas nuestros hayan debido sufrir lo indecible, e incluso, ver expuesta su seguridad por no existir una continuidad territorial como corresponde. Y esto, por la acción de quienes creen que su situación propietaria puede retardar o posponer los intereses del bien común.
Por eso estos proyectos de acuerdo que hoy aprueba el Senado por unanimidad tienen tanto sentido, pues con ellos se cautela el bien común y, por cierto, el de los esforzados chilenos que viven en comunidades apartadas, como Chaitén, Palena, Futaleufú y las ubicadas en la parte norte de la Undécima Región, las que, una vez más, se ven afectadas por inclemencias de la naturaleza que no tendrían cómo enfrentar si no fuera por la ayuda de terceros, que, gracias a Dios, en esta oportunidad ha llegado a tiempo, merced a que la autoridad ha actuado en forma responsable y seria. Pero, de no ser así, la vida y la integridad física de esos pobladores, de sus familias y de sus hijos y la seguridad de sus propiedades habrían quedado expuestas al no existir una conexión geográfica como corresponde.
De ahí que con el Senador señor Horvath queremos que hoy el Senado, a través del proyecto de acuerdo que presentamos, respalde decididamente lo que viene clamando nuestra Región de Aisén: estar integrada en buena forma al territorio nacional y no seguir siendo el patio trasero del país, de modo que sus habitantes y también los de la provincia de Palena disfruten de la seguridad que deben tener todos los chilenos.
Por ello, señor Presidente, concurro con mi voto favorable a la aprobación de los tres proyectos de acuerdo, en la forma planteada por el Senador señor Escalona, porque queremos lo mejor para la gente de nuestra Región y seguridad para cada uno de nuestros connacionales.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Kuschel.

El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer la voluntad unánime del Senado para refundir las tres iniciativas presentadas, que persiguen un solo propósito: colaborar con los habitantes de las comunas de Chaitén, Futaleufú, y, en general, de la provincia de Palena, porque ahora, si cambia el viento, puede que haya otras zonas afectadas, como la localidad de Ayacara, que ha estado fuera de la preocupación de las autoridades, al igual que otros lugares.
Entonces, la idea es ayudar a esas personas, abandonadas de la preocupación de los Gobiernos durante tantos años. Se han interrumpido trabajos comenzados con anterioridad; se retiró el Cuerpo Militar del Trabajo, que volvió hace poco. Con un abandono así, la gente perdió el entusiasmo patriótico que siempre había demostrado y ha vendido sus terrenos a un solo comprador. ¡Y ahora lloramos aquí sobre la leche derramada!
Creo que tal situación debería hacernos reflexionar acerca de la necesidad de terminar la construcción del camino tal como se venía realizando y no continuar con cotizaciones y estudios interminables, reiterativos, que no conducen a nada, pues estamos a la mitad del actual Gobierno y la obra aún no se concreta.
Pero más preciso que eso, en este momento, es el desarraigo de la gente, que ha sido llevada a distintos lugares por motivos de fuerza mayor, produciéndose su dispersión.
Nosotros pedimos, específicamente, que se condonen las multas y los intereses de las deudas que estas personas no puedan cumplir por razones de fuerza mayor, y que también, en lo posible, se conmuten o se perdonen algunas obligaciones de tipo tributario, como contribuciones u otros gravámenes, porque, por ejemplo, la gente de Chaitén y de Futaleufú no va a poder pagar el IVA el día 12 de este mes.
En igual situación de incumplimiento se encontrarán los pobladores que adquirieron compromisos comerciales con bancos; también los que deben pagar mensualidades de colegios y universidades, los que tienen créditos hipotecarios.
Por lo tanto, me gustaría aterrizar todos estos discursos que se han hecho en propuestas más concretas que vayan en ayuda de los habitantes de las ciudades que hemos mencionado, como asimismo de quienes viven en el campo de zonas que se encuentran bajo las cenizas. Los animales allí están muriendo.
Y así como están muriendo los animales, también están muriendo otras fuentes de recursos. El que oficiaba de gásfiter en Chaitén, el que era profesor, el enfermero, ya no podrán trabajar y quedarán sin ingresos. De siete salmoneras, cuatro están cerrando.
¿De qué va a vivir esa gente?
Se trata de una situación de fuerza mayor que provoca problemas sociales graves.
Por otro lado, también pedimos que se considere una solución especial para los servicios de agua, luz, gas, telefonía, cuando corresponda, pues las cuentas están próximas a vencer y los pobladores, obviamente, no podrán pagarlas. Algunos están en Quellón; otros, en Queilén, en Chonchi, en Castro, en Ancud, en Dalcahue, en Puerto Montt e igualmente en Osorno.
Por eso, estamos solicitando el otorgamiento de beneficios sociales y subsidios mientras dure la emergencia.
Pero, ¿adónde se van a entregar esos beneficios si los afectados se encuentran dispersos entre las provincias de Chiloé, Llanquihue y Osorno? Ello, por ahora. Es la información que poseo en este minuto. En algunos albergues había, en conjunto, 500 personas; ahora quedan 300. En Quellón había 80, ahora quedan 28. ¿Dónde está el resto? ¿Cómo las vamos a ayudar?
Me parece excelente la idea planteada acá en cuanto a destinar el 2 por ciento constitucional y la aprobamos.
Quiero insistir, una vez más -como lo he hecho tantas veces en esta Cámara-, en la necesidad de terminar la construcción del referido camino -del cual solo restan 64 kilómetros- sin mayores estudios. Ese camino hay que concretarlo al margen del resultado que aquellos arrojen. Sabemos que hay que hacer repisas en la piedra. Bueno, habrá que hacerlas, como se hizo la pista de aterrizaje en la Antártica, que, decían, era una pista imposible. Pero ahí está. Y la construyó Chile, no otros países que tenían interés en llevarla a cabo.
Nosotros somos capaces y podemos. ¡Qué estamos esperando!
Por último, a través del Senado quiero solicitar que se mande una nota a los alcaldes, concejales y concejos comunales de la zona afectada, expresándoles nuestro apoyo y nuestra disposición a colaborar en la medida en que nos hagan llegar sus preocupaciones y anhelos en este momento de tanta dificultad y dolor.
Gracias, señor Presidente.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, he querido intervenir esta tarde para expresar, en primer lugar, mi completa solidaridad con las familias afectadas por la catástrofe que, desgraciadamente, ha golpeado la zona de Chaitén.
Y he querido hacerlo porque de manera habitual son las desgracias naturales las que dejan en evidencia nuestras debilidades, que, en el caso en comento, es la falta de conectividad en el país.
Al respecto, debo señalar con mucha fuerza -pues me ha tocado participar de manera directa en el tema, particularmente desde principios de los años 90- que Chile ha estado sometido a un verdadero chantaje por parte de un extranjero con visa de turista, lo cual resulta inaceptable.
A fin de dejar constancia en la Versión Taquigráfica, debo hacer presente que, a comienzos de 1990, encontrándonos en la zona de Hornopirén, fuimos embarcados en la lancha "Teniente Merino", de Carabineros de Chile, con dirección a Huinay, donde se encontraban reunidos todos los colonos de la zona, quienes nos pidieron protección por las presiones a que estaban sometidos para que vendieran sus tierras a un conocido empresario norteamericano, denuncia que pudimos comprobar en terreno. Se trataba de personas modestas que estaban haciendo patria
Después de toda la lucha que dimos, señor Presidente, logramos salvar a Huinay. Dicha localidad representaba un símbolo en la zona, porque el referido empresario norteamericano había adquirido el parque Pumalín, que se extiende de cordillera a mar partiendo nuestro país, y el único terreno que lo dividía era precisamente un campo de la Universidad Católica de Valparaíso ubicado allí, que estuvo a punto de ser vendido a esta persona y que, por fortuna, logramos salvar y hoy día se encuentra en manos chilenas.
Pero, profundizando el tema, se puede decir que respecto a la pregunta de por qué no se ha construido el citado camino, las respuestas son dos.
En primer término, debo señalar que soy absolutamente tolerante con los distintos movimientos filosóficos, los cuales siempre tienen consecuencias.
¿Cuál es la consecuencia, en este caso?
El empresario norteamericano es representante del movimiento ecológico más radical que existe en el mundo: el de la ecología profunda (deep ecology). Esta filosofía no es neutral, porque en ella prevalecen los derechos de la naturaleza por sobre los de la persona; o, al revés, estima que la superpoblación es la que ha deteriorado al planeta, a nuestro continente, y que, por lo tanto, es válido intentar su disminución para preservar la naturaleza a ultranza, como un fin en sí misma.
Eso se pretende con el parque Pumalín, cuyo dueño representa -como ya dije- a la "ecología profunda", que -repito- no es neutral.
En segundo lugar -a lo mejor el Honorable señor Zaldívar, Presidente del Senado, no lo recuerda, pero yo sí-, cuando estuvimos en Estados Unidos con motivo de la votación del fast track pude advertir una segunda consecuencia del chantaje que nos hace este extranjero, y es respecto de la conectividad.
En esa oportunidad, cuando Chile perdió el fast track, un funcionario de la Embajada no nos quiso entregar una carta que ejerció una influencia muy directa en el rechazo de la propuesta, como ocurrió en definitiva.
¿Qué quiero decir con esto, señor Presidente? Que no nos debemos equivocar, pues estamos en presencia de una persona que representa la ecología profunda y que, además, es tremendamente influyente en el mundo americano. Por tanto, cuando el Estado chileno enfrenta a Douglas Tompkins, lo hace también respecto del Gobierno norteamericano. Y eso no es neutral.
Por ese chantaje, hoy día estamos sufriendo las consecuencias de tener un país dividido y no totalmente conectado.
Sobre la base de catástrofes como la de Chaitén, deseo que tomemos conciencia de que no podemos seguir aceptando que un extranjero con visa de turista no entregue una franja de territorio para poder construir un camino de 64 kilómetros, sin el cual estamos divididos. Esa es una mezquindad sin límite. Al mismo tiempo, resulta inadmisible que después de 10 ó 12 años no esté definido el trazado. Mientras tanto, el país continúa cortado.
Señor Presidente, la consecuencia política más importante que debiera producirse a raíz de esta catástrofe, luego de ayudar prioritariamente a los damnificados, es que la construcción del camino parta mañana. Y si al señor Tompkins no le gusta, se va del país. Porque Chile no puede seguir aceptando un chantaje de esta naturaleza.
De una vez por todas, tenemos que tomar conciencia de esto.
La Presidenta de la República seguramente contará con el respaldo unánime del país, ya que hoy ha quedado en evidencia que para poder salir de Chaitén hay que pasar por Argentina, en un viaje terrestre que demora siete a ocho horas y que representa un alto costo para gente modesta que vive de actividades productivas, o se debe navegar ocho a nueve horas en barcaza. Eso es inaceptable, porque no estamos hablando ni del fin del mundo ni de la Villa O'Higgins en la Antártica, sino de una zona ubicada apenas a 100, 120, ó 130 kilómetros de Puerto Montt; es decir, bastante cercana.
Por lo tanto, la gran lección que deja esta catástrofe, que nadie quiere, es que ella no sea en vano y que inmediatamente comience la construcción de la mencionada e indispensable ruta, para así poner término, de una vez por todas, al chantaje de un extranjero con visa de turista, quien ha impedido, a través del tiempo, que una obra tan imprescindible para el desarrollo de Chile se materialice, por distintas circunstancias e influencias, y por los obstáculos permanentes que ha puesto para que el camino pase por el Parque Pumalín.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, me sorprende la línea de argumentación que hemos escuchado aquí, porque pareciera que ahora Douglas Tompkins fuera culpable de la erupción del volcán Chaitén en la provincia de Palena.

El señor ORPIS.- ¡No, del camino!

El señor LETELIER.- Y que todos los males que están sufriendo miles de familias son de su responsabilidad.

El señor ORPIS.- ¡Así es!

El señor LETELIER.- A mí me enseñaron que la ignorancia es un mal que se cura, de modo que uno no está condenado a ella. También aprendí que somos responsables de advertir el error a una persona ignorante, a fin de que pueda corregir su andar.
Cabe señalar que algunos de los comentarios formulados en la Sala no hacen más que ocultar información o distorsionarla.
El Senador señor Escalona ha planteado un asunto de gran trascendencia. Aquí se trata de una emergencia de proporciones pocas veces conocida en Chile, y para enfrentarla se necesita una política de Estado, de país.
En ese contexto, deseo sumarme a las felicitaciones a las Fuerzas Armadas por el profesionalismo con que operaron para evacuar a la población de Chaitén; resguardar vidas humanas, y actuar en forma extraordinaria durante las primeras 48 horas de la emergencia.
Y las personas que aún permanecen allí lo hacen por su propia decisión; de modo que, las consecuencias que sufran serán por no aceptar la ayuda que los Institutos Castrenses y el Estado pusieron a su disposición para abandonar la zona.
Lo planteado por el Senador señor Escalona dice referencia a la importancia de tener los recursos disponibles para hacerse cargo de la crisis que se está viviendo. Y a ese tema, me sumo con plenitud.
Sin embargo, el camino no tiene nada que ver con la emergencia.

El señor ORPIS.- ¡Por supuesto!

El señor LETELIER.- La dictadura no construyó el camino de Chaitén al norte, no porque no lo haya estudiado, sino debido a que, en ese momento de nuestra historia, optó por otras obras y prefirió hacer la carretera Austral, que va de Chaitén al sur.
A mi juicio, más allá de la manera como se hizo, dañando excesivamente cierto patrimonio en la zona, causando perjuicios innecesarios, dejando pozos lastres, la carretera Austral ha sido una de las principales obras de infraestructura en nuestro país en los últimos 20 años. Y no voy a ponerle la connotación política de que, por haber sido realizada durante la dictadura, es mala. ¡Absurdo! Es un buen camino, tomando en consideración que, en términos de calidad de construcción, hoy se aplican otras tecnologías y técnicas.
Pero todos sabemos, por el debate que se abrió en el país sobre un camino hacia el norte de Chaitén, que este demoraría no menos de 15 años, según lo informado por el Ministerio de Obras Públicas y por los encargados de la zona del Cuerpo Militar del Trabajo.
Cuando los miembros de la Comisión de Obras Públicas -de la cual soy miembro, presidida en ese tiempo por el Senador señor Kuschel- fuimos a Futaleufú con el Cuerpo Militar del Trabajo, los ingenieros nos plantearon que el camino de Chaitén al norte no se construiría en un plazo menor al señalado. Esa fue su opinión. Yo no soy ingeniero. Y así quedó establecido en el informe que el órgano técnico entregó a esta Corporación.
Pueden restarse uno o cinco años; pero lo cierto es que esa obra se halla planificada, tanto en la elaboración de ingeniería, como en la proyección futura. Y durante la Administración del Presidente Frei, se fijaron los criterios para asegurar, mediante el convenio firmado entre el Gobierno y la Fundación Pumalín, que habría una franja de terreno para construir esa carretera. ¡Eso no está en debate! Pero aquí, ante una emergencia, se traen a discusión asuntos absolutamente distintos.
Por consiguiente, va a haber carretera.
También se debate si habrá otros caminos. Yo he planteado que es muy importante hacer una ruta costera para dar conectividad a más de 4 mil personas que hoy viven en una península, quienes están absolutamente desatendidas y abandonadas, pues en la mayor parte del año no tienen trasbordadores que las atiendan. Por ello, ahí debería haber conectividad.
La materia que nos ocupa no tiene nada que ver con el camino por el interior de Chile o desde Chaitén hacia el norte. Esos son asuntos distintos.
Por otra parte, señor Presidente, me sorprende cuando en la discusión se evidencia una xenofobia trasnochada. Y digo "trasnochada", porque, si uno piensa en el interés de los chilenos y chilenas comunes, los terrenos que hoy son propiedad del señor Tompkins antes lo fueron de un ciudadano chileno. Y algunos de esos predios iban de cordillera al mar. Y si son de una persona con apellido latino o anglosajón, en términos prácticos, ante la ley chilena nada cambia. Absolutamente nada.
Y el hecho de que hoy ENDESA sea propietaria, a través de su Fundación Huinay, de un territorio donde hubo un conflicto con los colonos -como nos relató antes un señor Senador- y que va de cordillera al mar, ¿qué importancia tiene? ¿ENDESA es de propiedad chilena? ¿No? Parece que no. También es de capitales extranjeros.
Señor Presidente aquí hay una xenofobia distorsionada. Y, en ese contexto, si queremos discutir temas de conectividad del país y de cuáles son los proyectos estratégicos de mayor importancia, soy partidario de un debate a fondo sobre la materia, pues, sin duda, el país tiene una mirada equívoca respecto a ciertas obras.
A mi juicio, en términos estratégicos, para Chile revisten importancia otras faenas de infraestructura distintas de las mencionadas antes. Por ejemplo, perforar la cordillera y construir un túnel a baja altura, como el paso Las Leñas, que permita tener conectividad los doce meses del año entre Chile y Argentina, y de allí hacia Brasil y el resto de América Latina. Hoy no estamos conectados todo el año, porque durante 31 días, como promedio, el tránsito permanece cortado. Ello, sin duda, causa un impacto social, político y económico tremendo.
Lo único que pido es que ese debate lo efectuemos de manera informada.
Ahora nos preocupa la emergencia en Palena. Tengamos la altura de miras para entender que es necesario respaldar lo que realizan el Gobierno y las Fuerzas Armadas en ayuda de las personas que permanecen en una situación crítica, cuyo desenlace aún desconocemos.
En tal contexto, si se desea entrar en otro asunto, hagámoslo. Pero tratemos de descargarnos de cierta xenofobia que lo contamina. Si a alguien no le gusta que se pueda ingresar y salir de nuestro país con visa de turista, que presente una ley para evitarlo. No es la única persona que ha entrado de esa manera durante los últimos 14 años; hay quienes lo han hecho durante 30. Por ejemplo, el señor Paulmann ingresaba y salía de Chile mediante esa forma hasta que se le otorgó la nacionalidad por especial gracia.
Nos sorprendería saber cuántos empresarios extranjeros que realizan grandes inversiones en el país utilizan el mismo procedimiento. Y lo mismo podría ocurrirnos al conocer cuántos chilenos de gran renombre usan resquicios inmigratorios en Londres para evitar el pago de impuestos.
Por ende, resulta factible llevar a cabo un debate sobre tal situación, pero creo que él nada tiene que ver con la tragedia que viven hoy los habitantes de Palena.
En verdad, deberíamos respaldar lo que propuso el Senador señor Escalona, en orden a entender que necesitamos mantener una actitud solidaria y planificar lo que significará la reubicación de miles de personas que posiblemente perderán sus casas, su forma de vida. Estas tendrán que ser relocalizadas, probablemente en otra provincia, lo cual requerirá el uso de recursos extraordinarios.

El señor NAVARRO.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, deseo manifestar mi solidaridad con los habitantes de Chaitén y Futaleufú, y con los esforzados colonos del valle El Frío y de la villa Santa Lucía.
Tuve oportunidad de conocer esas localidades allá por la década del ochenta, cuando durante muchos meses participé en el movimiento de tierras de las empresas que trazaron la Carretera Austral Presidente Pinochet. Y puedo relatar mis experiencias de efectuar caminatas de 40 kilómetros para arribar a mi lugar de trabajo; de compartir el calor de una fogata durante toda la noche debido a que no había forma de regresar a los albergues; de laborar bajo la lluvia, y de construir un camino a dinamitazos sin que una sola voz se alzara en protección del medio ambiente.
Señor Presidente, trabajé duramente en esas zonas. En mis recuerdos tengo grabadas en particular las largas noches cuando se acababa el petróleo y debíamos esperar durante días su reposición para poder continuar con las obras a cargo del Cuerpo Militar del Trabajo.
En verdad, los colonos decían: "Aquí nos han abandonado". ¡Desde siempre! No solo en este Gobierno, sino desde que el Ministerio de Tierras y Colonización de la época les permitió instalarse en esos suelos agrestes, en los cuales no era posible hacer soberanía ni patria sin el apoyo permanente del Estado. Pero este luego los abandonó. Quienes se quedaron fueron los valientes, quienes sacrificaron sus familias, sus vidas y las de sus hijos para hacer soberanía, sin contar con el apoyo de ningún Gobierno: ni el de la Dictadura, ni de los posteriores ni tampoco del actual.
Esa es la queja permanente de los habitantes de esos sectores.
Entonces, si producto del peor error en la política pública nacional vamos a gastar 20 mil millones de pesos mensuales en el Transantiago para subsidiar la megalópolis, en verdad el Senado debe aprobar todos los recursos pertinentes para crear la nueva ciudad donde habrán de instalarse los habitantes de Chaitén, que no desean ser desarraigados.
Por consiguiente, el tema de fondo es cómo actuamos, cuáles deben ser las principales preocupaciones del Ministerio de Vivienda.
Se nos ha informado que se pretende ampliar el radio urbano de la Región Metropolitana en 9 mil 266 hectáreas. Con ello, el costo del metro cuadrado de terreno ascenderá de 0,5 unidades de fomento a entre 1,5 y 3, dependiendo de si el valor de la vivienda oscila de 1.500 a 3.000 UF. Es decir, por tercera vez, después de la anexión de la provincia de Chacabuco, se busca extender el territorio urbano de la Capital sobre suelos agrícolas.
La preocupación del Ministerio de Vivienda -me consta porque su titular, Patricia Poblete, posee sentimientos y capacidad- va a realizar un viraje respecto de cómo resolver el problema de las inmobiliarias en la Región Metropolitana para seguir construyendo viviendas en terrenos disponibles. Y se trasladará a la Décima Región, para desarrollar una política pública con planificación urbana.
La primera pregunta que cabría formularse es qué hacer para que la gente sufra menos, en cuanto a los albergues, por ejemplo.
Aprovecho de enviar un saludo a las Fuerzas Armadas -en especial, a la Armada-, por estar siempre disponibles.
Sin embargo, la interrogante de fondo surge por el hecho de que Chile es un país volcánico. Si hay alguna crítica, ella no debe dirigirse a Tompkins. Podremos diferir respecto de temas relativos a la ecología, pero la verdad es que tenemos que hacernos una autocrítica acerca de por qué permitimos que las ciudades se sigan emplazando en el círculo de peligro crítico alrededor de los volcanes.
Por cierto, en Chaitén se han invertido miles de millones en infraestructura pública, liceos, alcantarillado, agua potable, mejoras de los servicios básicos, etcétera. Sin embargo, ¿nadie pensó que a diez kilómetros de ella existía un volcán que podría acarrear las consecuencias que hoy se observan? ¿Cuántas ciudades del país están en la misma condición de riesgo? ¿Qué estamos haciendo para anticiparnos a eventos críticos de tal naturaleza?
Ello requiere una planificación. Lo hemos repetido hasta el cansancio. Necesitamos desarrollar la energía geotérmica. Chile es un país volcánico. No necesitamos importar petróleo ni gas desde Indonesia, sino explotar los recursos naturales, que hoy se vuelcan como un infierno, pero que son una fuente eterna de energía limpia.
En tal sentido, espero que los encargados del diseño urbano se dediquen a planificar -como en el caso de Brasilia- dónde reconstruiremos Chaitén o Futaleufú, o si se decide retornar a tales localidades.
La disyuntiva en cuanto a si se insiste en su emplazamiento o se busca una relocalización es difícil. La gente quiere tener certidumbre. Aquellos que están albergados con sus familias en Chiloé, en Puerto Montt, en Osorno, no solo desconocen dónde continuarán estudiando sus hijos, ni cómo sobrevivirán, sino también qué va a ser de sus vidas. El desarraigo equivale al exilio y quienes han vivido este último saben cuánto se sufre. Es como el ostracismo de los griegos.
Por ende, el diseño de una política de reasentamiento, de relocalización constituye un desafío tremendo, quizás el mayor en términos de planificación y emplazamiento territorial de viviendas urbanas y rurales. No se trata de residentes de ciudades; es decir, no podemos entregarles viviendas básicas, pues no podrían habitarlas debido a que tienen una cultura diferente y otra forma de ganarse la vida. Y ese es el desafío.
Por otra parte, lo señalado en cuanto al dilema del camino es falso, es mentira. Y quiero informar al señor Senador que manifestó que Tompkins se negaba a otorgar una franja de aquél, que ello refleja que no se han leído los acuerdos. ¡Jamás ha estado en cuestión la franja! El tema es por dónde pasa -por el centro o la costa- y qué trazado causa menor impacto medioambiental.
También es mentira lo relacionado con el desalojo. Lo afirmo con mucha fuerza, porque estuve en Huinay, como Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, y conversé con los pobladores. ¿Saben Sus Señorías qué organismo pidió expulsarlos? ¡La Universidad Católica de Valparaíso, dueña y propietaria de Huinay! ¡Esta casa de estudios le vendió sus terrenos a ENDESA! ¡No eran de Tompkins! Y ello consta en los procesos judiciales.
En verdad, si algunos colonos se han asentado es porque efectivamente el único que ha provocado desarrollo armónico productivo con cuidado de la naturaleza es Douglas Tompkins.
En tal sentido, odio y rechazo el doble estándar. Porque, en definitiva, ENDESA tiene el 87 por ciento de las aguas. ¡Este es un país loco! ¡El 87 por ciento de toda la riqueza hídrica de Chile está en manos de una empresa extranjera, y nadie dice nada!
Cabe tener presente que, como señalan los especialistas, el agua es el petróleo del futuro y, por ser el bien más escaso, desencadenará guerras. Además, solo el 1 por ciento del agua sobre la tierra está en condiciones de ser potabilizada, y ese porcentaje es cada vez más reducido debido al cambio climático.
Repito: ¡el 87 por ciento de la riqueza hídrica de Chile está en manos de los españoles! Yo emplazo al Senador Orpis a que nacionalicemos el agua. Hagamos lo que Allende logró con el cobre, que es hoy el sueldo de Chile. El agua lo será el día de mañana, pero ahora está en manos foráneas. Y yo no quiero que continúe en poder de extranjeros. Por tanto, hay que nacionalizar el agua. Voy a empeñar mis próximos seis años como Senador en alcanzar tal objetivo: emplazaré a mi Gobierno y a la Oposición para que ello se concrete.
Por último, señor Presidente, claramente la preocupación central son los refugiados, la gente que hoy día está sufriendo, incluso en la Región que usted representa, porque este fenómeno natural no solo ha afectado a la Décima Región, sino también a la del General Carlos Ibáñez del Campo. El problema va mucho más allá de una Región.
En ese sentido, debemos estar disponibles para debatir y hacer las cosas bien a fin de atender las inquietudes de las demás ciudades ubicadas en las cercanías de volcanes. En la Región del Biobío tenemos varias en esas condiciones. Y en ellas se observa preocupación.
La gente que vive a quince kilómetros de un volcán, cuando ve lo sucedido en Chaitén, se hace preguntas: "¿Cómo está mi seguridad aquí? ¿Cuál es el plan de contingencia? ¿Cómo debo actuar ante una emergencia? ¿Invierto, o no, en programas de desarrollo para establecerme en este lugar?".
Estamos ante un problema nacional: hay centenares de volcanes en Chile, activos e inactivos, y el Chaitén pone en cuestión la política de ordenamiento territorial del desarrollo urbano y productivo.
El Senado debiera encarar un debate en ese sentido a la hora de aprobar los recursos para el Presupuesto de 2009, con el objeto de abordar algo que hemos eludido por muchos años: no reconocer que nuestro país es volcánico, que va de cordillera a mar, y que, por ende, requiere una política de ordenamiento territorial que permita que los volcanes sirvan para el desarrollo y no se conviertan en una tormenta.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Si nadie más desea intervenir para referirse a los proyectos de acuerdo, que fueron aprobados por unanimidad, continuará el curso regular de la hora de Incidentes.
Aprovecho de felicitar al Senador señor Escalona por su iniciativa.
En el tiempo del Comité Mixto, tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.

El señor VÁSQUEZ.- Señor Presidente, adhiero a las muestras de apoyo para todas las familias de la provincia de Palena, en especial, de Futaleufú y las zonas aledañas al volcán Chaitén, las cuales quiero mucho, porque las he visitado y sé lo hermosas que son.
Lamento, además, que por demasiado tiempo tengamos que ver allí solo tierras yermas.
Ahora me referiré a un asunto totalmente distinto.

PROBLEMAS EN SERVICIO DE URGENCIA Y PSIQUIÁTRICO DE HOSPITAL DE NOVENA REGIÓN. OFICIO
En el diario Austral de La Araucanía, el domingo recién pasado apareció un reportaje sobre la mala atención en el servicio de urgencia del Hospital Hernán Henríquez, el principal de la Región.
Se publicó también la explicación dada por el Seremi del ramo, quien dijo que el colapso se debía a que los usuarios no concurrían a los consultorios de menor complejidad para atender sus dolencias.
Por otra parte, la periodista a cargo del artículo informó que, en el sector destinado a la atención de enfermos siquiátricos, se encontraban recluidas seis personas condenadas o imputadas por delitos. En ese lugar, la comida era pésima y, además, los internos debían dormir en el suelo.
Señor Presidente, me parece que tal situación excede los límites tolerables considerando las necesidades de salud.
No quiero ahondar mayormente en un problema que considero absolutamente inaceptable.
Al día siguiente de ese reportaje, el lunes pasado, se publicaron declaraciones mías y del Honorable señor Espina.
Tengo en mi poder los recortes de prensa respectivos, que pongo a disposición de la Mesa para que se los remita, en mi nombre, a la señora Ministra de Salud con el objeto de que adopte las más drásticas medidas tendientes a corregir las dificultades, a fin de que tengamos una salud digna para los chilenos.
No es posible que sigamos colocando fondos para la salud y que solo recibamos explicaciones respecto de por qué esta no mejora.
Definitivamente, el Ministerio de Salud debe llevar adelante las medidas necesarias para que el sistema de redes asistenciales funcione adecuadamente y para que las autoridades a cargo de ese tipo de servicios se hagan responsables de las graves situaciones que vivimos día a día.
En consecuencia, señor Presidente, por su intermedio, pido oficiar a la titular de dicha Cartera, remitiéndole las publicaciones de prensa referidas, para que adopte las medidas correspondientes a la brevedad.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Los Comités Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional e Independientes no harán uso de sus tiempos.
En el turno del Comité Socialista, tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, me referiré a diversas materias.


EFECTOS NEGATIVOS DE EXPANSIÓN DE SANTIAGO. OFICIOS
Hay una mala noticia para los santiaguinos y para la gente de Regiones, una pésima noticia para los regionalistas de corazón, no para los de baquelita, quienes suman y suman votos cuando tienen que hablar de regionalización y descentralización, pero siguen fortaleciendo a Santiago a la hora de votar y tomar decisiones.
Lo que era un rumor en febrero parece ya convertirse en realidad. Entonces se lo consulté a la Ministra de Vivienda y me dijo: "Ese no es un tema que tengamos presente". Pero algo yo sabía en febrero de 2008.
Toda la información de prensa confirmaba el dicho: "Cuando el río suena es porque piedras trae".
En un medio escrito se publicó: "En la primera quincena de marzo, el Ministerio de Vivienda entregará al Consejo Regional su propuesta para modificar el Plano Regulador Metropolitano". Tal cambio es el más importante desde 1994, pues intenta sumar 9.266 hectáreas al suelo urbano de dicha megalópolis.
"Una nueva Las Condes", dicen algunos. En efecto, la superficie de esa comuna es equivalente a la que hoy día se quiere ampliar para edificar.
Mil hectáreas consume cada año la industria inmobiliaria en la Capital, y 2.595 millones de dólares sumaron las ventas inmobiliarias en el Gran Santiago en 2007. Es un negocio interesante.
Señor Presidente, todo indica que se avanza hacia una nueva distribución del suelo urbano. El costo de ello es que los terrenos agrícolas, tipo I y II -los mejores del país-, atraviesan una situación muy compleja.
No hay acuerdo entre los urbanistas en torno a si la densificación urbana debe hacer crecer las ciudades hacia arriba o hacia los lados. Lo concreto es que Santiago lo ha hecho hacia los lados: la gente prefiere casas, no departamentos.
A consecuencia de ello, el nuevo territorio urbano permitirá, si se aprueba la propuesta, construir 163 mil nuevas viviendas para 652 mil habitantes.
Se han entregado algunas explicaciones respecto de por qué se pretende expandir dicha megalópolis, que ya bordea los 6 millones de santiaguinos.
El señor Carlos Estévez, Seremi Metropolitano de Vivienda y Urbanismo, tiene una versión interesante. Yo la paso a exponer. Para justificar las casi 10 mil nuevas hectáreas, dice: "Cinco millones y medio de personas se reproducen". Argumenta que el fenómeno migratorio de otras Regiones a Santiago es un factor marginal, a la gente ya no le interesa venirse a la Capital. El problema, a mi juicio, es la tasa de natalidad. Y continúa diciendo que la migración "ocurrió hace ochenta años, ahora no. Aquí el tema es que nuestros hijos y los hijos de quienes viven en Cerro Navia, Maipú y Quilicura y en comunas que no tienen disponibilidad de viviendas, se están yendo porque hay una importante escasez de suelo. No escasez para hoy o mañana, sino para 20 ó 30 años más". Es decir, la expansión de Santiago está pensada para dar viviendas a los hijos de los actuales capitalinos. ¡Curiosa afirmación del Seremi que valdría la pena estudiar, pues hemos abandonado la investigación sociológica de las tribus urbanas acerca de cómo se comportan aquellos que viven dentro de la ciudad!
Sin embargo, el argumento de que las viviendas serán ocupadas solo por santiaguinos contrasta con los datos internacionales que maneja la OMS y con otros estudios, los cuales aseveran que la tasa de natalidad en Chile se halla levemente por encima de la de mortalidad. ¡Tenemos la natalidad más baja de América Latina! Y todo hace prever que, de no mediar un fuerte incentivo a la protección de la maternidad, Chile se convertirá en un país de viejos donde, de aquí al año 2030, más del 45 por ciento de la población superará los 55 años, lo cual requerirá una enorme inmigración de mano de obra, como ha ocurrido en otras naciones.
Todo indica que Santiago y el resto del país han llevado un proceso de crecimiento por debajo de lo esperado y, por tanto, la información no parece adecuada.
Más bien, yo tiendo a creer que aquellos que propician esta reforma únicamente se preocupan de la plusvalía de los terrenos, no de las viviendas para nuestros futuros hijos. Piensan solamente en que si hoy día tienen mil millones de pesos en terrenos, cuyo valor subirá seis veces, en 24 horas podrían contar con seis mil millones de pesos para depositar en el banco como garantía de nuevas transacciones financieras. Eso pasó en Chacabuco.
Asimismo, la prensa informa -y es un tema que vale la pena aclarar- quiénes son los propietarios de tales terrenos: la familia Pérez Yoma, Daniel Yarur, Andrés Allamand -ignoro si será nuestro colega Senador-, Agrícola del Monte. Esos suelos permanecieron dentro del nuevo radio de la ciudad. Y los propietarios de los predios que quedaron fuera acusan que la propuesta es poco transparente, mientras el Seremi asegura que fue hecha sobre bases objetivas.
Es posible que los valores de los suelos rurales que pasarán a ser urbanos se multipliquen por seis. Cada metro cuadrado, que hoy vale 0,5 UF, pasaría a costar entre 1,5 y 3 UF. Los especialistas inmobiliarios dicen que "El terreno cuesta lo que puedes construir ahí. El precio dependerá de qué construcciones hay en torno al terreno que se declararía urbano. Un terreno donde pueden construirse viviendas de 1.500 UF cuesta en promedio 1,5 UF el metro cuadrado, mientras que donde pueden hacer casas de 3.000 UF, el metro cuadrado de terreno vale 3 UF".
Sin embargo, el problema no radica solo en que algunos van a ganar mucho dinero sin mover un dedo. El negocio inmobiliario parece ser, por cierto, extraordinariamente potente. Los efectos de la expansión que albergará a 625 mil nuevas familias será un gran incentivo para venirse a la metrópolis.
Ello es un atentado directo al corazón del crecimiento de la Región del Biobío. O sea, las oportunidades están en Santiago, no solo mayores sueldos por igual trabajo, sino también mejores condiciones: subsidios a la vivienda, a la electricidad, al transporte. Es decir, la gente debe irse a la Capital. "¡Si quieres ser feliz, ven a la Región Metropolitana; si quieres pagar menos y ahorrar más, ven a la Región Metropolitana!". Eso le estamos diciendo al 60 por ciento de la población que vive en el 98 por ciento del territorio nacional. ¡Solo el dos por ciento del territorio nacional alberga al 40 por ciento de la población chilena!
Por eso, señor Presidente, no resulta comprensible que en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago de noviembre de 1994 se diga que la Capital debe crecer hacia adentro. Por ello, se estableció un aumento de la densidad habitacional, de modo que al año 2020 debíamos llegar a los 150 habitantes por hectárea. En el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de mayo de 1998 se prohibió de manera expresa tal expansión por razones de orden ambiental.
Señor Presidente, presidí la Comisión de Medio Ambiente en la Cámara de Diputados. Hicimos una investigación que duró un año y medio. ¡Concurrieron setenta instituciones de la más variada naturaleza, desde representantes de las Fuerzas Armadas hasta expertos de la Universidad de Chile! ¡El consenso fue absoluto: Santiago debe congelar su crecimiento, por cuanto es una ciudad que no acepta mayor expansión! Eso es lo que piden a gritos los especialistas.
Sin embargo, ¿qué hacemos? Contribuimos a que la Capital se siga expandiendo. Existen profundos problemas sanitarios en Santiago derivados de la calidad del aire. El doctor Andrei Tchernitchin, toxicólogo y profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, afirma que los cambios urbanos deben supeditarse a la mejoría de la calidad del aire metropolitano. De lo contrario, estaremos invitando a medio millón de familias a compartir parte del esmog que ya respiran los santiaguinos.
Por otro lado, la tasa automotriz es una locura. ¡247 mil nuevos automóviles el año pasado! El 45 por ciento de ellos se queda en Santiago y el mercado de vehículos usados alcanzó a 520 mil transacciones. La tasa vehicular en la Región Metropolitana crece al 15 por ciento anual y las inversiones para el Plan de Descontaminación no garantizan que los santiaguinos podrán respirar un aire limpio, si no se toman medidas de fondo.
Entonces, deberemos volver a leer -ya lo hicimos en aquella época- el informe del científico Luis Cifuentes de la Pontificia Universidad Católica, a través del cual nos informa que en esta megalópolis mueren alrededor de cuatro mil personas cada año como consecuencia de la lacra tóxica en la cual estamos inmersos. Todos los estudios indican que en Santiago fallecen personas por esa causa y nos hemos aburrido de reiterarlo.
Sin embargo, señor Presidente, no solamente se ven comprometidos la producción agraria o el medioambiente.
Con esta medida, sin duda, las autoridades dan la señal de que el Estado se encuentra más preocupado del desarrollo inmobiliario que del crecimiento armónico del país.
En este sentido, la localización de los habitantes más pobres, que en rigor es infraurbana, no se halla garantizada. Nos dicen que habrá más viviendas para los pobres. La verdad es que en Chacabuco y en Chicureo no se construyeron casas para ellos, sino para los más ricos, los que tienen la capacidad de pagar. Dejando atrás la farsa de la Ficha CAS que no respondía a los ingresos reales de las familias, las políticas habitacionales -que otorgan subsidios directos a la compra de viviendas- nos han demostrado que la gente no quiere casas en "Chuchunco" ni en un radio urbano donde aumenta el número de viajes y colapsa el tránsito del transporte público y privado, sino que lo que se precisa es densificación. Todos los estudios urbanos y científicos sobre la materia apuntan en esa línea.
Por ello, no logro comprender cuál es la política que está detrás de esta decisión.
En razón de todos estos argumentos, solicito que se oficie al Ministerio de la Vivienda, al MIDEPLAN. También, al Ministerio de Obras Públicas para que nos dé cuenta de todas las inversiones proyectadas en esas áreas, porque, ¿sabe, señor Presidente?, uno comienza a ponerse desconfiado. Se fijan proyecciones de inversión en desarrollo urbano, se hacen gastos millonarios en obras públicas en ciertos puntos de la capital y, luego, esos terrenos suben su plusvalía por el cambio de características.
Me gustaría saber qué inversiones se han hecho durante los últimos quince años en la zona de crecimiento que se ha proyectado; quién tuvo la bola de cristal para anticiparse a las inversiones, compró barato y ahora puede vender muy caro, por cuanto esos suelos van a requerir mucha inversión pública y gran desarrollo urbano.
Todas las organizaciones medioambientalistas, con mucha razón, se hallan en pie de guerra. Además, los especialistas urbanos han sostenido que esta decisión es increíble.
Se originaron los Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado. ¡Ninguno ha sido aprobado! O sea, las normas que despacha el Congreso Nacional después se borran. Aquí dijimos que podía admitirse algún grado de expansión, pero condicionada. Por eso voté favorablemente tal proyecto en la Cámara de Diputados. El entonces Ministro Jaime Ravinet nos convenció de que esos proyectos eran la mejor fórmula para evitar este crecimiento. Sin embargo, todos ellos han sido rechazados y ahora se nos propone que la Capital siga creciendo.
En consecuencia, solicito que se oficie también al Ministerio de Agricultura para que entregue una evaluación económica real respecto del tipo de suelo a reemplazar, porque se trata de terrenos de primera, segunda y tercera categoría. ¡Los más ricos del país! Millones de años ha demorado formar una capa de humus de cinco centímetros. ¡Esos suelos son irremplazables!
Además, se requiere un informe del Ministerio de Transportes. Porque, señor Presidente, nos van a decir después que será necesario cambiar el Transantiago debido a que no estaba considerado ese crecimiento de 600 mil viviendas. Si no, nos van a manifestar que, a los 40 millones de dólares mensuales que hay que subsidiar, cuando se encuentre consolidado el nuevo plan de transporte público -y existe gente que va a ganar mucha plata- el Estado va a tener que agregar cada mes 20 millones de dólares a raíz del crecimiento en cuestión.
A este respecto no puede haber una disgregación, sino una integración de políticas públicas.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.


MAYOR PROTECCIÓN A MATERNIDAD EN ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. OFICIOS
Señor Presidente, durante los últimos meses, a través de los medios de prensa se ha informado de diversos casos de trabajadoras del sector público que, pese a encontrarse amparadas por la garantía del fuero maternal, han sido desvinculadas de él con desconocimiento a normas básicas de protección a la maternidad y a instrumentos internacionales sobre la materia firmados por Chile.
En efecto, la ex Capitana Lorena Tapia fue notificada de su calificación en lista 4 y despedida no obstante encontrarse embarazada, entendiendo Carabineros que el caso no estaba regulado por el Código del Trabajo sino por su Reglamento de Selección y Ascensos.
Situación similar sucedió con la jueza Elizabeth Galaz Cuadra, quien, por fallo dividido de la Corte Suprema, fue removida de su cargo pese a su estado de embarazo y al hecho de hallarse próxima a dar inicio al descanso prenatal.
Asimismo, durante marzo del presente año la Corte Suprema, por voto de mayoría, validó el despido, durante el período de fuero, de la arquitecta María Solange Etchepare por parte de la Alcaldesa de Concepción.
Los casos citados dan cuenta de la discriminación arbitraria que están enfrentando las mujeres del sector público, quienes, no obstante el mandato legal de amparo a la maternidad, se encuentran desprotegidas.
En general, toda mujer adscrita a algún sistema previsional debiera -y este es el principio cautelar que ha sustentado el Gobierno de la Presidenta Bachelet- estar resguardadas a aquel respecto.
La garantía de autorización judicial previa al despido en el caso de las trabajadoras y trabajadores sujetos a fuero se consagra en el Título V del Libro I del Código Laboral, relativo al término del contrato de trabajo y a la estabilidad en el empleo.
En mi concepto, es necesario reforzar su aplicación incorporando disposiciones expresas sobre protección a la maternidad.
La maternidad constituye un bien jurídico universal básico en la sociedad.
¡No comprendo cómo empresarios que van a misa todos los domingos y que siguen al Padre Hurtado, quien decía "Hay que dar hasta que duela", no trepidan en despedir a las mujeres trabajadoras cuando se embarazan!
Por tales razones, señor Presidente, le he pedido al Ejecutivo patrocinar una iniciativa de ley que nos permita ser coherentes en la protección a la maternidad. Y aquí no vale quién la presenta.
Fui autor del proyecto relativo al amamantamiento. ¡Once años y medio nos costó aprobarlo! Ahí está. Lo trabajamos duramente. Lo aprobó este Gobierno. Yo estoy contento. Pero, al final, las leyes las firman solo el Presidente de la República y los Ministros respectivos. ¡Los parlamentarios no existimos!
Por eso la gente a veces nos detesta, pues no sabe lo que hacemos.
¡Once años y medio de trabajo, y en la ley no se incluye ni una sola nota acerca del parlamentario autor de la moción pertinente!
Por consiguiente, solicito al señor Ministro del Trabajo que tenga a bien recoger la propuesta a que me refiero.
En primer término, mediante ella se plantea sustituir el inciso primero del artículo 194 del Código del Trabajo por el siguiente: "La protección a la maternidad se regirá por las disposiciones del presente título y quedan sujetos a ellas las funcionarias y funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, el Congreso Nacional, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Contraloría General de la República, Banco Central, Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Municipalidades y todos los servicios y establecimientos, cooperativas o empresas industriales, extractivas, agrícolas o comerciales, sean de propiedad fiscal, semifiscal, de administración autónoma o independiente, municipal o particular o perteneciente a una corporación de derecho público o privado.".
Se trata de proteger, al menos en una etapa inicial, a las mujeres trabajadoras dentro del aparato público.
El que predica y no practica se vuelve poco creíble. Si eso lo hace el Estado, la gente empieza a detestarlo; y por cierto, también al Gobierno.
A través de la siguiente enmienda se reemplaza el inciso primero del artículo 201 del Código del Trabajo por el que se indica a continuación: "Durante el período de maternidad y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad, ninguna trabajadora, cualquiera sea su empleador, sea del sector público o privado, podrá ser despedida sin autorización judicial previa.".
Es lo mínimo que podemos hacer para proteger la vida del que está por nacer. El niño nada tiene que ver con la índole del contrato laboral de su madre. Es un principio básico. Lo establece en su número 1° el artículo 19 de la Constitución Política.
Podrá gustarnos o no el Texto Fundamental. Nosotros queremos cambiarlo. Pero con la norma sobre protección a la vida del que está por nacer estamos de acuerdo. Ese es un principio que no puede ser regulado por determinado tipo de contrato de trabajo. Por lo tanto, es deber del Estado otorgar el debido resguardo.
En consecuencia, señor Presidente, solicito que se oficie al Ministro del Trabajo y a la Ministra Directora de SERNAM para requerir su opinión sobre esa propuesta.
Asimismo, pido que el SERNAM y la Dirección del Trabajo nos informen de todos los casos de despidos arbitrarios con violación a las disposiciones sobre protección a la maternidad registrados en los últimos diez años, incluyendo pormenorizadamente todas las denuncias y estadísticas, en forma de saber dónde se están produciendo los mayores abusos, trátese del ámbito público o del privado.
Igualmente, solicito que el SERNAM precise con qué mecanismos va a proteger a las trabajadoras involucradas.
He conversado con la Ministra Directora. Ella está plenamente de acuerdo en aumentar las medidas de resguardo. El SERNAM es incansable para trabajar en esa dirección. Pero esto va más allá de dicho Servicio y del Ministro del Trabajo: se requiere una decisión política. Los Ministros sectoriales tienen que hacer la evaluación técnica; pero -seamos claros- la decisión es política.
Yo confío en que este Gobierno apoyará la iniciativa descrita, o una mejorada, para proteger a las mujeres trabajadoras que van a traer un hijo a este Chile que envejece cada día y donde más niños, sin duda, serán bienvenidos.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:46.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción