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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 356ª
Sesión 15ª, en martes 29 de abril de 2008
Ordinaria
(De 16:23 a 18:50)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ADOLFO ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE,
Y BALDO PROKURICA PROKURICA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Barra, Roberto
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, los Ministros de Hacienda, señor Andrés Velasco Brañes y Secretario General de la Presidencia, señor José Antonio Viera-Gallo Quesney.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:23, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).- Las actas de las sesiones 11ª y 12ª, especiales, en 15 de abril; 13ª y 14ª, especiales, en 16 de abril, todas del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Diecisiete de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero solicita disponer lo necesario para que el Congreso Nacional se reúna, en Congreso Pleno, el 21 de mayo próximo con el fin de recibir la cuenta del estado administrativo y político de la nación, y propone, a tal efecto, que la mencionada sesión sea convocada para las 10 de dicho día.
--Se accede a lo solicitado.
Con el segundo retira y hace presente la urgencia, calificada de "discusión inmediata", respecto del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que perfecciona la administración tributaria y aduanera para facilitar el cumplimiento tributario de los contribuyentes (boletín N° 5.785-05).
Con los nueve que siguen retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto de las siguientes iniciativas:

1.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal (boletín N° 5.458-07).

2.- Proyecto que establece normas sobre importación de mercancías (boletín N° 5.343-01).

3.- Proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas (boletín N° 4.248-06).

4.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que transforma la Casa de Moneda en sociedad anónima (boletín Nº 2.949-05).

5.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2001, de Hacienda, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.420, que establece incentivos para el desarrollo económico de las provincias de Arica y Parinacota (boletín N° 5.648-05).

6.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, sobre operación de embalses frente a alertas y emergencias de crecidas, y otras medidas que indica (boletín N° 5.081-15).

7.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo en materia de salarios base (boletín N° 5.433-13).

8.- Proyecto, en trámite de Comisión Mixta, que modifica la ley N° 17.997, Orgánica del Tribunal Constitucional (boletín N° 4.059-07).

9.- Proyecto de la Cámara de Diputados que modifica la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, con el objeto de permitir sufragar en la elección de Presidente de la República a los ciudadanos chilenos residentes en el extranjero (boletín N° 268-07).
Con los dos siguientes retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", respecto de los siguientes asuntos:

1.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.066, de Violencia Intrafamiliar, y otros cuerpos legales para incluir en la legislación nacional el maltrato al adulto mayor (boletines números 5.376-18; 5.142-18; 5.055-18; 4.691-18, y 4.167-18, refundidos).

2.- Proyecto, en trámite de Comisión Mixta, que introduce en la Ley Orgánica del Congreso Nacional las adecuaciones necesarias para adaptarla a la ley N° 20.050, que reforma la Constitución Política de la República (boletín N° 3.962-07).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con los dos que siguen hace presente la urgencia, calificada de "simple", respecto de las siguientes iniciativas:

1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza la construcción de monumentos a víctimas de la masacre de la Escuela Santa María, de Iquique (boletín N° 4.766-24).

2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que concede permiso para trabajadores al interior de la locomoción colectiva (boletín Nº 4.332-15).
--Se tienen presentes las urgencias y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con los dos últimos retira la urgencia que hizo presente respecto de los siguientes asuntos:

1.- Proyecto de ley que crea el Consejo de Auditoría Interna de Gobierno; modifica el Estatuto Administrativo en lo relativo a procedimientos sumariales, juntas calificadoras, incompatibilidades e inhabilidades; regula contratos a honorarios y contratación de bienes y servicios; otorga flexibilidad financiera a la Contraloría General de la República, y confiere facultades delegadas al Primer Mandatario (boletín Nº 3.937-06).

2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Procesal Penal y otros cuerpos legales en lo relativo al procedimiento y ejecución de medidas de seguridad (boletín N° 5.078-07).
--Se tiene presente el retiro de las urgencias y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Dos de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero solicita el acuerdo del Senado para prorrogar, por el plazo de un año, la autorización de permanencia en Haití de tropas y medios nacionales (boletín N° S 1.057-05).
Agrega que, en uso de la facultad que le confiere el inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Constitución Política de la República, hace presente la urgencia para el despacho del acuerdo que recaba.
--Pasa a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas.
Con el segundo comunica que, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del número 1) del artículo 54 de la Carta Fundamental, formulará reserva que indica respecto del Protocolo de Montreal Nº 4, adoptado por los Estados Miembros de la Organización de Aviación Civil Internacional el 25 de septiembre de 1975 (boletín Nº 4.439-10).
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Siete de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que prestó su aprobación al informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las discrepancias surgidas durante la tramitación del proyecto que modifica la ley N° 18.755, sobre el Servicio Agrícola y Ganadero, para establecer la obligación que indica (boletín Nº 5.044-01).
--Queda para tabla.
Con el segundo informa que aprobó las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto que introduce diversas modificaciones a la ley N° 17.235, sobre impuesto territorial; al decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, y a otros cuerpos legales (boletín Nº 4.813-06).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto con sus antecedentes.
Con los cinco últimos comunica que dio su aprobación a los siguientes asuntos:

1.- Proyecto que modifica el artículo 7° de la ley N° 18.525 (establece normas sobre importación de mercancías) en materia de salvaguardias (boletín N° 5.363-03).

2.- Proyecto de ley que consagra normas sobre importación de mercancías (boletín N° 5.343-01) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasan a la Comisión de Agricultura y a la de Hacienda, en su caso.

3.- Proyecto de acuerdo que aprueba la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo, adoptados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (boletín N° 5.738-10) (con urgencia calificada de "simple").
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.

4.- Proyecto que modifica el artículo 52 de la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, y consagra como universitarios los títulos de constructor civil e ingeniero constructor (boletín Nº 2.769-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

5.- Proyecto de ley sobre sistema de compensación y liquidación de instrumentos financieros (boletín N° 5.407-05) (con urgencia calificada de "simple").
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional, con el que remite copia autorizada de la sentencia recaída en el requerimiento formulado por 36 señores Diputados en contra de algunas de las normas aprobadas por el decreto supremo N° 48, de 2007, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de 3 de febrero de 2007.
--Se toma conocimiento.
De la Excelentísima Corte Suprema, mediante el cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Espina, relativo al aumento del número de jueces que contempla el proyecto que introduce modificaciones orgánicas y procedimentales a la ley N° 19.968, que creó los tribunales de familia (boletín N° 4.438-07).
Tres del señor Ministro del Interior:
Con el primero responde un oficio cursado en nombre de la Senadora señora Alvear, referido al procedimiento utilizado por Carabineros de Chile en el desalojo, el 6 de diciembre de 2007, de la alcaldesa, concejales y vecinos de Quilicura desde la Intendencia de la Región Metropolitana.
Con los dos siguientes contesta igual número de oficios enviados en nombre del Senador señor Horvath, relativos a campamentos de emergencia en la ciudad de Tocopilla y en otros lugares afectados por sismos, y a la infraestructura y servicios públicos insuficientes para atender el incremento de la actividad económica en la Undécima Región.
Dos del señor Ministro de Relaciones Exteriores:
Con el primero da respuesta a un oficio cursado en nombre del Senador señor Naranjo, referido a las medidas implementadas en apoyo del estudiante chileno Julio Borja, detenido en Miami, Estados Unidos.
Con el segundo responde a un acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Honorables señores Horvath, Espina, Gazmuri, Gómez, Kuschel, Muñoz Aburto, Navarro, Núñez, Orpis, Prokurica, Ruiz-Esquide y Vásquez, mediante el cual se solicitó a Su Excelencia la Presidenta de la República agotar todos los esfuerzos para que Chile promueva un acuerdo humanitario en Colombia que permita la liberación de todos los secuestrados, incluida la señora Ingrid Betancourt Pulecio (boletín N° S 1.036-12).
Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia, por el que da respuesta a un oficio cursado en nombre del Senador señor Bianchi, respecto a la posibilidad de enviar a tramitación legislativa un proyecto de ley que destine recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional al financiamiento de proyectos de energías renovables no convencionales.
Cinco del señor Ministro de Obras Públicas:
Con los dos primeros contesta igual número de oficios enviados en nombre del Senador señor Navarro, referidos a la evaluación del "Plan Invierno 2007: Acción y Prevención" y a la extracción de material entre el sector Las Princesas y el puente Las Ballenas, en la Octava Región.
Con el tercero responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, en que formuló diversas peticiones relativas al desagüe y vaciamiento del lago naturalmente embalsado por el glaciar Témpanos y/o Bernardo, en la Undécima Región.
Con el cuarto da respuesta a un oficio cursado en nombre del Senador señor Pérez Varela, sobre el estado y fecha de ejecución del proyecto de construcción del embalse Punilla, en la provincia de Ñuble.
Con el último contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Romero, concerniente a las obras de ampliación del puente San Isidro, en la comuna de Quillota.
De la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Pérez Varela, respecto al número de subsidios entregados y pagados durante 2007 por medio de los distintos programas implementados por esa Cartera de Estado.
Del señor Ministro de Agricultura, mediante el cual da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Romero, relativo a la propuesta de las directivas de las Uniones Comunales de Petorca, Cabildo, La Ligua, Papudo y Zapallar con relación a la sequía que las afecta.
Del señor Ministro de Minería, con el que contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Romero, atinente a medidas adoptadas por ENAMI que afectan a la pequeña minería de la Región de Valparaíso.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, mediante el cual da respuesta a un oficio cursado en nombre del Senador señor Romero, referido a costos asociados a la extensión del servicio ferroviario que presta MERVAL y a la posibilidad de descentralizar su operación administrativa y financiera.
Del señor Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, con el que responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, relativo a la adopción de medidas para dotar de energía eléctrica en forma permanente a las localidades de Puyuhuapi y La Junta, Undécima Región.
Del señor Subsecretario de Guerra, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre la posible creación de un parque que una la Reserva Forestal Jeinimeni con la ex Estancia Valle Chacabuco, en la Región de Aisén.
De la señora Subsecretaria de Minería, mediante el cual responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Navarro, respecto de la situación que afecta a los vecinos del río Andalién y de toda la zona del valle Nonguén con motivo de la extracción de material de cantera en el área.
Del señor Subsecretario de Pesca, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, acerca de pesca de investigación y asignación de cuotas para pescadores artesanales de la comuna de Tortel.
Del señor Subsecretario de Telecomunicaciones, con el que da respuesta a un oficio cursado en nombre del Senador señor Navarro, concerniente al proyecto de ley que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones (boletín N° 4.991-15), actualmente en tramitación en la Honorable Cámara de Diputados.
Del señor Superintendente subrogante de AFP, por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, atinente al número de municipios que se encuentran al día en el pago de las cotizaciones previsionales de los profesores y de los trabajadores de la educación.
Dos de la señora Directora del Trabajo:
Con el primero responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Bianchi, referido a la aplicación de la Ley de Subcontratación al interior de la Empresa Nacional del Petróleo.
Con el segundo contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Ávila, acerca de la posibilidad de ordenar una fiscalización a las denominadas "empresas de muellaje" por vulnerar los derechos de los trabajadores portuarios.
Del señor Presidente del Consejo de Defensa del Estado, mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Pérez Varela, sobre la acción interpuesta por ENDESA contra el Estado tendiente a cambiar la calificación del lago Laja: de referente natural, a embalse.
De la señora Directora Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal, con el que responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, atinente al control y fiscalización de la tala de árboles realizada en la Ruta 240, en las vías laterales al camino principal que une Puerto Aisén con Coihaique y Chacabuco, en la comuna de Aisén.
Del señor Secretario General subrogante de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, con el que contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a becas de estudio que benefician a postulantes de la Undécima Región y a petición de renuncia a Directora Regional de la JUNAEB.
Del señor Fiscal Regional subrogante del Ministerio Público de La Araucanía, con el contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Espina, referido a la investigación de los hechos que culminaron en la muerte de doña Marina Serrano en la vía pública.
De la señora Intendenta del Biobío, por medio del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, sobre los procesos de inversión en desarrollo respecto de la ruta que une Hualqui con Talcamávida, y el estado en que se encuentran.
Del señor Jefe de Gabinete de la Presidencia de BancoEstado, mediante el cual responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Pérez Varela, acerca de la situación que afecta a la señora Olga Ríos, deudora habitacional PET de la comuna de Yungay.
Informe de la Delegación de Parlamentarios que concurrió a la 118ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, efectuada entre el 12 y el 18 de abril de 2008 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto de reforma de la Carta, iniciado en moción de los Senadores señores Espina, Allamand, García, Prokurica y Romero, que establece la obligación de otorgar defensa penal y asesoría jurídica a las personas naturales que han sido víctimas de delitos y que no pueden procurárselas por sí mismas (boletín N° 5.408-07).
Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que perfecciona la administración tributaria y aduanera para facilitar el cumplimiento tributario de los contribuyentes, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (boletín N° 5.785-05).
--Quedan para tabla.
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley que otorga un bono especial para los sectores de menores ingresos (boletín N° 5.821-05).
--Se manda agregarlo a sus antecedentes.Mociones
De los Senadores señora Alvear y señores Chadwick, Espina, Gómez y Muñoz Aburto, con la que inician un proyecto de ley que modifica el Código Civil a fin de establecer mecanismos correctivos para el caso de reconocimientos de paternidad indebidos (boletín N° 5.825-07).
Del Senador señor Navarro, mediante la cual inicia un proyecto de ley que regula la actividad de los investigadores privados (boletín N° 5.826-07).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del Senador señor Navarro, por medio de la cual inicia un proyecto de ley sobre delitos cometidos respecto de monumentos nacionales (boletín N° 5.827-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
De los Senadores señores Horvath y Sabag, con la que inician un proyecto de ley que amplía el plazo para la comunicación de los mensajes radiales en el proceso de obtención de derechos de agua (boletín N° 5.828-09).
--Pasa a la Comisión de Obras Públicas.
De los Senadores señores Horvath, Bianchi y Prokurica, mediante la cual inician un proyecto que modifica el artículo 50 de la Ley General de Pesca y Acuicultura con el objeto de establecer la participación de las organizaciones de pescadores artesanales en la definición de "región contigua" (boletín N° 5.829-03).
--Pasa a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
Declaración de inadmisibilidad
Moción del Senador señor Navarro con la que inicia un proyecto de ley sobre divorcio de común acuerdo ante el oficial del Registro Civil en los casos en que no existen hijos menores de edad ni solicitud de compensaciones económicas.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto en el Nº 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.
Permiso constitucional
El Senador señor Naranjo solicita permiso constitucional para ausentarse del país a contar del 28 de abril en curso.
--Se otorga.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminada la Cuenta.

ACUERDOS DE COMITÉS

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Los Comités, en reunión del día de hoy, acordaron unánimemente lo siguiente:
1) Tratar en esta sesión, como si fuera de Fácil Despacho -es decir, con solo dos intervenciones de cinco minutos: una para sostener la iniciativa y la otra para impugnarla-, el proyecto tendiente a facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias y aduaneras.
2) Poner en primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana la iniciativa que cambia el nombre al Estadio Nacional.
3) Retirar de la tabla de hoy el proyecto signado con el número 4, que regula la oferta de carreras impartidas por instituciones de educación superior autónomas.
4) Ampliar, hasta la última semana de mayo, el plazo de la Comisión de Educación para emitir el nuevo primer informe de la iniciativa sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad.

El señor NAVARRO.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- ¿Sobre los acuerdos de Comités?

El señor NAVARRO.- Sí.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, con referencia a la postergación del tratamiento del proyecto que regula la creación de carreras de la educación superior, debo puntualizar que la Comisión de Educación, que presido, envió a la Sala el informe respectivo. Me gustaría saber las razones que se consideraron para retirar la iniciativa de la tabla.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Fue una petición especial del Ejecutivo, señor Senador.
El señor NAVARRO.- Gracias, señor Presidente.
V. ORDEN DEL DÍA



FACILIDADES A CONTRIBUYENTES PARA CUMPLIMIENTO
DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS


El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- De conformidad con lo resuelto por los Comités, corresponde tratar, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre perfeccionamiento de la administración tributaria y aduanera para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (5785-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 11ª, en 15 de abril de 2008.
Informe de Comisión:
Hacienda, sesión 15ª, en 29 de abril de 2008.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- La iniciativa tiene tres objetivos principales:

1.- Autorizar a los exportadores y otros contribuyentes, en similares circunstancias, para llevar su contabilidad en moneda extranjera; operar en la plataforma Internet del Servicio de Impuestos Internos, y declarar y pagar sus impuestos en moneda de otro país.

2.- Aclarar el sentido y alcance de la norma que adelantó la entrada en vigencia de la rebaja de tasa del impuesto de timbres y estampillas.

3.- Ampliar en forma transitoria el plazo fijado para convenir el pago de deudas tributarias.
La Comisión de Hacienda analizó esta iniciativa solo en general -no obstante, la "discusión inmediata" obliga ahora a la Sala a tratarla en general y particular- y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señora Matthei y señores Frei y García), en los mismos términos del texto que despachó la Honorable Cámara de Diputados.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que consigna las normas legales que se modifican y el articulado que aprobó en general la Comisión de Hacienda.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En discusión general y particular a la vez.

Tiene la palabra el Honorable señor Frei.

El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, el proyecto es simple. Tiene tres objetivos, que no mencionaré, porque ya los señaló el señor Secretario.
Quiero, sí, aclarar algunos puntos.
En primer lugar, cuando se consigna que el Servicio estará facultado para autorizar la contabilidad, declaración y pago de impuestos en moneda extranjera, se hace referencia no solo a dólares, sino también a cualquier otro tipo de moneda: euro, yen, etcétera.
A continuación -estoy informando el texto a grandes rasgos-, la iniciativa permite simplificar el régimen tributario para inversionistas no residentes.
En seguida, se hace una corrección a la ley N° 20.259, sobre Timbres y Estampillas. Ello, porque se formulaban diversas consultas, especialmente por parte de tributaristas, con respecto a la interpretación del artículo 2°. La enmienda introducida especifica sin lugar a dudas que las rebajas del impuesto pertinente (al 1,2 por ciento) rigen a contar del 25 de marzo de 2008.
Y, por último, se modifica el artículo único de la ley N° 20.221 para prorrogar hasta el 30 de abril las facultades especiales otorgadas al Servicio de Tesorerías en materia de condonación de intereses y multas por impuestos adeudados, que regían entre el 1° de octubre de 2007 y el 31 de marzo recién pasado.
Como todos sabemos, el 30 de abril vence el plazo para declarar el impuesto a la renta. En consecuencia, urge despachar hoy esta iniciativa, para que se promulgue mañana, a fin de que las aproximadamente 6 mil empresas que ya presentaron la declaración vía Internet procedan de inmediato a pagar sus impuestos en moneda extranjera.
En el caso específico de las condonaciones, según lo informado por el Servicio de Tesorerías, más o menos 3 mil contribuyentes no alcanzaron a renegociar; ya presentaron los antecedentes respectivos, y su deuda quedaría regularizada mediante la promulgación y publicación de la ley en proyecto.
Como dije, se trata de una iniciativa simple, pero muy importante y necesaria, dada la situación global existente y, sobre todo, por el impacto del precio del dólar. Y por eso la Comisión de Hacienda la aprobó unánimemente.
Como al parecer no se han formulado indicaciones, solicitamos aprobar en general y en particular el proyecto, de manera que, como dije, sea ley de la República mañana, 30 de abril, y posibilite pagar los impuestos en la forma explicitada.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.

La señora MATTHEI.- Señor Presidente, este es un proyecto positivo, porque disminuye el riesgo por descalce en el pago de impuestos de las empresas que funcionan básicamente en moneda extranjera.
Por ejemplo, muchas del rubro exportación van a preferir llevar la contabilidad en la misma moneda que reciben por la venta de sus productos. También permite una mejor gestión de aquellas entidades que, integradas con otras en el exterior, llevan su propia contabilidad en moneda extranjera. Y a la vez puede ayudar al valor del dólar, en la medida en que muchas empresas pagarán sus impuestos en esa divisa, sobre todo las exportadoras.
Por lo expuesto, la Comisión despachó ayer por unanimidad la iniciativa. Y, como lo ha expresado el Senador señor Frei, solicitamos que esta se apruebe por la Sala, de manera que la ley pueda ser publicada mañana y entre de inmediato en régimen.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, antes que nada, agradezco a la Comisión de Hacienda, que ayer trató el proyecto en análisis y resolvió al respecto con suma rapidez.
Como decían el Honorable señor Frei, Presidente de dicho órgano técnico, y la Honorable señora Matthei, ha habido un acuerdo muy amplio -al menos hasta el momento- respecto de los contenidos. De hecho, en esa instancia existió total unanimidad.
También doy gracias por discutir hoy la normativa, y ojalá acogerla. Ello permitirá -ya lo mencionó el Senador señor Frei, pero me parece importante reiterarlo- que todos los que ya han efectuado los trámites para pagar sus impuestos en dólares puedan hacerlo; que quienes han presentado sus solicitudes para repactar deudas tributarias puedan realizarlo. De ese modo se dará un impulso a la economía y se beneficiará a las personas y las pequeñas y medianas empresas.
Gracias.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará la iniciativa.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto, y queda despachado en este trámite.


El señor NOVOA.- Señor Presidente, ¿puedo dejar una constancia?

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, quiero dejar establecido que nuevamente estamos de alguna forma haciendo confianza en el Ejecutivo en cuanto a que el texto se halla bien redactado.
Deseo recordar que, con motivo de otro asunto que se discutió con la misma urgencia, al final aumentamos el impuesto de timbres y estampillas, en vez de bajarlo.
En la reunión de Comités planteé que, desgraciadamente, al final toda la Corporación termina también en tela de juicio.
Espero que ahora no nos encontremos con ninguna sorpresa de ese tipo.
Entiendo el objetivo de la iniciativa y la necesidad de que quede despachada hoy. Por eso me pronuncié a favor.


TIPIFICACIÓN DE DELITO DE ROBO DE
TAPAS DE ALCANTARILLADO O DE CAUCES


El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que tipifica el delito de robo de tapas de alcantarillado o de cauces y señala penas para el delito de receptación de cables eléctricos y tapas de cauces, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4266-07 y 4267-07 refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 68ª, en 14 de noviembre de 2006.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 61ª, en 31 de octubre de 2007.
Constitución (nuevo), sesión 80ª, en 9 de enero de 2008.
Constitución (segundo), sesión 13ª, en 16 de abril de 2008.
Discusión:
Sesión 62ª, en 6 de noviembre de 2007 (pasa a Comisión de Constitución); 82ª, en 15 de enero de 2008 (se aprueba en general).

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- El proyecto fue aprobado en general el 15 de enero recién pasado.
En el informe se transcriben las constancias reglamentarias pertinentes.
Las modificaciones a la iniciativa aprobada en general fueron acordadas por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión (Honorables señores Espina, Gómez y Muñoz Aburto). Tres de ellas son enmiendas para mejorar la redacción y la cuarta modifica el artículo 214 de la Ley General de Servicios Eléctricos a fin de disponer que, en caso de interrupción del servicio eléctrico por un hecho delictivo, tanto la reposición del suministro como la restitución de los materiales necesarios para ello serán siempre y a todo evento de cargo del concesionario, quien podrá repetir solo contra el autor del hecho.
Cabe tener presente que, en virtud de lo preceptuado en el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, las modificaciones aprobadas por unanimidad deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite discutirlas o que existan indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en cuatro columnas, que consignan las normas legales pertinentes, el proyecto despachado en general, las modificaciones efectuadas por la Comisión de Constitución y el texto que resultaría de aprobarse dichas enmiendas.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).- En discusión particular.

Tiene la palabra el Honorable señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, no pretendo explicar la iniciativa, pues fue aprobada unánimemente, pero sí creo bueno que en el Senado y la historia fidedigna de la ley quede constancia de tres elementos de gran importancia, los cuales dicen relación nada menos que al robo de cables, que hoy se registra en forma masiva en todo el país, a causa, entre otras cosas, del alto precio del cobre.
Los tres cambios medulares en el proyecto consisten en sancionar de modo drástico a quienes roben cables en bienes nacionales de uso público; a los que interrumpan, al cometer el ilícito, los servicios respectivos, y a aquellos que se dediquen a comprar las especies producto del delito.
Y la norma atinente a la Ley General de Servicios Eléctricos, a la cual ha hecho mención el señor Secretario, resulta de gran importancia, a mi juicio. Corresponde a una indicación del Senador señor Ominami. Expresa que "No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, tanto la reposición del suministro eléctrico como la restitución de los materiales necesarios para dicha reposición serán siempre y a todo evento de cargo del concesionario, que podrá repetir sólo contra el autor del hecho.".
¿Qué ha ocurrido en la práctica? Verificado el robo de cables e interrumpido el servicio, la empresa repone lo necesario y restituye el suministro, efectuando el cargo al usuario, quien no tiene arte ni parte en la causa del problema. Por lo tanto, la disposición excluye de la obligación de pago a quien no presenta ninguna relación con lo acontecido. Más aún, establece que, en el evento de que la compañía respectiva le cobre por la reposición del servicio, ello se le ha de descontar en la cuenta del período siguiente.
Considero que el presente es un muy buen proyecto, pues apunta a una cuestión no menor. Hoy, en muchas Regiones -incluyo a la Metropolitana-, el hecho que nos ocupa se ha transformado en un verdadero obstáculo para el buen funcionamiento de los servicios básicos. Y, si no se le pone atajo -no basta solo la ley, sino que se requiere mayor vigilancia y fiscalización-, al país le costará una fortuna. Porque, al final de cuentas, las consecuencias de los robos, por angas o por mangas, terminan cargándose al usuario.
En esta oportunidad también introdujimos, en efecto, enmiendas menores de redacción. Pero pienso que el aporte hecho en el segundo trámite ha sido precisamente en el sentido de proteger a los usuarios frente a estos robos, sin cargarles el costo de algo que no tienen por qué cancelar.
Por las razones expuestas, la Comisión de Constitución sugiere que el texto en estudio sea objeto de la aprobación unánime de la Sala.

El señor GÓMEZ.- Señor Presidente,¿

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Si no mediaran objeciones, se aprobaría el proyecto.

El señor GÓMEZ.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Reglamentariamente, no procede en este momento un debate acerca de las enmiendas, señor Senador.
No obstante, puede intervenir, pero le solicito ser breve.

El señor GÓMEZ.- Solo quiero dejar en claro que pedí la palabra en mi calidad de Presidente de la Comisión, a fin de referirme al proyecto discutido en ella, no para entregar una opinión personal.
Pero, como el asunto ya está informado, no voy a excederme en el tiempo.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, daremos por aprobada la iniciativa.
--Se aprueba en particular el proyecto, y queda despachado en este trámite.




CREACIÓN DE PROVINCIA DE MARGA MARGA


El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea la provincia de Marga Marga y modifica el territorio de las provincias de Valparaíso y de Quillota, en la Quinta Región de Valparaíso, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5005-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 43ª, en 14 de agosto de 2007.
Informe de Comisión:
Gobierno, sesión 87ª, en 23 de enero de 2008.
Discusión:
Sesión 7ª, en 2 de abril de 2008 (se retira de Fácil Despacho y queda para el Orden del Día).

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario general).- El principal objetivo de la iniciativa es crear, en la Quinta Región, la nueva provincia de Marga Marga, compuesta por las comunas de Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué.
La Comisión discutió el proyecto solo en general y le dio su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes (Honorables señores Bianchi, Núñez, Orpis, Pérez Varela y Sabag) en los mismos términos en que lo despachó la Honorable Cámara de Diputados.
El texto pertinente se transcribe en el informe.
Corresponde señalar que el artículo 1º permanente y el artículo tercero transitorio revisten el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación los votos conformes, hoy, de 21 señores Senadores.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).- En discusión general.

Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.

El señor OMINAMI.- Señor Presidente, se ha expuesto en varias ocasiones, tanto en la Sala como en la Comisión de Gobierno, que procede una discusión más amplia respecto de la división político-administrativa del país.
Algunas personas, con mucha razón, piensan que la estructura actual no es la más adecuada; que deberían crearse nuevas regiones. Otros estimamos que debería existir una agrupación más bien de macrorregiones, entre otros motivos porque la subdivisión acabará produciendo el efecto contrario al que algunos quisieran, en la medida en que podría terminarse en una gran Región Metropolitana rodeada de otras muy pequeñas, con lo cual creo que se avanzaría poco en materia de descentralización.
Pero lo concreto es que el asunto en debate no tiene que ver con esa discusión, sino con algo mucho más simple: el que cuatro comunas importantes de la Quinta Región dejen de ser los patios traseros de sus respectivas provincias. Ahí se encuentra el sentido básico del proyecto.
De las cuatro, Quilpué y Villa Alemana, en sí mismas, constituyen una concentración urbana extraordinariamente significativa -juntas superan los 250 mil habitantes-, que hoy forma parte de la provincia de Valparaíso.
Esta última enfrenta ya dificultades para solucionar los problemas de Valparaíso y Viña del Mar. Además, deseo recordar que comprende también las comunas de Concón y de Casablanca. Por lo tanto, se trata de una megaprovincia, con muy pocas posibilidades de hacerse cargo de realidades como las de Quilpué y Villa Alemana, comunas que, a su vez -reitero-, han adquirido personalidad propia.
En la Región se han materializado desarrollos viales muy trascendentes que permiten a ambas comunas acceder también a posibilidades productivas, turísticas, de desarrollo, que no existían antes.
Se justifica, entonces, que ellas puedan ser autónomas de la provincia de Valparaíso.
Igual cosa ocurre con las otras dos comunas que constituirán esta nueva provincia: Limache y Olmué, pues asimismo en la actualidad son patios traseros, pero de la provincia de Quillota.
Por consiguiente, todas ellas podrían adquirir personalidad propia.
La iniciativa, señor Presidente, no involucra ningún cambio de tipo electoral -se trata de un dato relevante para poner sobre la mesa-, porque las cuatro comunas ya configuran un distrito: el 12. La creación de la provincia consagra algo que ya existe, desde ese punto de vista.
Significa, además, dar forma político-administrativa a una situación que ha venido ocurriendo en lo productivo. En efecto, a través de los desarrollos a los cuales me referí, en particular en materia vial, estas comunas han adquirido una personalidad productiva que es importante desarrollar. El hecho de que conformen una provincia no implicará que se resolverán de forma milagrosa todas sus dificultades, pero sí podrán cultivar una personalidad propia.
Y las cuatro comunas constituyen un eje geográfico coherente, el cual comienza en Olmué, que hoy cuenta con una conexión muy directa con Santiago a través de Tiltil, pasando por la cuesta La Dormida. Por otra parte, el nuevo Troncal, en el fondo, las comunica con Viña del Mar y el Gran Valparaíso.
En consecuencia, creo que se trata de una iniciativa que prácticamente responde a una consideración de sentido común.
Al mismo tiempo, quiero decir que ha obtenido un apoyo transversal: los cuatro concejos municipales, con sus correspondientes alcaldes, la han estado empujando.
Esos organismos exhiben representación política diversa y jefes comunales de distintos sectores. Si no me equivoco, de los cuatro municipios involucrados, dos alcaldes reconocen filas en la Alianza y dos en la Concertación.
Por tanto, en el proyecto no media ninguna consideración de tipo político-partidista.
A la vez, deseo agregar que, a efectos de despejar cualquier duda sobre un eventual beneficio electoral, se convino en la Comisión de Gobierno -con el Senador señor Romero firmamos una indicación al respecto- que la instalación de la provincia tenga lugar con posterioridad a los procesos electorales que se avecinan. En un artículo transitorio se haría referencia a que ella se materializara en el mes de marzo de 2010, con posterioridad a la elecciones municipal y presidencial.
La iniciativa tuvo un amplísimo respaldo en la Cámara de Diputados.
Goza, además, de una gran simpatía ciudadana. Tanto es así que, como indiqué, los cuatro alcaldes y la unanimidad de los respectivos concejos municipales le prestaron su apoyo.
Manifestaron también una opinión favorable el gobierno regional y el CORE de Valparaíso.
Y tuvo su origen -no podría ser de otra manera- en el Ejecutivo, que llevó a cabo el estudio correspondiente sobre la viabilidad de la provincia. Estamos hablando de una división territorial que contará con cerca de 300 mil habitantes: será más bien una de las grandes dentro de nuestra estructura provincial.
Me parece que concurren todos los argumentos como para aprobarla.
Lamento que ahora seamos pocos en la Sala. En tal sentido, de no contarse con el quórum necesario, solicitaré diferir la votación, porque estimo que, en verdad, no hay ningún tipo de obstáculo, salvo el del quórum, para sacar el proyecto adelante.
Entonces, quizás correspondería¿

El señor BIANCHI.- Llamar a votar.

