REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 356ª
Sesión 7ª, en miércoles 2 de abril de 2008
Ordinaria
(De 16:20 a 18:57)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ADOLFO ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE,
Y BALDO PROKURICA PROKURICA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor José Antonio Viera-Gallo Quesney y la Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer, señora Laura Albornoz Pollmann.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:22, en presencia de 15 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE EX SENADOR SEÑOR JAIME GUZMÁN ERRÁZURIZ
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En nombre de la Mesa, pido un minuto de silencio con motivo de conmemorarse esta semana el 17º aniversario de la muerte del ex Senador señor Jaime Guzmán Errázuriz.
Ruego a Sus Señorías ponerse de pie.
--La Sala guarda un minuto de silencio.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 3ª y 4ª, ordinarias, en 18 y 19 de marzo del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
Dos del señor Ministro Secretario General de la Presidencia:
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor García, sobre opiniones expresadas respecto de las labores y funciones que competen al Presidente del Senado.
Con el segundo acusa recibo de la comunicación del Senado a Su Excelencia la Presidenta de la República acerca de la elección de Presidente y Vicepresidente de la Cámara Alta.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Moción
De los Senadores señores Novoa y Coloma, con la que inician un proyecto de ley que modifica el Código Civil en lo relativo al cuidado personal de los hijos cuyos padres viven separados (boletín N° 5.793-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Comunicaciones
De la Comisión de Relaciones Exteriores, por medio de la cual informa que acordó acceder a la solicitud de formar el Grupo de Amistad Chile-India.
--Se toma conocimiento y se invita a los señores Senadores que deseen integrar dicho Grupo a inscribirse en la Secretaría de la Comisión de Relaciones Exteriores.
De la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, mediante la cual señala que eligió Presidente al Senador señor Ávila.
De la Comisión de Vivienda y Urbanismo, por la cual indica que eligió Presidente al Senador señor Naranjo.
De la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, por la que manifiesta que eligió Presidente al Senador señor Frei.
--Se toma conocimiento.
Permisos constitucionales
El Senador señor Letelier solicita permiso constitucional para ausentarse del país a contar del 2 de abril de 2008.
El Senador señor Muñoz Barra pide permiso constitucional para ausentarse del territorio nacional a partir del 2 de abril de 2008.
--Se otorgan.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminada la Cuenta.
CREACIÓN DE PROVINCIA DE MARGA MARGA
EN QUINTA REGIÓN
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea la provincia de Marga Marga y modifica el territorio de las provincias de Valparaíso y Quillota, en la Quinta Región, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5005-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 43ª, en 14 de agosto de 2007.
Informe de Comisión:
Gobierno, sesión 87ª, en 23 de enero de 2008.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El principal propósito de la iniciativa es crear en la Quinta Región la provincia de Marga Marga, compuesta por las comunas de Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización discutió el proyecto solo en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes (Honorables señores Bianchi, Núñez, Orpis, Pérez Varela y Sabag), en los mismos términos del texto que despachó la Honorable Cámara de Diputados.
El articulado se transcribe en el primer informe de dicho organismo técnico.
Corresponde señalar que los artículos 1º permanente y tercero transitorio son orgánicos constitucionales, por lo que para su aprobación se requieren, hoy, 19 votos conformes.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En discusión general y particular a la vez.
De acuerdo con el Reglamento, corresponden 5 minutos a un Senador que sustente el proyecto e igual tiempo a otro que lo impugne.
Para tales efectos, concederé la palabra a los Honorables señores Pérez Varela y Ominami.
El señor PÉREZ VARELA.-
Yo solo quiero solicitar a la Mesa que retire de la tabla de Fácil Despacho esta iniciativa.
Señor Presidente, estamos frente a un texto mediante el cual se modifica la estructura política y administrativa del país. Por lo tanto, se requiere un análisis mucho más profundo del que podrían efectuar dos Senadores en los 10 minutos que prevé el Reglamento para los proyectos incluidos en esa parte de la sesión.
Además, debo recordar a la Sala que, a propósito de la creación de las Regiones de los Ríos y de Arica y Parinacota, el Gobierno se comprometió aquí a entregar una propuesta sobre futuras modificaciones de la división política y administrativa del país, y asimismo, a no efectuar ninguna alteración al respecto.
Podemos tener un juicio de valor positivo sobre la iniciativa que nos ocupa; y por eso la votamos a favor en la Comisión. Pero no hay duda de que el Ejecutivo está en deuda respecto de un elemento fundamental para que el Congreso -y particularmente el Senado- avance en un debate sobre la división política y administrativa acorde con principios, valores, propuestas y programas.
Otra razón que me lleva a plantear la solicitud que he formulado, señor Presidente, es el abuso que de la buena fe de la Comisión de Gobierno hizo el señor Intendente de la Región de Valparaíso, quien le informó que los consejeros regionales habían estudiado el proyecto -en cumplimiento de las normas pertinentes de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional- y resuelto apoyarlo, lo que en la práctica no ha sucedido.
En consecuencia, la Comisión de Gobierno, por la unanimidad de sus miembros, resolvió representar lo ocurrido con el señor Intendente de la Quinta Región.
Así que, tratándose de una iniciativa relevante -mediante ella se propone crear una provincia-, nos parece que la discusión debe ser distinta de la que posibilita el hecho de que esté incluida en la tabla de Fácil Despacho.
Pienso que un proyecto de esta naturaleza tiene que ser discutido en el Orden del Día, porque no parece adecuado que en otras Regiones se observe que modificamos la estructura política y administrativa del país sin efectuar un trabajo coherente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
¿Su Señoría habla a título personal o en nombre de su Comité?
El señor PÉREZ VARELA.- En nombre del Comité UDI.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- De acuerdo con el artículo 88 del Reglamento, procede votar de inmediato la solicitud formulada, sin discusión.
El señor ROMERO.-
¿Puedo plantear una moción de orden?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, aquí hay una cuestión más de fondo: para la aprobación de este proyecto se necesita quórum especial, y, habiendo presentes en la Sala 19 Senadores, ella no se visualiza muy factible.
Por lo tanto, yo preferiría que dejásemos pendiente la iniciativa hasta la próxima sesión y que se colocara en primer lugar, pero no en Fácil Despacho.
El señor NARANJO.-
Deseo plantear una cuestión reglamentaria, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
De conformidad con el artículo 88 del Reglamento, si un Comité pide retirar un proyecto de la tabla de Fácil Despacho -lo acaba de hacer el Honorable señor Pérez Varela-, procede someter a votación el planteamiento de inmediato, sin debate.
En consecuencia, corresponde votar.
De aprobarse la solicitud, la iniciativa debe pasar al Orden del Día, sin que pueda ser incluida en la tabla de Fácil Despacho durante el resto de la legislatura.
Eso es todo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, tengo una duda reglamentaria.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
¿De qué se trata?
El señor NARANJO.-
Si hubo un acuerdo unánime de los Comités y de la Sala, ¿cómo un Comité modifica su postura después?
Y voy a poner un ejemplo.
En la sesión de esta mañana, cuando se cambió el procedimiento sobre distribución de los tiempos en sesiones especiales, yo le manifesté mi discrepancia porque, normalmente, en ellas los Comités disponen del mismo tiempo que tienen asignado en la hora de Incidentes. Y usted, señor Presidente, me dijo: "Fue un acuerdo unánime de Comités".
Sin embargo, ahora ocurre que, en cuanto a este proyecto, ayer hubo un acuerdo unánime de los Comités y de la Sala, pero de repente¿
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
No, señor Senador.
El señor NARANJO.- Ayer fue acordado por la Sala, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Claramente, con relación a esta iniciativa no hay un acuerdo de Comités.
Ahora, el Honorable señor Pérez Varela, como Comité, está haciendo ejercicio de un derecho reglamentario.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El señor Presidente, en uso de sus atribuciones, anunció para la tabla de Fácil Despacho de esta sesión ordinaria tres proyectos, que fueron incluidos en ella.
El Senador señor Pérez Varela pidió retirar de dicha tabla la iniciativa que crea la provincia de Marga Marga -no rechazarla ni aprobarla- e incorporarla en el Orden del Día.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En consecuencia, corresponde votar.
El señor OMINAMI.-
¿Me concede la palabra por 30 segundos, señor Presidente, antes de iniciar la votación?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Perdón, Su Señoría, pero¿
El señor OMINAMI.-
Es que este proyecto se puso en tabla por acuerdo de Comités, es una, en mi concepto, mala decisión.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
No fue decisión de los Comités.
El señor OMINAMI.-
¿No?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
No, señor Senador.
El señor OMINAMI.-
Entonces, me parece razonable la solicitud formulada, pues la creación de una provincia es algo suficientemente importante como para debatir en detalle e intercambiar puntos de vista.
En consecuencia, opino que habría que llamar a votar por la inclusión del proyecto en el Orden del Día.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Así es. La petición no tiene más finalidad que esa.
En votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba la solicitud del Comité Unión Demócrata Independiente (23 votos afirmativos) y, consecuencialmente, el proyecto es retirado de la tabla de Fácil Despacho y queda para el Orden del Día.
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Coloma, Espina, Frei, García, Gazmuri, Gómez, Horvath, Larraín, Muñoz Aburto, Naranjo, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide y Zaldívar.
ACUERDO CON COREA SOBRE RECONOCIMIENTO
DE LICENCIAS DE CONDUCIR
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del Acuerdo sobre reconocimiento mutuo de licencias de conducir entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y de Corea, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5452-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 85ª, en 22 de enero de 2008.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 89ª, en 5 de marzo de 2008.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El principal objetivo del proyecto de acuerdo es permitir el reconocimiento mutuo de las licencias de conducir.
La Comisión de Relaciones Exteriores discutió el proyecto tanto en general cuanto en particular y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Coloma, Muñoz Barra y Romero), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto.
--Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo.
NACIONALIDAD CHILENA POR ESPECIAL GRACIA A
SEÑOR JOSEF Neudorfer Schmidtmeier
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de ley, originado en moción de los Senadores señores Kuschel, Ávila, Bianchi y Escalona, que otorga, por especial gracia, la nacionalidad chilena a don Josef Neudorfer Schmidtmeier, con informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5496-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los Senadores señores Kuschel, Ávila, Bianchi y Escalona).
En primer trámite, sesión 67ª, en 20 de noviembre de 2007.
Informe de Comisión:
Derechos Humanos, sesión 3ª, en 18 de marzo de 2008.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía señala que el señor Neudorfer, nacido en Austria, llegó a nuestro país en 1956, asumió las funciones de Capellán en la Clínica Alemana de Puerto Varas y desarrolló diversas iniciativas de bien social, como la fundación de la Aldea de Niños SOS y el Albergue San José.
Agrega dicho documento que, en la actualidad, el señor Neudorfer dedica todos sus esfuerzos a la instalación de una ruta alternativa para los turistas, denominada "El camino de los últimos colonos".
La Comisión aprobó el proyecto tanto en general cuanto en particular por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Ávila, Chadwick, Kuschel y Naranjo.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En discusión general y particular
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto.
--Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo.
)-----------------(
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, antes de proseguir, ¿me permite plantear una cuestión reglamentaria?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Puede hacerlo, Su Señoría.
El señor ORPIS.-
En la sesión de ayer quedó pendiente la discusión de un proyecto de reforma constitucional que es relevante en materia energética y numerosos señores Senadores se hallan inscritos para intervenir. Es decir, su debate y votación están inconclusos.
Hoy, esa iniciativa aparece signada con el número 6 del Orden del Día, en circunstancias de que, reglamentariamente, debe ser tratada al comienzo, por ser esta la sesión siguiente.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
No, señor Senador.
De acuerdo con el Reglamento, prevalece un acuerdo unánime de Comités, que tiene la virtud de poder hasta modificarlo, y, a continuación, los asuntos calificados con urgencia, habiendo asignado el Gobierno el carácter de "suma", como Su Señoría puede observar en la tabla, a los cuatro proyectos anteriores al que menciona. En consecuencia, corresponde seguir tratando después esa reforma constitucional.
El señor ORPIS.-
Sin embargo, me llama la atención que la iniciativa que aparece con el número 1 no tenga urgencia y se haya alterado el orden.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Los Comités acordaron por unanimidad que se procediera de esa forma.
El señor ORPIS.-
Está bien. Pero quiero plantear un punto, señor Presidente, si no de Reglamento, al menos de orden.
Cuando la discusión de un proyecto queda pendiente y, además, hay parlamentarios inscritos, lo natural es que continúe, con prioridad, en la sesión siguiente, pero no que el asunto sea trasladado al sexto lugar.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Su Señoría, debo confesarle que comparto su criterio; pero para obrar así se requiere un acuerdo unánime.
En consecuencia, debo ceñirme a un procedimiento que no me parece lógico.
El señor ORPIS.-
¡Creo que deberíamos incorporar esta situación en algún artículo del proyecto que regula el lobby, normativa que ha sido objeto de un informe de Comisión Mixta que se tratará después, dado que muchas veces se realiza tal actividad para alterar la propia tabla¿!
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene doblemente la razón, Su Señoría.
El señor ORPIS.-
¡Sugiero aplazar el debate de esa materia a fin de contemplar una disposición en tal sentido¿!
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
¿Existe unanimidad en la Sala para proseguir, con preferencia, la discusión del proyecto de reforma constitucional que quedó pendiente en la sesión de ayer?
El señor PIZARRO.-
No.
La señora ALVEAR.-
No me parece.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
No hay acuerdo para alterar el orden de la tabla.
El señor ORPIS.-
Entonces, señor Presidente, que la iniciativa se coloque por lo menos en el primer lugar del Orden del Día de la próxima sesión, a fin de que exista algún grado de continuidad.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si no hay objeciones, se procederá en esa forma.
--Así se acuerda.
)-----------------------(
Regulación de lobby ante órganos de administración
del Estado y Congreso Nacional. Informe de
Comisión Mixta
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que regula el lobby, con urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3407-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 29ª, en 30 de agosto de 2005.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 51ª, en 11 de septiembre de 2007.
Informes de Comisión:
Gobierno, sesión 52ª, en 21 de diciembre de 2005.
Gobierno (segundo), sesión 37ª, en 31 de julio de 2007.
Constitución, sesión 37ª, en 31 de julio de 2007.
Hacienda, sesión 37ª, en 31 de julio de 2007.
Mixta, sesión 7ª, en 2 de abril de 2008.
Discusión:
Sesiones 53ª, en 21 de diciembre de 2005 (se aplaza su discusión); 56ª, en 4 de enero de 2006 (queda para segunda discusión); 60ª, en 7 de marzo de 2006 (se aprueba en general); 39ª, en 1 de agosto de 2007 (se aprueba en particular).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
La controversia se originó en el rechazo por la Cámara de Diputados, en el tercer trámite constitucional, de diversas enmiendas que introdujo el Senado.
Con todo, la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta (Senadores señores Bianchi, Núñez, Orpis, Pérez Varela y Sabag, y Diputados señores Burgos, Cardemil, Ceroni y Eluchans) acordó aprobar, en los mismos términos en que las había despachado la Cámara Alta, las normas contenidas en los artículo 1º, 3º, 4º -letras k), l) y m)-, 5º, 6º, 7º, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 26 y 29, y concentrar el debate solo en una proposición del Ejecutivo dirigida a modificar los artículos 2º, 11 y 15 permanentes y 1º y 2º transitorios.
En el informe de la Comisión Mixta figura la proposición destinada a resolver la divergencia producida entre ambas Corporaciones. Dicha proposición fue acordada por la unanimidad de los miembros presentes, con la sola excepción del artículo 2º bis, donde se abstuvo el Honorable señor Orpis. Esta disposición establece que toda persona que contrate los servicios de un lobbysta deberá informarlo en sus sitios electrónicos y a las autoridades encargadas de los Registros de Lobbystas.
Cabe consignar que la Cámara de Diputados ya aprobó la proposición de la Comisión Mixta en sesión de 1º del mes en curso.
Los artículos 2º, 11 y 15 y el inciso final del artículo 2º transitorio son orgánicos constitucionales, por lo que para su aprobación se requieren 19 votos favorables.
Sus Señorías tienen un boletín comparado dividido en cinco columnas, que transcriben el proyecto aprobado en primer trámite por la Cámara de Diputados; las enmiendas introducidas por el Senado en el segundo trámite; las normas rechazadas por la otra rama del Congreso; la proposición de la Comisión Mixta, y el texto final que resultaría de aprobarse esta última.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En discusión el informe de la Comisión Mixta.
Ofrezco la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, el informe viene a concluir un trabajo bastante arduo realizado por el Congreso Nacional y, en particular, por el Senado, a través de las Comisiones de Gobierno, de Constitución y de Hacienda, habiendo costado bastante ponerse de acuerdo.
Hoy tenemos sobre nuestros escritorios un texto que permite llegar a una decisión favorable, por lo que solicitamos su aprobación, así como la de las distintas materias que conlleva.
Debido al escaso tiempo de que dispongo para intervenir, me parece importante dejar algo en claro, para la historia fidedigna de la ley, respecto de la definición de "lobbysta", contenida en el artículo 2º, letra b). Como habrá lobbystas profesionales, cabe precisar que quedarán excluidos de ese concepto "los miembros de las directivas de organizaciones gremiales, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, centros de estudio y colegios profesionales", al igual que "los representantes legales, directores, gerentes y abogados de las personas jurídicas que persigan fines de lucro.".
Si uno se atiene al tenor literal de la norma antes citada, podría darse la incongruencia de que el Gerente de Estudios de la SOFOFA, por ejemplo, fuera considerado un lobbysta, mas no el Gerente de Estudios de cualquier empresa.
Por lo tanto, estimo que debemos entender en un sentido amplio la definición de fundaciones, centros de estudio, colegios profesionales, organizaciones gremiales, sindicatos, en cuanto a que no solo se comprende a los dirigentes de tales entidades, sino también a los funcionarios, ejecutivos o gerentes de sus distintos departamentos. De no ser así, existirá una incoherencia entre las organizaciones gremiales y las personas jurídicas con fines de lucro, a cuyos gerentes sí se les exime de la condición de lobbystas profesionales.
Sobre ese punto hubo un amplio debate al interior de la Comisión Mixta.
Creo que la idea de la disposición en comento es diferenciar claramente quién es lobbysta profesional y quién no lo es; pero su redacción, al final, podría generar la incoherencia que mencioné, lo cual no refleja adecuadamente la discusión que tuvo lugar.
Además, estoy seguro de que el Ministro Secretario General de la Presidencia, quien fue uno de los redactores del texto respectivo, considera lo mismo que he expresado.
Salvo la precisión anterior, señor Presidente, llamamos a votar a favor del conjunto de las disposiciones referidas al lobby que tenemos sobre nuestros escritorios. Ellas son muy necesarias en nuestro país, toda vez que se observa permanentemente que ex Ministros son contratados por distintas empresas y asumen en diferentes instancias y asesorías, con motivo de lo cual usan sus influencias ante al Estado en defensa de esos intereses.
Por lo tanto, el articulado que nos ocupa, que ha sido ampliamente debatido en el Congreso Nacional, viene a regular en forma adecuada una actividad necesaria, pero que debe ser transparente para que no se ejerzan influencias indebidas.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En votación el informe de la Comisión Mixta.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (28 votos a favor y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Bianchi, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Flores, Frei, García, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Larraín, Longueira, Muñoz Aburto, Naranjo, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero y Zaldívar.
Se abstuvieron los señores Ávila y Ruiz-Esquide.
DEFENSA JURÍDICA DE VÍCTIMAS DE DELITOS
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Espina, Allamand, García, Prokurica y Romero, en primer trámite, que establece la obligación de otorgar defensa penal y asesoría jurídica a las personas naturales que sean víctimas de delitos y que no pueden procurárselas por sí mismas, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5408-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional: (moción de los Senadores señores Espina, Allamand, García, Prokurica y Romero).
En primer trámite, sesión 58ª, en 16 de octubre de 2007.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 2ª, en 12 de marzo de 2008.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El objetivo principal del proyecto es establecer en la Carta Fundamental una obligación para el Estado, consistente en asegurarles asesoría y defensa jurídica a las personas naturales que hayan sido víctimas de hechos que revisten caracteres de delito y que no puedan procurárselas por sí mismas.
La Comisión discutió la iniciativa tanto en general cuanto en particular y le dio su aprobación por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Espina, Gómez, Larraín y Muñoz Aburto.
El texto propuesto por el referido órgano técnico se transcribe en el informe respectivo.
Finalmente, cabe destacar que la normativa requiere para su aprobación el pronunciamiento favorable de las tres quintas partes de los Senadores en ejercicio, es decir, 20 votos.
El señor COLOMA.-
¿Me permite plantear una cuestión reglamentaria, señor Presidente?
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Sí, Su Señoría.
El señor COLOMA.- Como se trata de una reforma constitucional que exige un alto quórum, solicito que se abra la votación.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, así se hará.
El señor PIZARRO.-
Pido la palabra.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Puede hacer uso de ella, señor Senador.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, como estamos en la discusión general, pido que inmediatamente se fije un plazo para presentar indicaciones. Espero que no sea un término muy largo, y me parece que dos semanas vendrían bien.
El señor ORPIS.-
¡Votemos sin debate!
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Puede ser una semana o diez días.
¿El Honorable señor Espina desea plantear alguna proposición al respecto?
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, el proyecto de ley tiene solo un artículo, por lo que corresponde discutirlo en general y en particular a la vez.
El señor PIZARRO.-
Exactamente.
El señor ESPINA.-
Por lo demás, el Gobierno presentó una indicación sobre la base de un acuerdo con los Senadores de la Comisión.
No veo qué sentido tiene abrir el plazo a que se ha hecho referencia.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
La Secretaría me informa que, reglamentariamente, ello es posible, pues no porque la iniciativa tenga un solo artículo no se pueden presentar indicaciones.
Ahora, si la Sala no lo acordare así, considero que no se suscitará ningún problema y el proyecto quedará aprobado en general y en particular.
Si no hay objeciones, se procederá de ese modo.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, deseo consignar, previamente a la votación, que si se discute en general y en particular a la vez no habrá posibilidad de formular indicaciones.
Nosotros pedimos que se vote en general y, luego, se abra un plazo para presentarlas. De no ser así, me veré obligado a votar en contra.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
En votación la idea de legislar.
Por lo demás, esa fue la proposición del Honorable señor Coloma.
Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
--(Durante el fundamento de voto).
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, informaré a la Sala en mi calidad de Presidente de la Comisión de Constitución.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Perdón, Su Señoría. Se lleva a cabo la votación: solo puede fundamentar su pronunciamiento.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Así es.
El señor GÓMEZ.-
Entonces, no lo haré.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, deseo recordar, en primer lugar, que el proyecto corresponde a uno de los aspectos fundamentales del Acuerdo Político Legislativo suscrito a fines del año pasado entre el Gobierno, la Alianza y la Concertación y que se refiere a la situación en que se encuentran las víctimas de los delitos.
Es una materia comprendida de lleno en el área de la seguridad ciudadana, la cual, hasta el día de hoy, sigue siendo, según todas las encuestas, la principal preocupación de la opinión pública.
En la sesión de hoy en la mañana discutimos acerca del problema del dólar, tema extraordinariamente sensible y muy importante, pero debo hacer presente que el asunto que ahora nos ocupa también tiene una enorme relevancia -repito- para la opinión pública.
Entraré directamente al contenido de la reforma constitucional, la cual establece, por primera vez en nuestro país, la posibilidad de que las víctimas de delitos puedan tener un abogado que defienda sus derechos cuando no puedan procurárselo por sí mismas, esto es, por carecer de recursos para tal efecto.
Aquellos que han criticado la existencia de un abogado de las víctimas sostienen que esa función corresponde a los fiscales en el nuevo proceso penal. Sin embargo, el propio Fiscal Nacional ha expresado reiteradamente que ello no es así -y la norma legal que rige la materia también lo señala-, por cuanto el deber del Ministerio Público y de los fiscales se rige por el llamado "principio de objetividad". Lo anterior significa que se debe investigar con igual celo o acuciosidad lo que inculpa a una persona y lo que la absuelve.
Por lo tanto, se presenta un vacío legal que en una democracia resulta inaceptable: si una de las partes en conflicto tiene dinero, puede contratar un abogado y querellarse; pero si el afectado es una persona modesta, carente de recursos, entonces no tendrá la posibilidad de defenderse por sí mismo en el juicio.
En consecuencia, la desigualdad deriva no solo de una razón de carácter económico, sino, además, de que el acusado de un delito, el imputado, cuenta con un abogado financiado por el Estado. Y debo recordar que este gasta más de 60 millones de dólares en esas defensas.
Por su parte, las víctimas -considerando solamente los delitos graves, ascendieron el año pasado a cerca de 300 mil personas- quedan en la más absoluta indefensión, ya que el Ministerio Público no las representa. Incluso, es posible que los intereses sean absolutamente contrapuestos: el Ministerio Público puede estimar que el delito es uno, y la víctima, que es otro; el Ministerio Público puede considerar innecesario continuar con la investigación y la víctima puede querer proseguirla.
La reforma constitucional, entonces, establece el deber del Estado de otorgarles defensa jurídica a las víctimas, bajo dos condiciones: primero, la ley debe señalar cuáles son los delitos respecto de los cuales se puede ejercer el derecho de que se trata -evidentemente, la idea dice relación a aquellos de mayor reproche social o más graves-, y, en segundo lugar, debe disponer la forma mediante la cual se determinará cuándo una persona carece de recursos para defenderse y cuándo sí los posee.
El Gobierno se comprometió a enviar antes de fin de marzo el proyecto de ley que regulará la reforma constitucional. Ello no se cumplió. Sin embargo, el Ministro de Justicia nos ha informado que lo presentará en el transcurso de la presente semana, porque se encontraba afinando el costo de la iniciativa con el Ministerio de Hacienda.
Cabe señalar que se trata de un enorme avance en una de las áreas más sensibles en el país: permitir, en particular en el caso de las personas modestas, que se tenga derecho a una defensa al ser víctima de un delito grave y que se representen los intereses correspondientes. No es rol del fiscal ejercer esa función, quien actúa, como dije, sobre la base del principio de objetividad.
Además, en una democracia moderna es fundamental que ninguna persona que se vea sometida a un conflicto quede marginada de defender sus derechos a través de un representante legal -en este caso, un abogado-, porque, en la actualidad, si carece de recursos, queda en la más absoluta indefensión.
Por las razones expuestas, voto a favor de la idea de legislar y solicito a la Sala que se pronuncie en igual sentido.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, ahora voy a fundar mi voto. Quería reivindicar el derecho de los Senadores que presidimos las Comisiones a poder informar los proyectos que se someten a nuestro conocimiento.
Tal como lo manifestó el Honorable señor Espina, el proyecto obedece a un acuerdo político entre el Gobierno y los parlamentarios de la Concertación y de la Alianza, en términos de buscar la posibilidad de que las víctimas tengan defensa penal.
En ese sentido, la iniciativa nos parece correcta, desde el punto de vista de lo que significa para una persona que acude al Ministerio Público, organismo que posee todas las facultades del mundo para poder representarla, pero que en la práctica resguarda el interés público, no el del particular o querellante, en este caso.
Por lo tanto, es razonable que exista una instancia que represente a quienes son víctimas de delitos. En nuestra institucionalidad ya hay una para los imputados, que es la Defensoría Penal Pública.
En consecuencia, el proyecto presenta esa virtud, que me parece importante.
Sin embargo, leí el artículo de un abogado del Instituto Libertad y Desarrollo en el cual se señala que se debe poner especial cuidado en que la introducción de un nuevo participante en el proceso no signifique, en definitiva, más burocracia para el afectado. Se indica que ya hay graves problemas cuando el ofendido se acerca a un fiscal, porque este a veces lo atiende y a veces no; en algunas oportunidades le entrega información y en otras se la niega. Luego debe presentarse ante el juez. Y resulta que ahora tendría que recurrir a otra instancia más.
Por eso, hay que poner ojo, pues varios especialistas afirman que el agregar un abogado más no necesariamente agilizará el proceso. Estamos hablando de profesionales prestados por el Estado, no de profesionales particulares. Por tanto, no es que el abogado vaya a ir a la casa de la víctima, sino que esta tendrá que dirigirse a una tercera oficina pública para poder ser atendida. A eso me estoy refiriendo.
De ahí que debemos tener cuidado con lo que estamos haciendo. No obstante, como se trata de una reforma constitucional, muchos de los aspectos que aborda podrán ser mejorados en el proyecto de ley que más adelante se tendrá que presentar.
Sin duda, estamos ante una muy buena iniciativa, que, tal como lo hice en la Comisión, voy a apoyar, pues me parece indispensable que exista certeza de que quienes son objeto de delitos contarán también con alguien que los represente, haciendo la advertencia de que ojalá eso no se transforme en un tercer o cuarto lugar donde tengan que concurrir.
He dicho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, voy a votar favorablemente este proyecto, por cuanto entiendo que corrige una situación de cierto desequilibrio que quedó en la reforma procesal penal, en el sentido de que hoy los victimarios o presuntos victimarios disponen de asesoría o defensa pública, al contrario de lo que ocurre con los ofendidos. Y estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí en términos de que el fiscal representa el interés público, que no necesariamente coincide con el de la persona agredida.
Por eso, me parece que la iniciativa viene a equilibrar una dimensión que no fue suficientemente discutida cuando tratamos el nuevo código de enjuiciamiento criminal. Y creo que ese relativo desequilibrio genera la idea -me ha tocado constatarlo bastante en mi Región- de que el Estado muestra particular celo por la defensa jurídica de quienes aparecen acusados de cometer delitos, pero carece del mismo celo respecto de quienes son víctimas de ellos.
Así que concurro con entusiasmo a aprobar esta reforma constitucional. Entiendo que después habrá que ver cómo se organiza este derecho de los ciudadanos, lo cual constituye un segundo aspecto, distinto del que nos ocupa hoy. Porque la forma en que se articule la defensoría pública de las víctimas es todo un capítulo que habrá que discutir en su momento. Sin embargo, creo que damos un paso importante al establecer constitucionalmente este derecho.
Voto a favor.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, sin lugar a dudas, estamos ante un muy buen proyecto, absolutamente necesario, que voy a apoyar con decisión.
No obstante, quiero dejar de manifiesto otros hechos que ocurren en el día a día. Me refiero al caso de las personas que son víctimas de una agresión y que, producto de la gravedad de esta, terminan internadas en un hospital, lo cual les agrega un costo que el Estado no absorbe. No hay, como lo establece la Constitución, una garantía para que los ciudadanos transiten libremente por las calles. Quien es atacado en la vía pública muchas veces pierde el trabajo debido a una larga licencia producto de la gravedad de sus lesiones y, peor todavía, debe hacerse cargo de los costos de sus atenciones médicas.
Por eso, creo que el Estado debiera implementar un sistema -aprovecho la discusión de este proyecto para hacerlo presente- que proteja a las personas que han sido víctimas de un acto delictual. Tendría que haber una protección para que no fueran de su cargo los costos y gastos en que deben incurrir por concepto de atenciones médicas destinadas, muchas veces, a salvar sus propias vidas.
Señor Presidente, apoyo con mucho agrado este proyecto, porque tiene un muy buen propósito y porque soluciona, en parte, el problema de las víctimas.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.
El señor CHADWICK.-
Señor Presidente, nosotros vamos a respaldar esta reforma constitucional, que consideramos extremadamente importante.
Al respecto, consideramos justo hacer un reconocimiento al Gobierno y a los parlamentarios que participaron en la Comisión donde se gestó el Acuerdo en materia de Seguridad Ciudadana, porque acogieron en forma inmediata y con muy buena disposición esta reforma, así como el proyecto destinado a implementarla, que esperamos que pueda ingresar en los próximos días al Parlamento.
Sin embargo, quienes estamos más incorporados en el tema hemos visto que académicos muy versados que participaron en la creación del nuevo sistema procesal penal han levantado voces críticas con respecto a la incorporación de un sistema de defensoría de las víctimas, señalando que introduciría un elemento de incoherencia e inconsistencia y que no sería necesario, ya que para ello estaría el Ministerio Público. Pero, como muy bien lo explicaron varios señores Senadores -entre ellos, el Honorable señor Espina-, el Ministerio Público cumple una función más global, que recae en el interés de la sociedad más que en la defensa de las víctimas.
Además, hay un punto que deseo recalcar y que, a mi juicio, motiva fuertemente la necesidad de impulsar esta reforma. Y es que no se puede crear un sistema judicial -en este caso, un procedimiento penal- que discrimine en función de los recursos de las personas. En efecto, si la víctima de un delito dispone de los medios necesarios, recurrirá a la contratación de un abogado, a todo evento. No conozco a nadie que, teniendo recursos y habiendo sido víctima de un delito grave, se haya quedado confiada esperando la acción del fiscal.
Los abogados penalistas siguen existiendo y cada vez que alguien enfrenta un problema y tiene cómo pagarlos recurre a ellos. ¿Por qué? Porque sabe que va a disponer de una mejor opción de defender sus derechos ante los tribunales de justicia si, además de la acción del fiscal, cuenta con la asesoría de un abogado contratado para actuar dentro del proceso.
Desde esa perspectiva, no es justo ni es bueno para el esclarecimiento de la acción de la justicia que las víctimas que carecen de medios económicos se hallen privadas de cualquier asistencia del Estado para los efectos de poder defender sus derechos en igual o mejor posición que la de quienes tienen recursos.
Por lo tanto, creo que esta reforma presenta un profundo sentido social respecto de personas de escasos recursos que son víctimas de delitos -lamentablemente, son muchas en el país- y que, a diferencia de quienes sí poseen medios, en la actualidad no pueden contar con un abogado que les permita una mejor defensa de sus derechos.
Por eso, señor Presidente, concurrimos con nuestros votos favorables a la aprobación de esta iniciativa, esperando que el proyecto de ley que haga posible la implementación del sistema sea enviado lo más pronto posible.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, este proyecto de reforma constitucional viene a llenar un vacío que existe en nuestro ordenamiento procesal, ya que, como bien se ha dicho aquí, no necesariamente los intereses perseguidos por el fiscal del Ministerio Público son coincidentes con los de la víctima. Muchas veces, más bien son complementarios.
Se trata de una reforma relevante, pues establece la obligación de otorgar defensa penal y asesoría jurídica a las personas naturales que han sido víctimas de delitos y que no poseen los medios económicos para contratar un abogado por sí mismas.
Aprovechando la presencia del señor Ministro Secretario General de la Presidencia -de quien, en definitiva, depende la agenda legislativa del Gobierno-, quiero consultar cuánto tiempo deberemos esperar para que se implemente el correspondiente proyecto de ley y, sobre todo, para que se contemplen fondos orientados a dar existencia a esta defensoría y asesoría jurídicas gratuitas.
Es muy importante que esta reforma constitucional no se quede en el espíritu ni en la letra, sino que se transforme en realidad. Y para ello necesitamos que el Ejecutivo disponga, mediante una iniciativa de ley, los recursos necesarios, porque, obviamente, su implementación requiere fondos públicos.
Por eso, señor Presidente, junto con votar a favor del proyecto, deseo, por su intermedio, formular estas consultas al Ministro señor Viera-Gallo.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente, al parecer, la iniciativa tiene las bondades que aquí se han expuesto. Sin embargo, creo que contribuirá a alimentar la frondosidad burocrática de la justicia chilena, que ya alcanza un nivel muy preocupante.
Por otro lado, el consumo de recursos públicos que esta institución está llevando a cabo también es una materia que debe inquietarnos.
Con el desarrollo de los diversos proyectos concernientes al ámbito de la justicia, no sé hasta qué punto el país va a estar en condiciones de resistir presupuestariamente todo el nuevo desafío que tiene por delante.
En lo personal, me surge una duda acerca del rol de los fiscales. Aquí se ha dicho que cumplen una función distinta de la que ahora se atribuye al abogado defensor de las víctimas.
Considero que los delitos que afectan a las personas son materia de interés público. Por lo tanto, la actuación del fiscal, en los hechos, va en resguardo de las víctimas. Y aquello que investiga y pondera y las conclusiones a que arriba naturalmente deberían constituir una defensa de las afectadas.
Vistas así las cosas, la introducción de una nueva institución luce como algo que no resulta una necesidad imperiosa, de acuerdo al examen que acabo de hacer.
Yo siento que es un defecto del funcionamiento actual del sistema el que las víctimas estén quedando desprotegidas, porque la actuación del Ministerio Público tendría que ser, necesariamente, el resguardo que cumple satisfactoriamente con el anhelo de esas personas.
Esta es una iniciativa que de hecho ya cuenta con el amplio apoyo del Congreso Nacional, y, por lo tanto, habrá que ver si de verdad logra la finalidad que aquí se ha descrito. Pero, de todos modos, no puedo dejar de hacer patente mi inquietud en cuanto al volumen que, desde el punto de vista burocrático, está adquiriendo la justicia en nuestro país.
He dicho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, las intervenciones de varios señores Senadores, entre ellas las de los Honorables señores Chadwick y Espina, me ahorran hacer comentarios más extensos.
Sin embargo, no he querido dejar de participar en el debate para subrayar la importancia de esta reforma constitucional. Ha sido un largo anhelo nuestro el que el sistema procesal penal, de reciente implementación, resuelva un problema que quedó en el vacío, referente a la situación de las víctimas.
Se subentendía -quizás todos lo percibimos así inicialmente- que el Ministerio Público -es decir, los fiscales- iba a tener, en la investigación de cualquier crimen o delito, especial preocupación por las víctimas, desde el punto de vista de su representación jurídica.
Los imputados disponen del servicio de la Defensoría Pública; por lo tanto, están cubiertos.
Sin embargo, los objetivos que persigue el fiscal público no son exactamente los mismos que los de la defensa jurídica de las víctimas. E incluso es posible que, por distintas razones, en algún momento sean divergentes.
En consecuencia, estamos ante una situación bastante injusta: el Estado le proporciona defensa al imputado, pero no al ofendido, cuestión que resulta bastante difícil de entender. Por eso, desde hace tiempo hemos venido planteando la necesidad de que las víctimas también tengan defensa.
Yo sé que esto genera inquietudes, desde el punto de vista teórico, respecto del modelo de justicia procesal penal, pero ellas no pueden ser superiores a la necesidad de dar la debida defensa a la víctima, más todavía si se considera lo que aquí se ha señalado en orden a que quien tiene recursos sí puede evitar ese problema y contratar un abogado que lo defienda. No obstante, la gente humilde que sufre las consecuencias de un delito, si el fiscal no hace suya la causa, simplemente queda en la indefensión, porque carece de medios para contratar un abogado.
En consecuencia, la reforma en debate, que hace explícita la conceptualización de la defensa jurídica contenida en el artículo 19 de la Carta, relativo a las garantías constitucionales, me parece que da un paso adelante al incorporar, en el capítulo correspondiente al Ministerio Público, la precisión indispensable sobre esta materia.
Por eso, señor Presidente, adherimos con mucho entusiasmo a la aprobación de este proyecto, que forma parte del acuerdo político que la Alianza por Chile suscribió con el Gobierno a iniciativa nuestra y que fue incorporado justamente porque reflejaba nuestra inquietud.
El Ejecutivo estaba muy interesado en sacar adelante el Ministerio de Seguridad Pública, donde -por así decirlo- hicimos la concesión de incorporarlo en la Cartera del Interior, aun cuando no respondía a nuestra idea, pues siempre hemos sido partidarios de crear un Ministerio separado que concentre todas esas tareas. Sin embargo, entendimos que era difícil hacerlo de esa manera y accedimos a lo que se nos proponía, teniendo en mente que este otro punto, aceptado por el Gobierno a raíz de la petición formulada por los Senadores y Diputados de la Alianza por Chile que participaron en la instancia pertinente, fuera recogido en la forma en que hoy empieza a materializarse.
Este es el primer paso para lograr que en Chile las víctimas tengan defensoría jurídica, independiente de su condición económica.
Esperamos que la legislación que la implemente se presente a la brevedad. En el día de ayer hablé con el señor Ministro de Justicia y me confirmó su voluntad de enviar cuanto antes el proyecto que hará realidad esta reforma constitucional.
Respaldamos con mucho entusiasmo esta primera etapa, y agradecemos el apoyo que el Gobierno ha prestado a nuestra propuesta, que ha sido muy anhelada desde hace mucho tiempo.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, se ha hablado de frondosidad burocrática y de ingentes recursos destinados a esta situación. Pero las cosas son lo que son y no lo que uno quiere o quisiera que sean. Lo cierto es que las víctimas están en la indefensión y quienes cometen los delitos tienen todo tipo de facilidades para su defensa en el sistema judicial. Y eso es una aberración.
Digamos las cosas por su nombre: este problema se generó no por obra y gracia del Espíritu Santo o de la Divina Providencia, sino por errores legislativos del Parlamento y por el impropio y, en mi opinión, poco acucioso trabajo del Ejecutivo en la materia.
Lo concreto es que la víctima de un delito se enfrenta a dos situaciones. Por una parte, el Estado entrega asesoría legal y defensoría penal al delincuente, al imputado, lo cual constituye ya un gran problema y una asimetría odiosa e injusta. Y, por otra -esto resulta tan grave como lo anterior o peor, según las circunstancias observadas en la realidad-, el ciudadano o la ciudadana víctima debe sufrir el comportamiento de un sistema formalista. Y los jueces han caído en el absurdo de exacerbar tal conducta. Recordemos el caso del individuo al que pillaron asaltando un banco, pero que, por no portar carné de identidad, soltaron en el acto.
Reitero: la ciudadanía ha debido tolerar, por un lado, aquella tremenda injusticia, asimetría, error u omisión en el trabajo legislativo de los colegisladores (tanto del Ejecutivo como del Parlamento) y, por el otro, una tendencia sobre la cual vale la pena llamar la atención de la población: un sistema con un extremado formalismo, tanto que cae en el absurdo, en el ridículo y -en realidad- en la estupidez. Porque, en el ejemplo anterior, pocas horas después el juez ordenó la detención del asaltante de bancos, a quien todavía andan buscando.
En consecuencia, me parece de toda justicia que reparemos esta omisión, este error, y entreguemos a las víctimas de los delitos, si lo requieren, la posibilidad de que el Estado les garantice defensa y asesoría jurídica, a fin de que puedan enfrentar los procesos judiciales.
Yo celebro esta iniciativa, porque la considero muy positiva.
Voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, resulta del todo satisfactorio constatar que se interpretan cabalmente las inquietudes y los requerimientos de las personas, particularmente de las más modestas, cuando se busca establecer un parámetro para que la gente sienta que de verdad se hace justicia.
Cada vez que nos encontramos con situaciones delicadas, producto de delitos violentos, las personas -en especial, en televisión- se desahogan y reclaman justicia. Yo no sé si es un hecho recurrente, pero la madre de un hijo asesinado suele decir: "Lo único que quiero es justicia". Todos andan detrás de ese espíritu de justicia tan humano.
Sin embargo, cuando las víctimas no tienen los recursos económicos para impetrar un proceso como corresponde, naturalmente se produce no solo un desasosiego y una perturbación respecto de lo que debe entenderse por justicia, sino una suerte de resistencia a aceptar que la hay para unos y no para otros.
Creemos que con este proyecto se restablecen situaciones fundamentales para el ser humano.
Además, se plantea acotar esta idea a dos requisitos, a mi juicio, muy importantes: en primer lugar, que las víctimas no estén en condiciones de contratar directamente a un defensor -esto resulta primordial-, porque justamente se trata de proveer a aquellas de los medios de defensa necesarios; y, en segundo término, que los delitos involucrados tengan un carácter violento, entre los cuales se identifican a modo de ejemplo el homicidio, el parricidio, el secuestro, la sustracción de menores, los delitos sexuales, el robo con violencia e intimidación y las lesiones graves, comunes o proferidas en el contexto de una situación de violencia intrafamiliar.
Estimo correcto que acotemos esta situación, pues no cabe la menor duda de que sería imposible satisfacer los requerimientos ciudadanos si quedara abierto el beneficio a cualquier tipo de delito.
Por eso, señor Presidente, quienes suscribimos la iniciativa de reforma constitucional agradecemos la acogida que el Senado le está dando.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Por unanimidad, se aprueba el proyecto en general, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que votaron favorablemente 29 señores Senadores.
Votaron las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Frei, García, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Larraín, Longueira, Muñoz Aburto, Naranjo, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Romero y Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Ministro señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, agradezco la votación del proyecto que, al igual que la iniciativa anterior, también interesa al Gobierno.
Y aprovecho de responder al Senador señor García, quien hizo una consulta respecto de cuándo el Gobierno enviaría la iniciativa que implemente esta reforma. Pues bien, esperamos hacerlo en los próximos ocho días.
Esa es nuestra voluntad. Confiamos en obtener los recursos necesarios para concretar tal propósito.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
El Honorable señor Espina propone como plazo para formular indicaciones el día 7 de abril, a las 12 horas.
¿Habría acuerdo?
--Se acuerda.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Hago presente que en este momento no hay quórum en la Sala para pronunciarnos respecto de los demás proyectos en tabla.
Por consiguiente, si les parece, comenzaremos la discusión del siguiente asunto, pero sin someterlo a votación.
El señor LARRAÍN.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Por supuesto, señor Senador.
El señor LARRAÍN.-
Respecto de esta iniciativa, propongo que se toquen los timbres y se inicie el debate. Si corresponde votar, que se proceda a ello. De no estar presentes los Senadores, será responsabilidad de ellos. Pero no podemos parar el trabajo del Senado por la ausencia de algunos.
Pienso que cada uno debe cumplir con sus deberes.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Me parece bien. Comparto ese juicio.
ADECUACIONES EN FINANCIAMIENTO MUNICIPAL
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce diversas modificaciones a la ley sobre impuesto territorial, al decreto ley sobre rentas municipales y a otros cuerpos legales, con segundo informe de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda, unidas, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (4813-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 52ª, en 12 de septiembre de 2007.
Informes de Comisión:
Gobierno, sesión 52ª, en 12 de septiembre de 2007.
Gobierno y Hacienda, unidas (segundo), sesión 5ª, en 1° de abril de 2008.
Discusión:
Sesión 74ª, en 11 de diciembre de 2007 (se aprueba en general).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Las Comisiones unidas dejan constancia, para los efectos reglamentarios, de que los números 1, 3, 4 y 5 del artículo 1º y los números 1, 4, 5, 9 y 10 del artículo 2º no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo que deben darse por aprobados, salvo que algún señor Senador solicite su discusión y votación.
--Se aprueban reglamentariamente.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Las enmiendas al proyecto aprobado en general se consignan en el segundo informe, las que se resolvieron por unanimidad, con excepción de la supresión de la frase que autorizaba a los municipios para incorporar en la tarifa de aseo los costos de limpieza de los bienes nacionales de uso público, que contó con la abstención del Honorable señor García.
Cabe recordar que las enmiendas aprobadas en forma unánime deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite discutirlas o que haya indicaciones renovadas.
El número 2 del artículo 2º, el artículo 3º y el artículo segundo transitorio tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de 19 señores Senadores.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en cinco columnas, que transcriben la norma vigente, el proyecto despachado por la Cámara de Diputados, el aprobado en general por el Senado, las modificaciones de las Comisiones unidas y el texto final que resultaría si se aprobaran dichas enmiendas.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobarán las enmiendas acogidas por unanimidad.
--Se aprueban (21 votos afirmativos).
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Las Comisiones unidas proponen, en el Nº 2 del artículo 2º, suprimir en el inciso primero del artículo 7º del decreto ley Nº 3.063, de 1979, que este numeral propone como artículo sustitutivo del actual, la frase "pudiendo incorporar en ella los costos de aseo y limpieza de los bienes nacionales de uso público de la comuna.", y reemplazar por un punto seguido la coma que la precede.
La norma fue aprobada por 8 votos a favor y la abstención del Honorable señor García.
En consecuencia, corresponde debatir este numeral.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En discusión.
Ofrezco la palabra.
La tiene el Senador señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, solicito que el señor Secretario nos ayude a determinar si el texto final que se propone para sustituir el artículo 7º del decreto ley Nº 3.063 recoge lo que fue la discusión, y a mi manera de entender, el acuerdo unánime de las Comisiones unidas de Gobierno y de Hacienda.
Porque ocurre lo siguiente: lo que se estaba proponiendo aquí era ni más ni menos que facultar a las municipalidades para incorporar en el servicio de aseo -el que conocemos como domiciliario- los costos de aseo y limpieza de los bienes nacionales de uso público de la comuna. Es decir, ya no solo se cobraría por la extracción domiciliaria de la basura y su depósito en algún sistema de eliminación de elementos orgánicos e inorgánicos, sino que, también, por el barrido de la calle y de la acera, y por el riego y mantención de las áreas verdes. Con ello, obviamente, la tarifa anual por el servicio de aseo subiría una barbaridad.
Además, entendemos que una misión fundamental de los municipios es precisamente ocuparse del aseo de los bienes nacionales de uso público (calles, plazas, áreas verdes), como lo es, también, velar por lo relativo a la electricidad, la luminosidad de las calles, de las plazas y paseos públicos.
Fue tal la unanimidad que concitó esto que me llama la atención el resultado que se señala, de 8 votos a favor y una abstención. Porque, finalmente...
El señor ORPIS.-
Se aprobó suprimir, señor Senador.
El señor GARCÍA.- ¡Ah, se aprobó suprimir...!
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Señor Senador, se aprobó la supresión de esa frase, y ello fue con una abstención. Por eso, no figura en el texto final que aprobaron las Comisiones unidas.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
El verbo que encabeza la modificación propuesta por las Comisiones unidas es "suprimir". Y el señor Secretario fue preciso en señalarlo cuando efectuó la relación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Exactamente, señores Senadores.
El señor GARCÍA.- Entonces, al haberse suprimido la frase que facultaba a los municipios la incorporación de los costos de aseo y limpieza de los bienes nacionales de uso público, no tengo inconveniente en retirar mi abstención y sumarme a los votos a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, está aclarado el punto.
Creo que la voluntad casi absoluta de las Comisiones unidas fue de eliminar la posibilidad de que se cobrara por los costos de aseo y limpieza de los bienes nacionales de uso público.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Los Senadores señores Naranjo y Gómez no intervendrán, y el Honorable señor Espina no se encuentra presente en la Sala.
El señor NÚÑEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Senador.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, hubo un artículo muy debatido -felizmente se llegó a acuerdo en él- relativo a la publicidad que es oída o vista desde las calles.
Creo que hemos sentado un precedente extraordinariamente importante, porque va a significar que se incorporarán al sistema municipal del orden de los 20 mil millones de pesos, que ciertamente son recursos bastante importantes.
Dejamos en claro que ninguna publicidad adosada a la casa principal de la empresa puede cobrarse, porque eso no es sino la manera como esta da a conocer su existencia en la vía pública.
Pero se discutió ampliamente la que es vista u oída con fines publicitarios, y estimo que llegamos a un buen acuerdo.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Muy interesante, señor Senador. Pero la materia a la cual se refiere Su Señoría no está en debate.
El señor NÚÑEZ.-
Pero es bueno señalarlo, para los efectos de que quienes no participaron del debate en las Comisiones unidas sepan que trabajamos bien.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- De eso no cabe ninguna duda, señor Senador.
--Se aprueba el Nº 2 del artículo 2º, y el proyecto queda despachado en particular en este trámite.
ADECUACIÓN ORGÁNICA Y PROCEDIMENTAL DE JUSTICIA DE FAMILIA
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones orgánicas y procedimentales a la ley Nº 19.968, que creó los Tribunales de Familia, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento e informe de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (4438-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 89ª, en 6 de marzo de 2007.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 53ª, en 2 de octubre de 2007.
Constitución (segundo), sesión 5ª, en 1° de abril de 2008.
Hacienda, sesión 5ª, en 1° de abril de 2008.
Discusión:
Sesión 55ª, en 3 de octubre de 2007 (se aprueba en general).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El proyecto fue aprobado en general en sesión de 3 de octubre del año pasado.
Ambas Comisiones, en sus respectivos informes, dejan constancia, para los efectos reglamentarios, de que no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones el artículo 4º, disposición que conserva el mismo texto aprobado en general, por lo que debe darse por aprobado, salvo que algún señor Senador solicite su discusión y votación.
--Se aprueba reglamentariamente.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento realizó una serie de modificaciones al proyecto aprobado en general, todas las cuales fueron acordadas por unanimidad.
Por su parte, la Comisión de Hacienda efectuó diversas enmiendas al texto despachado por la de Constitución, las que en su mayoría se acordaron en forma unánime, con excepción del número 2 bis), nuevo, y de los números 43) y 44) del artículo 1°, que se aprobaron con la abstención de los Senadores señores García, Novoa y García, respectivamente.
Cabe recordar que las modificaciones acordadas por unanimidad deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite su discusión y votación.
Los números 1), 2), 2 bis), 4), 29), 39) y 41) del artículo 1°; el artículo 5°, y los artículos 1° y 4° transitorios tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que su aprobación requiere 19 votos favorables.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se darán por aprobadas todas las enmiendas acordadas por unanimidad en la Comisión de Hacienda.
El señor PÉREZ VARELA.-
Bien.
El señor NARANJO.-
De acuerdo.
El señor GÓMEZ.-
Conforme.
--Se aprueban, dejándose constancia de que se cumplió con el quórum constitucional exigido.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Entonces, corresponde tratar las modificaciones aprobadas por mayoría en la Comisión de Hacienda.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
En primer término, corresponde abocarse al número 2 bis), nuevo, del artículo 1°, que la Comisión aprobó por 3 votos y la abstención del Honorable señor García.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En discusión.
El señor GARCÍA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, respecto del número 2 bis), nuevo, que introduce un artículo 4° bis, nuevo, en la ley N° 19.968, hay un informe de la Ilustrísima Corte Suprema donde se señala la conformidad de dicho Tribunal con el número de jueces contemplado en el proyecto; pero no así con el número de funcionarios, profesionales, técnicos y administrativos, colaboradores en general en los procesos de los tribunales de familia.
Aquí nos encontramos frente a dos situaciones. Por un lado, todos sabemos los problemas que han tenido los tribunales de familia, como asimismo, que innumerables personas no han logrado ser atendidas porque despachamos una ley mala, que fue insuficiente para satisfacer una demanda realmente gigantesca.
Por lo tanto, primero se debe resolver ese stock y, además, recibir las causas nuevas.
En opinión de la Corte Suprema, aunque el número de jueces resulta adecuado, no se gana mucho con ello si los magistrados no van a contar con más asistentes sociales, más psicólogos ni más personal administrativo para emitir los informes que ellos necesitan para mejor resolver.
En la Comisión de Hacienda citamos a personeros de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y la verdad es que el desacuerdo persiste.
Sin embargo, nosotros no vamos a impedir la aprobación de la iniciativa, porque es mejor que lo vigente. Pero el propio Poder Judicial nos dice claramente que el incremento de la cantidad de funcionarios para los tribunales de familia no guarda relación con el del número de jueces.
Si la idea del proyecto es resolver el caos que hoy existe en los tribunales de familia, no parece razonable que no haya habido acuerdo entre la Corporación Administrativa del Poder Judicial y el Ministerio de Hacienda para dotar a los nuevos tribunales del personal que necesitan.
Señor Presidente, yo me abstuve en la votación precisamente para debatir el punto en la Sala y, además, para que no se piense que estamos despachando una iniciativa sobre la cual hay completo acuerdo, porque -reitero- la Corte Suprema dejó establecido en su informe oficial, dirigido al Congreso, que el número de funcionarios es insuficiente para cumplir con ese tipo de tareas.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, efectivamente esa disposición fue bastante discutida en la Comisión de Hacienda.
Además, debo manifestar que tanto en la Comisión Mixta de Presupuestos cuanto en la Subcomisión Especial que me correspondió dirigir este año, se realizó un largo debate con representantes del Ministerio de Justicia y de la Corte Suprema acerca del número total de jueces con que deberían contar los tribunales de familia.
Al comienzo hubo una discrepancia muy fuerte entre la estimación del Ministerio de Justicia y la del Poder Judicial, y finalmente llegamos a una cifra bastante satisfactoria, toda vez que se afinaron los cálculos y se acordó aumentar de 258 a 353 el número de jueces (esto es lo que establece el proyecto), o sea, en aproximadamente 40 por ciento.
La petición primitiva del Poder Judicial era bastante mayor que la aprobada; y la propuesta del Gobierno, menor.
Repito: la norma en discusión incluye un incremento sustancial del número de magistrados, respecto del cual existe un criterio común.
Por supuesto, el Poder Judicial, como toda institución, dijo: "Estamos en el límite", pero finalmente se llegó a una cifra que mereció la conformidad tanto de aquel como del Ministerio de Justicia.
Es cierto que persiste una diferencia con la Corporación Administrativa en cuanto a número de personal; pero si uno mira las cifras, constata que la dotación aumenta en 60 por ciento. Vale decir, el incremento del número de funcionarios es bastante mayor, proporcionalmente, que el de jueces.
Por ello, la opinión mayoritaria de la Comisión fue aprobar la norma (con la abstención del Senador señor García) tal cual está. Y si efectivamente, en el desarrollo de la implementación de ese aumento sustantivo de personal hubiere fallas evidentes en los juzgados de familia y se necesitaren más funcionarios, no sólo administrativos, sino, a veces, profesionales que acuden en auxilio de los tribunales, eso se podría corregir.
Yo, al menos, emití mi voto con bastante tranquilidad de conciencia, porque si bien no se alcanzó un acuerdo completo con relación al segundo punto, estamos dando una señal muy poderosa con el aumento sustancial, no solo de jueces, sino también de trabajadores. Este último -repito- es del orden de 60 por ciento, pues se pasa de 1.067 (fijados en la ley vigente) a 1.696.
Lo anterior implica que se dotará al sistema de una cantidad muy significativa de nuevos funcionarios. Y, por eso, solicito aprobar este aspecto del proyecto, que es fundamental para el funcionamiento de los tribunales de familia.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, todos conocemos las dificultades que han enfrentado los tribunales de familia desde que comenzaron a operar y hemos efectuado un debate muy largo sobre la materia.
Quiero manifestar que leí el discurso del Presidente de la Corte Suprema en el que hizo una crítica al Parlamento debido a la demora producida en el despacho del proyecto que nos ocupa.
La verdad es que debería haber sido al revés: agradecer al Congreso lo que hemos hecho todos los parlamentarios, transversalmente, para aprobar la propuesta planteada por el Poder Judicial. Y le dimos el apoyo más fuerte posible para que se establecieran las cantidades de jueces y de funcionarios necesarias para el buen funcionamiento de esos tribunales.
Debo recordar que el Senador señor Espina le dijo en la Comisión de Constitución al representante de la Corte Suprema que ellos habían planteado un número de jueces y de empleados y que esa cantidad fue la que originalmente se discutió al interior de dicho órgano técnico. Y el propio personero del Máximo Tribunal expresó que los acuerdos a los que habían llegado con el Ejecutivo eran suficientes.
Por lo tanto, lo que he señalado fue refrendado en la discusión llevada a cabo en la Comisión.
Por eso, es importante tener claro que nuestro trabajo no se redujo simplemente a mirar la norma. Por el contrario, debatimos en profundidad la materia para que haya más tribunales y mayor competencia, a fin de lograr un buen funcionamiento de los juzgados de familia.
Desde el punto de vista procesal, se discutió una serie de preceptos muy importantes, pero no podemos explicarlos en cinco minutos. En todo caso, serán fundamentales en el nuevo proceso que habrá en materia de tribunales de familia.
Lo más probable es que se supere sustancialmente la actual situación, que exista una mejor justicia en los tribunales de familia. También es posible que haya dificultades -no hay duda-, pero el avance logrado, el aumento de especialistas en la materia, es realmente notable. Ello, sin perjuicio de que, tal como fue discutido en la Comisión, el Ejecutivo y los propios tribunales quedan obligados a informar regularmente sobre el particular, a fin de constatar en la práctica el cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto.
Todos estos temas son dinámicos. Hemos tratado de evitar que se produzca el colapso que hubo en los inicios de la reforma, a raíz de que no se estudiaron bien las dotaciones ni el número de tribunales que se requerían.
En relación con el artículo a que ha hecho mención el Senador señor García, el Ejecutivo dijo que iba a incorporar nuevos jueces, pero no el número de personal que se necesita de acuerdo con el artículo 115 de la iniciativa.
Sin embargo, una vez creado el tribunal, necesariamente -conforme a otra norma-, en algún minuto se tiene que incluir el nuevo personal.
Por eso, en mi opinión, lo relevante es que aprobemos con prontitud este proyecto de ley, que es esperado por las familias de Chile a lo largo del territorio, en todas las comunas y lugares donde hay problemas que las afectan, para que definitivamente enfrentemos de verdad los conflictos relacionados con las tuiciones y otros asuntos que atañen a la vida familiar.
En consecuencia, señor Presidente, creo que, sin perjuicio de haber puesto en el debate esta materia, debemos aprobar la iniciativa, porque representa un avance importante en la judicatura, desde el punto de vista de nuestro país.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, no hay duda de que estamos frente a un proyecto que significa un esfuerzo por contar con mayor número de jueces y de personal para atender los tribunales de familia.
Y no debemos desconocer el descalabro que ha significado en todas las Regiones del país, en todas las provincias y comunas, la estructura que se dio a dichos juzgados por falta de una planificación adecuada.
Si bien debo reconocer que la iniciativa en debate constituye un avance y que las palabras del Senador señor Gómez son tranquilizadoras, en el sentido de que en algún momento la situación en comento se va a adecuar, no es menos cierto que debemos hacer hincapié sobre esta materia al Ejecutivo. Nos habría gustado que el Ministro de Justicia hubiera estado presente en esta discusión, porque el artículo 4º bis entrega un número adicional de jueces, pero sin personal de apoyo, lo cual no resuelve el problema en su exacta dimensión.
Por ejemplo, a la ciudad de Los Ángeles, que en la actualidad cuenta con cuatro jueces de familia que deben enfrentar muchas dificultades, un artículo anterior le aumentó a cinco la cantidad de magistrados con el respectivo personal. Eso es, a mi juicio, lo adecuado. Y, mediante el artículo 4º bis, se le entrega un sexto juez. Pero este último no tendrá personal, asistente social, apoyo de secretaría, asistente técnico. Por lo tanto, quien administre dicho tribunal experimentará grandes problemas para lograr el buen funcionamiento de este.
Igual cosa ocurre en Chillán: hoy día existen tres o cuatro jueces, y se agrega, mediante el artículo 4º bis, un quinto juez, pero también el administrador de ese tribunal va a tener muchos inconvenientes para que ese magistrado pueda trabajar. Entonces, se va a continuar recurriendo a los asistentes sociales de las municipalidades para que elaboren los informes pertinentes a los juzgados de familia.
Por otra parte, debo señalar que aquí no se resuelve lo relativo a los tribunales de jurisdicción común.
Por ejemplo, en la capital de la provincia de Arauco hay un solo juez que atiende el tribunal de familia, el tribunal de garantía, el tribunal civil, el tribunal del antiguo sistema penal, etcétera. Y no existe norma alguna que corrija eso. Estoy seguro de que en muchos otros lugares se da la misma situación.
Por lo tanto, es preciso tener claro que aquí nos encontramos trabajando frente a una estructura de tribunales que colapsó. Es cierto que estamos tratando de superar la contingencia, que se está dotando de más personal y más jueces, pero creo que faltó una mirada global, completa, para resolver el problema de fondo y para que el esfuerzo que aquí se realiza en materia de recursos en verdad rinda sus frutos.
El sexto juez de Los Ángeles y el quinto juez de Chillán, no van a disponer de personal. ¿Cómo va a funcionar el tribunal sin un asistente social, sin un asistente técnico? Lo mismo ocurrirá respecto de los asistentes administrativos. Por consiguiente, aquellos ejercerán, prácticamente, como juez suplente.
Creo que no hemos resuelto bien el tema de los tribunales.
Aquí se está entre la espada y la pared. No hay duda de que los tribunales necesitan más jueces, pues la situación que viven es dramática. Pero tengamos clara conciencia de que la fórmula del artículo 4º bis no resuelve el problema y, dentro de breve tiempo, nos veremos enfrentados a conflictos similares.
Uno se podrá sentir más tranquilo por las aseveraciones del Senador señor Gómez, pero nos gustaría que ellas las hiciera el Gobierno y estableciera una fecha, para decirles a nuestras comunidades que el colapso de los tribunales de familia va a tener una solución real y concreta en el más corto plazo.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.
El señor CHADWICK.-
Señor Presidente, me gustaría mucho que las palabras del Senador señor Gómez me dieran tranquilidad, pero, lamentablemente, no es así, porque la responsabilidad no recae en él, sino en el Gobierno.
Creo que lo planteado por el Honorable señor García ha sido muy oportuno, pues ha generado este debate.
Haré una breve reseña de lo que estamos aprobando.
La Corte Suprema estableció que el número de nuevos jueces que se requerían para salir del colapso en que se encontraban los tribunales de familia era de 257. De esa forma se podría entrar en un régimen de mediana atención.
El proyecto original del Ejecutivo contemplaba una dotación de 30 nuevos magistrados frente a los 257 que señalaba la Corte Suprema.
El Senador señor Gómez lo ha recordado bien. Fue la Comisión de Constitución la que se negó a continuar tramitando el proyecto si no había por parte del Gobierno un cambio en su voluntad para ampliar el número de jueces. Y luego de conversar con el Máximo Tribunal se acordó adicionar 95 nuevos jueces.
La Corte Suprema señaló que estos 95 nuevos jueces vendrían a significar la sobrevivencia del sistema, la supervivencia del sistema, que con esa cantidad solo se lograba que el colapso no continuara, pero que no se daba ninguna solución real al problema que hemos enfrentado en los tribunales de familia.
Uno se pregunta cómo es posible que en una materia de esta naturaleza y de esta importancia el Gobierno proponga originalmente 31 nuevos jueces y después de algunos meses, frente a la presión de la Comisión, aumente a 95.
¿Por qué el Ejecutivo "pirquinea" en lo concerniente a los tribunales de familia, al nuevo sistema de justicia familiar, que está colapsado?
Se logran 95 nuevos jueces, pero cuando vamos al desglose nos encontramos con que para 41 no existe dotación funcionaria.
La Ministra Margarita Herreros, representante de la Corte Suprema durante el debate habido en la Comisión de Constitución, protestó de manera enérgica por ese hecho. Manifestó que los 95 nuevos jueces eran lo estrictamente indispensable para que el sistema siguiera funcionando, pero puntualizó que si 41 de ellos no tenían dotación funcionaria no se iba a solucionar ningún problema. Lo señaló expresamente y en nombre del Máximo Tribunal.
Señor Presidente, la experiencia nos indica que, en materia de implementación de sistemas judiciales, la Corte Suprema actúa -y lo ha demostrado- con mucha más eficacia, previendo los problemas, que el Ejecutivo.
Con el Senador señor Espina aprobamos en la Comisión la norma en debate -porque el Gobierno fue categórico en indicar que no iba a generar una nueva dotación y en esta materia solo tiene iniciativa el Poder Ejecutivo- como un mal menor, pero dejando expresa constancia en ella -y lo propio hacemos ahora en la Sala- de que lo que estamos despachando no resulta suficiente. Se trata de un paso extraordinariamente tímido, que solo evitará que el sistema siga colapsando, pero no significará mayor avance en términos reales.
Y dejamos ambas constancias a los efectos de que queden muy claras las responsabilidades. Porque no queremos que el día de mañana, cuando enfrentemos de nuevo un colapso en los tribunales de familia, nos vengan a decir que fue culpa del Congreso. ¡No, señor Presidente! La responsabilidad corresponde exclusivamente al Gobierno, que tiene atribución exclusiva para dotar de recursos a los tribunales de justicia a fin de que funcionen correctamente.
He dicho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra abordaron la situación en forma correcta, y yo coincido con ellos.
No obstante, quiero hacer un recuerdo y solicitar el envío de dos oficios.
Cuando se comenzó a tramitar en el Senado el proyecto que creó los tribunales de familia, yo era Presidente de la Comisión de Constitución. Esto ocurrió durante el Gobierno de Ricardo Lagos. Y en ese momento era Ministro de Justicia Luis Bates.
En dicha Comisión se nos garantizó que el número de jueces y de funcionarios considerado para atender las demandas en materia de tribunales de familia era suficiente, pues se habían realizado estudios a fondo. En definitiva, se señaló que el sistema iba a funcionar sin ningún inconveniente.
Sin embargo, el sistema colapsó absolutamente, por falta de jueces y de funcionarios, y en algunos casos, por errores de procedimiento.
El colapso data de hace varios años. Así, las audiencias para atender casos de pensiones de alimento, de tuiciones, de visitas, de violencia intrafamiliar -la Ministra del SERNAM, aquí presente, ha dado una dura batalla en ese ámbito- experimentan demoras de cuatro, cinco, seis, ocho, diez meses.
Cuando el Gobierno se dio cuenta del tremendo error cometido en los cálculos de los Ministerios de Justicia y de Hacienda y sus asesores, envió a tramitación otro proyecto.
En la nueva iniciativa -como muy bien expresó el Senador señor Chadwick- se produjo una diferencia gigantesca entre el número de jueces que pedía la Corporación Administrativa del Poder Judicial y el que el Ejecutivo quería aprobar. Y lo mismo sucedió respecto a la cantidad de funcionarios para apoyo a los tribunales.
El proyecto en análisis estuvo detenido mucho tiempo porque no había acuerdo. Nosotros nos encontrábamos entre la espada y la pared, pues, si demorábamos su tramitación, el caos y el colapso se mantendrían. Y, tal cual se ha dicho, como el Gobierno tiene iniciativa exclusiva en la materia, al final se va a aprobar con un número de jueces y funcionarios muy inferior al que solicitaba la Corte Suprema.
Señor Presidente, quiero dejar constancia en la Versión Oficial de que el sistema va a colapsar de nuevo.
En su momento, la Corte Suprema señaló que la cifra que planteaba -preciso al respecto lo manifestado por el Senador señor Chadwick- era para "salir de la UTI". Esa fue la expresión textual. Después se generó un acuerdo sobre los 257 jueces solicitados por la Corte Suprema y los 31 propuestos por el Gobierno, llegándose a 95. Pero la Ministra Margarita Herreros sostuvo en la Comisión que esa cifra y la de funcionarios eran absolutamente insuficientes y que, por esto, el sistema iba a colapsar.
Entonces, lamentablemente, se volverá a producir un colapso. Dios quiera que me equivoque. Me encantaría poder decir aquí, seis u ocho meses después, que yo no tenía razón. Pero todos los estudios, las conversaciones con jueces, la información entregada por la Corte Suprema demuestran que el sistema colapsará.
Entonces, señor Presidente, sin perjuicio de que el proyecto se va a aprobar, pido que se oficie, en mi nombre y en el de quienes lo estimen conveniente, a la Corte Suprema y al Gobierno, al Ministerio de Justicia, con el objeto de que nos indiquen con claridad si las cantidades de jueces y de funcionarios que se están agregando garantizan un funcionamiento adecuado de los tribunales de familia para atender a la ciudadanía. Porque lo que no puede ocurrir es que al final esta iniciativa se apruebe, el sistema colapse y la responsabilidad se nos atribuya a quienes hemos sostenido insistentemente que el número tanto jueces como de funcionarios resulta insuficiente.
Votaré con esa aprensión clara y precisa, porque no tenemos más remedio que aprobar lo que el Gobierno está dispuesto a dar, pues rechazarlo significaría mantener un sistema que se encuentra doblemente colapsado.
En consecuencia, votaré a favor, pero con la prevención señalada. Y reitero mi solicitud de oficiar a ambas autoridades, para que quede constancia en el Senado de si serán garantes de que el sistema va a funcionar en forma regular para atender las demandas de la ciudadanía con la dotación aprobada finalmente. Y de no ser así, que cada cual asuma sus responsabilidades.
Además, pido que se adjunten las intervenciones efectuadas sobre la materia.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente, comparto lo señalado por el señor Presidente de la Comisión de Constitución. Y me llama profundamente la atención que el debate se haya centrado única y exclusivamente en las modificaciones orgánicas introducidas a los tribunales de familia.
Creo que, si fueran consecuentes con lo que afirman, quienes anuncian que el sistema volverá a colapsar deberían votar en contra.
No entiendo que se asegure, antes de que comiencen a regir las enmiendas a la ley que creó los tribunales de familia, que el sistema va a colapsar.
Yo abrigo la esperanza -y soy optimista al respecto- de que vamos a resolver el problema.
La discusión se ha centrado única y exclusivamente en que no se contratará a todos los jueces que la Corporación Administrativa del Poder Judicial estimó necesarios para llenar el vacío existente en la administración de justicia en los tribunales de familia.
Pero nada se ha dicho sobre las modificaciones al procedimiento. A ello quería referirse el Presidente de la Comisión, pero por falta de tiempo no lo hizo.
Nadie ha hablado tampoco del principio de concentración, conforme al cual se otorgan mayores facultades al juez, quien podrá reprogramar la audiencia antes de iniciarla.
Nadie ha señalado aquí con relación a tales modificaciones -sí se puntualizó durante el debate habido en la Comisión de Constitución; y por eso me llama la atención la omisión- que existe la posibilidad de un control de admisibilidad de las demandas, denuncias y requerimientos, que pueden ser objeto de rechazo por parte del magistrado.
Nadie ha hablado tampoco de la asistencia letrada que tendrán las partes, ni de la mediación obligatoria, etcétera.
Señor Presidente, creo que los elementos que colapsaron el funcionamiento de los tribunales de familia no fueron única y exclusivamente la falta de jueces y la carencia de personal administrativo, sino también los errores que tenía el procedimiento de esos juzgados.
Ahora, si el sistema vuelve a colapsar, todos los que hoy votaremos a favor seremos responsables, pues a la insuficiencia del número de jueces se unirá nuestra falta de inteligencia para introducir enmiendas conducentes a dar mayor agilidad al procedimiento por el que se rigen los tribunales de familia.
Al concluir, junto con reiterar que hago mía la intervención del señor Presidente de la Comisión de Constitución, quiero señalar que me hago responsable de lo que pueda ocurrir.
Ojalá no se produzca el colapso de los tribunales de familia vaticinado en esta Sala. Y si yo tuviera plena seguridad en sentido contrario, mi obligación sería pronunciarme en contra.
Votaré a favor, señor Presidente.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Antes de dar la palabra al Honorable señor Orpis, solicito el asentimiento de la Sala para enviar los oficios pedidos por el Senador señor Espina.
El señor ÁVILA.-
¡Pero si ya se sabe la respuesta, señor Presidente...!
¡Eso no tiene destino!
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Nadie le ha consultado cuál es la respuesta, Su Señoría.
El Honorable señor Espina solicitó remitir oficios, y eso es lo que estoy sometiendo a consideración de la Sala.
El señor ÁVILA.-
Y yo le digo, señor Presidente, que no hay que ser brujo para saber la respuesta.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
¿Existe acuerdo para enviar los dos oficios solicitados por el Senador señor Espina?
--Se acuerda remitirlos, en nombre de la Sala.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, tras la discusión del artículo 4° bis, nuevo, quedó establecido de manera categórica que existen dudas. Y sobre él prácticamente se está haciendo una apuesta, que me parece riesgosa. Incluso, el colega que me antecedió, quien es partidario de aprobar el proyecto, manifestó aprensiones y señaló en su intervención: "Ojalá que el sistema no colapse".
Es decir, quedó instalado en el debate de esta tarde que, dadas las condiciones en que nos piden aprobar esa norma específica, los tribunales de familia podrían colapsar.
Al respecto, quiero ser por completo consecuente: no estoy dispuesto a avalar esta situación. Por consiguiente, me abstendré en la votación del artículo 4° bis, nuevo.
En el Parlamento hemos tenido demasiadas malas experiencias con proyectos que vienen a medias y respecto de los cuales hacemos fe en que van a resultar.
A decir verdad, prefiero que el sistema siga colapsado y que el problema sea solucionado como corresponde, para que todos tengamos garantías en cuanto al mejoramiento efectivo de los tribunales en cuestión.
¡Cómo no va a colapsar el sistema si la mitad de los jueces nuevos no tienen personal!
Podemos contar con los mejores procedimientos del mundo, pero de qué valen si el magistrado estará solo, sin dotación funcionaria. Porque la ley en proyecto no la contempla.
¡No me explico cómo el Congreso -y el Senado en particular- no paró la tramitación de esta iniciativa hasta tener garantías efectivas de que como mínimo, si nombramos jueces, cuenten con el personal necesario!
Señor Presidente, me parece que constituye una irresponsabilidad aprobar este artículo -y también la iniciativa- en condiciones como la señalada. Y no deberíamos dar ningún paso hasta tener la garantía de que los tribunales de familia funcionarán mejor.
¡Qué sacamos con aprobar el proyecto si a los pocos meses nuevamente los juzgados se encontrarán sobrepasados! Ahí vendrán la discusión, los dimes y diretes. Señalaremos: "Se lo advertimos". Y nos replicarán: "Pero votaron a favor".
Señor Presidente, creo que en iniciativas de esta envergadura, de esta naturaleza, el Senado debe tener garantías mínimas de que el sistema pertinente va a funcionar. Pero no funcionará si en la mitad de los tribunales los jueces carecen de personal.
¡Eso no resiste ningún análisis!
Por lo tanto, siendo muy consecuente, no estoy dispuesto a avalar la irresponsabilidad con que se está actuando respecto a esta norma en particular.
He dicho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gómez, en su segunda intervención.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, solo hablaré porque quiero precisar algunos puntos, ya que considero importante, para la historia de la ley, que quede claro lo que hicimos.
La Comisión de Constitución le manifestó al Gobierno de manera nítida y transversal -parlamentarios de Gobierno y de Oposición- que el proyecto, en la forma como venía inicialmente, no iba a ser aprobado por el Congreso, o al menos por ese órgano técnico del Senado.
A raíz de ello, se inició todo el proceso de discusión que indiqué con anterioridad. Incluso, fuimos criticados por el Presidente de la Corte Suprema debido a la demora, la que nos pareció necesaria para obtener mucho más que lo contemplado por la iniciativa original.
Y quiero repetir lo siguiente, porque me extraña la declaración del Senador señor Espina.
En la respectiva Subcomisión de Presupuestos, Su Señoría emplazó directamente al Presidente de la Corte Suprema, don Enrique Tapia. Y tengo aquí el documento pertinente, donde le dice: "Yo soy partidario de lo que usted está pidiendo. ¿Usted está seguro de que los tribunales van a funcionar con el número de jueces que está planteando el Ejecutivo?". Y el Presidente del Máximo Tribunal le contestó: "Sí".
Por tanto, lo que estamos haciendo no constituye una irresponsabilidad. No se trata de un acto del Congreso Nacional. Lo que hicimos fue procurar que, de una manera u otra, el Poder Judicial tuviera la fuerza suficiente, incluso en el Parlamento, para decir las cosas. Y dijo lo que acabo de señalar.
La Ministra Margarita Herreros, representante de la Corte Suprema en la Comisión, expresó exactamente lo mismo: que era lo mínimo, pero que resultaba suficiente para el inicio del proceso y todo lo que este significaba.
Por eso, no me parece lógico decir hoy que todo partió mal y equivocadamente.
Sí podemos manifestar -y quiero corregir lo expresado al respecto por el Senador señor Orpis- que no se trata de la totalidad de los jueces.
Por desgracia, el Ejecutivo no cumplió al no asignar personal a todos.
El señor ORPIS.-
La mitad¿
El señor GÓMEZ.-
¡Es un juez! ¡No son todos ni la mitad!
En definitiva, quiero puntualizar que hemos hecho un tremendo esfuerzo. Estamos saliendo adelante con este proyecto de ley. No es óptimo -ya lo expresamos (figura en las actas) todos los integrantes de la Comisión de Constitución-, pero resulta necesario.
Es indispensable avanzar en el proceso, señor Presidente. Y aquí existe una responsabilidad compartida del Poder Judicial. Se le dieron en la referida Comisión -insisto-, de modo transversal (desde el Presidente hasta el último de sus miembros), todos los elementos conducentes a obtener lo necesario para ese Poder del Estado. Y este avaló el proyecto.
Por eso, creo del caso aclarar la situación. Porque, si se produce un colapso, la responsabilidad no será del Parlamento.
Hicimos un esfuerzo tremendo, a sabiendas de que no tenemos facultades de ningún tipo en materia presupuestaria. Sin embargo, "trancamos" la iniciativa, porque para nosotros era importante que saliera bien. Pedimos opinión al Poder Judicial. Y la Ministra Herreros estuvo durante todo el debate habido en la Comisión: participó como un parlamentario más y le dimos la palabra artículo por artículo.
Por lo expuesto, no puedo aceptar que, como he escuchado acá, se pretenda responsabilizar al Parlamento.
El señor ORPIS.-
¡Pero es lógico!
El señor GÓMEZ.-
No me parece posible. Porque nosotros aprobaremos un proyecto que tiene el aval del Poder Judicial y la firma del Ejecutivo, y todo el significado de la discusión habida para que ello se lograra.
Por eso consideré necesario aclarar la situación, señor Presidente.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor ESPINA.-
¿Me da una interrupción, Su Señoría?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
El Senador señor Espina está inscrito para intervenir después
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, con la venia de la Mesa, concedo la interrupción solicitada.
El señor ESPINA.-
Muchas gracias, Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
El señor Presidente de la Comisión de Constitución dijo exactamente la verdad. Y por lo que explicó Su Señoría solicité oficiar a la Corte Suprema y al Gobierno, pues una y otro manifestaron que el número de jueces no era suficiente.
Pero ocurre que la Corte Suprema partió con una tesis A -entiendo que estaba presente el Senador señor Gazmuri, Presidente de la Subcomisión, y lo que manifiesta el Honorable señor Gómez es exactamente la verdad- y señaló que se necesitaban 259 jueces. La señora ministra, quien la representó en la Comisión, sostuvo que menos magistrados significaban el colapso total y que la cifra mencionada era para salir de la UTI.
Nosotros llevamos a la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos la información que la propia Corte Suprema nos había proporcionado. Cuando le pregunté al Excelentísimo señor Presidente del Máximo Tribunal si el número de 95 jueces resultaba suficiente o insuficiente, me respondió que era suficiente.
A su vez, el Gobierno y el Ministro de Justicia han señalado que con esa cantidad de magistrados funcionará el sistema, de acuerdo con los cambios de procedimiento. Y la Corte también ha sostenido lo mismo.
Por mi parte, señor Presidente, lo único que deseo que quede claro, cuando sean contestados los oficios, es que alguien asume la responsabilidad en caso de que colapse el sistema. No quiero que esto último ocurra, pero creo que así sucederá. En consecuencia, el deber es que se conteste y que se asuma la responsabilidad -lo digo respetuosamente- que corresponde.
Porque nosotros hicimos una durísima defensa de nuestra posición -y deseo aclarárselo al Senador señor Orpis- y detuvimos el tratamiento de la iniciativa durante casi ocho meses. Pero el problema estuvo en que la gente siguió atendiéndose muy mal durante todo ese lapso. Entonces, so pretexto de que no se dispone de las herramientas para que el Gobierno efectúe cambios -este ha sostenido que el número de jueces que se contempla es suficiente y la Corte Suprema expresó lo mismo en la Subcomisión-, ¿vamos a tener el proyecto detenido?
Solo deseo, señor Presidente, que esos oficios permitan aclarar las responsabilidades del Gobierno y de la Excelentísima Corte Suprema en la materia.
Esa era la aclaración que deseaba hacer.
Doy las gracias al Senador señor Gazmuri y le ofrezco disculpas por usar tanto tiempo.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
La Mesa también hace suyos los oficios solicitados por el Honorable señor Espina.
Se agradece la buena voluntad al Senador señor Gazmuri, ya que ha terminado el Orden del Día.
--Queda pendiente la discusión particular del proyecto.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
EL señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
)------------------(
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor ALLAMAND:
Al señor Director de Vialidad de la Decimocuarta Región, para solicitar INFORMACIÓN ACERCA DE PROPIEDAD DE PUENTE SOBRE RÍO LELFUCADE, CON MIRAS A REPARACIÓN.
Del señor ESPINA:
Al señor Ministro de Hacienda y a la señora Tesorera General de la República, a fin de pedir PRÓRROGA DE REBAJA DE IMPUESTO TERRITORIAL DE PREDIOS AGRÍCOLAS Y MEDIDAS PARA IMPEDIR REMATES; al señor Ministro de Obras Públicas y a la señora Ministra de Agricultura, solicitando CONSTRUCCIÓN DE EMBALSE RÍO PURÉN; a la señora Ministra de Salud y al señor Secretario Regional Ministerial de Salud de La Araucanía, con el objeto de que se efectúe INVESTIGACIÓN EN SAMU DE TEMUCO POR EVENTUAL RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN MUERTE DE SEÑORA MARINA SERRANO, y al señor Fiscal Regional del Ministerio Público en La Araucanía, requiriendo INVESTIGACIÓN EN SAMU DE TEMUCO POR EVENTUAL DELITO EN MUERTE DE SEÑORA MARINA SERRANO.
Del señor FREI:
Al señor Ministro de Hacienda, pidiéndole considerar PLANTEAMIENTO DE DOCENTES DE PUERTO VARAS SOBRE REAJUSTE DE BONIFICACIÓN; a la señora Ministra de Salud, solicitándole información sobre IMPLANTE COCLEAR PARA MENOR EDUARDO TRINAS ROSAS; a la señora Ministra de Bienes Nacionales, a fin de que manifieste opinión acerca de REGULARIZACIÓN DE TÍTULOS DE DOMINIO EN SECTOR LAS ROCAS, RÍO PUELO; al señor Intendente de la Región Metropolitana, recabando su parecer acerca de ACTIVIDAD DE EMPRESA MINERA EN ALHUÉ; a la señora Presidenta del Directorio de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, con el objeto de transmitir PLANTEAMIENTO DE CÍRCULO DE AMIGOS PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL, CONCEPCIÓN, y al señor Presidente del Directorio de la Fundación Pablo Neruda, para que se tenga en cuenta PROYECTO "RUTA DE NERUDA" DE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO.
Del señor HORVATH:
A los señores Ministros de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo, y a la señora Intendenta de la Región de Aisén, para que se dé PRIORIDAD A PAVIMENTACIÓN DE ACCESOS A LOCALIDADES DE UNDÉCIMA REGIÓN; a los señores Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de Aisén y Director del Servicio Nacional de Aduanas, requiriendo antecedentes sobre EXPROPIACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO ADUANERO JEINIMENI, CHILE CHICO; y al señor Director Regional de Aisén del Servicio de Vivienda y Urbanización, solicitando información acerca de DEUDAS DE EMPRESA CONSTRUCTORA CON TRABAJADORES Y SITUACIÓN DE OCUPANTES DE TERRENOS DE SERVIU EN LA JUNTA.
Del señor LARRAÍN:
Al señor Ministro de Justicia, pidiéndole apoyar PROYECTO DE LEY DE RESTITUCIÓN DE QUINQUENIOS PENITENCIARIOS.
Del señor NARANJO:
Al señor Ministro de Relaciones Exteriores, a fin de que informe sobre MEDIDAS EN APOYO DE ESTUDIANTE JULIO BORJA, DETENIDO EN MIAMI, y a la señora Ministra de Salud y al señor General Director de Carabineros de Chile, para que indiquen si se está investigando ACTUACIÓN DE PERSONAL RESPECTIVO ANTE MUERTE DE SEÑOR RENÉ PALMA MANSILLA.
Del señor ROMERO:
Al señor Ministro del Interior, solicitándole informar acerca de FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE PLAN CUADRANTE EN COMUNA DE LA CALERA.
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EL señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez Varela.
ACCIÓN DE ENDESA PARA CAMBIO DE CALIFICACIÓN
DE LAGO LAJA. OFICIOS
El señor PÉREZ VARELA.-
En primer lugar, señor Presidente, deseo que se solicite al señor Ministro de Obras Públicas, superior jerárquico respecto de la Dirección de Obras Hidráulicas de esa Secretaría de Estado, una información mucho más fidedigna que la aparecida en los medios de comunicación sobre la acción interpuesta por ENDESA contra el Estado para cambiar la calificación del lago Laja, de referente natural a embalse.
Eso se transformaría en una situación extraordinariamente compleja, porque las normas de la ley eléctrica adquirirían prioridad con relación a las del Código de Aguas y existiría, por lo tanto, en lo que respecta al uso del caudal del lago Laja y del río del mismo nombre, una preeminencia absoluta sobre los regantes de aguas abajo, tanto de Los Ángeles como del canal Laja-Diguillín.
La acción de ENDESA en el Tercer Juzgado Civil de Santiago es una respuesta, a mi juicio, a la discusión generada para crear una junta de vigilancia que se haga cargo del lago y del río. Y, lamentablemente, como la Dirección de Obras Hidráulicas ha actuado más bien negándose a esa posibilidad, que les permitiría a todos los actores administrar las aguas, ENDESA se ha aprovechado de ello para formular su requerimiento.
Sin duda, se trata de una cuestión crucial. Y, en consecuencia, es vital que el Ministerio de Obras Públicas y el Consejo de Defensa del Estado actúen con la máxima diligencia en los tribunales de justicia. Considero fundamental, entonces, que el titular de esa Cartera y el Presidente de aquel organismo informen al Senado -también pueden hacerlo de manera reservada o secreta en la Comisión del ramo- acerca de cuáles son las acciones y la estrategia jurídica que seguirán para impedir que ENDESA tenga éxito en los tribunales.
Esto último significaría, señor Presidente, que todos los usuarios de una determinada cuenca donde existan centrales eléctricas -en este caso se trata de los del lago y del río Laja-, quedarían en la más completa indefensión.
Nos parece que no debería dejarse que ello ocurriera pura y simplemente. Estimo que el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio de Obras Públicas tienen una gran responsabilidad frente a la cuestión expuesta.
No quisiéramos que se cumplieran plazos sin haberse presentado los escritos respectivos ni los antecedentes necesarios, ni que se perdiese por la no concurrencia a los alegatos cuando corresponde. Creemos que resulta fundamental una actitud rigurosa y diligente para establecer la defensa de los usuarios.
Cabe señalar que la acción fue presentada hace algunos meses, sin que fuese posible contar con la información adecuada, que solo hemos conseguido durante la semana en curso.
Esperamos, por consiguiente, que los órganos públicos asuman el asunto con mucha responsabilidad.
Solicito que se oficie al Consejo de Defensa del Estado y al Ministro de Obras Públicas, entonces, para que proporcionen los antecedentes a que he hecho referencia.
A lo mejor, tratándose de un juicio, donde se definen estrategias jurídicas, lo pertinente no es informar a la Sala, pero sí a la Comisión de Obras Públicas del Senado, dentro del más breve plazo -repito que, si quieren, pueden hacerlo de manera reservada-, de modo que podamos monitorear en forma permanente la situación, que genera alarma, temor, y, sobre todo, va en desmedro de los derechos de los usuarios del río y del lago Laja. En el caso del canal Laja-Diguillín y de la Asociación de Canalistas del Laja, principalmente, cabe observar que se trata del riego tanto en la provincia de Ñuble como en Los Ángeles y parte de la provincia de Biobío.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senador señor Pérez Varela, conforme al Reglamento.
INCUMPLIMIENTO DE PLAN ARAUCO. OFICIO
El segundo punto que deseo exponer, señor Presidente, dice relación a un anuncio que hizo la Primera Mandataria el día 5 de enero de 2007 en Lebu, capital de la provincia de Arauco. En esa ocasión, en un acto desarrollado en el gimnasio local, expuso el denominado "Plan Arauco", que, en palabras muy simples, significa que durante cuatro años se invertirán alrededor de 360 mil millones de pesos en dicha provincia.
Está de más decir que esta última, dentro de la Región y del país, es una de las que presentan altos índices de pobreza, indigencia, desempleo y marginalidad, como también dificultades sociales y económicas verdaderamente profundas, realidad que fue la causa de la decisión presidencial, para poder resolver en parte algunos de esos problemas.
De acuerdo con antecedentes entregados a la Comisión de Gobierno del Senado -que llamó en dos ocasiones al Gobierno, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, para que informara sobre lo realizado-, queda en evidencia que por lo menos en 2007 no se cumplió ninguno de los objetivos perseguidos, habiéndose invertido cifras sustancialmente menores a las comprometidas por la Presidenta de la República.
En el día de ayer, la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional expresó que la provincia de Arauco ha perdido más de mil millones de pesos, responsabilizando de ello a la anterior Intendenta regional.
Y hoy esta última ha endosado a la actual Intendenta, en los medios de comunicación, la pérdida no solo de mil millones de pesos, sino de dos mil millones.
O sea, aquí tenemos una gestión inadecuada y una falta de transparencia en las cifras.
De hecho, el menoscabo de recursos para la provincia de Arauco fue reconocido por la señora Subsecretaria en una entrevista aparecida en el diario "El Mercurio", donde precisó que recién en marzo del presente año se enteró de la situación, o sea, solo hace algunos días.
Por ello, solicito que se oficie en mi nombre al señor Ministro del Interior, para que sea quien fije pautas de trabajo, en cuanto a lo que la Presidenta de la República anunció el año 2007, que digan relación a algunos aspectos que paso a reseñar.
Primero, insisto en las normas de transparencia: que tengamos la posibilidad, por lo menos en la Región que represento, de conocer con exactitud con cuántos recursos contamos, para dónde se disponen, en qué etapa están las ejecuciones. Y que los datos sean de fácil acceso. Porque hoy existe una nebulosa respecto de los fondos.
Y, para dar solo un ejemplo, hago presente que la señora Subsecretaria declaró que en 2007 se invirtieron 79 mil millones de pesos en la provincia de Arauco, de los cuales 42 mil correspondieron al llamado "Plan Arauco". Pero en horas de la tarde del mismo día la Intendencia Regional informaba al Senado que dicha inversión había alcanzado solo a 57 mil millones de pesos.
Por lo tanto, hay falta de conocimiento y transparencia sobre las montos, los proyectos y el grado de avance de cada uno de ellos, lo que permite todos estos dimes y diretes entre la anterior y la actual Intendenta y la Subsecretaria de Desarrollo Regional, quienes se echan mutuamente la culpa a través de los medios de comunicación.
Y los habitantes de la provincia de Arauco siguen esperando que se cumpla lo prometido.
En seguida, la pérdida registrada durante 2007 en la aplicación del Plan ha generado en las distintas comunas una duda sobre la credibilidad. Basta conversar con sus alcaldes, tanto de Gobierno como de Oposición, para darse cuenta de sus profundas vacilaciones sobre la eficacia del Programa.
En consecuencia, es preciso dar señales claras y concretas de que verdaderamente habrá un cambio a partir del nombramiento, hace algunas semanas, de la ex Ministra Cecilia Pérez como encargada del Plan.
Nosotros queremos solicitar -y de ahí el oficio al señor Ministro del Interior- que el Gobierno determine a lo menos dos cosas fundamentales.
Primero, en el acceso a la provincia de Arauco existe un peaje ubicado en el denominado "baipás" de Coronel -los días de semana cuesta mil pesos, ida y vuelta, y a partir de las 17 del viernes sube a mil 600-, que no tiene ningún sentido y castiga a quienes se dirigen a dicha zona, una de las más pobres de la Octava Región.
Esa instalación depende del Ministerio de Obras Públicas, pero debe mediar una decisión política para ponerle término, a fin de darle a la provincia una señal de que se están tomando medidas que verdaderamente van en su beneficio.
En segundo lugar, si la Presidenta de la República ha anunciado una inversión de 90 mil millones de pesos anuales, que 2 mil 800 millones se traspasen a los siete municipios de la provincia, con lo cual corresponderían 400 millones a cada uno, para que los destinen a programas de desarrollo local, con todos los resguardos que así lo garanticen, y no a gasto corriente.
Creo que sería la única fórmula para que la gente viera que el "Plan Arauco" se transforma en realidad en sus comunas, con obras de adelanto que los municipios han estado esperando desarrollar durante mucho tiempo.
Pero para ello se necesita que alguien tome una decisión política, lo que hoy no se visualiza que puedan hacer las personas que aparecen públicamente como encargadas del Plan. Esa responsabilidad debe corresponder al Ministro del Interior.
Porque la medida que nos ocupa obedeció a una determinación de la Primera Mandataria que no ha tenido un correlato en la estructura del Estado, entre otras razones debido a que tanto el actual como el anterior titular de la Cartera han estado absolutamente ajenos al asunto y lo han dejado a nivel de Subsecretarías. Por eso hoy nos vemos enfrentados a esta suerte de culpas para allá y culpas para acá, sin que se tomen las decisiones correctas por parte de la autoridad.
Por eso, señor Presidente, reitero mi deseo de que se oficie en mi nombre al señor Ministro del Interior para que, en su calidad de Jefe del Gabinete y autoridad política por excelencia, disponga algunas medidas que permitan que los habitantes de la Provincia de Arauco vuelvan a tener fe en el plan de desarrollo anunciado por la Primera Mandataria el 5 de enero de 2007.
He dicho.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, pido que el oficio a que se ha hecho referencia se envíe también en mi nombre.
En cuanto a los planteamientos sobre el "Plan Arauco", intervendré en otra oportunidad, porque deseo entregar una visión más global.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Senador señor Pérez Varela y del Honorable señor Ruiz-Esquide, conforme al Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Los Comités Renovación Nacional, Independientes y Socialista no harán uso de su tiempo.
En el turno del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
ANÁLISIS DE SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. OFICIOS
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, quiero llamar la atención acerca de la situación económico-social que está viviendo el país.
A mi juicio, más allá de los últimos reconocimientos hechos por el señor Ministro de Hacienda sobre la fuerte crisis internacional iniciada a mediados de 2007, nuestra economía ha pasado hace ya algún tiempo por un claro punto de inflexión.
En ese escenario, se está agudizando, por el alto grado de concentración económica a que hemos llegado y por las alzas de precio de los productos importados, la desigualdad que muchos hemos señalado; se está deteriorando la distribución del ingreso, que ya se encontraba entre las diez peores del mundo, y ahora, adicionalmente, los sectores de ingresos medios y más bajos están perdiendo claramente su poder adquisitivo, habiéndose visto que se acentúa en los últimos años, en forma simultánea, el nivel de endeudamiento familiar y personal por la aplicación de tasas de interés desproporcionadas y, paradójicamente, muy superiores a las de países más desarrollados que el nuestro.
Como no me es posible referirme a todos estos asuntos en el tiempo de que dispongo, solo deseo dar algunas indicaciones sobre dimensiones de los extremos a los que hemos llegado, por ejemplo, en el caso del sistema bancario y crediticio y de la situación respecto de las deudas hipotecarias.
Como ha sido publicado en la prensa, las utilidades de la banca han sido exageradamente altas en los últimos años -por decir lo menos-, como resultado de los cobros asociados a las más diversas formas de comisiones que se aplican de manera indiscriminada a los clientes y por los altos intereses fijados a las medianas y pequeñas empresas y clientes de menor tamaño relativo. Las grandes empresas, en cambio -lo sabemos muy bien-, reciben un trato preferencial y las menores tasas del mercado.
En relación con esas altas utilidades, y con el ánimo de abreviar la entrega de antecedentes, cabe subrayar que, si se tiene en cuenta solo a los tres mayores bancos, estos las incrementaron, entre los años 2004 y 2007 -tal como lo expuso en la Sala el señor Presidente en una oportunidad anterior-, en más de 50 por ciento, en términos nominales. Y si consideramos los montos alcanzados por tal concepto solo en el año 2007, se llega a la astronómica suma de 685 mil millones de pesos, es decir, mil 500 millones de dólares, aproximadamente.
Estoy señalando solamente las utilidades de los tres principales bancos -repito- en un año que exhibió ya en el segundo semestre una clara tendencia a la baja del crecimiento de la economía y en el que hubo una impactante apelación moral por parte del Presidente de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica para que en nuestro país se estableciera un "sueldo ético", frente a las "escandalosas desigualdades" y las increíblemente bajas remuneraciones que percibe la enorme mayoría de nuestros trabajadores.
Creo, sinceramente, que tales utilidades nos indican con claridad la presencia de usura, que ha sido denunciada no solo por la Iglesia Católica desde hace muchísimos años, sino también actualmente por el Papa Benedicto XVI, que incluso la ha considerado dentro de los nuevos pecados de una sociedad cada vez más enriquecida y más disociativa en relación con la diferencia de ingresos.
En concreto, en nuestro sistema bancario y financiero -que pareciera operar sin supervisión ni regulación alguna-, la práctica tan desigual aplicada a los más pequeños se refleja en el hecho de que, cuando el atraso en el pago de la cuota de un crédito hipotecario es superior a 10 días, la deuda aumenta automáticamente en bastante más de 10 por ciento, por los denominados "cargos de cobranzas", "intereses penales" y otros.
A su vez, las tasas de interés aplicadas por las grandes tiendas y por bancos asociados a ellas -que otros colegas ya han mencionado en oportunidades anteriores- prácticamente duplican las tasas y otros montos cobrados por la banca tradicional, llegándose, en muchos casos, a cifras superiores al 30 por ciento anual, que también pueden llegar hasta el 35 por ciento.
El Fisco -el sector público- agudiza este problema, especialmente en el ámbito inmobiliario y habitacional, por la absoluta inflexibilidad y rigidez que mantienen las instituciones de cobranza tributaria y crediticia existentes. Basta con leer en la prensa la enorme cantidad de remates judiciales de viviendas por atrasos en el pago de contribuciones y otras deudas, las cuales son entregadas a bancos donde existen grupos organizados que lucran comprándolas a valores extraordinariamente bajos.
Hace algún tiempo el Gobierno dictó un decreto que favorecía a los deudores tributarios. Condonaba el 80 por ciento de las multas e intereses y otorgaba facilidades de pago de hasta 36 meses. Pero acaba de vencer el 30 de marzo recién pasado. Esta franquicia no incluía los atrasos posteriores a junio de 2007.
Por lo tanto, son miles los deudores, fundamentalmente de contribuciones de bienes raíces -sobre todo, se trata de familias de clase media baja y de los sectores más pobres- que no pudieron acogerse a tal beneficio. Asimismo, sabemos que a partir de marzo la situación se torna tremendamente complicada, ya que se suman muchísimos pagos y también el alza de las tasas bancarias y del mercado informal, como ya señalé.
Sobre el punto anterior, deseo señalar mi satisfacción -ya se concretó anticipadamente lo que habíamos pensado solicitar en esta intervención- por la decisión del Gobierno de prorrogar el referido plazo a solicitud de los Diputados del Partido Demócrata Cristiano.
Creo que no escapará a la percepción de nadie que la iniciativa que estoy proponiendo, orientada a los intereses, si bien abarca un aspecto bastante específico y de especial importancia, representa una proporción muy menor del conjunto de problemas económico-sociales que se han venido agudizando desde 2007 a la fecha.
La ventaja que tenemos hoy es que el Ministro de Hacienda ha reconocido que "el mundo vive la crisis financiera más seria de los últimos 30 años", y, aunque señaló que sus efectos en Chile serán limitados, agregó que "lo más probable es que los próximos meses sean difíciles", anticipando que la actividad económica nacional inexorablemente irá de más a menos y que en forma irremediable habrá un aumento del desempleo, lo cual lamentamos, porque es habitual que en estos casos los más afectados sean las mujeres y los jóvenes. Las últimas cifras del INE muestran que la tasa de desempleo de personas entre 15 y 24 años subió 3,7 puntos porcentuales y que tal indicador llegó a 18,5 por ciento a escala nacional.
Señor Presidente, este no es el Chile que queremos a escasos dos años de nuestro Bicentenario. Pocas veces en su historia el país ha dispuesto de condiciones tan extraordinariamente favorables y, sin embargo, estamos experimentado una fuerte regresión.
En los próximos meses, el Fisco habrá almacenado, gracias al cobre y otros productos básicos, una cantidad cercana a los 30 mil millones de dólares. Creo que es imperativo -como ya lo hemos afirmado en reuniones anteriores- que el Senado de la República inicie un gran debate sobre las posibilidades de nuestro desarrollo futuro, pues, de otra forma, estaremos cayendo en notable abandono de nuestros deberes, muy en especial en cuanto a lo que se ha planteado en forma permanente respecto de la mala distribución de la riqueza.
El Papa señala ahora -no es otra cosa que la reproducción de dichos contenidos en la Encíclica Rerum Novarum, de 1891- que la sola existencia de una fortuna personal excesiva ya es un pecado social. Y sabemos que una persona que posee 5 mil, 6 mil o 10 mil millones de dólares -como ocurre en Chile- es capaz de generar en 12 meses una riqueza que un comerciante pequeño o una persona con mediana educación no lograría reunir ni aun trabajando miles de años.
Es preciso efectuar estos planteamientos a diario, aunque terminen siendo majaderos de tanto repetirlos.
Por eso, señor Presidente, pido que en mi nombre se oficie al señor Ministro de Hacienda para que en el menor plazo posible nos indique los planes especiales y extraordinarios que deberían implementarse para que nuestra economía recupere el ritmo y su orientación; y también a la Superintendencia de Valores y Seguros, a fin de que señale la forma como enfrentará el alza inaceptable de las tasas de interés -a veces se cobran intereses sobre intereses-, lo cual se ubica dentro del marco general de la usura.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:47.
Manuel Ocaña Vergara.
Jefe de la Redacción