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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 356ª
Sesión 8ª, en martes 8 de abril de 2008
Ordinaria
(De 16:18 a 19:12)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ADOLFO ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE,
Y BALDO PROKURICA PROKURICA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor José Antonio Viera-Gallo Quesney y de Justicia, señor Carlos Maldonado Curtis, y las Ministras de Salud, señora María Soledad Barría Iroumey y Directora del Servicio Nacional de la Mujer, señora Laura Albornoz Pollmann.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:18, en presencia de 16 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).- Las actas de las sesiones 5ª, ordinaria, en 1 de abril; 6ª, especial, y 7ª, ordinaria, ambas en 2 de abril, todas del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Veintiocho de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto del proyecto, en trámite de Comisión Mixta, que modifica la ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional (boletín N° 4.059-07).
Con los veintiséis siguientes retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", respecto de las siguientes iniciativas:

1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Fondo de Innovación para la Competitividad (boletín Nº 3.588-08).

2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que adecua la legislación penal chilena a los tratados internacionales en materia de derechos humanos (boletines números 3.345-07 y 3.959-07, refundidos).

3.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece medidas contra la discriminación (boletín N° 3.815-07).

4.- Proyecto, iniciado en moción del Senador señor Novoa, que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, en lo relativo a la suspensión de la licencia de conducir de menores y a las categorías de Licencias Clase C (boletín N° 5.179-15).

5.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula los derechos y deberes de las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud (boletín N° 4.398-11).

6.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que mejora condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones (boletín Nº 3.975-13).

7.- Proyecto de ley sobre remuneraciones en el exterior del personal que se desempeñe en unidades militares en operaciones de paz o misiones equivalentes (boletín N° 4.008-02).

8.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual (boletín N° 5.012-03).

9.- Proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación (boletín N° 5.083-04).

10.- Proyecto que modifica la Ley de Concesiones de Obras Públicas y otras normas que indica (boletín N° 5.172-09).

11.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 2004, referido al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (boletín N° 4.234-03).

12.- Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Espina, Horvath, Romero y ex Senador señor Viera-Gallo, que modifica los artículos 15 y 18 de la Carta Fundamental, con el objeto de consagrar el sufragio como derecho de los ciudadanos y su inscripción automática en los Registros Electorales (boletín N° 3.544-07).

13.- Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Allamand, Cantero, Espina, García y Romero, que reconoce el aporte de los pueblos originarios a la conformación de la nación chilena (boletín N° 5.324-07).

14.- Proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, sobre pueblos indígenas (boletín N° 4.069-07).

15.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, con el objeto de permitir sufragar a los ciudadanos chilenos residentes en el extranjero en la elección del Presidente de la República (boletín N° 268-07).

16.- Proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Naranjo y del ex Senador señor Viera-Gallo, mediante el cual se penaliza las conductas constitutivas de genocidio y los crímenes de lesa humanidad y de guerra (boletín N° 3.493-07).

17.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre comercio ilegal (boletín N° 5.069-03).

18.- Proyecto de reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas de Chile (boletín N° 5.522-07).

19.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria (boletín N° 3.139-05).

20.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del "Tratado de Cooperación en Materia de Patentes" (PCT), elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979, modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001, y su reglamento anexo" (boletín N° 4.964-10).

21.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte", adoptado en Asunción el 8 de junio de 1990, en el Vigésimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, y suscrito por Chile el 10 de septiembre de 2001 (boletín N° 4.733-10).

22.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del "Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Destinado a Abolir la Pena de Muerte", adoptado por la Asamblea General de la ONU el 15 de diciembre de 1989 (boletín N° 4.732-10).

23.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, relativo a la "Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas" (boletín N° 5.500-10).

24.- Proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, en materia de gobierno y administración regional (b oletín N° 3.436-07).

25.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Civil y leyes complementarias en materia de sociedad conyugal o comunidad de gananciales, otorgando a la mujer y al marido iguales derechos y obligaciones (boletín Nº 1.707-18).

26.- Proyecto de ley que crea una planta de tropa profesional para las Fuerzas Armadas (boletín N° 5.479-02).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el último hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto del proyecto de ley que crea el Consejo de Auditoría Interna de Gobierno; modifica el Estatuto Administrativo en lo relativo a procedimientos sumariales, Juntas Calificadoras, incompatibilidades e inhabilidades; regula contratos a honorarios y contratación de bienes y servicios; otorga flexibilidad financiera a la Contraloría General de la República, y confiere facultades delegadas al Presidente de la República (boletín Nº 3.937-06).
--Se tiene presente la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha aprobado el proyecto de ley que transforma la Casa de Moneda en sociedad anónima, con urgencia calificada de "suma" (boletín N° 2.949-05).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
Con el segundo comunica que acordó dar lugar a la acusación constitucional deducida por diez señores Diputados en contra de la señora Ministra de Educación, doña Yasna Provoste Campillay, por la causal de haber dejado sin ejecución la Constitución y las leyes, según lo establecido en la letra b) del número 2) del artículo 52 de la Constitución Política de la República (boletín Nº S 1.052-01).
Además, señala que acordó designar una Comisión integrada por los Diputados señores Germán Becker Alvear, Iván Moreira Barros y José Antonio Kast Rist para proseguir y formalizar esta acusación constitucional ante el Honorable Senado.
--Se tiene por entablada la acusación constitucional y se manda despachar las citaciones correspondientes, de acuerdo a la resolución que adopte el Senado sobre el día y hora en que comenzará a tratarla.
Con el último informa que ha dado su aprobación al proyecto de ley que crea una planta de tropa profesional para las Fuerzas Armadas, con urgencia calificada de "simple" (boletín N° 5.479-02).
--Pasa a las Comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda, en su caso.
Dos del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Con el primero remite copia autorizada de la sentencia recaída en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formulada en contra del inciso segundo del artículo 387 del Código Procesal Penal.
--Se toma conocimiento.
Con el segundo envía copia autorizada de la sentencia dictada respecto del proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo el 27 de junio de 1989 (boletín N° 233-10).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto con sus antecedentes.
Del señor Contralor General de la República, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor García, en que solicitaba la realización de una investigación acerca de las irregularidades consignadas en un informe de la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección de Vialidad.
Del señor Ministro de Obras Públicas, por medio del cual contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Gazmuri, relativo al servicio de transbordos marítimos en la Carretera Austral.
De la señora Ministra de Salud, con el que responde un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Matthei, referido a inquietudes formuladas por la Unión Comunal del Consejo Consultivo de Salud de Combarbalá.
De la señora Ministra de Agricultura, mediante el que contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a las medidas asociadas a la declaración de Zona de Emergencia.
Del señor Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, por el cual da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Frei, sobre el decreto supremo de fijación de precios de nudo que incorpora el mes de abril en las horas punta.
Cinco de la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo:
Con el primero responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Navarro, referente al número de municipios que se encuentran al día en el pago de las cotizaciones previsionales de profesores y trabajadores de la educación.
Con los cuatro restantes remite igual número de oficios que contienen informes trimestrales del año 2007 acerca de inversiones en proyectos específicos del Programa 02, Fortalecimiento de la Gestión Subnacional, correspondiente al Capítulo 05, "Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo", de la Partida 05, Ministerio del Interior de la Ley de Presupuestos.
Del señor Subsecretario de Transportes subrogante, mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, sobre fiscalización del cumplimiento de las normas técnicas en los extintores de los automóviles.
Del señor Secretario General de Carabineros de Chile, por el cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Espina, sobre aumento de la dotación de Carabineros y entrega de un vehículo policial a la comuna de Vilcún.
Del señor Director Nacional de Pesca, con el que responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Horvath, referido al Convenio para la Explotación de Recursos Bentónicos suscrito entre el Sindicato de Trabajadores Independientes de Pesca Artesanal de Puerto Melinka y la Dirección Regional de Pesca de la Región de Aisén.
Del señor Director Nacional subrogante del Instituto Nacional de Estadísticas, mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, acerca de los beneficios de los discapacitados de nuestro país.
De los señores Secretario Ejecutivo del FONADIS y Gerente General de la Sociedad Concesionaria Rutas de Pacífico S.A., con los que contestan dos oficios cursados en nombre del Senador señor Larraín, sobre beneficios de los discapacitados en nuestro país.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo en materia de salarios base, con urgencia calificada de "suma" (boletín N° 5.433-13).
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que consagra el principio de neutralidad en la red para los consumidores y usuarios de internet (boletín N° 4.915-19).
--Quedan para tabla.
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley que establece rebaja transitoria al impuesto a las gasolinas automotrices y modifica otros cuerpos legales (boletín Nº 5.752-05).
--Se manda agregar a sus antecedentes.
Mociones
Del Senador señor Orpis, mediante la cual inicia un proyecto que modifica la ley Nº 18.216 en lo relativo al beneficio de la reclusión nocturna (boletín N° 5.798-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Senadores señores Bianchi y Girardi, con la que inician un proyecto de ley que establece medidas de protección de los discapacitados visuales en el consumo de productos farmacéuticos (boletín N° 5.799-11).
--Pasa a la Comisión de Salud.
Del Senador señor Bianchi, con la cual da inicio a un proyecto que modifica el decreto ley Nº 539, sobre deudas habitacionales, a objeto de impedir que se haga diferenciación entre las personas en razón de su estado civil (boletín Nº 5.800-14).
--Pasa a la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
Comunicación
De la Comisión de Relaciones Exteriores, en que informa que ha elegido como su nuevo Presidente al Senador señor Gazmuri.
--Se toma conocimiento.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminada la Cuenta.

El señor FREI (don Eduardo).- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.



El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, se ha informado de un oficio de la Cámara de Diputados en que esta comunica que aprobó el proyecto de ley que transforma la Casa de Moneda en sociedad anónima, señalándose que pasa a la Comisión de Hacienda. Sin embargo, pienso que tal iniciativa debe ser enviada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Nos hemos reunido con diversos organismos sindicales, porque en ella hay un tema laboral importante. La Comisión de Hacienda es un órgano especializado y debe abocarse solamente a los asuntos relacionados con financiamiento. Por eso, me parece conveniente que sea la Comisión de Trabajo la que conozca esta materia y trate la situación laboral de la Casa de Moneda.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Longueira.

El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, la idea de legislar se refiere precisamente al cambio de la razón social de la Casa de Moneda. Por lo tanto, comparto el criterio de la Mesa de que vaya a la Comisión de Hacienda. Si bien la iniciativa determina la entrega de bonos a los trabajadores, la esencia misma de ella tiene que ser vista por el mencionado organismo.
Ojalá la tramitación del proyecto sea lo más rápida posible. Así me lo han solicitado dirigentes de organizaciones sindicales en conversaciones que han tenido conmigo.
El despacho del proyecto se viene dilatando desde hace muchos años. Afortunadamente, ya lo aprobó la Cámara de Diputados. Como deseamos que sea tratado a la brevedad en el Senado, no es necesario, a mi juicio, enviarlo a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Debo informar a la Sala que en la reunión de Comités, personalmente hice presente el planteamiento del Honorable señor Frei.
En esa instancia se analizó el punto en cuestión y se adujeron diversas razones, entre ellas una bastante determinante en el acuerdo al cual se llegó -proveniente incluso del representante del Comité al cual pertenece ese señor Senador-, en cuanto a la existencia de un compromiso del Ejecutivo para resolver antes de 90 días el problema pendiente de índole económica o remuneratoria.
Además, se argumentó que no se trataba de una materia propiamente laboral, sino más bien de Hacienda, y que debía solucionarse con prontitud, a fin de evitar mayores dificultades.
Este último fue el criterio que primó en definitiva, por lo que se resolvió enviar el proyecto a la Comisión de Hacienda.
Como la Sala es soberana para cambiar lo acordado, no sé si habría consenso para ello.

El señor NÚÑEZ.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, en consideración a que se trata de una iniciativa que, de alguna manera, altera sensiblemente la estructura jurídica de la Casa de Moneda, y que en oportunidades anteriores se ha intentado modificar el estatus jurídico de una entidad tan importante desde el punto de vista del manejo de asuntos públicos -en particular en el área de las finanzas-, lo lógico sería enviarla a la Comisión de Gobierno, donde se van a analizar proyectos similares. Entre otras tareas, está llamada a estudiar cuáles son las entidades que deben cambiar su estructura o cumplir determinada función. Esa es la labor muy relevante a la que debe abocarse.
Planteo lo anterior, en el entendido de que el Senador señor Bianchi -Presidente de la Comisión de Gobierno- estará de acuerdo conmigo.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, cuando se discutió el presupuesto de la Casa de Moneda para el año 2008 -consignado en la Partida del Ministerio de Hacienda, del cual depende dicha entidad-, el Gobierno pidió aprobarlo por tres meses; es decir, los fondos destinados a esa entidad monetaria se agotaron el 31 de marzo. Eso obedeció a que estaba en trámite precisamente la iniciativa legal que cambia su naturaleza jurídica, cuyo despacho se ha dilatado durante demasiado tiempo.
Pienso que si los funcionarios de la Casa de Moneda desean realizar planteamientos de tipo laboral, lo pueden hacer perfectamente en la Comisión de Hacienda. Porque esos responden a inquietudes relativas a su fuente de trabajo y no a la legislación correspondiente.
En síntesis, si se estima que no hay recursos para mantener su funcionamiento -expresamente se pidieron recursos para tres meses-, y que básicamente se persigue cambiar la naturaleza jurídica de una entidad dependiente del Ministerio de Hacienda, me parece bien mantener el envío del proyecto a la Comisión Hacienda. De no ser así, debería pasar por varias Comisiones, lo cual dilataría mucho un asunto pendiente desde hace varios años.
Debe recordarse que ya en la Ley de Presupuestos de 2007 se aprobaron recursos para seis meses, pues se suponía que el problema estaría solucionado a mediados de ese año. Y para el 2008 se otorgaron hasta el 31 de marzo, pero ya estamos en abril y el proyecto aún no se ha despachado.
Señor Presidente, estimo que los funcionarios de la Casa de Moneda pueden plantear todas sus inquietudes en la Comisión de Hacienda. Y, al final, será la Sala la que resolverá.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.

El señor ESCALONA.- Señor Presidente, antes del inicio de la sesión, dirigentes sindicales de la Casa de Moneda que se encuentran en el Senado -no estoy seguro si en las tribunas-, se acercaron para manifestarme su interés en que el proyecto se tramite con rapidez. Ello, porque -como se mencionó aquí- se trata de una iniciativa de larga data. Por lo tanto, los funcionarios de aquella han esperado durante mucho tiempo los beneficios que contiene.
Por lo tanto, señor Presidente, en caso de que se apruebe el envío del proyecto a las Comisiones de Trabajo y de Gobierno -entiendo que así lo sugirió el Senador señor Núñez-, solicito que se considere la posibilidad de que ellas funcionen unidas, a fin de que el despacho no se extienda en forma inconveniente.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.

El señor MUÑOZ ABURTO.- En el mismo sentido de lo señalado por el Senador señor Núñez, hago presente que hace una semana conversaron conmigo dirigentes de otro sindicato de la Casa de Moneda, quienes solicitaron que el proyecto en cuestión sea objeto de la misma tramitación que tuvo en la Cámara de Diputados. Vale decir, que pase a la Comisión de Trabajo.
Ello, porque la iniciativa aborda materias muy de fondo. No solamente se refiere a los incentivos por los cuales algunos se desvincularán de la Casa de Moneda, sino también al futuro de la empresa como fuente laboral muy importante para Chile.
Por consiguiente, solicito que el proyecto sea visto por la Comisión de Trabajo.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, los Comités tenemos diferencias de opinión en la Sala.
Personalmente, soy partidario de que al proyecto se le dé el trámite más expedito posible. En verdad, como no aborda materias laborales propiamente tales, no creo que sea necesario enviarlo a la Comisión de Trabajo, con todo lo valioso que es su texto.
No soy proclive a la privatización que se propone. Y esto se discutirá en la Sala.
Si se produce un debate que no guarda relación alguna con las normas laborales, me temo que sentaremos un precedente impropio.
La Mesa es soberana, y si el fin que se persigue es disponer de mayor tiempo para discutir la iniciativa, es posible buscar un procedimiento en tal sentido. Sin embargo, reitero que la Comisión de Trabajo debe abocarse al análisis de lo relacionado con el trabajo, y en esta iniciativa no lo hay.
Por consiguiente, considero más propio debatir acerca de si la Casa de Moneda se convierte en sociedad anónima en la Comisión de Hacienda o en la de Gobierno; pero, por cierto, no en la de Trabajo.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Como hay disparidad de opiniones respecto a este asunto, lo voy a someter a votación.
Corresponde decidir entre la ponencia de algunos señores Senadores en orden a que el proyecto de ley que transforma la Casa de Moneda en sociedad anónima pase a la Comisión de Hacienda -como fue planteado-, y la del Senador señor Frei, en orden a que vaya a la Comisión de Trabajo.
Una vez resuelto ese punto, habría que decidir acerca de si se analiza en Comisiones unidas.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Votar que sí significa pronunciarse a favor de que la iniciativa se tramite a la Comisión de Hacienda. Votar no, que se envíe a la de Trabajo.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En votación.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?


El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminada la votación.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Resultado de la votación: por enviar el proyecto a la Comisión de Hacienda, 18 votos; por remitirlo a la de Trabajo, 9 votos, y una abstención.
Votaron por la afirmativa los señores Allamand, Arancibia, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, García, Gazmuri, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Novoa, Ominami, Orpis, Pérez Varela y Pizarro.
Votaron por la negativa los señores Ávila, Frei, Gómez, Muñoz Aburto, Naranjo, Núñez, Romero, Sabag y Vásquez.
Se abstuvo la señora Alvear.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En consecuencia, el proyecto queda en la Comisión de Hacienda.



ACUERDOS DE COMITÉS

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Los Comités, en reunión de hoy, acordaron unánimemente lo siguiente:

1.- En lo relativo a la solicitud de la Comisión de Defensa Nacional de crear una Comisión Especial encargada de analizar el informe evacuado por el Instituto Chileno de Campos de Hielo, con el propósito de promover el desarrollo, investigación e integración de dicha zona austral, formar una Comisión compuesta por cinco miembros y facultar al señor Presidente para designarlos.

2.- Abrir un nuevo plazo, hasta el lunes 12 de mayo, a las 12, para presentar indicaciones al proyecto concerniente a la plena integración social de las personas con discapacidad.

3.- Por último, comenzar el martes 15 de la próxima semana el tratamiento de la acusación constitucional de que se acaba de dar cuenta. Con tal objeto, se citará a sesión especial para ese día, de 10 a 14, oportunidad en que se escuchará la relación que efectuará el Secretario General y, seguidamente, a los Honorables Diputados miembros de la Comisión Especial que formalizarán dicha acusación, disponiendo para ello de dos horas.
También se citará a sesión para ese mismo día, a las 15, a fin de escuchar la defensa de la acusada, por un máximo de dos horas, y la réplica y la dúplica correspondientes, por un máximo de una hora cada una de ellas.
En seguida, se citará a sesión especial para el miércoles 16, a las 10, sin hora de término, en la que se otorgará a los señores Senadores hasta diez minutos para fundar su voto ¿deseo enfatizar que habrá un solo fundamento de voto- respecto de los cinco capítulos del libelo acusatorio, y luego, el señor Presidente pondrá en votación, separadamente, cada uno de los capítulos.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Reitero que los acuerdos de Comités fueron adoptados por unanimidad.
Asimismo, debo recordar a Sus Señorías que a partir del próximo martes el Senado se transformará en jurado y tendrá que abocarse, única y exclusivamente, a dicha materia.

El señor GÓMEZ.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.


PROCEDIMIENTO PARA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL
CONTRA MINISTRA DE EDUCACIÓN

El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, dada la situación de que se trata, que es bastante compleja e importante, no me parece adecuado limitar a diez minutos el tiempo asignado a cada Senador para fundamentar su voto sobre los cinco capítulos contenidos en la acusación constitucional.
Ignoro si ello fue acordado unánimemente por los Comités. Estimo que, en estas circunstancias, deberíamos buscar una fórmula que nos permitiera manifestar nuestras posiciones en un tiempo mayor del que se ha convenido.
Gracias, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, deseo referirme al mismo tema planteado por el Honorable señor Gómez.
Yo tuve la oportunidad de escuchar y leer gran parte de lo expresado en la Cámara de Diputados. Si la situación va a variar, no lo sabemos.
A mi juicio, asignar diez minutos para fundamentar el voto implica determinar un veredicto, no hacer un debate sobre el particular. No hemos tenido otra oportunidad de enfrentar una situación de esta naturaleza, al menos en el periodo que he sido Senador.
Ignoro por qué se determinó...

El señor CHADWICK.- ¡El Senado actúa como jurado, señor Senador!

El señor NAVARRO.- Sí, lo sé.
Sin embargo, yo espero escuchar una réplica o una contrarréplica. De lo contrario, se podría pensar que Sus Señorías tienen una posición predeterminada antes de oír a ambas partes.

El señor COLOMA.- ¡La votación será al día siguiente, señor Senador!

El señor LARRAÍN.- Así es.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, deseo clarificar el acuerdo de Comités respecto de dicho punto al señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra.
El próximo martes se escuchará la relación del Secretario General de la Corporación y, posteriormente, a la Comisión designada por la Cámara de Diputados que formalizará la acusación constitucional. Todo ello por dos horas.
A continuación, por el mismo lapso, el Senado escuchará la defensa de la Ministra que está siendo objeto de la acusación; luego, se dispondrá de una hora para la réplica, que es el derecho de los acusadores a rebatir los argumentos esgrimidos por la defensa, y posteriormente, también por una hora, tendrá lugar la dúplica, en que la Ministra podrá refutar, a su vez, los fundamentos que dan pie a la acusación.
Por lo tanto, los trámites de acusación, contestación, réplica y dúplica cumplen con el debido proceso.
Por último, al día siguiente se entra en la etapa de votación, oportunidad en la cual no habrá debate en la Sala. Cada Senador podrá fundamentar su voto hasta por diez minutos. Posteriormente, en razón de una cuestión de procedimiento, se votará la acusación capítulo por capítulo.
Creo que este mecanismo resguarda completamente las garantías constitucionales del debido proceso y la igualdad ante la ley. De manera que -como quedó claro en los acuerdos de Comités- todas las etapas se hallan cubiertas.
La razón de otorgar diez minutos a cada Senador obedece a la necesidad de fundamentar el voto, lo cual equivale a seis horas o seis horas y media de sesión.
Por lo tanto, será un acto ininterrumpido a contar de las diez de la mañana del día miércoles 16 hasta que se vote cada uno de los capítulos de la acusación.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, estoy de acuerdo con el procedimiento propuesto. Yo participé en la reunión de Comités.
Sin embargo, debo hacer una puntualización que no se expresó en su oportunidad y que, en mi opinión, debe quedar clarísima en la Sala: es obligación de los señores Senadores estar de cuerpo presente durante la audiencia del próximo martes como condición para votar el miércoles.

El señor ÁVILA.- Así es.

El señor GAZMURI.- La presencia de sus Señorías es necesaria durante la relación de la acusación, la formalización, la defensa, la réplica y la dúplica. Los señores Senadores que no estén presentes en algunos de esos procesos no votan.
Ello, para que quede claro lo relativo al procedimiento.

El señor LARRAÍN.- No es así.

El señor CHADWICK.- ¡En la relación deben estar presentes!

El señor NAVARRO.- ¡En todas las fases, señor Senador!

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Longueira; después, la Senadora señora Alvear.

El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, los diez minutos asignados para fundar el voto son más que suficientes. Me parece un tiempo razonable.
Por otra parte, considero importante que, para los efectos de los Senadores que nunca hemos participado en una acusación constitucional, se nos aclare en qué etapas del proceso se requiere nuestra presencia para tener derecho a voto, o si se pierde esta facultad por el hecho de no estar presente en ellas.
Estimo fundamental que la Mesa precise esa materia, porque aquí se han dicho cosas distintas y no debería haber doble interpretación al respecto.
El señor GAZMURI.- ¡La presencia se requiere en todas las etapas de la acusación, señor Senador!

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.

La señora ALVEAR.- Señor Presidente, solo quiero hacer un par de consultas aclaratorias.
La primera ya se ha formulado recién: si se exigirá la permanencia en la Sala durante el transcurso completo de las presentaciones para poder votar.
La segunda se refiere al significado de la abstención, respecto de lo cual, como es natural, debe existir una claridad absoluta, por la importancia que ello tiene tratándose de una acusación constitucional.
Gracias.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Excúseme, señora Senadora, ¿me podría precisar cuál es su segunda inquietud?

La señora ALVEAR.- Sí, señor Presidente. Deseo saber qué significa la abstención.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Muy bien.
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, tengo a la vista las normas constitucionales, las de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y las del Reglamento del Senado y en ninguna parte se establece que el Senador que no esté presente en algunas de las instancias queda inhabilitado para emitir su voto.
La Constitución dice que el Senado resolverá como jurado. Sobre esa base, se pretende señalar que debemos cumplir ciertas normas. Pero, me parece que el inhabilitar a algún Senador, el privarle de su derecho a voto por no haber estado, por ejemplo, en la relación, aplicando por analogía alguna disposición del Código de Procedimiento, es absolutamente improcedente. A mi juicio, para que exista tal inhabilidad tiene que haber una norma expresa.
Por consiguiente, quizá sea posible hacer una recomendación, pero, como es obvio, no se puede, por un acuerdo de la Sala, o por una interpretación, privar a un Senador del ejercicio de su derecho a voto.
Hay tres instancias donde podría haberse establecido esa disposición: la Constitución, la Ley Orgánica o el Reglamento. En ninguna de ellas está. Por lo tanto, no obstante ser una recomendación razonable, si se pretendiera, en virtud de ella, inhabilitar a un Senador al momento de votar, creo que se estaría cometiendo un error.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, yo nunca he sido juez -he actuado como jurado una sola vez, cuando se trató la acusación constitucional anterior contra cuatro Ministros de la Corte Suprema-, pero me parece evidente lo que planteé hace unos momentos. Porque aquí, primero, actuamos como jurado, no como legisladores. Y actuamos como jurados individuales. Aquí no hay ni bancadas, ni grupos, ni Comisiones. Y yo no veo cómo un jurado puede discernir, o fallar, sin escuchar la acusación ni la defensa.
Eso me parece de toda lógica. No se puede fallar en conciencia en esas condiciones, salvo que se trate de un voto político. Entonces, claro: dejamos aquí a alguien de nuestra bancada y nos vamos. Pero en este caso no es así. Eso puede hacerse cuando se trate de una iniciativa de ley. No todas las leemos, porque hacemos confianza en las Comisiones, en nuestros partidos, etcétera. Pero yo no imagino un juez fallando sin escuchar la acusación y la defensa. Me parece de toda obviedad. Y eso lo podemos fijar por acuerdo unánime de la Sala.
Yo considero muy grave -excúsenme que lo diga, estimados colegas- que aquí sentemos el precedente de que vamos a ser jurados sin escuchar la acusación ni la defensa. ¡Eso no tiene presentación ante la opinión pública! Yo creo que no es dable declararnos jurados y no obligarnos a lo que tiene que hacer todo jurado: escuchar los cargos y los descargos. Me parece elemental.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Están inscritos a continuación los Senadores señores Vásquez, Espina, Longueira y Pizarro.
Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.

El señor VÁSQUEZ.- Señor Presidente, he escuchado a un sinnúmero de Senadores excusarse de hacer declaraciones de prensa sobre la base de que pronunciarse con antelación al resultado de sus votos los inhabilita. Y, a menos que yo haya revisado mal los textos, eso tampoco está en la Constitución, ni en la Ley Orgánica, ni en el Reglamento.

El señor COLOMA.- Así es.

El señor ÁVILA.- ¡Es un vacío¿!

El señor VÁSQUEZ.- Sin embargo, no conozco ningún Senador que haya negado que opinar anticipadamente signifique inhabilitarse.
En consecuencia, tengo que concordar necesariamente con lo planteado por el Senador señor Gazmuri. Podrá discutirse si uno va a votar sobre la base de apreciar la prueba en conciencia -aunque necesariamente en Derecho, porque hay que insertar los hechos que uno aprecie en conciencia dentro de la norma constitucional que permite condenar o exculpar a un Ministro inculpado; ese es otro debate-, pero yo no veo cómo un juez -dado que nos transformamos en jurado- puede opinar y emitir su decisión sin escuchar la relación, la acusación y la defensa.
Por tanto, una cosa es que esté o no en el articulado mismo y otra muy distinta -y en esto ha insistido permanentemente el Senador señor Espina- es de qué manera se garantizan los derechos constitucionales del acusado, porque estamos en presencia de un juicio, que debe llevarse a cabo siguiendo las normas del debido proceso.
En definitiva, señor Presidente, a mí no me cabe otra cosa que concordar con el Honorable señor Gazmuri para los efectos de decir que efectivamente quien no esté presente en la relación, en la acusación y en la defensa no podrá votar, porque no reúne los antecedentes necesarios para emitir su pronunciamiento, a menos que venga prejuiciado. Esa es mi opinión.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, en la reunión de Comités nosotros respaldamos la propuesta de la Mesa y lo hicimos porque nos parece que es equilibrada en términos de garantizar el debido proceso y, también, el equilibrio que debe existir entre la parte acusadora y, por supuesto, la defensa de quien es acusada.
Ese es un primer criterio que, a mi juicio, se salva totalmente con esta propuesta. Y es importante recalcarlo. Aquí lo que importa es que tengamos un juicio justo.
Lo segundo es que, tal como está planteado, el proceso se llevará a cabo de manera continua, en sesiones sucesivas, sin interrupción. Y eso también es significativo, porque así tendremos oportunidad de estar presentes en la relación y de seguir el debate que se va a generar entre los acusadores y la defensa.
Asimismo, me parece que el Reglamento establece que la votación debe realizarse en una sesión especialmente citada para ello, después de culminado este proceso. Y eso es bueno tenerlo claro. La propuesta contempla esa tercera fase de votación como jurado, a partir del día miércoles en la mañana.
Respecto de la fundamentación del voto, nos parece que el tiempo asignado es razonable, porque, es cierto, podríamos alargarnos y opinar muchísimo, pero no debemos perder la lógica y la forma como se ha llevado este proceso. Diez minutos es suficiente para fundar la opinión que cada uno de nosotros se forme.
Sin perjuicio de ello, quiero hacer una consulta de procedimiento: ¿cuándo tendremos acceso al informe completo de la Cámara? Porque, me imagino que ese texto existe. Me gustaría que el señor Secretario nos contestara esto, porque ese documento nos puede ayudar, al menos, a ir tomando conocimiento del debate habido en esa Corporación, de los argumentos tanto de la parte acusadora como de la defensa -que, me imagino, van a servir de base a lo que conoceremos acá-, y, de esa manera, cada uno podrá irse formando un cierto criterio, una opinión.
En suma, señor Presidente, nosotros somos partidarios de la propuesta hecha por los Comités y de pasar a tratar ya los asuntos en tabla. El señor HOFFMANN (Secretario General).- Señor Senador, la documentación que usted solicitó ya está a su disposición: tanto la acusación como la defensa de la acusada. Si desea que se la entreguen de inmediato, así se hará.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.

El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, creo que todos los Senadores tenemos claro que, para votar en forma adecuada, correctamente y en conciencia, debemos presenciar la acusación y el ejercicio de los derechos que asisten a la acusada para defenderse. De manera que yo no haría una discusión al respecto.
No hay una norma específica sobre el particular; es de sentido común que exista. Por lo tanto, opino que no es factible inhabilitar a nadie por el motivo invocado.
Nos agregan, de otro lado, que no hay una disposición que prohíba expresar con antelación un punto de vista sobre la acusación planteada. Pero el sentido común indica que uno, si va a actuar como juez, no puede emitir un juicio previo.
Pienso que todos procederemos en forma correcta y tendremos presencia en las sesiones. Pero quiero dejar muy claro que yo jamás inhabilitaría para votar a determinado Senador por no encontrarse físicamente en la Sala durante ellas, porque a lo mejor ese parlamentario leyó y estudió los antecedentes con mayor detenimiento que otros que puedan haber estado aquí durmiendo.
Por consiguiente, no estimo apropiado dar tanta significación a la permanencia en la Sala, porque ella no reviste mayor importancia, tanto más cuanto que es factible, por ejemplo, que a un Senador que haya presenciado todo el debate habido en la Cámara de Diputados eso le sea suficiente para formarse juicio sobre la acusación.
Sí me parece conveniente que todos procuremos estar presentes. Es lo correcto. Si queremos emitir un juicio en conciencia, lo razonable es escuchar a las partes.
Reitero: si no existe una norma al respecto, no veo cómo se pueda inhabilitar a alguien.
Por ende, si queremos perfeccionar conforme a lo que es correcto y a lo que indica el sentido común, creo que debiera haber normas en ambos aspectos. Y si se propusieran, yo me sumaría a ellas. Si alguien quiere presentarlas, que lo haga.
En todo caso, me alegro de que no sea necesario que existan disposiciones a ese respecto para que todos actuemos en forma correcta, pues eso nos evita legislar demasiado. Porque -reitero- todos sabemos proceder en forma adecuada. Y a veces el sentido común es la mejor de todas las leyes.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, más allá de las diferentes opiniones, creo que este debate es bastante revelador.
La Carta le pide al Senado que actúe como un tribunal en circunstancias de que no lo es. Porque la acusación constitucional es eminentemente política. Y tengo la certeza de que ninguno de los Senadores que están al frente mío va a cambiar su opinión después de escuchar los descargos de la Ministra de Educación, pues existe la decisión política de acusarla y destituirla.
Por lo tanto, no me parece procedente generar la sensación de que el Senado será un tribunal regido por leyes.
¿Cuáles leyes?
En el hecho, no va a haber un debate jurídico, porque esta Corporación no es un tribunal. No fuimos elegidos para serlo.
La acusación -insisto- es de carácter eminentemente político. Y yo podría predecir la votación, pues, sin duda, existe una decisión más allá de los argumentos legales. Porque no hay referencia alguna a la elección de un tribunal imparcial. Los Diputados acusadores, quienes son del mismo partido de los Senadores jueces, podrán tener criterios dispares. Pero existe una decisión política. Y el instrumento es una acusación política respecto a la gestión de aquella Ministra, a la gestión del Gobierno. No se hace ninguna referencia a violación de ley. Porque, de haberse vulnerado un texto legal, debería resolver el Tribunal Constitucional.
El Senador que habla está acusado por otros Diputados ante el Tribunal Constitucional a base de una norma que yo detesto y quisiera eliminar: el artículo 60 de la Carta Fundamental, que prohíbe a los parlamentarios actuar en asuntos de carácter laboral o sindical. Y por eso se pretende inhabilitarme.
Esa es una norma antidemocrática, terrorista, pinochetista, que debiera ser suprimida. Porque si hay algo esencial en el actuar de quienes ejercemos la soberanía en representación de los que nos eligen, es que estemos con ellos, que marchemos con ellos, que convivamos con ellos.
¡No se puede inhabilitar a un Senador por marchar en la calle por el cambio del sistema económico, por el establecimiento de un sueldo ético!
Entonces, no nos engañemos. No le digamos al país que este va a ser un tribunal que fallará sobre la base de argumentos; que los Senadores escucharemos disciplinadamente los alegatos durante ocho horas y luego resolveremos.
Las bancadas de la UDI y de Renovación Nacional ya tienen tomada su decisión -no nos engañemos-: aprobarán la acusación constitucional. Y respeto su posición, porque de acusar y destituir a la Ministra Provoste hicieron una opción política.
Aquello forma parte de un legítimo derecho de la Oposición. Pero no nos digan que aquí van a actuar como jueces, ni nos hagan creer que este será un tribunal ecuánime, objetivo, que evaluará los antecedentes, porque eso es un chiste.
Claramente, se trata de una acusación política. Y vamos realizar un debate sobre sus fundamentos. Sin embargo, este no es un tribunal que resolverá sobre la violación de determinadas leyes. Para eso están los tribunales de justicia y -el ordenamiento jurídico lo señala- el Tribunal Constitucional.
Hay, entonces, un error respecto de la condición que se atribuye a esta Cámara.
Yo estoy porque el Senado falle la acusación política. Y una mayoría política, independiente de los argumentos, podrá determinar si la Ministra de Educación se va o se queda. Pero esa mayoría política es circunstancial, no es una mayoría con carácter de tribunal.
Considero que el Senado, en este caso particular, se halla inhabilitado, por cuanto hay una decisión política detrás de lo que vamos a ver a partir del próximo martes.
Esa es mi opinión, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Los señores Senadores me van a perdonar, pero creo que la única forma de superar la situación producida es aplicando el Reglamento.
Hay inscritos cinco oradores; incluso, varios se repiten.
Se está anticipando la discusión -ello puede ser muy interesante- sobre si, ante la acusación constitucional, somos tribunal o jurado.
Inclusive, algunos, en su ímpetu, quieren construir otro cuerpo legislativo.
Sin perjuicio de todo aquello, debo recordar a Sus Señorías que estamos ante un acuerdo unánime de los Comités. De modo que no cabe reverlo.
Por consiguiente, no podemos continuar esta discusión, que, reglamentariamente, carece de sentido.
Yo me quedo con lo planteado por el Honorable señor Pizarro. Estimo que es lo que debemos hacer, para luego dar inicio al Orden del Día.
Sí quiero precisar algo no menor.
Más allá de si acaso estamos de acuerdo en que somos un tribunal o si esta es una acusación política o no, para que el acto jurídico que vamos a resolver el martes y el miércoles próximos tenga eficacia la acusación debe ser aprobada por la mayoría de los Senadores en ejercicio.
Creo que eso está claro.
Lo segundo que se halla claro -hay un texto constitucional que nos obliga a todos- es que el Senado resolverá como jurado y se limitará a declarar si la Ministra de Educación es o no culpable de lo que se le acusa.
No existe otra cosa que discutir.
Ahora bien, tenemos un acuerdo unánime, derivado de un razonamiento de los Comités, que se funda en lo que disponen la Carta Fundamental y la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Nadie ha traído a la Sala algo distinto.
De otro lado, el Honorable señor Gazmuri hizo un planteamiento en cuanto a que es bueno y de sentido común que estemos presentes en las sesiones pertinentes y participemos.
Pero la verdad es que, en sentido estricto, determinar que quien no esté presente durante toda la vista de la causa y no participe pueda ser inhabilitado para votar, en mi concepto, es ir demasiado lejos.
Esa es la situación.
Por último, hago presente a Sus Señorías que a partir del martes venidero nos constituiremos como tribunal y como jueces, y que, por consiguiente, se suspenderá toda otra actividad en esta Alta Corporación.
Eso deberemos hacer como Senadores.

La señora ALVEAR.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Sí, Su Señoría.

La señora ALVEAR.- Señor Presidente, solo quiero reiterar mi pregunta sobre lo que ocurrirá con las abstenciones.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Señora Senadora, mi impresión personal es que no hay abstenciones, porque la Constitución dice que la Cámara Alta deberá pronunciarse acerca de si el acusado es o no culpable. Luego, según creo, no cabría más que votar "sí" o "no".
Por otro lado, como se requiere quórum especial, si Su Señoría se abstuviera, en la práctica sería lo mismo que si votara que no.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- De alguna forma yo había contestado la pregunta.
Como se precisa quórum especial -mayoría de los Senadores en ejercicio-, resulta irrelevante cuántos votan en contra, cuántos salen de la Sala, cuántos se abstienen, cuántos no concurren a emitir su pronunciamiento.
Para aprobar la acusación se necesita mayoría de los Senadores en ejercicio; en este momento, veinte votos favorables.

El señor NÚÑEZ.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor NÚÑEZ.- ¿Qué sucede en caso de empate?

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- No puede haber empate, señor Senador.

El señor NÚÑEZ.- Técnicamente, podría haberlo.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- No es posible, porque para aprobar la acusación se requieren 20 votos afirmativos.

El señor NÚÑEZ.- Tiene razón: en caso de empate, se rechaza la acusación.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Si la votación fuera 19 votos contra 19, la acusación quedaría rechazada, por no lograrse el quórum de 20 votos afirmativos.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Constitucionalmente, se exige mayoría de los Senadores en ejercicio en el caso de los funcionarios públicos susceptibles de ser acusados; y en el del Presidente de la República, dos tercios de los Senadores en ejercicio.
Eso dispone la Carta Fundamental, y así lo cumpliremos .
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El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Ha llegado a la Mesa un informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea nueva circunscripción senatorial y dirección regional del Servicio Electoral de Arica y de Parinacota (boletín Nº 5.432-06)
--Queda para tabla.
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El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, quiero proponer a la Sala que el proyecto que modifica la ley Nº 20.209 y otros cuerpos legales en materia de bonificaciones y normas de promoción aplicables a determinadas categorías del personal de salud, incluido en el tercer lugar de la tabla de esta sesión, se discuta en primer lugar y como si fuera de Fácil Despacho.
La iniciativa se encuentra en tercer trámite constitucional y ha sido aprobada por unanimidad en todas las Comisiones que la han tratado.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Si le parece a la Sala...

El señor ORPIS.- ¡No, señor Presidente!
Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- La tiene, Su Señoría.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, el proyecto signado con el número 1 en el Orden del Día de esta sesión lleva casi seis meses en tabla. Y la semana recién pasada hubo acuerdo unánime para discutirlo en primer lugar.
Entonces, yo estaría dispuesto a aceptar lo sugerido por el Honorable señor Gazmuri, pero siempre que no hubiera debate y simplemente se votara.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se procederá en esos términos.
--Así se acuerda.
V. ORDEN DEL DÍA



ESTABLECIMIENTO DE BONIFICACIONES Y NORMAS DE
PROMOCIÓN PARA PERSONAL DE SALUD

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Proyecto, en tercer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 20.209 y otros cuerpos legales en materia de bonificaciones y normas de promoción aplicables al personal de salud que se desempeña en los servicios que indica, con urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (5431-11 ) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 60ª, en 30 de octubre de 2007.
En tercer trámite, sesión 5ª, en 1° de abril de 2008.
Informes de Comisión:
Salud, sesión 72ª, en 4 de diciembre de 2007.
Hacienda y Salud, unidas (segundo), sesión 81ª, en 9 de enero de 2008.
Discusión:
Sesiones 74ª, en 11 de diciembre de 2007 (se aprueba en general); 82ª, en 15 de enero de 2008 (se aprueba en particular).

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- La Cámara de Diputados efectuó al proyecto despachado por el Senado dos modificaciones, que dicen relación al encasillamiento de las plantas de directivos y profesionales y a la aprobación de los procesos de acreditación de los profesionales que sirven cargos directivos.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en tres columnas que transcriben las normas pertinentes de la ley vigente, el proyecto aprobado por el Senado y las enmiendas que introdujo la Cámara de Diputados.
Cabe tener presente que el número 3) del artículo 1º es orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requieren 22 votos afirmativos.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobarán las enmiendas introducidas por la Cámara Baja.
--Se aprueban (22 votos favorables), y queda despachado el proyecto en este trámite.


CONCESIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS O GASEOSOS


El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Proyecto de reforma de la Carta, en primer trámite constitucional, que permite la concesión de los hidrocarburos líquidos o gaseosos, con informes de las Comisiones de Minería y Energía, y de Constitución Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4704-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional: (moción de los Senadores señores Prokurica, Horvath, Orpis, Romero y Zaldívar, don Adolfo).
En primer trámite, sesión 73ª, en 5 de diciembre de 2006.
Informes de Comisión:
Minería y Energía, sesión 44ª, en 28 de agosto de 2007.
Constitución, sesión 87ª, en 23 de enero de 2008.
Discusión:
Sesión 5ª, en 1° de abril de 2008 (queda pendiente su discusión general).

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Esta iniciativa se inició en moción de los Senadores señores Prokurica, Horvath, Orpis, Romero y Zaldívar.
La discusión general quedó pendiente en la sesión del 1° de abril.
Cabe recordar que el proyecto fue estudiado en primer lugar por la Comisión de Minería y Energía, que aprobó la idea de legislar por tres votos a favor (Honorables señores Orpis, Prokurica y Zaldívar) y dos en contra (Senadores señores Gómez y Núñez).
Luego, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió esta iniciativa tanto en general cuanto en particular y rechazó la idea de legislar sobre la materia por tres votos en contra (Senadores señora Alvear y señores Gómez y Muñoz Aburto) y dos a favor (Honorables señores Espina y Larraín).
Para aprobar esta reforma se requiere el pronunciamiento favorable de dos tercios de los Senadores en ejercicio, es decir, 25 votos afirmativos.

El señor ÁVILA.- ¡Un sueño...!

El señor NÚÑEZ.- ¡Nunca se sabe¿!

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Están inscritos los Honorables señores Núñez, Muñoz Aburto, Letelier, Alvear, Horvath, Cantero, Gómez, Ávila y Navarro.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Continúa la discusión general.

Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.

El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, convengo en la importancia que reviste el despacho de esta reforma constitucional y pienso que, como cada uno de nosotros ya tiene todos los elementos de juicio, estamos en condiciones de votar a favor o en contra de la iniciativa que la contiene.
En el transcurso del debate hemos escuchado básicamente una serie de críticas a la Empresa Nacional del Petróleo.
Entonces, me parece bueno aclarar primero que no es ese el objetivo del proyecto. Este no tiene como propósito central cuestionar la existencia de la ENAP.
Dicha Empresa no es culpable de la falta de diversificación de la matriz energética observada por el país durante los últimos años, ni menos, por cierto, de la actual sequía. Son otros los factores determinantes de una y otra. La ENAP no es responsable, por consiguiente, de las dificultades que deberemos afrontar este año en materia energética.
La Empresa Nacional del Petróleo tampoco fue responsable de que el país se incorporara a la comercialización del gas natural proveniente de Argentina.
En su momento la ENAP seguramente dio su aceptación a una idea que a todos nos pareció favorable. No es casual que, tras los cálculos realizados, Chile haya ahorrado del orden de 8 mil millones de dólares por el solo hecho de habernos convertido en clientes -entre comillas- del gas natural del referido país; que hayamos tenido las dificultades que conocemos y que con seguridad seguiremos teniendo, a pesar de que no es cierta la afirmación de que Argentina está enviando solo 1.2 millones de metros cúbicos diarios, pues los últimos informes que hemos recibido -al menos en la Comisión de Minería- señalan que se ha llegado a 3.8 millones de metros cúbicos diarios, lo que, aun no constituyendo una gran cantidad, es bastante más de lo que se ha señalado en el debate habido.
Tampoco la ENAP es responsable de que no haya más petróleo en nuestro país. Las condiciones geológicas de Chile hacen prácticamente imposible su aumento.
Sin embargo, es bueno recordar que más de 400 millones de barriles equivalentes (crudo y gas) se han producido fundamentalmente a partir de la explotación realizada en Tierra del Fuego.
En la búsqueda de cuencas petroleras, la ENAP desarrolló actividades exploratorias durante la década de los 80 a lo largo del país, incluso en lugares donde resultaba absolutamente imposible pensar que hubiera petróleo, como Valdivia y Arauco. En la actualidad también lleva a cabo exploraciones en el poblado de Pica.
Por lo tanto, quiero señalar claramente que la Empresa Nacional del Petróleo no es el objetivo de este proyecto de reforma constitucional.
Es más: si uno observa con atención su rol, ve que está ayudando bastante a la diversificación de la matriz energética. No es casualidad que actualmente participe en la construcción de la planta de GNL en Quintero, ni que, en geotermia, esté explorando, en conjunto con la empresa italiana ENEL, tanto en la Segunda Región como en la Séptima (al interior de Curicó) y en la Octava (en Chillán). Es decir, gracias a la Empresa Nacional del Petróleo, a lo mejor más adelante será posible incorporar a la matriz energía proveniente de la geotermia.
Se ha criticado bastante el hecho de que ella realice exploraciones en lugares tan lejanos como Egipto. ¡Bienvenido que lo haga! ¿Por qué es factible que las efectúen otras compañías? ¿Por qué PETROBRAS las hace en todas partes del mundo? Creo que la ENAP interviene en esas actividades porque cuenta no solamente con personal técnico, sino también con capital suficiente, incluso, para participar en la distribución de gasolina en países como Perú y en la exploración en Ecuador y en la propia Venezuela.
Entonces, ¿a dónde apunta, en mi opinión, el proyecto en debate? A cuestionar algo que, según se ha visto, es absolutamente exitoso. En los últimos meses, la Empresa Nacional del Petróleo puso en práctica los denominados "CEOP" (contratos especiales de operación petrolera). En nueve bloques, básicamente, en la Isla Grande de Tierra del Fuego, se ha comprometido exploración por 267 millones de dólares.
Y a ellos se suman cuatro bloques que en la actualidad pueden ser explotados por capitales privados.
En consecuencia, no hay razón alguna para que se cuestione una política de la cual nos hemos impuesto en la Comisión de Minería y que se sabe que es bastante exitosa.
Un solo bloque no fue debidamente licitado. De los diez que se sometieron a licitación, nueve fueron aceptados por importantes empresas en el mundo, las que en este momento se hallan explorando en Tierra del Fuego, también con el aval de ENAP.
Es necesario que se tenga conocimiento en la Sala, por ejemplo, de que una sociedad privada exploró durante mucho tiempo en la zona de Palenque, en las cercanías de Punta Arenas, pero no encontró petróleo ni gas. Sin embargo, la Empresa Nacional del Petróleo sí descubrió gas.
Por lo tanto, en Palenque contamos con una muy buena cantidad de este último elemento, que puede servirnos para los efectos de realizar "swaps" con empresas argentinas. No es casualidad que una de las compañías importantes en la zona: METHANEX, se esté surtiendo, fundamentalmente, del gas que provee ENAP a través de los trabajos de exploración y explotación que ejecuta allí.
Estoy en contra de la iniciativa, señor Presidente, porque cuestiona, en forma bastante seria, las facultades de la Primera Mandataria, y también, de modo indirecto, la propiedad de los hidrocarburos por parte del Estado, aunque se diga lo contrario. La lógica jurídica lleva a concluir, indefectiblemente, que se generan las condiciones para una privatización. El proyecto establece una fórmula en que el Estado pierde su rol preponderante.
Lo cierto es que en todas partes del mundo; en todos los países competitivos, incluidos los capitalistas altamente desarrollados, la propiedad estatal del petróleo es uno de los elementos estratégicos que se mantienen como una parte esencial de su desenvolvimiento.
En América Latina no se trata solo del caso venezolano, sino también del brasileño y del mexicano (PEMEX), que son paradigmas relevantes del papel que pueden jugar estas empresas.
Teniendo presente que la ENAP ha cumplido adecuadamente su rol -quizás puede mejorar su efectividad, en particular en el plano de la exploración-, que se ha diversificado y que constituye una empresa clave para el sistema energético chileno, nos parece esencial respetar esa situación.
Por ello, tal como lo hice en la Comisión de Minería, voy a votar en contra de la iniciativa.
Eso es todo, señor Presidente. Y gracias por el tiempo que me otorgó.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.- En primer lugar, quisiera que en la presentación de los proyectos no se efectuaran determinados énfasis a la Mesa por parte de la Secretaría, pues, en el fondo, aparece, de alguna manera, como orientándonos o dándonos a conocer su posición personal, lo cual estimo que no conviene.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Es todo lo contrario, señor Senador.

El señor HORVATH.- Lo digo con mucho respeto.
Además, usted es experto en Derecho Minero, señor Secretario.
Señor Presidente, aquí se han entregado innumerables antecedentes y, por otro lado, se ha señalado enfáticamente que Chile no posee gas ni hidrocarburos en cantidad suficiente. Por lo tanto, no veo cuál es el peligro de que las futuras opciones puedan ser prospectadas también por empresas de carácter privado.
Sabemos que, en su matriz energética, nuestro país registra una fuerte dependencia -y así seguirá ocurriendo por algunos años- de combustibles de origen fósil, en su gran mayoría importados. Por lo tanto, no negarse a la posibilidad de llevar a cabo nuestras propias prospecciones y, en forma paralela, desarrollar de modo adecuado las energías renovables, además de estudiar toda la otra gama tendiente a diversificar la matriz, resulta altamente positivo.
Por ello, independiente de que algunas personas deseen que la ENAP permanezca muy cerca del Gobierno de turno, conviene abrirse, desde luego, a aprobar la reforma constitucional propuesta.
Me parece que sería oportuno que la Comisión de Minería y Energía pidiera a la ENAP y a distintas compañías que nos explicaran cuál ha sido la experiencia de este sistema en otros países. Tal vez esa información pueda influir positivamente o como corresponda en la votación de los señores Senadores.
He dicho.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.

El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, estimados colegas, la reforma constitucional en análisis tiene por finalidad terminar con la reserva estatal de los hidrocarburos y permitir su concesión a privados.
El punto ya lo habíamos examinado, porque el proyecto se relaciona con uno tratado hace algunos meses, donde se proponía que los contratos especiales de operación se regularan por ley y no por decreto supremo, como señala la Constitución. Se trata de los CEOP a que hizo referencia el Senador señor Núñez.
Como expresé en esa oportunidad, ambas iniciativas son distintas en la solución propuesta, pero coinciden en el objetivo de abrir a privados la exploración y explotación de hidrocarburos.
Asimismo, se asientan en dos premisas básicas: entender, primero, que los particulares desarrollan esta clase de actividades en forma más eficiente que el Estado; y segundo, que solo la propiedad, la concesión o un estatuto general y estable les aseguran confiabilidad para emprender proyectos mineros o energéticos en el territorio.
El abordar dichas materias implica llevar adelante una definición fundamental, de naturaleza jurídica, política y económica, en torno a la propiedad de este tipo de riquezas.
Lo que se plantea en la presente reforma -mucho más grave que la regulación legal contemplada en el proyecto ya debatido- es, derechamente, dejar atrás un estatuto en el que todos los sectores políticos han estado de acuerdo por muchas décadas y en especial en los últimos cuarenta años: el de la reserva estatal de ciertas riquezas básicas.
Pienso que eso es inadecuado, señor Presidente.
Las hipótesis sobre las cuales se asienta el texto en análisis no son efectivas y -peor aún- no resuelven el problema. Así se ha indicado.
En efecto, la crisis energética que vive Chile tiene como protagonistas casi exclusivamente a los privados. Y son privadas las empresas nacionales de distribución de gas y también las que lo proveen desde Argentina. Lo mismo sucede con quienes nos abastecen de electricidad.
Por las razones expuestas, sostener que el asunto se soluciona o mejora por el solo hecho de conceder mayores atribuciones a los particulares es un simplismo que no resiste ningún análisis.
La experiencia comparada nos muestra que muchos países han avanzado en solucionar este tipo de problemas desde la lógica del Estado empresario y de la participación de privados en asociación con este. Es la misma fórmula planteada en nuestra legislación, en la cual juzgo que se debe perseverar.
Así lo manifestó también el Senador señor Núñez. Actualmente, en Magallanes se hallan en curso diversos proyectos asociativos. Su Señoría habló de nueve.
Con fecha 13 de noviembre de 2007, por medio de la resolución exenta Nº 1.766, el Ministerio de Minería adjudicó la licitación a distintas empresas, las que se encuentran explorando y explotando los siguientes bloques: Tranquilo, Russfin, Porvenir, Brótula, Isla Magdalena, Otway, Coirón, etcétera. Vale decir, ya hay una asociación entre la Empresa Nacional del Petróleo y los privados.
Creo que si alguna lección hemos obtenido de la situación que Chile ha vivido en los últimos años a consecuencia de las restricciones de gas proveniente de Argentina es que dejar librada la materia al arbitrio exclusivo del sector privado es un grave error. El margen de manejo de crisis que otorga el contar con una empresa exploradora, explotadora y distribuidora de hidrocarburos es evidente y no puede desaprovecharse.
Como lo he planteado en otra iniciativa legal, soy partidario de ampliar y no de restringir el rol del Estado y de la Empresa Nacional del Petróleo. En efecto, considero que, en lugar de terminar con la reserva fiscal de los hidrocarburos o de regular por ley la participación de privados, lo que debería ocurrir es que el Presidente fundamentara por qué no acometer las inversiones a través de la citada empresa pública.
Antes que privilegiar la inversión privada considero indispensable incrementar la participación de la ENAP en la explotación y comercialización de hidrocarburos. Actuar en otro sentido es afectar su continuidad.
Y me alegro de que se concrete el criterio expuesto, porque la Empresa Nacional del Petróleo se encuentra realizando en estos momentos grandes inversiones en la Región de Magallanes. No se trata de las que efectuaba tradicionalmente, sino de la destinación de más de 100 millones de dólares a dar un nuevo impulso a la política energética que tanto se requiere, a fin de que ojalá haya gas para satisfacer las necesidades, no solo de la zona, sino también de todo el país.
Anuncio que votaré en contra, señor Presidente.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, en esta oportunidad voy a intervenir, básicamente, para fundamentar mi voto, pues ya hice uso de la palabra en una sesión anterior.
Solo deseo exponer algunos planteamientos sobre el tema, el primero de los cuales dice relación a que nos hallamos en medio de una crisis energética y a que se requieren decisiones de envergadura, porque la verdad es que estas no se están adoptando. Y una de ellas es invertir fuertemente en la exploración y explotación de hidrocarburos.
¿Qué nos dicen las autoridades de Gobierno hoy día? ¿Qué soluciones nos proponen? Que debemos comprar ampolletas de menor consumo. Frente a un cambio de matriz urgente y necesario que se requiere, ¡lo que conocemos de parte de las autoridades es una campaña para comprar ampolletas...!
Y ello es lamentable, porque cabría esperar, después de las tres crisis vividas en la última década -sequía en 1998; suministro insuficiente de gas argentino, y, recientemente, sequía y escasez de gas-, que se hubiera cambiado la matriz energética. Se debería haber sacado algún tipo de lección en orden a contar con una mucho más estable, segura, autónoma y diversificada. Y, desgraciadamente, lo anterior no ha ocurrido.
¡Las hidroeléctricas en Aisén, pendientes! ¡La aplicación de energía nuclear, pendiente! ¡Los hidrocarburos, sin pronunciamiento, en circunstancias de que se abre una vasta posibilidad de explorar y explotar!
En esta materia ni siquiera se quiso dar un paso tímido a fin de perfeccionar los contratos especiales de operación petrolera, para que no fueran discrecionales y existiera mayor objetividad en las reglas del juego. ¡No pasó absolutamente nada, señor Presidente! No prosperó la reforma presentada con ese propósito, que no cambiaba el régimen jurídico que hoy día rige, de acuerdo a la Constitución, en materia de hidrocarburos.
Y aquí, a mi juicio, el ejemplo es objetivo. ¿Qué habría pasado en la minería sin propiedad sobre la concesión y habiéndose dejado solamente a CODELCO desarrollar la actividad? La realidad sería radicalmente distinta, en particular en las zonas mineras. Lo más probable es que estaríamos con explotaciones bastante inferiores a las que hoy exhibe el país, porque las inversiones de esa naturaleza, de esa envergadura, necesitan seguridad jurídica y es evidente que el estatuto en vigencia no ha incentivado ni la exploración ni la explotación.
No sé, señor Presidente, qué piensa ENAP. La vemos en Egipto, en Ecuador, en Perú. Pero ¿qué está haciendo en Chile, al margen de los CEOP, en los que recientemente ha avanzado mucho más?
En mi concepto, la reforma constitucional es esencial, indispensable. Resulta fundamental tomar decisiones de envergadura. Y, tal como ha ocurrido con CODELCO y con la propiedad sobre la concesión, lo cual ha incentivado la inversión en materia minera y se ha logrado compartir la privada con la estatal, ¿por qué no hacer lo mismo con relación a los hidrocarburos, ámbito en que podría cambiar de manera muy profunda la realidad en beneficio de todo el país? Y ello, sin alterar, incluso, la existencia de la empresa estatal, como aquí se ha planteado, porque en el ánimo de quienes presentamos el proyecto no está el privatizarla, sino, simplemente, proporcionar mayor seguridad y certeza jurídicas para que se puedan efectuar las inversiones necesarias en el sector.
Creo que es oportuno abordar hoy el proyecto, porque estamos en una etapa de definiciones. Y la verdad es que abrigo la convicción de que no estamos tomando decisiones en materia de energía. Y eso, señor Presidente, a la larga va a pesar en el costo que deberán pagar todos los chilenos, y tanto los sectores productivos como los residenciales.
En consecuencia, es básico abocarse hoy a la cuestión -repito-, independiente de cuál sea el resultado. Pero sigo sosteniendo que el país no está tomando decisiones de envergadura.
¡No sigamos vendiéndole a la población la idea de que para solucionar el problema energético es preciso comprar ampolletas de menor consumo eléctrico!
Insisto en que se debe tratar el tema a que se refiere la reforma de la Carta, las centrales de Aisén y la energía nuclear, pero, lamentablemente, ninguno de esos aspectos se está considerando.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En votación el proyecto.
Tiene la palabra para fundar su pronunciamiento la Senadora señora Alvear.
--(Durante el fundamento de voto).

La señora ALVEAR.- Señor Presidente, expreso desde ya mi voto negativo a la enmienda constitucional.
En efecto, creo que el marco regulativo existente es absolutamente adecuado para favorecer la exploración y explotación de las fuentes de estos recursos. Tanto es así que se puede apreciar que empresas privadas trabajan en esa dirección.
El actual sistema no desincentiva de manera alguna la inversión privada. Lo que sucede es que los hidrocarburos no son un recurso abundante en nuestro territorio y, por ello, los contratos especiales de operación no son tan numerosos y hay poco interés en solicitarlos. De hecho, cuando se observa que el precio del petróleo aumenta, el número de contratos también lo hace.
Como ya lo han expuesto otros señores Senadores, el señor Ministro de Minería manifestó en la Comisión que en una reciente licitación se adjudicaron nueve contratos a grandes empresas petroleras mundiales, lo que supondrá una inversión de alrededor de 260 millones de dólares en los próximos años solo para los efectos de exploración.
En todos los países, señor Presidente, el Estado tiene un rol preponderante como propietario de los hidrocarburos. Las normas constitucionales vigentes configuran un marco apropiado para el ejercicio de estas actividades.
Cuando en Chile comenzaron las dificultades en el abastecimiento de gas argentino, el papel que jugó la ENAP fue fundamental al ayudar en la coordinación de los escasos recursos con que se contaba en ese momento y, también, para los efectos de determinar la necesidad de construir una planta de GNL en la localidad de Quintero, en la Quinta Región, a fin de diversificar nuestra matriz energética. En ese contexto, la existencia de una empresa a través de la cual el Estado tenga esta posibilidad permite una mayor flexibilidad ante eventualidades como las que hemos debido afrontar.
Aquí se ha dicho que se requiere diversificar la matriz energética. Estoy ciento por ciento de acuerdo con ello. Además de resultar deseable, entonces, el uso de energías limpias, ciertamente debemos tomar una decisión respecto de las plantas hidroeléctricas de Aisén; tenemos que adoptar una definición -el Gobierno ya lo ha asumido- en cuanto a iniciar estudios acerca de la viabilidad de la energía nuclear en nuestro país y de la exploración de otras alternativas.
Estoy a favor de diversificar nuestra matriz energética, de que haya distintas fuentes. Y me parece fundamental el rol que cumple la ENAP en Chile, razón por la cual no creo necesario modificar la Constitución en esta materia.
Voto que no.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ávila.

El señor ÁVILA.- Señor Presidente, sobre esta iniciativa proyecta su sombra, bastante tenebrosa por cierto, la experiencia del cobre.
Desgraciadamente para los intereses del país, a lo largo de los últimos dos años se ha ido produciendo, de manera imperceptible para el conjunto de la ciudadanía, la desnacionalización de nuestra riqueza básica. No olvidemos que la nacionalización del cobre se aprobó con el concurso de todos los sectores políticos, por la unanimidad del Congreso Nacional. Ahora el Estado de Chile solo controla un tercio; el resto pertenece a la gran minería privada, con gran injerencia de las transnacionales del metal rojo.
¿Cómo ha llegado a producirse eso, que parece un absurdo, un contrasentido? Muy simple: mediante una forma jurídica que al final resultó para los inversionistas más favorable que si tuvieren la propiedad privada de los yacimientos. Se trata de la denominada "concesión plena".
Si el Estado deseara nacionalizar dichos minerales por cualquier motivo en ese nuevo marco jurídico, habría de pagar no solo sus instalaciones, sino además toda la probable producción existente, todas las reservas. En suma, tal objetivo se hace por completo impracticable. El Estado no podría ejercer el derecho de expropiar por utilidad pública, por ejemplo, o por otra razón inobjetable desde el punto de vista del interés nacional. Por lo tanto, queda impedido de ejercer una potestad que ningún otro Estado aceptaría que le arrebataren.
La iniciativa en análisis surge al amparo de esa experiencia.
Por supuesto, jamás podría contar con el voto favorable de alguien consciente del daño irreparable ocasionado respecto de nuestra principal riqueza natural: el cobre.
En vista de lo anterior, no queda más alternativa que impedir que prospere una reforma de esta índole. Ello, por la amarga y lamentable experiencia de nuestro país con relación al cobre, debido a la desafortunada aplicación de una argucia jurídica en la que -hay que reconocerlo- ninguno de los Gobiernos de la Concertación reparó, pues simplemente se dejaron deslizar por este tobogán, que no conduce a mejorar la posición de Chile, sino solo la de unas cuantas transnacionales.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Romero.

El señor ROMERO.- Señor Presidente, hemos estado leyendo las referencias a una intervención que esta mañana realizó el Jefe de Gabinete, don Edmundo Pérez, sobre la modernización del Estado.
Paradójicamente, hoy en esta Sala hemos escuchado argumentos que no van precisamente en esa dirección, sino en un sentido contrario y, más bien, añejo.
Si miramos lo que ocurre a nuestro alrededor, en América Latina, apreciaremos lo que ha venido sucediendo, por ejemplo, con la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia. Allí, la ineptitud y la ineficiencia productiva en el marco de una nacionalización realizada con parámetros añejos han llevado al incumplimiento de acuerdos contractuales convenidos legítimamente con Brasil y Argentina. A la vez, el costo de tales explotaciones se ha duplicado.
Lo anterior no resulta coherente con lo que ha hecho Brasil. Me habría gustado invitar a este debate a la ex Ministra de Minería y Energía de ese país señora Dilma Rousseff, con quien tuve ocasión de conversar. Ella fue una verdadera revolucionaria en sus tiempos. Para enfrentar la crisis energética brasileña, creyó oportuno hacer lo que plantea esta reforma constitucional: abrir a la iniciativa creadora de los privados un área que se encontraba reservada al Estado, que simplemente había dejado postrado el desarrollo energético del gran país que es Brasil.
Parece absurdo escuchar hoy hablar de los poderes fácticos. ¡Si los únicos que hoy presionan para que algunos Senadores estén en contra de la modernización son los poderes fácticos de los sindicatos del cobre, de ENAP, que mandatan a sus representantes para oponerse a esta iniciativa!
Por eso, considero paradójico que, mientras el Ministro Pérez Yoma habla de modernizar el Estado, otros se encuentren defendiendo lo indefendible.
Se habla de la planta de GNL en Quintero. Su costo inicial de instalación era de 500 millones de dólares y hoy supera los mil millones; es decir, la cifra se duplicó. Ahora el valor del millón de BTU pasó de cinco a diez dólares.
En definitiva, se está defendiendo lo indefendible.
Siento profundamente que este debate no tenga la recepción, ni la percepción, ni la intuición de quienes debieran estar abiertos a enfrentar una crisis energética, la que, como bien se ha señalado, no se resuelve comprando o distribuyendo ampolletas de bajo consumo.
Creo que cometemos un crimen de lesa patria cuando no somos capaces de levantarnos de nuestras propias miserias. Porque a veces lo de las nacionalizaciones y lo de las explotaciones por parte de la empresa privada no son más que eslóganes sin ningún fundamento.
Suscribiré el proyecto en debate junto con otros señores Senadores en el convencimiento de que Chile tiene que modernizarse, pero desde la raíz. No cabe decir que nos vamos a modernizar y seguir siendo dirigidos y comandados por las directivas sindicales de quienes buscan resolver un montón de problemas más bien de corte interno, en circunstancias de que debiéramos preocuparnos de los de carácter nacional.
Por lo expuesto, voto a favor.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, la modernización del Estado planteada por el Ministro Pérez Yoma, entre varios otros, en el debate no se relaciona con quien explota los recursos naturales no renovables en una sociedad, como creen algunos, pues tal asunto tiene que ver con las definiciones estratégicas de un país como el nuestro.
Plantear que la coyuntura de la crisis energética justifica per se este proyecto de reforma constitucional me parece equívoco. No cabe duda de que existe tal crisis y de que el cambio en los patrones de consumo de los ciudadanos forma parte de la solución, aunque no es toda la solución. Pero vale la pena decir que, si la gente no toma conciencia de la gravedad del problema, este se agudizará. ¿En qué sentido? En que, en la actualidad, los principales consumidores de energía no son los usuarios residenciales. Cabe darse cuenta de que la economía nacional depende de la producción energética. Todos somos responsables de usar lo generado en la forma más eficiente posible; todos estamos conscientes de que se pueden explorar alternativas. Y en eso existe un tremendo consenso.
La mayoría de nosotros somos partidarios de que se discuta y se investigue bien acerca de las opciones de los recursos hídricos, y que estas se compatibilicen con otros intereses nacionales, como el turismo o la reserva de territorios para las futuras generaciones.
Por lo mismo, también estamos abiertos a que se realicen estudios sobre energía nuclear.
Todo eso hay que hacerlo.
La discusión en torno de esta reforma constitucional, a mi juicio, es otra.
Hoy el Estado no carece de fondos para efectuar nuevas exploraciones en materia de hidrocarburos, ni para avanzar en su explotación. Tampoco le faltarían para hacer lo propio con los recursos mineros.
Tengo la convicción de que, si varios de quienes eran autoridades en el momento en que se aprobó la participación de privados -en forma, a mi parecer, excesiva- en la minería del cobre y otras hubieran sabido lo que antes no se conoció, habrían tomado una decisión distinta y no dejado la mayor parte del recurso estratégico en manos de extranjeros, que poco aportan al país, incluso en materia de impuestos.
Señor Presidente, pienso que el debate que permitió, en forma unánime, nacionalizar el subsuelo fue tremendamente importante, en términos estratégicos, para Chile.
Hoy la discusión apunta a si deberíamos, incluso, revertir determinadas concesiones mineras -es la opinión que tenemos algunos-, como un interés estratégico nacional. Se trata de un asunto que, a juicio nuestro (los socialistas), se halla abierto. Y creemos que no está dentro de dicho interés el que más del 65 por ciento de la producción del cobre se encuentre en manos foráneas o de empresas privadas, y fuera del control de todos los chilenos.
Tenemos grandes dudas sobre lo que fue la política de hecho adoptada en torno de los derechos de aguas y lo que ello implicará como plan estratégico.
Y estamos seguros de que, en materia de hidrocarburos líquidos y gaseosos, está fuera de dicha estrategia abrir espacio para concesiones a privados. Sí somos partidarios de que se intensifique la exploración y la explotación de tales recursos. En la actualidad, el Estado cuenta con dinero para ello.
Por lo tanto, en verdad no entiendo cuál es el interés estratégico que plantea esta iniciativa para el país. Comprendo que sus autores actúan de buena fe. No deseo que se malentiendan mis palabras, porque no se trata de mirar hacia atrás, sino hacia delante.
Voto en contra del proyecto de reforma constitucional mientras no escuche argumentos más convincentes.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Vásquez.

El señor VÁSQUEZ.- Señor Presidente, el número 24º del artículo 19 de la Constitución dice: "El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas.".
De no existir la excepción constitucional de los hidrocarburos líquidos y gaseosos, hoy nos encontraríamos con que este supuesto "dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas" tendría el mismo destino que el resto de los materiales minerales y no minerales, los cuales -hablando con franqueza- hoy pertenecen a privados. Porque, como existe una ley de concesiones mineras que otorga al concesionario la misma calidad que al propietario, por la vía legal -con carácter orgánico constitucional- en realidad dejamos sin efecto, sin aplicación y como una linda, hermosa y muy clara disposición programática¿

El señor ÁVILA.- Retórica.

El señor VÁSQUEZ.- ¿ y meramente retórica, como dice el Senador señor Ávila, este "dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible" de los minerales.
Digámoslo con claridad porque o planteamos las cosas como son o nos estaremos mintiendo: con este proyecto de reforma constitucional se busca traspasar al sector privado la explotación de hidrocarburos líquidos o gaseosos.
Y nada me extrañaría que el día de mañana se hablara acerca de la inconveniencia de que ENAP sea una empresa estatal.
Resulta que ese argumento lo escuchamos en forma reiterada, persistente y contundente hace dos años respecto de CODELCO. Y se dieron explicaciones sobre el particular, y hasta se indicó el precio de dicha empresa: entre 20 mil y 25 mil millones de dólares.
Sin CODELCO, hoy día el Estado no tendría, como fondos especiales, sobre 25 mil millones de dólares, ni se calcularía que a fin de año contaremos con 35 mil millones de dólares gracias a la política de superávit estructural.
Señor Presidente, dicha Corporación constituye la demostración de por qué debemos votar en contra de esta iniciativa.
Y así me pronuncio.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, por la misma razón por la cual presenté un proyecto de ley -se encuentra en la Comisión de Minería- que establece que los metales estratégicos radiactivos deben ser declarados inconcesibles y solo explotables y comercializables por el Estado, considero que la iniciativa en debate, que pretende incorporar la participación de privados en la explotación de hidrocarburos, no parece fundamentada en ninguna de sus partes.
Todas las crisis energéticas han dependido de los privados. En 1981 se privatizó -se regaló a dicho sector- la generación de energía eléctrica. Sin embargo, no invirtieron. Algunos dicen que ello se debió a que no existían los incentivos. Pero era su responsabilidad hacerlo.
El mercado funciona con oferta y demanda. Hoy día hay una gran demanda.
Pero en aquel momento no invirtieron, no apostaron.
Por lo tanto, presentar como solución al problema energético que los privados ingresen a la explotación de hidrocarburos ratifica lo que he llamado "la nula capacidad de ENAP para invertir, para atreverse". Tomó la decisión de buscar petróleo en Egipto y de invertir en Arabia Saudita, en lugar de hacerlo en Latinoamérica.
Sí coincido en que no puede ser el Ministerio de Hacienda el que determine cuánto invierte ENAP. Porque actualmente no es la gerencia de esta última la que define esto, sino dicha Cartera, cuando lo permite.
De hecho, ha autorizado a la referida empresa a invertir en Egipto, en Arabia Saudita, y no en Venezuela, a pesar de contar con grandes posibilidades de explotar y refinar petróleo en países mucho más cercanos, en América Latina.
Por tanto, creo que deberíamos fortalecer ciertas situaciones. No se requieren privados para robustecer a la ENAP, por ejemplo, en el ámbito de generar una alianza estratégica con Venezuela o en explotar gas con Bolivia.
Si deseamos robustecer y diversificar el aspecto energético, se precisan algunos esfuerzos, reales, que se alejen -frente a un acceso al mar de Bolivia, sin soberanía- de nacionalismos añejos y trasnochados, a fin de lograr el gas que tanto necesitamos.
Quiero decir a los señores Senadores que el problema no se resuelve con incorporar a los privados y pedirles que hagan exploración de petróleo cuando este escasea o es casi inexistente en Chile. Efectivamente, la cuestión no se soluciona de esa manera, a no ser que la iniciativa contenga proyectos rentables que desconocemos.
Establecer la calidad de ídolo al sector privado o asignarle capacidad creadora y todo lo que pueda resultar beneficioso, es tan absurdo como atribuir lo mismo al Estado. Porque ambos tienen problemas a la hora de definir proyectos y de lograr asertividad y eficacia. Aquel ha demostrado ser ineficiente; pero el sector privado, particularmente en esta área, también ha hecho gala de lo mismo.
En este sentido, introducir una enmienda a una excepción que garantiza que el Estado puede hacer este tipo de exploraciones e incorporar a particulares, no resulta conducente ni agrega mayor eficiencia al proceso.
Por lo tanto, creemos que lo procedente es fortalecer a la ENAP. Esta hoy día debería ser parte de la matriz de generación energética y tener mayor autonomía, debiendo el Estado invertir mayores recursos. Hemos dicho que es necesaria más investigación en geotermia, como también mayor investigación e inversión en energía alternativa.
Incorporar a los privados a la explotación de los hidrocarburos líquidos o gaseosos no es parte de la solución, sino del negocio. Aquí lo que se requiere es resolver el problema energético y, en definitiva, integrar a quienes eventualmente generarán mayor producción de hidrocarburos tanto líquidos como gaseosos les va a representar una fuente de lucro.
El Estado está en condiciones de invertir -así lo han dicho varios señores Senadores- y disponemos de recursos para ello, pero se necesita una decisión política que no pasa por incorporar a los particulares, sino por mantener una firme decisión del Gobierno de destinar mayores recursos, a través de la ENAP, a la investigación, la cual hoy en día no se desarrolla, particularmente en el caso de la geotermia. Esta, en mi opinión, representa una alternativa extraordinaria en un país eminentemente volcánico y que, por cierto, puede resolver su demanda energética por esa vía. Sin embargo, se requiere más inversión.
Reitero: no se trata de convertir al Estado en un ídolo. Este ha fallado porque no ha habido la decisión política de invertir más a través de la ENAP. Pero el asunto no se soluciona incorporando a los privados, sino fortaleciendo más la capacidad y autonomía de esa empresa y destinando mayores recursos para la investigación y desarrollo de toda la matriz energética.
Voto en contra.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.

El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, en verdad no era mi intención participar en este debate; pero, frente a algunas intervenciones, voy a precisar algunos de los puntos planteados.
Me sorprende escuchar expresiones que deben entenderse como enteramente trasnochadas. En mi opinión, sobre el particular hay experiencias que pueden ilustrar en forma notable lo que ha significado el aporte de los privados y determinar cuándo se dan las condiciones para que estos generen riqueza.
Aquí se ha utilizado casi en sentido contrario la experiencia minera nacional. Chile, en su momento, tuvo a la gran minería del cobre completamente nacionalizada, gracias a una normativa que otorgó garantías para participar en un área donde se requieren grandes inversiones a fin de descubrir el mineral. Porque algunos dicen: "Mire, el mineral es tal o cual". Bueno, lo es cuando se encuentra y cuando la gente que invirtió fue capaz de explotar una mina.
Hoy el país tiene la suerte -no la desgracia, como lo plantean algunos- de que el sector privado produzca el 65 por ciento del cobre. Y hace algunas décadas el Estado, a través de CODELCO, era dueño del cien por ciento de la gran minería. En la actualidad llega al 35 por ciento, lo que se traduce en que dicha Corporación, siendo una empresa fiscal, esté entregando importantes recursos al Erario y que se puedan realizar grandes inversiones destinadas a derrotar la pobreza. Esto se debe a que ahora el gasto se focaliza en los más pobres y no en andar buscando cobre, por cuanto hay gente que se encuentra dispuesta a arriesgar sus recursos para tal objetivo. Así, hoy día tenemos una mayor recaudación.
Se suscitó una gran polémica con respecto al royalty minero para ver cuánto aportaban las empresas mineras privadas.
Y se concluyó que en la actualidad el superávit anual del país se justifica, prácticamente, debido al cien por ciento de lo que recauda el Fisco por concepto de aporte de la minería privada.
Aquí se habla de que no tenemos hidrocarburos ni petróleo. Pero hay oro negro. Lo que pasa es que los estatistas no permiten las exploraciones. ¡Ese es el problema! ¿A quién le quieren guardar el petróleo?
¿Por qué no se deja que inviertan los privados? Les aseguro que lo más probable es que encuentren petróleo.
En aquellos países donde los particulares han participado, no hay crisis energética.

El señor ORPIS.- ¡En Brasil, por ejemplo!

El señor LONGUEIRA.- Efectivamente, los privados en ese país acaban de descubrir yacimientos extraordinarios.
Y los socialistas y los estatistas dicen que no hay petróleo en Chile. ¡Sí lo hay, señores Senadores! ¡Permitan que lo busquen!
A eso apunta esta reforma.
En consecuencia, me asombra lo que se manifiesta. Yo encuentro que el nivel de argumentos que aquí se da es realmente sorprendente, en circunstancias de que tenemos un ejemplo claro de lo que nuestro país ha hecho con la gran minería, lo que ha permitido realizar inversiones extraordinarias, las cuales justifican el crecimiento económico de Chile y permiten actualmente una gran recaudación por concepto de impuestos. Si no fuera por ellas, el Estado no la percibiría.
Ahora, se pueden construir cientos y miles de viviendas gracias a esos tributos.
Pero también se habla de una crisis energética. Y yo les pregunto: ¿qué temor hay de que los particulares puedan invertir, arriesgar y encontrar petróleo? ¿Cuál es el problema? Lo único que van a generar es riqueza y más independencia energética frente a otros países. Sin embargo, se argumenta: "No, ello no es posible, porque los privados, los `malvados', no pueden invertir. Y, por lo tanto, hay que decir a todos que no tenemos petróleo en Chile".
Señores Senadores, ¡estamos frente a "visionarios" que saben lo que existe en el subsuelo de nuestro territorio!
No tengo duda alguna en afirmar que, si esta reforma se aprueba, va a haber inversiones y que en algún tiempo más los privados nos entregarán petróleo, generando riqueza, ingresos y mayor independencia energética del país.
Me sorprende, sinceramente, escuchar discursos que no están en esa línea. Algunos, incluso, han insinuado -o más que eso han señalado claramente- que ya no se puede nacionalizar y que no es posible expropiar. ¡Dios quiera, señor Presidente, que no sean mayoría¿!
El problema de ellos radica en que tienen que definirse: o están contentos con lo que hace el Gobierno, o vuelven a poner en práctica lo que intentaron hace 40 años.

El señor NÚÑEZ.- ¡Hace 30¿!

El señor NAVARRO.- ¡Claro¿!

El señor LONGUEIRA.- Por tanto, quiero decirles que no repitan en esta Sala aquello que trataron de hacer en su momento, respecto de lo cual en los pasillos nos dicen que están arrepentidos.
¡Eso no ha resultado en ninguna parte del mundo! ¡Por favor, no vuelvan hacia atrás!
No voy a pedir que cambien el voto -porque no lo harán, pero sí que no se pronuncien en contra.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, solo intervengo porque el debate sobre esta materia tiene una larga historia en el país. Se me viene a la memoria cómo se hicieron las cosas en el pasado y las posibles consecuencias que podría acarrear el aprobar una reforma constitucional de esta naturaleza.
Yo intento definirme como una persona estatista, pero no en los términos peyorativos que usan habitualmente algunos señores Senadores. Sobre todo cuando uno se percata de que la empresa privada también ha aportado recursos para solucionar el problema de quienes he defendido durante muchos años de mi vida.
Sin embargo, tengo muy claro que no puedo votar favorablemente la reforma constitucional que nos ocupa. Y no puedo hacerlo por considerar que el asunto de fondo no solo consiste en quién puede generar riquezas, sino también en cómo estas se usan.
No obstante ello, estoy absolutamente convencido -por lo que ha pasado en los últimos años- de que el mecanismo de un régimen de empresa privada con libertad para invertir ha ayudado a Chile. Y sería torpe no reconocer que ha contribuido a la generación de riqueza, al crecimiento, etcétera.
Para mí aquí hay una cosa mucho más fundamental.
Cuando las grandes fortunas se concentran en manos de cuatro, cinco o seis grupos -lo que genera la llamada "concentración del poder económico"-, ello termina siendo una influencia nefasta para el desarrollo político abierto, claro y transparente de nuestro país.
Y, tal como se han venido sucediendo las cosas, sus consecuencias no me gustan.
Así como el Honorable señor Longueira se refiere al asunto en análisis con extremo humor, yo también diría que es bastante humorístico lo que nos ha sucedido: crecemos, pero no nos desarrollamos, por lo menos según la concepción que Su Señoría ha predicado durante mucho tiempo en su partido.
Yo no quiero más concentración económica ni deseo que el país termine siendo poseído por empresas foráneas o chileno-extranjeras, pues ahí también está implicada la seguridad nacional, la que, para muchos, es irrelevante en asuntos de esta naturaleza.
Pero a mí sí me importa.
Mucho de lo sucedido en Chile proviene de eso. Y no solo ahora ni 40 años atrás. Hace 90 años, las grandes crisis del siglo pasado fueron motivadas, entre otras cosas, por la lucha del país para no ser dependiente de empresas que usaban su riqueza con el afán de intervenir políticamente. Así sucedió también desde la crisis de 1891 en adelante.
Es otra manera de ver las cosas.
Porque unos analizan el asunto en debate desde la perspectiva de cuánto se produce y otros, de a quién pertenecen los medios productivos. Para mí, es mucho más importante saber cómo se distribuye la riqueza en Chile.
¡Los futuros conflictos de nuestra democracia no estarán motivados en cuánto tenemos, sino en cómo lo hemos repartido! De no corregirse el modelo de desarrollo, vendrá la gran crisis de la sociedad chilena.
Nadie está pidiendo que desaparezca la empresa privada ni que los inversionistas no obtengan beneficios. Pero, ¿qué ha pasado, señor Presidente? Ya lo hemos experimentado con ocasión del análisis de otras materias: cuando hemos intentado llegar a acuerdos -entre comillas- sociales o reales con la Oposición, en que ganemos todos pero que también contengan cierta decencia en la repartición, no ha sido posible alcanzarlos.
Y tampoco hemos conseguido que dejen de pensar que los propietarios del dinero poseen la capacidad de incidir y de hablar como si fueran los dueños de Chile.
Son argumentos que considero mucho más importantes que los otros.
Y aunque los miembros de la Alianza sustentan otra visión del asunto -cosa que considero legítimo, si no seríamos un solo partido y no lo somos-, podemos alcanzar los consensos necesarios. Pero tenemos visiones antropológicas, sociales y económicas distintas.
Voto en contra de esta reforma constitucional.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?


El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se rechaza el proyecto de reforma constitucional, por no haberse reunido el quórum constitucional requerido (18 votos a favor, 14 en contra y dos abstenciones).
Votaron por la afirmativa la señoraMatthei y los señores Allamand, Arancibia, Cantero, Chadwick, Coloma, Espina, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Romero y Zaldívar.
Votaron por la negativa la señora Alvear y los señores Ávila, Escalona, Gazmuri, Girardi, Gómez, Letelier, Muñoz Aburto, Naranjo, Navarro, Núñez, Ominami, Ruiz-Esquide y Vásquez.
Se abstuvieron los señores Pizarro y Sabag.




Adecuación orgánica y procedimental
de justicia de familia


El señor PROKURICA (Vicepresidente).- A continuación corresponde continuar con la discusión particular del proyecto de ley que crea los Tribunales de Familia.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4438-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 89ª, en 6 de marzo de 2007.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 53ª, en 2 de octubre de 2007.
Constitución (segundo), sesión 5ª, en 1° de abril de 2008.
Hacienda, sesión 5ª, en 1° de abril de 2008.
Discusión:
Sesiones 55ª, en 3 de octubre de 2007 (se aprueba en general); 7ª, en 2 de abril de 2008 (queda pendiente su discusión particular).

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Señores Senadores, a las 18:19 termina el Orden del Día. El proyecto en debate tiene pendientes solo tres votaciones.

El señor NÚÑEZ.- Veámoslo ahora.

El señor GÓMEZ.- Dejemos sin efecto Incidentes.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Restan solo 9 minutos para el término del Orden del Día.
Como la iniciativa se ha debatido mucho, propongo votar en el primer lugar de la tabla de la sesión ordinaria de mañana.


El señor PÉREZ VARELA.- ¿Señor Presidente, me permite?

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la palabra, Su Señoría.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, no tengo inconveniente en que nos pronunciemos en la sesión ordinaria de mañana.
Sin embargo, el debate de la semana pasada generó cuestionamientos sobre una norma en particular: el artículo 4º bis nuevo.
En dicha discusión no estuvo presente el Ministro de Justicia -hoy se encuentra en la Sala- y como considero fundamental tener su respuesta antes de votar, quiero comprometer su asistencia para mañana y, de ese modo, lograr que nuestras objeciones sean satisfechas.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Propongo a la Sala conceder los 9 minutos que restan del Orden del Día al señor Ministro de Justicia para que conteste las preguntas formuladas en el debate anterior. De ese modo, mañana solamente votaríamos.

La señora ALVEAR.- De acuerdo.
El señor GÓMEZ.- Conforme.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor MALDONADO (Ministro de Justicia).- Señor Presidente, el artículo 4º bis nuevo, discutido en la sesión anterior e invocado ahora por un señor Senador, dice relación al número adicional de jueces concordado entre el Ejecutivo y la Corte Suprema, a efectos de poder cerrar un debate técnico habido durante el año pasado, vinculado al número de magistrados necesarios para fortalecer orgánicamente la judicatura especializada en familia.
El proyecto actual del Ejecutivo sometido a vuestra decisión, consigna un total adicional de 95 jueces, un aumento en la dotación de 640 funcionarios y un incremento financiero del orden del 70 por ciento del gasto permanente en régimen.
Por consiguiente, acá ha habido un esfuerzo y un mejoramiento tremendamente importantes tanto desde el punto de vista orgánico como del soporte material de este nuevo sistema de justicia.
Nosotros y el país -estoy seguro que también Sus Señorías- esperamos ver publicada la ley muy pronto, hacer los llamados a concurso y empezar a trabajar en los nombramientos de jueces y de funcionarios.
Asimismo, es necesario implementar los cambios procedimentales aprobados tendientes a corregir aquellas falencias advertidas en su funcionamiento y a agilizar los procesos, de tal manera que los usuarios del sistema -muchos lo necesitan- puedan ver despachados sus asuntos en plazos más breves, que sean consistentes con sus pretensiones de que efectivamente se haga justicia en las causas tramitadas en esos tribunales.
En consecuencia, el artículo 4º bis suplementa aún más el aporte que ya el Ejecutivo había dispuesto.
Por otra parte, quiero reconocer muy especialmente el trabajo de la Comisión de Constitución y de la Subcomisión de Presupuestos del Senado, porque generaron las condiciones para que se produjera un incremento mayor de las dotaciones y para que se buscase un consenso técnico entre el Ejecutivo y la Corte Suprema en cuanto al número final de jueces que determina el proyecto.
Lo que hizo el artículo 4º bis fue agregar 37 jueces en un momento en que la diferencia técnica -que originalmente era mayor- se redujo solo a esa cantidad. De manera que mejora la propuesta en el sentido de fortalecer el sistema aumentando el número de magistrados.
En cuanto a los funcionarios asociados, quiero señalar muy claramente un concepto que quizás es sabido, pero no está de más repetirlo. En los nuevos sistemas de justicia orales, donde funcionan tribunales con pluralidad de jueces, los funcionarios administrativos no van asociados a ningún juez en particular, sino que forman un pool que da soporte y apoyo a los magistrados que componen el tribunal respectivo.
Por lo tanto, si alguien sostiene -no digo que alguno lo esté haciendo- que aquí habrá jueces que no dispondrán de personal, eso es imposible desde un punto de vista lógico, pues en el nuevo sistema la totalidad de ellos recibe el apoyo de todos los funcionarios del tribunal.
Lo que se debe hacer es elaborar manuales de gestión -la Corte Suprema se encuentra muy comprometida en ello, ya ha realizado algunos avances importantes al respecto- con el fin de optimizar el uso del recurso humano en tribunales, el cual comprende tanto a jueces como a funcionarios.
En tal sentido, dichos organismos serán unidades de trabajo donde se desarrollará un gran número de audiencias; donde se aprovechará el recurso tanto físico (salas de audiencias) como humano (juez y funcionarios), y donde, finalmente, una buena gestión, unida a las modificaciones procedimentales introducidas en este proyecto de ley y a los fortalecimientos orgánicos importantes producto de las cifras mencionadas, resulta bastante clara por el 70 por ciento de mayor financiamiento otorgado al sistema en régimen.
Esa es la iniciativa que la Sala está llamada a conocer y a pronunciarse mañana.
Con los antecedentes que he señalado, solicito nuevamente al Senado de parte del Ejecutivo la aprobación de dicha normativa, ya que con ello se pone término a una tramitación legislativa extensa, fruto del acucioso trabajo realizado sobre el particular.
Lo que todos deseamos -y también los usuarios- es que el proyecto se transforme en ley a la brevedad, ya que, a partir de su publicación, podremos observar un proceso de normalización y agilización del sistema.
Y, en caso de ser necesario, en el futuro mejorar aspectos puntuales que requieran nuevos fortalecimientos, por cierto que como Ejecutivo siempre estaremos disponibles. Pero, por favor, entendamos que se trata de una buena iniciativa, que el país necesita y que el sistema de justicia familiar demanda urgentemente su transformación en ley de la república.
Muchas gracias.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, en el debate de la sesión anterior sobre el particular, varios señores parlamentarios manifestaron en función de los antecedentes en poder de la propia Comisión su expresa reserva en cuanto a que este sistema, en las actuales condiciones en que se plantea la modificación propuesta, va a colapsar igual, argumentando que prácticamente la mitad de los nuevos jueces no cuenta con los respectivos funcionarios.
Por lo tanto, pregunto responsablemente de manera directa al señor Ministro si con esta modificación legal relativa al número de jueces y de funcionarios nos da garantías que el sistema de tribunales de familia va a funcionar satisfactoriamente o de nuevo estaremos en presencia de otro colapso en algunos meses más.
He dicho.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, deseo recordar las palabras de la señora Margarita Herreros, quien participó en la discusión del proyecto en representación de la Corte Suprema de Justicia. Ella fue categórica en señalar que, si bien había acuerdo respecto del número de jueces que incorpora el artículo 4º bis nuevo, no estaba conforme en que dicha norma no acompañe la cantidad de funcionarios correspondientes, porque finalmente no va a permitir a los magistrados efectuar el trabajo técnico en una audiencia.
Si los juzgados de familia no disponen de personal técnico, llámense asistentes sociales, psicólogos, etcétera, es obvio que su labor no la podrán realizar y nuevamente tendremos problemas con la denominada justicia familiar.
Es más, la señora Herreros manifestó que muchas veces los tribunales de familia deben recurrir a informes de asistentes sociales de municipalidades, y que, por lo tanto, su obtención queda entregada al tiempo que demore su confección y a la voluntad de esos organismos. Lo mismo expresó respecto de documentos de carácter psicológico o periciales, como los que debe emitir el Instituto Médico Legal.
Por lo tanto, la Ministra Herreros fue clarísima en señalar que, de no dotarse a los nuevos tribunales del personal técnico suficiente, el inconveniente persistirá, pues nos encontramos frente a un stock de causas no tramitadas, donde existe un atraso evidente y una molestia indiscutible en la población.
En definitiva, aquí otra vez no estamos resolviendo el problema planteado, sino incubando uno diferente, y propiciando un nuevo descontento en materia de justicia familiar.
Gracias.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Señores Senadores, como ha terminado el tiempo destinado al Orden del Día, propongo a la Sala postergar por 10 minutos la hora de Incidentes a fin de que puedan intervenir los Senadores señores Navarro y Gómez, que ya estaban inscritos para hacer uso de la palabra; y el señor Ministro de Justicia, que desea responder las consultas formuladas.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, sólo deseo formular algunas consultas al Ministro.
El proyecto, en sus artículos 4º y 1º, específicamente, establece una ampliación -bienvenida, por cierto- en el número de jueces de diversos tribunales.
En particular, el numeral 2) del artículo 1º consagra un aumento bastante importante en la cantidad de jueces de tribunales con asiento en diversas comunas. En la Región que represento, figura la de Los Ángeles, pero no Talcahuano ni Concepción.
Al respecto, deseo preguntar por el criterio utilizado¿

El señor PÉREZ VARELA.- Es que Su Señoría no estuvo en la Comisión.

El señor NAVARRO.- Si el aumento en la cantidad de jueces se debió a los Senadores presentes en la Comisión de Constitución, es bueno el antecedente, porque comenzaremos a asistir a dicho organismo para pedir las ampliaciones que nos interesan.
Sin embargo, sobre el particular quiero señalar que el número de causas en el tribunal de familia de Talcahuano y su distribución con relación a la cantidad de jueces es, sin duda, proporcionalmente superior a muchas otras comunas en las cuales se ha incrementado el número de magistrados.
Entonces, consulto por qué si en Talcahuano tenemos cerca de mil causas por juez no se aumentó la cantidad de jueces. Ello se hizo presente en su oportunidad. Desconozco si el Senador señor Sabag -que me acompaña en la circunscripción- representó la situación. Pero en definitiva, no se adicionaron más magistrados para dicha comuna.
En la materia planteada, deseo pedir al Ministro mayor claridad, porque siento que a Talcahuano debió habérsele dado tal aumento por las mismas razones que se le concedió a innumerables comunas, como a Quilpué, Villa Alemana, Casablanca, Los Andes, San Felipe, Quillota, Limache, Rancagua, San Fernando, Santa Cruz, Curicó, Los Ángeles, etcétera.
En Los Ángeles se subió de cuatro a cinco jueces, en circunstancias de que el número de causas que ve el tribunal allí existente es inferior al de Talcahuano, y, por lo tanto, señor Ministro, la recarga para los magistrados de esa última comuna, en estricto rigor, no resulta concordante ni justa.
Por eso, quisiéramos una explicación al respecto.
Al parecer, las votaciones pendientes no se efectuarán ahora. Pero como el problema ya lo he hecho presente con anterioridad, quiero ver la posibilidad de encontrar una solución, porque si el criterio del aumento planteado se relaciona, de modo riguroso, con el numero de causas pendientes asignadas a los jueces, Talcahuano supera ampliamente a Los Ángeles, comuna que subió de cuatro a cinco la cantidad de magistrados.
El caso de Talcahuano es el que se debería revisar.
Entonces, señor Presidente, pediría al señor Ministro que contestara mi pregunta.
¡Si es necesario que esté ahí, voy a estar, Senador Pérez Varela...!

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.

El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, primero, voy a dejar una constancia para la historia de la ley.
El proyecto sobre tribunales de familia modifica el artículo 8º de la ley Nº 19.968, sobre la competencia de estos.
Entre otros cambios, en él se suprime la letra b) del Nº 15) del artículo 8º, para sustraer del ámbito de la justicia de familia asuntos que son de índole patrimonial, aminorando así la excesiva carga de trabajo que pesa sobre estos juzgados.
Sin embargo, se mantiene la norma que estaba en la letra c) del Nº 15) del citado artículo 8º, que asigna competencia a los tribunales de familia en las causas relativas a la declaración y desafectación de bienes familiares y a la constitución de derechos de usufructo, uso o habitación sobre aquellos.
Para un recto entendimiento de estas enmiendas, conviene dejar constancia en este debate, a efectos de la historia fidedigna del establecimiento de la ley, de que ellas no afectan las atribuciones de los jueces de familia, en cuanto estos seguirán siendo competentes para otorgar las autorizaciones judiciales solicitadas en el marco de la letra c) del Nº 15) del artículo 8º de la ley Nº 19.968, que, por cierto, abarcan las autorizaciones solicitadas en virtud del artículo 144 del Código Civil.
Por lo tanto, propongo que se acuerde esta constancia para los efectos de la historia de la ley.
En relación con el tema del personal, asunto que se ha discutido en varias sesiones, es cierto que el articulado es complejo. No obstante, es posible apreciar que, por ejemplo, en tribunales con 8 jueces, para los cuales se había fijado una planta de 29 funcionarios, con esta nueva modificación -en que se agregan 598 nuevos cargos-, van a quedar con 40 funcionarios. O sea, de 29 pasan a 40. Y así sucesivamente. Por lo tanto, no es que un juez quede sin ningún tipo de personal, porque se crean nuevas plazas. Y estoy hablando de los tribunales de la Región del Senador señor Orpis, que quedan con 40 empleados y no con los que originalmente había. Así se lo dije también al Honorable señor Pérez Varela.
En todo caso, este documento, que es oficial y se halla en la Secretaría de la Comisión, se va a repartir a Sus Señorías para que vean cómo quedan los juzgados de familia con esta nueva distribución de personal. No es lo óptimo, como se señalaba en el proyecto original, pero hay más funcionarios.
Quería dejarlo en claro, señor Presidente.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.- Por razones de tiempo, señor Presidente, solo le haré presente al señor Ministro que la comuna de Aisén de la Región que represento -manifesté mi inquietud por la vía de la indicación-, requiere de un tribunal de familia, por el gran número de causas que allí se originan y por la dispersión rural que exhibe la comuna. La verdad es que el de Coihaique se encuentra absolutamente sobrepasado, lo mismo que el tribunal múltiple que funciona en este momento en Puerto Aisén.
Ahora, formalmente el señor Ministro ha contestado que va a reforzar el tribunal existente con dos jueces, pero entendemos que esa es una solución provisional, hasta que se cree el juzgado de familia en Puerto Aisén.
Gracias.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor MALDONADO (Ministro de Justicia).- Señor Presidente, en mi anterior intervención ya me referí a algunas de las consultas que se han formulado.
Primero, sobre los "jueces sin funcionarios", quiero insistir en que resulta indispensable comprender la lógica de la nueva justicia que se ha venido implementando en Chile, con un rol destacadísimo del Parlamento, la cual presenta paradigmas distintos a los de la justicia anterior.
En efecto, ya no estamos ante el tribunal tradicional, con un juez que es como el dueño de casa y que tiene una dotación de funcionarios a sus órdenes. La nueva justicia supone tribunales pluripersonales, un pool administrativo de apoyo e, incluso, un administrador, que es el gestor del tribunal -no el juez-, un profesional del área de la gestión que establece cómo debe funcionar ese tribunal para optimizar su rendimiento y su productividad.
Esa es la lógica de la nueva justicia que se ha ido implementando en el área penal y, recientemente, en el campo laboral. Se intentó en el ámbito de familia, pero con magros resultados. Por eso estamos tramitando este proyecto: para mejorar el sistema.
Esa es la lógica de funcionamiento.
Entonces, se puede tener alguna inquietud sobre la cantidad de funcionarios que soportan adecuadamente las necesidades de apoyo de determinado número de jueces; sin embargo, en la nueva justicia, resulta inapropiado, conceptualmente, hablar de "jueces sin funcionarios". Ningún juez tiene funcionarios. Lo dije en mi primera intervención y lo reitero ahora.
El proyecto sobre el cual Sus Señorías deben pronunciarse, que fue trabajado muy detalladamente en las Comisiones de Constitución y de Hacienda del Senado, incrementa de manera significativa el número de funcionarios: de 1.067 se pasa a casi 1.700 en todo Chile. Creo que es el aumento de personal más grande que se ha hecho en el sistema de justicia.
Por lo tanto, que después de eso -de ese trabajo muy en detalle, de la labor realizada para definir una tipología de tribunales y determinar cuál es el número de funcionarios adecuado en cada categoría de tribunal- de alguna manera quede la sensación de que se está despachando un proyecto de "jueces sin funcionarios", no me parece apropiado. De verdad entiendo la inquietud, en el sentido del interés que muestran los señores Senadores en que esto funcione bien y no se repitan los problemas que pretende solucionar esta iniciativa, pero yo llamo a comprender la lógica de los nuevos sistemas y a tener cuidado con expresiones como esas, que, en el fondo, en cierto modo desvirtúan el fruto de un trabajo legislativo sumamente serio realizado por la Cámara de Diputados y por el Senado para transformar el presente proyecto en una buena ley, que efectivamente alivie la situación de los juzgados de familia y mejore su calidad de atención a los usuarios.
El aumento de funcionarios, como ya dije, es superior al 60 por ciento. Y eso lo considero bastante significativo. Cuando se dice "jueces sin funcionarios" se está, lamentablemente, en mi opinión, haciendo una afirmación errónea en lo conceptual y una afirmación injusta en cuanto al incremento material que significa la iniciativa sometida al conocimiento de Sus Señorías.
Voy a poner un ejemplo concreto.
Tribunales que hoy tienen 22 funcionarios pasarán a contar con 31. Se les agregan dos o tres jueces y, además, 9 ó 10 funcionarios.
¿Alguien me puede decir que esa es una ley de "jueces sin funcionarios"?
En verdad, ese no es el punto. El punto radica en que hay una dotación adicional de jueces en el artículo 4º bis, que por disposición de la ley no se tomará en cuenta para los efectos de la tipología de tribunales, porque -insisto, y esta historia ya la conocen los señores Senadores que asistieron a las Comisiones de Constitución y de Presupuestos- la referencia a la Ministra Margarita Herreros, citada por el Honorable señor García, es efectiva, pero también lo es que en la misma constancia ella aclara que su observación la formula a título personal y no representa la opinión de la Corte Suprema, la cual estuvo de acuerdo con el Ejecutivo en que ese número adicional de jueces no afecta la dotación de funcionarios.
En consecuencia, reitero mis consideraciones anteriores y solicito la aprobación del proyecto.
Al Senador señor Navarro, quien consultó por qué el tribunal de Talcahuano no recibe incremento en esta iniciativa, quiero decirle que eso responde a definiciones estrictamente técnicas que -entendiendo y respetando la soberanía de la Sala para ver todas las materias- fueron explicadas por equipos especializados en las Comisiones específicas. En realidad, se trata de una cuestión de cálculos, de ecuaciones, de donde surgen determinado número y porcentajes de incremento según las cargas de trabajo correspondientes. Pero las cargas de trabajo, señor Presidente -y concluyo mis palabras-, no son el único factor....

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo del Orden del Día.

La señora MATTHEI.- ¡No puede ser!

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- El proyecto se votará mañana. Y será colocado en el primer lugar de la tabla.

La señora MATTHEI.- Señor Presidente, ...

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Señora Senadora, el tiempo ya ha sido prorrogado tres veces.
Yo les pido que en esto tengamos un poco de rigor, porque, si no, quién sabe a qué hora podemos terminar.
Ahora, si ustedes me sugieren que recabe la unanimidad de la Sala, yo no tengo problema.

La señora MATTHEI.- Yo quiero solicitar otra cosa, señor Presidente.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Pido el asentimiento unánime para prorrogar nuevamente el tiempo del Orden del Día a fin de permitir que todos intervengan.

El señor NAVARRO.- Con la condición de que se pueda fundamentar el voto en la sesión de mañana.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Eso siempre se puede hacer, señor Senador.

La señora MATTHEI.- Lo que deseo pedir, señor Presidente, es que se termine con este sistema en que los micrófonos se apagan. Eso es lo que estoy solicitando, y creo que ya es tercera, cuarta o quinta vez que lo pido.
Realmente, es una falta de respeto para quien está usando de la palabra. El Presidente del Senado siempre se puede imponer y siempre puede terminar un discurso que se alarga. Pero este sistema en que los micrófonos se apagan en forma automática, yo por lo menos lo encuentro vejatorio. Y por eso, señor Presidente, le pido que por favor vea si es posible cambiarlo.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Muy bien.
Cerrado el el debate.
La votación queda pendiente para la sesión ordinaria de mañana.
Terminado el Orden del Día
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VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
)---------------(
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor ESPINA:
A Su Excelencia la Presidenta de la República, transcribiéndole PETICIÓN DE DOÑA PAZ GUERRA FUENTES SOBRE AYUDA PARA HIJA VÍCTIMA DE ASALTO. Al señor Ministro Secretario General de la Presidencia y a la señora Ministra de Agricultura, solicitándoles información en cuanto a MECANISMOS PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE AGRICULTORES SIN TIERRA. Al señor Ministro de Obras Públicas, pidiéndole URGENTE CONCRECIÓN DE PROYECTOS "CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PUENTE CAUTÍN" Y "MEJORAMIENTO-REPARACIÓN DE PUENTE CAUTÍN RUTA S-11-R (LAUTARO). Y al señor Fiscal del Ministerio Público de La Araucanía, para que informe respecto a ESTADO DE INVESTIGACIÓN POR INCENDIO EN FUNDO SANTA ANA, DE TRAIGUÉN.
De los señores GARCÍA, ARANCIBIA, ESPINA, HORVATH, KUSCHEL, LARRAÍN, LONGUEIRA, MATTHEI, NOVOA, ORPIS, PÉREZ VARELA Y ROMERO:
Al señor Contralor General de la República, requiriéndole PRONUNCIAMIENTO SOBRE INTERVENCIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN ELECCIONES DE PARTIDO SOCIALISTA.
Del señor HORVATH:
A los señores Ministro del Interior y Secretario General de Gobierno y a la señora Ministra Presidenta de CONAMA, planteándoles IMPROPIEDAD DE PRONUNCIAMIENTOS PREVIOS DE MINISTROS INTEGRANTES DE CONSEJO DIRECTIVO DE CONAMA SOBRE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE AISÉN. A la señora Ministra de Salud y a la señora Intendenta de Aisén, pidiéndoles INSTALACIÓN DE CONSULTORIO CON MÉDICO RESIDENTE EN LA JUNTA. A la señora Intendenta de la Undécima Región y al señor Secretario Ministerial de Transportes de Aisén, solicitándoles, respectivamente, AUMENTO DE CUPOS DEL PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL Y OTORGAMIENTO DE PASES ESCOLARES ANTES DE INICIO DE CLASES. A la señora Subsecretaria de Bienes Nacionales y al señor Secretario Ministerial de Bienes Nacionales de Aisén, formulándoles planteamiento sobre DESTINACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA REGULARIZACIÓN DE TÍTULOS DE DOMINIO EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO.
Del señor ZALDÍVAR (don Adolfo):
A Su Excelencia la Presidenta de la República y a los señores Ministros de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social, haciéndoles ver INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISO DE GOBIERNO CON TRABAJADORES DE CONFENATS, FENPRUSS Y ASEMUCH EN MATERIA DE BENEFICIOS ESPECIALES PARA JUBILACIÓN. Y a Su Excelencia la Presidenta de la República y al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, solicitándoles MEDIDAS ANTE PROBLEMAS DE PENSIONADOS, JUBILADOS Y MONTEPIADAS DE SISTEMA PREVISIONAL ANTIGUO.
)------------------(

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- En Incidentes, en el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Senador señor García.


ABSTENCIÓN EN ARTÍCULO 4° BIS DE PROYECTO
MODIFICATORIO DE LEY SOBRE TRIBUNALES DE FAMILIA

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, usaré la hora de Incidentes para señalar al señor Ministro de Justicia -espero que se quede un minuto en la Sala- y a los colegas Senadores lo que no pude expresar durante la discusión del proyecto que modifica la ley que creó los tribunales de familia.
En la página 11 del segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento se dice textualmente: "La Ministra de la Corte Suprema, señora Margarita Herreros, protestó con vehemencia, a título personal y sin comprometer a dicha Corte ni al Poder Judicial, por la oración final del encabezamiento de este artículo 4° bis, que dispone que el número adicional de jueces que él señala no será considerado para determinar la dotación de funcionarios de los tribunales respectivos, a que se refiere el artículo 115 de la ley N° 19.968. Este último precepto señala un determinado número y composición de la planta de funcionarios de los juzgados de familia, directamente vinculado al número de jueces que integran cada tribunal, el que se definió sobre la base de la carga de trabajo estimada, que a la postre resultó duplicada en los hechos.".
Quiero recordar que el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, al inaugurar el Año Judicial, no cursó invitaciones a ningún miembro de este Parlamento -y entiendo que ello ocurre por primera vez en la historia de nuestro país-, lo que revela claramente una suerte de molestia de un Poder del Estado con otro; en este caso, del Judicial con el Legislativo.
Creo que hacer fuerza en las palabras de esa Ministra de la Corte Suprema, quien concurrió al Senado a la discusión del proyecto, no debe incomodar a nadie. Muy por el contrario, ellas deben ser tomadas en cuenta, porque, aun cuando la señora Herreros precisó que no comprometía con sus expresiones ni a la Corte ni al Poder Judicial, es obvio que habló por ambos, ya que en su representación vino.
Ahora bien, la ley Nº 19.968 determina el número y la composición de la planta de los funcionarios de los tribunales de familia. Entonces, no estamos respetando los términos de esa legislación. Y si luego, a pesar de las nuevas disposiciones, se registran problemas de atochamiento, de retraso en las causas de familia, una vez más serán el Ejecutivo y este Parlamento los que van a quedar mal.
Eso es precisamente lo que queremos evitar.
Por eso, señor Presidente, yo al menos voy a mantener mi abstención respecto del artículo 4º bis.
He dicho.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- El Comité Renovación Nacional no utilizará los minutos que le quedan.
El Comité Independientes no hará uso de su tiempo.
En el turno del Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Navarro, por 20 minutos.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, primero intervendrán los Senadores señores Naranjo y Núñez, y después yo ocuparé el tiempo que le reste al Comité Socialista y el del Partido Radical Social Demócrata.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Naranjo.


CONDENA A REPRESIÓN CHINA EN TÍBET

El señor NARANJO.- Señor Presidente, en las últimas semanas la opinión mundial se ha visto conmovida por los sucesos ocurridos en el Tíbet, donde, una vez más, pacíficos manifestantes que reclaman libertad, democracia y autodeterminación han sido duramente reprimidos por las tropas chinas.
Este no es un conflicto nuevo. Muy por el contrario, se ha arrastrado casi desde los orígenes del pueblo tibetano, cuyos primeros restos arqueológicos se remontan a 10 mil años antes de Cristo.
Será en el siglo VII después de Cristo que el Tíbet alcance su máxima expansión, llegando sus fronteras incluso al interior de China.
De esa fecha en adelante, una serie de reyes tibetanos firmaron diversos tratados con los gobernantes chinos, quienes poco a poco, ante el aumento de su poder militar, irán considerando a este pueblo como una nueva provincia.
En el siglo XVII, el Quinto Dalai Lama (Lobsang Gyatso El Grande) será proclamado Rey del Tíbet. Pero cometerá el error de suprimir el ejército, consiguiendo además, por parte del Emperador chino, que se reconociera la independencia total del país.
A comienzos del siglo XX, Inglaterra invade el Tíbet con el fin de que dicho país suscriba un tratado comercial con la India. La ocupación concluirá en 1906, cuando China e Inglaterra firman un tratado. En él, y sin tomar en cuenta la opinión del pueblo tibetano, Inglaterra reconoce la soberanía de ese país sobre el Tíbet a cambio del pago de una gran cantidad de dinero.
Es justamente a partir de esa fecha que se inicia el calvario del pueblo tibetano, que pasa de cierta autonomía a la ocupación abierta, en 1950, cuando las tropas de China comunista invaden su país.
En esa ocasión, y producto de la resistencia encontrada, China cederá, y se refrendará un tratado en el cual reconoce la autonomía y soberanía del Gobierno tibetano respecto a asuntos internos.
Sin embargo, esta solo será una política pasajera, ya que, al ir consolidando su poder, la República Popular China empezará a desconocer parte importante de aquel tratado y a impulsar una política destinada a destruir la identidad nacional, religiosa y cultural de los tibetanos, con el fin de alcanzar su asimilación.
A raíz de dicha política, en 1959 se producirá una sublevación nacional, apoyada y financiada -digámoslo para que quede constancia histórica- por Estados Unidos y otros países occidentales, en el marco de la denominada "Guerra Fría". El resultado será la muerte de cientos de miles de tibetanos y la huida del Jefe de Estado y Dirigente Espiritual, Dalai Lama, a la India.
Ante tal situación, la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre 1959 y 1965, emitió tres resoluciones, en cuyos fundamentos se condenó la violación de los derechos humanos por parte de China y se reconoció el derecho del pueblo tibetano a la autodeterminación.
Empero, el viaje del Presidente Richard Nixon a China, sumado al reconocimiento de esta como país integrante de la ONU y al término de la Guerra Fría, traerán como consecuencia práctica que la comunidad internacional deje de apoyar las legítimas aspiraciones del pueblo tibetano.
A ello se debe agregar el creciente desarrollo económico y comercial de China. Los derechos humanos del pueblo tibetano, su derecho a la autodeterminación, pasarán a segundo plano ante los grandes mercados que ofrece China para los productos de los países occidentales.
Esta política de "mirar para el otro lado" hará que China intensifique la represión.
Según diversas organizaciones de derechos humanos de reconocida seriedad, desde 1959 a la fecha un millón doscientos mil tibetanos han muerto debido a las políticas represivas y miles han tenido que salir al exilio o han pasado por campos de concentración.
En el plano cultural, más de 6 mil templos o monasterios han sido destruidos.
Llegará a tanto la represión que en 1981 Alexander Solzhenytsin se referirá a la política china en el Tíbet como "más brutal e inhumana que cualquier otro régimen comunista en el mundo".
Y no se puede negar que dicho intelectual ruso tiene autoridad moral suficiente para expresarse de esa forma, ya que comprobó "en carne propia" los rigores del régimen comunista en la Unión Soviética.
Por eso, señor Presidente, debido justamente a lo que está ocurriendo en China y porque soy partidario de la autodeterminación de los pueblos -principio establecido en la Carta Fundacional de la Organización de las Naciones Unidas-, considero inadmisible callar. No podemos "esconder la cabeza" como el avestruz para no ver la realidad. Hemos de alzar con fuerza y decisión nuestras voces para impedir un nuevo genocidio en el Tíbet.
Cualquiera que sea la fortaleza económica y comercial de un país, no puede anteponerse al respeto y promoción de los derechos humanos. Cuando están en juego las vidas de cientos de miles de personas, no es admisible actuar con doble estándar.
A lo mejor, uno podría imaginar que, si el Tíbet fuera una nación rica en petróleo o en minerales, la actitud de los países más desarrollados sería diferente. Pero, desgraciadamente, el pueblo tibetano es pobre y, por tanto, pareciera ser sacrificable.
Los chilenos conocemos lo que significan las violaciones a los derechos humanos. Por ende, nuestra política, si queremos ser coherentes, debe condenar la represión en China y apoyar la lucha del pueblo tibetano por su libertad y su autodeterminación.
Hace algunos días presenté un proyecto de acuerdo justamente para que el Honorable Senado condene la represión que se lleva a cabo en el Tíbet. Espero que sea respaldado por todas las fuerzas políticas, ya que sería una vergüenza que nuestro Congreso Nacional no se pronunciara sobre lo que ocurre en esa nación, más aún considerando que esta misma Cámara ha manifestado una clara opinión respecto a hechos mucho menores que suceden en Cuba y en Venezuela. No apoyarlo significaría actuar con un doble estándar inaceptable para quienes ocupan un cargo de representación parlamentaria tan importante como el de Senador de la República.
He dicho.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.


PRÁCTICAS ANTISINDICALES EN CORPORACIÓN
EDUCACIONAL SANTO TOMÁS. OFICIOS

El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, los luctuosos hechos que hemos conocido a través de la prensa nacional y que tuvieron como triste protagonista al fundador de la Universidad Santo Tomás, don Gerardo Rocha, no solo se han limitado al ámbito de las circunstancias que rodearon la muerte del martillero público señor Jaime Oliva: además, de este lamentable suceso se han desprendido otras situaciones que afectan a la vida interna de la Corporación Educacional Santo Tomás y a su Universidad.
La opinión pública nacional ha sido testigo durante este último tiempo de las denuncias que destacados miembros de dicha comunidad universitaria han formulado a los tribunales de justicia para esclarecer una serie de eventos probablemente delictivos en los que tendría participación el señor Gerardo Rocha, junto con su socio en el crimen, según consigna la propia Fiscalía: el señor Dante Yutronic.
Estoy al tanto de las denuncias hechas por el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Santo Tomás respecto a labores de espionaje a funcionarios de esta casa de estudios, las que habrían sido encargadas por Rocha a Yutronic, conforme a declaración judicial emitida por este último el 13 de marzo pasado.
Por la gravedad de tal situación, he comprometido mi respaldo a los dirigentes sindicales de esa Universidad en las acciones de denuncias emprendidas ante diversas autoridades gubernamentales.
Frente a ese escenario, que representa una muestra más que evidente de las prácticas antisindicales en que participó el fundador de la Universidad Santo Tomás para impedir el desarrollo y fortalecimiento de las actividades gremiales en su interior, dichos dirigentes emprendieron acciones legales en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago contra quienes resulten responsables del espionaje telefónico efectuado a trabajadores de dicha casa de estudios.
Prueba de ello es el testimonio de don Alfredo Riquelme, Presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Santo Tomás, quien sostuvo que tenía sospechas fundadas de espionaje telefónico en su contra desde hace algún tiempo -desde antes de que el señor Yutronic develara dicha situación en el marco del juicio por la muerte del señor Oliva-, lo que fue reconocido posteriormente por otras autoridades de ese establecimiento de educación superior, quienes señalaron que se gastaron ingentes recursos en la contratación de don Dante Yutronic.
La pregunta que cabe hacer es obvia: ¿de dónde salió esa inmensa cantidad de recursos? Lo más probable es que de los bolsillos de los padres y apoderados de los estudiantes de aquella universidad.
Cuando uno razona profundamente acerca de los alcances que ha tenido el denominado "caso Rocha"; del modus operandi bajo el cual se estructuró la aparente comisión de delitos, y de las trágicas consecuencias que tan ampliamente hemos conocido, no queda más que preguntarse cuáles habrían sido para los trabajadores y dirigentes de la Corporación Santo Tomás los efectos del espionaje realizado en su contra y qué medios de extorsión se habrían aplicado para impedir el ejercicio justo de la acción sindical encaminada a exigir, en las condiciones laborales o en la infraestructura, mejoras que durante años la plana mayor de dicho plantel ha desoído.
Aunque sea duro decirlo, la muerte de don Jaime Oliva sacó a la luz datos y antecedentes, y abrió otras aristas respecto a la conducta empresarial del señor Gerardo Rocha.
Sin embargo, la interrogante más amplia que nos hacemos es cuántos Rocha y Yutronic existen hoy en el país que no respetan las leyes ni la dignidad de los trabajadores y amedrentan a todo aquel que se atreva a exigir un mejor trato en el desarrollo de sus actividades laborales.
Los trabajadores y los dirigentes gremiales de la Universidad Santo Tomás han manifestado públicamente que, pese a esas acciones "gansteriles", continuarán con más fuerza que nunca en el desempeño de sus actividades sindicales, con la firme convicción de que situaciones como las descritas no los amedrentarán y, por el contrario, constituirán un impulso para avanzar con mayor decisión en la defensa de sus derechos.
Señor Presidente, en el caso que estoy comentando, el conflicto dejó de ser un problema de contratos y sueldos. Ahí se violaron la intimidad y la privacidad de los trabajadores, cuestión particularmente grave que amerita la exigencia de tutela de los derechos constitucionales amenazados.
Por ello, junto con denunciar la situación que afecta a los trabajadores y dirigentes sindicales de la mencionada Universidad, y habida consideración de los derechos conculcados, solicito que se oficie en mi nombre a los señores Ministros del Interior y de Justicia a fin de que se hagan parte en las acciones judiciales que llevan a cabo los dirigentes sindicales de la Universidad Santo Tomás y los familiares de don Jaime Oliva en contra del señor Dante Yutronic, toda vez que este habría violado o amenazado derechos expresamente garantizados por la Constitución Política de la República y distintas disposiciones legales que rigen en nuestro país para velar por la intimidad de las personas.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del Senador señor Núñez, conforme al Reglamento.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- En el turno del Comité Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el Honorable señor Navarro, por 8 minutos.

El señor NAVARRO.- También dispongo del tiempo restante del Comité Socialista.
Me referiré a dos materias, señor Presidente.


FALTA DE APOYO CREDITICIO DE BANCOESTADO PARA OPERACIÓN DE BELLAVISTA OVEJA TOMÉ. OFICIOS
Señor Presidente, es de conocimiento público la situación que ha afectado a Bellavista Oveja Tomé, empresa declarada en quiebra después de un largo y penoso trámite, que contó con la participación activa de los trabajadores, quienes incluso, para evitar dicho desenlace, llegaron a reducirse el sueldo en diez por ciento durante casi dos años.
Producida la quiebra, se nominó a un síndico y se han pagado los sueldos y las indemnizaciones de los trabajadores.
Sin embargo, pese a que el proceso se ha realizado con expedición y con fuerte apoyo del BancoEstado, lo concreto es que la comuna de Tomé, que ostenta el más alto índice de cesantía del país, requiere la continuidad del giro de la referida empresa, a fin de que siga produciendo las telas más finas de Sudamérica, famosas en el mundo entero y que se exportan a 84 países.
Lamentablemente, los esfuerzos que hemos realizado para atraer a inversionistas privados a los efectos de que adquieran Bellavista Oveja Tomé y posibiliten su continuidad se han visto frustrados.
Hoy, martes 8 de abril, en una reunión sostenida entre la Gerencia de Normalización de Créditos del BancoEstado y la Sociedad Textil del Pacífico se analizó el financiamiento necesario para poner en operación la ex planta textil Bellavista Oveja Tomé, accediendo, por cierto, esa institución bancaria a solventar la inversión de privados.
Debo recordar que dicha Gerencia de Normalización es la misma que, en febrero y marzo pasados, negó los créditos indispensables para la continuidad de la empresa en comento. En ese entonces, le manifestamos a su Gerente que, en definitiva, ello sellaría la quiebra de Bellavista Oveja Tomé, lo que costaría al Fisco decenas de millones de dólares. Y, además, le señalamos que BancoEstado, que les prestó 130 millones de dólares a los Luksic y ha llevado a cabo una misión que todos reconocemos, no podía abandonar a la referida empresa, porque de hacerlo iban a perder plata, al igual que el país, por cuanto se iban a gastar muchos millones de dólares en "procesos de reconversión", entre comillas.
Sin embargo, la iniciativa de la empresa postulante, compuesta por socios chilenos y argentinos, con 604 trabajadores que operarían en la planta -estamos hablando de crear igual número de empleos en un periodo de tres meses, dado que la maquinaria se halla en condiciones de producción inmediata-, a lo cual se sumarían la asociación de un grupo textil alemán, para instalar una nueva planta de hilados, que daría trabajo a más de 180 personas adicionales, y posteriormente la fábrica de confecciones, que contrataría 250 operarias, está a punto de fracasar por la negativa de la Gerencia de Normalización de Créditos del BancoEstado a otorgar el préstamo.
El capital requerido para la puesta en marcha de la planta asciende a 19,5 millones de dólares. De esa cantidad, Textil del Pacífico aporta 4 millones y se solicitaron a la institución bancaria dos créditos: uno por 8,25 millones de dólares y otro por 7,2 millones.
Debo agregar que la inversión está plenamente avalada por lo que representa la maquinaria, la más moderna de Latinoamérica, para la generación de material textil, y por los edificios, o sea, la infraestructura. Entonces, el riesgo es cero.
El dinero solicitado se destinará a pagar al BancoEstado lo que se le debe. En consecuencia, no hay transacción de fondos, por cuanto con el mismo importe del primer crédito se cancelará la deuda.
La mencionada entidad retiró todo tipo de apoyo a la iniciativa, ya que, según ha señalado, no quiere revivir la experiencia de Bellavista, y limitaría su participación al hecho de que la empresa postulante entregue garantías reales por sobre el monto solicitado y que fuesen, además, exógenas a la industria textil, esto es, sin encontrarse avaladas por recursos de esta.
Señor Presidente, esta contradicción es francamente inaceptable. Cuando en febrero y marzo recién pasados concurrimos, con representantes de la CORFO, para hablar sobre la situación de Bellavista Oveja Tomé, el señor Cristóbal Kaufmann, su dueño, expresó claramente que ponía su patrimonio personal como respaldo por los diez millones de dólares que se requerían en marzo de 2007 para darle continuidad a la empresa. Con la oposición de sus hijos y del resto de su familia, señaló que avalaba con su patrimonio personal -repito-, no con el de la empresa, el crédito para continuar. ¡Y este último no se lo dieron! ¡Y ahora que se quieren retomar las actividades, se responde que debe ser exógeno! No entiendo al Gerente de Normalización de Créditos del BancoEstado.
Lo que sí entiendo es que esto va a terminar muy mal. Lo que sí entiendo es que Tomé se encuentra golpeado por la desaparición de la merluza y que cientos y cientos de pescadores artesanales se hallan cesantes. Y siento que no se van a cumplir las promesas del Ministro Francisco Vidal y de la Presidenta de la República en el sentido de apoyar a Bellavista Oveja Tomé para que reanude el camino de crear mucho empleo y de ser una empresa de alta calidad.
Frente a la exigencia formulada, los inversionistas resolvieron, lamentablemente, no comprometer garantías exógenas. Tal hecho, a lo que se suma la proximidad del invierno, cuando se puede producir la consecuente oxidación de la maquinaria, hace inviable la posibilidad de reabrir la planta en el corto plazo. Los únicos interesados en darle continuidad a la industria han decidido dar un paso al lado y evaluar otras opciones. ¡Una pésima noticia para Tomé! ¡Una pésima noticia para la Región!
Bellavista hizo todo lo que debe hacer una empresa emprendedora. Invirtió más de 14 millones de dólares para adquirir la maquinaria más moderna del mundo, incluso más que de la de Italia. Por eso, sus telas se exportan y son las mejores. Si hizo todo lo necesario: modernizar, invertir, capacitar, y, producto del precio del dólar y del endeudamiento anterior -ya venía de una quiebra-, no salió adelante, ¿entonces qué empresa en la Región del Biobío podrá hacerlo?
¡Este es un problema de la zona, no entre privados, como señalaron algunas autoridades regionales!
Espero que la nueva Intendenta, señora María Angélica Fuentes, pueda tomar conocimiento de los antecedentes -pediré que se le envíe mi intervención-, pues ha mostrado una capacidad de atención que ojalá se profundice.
Deseo consignar que las noticias son pésimas para la Región, para los trabajadores. Parece que para obtener el apoyo del Gobierno se requiere ser grande. ¡Apoyamos a los grandes! ¡Concentramos la riqueza: a los grandes pesqueros, todo el pescado; a los grandes mineros, toda la minería del cobre! Es preciso hallarse entre los poderosos y ubicarse entre los más ricos para acceder a la posibilidad de que el Estado ayude al emprendimiento privado.
Retomo la idea de que debe ser el Estado el llamado a invertir en la Región que represento cuando los privados no quieran o no puedan hacerlo, tal como lo planteamos en 1995, en una modificación constitucional, y especialmente en relación con la provincia de Arauco. Ese debate se encuentra pendiente. Y voy a retomarlo en dicha Región -reitero-, porque, en este caso, se está actuando como el perro del hortelano: "No comes tú ni el amo". O sea, el Estado no quiere ayudar a los privados a invertir y les niega la posibilidad de hacerlo, y tampoco quiere invertir por su parte, como tal. Por cierto, esto último lo prohíbe la Constitución.
Como queremos cambiar la Carta, apoyamos la idea de una reforma y una Asamblea Constituyente. ¡Que la ciudadanía decida sobre el verdadero rol del Estado en la economía y el quehacer nacionales!
Finalmente, solicito que se haga llegar mi intervención al señor Vicepresidente Ejecutivo de CORFO; al señor Presidente del Directorio de BancoEstado; a la señora Intendenta de la Región del Biobío; al señor Gobernador de Concepción; a los señores Alcalde y concejales de Tomé.
Seguiremos insistiendo. No vamos a dejar que Bellavista Tomé cierre, que desaparezca. Haremos todo lo posible por traer nuevos inversionistas, y esperamos que el Estado lo favorezca, que no se oponga, que no se convierta en una muralla, en un barranco sin fin.
Lo anterior, a pesar del reconocimiento que hacemos al BancoEstado. Respecto al cumplimiento del pago de los dineros adeudados a los trabajadores, quiero ser muy enfático en que la nota debe ser un siete. En cuanto a la posibilidad de continuidad, se necesita más debate, lo que espero que se realice a la brevedad.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.


REBAJA DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO AL PAN. OFICIOS
En otro orden de cosas, señor Presidente, todos sabemos que Chile ha vivido una situación extrema con relación al pan. Los ciudadanos del sector ABC 1 consumen 98 kilos al año, cantidad solo superada por Alemania, país que ocupa el primer lugar en el mundo. En los estratos de ingresos básicos o mínimos la cifra puede ser entre 180 y 250 kilos. Constituye un alimento de primera necesidad.
Un estudio de LatinPanel reveló también que durante 2005 cada hogar consumió, en promedio, 208 kilos de pan y gastó 123 mil pesos anuales por familia en ello. En el Gran Santiago, que representaba 45 por ciento de la muestra del estudio, la cifra alcanzó el año pasado a 201,7 kilos, frente a los 197,9 de 2004. Es algo considerable.
El perfil del consumidor es definido: en sectores de más altos ingresos, menor consumo.
Lo claro es que el pan paga impuesto al valor agregado, lo que no siempre fue así. Recién en 1976 un decreto ley estableció que se cargara el IVA al pan, al agua potable y a la leche.
Cabe destacar que se trata de un tributo regresivo, pues lo paga cada consumidor -los empresarios lo descuentan por lo que compran- y afecta en particular a los más pobres.
En tal sentido, hemos insistido en la necesidad de llevar adelante un proyecto que reduzca o elimine totalmente el IVA al pan. Así ocurre en Francia, cuya tasa general es de 19,5 por ciento y de 5 por ciento la que grava el pan. En Ecuador es de cero por ciento. Y veinticinco países de Europa, a excepción de Dinamarca, aplican un IVA diferenciado, escalonado.
La máxima establecida por el Ministro señor Velasco en el sentido de que en Chile no puede haber un IVA diferenciado para ningún producto -por tanto, debe ser parejo para todos ellos- es una situación susceptible de ser remediada.
¡Y ello no es cierto! Porque sí existe un rubro en esa condición: las constructoras de viviendas de 100, 200, 500 y mil millones de pesos descontaban, por la vía de los materiales que emplean, 65 por ciento del IVA.
Ello lo corregimos hace poco tiempo en el Senado y dejamos el beneficio solo para las viviendas de precio inferior a 90 millones de pesos -porque no se diga que una casa de 300 ó 400 millones de pesos es una vivienda básica-, a fin de favorecer a los profesionales, a la gente de ingresos medios.
Por lo tanto, el impuesto diferenciado existe. La afirmación del señor Ministro de Hacienda no es efectiva.
Y Francia, por ejemplo, descuenta directamente al consumidor el costo del IVA.
En consecuencia, se hace necesaria una revisión al respecto.
No estamos de acuerdo con el argumento esgrimido por los técnicos del Ministerio de Hacienda en orden a que si se hace una excepción en este punto aumentará la evasión y se harán boletas de pan cuando se vendan otros productos de panadería. Sostener lo anterior es partir de un principio de análisis de mala fe y, sobre todo, subestimar la propia capacidad del Servicio de Impuestos Internos, que cuenta con todas las herramientas necesarias para sancionar la eventual ocurrencia de este tipo de infracciones.
Sin ir más lejos, recientemente hemos discutido en esta misma Sala acerca del beneficio que he señalado: disminuimos el IVA de las viviendas, y no han sido pocas las voces que se han levantado para abordar el tema. De este modo, también se ha propuesto una rebaja del impuesto en el caso de los alimentos, pues Chile es el único país del mundo -la Cámara de Diputados y el Senado han hecho la evaluación- en donde es parejo para todos ellos. Lo que se ha planteado en este ámbito es rebajar a 7 por ciento el correspondiente a los que componen la canasta básica familiar, por entenderse que el costo de los alimentos a nivel mundial ha aumentado hasta en 80 y 100 por ciento, debido, entre otras cosas, al cambio climático y al mayor cultivo de plantaciones para biocombustibles.
Por eso, señor Presidente, pido que se oficie, una vez más, a los señores Ministros de Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción, a fin de que evalúen la posibilidad de una rebaja efectiva con relación al pan. Eliminar el IVA en ese caso no es una medida populista, sino necesaria y que permitiría que su precio, el cual está llegando en Santiago a 900 y mil pesos, se redujera en 200 pesos, lo que sin duda es mucho más significativo que disminuir en 10 pesos los pasajes para el transporte público.
En el presupuesto de un hogar pobre se gasta 15 por ciento de todos los ingresos en pan -¡15 por ciento!-, por lo que estamos apelando a una medida que busca aliviar a ese sector en un consumo básico.
Pido que también se oficie en este sentido a la Presidenta de la República, además de los señores Ministros mencionados.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Honorable señor Horvath.


APOYO DE MINISTROS DE ESTADO A PROYECTOS DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EN AISÉN. OFICIOS

El señor HORVATH.- En primer lugar, señor Presidente, quiero referirme a expresiones del señor Ministro del Interior y del señor Ministro Secretario General de Gobierno en el sentido de apoyar los proyectos de centrales hidroeléctricas en la zona austral, específicamente en la Región de Aisén. "Basta que cumplan con la ley", según dijeron.
La verdad es que, si uno revisa la situación institucional, advierte que ambas autoridades forman parte del Consejo Directivo de la CONAMA. Por lo tanto, el día de mañana deberán evaluar los proyectos -estos y otros- y pronunciarse a favor o en contra o exigir aclaraciones o compromisos adicionales que, en alguna medida, pueden ser lesivos tanto para la Región como para el país.
Por ello, estimo que este tipo de declaraciones son desacertadas. Y lo vimos, tiempo atrás, con otro megaproyecto: el de la planta de aluminio en Aisén, con motivo de lo cual una serie de Ministros del Gobierno anterior aparecieron impulsándolo, e incluso, minimizando a la gente, ya que, según decían, se trataba de una zona donde no vivía nadie, por lo que la instalación no iba a tener impacto alguno.
Por otro lado, las regiones australes, y particularmente la Undécima, se han dado una serie de planificaciones con base legal, como son la zonificación del borde costero, el ordenamiento territorial y las estrategias de desarrollo regional. Y los Ministros deben respetar estas instancias.
Ahora, si uno revisa la realidad de Chile, descubre que disponemos de energías renovables más que suficientes y que nuestra situación es envidiable respecto de la de otras naciones. No necesitamos entrar en megaproyectos para resolver la cuestión de la energía. Solo en pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas tenemos una capacidad instalada potencial, entre la cota mil y la cota 500 -es decir, sin inundar ningún valle-, de 33 mil megawatts, tres veces la capacidad instalada del país. Si a eso sumamos los 500 volcanes -50 de ellos activos-, con la geotermia que encierran; la energía eólica, la mareomotriz, la solar, los biocombustibles, no podemos sino concluir que estamos en un territorio que tiene todas las posibilidades de resolver sus problemas, y en esa línea debieran estar empujando los Ministros que he señalado.
Por ello, es importante también que sepan pedir compromisos previos a este tipo de proyectos. Porque un número de valles de la zona austral, con los caudales correspondientes, han sido estudiados, por ejemplo, desde la época en que ENDESA fue estatal -estoy hablando de los años sesenta-, y el potencial que ahí se encierra llega a los 8 mil 500 megawatts, con un gran respaldo desde el punto de vista hidroeléctrico. Pero no podemos permitir un efecto dominó: que se empiece a hacer un proyecto y después otro y otro, sin ningún tipo de consideración previa. Necesitamos saber anticipadamente qué mecanismo de protección van a tener los valles, si hay perspectivas de desarrollo turístico, si van a ser dedicados a la conservación, si habrá proyectos que aprovechen racionalmente el bosque nativo, si se va a instalar población en ellos, si se hará agroindustria con calificación de natural, certificada como tal.
Todos estos aspectos deben ser previamente respetados y desarrollados. Antes de ello no es bueno -al contrario, es altamente negativo- que personeros de Gobierno se estén manifestando en una línea que atropella el derecho de los habitantes, no solo de la zona austral, sino también de todo el país.
Por esta razón, señor Presidente, solicito que se envíe copia de mi intervención a la señora Ministra Presidenta de CONAMA y a los señores Ministros del Interior y Secretario General de Gobierno, haciendo ver la conveniencia de que se abstengan en lo futuro de hacer este tipo de declaraciones.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Honorable señor Horvath, conforme al Reglamento.


ALTO ENDEUDAMIENTO DE POBLACIÓN DE AISÉN. OFICIO
En segundo término, señor Presidente, quiero referirme al alto nivel de endeudamiento con el Estado que se aprecia en la Región de Aisén. En efecto, de las más de 6 mil personas que se encuentran en esa situación, solo unas 500 se han acogido a los beneficios de la ley Nº 20.221, que permite, a través del Tesorero, condonar ciertas deudas y multas, así como renegociar en un plazo determinado.
En lo personal, me gustaría saber en qué medida las autoridades han divulgado tales beneficios a nivel regional, a fin de permitir a las personas acogerse a ellos. Porque se registró una intervención en ese sentido, pero solo a fines de marzo, cuando ya prácticamente quedaban días para el vencimiento de los plazos que establece esa normativa.
Además, se ha hecho referencia a la elaboración de un calendario de remates de bienes raíces para las distintas comunas de Aisén. Y creemos que eso es altamente lesivo para una Región que, por primera vez desde la colonización -nació como territorio administrativo del Estado-, está sufriendo las consecuencias de un sismo.
Por lo tanto, estimo que, junto con esta petición de antecedentes de divulgación, el Ministerio de Hacienda -y solicito oficio al respecto- debiera ver la posibilidad de estudiar una prórroga del plazo que he señalado.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:12.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe
de la Redacción