El señor VÁSQUEZ.- Cabe pedir segunda discusión.

El señor OMINAMI.- Señor Presidente, a lo mejor podría realizarse una auscultación.
Tengo la impresión de que varios señores Senadores se hallan en el Congreso y tal vez se podría efectuar un intento. Porque lo cierto es que llevamos bastante tiempo dando vueltas con el asunto.
He dicho.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Lo que haríamos, si ocurre lo que Su Señoría manifestó, sería suspender la votación y realizarla mañana en primer lugar.

El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, ¿está solicitando la unanimidad para postergar la votación? ¿O no se requiere en este caso? ¿Cuál es su planteamiento? Porque, si se necesita unanimidad, no la daré.

El señor HOFFMANN (Secretario general).- Señor Senador, basta con que un Comité pida segunda discusión. Tiene ese derecho.
El señor LONGUEIRA.- Entonces, según entiendo, ¿se solicitaría formalmente una postergación por una vez?

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Así es.
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.

El señor ROMERO.- Efectivamente, señor, Presidente, para postergar una votación solo se requiere la solicitud de un Comité. Así que, si no se lograra el quórum necesario para aprobar el proyecto, haría formalmente tal petición.
Señor Presidente, en lo referente a la materia en análisis, deseo señalar algunos argumentos que complementan lo que la Comisión de Gobierno ha planteado, por unanimidad, a la Sala del Senado.
En la actualidad, se está produciendo una tendencia a la descentralización intrarregional, porque cada vez se advierte con mayor fuerza la existencia de elementos que confirman que a nivel regional también se generan centralismos inconvenientes.
Respecto de la salud -lo menciono como ejemplo simplemente-, nos costó muchísimo definir hospitales de alta complejidad que cubrieran determinadas provincias. En el caso de lo que hoy proponemos llamar "provincia de Marga Marga", se contempla un recinto hospitalario de esa naturaleza, que estaría ubicado en Quilpué o Villa Alemana -en cualquiera de las dos comunas-, que daría cobertura al territorio de ambas ciudades y al de las de Olmué y Limache.
En general, siento que hay una suerte de transversalidad en torno a este asunto -como se ha señalado-, en el sentido de entender que lo que se busca es un ordenamiento dinámico dada la situación que se ha ido produciendo con el tiempo. Porque, históricamente, si bien Limache y Olmué pertenecen a la provincia de Quillota, su área de influencia más predominante hoy día tiene que ver con Quilpué y Villa Alemana. Por lo tanto, estas cuatro comunas, en caso de que la iniciativa se apruebe, el día de mañana conformarán la provincia de Marga Marga y se convertirán en un polo de desarrollo.
Desde esa perspectiva, me pareció importante dilucidar y sacar del debate lo relativo a una eventual utilización de la nueva provincia de Marga Marga con fines electorales, a través de autoridades que fueran definidas por parte del Ejecutivo. Con dicho objetivo, propuse que la iniciativa entrara en vigencia a partir del 11 de marzo del año 2010. De esa forma, se elimina cualquier situación que pueda ser catalogada de "sospechosa" -por decir lo menos- frente a un eventual intervencionismo electoral, que es tan frecuente en esta Región.
Por otra parte, en esa dinámica de ordenamiento territorial, estimo muy importante tener presente que las comunas de Puchuncaví y Quintero viven una realidad bastante parecida a la señalada. En la Comisión planteé la posibilidad de que ellas, cuyo centro de desarrollo está más ligado a la provincia de Quillota que a la de Valparaíso, pudieran desprenderse de esta última y anexarse a aquella.
Creemos que hay una mayoría importante de ciudadanos y de vecinos de las comunas referidas que apoya el proyecto en estudio. A mi juicio, sería un paso positivo aprobarlo, en especial si se saca de la discusión el intervencionismo electoral que pudiera plantearse. Si no lo hiciéramos, quedaríamos en una condición de sospecha frente a esa circunstancia.
Por otro lado, considero muy interesante acotar que el sector geográfico en comento se encuentra unido con las comunas de la Región Metropolitana gracias a una estructura vial que está dada no solo por la cuesta La Dormida, sino también por el camino Lo Orozco (La Playa), que conecta con la ruta 68. Además, se enlaza con el interior mediante la ruta Bioceánica, tramo que se halla completamente resuelto, desarrollado e implementado.
En mi opinión, tal aspiración debiera ser capitalizada mediante la aprobación del proyecto en análisis.
Señor Presidente, yo voy a respaldar la iniciativa, pero, con el objeto de obviar un eventual problema de quórum, como Comité, pido formalmente que la votación se postergue para mañana.
He dicho.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Considerando que en este minuto existe el número de votos suficientes en la Sala para aprobar el proyecto, un Comité solicitó abrir la votación.
¿Habría acuerdo para ello?

El señor BIANCHI.- Sí, señor Presidente.

El señor ÁVILA.- ¡Gran idea la del Senador señor Ominami¿!

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Entonces, cerrado el debate.
En votación.
--(Durante la votación).

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín para fundar el voto.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, la verdad es que lamento tener que opinar en un sentido contrario a la iniciativa. Pero aclaro que mi posición no se vincula con el contenido específico de ella.
Respeto las opiniones de los distintos municipios y de los parlamentarios de la zona. Entiendo que su objetivo prioritario sea, en su visión de gobierno provincial, la conformación de un nuevo territorio administrativo en torno a las comunas referidas: se busca separarlas de sus provincias respectivas (Quillota y Valparaíso) para constituir una nueva.
Sin embargo, deseo aprovechar esta oportunidad para hacer una reflexión mayor.
Me parece que, en el orden administrativo y en el proceso de descentralización, las provincias no tienen ningún sentido.
Esta es una buena instancia para preguntarse qué regionalización buscamos para el país. Porque si vamos a empezar a crear provincias, con atribuciones, competencias y recursos inexistentes, estaremos construyendo una regionalización cosmética, decorativa, pero no real ni concreta.
Los gobiernos regionales, los intendentes, los CORE y los seremis ya cuentan con pocas atribuciones, porque este es un país demasiado centralizado. Disponen de pocos recursos, debido a que estos se manejan, fundamentalmente, desde la capital, desde los ministerios.
¡Pero las provincias no tienen absolutamente nada!
En consecuencia, quienes ahora buscan la creación de una provincia, para que haya un gobernador y para generar desarrollo, identidad y progreso, no lograrán tales objetivos por esta vía.
Llevo muchos años viendo la acción de distintos gobernadores, hombres y mujeres de diferentes partidos políticos -ha habido buenos, regulares y malos-, pero la verdad es que, en las provincias de Linares y de Cauquenes, ni los buenos ni los mejores han podido lograr una mínima diferencia en el desarrollo de esas provincias. Y ello, porque las gobernaciones carecen de atribuciones; no funcionan.
Señor Presidente, si queremos avanzar en materia de regionalización, pienso que es más razonable analizar la cantidad de Regiones que hay en el país, su tamaño, su manera de operar. En ese sentido, me parece más conveniente dar lugar a nuevas Regiones, como ocurrió con la de Los Ríos y con la de Arica y Parinacota, en el norte, testimonios reales de entidades que tendrán, en la medida en que mejoremos su situación, una posibilidad de desarrollo. Sin embargo, eso nunca se conseguirá por el camino de formar nuevas provincias.
A lo mejor, dieciocho o veinte Regiones darían un resultado más efectivo. Habría que suprimir las provincias y robustecer al mismo tiempo las comunas, porque estimo que el desarrollo local es la base del progreso de un país. La descentralización se debe generar no solo a nivel regional, sino también en el ámbito comunal.
Si fortalecemos las comunas -con más atribuciones, más recursos, más dinero- y procuramos lo mismo para las Regiones, ¡qué sentido tienen las provincias! ¡Para qué las queremos!
Crear más provincias, a mi juicio, va en la dirección equivocada.
Por lo tanto, el problema no radica en las comunas con las que se pretende formar la provincia de Marga Marga, ni tampoco en el objetivo del proyecto, sino en una visión más global acerca de cómo debería ser el proceso de regionalización.
Si existe voluntad para explorar ese punto, a lo mejor en torno a la provincia de Marga Marga y otras sería factible pensar en la formación de una nueva Región. Eso tiene más sentido. Recuerdo que hace años el Senador señor Romero planteó la creación de una Región en lo que se llama la "Quinta Interior".
Me parece que esos proyectos tienen más fuerza, más coherencia y más justificación. El que nos ocupa, en cambio, es débil, pues carece de una entidad que dé sentido a las comunas de que trata.
Por eso, no quiero validar con mi voto tal situación. Mi decisión no debe entenderse vinculada a una situación específica, sino a un concepto de fondo: desarrollar el país en términos de la regionalización y de la descentralización mediante el establecimiento de provincias es un profundo error. Ello ha sido un fracaso. Y yo no quiero colaborar para que este se siga extendiendo.
He dicho.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, me alegra mucho escuchar que el Senador señor Larraín potenciaría a las comunas con mayor autonomía y más recursos. Porque en eso estamos.
La iniciativa que crea la provincia de Marga Marga viene aprobada por unanimidad por la Cámara de Diputados.
Además, en el debate desarrollado en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización contamos con la presencia de los Senadores señores Ávila, Ominami y Romero, quienes estuvieron absolutamente de acuerdo con el establecimiento de esta nueva provincia.
En esa oportunidad también recibimos al Intendente de la Quinta Región, don Iván de la Maza; al Alcalde de Limache, don Germán Irarrázaval; al Alcalde de Olmué, don Tomás Aranda; al Alcalde de Quilpué, don Mauricio Viñambres, y al Alcalde de Villa Alemana, don Raúl Bustamante. Todos pidieron que aprobáramos la creación de dicha provincia, porque era altamente conveniente para los intereses de sus comunas y constituiría un territorio compacto. Gracias a esta iniciativa, ellos abrigan la esperanza de desarrollar planes turísticos y de tener mejores condiciones de ingresos en la distribución de los fondos regionales.
Por eso, la Comisión aprobó por unanimidad el proyecto.
Como han señalado diversos señores Senadores que me han precedido en el uso de la palabra, se propone como capital de la nueva provincia la ciudad de Quilpué, que es el centro urbano con mayor población y el punto de conexión obligado del nuevo territorio provincial, el cual abarca 1.180 kilómetros cuadrados, aproximadamente, con una población que bordea los 280 mil habitantes.
La creación de esta provincia estimula, también, los ejes estructurales que cruzan su territorio con un evidente progreso de la conectividad, acorde con sus cualidades productivas y con un creciente aumento poblacional, que es superior al registrado en el resto de la Región.
Además, y muy fundamentalmente, el proyecto se hace cargo de una aspiración ya instalada en la sociedad civil: el proceso de descentralización focalizado en áreas geográficas para aprovecha mejor los mecanismos productivos, optimizar las instancias de planificación y coordinación y proveer una mayor agilización de los recursos públicos.
En la discusión general que suscitó el proyecto en la Comisión de Gobierno, se arguyó que se persigue reordenar, mediante instrumentos más eficientes, un área geográfica con características comunes, al tiempo que se reconoce que el ordenamiento territorial es un asunto de alta prioridad en la formulación de las políticas públicas.
La alteración de la división política y administrativa del país sin duda constituye un hecho político relevante que trasciende lo meramente instrumental y general, pues tiene un significativo impacto en las personas, en sus intereses y quehaceres.
Los antecedentes que aconsejan la creación de esta provincia han sido analizados y cotejados con responsabilidad y celo. La Comisión así lo ha entendido y, por eso, otorgó su respaldo al proyecto, sin perjuicio de las observaciones y mejoras de que sea objeto en la discusión en particular, si el Senado aprueba la idea de legislar.
Cabe agregar que, para evitar algunas dudas o aprovechamiento político, se acordó que las autoridades que corresponda nombrar se designarán después del período electoral que viene; o sea, posterior a la elección de alcaldes y concejales, y también a las próximas de parlamentarios y de Presidente de la República.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, comparto algunas opiniones expresadas en la Sala en el sentido de que hace falta un debate más a fondo acerca de la división política y administrativa del país y del rol que les cabe a las provincias en nuestro ordenamiento nacional.
Yo soy partidario de valorar más a las provincias que a las regiones. Creo más en la identidad efectiva de aquellas en nuestro país.
A mi entender, las regiones son una entelequia que fue armada en un momento determinado y que, quizá en unos veinte años, lograremos superar en virtud de un proceso de descentralización para empoderar a las provincias.
El problema es que las provincias requieren una identidad básica.
En la nueva Región de Los Ríos, yo me pregunto qué sentido tiene la provincia que se inventó. Se trata de una cuya existencia se forzó -¡sí, se forzó!- y que carece de identidad propia. Surgió por la necesidad de satisfacer las demandas de una parte del territorio nacional, lo cual nos llevó a aprobar la creación de dicha Región. Para ello, la condición era contar con provincias; pero, como aquella se componía de una sola provincia, con identidad, hubo que inventar otra, que no posee tal condición.
Ello dejará pendiente un debate sobre el aspecto territorial durante bastante tiempo en esa parte del país.
La Región de Valparaíso, por su parte, ha experimentado diferentes configuraciones a lo largo de su historia. El caso más conocido lo representa la provincia de San Antonio, que ha pasado de una división administrativa a otra y hoy es parte de la Quinta Región. Y uno se pregunta cuánto tiene que ver San Antonio con la realidad del resto del territorio donde se inserta. Probablemente, se llegue a la conclusión de que no mucho.
Cuando hoy nos invitan a aprobar la creación de la provincia de Marga Marga, la duda que me asalta es si ella tiene identidad.
La identidad que ha planteado el Senador señor Ominami en parte es la del abandono, la de la no atención, la de patio trasero de las provincias de Valparaíso y Quillota.
Pero no sé si eso es suficiente, señor Presidente.
Por otra parte, entiendo que las provincias, además de poseer identidad histórica, deben cumplir una función particular. Y no sé si la que estamos creando asumirá alguna en especial.
Porque no hemos avanzado en lo relativo a darles más facultades y potestades a los gobiernos provinciales, que hoy no son más que coordinadores de servicios públicos -y hasta ahí no más-, sin presupuesto propio y con algún control sobre Carabineros de Chile, labor que no es muy grata, por cierto.
Señor Presidente, planteo esta inquietud porque en diversas ocasiones los integrantes de esta Corporación nos hemos amenazado mutuamente de que haremos una discusión acerca de cómo conformar las regiones, las provincias. Sin embargo, eso no ha ocurrido.
La Comisión de Gobierno nos entregó su informe a través del Senador señor Sabag. Pero dudo de que con esta iniciativa estemos colaborando con el análisis que el país requiere en esta materia. Me hago preguntas obvias: ¿Cambiarán los distritos electorales el día de mañana por esto? ¿Enfrentaremos un debate como el habido a propósito de la creación de las Regiones de Arica y Parinacota y de Los Ríos?
Señor Presidente, yo no seré un obstáculo en este proyecto, y lo votaré a favor.
Me parece que es una realidad el descuido hacia las comunas que se observa de parte de la capital regional. Es una realidad, pero, asimismo, las provincias necesitan otro tipo de identidad. Y no veo que estemos colaborando en ese sentido.
Señor Presidente, termino señalando lo siguiente.
Junto al Senador señor Chadwick vivimos lo que ha sucedido en una provincia de la Quinta Región, la de San Antonio, y la contradicción que se produce en ciertas comunas de nuestra circunscripción, como Navidad. Porque la vinculación de la Sexta Región con San Antonio -en términos de dinamizar sus actividades económica y comercial- es bastante más estrecha que con la Región de Valparaíso, al igual que la dependencia de algunas de nuestras comunas, como la de Navidad, pues cuando sus enfermos presentan patologías Auge deben ser atendidos en San Antonio o Valparaíso, por encontrarse más cerca que Rancagua, la cual se encuentra a 3 horas y media de viaje.
En definitiva, es necesario efectuar un debate más a fondo sobre la división política y administrativa del país.
Voto a favor del proyecto.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.

El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, algunos Senadores dijeron durante el debate que la creación de municipios, provincias, regiones o circunscripciones no parece la forma más adecuada para evaluar nuestra división político-administrativa.
Reiterar en la Sala que los parlamentarios, alcaldes y comunidad involucrados son partidarios de la creación de esta provincia no es una sorpresa, como sí sería lo contrario o que alguien patrocinara la instauración de una provincia contra la voluntad de ellos.
Por lo tanto, es más fácil declararse partidario. Sin embargo, lo peor que podemos hacer es ir modificando nuestra división política y administrativa en función de la popularidad que significa proponer la creación de provincias. Yo me inclino por reducirlas. De ahí que no puedo apoyar el establecimiento de más cajas o agencias pagadoras como son en Chile las gobernaciones, que se convierten en organismos paralelos a los municipios. Si en algo se debe profundizar es en la verdadera modernización de las municipalidades y en el estudio de aquellos casos donde se justifican las gobernaciones. Pero, de todas maneras, deben eliminarse dentro de estas las que coinciden con cabeceras regionales.
Por lo tanto, independientemente de que hoy día se trate de la provincia de Marga Marga, con sus cuatro comunas, creo que la discusión debe ser mucho más de fondo. No es que me oponga a su creación, sino que me parece que la forma de modificar nuestra división político-administrativa está profundamente equivocada.
En verdad me sorprende que ahora estemos creando una nueva provincia, sobre todo después del debate del otro día sobre una nueva circunscripción en la Primera Región, donde hubo -para sorpresa mía, al menos- casi unanimidad para rechazarla sin haber previamente una discusión seria acerca de la división administrativa del país.
Por otro lado, aquí se señala que la proposición de crear la citada provincia no tiene efectos electorales. Puede que así sea en el corto plazo. Sin embargo, una nueva región, o circunscripción, requiere al menos de dos provincias, por lo tanto, algo de eso hay también en el "corazoncito" de los patrocinadores de la referida propuesta. No me estoy refiriendo a los actuales parlamentarios, porque parto de la base de que esto no operaría para su reelección.
En definitiva, no estoy de acuerdo en la forma sugerida ni encuentro serio abordar la creación de una provincia sobre la base de que Limache, Olmué, Quilpué o Villa Alemana -como aquí se ha dicho- se han convertido en patios traseros y de que, al pasar a ser parte de una nueva provincia, se convertirían en los patios delanteros de la Región.
Eso es extremar el argumento y mientras no haya una discusión seria y profunda en el Congreso y en el Ejecutivo sobre cuál debiera ser nuestra división administrativa o analizar la actual, después de 25 ó 30 años de vigencia, carece de todo sentido ir creando, como en la "teoría del salame", provincias, comunas o regiones en la forma en que lo hemos venido haciendo.
En consecuencia, no solo la iniciativa que nos ocupa, sino que cualesquiera otras que no se encuentren dentro de un contexto global, yo, al menos, las votaré en contra, aunque tengo claro que es incómodo asumir tal actitud.
Ojalá que en una Corporación como esta pensemos en el bien del país, en la forma cómo construimos una verdadera división política y administrativa que, efectivamente, lo desconcentre y descentralice, y no continuemos creyendo que con estos instrumentos lo vamos a lograr realmente o que las citadas cuatro comunas pasarán a tener la importancia requerida por el solo hecho de formar parte de la nueva provincia y de instalarles una gobernación.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, de la lectura del informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, se visualizan dos elementos que a mí me llevan a cambiar de opinión frente al proyecto en debate.
En primer lugar, debo hacer presente que, a propósito de la creación de dos nuevas regiones, el Gobierno se comprometió en esta Sala a entregar una propuesta sobre futuras modificaciones de la división política y administrativa. Y en el debate sostenido el 8 de septiembre de 2007 en dicha Comisión, el Ejecutivo, a través de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, anunció que el estudio respectivo estaba terminado, por lo que en cuestión de días lo daría a conocer, y que, por lo tanto, tuviéramos la certeza de que la creación de la nueva provincia era parte integrante de él.
Han pasado 7 meses y nadie conoce ese estudio y la propuesta respectiva. En consecuencia, no hay duda de que será muy difícil apoyar públicamente con nuestro voto en la Sala la creación de una provincia que no forma parte de algún análisis coherente, orgánico, sobre cómo se construirá nuestra división política y administrativa.
Es cierto que para algunos siempre habrá una razón para crear esta nueva provincia, así como la hubo para las Regiones de Arica y Parinacota y la de Los Ríos. Pero cuando uno plantea instaurar la de Ñuble, se nos dice que no se puede, porque hay que esperar dicho estudio. Y ahora nos señalan que él es necesario, pero Marga Marga tiene condiciones particulares, saltándonos toda visión global sobre lo que debe ser la división de nuestro territorio.
A mi juicio, eso claramente constituye un error y no es aceptable que el Gobierno, pese a haberse comprometido en esta Sala a presentar al país una propuesta en tal sentido, no lo haya hecho; que reitere el 8 de setiembre del 2007 en la citada Comisión que ella estaba terminada, y que tampoco la entregue.
Por lo tanto, no hay posibilidad ni espacio para continuar con esta "política del salame" en el sentido de ir creando provincias de a una, sin considerar al país en su conjunto.
Pero hay otra razón, señor Presidente, que ya enuncié en días pasados: se refiere a que en la Comisión de Gobierno el Intendente de Valparaíso expresó que el Consejo Regional, luego de ser consultado, emitió su opinión favorable a la creación de esta provincia. Y debo señalar que eso es falso, porque no fueron consultados ni emitieron juicio alguno.
Señor Presidente, esas dos razones me obligan, necesariamente, a cambiar de opinión. Reconozco que en la Comisión voté a favor debido a las explicaciones dadas por la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, en el sentido de que íbamos a conocer una propuesta de la nueva división política y administrativa del país, y porque de buena fe creí que todos los consejeros regionales de Valparaíso, incluidos los de mi partido, habían sido consultados sobre el particular. Pero, cuando se detecta que ello no es así, cambia fundamentalmente el cuadro, y no estoy disponible para apoyar la creación de una provincia que no forma parte de un estudio orgánico ni coherente. Además, se han saltado mandatos legales, ya que la consulta a dicho consejo regional constituye una obligación legal establecida en la Ley Orgánica Constitucional de Gobiernos Regionales.
Por esas razones, votaré en contra del proyecto.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, al igual que el Honorable señor Pérez Varela, voté a favor de la iniciativa en la Comisión.
En verdad, en las últimas semanas, en el Senado ha habido un debate interesante, profundo. Y pienso que depende mucho de esa perspectiva para, al final, ver cómo uno se aproxima a los distintos temas.
Desde mi punto de vista, hace dos semanas, la Cámara Alta entregó una señal muy importante, con la cual se pretende terminar con la costumbre de legislar en forma aislada respecto de la división política y administrativa, de circunscripciones electorales, etcétera, mientras no se aborde globalmente el problema. Y me parece que esta es una decisión responsable.
Sobre esa base, evidentemente, uno tiene una perspectiva distinta frente a un proyecto de esta naturaleza.
¿Por qué la considero importante, señor Presidente? Porque si el Senado está dispuesto a tener una visión de largo plazo sobre la descentralización del país y a frenar cualquier intento de legislar en forma aislada, la mejor señal que se puede dar al Ejecutivo es que de aquí para adelante no se aprobará ninguna iniciativa que apunte en esa dirección, salvo que se aborde el tema integralmente y se cuente con los estudios correspondientes.
Por lo tanto, una provincia de las características de la que se nos propone, evidentemente va a ser viable en la medida en que se aborde en un contexto mayor. Eso lo acepto y lo comparto plenamente. Y, a mi juicio, esa es la manera en que se debe tratar la materia.
Por otra parte, señor Presidente, en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización se halla en tramitación una importante iniciativa destinada a potenciar fuertemente el proceso de descentralización del país, mediante la reforma del artículo 114 de la Constitución Política. Paralelamente, en la Cámara de Diputados se está abordando la Ley Orgánica Constitucional de Gobiernos Regionales.
¿Y por qué señalo esto, señor Presidente? Porque dentro de la estructura administrativa del país, si hay algo que no está definido, son las facultades y las competencias de las gobernaciones provinciales. Si se señala que los gobiernos regionales son una entelequia, lo son aún más las gobernaciones provinciales.
Por lo tanto, no solo hay que analizar este asunto desde el punto de vista de la división política y administrativa del país, sino también tenemos que velar y reflexionar respecto de cuáles serán las competencias de las gobernaciones en la futura administración regional.
En consecuencia, voy a votar negativamente el proyecto, como una señal para que, en definitiva, lo relativo a las provincias y a la descentralización sea abordado de manera integral y no aisladamente como se pretende en esta oportunidad.
En mi concepto, el Senado está dando una muestra de enorme responsabilidad en esta ocasión al entregar al Ejecutivo una señal categórica en cuanto a que estos temas han de ser tratados de manera distinta, y que proyectos de esta naturaleza ¿como el que crea la provincia de Marga Marga- no van a ser aprobados por esta rama del Parlamento.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En votación.

El señor HOFFMANN (Secretario).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- El Honorable señor Coloma.

El señor HOFFMANN (Secretario).- ¿Algún otro señor Senador no ha emitido su voto?


El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (22 votos contra 7 y dos abstenciones).
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores Allamand, Ávila, Bianchi, Escalona, Espina, Frei, García, Girardi, Gómez, Horvath, Letelier, Muñoz Barra, Navarro, Núñez, Ominami, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
Votaron por la negativa la señora Matthei y los señores Chadwick, Larraín, Longueira, Novoa, Orpis y Pérez Varela.
Se abstuvieron los señores Coloma y Flores.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- La Mesa propone como plazo para presentar indicaciones el 5 ó el 12 de mayo.

El señor OMINAMI.- El lunes 5, señor Presidente.
--Se fija como plazo para presentar indicaciones al proyecto el lunes 5 de mayo, a las 12.




PARTICIPACIÓN CUIDADANA EN PROCESOS CALIFICATORIOS DE DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL


El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Proyecto, iniciado en moción de los Senadores señores Horvath y Sabag, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, con el fin de permitir la participación ciudadana en los procesos de calificación de las declaraciones de impacto ambiental, con informe de la Comisión de Medio Ambiente, Nacionalidad y Ciudadanía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5483-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los Senadores señores Horvath y Sabag).
En primer trámite, sesión 65ª, en 14 de noviembre de 2007.
Informe de Comisión:
Medio Ambiente y B. Nacionales, sesión 88ª, en 4 de marzo de 2008.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario).- Los principales objetivos de la iniciativa son, por una parte, consagrar la participación ciudadana para el instrumento de evaluación ambiental denominado "Declaración de Impacto Ambiental", y por otra, eliminar el régimen de publicaciones mensuales que debe efectuar la autoridad, sustituyéndolo por la publicación de un extracto del proyecto sometido a evaluación, la cual sería de cargo del titular de dicho proyecto.
La Comisión discutió la iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Allamand, Ávila, Horvath y Navarro.
El texto del proyecto puede ser consultado por Sus Señorías en el informe respectivo.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En la discusión general, tiene la palabra el Honorable señor Horvath, uno de los autores de la moción.


El señor HORVATH.- Señor Presidente, como ha explicado el señor Secretario, el objetivo de esta iniciativa legal es justamente abrir un espacio, muy reducido en cuanto a cantidad de días, para que las organizaciones ciudadanas y las personas naturales que se sientan afectadas por determinado proyecto hagan presentaciones a la autoridad.
Esto resulta vital, porque, en la actualidad, la ciudadanía toma conocimiento de la aprobación de una gran cantidad de proyectos una vez publicados en un diario al que ella no accede fácilmente, no habiendo una etapa previa en la cual pueda participar para perfeccionarlos.
Asimismo, ha habido casos en los que necesariamente se requería un estudio de impacto ambiental, pero se ha seguido un camino no muy claro para obtener las declaraciones correspondientes. Ello ha generado problemas bastante sustantivos en ciertos proyectos que terminan afectando la salud de las personas y las condiciones del medio ambiente o la naturaleza.
En el entendido de que la participación ciudadana enriquecerá los proyectos, con la posibilidad de armonizarlos en los plazos fijados, estos beneficios se acotan -como establece el proyecto de ley- en los plazos que correspondan.
Normalmente, se cuenta con 60 días para hacer los estudios de impacto ambiental, y, en este caso, serán solo 20 días. Y si alguien encuentra inconvenientes o tiene fundamentos para un recurso de reclamación, el sistema da 15 días para presentarlo y 30 para resolverlo. Sin embargo, la ciudadanía contará con 5 días para hacer su presentación, y la autoridad tendrá 10 días para resolver.
Por otra parte, la iniciativa deroga el artículo 30 de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, el cual dispone la obligatoriedad de publicar las declaraciones de impacto ambiental, y las sustituye por la publicación de los extractos, a partir de la cual comienzan a correr los plazos que aquí se señalan.
La iniciativa señala en el numeral 2° que "Se deberá efectuar la referida indagación" cuando se reciba una denuncia fundada o se encuentre en la Declaración de Impacto Ambiental algún aspecto erróneo, incompleto o inexacto por parte de la Comisión Regional del Medio Ambiente o la Comisión Nacional del Medio Ambiente. En el fondo, dicha indagación se refiere a la aclaración, rectificación o ampliación que establece la propia ley.
Los plazos no se alargan en términos excesivos, sino que, por el contrario, son mínimos. Y con ello se posibilita que las observaciones a los proyectos se presenten a tiempo y alcancen a rectificarse.
Esta es una iniciativa en que la suma beneficia a las partes.
Por eso, sugerimos a la Sala que apruebe el proyecto en general por unanimidad, tal como lo hizo la Comisión de Medio Ambiente.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, al calor del debate sobre la creación del Ministerio del Medio Ambiente y, en particular, el perfeccionamiento de la legislación medioambiental, se abre un horizonte de reforma ¿espero, profunda- a la Ley N° 19.300, que actualmente regula un sistema normativo en esta materia. Sin embargo, es un proceso que puede demorar uno o más años.
Las estadísticas indican que el 97 por ciento de los proyectos que evalúa la CONAMA ingresan como declaraciones de impacto ambiental y solo el 3 por ciento corresponde a estudios de impacto ambiental. En dicha evaluación no hay participación ciudadana. Es decir, en términos crudos, concretos y reales -las cifras no mienten-, de cada 100 proyectos 97 se realizan sin que la comunidad, organizada o no, dé a conocer su opinión acerca del impacto que estos pueden significar para sus viviendas, sector, comuna o Región.
Por lo tanto, es preciso incorporar una mayor participación de la ciudadanía sobre el particular.
La iniciativa que nos ocupa ratifica que ningún proyecto que se ejecute en el país puede lesionar los derechos que la Constitución asegura a las personas, y estos incluyen lo relacionado con el medio ambiente.
Aparte del porcentaje antes mencionado, en muchos casos la autoridad ha otorgado a determinados proyectos el carácter de estudios de impacto ambiental, y a otros -de enorme envergadura-, el de declaraciones.
Por lo tanto, deberíamos aprobar la moción en discusión, con independencia de que el Gobierno en los meses sucesivos -espero que pronto- presente una iniciativa tendiente a reformar profundamente la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
En muchas ocasiones hemos señalado que el propio estudio de impacto ambiental es un mecanismo deficiente, que excluye la participación ciudadana.
Este proyecto es un paso pequeño, pero importante. El sistema de evaluación de impacto ambiental otorga plazos muy cortos y precisos. Es decir, hay participación ciudadana en la primera etapa, pero si existen observaciones o addendum ¿esto es, entrega de nueva información- aquella no interviene. Incluso en el 3 por ciento de los estudios que mencioné denantes existe una sesgada participación a la hora de debatir, no digo de decidir, porque aquella no es vinculante en esta materia. Y tampoco lo es en la iniciativa en discusión. No es que los ciudadanos vayan a decir: "Observamos, nos oponemos y determinamos que no se realice el proyecto"; pero por lo menos se establece el sagrado "derecho a pataleo", en cuanto a que las personas tengan la posibilidad de hacer oír su voz y exponer sus argumentos.
El sistema de declaración de impacto ambiental, como no contempla la participación ciudadana, no ha arrojado experiencia sobre el particular. En cambio, los estudios de impacto ambiental, sí.
Debo señalar que la batalla es desigual. Para los ciudadanos comunes y corrientes, que laboran y se ganan el pan de cada día, que nunca han cursado un magíster o una licenciatura en Harvard, enfrentarse a equipos compactos, organizados y de grandes recursos -como los que poseen las empresas tras cada proyecto-, o a los equipos jurídicos de la CONAMA y del Ministerio Secretaría General de la Presidencia -actualmente-, les genera una situación de desequilibrio. No es admisible pedirles que participen en un proceso para el cual no se hallan capacitados ni cuentan con recursos para acceder a él de manera informada y con conocimientos técnicos.
Por lo tanto, esa es una de las falencias del proyecto que espero remediar en su debate. Es preciso posibilitar la participación, pero, además, la normativa debe consagrar el beneficio de pobreza -existente en otros casos-, de manera que las personas puedan acceder a información calificada y a una asesoría técnica y jurídica -elegida por ellas, pero pagada por la propia empresa-, a fin de generar una participación regulada y acotada.
Lo anterior resultará beneficioso para la empresa, el proyecto y los propios ciudadanos.
En innumerables ocasiones he presenciado una participación carente de conocimientos técnicos, de asesoría jurídica y, particularmente, de información básica. Si bien la CONAMA publica un extracto del estudio de impacto ambiental de que se trate en un periódico de circulación regional o nacional, ello es insuficiente. Se debe garantizar siempre un acceso gratuito y expedito a todos los documentos, en cualquier minuto, durante ese proceso. Ello es esencial para asegurar una participación real.
Señor Presidente, como he señalado en otras oportunidades, nuestro ordenamiento constitucional se basa en un sistema presidencialista, que se cae a pedazos. Esta monarquía presidencial, que excluye a los ciudadanos de participar en la construcción del país, se agota. Y con la iniciativa en discusión estamos dando un pequeño paso, es decir, permitiendo un poco de participación: los ciudadanos no van a cambiar el curso del proyecto sujeto a evaluación, pero a lo menos serán escuchados.
Estimo que el Senado debería aprobar la iniciativa, al menos para abrir el debate en torno a la materia en comento. Ella tiene el mérito de poner el dedo sobre la llaga de un tema latente y urgente: la exigencia de mayor participación ciudadana en todos los procesos donde se involucren el Estado y el sector privado, a fin de garantizar accesibilidad e igualdad.
Por lo anterior, vamos a apoyar el proyecto iniciado en moción de los Senadores señores Horvath y Sabag, y a sumarnos a otras iniciativas presentadas en la Comisión de Medio Ambiente, por ejemplo, la que sanciona a quien elabore una declaración o estudio de impacto ambiental fundado en antecedentes falsos. Lamentablemente, ello lo hemos observado en reiteradas ocasiones, y solo mediante un recurso judicial es posible aclarar y condenar dichos ilícitos. Por lo tanto, es necesario que la legislación actual contemple sanciones de oficio, tanto para los estudios como para las declaraciones, una vez constatada la falsificación. Hoy día, debe recurrirse a los tribunales de justicia y demostrarse la falsificación para que sea posible aplicar penas que, en todo caso, no afectan al proyecto sujeto a evaluación, dado que los procesos judiciales son de larga duración.
Como expuse anteriormente, este es un paso en la línea de ir perfeccionando la legislación ambiental. La Comisión de Medio Ambiente del Senado -que integro junto con los Senadores señores Longueira, Allamand, Ávila y Horvath- revisó la iniciativa, cuyo debate entendemos como una manera de ir conformando elementos a la espera de que el Ejecutivo presente un proyecto -en el más corto plazo-, que nos permita llevar a cabo una discusión general mucho más profunda.
Mientras tanto, negarse a debatir asuntos de tanta preocupación ciudadana como este, no parece procedente. Y, por ello, anuncio que voy a votar a favor del proyecto.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.

El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, si existiere voluntad por parte de la Sala y la Mesa, podríamos despachar la iniciativa en general y en particular.
Y quiero argumentar por qué.
La verdad es que se trata de un proyecto bastante simple, y dado que está por ingresar uno que establece una nueva institucionalidad, lo único que cabe es apurar su trámite. De lo contrario, es evidente que la nueva institucionalidad recogerá la idea planteada por los Senadores que presentaron la moción, que apunta básicamente a permitir la participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental, lo cual hoy no ocurre.
Por lo tanto, se hace una equivalencia. El resto de los artículos del proyecto establecen los plazos y, de alguna manera, adecuan la idea de legislar, cuyo propósito no es otro que permitir la participación ciudadana no solamente en la fase de los estudios de impacto ambiental como se ha establecido, sino también en la de las declaraciones de impacto ambiental.
Entonces, ojalá evitemos el trámite de que vuelva a la Comisión, porque se trata de una iniciativa de fácil despacho, salvo que no exista tal voluntad.
En consecuencia, los Senadores de la UDI respaldaremos la moción, haciendo hincapié en que se tramite con la mayor brevedad posible para esperar la iniciativa sobre la nueva institucionalidad que, dadas la complejidad y la cantidad de modificaciones que se introducirían al ordenamiento que establece la ley Nº 19.300, va a ser de mayor complejidad y de larga discusión.
Por tales razones, anuncio que aprobaremos el proyecto en debate.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ominami.

El señor OMINAMI.- Señor Presidente, anuncio que votaré favorablemente la iniciativa, originada en moción de los Honorables señores Sabag y Horvath.
No obstante, sin perjuicio de impulsar una modificación mayor en asuntos ambientales que, a mi juicio, resulta del todo indispensable, estimo que la iniciativa es susceptible de ciertos mejoramientos, razón por la cual debiéramos darnos un breve plazo para presentar indicaciones, a fin de no dilatar excesivamente su tramitación. Por ello, es obligación del Senado perfeccionarla en la medida de nuestras posibilidades.
En virtud de ello, quiero indicar siete u ocho líneas de mejoramiento del proyecto, las cuales se traducirán en diversas indicaciones que -espero- puedan ser estudiadas y aprobadas, si los Senadores y Senadoras las estiman convenientes.
La iniciativa busca equilibrar la participación ciudadana establecida para los estudios de impacto ambiental a las declaraciones de impacto ambiental, reduciendo los plazos para estas últimas, en atención a la distinta entidad y naturaleza de los proyectos y de las actividades sometidos a ellas. Tal enmienda, en mi concepto, apunta en un sentido correcto.
Por otra parte, elimina el régimen de publicaciones mensuales con cargo a la autoridad, sustituyéndolo por la publicación de un extracto a costa del titular del proyecto o de la actividad respectiva.
Ambos objetivos son perfectamente razonables y mejoran el ordenamiento jurídico que rige hoy día.
De todas maneras, considero factible perfeccionar la iniciativa en debate en las siguientes direcciones.
En primer lugar, es posible fortalecer una mayor participación de la ciudadanía en los estudios de impacto ambiental, ya que la ley vigente permite a la Comisión, en ciertos casos, mantener en reserva los antecedentes técnicos o financieros de un proyecto (artículo 28 de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente).
Sin embargo, sería adecuado que, en eventos de alto impacto ambiental, esa posibilidad de reserva no existiera. También implicaría un gran avance determinar las circunstancias en que no sea pertinente mantener dichos antecedentes ajenos al conocimiento de la población. Si queremos avanzar en transparencia debemos hacer un esfuerzo para que el mayor número de antecedentes estén a disposición de la comunidad.
Mi segunda observación dice relación a que, de acuerdo con el artículo 29 del citado cuerpo legal, los representantes de las organizaciones comunitarias y las personas naturales afectadas cuyas observaciones a un proyecto no hubieran sido consideradas por la autoridad ambiental en su resolución, podrán reclamar ante un superior jerárquico. Sin embargo, parece conveniente que tal recurso pueda ventilarse ante el tribunal correspondiente -la Corte de Apelaciones-, sustrayéndolo de la órbita netamente administrativa. Ello da a la comunidad mayores posibilidades de defenderse de proyectos que pueden ser ambientalmente muy negativos.
A propósito de este punto, más adelante daré a conocer mis impresiones acerca de un proyecto que hoy día es objeto de una evaluación de impacto ambiental.
En tercer lugar, debe incorporarse como requisito de las declaraciones de impacto ambiental un acta que dé cuenta de haber puesto el proyecto en conocimiento del concejo municipal de la comuna donde este se llevará a cabo.
Considero esta enmienda de la mayor importancia. Muchas veces se aprueban estudios o declaraciones de impacto ambiental sin siquiera consultar una opinión formal al concejo municipal correspondiente. Opino que eso no es correcto, pues finalmente será la comuna donde se radique un determinado proyecto la que va a experimentar los costos que este implique.
Por lo tanto, debiera ser de trámite absolutamente normal el hecho de que el concejo municipal sea notificado formalmente respecto de los alcances del proyecto.
En cuarto término, me parece atendible la posibilidad de flexibilizar los requisitos de procedencia del recurso de protección ambiental.
En otros ámbitos, resulta aconsejable -lamento que la señora Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente no se halle presente en esta discusión para solicitárselo- otorgar mayores recursos a la Unidad de Educación Ambiental para orientarlos a la creación de políticas y programas de educación ambiental, a fin de que la comunidad no solo intervenga en los procesos, sino que alcance una participación informada y de calidad para hacer valer sus inquietudes de mejor manera.
Más que una modificación legal, el planteamiento anterior es una petición al Ejecutivo para que la participación ciudadana, consagrada en la legislación ambiental, no sea una cuestión puramente formal.
Asimismo, sería recomendable considerar la posibilidad de enmendar el artículo 11 de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, con la finalidad de agregar casos referidos a la instalación de plantas eléctricas y nucleares, por cuanto las primeras se están multiplicando en nuestro país en condiciones ambientales extremadamente precarias y discutibles.
Además, se hace necesario incorporar en los procesos de evaluación de los estudios o de declaraciones de impacto ambiental la participación de un representante de la comunidad afectada por el proyecto (léase dirigentes de juntas de vecinos, de corporaciones o del gobierno local), porque es una manera de hacer más efectiva la participación ciudadana que la moción busca mejorar.
Por otro lado, estimo pertinente crear un mecanismo para que la comunidad afectada pueda impugnar los estudios hechos por una empresa y que estos sean sometidos a la consideración de la autoridad ambiental en un plano de igualdad. La forma como se relaciona la población respecto de las empresas es completamente asimétrica, desigual. Y, desde ese punto de vista, la participación ciudadana tiene mucho de ficticio, de ilusorio.
Por último, debo plantear una última directriz que escapa al ámbito del proyecto en debate, pues no tenemos iniciativa para ello. No obstante, insistiré al respecto. Me refiero a modificar la constitución de la CONAMA y de las COREMAS. Me parece que su estructura es totalmente insostenible y el hecho de que sean instituciones compuestas por una abrumadora mayoría de funcionarios públicos les resta todo tipo de independencia.
En el tiempo que me queda, señor Presidente, quiero relatar una experiencia que viví el día de ayer.
Se pretende aprobar la instalación de una cuarta turbina de la empresa AES GENER en Puchuncaví. Si existe una zona que ha sido ambientalmente devastada en el país es la comuna de Puchuncaví. Muchos señores Senadores que probablemente han viajado a Maitencillo, Cachagua o a lugares aledaños, habrán podido constatar que el entorno donde ella se ubica es muy parecido a un paisaje lunar. Se trata de una zona que viene siendo devastada desde hace ya, por lo menos, cincuenta años.
Su destrucción partió con la instalación de la Fundición de la Empresa Nacional de Minería en los años 50. Luego, continuó -si no me equivoco fue en 1957- con la inauguración de la primera unidad de Chilectra; posteriormente se instaló la segunda unidad de dicha empresa en 1977, sin ningún tipo de participación ciudadana ni menos un estudio de impacto ambiental o declaración de impacto ambiental. En 1977 las cosas en el país pasaban de un modo bastante distinto.
Fue así como esa zona terminó siendo ampliamente saturada.
La Empresa Nacional de Minería estuvo al borde de la quiebra porque tuvo que iniciar -aquí hay señores Senadores que conocen bien el tema- un proceso de descontaminación que costó más de cien millones de dólares, los cuales fueron cargados a sus pasivos financieros. Tanto es así que para salvarse de la quiebra, ENAMI debió desprenderse de su principal activo -la Refinería de Ventanas- que afortunadamente se mantuvo bajo control público, gracias a una ley que aprobamos en el Parlamento mediante la cual su propiedad pasó a manos de CODELCO.
Todo ello perseguía sustentar financieramente a la Empresa Nacional de Minería que quedó en condiciones de quiebra debido a la mala administración de su dueño que le retiró todas las utilidades, lo cual le impidió servir sus gigantescas deudas.
Sin embargo, en ese proceso también jugó un papel importantísimo el tema medioambiental.
Me dio mucho orgullo participar ayer, en conjunto con el concejo municipal de Puchuncaví -órgano encabezado por un alcalde del Partido Democratacristiano, pero ampliamente representativo de todos los sectores políticos-, en una sesión de la Comisión del Medio Ambiente de la Quinta Región. Y quiero decir que lo que allí ocurre constituye francamente una vergüenza. Uno puede llevar cualquier argumento, y los funcionarios -la mayoría de los integrantes de la COREMA- están obligados a votar tal cual se les indica. No tienen ninguna autonomía, no hay argumentación que pueda conmoverlos. Porque ellos se encuentran allí, simplemente, cumpliendo una función que es parte de su cargo, de su responsabilidad administrativa.
Yo hice presente que en una zona cercana a este Parlamento, muy pequeña, de no más de 50 a 60 kilómetros cuadrados, entre Quillota y Puchuncaví-Ventanas (para que los señores Senadores sepan: entre un sector y otro no hay más de 30 kilómetros de distancia), se está concentrando la producción de alrededor de 3 mil megavatios, lo que significa cerca de un tercio de la capacidad total de generación del Sistema Interconectado Central.
Es cierto que muchas veces las comunidades tienen alegatos egoístas: no quieren que en su territorio se instale una cárcel, una central eléctrica, en fin. Se trata de necesidades de la gente, pero nadie desea asumir las consecuencias de las instalaciones respectivas.
Debo subrayar que este no es el caso. Cuando se está llegando, con las centrales Nehuenco y San Isidro, en Quillota; con la planta de GNL, en Quintero, y con Ventanas I, II, III y IV, a cerca de 3 mil megavatios, que representan -como acabo de expresar- casi un tercio del total del Sistema Interconectado Central, no podemos hablar de una localidad egoísta.
Yo fui a plantear este punto, a pedir que se reconsiderara la situación.
Sin duda, para una empresa resulta mucho más fácil ir a enchufar una lámpara ahí donde hay un interruptor ya puesto; eso es cierto. Pero no me parece -y así lo hice presente en la discusión de ayer- que todos estos proyectos, que son tan indispensables para el país, tengan que concentrarse en una localidad. La autoridad debiera ser capaz de velar por una distribución más equitativa de los costos que implica la instalación de centrales de aquella índole.
Se dice que, con las nuevas tecnologías, el nivel de emisión se mantiene constante, porque la instalación de la nueva turbina incorpora procedimientos que permiten retirar contaminación de las anteriores.
Si eso es así, uno se pregunta por qué las empresas no lo hicieron antes, por qué tenían que esperar la instalación de una nueva turbina para hacer el cambio que les permitiera a esos habitantes, que llevan 50 años soportando los efectos de la contaminación, dejar de sufrirlos.
Yo no soy médico ni experto en la materia, pero hay bastante evidencia sobre la prevalencia dos a tres veces de distintos tipos de cáncer producto justamente de la situación descrita.
Entonces, quiero insistir en la urgencia de que demos una señal por la vía de este proyecto, que me parece positivo. Y creo que en unos pocos días podríamos mejorarlo en todo lo que esté a nuestro alcance, pero dejando claramente establecido que el fuerte déficit energético existente en el país no autoriza para que el Gobierno sea literalmente chantajeado por ese hecho, ni para que las autoridades medioambientales no tomen ninguna carta en este asunto y miren para el techo o para el lado.
Y eso es, por cierto, lo que explica el rompimiento -lo lamento- de todas las organizaciones ecologistas con la actual Administración, que, a mi entender, no ha sido capaz de sostener, ni siquiera en forma mínima, una política que apunte al desarrollo sustentable.
Señor Presidente, he querido poner estos antecedentes en conocimiento del Senado porque me parece muy injusto lo que está ocurriendo. Y pienso que cuanto tiene que ver con la actualización de la legislación medioambiental se ha vuelto extraordinariamente urgente, pues están pasando cosas, a título del déficit energético, por completo contraindicadas desde el punto de vista de un desarrollo mínimamente sustentable de las Regiones.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Allamand.

El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, conforme a lo que hice en la Comisión de Medio Ambiente, voy a concurrir a la aprobación de este proyecto.
Empero, el curso del debate y las intervenciones de los señores Senadores que me antecedieron van poniendo de relieve la importancia de tratar el tema ambiental con la urgencia, la profundidad y -yo diría- el conjunto de antecedentes indispensables, incluidos los legales y reglamentarios.
Tengo la impresión de que la aprobación de esta iniciativa constituye una señal política para que nos aboquemos de una vez por todas al tratamiento de este asunto.
Y la pregunta que cabe hacer aquí es si debemos ir mejorando la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente a partir de pequeños avances graduales, parciales, segmentados, o si, por el contrario, hemos de abocarnos a un análisis más comprensivo y global de dicha normativa, de la institucionalidad ambiental, de los reglamentos respectivos.
Yo no tengo ninguna duda, señor Presidente, de que el camino correcto es el segundo.
El Senador señor Ominami señaló hace unos instantes un problema cuya solución reviste extraordinaria significación.
Lo que ha estado en juego aquí desde hace mucho rato es, por ejemplo, la independencia de los organismos que tienen que decidir sobre las calificaciones ambientales.
La interrogante que surge -y en alguna oportunidad yo mismo la he planteado en esta Sala- es si la creación de un Ministerio del Medio Ambiente va a contribuir o no a la independencia política que supuestamente se requiere para adoptar decisiones en dicho ámbito.
Alguien, a primera vista, podría decir que el actual sistema, con todas sus imperfecciones, por lo menos garantiza cierta autonomía. Pero hasta ahora no sabemos exactamente cómo se van a configurar, en el esquema del Ministerio del Medio Ambiente, los organismos que deben otorgar las autorizaciones ambientales.
Simplemente, estoy planteando una cuestión conceptual.
Me explico.
El gran reclamo actual emana de que las COREMA no disponen de autonomía política suficiente para tomar sus determinaciones. Huelga consultar, entonces: si encajamos esos entes al interior de un Ministerio del Medio Ambiente, ¿la situación va a mejorar o a empeorar?
Obviamente, tenemos que tratar de que mejore. La consulta es cómo lo vamos a hacer.
A primera vista, un observador podría pensar que, conceptualmente hablando, dejar dichas organizaciones bajo la tutela de un Ministerio perjudicaría en vez de beneficiar.
Entonces, aquí claramente hay un aspecto de gran envergadura que se encuentra pendiente y que debiéramos abordar con la rapidez del caso.
Existe de alguna forma un compromiso, que debiera empezar a sacarse adelante durante este semestre, vinculado tanto a la creación del Ministerio del Medio Ambiente propiamente tal, a la institucionalidad respectiva, como a una modificación integral de la Ley de Bases.
En consecuencia, me parece que, sin perjuicio de aprobar este proyecto y generar el impulso en esa dirección, en el caso presente se requiere una enmienda más bien orgánica que parcial.
De otro lado, señor Presidente, aunque coincido con el Senador señor Ominami en que este proyecto precisa ciertos perfeccionamientos legislativos que se pueden concretar en forma rápida y sin mayores dilaciones, debo señalar que aquí hay pendiente, aparte lo relativo a la participación ciudadana, un problema de falta de uniformidad en la manera de aplicar la legislación.
Me explico.
En algunas partes, para determinados proyectos la autoridad exige estudios de impacto ambiental, y en otras, para los mismos proyectos, simplemente declaraciones de impacto ambiental.
Entonces, ¿cuando corresponde un estudio, con las mayores formalidades, y cuándo una declaración?
La ley establece criterios bastante amplios sobre esta materia; pero, a lo menos, uno podría esperar que la autoridad ambiental tuviera una interpretación uniforme sobre tales conceptos.
¡Cómo va a ser razonable, por ejemplo, que para un relleno sanitario en una Región exija estudio de impacto ambiental, y en la Región vecina, solo declaración de impacto ambiental!
Lo lógico sería que hubiera cierta uniformidad a ese respecto.
Por otra parte, considero muy importante encontrar equilibrio -y por eso pienso que hay espacio para el perfeccionamiento legislativo de esta iniciativa en particular- entre dos (por denominarlos de algún modo) principios.
¿Debemos incentivar la participación ciudadana en estas materias? Indudablemente que sí. Pero los mecanismos existentes a este respecto no son tan efectivos como todos quisiéramos.
Pero, al mismo tiempo, se ha de tener cuidado para que, en definitiva, dicha participación no se traduzca en entorpecimiento u obstaculización artificial ante determinados proyectos.
Y para eso está precisamente el equilibrio legislativo.
Hoy no parece razonable, por ejemplo, que un proyecto de evidente impacto ambiental se tramite vía declaración y, en último término, no haya espacio para la participación ciudadana.
Pienso que a ese respecto todos en esta Sala estaremos plenamente de acuerdo.
Pero también debemos cuidar de, a la hora de legislar en forma específica, no irnos al extremo opuesto y establecer que proyectos que objetivamente tienen bajo impacto ambiental sean artificialmente obstaculizados so pretexto de una participación ciudadana que todos queremos alentar.
En resumen, considero fundamental abordar de modo integral y de una vez por todas lo concerniente a la institucionalidad ambiental en Chile.
Tengo la impresión de que el camino de la modificación orgánica es más coherente, eficaz y potente que el que podríamos llamar "mejoramiento parcial", y asimismo, de que a través de indicaciones podremos hallar el equilibrio adecuado entre incentivar la participación ciudadana y no generar una obstaculización artificial de los proyectos sobre la materia.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Antes de ofrecer la palabra al Honorable señor Girardi, hago presente que con la intervención de Su Señoría completaremos los 15 minutos que restan para el término del Orden del Día.
En consecuencia, quedarán inscritos para la próxima sesión en que se trate el proyecto los Senadores señores Núñez, Orpis y Horvath.
Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Señor Presidente, quiero referirme el proyecto del Senador Horvath porque pienso que constituye un avance que posibilitará resolver situaciones que han sido dramáticas e injustas en cuanto a que existe un instrumento institucional -la declaración de impacto ambiental- que se usa como atajo para eludir el cumplimiento de requisitos.
Lo que señala el Senador señor Allamand constituye una situación permanente, no aleatoria: cada vez que una autoridad desea empujar más allá de lo que corresponde un proyecto que debiera cumplir con la exigencia de estudio de impacto ambiental, precisamente para no tener que desarrollar el conjunto de requisitos, y en particular el de la participación ciudadana, se lo somete a declaración de impacto ambiental.
Y existen numerosos casos como ese.
Entonces, me parece que la iniciativa en debate representa un avance en tal sentido.
Sin embargo, el problema de fondo no radica en si es más importante aprobar el proyecto vía declaración o vía estudio de impacto ambiental. Y tampoco estriba en la eventualidad de que tengamos una participación ciudadana abusiva.
Estoy de acuerdo en que debe existir equilibrio en la participación ciudadana, pues muchas veces ella puede ser fomentada en función de intereses que no son los de la ciudadanía, sino corporativos u otros.
Creo que el nudo del problema de la actual legislación ambiental (no podemos seguir siendo cómplices de él) y su principal instrumento, el sistema de evaluación de impacto ambiental, que es donde a mi entender debemos efectuar una profunda reforma -y estoy de acuerdo en hablar de "autoridad ambiental", pero sin casarse con el carácter de ella: ministerio u otro ente-, se halla en la dimensión fraudulenta de aquel mecanismo cada vez que las decisiones técnicas no son vinculantes con las decisiones políticas.
Para mí, el factor corrector, el elemento de ecuanimidad que equilibraría por sí mismo la participación ciudadana con los proyectos, o con los distintos actores en juego, o con las diversas visiones existentes sobre la materia tiene que ver con la existencia de un instrumento imparcial. El vigente es absolutamente parcial. Y aquello pasa por la necesidad de que las decisiones técnicas sean vinculantes con las políticas. Es decir, un proyecto no se puede aprobar hasta que cumpla todos los requisitos técnicos.
Hoy, sobre las declaraciones o los estudios de impacto ambiental, los servicios especializados pueden hacer evaluaciones negativas y señalar que los proyectos pertinentes no cumplen los requisitos técnicos. Y es ahí donde entra a jugar este cuerpo colegiado, de decisión política, de seremis, intendentes y gobernadores, que, no obstante tener a la vista informes técnicos que establecen que tales proyectos no deben ser aprobados, los aprueban, desvirtuando absolutamente el sistema de evaluación de impacto ambiental.
En mi opinión, un proyecto debe ser aprobado cuando reúne los requisitos técnicos. Si los cumple, pasa a la segunda fase, donde puede aplicarse un criterio político, pero sobre un proyecto que ya pasó la etapa de las exigencias técnicas. Y en ese caso una comuna, una región, un país podrá decir: "Este proyecto, aun cuando cuenta con todos los requisitos técnicos, no puede ser aprobado porque, desde el punto de vista político, al país, a la región o a la comuna no le interesa".
Pero lo que no se puede hacer es permitir que proyectos que no cumplen las exigencias técnicas sean aprobados. Aprobarlos equivaldría a que a una persona que deseara obtener licencia de conducir se la dieran, pese a no haber rendido satisfactoriamente el examen psicotécnico ni reunido los requisitos técnicos básicos, diciéndole: "Cumpla las exigencias en el futuro.
¡Eso es lo que se hace con el sistema de evaluación de impacto ambiental!
Por cierto, una persona que cumpliera todos los requisitos técnicos y rindiera las pruebas de rigor podría posteriormente estar impedida de conducir por razones de salud mental -por sufrir de epilepsia, por ejemplo- o por otros motivos.
Entonces, en la materia que nos ocupa hay una profunda aberración, una gran alteración. Y ello implica que la gran mayoría de los estudios de impacto ambiental que no cumplen los requisitos técnicos y que Chile ha aprobado en el último tiempo podrían ser cuestionados internacionalmente porque a nivel mundial no resulta factible que un proyecto sea aceptado sin sujeción a normas técnicas.
Por lo tanto, se trata de sellos ambientales falsos, que yo llamaría "claramente fraudulentos".
Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de aquello?
Las estamos viendo.
Por ejemplo, hoy el país vive una crisis dramática en el ámbito de la salmonicultura justamente porque la gran mayoría de los proyectos fueron aprobados con estudios de impacto ambiental que no reunían los requisitos técnicos.
Dicha actividad está agonizando a raíz de fenómenos de contaminación medioambiental. Los productores han visto cómo, debido al deterioro ambiental, se ha dañado el crecimiento y la inmunidad de los salmones, generándose una mayor carga de enfermedades y un conjunto de virus endémicos.
¿Qué han tenido que hacer los productores de salmones, quienes desarrollan una actividad de punta, fundamental para el país? Trasladarse a otros ecosistemas. Así, hoy están poblando la Undécima Región, y algunos se están yendo a la Duodécima.
Si no enfrentamos el problema de fondo, vamos a liquidar un área esencial para Chile precisamente por haber tenido una visión permisiva, complaciente, que al final ha sido negativa incluso para la propia salmonicultura.
Creo que dicha industria estaría agradecida si en el momento oportuno se hubiesen tomado las medidas, formulado las observaciones y hecho las fiscalizaciones indispensables para que eso nunca hubiera pasado.
En mi opinión, producto de malas prácticas, hemos hipotecado una industria fundamental, de punta, absolutamente innovadora para Chile. O sea, precisamente por no habernos preocupado de los aspectos medioambientales, estamos viviendo la situación actual.
Y lo mismo va a suceder con la aplicación de antibióticos. Si continuamos haciendo vista gorda al respecto, sufriremos una sanción internacional muy fuerte debido a la aplicación inadecuada, anómala e indiscriminada de tales sustancias, e incluso de antibióticos de última generación, como el ciprofloxacino, que es de los que se usan en la lucha contra el ántrax. Cuando ello ocurra, todos vamos a ser resistentes a esa sustancia a raíz de su empleo sin discriminación en la salmonicultura.
Entonces, hay situaciones que nuestro país debe tratar y focalizar, en vez de esconderlas y dejar de hablar de ellas.
En el caso de CELCO-Valdivia, ¡cuánto querría esta empresa que el proyecto que se aprobó en forma ilegal, con todos los informes técnicos negativos y, además, en un santuario de la naturaleza, se pudiese empezar de nuevo! Estoy seguro de que haría las cosas de manera distinta. Porque los costos económicos y de imagen que ha debido pagar son brutales.
Y lo mismo está sucediendo con CELCO-Itata.
El hecho de tener una visión permisiva, hiperpolitizada y no técnica finalmente atenta contra la propia industria, que sufre las consecuencias de actuar haciendo vista gorda y sin tomar en cuenta ningún criterio medioambiental.
Lamentablemente, en la actualidad tenemos una autoridad ambiental que no es tal, que no existe. Hoy, el juego de los conflictos está entregado a una situación hiperpolitizada, donde ni la comunidad ni la industria salen gananciosas.
Por lo tanto, resulta fundamental efectuar una reforma profunda al sistema ambiental. Y estoy por tomar ese camino, por definir cuál es el mejor tipo de institucionalidad. No "compro" per se lo del Ministerio, porque un Ministerio del Medio Ambiente, con las mismas dificultades, con las mismas comisiones regionales del Medio Ambiente, significaría cambiar todo para que nada cambiara.
Aun cuando el proyecto representa un avance muy importante, señor Presidente, máxime si se le incorporan algunos aspectos nuevos mencionados por varios señores Senadores, todo va a quedar en palabras que se llevará el viento y el esfuerzo que se está haciendo no servirá de nada si no se resuelve la cuestión de fondo, que es la no vinculación de la decisión técnica con la decisión política. Así que le pido a esta Corporación que se aboque con seriedad y rigor al asunto, y al Ejecutivo, que se haga cargo del problema.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Por hallarse próximo a su término el tiempo destinado al Orden del Día, los Honorables señores Orpis y Núñez intervendrán en la sesión de mañana.
--Queda pendiente la discusión general del proyecto.
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El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa un proyecto de acuerdo, suscrito por los Honorables señores García, Ruiz-Esquide, Horvath, Larraín, Espina, Prokurica, Sabag, Allamand y Zaldívar, mediante el cual se propone solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República que otorgue "suma" urgencia al proyecto que regula la instalación de antenas de emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones, a la moción relativa a la prevención de la contaminación electromagnética y a la atinente a la obligación de informar sobre los niveles de radiación electromagnética que emiten los artefactos e instalaciones que señala (boletín Nº S 1058-12)

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.

El señor HORVATH.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra, señor Senador.

El señor HORVATH.- Pido que el proyecto de acuerdo sea enviado a la Comisión de Medio Ambiente, porque, justamente, se trata de la evaluación de impacto ambiental y de los efectos de la radiación electromagnética -ello no dice relación a telecomunicaciones-, considerándose las consecuencias que algunos aparatos de telecomunicaciones producen en la salud y el medio ambiente.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Entonces, si le parece a la Sala, el proyecto de acuerdo será enviado a la Comisión de Medio Ambiente.
Acordado.
Terminado el Orden del Día.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor COLOMA:
A la señora Directora de Servicio Nacional de Menores, solicitándole remitir ANTECEDENTES DE EMBARAZO DE MENOR EN CENTRO DE INTERNACIÓN PROVISORIA SAN MIGUEL, SÉPTIMA REGIÓN.
Del señor ESPINA:
Al señor Contralor General de la República y a la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, requiriéndoles sendas investigaciones ante DENUNCIA DE COMITÉ DE VIVIENDA VILLA EL BOSQUE, COMUNA DE LAUTARO.
Del señor FREI:
Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, pidiéndole INFORMACIÓN RESPECTO A PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PRO-EMPLEO, VALDIVIA; a la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, requiriéndole opinión en cuanto a PROYECTO DE COMUNIDAD AUTOCONSTRUCCIÓN DE COMITÉ DE ALLEGADOS PADRE ALBERTO HURTADO, OSORNO; a la señora Ministra de Bienes Nacionales, solicitándole su parecer sobre IMPEDIMENTO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CADILLAL ALTO, COMUNA DE CORRAL; al señor Subsecretario del Interior, pidiéndole una opinión respecto de PROYECTO "EXTENSIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS DE LOTEO 53 VIVIENDAS POLLOICO"; al señor Subsecretario de Deportes, referente a INSTALACIÓN DE OFICINA DE CHILEDEPORTES EN OSORNO y a DESTINACIÓN DE RECURSOS PARA CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL INFANTIL EN OSORNO, y al señor Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas, a fin de que manifieste su parecer sobre INSTALACIÓN DE OFICINA DE CONADI EN VALDIVIA.
Del señor GARCÍA:
Al señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, a fin de hacerle presente PREOCUPACIÓN POR DESIGNACIÓN DE EX FISCAL REGIONAL COMO INTENDENTE DE SÉPTIMA REGIÓN.
Del señor HORVATH:
A los señores Ministros del Interior y de Defensa Nacional, solicitándoles ANTECEDENTES TÉCNICOS DE REAPERTURA DE FIORDO AISÉN; a la señora Ministra de Salud, para que se disponga INCLUSIÓN DE SARCOMA DE PARTES BLANDAS EN PLAN AUGE; a la señora Ministra de Bienes Nacionales y al señor Subsecretario de Transportes, con el objeto de que contribuyan a materializar CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE BUSES DE COIHAIQUE; al señor Subsecretario de Transportes, en cuanto a ACTIVIDAD COMO TAXIS DE VEHÍCULOS PRIVADOS EN COIHAIQUE; al señor Subsecretario de Telecomunicaciones, a fin de que se informe sobre POSIBILIDAD DE SEÑAL DE TELEFONÍA CELULAR PARA LOCALIDADES DE AISÉN; al señor Director Nacional de Vialidad, para exponer MEJORAMIENTOS NECESARIOS EN CAMINO INTERNACIONAL PUERTO INGENIERO IBÁÑEZ-ENTRADA IBÁÑEZ-PASO PALAVICINI, AISÉN, y al señor Director Nacional de Obras Portuarias, con el objeto de que se proporcionen TÉRMINOS DE REFERENCIA DE BARCAZA DE TRANSPORTE EN LAGO GENERAL CARRERA.
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--En Incidentes, ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comités Socialista, Demócrata Cristiano, Mixto y Partido Unión Demócrata Independiente, ningún señor Senador interviene.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En el turno del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Allamand.

El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, sé que quizás lo que voy a decir no es para plantearlo en una hora de Incidentes, pero no veo por qué razón -diversos colegas ya lo han hecho ver en otras oportunidades- se ha mantenido un sistema tan absurdo para el manejo de los micrófonos.
La verdad de las cosas es que el antiguo permitía, en mi opinión, un control adecuado de la sesión por parte de la Mesa. Sin embargo, fue reemplazado por otro que resulta verdaderamente absurdo, repito, en el que de pronto se corta el audio y es preciso volver atrás.
Entiendo muy bien el afán de innovación tecnológica, pero la idea es que la tecnología ayude y no entorpezca la función en que se aplica.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- ¡Si eso fuera lo único absurdo, habría que preocuparse, señor Senador¿!
El señor ALLAMAND.- En todo caso, y sin que ello se considere un atentado contra la tecnología, espero que en algún minuto podamos abordar el asunto.

SITUACIÓN DE COMUNA DE SAN PABLO. OFICIOS

El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, voy a referirme a la situación de la comuna de San Pablo, ubicada al norponiente de la provincia de Osorno.
Se trata de una comuna de aproximadamente 9 mil habitantes, aunque el censo del año 2002 arrojó una cifra superior a los 10 mil. Es decir, es una de las tantas con un crecimiento poblacional negativo. Además de lo anterior, es preciso señalar que exhibe un altísimo porcentaje de población bajo la línea de la pobreza. Y otro dato: el analfabetismo asciende allí a 8,1 por ciento, el doble del promedio nacional.
Dentro de la comuna se encuentra la localidad de Quilacahuín, un poblado ubicado en la confluencia de los ríos Bueno y Rahue, en un sector conocido como "La Junta", registrándose una población, netamente rural, de alrededor de 3 mil 500 habitantes. Y allí se ha crecido y subsistido -hay que decirlo- gracias a la loable labor de la Fundación Misión Quilacahuín, organizada inicialmente por hermanos católicos holandeses y continuada en la actualidad por sacerdotes chilenos, en especial por el Padre Williams San Martín Bello.
La situación en ese poblado, señor Presidente, es realmente dramática y constituye, quizás, una de las mejores expresiones de lo que se ha dado en llamar "los dos Chiles" que conviven en nuestro territorio.
En el centro de Quilacahuín se hallan emplazados un hospital, un liceo forestal, una iglesia y dos cementerios, por lo que allí converge gran parte de esos 3 mil 500 habitantes, por motivos de salud, educación, comercio y actividades religiosas. Sin embargo, el sector no cuenta con los más mínimos recursos que permitan un traslado seguro, tanto por tierra como por los ríos que rodean el lugar.
Para llegar, muchos pobladores deben cruzar los ríos Rahue y Bueno en botes y otras embarcaciones menores, en condiciones de extrema inseguridad, lo que se agrava en los meses de invierno, cuando el rigor del clima produce anegamientos por el crecimiento de las aguas.
Así, y sin luz ni recursos que otorguen seguridad, los habitantes cruzan los ríos de la zona con abierto riesgo para sus propias vidas. En los últimos años, señor Presidente, se han producido más de 30 muertes por inmersión debido a embarcaciones que han naufragado sin posibilidad alguna de salvamento.
Consecuentemente con lo anterior, y con el fin de disminuir los riesgos y otorgar a la localidad de Quilacahuín la dignidad y el mejoramiento en calidad de vida que se merece, es urgente implementar un sistema de balseo o de pasarelas que permita cruzar dichos ríos en al menos tres puntos, por ser los de mayor aglomeración de población. Son sitios separados por un mínimo de 9 kilómetros, y en todos ellos el ancho de los ríos oscila entre 100 y 150 metros, por lo que se justifica plenamente la inversión.
Los puntos son;
El sector frente a Lololhue, sobre el río Rahue;
El sector Llancacura, sobre el río Bueno, y
3) El sector Currimahuida, sobre el río Bueno, en conexión con Llancacura Bajo.
Pero lo anterior no es todo: la conectividad del sector denominado "La Junta" también se ve amenazada por la oscuridad de las vías, especialmente en los meses invernales. En efecto, el camino público que rodea el poblado de Quilacahuín no cuenta con iluminación de ningún tipo, lo que ocasiona grandes riesgos para los niños, jóvenes y adultos que a diario transitan por el lugar en dirección a la escuela, el hospital y otros destinos.
En concreto, personas que me contactaron han logrado identificar a lo menos nueve cruces peligrosos, donde es fundamental implementar algún tipo de alumbrado público: camino hacia Trinidad, por Lololhue, desde el puente La Misión; cruce de Trinidad hacia Cantiamo; cruce de Trinidad hacia Cofalmo; cruce de Trinidad hacia Currimahuida; cruce de Cantiamo con camino vecinal hacia la posta y la escuela; cruce de Cantiamo Alto con Quilquilco; cruce de Curaco con Huacahuencul; cruce de Huacahuencul con los Avellanos, y cruce Quillipulli, frente a la capilla católica.
En todos estos puntos resulta urgente encontrar una solución que permita a los habitantes transitar sin riesgos y a toda hora por los caminos rurales que rodean la localidad.
Por otro lado, la conectividad del lugar también se ve afectada por la muy mala recepción en la telefonía celular. Solo hay una señal, de la compañía ENTEL, que funciona en condiciones de alta precariedad.
A lo anterior se agrega la grave situación del agua en el sector. En rigor, ella no es apta para el consumo humano, incluido el uso en el hospital. En días recientes se detectó que su nivel de contaminación está muy por sobre lo permitido. En el hecho, en algunos casos contiene 46 partes por millón de coliformes fecales, cuando el límite permitido es apenas de 2 partes por millón.
Y, como si fuera poco, todas las muestras tomadas demostraron que el agua que circula por las cañerías no contiene cloro en las condiciones requeridas.
Por último, quiero decir un par de palabras con respecto a las falencias que pueden apreciarse en el hospital de Quilacahuín, las que se observan tanto con relación a su infraestructura como al equipamiento e insumos.
La verdad es que la crisis hospitalaria en el país llega a todos los rincones. Partamos por decir que el establecimiento no tiene un sitio apto para vacunatorio, ni habilitada una sala de procedimiento adecuada para realizar suturas y procedimientos menores.
Además, hace dos meses que no se dispone de un servicio de laboratorio clínico, el que fue trasladado al hospital de una comuna vecina. Ello implica que los profesionales solo pueden tomar muestras a sus pacientes dos veces a la semana.
También se observan carencias con respecto a radiografías, pues nunca se ha contado con un equipo de imagenología básica. Asimismo, el equipo de electrocardiograma está en reparaciones desde el verano, y existe una conexión precaria de Internet, absolutamente limitada.
Aparte de lo anterior, se carece de los fármacos mínimos para tratar las enfermedades prevalecientes en la población. Se han ido acabando los analgésicos, el oxígeno y los antibióticos, es decir, todo lo que uno pudiera considerar como elementos de una atención médica básica.
En consecuencia, señor Presidente, solicito que se envíen los siguientes oficios, incluido, además, el contenido de mi intervención:
-Al Intendente de la Región de Los Lagos y al Gobernador de la provincia de Osorno, para que tomen conocimiento de las situaciones expuestas y procedan a adoptar las medidas que correspondan;
-Al Ministerio de Obras Públicas, a fin de que conozca lo relativo a la poca conectividad que se vive en el sector de La Junta, y en particular, para que considere expresamente la petición de la comunidad de solucionar el problema del cruce de los ríos Bueno y Rahue, ya sea a través de un sistema de balseo o de construcción de pasarelas;
-Al Alcalde de San Pablo, a la Cooperativa Rural Eléctrica de Osorno (CREO) y a las empresas de servicios eléctricos TELECSA y SAESA, para poner en su conocimiento la imperiosa necesidad de la localidad de contar con iluminación eléctrica en los puntos más críticos;
-Al señor Subsecretario de Transportes, para que se imponga de la escasa capacidad de comunicación vía celular que afecta al sector y se puedan adoptar las medidas que terminen con la grave situación de conectividad;
-A la CONAMA y a los organismos pertinentes del Ministerio de Salud, en cuanto al grave estado de contaminación del agua potable del sector, a fin de que pueda solucionarse igualmente esa dificultad;
-Al señor Superintendente de Servicios Sanitarios, con el fin de que adopte las medidas correspondientes;
-Y, por último, al Ministerio de Salud y al Secretario Regonal Ministerial de Salud para que se hagan cargo de los severos problemas existentes en el hospital de Quilacahuín.
Pido que se adjunten a los oficios los planos que preparamos específicamente con la ubicación exacta de los distintos puntos en que deben emplazarse los sistemas de balseo o de pasarelas y los lugares en que es más crítica la falta de alumbrado eléctrico.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En el tiempo correspondiente al Comité Independientes, tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, me referiré a diversas materias.


GASTO EN ARRIENDO PARA APARATO ESTATAL Y SEDES DIPLOMÁTICAS, Y EN ADQUISICIÓN DE EMBAJADAS. OFICIOS
Señor Presidente, pido oficiar a la totalidad de los ministerios, servicios públicos, subsecretarías, secretarías regionales ministeriales, intendencias, gobernaciones, a fin de reiterar mi solicitud de conocer cuánto está gastando el Fisco en arriendo de sedes para el funcionamiento del aparato estatal.
El año pasado, cuando discutimos el Presupuesto para 2008, el Ministro señor Andrés Velasco comprometió una evaluación sobre la adquisición de bienes raíces que permitieran dar formalidad, continuidad, institucionalidad al sector público, dado que, en muchos casos, el arriendo llega a superar en menos de cinco años el valor del inmueble. Y toda la inversión en mejoras se pierde una vez que este se entrega.
Asimismo, pido que se oficie también a los Ministerios de Hacienda y de Relaciones Exteriores, a objeto de que nos informen sobre la adquisición de sedes para embajadas de Chile en el mundo entero.
Hemos dicho que existen recursos suficientes y que, cuando se llevó a cabo tal proceso con las de Washington, París, México y muchas otras, ello se hizo en momentos económicos adecuados, tanto a nivel nacional como internacional. Fue un gran avance.
Al realizarse una somera revisión, en algunos casos se constata que, con arriendos de 10 mil, 15 mil dólares mensuales, es posible, en el plazo de diez años, mediante el sistema de leasing, adquirir la sede y tornarla más amigable para las necesidades del servicio exterior.
Este fue un compromiso del Ministro de Hacienda.
Solicito que el Ministerio de Relaciones Exteriores nos entregue un análisis pormenorizado de la situación de arriendos y adquisiciones de bienes de las embajadas de Chile en el mundo.
También quisiera que se proporcionara el mismo análisis con relación al Estado, a nivel nacional, respecto de cada una de esas operaciones.
Le pedimos al Gobierno que nos cuente cuánto está gastando por concepto de arriendos.


SITUACIÓN DE VIÑATEROS DE ITATA. OFICIOS
Señor Presidente, solicito al Ministerio de Agricultura un detallado informe en cuanto a la situación de los viñateros del valle de Itata. Son alrededor de 900 personas dedicadas a plantar uva.
Habiéndose efectuado diversos estudios sobre el particular, los cuales se encuentran en poder de INDAP, pido que ese organismo nos haga llegar todos aquellos tendientes a promover y mejorar dicho cultivo, que está en una situación muy crítica.
El año anterior, el precio fue escandaloso. La Viña Concha y Toro pagó 20 pesos por el kilogramo de uva, lo que, en verdad, se encuentra cinco veces por debajo del mínimo para hacer sustentable la actividad.
Solo por concepto de insumos, cabe consignar que el salitre importa 28 mil pesos el saco, y la urea, 30 mil pesos el saco.
Claramente, la posibilidad de que se continúe con estas labores se encuentra en riesgo.
En 2006 se produjeron 19 millones de litros de vino, a partir de 25 millones de kilos de uva. Si bien esa es una parte pequeña de la producción nacional, tal antecedente revela que se trata de un sector de enorme potencialidad respecto al uso de la uva.
Cuando se instaló Celulosa Itata, se afectó la llamada "denominación de origen". Se dijo que era necesario reorientar la uva hacia otras acciones con mayor valor agregado, como los jugos, o como componente de un destino distinto.
De ese modo, las investigaciones desarrolladas debieran ser de carácter público, a fin de que se garantice, a través del Ministerio de Agricultura, un apoyo real y directo a quienes allí laboran. Veintisiete mil personas ganan el ingreso mínimo durante la vendimia.
Si bien se están llevando a cabo otras experiencias con olivos y paltos -con apoyo de CELCO, en este caso- en el valle del Itata, ello no es suficiente.
La vendimia dura hasta el 15 de mayo. Estamos impulsando la instauración del "Día del Vino Tradicional Chileno", como una manera de brindar mayor cobertura a la actividad de la vendimia y de la elaboración de vinos.
Pido oficiar al Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), a la Seremía de Agricultura de la Octava Región y al Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) -que preside el ex Diputado señor Leopoldo Sánchez-, a fin de que nos hagan llegar toda la información disponible sobre transferencia tecnológica e inversiones desarrolladas en el rubro vitivinícola de la Región del Biobío, particularmente, cuántos de esos proyectos se ejecutan: el nombre, el monto, las perspectivas y, en especial, el apoyo brindado a los viñateros de la zona.


CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES PARA SISTEMA LICITADO DEL GRAN CONCEPCIÓN. OFICIO
En otro orden de cosas, señor Presidente, debo señalar que una de las preocupaciones esenciales del empresariado del transporte público de la Octava Región es dotar a esa actividad de conductores calificados. Ello, porque, lamentablemente, muchos de estos deben trabajan entre diez y doce horas diarias, por la falta personal idóneo.
De las 34 líneas licitadas (en la actualidad rige el decreto supremo N° 2.246), que prestan servicio en las comunas de Hualqui, Chiguayante, Concepción, San Pedro de la Paz, Hualpén, Talcahuano y Penco, todas presentan, en mayor o menor medida, falencias a la hora de evaluar el desempeño de los choferes y la oferta de estos en el mercado laboral. ¡No hay conductores suficientes!
A principios del año en curso y con el objeto de mejorar la calidad del servicio, se planteó al SENCE la posibilidad de realizar un curso de capacitación masivo, dado que los empresarios del transporte colectivo de Concepción garantizaron a la Presidenta Michelle Bachelet la creación de 500 empleos. Es decir, claramente este sector puede brindar 500 puestos de trabajo de manera inmediata. Para ello, resulta obligatorio, sí, capacitar a los conductores en cursos dictados por instituciones idóneas y profesionales.
Ello aún sigue pendiente.
Al respecto, se ha realizado un esbozo muy pequeño. Todavía existe un gran cupo. De acuerdo con los registros de que se dispone, sobre la base de los datos de la capacitación efectuada, hay aproximadamente 2 mil 500 conductores en el sistema, cantidad que es insuficiente si se tiene presente que en el Gran Concepción se requieren 3 mil choferes profesionales.
En consecuencia, se puede dar empleo directo a 500 conductores, pudiendo llegar a 700 si se consideran los turnos.
En esa realidad no se incluyen las comunas de Coronel, Lota y Tomé, pues aún no se encuentran licitadas ni regidas por el decreto señalado.
Por lo tanto, pido oficiar al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), con el propósito de que nos informe, de manera detallada, sobre los recursos que ha destinado a la capacitación de conductores con licencia A-3 y, en especial, respecto de la propuesta que presentamos, hace ya seis meses, a la Dirección de ese organismo.
Se puede iniciar un proyecto nuevo, con 300 ó 500 alumnos, a fin de contar con alrededor de igual número de choferes.
Ese dato nos fue proporcionado en forma directa por los empresarios del transporte colectivo, quienes buscan profesionalizar una tarea que es dura y que implica gran interrelación con la comunidad.
En el año 2007 se llevó a cabo un plan piloto de 60 becas otorgadas por el SENCE. Y estamos muy agradecidos por ello. Entonces dijimos -lo han reconocido estudiantes y conductores- que profesionales más capacitados y mejor pagados brindan un mejor trato al usuario.
Dicho plan fue parte de los compromisos contraídos para que, en muchos casos, los empresarios pudieran resignar el alza de las tarifas estudiantiles.
En el presente año se inició un plan de inducción directamente con las líneas de transporte público, para que hagan llegar postulantes a ese tipo de cursos. Hay una larga lista de jóvenes inscritos interesados en transformarse en conductores profesionales. Sin embargo, se encuentran con que las becas del SENCE son limitadas.
Señor Presidente, reitero mi petición de oficio al Servicio de Capacitación y Empleo, con el objeto de que nos informe acerca de los puntos indicados y, además, sobre cuántos recursos va a destinar a este tipo de capacitación. Recordemos que se trata de un compromiso presidencial. Mientras ello no se materialice, el déficit de choferes va a continuar.
No parece creíble que, pese a la gran cesantía que se registra en la Región del Biobío, no se entregue la capacitación indicada, cuyos beneficiarios tienen empleo asegurado.


CONTINUIDAD DE GIRO DE BELLAVISTA OVEJA TOMÉ. OFICIOS
Señor Presidente, la Gerencia de Normalización del BancoEstado informó a la Sociedad Textil del Pacífico que el financiamiento necesario para poner en funcionamiento la planta textil Bellavista Oveja Tomé enfrenta dificultades. Los más de 700 trabajadores que laboraban en ella se encuentran en espera del resultado de esa gestión.
Una empresa hindú ha depositado 500 mil dólares en la cuenta abierta por el Síndico de Quiebras, quien el 6 de mayo decidirá si acepta la propuesta presentada por Textil del Pacífico o la de la firma hindú, que busca desarmar, desguazar la industria Bellavista Oveja Tomé.
Los trabajadores han anunciado a quien los ha querido escuchar que van a impedir que ello ocurra y que ocuparán la fábrica si es necesario. Ello, porque más de cien años de tradición -en su momento esta empresa textil fue calificada como la mejor de Sudamérica- no se pueden disolver de un rato para otro. Es posible ofrecer empleo allí.
Confío en que las gestiones que hemos realizado junto con el Senador señor Sabag y con usted, señor Presidente, tengan éxito y en que la industria logre la continuidad de giro, no solo por el problema social que involucra, sino también por lo que yo he dicho: si cae Bellavista Oveja Tomé, una de las compañías de mayor inversión en desarrollo tecnológico y de gestión -ha enfrentado problemas con el dólar-, será muy difícil que nuevos empresarios se atrevan a instalarse en la Octava Región.
Se está en espera de la resolución pertinente.
Hemos conversado con el Ministro de Hacienda sobre la materia.
Por lo tanto, solicito remitir un oficio a dicho Secretario de Estado para reiterarle la necesidad de evaluar este tipo de iniciativas, y otro a la Corporación de Fomento de la Producción con el objeto de que informe respecto del apoyo que ha prestado al referido proyecto y a los demás planes de emprendimiento en la Región del Biobío, en especial, los que dan continuidad de giro a Bellavista Oveja Tomé; o sea, que esta industria no se desguace, sino que siga funcionando gracias a la compra de ella por parte de alguna empresa.


CREACIÓN DE BANCO GENÉTICO EN CHILE. OFICIOS
Señor Presidente, en otro ámbito, el pasado 11 de abril las agencias periodísticas del mundo difundieron una noticia que llamó poderosamente la atención. El titular decía: "Chile realizará un banco genético de sus habitantes".
Más adelante, la nota señalaba que tanto la Subsecretaría de Salud como el Servicio Médico Legal "se encuentran tomando muestras de ADN del fluido bucal de mil hombres chilenos mayores de edad" en las quince Regiones; o sea, en el país completo.
A continuación se citaban declaraciones de la Subsecretaria de Salud, señora Jeannette Vega, quien expresaba que "el objetivo es crear un banco de datos genéticos de la población chilena".
Según las agencias de noticias, esa toma de muestras "forma parte de la campaña `Chile construye su identidad contigo¿", agregando que este proyecto "tomará muestras genéticas de todas las etnias" del territorio nacional.
Por su parte, el Director del Servicio Médico Legal indicó que el objetivo de tal iniciativa es "crear un banco de datos genéticos que permita conocer el grado de mestizaje entre sus ciudadanos e identificar a detenidos desaparecidos". Y añadió que "las muestras serán identificadas con un código de barras, que indicará solamente el lugar donde fueron tomadas".
Finalmente, se ha comunicado que las muestras serán enviadas a un laboratorio en Estados Unidos y luego, destruidas.
Ese estudio se inició el miércoles 9 de abril pasado en Santiago, Iquique, Concepción, Temuco y Punta Arenas. Es decir, en esas ciudades andan investigadores tomando muestras de saliva a hombres mayores para formar un banco genético.
Señor Presidente, he querido abordar el tema hoy en la Sala, porque me preocupan los alcances y la seguridad existente de dicho banco genético.
Actualmente, como señaló la doctora María Isabel Manzur en su libro "Acceso a recursos genéticos. Chile en el contexto mundial", en el planeta existen patentes sobre 161.195 genes humanos o secuencias de genes. Las mayores compañías propietarias de los patentamientos son Genset, con 36.083 patentes sobre secuencias de genes, e Incyte, con más de 50 mil genes humanos individuales. Es decir, los genes están pasando a la propiedad privada.
A partir de esa realidad, se han conocido casos como lo ocurrido con las células de la sangre de una mujer de la etnia guaymí, de Panamá, donde en 1993 se recibió el registro, por parte de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, con la aprobación de derechos sobre esas células una vez que se descubrió que los integrantes de esa etnia poseían características únicas que los protegían contra la leucemia. A raíz de una reclamación que hizo el pueblo guaymí, que contó con fuerte apoyo internacional, el país del Norte revocó dicha patente.
Más tarde, en 1998, se tomaron muestras de sangre a 24 personas del pueblo hagahai, de Nueva Guinea, y se descubrió que también eran resistentes a un tipo de virus asociado a la leucemia. El Departamento de Salud de Estados Unidos patentó dichas líneas celulares. Sin embargo, también en este caso la patente debió ser revocada ante la protesta internacional que surgió a raíz de ese hecho.
Señor Presidente, nuestro país no ha estado al margen de las "bioprospecciones". Ellas son realizadas, tanto sobre recursos genéticos como bioquímicos, por laboratorios, centros de estudios, universidades, farmoquímicas y empresas del área a lo largo del territorio.
Chile es una nación rica en material genético de alto potencial de uso. Sin embargo, este no está siendo debidamente valorado ni conservado.
Resulta indispensable frenar la fuga de recursos genéticos producida tanto por la realización de actividades de bioprospección, como por la aprobación de derechos de propiedad intelectual sobre ese material.
Por lo expuesto, señor Presidente, solicito oficiar a los Ministerios de Salud y de Agricultura, y a la Comisión Nacional del Medio Ambiente, con el propósito de que nos informen si ya existen estudios de proyectos de ley que permitan avanzar en lo relativo a la protección o al patentamiento de los genes de nuestros recursos naturales.
Necesitamos ese antecedente especialmente ahora, cuando estamos a pocos días de una nueva reunión de los Estados Partes de la Convención sobre la Biodiversidad y, en particular, de un encuentro de los países que han ratificado el Protocolo de Bioseguridad, entre los cuales, lamentablemente, aún no está Chile.
Solicito que se oficie a la CONAMA y al Ministerio de Relaciones Exteriores para consultar acerca de los motivos por los cuales nuestro país no ha ratificado -esperamos que lo haga a la brevedad- el mencionado Protocolo. Interesa que nos informen si Chile va a concurrir con su voto favorable a la referida Convención, de lo cual estaríamos muy contestes y muy conformes.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:50.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción