REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 356ª
Sesión 3ª, en martes 18 de marzo de 2008
Ordinaria
(De 16:19 a 18:52)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ADOLFO ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE,
Y BALDO PROKURICA PROKURICA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de la Presidencia, don José Antonio Viera-Gallo Quesney y Presidente de la Comisión Nacional de Energía, don Marcelo Tokman Ramos.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 17 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).-
Las actas de las sesiones 1ª y 2ª, ordinarias, en 11 y 12 de marzo del año en curso, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Siete de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con los seis primeros retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto de los siguientes asuntos:
1.-
Proyecto, en trámite de Comisión Mixta, que modifica la ley N° 17.997, Orgánica del Tribunal Constitucional (boletín N° 4.059-07).
2.-
Proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas (boletín N° 4.248-06).
3.-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones orgánicas y procedimentales a la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia (boletín N° 4.438-07).
4.-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones a la ley N° 17.235, sobre impuesto territorial; al decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, y a otros cuerpos legales (boletín Nº 4.813-06).
5.-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre operación de embalses frente a alertas y emergencias de crecidas, y otras medidas (boletín N° 5.081-15).
6.-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2001, de Hacienda, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.420, que establece incentivos para el desarrollo económico de las provincias de Arica y Parinacota (boletín N° 5.648-05).
Con el ultimo retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", respecto del proyecto, en trámite de Comisión Mixta, que introduce en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional las adecuaciones necesarias para adaptarla a la ley N° 20.050, que reformó la Carta Fundamental (boletín N° 3.962-07).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Seis de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que eligió Presidente al Honorable Diputado señor Juan Bustos Ramírez; Primer Vicepresidente, al Diputado señor Guillermo Ceroni Fuentes, y Segundo Vicepresidente, al Diputado señor Jorge Ulloa Aguillón.
--Se toma conocimiento.
Con los dos siguientes informa que dio su aprobación a los asuntos que se indican a continuación:
1.-
Proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio de Seguridad Social entre las Repúblicas de Chile y del Paraguay, suscrito en Santiago el 7 de junio de 2007 (boletín N° 5.428-10).
2.-
Proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio de Seguridad Social entre las Repúblicas de Chile y Federativa de Brasil, suscrito en Santiago el 26 de abril de 2007 (boletín N° 5.276-10).
--Pasan a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Con el cuarto comunica que aprobó el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de salarios base (con urgencia calificada de "suma") (boletín N° 5.433-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Con el siguiente informa que prestó su aprobación al proyecto que modifica la ley N° 20.066, de Violencia Intrafamiliar, y otros cuerpos legales para incluir en la legislación nacional el maltrato al adulto mayor (con urgencia calificada de "simple") (boletines N°s 5.376-18; 5.142-18; 5.055-18; 4.691-18 y 4.167-18, refundidos).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con el último comunica que aprobó las modificaciones propuestas por el Senado al proyecto que modifica el Libro V del Código del Trabajo y la ley N° 20.087, que establece un nuevo procedimiento laboral (boletín N° 4.814-13).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto con sus antecedentes.
Ocho del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Con los tres primeros remite copia de igual número de sentencias dictadas en relación con los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formulados en contra del inciso primero del artículo 450 del Código Penal; de los artículos 20, inciso primero, y transitorio del decreto ley N° 2.186, de 1978, Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones, y del artículo 4° transitorio de la ley N° 18.755, de 1989, Orgánica del Servicio Agrícola y Ganadero.
--Se toma conocimiento.
Con los cuatro siguientes envía copia de igual número de acciones de inaplicabilidad formuladas en contra de los siguientes preceptos: artículos 2° y 3° transitorios de la ley N° 20.158; artículos 6°, 10, 11, 70-A, 405, 421, 426 del Código de Justicia Militar; parte final del inciso primero del artículo 171 del Código Sanitario, y artículo 42 del decreto ley N° 3.063, Ley de Rentas Municipales.
Con el último remite copia del requerimiento mediante el cual se solicitó declarar la inconstitucionalidad de los decretos supremos que aprobaron el otorgamiento de un préstamo del BancoEstado al Sistema de Transporte Público de Pasajeros Transantiago.
--Se toma conocimiento y se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Sabag, referido a una iniciativa legal para modificar el Código del Trabajo con el fin de establecer un régimen simplificado de indemnización legal.
Tres del señor Ministro de Obras Públicas:
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo al proceso de adquisición de barcazas y catamaranes para resolver el problema de conectividad marítima que existe entre las Regiones de Aisén y de Los Lagos.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Kuschel, respecto al avance del Plan Chiloé.
Con el último responde un oficio remitido en nombre del Senador señor Navarro, referido al sistema de aguas lluvias de la comuna de Chiguayante y a los programas de inversión asociados a él.
Del señor Ministro de Salud subrogante, mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, concerniente a la eliminación de perros vagos en la comuna de Coihaique.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, por medio del que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, con relación a los programas de inversión en Biovías II.
De la señora Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a la factibilidad de declarar Zona de Interés Turístico los sectores que indica de la provincia de Palena.
De la señora Subsecretaria de Minería, mediante el cual contesta una petición formulada por el Senador señor Novoa, durante la discusión de la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2008, sobre información que debe remitir la Comisión Chilena del Cobre.
Del señor Director del Servicio Electoral, por medio del cual envía el cronograma de actividades establecidas en la legislación electoral respecto de las elecciones municipales que se celebrarán el domingo 26 de octubre de 2008.
Del señor Intendente de Los Ríos, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Frei, acerca del funcionamiento de nuevas empresas hidroeléctricas en esa Región.
Del señor Alcalde de Hualqui, a través del cual da respuesta a un oficio cursado en nombre del Senador señor Navarro, atinente a la emigración de pobladores a la mencionada comuna.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Kuschel, Ávila, Bianchi y Escalona, que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al señor Josef Neudorfer Schmidtmeier (boletín N° 5.496-07).
De la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, recaído en el proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza con el fin de regular la oferta de carreras impartidas por instituciones de educación superior autónomas (boletín N° 5.688-04).
--Quedan para tabla.
Proyecto de acuerdo
De los Senadores señores Navarro, Muñoz Aburto y Vásquez, mediante el cual se rechaza la incursión militar que realizó el Ejército de Colombia en el territorio de Ecuador y se respaldan las gestiones que el Gobierno de Chile ha efectuado tanto para solidarizar con el Gobierno y el pueblo de Ecuador como para velar por el pleno respeto del derecho internacional y de los principios consagrados en la Carta de la OEA. (boletín N° S 1.047-12).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Comunicaciones
Del Comité Socialista, por medio de la cual informa que eligió como sus representantes a los Senadores señores Letelier y Gazmuri.
De la Comisión de Economía, mediante la cual comunica que eligió Presidente al Senador señor Guillermo Vásquez Úbeda.
--Se toma conocimiento.
Permiso constitucional
El Senador señor Naranjo solicita permiso constitucional para ausentarse del territorio nacional a partir del 16 del mes en curso.
--Se otorga.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
En este momento ha llegado a la Mesa un informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece de manera transitoria un mecanismo de devolución del impuesto específico al petróleo diésel a favor de las empresas generadoras eléctricas (con urgencia calificada de "suma") (boletín Nº 5.763-05).
--Queda para tabla.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
También ha llegado un certificado de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley, en segundo tramite constitucional, que establece una rebaja transitoria al impuesto a las gasolinas automotrices y modifica diversos cuerpos legales (con urgencia calificada de "suma") (boletín Nº 5.752-05).
--Queda para tabla.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
El Honorable señor García pidió la palabra por cinco minutos, haciendo uso de un derecho reglamentario.
Tiene la palabra Su Señoría.
RECHAZO A EXPRESIONES DE MINISTRO VIERA-GALLO OFENSIVAS PARA EL SENADO. OFICIO
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, me alegra que se encuentre en la Sala el Ministro Secretario General de la Presidencia, don José Antonio Viera-Gallo, porque precisamente me quiero referir a lo poco feliz de su comparación -hecha el jueves de la semana recién pasada- de la labor del Presidente del Senado con la de un director de orquesta.
Tengo gran respeto por los músicos y por los directores de orquesta. Pero este es el Senado de la República y quien lo preside es su Presidente, nos guste o no.
La doctora Bachelet es la Presidenta de la República, nos guste o no.
Quien preside la Ilustrísima Corte Suprema es su Presidente, nos guste o no.
Así es como deben entenderse los distintos Poderes del Estado y así es como hemos de entendernos quienes formamos parte de ellos en esta república.
Lamentablemente, no es la primera vez que el Ministro Viera-Gallo incurre en ofensas a este Congreso. Recuerdo que, al intervenir en una mesa redonda sobre transparencia, cuestionó y señaló como zonas de oscuridad las que existen en el Senado, en la venta de armas y en los consejos regionales. Es decir, para él, la Cámara Alta está en la misma altura que quienes venden armas irregularmente.
Señor Presidente, por su intermedio, solicito a todos los colegas Senadores, independiente de nuestras posiciones políticas, que enviemos un oficio al Ministro Secretario General de la Presidencia, don José Antonio Viera-Gallo, mediante el cual rechacemos aquella actitud y le pidamos que en lo sucesivo no vuelva a incurrir en expresiones como las que ha usado, porque, para mí al menos, ofenden al Senado de la República.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se enviará el oficio solicitado.
Acordado.
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El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, interpretando el sentir de la Comisión de Hacienda, solicito que el proyecto de ley que establece un mecanismo de devolución del impuesto específico al diésel a favor de las generadoras eléctricas, cuyo informe llegó recién a la Mesa, sea tratado en general y en particular a la vez.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
¿Habría acuerdo?
--Así se acuerda.
Inscripción automática en registros electorales y sufragio voluntario
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Espina, Horvath, Romero y Viera-Gallo, en primer trámite constitucional, que modifica los artículos 15 y 18 de la Carta Fundamental con el objeto de consagrar el sufragio como un derecho de los ciudadanos y su inscripción automática en los registros electorales, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3544-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional: (moción de los Senadores señores Espina, Horvath, Romero y Viera-Gallo).
En primer trámite, sesión 1ª, en 8 de junio de 2004.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 89ª, en 5 de marzo de 2008.
Discusión:
Sesión 1ª, en 11 de marzo de 2008 (queda pendiente su discusión general).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
La discusión general de esta iniciativa se inició en la sesión del martes 11 último.
Cabe recordar que el propósito de la iniciativa es consagrar, por una parte, la voluntariedad del sufragio, y por otra, la inscripción automática de los ciudadanos en los registros electorales.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió el proyecto solo en general y aprobó la idea de legislar por 3 votos a favor (Senadores señores Espina, Gómez y Vásquez) y una abstención (Honorable señor Larraín).
Esta reforma constitucional requiere, para ser aprobada, el pronunciamiento favorable de tres quintos de los Senadores en ejercicio, es decir, 22 votos.
Al terminar esta relación, debo dejar constancia, por orden del señor Presidente, de que en la sesión pasada quedaron inscritos para hacer uso de la palabra los Honorables señores Muñoz Barra, Larraín, Ávila, Escalona, Núñez, Navarro, Cantero, Bianchi, Sabag, Novoa, Arancibia, Chadwick, Naranjo, Gómez y Horvath.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Antes de reiniciar la discusión, quiero hacer presente un hecho que me parece importante para ella y para nuestro pronunciamiento.
En la sesión anterior se acordó, prácticamente por unanimidad, ver la iniciativa en esta sesión y en un solo acto. Fue el planteamiento original del Honorable señor Pizarro, que, de alguna forma, otros señores Senadores complementaron o especificaron aún más.
En ese entendido, a fin de avanzar en la tramitación del proyecto, planteé la necesidad de abrir la votación, con todo lo que ello implica.
En consecuencia, continúa la discusión general y se abre la votación.
El señor PIZARRO.-
Deseo consultar acerca de una cuestión de procedimiento. ¿Se trata de la votación en general? Lo pregunto porque se va a presentar una indicación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Así es, señor Senador.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra, por cinco minutos.
--(Durante el fundamento de voto).
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, nos corresponde pronunciarnos sobre la modificación de los artículos 15 y 18 de la Constitución Política, para establecer el sufragio como un derecho ciudadano y la inscripción automática en los registros electorales.
Mis opiniones al respecto son coincidentes con la propuesta relativa a esta última. Creo que ella responde a un criterio moderno, facilitado por las nuevas tecnologías de la información, el cual evita la rutina anacrónica de ir hasta la sede de la junta inscriptora para estampar el nombre, el número de cédula de identidad y la firma, lo que beneficiará al ciudadano. Por otra parte, la inscripción automática genera una economía de costos para el Estado.
No obstante, quiero señalar, por la forma que ha seguido el curso de la discusión, que no estoy de acuerdo con que la inscripción automática vaya acompañada de la voluntariedad del voto. Quienes así lo plantean sostienen que este último elemento es correspondiente con el ejercicio de la libertad, la cual es consustancial a la democracia. Incluso, se agrega que provoca que el sufragio sea "más intenso" y que permitirá elevar la participación electoral del segmento más joven de la población, en su mayoría sin motivación para inscribirse en los registros electorales ni interesado en la política.
No comparto ninguno de los argumentos anteriores. Tengo la convicción de que la no inscripción electoral y la falta de interés en la política responden a causas más profundas que la automaticidad de la primera y la voluntariedad o no del voto.
Entre tales causas están el fenómeno de la individualización; la falta de confianza en la política y los políticos; la existencia de una ley electoral binominal que altera la representatividad ciudadana; la aún insuficiente calidad de nuestra democracia; la demanda de mayor participación de la ciudadanía; la no solución de problemas sociales y económicos que se arrastran desde hace tiempo; la desigualdad de género ante la posibilidad de alcanzar cargos de representatividad ciudadana y, en general, la crisis de representatividad que afecta a los políticos. Son fenómenos que deberían estar presentes en el debate y en nuestras preocupaciones a la hora de discutir un tema como el que estamos tratando.
Votar es un derecho irrenunciable; una conquista propia de la democracia. Tengamos presente lo que costó en el país que las mujeres accedieran a ese derecho. Pero considero que este debe ir acompañado del deber de votar, porque es la única manera de que la ciudadanía participe, de que incida en el curso de los acontecimientos políticos, económicos y sociales, sean nacionales, regionales, comunales o de segmentos de la población.
Si la desconfianza en la política y los políticos, si las carencias de nuestra democracia, si la falta de respuestas convincentes a la demanda ciudadana y otros hechos apartan a la ciudadanía de la política, no hacer obligatorio el derecho a voto significará un estímulo más para no participar en ella.
Si aprobamos normas que hagan posible una mayor participación ciudadana, además de mejorar la calidad de hacer política, junto con la inscripción automática y la obligatoriedad del sufragio, evitaremos la gran influencia que hoy ejercen en las decisiones nacionales los denominados "poderes fácticos" o quienes se han instituido en minorías políticas activas por contar con los recursos económicos y el dominio sobre los medios de comunicación para hacerlo.
En las democracias, esa influencia reside en el ciudadano o el soberano -como diría Rousseau-, es decir, en el pueblo, y no en pequeños círculos o en caudillos que establecen relaciones de clientelismo con los votantes.
Si miramos el Derecho comparado, no encontraremos un patrón único de comportamiento electoral. Formulo esta advertencia en el sentido de que cuando observamos el Derecho extranjero debemos considerar no solo la norma, sino también las circunstancias culturales y políticas en que se aprobó, para no cometer el error de pensar que es buena para nosotros únicamente por existir en otra latitud.
En la mayoría de los países europeos el sufragio es voluntario. En Latinoamérica la tendencia es a que sea obligatorio. En Estados Unidos es voluntario y lo materializa menos de 50 por ciento de los ciudadanos. Hay muchas investigaciones al respecto, que arrojan resultados distintos.
Es cierto que la ciudadanía votará, en mayor o menor cantidad, en la medida que se formulen propuestas y proyectos de país atractivos, por ser esperanzadores. Pero en naciones como las nuestras existe mucho escepticismo acerca de las propuestas esperanzadoras, debido a la desconfianza en los políticos.
Por ello, es necesario modificar esa conducta, no solo con proposiciones atractivas y viables -lo que constituye un reto para los partidos-, sino también a través de una norma que obligue a sufragar. Pienso en un esquema de inscripción automática y voto obligatorio,¿.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor MUÑOZ BARRA.-
¿Me concede un minuto, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Con todo agrado.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Pienso en un esquema de inscripción automática y sufragio obligatorio, en el cual, si el sistema electoral contabiliza los votos en blanco junto con los pronunciamientos que expresan una opción entre candidaturas, se podrán plantear situaciones de castigo evidente en el sentido de que los políticos estamos, a lo mejor, haciendo mal nuestro trabajo.
Anuncio mi voto favorable a la inscripción automática, pero, cuando sea preciso definir lo relativo al sufragio voluntario, por supuesto que no se contará con mi apoyo.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, por la sustancia de las materias involucradas, el debate resulta muy interesante, pero, al mismo tiempo, muy complejo, porque me da la impresión de que es fácil realizar afirmaciones en diferentes sentidos, sin que se puedan acreditar.
Pienso que, cualquiera que sea lo que aprobemos: mantener el sistema actual o cambiarlo, va a generar consecuencias muy difíciles de prever, pero quizá el problema de fondo, al que muchos han aludido, no se resolverá. No hay garantía de que la distancia que muchos mantienen respecto de la inscripción se superará si el día de mañana existe inscripción automática y voto voluntario.
Hoy no pueden esgrimirse dificultades en el trámite pertinente para explicar ese alejamiento: las juntas inscriptoras funcionan en la semana durante todo el día. Por lo tanto, existe suma facilidad para realizarlo, pues no demora más de media hora. En cambio, se tarda mucho más en votar, y, probablemente, si cambiáramos el sistema enfrentaríamos numerosas dificultades para lograr una afluencia de público muy grande.
Por otra parte, en cuanto a lo que se propone, ello me atrae, conceptualmente, y estimo razonable que sea obligatorio ser ciudadano -no puede ser voluntario- y, luego, tener libertad para votar.
Sin embargo, me parece relevante analizar dos inconvenientes en forma previa a una definición, respecto de la cual no observo un acuerdo político en la Sala.
En primer lugar, la fórmula que se plantea supone la destrucción del padrón electoral, consistiendo la modificación en un sistema de registro, el cual, si lo juzgamos por la iniciativa de ley en trámite en la Cámara de Diputados, es ampliamente defectuoso. Tal mecanismo no garantiza que vayamos a tener la misma tranquilidad que hoy nos da el padrón aplicable.
Por lo tanto, aquí hay una cuestión mayor que no queda resuelta, y daremos un paso en el vacío si no la estudiamos debidamente con anticipación.
En segundo término, si efectivamente hubiera acuerdo en que existiese inscripción automática, no tenemos certeza de que vaya a haber voto voluntario, porque diversos señores Senadores, tanto de la Democracia Cristiana como incluso del Partido Socialista, han manifestado aquí que están disponibles para aprobar la inscripción automática en el supuesto de que el sufragio sea obligatorio. Y de ser eso así, nos hallamos en otra discusión.
¿Qué deseamos realmente? No se sabe, al menos a la luz de las intervenciones registradas.
Por lo tanto, me parece que se trata de un ámbito complejo y respecto del cual no existe certidumbre. Y, además, el resultado no se halla garantizado.
Tengo aquí unos datos de las Naciones Unidas acerca de los porcentajes de participación de votantes con relación a la población.
Los promedios son los siguientes: en América Latina, 62,7 por ciento; en Europa Occidental, 73,6; en Estados Unidos, 43,3.
Con voto obligatorio, Argentina y Brasil llegan a 78 y 75,9 por ciento, respectivamente.
Entre aquellos con inscripción automática y voto voluntario, Colombia alcanza a 33,3 por ciento, y Venezuela, a 45,7.
Y en Chile, bajo el actual sistema (es decir, con voto obligatorio, sin que se cumpla la sanción en la forma como sabemos), la cifra llega a 74,4 por ciento; en Costa Rica, a 68,8, y en México, a 59,3.
Por lo tanto, no se ve que los promedios registrados conforme al actual sistema puedan cambiar con el modelo que se propone. Al contrario, podemos correr el riesgo de que se multiplique el grave distanciamiento de dos millones y medio de jóvenes que hoy día se advierte. Y no solamente el de ellos, sino también el de otros sectores de la sociedad.
Entonces, estamos dando un paso que no garantiza una mayor participación, estamos destruyendo el padrón electoral y nos encontramos ante la incertidumbre de si se determinará un voto voluntario u obligatorio.
Y el Senador que habla, por lo menos, está disponible para un mecanismo que garantice, en alguna instancia, la voluntariedad: "O elijo si me inscribo o elijo si voto". Pero ello no está asegurado en el proyecto por la votación que ha tenido lugar.
En consecuencia, me parece irresponsable dar pasos en este momento que no nos aseguren hacia dónde caminamos.
Dicho de otra manera, estimo que una cuestión de esta naturaleza supone ciertos acuerdos políticos básicos que aún no se han logrado. Y efectuar reformas constitucionales sin ellos no resulta responsable.
Insisto: conceptualmente, estoy a favor de la inscripción automática y del voto voluntario. Sin embargo, no me han contestado la pregunta esencial: con qué padrón electoral vamos a trabajar. Mientras eso no esté definido, juzgo una irresponsabilidad dar este paso.
Pido un acuerdo político antes de avanzar en la materia. En tanto, no me queda más que rechazar el proyecto, tal como lo anuncié.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente, la inscripción en los registros electorales es un trámite, el cumplimiento de un requisito para ejercer un derecho: el voto. De ahí, entonces, que estemos haciendo referencia a dos elementos ligados entre sí, pero de naturaleza diferente.
No debería existir obstáculo de ninguna especie para que las personas nacidas en territorio chileno y que cumplan con los requisitos que la ley establece puedan formar parte del padrón electoral, ya que adquieren automáticamente la condición de ciudadanos. Pero el ejercicio de los derechos que esta última entraña no puede quedar entregado a la voluntad de las personas. Hay deberes que todos debemos cumplir. Y, tal vez, uno de los más importantes es el de participar en la elección de quienes tienen bajo su responsabilidad la conducción del país y de las instituciones fundamentales de la República.
No me sorprende que algunos representantes de la Derecha tiendan a minimizar, a bajar el perfil del derecho en análisis. Dicho sector político nunca ha estado ocupado del fortalecimiento de las instituciones republicanas. Cuando estas no sirven a sus intereses, o las debilita o, simplemente, las destruye.
Pero lo que Chile necesita hoy, por sobre todas las cosas -y en general, diría, todo el mundo subdesarrollado-, es avanzar hacia un genuino fortalecimiento de las instituciones públicas. El Estado, en todas partes, se encuentra en tela de juicio, debilitado, enmarañado por los intereses económicos que dominan en el planeta. Los ciudadanos requieren que aquellas entidades sean eficaces para contribuir a la efectiva protección de sus derechos.
El debate suscitado alrededor del proyecto ha de ampliarse y profundizarse. Aun más, debe escapar de los círculos estrechos en que hoy se lleva a cabo.
La ciudadanía debe estar consciente del momento que vivimos y de la necesidad imperiosa de rectificar todo lo concerniente al funcionamiento de las instituciones públicas. Mientras más respaldo haya a las autoridades cuya misión es conducir los destinos del país, más empeño tendremos que poner en darles la más amplia representatividad posible. Y esta se logra solo...
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
El sistema se apaga al agotarse su tiempo, señor Senador.
Puede hacer uso de la palabra por un minuto más.
El señor ÁVILA.-
Gracias, señor Presidente.
Decía que la representatividad es fundamental, y, por tanto, el ejercicio del derecho a voto no puede quedar entregado a una decisión voluntaria, porque con ello debilitamos el nexo del ciudadano con las instituciones y las responsabilidades que necesariamente debe asumir acerca de su conducción.
De ahí, entonces, que apoyo la idea de la inscripción automática, y reservamos nuestra opinión para cuando se debata en particular lo relativo al ejercicio del derecho a voto.
Voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Hago presente a los señores Senadores que cada orador puede fundamentar su pronunciamiento por cinco minutos, sin perjuicio de facilitarle un breve margen cuando sea posible.
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, manifiesto mi opinión favorable al proyecto sobre inscripción automática en los registros electorales, porque entiendo que constituirá un factor poderoso para la participación de los jóvenes en los comicios.
El proceso sucesivo de ampliación de la democracia ha ido evolucionando desde las limitaciones históricas que evidenció la democracia censitaria, marcada por el derecho de aquellos que eran propietarios o aristócratas, hasta una situación de igualdad de géneros. Y ello ha sido positivo. Por tanto, en la medida en que los medios de la civilización han ido posibilitando una mayor igualdad entre hombres y mujeres, entre jóvenes y ancianos, parece deseable, desde todo punto de vista, que se pueda establecer la inscripción automática en los registros electorales.
No veo ninguna razón, considerando los recursos tecnológicos actuales, para que el país no se dote de esta capacidad. Están las condiciones para que esto se pueda llevar a cabo. Hoy es posible controlar y fiscalizar el acto electoral. De modo que no entiendo que todavía se pretenda mantener una cortapisa que limite de manera severa -como ocurre hoy- la participación de la nueva generación en las decisiones de la democracia chilena.
Por ese motivo, señor Presidente, siendo muy directo y concreto, voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, nadie duda de que esta es una materia particularmente opinable. Existen diversos puntos de vista -todos muy legítimos- respecto de la naturaleza que debe tener el sistema a través del cual los ciudadanos expresan su opinión política. Hay argumentos en uno y otro sentido que son atendibles.
Sin embargo, el problema -en mi opinión, este justifica plenamente la discusión y, tal vez, los acuerdos políticos que un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra llamaba a materializar- es que en nuestro país menos de 9 por ciento de la población confía en los partidos políticos y en los congresistas; más de 70 por ciento piensa que los candidatos solo se preocupan de la gente en época electoral; 43 por ciento no se siente orgulloso de la forma en que funciona la democracia, y 48 por ciento cree que las personas no están interesadas en votar porque los partidos no cumplen sus promesas.
Además, el principal inconveniente que tiene nuestro sistema electoral es que inhibe el derecho al ejercicio de la ciudadanía, pues desde el retorno a la democracia el número de jóvenes menores de 29 años inscritos -esta es una de las materias que más nos han preocupado en el estudio del proyecto- se ha reducido de 35 a 15 por ciento. Esa es la situación que debemos enfrentar y a ella tenemos que dedicar nuestros esfuerzos, fundamentalmente, a los efectos de establecer cuál es el mejor sistema para enriquecer la realidad política chilena, que está pasando por uno de sus momentos más críticos, al igual que en otros países del mundo.
Desde luego, no debiéramos tener mayor dificultad en admitir que lo lógico, dados los avances del proceso de transformación tecnológica que vive la sociedad moderna, es que haya inscripción automática, lo cual no era posible siquiera pensarlo en el pasado, ya que no existían posibilidades técnicas para ello. Seguramente, si lo aprobamos, uno de los problemas que tendremos que enfrentar es la determinación del domicilio, cosa que en la actualidad presenta inconvenientes. Muchas personas, una vez concretada la inscripción automática, probablemente tendrán un domicilio distinto de aquel que conste en la inscripción al momento de querer ejercer su ciudadanía. Ese será un punto -si lo aprobamos, por cierto- importante de ver en su momento.
En cuanto al voto voluntario, debo señalar que soy partidario de él básicamente porque es la mejor manera de enfrentar los desafíos que demanda el ejercicio de la actividad pública. Los partidos políticos tienen la obligación de mejorar su oferta ante la sociedad, de ser más atractivos. No es que la gente no quiera ir a sufragar porque vive muy alejada de los lugares de votación. En muchos países de América Latina los ciudadanos -sobre todo los jóvenes-, en un porcentaje importante -tal vez algo menor en Chile-, no participan en los procesos electorales, sencillamente porque no sienten que los partidos políticos estén dando cuenta en forma adecuada de sus intereses y de sus desafíos.
En consecuencia, la mejor manera de enriquecer la vida de los partidos y la realidad política del país, de dar a entender que la política es una actividad sana -la forma más adecuada de vivir civilizadamente- es que los partidos, los candidatos y los políticos seamos capaces de entregar una oferta atractiva, no demagógica, que supere los márgenes del populismo.
Asimismo, creo que el mejor modo de aumentar el número de participantes en un proceso electoral es que a este se concurra, más que por obligación -aun cuando sabemos perfectamente que tal obligación es relativa en el país-, como respuesta ante mejores ofertas políticas. Efectivamente, quienes ejercen la noble función de la política deben tener la capacidad de atraer más al ciudadano, de generar mayor conciencia en él. Y eso, en mi opinión, no se logra con un sistema coercitivo como el que obliga a votar, sino, precisamente, con uno que permita al ciudadano entregar su opinión de manera voluntaria.
Por esas razones, estando de acuerdo en la necesidad de este proyecto, creo importante que arribemos a algún tipo de consenso para que no se frustre esta posibilidad de modificar y perfeccionar la Carta Fundamental.
En lo personal, estoy por la inscripción automática -cuestión que no tiene mucha gracia, porque nada se saca con andar en contra de lo que tecnológicamente hoy es posible sin mayores dificultades- y, sobre todo, por el voto voluntario.
Voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, durante la discusión del proyecto de ley se recibieron aportes de diversos expertos, quienes, mediante profundos análisis, intentaron explicar las causas de la crisis de participación política que afecta a nuestra democracia.
Las cifras son demostrativas de una fuerte desafección de la ciudadanía respecto de la política. Hoy, si se suman los votos nulos y blancos, más quienes no van a votar pese a estar inscritos en los registros electorales y aquellos que simplemente no se inscriben, se llega a sobre 3 millones de personas. Esto quiere decir que, de un universo potencial de cien, solo 68 por ciento participa en los procesos electorales. Y estas cifras son más dramáticas todavía cuando se mira la participación activa, puesto que no más de 5 por ciento de la ciudadanía milita hoy en algún partido político.
A toda esta coyuntura negativa -y que va en claro aumento- se quiere hacer frente con la modificación del derecho a sufragio y con la inscripción automática en los registros electorales.
Ante eso, solo cabe constatar que, por tal vía, se dará una respuesta parcial a la crisis ciudadana y a las demandas de las personas en lo que a participación política se refiere.
Si ellas se marginan de los procesos electorales, es fundamentalmente porque no se sienten en lo más mínimo vinculadas, ni en lo emocional ni en lo práctico, con el esquema actual de representación, que da cabida solo a quienes están inscritos en algunos de los partidos políticos, los cuales se encuentran claramente definidos en su base doctrinaria por una coyuntura social absolutamente ajena a la realidad que impera hoy en día.
Por eso, señor Presidente, aprovecho la discusión dada en torno a este proyecto para pedir que todos quienes formamos parte del actual sistema político demos una nueva lectura al artículo 18 de la Constitución, que, en lo medular, establece el principio de igualdad de participación entre las personas que militan en un partido político y los independientes. Todos sabemos que dicho principio no es respetado en ninguna de nuestras leyes electorales, puesto que, para competir para un cargo, sea de parlamentario o de concejal, los independientes corremos en gran desventaja frente a un miembro de un partido político.
Hace tiempo que venimos hablando de reformar nuestro sistema binominal. Sobre el particular se han presentado diversas propuestas. Sin embargo -y curiosamente-, ninguna de ellas se hace cargo de la inconstitucionalidad de la ley electoral, por lo que creo que ya es tiempo de enfrentar este grave problema no solo político, sino además de claras consecuencias jurídicas y de institucionalidad, para que de una vez por todas iniciemos una reforma profunda a nuestro sistema político.
En la actualidad, las encuestas y los sondeos de opinión nos revelan un hecho indesmentible: más del 51 por ciento de los chilenos se declara ajeno al tema político; o sea, son absolutamente independientes. Creo que ese gran porcentaje de personas no asistirá a votar, aunque haya inscripción automática, a menos que vea una opción que se acerque a un sentir político que lo motive a participar. En tanto esa alternativa sea solo una utopía o excepción, los niveles de apatía seguramente continuarán profundizándose.
Es necesario otorgar un respiro a nuestro sistema mediante la posibilidad de acceso a nuevas ideas y formas de representación. Mientras tanto, solo estaremos dando soluciones que dejarán muy tranquilos a quienes hoy nos hallamos en el mundo político, pero que seguirán aumentando la lejanía de las personas con la política, en especial de los más jóvenes, que no encuentran ninguna identificación, ni social ni histórica, con el actual modelo y discurso políticos.
Además, quiero recoger lo que ha dicho el Honorable señor Núñez -concuerdo del todo con él en la descripción que hizo- y hacer presente que los partidos políticos hoy día están llamados a buscar un "reencantamiento" de los ciudadanos, término que ha sido muy usado en el último tiempo, pero que no deja de ser cierto. Actualmente tenemos la obligación de volver a encantar, en alguna medida, a los millones de chilenos que cada día se ven más alejados del mundo político. Ello es necesario, porque una democracia requiere partidos sólidos y representaciones fuertes. Y tal como vamos, obviamente estamos en deuda con lo que la ciudadanía nos exige.
No me explayo más sobre la materia, señor Presidente. Pero, sin lugar a dudas, esto da para debatir acerca de muchos otros temas. Entre ellos, el relativo al sistema binominal es uno de los que deben someterse con urgencia a la discusión ciudadana.
Voto a favor del proyecto en general.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, es muy grato escuchar decir al Senador señor Bianchi que está preocupado por modificar el sistema binominal. Eso hace muy bien. Ojalá que prontamente podamos sacar adelante esa iniciativa.
El motivo que llevó a algunos colegas a presentar esta moción sin duda es el de que los jóvenes no se inscriben en los registros electorales. La idea, entonces, apunta a que participen en los diversos procesos eleccionarios.
Pero ¿por qué no se inscriben? Porque tienen una opinión crítica de la política y de los políticos; una baja confianza en las instituciones políticas y en sus élites, incluyendo a parlamentarios y jueces; un modesto apoyo a la democracia, y una baja satisfacción con el orden pluralista.
La inscripción automática es una reforma necesaria, porque posee múltiples fundamentos y no alterará la distribución de las fuerzas electorales.
Evidentemente, todos propendemos a que exista una mayor participación ciudadana. Todas las personas tienen derechos, deberes y obligaciones. Hemos visto cómo los jóvenes han realizado marchas y protestas para hacer valer sus derechos. Y, sin duda, consiguieron muchas de sus aspiraciones. Sin embargo, se niegan a inscribirse y no participan en los procesos democráticos.
A lo mejor nosotros no les hemos dado buenos ejemplos; pero una de las maneras civilizadas de gobernar las naciones es a través de los sistemas democráticos, en especial, de la elección de autoridades por parte de todos los ciudadanos.
En mi opinión, la política constituye una de las actividades más nobles que puede desarrollar un ser humano después de la de quienes se dedican a servir a Dios y a trabajar por el espíritu y el alma de las personas. Para quienes nos dedicamos por entero a luchar por la gente y a servir a la ciudadanía, la política es una muy noble función. Invito a participar en ella a todos los jóvenes, quienes, como son idealistas, no me cabe duda de que podrán transformar lo que consideren que está mal. Pero, para ello, al menos deben inscribirse en los registros electorales.
Quiero señalar también que en las democracias avanzadas la preocupación es mejorar la participación, que viene cayendo desde hace dos décadas. De ahí que las propuestas van dirigidas a promover la participación y no a inhibirla o a disminuirla.
La más importante contribución en este sentido fue hecha pocos años atrás por el profesor Arend Lijphart, de la Universidad de California, San Diego. En su discurso como Presidente de la Asociación Norteamericana de Ciencia Política (APSA), apoyado en sus estudios y en el análisis de una gran cantidad de investigaciones, entregó sólidos argumentos a favor de mantener el voto obligatorio y estuvo claramente en contra del voto voluntario.
Sostuvo que desde el comienzo del desarrollo de la democracia se entendió que el sufragio debía ser no solo libre, universal y secreto, sino también obligatorio, porque es un deber cívico que todos tenemos para hacer posible un Estado democrático. Hay pocos deberes cívicos en las sociedades y el de votar es uno, junto con el de contribuir a la defensa del Estado a través del servicio militar, el de la educación y el del pago de los impuestos.
Por eso se justifica la inscripción automática.
Para cumplir con el deber de defender a la patria, el servicio militar requiere inscripción automática. Por lo tanto, para votar, el registro respectivo también debe tener ese carácter. Pero el sufragio tiene que ser obligatorio. ¡Porque el mínimo deber que exige la nación a los ciudadanos es que se pronuncien para elegir a sus autoridades comunales, regionales y, por supuesto, al Presidente de la República!
En consecuencia, me pronuncio a favor de la idea de legislar. Y espero que en la discusión particular en la Comisión se apruebe la inscripción automática y el voto obligatorio.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Arancibia.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente, no cabe duda -y ha quedado demostrado aquí- de que este es un asunto opinable o al menos discutible, como se dijo hace un instante.
El debate ha evidenciado que existen diferentes alternativas de solución que se entrecruzan entre sí. Algunos quieren que el voto sea voluntario; otros, obligatorio. Hay quienes desean una inscripción automática; otros, una obligatoria o la que existe hoy, que es libre. He escuchado opiniones para todos los gustos, lo cual refuerza mi pensamiento de que este punto es a lo menos discutible.
Personalmente, creo que el sistema de registro y control que ha llevado el SERVEL hasta el momento da la necesaria confianza, ha funcionado. Es transparente y perfectible como toda obra humana.
Con todos los avances de la tecnología, siento que los padrones electorales -con la huella digital y la firma del ciudadano- constituyen un elemento de gran valor que debiéramos preservar.
Para ser acreedor a los beneficios de una determinada ciudadanía, pienso que una de las obligaciones de este "ser ciudadano" está reflejada en el compromiso y la disposición a participar en las acciones que estas condiciones requieren.
Senador señor Gazmuri, está bien que hable, pero no grite, para que se escuche más lo que yo estoy diciendo. Cuando usted interviene, yo le pongo una profunda atención.
El señor GAZMURI.-
Voy a prestar atención, señor Senador.
El señor ARANCIBIA.-
Gracias.
El señor GAZMURI.-
Excúseme.
El señor ARANCIBIA.-
Por todo lo anterior, adscribo a la postura de quienes sostienen la obligatoriedad de la inscripción en los registros electorales, a fin de preservar el padrón electoral con la firma y la huella dactilar.
Del mismo modo, estoy convencido de que una eventual obligación de votar vulnera el derecho que le asiste a ese mismo ciudadano de pronunciarse frente a las diferentes opciones que se le presentan, ya que es igualmente válido votar en blanco, anular el voto o abstenerse no concurriendo a sufragar, cosas que ocurren hoy.
La mayor adhesión ciudadana a un determinado proceso eleccionario o el entusiasmo de la juventud por este derecho cívico que se abre no se van a modificar por la existencia de una norma legal o no, como lo han repetido hasta el cansancio los señores Senadores aquí en la Sala.
Nuestro desafío es mucho mayor y va más allá del resultado del debate parlamentario, el cual será estéril si no logramos representar las reales inquietudes de la ciudadanía y ganarnos la adhesión a las propuestas que le formulemos.
Esto no significa un grado de autosatisfacción con lo que tenemos. Por el contrario, estoy cierto de que debiéramos hacer todo lo necesario para facilitar los procesos de inscripción y sufragio, pero en el marco del sistema que hasta el momento nos ha dado seguridad, tranquilidad y prestigio a nivel internacional.
Consecuente con lo anterior, no estoy de acuerdo con el proyecto presentado y lo voy a votar en contra. Y aprovecho la oportunidad para rechazar, en principio, ese estilo que trata de poner la discusión de este tema sobre conceptos ideológicos.
Aquí no hay Derechas e Izquierdas, ni amigos o enemigos de los ricos para debatir esta materia, como dijo un distinguido señor Senador, sino una cuestión de principios, de conceptos. Y cada uno de nosotros tiene el más absoluto derecho a señalar un criterio sin sentirse por ello adherente a causa, sector o colectividad alguna.
He escuchado hasta el cansancio -es otro asunto que considero importante- las críticas al sistema binominal, y no he visto nunca ni el proyecto correspondiente ni la intención real de discutirlo en la Sala. Pareciera ser un buen elemento para plantearlo, pero malo para discutirlo.
Espero que algún día dejemos de incluir esto en nuestros discursos y pasemos a la acción.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo.-
Señor Presidente, por cierto, este es un proyecto de ley esencialmente opinable y discutible.
Con todo, creo que la moción de los Honorables señores Espina, Horvath y Romero y del ex Senador señor Viera-Gallo va en la dirección de lo que hoy en día requiere nuestro país, sobre todo cuando vemos la apatía no solo de los jóvenes, sino de la población en general.
Estoy absolutamente convencido de que la democracia es una adhesión voluntaria. Y, en ese sentido, no veo inconveniente -al contrario- en que con las nuevas tecnologías podamos simplificar esta decisión ciudadana. Me parece que, más allá de cualquier dificultad que pueda haber, la inscripción automática podrá regularse y establecerse con seguridad.
A mi juicio, por esa vía daremos un paso para eliminar un trámite que no hace expedito el ejercicio del voto o, si se quiere, la participación de la gente.
Por eso, con la actual tecnología, no veo inconveniente alguno en la inscripción automática.
Contamos con servicios como el Registro Civil, que es único y quizás constituye un privilegio para todo el sistema de identificación chileno, pues países más adelantados que el nuestro no lo tienen. No veo por qué no podríamos disponer de la misma seguridad en nuestro sistema electoral estableciendo un sistema de inscripción automática.
Creo que el nivel a que se ha llegado en Chile en cuanto a la seguridad de registros de los roles únicos tributarios y sistemas de identificación constituye una garantía de que también podemos -y debemos- hacerlo bien en esta materia.
Ahora bien, con respecto al voto voluntario -que es tal vez el motivo fundante de este proyecto-, puede haber razones -las ha habido a través de la historia- para señalar el temor o la excusa de algunos en el sentido de que un voto voluntario puede darse vuelta, e incluso que no haya participación.
Pero, a mi juicio, eso no tiene sentido comparado con el desafío en el cual tiene que fundarse una democracia. Esta debe basarse en que lo que se ofrezca sea digno, bueno, necesario. Por ello, un voto voluntario es de la esencia de un régimen democrático. Es la libre adhesión de los ciudadanos a un sistema político que ennoblece a la sociedad y que, por esa vía, tiene la obligación de escoger un gobierno acorde con la institucionalidad y que sea la expresión de esa libertad y la concreción de un Estado de Derecho como el que aspiramos.
No veo inconveniente alguno en ello. Más aún, el temor per se a esto me recuerda, por ejemplo, algunos planteamientos de católicos decimonónicos cuando salió la primera encíclica. En Chile se omitió publicarla en "El Diario Ilustrado" argumentándose que la gente no estaba preparada.
Me parece que, ante la libertad y las decisiones ciudadanas, ese tipo de aprensiones no van con los valores que están en juego.
Por esa razón, me declaro partidario del proyecto en debate en su doble dimensión: en cuanto a la inscripción automática propiamente tal y al ejercicio del voto en forma voluntaria.
A mi juicio, esa conjunción no solo se halla acorde con los tiempos, sino que es la expresión de una democracia madura, seria, a la cual nuestro país debe aspirar. No creo que para mantener un régimen ello tenga que hacerse sobre cualquier forma de coerción. Detrás de eso hay un temor, una visión que no se compadece con una auténtica democracia, por la cual hemos luchado y debemos actuar a fin de entregar a las futuras generaciones un régimen político realmente valedero.
Por lo expuesto, respaldo plenamente la iniciativa.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, en verdad ya había anunciado mi voto, y estaba dudando de si hablar o no, porque los temas empiezan a repetirse y la sesión se torna tediosa cuando se reiteran tanto los argumentos.
Pero quiero aportar algo que me parece relevante: la inscripción automática y el voto voluntario hacen necesario reflexionar en una línea en la que el Estado chileno no ha avanzado lo suficiente.
Estimo que los datos biométricos para garantizar y dar seguridad en el uso adecuado del derecho a sufragio deben constituir una preocupación esencial del país, en particular del Servicio de Registro Civil e Identificación.
En mi concepto, la sola huella dactilar, al ser manejada como ya se está haciendo en isapres y otros ámbitos, podría constituir un instrumento que garantice y dé seguridad a la inscripción automática y, en consecuencia, al uso del derecho del ciudadano para emitir su voto en forma voluntaria.
Pero hay otros elementos biométricos que debieran servir de complemento en esta materia, como la pupila u otras características que se encuentran en el ojo, y que igualmente son garantía extrema de seguridad en la identificación de un individuo.
Cuando uno avanza en un sentido -como el de la inscripción electoral automática-, debiera tener en cuenta tales elementos.
En mi opinión, Chile no ha realizado una suficiente reflexión en todo lo relativo al tema de la sociedad digital. Por eso, considero interesante hacer un llamado a reflexionar sobre la importancia de que la base de datos del Estado tenga efectivamente un respaldo de antecedentes biométricos de cada individuo que permitan brindar seguridad.
Soy fervoroso partidario de estas dos ideas: la inscripción automática y el voto voluntario.
Con respecto a la inscripción automática, resultan evidentes el beneficio y la razón que conlleva. Es un arcaísmo someter a los individuos -yo diría- a la molestia o incomodidad de tener que acudir a un registro, hacer fila y respetar ciertos días de la semana para la realización del trámite. En fin, hay una serie de situaciones que resultan absurdas cuando el sentido de los tiempos lleva una dirección contraria.
Y respecto del voto voluntario, me parece que es de la esencia de la democracia. Porque actualmente se habla de "sufragio obligatorio". Yo diría que el individuo reacciona más bien en función de lo que le interesa o no; de lo que considera atractivo o no; de si se siente interpretado o no.
El sufragio voluntario va a ser el acicate más potente para que la gente entienda que efectivamente se trata de una adhesión facultativa. Y tal tipo de acto es lo que su acepción señala: hay que ganar la voluntad y la intención del individuo. Y para ello resulta necesario presentarle cosas atractivas, inteligentes, que lo interpreten y que satisfagan sus expectativas.
Por las razones expuestas, voto a favor.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, nuestra Carta Fundamental establece que es obligatorio votar. Y para ello hay que inscribirse en los registros correspondientes.
Un creciente número de chilenos -fundamentalmente, los más jóvenes- no se inscriben. En la última elección, de 2005, un total de 4 millones 115 mil 418 personas se abstuvieron o no se hallaban inscritas, registrándose 58,3 por ciento de los votos válidos respecto de la población mayor de 18 años.
Desde 1996 a la fecha el padrón electoral se encuentra prácticamente estancado y, por consiguiente, envejeciendo. No obstante, el nivel de participación política en Chile aún es superior en 18 por ciento al promedio del continente latinoamericano. Sin embargo, esto no nos debe conformar.
El tema es complejo y tiene muchos ángulos para apreciar el porqué las personas no se inscriben, no votan o cómo evalúan y participan en los temas públicos, políticos a nivel nacional, regional y local.
A los medios de comunicación también les cabe una gran cuota de responsabilidad. Cuando la participación es informada, transparente y tiene efecto en las decisiones que se adoptan, no se produce frustración ciudadana.
El sufragio es un derecho que históricamente ha costado mucho conseguir en todos los países del mundo. Hay miles de millones de personas que todavía no lo consiguen o lo tienen muy restringido. Por eso mismo, es preciso cuidarlo, valorarlo y entenderlo también en su otra cara: como un deber cívico y una responsabilidad personal.
En nuestro país, las primeras elecciones se efectuaron en diciembre de 1810, para conformar el Congreso Nacional que integramos. Una vez afianzadas la independencia y la República, hemos contado, en general, con regímenes políticos de corte autoritario, presidencialistas y muy centralistas.
La prohibición de la reelección presidencial de 1871, la ampliación del derecho a sufragio y el refuerzo del voto secreto fueron poco a poco mejorando el sistema.
Con el advenimiento del siglo XX, los movimientos sociales y la mayor participación de la Iglesia, aumentó cada vez más el número de votantes. El sufragio femenino partió en 1935, con las elecciones municipales; y en 1949, con las presidenciales y parlamentarias. Durante décadas contó con la oposición de los partidos anticlericales y más bien socialistas, por la tendencia más conservadora de la mujer.
La participación de los jóvenes es todo un dilema. De 33,4 por ciento de inscritos en la elección de 1989, disminuyó a 10 por ciento en 2001. Y sigue bajando. El 60,9 por ciento de ellos está de acuerdo en que la democracia es siempre preferible, pero que se debe perfeccionar; y el 70 por ciento declara que no le interesa inscribirse. De esta cifra, 37 por ciento señala como razón "falta de tiempo", y 23 por ciento, "flojera". Muestran, sí, una alta disposición a la inscripción automática y al sufragio voluntario. El futuro voto electrónico simplificará aún más los procedimientos.
La obligatoriedad y la sanción hacen presión en las personas más humildes, pese a que normalmente se han dictado leyes de amnistía electoral.
La reforma constitucional que hemos presentado, tendiente a consagrar la inscripción automática y el sufragio voluntario, requiere, además, de una reducción drástica del intervencionismo electoral por parte del Gobierno y de una preparación cívica, teórica y práctica de todos en el país.
En esa línea, señor Presidente, me pronuncio a favor.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, en verdad, esta reforma era un anhelo largamente acariciado en el debate ciudadano, al menos desde el retorno a la democracia en 1990. Y nació de una iniciativa del entonces Senador señor Viera-Gallo.
¡Ojalá algunas de nuestras mociones fueran objeto de igual diligencia a la hora de priorizar el debate! Hemos insistido con alrededor de dos docenas de proyectos de ley, sin resultados positivos. Pero valoro enormemente que podamos debatir sobre un problema que está en la esencia de la que yo denomino "crisis de la participación ciudadana".
Es bueno clarificar que algunos piensan que con la participación automática y el sufragio voluntario la ciudadanía volverá a votar. A mi juicio, existe un profundo equívoco. Aquí hay un tema de fondo, estructural: la credibilidad en la política, la credibilidad en las instituciones y particularmente en el sentido de lo republicano o de lo público.
¡Las personas no votan porque no quieren! El 70 por ciento de ellas cree que los candidatos solo se preocupan de la gente en época electoral; 43 por ciento no se siente orgulloso de la forma en que está funcionando la democracia, y 48 por ciento no está interesado en votar por los candidatos de los partidos porque no cumplen sus promesas.
Es decir, se advierte un gran desprecio hacia la política.
Por lo tanto, la cuestión no se resuelve mediante un mecanismo establecido por ley para facilitar la emisión del sufragio, sino con una profunda reestructuración del quehacer político.
A los partidarios del sufragio voluntario y de la inscripción automática les digo: "Aquí hay otros elementos que también podrían ser parte del incentivo a la participación". Desde ya, como expresa la Directora de Mori-Chile S.A., señora Marta Lagos, en el informe que entregó a la Comisión, 15 a 20 por ciento de la gente participaría en los procesos eleccionarios si hubiera representación proporcional.
En la actualidad, en el país no hay un sistema de representación proporcional. ¡Hoy, el 33 por ciento de los sufragios es igual que el 66 por ciento¿! Y con esta verdad electoral concreta pedimos a los chilenos que participen. Les decimos: "Ciudadanos, voten".
Adicionalmente, su voto no es igual que el de los demás. Es decir, la voluntad ciudadana, el conducto imaginario en que el voto del Presidente de la República vale igual que el del ciudadano que recoge la basura -uno más uno-, se pierde con el sistema vigente: el binominal.
Eso es cierto.
Si contáramos con representación proporcional, 15 ó 20 por ciento más de la población participaría en los actos eleccionarios, porque sabría que su voto sí valdría igual que el del resto de los ciudadanos.
Del mismo modo, señor Presidente, quiero hacer notar la esquizofrenia que evidenciamos al discutir esta reforma. Nos esforzamos para lograr que participen 2,8 millones de jóvenes; argumentamos que estos deben votar; que los ciudadanos tienen la obligación de sufragar y, sin embargo, en el exterior hay un millón de chilenos que lo único que desean es votar, pero el Congreso en general y el Senado en especial les impiden hacerlo.
¡No tenemos derecho a voto en el exterior! En cambio, sí lo poseen Bolivia, Perú, Brasil, en fin, la mayoría de las naciones de América Latina, como también Francia y el resto de Europa. ¡Pero Chile no ¿! ¡Acá los ciudadanos peruanos y ecuatorianos hacen cola para votar en la Embajada cada vez que hay elecciones en sus países!
En consecuencia, no es comprensible la esquizofrenia con que analizamos la materia.
¡Decimos que queremos que los ciudadanos voten, pero les negamos el derecho a sufragar en el exterior! ¡Decimos que queremos que los ciudadanos voten, pero mantenemos un sistema eleccionario que no es proporcional, lo que inhibe, por cierto, la igualdad del voto!
Repito: en este sentido hay un problema de fondo que no se va a resolver con la inscripción automática ni con el sufragio voluntario, sino cuando llevemos a cabo una revisión profunda del quehacer político.
En Estados Unidos vota el 40 por ciento de la ciudadanía. Y es una democracia que funciona. Y si la elección se efectúa, por ejemplo, un día martes, no hay permiso laboral. ¡No participa el 60 por ciento de los ciudadanos, pero nadie critica a la democracia estadounidense¿!
En Chile se da otro problema: el del sentido y calificación de las instituciones. Propiciamos la iniciativa popular de ley, a fin de que los ciudadanos sepan que también pueden elaborar cuerpos legales. Pero siento que el desprestigio de nuestras instituciones -el de la Alianza por Chile; el de la Concertación- y el agotamiento de la política son las causas que provocan el alejamiento de los ciudadanos.
Señor Presidente, estoy de acuerdo con la inscripción automática. Y soy partidario de la voluntariedad del voto. Sin embargo -hablemos con claridad- el proyecto que el Gobierno presentó en la Cámara de Diputados (porque el que ahora nos ocupa se inició en moción de algunos Senadores) propone la inscripción automática y el voto obligatorio, aunque con opción de que el ciudadano voluntariamente se desafilie, se desinscriba. Pero el sufragio es obligatorio. En este caso, la voluntariedad -entre comillas- operaría mediante la desinscripción de la inscripción.
Por lo tanto, a través de esa enmienda vamos a terminar -espero- con inscripción automática, con desafiliación de la inscripción, y dando la posibilidad de participar a millones de personas que no lo están haciendo. Y ello, solo si cambiamos las condiciones de la clase o elite política.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
No intervendré, señor Presidente, pues ya lo hice.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chadwick.
El señor CHADWICK.-
Señor Presidente, seré muy breve para fundamentar mi voto.
El debate ha sido largo, extenso, no obstante quiero exponer el siguiente razonamiento.
Hay ciertas reformas constitucionales que son suficientes en sí mismas, porque no necesitan de leyes, ni de condiciones o requisitos para ser implementadas y lograr su objetivo.
A mi juicio, la reforma que ahora nos ocupa sí requiere considerar y tener presente el modo como se va a implementar la finalidad que persigue.
Nadie podría estar en contra de la inscripción automática o de sistemas de carácter electrónico que permitan evitar burocracias o trámites que resulten innecesarios. Pero aquí tenemos que buscar la manera de armonizar un punto que, en mi concepto, es central.
Hoy día Chile cuenta con un sistema electoral y dentro de él se contempla un sistema de registros electorales que a todos los sectores, durante el desarrollo de nuestra democracia, nos ha dado plena y total garantía en cuanto a su fidelidad y transparencia.
Yo recuerdo, por ejemplo, que el factor central que provocó y motivó que la Concertación participara en el plebiscito de 1988 fueron precisamente las garantías que ofrecía el Servicio Electoral a través de la confección del padrón electoral, porque aseguraba absoluta transparencia y fidelidad en lo relativo al ejercicio del derecho de sufragio.
Lo anterior no se logra por casualidad, ni de la noche a la mañana, ni es algo que exista en todo el mundo. No. Se requiere de mucho esfuerzo, de mucha tradición, de mucha fortaleza de las instituciones. Y el hecho de poder contar con un padrón electoral que dé plenas y totales garantías a todos los sectores es algo extraordinariamente valioso dentro de un sistema democrático.
Entonces, cuando se nos presenta una reforma constitucional que busca, precisamente, modificar ese registro electoral que ha dado absoluta garantía al funcionamiento de nuestra democracia, uno dice: "A ver, un momento: ¿por qué razones se quiere cambiar y cuál es el sistema que lo va a reemplazar?".
Por eso, aquí hay que saber armonizar y equilibrar la participación masiva de los ciudadanos, que obviamente es un objetivo a lograr para tener una democracia lo más representativa posible, y el hecho de contar con un sistema de registros electorales, de padrón electoral, que nos dé plena fidelidad, transparencia y garantía a todos los sectores.
Eso es lo que, a mi juicio, debemos tener a la vista para dar el paso y hacer el cambio: ¿cuál es el sistema que va a reemplazar a los padrones electorales? ¿Qué garantías se ofrecen para que sean plenos y totalmente transparentes para el sistema democrático?
Por consiguiente, esta es una reforma que requiere tener presente el sistema de reemplazo, con el objeto de poder pronunciarse a su favor en caso de querer efectuar el cambio.
Por ello, mientras no se contemple aquello y no haya sido debidamente evaluado por el Senado, me parece que la reforma constitucional debe ser rechazada a la espera de contar con ambas cosas -reforma y nuevo sistema- a la vista para pronunciarnos y garantizar el pleno funcionamiento y transparencia de nuestro sistema democrático.
He dicho.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente, Honorables colegas, seré muy breve.
En mi opinión, todos los parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra han dado razones más que justificadas para pronunciarse a favor o en contra de este proyecto.
Yo lo voy a votar favorablemente por dos consideraciones que me parecen esenciales.
La primera, es que el artículo 13 de la Carta Fundamental señala que la calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio y de optar a cargos públicos. Para que esta disposición constitucional sea coincidente y plena con la de tener la calidad de ciudadano, debe apoyarse la inscripción automática, porque en este momento el único derecho que no ejerce una serie de ciudadanos es el de poder elegir o ser elegidos, pero sí hacen uso de otros derechos sin la necesidad de estar inscritos en los registros electorales.
Por eso, a mi juicio, es fundamental la inscripción automática.
En cuanto a la obligatoriedad del voto, yo estoy por que sea voluntario, dado que no es concebible que en un régimen democrático exista tal obligación para que las personas ejerzan un derecho garantizado por la Constitución.
Los conglomerados políticos serán los encargados de hacer las propuestas atractivas para que quienes hallan sido inscritos automáticamente, si así lo desean, puedan optar o no por alguna de ellas.
Hoy, la obligatoriedad del voto se ha transformado en una carga para todos aquellos que no tienen posibilidad de elegir. El actual sistema binominal, que ha sido bastante criticado, no da alternativas. Hay solamente dos bloques y por ello una gran cantidad de chilenas y chilenos no concurren a sufragar, pues siempre se reiteran o repiten los mismos nombres.
En mi opinión, cuando exista más diversidad, más variedad de oferta electoral, habrá, seguramente, una mayor incorporación y participación de quienes en este momento no están inscritos en los registros electorales.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (25 votos contra 9) y se deja constancia de que se cumplió con el quórum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa los señores Allamand, Ávila, Bianchi, Cantero, Escalona, Espina, Flores, Frei, García, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Letelier, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Navarro, Núñez, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
Votaron por la negativa la señora Matthei y los señores Arancibia, Chadwick, Coloma, Larraín, Novoa, Ominami, Orpis y Pérez Varela.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Habría que fijar plazo para presentar indicaciones.
El Senador señor Pizarro tenía una inquietud al respecto.
El señor PIZARRO.-
Propongo un mes, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si no hay objeción, el plazo será de 30 días.
El señor ROMERO.-
¡A partir de hoy, señor Presidente!
El señor ESPINA.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, en verdad, creo que 30 días es un exceso para un proyecto que solo tiene un artículo y en el que, en el fondo, la discusión se va a centrar en si el voto debe ser voluntario u obligatorio, pues nadie ha hablado en contra de la inscripción automática.
Me parece que lo razonable sería establecer dos o tres semanas de plazo -me corrige el Senador señor Coloma, quien discrepa también del segundo punto-, pero 30 días resulta excesivo para discutir dos normas.
Solicito que sea un plazo razonable.
La iniciativa tiene su origen en una moción y nunca he visto que a un proyecto del Ejecutivo que contemple un artículo o dos le fijemos un mes para formular indicaciones.
Por otra parte, es legítimo que una persona tenga una opinión u otra.
En consecuencia, pido que se fije un plazo más breve. Podría ser hasta fines de la semana siguiente a la regional. Eso me parece razonable.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Frei.
El señor FREI (don Eduardo).-
Propongo el 7 de abril.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Se ha hecho una contraproposición: hasta el 7 de abril.
El señor PIZARRO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, pedí que se otorgaran más días porque ya hice llegar un par de indicaciones que generarán una discusión mayor.
Una de ellas va en la línea de dar la posibilidad a los partidos políticos de establecer elecciones primarias, lo que implica efectuar toda una regulación, materia que hay que discutir y que está vinculada con la que nos ocupa.
En la otra retomo la idea de que se permita votar a los chilenos en el extranjero.
Entonces, el tema no es tan sencillo.
Además, en la Cámara de Diputados se está discutiendo un proyecto relacionado con la materia en debate, que establece el voto obligatorio, pero que otorga la posibilidad de renunciar voluntariamente a la inscripción. Por lo tanto, debiéramos tratar de combinar ambas iniciativas.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, al parecer el Honorable señor Pizarro tiene una confusión. Es cierto que la presentación de tales indicaciones puede generar un debate en la Comisión. Pero eso no tiene nada que ver con el plazo para formular indicaciones. La discusión se va a producir una vez vencido este último. Las materias planteadas por Su Señoría pueden perfectamente generar un debate que se prolongue por algunas semanas en el órgano técnico.
En consecuencia, el 7 de abril es tiempo suficiente. Entonces, pido que no dilatemos innecesariamente un proyecto que lleva años tramitándose.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, dificulto que haya una iniciativa más compleja que la en análisis. La reforma en debate se relaciona con la historia constitucional de Chile. Por ejemplo, si se revisan las Actas de la Comisión de Estudio, este punto fue el que más complejidad tuvo de todos los capítulos contemplados en la Carta Fundamental. En las diversas constituciones del mundo esta materia, que parece tan simple, por tratarse de un artículo, resulta extraordinariamente compleja.
¡Cómo nos vamos a adelantar sobre qué va a plantear la ley orgánica constitucional! Estamos hablando de los derechos a elegir y ser elegido, de los requisitos para inscribir a una persona en forma definitiva en los registros o para que se desinscriba. El Senador señor Pizarro tiene razón. Eso pasa a ser un derecho fundamental.
No estoy de acuerdo con el proyecto. Entiendo que sus autores quieran sacarlo a una velocidad razonable. Pero no hay un cambio constitucional de mayor relevancia política que este.
Por lo tanto, no creo que el 7 de abril sea un plazo prudente para agotar la presentación de indicaciones. Por eso me pareció adecuada la propuesta original de la Mesa, de 30 días.
Además, la iniciativa no recibió una votación unánime. Se trata de un proyecto que tiene puntos de vista distintos. Y tampoco es transversal. Hay miembros de distintos partidos con una opinión legítimamente diferente.
En consecuencia, pido que a lo menos se vuelva al plazo que se sugirió en un comienzo.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, quiero aclarar algo.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ESPINA.-
En respuesta a lo que ha señalado el Honorable señor Coloma, hago presente que el proyecto en análisis se debatió más de un año en la Comisión de Constitución. Yo era su Presidente. Entonces, no es una iniciativa que se haya discutido en dos o tres sesiones, sino en un año. Intervinieron más de cuarenta personas, de todas las instituciones involucradas. Por lo tanto, el asunto de fondo se encuentra muy agotado.
En segundo lugar, el que se debata una vez vencido el plazo para formular indicaciones no presenta ningún obstáculo. Si surge alguna buena idea y es necesario abrir un nuevo plazo, ello se hará. En casi todas las sesiones sucede eso.
No tiene justificación que respecto de este proyecto se dé un mes para recién cerrar el plazo de presentación de indicaciones.
Señor Presidente, sinceramente, y con el mayor respeto, veo más bien en ello el propósito de que al tema no se le otorgue la prioridad que necesita. Y siento que se trata de un asunto prioritario, pues, si queremos que la modificación rija en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias -considerando que es imposible que entre en rigor en las municipales-, cada semana que pasa hace en el fondo inoperable la iniciativa.
Por eso, señor Presidente, ya que la decisión es de la Mesa, le ruego que considere los argumentos expuestos a fin de acortar el plazo de un mes.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En votación el plazo de 7 de abril para formular indicaciones. Se entiende que quienes no desean esta fecha optan por el 14. Se trata de una semana más o de una semana menos de plazo.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba fijar plazo para presentar indicaciones hasta el 7 de abril, a las 12 (14 votos a favor y 2 en contra).
Votaron por la afirmativa los señores Bianchi, Cantero, Espina, Frei, Gazmuri, Horvath, Kuschel, Letelier, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Núñez, Prokurica, Romero y Vásquez.
Votaron por la negativa los señores Coloma y Pizarro
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ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHILE Y COLOMBIA
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Colombia, que constituye un Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 24, con informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (5000-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 78ª, en 2 de enero de 2008.
Informes de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 2ª, en 12 de marzo de 2008.
Hacienda, sesión 2ª, en 12 de marzo de 2008.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El objetivo principal del proyecto es complementar el Acuerdo ya mencionado, firmado en la década pasada, y facilitar y ampliar el libre comercio entre Chile y Colombia.
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó la iniciativa tanto en general cuanto en particular por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señores Coloma, Letelier, Muñoz Barra, Pizarro y Romero), en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
La Comisión de Hacienda, conociendo de las materias de su competencia, adoptó igual resolución, por la unanimidad de sus miembros (Senadores señores Escalona, García, Gazmuri, Novoa y Sabag).
Cabe indicar que el proyecto requiere para ser aprobado el voto conforme de 19 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, Chile ha buscado activamente establecer estrechas relaciones con todos los países de Sudamérica, en especial con los vecinos. Se ha optado también, entre otras iniciativas, por la profundización de los acuerdos de complementación económica suscritos en la década de los noventa, apuntando a que los beneficios ya alcanzados en el ámbito del comercio de mercancías se profundicen gracias a nuevas disciplinas comerciales y a la actualización de las ya existentes. Asimismo, se persigue ampliar la cobertura a otras áreas, como el comercio transfronterizo de servicios, compras de gobierno. De igual modo, se profundizan las disciplinas de acceso y protección a las inversiones extranjeras.
El Acuerdo en debate tiene su base en el Acuerdo de Complementación Económica vigente desde enero de 1994, al constituirse en uno de los protocolos adicionales y mantener vigentes algunos de sus artículos, protocolos y anexos, especialmente en materia de liberalización comercial.
En ese marco, se modernizaron las disciplinas comerciales relativas a régimen de origen, procedimientos aduaneros, facilitación de comercio, políticas de competencia, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, así como el mecanismo de solución de controversias y lo concerniente a cooperación.
A su vez, se incorporaron nuevas materias: laboral, medio ambiente, compras públicas, servicios transfronterizos, entrada temporal de personas de negocios, comercio electrónico e inversiones.
El Acuerdo debería favorecer un aumento del comercio, de las inversiones y del empleo en ambos países.
Cabe señalar que en 2006 el intercambio comercial entre Chile y Colombia ascendió a 855 millones de dólares y que dicho país ocupó el sexto lugar de destino de nuestras ventas en América Latina.
La canasta exportadora de Chile se encuentra muy diversificada en ese mercado, con 1.193 productos y 788 empresas. Entre los sectores altamente representados, cabe señalar el creciente flujo de las ventas de servicios nacionales a Colombia. Se destacan varias empresas que exportan a este país servicios ligados a la minería y a proyectos de ingeniería. Y este es uno de los aspectos que interesan especialmente en las relaciones de Chile con los mercados de la región, cuya importancia resulta insoslayable para nuestros pequeños empresarios y para la creación de empleo.
Consecuentemente, se espera que con este Acuerdo se potencie no solo el comercio de bienes, sino también el de servicios, y que se amplíen mucho más las inversiones directas.
El ALC suscrito con Colombia fortalecerá las oportunidades de negocios en ambas naciones, favoreciendo la actividad empresarial, pero no únicamente la grande, sino además la pequeña y la mediana.
Desde la perspectiva de nuestro país, el mercado colombiano reviste gran importancia tanto para las exportaciones de manufacturas como para la inversión directa de capitales chilenos. La inversión materializada a 2006 alcanzó a 5 mil 204 millones de dólares, cifra que representa el 12 por ciento de la colocación de capitales nuestros en el mundo y ubica a Colombia como el cuarto destino para los inversionistas chilenos.
En la actualidad, 45 empresas de nuestro país desarrollan en aquella nación unos 70 proyectos, concentrados particularmente en generación y distribución de electricidad, servicios financieros y de salud, transporte naviero y retail.
Se perfeccionó el sistema de solución de controversias, de modo que con el nuevo mecanismo los problemas deberían resolverse con mayor facilidad.
Cabe destacar que este acuerdo comercial con Colombia es el más amplio y profundo firmado por dos países latinoamericanos, y asimismo, que ese es el único país de Sudamérica con el cual Chile ha suscrito un capítulo de compras públicas, lo que abre la oportunidad para nuevos negocios en materia de bienes y servicios.
Por último, hay que tener presente que el proyecto de acuerdo fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, solo intervengo para dar cuenta de dos hechos relevantes que se produjeron en la Comisión de Relaciones Exteriores a propósito de este proyecto de acuerdo.
El primero tiene que ver con la norma relativa a los derechos compensatorios y antidumping.
Yo planteé el punto porque, precisamente en función de nuestras relaciones con Colombia, hemos tenido problemas a ese respecto, especialmente en el caso del azúcar, en que se ha afectado a la zona agrícola que represento.
Por eso, creo del caso connotar que, según el informe de la Comisión, el señor Carlos Furche, Director General de Relaciones Económicas Internacionales, dejó constancia de que, en este Convenio, cada país preserva sus derechos ante la OMC y puede, en consecuencia, promover derechos compensatorios, agregando que dicho instrumento no inhibe su ejercicio.
Esa es parte de la discusión habida en la historia de las relaciones comerciales entre Chile y Colombia.
Me parece sano, entonces, que se haya llegado a un acuerdo donde se mantenga el derecho a ejercitar determinadas acciones.
Y, en segundo lugar, se asimilaron ciertas normas -en su incorporación el Senado cumplió un rol preponderante- relacionadas con los ámbitos agrícola y ganadero.
Recordemos que a raíz del Acuerdo con Panamá hubo un debate importante sobre cómo podríamos colocar en este tipo de acuerdos protocolos sanitarios que impidieran que medidas de esta naturaleza fueran usadas paraarancelariamente.
Nos ha ocurrido en otras ocasiones, señor Presidente.
Me alegra, pues, saber -y lo explicó el representante de Chile- que en este Convenio también se incorporan tales medidas. Creo que ello, de alguna manera, va formando un modelo en virtud del cual todo el aspecto fitosanitario pasa a ser parte de este tipo de instrumentos, generándose mecanismos para la solución de controversias o para el reconocimiento de los informes sanitarios que elaboren los organismos especializados de cada país, sin que haya lugar a malentendidos como los registrados en el pasado.
Así que considero buena la línea seguida al respecto en esta clase de convenios.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, siento que las argumentaciones de los señores Senadores que me antecedieron resultan lo suficientemente claras como para que la Sala preste su respaldo a este proyecto de acuerdo.
Sin embargo, quiero destacar algo que señalé en la Comisión de Relaciones Exteriores: es muy importante dar publicidad adecuada a estos convenios, así como también que nos preocupemos de hacer un seguimiento a su administración, pues a veces en nuestras relaciones bilaterales, por razones de inercia, de burocracia, no se adoptan los criterios internos de cada nación para avanzar en determinadas materias.
En ese punto, atribuyo relevancia al aspecto previsional, tanto más cuanto que hace bastante tiempo los Congresos de Chile y Colombia aprobaron un acuerdo a los efectos de que el sistema pertinente de cada país amparase a los chilenos que trabajan allá y a los colombianos que lo hacen acá dándoles una adecuada protección social.
En la idea de realizar el seguimiento a que me referí, señor Presidente, solicito otra vez que se oficie a la Cancillería con el objeto de que nos informe acerca de cómo han cumplido ambas naciones el acuerdo en comento.
En mi concepto, es fundamental no solo negociar buenos convenios de complementación económica, buenos tratados de libre comercio, sino también procurar que exista una administración adecuada de los instrumentos aprobados.
Y si se deseara oficiar a aquel respecto en nombre del Senado, yo no tendría inconveniente. Por el contrario, me sentiría muy respaldado en mi posición.
Anuncio mi voto favorable al proyecto de acuerdo que nos ocupa.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
¿Asiente la Sala en enviar el oficio pedido por el Honorable señor Romero?
--Así se acuerda.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si les pareciera a Sus Señorías, aprobaríamos el proyecto.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que se pronunciaron a favor 23 señores Senadores
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CONVENIO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA ENTRE CHILE Y CUBA
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Convenio de Complementación Económica entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y de Cuba, suscrito en Montevideo el 20 de diciembre de 1999, con informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, y urgencia calificada de "simple".
¿ Los antecedentes sobre el proyecto (5273-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 63ª, en 7 de noviembre de 2007.
Informes de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 2ª, en 12 de marzo de 2008.
Hacienda, sesión 2ª, en 12 de marzo de 2008.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El objetivo de la iniciativa es facilitar, expandir, diversificar y promover el comercio de bienes entre Chile y Cuba, así como fortalecer el intercambio comercial mediante el otorgamiento de preferencias arancelarias y la eliminación o reducción de restricciones no arancelarias entre las partes.
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó este proyecto de acuerdo tanto en general cuanto en particular por la unanimidad de sus integrantes (Honorables señores Coloma, Letelier, Muñoz Barra, Pizarro y Romero), en los mismos términos en que lo despachó la Cámara de Diputados.
La Comisión de Hacienda también lo aprobó por la unanimidad de sus miembros (Senadores señores Escalona, García, Gazmuri, Novoa y Sabag), en los mismos términos en que lo despachó la de Relaciones Exteriores.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En discusión general y particular.
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, cuando informé sobre el proyecto anterior, planteé la posición de Chile en el sentido de establecer relaciones estrechas con todos los países de América Latina.
En tal dirección, se ha optado, entre otras iniciativas, por la adopción de acuerdos de complementación económica suscritos en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, convenios que nuestro país ha firmado y tiene vigentes con los otros 10 países miembros de la ALADI.
La naturaleza jurídica de este instrumento es la de un acuerdo de alcance parcial concertado dentro del ordenamiento jurídico de la ALADI.
Según la definición del Tratado de Montevideo, aquellos son acuerdos comerciales, de complementación económica, agropecuarios, de promoción del comercio o de otras modalidades que propenden a crear las condiciones necesarias para profundizar el proceso de integración regional mediante su progresiva multilateralización, en cuya celebración no participan la totalidad de los países miembros y donde los derechos y obligaciones generados solo empecen a las partes signatarias.
En cuanto al contenido del ACE, se incluye la liberalización de una lista de productos, además de ciertas disciplinas comerciales complementarias a esta apertura. Sin embargo, el instrumento en referencia apunta no solo a alcanzar beneficios en el ámbito del comercio de mercancías, sino también a ampliar en el futuro su cobertura a otras áreas, como el comercio de servicios.
Cabe connotar que Cuba, con una población al 2006 de 11 millones 400 mil habitantes, es la principal isla del Caribe. Su economía marcó el pasado año una notable tasa de crecimiento, que se elevó al 12,5 por ciento, con una inflación del 5,5 por ciento. Señala el mensaje del Ejecutivo que el mismo año 2006 el ingreso per cápita llegó a 3 mil 500 dólares.
Según datos de la ALADI, en materia de comercio internacional, durante 2004 Cuba exportó productos por 2 mil 332 millones de dólares (principalmente, azúcar, níquel, tabaco, pescado, elementos médicos, cítricos y café) e importó bienes por 5 mil 610 millones.
Dicha nación presenta un gran potencial para las mercancías chilenas, en especial para las del sector agroalimentario, dada la gran diversidad de productos con valor agregado de esta área que Chile comercializa. Con el ACE, muchos de ellos comenzarán a ingresar al mercado cubano libres de arancel.
Además, esa isla brinda oportunidades para generar alianzas estratégicas en sectores donde nuestro país posee ventajas comparativas.
Un mejor aprovechamiento de las condiciones de acceso que ofrece el ACE permitirá aumentar el grado de concentración y diversificación de las exportaciones chilenas con destino al mercado cubano.
En lo concerniente a la relación económica bilateral, cabe destacar que durante el año 2006 se registraron más de 90 empresas chilenas que exportaron a Cuba 336 productos diferentes, siendo la mayoría de ellas pequeñas y medianas empresas de nuestro sector agroalimentario.
Resalta el mensaje del Gobierno que el Acuerdo potenciará las oportunidades de negocios en ambos países, favoreciendo la actividad empresarial, en particular la mediana y la pequeña. Consecuentemente, el Ejecutivo espera que con este Convenio de Complementación Económica se potencie no solo el comercio de bienes, sino también -reitero- el de servicios, y que se amplíe la inversión directa de capitales chilenos en Cuba, camino ya iniciado a mediados de la década pasada.
El intercambio comercial de ambas naciones alcanzó en 2006 a 49 millones de dólares, con una balanza comercial superavitaria de 46 millones a favor de Chile.
Cabe destacar que casi 85 por ciento de los productos exportados por nosotros a la referida nación caribeña durante ese año pertenecen al sector agroalimentario. Entre ellos menciono los siguientes: jurel; carnes de porcinos y bovinos; embutidos; compotas, jaleas y mermeladas; vinos, y leche en polvo.
En la tabla que aparece en el informe se pueden observar con detalle los principales productos exportados a Cuba durante los dos últimos años.
La Comisión de Relaciones Exteriores se mostró partidaria del proyecto porque tiene coherencia con el resto de los acuerdos comerciales suscritos por Chile.
Lo anterior no implica desconocer los problemas de derechos humanos que existen en Cuba. Sin embargo, ellos deben ser analizados en el contexto pertinente.
Finalmente, es del caso señalar que la iniciativa fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
EL señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, el Acuerdo que nos ocupa es bastante sencillo, simple; incluso -yo diría-, limitado. Su naturaleza jurídica es la de un acuerdo de alcance parcial concertado dentro del ordenamiento jurídico de la ALADI, como dijo el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, Senador señor Muñoz Barra.
Su Señoría hizo una descripción de nuestras relaciones comerciales con Cuba -ellas son muy acotadas; 49 millones de dólares es una cifra muy precaria-, en las que hemos comenzado a contribuir con la exportación de alimentos. De la Isla compramos básicamente ron, y en este último tiempo, de manera creciente, medicamentos.
Lo importante de este instrumento internacional se halla constituido por dos aspectos: uno formal y otro político.
En cuanto al formal, debo manifestar que Cuba es el último país de la región con el que estaba pendiente un acuerdo de complementación económica.
Se completa así una red dentro de lo que se comenzó a impulsar en los años 90, la cual se cierra ahora.
Por ende, el presente Acuerdo adquiere un tremendo valor en lo formal.
Sin embargo, tiene otra dimensión, bastante más significativa: de algún modo, nuestro país supera ciertos vetos relacionados con contenidos ideológicos o políticos al momento de definir las cuestiones de interés nacional y estratégicas de apertura hacia el exterior.
La verdad es que este Acuerdo se firmó hace muchos años, pero, por razones que no es del caso exponer, no había condiciones para que el Senado lo aprobara.
En tal sentido, quiero felicitar la existencia de las condiciones, más que mirar hacia atrás y preguntar por qué no se dieron antes, y bregar para que nuestro país logre profundizar acuerdos en dos ámbitos.
Por una parte, el ámbito de las inversiones recíprocas y de los regímenes de doble tributación. Él debe ser enfrentado, porque es de interés para los chilenos, sobre todo en lo atinente a la industria de alimentos, donde tenemos mucho que contribuir y mucho que ganar.
Por otro lado, creo que, a través de este Acuerdo de joint ventures con los cubanos, estamos en condiciones de avanzar en áreas vinculadas con la industria de medicamentos, en algunas de las cuales ellos exhiben un avance de gran interés y donde resulta factible realizar inversiones conjuntas.
Para tal efecto, necesitamos pasar de este Convenio de Complementación Económica a otro tipo de instrumentos, con el objeto de evitar la doble tributación.
Este es un acuerdo básico que completa nuestra red. Pero lo más relevante es que entre todos construimos un contexto político para no detenernos en la realidad de la política interna de Cuba, tal como no nos detuvimos en la situación interior de países de Asia gobernados por regímenes políticos que pueden ser del agrado de unos y motivar críticas de otros.
Uno de ellos es objeto hoy de bastantes críticas. Empero, pensando en nuestro interés estratégico, hemos avanzado con instrumentos que garantizan reglas del juego permanentes, como, sobre todo, la que figura en la parte final del presente Acuerdo, en el punto Nº 8, referido a los mecanismos de solución de controversias, que siempre son importantes en los acuerdos comerciales.
Señor Presidente, votaremos a favor de este proyecto de acuerdo. Creemos que así damos un paso que nos permitirá seguir discutiendo otros instrumentos que necesitaremos a futuro y dejamos atrás ciertas incomprensiones o vetos que no nos hacen bien como país.
He dicho.
EL señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro; después, el Senador señor Coloma.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, votaremos favorablemente este proyecto de acuerdo, que pone a Chile en una relación horizontal, de igualdad, con el conjunto de América Latina.
Cuba tiene una economía que a todas luces avanza, aun visualizando las dificultades económicas por las cuales ha atravesado: crecimiento de 12,5 por ciento e inflación de 5,5 por ciento.
¿Qué rescato yo de la firma de este Acuerdo?
El año 2006 se registraron 90 empresas chilenas que exportaron a la Isla un total de 337 productos diferentes, siendo la mayoría de ellas pequeñas y medianas empresas del sector agroalimentario.
Existe una balanza comercial absolutamente desnivelada: 46 millones de dólares a favor de nuestro país. Nosotros importamos desde Cuba solo 1,49 millones de dólares -o sea, menos de un millón y medio- y exportamos cerca de 48 millones, según estadísticas de 2006.
Por lo tanto, hay una oportunidad extraordinaria para realizar inversiones.
Respecto de las exportaciones que se pueden beneficiar con el margen preferencial de 100 por ciento, quiero destacar que entre los productos que obtuvieron un acceso inmediato libre de aranceles, pero que en la actualidad no son objeto de envíos a ese país, se encuentran: duraznos frescos -algunos señores Senadores representan a zonas de importante producción-, aceite de oliva, jugo de manzana, alimentos para animales, cementos, yodo, nitrato de potasio, tableros de madera, calzado, carnes rojas refrigeradas. Todo ello ofrece una gran oportunidad a la pequeña y la mediana empresa en el ámbito de las ventas al exterior.
En tal sentido, el Acuerdo requiere complementarse con la generación de condiciones favorables a un margen exportador que aún es de pequeña escala.
Cabe recordar que se trata de un país que ha cumplido cabalmente con las líneas de crédito otorgadas por el Banco del Estado para las exportaciones de productos chilenos con ese destino. Porque podrán decirse muchas cosas de Cuba -algunas distan mucho de la realidad-, pero registra un sagrado cumplimiento del servicio de su deuda con nuestro país y con el resto del mundo. Ello ha permitido, en lo económico, que los Acuerdos de esta naturaleza que ha firmado sean acogidos sin ningún problema por los distintos Parlamentos.
Señor Presidente, estoy contento de que las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda hayan aprobado el proyecto de acuerdo y voto a favor.
Por cierto, seguiremos trabajando para poder integrar a Chile con la totalidad de América Latina, en especial cuando la relación implica, como en el caso del Convenio con Cuba, muchos más beneficios para nuestro país, particularmente para su pequeña y mediana empresas.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En un minuto más termina el Orden del Día y están inscritos para intervenir los Senadores señores Coloma y Ominami.
Si le parece a la Sala, se dispondrá una prórroga hasta la finalización de esas dos intervenciones.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, creo que el Convenio de Complementación Económica entre Chile y Cuba es susceptible de dos lecturas.
A una de ellas, económica, han hecho referencia varios señores Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra, siendo efectivo que el Acuerdo en análisis se enmarca dentro de la lógica con que modernamente se enfrenta este tipo de relaciones.
Pero no puedo dejar de hacer una leve referencia al efecto político que también supone.
Si mis Honorables colegas leen el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, verán que pregunté al señor Director General de Relaciones Económicas Internacionales acerca de la relevancia del cumplimiento de las normas sobre derechos humanos al momento de celebrar tratados comerciales. Y la respuesta fue, obviamente, lo que correspondía: que Chile busca ampliar el intercambio con todos los países, sin considerar otros temas, por estimar que hay canales distintos para discutirlos.
Entonces, déjenme por lo menos hacer una breve mención a cómo van cambiando los estándares con el curso de los años.
El señor NAVARRO.-
¡No se ahogue¿!
El señor COLOMA.-
Recuerdo que algunos de los que me están mirando desde la bancada de enfrente promovían los boicots contra Chile por los problemas de derechos humanos. Porque en esa época se decía que eran de una importancia tan superior que incluso había que presionar al propio país para originar un cambio en la materia.
Por ello, señor Presidente, y con todo respeto, no quiero que "pase colado" el Convenio sin que por lo menos alguien observe que surge la cuestión de una mínima consistencia histórica entre lo que hoy día plantean algunos sectores de la Concertación y lo que en su momento sustentaron.
¡Y no es un asunto menor!
Puede ser que ello se deba a un cambio en el que incidió la situación de otras bancadas; que corresponda a un aggiornamento, a una modernización. En fin, existen muchas explicaciones. Pero insisto en que no es menor que hoy la Concertación diga que no importan los derechos humanos cuando se trata de Acuerdos comerciales.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente, seré muy breve.
Como se ha dicho, creo que el Acuerdo, en lo fundamental, viene a subsanar una anormalidad. Porque no es normal que Chile mantenga Convenios de Complementación Económica con todos los países de América Latina y no con Cuba. Por ejemplo, los tenemos con Argentina, con Venezuela. Y somos parte asociada del MERCOSUR.
Asimismo, contamos con Acuerdos de Libre Comercio con los países de América Central. Pero con Cuba, una nación importante y de una gran significación política en esa región, no lo tenemos.
Ese es un primer dato que resulta esencial tener presente. Se trata de subsanar una anormalidad -repito-, que se mantuvo, a mi juicio, por demasiado tiempo. En efecto, el Convenio en debate lleva varios años de tramitación en el Parlamento y celebro que hoy lo estemos discutiendo y, según entiendo, que lo acojamos. De hecho, viene aprobado por la Cámara de Diputados.
Una segunda consideración, señor Presidente, se refiere a que Chile ha buscado su diversificación comercial -y esta ha sido una política objeto de un acuerdo amplio, transversal- sin involucrarse en un juicio respecto de los regímenes políticos de los países con los cuales celebra los Acuerdos respectivos.
Si el criterio hubiese sido distinto, no habríamos firmado la cantidad de instrumentos internacionales de esa índole con que contamos hoy. Los hemos celebrado con los más variados países: con Estados Unidos, con China, con India. Y también con la Unión Europea
Y ha sido mérito de Chile y del Congreso poner por delante la consideración económica, sin entrar a discutir respecto de las características y la naturaleza política o ideológica de determinado régimen.
Creo que eso contesta la observación de quien me antecedió en el uso de la palabra.
Pero agregaría más. Pienso que no es del caso entrar a un debate acerca de la naturaleza del régimen político de Cuba, aunque el Senador que habla lo haría feliz. Me parece que ello no se puede juzgar según los criterios normales, porque es un país que vive en guerra, que ha estado permanentemente cercado y que ha sido objeto de embargo. Por tanto, no considero justo pedirle que cumpla los requisitos de una democracia, tal como se practica en la mayor parte del mundo.
Y cabe consignar que enfrenta una condición extremadamente particular: ser víctima de una agresión que le ha significado un esfuerzo económico, político y humano gigantesco para sobrevivir en forma independiente. Es un mérito propio que Cuba haya podido conseguirlo en las condiciones extremadamente difíciles que enfrentó. Tenía una gran dependencia de los países de Europa del Este, en particular de la Unión Soviética, y ese mundo se desplomó. Sin embargo, por razones que mucha gente ni sospechaba, logró mantenerse, porque exhibe fortaleza en la conservación de su soberanía, de su independencia.
Pero esa discusión no está planteada acá.
Ahora bien, es importante tener presente lo siguiente: el Convenio de Complementación Económica, desde el punto de vista estrictamente comercial, le interesa mucho más a Chile que a Cuba. Existe una balanza completamente desequilibrada con ese país y una cantidad significativa de pequeños y medianos empresarios nuestros que desarrollan allá una actividad considerable.
Además, es muy relevante lograr un conocimiento del mercado cubano, que se va a ir ampliando y creciendo.
Desde ese punto de vista, y siendo coherentes con nuestra política internacional en relación con América Latina y con el criterio de no entrar a calificar la naturaleza política o ideológica de los regímenes de los países con los cuales se suscriben acuerdos de libre comercio o de complementación económica, y, además, por el hecho de que estamos frente a un instrumento ampliamente favorable para Chile, creo que concurren todas las razones necesarias para aprobar el proyecto.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Señores Senadores, ha terminado el tiempo de la prórroga que se determinó. Como aún no ha usado de la palabra el Honorable señor Escalona, se debería extender el Orden del Día para ese efecto.
Además, se ha solicitado tratar en esta sesión el proyecto que establece un mecanismo de devolución del impuesto específico al petróleo diésel, a favor de las empresas generadoras eléctricas, para lo cual se requiere el asentimiento unánime de la Sala.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
¿Habría acuerdo para ver en esta oportunidad dicha iniciativa?
No lo hay.
¿Y para extender el Orden del Día con el fin de que intervenga el Senador señor Escalona a propósito del asunto en debate?
Hay acuerdo.
En consecuencia, tiene la palabra Su Señoría.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, no quiero que se alargue la sesión innecesariamente, pero me llama mucho la atención el tono utilizado por el Honorable señor Coloma en su discurso, porque tengo sobre mi escritorio el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, el cual deja constancia de que votó a favor del proyecto. Entonces, el que ahora trate de generar una situación de incomodidad en una parte de sus colegas es un poco como incurrir en un juego de niños. ¡No tiene sentido!
El señor COLOMA.-
¿Me concede una interrupción, señor Senador?
El señor ESCALONA.-
Si estuvo de acuerdo, ¿para qué intenta dejarlos ahora como en un impasse?
No le veo mayor justificación a su actitud.
El señor COLOMA.-
¿Me concede una interrupción, señor Senador?
El señor ESCALONA.-
Por otro lado, en la Comisión de Hacienda votaron a favor los Honorables señores García y Novoa.
Lo que ocurre, a mi juicio, frente a una iniciativa que nuestros representantes diplomáticos firmaron en Montevideo el 20 de diciembre de 1999 -o sea, ha tenido un trámite de casi 10 años-, es que en las Comisiones respectivas se concluyó que la política exterior de Chile no se basa en fronteras ideológicas, concepto que corresponde a una época distante.
Es más, en la Comisión de Relaciones Exteriores el Senador señor Romero "recordó que el ex Presidente don Jorge Alessandri, en su segunda candidatura presidencial, el año 1970, tenía el firme propósito de restablecer relaciones comerciales con Cuba, precisamente porque distinguía las materias políticas de las comerciales".
Por lo tanto, suscribir el Convenio significa, simplemente, poner en orden algo que ha estado en desorden. La unanimidad de las fuerzas políticas del país entiende que las relaciones comerciales no obedecen a razones ideológicas.
Solo quería llamar la atención sobre este punto, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Para responder, tiene la palabra el Honorable señor Coloma, por dos minutos.
Acto seguido declararé cerrado el debate.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, ¡parece que el Senador señor Escalona anda preocupado de juntas y de ganar o pasar la aplanadora en otro partido, porque solo se fijó en la parte final del informe y no en la considerativa...! ¡Es algo típico de las personas que manejan mucho el poder...!
Cuatro párrafos antes aparezco diciendo exactamente lo mismo que he expresado ahora en la Sala. Consulté cuál es el criterio del Gobierno en materia de tratados comerciales. ¡Una inocente pregunta! Y ahora me dicen que los derechos humanos no importan nada. ¡Nada! O sea, son mucho más relevantes los aspectos comerciales.
Entonces, pensé: "¡Oh! Aquí hay un cambio". Porque el mismo Senador señor Escalona sostuvo precisamente lo contrario hace 25, 20, 15 años.
En consecuencia, ha quedado constancia en la Versión Oficial que formulé una interrogante y aprobé el proyecto. Pero no puede ser extraño y no creo que sea motivo de escándalo que pregunte cuál es el criterio del Gobierno de la Concertación para llegar a acuerdos comerciales y si importan algo los derechos humanos. Me han respondido que no. Y entonces he dicho: "¡Oh, sorpresa!".
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo.
--Por unanimidad, se aprueba.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Como no hubo asentimiento para tratar en esta sesión la iniciativa que establece un mecanismo de devolución del impuesto específico al petróleo diésel, a favor de las empresas generadoras eléctricas, queda para mañana.
Terminado el Orden del Día.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor BIANCHI:
Al señor Contralor General de la República, solicitándole AUDITORÍA SOBRE ASIGNACIÓN E INVERSIÓN DE FONDO DE DESARROLLO DE DUODÉCIMA REGIÓN ENTRE 2000 Y 2008.
Del señor GIRARDI:
A la señora Subsecretaria de Salud, para que remita COPIA DE DECLARACIÓN DE INTERESES DE MIEMBROS DE COMISIÓN DE NUTRICIÓN Y ALIMENTOS.
Del señor HORVATH:
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, para INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATO DE BARRIO ENTRE MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL, SEREMI DE VIVIENDA Y CONSEJO VECINAL DE DESARROLLO; al señor Ministro de Hacienda y a la señora Tesorera General de la República, a fin de solicitar PRÓRROGA DE PAGO DE IMPUESTOS DE PRODUCTORES, ANTE SEQUÍA; a la señora Ministra de Salud, con el objeto de que informe sobre ANÁLISIS DE AGUA POTABLE ANTES DE CONSUMO EN COMUNAS DE AISÉN; a la señora Ministra de Agricultura, requiriéndole información en cuanto a MEDIDAS ASOCIADAS A DECLARACIÓN DE ZONA DE EMERGENCIA POR SEQUÍA Y POSIBILIDAD DE INCLUSIÓN EN ELLA DE TODAS LAS COMUNAS DE AISÉN, y al señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, solicitándole TRASLADO POR AVIÓN A ISLA DE PASCUA DE ASTRÓNOMOS AFICIONADOS Y ESCOLARES DESTACADOS PARA OBSERVACIÓN DE ECLIPSE.
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El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Socialista.
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro, por 20 minutos.
NECESIDAD DE REGULACIÓN EN INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELECOMUNICACIONES. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, el 18 de abril de 2007 el Ejecutivo ingresó, a través de la Cámara de Diputados, un proyecto de ley que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones, iniciativa que, más allá de su rimbombante nombre, es conocida como el "proyecto de ley para las antenas celulares".
El 13 de agosto del mismo año se le asignó urgencia "simple", la que se ha retirado y hecho presente varias veces durante su nula tramitación en la Comisión de Obras Públicas de dicha Corporación. Además, en diciembre último se rechazó que el proyecto fuera conocido también por la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente. Y aunque hasta el 4 de marzo aún tenía urgencia "simple", a contar de esa fecha le fue retirada.
La preocupación ciudadana por la instalación de antenas para celulares se halla plenamente vigente a lo largo del país. Y la verdad es que, no obstante el compromiso del Ejecutivo con parlamentarios de ambas ramas del Congreso que en su oportunidad manifestaron su profunda inquietud por el implacable avance de estas antenas, que no respetan ningún tipo de ordenamiento jurídico territorial -porque no existe-, el asunto sigue detenido. En la práctica, se propicia la ley de la selva en torno a la regulación pertinente.
Curiosamente, aun cuando el proyecto enviado por el Gobierno alude a una docena de mociones presentadas por Diputados de todas las bancadas y a una de los Senadores señores Horvath y Prokurica, no incluye ni considera en su propuesta prácticamente nada de lo planteado en ellas. Se trata de iniciativas que tuvieron una larga tramitación años atrás, antes de que el lobby de las empresas de telefonía móvil paralizara su discusión.
Porque es evidente que existe un lobby directo para frenar un proceso de debate que efectivamente recoja el sentir ciudadano.
El mensaje del Ejecutivo considera entre sus fundamentos centrales los siguientes:
-El explosivo desarrollo de los servicios de telecomunicaciones experimentado por el país, con el consiguiente incremento en la instalación de antenas. A octubre del año pasado, se habían construido aproximadamente 4 mil 100, y la proyección de las solicitudes de las diferentes empresas telefónicas superaba las 5 mil 700.
-La necesidad de contar con normas básicas de emplazamiento.
-Las insuficientes atribuciones que en la actualidad poseen distintos órganos, entre ellos la SUBTEL, la SEC, las direcciones de Obras Municipales y la Dirección General de Aeronáutica Civil.
-La protección de la salud frente a las emisiones electromagnéticas de las antenas, hecho que se encuentra en pleno debate en el ámbito científico internacional, al igual como ocurrió en el caso del tabaco.
Recuerdo que en la década de los sesenta, cuando me mandaban a comprar cigarrillos y yo intentaba negarme alegando que el tabaco provocaba daño a la salud, los argumentos científicos eran demoledores. Se decía: "Yo conozco al señor Juanito Pérez, que tiene 95 años y ha fumado toda la vida. Y ahí sigue paradito. Además, los científicos afirman que no hay perjuicio.".
Bueno, después descubrimos que las tabacaleras pagaban por dichos informes, con el objeto de eludir las restricciones que se les imponían. Y hoy día tales compañías se encuentran demandadas en Estados Unidos y también en Chile por todas las personas que contrajeron cáncer producto de no haber sido advertidas del mal.
En la actualidad, las emisiones electromagnéticas que generan dichas antenas están en la misma situación: se dice que no producen daño; que este se encuentra acotado a la gente que usa marcapasos; que no se ha comprobado científicamente que afecte la salud humana.
Mi pregunta -y la que se hacen miles de ciudadanos a los cuales se les instaló una antena de telefonía celular al lado de su casa- es si en 20, 30 ó 50 años más esas ondas serán la causa de algún tipo de enfermedad, según la información conocida a esa fecha.
A fin de que exista claridad, debo señalar que la citada iniciativa propone solo dos cosas:
1.-
Establecer una regulación sobre el impacto urbanístico del emplazamiento de las antenas. Se postula reemplazar el actual aviso de la Dirección de Obras Municipales respectiva, como requisito para la instalación, por una autorización previa de dicha repartición, pero disponiendo un procedimiento específico para ese tipo de construcciones, dadas sus características particulares y la necesidad de que tal permiso permita efectivamente minimizar el impacto urbanístico del emplazamiento y no se convierta en un freno burocrático para la inversión en los servicios de telecomunicaciones involucrados.
Más bien, ahí hay una preocupación por las empresas, no por los ciudadanos.
2.-
Determinar normas sobre emisiones electromagnéticas de las antenas. Para ello, se propone otorgar a la SUBTEL la potestad para que, mediante resolución publicada en el Diario Oficial, declare a determinado lugar geográfico como zona saturada de sistemas radiantes de telecomunicaciones cuando la densidad de la potencia por metro cuadrado exceda los límites que determine la normativa técnica dictada para este efecto por tal organismo.
En Penco, frente al liceo de la ciudad se han instalado tres antenas para teléfonos celulares, y en otros sectores -de bajos recursos, por cierto- se han levantado varios grupos de ellas, en circunstancias de que en esos lugares podría haberse construido una sola. Lo que pasa es que las empresas compiten entre sí y no les importa generar mayor impacto, por cuanto no están dispuestas a llegar a algún tipo de acuerdo. Todas quieren capturar el mercado a través de una mejor transmisión de las ondas; por lo tanto, no se preocupan de instalar en un emplazamiento una sola torre de transmisión, sino de disputarse los mejores sectores, lo cual da origen a un bosque de antenas en muchos sitios de la Región Metropolitana y del país, en general.
Mediante las dos propuestas descritas, la iniciativa del Gobierno transforma a las direcciones de Obras Municipales en los organismos encargados de verificar el cumplimiento de requisitos para la instalación de antenas. Traspasa así algunas competencias de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Pero el procedimiento se basa en la mera constatación del cumplimiento de exigencias muy básicas. Se minimiza la posibilidad de que el municipio rechace la instalación y, por cierto, no considera la participación de la comunidad en el proceso.
Todas las casas ubicadas en sectores aledaños a estas antenas bajan de precio. Por eso hemos patrocinado muchos recursos de amparo económico. Porque una vivienda situada en una población de clase media o en la periferia, cuyo valor oscila entre diez y doce millones de pesos, no podrá ser vendida ni en ocho millones si se encuentra junto a una antena celular. Incluso, llegan algunos "buitres" a ofrecer siete millones de pesos, ya que saben exactamente que nadie desea vivir al lado de una de estas torres de transmisión.
Por lo tanto, se provoca también un daño económico. No se trata solo de un asunto paisajístico, ni tampoco del eventual detrimento a la salud. Existe un perjuicio patrimonial asociado al valor de la propiedad. Y así lo han demostrado corredores inmobiliarios claramente con informes técnicos presentados en los tribunales.
Como si eso fuera poco, el proyecto del Gobierno no considera la posibilidad de rechazar la instalación de antenas por otros motivos que no sean el incumplimiento de las normas técnicas sobre emplazamiento o iluminación; la circunstancia de que el inmueble tenga carácter de histórico o de conservación histórica, o el hecho de que el área haya sido declarada como zona saturada.
Ciertamente, hay en este asunto un problema que tiene que ver con la salud humana (por las ondas electromagnéticas) y también uno de carácter urbanístico-financiero que se relaciona con el deterioro económico y estético de los barrios. Lo primero se aborda en forma mínima en el proyecto, y lo segundo, en nada.
Por todo esto, aunque la iniciativa todavía deberá recorrer un largo camino para llegar al Senado, me pareció necesario intervenir sobre este punto, especialmente en atención a las numerosas llamadas telefónicas recibidas y a los muchos correos electrónicos que me han enviado personas y dirigentes sociales de todo Chile. Y preguntan: ¿Nadie va a hacer nada?; ¿acaso los Parlamentarios no protegen los derechos de los ciudadanos?; ¿hay que esperar una campaña electoral para que nos vengan a decir que se preocuparán del tema? ¿De quién es la culpa?
"Yo no estoy en contra del uso de antenas para celulares," -me decía una persona- "pero debe existir una regulación que permita minimizar sus efectos. Que la modernidad no signifique daños colaterales a ciudadanos comunes como yo. Por tanto, ustedes traten de ver cómo hacerlo para que, si hay un costo que pagar, que éste sea más colectivo y no recaiga solo en unos cuantos por el hecho de vivir al lado de dichas instalaciones".
Creo que hay bastante comprensión sobre la necesidad de que exista una empresa de telecomunicaciones amplia, moderna y, particularmente en el siglo de las comunicaciones, efectiva.
Sin embargo, los problemas enunciados siguen pendientes.
Señor Presidente, algunas personas han planteado su frustración porque no son escuchadas. No hay a quién hacerle presente estas dificultades. Los alcaldes, pudiendo dictar una normativa -en especial mediante ordenanzas municipales- para contar con algún tipo de ordenamiento sobre el particular, no lo hacen.
Por otro lado, se soborna a los vecinos. Sus Señorías saben que cada vez que se instala una antena para telefonía celular la persona que arrendó el terreno -por cierto, ceder el sitio por 500 "lucas", sin nada construido, es un gran negocio-, pasa a ser el peor vecino de la noche a la mañana. Y se han producido situaciones extremadamente tensas al respecto. Aquel después no puede volver al barrio.
Parece absolutamente necesario que el Ejecutivo revise la propuesta e introduzca las indicaciones que sean necesarias. Muchos parlamentarios -incluido el Senador señor Prokurica cuando era Diputado, quien es el autor de una moción acá en el Senado- hemos planteado innumerables observaciones sobre el particular. En ello, el rol de los municipios es clave.
Sin embargo, hago presente que la futura normativa al parecer se aprobará cuando ya estén instaladas las antenas; o sea, se revisarán no al inicio de las obras, sino cuando se encuentren construidas, absolutamente terminadas.
Por eso -y esto lo señalo para el debate público, porque se trata de un tema legislativo de interés ciudadano-, proponemos lo siguiente:
a) Entregar a los concejos municipales, tal como plantean muchas de las iniciativas parlamentarias, la posibilidad de determinar en los planos reguladores zonas libres de antenas por razones turísticas, ambientales, patrimoniales, etcétera. Hay en la Ley de Alcoholes un buen ejemplo de esto: se faculta a los municipios para establecer áreas libres de cierto tipo de establecimientos. Puede incluirse una restricción similar respecto de la instalación de antenas.
b) Además, indicar expresamente la prohibición de fijar antenas en establecimientos educacionales y de salud, y en sus alrededores. En muchos edificios se han montado antenas, y el arriendo por dicho concepto se utiliza para pagar gastos comunes. Ello significa un ahorro para quienes viven allí, pero los vecinos colindantes deben pagar las consecuencias por las ondas electromagnéticas, cuya propagación no es hacia abajo, sino hacia los costados. Esto ha generado conflictos en muchas localidades donde hay edificios.
c) Por otro lado, abordar el asunto estético-patrimonial de los barrios. Para ello, se debe establecer como requisito de la solicitud de permiso una declaración de la empresa, donde señale con exactitud la forma en que se compensará a los propietarios de inmuebles contiguos. No basta solo con indicar dónde se instalarán las antenas. Ello obligaría no solo a pagarle al dueño del sitio -como ocurre hoy día-, sino también a determinar las condiciones para indemnizar y mitigar los daños causados a los particulares que vivan al lado de tales emplazamientos.
d) Por cierto, además de las correcciones anteriores, sería conveniente que la actual disposición transitoria que contempla el proyecto no acepte como un hecho consumado e irreversible la situación de las antenas ya instaladas. Se debiera dar un plazo -esto es coincidente con lo que veníamos planteando- de dos o tres años para reubicar un porcentaje de antenas, de acuerdo a ciertos parámetros. Ello no solo traería paz a la sociedad, a los ciudadanos, sino también beneficios a las empresas al establecer un nuevo mapa de distribución de estas antenas en ciudades chicas, medianas o grandes.
Señor Presidente, entre 1998 y 2001, se instalaron 1.328 antenas en el país, y en el año siguiente, 1.341, hecho que no deja de llamar la atención, porque en 2002 se inició en la Cámara de Diputados la discusión de un proyecto que patrocinamos muchos parlamentarios.
Luego, en 2003, se colocaron 979 antenas, y en 2004, otras 975. El año 2005 la cifra bajó a 673, y en 2006 -coincidencia de nuevo-, cuando se presentaron nuevas iniciativas y se retomó la intención de legislar sobre la materia por parte del Ejecutivo y también de los congresistas, la cantidad subió en forma explosiva a 2.757.
Aquí hay una "carrera olímpica" por instalar antenas para eludir la regulación.
Estas cifras muestran que, efectivamente, solo entre 2002 y 2006 se instalaron más de la mitad de todas las antenas que existen en el país, las que hoy día suman más de 8 mil.
Desde que el Ejecutivo ingresara al Parlamento esta iniciativa de ley el año pasado hasta hoy, no se ha avanzado un centímetro. Las empresas de telefonía móvil no solo han desatado esta suerte de "carrera olímpica", instalando antenas en todo el territorio nacional, sino que también han ingresado otras tantas miles de solicitudes.
¿Cuántas antenas más vamos a tener en el país? ¿Cuáles barrios van a ser objetos de esas instalaciones? ¿Acaso no es necesario que esa información se encuentre publicada en la página web de la Subsecretaría de Telecomunicaciones? ¿No tiene derecho el ciudadano a saber qué se pretende instalar al lado de su propiedad?
Señor Presidente, esa información se mantiene oculta en Maipú y en muchas otras comunas de la Región Metropolitana. De hecho, las empresas primero construyen un galpón y, dentro de él, empiezan a levantar la antena. Luego, abren el techo y comienza a aparecer el resto de la torre. Pero ya está instalada, con sus bases y fundaciones, en más del 50 por ciento; por tanto, es tarde para que los vecinos se movilicen a fin de impedir su construcción. Es decir, básicamente se ha desarrollado una estrategia digna de James Bond para generar de manera oculta esas instalaciones.
Hasta hoy se han utilizado los más variados argumentos para permitir que la instalación de antenas ocurra y siga ocurriendo:
-Se dice que debe legitimarse que las empresas lleguen a acuerdos con los particulares. En tal caso, no habría problemas.
-También se desestiman los informes, las opiniones y los testimonios -y se les baja el perfil- acerca de los efectos dañinos que las antenas producen en la salud, porque solo se consideran opiniones. En esa lógica, el mundo científico estaría dividido y se reconoce que, efectivamente, las personas más afectadas serían las que usan marcapasos, pero, como estas son pocas, no se trataría de un riesgo masivo.
-Asimismo, se sostiene que no hay informes relevantes sobre la pérdida del valor comercial de las casas y de barrios enteros. No obstante, el Instituto Inmobiliario de Chile lo ha planteado reiteradamente. Aquí no estamos hablando de un informe hecho a la medida.
-Se ha llegado al manido y recurrente argumento de la importante inversión que se realiza y del empleo que las empresas de telefonía móvil generan, como si instalar antenas y prestar dicho servicio fuera gratis. Tales compañías ganan mucho dinero -nosotros somos usuarios intensivos de esa telefonía-, porque hacen un extraordinario negocio. Otorgan trabajo, por cierto -y que lo sigan haciendo-, pero el número de personas que usa celular, sobre todo en sectores de menores ingresos, sigue aumentando.
Hace dos días, en la Comisión de Salud hicimos presente el problema de los celulares para niños. Se incentiva a los padres a comprarlos, se les pone en una encrucijada, mediante una publicidad dirigida a los niños de ocho, diez o doce años, situación que estamos abordando en un proyecto de ley sobre regulación de la publicidad infantil. Ese asunto me parece altamente improcedente, porque no se trata solo de la venta del aparato -si así fuera, no habría problemas-, sino de cancelar la cuenta que llega después. O sea, hay que pagar los 8 mil o 10 mil pesos que cuesta el teléfono -en las multitiendas hubo una oferta de 6 mil pesos- y, luego, los 10 mil o 12 mil pesos mensuales por usar el servicio.
Seguramente, algunos dirán que existen temas de mayor importancia para la vida nacional -es probable que así sea- que debatir esta materia en el Congreso. Pero no es menos cierto que la discusión sobre una norma que regule la instalación de antenas celulares ya se halla en el mismo ranquin en que figuran la Ley de Divorcio, la Ley del Bosque Nativo, la ratificación del Convenio Nº 169 de la OIT, la ley que da reconocimiento constitucional a los pueblos originarios y la que permite a las madres trabajadoras amamantar a sus hijos. (No me canso de señalar que soy el humilde gestor de esta última, que fue aprobada tras 11 años y medio de pelea para su despacho, y que hoy día es ley de la República). Las normativas mencionadas demuestran que hay iniciativas que ven entrabadas su tramitación. Por ejemplo, para aprobar el Convenio Nº 169, tuvimos que esperar 18 años.
Me pregunto: ¿Cuántos años pasarán antes de despachar el proyecto que regula la instalación de antenas? ¿Quiénes impiden que la iniciativa avance en el Parlamento? ¿Acaso la Subsecretaría de Telecomunicaciones está protegiendo a las empresas y no resguardando los derechos de los ciudadanos?
Señor Presidente, millones de chilenos nos demandan resultados concretos sobre este problema que los afecta y aflige. Y piden que sus derechos sean respetados, porque no desean convivir con una antena.
No queremos que, al final, se repita lo mismo que ocurre con la mayoría de los rellenos sanitarios, que se encuentran instalados en comunas pobres o, en este caso, en sectores donde la gente no tiene cómo reclamar por sus derechos.
Es cierto que se han levantado antenas en Vitacura o en Las Condes. Pero uno pasa por esas comunas y no las reconoce, porque las empresas se han dado el trabajo de ocultarlas, de convertirlas en palmeras, de preocuparse por lo menos del detalle paisajístico. Sin embargo, en las comunas de menores ingresos simplemente las ponen, sin importar cómo se vea. Parece que la belleza forma parte del patrimonio de quienes pueden pagar o de quienes tienen capacidad de respuesta o poder.
Señor Presidente, deseamos una verdadera Ley de Antena y no el "saludo a la bandera" que en esta materia ha propuesto el Gobierno (mi Gobierno). Es un mal proyecto el que está en tramitación.
Por eso, solicito que se envíe copia de mi intervención a los señores Ministro de Transportes y Telecomunicaciones y Subsecretario de Telecomunicaciones; a las señoras Ministras de Vivienda y Urbanismo, de Medio Ambiente (CONAMA) y de Salud, y al señor Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, para informarles acerca de esta preocupación y para pedirles su opinión sobre el proyecto en cuestión.
Asimismo, específicamente, solicito que se oficie a la SUBTEL para que perfeccione la iniciativa que se halla en la Cámara de Diputados, a fin de evitar que se pierda más tiempo esperando que llegue al Senado, donde seguramente habrá mucho interés en introducirle las necesarias modificaciones. Porque ha habido consenso en esta materia y una opinión transversal. Las críticas por este problema han surgido tanto de la Alianza como de la Concertación.
Solo exijo que pasemos de la denuncia a la acción. Y esperamos contar con el apoyo del Senador señor Horvath, quien siempre ha estado preocupado de los temas medioambientales.
El señor HORVATH.-
Soy autor de una de las mociones.
El señor NAVARRO.-
Exactamente, es autor de la moción que está en el Senado.
Además, pido al Ministro Secretario General de la Presidencia, don José Antonio Viera-Gallo, que asigne una mayor urgencia al proyecto, a fin de tener una ley antes de que la última antena sea instalada.
Recién discutimos una iniciativa sobre inscripción automática en los registros electorales y votación voluntaria, cuyo autor fue el Senador señor Viera-Gallo. Yo le solicito a él la misma diligencia que ha puesto a sus proyectos ahora como Secretario de Estado para otros de origen parlamentario, pues hoy día algunos de ellos siguen sin ser abordados.
Hago esta solicitud por el bien, por el respeto y por el derecho de los ciudadanos que no quieren tener antenas al lado de sus casas.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Por no estar presentes en la Sala el resto de los Comités y por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:52.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción