Click acá para ir directamente al contenido
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 356ª
Sesión 26ª, en miércoles 11 de junio de 2008
Ordinaria
(De 16:20 a 19:5)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ADOLFO ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE,
BALDO PROKURICA PROKURICA, VICEPRESIDENTE, Y JOVINO NOVOA VÁSQUEZ, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
A n e x o s
ACTA APROBADA:
Sesión 23ª, ordinaria, en martes 3 de junio de 2008¿¿¿..¿¿¿¿¿
DOCUMENTOS:

1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la legislación sobre expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas (2973-11, 4181-11, 4192-11 y 4379-11)¿¿¿¿¿¿

2.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo entre Chile y Canadá para enmendar Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá por el cual se adiciona un capítulo sobre contratación pública (5852-10)¿¿¿..

3.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba Protocolo por el que se adiciona capítulo de Compras del Sector Público a Tratado de Libre Comercio entre Chile y México (5855-10)¿¿¿..

4.- Segundo informe de la Comisión de Agricultura recaído en el proyecto que modifica la ley Nº 18.450, de Fomento de Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje, con el fin de permitir que agricultores arrendatarios puedan postular a proyectos de riego (3336-01)¿¿¿¿..

5.- Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto que otorga bono extraordinario a pensionados que indica, efectúa aporte extraordinario a Fondo Común Municipal y rebaja aranceles para importación de bienes de capital (5885-05)¿¿¿¿.

6.- Moción del Senador señor Bianchi, con la que inicia un proyecto de ley que otorga competencia para conocer de acción de divorcio a tribunal de familia del demandante (5916-07)¿¿¿¿¿.

7.- Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que introduce modificaciones orgánicas y procedimentales a la ley Nº 19.968 que creó los tribunales de familia (4438-07)¿¿¿¿..
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Arancibia Reyes, Jorge
--Ávila Contreras, Nelson
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Flores Labra, Fernando
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz Barra, Roberto
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Ominami Pascual, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Vásquez Úbeda, Guillermo
--Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor José Antonio Viera-Gallo Quesney, y de Justicia, señor Carlos Maldonado Curtis.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 20 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesión 23ª, ordinaria, en 3 de junio del año en curso que no ha sido observada.
El acta de la sesión 24ª, ordinaria, en 4 de junio del año en curso, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
(Véase en los Anexos el Acta aprobada).
IV. CUENTA

El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
Cuatro de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que aprobó las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2001, de Hacienda, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.420, que establece incentivos para el desarrollo económico de las provincias de Arica y Parinacota (boletín N° 5.648-05).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto con sus antecedentes.
Con los tres siguientes informa que prestó su aprobación a los siguientes asuntos:

1.- Proyecto de ley que establece modificaciones a la legislación sobre expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas (boletines Nos 2.973-11, 4.181-11, 4.192-11 y 4.379-11, refundidos). (Véase en los Anexos, documento 1).
--Pasa a la Comisión de Salud.

2.- Proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre Chile y Canadá para enmendar el Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de la República de Chile y de Canadá con el cual se adiciona un capítulo sobre contratación pública (boletín N° 5.852-10). (Véase en los Anexos, documento 2).

3.- Proyecto de acuerdo que aprueba el Protocolo con el que se adiciona el capítulo de Compras del Sector Público al Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos (boletín N° 5.855-10). (Véase en los Anexos, documento 3).
--Pasan a la Comisión de Relaciones Exteriores y a la de Hacienda, en su caso.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional, con el que remite copia autorizada del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 61 de la ley N° 20.000, sobre tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
--Se toma conocimiento y se remiten los antecedentes a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Dos de la señora Ministra de Salud:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, acerca de la implementación del programa Defensor del Usuario en el sistema de salud comunal de cada una de las comunas de la Octava Región.
Con el segundo responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Horvath, referido a la posibilidad de incluir el sarcoma de partes blandas en las patologías cubiertas por el Plan Auge.
De la señora Ministra de Agricultura, con el que da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Navarro, relativo al cumplimiento de las medidas recomendadas por la OMS para enfrentar la presencia de antimicrobianos en alimentos de origen animal.
Del señor Vicepresidente Ejecutivo de la CORFO, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Romero, sobre la factibilidad de que las cooperativas de agua potable rural accedan a los instrumentos CORFO.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Agricultura, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.450, de Fomento de Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje, para permitir a los agricultores arrendatarios postular a los proyectos de riego (boletín N° 3.336-01). (Véase en los Anexos, documento 4).
Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga bono extraordinario a los pensionados que indica, efectúa un aporte extraordinario al Fondo Común Municipal y rebaja los aranceles para la importación de bienes de capital (boletín N° 5.885-05) (con urgencia calificada de "suma"). (Véase en los Anexos, documento 5).
--Quedan para tabla.
Moción
Del Senador señor Bianchi, con la que inicia un proyecto de ley que otorga competencia para conocer de la acción de divorcio al tribunal de familia del domicilio del demandante (boletín N° 5.916-07). (Véase en los Anexos, documento 6).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Declaración de inadmisibilidad
Moción de los Senadores señores Orpis, Longueira, Núñez, Pizarro y Prokurica, con la que inician un proyecto de ley sobre energía nuclear.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República, de conformidad con lo dispuesto en el N° 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
Comunicación
De la Comisión de Relaciones Exteriores, por medio de la cual informa que acordó acceder a la solicitud de formar los siguientes Grupos de Amistad: Chile-Panamá y Chile-Paraguay.
--Se toma conocimiento y se invita a los señores Senadores que deseen integrar dichos Grupos a inscribirse en la Secretaría de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Solicitud de permiso constitucional
El Senador señor Bianchi solicita autorización para ausentarse del país a contar del día 14 de junio de 2008.
--Se concede.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminada la Cuenta.

El señor FREI.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor FREI.- Señor Presidente, se acaba de dar cuenta del informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que otorga un bono extraordinario a los pensionados que indica, efectúa un aporte extraordinario al Fondo Común Municipal y rebaja los aranceles para la importación de bienes de capital.
Se trata de una iniciativa que fue aprobada en general por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Hacienda.
Si hubiera acuerdo, podríamos despachar esta materia de inmediato, a fin de que los beneficios propuestos empiecen a pagarse en julio. La idea es que se promulgue la ley antes del 30 del mes en curso.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- La Mesa comparte el criterio expresado por el Honorable señor Frei. Por tanto, propongo a la Sala tratar dicha iniciativa en el primer lugar del Orden del Día de hoy como si fuera de Fácil Despacho.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
--Así se acuerda.
V. ORDEN DEL DÍA



BONO EXTRAORDINARIO PARA PENSIONADOS, APORTE A FONDO COMÚN MUNICIPAL Y REBAJA ARANCELARIA A IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL


El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Conforme al acuerdo recién adoptado, corresponde tratar como si fuera de Fácil Despacho el proyecto, en segundo trámite constitucional, que otorga un bono extraordinario a los pensionados que indica, efectúa un aporte extraordinario al Fondo Común Municipal y rebaja los aranceles para la importación de bienes de capital, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (5885-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 25ª, en 10 de junio de 2008.
Informe de Comisión:
Hacienda, sesión 26ª, en 11 de junio de 2008.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Los principales objetivos de la iniciativa son otorgar un bono extraordinario de 20 mil pesos a los pensionados que se enumeran en el artículo 1º del proyecto; efectuar un aporte extraordinario al Fondo Común Municipal durante el año en curso por un monto de 20 mil millones de pesos, y aplicar una rebaja de aranceles a las importaciones de bienes de capital.
La Comisión de Hacienda discutió el proyecto solamente en general y le dio su aprobación por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señora Matthei y señores Escalona, Frei, García y Ominami), en los mismos términos en que lo despachó la Cámara de Diputados.
El texto propuesto se consigna en las páginas pertinentes del primer informe de la Comisión.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En discusión general.

Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
)----------(

El señor ORPIS.- Señor Presidente, yo había pedido intervenir antes de que se iniciara el tratamiento del proyecto en análisis, para referirme a un asunto de la Cuenta.
Pido que se oficie a Su Excelencia la Presidenta de la República para que patrocine el proyecto de ley sobre energía nuclear, que fue declarado inadmisible.
La iniciativa fue suscrita transversalmente por parlamentarios de distintas tendencias políticas. Además, en atención a la crisis energética, es importante que esta materia se coloque en debate.
Por ello, solicito el patrocinio del Ejecutivo.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Si le pareciera a la Sala, se enviaría el oficio requerido.

El señor GIRARDI.- Yo me opongo.

El señor HORVATH.- No.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- No hay acuerdo.

El señor ORPIS.- Entonces, remítalo en mi nombre, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tendría que solicitarlo en Incidentes, señor Senador.

El señor LARRAÍN.- Que se envíe en nombre de los firmantes.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Estamos en Orden del Día. Para cursar un oficio en este momento se requiere el acuerdo de la Sala. Si se pide en Incidentes, en cambio, ello no es necesario pues tal solicitud es un derecho de los señores Senadores.

El señor ORPIS.- Reitero que yo había pedido la palabra antes del Orden del Día.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Es exactamente igual. Solo en Incidentes puede hacer la petición en su nombre.
No hay acuerdo.
)----------(

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Respecto del proyecto que estábamos tratando, el que otorga un bono extraordinario a los pensionados, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no hubiere objeción, se aprobaría en general y en particular.

El señor LONGUEIRA.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, deseo formular una consulta al Presidente de la Comisión: ¿en esa instancia se discutió en general y en particular? Porque entiendo que se aprobó por unanimidad solo la idea de legislar.
Quiero saber si hay algún inconveniente en aprobar esto también en particular considerando que son tres materias distintas las que se abordan.
Me interesa saber si la Senadora señora Matthei comparte cada uno de esos temas en particular.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Frei.

El señor FREI.- Señor Presidente, contestando la inquietud del Senador señor Longueira, hago presente que el proyecto se discutió en general y que su articulado no fue objeto de ninguna indicación.
Efectivamente, se legisla sobre tres objetivos diferentes. Uno es el otorgamiento de un bono de 20 mil pesos a los pensionados, lo cual beneficia a más de un millón 500 mil personas. Ello incluye a todos los pensionados, sin establecer discriminación alguna, e implica un costo fiscal superior a los 30 mil millones de pesos. En segundo lugar, se consigna un aporte extraordinario de 20 mil millones de pesos al Fondo Común Municipal. Y, por último -algo que habíamos contemplado en las 36 medidas que propusimos-, se rebaja a cero el arancel para la importación de bienes de capital. Esto último generará un costo fiscal estimado en 24 mil 900 millones de pesos en 2008.
La iniciativa en comento la aprobamos en general por la unanimidad de los miembros de la Comisión, y por no haberse presentado indicaciones, se entiende, asimismo, acogida en particular.
--Se aprueba en general el proyecto, y, por no haberse formulado indicaciones, queda también aprobado en particular.




Adecuación orgánica y procedimental de justicia de familia. Informe de Comisión Mixta


El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Corresponde ocuparse del informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que introduce modificaciones orgánicas y procedimentales a la ley N° 19.968, que creó los tribunales de familia, con urgencia calificada de "suma" (boletín Nº 4.438-07) (Véase en los Anexos, documento 7).
--Los antecedentes sobre el proyecto (4438-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 89ª, en 6 de marzo de 2007.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 19ª, en 13 de mayo de 2008.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 53ª, en 2 de octubre de 2007.
Constitución (segundo), sesión 5ª, en 1° de abril de 2008.
Hacienda, sesión 5ª, en 1° de abril de 2008.
Mixta, sesión 26ª, en 11 de junio de 2008.
Discusión:
Sesiones 55ª, en 3 de octubre de 2007 (se aprueba en general); 7ª y 8ª, en 2 y 8 de abril de 2008 (queda pendiente su discusión particular); 10ª, en 9 de abril de 2008 (se aprueba en particular).

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Señores Senadores, la controversia entre ambas ramas legislativas se originó en el rechazo por parte de la Cámara Baja de una serie de modificaciones que efectuó el Senado en el segundo trámite constitucional del proyecto.
El informe de la Comisión Mixta consigna la proposición destinada a resolver la disputa suscitada. El acuerdo pertinente fue adoptado por la unanimidad de sus miembros presentes, con excepción de la enmienda al artículo 60 de la ley que crea los tribunales de familia, referida a la comparecencia a las audiencias con abogado habilitado, que contó con el voto en contra de la Diputada señora Saa y las abstenciones del Senador señor Muñoz Aburto y de la Diputada señora Turres.
Cabe tener presente que el informe requiere para su aprobación el voto conforme de 21 señores Senadores.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en seis columnas. Las dos últimas transcriben la proposición de la Comisión Mixta y el texto final que resultaría de ser aprobada.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En discusión el informe. Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.


El señor MALDONADO (Ministro de Justicia).- Señor Presidente, comparezco en representación del Ejecutivo para solicitar al Honorable Senado que tenga a bien aprobar definitivamente este proyecto, que ha experimentado una extensa, acuciosa y muy rigurosa tramitación, dada su complejidad.
La iniciativa en debate no solo contempla fortalecimientos orgánicos, sino también varias modificaciones procedimentales tendientes a dar mayor celeridad a la tramitación de las causas de familia. De esta manera, se atiende la situación problemática que desde su inicio ha enfrentado esta nueva judicatura por la sobrecarga de trabajo y, también, por algunos "cuellos de botella" procedimentales que afectaban la debida expedición de las causas.
Tal como se desprende de la relación efectuada por el señor Secretario, la Cámara de Diputados prácticamente acogió en su totalidad el proyecto aprobado por esta Honorable Corporación. Algunos puntos bastante específicos fueron discutidos luego en la Comisión Mixta. El acuerdo a que se arribó en dicho órgano ya fue votado y aprobado unánimemente en la Cámara Baja, encontrándose hoy día, en consecuencia, en su última instancia parlamentaria.
Ojalá con la aprobación del Senado hoy pueda ponerse término a su tramitación legislativa, que se inició en agosto de 2006, ya que este proyecto es esperado con bastante expectativa por la judicatura de familia, por sus usuarios y por el país en general.
Una vez promulgada la presente iniciativa como ley, significará un incremento de 36 por ciento en el número de jueces, un aumento funcionario de más de 60 por ciento y diversas mejoras procedimentales que darán mayor celeridad a las causas.
Con su publicación en el Diario Oficial, se iniciará lo que hemos denominado "proceso de normalización del sistema", donde se iniciarán los concursos para nombrar a nuevos jueces y los concursos para contratar a los funcionarios adicionales.
Además, progresivamente empezaremos a ver el efecto de las mejoras procedimentales que se están introduciendo. Entre ellas -y no es menor- el establecimiento de una breve gradualidad para poder preparar de manera adecuada la puesta en marcha de la mediación previa y obligatoria en las materias más comunes sometidas a los tribunales de familia: alimentos, tuición y visitas. Las estoy mencionando con sus nombres conocidos por todo el país y no con su denominación técnica.
Como expresé anteriormente, el presente proyecto tuvo una tramitación extensa, rigurosa. Sin duda, sale del Parlamento un texto mejor que el que ingresó, con mayor precisión procedimental y, también, con un reforzamiento orgánico de superior entidad que el originalmente propuesto.
Esperamos, con la aprobación por parte de Sus Señorías, darle la buena noticia al país de que finalmente se inicia un período de normalización de la justicia de familia. Y, por cierto, estoy llano a responder las consultas que todavía pudieran existir al respecto.
Muchas gracias.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Hay varios señores Senadores inscritos para intervenir.
En primer lugar, tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, Honorable señor Gómez.

El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, las diferencias suscitadas entre la Cámara de Diputados y el Senado en la tramitación de este proyecto se refieren básicamente a enmiendas gramaticales y de estilo para aclarar la redacción de una serie de normas, sin modificar el fondo de ellas. Por ejemplo, las referidas a la competencia de los tribunales de familia o las relacionadas con los nuevos procedimientos.
Sin embargo, se discutió el fondo en dos asuntos importantes.
Uno de ellos está vinculado con el aumento del número de jueces de familia en la Región Metropolitana. En este caso se optó por la opinión y el criterio aplicado por el Senado: en Puente Alto, la cantidad de magistrados se incrementa de seis a ocho; en Peñaflor y en Colina, de dos a tres, y en Santiago, de 42 a 52.
Asimismo, se discutió respecto del archivo temporal de las causas de violencia intrafamiliar. Para evitar las consecuencias procesales derivadas del abandono del procedimiento por inactividad procesal de las partes (fin de las medidas precautorias y pérdida de la interrupción de la prescripción, entre otras), el Senado estableció que, luego de una segunda citación judicial en que ninguna de las partes comparezca, la causa de violencia intrafamiliar pasara por seis meses a un archivo provisional de donde podrá ser reactivada por las partes sin más trámite. Si en ese lapso no se reactiva, se decreta el abandono del procedimiento. La Cámara de Diputados rechazó esta proposición y la Comisión Mixta acordó aumentar a doce meses el plazo de archivo provisional de la causa de violencia intrafamiliar en que no hayan comparecido las partes.
Es uno de los puntos relevantes de la discusión, porque todos conocemos el problema que existe actualmente en materia de violencia intrafamiliar.
En lo demás, la Comisión Mixta estuvo de acuerdo por unanimidad. Y me alegro de que por fin despachemos, tras una larga tramitación, un proyecto que es necesario para el país.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, quiero consultar al señor Ministro de Justicia sobre el aumento del número de funcionarios.
Hace unos días recibí una comunicación de una de las organizaciones gremiales de los funcionarios de tribunales, donde se señala que el aumento contemplado en el proyecto no sería tal, puesto que todos ellos ya se encuentran trabajando a contrata o a honorarios. De ser así, obviamente con esta iniciativa no estaríamos solucionando nada.
Por eso, consulto al señor Ministro si es efectivo que estas personas ya están trabajando en una calidad distinta a la de funcionario de planta, para determinar si se aplicará un aumento efectivo o solo estamos llevando a la ley lo que hoy día está ocurriendo en la realidad.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Algunos señores Senadores me han pedido abrir la votación. Si no hay objeción, así se procederá, sin perjuicio de que quienes están inscritos podrán fundar el voto.
En votación el informe de la Comisión Mixta.
--(Durante la votación).

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.

La señora ALVEAR.- Señor Presidente, quiero expresar mi satisfacción por hallarme esta tarde en la culminación de la larga tramitación que han tenido en el Congreso Nacional las modificaciones propuestas a la ley que creó los tribunales de familia.
El establecimiento de dichos juzgados ha sido un gran avance para resolver materias muy delicadas, como lo son los conflictos originados al interior de las familias.
Sin embargo, es de todos sabido que el atochamiento registrado en los referidos tribunales obligó a un conjunto de enmiendas que se recogen en la iniciativa legal que ahora es objeto de informe de Comisión Mixta.
Deseo destacar -porque me parece fundamental para el éxito de los tribunales en comento- la mediación como un mecanismo colaborador para la resolución de los conflictos.
Lo digo claramente en esta Sala: muchas veces tenemos resistencia en los jueces y en el Poder Judicial cuando se trata de materias de esta envergadura, que son tan nuevas.
Subrayo, entonces, la importancia que la mediación reviste en dos aspectos: por un lado, en el compromiso que, cuando hay un proceso de tal naturaleza, contraen las partes en cuanto al acatamiento de la solución sugerida, y por otro, en la enorme posibilidad de desatochar los tribunales por la vía de resolver prejudicialmente un conjunto de conflictos y ver allí solo aquellos en que no fue viable aquel valioso mecanismo.
La experiencia internacional indica con absoluta nitidez que las dos partes tienen un altísimo grado de compromiso de cumplimiento de lo acordado en la mediación, a diferencia de lo que ocurre con los fallos judiciales, porque ella da lugar a un proceso donde ambas tienen que ceder y reconocer ciertas solicitudes de la contraparte, de todo lo cual nace la proposición destinada a resolver el diferendo.
También atribuyo relevancia a la ampliación y fortalecimiento del principio de publicidad. Todas las actuaciones y todos los procedimientos administrativos pasan a ser públicos y, de este modo, más transparentes, que es algo que la ciudadanía espera del Poder Judicial, así como de los otros Poderes del Estado.
Debo connotar, sí, que va a quedar pendiente una tarea: la defensoría profesional y especializada.
Para contrarrestar dificultades prácticas de la ley hoy existente, se estableció la comparecencia personal de las partes. Esto, que originalmente parecía una muy buena idea, se transformó en un gran problema, porque en numerosas ocasiones a las partes les resulta sobremanera difícil explicitar en el tribunal la razón por la cual concurren a él. Por ende, la compañía de un abogado es muy importante.
Empero, debo hacer presente en esta Sala que, sin duda, lo que existe en la actualidad a través de las corporaciones de asistencia judicial, donde llevan las causas egresados de la carrera de Derecho en práctica, es insuficiente.
Al respecto, espero que se acoja una iniciativa -como es natural, requiere patrocinio del Ejecutivo- que presenté para profesionalizar las corporaciones de asistencia judicial en forma de atender con abogados especialistas tanto las demandas planteadas en los tribunales laborales -ya entraron a regir en dos Regiones- cuanto las interpuestas en los juzgados de familia.
Estimo muy relevante, pues, que la asistencia judicial avance gradualmente hacia un sistema más profesionalizado.
Es del caso puntualizar que durante el trabajo realizado a los fines de perfeccionar la ley que creó los tribunales de familia se introdujeron elementos fundamentales para el éxito de cualquier institución, los cuales tienen que ver con el componente de gestión.
Este proyecto de ley contiene aportes de suyo significativos. Por ejemplo, el fortalecimiento del personal de las unidades de administración de los tribunales en comento y la creación de la unidad de cumplimiento, elementos esenciales para evaluar la gestión.
Se trata de un avance muy importante que, junto con la instancia de la mediación y el aumento del número de juzgados -era fundamental-, contribuirá (espero) al término de los problemas que han afectado el funcionamiento de los tribunales en cuestión, órganos indispensables para la solución de los conflictos judiciales que aquejan a las familias en el día a día.
Los dramas que se originan al interior de los hogares requieren tribunales de familia competentes, especializados, comprometidos con su trabajo, con un mecanismo adecuado para evaluar su gestión y con abogados que acompañen a las partes.
Señor Presidente, termino expresando mi apoyo al informe de la Comisión Mixta y mi anhelo de obtener en un futuro cercano el patrocinio del Ejecutivo para la iniciativa que permitirá profesionalizar las corporaciones de asistencia judicial.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, cuando discutimos este proyecto de ley en la Cámara Alta antes de que fuera a la Comisión Mixta, solicité enviar un oficio a la Corte Suprema -ello fue respaldado por la mayoría de los señores Senadores- para los efectos de que resolviera una cuestión de fondo: si ese Alto Tribunal estimaba que el número de jueces y de funcionarios que habíamos agregado era suficiente para evitar la repetición del colapso de los juzgados de familia, que -debo recordarlo- se originó por la pésima evaluación hecha respecto de lo que ellos requerían para funcionar adecuadamente.
Como alguien dijo, "lo ocurrido con los tribunales de familia es equivalente a lo sucedido con el Transantiago".
Dichos juzgados colapsaron y la gente se sintió engañada: han pasado meses -si no años-, y hoy día la persona que tiene un juicio de tuición, o de alimentos, o de divorcio, o de violencia intrafamiliar debe esperar 4, 5, 6, 8 ó 10 meses para que le den una audiencia.
Señor Presidente, quiero señalar qué expresó la Corte Suprema en respuesta al oficio que le enviamos al despachar este proyecto de ley, en el mes de abril.
En un informe lapidario, manifiesta lo siguiente:
"Como la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado se negó a aprobar siquiera la idea de legislar y pidió un entendimiento entre la Corte Suprema y el Ministerio de Justicia, en definitiva el aumento de jueces se fijó en 95, los que sumados a la dotación actual, determinan un total de 353 magistrados en esta Rama de la Justicia.".
Debo recordar que inicialmente la Corte Suprema pidió 259 jueces; el Gobierno daba 30, y finalmente el acuerdo fue 95; o sea, más de ciento y tantos jueces menos de lo que aquella solicitó.
Y agrega ese Alto Tribunal:
"A pesar de que cada una de esas 95 plazas debe contar con su respectivo equipo de trabajo (un Consejero Técnico y un Administrativo de Acta), el proyecto no contempló la creación de estos cargos congruente con el aumento de jueces, de modo que de aprobarse la iniciativa en tales términos, no todos los tribunales contarían con los administrativos suficientes para un desempeño adecuado, pues se produciría un déficit de 130 funcionarios para todo el sistema, lo que incidirá negativamente en el logro de los objetivos de un proyecto dirigido a reforzar la Justicia de Familia.
"Por otra parte, para enfrentar el exceso en la carga de trabajo de los Tribunales de Familia, la Corporación Administrativa del Poder Judicial reclutó funcionarios a contrata que han debido mantenerse en servicio hasta la fecha. De esta manera, el aumento -ya insuficiente- de personal administrativo no sería efectivo, ya que únicamente permitiría pasar a "la planta" sólo a parte de dichos empleados contratados.
"En síntesis," -¡atención, señor Presidente!- "esta Corte Suprema puede señalar que, lamentablemente, el incremento de Jueces de Familia propuesto en el proyecto, no se encuentra respaldado con un aumento del personal de colaboración indispensable para el eficiente desempeño de esos magistrados (¿) lo que redundará en forma negativa en el buen éxito de la reforma que se pretende y determinará se mantengan parte de las carencias y defectos de que adolece, en este aspecto, la Justicia de Familia.".
Señor Presidente, me abstendré en la votación del informe de la Comisión Mixta, porque no me voy a hacer responsable de aprobar una iniciativa de ley respecto de la cual -lo advierto- la Corte Suprema, más allá de señalar que las mejoras procesales existentes -de hecho, la Comisión de Constitución trabajó con la Ministra doña Margarita Herreros, experta en materias de familia-, dice a esta Sala, en respuesta a un oficio enviado por el Senado al finalizar el estudio del articulado, que lo que está aprobando es insuficiente y no resolverá los problemas que se están suscitando.
Yo no estoy dispuesto a avalar una situación de tal naturaleza. No estoy dispuesto a hacerme cómplice -lo digo responsablemente- de una iniciativa acerca de la cual la propia Corte Suprema nos indica, con fecha 15 de abril de 2008, que el número de funcionarios y de tribunales es insuficiente.
Quiero ser bien franco frente a esa situación.
No desconozco, por cierto, todas las mejorías logradas durante la tramitación del proyecto, ya enunciadas por el Ministro de Justicia y por el Presidente de la Comisión de Constitución. Pero debo puntualizar que el Máximo Tribunal advierte que el número de funcionarios es insuficiente y que puede haber un colapso en el sistema.
Por lo expuesto -repito-, me abstendré, pues no deseo hacerme cómplice del colapso de un sistema que ya hizo crisis precisamente por las diferencias habidas en su momento entre el Ejecutivo y la Corte Suprema.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, aparte connotar lo que el Poder Judicial hizo presente al Senado, quiero entrar a un punto que quedó pendiente -en mi concepto, deberá ser objeto de una moción-, referido al ámbito del Código Orgánico de Tribunales.
A raíz de las instrucciones emanadas de la Corte Suprema; de las peticiones de los jueces y de los consejos técnicos, y del principio de inexcusabilidad, el Administrador de Tribunales, figura creada especialmente para llevar la carga administrativa de los juzgados, entra en un terreno donde le será bastante difícil cumplir las exigencias del cargo, cuyo titular será calificado por el Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva, quien deberá tomar en cuenta informes por separado del Comité de Jueces y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
La verdad es que la citada Corporación solo ve cuestiones contables, financieras, y el Comité de Jueces debe seguir las pautas administrativas.
Por lo tanto, estimo que, para el buen funcionamiento de los tribunales, sería mucho más conveniente que las calificaciones fueran resueltas por los presidentes de las Cortes de Apelaciones, pero teniendo en vista el informe del Ministro Visitador, porque este es quien sabe qué está sucediendo en cada juzgado.
Atendida la instancia legislativa en que se encuentra el proyecto, presentaremos una moción sobre la materia. Ahora solo queremos señalar el punto al señor Ministro de Justicia.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.

El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, después de un largo tiempo, culmina la tramitación del proyecto que introduce modificaciones orgánicas y procedimentales a la ley que creó los tribunales de familia.
Al igual como la Senadora señora Alvear, espero -lo manifestó el señor Ministro de Justicia- que se concrete la creación de una defensoría profesional y especializada para atender, entre otras materias, todo lo que tenga relación con las cuestiones de familia. Aguardamos con ansias la llegada de la iniciativa pertinente a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
También quiero destacar -a pesar de algunas intervenciones habidas en la Sala- que el proyecto que ahora nos ocupa tiene como propósito resolver los graves problemas registrados en diferentes tribunales de familia del país.
Actualmente, el total de funcionarios es de 1.067. Conforme a esta iniciativa, serán contratados 640, para llegar a un total de 1.707.
Ese fue -y deberá ratificarlo o desmentirlo el señor Ministro de Justicia- el acuerdo a que el Ejecutivo llegó con las autoridades del Poder Judicial.
Lo que dice el Senador señor Espina es efectivo, se ajusta a los hechos. Pero también, en honor a la verdad, hay que señalar que, en otras conversaciones con el señor Ministro de Justicia, la Corte Suprema estuvo conteste en que el número que se le proponía era el adecuado para hacer funcionar de buena manera los juzgados de familia.
Señor Presidente, espero que con las modificaciones introducidas y con el aumento del número de funcionarios sea mucho más expedita la administración de los tribunales en comento; terminen los excesivos tiempos de espera para la atención, y las causas de pensiones de alimentos, de tuición, de divorcio -estas tienen demasiada demora-, en fin, sean objeto de una tramitación más rápida.
En definitiva, la idea es que, al igual que ante otras reformas de nuestro sistema judicial, la de los tribunales de familia genere mayor eficiencia y rapidez, y permita satisfacer plenamente a los usuarios.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, tengo en mi poder el documento a que aludí en mi intervención anterior, y quiero dar lectura por lo menos a los puntos que considero más sobresalientes.
Tiene fecha 30 de mayo de 2008, está firmado por un número importante de funcionarios de tribunales de familia y se halla dirigido al señor Presidente de la Comisión Mixta de Familia.
En uno de sus párrafos dice:
"Desde el principio, supimos que el aumento de funcionarios de planta, de empleados específicamente, que se ha mostrado al país como un aumento en la dotación de funcionarios que existirá en los Tribunales, es, en realidad, la suma del número total y exacto, de contratas que ya existen desde el comienzo de la marcha de estos Tribunales y, que fue un número de empleados de dotación de emergencia de los que tuvo que cubrir y costear la Corporación Administrativa del Poder Judicial a los Tribunales de Familia, medida que se tomó a partir de abril del año 2006 y que integró personal de diversas áreas del país, Juzgados de menores, Juzgados del Crimen y personal externo calificado, con el fin de paliar la catastrófica situación que se dio desde su inicio, atendida la gran afluencia de usuarios necesitados de solucionar sus problemas familiares urgentes y que antes no tenían una salida honrosa.".
Y se agrega:
"Hemos sido nosotros, las contratas de Familia, junto a los pocos titulares que estaban en la ley, nuestros Jueces quienes siempre nos han dado todo el apoyo, y Administradores de Tribunales que han estado a nuestro lado, los que hemos sacado adelante el caos, sacrificando nuestras familias, nuestras vidas, trabajando hasta la madrugada, incluyendo sábados, domingos y festivos, en situaciones que no salen en programas de televisión propagandísticos del caos, sin reclamar horas extras que nunca se han contemplado para estos casos, con el solo afán de poder otorgar un mejor servicio y mostrar a la comunidad que este proyecto que fue lanzado en pañales, era viable.".
Esta carta confirma lo que señalé hace algunos minutos. El número de funcionarios en que aparece aumentándose la dotación de los tribunales de familia corresponde al total exacto de contratas existentes desde su puesta en marcha. Por lo tanto, no estamos en presencia de un incremento de personal que permita mejorar la atención, sino del traspaso a la planta del mismo que ya se desempeña en el servicio.
Es más, como la iniciativa también autoriza para que funcionarios de tribunales distintos a los de familia puedan postular a los respectivos concursos, va a ocurrir que empleados con experiencia, que durante años han realizado la pega sacrificada en estos últimos, quedarán al margen de la incorporación a la planta, porque tendrán preferencia para ello los que son titulares de otros juzgados que se están cerrando y que, por lo tanto, registran menor carga de trabajo.
Por tal razón, señor Presidente, también me voy a abstener, y formulo un llamado a mis Honorables colegas a proceder de igual modo. Este asunto es demasiado serio como para votarlo a favor, en circunstancias de que la Corte Suprema señala que el número de funcionarios es insuficiente y de que el propio personal manifiesta que no se trata de un aumento real de la dotación, sino que se considera a los mismos que se desempeñan a contrata desde hace ya bastante tiempo.
En tal virtud, me parece que estamos frente a una realidad enteramente distinta de la que pensábamos que contenía el proyecto. Por consiguiente, reitero mi llamado a los señores Senadores en orden a abstenerse, con el objeto de disponer de más tiempo, de esa forma, para encontrar una solución con el Ejecutivo.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Dado que el señor Ministro ha sido aludido o que de alguna manera su planteamiento central ha sido cuestionado, le ofrezco la palabra a fin de que la argumentación resulte coherente.

El señor MALDONADO (Ministro de Justicia).- Señor Presidente, agradezco la posibilidad de efectuar precisiones sobre algunos fundamentos expuestos para emitir determinados pronunciamientos y de hacer nuevamente uso de la palabra.

El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Ministro, ¿me concede una interrupción?
El señor MALDONADO (Ministro de Justicia).- Sí, señor Senador, con la venia de la Mesa.

El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, no es posible dejar de recibir el mensaje tras lo manifestado anteriormente por el Honorable señor Espina. Solo deseo preguntar al señor Ministro -creo que varios parlamentarios tienen la misma inquietud- si es efectivo que los 600 nuevos funcionarios que se mencionan corresponden a personal a contrata que se incorpora a la planta.
Reviste especial importancia que se aclare ese punto, porque, de ser así, el señor Senador tendría razón en el sentido de que no se trata de un aumento de dotación, sino de regularizar la situación de un grupo de funcionarios.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Recupera el uso de la palabra el señor Ministro.

El señor MALDONADO (Ministro de Justicia).- Señor Presidente, en verdad, sería deseable que todos los órganos del Estado se otorgaran la misma credibilidad unos a otros y que aquella que se concede en forma tan intensa a la comunicación de la Corte Suprema o a la carta firmada por los funcionarios a contrata la recibiéramos también las autoridades y quienes hemos estado trabajando codo a codo con los señores Senadores en las Comisiones -como les consta a Sus Señorías- para construir el proyecto que ahora se somete a la consideración de la Sala. Recordemos que estamos en la última etapa de tramitación, habiendo ya aprobado previamente la iniciativa esta rama del Congreso, y que ahora es preciso pronunciarse sobre las proposiciones de la Comisión Mixta.
Lo que hoy está en juego es la posibilidad de llamar a concurso, efectivamente, para proveer 95 cargos de jueces, y de algunas afirmaciones pareciera desprenderse que ello reviste un carácter baladí.
Cabe considerar que la justicia laboral dispone de 84 jueces para todo el país. En consecuencia, estamos incorporando a la justicia de familia más de 100 por ciento de todos los magistrados contemplados para ese otro sistema, nuevo, que se implementa. Y da la impresión de que ello no representa ningún esfuerzo o de que constituye algo menor o insuficiente.
Asimismo, se está aprobando -espero- un incremento de 60 por ciento en el número de funcionarios. No sé si se registra algún precedente en la historia de Chile de alguna institución pública que haya experimentado un crecimiento semejante en virtud de una sola ley.
Actualmente, una parte de ellos han sido destinados, como contratas transitorias -vía autorizaciones especiales del Ministerio de Hacienda-, para fortalecer a los tribunales que presentaron una mayor sobrecarga de trabajo. Sin duda alguna, es necesario regularizar tal situación, no en cuanto a las personas, sino a los cargos, y ampliar las dotaciones en el conjunto de los juzgados del país.
Sé que existe inquietud -esto se planteó en la Cámara de Diputados- acerca de los funcionarios que hoy se desempeñan a contrata en los tribunales de familia, quienes reclaman por el esfuerzo que han realizado en orden a sostener el funcionamiento del sistema, pero en el proyecto no son objeto de preferencia alguna para pasar a ser titulares.
Hago presente que en otras ramas del Poder Judicial hay personas a contrata que llevan más tiempo, lamentablemente,

El señor ALLAMAND.- ¡Y en el Ejecutivo¿!

El señor MALDONADO (Ministro de Justicia).- Así es.
Tanto el Poder Judicial como la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial nos han solicitado no establecer criterios de preferencia ni de discriminación, para que todos puedan postular en igualdad de condiciones.
Quizá, a algunos les favorecerá su antigüedad, y a otros, la especialización adquirida. Pero reitero que se nos ha pedido que todos postulen en igualdad de condiciones. Y creemos que ese es un criterio sano y que deberá reflejarse en los resultados de los concursos públicos, transparentes y regulados conforme a la ley, que se llevarán a cabo para proveer las más de 600 vacantes.
Por otro lado, quiero precisar que se contempla un incremento de más de dos tercios del financiamiento global del gasto permanente del sistema. Al igual que en lo relativo al aumento en el número de funcionarios, no sé si habrá algún precedente institucional en tal sentido, tratándose de un servicio ya en operaciones.
Como señalé, el número adicional de jueces supera el total de los magistrados de la nueva justicia laboral, a lo que se suman los 600 funcionarios a que hice referencia y las mejoras procedimentales, de extraordinaria urgencia.
Por cierto, he visto el trabajo muy riguroso llevado a cabo por los señores parlamentarios en las Comisiones. En verdad, como lo manifesté en mi primera intervención, reconozco, directa e hidalgamente, que el proyecto que se aprobará es mejor que el presentado por el Ejecutivo en 2006, en lo orgánico y lo procedimental. Sin embargo, con el debido respeto, debo recordar que el propio señor Presidente de la Corte Suprema, quien firmó la comunicación leída por un señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, reclamó públicamente al país, el 1° de marzo recién pasado, por la demora en el despacho de la iniciativa que nos ocupa, manifestando que el asunto no ameritaba más dilación.
Como Ejecutivo, siempre estaremos dispuestos a mejorar aún más lo que resulte necesario, pero opino que la situación existente justifica la aprobación del proyecto.
Muchas gracias.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.

El señor OMINAMI.- Señor Presidente, voy a pronunciarme a favor del informe de Comisión Mixta, porque, a mi juicio, representa un progreso. Objetivamente, se regulariza la situación de un número importante de funcionarios y se aumenta de manera significativa -como acaba de indicar el señor Ministro- la cifra total de aquellos que se desempeñarán en los tribunales de familia.
Por otra parte, se agiliza el procedimiento y se fortalece la mediación.
Ahora, con la misma claridad, creo necesario dejar establecido que existen otras dificultades, no resueltas. Porque ello no tiene que ver únicamente con la discusión acerca de si se requieren más funcionarios o menos, sino con otras normas legales. Por ejemplo, hay serios problemas en el pago de pensiones de alimentos, en la forma como se aplica la Ley de Matrimonio Civil, en la determinación de filiaciones, en lo engorroso que resulta el trámite de las adopciones. Entonces, es importante consignar que media un avance respecto del colapso que tuvo lugar en los tribunales de familia, pero que persiste un conjunto muy importante de cuestiones no solucionadas.
Quiero citar un caso relacionado con una moción que presenté hace algún tiempo, que lamento que no haya sido analizada por el Senado. Me refiero a la Ley sobre Matrimonio Civil, especialmente en lo referente al divorcio de común acuerdo.
En esa situación, en la que no existe conflicto entre las partes, no se explica cómo no hemos sido capaces de modificar, en la línea de desatochar los tribunales de familia, la obligación de una audiencia especial de conciliación, por medio de la cual el juez busca evitar que los cónyuges se divorcien. Si ambos sostienen que desean divorciarse, registrando a veces años separados de hecho, y que han optado por apelar al procedimiento de manifestar su consentimiento para tal efecto, no existe razón alguna para mantener aquel trámite, en el cual el juez los llama a hacer algo que objetivamente no realizarán. Los juicios, entonces, que debieran ser mucho más cortos y rápidos en su resolución, se extienden en el tiempo y obligan a los involucrados a pasar por una audiencia que demora más de seis meses. Ello también contribuye a los atochamientos en los tribunales de familia.
Me parece que son cuestiones que deben resolverse para llegar a una solución definitiva.
En consecuencia, voto a favor del informe de la Comisión Mixta, teniendo claro que aún existe un conjunto considerable de dificultades pendientes, las cuales dicen relación a la Ley sobre Matrimonio Civil, la ley sobre pago de pensiones alimenticias y una urgente revisión de la ley de adopción.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, me sorprenden algunos juicios vertidos en la Sala, por varias razones.
La conflictividad en materia de tuición, alimentos, divorcio, visitas, no hace más que reflejar un problema de la familia chilena contemporánea. Y la sobredemanda que han sufrido los tribunales es el reflejo de la tremenda dificultad que ella vive.
Frente a ese hecho, el Estado se equivocó al evaluar la conflictividad con motivo de la ley anterior. Y después de un año y medio, de dos años o de tres años, se propone una fórmula que, sin duda, es muchísimo mejor que la actual, en cuanto aumenta la dotación de jueces y funcionarios, y dispone procedimientos que deberían permitir el desatochamiento de las causas, uno de los cuales es el establecimiento de la mediación como un trámite necesario y obligatorio para un conjunto de situaciones que, sin duda, evitarán que los jueces deban ver temas como tuición, visitas y alimentos.
Pienso que el que nos ocupa es un buen proyecto. ¿Existen aspectos pendientes susceptibles de mejorar? Es posible. El Senador señor Ominami tocó una cuestión que nos inquieta a muchos: la relativa a cómo se ha aplicado la nueva Ley sobre Matrimonio Civil cuando surgen crisis.
Sin embargo, hay algo que, en términos prácticos, no entiendo. La Comisión Mixta no trató el proyecto entero, sino que, en materia de números, lo único que examinó fue si se dispondrían más jueces adicionales en algunos ámbitos de la Región Metropolitana. Eso es lo único nuevo, concretamente.
Estoy seguro de que, para la Quinta y Sexta Regiones, 10 ó 20 jueces de familia adicionales son sumamente importantes. Será preciso determinar si se necesitarán aún más. Ello dice relación al nivel de conflictividad de la familia y al hecho de si los procedimientos complementarios ayudan o no.
Los especialistas en materia de familia indican que cometimos un tremendo error al no establecer la mediación obligatoria en un conjunto de situaciones, no en los casos de violencia, pero sí en los de visitas y tuición. Probablemente, a través de ese mecanismo, se podría haber ahorrado mucho tiempo en los tribunales.
Deseo expresar un reparo que planteé la vez anterior y que no se sometió a la Comisión Mixta, el cual se relaciona con funcionarios de los tribunales de familia que se desempeñan hoy como oficiales primeros -me parece que el Senador señor García manifestó la misma inquietud-, respecto de los cuales el proyecto no estableció, como sí lo hizo para los secretarios, una cierta prioridad en el acceso a los nuevos puestos.
Considero que ello es lamentable. Hubiese preferido que ese asunto estuviera incorporado en la iniciativa. Entiendo que todos los cargos serán concursables, lo que ayuda a la transparencia. De ahí que, por su intermedio, señor Presidente, expongo el punto al señor Ministro de Justicia.
Entiendo que se trata de una facultad del Poder Judicial. Y por eso es algo tan delicado. Me refiero, en cuanto a los concursos, a dar puntaje extraordinario a los participantes que ya hayan trabajado en los tribunales. No podemos incluir ese punto en la ley en proyecto, como es evidente, pero creo que representa un elemento positivo.
Por otra parte, me gustaría formular una consulta. Cuando un Parlamentario se abstiene en una Comisión Mixta, no significa que se deja de aprobar el texto de una normativa, sino, en caso de no reunirse el quórum necesario, aquellos artículos que fueron objeto de divergencia. Es decir, lo que podría ocurrir es que la Región Metropolitana fuera la única que no contara con todos los jueces que una parte del Congreso Nacional y el Gobierno quieren otorgarle, y que enfrentasen dificultades algunos procedimientos mejorados y que resolvió la Comisión Mixta.
Estimo, señor Presidente, que el proyecto representa un avance.
La Corte Suprema dio a conocer su opinión en el informe que emitió.
Por mi parte, quisiera que se efectuase una rectificación, de acuerdo con los antecedentes que me han entregado. Entiendo que el Máximo Tribunal designó a uno de sus integrantes para acompañar todo el proceso de tramitación del proyecto.

El señor GAZMURI.- Así es.

El señor MALDONADO (Ministro de Justicia).- La señora Herreros.

El señor LETELIER.- ¡Y me imagino, señor Presidente, que ella habló en nombre de su institución! ¿O lo hizo por cuenta propia? ¡Eso no lo comprendo!
Porque el Senador que habla no pertenece a la Comisión de Constitución, pero supone que las personas que asistieron a sus sesiones en esa calidad entregaron la opinión del Poder Judicial y estuvieron de acuerdo en esta materia.
Por ende, respetando mucho el parecer del Senador señor Espina, quien dejó traslucir que la Corte Suprema se oponía a la propuesta y que en el "seno del pueblo" de ese tribunal se registraban algunas contradicciones, me gustaría dejar constancia de que los representantes que concurrieron respaldaron las cifras contempladas.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- El siguiente inscrito es el Senador señor Navarro, quien no se encuentra en el Hemiciclo.
Tiene la palabra el Honorable señor Allamand.

El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, al igual que otros señores Senadores, me abstendré.
Durante su intervención, el señor Ministro de Justicia preguntó en diversas oportunidades si existe algún precedente en términos de los aumentos, por ejemplo, que se incorporan a lo que podríamos llamar el "plantel judicial" a cargo de la presente reforma. Y mencionó varias veces la palabra "precedente".
Y la verdad, señor Presidente, es que de lo que no hay precedente es de una reforma judicial, tan importante como esta, que haya sido tan mal diseñada, tan mal ejecutada y, sobre todo, tan tardíamente corregida.
El Senador señor Letelier -y me hubiera gustado escuchar este punto de vista en la opinión del señor Ministro- manifestó hace un momento que en la materia se incurrió en un grave error. Es más que eso. No solamente se trató de un error: fue un error contumaz. Y ello, porque durante las distintas etapas de tramitación del proyecto, en múltiples oportunidades, desde el mundo político de la Oposición, desde el ámbito académico y desde la misma Corte Suprema, se hizo presente que la implementación de la reforma adolecía de graves falencias.
En este momento se dice que la iniciativa mejora la actual situación. Y, más aún, el señor Ministro de Justicia aventura que con el texto que nos ocupa iniciamos la etapa de normalización de la reforma en la justicia.
Me parece que ese juicio es aventurado, por no calificarlo de antojadizo.
¿Qué ocurre hoy día? Esta reforma entró en vigor hace dos años. Hoy, en la Región Metropolitana -para no mencionar la situación de otras Regiones, que muchas veces es dramática-, cualquier persona que interponga una acción para intentar, por ejemplo, una simple modificación del régimen comunicacional, ¿con qué se encuentra? Con que la audiencia preparatoria es citada para seis meses después de la fecha en que se hace la presentación, lo que significa, en la práctica, que la audiencia de prueba y definitiva normalmente se lleve a cabo alrededor del décimo mes siguiente a la interposición de la acción.
Entonces, al igual que en oportunidades anteriores, a propósito de esta y otras reformas, el Gobierno viene y nos hace una suerte de solicitud de confianza ciega, no obstante los errores en que reiteradamente ha incurrido en esta materia.
¿Cuál es el problema práctico que enfrentamos hoy, señor Presidente? Más allá de las cuestiones de procedimiento que han mencionado, entre otros, los Senadores señores Ominami y Letelier, aquí nos encontramos con algo muy obvio. La Corte Suprema señala dos cosas: primero, que el número de jueces propuesto resulta completamente insuficiente para normalizar la justicia de familia, y segundo, que lo mismo puede decirse del personal que en definitiva se les adscribe.
Sin embargo, no obstante la opinión de nuestro Máximo Tribunal, el Senado simplemente hace oídos sordos y apoya el proyecto, porque supone que va a corregir la gravísima situación que viven los juzgados de familia.
La verdad, señor Presidente, es que hasta ahora la contumacia había estado en el Ejecutivo. Porque, aun cuando sea absurdo, ahora ella ha llegado al Parlamento, el cual insiste en votar a favor de la reforma, a pesar de que un informe de la Corte Suprema señala que es completamente insuficiente.
Por tanto, quiero hacer una solicitud y manifestar que, en caso de que no sea acogida, me voy a abstener.
Propongo que el proyecto vuelva a la Comisión, pues ¡cómo el Senado va a apoyar una iniciativa so pretexto de que¿

El señor PIZARRO.- ¡No se puede!

El señor ALLAMAND.- ¡A la instancia que sea! Porque no podemos apoyar una reforma que la propia Corte Suprema califica del todo insuficiente. Habrá que agregar nuevos tribunales, buscar alguna solución. Pero el proyecto, tal como está, no obtendrá los resultados esperados.
Por eso, me abstengo.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (27 votos a favor y 6 abstenciones), dejándose constancia de que se cumple el quórum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y los señores Arancibia, Ávila, Bianchi, Escalona, Flores, Frei, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Novoa, Ominami, Orpis, Pizarro, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
Se abstuvieron los señores Allamand, Espina, García, Kuschel, Prokurica y Romero.




CONCESIÓN DE PERMISO PARA TRABAJADORES
AL INTERIOR DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA


El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que concede permiso para trabajadores al interior de la locomoción colectiva, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4332-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 28ª, en 21 de junio de 2007.
Informe de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones, sesión 25ª, en 10 de junio de 2008.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- El principal objetivo del proyecto aprobado por la Honorable Cámara de Diputados es modificar la Ley de Tránsito a fin de habilitar el ejercicio del comercio ambulante a bordo de los vehículos de locomoción colectiva.
La Comisión, señores Senadores -es menester dejarlo muy claro-, rechazó la idea de legislar sobre la materia por 3 votos en contra (Senadores señora Matthei y señores Cantero y Novoa) y una abstención (Senador señor Pizarro).
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que consigna el actual artículo 91 de la Ley de Tránsito y el texto despachado por la Honorable Cámara de Diputados.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, quiero comenzar mis palabras solicitando segunda discusión para esta iniciativa. Y voy a explicar por qué lo hago.
Hay prácticas que tienen que ver con nuestra idiosincrasia, con lo que somos, con una forma de organizar nuestra convivencia. Existen maneras de estimular el empleo honesto de las personas, y hay otras que, por no contar con todos los antecedentes o quizá por querer imponer a la fuerza realidades culturales de otras naciones, pueden llevar a decisiones equivocadas.
Me explico.
A los trabajadores que se desempeñan en las micros y en otros vehículos de locomoción colectiva de la Región Metropolitana -en particular, los cantantes- se les comunicó en un momento que no iban a poder seguir ejerciendo su oficio, su arte, en los medios de transporte concesionados. Después -y es importante que esto quede bien consignado al inicio del debate- se les dijo una cosa distinta: que debían agruparse, organizarse, formalizarse, registrarse, ser claramente identificables y plantear sus demandas. Porque aquí estamos hablando de un conjunto de personas, cuyo número no es despreciable, que ejercen su oficio y entregan su arte en forma honesta -subrayo este concepto, porque a veces este hecho ha sido cuestionado- para llevar a sus casas el pan que les permite alimentar a sus hijos.
Pues bien, se concordó una idea con ellos. Esta iniciativa fue impulsada y conversada con autoridades del Ministerio de Transportes. Quiero resaltarlo. En su minuto, el ex Ministro Espejo fue uno de los que promovieron la organización de estos trabajadores. Luego se dialogó con diferentes actores vinculados al ámbito del transporte, principalmente de la Región Metropolitana. Porque -digámoslo- en las demás Regiones, o por lo menos en varias de ellas, las personas no tienen dificultad para ejercer su actividad al interior de la locomoción colectiva. Es el caso de la Sexta Región, a la cual represento, donde se autoriza subir a los buses interprovinciales para vender pasteles. Solo en la localidad de Angostura hay más de 200 familias que viven en forma directa de la venta de dichos productos, sin contar a quienes trabajan en las fábricas que los elaboran.
En esta materia, creo que la Comisión, al rechazar el proyecto, quizás actuó de manera un tanto precipitada -no lo sé-, sobre todo si se considera que se está afectando a un grupo de trabajadores que aspira a desarrollar su oficio en forma honesta y organizada.
La iniciativa, que se puede perfeccionar, en el fondo lo que hace es eliminar la prohibición de ejercer el comercio en los vehículos de transporte colectivo. O sea, abre la puerta. De hecho, durante muchos años ha habido comercio en el transporte público de pasajeros. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestra idiosincrasia. Quizás en Suiza, en Francia, en Estados Unidos, eso no ocurre, pero ello no significa que no se pueda defender según nuestra idiosincrasia. En varios países de América Latina sí se da: en México, en Brasil, en Argentina, específicamente en la ciudad de Buenos Aires, como me indica el Senador señor Muñoz Aburto.
Nosotros pedimos segunda discusión, señor Presidente, pues nos parece erróneo mantener una prohibición que afecta a un grupo de trabajadores que -quiero subrayarlo- se han organizado y uniformado y han demostrado su voluntad de esforzarse de manera honesta para alimentar a sus hijos.
Se podrá debatir si el nivel municipal es el mejor para la concesión de los permisos pertinentes o si es posible otro tipo de autorizaciones. Pero, frente a la recomendación de rechazo formulada por la Comisión especializada, la bancada del Partido Socialista solicita segunda discusión, con el propósito de encontrar alguna solución que permita a las familias perjudicadas ganarse el pan y alimentar y educar a sus hijos en forma honrada.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.

El señor CANTERO.- Señor Presidente, esta iniciativa, que fue presentada por diversos señores Diputados, tiene un fondo de motivación social validado y reconocido por los diferentes actores que concurrieron a la Comisión de Transportes. Sin embargo, esa noble motivación choca con una realidad, cual es que el sistema propuesto resulta impracticable, según el Servicio de Impuestos Internos.
Por cierto, las personas que asistieron a la Comisión en representación del Sindicato de Trabajadores Independientes Ambulantes y Anexos (SINTRALOC), que se han agrupado para ejercer este tipo de comercio, dieron numerosos argumentos.
Pero lo concreto es lo siguiente.
La Comisión de Seguridad y Antidelincuencia de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo hizo presente que el control de tal situación será prácticamente imposible, ya que, obviamente, no se podrá distinguir entre los vendedores autorizados y los ilegales. Además, una tarjeta otorgada por un municipio, ¿tendrá vigencia y validez en otro?, ¿cómo se va a limitar su validez en un espacio territorial que no es controlable?
Por otro lado, se planteó el fenómeno del encadenamiento de los proveedores. Se señaló que esto se presta, fundamentalmente, para el comercio ilícito con productos de generación ilegal.
Por su parte, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Rabindranath Quinteros, hizo una valoración desde el punto de vista social, pero también formuló cuestionamientos desde la perspectiva de la aplicabilidad.
Ahora, lo más relevante es que el señor Subsecretario del Interior ha manifestado taxativamente su rechazo a esta iniciativa legal, por considerar que su enfoque es equivocado y que su aplicación no soluciona los problemas que pretende resolver y genera otras externalidades o dificultades de índole tributaria extremadamente graves.
Dicho personero indicó que la moción, que propone que los vendedores ambulantes puedan realizar su actividad en los vehículos de transporte remunerado de pasajeros, presenta serias dificultades en su aplicación.
En la Comisión expresó textualmente: "Desde el punto de vista del Ejecutivo, en este caso sólo se produce la legalización de una informalidad completa, porque más que una autorización municipal se debería exigir que aquel que desarrolle una actividad lucrativa de esta naturaleza pague las patentes correspondientes para su desarrollo, cumpla las obligaciones tributarias asociadas a su giro y pague los impuestos pertinentes", cuestión que en los hechos no se podrá verificar conforme a la iniciativa en debate.
Igualmente, afirmó que la moción es contradictoria con los esfuerzos que han realizado el Gobierno, las municipalidades, el Congreso Nacional y la Cámara de Comercio, entre otros.
Uno de los representantes del Servicio de Impuestos Internos también rechazó enfáticamente el proyecto, toda vez que permite atropellos a la legislación tributaria vigente. Señaló que en esa entidad "existe preocupación por lo que pudiera significar esta actividad comercial en relación con los esfuerzos que desarrolla el Servicio en el combate de otras actividades que generan serios problemas desde el punto de vista del Impuesto al Valor Agregado."
Hizo presente que el encadenamiento y todo el efecto tributario que esto genera hacia atrás desde la perspectiva de los proveedores podrían ser motivo para que muchos actuaran en forma ilegal, proveyendo de insumos a esta instancia y rompiendo la cadena de control que se ejerce a través del IVA. Agregó que la iniciativa no permite resguardar el interés fiscal, la libre competencia y la igualdad entre los distintos sectores.
Estoy dando a conocer la opinión del Servicio de Impuestos Internos, representado por autoridades legítimamente enviadas por el Gobierno.
Por su parte, el Jefe de la Oficina de Fiscalización de Comercio Clandestino de dicho Servicio, señor Manuel Navarrete, manifestó que la iniciativa es contraria a todo lo que ha venido haciendo este organismo en los últimos años. Añadió que genera una economía informal y reiteró el criterio de que da formalidad a un comercio ilegal. Advirtió que la ruptura de la cadena de proveedores representa un grave riesgo, toda vez que no se pueden perseguir las responsabilidades. Afirmó que lo propuesto se contrapone con lo que se ha obtenido en más de 350 procesos ganados por el Servicio de Impuestos Internos en los tribunales y en 7 fallos de la Corte Suprema que han validado la postura del organismo fiscalizador en la materia.
Manifestó que se produce "un problema tributario porque el SII persigue principalmente a los proveedores. Sin embargo, la aprobación de esta iniciativa legal puede significar una vía para que los proveedores saquen sus productos de manera irregular tapando muchas irregularidades de tipo económico.".
Cuestionó que no se pudiera ejercer control sobre la nueva actividad.
El representante de FENABUS, que es la contraparte y que, teóricamente, debiera expresar su voluntad incluso desde la perspectiva de quienes proponen el proyecto de ley, también expresó su terminante y absoluto rechazo a este, haciendo presente que, además, contraviene dos disposiciones: el artículo 51 del decreto supremo Nº 212, que establece que en los buses no pueden ir personas de pie -en este caso se estaría permitiendo-, y por otro lado, la norma que exige a los servicios de transporte interurbano contar con audífonos para evitar la contaminación acústica, la cual aquí se estaría autorizando.
En general, los microbuseros se muestran definitivamente en contra del cuerpo legal en proyecto.
Por su lado, el representante de la Subdirección de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, señor Alberto Cuevas, hizo un pormenorizado detalle de cómo la presente iniciativa vulnera distintas normas y genera graves dificultades.
Precisó, una vez más, que se rompería toda la línea del IVA, lo que generaría numerosos problemas de orden tributario y, entre otras cosas, entrabaría la determinación del origen de las mercaderías, lo cual permitiría que mucho contrabando proveniente de países vecinos se vendiera en los buses del modo descrito.
La Asociación de Municipalidades hizo hincapié en que el proyecto supone transgredir límites territoriales, ya que, según él, un permiso otorgado por un municipio tendría validez en cualquier lugar del país.
El presidente de FENABUS, señor Marcos Carter, agregó que la normativa propuesta se halla en contradicción con los esfuerzos que se realizan para dar mayor seguridad. Señaló que en algunos terminales de buses existen verdaderas organizaciones de delincuentes "que engañan a los pasajeros con eventuales descuentos de tarifas" -estoy leyendo lo que dijo-, intervienen mafias, hay tráfico de drogas, existe una verdadera guerra, se venden boletos falsos, etcétera, todo lo cual se vería agravado con el proyecto. Indicó que, como para el ingreso a los buses se requiere la autorización correspondiente, ningún conductor se atrevería a negarla, pues con ello se expondría a todo tipo de apremios.
En general, la mayoría de las opiniones de quienes expresaron sus puntos de vista en forma independiente fueron contrarias al proyecto.
Por esa razón, señor Presidente, anuncio mi voto negativo.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, como ha dicho el Presidente de la Comisión de Transportes, este proyecto, cuyo origen se halla en una moción presentada por varios Diputados, persigue un objetivo que a todos nos gustaría que se lograra: avanzar hacia la legalización o formalización de una cantidad enorme de chilenos que ejercen, por necesidad, por opción, por distintas razones, el comercio ambulante.
Específicamente, el proyecto busca autorizar el trabajo de los vendedores ambulantes en vehículos de la locomoción colectiva y otros medios de transporte público.
En la actualidad, quienes ejercen esa actividad lo hacen por iniciativa propia y por la buena voluntad del chofer que se las permite. La llevan a cabo de manera informal y cometiendo toda clase de ilegalidades. Porque, en la práctica, hay prohibición de ejercer el comercio ambulante en el sistema de locomoción colectiva.
Por consiguiente, pese a que el objetivo de la iniciativa es absolutamente positivo y loable, generó un debate bastante profundo e interesante en la Comisión. Si la finalidad de aquella es que estos trabajadores informales puedan regularizar su actividad, formalizarla, resulta indudable que debemos respaldarla.
Ese fue el ánimo y el espíritu con el que nos abocamos a su estudio. A la Comisión fueron invitados -como ya se informó- el Sindicato Nacional de Trabajadores Independientes Ambulantes del Transporte y Anexos (SINTRALOC) y otros actores del sector.
Los dirigentes, de manera muy organizada, seria y responsable hicieron ver sus planteamientos; manifestaron lo importante que es para ellos, desde el punto de vista social y económico, avanzar hacia la formalización de su actividad, salir de la ilegalidad en que se encuentran y tener cierta estabilidad. Asimismo, expresaron su disponibilidad para organizarse mucho más allá del propio sindicato, y así ayudar a otros trabajadores que se hallen en la misma situación.
Lo que buscan, justamente, es cumplir con las normas mínimas. Para ello nos dieron cuenta de las acciones, los contactos que han realizado en las distintas instituciones del Estado. De partida, con el Ministerio de Transportes, con la Subsecretaría de él y con representantes del Servicio de Impuestos Internos.
El problema se manifiesta -como lo dijo el Presidente de la Comisión- cuando prácticamente todos los actores o gente que tiene que ver con esta materia opinaron total y absolutamente en contra.
Algunos aducen razones de seguridad pública; de la lucha contra la delincuencia. Porque, en efecto, en el sector del comercio ambulante se producen focos de inseguridad, donde verdaderas mafias organizadas, de manera camuflada, se aprovechan de esta actividad, generan condiciones para ejercer la delincuencia y atentan contra la seguridad de los pasajeros, en contravención de todas las normas.
Otros plantean que esto fortalece la cadena de informalidad en el ámbito comercial, lo que a la larga llevaría a una evasión sistemática y muy contundente de impuestos por parte de inescrupulosos, de mafias, de gente que dispone de verdaderas organizaciones para manejar los productos que se venden a través de los comerciantes ambulantes.
Lo mismo sucede con la imposibilidad e ineficacia de cualquier control que se quiera establecer. Tal información fue dada por el Servicio de Impuestos Internos, cuestión que se transformó en un elemento relevante al momento de tomar la decisión. Porque el sistema ideado sería completamente contrario a los objetivos del proyecto.
Además, se complicaba la situación -en mi modesta opinión- por razones técnicas, en cuanto a cómo está planteada la iniciativa. Los propios trabajadores, que la respaldan, decían: "Bueno, nosotros podemos organizarnos". Pero, hoy día, ¿quién autoriza? Lo propuesto es que serían los municipios.
Entonces, uno se pregunta cuál es el criterio para eso. Porque puede quedar entregado al total libre albedrío. Cualquier municipio arriesga ser sometido a la presión de un grupo de comerciantes que va a ir donde el alcalde a decirle: "Mire, nosotros estamos sin trabajo; denos autorización para trabajar en la locomoción colectiva". Y con ello se perdería totalmente la buena iniciativa de que, de manera organizada, tales trabajadores puedan ejercer su actividad con cierta identificación, con fiscalización, etcétera.
Igual ocurre en materia de seguridad y en otros aspectos.
Si hay actualmente prohibición para ejercer cualquier tipo de actividad en los vehículos de la locomoción colectiva, el proyecto agravaría la situación. Porque la autorización va a quedar entregada a la decisión del chofer del bus en el que se desee trabajar.
Eso nos pareció -por lo menos a mí- contradictorio. ¡Cómo un chofer puede tener la responsabilidad de aplicar la autorización dada por un municipio!
Pensamos que es importante también conocer la opinión de los dueños de los vehículos no solo de Santiago o de las grandes urbes, sino en todo el sistema interurbano. La opinión fue absolutamente negativa.
Además, se hizo presente lo que esto podía significar en la locomoción rural o interurbana de zonas más aisladas: desde razones de seguridad hasta lisa y llanamente el aprovechamiento de las autorizaciones para viajar sin pagar o ejercer otro tipo de actividades.
El proyecto en un inicio me pareció muy razonable. La idea la encuentro atractiva. Creo que debemos hacer esfuerzos por generar condiciones para que quienes realizan esta actividad puedan pasar de la informalidad a la formalidad; para dar garantías de respeto a los que ejercen el comercio ambulante y puedan desarrollar su trabajo en condiciones más dignas y no se les asocie con la delincuencia, con el lumpen que forma parte de mafias. Porque la mayoría de los vendedores ambulantes trabaja por necesidad, por obligación o por no disponer de otras opciones laborales.
Entonces, cuando llegó el momento de votar, preferí abstenerme. Haré lo mismo en la Sala, a pesar de que me hace fuerza la posibilidad de buscar otras alternativas de solución y mejorar técnicamente el proyecto.
Quizás otra instancia de discusión nos pueda ilustrar un poco más. Porque en el Senado nadie se va a oponer a una iniciativa que busque legalizar la actividad de quienes trabajan de modo informal. Nadie se va a oponer a respaldar a los comerciantes ambulantes que quieren desarrollar su labor con el mayor grado de formalización posible, cumpliendo con las normas mínimas tributarias, pago de impuestos y actuando en forma reconocida. Y nadie tampoco se va a oponer a que -ojalá de manera organizada- sean los propios trabajadores ambulantes los que ayuden a combatir los focos de delincuencia o las verdaderas mafias que muchas veces se amparan en esa actividad y los involucran a todos.
En mi opinión, sería razonable enviar el proyecto a la Comisión de Trabajo, como se sugirió. Si hay obligación de pronunciarse en general, yo de la abstención pasaré a votarlo a favor, a fin de posibilitar una segunda discusión -porque tendríamos que entrar a analizarlo en particular- y de que no se rechace.
Lo anterior, con todas las prevenciones aquí consignadas. Porque el proyecto contiene muchas contradicciones. Algunas normas son totalmente contrarias al espíritu con que fue planteado, fundamentalmente en materia de seguridad y de fiscalización y control por parte de las autoridades correspondientes.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Señor Senador, el Comité Socialista pidió segunda discusión.

El señor PIZARRO.- Entonces, no votaremos ahora.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Exactamente, señor Senador.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.

La señora MATTHEI.- Señor Presidente, cuando durante la hora de almuerzo de hoy di a conocer a los Senadores de mi bancada que en la Comisión habíamos rechazado el proyecto en debate, todos reaccionaron en forma muy sorprendida y bastante molestos. Porque -yo diría- existe mucha simpatía hacia la idea de permitir a los vendedores ambulantes que trabajan en forma más digna, y no en la informalidad e ilegalidad en que se encuentran.
Tuvimos que explicar que el problema existe y que hay muchos deseos de resolverlo, pero que esta solución es muy mala. Por eso, el proyecto no puede aprobarse.
¿Y por qué es mala, señor Presidente?
En primer lugar, quienes darán los carnés son los alcaldes. Y sabemos lo que sucede cuando una persona necesita viajar a Santiago, por ejemplo, desde la Región que represento. Todos concurrirían a la municipalidad para obtener pasaje.
¡Qué le va a costar al alcalde otorgar el carné a una señora y decirle: "Lleve 20 calugas, hágase pasar por vendedora ambulante y viaje gratis a Santiago"! Y actuará igual con un niño que viva en La Serena pero que estudie en Coquimbo cuando concurra a pedir ese tipo de ayuda. También le entregará la credencial.
Ello, porque para tal autoridad la concesión de ese documento no tendrá costo alguno. Será cosa de extender un papel. Y se lo dará a toda persona que se ponga a la cola para solicitarlo.
Con ese documento tales personas viajarán gratis en buses urbanos, interurbanos y rurales. Por lo tanto, en épocas de elecciones la entrega en forma gratuita constituirá una forma muy fácil de ganar votos, a costa, naturalmente, de quienes trabajan en la locomoción colectiva, muchos de los cuales son pequeños empresarios, pues deberán transportar a esos artistas y comerciantes sin el pago correspondiente.
En segundo término, señor Presidente, es del todo imposible fiscalizar que los carnés sean efectivamente los otorgados por la municipalidad. O sea, esta, aparte de entregarlo a quien lo solicite porque no le costará nada, no los podrá fiscalizar. ¡Escanear tales documentos no cuesta nada¿! ¿Y quién va a saberlo? Porque -como decía un señor Senador- uno otorgado en Arica se podrá usar en Punta Arenas. Entonces, ¿cómo se conocerá si es auténtico?
En tercer lugar, los buses interurbanos tienen normas de seguridad superestrictas y otras de protección al agrado del pasajero. Por ejemplo, no se puede emitir un programa de radio o música por los parlantes del vehículo, si no dispone de un sistema de audífonos, de modo que cada pasajero decida si quiere escuchar o no.
En cambio, en virtud del proyecto en debate un artista podrá cantar en el bus durante todo el viaje sin que nadie se halle autorizado para hacerlo callar; o viajar de pie, porque si van ocupados todos los asientos, tendrá que ir parado, en circunstancias de que, según la normativa vigente, ese hecho amerita la aplicación de una multa.
En cuarto término, ¿por qué no se incluyó el Metro en la iniciativa? Raro ¿no? Se permite la actividad comercial o artística solo en buses urbanos, interurbanos y rurales, todos de empresas privadas. Pero no se da esa posibilidad en el tren subterráneo, que es estatal. ¿Por qué?
Y en quinto lugar, todos hemos hecho un esfuerzo muy grande por ir disminuyendo la evasión y la elusión tributaria. Creo que la evasión del IVA hay que enfrentarla y castigarla, no facilitarla. Pero, por desgracia, mediante el proyecto se facilita a personas que asumen actitudes casi mafiosas -que forman verdaderas organizaciones para defraudar el IVA- dar salida a sus productos.
Entonces, señor Presidente, a pesar de que mucha de esa gente nos merece gran simpatía y de que reconocemos que enfrenta un problema que ojalá sea factible resolver, en realidad la solución propuesta es muy mala. Ello, porque -repito- los alcaldes les darán el carné a quienes lo requieran, porque el problema no les afecta y no les significará gasto alguno. El costo lo pagarán los dueños de buses, aparte de que no será posible fiscalizar que tales documentos sean verdaderos.

El señor CANTERO.- Además del encadenamiento del IVA.

La señora MATTHEI.- En efecto, el encadenamiento del IVA es un punto superimportante. Todos en el Senado, en la Cámara de Diputados y en el Gobierno hemos estado empeñados en que no se produzca evasión, porque en la medida en que esta aumenta mayores han de ser las tasas a fin de recaudar los recursos que el Fisco necesita para sus gastos.
Por eso, señor Presidente, en la Comisión votamos en contra del proyecto. Y si se rechaza aquí, en la Sala, deberá constituirse una Comisión Mixta, dado que la Cámara Baja ya lo aprobó. Quizá en esa instancia sea factible buscar una solución, pues, francamente, pese a que el texto se encuentra bien inspirado, fue muy mal elaborado.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, coincido con lo señalado por los señores Senadores que han intervenido en orden a que la iniciativa tiene un fin humano que es imposible no reconocer, pues atañe a la realidad de un grupo de chilenos y chilenas, a las cuales vemos trabajar permanentemente en las calles.
Sin embargo, hay algo sobre lo cual pienso que se comete un error. Se señala que la idea central del proyecto es situarlo en la lógica de solucionar un problema social. A mi juicio, ese no es el camino para darles una perspectiva, una posibilidad a los hombres y mujeres de que se trata. Podríamos incursionar de otra manera.
Por eso, la fundamentación del rechazo de la iniciativa, en modo alguno, conlleva una incomprensión hacia aquellas personas que dieron a conocer su problema a algunos parlamentarios bien inspirados y después a la Comisión respectiva.
Lo cierto es que el proyecto es muy difícil de aplicar. Y lo es por cuanto implica borrar con el codo lo que en otras materias hemos escrito con la mano. Porque -digamos las cosas como son- en el Congreso aprobamos la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, donde se estatuye que el comprador tiene derecho a acudir a una institución para reclamar cuando el producto se le entrega en malas condiciones o con mala fe.
¿Qué garantiza a quien adquiera determinado artículo a bordo de un medio de transporte que tendrá también ese tipo de protección? La normativa no establece qué se puede vender en un vehículo de transporte colectivo. A lo mejor, discos compactos, los cuales se ven muy bonitos con sus láminas, pero posteriormente, al comprarlos, se comprueba que no contienen grabación. Lo mismo ocurre con los libros piratas, que después de adquirirlos se constata que constituyen un fraude.
No se puede asegurar la calidad de la mercadería que se venda en un medio de locomoción colectiva. Este elemento no se consideró al redactar el texto que estudió la Comisión de Transportes, la cual integro.
La señora Senadora que me antecedió en el uso de la palabra señaló que tal autorización no incluye el Metro. Y tampoco se podría otorgar para el Transantiago, pues las bases de licitación de este -así se informó en la Comisión- impiden desarrollar en él actividad alguna que no sea la de transportar pasajeros.
Entonces, si se ampliara al Transantiago el ámbito de aplicación de la normativa propuesta, ¿sería necesario modificar las bases de licitación? Ese es un aspecto que, lamentablemente, no se consideró.
De otro lado, señor Presidente, la Comisión pidió la opinión del Ejecutivo, la cual tampoco fue favorable.
En lo personal, no quiero basar mi posición en los mayores o menores tributos por recaudar, porque mucha gente que desarrolla actividades lícitas elude también el pago de impuestos. Tal vez este es un asunto menor desde el punto de vista humano.
Con respecto a mi aseveración de que a veces borramos con el codo lo que escribimos con la mano, debo manifestar que la iniciativa atenta, asimismo, contra otras disposiciones legales. Por ejemplo, infringe el artículo 51 del decreto supremo N° 212, de Transportes, del año 1992, que prohíbe el traslado de pasajeros de pie, porque los comerciantes y artistas trabajarán en esa forma; y también -como indicó la señora Senadora- otras normas como la transmisión de ciertos programas radiales en los medios de transporte público y que en algún momento susciten el rechazo de algún pasajero.
No olvidemos que, por la presión con que hoy se vive, mucha gente aprovecha de leer durante el viaje, y que los muchachos universitarios aprovechan de estudiar. Tales personas no pueden llegar y decir "me bajo", pues han tomado ese medio de transporte porque necesitan trasladarse. Además, como se suele manifestar, van "prisioneras" y deben aceptar la presencia de quien suba a vender un determinado producto.
Por esa razón, señor Presidente, como señaló un señor Senador, habría que regresar la iniciativa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, a fin de mejorarla. No obstante, lo veo bastante difícil, pues contraviene otras disposiciones legales que hemos dictado.
Reitero: conozco casos -no me pidan que los denuncie aquí- de comerciantes que, como una forma de eludir tributación, entregan mercaderías a los vendedores ambulantes con el objeto de aumentar sus utilidades. De ese modo, se pueden crear un sinfín de organizaciones absolutamente ilícitas.
Y aquí surge otro tema respecto de la aplicabilidad de la disposición legal.
Como sostuvo un Honorable colega, los alcaldes entregarán una autorización a estas personas para que puedan abordar los buses. Pero será el conductor quien determine si les permite subir o no. De tal manera que las credenciales que les darán los municipios no les servirán para nada si el chofer no las acepta. También puede ocurrir que este diga: "Bueno, lo voy a admitir en este viaje, pero usted me tendrá que dar el 5 o el 10 por ciento de lo que venda". O sea, este sistema creará un sinnúmero de situaciones bastante complejas que, a mi juicio, se podrían corregir si se envía de vuelta el proyecto a la Comisión. No hay ninguna disposición pequeña, mezquina, con este grupo de chilenos y me gustaría que se encontrara una solución -incluso, más respetuosa para ellos- al problema social que los aqueja.
Por esta razón, señor Presidente, votaré para hacer posible que la iniciativa retorne a la Comisión. En caso contrario, me pronunciaré en contra, tal cual lo hice en dicho órgano técnico.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ávila.

El señor ÁVILA.- Señor Presidente, el comercio ambulante, así como la actividad circense que se lleva a cabo en numerosas esquinas de las grandes ciudades, están constituidos por personas que hacen un esfuerzo, a veces desesperado, por no caer en el plano de la delincuencia.
Vistas así las cosas, a esos compatriotas no hay que dificultarles al máximo aquella labor que les permite ganar un sustento para sus familias. Al contrario, debemos ser comprensivos y entender que esta sociedad, de la cual formamos parte, ha convertido a los seres humanos en elementos desechables.
En ciertas circunstancias muchas personas no tienen posibilidad alguna de acceder a una fuente de trabajo. Entonces, no pueden sino dedicarse a la venta de las más diversas especies para sobrevivir.
Si se obstruye ese camino, entonces las estamos empujando a ser delincuentes.
Yo creo que en la conciencia de muchos de los Senadores aquí presentes, así como también en la de los Diputados, se ha generado un sentimiento, quizás, de lástima por tantas personas que, pudiendo desempeñar una labor útil se ven impedidas de hacerlo, sencillamente, porque cada vez son menores los espacios para que ellas accedan a una forma digna de ganarse la vida.
El asunto radica en que legislar acerca de este aspecto puede dañar todavía más la situación de esa gente. En lugar de abrir un campo que facilite una manera de ganarse la vida, el texto propuesto puede ser la fuente de muchas corrupciones. Estas surgen a propósito de la posibilidad que se otorga de conceder o no un determinado derecho.
La Senadora señora Matthei ya mencionó aquí algunas de las situaciones que podrían generarse. Estoy de acuerdo con que ese es un peligro.
Algo parecido acontece en muchos lugares, ya sea en Santiago o en otras ciudades del país, donde no hay semáforos y el tráfico es intenso. La gente se las arregla para ir buscando en forma práctica una salida a esas situaciones complejas. Pero basta que llegue un carabinero para que lo eche todo a perder. En la idea de ordenar el tránsito, lo que hace, a veces, es generar unos tacos gigantescos, bocinazos. En fin, un bochinche que nadie entiende. Me ha ocurrido muchas veces que sin saber qué pasa la respuesta surge de parte de alguno de los conductores: "Es que llegó un carabinero a `organizar'".

El señor NAVARRO.- ¡No lo dicen así¿!

El señor ÁVILA.- El Senador Navarro, con la agudeza que lo caracteriza, sostiene que en realidad no se expresan de esa forma, lo cual es exacto. Sin embargo, quiero que quede en la Versión Taquigráfica lo que yo he dicho.
Entonces, señor Presidente, tengo la impresión de que lo mejor que se puede hacer respecto del comercio ambulante es no penalizar. ¡Nada más! ¡Déjense de estar inventado leyes! ¡Este es un país que cree que todo se resuelve con una ley! Y no se dan cuenta de que apenas el texto normativo sale a la luz, ya se está inventando la manera de burlarlo o, simplemente, de dejarlo sin que cumpla sus efectos.
Un Senador mencionó aquí la idea de regresar el proyecto a la Comisión. De ser así, seguirá adobándose, tal vez en las mismas ideas y, quizás, surjan otras. Deseo alertar: cualquier legislación que tienda a crear mecanismos burocráticos respecto de este tema, estoy seguro de que hará más compleja la situación. Ello no redundará en beneficio alguno para las personas que se desea favorecer.
En conclusión, señor Presidente, hay veces, como en este caso, en que no legislar es lo mejor que se puede hacer.
Ocupémonos de que esa gente no sea tratada como delincuentes, porque no lo son. Es preciso hacer entender a las autoridades competentes, y particularmente policiales, que los vendedores ambulantes son chilenos que están buscando la última alternativa que les ofrece este sistema a fin de conseguir un sustento digno para ellos y sus familias.
Por eso, basta con no penalizar. ¡Punto! El proyecto guárdenselo, que no va a servir para nada.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, resulta extremadamente valorable que los trabajadores independientes ambulantes del transporte y anexos (SINTRALOC) se hayan organizado. A la Comisión asistió su Presidente, don David Peña. Un interlocutor organizado, visible, jurídicamente palpable constituye siempre una ocasión para abordar un problema cierto, y que muchos municipios han enfrentado de manera más bien represiva que disuasiva.
Los comerciantes ambulantes y los artistas callejeros han hecho un esfuerzo, han tratado de organizarse. Pero les requisan sus instrumentos de trabajo, los persiguen, les aplican impuestos y, en definitiva, les impiden ejercer su tarea.
Como se ha dicho aquí, la iniciativa busca generar condiciones a objeto de regularizar un sector laboral informal, a fin de facilitarles que trabajen para subsistir. No son empleos para hacerse rico, sino de subsistencia. El proyecto claramente busca aquello. El asunto es si lo logrará.
Considero necesario que los artistas, en particular, y también quienes desarrollan otro tipo de actividad, puedan ocupar espacios públicos acordes con las normas generales de los transeúntes o de los pasajeros y no en contravención a ellas. Lo que hoy existe es una situación caótica, discrecional.
Sin embargo, el proyecto no consigue establecer una situación más clara.
En primer término, porque radica en los conductores la capacidad de decidir si el artista o vendedor sube o no al bus. Lo señaló claramente el Senador señor Pizarro en la Comisión. Eso implica la eliminación de la prohibición para los choferes -contenida en el Nº 3 del artículo 91 de la Ley de Tránsito- de admitir a los vendedores ambulantes en sus vehículos. Sin embargo, es necesario precisar de quién dependerá dicha facultad. De acuerdo con los términos propuestos, será decisión de los conductores, aunque más bien recaerá en los propietarios el determinar si una empresa acepta que un vendedor o un artista suba al bus.
Más interesante que los artistas o los vendedores puedan abordar el transporte público es que sí generemos una legislación tendiente a administrar los bienes nacionales de uso público, las calles, las veredas, las plazas, donde igual tienen prohibición. No resulta coherente que los dejemos subirse a un bus, con todos los elementos que ello conlleva, y que no regulemos el que esos trabajadores puedan ejercer la misma función en espacios públicos permanentes. Es decir, le otorgamos derechos y facultades para abordar un bus -que transita-, pero, si ese mismo artista se instala en el Paseo Ahumada o en la Plaza de Armas, lo van a corretear, lo van a encarcelar, y le confiscarán sus instrumentos. Ello carece de sentido.
Al respecto, los pintores de la Plaza de Armas, y también el comercio callejero, han dado una pelea desde hace mucho tiempo.
Yo distinguiría entre los artistas, quienes desarrollan tareas de acrobacia, de magia, de canto, o cualquier tipo de expresión artística, y los vendedores. Porque estos últimos llevan a cabo una actividad formal. Los municipios otorgan permisos a ciudadanos que no tienen otra opción que ganarse el sustento a través de la venta de productos en circunstancias muy singulares. Me refiero en particular a los llamados discapacitados o personas con necesidades especiales.
En tal sentido, estaría por fortalecer el derecho que hemos intentado consagrar de manera permanente en la legislación en orden a que los discapacitados puedan ocupar esos espacios como una discriminación positiva frente a otros comerciantes.
Ello tampoco se encuentra avalado. Depende del humor, de la sensibilidad, de la solidaridad del alcalde. Si quiere les da permiso, si quiere los relega al último piso de un mall o al subterráneo, donde no venderán absolutamente nada.
Por lo tanto, primero regulemos que de modo excepcional los discapacitados, sean ciegos o con limitaciones físicas, puedan ocupar esos lugares para vender productos de forma no masiva, que les permita generar ingresos.
Por otra parte, informo a los colegas Senadores que presenté un proyecto que establece normas sobre la actividad de artistas que se instalan en veredas, calles y otros bienes nacionales de uso público. Porque ello no está regulado.
La situación más grave al respecto la tuvimos el verano pasado, cuando los pintores de la Plaza de Armas, que llevan 35 años ejerciendo su función allí, fueron expulsados. Se les pedía que pagaran impuestos, y como había una deuda alargada de aproximadamente 15 a 18 millones de pesos a la cual no pudieron dar cumplimiento, estuvieron desalojados durante largo tiempo. Les quitaron los toldos y debieron trabajar bajo el sol. No obstante, se organizaron, negociaron, y hoy han vuelto a la plaza. Pero me parece que ese es un derecho que una ley tendría que garantizar para todos los artistas.
En consecuencia, si se desea establecer derechos para personas que quieran ejercer el comercio o una labor artística -cualquiera que ella fuere- al aire libre, en lugares abiertos de uso común, y que dichas actividades sean toleradas, administradas y reguladas, y que no sean calificadas como ilegales, debiéramos preocuparnos de dichos espacios públicos. No es admisible que arriba de un bus los artistas puedan gozar de ciertos derechos y que en la plaza pública, en la calle, en la avenida, tales derechos no sean los mismos. No resulta coherente.
Por otro lado, reitero, los conductores van a decidir.
La actitud de los choferes ha experimentado una transformación radical. Hoy, en el Transantiago, a algunos no les importa si los usuarios pagan o no, les da exactamente igual. Existe una evasión de 40 por ciento. Estamos subsidiando en 20 mil millones de pesos mensuales al Transantiago, es decir, en 40 millones de dólares. Ello, sin que haya réplica para Regiones.
Hicimos las cosas mal. La gente no quiere pagar porque viaja en condiciones inadecuadas, realiza muchos transbordos, se demora más, se debe levantar más temprano. El resultado de la transformación y la llamada modernización fue pésimo. Algunos, con legítimo derecho, manifiestan su bronca, su rabia, y no pagan. Y otros, pudiendo pagar, no lo hacen. Reitero: existe 40 por ciento de evasión. Teóricamente es el chofer quien tiene que custodiar que la gente cumpla con tal obligación, pero no interviene. No se quiere ganar un mal rato. Y, además -seamos francos-, si lo hace, corre el riesgo de que lo agredan.
Dado lo anterior, si se estableciera el derecho en comento, no me parecería adecuado que fueran los conductores quienes resolvieran, porque sería muy discrecional, y se podrían dar varias de las figuras que ya se han señalado. No quiero repetir lo relativo al medio pollo en los puertos, cuando existía el carné para ingresar a él y quienes lo poseían llevaban un medio pollo y cobraban la mitad sin pagar nada.
Asimismo, señor Presidente, es preciso señalar que los pasajeros no han sido consultados.
Aquí existen dos actores.
Por una parte están los choferes, que son los guardianes al decir: "Tú pasas. Tú no entras". Pero no se les ha pedido su opinión al respecto. En el informe no se consigna el pensamiento de ninguna federación o confederación de conductores del transporte público acerca de la materia en análisis. Y existen decenas de sindicatos y federaciones.
Yo deseo saber la opinión de quienes van a decidir. Porque si se aprueba la ley en proyecto y los choferes resuelven que no van a aceptarla, en circunstancias de que la norma consagra que la voluntad de ellos es discrecional, la ley habrá fracasado.
Por otro lado, es preciso que exista al menos una encuesta, no solo de origen y destino o de tiempos de viaje, sino también de facilidades y cualidades del tipo de transporte. Creo que los pasajeros debieran ser consultados. Porque si estos apoyan la medida, constituye un punto a favor importante. Pero, si la rechazan, habrá que pensar en cómo solucionar el problema de ingresos y de actividad laboral, buscando otro espacio.
Volviendo a lo manifestado hace un momento, pediré el apoyo de los señores Senadores a fin de estudiar el proyecto que presenté. Me parece del todo coherente establecer normas para regular las actividades artísticas -las comerciales ya lo están- en bienes nacionales de uso público.
En definitiva, se trata de un proyecto bien intencionado, que apunta a un problema real. Pero, como adolece de problemas jurídicos y ciudadanos, me parece prudente que vuelva a Comisión con el fin de enriquecerlo y procurar el logro del objetivo para el cual fue diseñado por los Diputados que lo presentaron.
He dicho.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- En la primera discusión, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.

--El proyecto queda para segunda discusión.


El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Terminado el Orden del Día.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
)---------------(
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor FREI:
Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, planteándole PREOCUPACIÓN DE ASOCIACIÓN GREMIAL DE PENSIONADOS MARÍTIMOS PORTUARIOS DE IQUIQUE POR NO CUMPLIMIENTO CABAL DE "PROGRAMA DE DESVINCULACIÓN LABORAL"; a la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, solicitándole pronunciamiento sobre PETICIÓN DE TRASPASO GRATUITO DE TERRENO PARA EDIFICACIÓN DE CONSULTORIO EN LANCO, y a la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, requiriéndole considerar el proyecto "HABILITACIÓN RODOVIARIO Y CENTRO DE EVENTOS FERIALES Y COSTUMBRISTAS, SECTOR CARRETERA, EN LA COMUNA DE LANCO" (los dos últimos, de la Región de Los Ríos).
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro de Hacienda, a las señoras Ministras de Planificación y de Vivienda y Urbanismo y al señor Presidente de BancoEstado, requiriéndoles PRONTA SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE DEUDORES HABITACIONALES Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS GUBERNAMENTALES.
Del señor NOVOA:
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, solicitándole investigar SITUACIÓN DE PEQUEÑOS EMPRESARIOS MICROBUSEROS FRENTE A EMPRESA DE BUSES GRAN SANTIAGO y pidiéndole pronunciarse sobre PROPOSICIÓN DE ALTERNATIVAS A LICITACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN CHILE.
Del señor ROMERO:
A las señoras Ministras de Salud y Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y al señor Secretario Ministerial de Salud de la Quinta Región, requiriéndoles información en cuanto a EFECTOS DE DERRAME DE 2-ETILHEXANOL EN VENTANAS (comuna de Quintero).
)---------------(

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- En Incidentes, el Comité Renovación Nacional no hará uso de su tiempo.
En el turno del Comité Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Ávila.


EXCESIVA REACCIÓN POLICIAL ANTE MARCHA DE
PESCADORES ARTESANALES EN SAN ANTONIO. OFICIOS

El señor ÁVILA.- Señor Presidente, después de cuatro años de crisis, originada en el agotamiento de los recursos pesqueros, y de innumerables promesas no cumplidas, los pescadores artesanales salieron el miércoles 28 de mayo a protestar pacíficamente. Convocaron a una marcha que iría desde Puertecito a la Gobernación Provincial de San Antonio.
Se reunieron a las 8 de la mañana en esa lonja pesquera para exigir el cumplimiento de la promesa de poner fin a la pesca de arrastre.
Ese compromiso fue contraído por el Subsecretario de Pesca, Jorge Chocair, en tres oportunidades, entre marzo y mayo de este año. Pero el 13 del mes pasado, fecha en que debió ponerse fin a la pesca industrial de arrastre entre la Quinta y la Séptima Regiones, nada de ello ocurrió.
Cuando caminaban rumbo a la referida Gobernación, cuatro dirigentes fueron violentamente detenidos por agentes de fuerzas especiales de Carabineros. También requisaron sus lienzos y una bandera chilena.
Los policías bloquearon todas las salidas del puerto pesquero, impidiendo la marcha de los cerca de 500 pescadores allí reunidos. Por ende, se desató una batalla campal, que duró hasta las 5 de la tarde y que mantuvo bloqueada la avenida Barros Luco hasta esa hora.
Durante dicho lapso, Carabineros trató de ingresar al recinto pesquero, cuya custodia está en manos de la Armada.
A las 13:30, cuando la policía de San Antonio hizo inmanejable la situación, arribaron refuerzos provenientes de Santiago y Valparaíso.
A las 14, Carabineros ingresó a la lonja pesquera. Lo primero que hicieron los policías fue acceder a las oficinas de los sindicatos, destruyendo puertas y arrojando gas lacrimógeno. Al interior había mujeres; pero ello poco importó.
Mientras aquello ocurría, en las afueras de esas oficinas Carabineros golpeaba brutalmente a pescadores que habían intentado frenar el accionar policial. Entre ellos estaba Cosme Caracciolo, dirigente histórico de la pesca artesanal y secretario general de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (CONAPACh). Sus hijos recibieron igual maltrato. Los también pescadores Esteban y Milko Caracciolo fueron golpeados en el suelo por cerca de 5 minutos; funcionarios policiales saltaron sobre sus cuerpos y patearon sus rostros sin piedad.
Lo más grave es que esa violencia excesiva, en el caso de Milko, continuó arriba del bus policial.
Se trataba de una marcha pacífica. Los manifestantes exigían terminar con el arte de arrastre, que está exterminando los recursos pesqueros que dan sustento a sus familias.
Ante el incumplimiento por parte de la Subsecretaría de Pesca de sus compromisos, los pescadores no vieron otra alternativa que expresarse en las calles.
La Ley de Límites Máximos de Captura por Armador, impulsada por el Presidente Ricardo Lagos y aprobada por el Congreso Nacional el año 2002, en la práctica privatizó los recursos pesqueros. Entregó la mayor parte de las cuotas a los industriales.
En el caso del jurel, a los 7 grandes armadores se les asignó el 95 por ciento del total, mientras a los miles de pescadores artesanales solo se les dio un 5 por ciento; en el de la merluza de cola, el 100 por ciento de las cuotas fueron entregadas a los industriales.
Otro efecto de la aplicación de la Ley de Pesca ha sido la casi total desaparición de recursos. Es el caso de la merluza común. De un millón y medio de toneladas existentes al momento de la promulgación del citado cuerpo legal, la biomasa de dicha especie descendió a poco más de 200 mil toneladas, en la actualidad.
Las cifras son de la propia Subsecretaría de Pesca.
En el mar solo hay merluzas juveniles. Ya no quedan reproductoras: las extinguieron.
Por tales razones, y por la violencia que los pescadores sufrieron el miércoles 28 de mayo -en pleno Mes del Mar-, ayer acudí a la Fiscalía Militar de Valparaíso para acompañar a los afectados a fin de solicitar que un fiscal investigue los hechos descritos.
La fuerza pública no puede manejarse por sí sola ni proceder conforme a su mero instinto policial; en sus actuaciones, debe ser orientada por la autoridad política. No cualquier manifestación puede ser reprimida en los términos brutales en que se llevó a cabo la de San Antonio.
Los pescadores artesanales no son delincuentes. Son personas de esfuerzo que están viviendo una situación dramática. Por lo tanto, no hacen más que defender el derecho que les corresponde a contar con un elemental medio de subsistencia para ellos y sus familias. Merecen respeto, lo que no hubo por parte de Carabineros.
Señor Presidente, quiero que esta intervención, con la cual he pretendido poner de relieve sucesos que no deberían repetirse, se remita al señor Ministro del Interior, al General Director de Carabineros y a todas las autoridades regionales competentes, porque no es admisible que los hechos relatados queden en la más completa impunidad.
La gente hoy reclama por diversos motivos. Muchas veces se estima que eso ocasiona desorden. Y el problema radica en que cuanto implica defender un derecho casi nunca es factible en la forma en que todos esperamos, esto es, dirigiéndose a la autoridad respectiva, canalizando la petición correspondiente y, por último, aguardando la reacción necesaria para restablecer las cosas a la condición deseable.
Ello no ocurre en nuestra realidad.
Entonces, la gente se ve forzada a llamar la atención. Y lo que sucedió en San Antonio fue el ejercicio del legítimo derecho a manifestarse.
Si una columna de personas marchó al lugar en que se encontraba la autoridad provincial, fue para entregar una nota que consignaba sus demandas. Y, en vez de reprimir la manifestación, la policía debió protegerla, a los efectos de que los ciudadanos que participaban en ella pudieran ejercer un derecho que les asiste como chilenos. Pero acá las cosas se interpretan de modo torcido constantemente.
La Dirección General de Carabineros debe impartir a sus subordinados instrucciones perentorias en el sentido de que han de aprender a distinguir entre el trato a un delincuente y la simple demanda del cumplimiento de sus obligaciones a la autoridad.
¡Eso era exactamente! Es decir, una promesa incumplida que demandó una acción callejera. Era la única forma de hacer notar que se estaba observando una falta de rigor en ofertas que se efectuaron con anterioridad.
Agradeceré, señor Presidente, hacer llegar mi intervención a las instancias que mencioné.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del Senador señor Ávila, conforme al Reglamento.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Honorable señor Orpis.


PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE LEY
SOBRE ENERGÍA NUCLEAR. OFICIO

El señor ORPIS.- Señor Presidente, en el día de hoy presentamos un proyecto de ley referente a la energía nuclear. Lo hicimos por cuanto el país vive una crisis energética de gran envergadura y, por lo tanto, deben tomarse decisiones de igual magnitud, las cuales -estimamos- se mantienen pendientes.
Para dar seguridad energética, la matriz debe estar diversificada, ser de reducida contaminación ambiental y tener costos razonables. Y a tales efectos, en lo permanente, no quedan más que dos alternativas: construir Aisén y, con urgencia, aprobar la opción nuclear.
La energía atómica constituye una solución importante y tiene diversos beneficios. Cuenta con altos estándares de seguridad. Registra un elevado progreso tecnológico. En la actualidad se está desarrollando la tercera generación de reactores, los que sin duda constituyen una tecnología de vanguardia que permite producir energía a menores costos en el largo plazo, garantizar el suministro y ocasionar cada vez menos daño al medioambiente (hoy es casi inocua).
En relación con los desechos nucleares, cabe señalar que sobre el 90 por ciento es reciclado.
Adicionalmente, ese tipo de energía representa grandes ventajas para el norte de Chile. Allí existen dos problemas: el energético y el de los recursos hídricos. La instalación de generadores de electricidad nuclear asociados a plantas desalinizadoras resolverá las dificultades de la energía y procurará agua a bajo costo tanto para el consumo humano como para el desarrollo de la minería.
Desde hace bastante tiempo la energía nuclear tiene fuerte presencia internacional, particularmente en Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Japón.
Hasta 2004, Francia contaba con 58 reactores nucleares, distribuidos en diecinueve ubicaciones a lo largo y ancho del país. A diciembre de ese año producía 78 por ciento del total de la energía eléctrica. De hecho, la exporta al resto de los países de Europa.
Japón también exporta a diferentes naciones del Viejo Continente. No obstante su carácter sísmico, cuenta con una cantidad importante de reactores atómicos.
Lo propio ocurre con Estados Unidos. Incluso, países latinoamericanos tomaron la opción nuclear hace bastante tiempo. Son los casos de Argentina y Brasil, que mandaron construir dos y seis centrales adicionales, respectivamente.
Señor Presidente, el proyecto de ley en comento tiene una virtud: fue abordado transversalmente por Senadores de distintas tendencias políticas. Me refiero a los Honorables señores Prokurica, Núñez, Pizarro, Longueira y Coloma.
Yo deseo simplemente señalar, de manera muy resumida, que el articulado propuesto se basa en diversas legislaciones -la francesa, la inglesa, la española- y aborda el tema nuclear en términos orgánicos.
La iniciativa consta de cuatro Títulos.
El PRIMERO se denomina "Disposiciones generales. Objeto y definiciones".
El artículo 1° señala que el uso de la energía nuclear se promueve en Chile solo con fines pacíficos. Se trata de la primera gran definición. Por lo tanto, no es para propósitos militares.
El artículo 2° contempla las finalidades del proyecto: regular la posesión, uso y producción de la energía nuclear; proteger la vida y la salud de las personas de los peligros derivados de la energía atómica; promover una amplia cooperación internacional en cuanto a los beneficios de la aplicación de la energía nuclear.
El TÍTULO SEGUNDO, "Del desarrollo, uso y producción de Energía Nuclear", consta de cuatro Capítulos.
El I se denomina "De las instalaciones nucleares e instalaciones radiactivas"; el II, "De los residuos radiactivos"; el III, "Del procedimiento de solicitud de autorización", y el IV, "De la protección de las radiaciones y de la capacitación nuclear".
En cuanto al Capítulo I, es del caso destacar la obligación de contar con autorizaciones de la Comisión Nacional de Energía Nuclear, las que pueden referirse a construcción y operación de instalaciones nucleares y/o radiactivas; comercialización, adquisición, posesión, uso, importación o exportación, transporte de sustancias radiactivas y/o materiales radiactivos; posesión, gestión y almacenamiento de desechos y/o residuos nucleares o radiactivos.
De otro lado, las autorizaciones serán otorgadas "únicamente para desarrollarse o ejecutarse en el lugar en que fueron solicitadas".
Asimismo, las licencias referidas en el proyecto no podrán cederse ni transferirse.
En lo que respecta a la construcción y operación de las instalaciones nucleares y/o radiactivas, podrán solicitar autorizaciones las personas jurídicas chilenas de giro exclusivo para tales efectos. Y ellas se otorgarán hasta por 60 años.
En lo atinente al Capítulo II, relacionado con los residuos radiactivos, se señala que la Comisión Nacional de Energía Nuclear deberá elaborar un plan donde se establezcan las políticas sobre gestión de residuos radiactivos y desmantelamiento y clausura de instalaciones atómicas, junto con un estudio acerca de las previsiones económicas y financieras para llevarlas a cabo.
El mencionado plan tendrá que elaborarse cada cuatro años. Uno de sus objetivos será el de coordinar esfuerzos para minimizar la generación de residuos y su volumen.
Se dispone que la gestión de los residuos corresponderá al titular de la autorización para tales efectos, sobre quien recaerá la responsabilidad civil y administrativa.
En el Capítulo III se preceptúa que en la solicitud de autorización se deberá consignar el tipo de instalación y todo lo concerniente al manejo de los residuos.
Se dispone que la Comisión hará un examen de admisibilidad. Si se cumple con los requisitos, la solicitud será publicada en el Diario Oficial, momento a partir del cual se abrirá un plazo para que quienes se sientan perjudicados puedan presentar sus observaciones ante la Comisión de Energía Nuclear.
Cabe consignar que se deberá informar al Ministerio de Defensa, a la CONAMA y a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (si se trata de plantas de generación eléctrica).
Las autorizaciones, de acuerdo con lo que dispone el proyecto, podrán ser caducadas anticipadamente si con posterioridad se advierte que el titular, durante el proceso de solicitud, efectuó una declaración errónea o maliciosamente falsa, la cual, de haberse entregado en forma verdadera, hubiese motivado un rechazo de la Comisión.
El Capítulo IV, "De la protección de las radiaciones y de la capacitación nuclear", señala, en síntesis, que las instalaciones deberán funcionar sin riesgo y cumplir las disposiciones que la Comisión fije en los reglamentos correspondientes respecto a la protección contra las radiaciones ionizantes.
Además, tales normas se referirán tanto a las condiciones de trabajo como al peligro que las radiaciones representan para las personas y el resto de los seres vivos.
El personal de las instalaciones nucleares deberá reunir las condiciones físicas y técnicas mínimas a fin de evitar el riesgo en la operación del sistema.
Las instalaciones nucleares que trabajen con sustancias radiactivas estarán obligadas a contar con sitios especiales para el almacenamiento, transporte y manipulación de los residuos.
El transporte de los materiales radiactivos se hará solo por personas autorizadas al efecto, de acuerdo con las condiciones que fije la Comisión.
El TÍTULO TERCERO, señor Presidente, se refiere a la Comisión Nacional de Energía Nuclear, entidad con personalidad jurídica de derecho público que se relacionará con el Gobierno a través del Ministerio de Minería.
El Consejo Directivo estará integrado por los Ministros de Energía -quien lo presidirá-, del Interior, de Defensa Nacional, de Salud y del Trabajo; por un representante del Consejo de Rectores y por otro de la industria relacionada con asuntos nucleares, estos dos últimos designados por el Presidente de la República, a proposición del Senado.
A diferencia de lo que ocurre hoy día, el Consejo tendrá un carácter resolutivo y no solo asesor.
El TÍTULO CUARTO se denomina "De las Infracciones de las normas legales y reglamentarias sobre Seguridad y Protección Nuclear, y de la Responsabilidad Civil".
En su Capítulo I, "De la competencia de la Comisión para conocer y juzgar las infracciones de las normas, medidas y condiciones de la seguridad nuclear", se establece que ese organismo podrá imponer las siguientes sanciones: multa, por un valor entre diez y diez mil unidades de fomento; suspensión de la autorización, y revocación definitiva de esta.
Las sanciones impuestas no liberan al titular de la autorización de seguir cumpliendo las obligaciones que se le hayan fijado para evitar riesgos.
En el Capítulo II, "De los delitos contra la seguridad nuclear", en general se recoge lo consagrado en la legislación vigente.
Destacan las siguientes normas: "El que atacare, dañare o saboteare instalaciones (¿) nucleares, será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado máximo o presidio perpetuo.".
"El que robare o hurtare sustancias nucleares o materiales radiactivos, o (¿) los sustrajere o se apropiare ilícitamente de ellos, será sancionado con la pena de presidio mayor en sus grados medio a máximo.".
"El que por descuido o negligencia (¿) diere ocasión a que otro cometa el robo o hurto (¿) de sustancias nucleares o materiales radiactivos, será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo.".
Finalmente, el Capítulo III, "De la responsabilidad civil derivada de daños nucleares", consagra que ella será objetiva y determinará que el titular de la autorización se hará cargo de los daños o perjuicios.
Por último, se establece que todo explotador de una instalación nuclear deberá establecer una cobertura de los riesgos mediante la contratación de una póliza de seguro o una boleta de garantía.
Con esta exposición, señor Presidente, quiero destacar que por primera vez se propone un estatuto orgánico que aborda todo lo relativo a la energía nuclear, la cual resulta absolutamente necesaria para enfrentar la crisis energética que vive el país.
Por esas razones, junto con haber resumido los alcances de la moción, solicito que se oficie, en mi nombre, a la Presidenta de la República para que la apoye, a fin de que, definitivamente, se discuta en el Parlamento un tema de tanta envergadura.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Honorable señor Orpis, conforme al Reglamento.
)----------(
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Novoa, en calidad de Presidente accidental.
)----------(

El señor NOVOA (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Me parece interesante, señor Presidente, la propuesta que ha hecho el Senador señor Orpis. Ya habrá tiempo, en otra ocasión, de debatirla. Solo deseo destacar que cualquier iniciativa en el ámbito de la energía nuclear involucra un período de veinte años. Es decir, todos los expertos internacionales señalan que, desde la decisión de contar con ella hasta la generación del primer megavatio, transcurren alrededor de dos décadas. En consecuencia, si el sector privado quiere iniciar la discusión al respecto, bienvenida sea.
Por mi parte, subrayo que debemos hacer un esfuerzo tanto para aprovechar la geotermia, dada la infinita cadena de volcanes en actividad que hay en Chile, como, en especial, para intentar un acuerdo con Bolivia a fin de contar con gas natural barato, cercano y en gran cantidad.
En la tarea política que ello demanda estamos empeñados con Gastón Cornejo, Senador de ese país, Presidente de la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS). Y esperamos que las autoridades chilenas y, particularmente, nuestra Corporación puedan comprender la finalidad de dicho intento.
Estamos por la resolución del diferendo con Bolivia. Queremos que tenga acceso al mar, sin soberanía. Porque Chile necesita gas del mismo modo como ese país requiere mar.
Creo que las necesidades de ambas naciones pueden conjugarse en un trabajo conjunto, en el cual se deje atrás una larga historia de desencuentros con nuestros hermanos bolivianos.

INCORPORACIÓN DE FUNCIONARIOS CIVILES A
PLANTA DE GENDARMERÍA. OFICIO
En otro ámbito, señor Presidente, la Asociación de Directivos, Profesional, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile (ADIPTGEN), entidad que reúne a los funcionarios civiles de dicho servicio, ha planteado de manera permanente el requerimiento de ser incorporados a la planta y elevados de grado, dado que se subcontrata un número importante de trabajadores, quienes laboran codo a codo con el personal titular, cumpliendo objetivos y metas.
Ello revela una contradicción en el Estado.
Hemos dicho que la subcontratación debe terminar. Dictamos una ley al respecto.
Y CODELCO llegó hasta la Corte Suprema. ¡Los problemas entre los Ministros del Trabajo y de Hacienda los termina resolviendo el Presidente del Máximo Tribunal¿!
Esa es la cuestión que se ha suscitado en materia de relaciones laborales.
Aspiro a que, en el caso de la ADIPTGEN, el problema se solucione con el proyecto de ley anunciado por el Ministro señor Maldonado para los primeros días de julio, que fija la planta de Gendarmería. Más de 8 mil funcionarios lo esperan con ansiedad, para que mejore su condición laboral, pero también para que terminen situaciones como la de que nueve gendarmes resguarden a más de 2 mil presos -es el caso de la cárcel El Manzano, en Concepción- o de que existan jornadas de 16 días, sin salidas.
La ADIPTGEN viene marchando desde Concepción a Santiago para pedir la incorporación en esa iniciativa. Confío en que así se hará y en que tal esfuerzo no será necesario.
Asimismo, habría deseado que la huelga de hambre que realizaron algunos funcionarios en la casa de Clotario Blest -o sea, la sede de la ANEF- no se hubiese llevado a cabo. Sin embargo, ello se hizo.
Quienes pertenecen a la ADIPTGEN son colaboradores inmediatos en un ámbito muy importante: el de la rehabilitación y la reinserción. Sin esos procesos y con 80 por ciento de reincidencia, la delincuencia no disminuirá. En efecto, de cada diez reos por delitos comunes, capturados, procesados y condenados, ocho vuelven a la cárcel.
Tal situación constituye el fracaso más rotundo de la política penitenciaria e implica, por cierto, un altísimo costo para el Estado. Un preso cuesta 526 mil pesos mensuales en la cárcel concesionada de Santiago, en la de Rancagua, o en las que están por construirse en Antofagasta, después que se logre superar el más grave bochorno que ha experimentado el Ministerio de Obras Públicas en esta materia.
Señor Presidente, solicito que se oficie a Gendarmería de Chile respecto de la necesidad planteada por sus funcionarios civiles -y también por aquellos que visten uniforme- en lo que dice relación a la ley de plantas. Una normativa de esta naturaleza debiera incorporarlos de manera decidida, para garantizar un trabajo digno, seguro, en un ámbito que resulta esencial para la convivencia.
Ese servicio no es un patio trasero, aunque se le trata como si lo fuera. Cumple una tarea fundamental para algo de primera importancia en la sociedad: la seguridad pública.
Pido que se oficie para solicitar una descripción de las actividades de los funcionarios civiles a que he hecho referencia. En particular, exigimos que sean incorporados a la ley de plantas de Gendarmería, próxima a enviarse a tramitación.


DEFICIENCIAS DE RÉGIMEN LEGAL DE PESCA. OFICIOS
Señor Presidente, comparto plenamente lo planteado por el Senador señor Ávila respecto de la situación de los pescadores artesanales.
La llamada "Ley Corta" comenzó a regir en 2001 en el sector y en ella se estableció un límite máximo de captura por armador. Fue anunciada como una normativa que permitiría conservar y sustentar los recursos en ese ámbito, porque se asignaron cuotas individuales al sector industrial, y, además, se estableció cómo se dividirían o repartirían en los sectores industrial y artesanal las cuotas de captura anuales de las especies declaradas en plena explotación.
Asimismo, se anunciaba el término de la "carrera olímpica", lo que implicaba que la gente no compitiera, pues de lo contrario se acababa rápidamente el pescado.
Durante su tratamiento legislativo, la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (CONAPACh), organizaciones no gubernamentales y quien habla no estuvimos de acuerdo con la aprobación de la iniciativa. Voté en contra de ella en la Cámara de Diputados, porque generaría la caída de los recursos y las prácticas ilegales que conlleva la aplicación de cuotas individuales, denominadas "límites máximos de captura por armador".
Las organizaciones expusieron que, como consecuencia de la aplicación de la Ley Corta y del límite máximo de captura, se iban a falsear los datos; se iba a utilizar el descarte de especies comerciales y de otras; se iba a establecer una confusión en la alta selección de calibres, y, por efecto de la presión continua, se aumentarían las cuotas, a todo lo cual se agregaría el agotamiento de las reservas por la alta explotación.
El sector artesanal, representado por Cosme Caracciolo, entonces presidente de la CONAPACh, denunció una y cien veces que ese cuerpo legal no debía fijar la división de cuotas de pesca entre industriales y artesanales, debido a que el procedimiento determinaba altos porcentajes al sector industrial, en claro desmedro de los artesanales.
El criterio adoptado en la Ley Corta, vigente hasta 2012, fue pura y nítidamente economicista. A casi ocho años de su aplicación, el tiempo les ha dado la razón a los grupos sociales que la rechazaron, a los pescadores artesanales y a los parlamentarios que en su oportunidad votamos en contra y fuimos severamente cuestionados .
¿Cuál es el diagnóstico actual producto de la aplicación de esa normativa y del establecimiento del límite máximo de captura por armador?
La situación de los recursos declarados en plena explotación, sobre todo de las especies cuyas cuotas globales de captura se hallan asignadas, en su mayoría o en su totalidad, al sector industrial, es de un empeoramiento de las biomasas poblacionales y las condiciones biológicas, con relación al estado de dichos recursos al inicio de la Ley Corta.
¡Esta es la paradoja! Hicimos una ley para proteger a los peces, pero ha venido ocurriendo al revés. Ya he dicho que, como no votan, tienen pocos defensores. Sin embargo, los pescadores artesanales presentan una vida laboral y debieran ser defendidos por el Estado.
La variación de los recursos entre 2004 y 2007, con Ley Corta y límite máximo de captura, es la siguiente, lo que debiera llamar a horror, a una profunda reflexión y acción:
Jurel, en 2004: sobreexplotación; situación 2007: sobrepesca. Merluza común, en 2004: nivel de colapso; situación 2007: colapso (desapareció). Merluza de cola, en 2004: con signos de sobrepesca; situación 2007: sobrepesca. Merluza de tres aletas, en 2004: alejada de sobreexplotación; situación 2007: sobrepesca. Congrio dorado, mantiene en 2007 su condición de sobrepesca. Merluza del sur, en 2004: sobrepesca, con incierto tránsito a recuperación; situación 2007: sobrepesca. Besugo, en 2004: con signos de sobrepesca; situación 2007: sobrepesca. Alfonsino, raya volantín, bacalao de profundidad, langostino amarillo, langostino colorado y camarón nailon, todos presentan en 2007 situación de sobrepesca. Orange Roughy, que es un pescado exquisito, en 2004: sobrepesca; situación en 2007: colapso.
Con respecto a la división de cuota por ley, se obtienen los siguientes datos:
Jurel: 5 por ciento de cuota artesanal y 95 por ciento industrial. Merluza común (la colapsada): 35 por ciento artesanal y 65 por ciento industrial. Y así, se manifiesta una clara preferencia por el sector industrial.
La aplicación del límite máximo de captura incentivó y acrecentó la práctica del descarte de las especies respectivas, sumado al falseamiento de la información de captura, con el objeto de declarar como tal solo el desembarque que ingresa a producción (en planta o a bordo), llegándose incluso solo a seleccionar y descargar únicamente los calibres que generan una alta rentabilidad en la operación de pesca, con lo que se estableció una situación perversa.
De esta manera, el armador emplea el desembarque o materia prima para producción como captura para el consumo de la cuota asignada, dejando fuera el descarte. Es decir, cuando la talla de la especie es inferior a la mínima, se efectúa una eliminación en alta mar o se falsean los datos para realizar una exclusión al momento de la descarga.
El descarte es una práctica reconocida por todos los sectores, incluso por la autoridad. Y aquí no estoy haciendo ninguna denuncia que hayan desconocido el Subsecretario de Pesca, señor Jorge Chocair, o Felipe Sandoval, uno de sus antecesores, pues todos saben que los informes mienten.
Con la aplicación de la Ley Corta se pensaba eliminar ese sistema, pero, en los hechos, se ha tendido un velo. No se trata de que hoy día no exista, sino de que es más difícil conocerlo. Se evita que fluya información, con la anuencia de la misma autoridad normativa -lo digo responsablemente-, porque reconocer dicha práctica, junto con informarse las grandes cantidades que involucra, evidenciaría que la aplicación de ese cuerpo legal y el límite máximo de captura no conservan ni sustentan los recursos.
Además, con ello se contradice la posición que la autoridad normativa mantuvo durante la tramitación del proyecto de ley respectivo, en el sentido de que el límite máximo de captura no generaría descarte, desestimando lo planteado por las organizaciones de pesca artesanales.
Es decir, nos mintieron.
¡Si siempre lo supimos! ¡Nunca creímos lo que se señalaba! ¡Les dijimos lo que iba a suceder!
Como se señaló, prácticamente no se conocen datos oficiales de descarte. La información está cerrada y, cualquiera que sea, se halla estrictamente controlada por la autoridad normativa.
Sin embargo, según antecedentes trascendidos de estudios del IFOP, se ha llegado a reportar que el descarte en las pesquerías de red de arrastre con límite máximo va de 30 a 100 por ciento, es decir, puede llegar a la totalidad de la captura.
Señor Presidente, por lo anteriormente expuesto, solicito enviar oficios a SERNAPESCA y al IFOP. No nos pueden seguir mintiendo.
Los funcionarios del IFOP tienen miedo. Los que son profesionales estudiaron años en la Universidad y registran períodos de permanencia en el extranjero, y no puede ser que sus informes no sean dados a conocer o se falseen.
Precisamente, tal como lo señalé en su oportunidad, el Senado recibió un informe falseado que elaboró Felipe Sandoval, sin pie de página y que recogía solo aquellos aspectos que demostraban las bondades de la ley. Por tal motivo, el entonces Senador señor Ruiz renunció a la Presidencia de la Comisión de Pesca -yo era Diputado- cuando descubrió que lo habían engañado. En esa ocasión, el Subsecretario de Pesca adjuntó un informe falso a esta Corporación, se debatió el proyecto de ley respectivo y, cuando lo descubrieron, José Ruiz de Giorgio -creo que fue una mala decisión- tomó la determinación mencionada, en circunstancias de que debería haber pedido la destitución del funcionario.
Con estos antecedentes, más lo observado por los propios actores -o sea, los pescadores-, prácticamente constituye una verdad a voces en todas partes y al interior de SERNAPESCA y del IFOP que las capturas declaradas por el sector industrial durante la vigencia de la Ley Corta son razonablemente superiores en más de 50 por ciento de lo declarado, por efecto del descarte.
Tal práctica es homologable a la proporción de personas que no registran su presencia en un bus del Transantiago. ¿Cuántos pasajeros lleva este sistema de transporte? Nunca lo sabremos, pues de 40 a 50 por ciento de ellos elude el pago. Por tanto, se burla el principio de autoridad.
Hoy nuevamente estamos ante la situación de que la Ley Corta no cumple su principal objetivo: conservar y sustentar los recursos con límite máximo de captura por armador.
A lo anterior se suma el falseamiento de los datos de desembarque que declara la industria como captura. Existen evidencias, manejadas por la propia Subsecretaría de Pesca, demostrativas de que durante la vigencia de la Ley Corta se ha declarado una especie cuando en realidad se trata de otra. Se ha cambiado el nombre. Existen innumerables ejemplos. Pero nada se hace contra esta situación, aun siendo conocida por las autoridades normativas y fiscalizadoras.
Con respecto a los inspectores a bordo -y lo he dicho varias veces-, son jóvenes que necesitan pega (ganan 300 "luquitas", aproximadamente), pero que no saben nada de pesca. Los llevan para controlar pesaje, se marean, se duermen y no cumplen ninguna función.
Nuevamente, en cuanto a la información que se entrega, cabe concluir que se nos está mintiendo.
El sistema de control de desembarque descrito en la Ley Corta no se cumple debido a que la principal falla que contiene dicha normativa es que traspasa un rol del Estado -que debe cumplir un organismo fiscalizador, el SERNAPESCA- a entes privados. Y se da la curiosa y distorsionada situación de que un organismo particular -autorizado por la Subsecretaría de Pesca y el SERNAPESCA- presta el servicio de dar fe de que lo mencionado como especie y cantidad declarada como desembarque por el barco industrial corresponde a lo que el armador informa, y este (dueño del barco y del desembarque) luego cancela dicho servicio al propio fiscalizador. De esa forma se obtiene la certificación del desembarque, que es un documento que reviste carácter oficial.
Tal documento es remitido al SERNAPESCA, que lo emplea para llevar las estadísticas de desembarque -es decir, estadísticas mentirosas-, como también, en los casos en que corresponda y según la especie, para imputar los desembarques a las cuotas asignadas como límite máximo de captura.
En definitiva, se paga al fiscalizador, lo cual, por cierto, representa un síntoma de corrupción inaceptable. Pero así se procede.
Yo estuve en desacuerdo con la ley, y lo seguiré estando.
Existen otras innumerables prácticas de falseo de datos en cuanto a cuotas de captura y operaciones de naves con límite máximo de captura. Estas prácticas de falseo y de descarte en las especies sujetas a límite máximo de captura inciden negativamente en el deterioro de la biomasa de esos recursos.
La presión continúa hacia el aumento sobre especies que hoy podríamos salvar si actuáramos a tiempo.
Para ilustrar lo mencionado, un botón.
En 2001, cuando entró en vigencia la Ley Corta, la flota de cerco capturaba grandes cantidades de juveniles de merluza de cola frente a las costas de la Octava Región. Ese año se fijó una cuota de captura de 176 mil toneladas, repartida en 146 mil toneladas entre las Regiones Quinta y Décima, con el objeto de favorecer a la flota de cerco, y en 30 mil toneladas entre las Regiones Undécima y Duodécima.
Los mismos estudios técnicos emanados del IFOP y de la SUBPESCA afirman que la acción de grandes capturas de cerco ha sido una de las principales causas del deterioro de la situación del recurso. Producto de ello, en los últimos cinco años la flota de cerco no ha logrado efectuar las grandes capturas que registraba en sus inicios.
Sin embargo, la Subsecretaría, por efectos de la Ley Corta, otorga cuotas de captura que duplican las recomendadas por los científicos, lo cual genera un grave problema.
Si diera lectura a las indicaciones formuladas por los científicos al Consejo Nacional de Pesca y a lo que este Consejo finalmente resuelve, quedaría en evidencia el drama que se vive. Por ejemplo, cuando los expertos proponen fijar una cuota de 75 mil toneladas -porque eso es lo que se podría pescar sin dañar la biomasa-, el Consejo determina 180 mil toneladas. Así se procede y los científicos lo saben. Por eso, preguntan para qué se les paga, pues, aunque señalen que se puede pescar hasta 75 mil toneladas, se fijan 180 mil y se termina pescando 154 mil.
Lo que está ocurriendo con la pesca, señor Presidente, es un escándalo, es un agravio, es un ilícito que no podemos soportar.
En consecuencia, pido al Servicio Nacional de Pesca y al señor Ministro de Economía que recojan estos planteamientos. Se trata de una denuncia formal. La hace un Senador de la República que lleva más de 20 años conectado a la actividad pesquera.
La situación requiere abordar una ley de pesca artesanal; anticipar la discusión sobre la Ley de Pesca, cuya vigencia termina el año 2012; redefinir las técnicas de pesca, la relación entre industriales y artesanales, y la fiscalización; crear el Ministerio del Mar o el Ministerio de Pesca y Acuicultura, independiente del Ministerio de Economía.
La verdad es que resulta urgente tomar medidas sobre el particular. El actual deterioro de los recursos pesqueros está llevando al colapso a la pesca artesanal.
En dicha actividad no existe seguro de vida. Por eso, solicito al SERNAPESCA y al Subsecretario de Pesca activar el proyecto de ley respectivo, porque los pescadores artesanales siguen muriendo sin posibilidad de dejar algo a sus familias. No tienen una regulación, ni como trabajadores independientes ni como trabajadores contratados. Por lo tanto, al tener un contrato precario, si mueren en alta mar, sus parientes quedan en el más completo abandono.
Pido y exijo el seguro de vida para la pesca artesanal, comprometido por el Subsecretario y por este Gobierno, mi Gobierno. Creo que debemos comenzar a discutirlo ahora.
Por último, señor Presidente, deseo una respuesta clara y precisa sobre lo que he planteado. He formulado denuncias por todos conocidas en la Región del Biobío, y he señalado que se está violando abiertamente la ley. Quiero una respuesta del Subsecretario. Me he reunido con él en innumerables oportunidades. Le he dedicado dos, tres horas. He planteado fórmulas. Ya he esperado suficiente. ¡He perdido la paciencia! ¡Ya me aburrí, señor Presidente!
Es evidente que no existe voluntad alguna para iniciar un proceso de cambio. Tal parece que únicamente se desea terminar lo que queda de Gobierno -un año y medio- e irse para la casa tranquilo, sin abordar el problema. O sea, administrar, regalar cuotas de pesca; cada vez que hay un problema, dar cuotas a los pescadores. Pero ese círculo perverso va a terminar destruyendo la pesca artesanal.
En el caso de la merluza, se entregaron 5 millones de dólares a los pescadores de mi Región. ¡Bien por ellos! ¡Dos mil setecientos millones de pesos! Sin embargo, en 3 meses esos recursos se agotaron y se acabó el trabajo.
¡Esa no es la fórmula!
Aquí se requiere preservar los recursos pesqueros; se requiere un Ministerio de Pesca; se requiere tomar el toro por las astas, abordar la situación de la pesca y no seguir eludiendo la responsabilidad que hoy día el Estado y el Ministerio de Economía tienen sobre el deterioro de la actividad. Aquí la culpa no es del chancho, sino de quien le da el afrecho.
En definitiva, es el Estado el que debe regular.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:5.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción