REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 356ª
Sesión 51ª, en miércoles 10 de septiembre de 2008
Ordinaria
(De 16:23 a 18:46)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ADOLFO ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE,
Y BALDO PROKURICA PROKURICA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez Varela, Victor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:23, en presencia de 17 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 47ª y 48ª, ordinarias, en 2 y 3 de septiembre del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados, con los que informa que ha prestado su aprobación a los siguientes asuntos:
1.-
Proyecto de acuerdo aprobatorio del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, relativo a la aprobación de un signo distintivo adicional para la Cruz Roja Internacional (boletín N° 5.985-10).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
2.-
Proyecto de ley que introduce estímulos para fomentar el crecimiento y el desarrollo económico, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (boletín N° 6.069-05).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
De la señora Ministra de Educación, con el que da respuesta a un oficio cursado en nombre del Honorable señor Frei, relativo a la situación planteada por los representantes de la Escuela Agrícola de Río Negro.
De la señora Ministra de Salud, mediante el cual responde un oficio remitido en nombre de los Honorables señores Núñez y Prokurica, referido a la dotación de médicos del hospital de Huasco.
Dos de la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Navarro, acerca de la creación de nuevas comunas en la Octava Región.
Con el segundo responde un acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Honorables señores Ávila, Cantero, Chadwick, Coloma, Flores, Frei, García, Kuschel, Naranjo, Navarro, Orpis, Pizarro, Prokurica, Sabag y Zaldívar, en materia de contaminación lumínica (boletín N° S 1.100-12).
Del señor Director Nacional del Instituto Nacional de Deportes, con el que contesta un oficio remitido en nombre de la Honorable señora Matthei, atinente a la implementación en el país de escuelas de fútbol para niños.
De la señora Intendenta Regional del Biobío, por medio del cual da respuesta a un oficio cursado en nombre del Honorable señor Navarro, relativo a la construcción del nuevo hospital Penco-Lirquén.
Del señor Intendente de la Región de Los Lagos, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Kuschel, acerca de la limpieza y encauzamiento del caudal del río Blanco.
De la señora Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de La Araucanía, mediante el cual responde un oficio expedido en nombre del Honorable señor Espina, respecto de la implementación de un servicio de transporte público entre las termas de Tolhuaca y la ciudad de Curacautín.
Del señor Presidente del Directorio de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, con el que da respuesta a un oficio remitido en nombre del Honorable señor Navarro, concerniente al programa de filiales que desarrollará la entidad a lo largo del país y al proyecto de reducción de deudas.
Del señor Gerente General de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, mediante el cual contesta dos oficios cursados en nombre del Honorable señor Letelier, referidos a estudios sobre los medios de transporte de carga terrestre que debieran existir en Chile.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, sobre salida de menores desde Chile (boletín Nº 4.594-07).
Segundo informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que protege a los cetáceos e introduce modificaciones a la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, con urgencia calificada de "suma" (boletín N° 5.936-12).
--Quedan para tabla.
Declaraciones de inadmisibilidad
Moción del Honorable señor Orpis, con la que inicia un proyecto que modifica la ley N° 20.278 a fin de incorporar el servicio internacional de buses y taxis Arica-Tacna a los beneficios del mencionado cuerpo legal.
--Se declara inadmisible por tratarse de una materia correspondiente a la iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero y el N° 1° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
Moción de los Honorables señores Bianchi y Núñez, por medio de la cual inician un proyecto de ley en materia de reemplazo de los trabajadores en caso de huelga.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia propia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República, de conformidad con lo dispuesto en el N° 5° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
Proyecto de acuerdo
De los Honorables señores Navarro, Ávila, Flores y Naranjo, mediante el cual solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que evalúe la posibilidad de enviar ayuda humanitaria a los damnificados por los recientes fenómenos climáticos en Haití, República Dominicana y Cuba (boletín N° S 1.110-12).
-- Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Para referirse a la Cuenta, tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, con relación al proyecto que modifica la ley N° 20.278 y que se declaró inadmisible, pido que se oficie a la Presidenta de la República para los efectos de solicitar que lo patrocine.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se enviará el oficio pertinente.
--Así se acuerda.
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El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, en la Cuenta se expresa que se encuentra para tabla el segundo informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que protege a los cetáceos, entre ellos a la ballena.
La Comisión analizó 52 indicaciones y aprobó por unanimidad las enmiendas del proyecto. Luego se reunió con los Comités para solicitar que la iniciativa se coloque en el primer lugar de la tabla de hoy, a fin de poder despacharla y de que la Cámara de Diputados haga lo propio mañana, para que se convierta en ley de la República antes de una reunión internacional que se realizará sobre la materia y Chile llegue con ella como presentación.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si no existen objeciones, el proyecto señalado se tratará en primer lugar del Orden del Día.
--Así se acuerda.
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El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, se ha declarado inadmisible un proyecto de ley, presentado por el Senador señor Núñez y quien habla, sobre reemplazo de los trabajadores en caso de huelga.
Deseo que se pida el patrocinio del Ejecutivo para esa iniciativa.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se oficiará a Su Excelencia la Presidenta de la República con el objetivo indicado.
--Así se acuerda.
PROTECCIÓN A CETÁCEOS Y ENMIENDA
DE LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Conforme a lo resuelto por la Sala, corresponde ocuparse, en primer término, del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que protege a los cetáceos e introduce modificaciones a la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura. Cuenta con segundo informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, y la urgencia ha sido calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (5936-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 45ª, en 19 de agosto de 2008.
Informes de Comisión:
I. Marítimos, Pesca y Acuicultura, sesión 47ª, en 2 de septiembre de 2008.
I. Marítimos, Pesca y Acuicultura (segundo), sesión 51ª, en 10 de septiembre de 2008.
Discusión:
Sesión 47ª, en 2 de septiembre de 2008 (se aprueba en general).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
La idea de legislar fue aprobada en sesión de 2 de septiembre en curso.
En su segundo informe, la Comisión deja constancia de haber efectuado diversas modificaciones al texto despachado por la Cámara de Diputados, todas ellas acordadas unánimemente por los Honorables señores Arancibia, Ávila, Bianchi, Horvath y Letelier.
Las enmiendas dicen relación, principalmente, a las siguientes materias:
-Declaración de los espacios marítimos de soberanía y jurisdicción nacionales como zona libre de caza de cetáceos.
-Prohibición de dar muerte, cazar, capturar, acosar, tener, poseer, transportar, desembarcar, elaborar o realizar cualquier proceso de transformación, así como la comercialización o almacenamiento de cualquier especie de cetáceo que habite o surque los espacios marítimos de soberanía y jurisdicción nacionales.
-Precisión de los objetivos de la denominada "zona libre de caza".
-Establecimiento de necesidad de que las naves pesqueras cuenten con un plan de contingencia en caso de colisión, daño o extracción accidental de un cetáceo.
Cabe recordar que las enmiendas acordadas en forma unánime deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite discutirlas o que existan indicaciones renovadas, las cuales no se han formulado.
Los artículos 1º, 2º y 6º, número 2, tienen el carácter de normas de quórum calificado, por lo que requieren el voto conforme de 19 señores Senadores.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en cuatro columnas, las cuales transcriben las normas legales pertinentes en vigencia; el proyecto despachado por la Honorable Cámara de Diputados; las enmiendas introducidas en el segundo informe por la Comisión y el texto final que resultaría de aprobarse dichas modificaciones.
El señor OMINAMI.-
Que se apruebe, señor Presidente
El señor HORVATH.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
No debe haber debate.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Repito que el proyecto contiene normas de quórum especial.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En votación.
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
--(Durante el fundamento de voto).
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, se ha conseguido, en un buen grado, fusionar las proposiciones que distintos señores parlamentarios, fundamentalmente del Senado, plantearon por la vía de indicaciones al proyecto de ley que el Ejecutivo presentó en junio recién pasado. Se formularon 52 de ellas, en la línea de definir en mejor forma la soberanía y la jurisdicción nacionales, comprendidas, además -conviene precisarlo-, las realizadas por el propio Gobierno.
Se incluyó todo lo referido al avistamiento, materia que debe ser desarrollada, desde luego, en un reglamento y no en la propia ley; la ligazón de la protección de los cetáceos a su ecosistema; el aseguramiento de la coordinación de los organismos competentes; la inclusión de lo relativo a la Ley de Navegación, por cuanto la posibilidad de encontrarse con naves no solo dice relación a las pesqueras, sino también a cruceros, embarcaciones de cabotaje y de otro tipo. También se consideraron la prevención de colisiones y los planes de contingencia necesarios.
Sin embargo, quedan cuatro temas pendientes.
Uno de ellos es el de la institucionalidad. La verdad es que existen muchos organismos competentes. En la discusión garantizamos, al menos, la coordinación, pero debe existir, desde luego, una figura institucional del Ejecutivo que tome el asunto en sus manos. No es algo que puede estar entre CONAMA, SERNAPESCA, Comisión del Borde Costero, en fin. Son muchas organizaciones.
De otro lado, fueron declaradas inadmisibles dos indicaciones, relativas a que también se debieran contemplar recursos para desarrollar y sustentar las áreas marinas protegidas, tanto desde el sector público cuanto del privado, y a que los Fondos de Investigación Pesquera y de Protección Ambiental pudieran aportar a proyectos que son objetivos de la normativa en estudio.
El hecho de que la ballena y otros cetáceos sean declarados monumentos naturales por ley nos parece desde todo punto de vista conveniente. Para no demorar el proyecto, dejamos la medida tal como está, sobre la base de un decreto, pero la verdad es que una ley de la República compromete en mejor forma al Estado.
También quedó pendiente lo referido al avistamiento, observación y monitoreo en el mar presencial, lo cual se contempla en la Ley General de Pesca y Acuicultura y en la propia Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
A nuestro juicio, los cuatro puntos pendientes tendrán que continuar desarrollándose a través de otros proyectos o mociones, sin perjuicio de la participación del Ejecutivo.
Finalmente, quiero destacar el compromiso del Senado en el sentido de aprobar la iniciativa, tanto en general cuanto en particular, dentro de los plazos establecidos, con el objeto de que la Cámara de Diputados la despache en el tercer trámite constitucional. De ese modo, el Gobierno de Chile, en representación del Estado, podrá concurrir a los foros y encuentros internacionales con una ley, como corresponde, de protección a los cetáceos, cuya especie símbolo es la ballena.
En consecuencia, votaré a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, estimados colegas, seré muy breve.
Durante la discusión general del proyecto ya destaqué la importancia de que la sociedad civil promoviera la creación de un santuario de ballenas en nuestro país y cómo diversas organizaciones contribuyeron a ello, a lo largo de años, de diferentes maneras. Es el caso de Ecoceanos o del centro Ballena Azul, entre muchas otras ONG que han sido los motores de esa actividad, a la cual muchos nos hemos sumado.
Hoy, 10 de septiembre, nos hallamos a punto de aprobar un proyecto presentado por la Presidenta de la República que, tal como lo indicó el Senador señor Horvath, fue abordado y mejorado en ciertos aspectos durante el trámite que está por terminar. La normativa va a permitir que de modo unilateral realicemos un acto de soberanía sobre nuestro territorio, y declaremos no solo un santuario que abarque las 200 millas de zona económica exclusiva sobre las cuales Chile tiene derecho a ejercer tal facultad, sino que también nos sumemos a aquellas naciones que en forma clara, con una sola voz -y, a mi juicio, aquí hay una inflexión histórica que nos lleva a la acción-, le dicen "¡No!" a países balleneros como Japón, Islandia u otros que atentan contra los convenios que se han ido promoviendo en la comunidad internacional.
Adicionalmente, apuntamos a generar las condiciones para que Chile -este es uno de los complementos importantes de la ley-, junto con la normativa en estudio, propenda, como responsabilidad de Estado, a la creación de áreas marinas protegidas, de hábitats, dejándose establecido un texto sobre la materia.
Desde que comenzó el debate se han desarrollado, en forma simultánea, campañas de muchos ciudadanos del mundo que miran lo que está haciendo nuestra Corporación. Ayer, cuando se cerraban los procesos de captación de adherentes a esta causa, una encuesta de opinión pública indicó que 99,9 por ciento de los chilenos apoyan la creación de un santuario. Y hubo una campaña, llamada "Solicita al Senado el santuario de ballenas ahora", que logró que mil 856 personas enviaran un mensaje, desde diferentes puntos del territorio. A mi juicio, constituye un tremendo aporte a una ley que se hace en forma participativa.
Junto con el Senador señor Prokurica conocimos, en un momento dado, la actividad de organizaciones que impulsaban la idea, y creo que hoy estamos tremendamente satisfechos y agradecidos del trabajo de las ONG.
En lo personal, expreso mi reconocimiento a que la Presidenta Bachelet haya recogido la inquietud en el marco de las discusiones que se dan en la comunidad internacional. Porque pronto, ante la próxima conferencia, podremos decir: "Chile realizó un acto de soberanía y declaró santuario ballenero las 200 millas de su zona económica exclusiva".
He dicho.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en particular el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que 27 señores Senadores se pronuncian a favor.
--(Aplausos en las tribunas).
Votaron la señora Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, García, Gazmuri, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Naranjo, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag y Zaldívar.
REGULACIÓN DE LOBBY ANTE ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y CONGRESO NACIONAL. VETO
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Observaciones de Su Excelencia la Presidenta de la República, en segundo trámite constitucional, al proyecto de ley que regula el lobby, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3407-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 29ª, en 30 de agosto de 2005.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 51ª, en 11 de septiembre de 2007.
Observaciones, en segundo trámite, sesión 33ª, en 2 de julio de 2008.
Informes de Comisión:
Gobierno, sesión 52ª, en 21 de diciembre de 2005.
Gobierno (segundo), sesión 37ª, en 31 de julio de 2007.
Constitución, sesión 37ª, en 31 de julio de 2007.
Hacienda, sesión 37ª, en 31 de julio de 2007.
Mixta, sesión 7ª, en 2 de abril de 2008.
Gobierno (observaciones), sesión 48ª, en 3 de septiembre de 2008.
Discusión:
Sesiones 53ª, en 21 de diciembre de 2005 (se aplaza su discusión); 56ª, en 4 de enero de 2006 (queda para segunda discusión); 60ª, en 7 de marzo de 2006 (se aprueba en general); 39ª, en 1 de agosto de 2007 (se aprueba en particular); 7ª, en 2 de abril de 2008 (se aprueba su informe); 48ª, en 3 de septiembre de 2008 (queda pendiente su discusión).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Recuerdo a Sus Señorías que en sesión de 3 del mes en curso se acordó aplazar para hoy el debate del veto.
Cabe hacer presente que las observaciones se discuten en general y en particular a la vez, que cada una de ellas debe votarse separadamente y que no se puede dividir la votación.
Las observaciones 5, letra c); 6, letra a); 11, letra g); 12, 14 y 15, letra b), son normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de 21 señores Senadores.
Se deben realizar 18 votaciones consecutivas.
La primera observación tiene como objetivo suprimir la expresión "profesional" que calificaba a la actividad de lobby.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En discusión general y particular las observaciones.
Tiene la palabra el señor Ministro, quien goza de preferencia para su uso.
El señor VIERA-GALLO (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, hablé con varios señores Senadores que manifestaban dudas, a quienes les expresé, una vez más, que el Ejecutivo asumió un compromiso en las Comisiones de Gobierno de la Cámara de Diputados y del Senado en cuanto a enviar una iniciativa aclaratoria y complementaria de la que ahora nos ocupa durante el período de 8 meses que mediará entre la fecha de publicación de la ley y la de su entrada en vigencia.
Lo anterior, por una razón muy simple: se trata de una iniciativa que incursiona en un campo completamente nuevo en el orden jurídico chileno. En tal sentido, tanto los parlamentarios como el Gobierno han solicitado incluir diversas precisiones.
Señor Presidente, salvo una opinión distinta, propongo a la Sala explicar de manera breve las materias que aborda el veto, para después aprobarlo en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Gobierno de esta Corporación.
Repito: el Ejecutivo está dispuesto a incorporar cualquier aclaración que sea necesaria en un proyecto que enviaremos a más tardar en octubre, como quedó consignado en el informe pertinente.
En consecuencia, si le parece a la Sala, efectuaré una breve exposición de las observaciones.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Por mi parte, considero importante que el señor Ministro intervenga previamente.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, vayamos analizando las observaciones una por una.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ávila.
El señor ÁVILA.- Señor Presidente, iba a efectuar consideraciones de orden general, pero veo que la idea es ir examinando cada modificación por separado. En todo caso, creo que ello no obsta a que pueda intervenir en un momento más.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, sin perjuicio de llevar a cabo un debate general de las observaciones, con posterioridad debemos pronunciarnos sobre cada una de ellas.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
¿Habría acuerdo para analizar el veto primero desde un punto de vista global?
Acordado.
Después se irá abordando cada punto en forma específica, tal como dispone el Reglamento.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VIERA-GALLO (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, en primer lugar me voy a referir al ámbito de aplicación de la ley, que comprende la materia que regula y la definición de lobbysta.
La innovación se consigna en el artículo 2º, donde, para precisar el concepto de lobbysta, se señala con claridad que el lobby tiene como fin "promover, defender o representar cualquier interés de carácter individual o sectorial". Como Sus Señorías advierten, se excluye el término "institucional".
Lo anterior significa que si un organismo colectivo equis efectúa una presentación acerca de un problema institucional, no ejerce lobby; pero, si defiende un interés individual o sectorial, sí lo hace. Para que ello sea así existen dos alternativas. La primera es que la organización sea contratada, es decir, que sea remunerada y constituya una empresa profesional (en Chile no son más de seis). Y la segunda -establecida en la letra b) del artículo 2º- es que la actividad sea desarrollada con habitualidad. Esta última se define como "la realización de más de ocho gestiones de lobby efectuadas en el período de un mes o más de quince en un trimestre, sobre una misma materia, ante una o más autoridades".
Cabe recordar que solo pueden ser objeto de lobby el Congreso Nacional y el Gobierno, porque son las únicas autoridades que fijan políticas generales, ya sea a través de la ley o por medio de políticas propiamente tales.
Ese es el elemento más importante.
Ahora, para delimitar bien el tema, el artículo 4º indica una numerosa lista de actividades que en ningún caso serán consideradas lobby, las cuales llegan hasta la letra l). Ahí nosotros queremos introducir algunas precisiones adicionales.
Queda claro, por ejemplo, que los parlamentarios bajo ningún respecto ejercen actividades de lobby. Pero, para que eso quede aún más explícito, deseamos referirlo no solo a las declaraciones o comunicaciones -como dispone una de las letras del artículo 4º-, sino también a las actuaciones. Así, no habrá duda en cuanto a que ninguna autoridad de Gobierno ni los parlamentarios ejercer de por sí actividades de lobby.
En segundo lugar, queremos dejar igualmente claro que los centros de estudio en circunstancia alguna efectúan funciones de lobby, y no solo cuando asesoran a parlamentarios o al Gobierno.
Resulta importante señalar, además, que deseamos excluir de cualquier gestión de lobby a todas las organizaciones regidas por la Ley de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias, así como también a cuanto tiene que ver -y aquí habrá que buscar una definición técnica adecuada- con la actividad artesanal y la de la pequeña empresa.
Lo mismo ocurre con cualquier actuación que lleve a cabo una empresa ante las autoridades del Ministerio del Trabajo concerniente a sus relaciones laborales. Es común que ellas efectúen múltiples diligencias ante la Dirección del Trabajo y otros organismos de la misma naturaleza.
En el fondo, se pretende circunscribir con bastante precisión la actividad de lobby a aquella que se realiza cuando se contrata a una empresa de lobbystas y se paga por eso, y a aquella que una empresa efectúa por sí misma en defensa de sus propios intereses. Y la forma de determinar esto último es la habitualidad con que la practica. Para mayor claridad, se ha establecido cierto número de reuniones.
Otro punto es la eliminación del artículo 3º, que obligaba a las empresas que contratan actividades de lobby a informar tal situación a la autoridad respectiva. Evidentemente, según la cultura nacional, ello constituía un disuasivo para contratar actividades de lobby, en este caso remunerado, y, al mismo tiempo, un incentivo para ejercer cualquier influencia al margen de la ley.
El actual artículo 3º -antes 4°- dice ahora lo siguiente: "La actividad de lobby estará dirigida preferentemente a las siguientes categorías de decisiones:". Y a continuación se mencionan cuáles son, las que, básicamente, tienen que ver con decretos o resoluciones administrativas; la elaboración y tramitación de proyectos de ley, y la celebración, modificación o terminación a cualquier título de los actos y contratos que realicen los órganos a que se refiere el artículo 15.
Enseguida viene el Título II, denominado "De los Registros Públicos y de las obligaciones y prohibiciones aplicables a los lobbystas".
El artículo 5° establece que toda persona, natural o jurídica, podrá ejercer como lobbysta. En este caso se alude, principalmente, al lobby profesional.
Los registros de lobbystas están indicados en el artículo 7º: un registro público a cargo del Consejo para la Transparencia, en el que deberán inscribirse las personas que desarrollen actividades de lobby; y dos registros públicos más: uno a cargo de la Comisión de Ética del Senado y otro a cargo de la Comisión de Conducta de la Cámara de Diputados, según el reglamento de la rama del Congreso Nacional que corresponda.
En cuanto a las obligaciones y prohibiciones, el artículo 8º prescribe que las empresas de lobby deben informar trimestralmente sobre cualquier cambio de propiedad o de socio a las autoridades del registro pertinente.
Otro artículo importante es el 10, que dispone que los lobbystas profesionales -o sea, los remunerados- no podrán contribuir al financiamiento de partidos políticos, campañas electorales ni campañas internas de partidos políticos, pactos o coaliciones. Sí lo podrán hacer las empresas habituales de lobby, esto es, aquellas que realizan más de ocho gestiones de tal índole en un mes y se hallan inscritas en los registros pertinentes.
El artículo 11 especifica quiénes estarán impedidos de ejercer actividades de lobby. Aquí lo importante es que deben pasar dos años para que algunas de las personas que se hallan en tal situación queden liberadas de dicha prohibición.
El artículo 12 establece que "Todo lobbysta estará obligado a indicar la naturaleza de sus actividades ante la autoridad". O sea, tiene que decirle: "Vengo para tal finalidad".
El artículo 13 precisa que la solicitud de audiencia efectuada por un lobbysta deberá contener la individualización completa del solicitante; la individualización completa de la persona natural o jurídica cuyos intereses se busca gestionar, y la materia que se tratará en la audiencia.
El artículo 14, por su lado, señala que "Los datos, informaciones o antecedentes que se entreguen a las autoridades, miembros y funcionarios del Estado para respaldar una actividad de lobby, deberán identificar claramente su origen y autoría.".
Luego viene el artículo 15 -ubicado dentro del Párrafo 2°, "Del Registro"-, que resulta bastante trascendente, por cuanto instaura el registro de las audiencias. Textualmente expresa que "Las autoridades y funcionarios que se señalan a continuación" -pertenecientes a los órganos más importantes del Estado- "deberán registrar de forma centralizada, de conformidad al reglamento," -que dictará, según sea el caso, el Presidente de la República o quien corresponda- "las audiencias y reuniones que efectúen con los lobbystas, especialmente en lo relativo a la indicación del lugar y fecha de su realización, así como a la individualización de los asistentes y la materia específica tratada".
A continuación figura una larga lista de autoridades y funcionarios que deben registrar las audiencias.
Enseguida viene el Título IV, relativo a las sanciones. Se establece que estas serán aplicadas por el Consejo para la Transparencia, la Comisión de Ética del Senado y la Comisión de Conducta de la Cámara de Diputados. De ellas se podrá apelar ante los tribunales de justicia. El artículo 17 estatuye el procedimiento que ha de seguirse para su aplicación.
Las sanciones para los lobbystas están enumeradas en el artículo 18. Las que corresponden a autoridades y funcionarios se hallan contenidas en el Párrafo 2° del Título IV, artículos 20 y siguientes. El Párrafo 3º, por su parte, se refiere a las sanciones por ejercicio ilegal de la actividad de lobby.
La normativa termina en el Título V, denominado "Disposiciones varias".
Hago presente a Sus Señorías que al final del informe de la Comisión de Gobierno se incorporó, a petición del Honorable señor Orpis y con la anuencia de todos sus miembros, un Protocolo que contiene las materias que el Ejecutivo se compromete a incluir en el proyecto complementario que enviará durante el período de vacancia de la ley.
Sin perjuicio de lo anterior, estamos dispuestos a recibir cualquier otra sugerencia que los señores Senadores quieran formular.
En todo caso, Sus Señorías comprenderán que el envío de una iniciativa de esa naturaleza implica reabrir la discusión sobre el tema en el Congreso. Porque la idea matriz seguirá siendo el lobby y, por lo tanto, cualquier Senador o Diputado podrá efectuar una indicación a algún artículo del texto ya aprobado.
Termino, señor Presidente, dando disculpas por una actuación compartida con el Parlamento. La iniciativa fue estudiada por ambas ramas; fue a Comisión Mixta; fue despachada; ahora es objeto de un veto y prontamente se abrirá una nueva instancia a su respecto. Sin embargo, ello se debe a la complejidad de una legislación que va a ser pionera en nuestro ordenamiento en cuanto a la necesidad de regular una actividad lícita. Ahí no se trata ninguna actividad ilícita, porque, si así fuera, caería en el ámbito del Código Penal. Estamos hablando de influencias legítimas que se ejercen, ya sea porque se paga para ejercerlas, o bien porque cada quien tiene derecho a defender sus propios intereses o los de algún afiliado a su institución ante las autoridades del Estado, principalmente de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente, mantengo mi escepticismo frente al lobby.
Me lo confirma la certera definición del Diccionario de la Real Academia Española, donde se señala que este anglicismo significa: "Grupo de personas influyentes, organizado para presionar en favor de determinados intereses.".
El término "lobbycracia" se ha usado para denominar el enorme poder ejercido por conglomerados y grupos de interés en centros de decisión como Washington y Bruselas.
Hay toda una variedad de cosas difíciles de considerar con el verbo "influir".
¿Qué pasa si una persona que ejerce lobby se encuentra en un evento social (misas, cocteles, desfiles, etcétera) con diversas autoridades? No existe manera de regular ahí tal mecanismo.
En verdad, la iniciativa en estudio no democratiza el uso de la gestión de intereses; no avanza en el sentido de que esta no sea realizada solo por poderosos grupos de interés económico, que serán los únicos que, ahora ya por una vía legalizada, podrán ejercer a la luz todo lo que desarrollaban entre sombras.
Un ejemplo de lo anterior lo hallamos en la Ley del Consumidor. El primer texto que salió resultó muy diferente del propuesto por el Ejecutivo debido a que en esa oportunidad ejerció un fuerte lobby la Cámara de Comercio de Santiago. Al final, se obtuvo una ley inocua, que no servía para nada a los usuarios. Estos últimos poco pudieron aportar en el transcurso de la discusión de dicha normativa.
Hubo que tramitar una segunda ley, en la cual se logró incorporar ciertos avances. ¿Qué ocurrió ahí? En ese momento la Cámara de Comercio de Santiago volvió a ejercer el lobby sin que hubiera una contraparte en la defensa de intereses distintos.
Resultado: se estipuló que las organizaciones de consumidores solo podían acceder a fondos concursables para financiarse, con lo cual quedaron reducidas a una presencia virtual en el escenario que no redundará en algún tipo de acción práctica y efectiva.
Entonces, ¿qué es exactamente el lobby? No otra cosa que llevar a cabo gestiones a favor de intereses propios o ajenos con los cuales se tengan vínculos.
Esta iniciativa abre paso a erradicar de un ambiente de sombras ciertos ilícitos legales o morales. Es una forma de proxenetismo pero en los negocios. Se trata de seducir a los supuestos guardianes del bien común con intereses privados que no pocas veces colisionan con este. Y para ello, se necesita una seducción especial.
El gran problema en esta materia es que hoy en día quienes se encuentran más huérfanos de apoyo en la defensa de sus intereses son los ciudadanos comunes y corrientes. La futura ley de poco servirá a esas personas, pues no se les otorga la posibilidad de organizarse adecuadamente y, sobre todo, de conseguir financiamiento para que puedan dedicarse de forma razonable a la defensa de sus legítimos derechos.
El proyecto abre espacio para que los mismos de siempre, ahora plenamente amparados por disposiciones legales, sigan haciendo todas las gestiones que habitualmente desarrollaban en los pasillos de las diversas instituciones públicas o en los centros donde ejercen su poder y sus vínculos con las instancias oficiales.
El que nos ocupa es un nuevo injerto que incorporamos a nuestra legislación, el cual sucederá a la reforma procesal penal. Hasta ahora no resulta apropiado hacer un balance objetivo de lo que ha significado esta transformación tan notable y profunda en nuestra justicia. Hay muchos puntos de vista encontrados a este respecto.
Con todo, en lo relativo al lobby, yo soy muy escéptico en cuanto a creer que estamos haciendo una contribución efectiva a la transparencia. Más aún, dudo que la iniciativa esté dotando a la ciudadanía de un instrumento eficaz para defender sus intereses y sus legítimos derechos.
En consecuencia, no me convence para nada todo lo dicho sobre el proyecto. En mi opinión, una vez más saldrá del Congreso de la Nación un cuerpo legal que contribuirá a fortalecer lo que tenemos, pero que no va a ayudar en modo alguno a quienes tenemos la obligación de proteger.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Cantero.
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El señor CANTERO.-
Señor Presidente, deseo pedir una autorización.
Dado que el proyecto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones en lo relativo a concesiones de radiodifusión sonora tiene el plazo perentorio del 15 de septiembre; atendido el hecho de que la Cámara de Diputados sesionará el lunes y martes de la próxima semana en las mañanas, y a fin de que se apruebe cuanto antes, pido recabar la autorización de la Sala para que en una de las sesiones de mañana esta materia se ponga en tabla.
La Secretaría ya cuenta con algunos antecedentes al respecto.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Ese asunto tendría que incorporarse en la segunda sesión de mañana.
El señor CANTERO.-
No hay dificultad, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Si le parece a la Sala, así se procederá.
--Se accede.
El señor LONGUEIRA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor LONGUEIRA.-
¿El informe respectivo viene aprobado por unanimidad?
El señor CANTERO.-
Sí, señor Senador.
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El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, creo que estamos frente a un proyecto extremadamente complejo. Si bien ha sido difícil su tramitación desde el principio, temo que el veto que nos ocupa, en lugar de ayudar a resolver las cosas, está complicándolas aún más.
El acuerdo a que se llegó originalmente en el Congreso se generó en el Senado, porque el proyecto de la Cámara de Diputados fue muy cuestionado. Se resolvió reformularlo aquí con el acuerdo de todos los miembros de la Comisión. En ese momento, incluso, participó el entonces Senador señor Viera-Gallo.
Aquella formulación era quizá no muy pretenciosa, pero sí lo suficientemente concreta para definir bien el lobby y concentrarse en la acción de los lobbystas profesionales. A mi juicio, entrar en el terreno de quienes no lo son pero pueden serlo, según las gestiones que realicen, equivale a navegar en un mar sin orillas.
Ello nos llevó a establecer un proyecto que regulara esa actividad centrándose en quienes la ejecutan profesionalmente.
Tal idea, como se ha señalado, ha sido muy resistida por los especialistas, por las ONG, por los académicos, los cuales han estimado que, al circunscribir demasiado el lobby, se deja fuera a muchas instituciones que efectivamente lo practican. Por lo tanto, no se estaría cumpliendo el objetivo de contar con una regulación moderna en la materia.
Señor Presidente, pienso que, por tratar de ampliar el horizonte de lo que comprende esta normativa, se ha ido demasiado lejos. Y quiero demostrarlo. Con la sola lectura del contenido de las observaciones y, por ende, de las modificaciones que se introducen al proyecto acordado por el Parlamento, se advierte rápidamente lo que señalo.
Si se aprobara el veto en todas sus formas, "lobbysta" se entendería en dos sentidos: por una parte, la persona que se dedica a esta actividad en forma remunerada y, por otra, aquella que lo hace de manera habitual, pero sin mediar pago. Y la misma disposición define cuándo se produce habitualidad, según haya tantas gestiones en un mes o tantas en un trimestre.
Vale decir, se generarán dos grupos. El primero lo constituyen los lobbystas profesionales, quienes estaban en la iniciativa original despachada por el Congreso, cuyo ámbito es claro. Tales entidades serían cuatro, seis, ocho o diez. No importa cuántas, pero definidas. Y el segundo conformaría el "mar sin orillas": cualquier institución (gremial, académica, centro de estudios) que defienda cierta clase de intereses. Si una persona, para lograr un objetivo ante un organismo del Estado o ante el Parlamento, hace gestiones con cierta habitualidad, se convertiría en lobbysta.
Ahora, cómo vamos a saber si ello ocurre. No hay posibilidad alguna. Se conocerá según lo que se observe; es decir, conforme al número de gestiones que la persona realice en una dirección determinada. Y para poder verificar eso, las autoridades a quienes se dirija la acción del lobbysta deberán llevar un registro de todas sus conversaciones y actuaciones. De esta manera se pretende asegurar que el gestor, a través de esa cantidad de acciones, cumpla efectivamente el objetivo que establece la ley: contar con un número mínimo de actos para decretar la habitualidad.
Lo anterior nos lleva al artículo 15 de esta iniciativa legal, que indica quiénes deberán registrar en forma centralizada las audiencias y reuniones que efectúen con los lobbystas. Pero no sabemos cuáles serán estos. Algunos, por definición, tendrán la calidad de profesionales. Sin embargo, otra cantidad de gente que desconocemos puede llegar a tener esa calificación. Para evitar dudas y a fin de que se cumpla con la ley, las autoridades mencionadas en el artículo 15 deberán llevar un registro de todas las acciones que realicen con cualquier entidad con la que se relacionen.
¿De quiénes estamos hablando? En la Administración central: del Presidente de la República, ministros y asesores, subsecretarios, jefes de servicios, embajadores, jefes de división o departamento de un ministerio o servicio público y consejeros del Consejo de Defensa del Estado. En la administración regional, provincial y comunal: de intendentes, gobernadores, secretarios regionales ministeriales, consejeros regionales, alcaldes y concejales. En la Contraloría General de la República: del Contralor, Subcontralor, jefes de división y contralores regionales. En el Banco Central: de su Presidente, Vicepresidente, consejeros, Gerente General, Fiscal y Revisor General. En las Fuerzas Armadas: de los oficiales generales y superiores y niveles equivalentes. En las empresas públicas: de la plana mayor. En el Congreso Nacional: de Diputados, Senadores, asesores permanentes de los parlamentarios y abogados secretarios de Comisión. En el Poder Judicial: de ministros, fiscales regionales, secretarios; etcétera.
En definitiva, señor Presidente, la Administración Pública en general estará obligada a dejar registro pormenorizado de todas las reuniones de cualquier naturaleza que lleve a cabo.
Si llama el Presidente del Colegio de Abogados, habrá que registrarlo, como también si lo hace un señor que representa a la Confederación de la Producción y del Comercio o si la comunicación es con un integrante de la CUT.
Vale decir, tendrán que registrarse todas las acciones de cada una de las autoridades. Porque la única manera de verificar si hay habitualidad es que una entidad -llámese CUT o Confederación de la Producción y del Comercio- haya efectuado más de ocho gestiones. ¿Y cómo se puede corroborar esto? Acudiendo a quienes llevarán los registros: los parlamentarios, los Ministros de Estado o quienes sean.
Eso constituye una frondosidad burocrática que se traduce en la imposición de una carga que no tiene mucha claridad y que, probablemente, será muy difícil de controlar. Porque el hecho de que a algunos de nosotros se le olvide llevar el registro significará que ha infringido la ley, y, tal vez, será sometido a la Comisión de Ética, a pesar de que a lo mejor no lo hizo por no entender que estaba haciendo lobby.
Señor Presidente, al darse una situación como esta, se puede producir finalmente una paralización en las acciones que llevan adelante los organismos, porque estos son infinitos y quienes deben hacer el registro, limitados. Se trata prácticamente de todas las autoridades que tienen alguna relevancia en el país. Probablemente, son varios cientos, sino miles, los que deben efectuar el registro de las audiencias que celebren con cada uno de los ciudadanos, e informarlas al Consejo de Transparencia, a la Comisión de Ética y a no sé qué otro ente.
En realidad, tengo la impresión de que, por pretender controlar a los lobbystas propiamente tales y tratar de ser amplios y generosos, hemos entrado en la tierra de nadie, generando cierta situación compleja. Esto lo digo muy en serio. Y entiendo la voluntad de hacer transparente las gestiones de todos los que toman las decisiones, lo que me parece sano, positivo.
He sido partidario del lobby, y cooperé en las Comisiones para que sea regulado. Pero considero que el veto, al querer resolver las críticas y cuestionamientos provenientes de sectores muy especializados y bastante determinados, está yendo demasiado lejos y nos ha puesto en una situación que no sé cómo se corregirá.
Ahora bien, se ha dicho que debe haber tranquilidad porque se ha firmado un protocolo a través del cual se subsanará el problema, y que como la ley tiene una vigencia de ocho meses, en ese período se dictará una normativa legal. Pero yo no sé si, por tratar de corregir un asunto, ahora volveremos el péndulo en la dirección contraria, lo cual hará que seamos objeto de otras críticas. Y, por lo tanto, quizás cómo terminará siendo regulada esta iniciativa.
Por lo anterior, señor Presidente, lo prudente a mi juicio sería suspender la tramitación de las observaciones y esperar el proyecto complementario anunciado por el Gobierno, para que, en conocimiento de ambos, veamos cómo queda la situación desde el punto de vista de los lobbystas y de la acción de las personas que serán reguladas. Porque a lo mejor esta se puede acotar, definir y precisar. De lo contrario, será francamente inmanejable, imposible.
En ese sentido, considero que lo peor es comenzar a legislar de una manera determinada y después, en función de las críticas o de la experiencia, corregir, a sabiendas de que se trata de una normativa que es del todo excesiva respecto de lo que puede producir en el funcionamiento de las instituciones.
Me parece que, por regular el lobby, estamos poniendo una amarra a cientos de autoridades de todos los Poderes Públicos. Y pienso que ese no es el objetivo. Porque de lo que se trata es evitar el tráfico de influencias, y aquí pareciera que se está impidiendo el funcionamiento de la gestión pública, que, por lo demás, es bastante engorrosa, burocrática y lenta.
En consecuencia, observo que esta iniciativa contribuye poco a los objetivos centrales de ayudar en el control de la actividad, evitar el tráfico de influencias y transparentar esas gestiones, pero mucho a entrabar el funcionamiento de la Administración Pública.
Por tales razones, señor Presidente, si Sus Señorías lo tiene a bien, y en el ánimo de que esto resulte, soy partidario de esperar que el protocolo de que se ha hablado se convierta en una iniciativa legal, para que durante su tramitación podamos fusionarla con el veto en cuestión, y elaborar una sola normativa madura, seria, que ayude al propósito deseado por todos: evitar el tráfico indebido de influencias y lograr transparencia.
Por cierto, el camino por seguir no puede traducirse en un serio inconveniente para la gestión de las autoridades de todos los Poderes Públicos.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, quiero reforzar el planteamiento del Senador señor Larraín y entregar un elemento adicional.
Como se ha señalado en el curso del debate, el centro de gravedad o el cambio más fundamental apunta a que el proyecto original regulaba solamente el lobby profesional y remunerado, y ahora se adiciona a personas que no reciben pago. Pero el punto central para determinarlo es la habitualidad de las gestiones.
Es del caso señalar -y que el señor Ministro, por favor, ponga atención- que para establecer la habitualidad se debe actuar de manera muy minuciosa, en especial en lo dispuesto en el artículo 15, conforme al cual las autoridades deben registrar dos situaciones: cuando se reúnen con lobbystas, pero además "las audiencias y reuniones celebradas con las organizaciones señaladas en la letra m) del artículo 4°, cuando ellas se efectúen en sus oficinas o despachos de trabajo.". Sin embargo, el artículo 4°, letra m), se cayó. No existe. Siendo así, ¿qué se registrará si las organizaciones no figuran? El rechazo se debió a que la disposición no logró quórum en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, las autoridades mencionadas en el artículo 15 no tienen nada que registrar.
En consecuencia, creo que se ha caído una de las columnas vertebrales de la iniciativa, que es cómo acreditar la habitualidad a través del registro.
Por eso, señor Presidente, me parece tremendamente importante, incluso siguiendo la lógica del propio proyecto del Ejecutivo, tener presente que lo que estamos analizando puede quedar absolutamente en letra muerta. No hay nada que registrar por parte de las autoridades al caerse la referencia a la letra m) del artículo 4º.
Por eso, creo importante que el Ejecutivo envíe la iniciativa legal para acotar este tema.
Hago esa reflexión porque me parece pertinente. En efecto, el elemento central que es la habitualidad y que debe ser registrada para poder demostrarla, se cayó con el rechazo de la letra m) del artículo 4°.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VIERA-GALLO (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, respecto a lo que acaba de decir el Senador señor Orpis -él estuvo presente en la Comisión-, en el protocolo quedó establecido que esa referencia se va a arreglar.
En lo que se refiere a lo planteado por el Honorable señor Larraín y que fue reforzado por el Senador señor Orpis, nosotros no tenemos ningún inconveniente en ello. Porque nuestro compromiso era enviar un proyecto de ley de esa naturaleza la primera semana de octubre. Por tanto, Sus Señorías pueden esperar esa iniciativa.
Sin embargo, les quiero advertir que no se disiparán todas las dudas. Es muy difícil razonar con un proyecto de ley cuando se razona ad absurdum. Hay que hacerlo dentro del marco de lo razonable. Y esto último es lo que una norma jurídica normalmente pretende reglamentar.
Aquí se dice: "Como cada uno defiende un interés, entonces puede pasar¿". Pero si ese aspecto lo van a controlar la Comisión de Ética del Senado -¡ustedes mismos!-, la Comisión de Conducta de la Cámara de Diputados y, asimismo, el Consejo para la Transparencia, que en su composición espero que nombremos a personas completamente razonables.
Nadie pretende con esta normativa hacer una cacería de brujas. Pero lo que ocurrirá es que habrá más transparencia. Y no me parece mal que se sepa con quiénes se reúnen las autoridades del Estado: Seremis, Ministros, Senadores o algún juez, cuando hay un interés evidente, privado.
Creo que eso le hace bien al país.
Por eso existe una agenda de transparencia. Y este proyecto de ley nace del compromiso político habido respecto de esa agenda. Se podrá ir perfeccionando en su formulación, pero considero que hay que hacerse a la idea de que se produjo un cambio cultural en Chile.
Así como hoy existe una ley que permite el acceso a la información pública, este proyecto hará posible también tomar conocimiento acerca de las reuniones que los Senadores, los Ministros, los Diputados sostengan con representantes de empresas. ¡Qué tiene de malo el saber que estos fueron a hablar con un Senador sobre determinado asunto! ¿Qué problema puede haber? ¿Por qué no es posible estar al tanto de ello?
Hoy día, el Contralor General de la República coloca en su página web todas las entrevistas que sostiene. ¡En buena hora! ¡Pero eso lo debiéramos hacer todos, por obligación legal!
Entonces, hay que ponerse en la disposición de transparentar las relaciones de las autoridades con los grupos de interés, que no son ilegítimos.
Eso le hace bien al país.
Por tanto, vamos a perseverar en esta iniciativa.
No obstante, no tenemos ningún inconveniente en acoger el planteamiento de los Senadores señores Larraín y Orpis en el sentido de que no se vote hoy. En tal virtud, podemos retirarle la urgencia. Pero sí es evidente que la primera semana de octubre estará el proyecto aquí, en el Senado, para que ustedes lo analicen y finalmente se vote. Obviamente, cada uno será responsable de la forma como se quiera pronunciar.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, no veo que constituya una fórmula de avance el que la iniciativa vuelva a Comisión, salvo que se modifique el veto. Y, hasta donde entiendo, la principal traba que motivó la primera postergación fue que este no puede ser rectificado, y el protocolo que ha anunciado el Ministro señor Viera-Gallo lo único que establece es el compromiso de realizar los ajustes necesarios.
Por ello, extender el plazo hasta octubre puede significar que se afine el protocolo de compromiso, pero no que se modifique el veto. O sea, tendremos exactamente lo mismo.
La ampliación del debate no debe hacerse antes de aprobarse el proyecto, sino después. Porque en el protocolo -y también en el reglamento que debe dictar la Cartera del Ministro señor Viera-Gallo- se tendrá una nueva ley de ajuste para aquellos aspectos no incluidos en la normativa.
Señor Presidente, después de analizar el veto yo tengo observaciones que hacerle. Por ejemplo, en cuanto a la habitualidad se entiende que es la realización de más de ocho gestiones de lobby, pero se refiere a un solo lobbysta. Entonces, una empresa con 10 lobbystas podrá efectuar 80 gestiones, porque se habla de la persona.
Por tanto, hay observaciones que formular.
Creo que correspondería votar la iniciativa porque no existe consenso en su aplazamiento. Yo quería una norma más rígida, más reguladora. Vamos a inspirar muchas legislaciones en América Latina respecto a este punto, pues Chile será el primer país del continente, después de los Estados Unidos, que tendrá una normativa sobre el particular. En Europa no existe ninguna legislación acerca de esta materia. Y me parece un avance sustantivo en transparencia.
Creo que la dilación del proyecto no será productiva. Salvo que el Ministro señor Viera-Gallo nos señale que habrá modificaciones al veto, cuestión que no se ha producido. Lo que se hará es ajustar más el protocolo.
Pienso que sería importante crear una Comisión para que trabaje el acuerdo protocolar y ponerle fecha al envío de la iniciativa, que es lo importante. Porque la normativa en análisis no se va a modificar por la vía de dilatar su tramitación hoy en la Sala, sino mediante el pronto envío al Senado de la iniciativa producto del protocolo que hoy está en debate.
Por lo tanto, soy partidario de votar y despachar hoy el proyecto que nos ocupa.
Porque los ajustes que se han señalado, como lo relativo a la letra m) del artículo 4°, por ejemplo, son menores.
El señor ORPIS.-
¡Es lo fundamental!
El señor NAVARRO.-
Yo entiendo que otros aspectos más sustantivos y esenciales no van a ser modificados en este veto, sino mediante la normativa que el Ejecutivo debe enviar.
Por ello, no me queda claro el porqué del aplazamiento de la votación, si el veto no puede ser modificado.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
En todo caso, señor Senador, para volver el proyecto a la Comisión se necesita mayoría simple.
Tiene la palabra el Honorable señor Espina, y luego, la Mesa hará una propuesta a la Sala.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, ayer tuve oportunidad de sostener una reunión con un asesor del Ministro señor Viera-Gallo, quien me explicó detalladamente el proyecto.
Yo soy partidario -se lo quiero explicar al Senador señor Navarro- que esta materia se mantenga en statu quo hasta que ingrese el nuevo proyecto.
Ello, porque algunos de los cambios planteados en el veto son correctos y varios de ellos los comparto. Desde luego, considero necesario normar el lobby; que es preciso tener cuidado de que solo se legisle respecto de cierta categoría de acciones; que se puede ampliar la visión, y creo que el lobby, en una ley de esta naturaleza, termina, primero, informando a la comunidad y, segundo, protegiendo a las propias autoridades.
Por lo tanto, me parece que la iniciativa hay que sacarla adelante.
Sin embargo, para que salga una buena ley, estimo que lo correcto es que el Gobierno envíe un proyecto, con las materias en su gran mayoría concordadas, que se despache rápidamente, porque estará consensuado. Ahora, ambos textos, el que ahora nos ocupa y el que remitirá el Ejecutivo, pueden aprobarse juntos o en el segundo de ellos refundir el primero.
Hay cambios introducidos por el Gobierno que realmente apuntan a evitar que se burle la ley.
Y eso es positivo.
Pero sostengo que aprobar una iniciativa de esta naturaleza en la circunstancia actual, significará sacar una normativa que se fue cayendo a pedazos en la Cámara de Diputados por distintas razones.
En el proyecto en análisis hay preceptos que son incongruentes con otros; se hace mención a artículos que no existen -quiero explicar al Senador señor Navarro esta situación, aunque seguramente se halla al tanto de ella-, porque fueron rechazados por la Cámara.
Entonces, el Senado no puede sacar una ley -aunque se señale que va a tener un protocolo- en que se haga referencia a determinada letra de un artículo y esta no exista.
Por ello, hay que dejar la iniciativa que nos ocupa suspendida y tramitar rápidamente las materias del protocolo, más los cambios que allí se quieran hacer. Ya vendrán mayorías o minorías.
Si esta normativa se publicara en el Diario Oficial y cualquier abogado o representante de alguna institución la leyera va a decir: "Esta ley fue mal hecha". Y si a aquella persona se le explicara: "No, es que existe un protocolo", nos diría: "Señor, el Congreso no legisla protocolos, legisla leyes, así es que preocúpese de sacar leyes bien hechas".
Por tal motivo, sugiero que se suspenda la tramitación del proyecto en debate y que vuelva a la Comisión. En el entendido de que -por lo menos es mi opinión y también se la he escuchado a distintos señores Senadores, para la historia fidedigna de la ley y la información pública- ello no implica que no se quiera legislar sobre el lobby, sino que se desea legislar bien al respecto.
Además, debemos legislar cubriendo muchas de las aprensiones que ha señalado el Gobierno, las cuales, bien redactadas, bien hechas, creo que tienen una buena orientación.
Entonces, mi sugerencia concreta -y así se lo dije ayer al asesor del señor Ministro- es que se suspenda la tramitación de la iniciativa que nos ocupa, que se envíe el nuevo proyecto -cosa que ambos queden en el mismo estado, porque este tema ya ha sido archidebatido-, de tal manera que se despache cuando se tengan claro los complementos necesarios para que se dicte una normativa entendible, y no una como la que hoy día debatimos, ya que por el hecho de haberse caído muchos artículos las citas no son comprensibles para quien desconoce el debate.
Esa es mi propuesta, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
La Mesa propone, dada la forma en que se ha ido planteado el debate, y porque encuentra que es lo más aconsejable, volver el asunto a Comisión.
El señor NAVARRO.-
¿Con qué objeto, señor Presidente? Yo prefiero que se vote.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Está la obligación de votar en forma electrónica, pues la Sala así lo acordó la semana pasada respecto de toda materia.
El señor NAVARRO.-
Va a transcurrir un año más.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
No, señor Senador.
Las observaciones volverán a la Comisión, que las estudiará y someterá¿
El señor ESPINA.-
Excúseme que haga uso de la palabra, señor Presidente.
Yo entiendo que el Gobierno tiene listo el otro proyecto. Así se me expresó. Deben despacharse los dos juntos.
El señor NAVARRO.-
¿En cuánto tiempo?
El señor ESPINA.- El Gobierno debería presentarlo y tramitarlo de manera urgente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, se trata de que ese protocolo se convierta en proyecto de ley, y que cuando entre a ser discutido -ojalá que ingrese en esta Cámara, que es donde se encuentra la iniciativa original- se puedan resolver los temas relativos al veto.
A lo mejor nosotros, en tal circunstancia, podríamos rechazar todas las observaciones de la Presidenta, porque vendrían resueltas en dicha iniciativa.
Considero esencial un protocolo redactado como proyecto de ley, porque así podríamos solucionar fácilmente los problemas planteados.
Así es que sugiero que el asunto vuelva a la Comisión en espera de la referida iniciativa, y, sobre esa base, entonces continuar con la tramitación de la que ahora nos ocupa.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Entonces, la Comisión deberá pronunciarse sobre el veto y el protocolo, y decidir cómo resuelve las dificultades.
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, no tengo ningún inconveniente en que vuelva a la Comisión. Llevamos tres años -desde que el Senador señor Larraín era su Presidente- analizando el tema del lobby.
A mi juicio, este proyecto avanzó. No todo lo que hubiésemos deseado, pero progresó; y, sin duda, es mejor que el primitivo.
Ahora, ocurre que el veto fue aprobado por la Cámara de Diputados. En consecuencia, nos veremos sometidos a una situación bastante compleja desde el punto de vista del procedimiento legislativo.
Desde luego, analizaremos un nuevo proyecto. El que nos ocupa quedará en alguna berlina rara, porque si ya se aprobaron las observaciones en la Cámara Baja, la única alternativa que tenemos es rechazarlas y ver en la otra iniciativa enviada por el Ejecutivo todos los temas aquí planteados, cuya idea es que vengan solucionados.
Por lo tanto, quedamos en una situación un tanto difícil, porque el veto ya fue acogido por la otra rama del Parlamento, al igual como lo hicimos nosotros en la Comisión.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Para eso estamos, para resolver cosas complejas.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VIERA-GALLO (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Comprendo perfectamente que se trata de una situación compleja, al igual como se dio en la iniciativa sobre derechos de los animales. Pero esperamos que esta vez el tratamiento sea más rápido, pues todavía hay aquí respecto de ella un veto pendiente y un proyecto complementario sobre el particular.
Sin embargo, las fórmulas de solución para el problema planteado pueden ser las siguientes: primera, una vez concordado el texto de la normativa, se despacha el lunes el veto, se promulga la ley el martes y el miércoles el Senado aprueba el proyecto; y, segunda, dejar dormir esta iniciativa -o sea, sin fijarle urgencia-, pero convenido el texto del nuevo proyecto, el Senado rápidamente despacha una sola normativa, al igual que la Cámara.
Es cosa de voluntad política.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Nos inclinaríamos claramente por la segunda fórmula.
Si le parece a la Sala, se enviarán las observaciones de vuelta a la Comisión.
--Así se acuerda.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
¿Fijamos un plazo para tal gestión?
El señor GÓMEZ.-
Indefinido, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Erga omnes.
El señor LARRAÍN.-
Octubre.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
¿Habría acuerdo para no determinar un plazo al respecto?
Acordado.
El señor NÚÑEZ.-
Pero no se resolvió el tema de la Cámara de Diputados, señor Presidente.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El proyecto no se rechaza ni se aprueba, señor Senador.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Quedará en el limbo no más.
PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN CONTRA LA
TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS
O DEGRADANTES
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del "Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes", adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 2002, con informes de la Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4542-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 14ª, en 2 de mayo de 2007.
Informes de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 50ª, en 9 de septiembre de 2008.
Hacienda, sesión 50ª, en 9 de septiembre de 2008.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho del proyecto, calificándola de "suma".
El objetivo principal del Protocolo es establecer un sistema de visitas periódicas a lugares de detención con el fin de evitar la posibilidad de que personas privadas de libertad puedan ser sometidas a actos de tortura u otros malos tratos, las que estarán a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes.
La Comisión de Relaciones Exteriores solicitó la opinión acerca de este instrumento internacional a la Fiscal Judicial de la Corte Suprema y al Fiscal Nacional del Ministerio Público, las que se consignan en el informe correspondiente.
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó el proyecto de acuerdo tanto en general cuanto en particular por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señores Gazmuri, Larraín, Muñoz Barra, Romero y Pizarro), en los mismos términos en que lo despachó en su oportunidad la Cámara de Diputados.
Por su parte, la Comisión de Hacienda adoptó idéntica resolución, con el voto unánime de los Senadores señora Matthei y señores Escalona, Frei (don Eduardo), García y Gazmuri.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, tal como señaló el señor Secretario, este Protocolo adicional fue aprobado por la unanimidad de la Comisión de Relaciones Exteriores después de un proceso de discusión bastante exhaustivo.
Chile firmó en 1988, en las postrimerías del Régimen militar, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Organización de Naciones Unidas.
Por tanto, se trata de un protocolo adicional a la referida Convención, de la cual nuestro país ya es parte.
En lo fundamental, el Protocolo establece un Subcomité -dependiente del Comité de países que han suscrito y ratificado la Convención contra la Tortura- para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el cual tiene como función básica efectuar un seguimiento en todos los países firmantes del citado instrumento internacional relativo al cumplimiento de las obligaciones que asumen frente a la comunidad internacional.
Eso significa que se consagra para este Subcomité un sistema de visitas, donde las naciones que firman el Protocolo acceden a dar libre acceso a dicho organismo para visitar los lugares donde hay personas privadas de libertad.
En el artículo 3°, se establece que el país firmante del Protocolo se obliga a contar con uno o varios órganos nacionales de prevención que también realicen visitas periódicas a los lugares de detención, de tal manera de verificar si efectivamente se está cumpliendo la Convención.
Tanto el Comité de Naciones Unidas, el Subcomité, cuanto los organismos nacionales que establece el Protocolo solo tienen capacidad para prevenir, sugerir, pero ello no significa cesión alguna de jurisdicción ni de soberanía.
El debate en la Comisión se centró básicamente en dos interrogantes planteadas por ciertos señores Senadores: la primera, era si Chile no corría riesgos de que en su sistema penitenciario se advirtieran tratos crueles, inhumanos o degradantes, y, por tanto, hasta qué punto podríamos tener ciertos grados de incumplimiento -por así decirlo- respecto a las obligaciones contraídas por la Convención; y la segunda, hasta dónde el sistema de visitas y otras medidas podrían alterar las atribuciones de los órganos jurisdiccionales competentes de Chile, sobre todo las del Ministerio Público.
La Comisión invitó a la Fiscal Judicial de la Corte Suprema (la Fiscalía Judicial del más Alto Tribunal es el organismo encargado de visitar periódicamente las cárceles para determinar las condiciones en que se desarrolla la privación de libertad en el sistema penitenciario chileno) y al Fiscal Nacional del Ministerio Público, quien no asistió pero mandó un extenso documento. Las opiniones de ambos personeros se incorporaron en el informe de dicho órgano técnico del Senado.
Es particularmente importante e impactante el informe de la Fiscal Judicial, doña Mónica Maldonado Croquevielle, quien fue bastante exhaustiva para señalar cómo el Poder Judicial ve nuestra situación penitenciaria. Básicamente, hizo una fuerte mención de cinco o seis elementos sin duda problemáticos.
Primero, el hacinamiento de la población penal. En general, estamos con casi todos los establecimientos carcelarios sobrepoblados.
Segundo, hay graves dificultades con los horarios de desencierro y encierro de los internos, y con los de alimentación. En todo el régimen penitenciario se aplica un horario de alimentación por completo distinto al del sistema libre: almuerzo a las 12, cena a las 15:30 y encierro a las 17:30. Estas son las condiciones en que viven nuestros presos.
La Fiscal Judicial se refirió en seguida a la falta de políticas para la rehabilitación de los internos; a la existencia en muchos penales de condiciones sanitarias e higiénicas deficientes, y, por último, a la necesidad de hacer una revisión en cuanto a los castigos especiales aplicados a los reos que incumplen los reglamentos internos.
En todo caso, quiero consignar que la opinión de la Corte Suprema fue claramente a favor de la ratificación del Protocolo que nos ocupa.
El señor Fiscal Nacional del Ministerio Público planteó una serie de dudas respecto a si es necesario o no establecer una ley especial para regular las funciones del Subcomité para la Prevención de la Tortura. Pero, finalmente, la mayoría de la Comisión determinó que aquellas están resueltas en el texto.
Por último, se planteó en dicho órgano técnico una discusión sobre el o los organismos que en el país asumirán la función preventiva y de visitas periódicas a los lugares donde hay personas privadas de libertad. Y, al respecto, cabe precisar que no se trata solo de los establecimientos del sistema carcelario, sino además de todos los recintos de las dos policías destinados a detención, por distintos períodos, y de cualquier parte donde exista gente privada de libertad.
La opinión inicial del Gobierno es la de que dicha función podría asumirla el Instituto de Derechos Humanos. Pero este todavía no tiene existencia legal, porque el proyecto de ley que lo crea no ha sido aprobado, e inclusive, se encuentra congelado.
Es evidente que en Chile ya hay una institución que por ley tiene la función en comento: la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema. Sin embargo, también lo es que su jurisdicción se refiere solo al sistema carcelario y no a los centros de detención de las policías.
En consecuencia, la Comisión acordó, por la unanimidad de sus miembros, junto con aprobar el proyecto de acuerdo, sugerir al Ejecutivo que, a los fines del seguimiento de nuestras obligaciones para con la Convención contra la Tortura, se cree por ley un ente nuevo que coordine las funciones de los organismos existentes o de otros, sin dejar esa labor como responsabilidad exclusiva del Gobierno.
Los representantes del Ejecutivo ante la Comisión, señores Subsecretario General de la Presidencia y Director de la División Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, manifestaron su acuerdo con esa sugerencia.
Por tanto, la unanimidad de los miembros de la Comisión propone a la Sala la aprobación del proyecto de acuerdo sometido a nuestra consideración, hecho al que atribuyo mucha importancia, porque con el Protocolo iremos configurando la adhesión de Chile a los principales instrumentos de protección y promoción de los derechos humanos en la legislación internacional.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
A pedido de algunos señores Senadores, abriré la votación.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura me parece extremadamente significativo en la medida que prevé la existencia de medidas prácticas -no teóricas- que permitirán visitar recintos de reclusión y saber si existen tratos inadecuados e indebidos, como la tortura u otros actos crueles, inhumanos o degradantes. Al efecto, establece un sistema general y la creación de mecanismos nacionales destinados a cumplir los objetivos de aquel instrumento.
A mi juicio, Chile no puede estar ausente de esta normativa y debe cooperar para que se aplique con éxito.
Particularmente, comparto lo señalado por el señor Presidente de la Comisión en el sentido de que esta, luego del debate, fue partidaria de sugerir al Ejecutivo que, a los efectos de cumplir el Protocolo, el mecanismo nacional sea consagrado por ley y se encargue a uno o varios organismos vinculados donde participen al menos quienes llevan adelante las tareas pertinentes, como la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, sin perjuicio de otros entes representativos.
Sin embargo, junto con anunciar nuestra aprobación, no puedo menos que subrayar muy especialmente el informe presentado a la Comisión de Relaciones Exteriores por la Fiscal Judicial de la Corte Suprema, doña Mónica Maldonado. Y -ya lo señaló el señor Presidente de la Comisión- es sobremanera relevante que los señores Senadores adviertan la gravedad del contenido de dicho documento.
La señora Maldonado es como los Ministros de la Corte Suprema: muy prudente, muy ponderada, muy precisa. Pero el informe que entregó no puede dejar indiferente a nadie.
Al referirse a la situación que afecta a los establecimientos penitenciarios que le toca visitar permanentemente en todo el país, señala:
"Las más graves situaciones que persisten en los establecimientos penitenciarios, y que en opinión de esta Fiscal Judicial constituyen tratos inhumanos y degradantes, son las siguientes:"¿
Yo quisiera que el Senado y la opinión pública tuvieran conciencia de que, en opinión de la persona responsable de verificar cómo se cumplen las penas de reclusión en las cárceles chilenas, en estas hay tratos inhumanos y degradantes.
Muchas cosas se dicen, y probablemente pasan desapercibidas. Otras más importantes se comentan en esta misma Sala. Sin embargo, creo que esa es de las afirmaciones más rotundas sobre la materia; más serias desde el punto de vista de quien las emite, y más graves en su significado, porque -dicho de otra manera- ello implica que en el ámbito carcelario se violan los derechos humanos de personas que hoy día se hallan cumpliendo penas privativas de libertad.
Esa es la cuestión de fondo.
Muchas veces, con razón, se plantean inquietudes sobre hechos ocurridos en el pasado. Empero, nadie levanta con fuerza la voz para referirse a las situaciones que suceden actualmente a vista y paciencia de nosotros.
Por eso, quiero subrayar el significado del Protocolo que nos ocupa.
Describe la Fiscal señora Maldonado las condiciones materiales en que se encuentran los establecimientos penitenciarios.
Así, expresa que, de 38 mil 266 personas que conformaban la población penal el 15 de octubre de 2003, se pasó a 48 mil 998 en 2008, sin que pudiera apreciarse un desarrollo físico equivalente para enfrentar el crecimiento registrado.
Añade que los tratos inhumanos y degradantes se dan a través del hacinamiento de los internos y de los horarios de desencierro y encierro, y de alimentación.
Plantea en seguida la falta de política para la rehabilitación de los internos; la carencia de actividades laborales, de capacitación, educativas, deportivas, espirituales y recreativas; las deficientes condiciones sanitarias e higiénicas existentes; la aplicación de castigos, como la internación en celda solitaria y otras medidas materiales para el cumplimiento de esta sanción; y el aislamiento de internos por razones de seguridad.
Señor Presidente, la manera como se describen tales situaciones hace francamente difícil comprender que ello ocurra aquí, a media cuadra. Y digo a media cuadra porque, por ejemplo, en el Centro Penitenciario de Valparaíso, cuya capacidad real es para 1.200 internos, la población penal actual alcanza a 2 mil 667.
Y así, tras su revisión, se va conociendo la realidad de cada establecimiento.
El Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, con capacidad para 3 mil 170 internos, tiene 5 mil 161. El Complejo Penitenciario Antofagasta, previsto para 426, registra 1.167. En el Centro de Detención Preventiva de Puente Alto, diseñado para 758 reclusos, existen 1.624. La capacidad del Centro Penitenciario de Buin es para 70 reos; sin embargo, hay 420.
En fin, existe una situación de hacinamiento que, debido a las condiciones materiales, afecta en forma degradante a los presos.
También se producen otras contingencias, como -reitero- los horarios de encierro -hizo referencia a ellos el señor Presidente de la Comisión-, que resultan francamente inexplicables; la falta de políticas de rehabilitación; el régimen de sanciones; las deficientes condiciones sanitarias e higiénicas.
Señor Presidente, la descripción hecha por la Fiscal señora Maldonado para explicar cómo se encuentra un número importante de personas da cuenta de las situaciones más dramáticas que yo haya conocido en el último tiempo.
He estado entre quienes plantean la necesidad de sancionar con la mayor dureza posible a los delincuentes. Y eso incluye la privación de libertad, para asegurar que estas personas queden fuera de circulación, paguen sus culpas y, al mismo tiempo, dispongan de la oportunidad de rehabilitarse.
Lo que está ocurriendo es de aquellas situaciones que uno ve y sobre las cuales oye comentarios. Pero ahora se recoge en un informe del Senado. Por eso, lo considero delicado y de la mayor gravedad. Y he querido destacarlo para fortalecer la necesidad de aprobar este proyecto de acuerdo, porque la Convención en que recae constituirá un mecanismo que nos ayudará a verificar que, si los hechos reseñados persisten, habrá la debida publicidad y el reparo nacional y, desgraciadamente, internacional a que seremos acreedores.
Algunos podrán decir que ello sucede en todas partes del mundo y que en otros países nada se hará al respecto. No me importa. Me preocupa que ocurra en Chile y, más aún, que no dispongamos de capacidad para reaccionar.
Por eso, soy partidario de aprobar este proyecto de acuerdo.
Sin embargo, no deseo que el Senado quede con la conciencia tranquila habiendo solo puesto énfasis en la materia.
En tal sentido, quiero aprovechar la oportunidad para, si le parece a la Sala, exponer la situación al señor Ministro de Justicia, a los efectos de que nos plantee -no sé si en una sesión especial o mediante un informe- una propuesta de política para enfrentar los problemas descritos, que, en mi concepto, son demasiado relevantes como para dejarlos pasar.
Por eso, pido formalmente que se oficie a dicho Secretario de Estado, ojalá en nombre del Senado, para poner en su conocimiento el informe de la Fiscal señora Maldonado, a fin de que pueda señalarnos cuál es la actitud, la política, la propuesta del Ejecutivo a los fines de enfrentar esta materia y de que tengamos la tranquilidad de que los presos, si bien su cantidad es elevada, son tratados humanamente, con la dignidad que les corresponde aun a los delincuentes responsables de los delitos más atroces. A todos les asiste el derecho a ese mínimo de respeto y dignidad.
Por lo tanto, solicito que se oficie al señor Ministro de Justicia en los términos mencionados.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, estamos frente a un Protocolo de enorme trascendencia y significación. A pesar de los desvelos de la Humanidad para poner fin a la tortura, lamentablemente ella sigue viviendo entre nosotros. Y por eso me parece importante dicho instrumento, ya que agrega una nueva dimensión a los esfuerzos que se emprenden en el campo nacional e internacional para erradicarla en forma definitiva.
La Asamblea General de las Naciones Unidas definió la tortura en 1975 como "todo acto que inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, intimidar o coaccionar a dicha persona, anular su personalidad o disminuir su capacidad física o mental".
En tal sentido, valoro la postura coherente del Gobierno y del Estado a partir del retorno a la democracia en cuanto a seguir ratificando esos instrumentos. Ello, porque la experiencia que les tocó vivir particularmente a Chile y a otros países latinoamericanos, y que todavía se sigue viviendo en el concierto internacional, nos obliga a estar muy atentos a que ese tipo de prácticas no se realicen.
En esa perspectiva, considero que el paso que se está dando aquí -y es bueno que lo tengamos muy en cuenta- envuelve un compromiso del Estado y de todas las fuerzas políticas en orden a decir "Nunca más a la tortura en nuestro país". Porque si entramos en el detalle de este nuevo instrumento internacional, también debemos aceptar que por otro lado estamos señalando nuestro reconocimiento al carácter universal de los derechos humanos fundamentales, los cuales deben ser respetados, y que la tortura atenta contra ellos.
Muchas veces, señor Presidente, nos encerramos y vemos únicamente lo que ocurre en Chile, pero somos ciegos para observar lo que acontece en otras naciones.
Entonces, al aprobar el Protocolo en comento no solo estamos expresando que en Chile deben respetarse los derechos humanos, sino también reconociendo el carácter universal y sin límites de ellos.
Y lo digo con fuerza, porque de repente olvidamos ese carácter universal y aceptamos que la tortura opere en otros países.
En el texto del Protocolo se consignan normas muy importantes. Por ejemplo, se permiten visitas periódicas de organismos internacionales; es decir, los países aceptan que estos puedan visitarlos e ir a los lugares de detención para verificar si en ellos se respetan los derechos humanos.
Por tanto, valoro el esfuerzo que realizamos hoy al reconocer que es necesario seguir combatiendo la tortura hasta erradicarla. Pero también debemos tener tremendamente claro que nos estamos imponiendo un mandato, de carácter universal y sin fronteras, en materia de derechos humanos. De ese modo el Senado, que esta tarde aprobará el Protocolo en cuestión, mañana podrá decir con fuerza y claridad que, así como resguarda que en nuestro país se respeten los derechos humanos y no exista tortura, tendrá autoridad para denunciar la existencia en otras naciones de personas detenidas en las cárceles por razones religiosas, por cuestiones políticas.
Si, como en otras oportunidades, se hace la vista gorda, al final ello puede conducir a que los derechos humanos no sean respetados en ningún lugar.
Considero que la experiencia de la Guerra Fría debe servirnos de lección para asumir siempre una postura muy coherente: aunque sean nuestros amigos o nuestros adversarios quienes violen los derechos humanos, actuemos con la misma fuerza para denunciar la vulneración de ellos y el trato cruel e inhumano que tenga lugar en cualquier parte del mundo.
He dicho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
No intervendré, señor Presidente.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Antes de proseguir el debate, solicito el acuerdo de la Sala para enviar al señor Ministro de Justicia el oficio pedido por el Honorable señor Larraín.
El señor NÚÑEZ.-
Y además se planteó la celebración de una sesión especial.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Ello deben requerirlo por escrito los Comités, tal como lo establece el Reglamento.
Si le parece a la Sala, se enviará el oficio a que se ha hecho referencia.
--Así se acuerda.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor GÓMEZ.-
No he logrado hablar, señor Presidente.
EL señor NAVARRO.-
Señor Presidente, le cedo mi turno a mi Honorable colega, con todo gusto.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
Pero Su Señoría no se había inscrito.
El señor GÓMEZ.-
¡Cómo que no!
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Acaba de hacerlo ahora.
El señor GÓMEZ.-
No, señor Presidente. Lo he intentado desde hace rato.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Puede intervenir.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, he leído con detención el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores y, por supuesto, lo expresado por la Fiscal Judicial de la Corte Suprema, señora Mónica Maldonado, a quien conozco y de cuya dedicación y preocupación por los asuntos penitenciarios, desde hace muchos años, estoy enterado.
La verdad es que uno debe ser bien objetivo y claro en lo que expone, porque los protocolos solo lograrán el efecto de ser objeto de una condena, frente a lo que está sucediendo en los recintos penales, si no se cuenta con los recursos necesarios para resolver los problemas. Por eso, más que una reunión con el Ministro de Justicia, debe invitarse a este y al de Hacienda.
Hace algunos años, cuando el Senador que habla era Ministro de Justicia, la propia Fiscal, como lo manifiesta en el informe, me hizo presente una serie de observaciones, las cuales fueron corregidas.
Elaboramos un plan de desarrollo, y ella señala en el texto que "valora la entrada en funciones de 6 establecimientos penitenciarios concesionados", los que, "de acuerdo al proyecto de la autoridad, cumplen con los requerimientos internacionales de infraestructura". Y agrega una serie de otros elementos interesantes.
En esa oportunidad también preparamos un plan de desarrollo en relación con el personal de Gendarmería -ingresaron a la Institución más de 3 mil funcionarios- e impulsamos mejoramientos de remuneraciones y leyes.
Sin embargo, estimo que el Senado debiera instar a que en el plan se dispongan los recursos necesarios para lograr pasar el proceso, porque -como lo observó el Honorable señor Larraín-, si se consideran los hacinamientos existentes hoy día en nuestras cárceles, cabe tener presente que no se trata solo de aprobar un instrumento contra la tortura, sino también contra otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Es decir, cuando hacemos referencia a algunas personas en aislamiento o encerradas en celdas solitarias, cuando se sirven almuerzos y comidas en horarios complicados, estamos mencionando un tema muy difícil. Por lo tanto, me parece que en el oficio aludido también debiera instarse para que esa cuestión se resolviera, ya que no basta con explicaciones.
Creo que la situación carcelaria -y también tenemos responsabilidad al respecto quienes integramos el Parlamento- resulta bastante compleja, porque muchas iniciativas legales que despachamos disponen penas más altas, sin otorgar recursos.
Y olvidamos algo esencial, que debiéramos tener presente: los gendarmes. Ellos serán los que se verán más enredados con las normas que se aprueben, no porque quieran actuar fuera de la ley, sino por las condiciones que hoy día se viven en los recintos penales, entre ellas el hacinamiento. Por ejemplo, el informe señala que el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur tiene una capacidad real de 3.170 internos y que su población penal actual es de 6.256. Todo aquel que conoce la ex Penitenciaría sabe lo que eso significa, desde el punto de vista de infraestructura. Entonces, debiéramos tener especial preocupación por el personal de Gendarmería, que es el que terminará afectado por todas estas normas e interactúa directamente con los condenados.
El diario La Segunda de hoy publica unas declaraciones del Presidente del Tribunal Constitucional, quien "dispara" contra la reforma procesal penal: "Todo está estructurado para proteger los derechos del imputado y no de la víctima".
Entonces, los caminos se orientan hacia la dureza, la presión, a resolver con normas mucho más estrictas, y no se avanza por el que corresponde: la prevención, la rehabilitación. En el tema se hallan involucrados muchos aspectos técnicos, los cuales no alcanzaría a relatar en tan poco tiempo.
Solo quiero dejar constancia de que debiéramos abordar esta materia como una tarea de Estado, al igual que en la época que señalé, cuando impulsamos una gran inversión e hicimos un tremendo esfuerzo.
Sin embargo, para resolver el problema, es indispensable que tomemos una decisión como Senado, no de simple análisis, sino de cómo logramos establecer los criterios necesarios y ejercer la presión y el lobby suficientes -a propósito del proyecto que tratamos previamente- para que el Ejecutivo otorgue los recursos que se requieren con el objeto de resolver con prontitud las dificultades de infraestructura y de personal en Gendarmería, lo que me preocupa fundamentalmente.
Votaré a favor del proyecto.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, todo lo que sea suscribir tratados y convenios internacionales es bienvenido. Lo único que deseo resaltar es que estamos a punto de votar un proyecto de acuerdo aprobatorio del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, y la verdad es que Chile no está cumpliendo.
A petición del Senador que habla, un Relator de las Naciones Unidas vino al país -lo hizo en forma reiterada-, y no visitó las cárceles de Regiones, sino solo las de Santiago. Quiero advertir que esa visita arrojará como resultado un grave incumplimiento de las condiciones mínimas de los estándares internacionales en materia de reclusión.
Entonces, todo el contenido del Protocolo, relativo al respeto a la dignidad humana y a generar condiciones adecuadas para el cumplimiento de las penas de cárcel, se desmiente por sí mismo en el informe, el cual acusa un grave incumplimiento.
Estuve recientemente en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, específicamente en la denominada "calle Evangélica" -la Nº 4-, donde habitan 480 internos evangélicos. Pero esa es la excepción. El resto corresponde a condiciones francamente inhumanas, hostiles y degradantes.
Con la entrada en funciones de la cárcel de Rancagua y las concesionadas, que le cuestan al Estado la friolera de mil 100 dólares mensuales por recluso -es decir, más de 526 mil pesos-, la situación en el Centro mencionado sigue exactamente igual. De este salieron 2 mil 500 reos, aproximadamente, con lo cual se llegó a 4 mil 500, y esta semana la cifra volvió a los 6 mil 200 y tantos. Es decir, ha quedado exactamente igual de saturado y absolutamente inviable para garantizar el respeto mínimo a los derechos de esas personas.
Debo consignar que los conceptos contenidos en el informe son graves y vale la pena reiterarlos: celdas insuficientes; albergues en pésimas condiciones de higiene; gran cantidad de basura acumulada en tarros, desperdicios y fecas, en calles donde los internos no tienen posibilidad alguna de acceder a una alimentación adecuada; exceso de humedad.
Por lo tanto, hago presente a mis estimados colegas que, al aprobar el presente Protocolo, no podemos ignorar que nuestro país no lo está cumpliendo, ni en Santiago ni en Regiones, donde la situación es realmente grave.
Entiendo que el Ministro señor Maldonado -lamento que no esté presente en la Sala- y Gendarmería han hecho esfuerzos concretos. Pero el problema rebasa toda condición incluso de inversión.
Las cárceles concesionadas significaron un gran fiasco en cuanto a resolver el problema de fondo y una importante frustración en lo relativo a las concesiones. Por tal razón, el entonces Ministro señor Bitrán envió un proyecto para reformar la ley respectiva, ya que el sistema fracasó en los recintos de reclusión y el Estado ha perdido cientos de millones de dólares producto de ello.
Entonces, estimo que la aprobación del proyecto es adecuada y necesaria. Sin embargo, debo resaltar que mi voto favorable no implica la afirmación de que Chile, por suscribir un Protocolo y el Senado despachar un proyecto de acuerdo aprobatorio de un instrumento que establece la exigencia del cumplimiento de estándares internacionales, está satisfaciendo estos últimos. Ello no es así. En mi opinión, seremos sancionados -no cabría otra cosa- por la situación en las cárceles nacionales.
Como aquí se ha dicho, no se trata solo de los internos, sino también de los 8 mil gendarmes de uniforme, quienes igualmente sufren las condiciones de hacinamiento, inseguridad y trato indigno por las circunstancias en que tienen que vivir y sobrevivir al interior de las cárceles.
Por eso, voy a dar mi voto de aprobación, señor Presidente. Y espero que lo que hemos planteado de manera reiterada pueda ser recogido por el Gobierno, a fin de que se tomen medidas, sobre todo en la Ley de Presupuestos de 2009, para atender la necesidad de revisar esa situación y darle una solución definitiva.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Estaban inscritos también los Honorables señores Letelier y Ruiz-Esquide, pero no van a hacer uso de la palabra.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo (26 votos afirmativos).
Votaron la señora Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Flores, García, Gazmuri, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Romero, Sabag y Zaldívar.
ACUERDOS ENTRE MERCOSUR, BOLIVIA Y CHILE SOBRE
ASISTENCIA JURÍDICA MUTUA EN ASUNTOS PENALES, ACUERDO COMPLEMENTARIO Y ANEXO, Y ACUERDO DE ENMIENDA DE ACUERDO COMPLEMENTARIO
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio de los siguientes Acuerdos celebrados entre los Estados Partes del Mercosur, Bolivia y Chile: 1.- Acuerdo sobre Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, suscrito en Buenos Aires el 18 de febrero de 2002; 2.- Acuerdo Complementario y su anexo al Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, suscrito en Brasilia el 5 de diciembre de 2002, y 3.- Acuerdo de Enmienda del Acuerdo Complementario mencionado en el número anterior, suscrito en Asunción el 6 de junio de 2003, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3897-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 18ª, en 19 de julio de 2005.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 48ª, en 3 de septiembre de 2008.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El objetivo de los instrumentos recién indicados es intensificar la cooperación jurídica mutua entre las Partes Contratantes, lo cual permitirá realizar en un menor tiempo trámites procesales de todo tipo.
La Comisión aprobó el proyecto tanto en general cuanto en particular por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Gazmuri, Muñoz Barra, Pizarro y Romero), en los mismos términos en que lo despachó la Cámara de Diputados.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).- En discusión general y particular.
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, sugiero aprobar la iniciativa en conjunto con la que viene a continuación, ya que ambas se refieren a colaboración en materia jurídica -una, en lo penal, y la otra, en lo civil, comercial, laboral y administrativo- entre los Estados Partes del MERCOSUR y los asociados, es decir, entre Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile.
Básicamente, lo anterior se refiere a procedimientos, pruebas, interacción entre los sistemas judiciales. No hay aquí, como en otros casos, pérdida de jurisdicción. Cada país sigue siendo completamente autónomo en ese aspecto. En concreto, se facilita la cooperación a nivel de los sistemas judiciales y las fiscalías de los países suscriptores.
Habiendo mediado una aprobación unánime en la Comisión, propongo que se haga lo mismo acá con Convenios que son análogos: uno se refiere a los aspectos civiles y administrativos, y el otro, a los penales.
En consecuencia, señor Presidente, si hubiera quórum, propongo que acojamos por unanimidad los dos proyectos de acuerdo.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Se ha solicitado segunda discusión respecto del asunto que nos ocupa y de los siguientes en el Orden del Día.
En la primera discusión, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
--El proyecto queda para segunda discusión.
ACUERDO ENTRE MERCOSUR, BOLIVIA Y CHILE SOBRE
COOPERACIÓN Y ASISTENCIA JURISDICCIONAL
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del "Acuerdo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa entre los Estados Partes del Mercosur, Bolivia y Chile", suscrito en Buenos Aires el 5 de julio de 2002, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3907-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 18ª, en 19 de julio de 2005.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 48ª, en 3 de septiembre de 2008.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
En la primera discusión, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
--El proyecto queda para segunda discusión.
PROTECCIÓN DE TRABAJADORES Y COMUNIDAD ANTE
UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales en lo relativo a la protección de los trabajadores y la comunidad respecto de la utilización de productos fitosanitarios, con informes de las Comisiones de Agricultura y de Trabajo y Previsión Social.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2596-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 50ª, en 10 de mayo de 2005.
Informes de Comisión:
Agricultura, sesión 50ª, en 9 de septiembre de 2008.
Trabajo, sesión 50ª, en 9 de septiembre de 2008.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
En la primera discusión, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
--El proyecto queda para segunda discusión.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor BIANCHI:
A la Contraloría General de la República, para que informe acerca de PRONUNCIAMIENTO SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS.
Del señor HORVATH:
A la señora Ministra de Agricultura y al señor Intendente de la Primera Región, para solicitar MEDIDAS ANTE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS TRANSGÉNICAS EN AZAPA POR EMPRESA SYNGENTA, y al señor Director Nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, requiriendo ARREGLO DE CENTRO DE ADULTO MAYOR EN PUERTO PUYUHUAPI.
Del señor LARRAÍN:
Al señor Ministro de Obras Públicas, pidiendo PROTECCIÓN RIBEREÑA EN RÍO PUTAGÁN, SECTOR GUADANTÚN, COMUNA DE LINARES, y al señor Intendente de la Séptima Región, solicitando MANTENCIÓN DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL, SUBPROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL DE ASIGNACIÓN LOCAL AÑO 2008-PMU IRAL.
)---------------(
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Independientes.
No va a hacer uso de él.
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN SECTOR RURAL SUR
DE COMUNA DE CHILLÁN VIEJO. OFICIO
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, solicito que se envíe un oficio a la Dirección del Servicio de Salud Ñuble, respecto de la situación del relleno sanitario Hera Ecobío, en el fundo Las Cruces, plantel que ya ha sido sancionado de manera reiterada por no cumplir con la normativa ambiental, lo cual ha afectado especialmente a familias campesinas que viven en su área de influencia directa.
Hacia el oriente, aproximadamente a cuatro kilómetros, se ubica el plantel porcino Rucapequén, de la Sociedad Agrícola y Ganadera Chillán Viejo, empresa que ha incurrido también en repetidos incumplimientos en cuanto a contaminación de aire, suelo y aguas superficiales y subterráneas; generación de plagas de moscas y roedores, y aplicación de las normas sanitarias y ambientales exigidas para autorizar su funcionamiento, y respecto, en especial, de los acuerdos de producción limpia.
En el sector de Llollinco, ubicado entre el relleno sanitario y el plantel porcino, la empresa sanitaria ESSBIO, supuestamente con autorización ambiental, está vertiendo lodos de sus plantas de tratamiento de aguas servidas, producto de la evacuación del alcantarillado -ya no hago referencia a las heces de porcinos- en los bosques de eucaliptos.
El propietario de una parcela cercana, en Quilmo Bajo, Chillán Viejo, me ha enviado una carta en la que expresa que ha observado cómo vacian el material en un predio que colinda con la Escuela de Llollinco, sin advertirse cubrimiento ni zanjas.
La propia autoridad sanitaria de Ñuble, el doctor Giancarlo Garbarino, reconoció, en el diario La Discusión de 2 de septiembre recién pasado, que se han suscitado "algunos inconvenientes con el plan de manejo de residuos" y que en una oportunidad "el carro que llevaba lodo se volcó quedando expuesto al ambiente la materia orgánica, generando problemas de malos olores".
"Si el material es inerte e inofensivo," -me señala el autor de la carta- "¿por qué se producen esos malos olores? Se dice que estos lodos reemplazan a los fertilizantes químicos y contribuyen a mejorar las estructuras del suelo. ¿Entonces por qué no se utilizan en sectores y cultivos más rentables en vez de llevarlos a las cercanías de un relleno sanitario?".
Además de otras consideraciones, el remitente afirma también que va contra el sentido común y seguramente contra el espíritu del legislador el hecho de que se hayan efectuado estudios de impacto ambiental que no consideren el entorno.
Por mi parte, señor Presidente, ya he recibido respuesta de ESSBIO respecto de la situación de San Nicolás, en donde se han vertido heces de cerdo que están provocando graves estragos en las comunidades aledañas. En el caso que describo inciden las plantas de tratamiento de esa empresa.
A mayor abundamiento, durante la temporada de altas temperaturas, el viento, predominantemente suroeste, determina que el plantel porcino lleve moscas y malos olores a los habitantes de los sectores de El Quillay, San Rafael y Quilmo Bajo.
Si se permite una evaluación del estudio como si los otros focos de contaminación no existieran -es decir, sin considerar de manera integral y con sinergia los otros puntos-, la verdad es que el procedimiento es erróneo. En este sentido, dos rellenos sanitarios juntos funcionarían como una unidad, aunque con distintos dueños.
Por cierto, es una apreciación que el Servicio de Salud Ñuble debe hacer. Gente afectada está pidiendo la revisión de los antecedentes. Ñuble tiene 21 comunas y no es razonable que las basuras de la provincia se concentren en un solo punto. Por lo demás, el vertedero sanitario Hera Ecobío no solo está recibiendo residuos de esa procedencia, sino también de la Región del Maule.
Señor Presidente, en aras de la transparencia de la información y en particular por la grave situación de los vecinos, espero que dicho Servicio nos informe de las medidas que se están tomando para evitar este tipo de hechos.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
JUICIOS A MAPUCHES POR LEY COMÚN. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, el Observatorio de los Pueblos Indígenas envió una declaración pública, en junio de 2008, sobre el juicio iniciado en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco en contra de dos mapuches, Héctor Llaitul Carrillanca y Roberto Painemil Parra, el primero de ellos dirigente de la organización Coordinadora Arauco Malleco.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, se les imputa la comisión de los delitos de porte ilegal de armas de fuego y de incendio de maquinaria forestal y de 0,74 hectárea de terreno ubicada en el fundo Las Praderas, de la comuna de Cholchol, de propiedad de Forestal Crecex S.A. y administrado por Forestal Mininco, hecho ocurrido el 25 de diciembre de 2006. La Fiscalía pide para cada uno de ellos una condena de cinco a diez años de prisión.
El Observatorio formula una serie de cuestionamientos, a los cuales nos unimos -y, particularmente, como Senador-, pues surgen de instrumentos de derechos humanos, de tratados internacionales que el mismo Estado ha suscrito. Pero, como sabemos, lo que se escribe con la mano se borra con el codo, aun en estas delicadas materias. Nosotros acordamos respeto y procedimientos en relación con las comunidades indígenas, pero en este caso la Fiscalía no está cumpliendo.
Creemos que estas situaciones ni siquiera se dan en el contexto de la utilización de la Ley Antiterrorista -por cierto, hemos dicho que es la peor de las soluciones-, sino en el contexto del uso de la ley común.
Como se sabe, el empleo de la Ley Antiterrorista fue reprendido por dos organismos de las Naciones Unidas. El relator Rodolfo Stavenhagen incluso recomendó la amnistía del lonco Pascual Pichún, hombre humilde, de baja estatura, a quien aún recuerdo gritar en el hall de un partido político: "¡Aquí está el terrorista!".
A Pascual Pichún se lo condenó mediante un procedimiento lamentable. En mi concepto, se violó el debido proceso. En su oportunidad hice presente esta situación, a través de una carta abierta a Juan Agustín Figueroa, ex Ministro de Agricultura del Gobierno del Presidente Aylwin y presidente de la Fundación Neruda, quien, haciendo uso y abuso de su poder, de su presencia en los tribunales, doblegó el proceso de absolución en el primer juicio y logró demostrar -con una triquiñuela jurídica, en mi opinión- que el fallo redactado por la jueza que llevaba la causa no había examinado los hechos no probados con exactitud, como lo establece la ley. La legislación exige que tanto los hechos probados como los no probados sean fundados y descritos. Y, como efectivamente los hechos no probados no estaban adecuadamente descritos, se anuló el proceso que había declarado inocente a Pascual Pichún.
Esa situación no la olvidamos.
Recordamos también que el ex Viceministro del Interior, señor Jorge Correa Sutil, actual miembro del Tribunal Constitucional, señaló que la aplicación de la Ley Antiterrorista se produjo en el marco de un plan denominado "Operación Paciencia". Me resultaría un despropósito un nuevo plan de ese tipo hoy en día, en tiempos de un Gobierno Ciudadano de la Concertación elegido para aplicar más democracia.
A nuestro juicio, el "derecho penal del enemigo", doctrina que propugna la persecución penal del "enemigo político interno", no puede ser la inspiración del uso del instrumento represivo estatal. No es una sana doctrina.
Observamos una reedición de lo peor de la Ley Antiterrorista, pero usando la ley común, como se desprende de los principales cuestionamientos que hace el relato del Observatorio de Pueblos Indígenas.
En primer término, de acuerdo con denuncias formuladas por Roberto Painemil, "luego de ser detenido fue objeto de un interrogatorio por parte de agentes de Carabineros de civil, ocasión en que, sin estar presente su abogado, y bajo fuertes apremios físicos (golpes) y sicológicos (amenazas), fue obligado a inculparse, así como a inculpar a varios comuneros mapuches, entre ellos a Héctor Llaitul, de la autoría del incendio de la maquinaria ocurrida en el fundo de propiedad de la Forestal Mininco".
Esto es lo que dice el Observatorio de Pueblos Indígenas, que dirige José Aylwin.
La prensa, en reportes de la organización Meli Witran Mapu, informa sobre el imputado Painemil: "El síndrome del torturado era visible en el declarante: se le quebró la voz al recordar su paso por el calabozo y el patio de un recinto que no pudo identificar, (pero que se estima es el retén de Cholchol pues estos carabineros lo condujeron después a Nueva Imperial para ser formalizado). Debió tomar agua, y repetía que "tenía miedo, mucho miedo, me torcieron los brazos, me daban patadas y golpes en el trasero, en el pecho, estaba descalzo, me mostraron una máquina con cables y me preguntaban si yo entendía qué era eso, yo no sabía ni qué hora era ni qué día, mi familia dijo que era mediodía cuando me llevaron a la fiscalía" y frecuentemente a las preguntas respondía que no podía recordar más. También explicó que había un "bueno" que le aconsejaba que hablara y que entonces saldría de inmediato en libertad, y que otra persona lo filmaba y fotografiaba. Detalló las amenazas contra su madre que lo indujeron a autoinculparse del incendio y a sindicar a Héctor Llaitul -que está siendo juzgado junto a él- como autor del atentado. Afirmó que no fue examinado por un médico antes del control de detención porque le dijeron que él no tenía derecho a defensa ni a nada, agregando que el Fiscal Moya y los carabineros lo instaban a mantener el "trato" hecho bajo tortura. Las palabras de Moya que repitió Painemil en el tribunal, mirando a ese Fiscal, presente en el juicio, eran: "Estai sonado huevón porque encontraron las armas en tu casa; firma no más". La declaración de Painemil," -que he leído textualmente- "hecha en mapudungun con algunas palabras (los insultos) en español, fue traducida por dos intérpretes validados ante el tribunal". La Ley Indígena permite tomar la declaración en el idioma original.
Claramente, estas denuncias deben ser investigadas, no como las anteriores, las cuales han quedado en el olvido a que nos destina la justicia militar, pues estos procesos siguen llevándose equivocadamente por esa judicatura. De acuerdo a la sentencia de la Corte de San José de Costa Rica en el caso Palamara, Chile fue CONDENADO a derogar su justicia militar -así está establecido- cuando esta comprometa a civiles. Es decir, ese Alto Tribunal ya dictaminó que cuando hay civiles involucrados no debe operar la justicia militar, sino la ley civil. La tortura en interrogatorios viola todas las normas del debido proceso, y las confesiones, aun ante el Fiscal, son INVÁLIDAS si han mediado torturas previas.
En segundo lugar, se han vuelto a presentar ante los tribunales testigos cuyos rostros han sido cubiertos por un biombo. El artículo 308 del Código Procesal Penal permite al tribunal, en casos calificados, disponer de medidas especiales destinadas a proteger la seguridad del testigo que lo solicitare, pero está ley está siendo utilizada por los fiscales de manera abiertamente inconstitucional, pues viola el artículo 5º, inciso segundo, de la Carta Fundamental, que señala que los tratados internaciones ratificados por Chile se integran al derecho interno.
Y uno de los más importantes tratados internacionales que caben en esa categoría, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, mandata, en su artículo 14, número 3, letra e), que los acusados tienen derecho "A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo". La Observación General 13, numeral 21, del mismo Tratado señala que el propósito de esta disposición es "garantizar al acusado las mismas facultades jurídicas para obligar a comparecer a testigos e interrogar a éstos sobre la acusación". Es decir, con testigos sin rostro no hay "igualdad de armas", según el lenguaje del Código Militar; no hay "igualdad entre defensa y acusación", NO HAY DEBIDO PROCESO. Los señores abogados presentes pueden corroborarlo.
En tercer término, se reclama que "la mayor parte de los testigos presentados por el Ministerio Público en este juicio en contra de los imputados mapuches sean integrantes de Carabineros o de la Policía de Investigaciones". Esto debilita los testimonios, pues estos testigos son débiles, vulnerables a las presiones de sus superiores. La "Operación Paciencia" contra la CAM coordinó a las Fuerzas de Orden y Seguridad y a fiscales, gobernadores e intendentes. ¿Y si ahora se reedita con otro nombre? Seguramente, lo sabremos años después, igual que en el caso anterior. Esto no puede convertirse, señor Presidente, en una "guerra sucia" en La Araucanía. Se requiere la mayor transparencia en el trato, en el procedimiento y en la investigación. Yo quiero sanción para las acciones violentas, pero no uso abusivo de la fuerza. Deseo transparencia y verdad en los procesos.
En cuarto lugar, se reclama que "tanto Roberto Painemil como Héctor Llaitul llevan en prisión preventiva por los hechos que dieron origen a este juicio un tiempo superior a un año, acercándose dicha prisión al año y medio en el primer caso". Nuevamente, lo que se dio en los juicios antiterroristas se da con la utilización de la ley común. La verdad es que la presunción de inocencia, en la mayoría de estos casos, queda de lado.
¿No era, señor Presidente, el nuevo proceso penal común el triunfo del principio de la igualdad ante la ley y uno de los pilares para evitar largos tiempos de detención? Sin embargo, esto no se cumple cuando se trata de los mapuches, quienes deben sufrir largos tiempos de detención y la presunción de culpabilidad. Y ocurre que esta "sentencia adelantada" se produce estrictamente porque se ha demorado la preparación del juicio oral, lo que es de exclusiva responsabilidad de los órganos del Estado. Si se retrasa el juicio oral en el nuevo procedimiento penal, no es problema de los mapuches, sino de los órganos del Estado.
Frente a los hechos que hemos conocido recientemente, que indican que hay e-mails que involucran eventualmente a organizaciones mapuches con las FARC, debo señalar que se trata de una situación de extrema gravedad. Porque, si un parlamentario ha denunciado mensajes electrónicos que ligan a los mapuches con actividades terroristas o subversivas en la zona de La Araucanía, estos deben ser puestos en conocimiento de la autoridad pertinente, del Fiscal de la investigación. Y si la fuente de revelación de estos hechos, por tratarse de una guerrilla colombiana, es un antecedente confidencial del Estado colombiano, el mecanismo para la entrega de la información no es sino el Estado chileno. Cualquier otra forma es odiosa y, en mi opinión, ilegal e inconstitucional. Si el Estado colombiano posee antecedentes sobre una eventual actividad de las FARC en nuestro país, debe proporcionarlos al Gobierno chileno.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas dispone en su artículo 9, número 3, que "Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad."
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha interpretado que ello implica que la "prisión preventiva debe ser excepcional y lo más breve posible". Esto data de 1982. Una interpretación similar sobre la materia hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha sostenido que la prisión preventiva prolongada burla el derecho a la presunción de inocencia. No se puede tener preso a un ciudadano un año y medio bajo la presunción de culpabilidad, para luego declararlo inocente. Ello, en efecto, burla nuevamente los tratados internacionales.
Si respecto de los mapuches se hubieran dado juicios justos, sin "Operaciones Paciencia" o de otro tipo, no debiéramos por qué temer la elusión de nadie. Pero, en mi opinión, hoy no existe debido proceso. NO LO HAY, NO EXISTEN GARANTÍAS. El Ministerio Público y Carabineros deben evaluar y reflexionar sobre esta situación.
Todo aquello lo debieron tolerar los imputados, quienes luego, el 12 de junio del 2008, fueron absueltos. De acuerdo a la prensa: "El tribunal señaló que se había acreditado el delito de incendio y el porte y tenencia ilegal de armas, pero las pruebas aportadas no fueron suficientes para establecer la participación de LLaitul más allá de toda duda razonable". ¡Más allá de toda duda razonable!
Señor Presidente, condeno en esta tribuna todos los actos de violencia contra los privados, contra los indígenas, contra carabineros. No soy partidario de esas acciones. Las he reprobado estando en La Araucanía, pero, con la misma fuerza, rechazo las detenciones irregulares, las detenciones por más de un año y medio, para que luego la Corte establezca que hay inocencia, que no existe delito.
A pesar de las irregularidades, el mismo Ministerio Público intentó anular la absolución. Pero, por suerte, por tres votos contra cero, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco resolvió no acoger el recurso presentado por la Fiscalía.
¿Qué le pasa al Ministerio Público con los indígenas, señor Presidente? ¡Tantas irregularidades, tanta saña en contra de ellos! Sé que hay que perseguir los delitos. Estoy consciente de que es grave que se le incendie la casa a un agricultor en La Araucanía. Sin embargo, aquí debe ejercerse la ley. Así es la democracia, así se ejercen los derechos. Y si hay violentistas, hay que perseguirlos. Pero, claramente, en este mecanismo la Fiscalía se ha equivocado. No podemos tolerar que mientras la Presidenta esté difundiendo el "Pacto Re-Conocer" (su nombre se debe a que se trata de un programa para justamente reconocer los derechos de los pueblos originarios), los organismos del Estado estén haciendo otra cosa.
¡Presidenta, los organismos del Estado de Chile están haciendo exactamente lo contrario a lo que usted se encuentra proponiendo en un pacto que los mapuches han acogido con gran alegría, que han aceptado recibir y profundizar!
Por ello, solicito que se oficie al Fiscal Nacional del Ministerio Público, con el objeto de que emita un instructivo general que ajuste la aplicación de la ley penal común en los casos en que esta comprometa a personas indígenas.
Ya hemos tolerado mucho abuso.
Recordemos que el Ministerio Público también empleó la Ley Antiterrorista, lo que fue cuestionado por las Naciones Unidas dos veces.
Esto se puede arreglar con un instructivo general. Se lo pedimos al Fiscal señor Piedrabuena en su oportunidad; hoy se lo solicitamos al señor Chahuán: que ajuste la aplicación de las facultades de los fiscales a los estándares de los derechos humanos. No le cuesta nada.
También pido oficiar al señor General Director de Carabineros, para que se inicie un sumario y una investigación contra los uniformados que procedieron a la detención de Héctor LLaitul Carrillanca y Roberto Painemil Parra y se envíen los resultados del referido sumario. La verdad es que se intentó hacer un montaje, porque no hubo pruebas para demostrar las acusaciones.
Paralelamente, quiero solicitar a la Defensoría Penal Pública que ponga especial énfasis en la defensa de estas personas, si ellas así lo requieren, para la correcta aplicación de la ley penal.
Por último, pido que se envíe copia de esta intervención a la Presidenta de la República; a la Ministra de Planificación; al Ministro y al Subsecretario del Interior; al Presidente de la Cámara de Diputados; al Ministro de Defensa Nacional; al Ministro Secretario General de Gobierno; a los Jefes de las ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad; al Director de la CONADI; a cada uno de los Consejeros Indígenas; al Presidente del Consejo de los Pueblos Atacameños; a la Presidenta del Consejo Nacional Aymara; al Consejo de Caciques de Chiloé; al Consejo de Todas las Tierras; a las Identidades Lafkenche y Nagche; a los dos Consejos de Ancianos de Rapa Nui, y al Relator de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, señor James Anaya.
Señor Presidente, si hiciéramos las cosas en forma adecuada, estaríamos en la vía de la resolución política y no militar de las cuestiones que afectan a La Araucanía, porque lo que allí existe es un problema político y social.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, me referiré a asuntos que interesan a distintas localidades de la Región de Aisén.
REPARACIÓN DE CENTRO DEL ADULTO MAYOR EN
PUERTO PUYUHUAPI. OFICIO
El señor HORVATH.-
El puerto de Puyuhuapi, que se encuentra al fondo del fiordo Ventisquero, donde se conecta el canal del mismo nombre con el canal Yacaf, a 225 kilómetros al norte de Coihaique, en el Camino Austral, presenta una serie de necesidades.
La primera dice relación a los adultos mayores.
Ellos cuentan con un centro donde funcionan varios talleres. En estos desarrollan programas de capacitación y actividades de recreación. Sin embargo, la edificación se encuentra en precario estado. Construida a través de obras comunitarias por el padre Antonio Ronchi en su oportunidad, hoy requiere de un arreglo para dar condiciones mínimas de seguridad y permanencia en el tiempo.
En consecuencia, solicito al Servicio Nacional del Adulto Mayor que se contacte con el Vicariato del cual dependen dicho terreno y taller, con el propósito de llegar a un acuerdo para proceder a la reparación del centro con recursos públicos. De lo contrario, habría que realizar un convenio a través del Ministerio de Bienes Nacionales o del Ministerio de Vivienda, a fin de aprovechar, entre otros, el "Programa de Protección del Patrimonio Familiar", que permite aunar fondos vía subsidios, para obras de interés comunitario, como es la del caso que relato.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
PROGRAMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE
TRATAMIENTO PARA PUYUHUAPI. OFICIO
El señor HORVATH.-
Puyuhuapi, ciudad fundada en 1935 por un conjunto de colonos alemanes y chilenos provenientes de Chiloé, pese a ser un lugar muy atractivo, tiene carencia de alcantarillado.
Los niveles de precipitación bordean los tres y medio a cuatro metros por año, por lo que las soluciones normales de fosa y pozos sépticos no funcionan. Estos se hallan colmatados, lo que hace que las aguas sanitarias escurran por las cunetas de las calles, situación que atenta claramente contra su condición de atractivo turístico y de desarrollo y su vocación natural.
Por ello, urge llevar a cabo ahí un programa de alcantarillado y planta de tratamiento, para el cual pido a la autoridad correspondiente dar prioridad con miras al año 2009, pues se trata de una obra que ha sido postergada por muchos años.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
TERRENOS PARA CRECIMIENTO Y DESARROLLO
DE PUYUHUAPI. OFICIOS
El señor HORVATH.-
Además, Puyuhuapi carece de terrenos suficientes como para ampliar el crecimiento natural y potencial que tiene. Para ello, los Ministerios de Bienes Nacionales y de Vivienda deben adquirir cuanto antes las posesiones pertenecientes a los herederos de los originales colonos del sector, quienes se encuentran en buena disposición para entregarlas. Sin embargo, si bien se cuenta con el presupuesto correspondiente, los procedimientos administrativos aplicados para estos efectos han sido demasiado largos.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
TECHADO DE PATIO INTERIOR DE ESCUELA HAMBURGO
DE PUERTO PUYUHUAPI. OFICIO
El señor HORVATH.-
Hace pocos días participé en la celebración del cincuentenario de la escuela Hamburgo de Puerto Puyuhuapi, que se destaca por su alto nivel de rendimiento en la prueba SIMCE, pese al aislamiento del lugar, y donde se nota un claro compromiso de los profesores, de los asistentes de educación y, desde luego, de los centros de padres y apoderados y de la comunidad misma.
No obstante, la escuela carece de gimnasio. Solo posee un patio en el cual, dada la pluviosidad de la zona, se hace casi impracticable la realización de actividades de recreación y gimnasia para los alumnos.
Por consiguiente, pido al Ministerio de Educación (más los fondos regionales u otros) que disponga el techado del patio interior de esta escuela.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
MAYORES RECURSOS PARA CUERPO DE
BOMBEROS DE CHAITÉN. OFICIO
El señor HORVATH.-
Asimismo, tuve la oportunidad de visitar Chaitén en el momento de la erupción del volcán, que continúa hasta el día de hoy. En esa ocasión pude observar el trabajo realizado por el Cuerpo de Bomberos de la localidad, que desarrolla una abnegada y destacada labor en casos de siniestro, en actividades de prevención e, incluso, en tareas de rescate en los accidentes que se producen en el área.
Sin embargo, su personal no cuenta con los fondos ni los implementos necesarios para llevar a cabo su cometido. Incluso carece de cuartelero, de botiquín, es decir, de cosas mínimas.
Por ello, creo conveniente que el Gobierno, a través del Ministerio del Interior y de los fondos correspondientes, dote a esa unidad de los medios que requiere para continuar desarrollando su abnegada labor.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
MEJOR REGULACIÓN DE HORARIO DE CORTES DE TRÁNSITO
EN CAMINO AUSTRAL EN SECTOR DE PUYUHUAPI. OFICIO
El señor HORVATH.-
Finalmente, se están llevando a cabo programas de ampliación del Camino Austral que accede a Puerto Puyuhuapi, tanto desde La Junta hacia el norte como desde Coihaique hacia dicha localidad. Y se requiere que los cortes de la vía para las faenas de ensanche y futura pavimentación sean regulados de mejor manera, con horarios más estrictos y reducidos, a fin de que la ruta quede en condiciones de ser transitada con una velocidad mínima promedio de 40 a 50 kilómetros por hora. De lo contrario, se desincentiva la visita a los atractivos turísticos de la zona y, desde luego, se impide cubrir los servicios mínimos que requiere la localidad.
Además, aprovecho de solicitar al Ministerio de Obras Públicas que la roca que se está extrayendo del sector no sea llevada a los botaderos, sino que se recicle e instale como defensas de la costanera que hay que construir, de puentes y de otras áreas susceptibles de erosión.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
RECONVERSIÓN LABORAL Y SOLUCIÓN A PROBLEMA SANITARIO EN
PUERTOS GALA Y GAVIOTA. OFICIOS
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, en puerto Gala, y específicamente en la isla Toto, debido a la baja en la actividad pesquera artesanal se hace muy necesario establecer programas de capacitación, a través de SERCOTEC y CORFO, en su caso, para que los trabajadores puedan realizar otras labores en distintos sectores: transporte, servicios en actividades de mayor desarrollo, como la acuicultura, o bien, prepararlos para desempeñarse en el ámbito de los planes de manejo del bosque nativo o en el del turismo, por los atractivos que posee la zona. Cabe mencionar, entre otros, la observación de ballenas -esta tarde aprobamos un proyecto de ley sobre la materia-, o en todo cuanto tiene que ver con el acceso a termas y a esa masa pluvial que llega a los diversos fiordos y canales de la Región de Aisén.
En la isla Toto y también en puerto Gaviota, se presenta un problema bastante complicado a raíz de la solución sanitaria que se aplicó, a través del Programa Chile Barrio, en los hogares de los pobladores.
En verdad, dicha solución, aparte de ser bastante precaria, implica que la gente debe convivir con un baño dentro de la casa, tornando insostenible su calidad de vida.
Nos hemos contactado con don René Morales, del Programa Chile Barrio, en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a fin de que envíe, con la mayor brevedad, un ingeniero sanitario, de modo de separar de las casas tales instalaciones, para que sus habitantes puedan vivir como corresponde.
Además, en puerto Gaviota se requiere ampliar la captación de agua potable, para lo cual se puede aprovechar el estero Madre de la Divina Providencia y no ocupar la planta de filtro y tratamiento, la que por falta de asistencia técnica se encuentra prácticamente sin funcionar. Por ello, el agua potable que en estos momentos bebe la población está contaminada, entre otros elementos, con tanino, producto del bosque del sector.
Además, si la captación se efectúa en el estero mencionado, la diferencia de altura del agua permitirá poner en uso el proyecto hidroeléctrico que desarrolló el Padre Antonio Ronchi y que después terminaron la Fundación que lleva su nombre y la Corporación de Desarrollo de la Zona Austral.
De ese modo, sería factible la operación de la casa de máquinas y de la turbina que se halla en el lugar, y dotar de agua potable, sin riesgo sanitario, a la comunidad.
Pido oficiar al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y al de Vivienda y Urbanismo, con el objeto de que se aboquen a resolver los problemas referidos.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
AMPLIACIÓN DE CUPOS EN PLAN DE
VIVIENDAS AISÉN. OFICIO
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, solicito oficiar al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo a fin de que se amplíen los cupos del Plan Aisén, planteado el año pasado por ese organismo.
En la Undécima Región numerosos comités de pobladores están postulando a vivienda solidaria 1, vivienda solidaria 2, planes integrados, programas de protección del patrimonio familiar. Sin embargo, pese a tener todos sus antecedentes al día, se han quedado sin cupo, restando todavía casi cuatro meses para empalmar con los planes presupuestarios del año 2009.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
MEJORAMIENTO DE RED VIAL Y ELECTRIFICACIÓN RURAL
EN BALMACEDA. OFICIOS
El señor HORVATH.-
A continuación me referiré a otros dos asuntos.
El primero dice relación al sector del cerro Galera, en las proximidades de Balmaceda, donde residen descendientes de los primeros colonos que llegaron a la Región de Aisén, a principios de 1900.
Esa zona se encuentra tremendamente aislada. Cuenta con un camino secundario que fue ripiado e inaugurado en la década del ochenta. Sin embargo, a causa de la mínima mantención que se le ha practicado, hoy se observa bastante irregular, reventado, producto de los deshielos, y precisa ser reparado por la Dirección de Vialidad, ya que se encuentra enrolado en el Ministerio de Obras Públicas.
A la vez, los vecinos, con justa razón, plantean la habilitación de dos caminos que se hallan en estado muy precario, por lo cual la gente queda prácticamente aislada: uno que permite acceder por el sector costero del río Huemules, y el que enlaza con el sector del lago Pólux y la coordenada.
Solicito remitir oficio al Ministerio de Obras Públicas sobre el particular.
El segundo problema se refiere al Programa de Electrificación Rural. Ese sector precisa ser incluido en él. Más de 50 familias resultarían beneficiadas con un proyecto de esa naturaleza. Hasta ahora se hallan incorporados solo los primeros 20 pobladores. Se necesita un circuito que les permita conectarse desde el sector del río Blanco, en la confluencia con el río Huemules, hasta Balmaceda, por la ruta de los primeros colonos de Aisén.
Por lo tanto, pido oficiar al Ministerio de Planificación y a la Comisión Nacional de Energía, con el objeto de que dispongan que el Programa de Electrificación Rural dé cobertura total a toda esa gente, revitalizando así toda la zona.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
DOTACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO CONTINUO
PARA MELINKA. OFICIOS
El señor HORVATH.-
Por último, señor Presidente, quiero abordar un problema que afecta a Melinka, capital de la comuna de Guaitecas.
Esa localidad carece de un sistema eléctrico durante las 24 horas del día. Por vía municipal se la dota de energía a través de motores que funcionan con petróleo diésel, pero solamente por algunas horas diarias.
Lo cierto es que el municipio realiza un esfuerzo notable para colocar las postaciones, instalar la red y mantener el sistema. Sin embargo, el costo del combustible se ha ido elevando a tal punto que le resulta impracticable continuar financiándolo.
Por ello, solicito que la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y la Comisión Nacional de Energía se encarguen del financiamiento y se retribuyan al municipio los gastos en que ha incurrido por tal concepto.
Asimismo, resulta necesario desarrollar cuanto antes un sistema que no opere con petróleo, sino sobre la base de otro tipo de energía, como la eólica, dados los fuertes vientos que caracterizan a la región. También se cuenta con una pequeña caída de agua en la laguna Granizo, lo que se puede complementar con un programa piloto, aprovechando la corriente de dos canales cercanos a Melinka.
En esa forma se podría dotar de energía eléctrica permanente a ese sector.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:46.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción