REPÚBLICA DE CHILE

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

PUBLICACIÓN OFICIAL

LEGISLATURA 356ª

Sesión 18ª, en miércoles 7 de mayo de 2008

Ordinaria

(De 16:23 a 19:12)

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ADOLFO ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE,

Y BALDO PROKURICA PROKURICA, VICEPRESIDENTE

SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,

Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE

____________________

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

I. ASISTENCIA

Asistieron los señores:

--Allamand Zavala, Andrés

--Arancibia Reyes, Jorge

--Ávila Contreras, Nelson

--Bianchi Chelech, Carlos

--Cantero Ojeda, Carlos

--Chadwick Piñera, Andrés

--Coloma Correa, Juan Antonio

--Espina Otero, Alberto

--Flores Labra, Fernando

--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo

--García Ruminot, José

--Gazmuri Mujica, Jaime

--Gómez Urrutia, José Antonio

--Larraín Fernández, Hernán

--Letelier Morel, Juan Pablo

--Longueira Montes, Pablo

--Muñoz Aburto, Pedro

--Muñoz Barra, Roberto

--Naranjo Ortiz, Jaime

--Navarro Brain, Alejandro

--Novoa Vásquez, Jovino

--Núñez Muñoz, Ricardo

--Ominami Pascual, Carlos

--Orpis Bouchón, Jaime

--Pérez Varela, Víctor

--Pizarro Soto, Jorge

--Prokurica Prokurica, Baldo

--Romero Pizarro, Sergio

--Ruiz-Esquide Jara, Mariano

--Sabag Castillo, Hosaín

--Vásquez Úbeda, Guillermo

--Zaldívar Larraín, Adolfo

Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor José Antonio Viera-Gallo Quesney; de Economía, Fomento y Reconstrucción, señor Hugo Lavados Montes, y la Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer, señora Laura Albornoz Pollmann.

Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.

II. APERTURA DE LA SESIÓN

--Se abrió la sesión a las 16:23, en presencia de 17 señores Senadores.

El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.

III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesión 15ª, ordinaria, en 29 de abril del año en curso, que no ha sido observada.

IV. CUENTA

El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:

Oficios

Tres de la Honorable Cámara de Diputados:

Con el primero informa que ha tomado conocimiento del rechazo del Senado al proyecto de ley que regula la tenencia y extravío de equipos y tarjetas de telefonía móvil, con el objeto de prevenir su uso en hechos delictivos (boletín Nº 4.523-15), y remite la nómina de los Honorables Diputados que integrarán la Comisión Mixta.

--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.

Con el segundo comunica que ha aprobado el proyecto de ley que regula el contrato de prestación de servicios educacionales y establece normas sobre derechos de los alumnos, padres y apoderados en el proceso educacional (boletín N° 2.862-04).

--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Con el tercero informa que ha prestado su aprobación, con la enmienda que indica, al proyecto de ley sobre salida de menores desde Chile (boletín N° 4.594-07).

--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, con el que da respuesta a un oficio cursado en nombre del Honorable señor Letelier, relativo al número de empresas agrícolas en que existen sindicatos y de lugares en que se aplica el mecanismo de la negociación colectiva.

--Queda a disposición de los señores Senadores.

Informes

Dos de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaídos en los siguientes asuntos:

1.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del Convenio de Seguridad Social entre las Repúblicas de Chile y Federativa de Brasil, suscrito en Santiago el 26 de abril de 2007 (boletín N° 5.276-10).

2.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del Convenio de Seguridad Social entre las Repúblicas de Chile y de Paraguay, suscrito en Santiago el 7 de junio de 2007 (boletín N° 5.428-10).

--Quedan para Tabla.

De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto de acuerdo de los Honorables señores Naranjo y Muñoz Aburto mediante el cual solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que instruya a los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones, de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo a fin de que adopten las medidas necesarias con el objeto de que se construyan ciclovías en las calles o avenidas segregadas para la locomoción colectiva (boletín N° S 1.039-12).

--Queda para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.

Mociones

Del Honorable señor Núñez, con la que inicia un proyecto de ley que establece normas sobre permiso para las trabajadoras durante el embarazo (boletín N° 5.856-13).

Del Honorable señor Bianchi, con la que inicia un proyecto de ley que amplía el plazo relativo al derecho de la madre a ausentarse del trabajo en caso de que la enfermedad sufrida por el hijo sea cáncer (boletín N° 5.857-13).

--Pasan a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Proyecto de acuerdo

De los Honorables señores Navarro, Muñoz Aburto, Ominami y Vásquez, con el que solicitan al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción que estudie y promueva en los distintos ministerios y servicios públicos mecanismos que garanticen a los ciudadanos el acceso y uso igualitario de sus plataformas tecnológicas (boletín N° S 1.069-12).

--Pasa a la Comisión de Economía.

Comunicaciones

De los Comités del Senado, en la que dan a conocer que han acordado por unanimidad que la Comisión Especial encargada de analizar el informe evacuado por el Instituto Chileno de Campos de Hielo estará integrada por los Honorables señores Arancibia, Cantero, Horvath, Letelier, Muñoz Barra, Pizarro y Vásquez.

--Se toma conocimiento.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, mediante la cual solicita reabrir el plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que mejora las condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones (boletín Nº 3.975-13) (con urgencia calificada de "simple"), hasta las 17 del lunes 12 del mes en curso, en la Secretaría de la Comisión.

--Se accede a lo solicitado.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminada la Cuenta.

V. ORDEN DEL DÍA

Boletín N° 3588-08

CREACIÓN DE FONDO DE INNOVACIÓN PARA COMPETITIVIDAD

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Fondo de Innovación para la Competitividad, con informes de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y de las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de Minería y Energía y Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, unidas, y con urgencia calificada de "simple".

--Los antecedentes sobre el proyecto (3588-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 16ª, en 3 de agosto de 2004.

Informes de Comisión:

Educación, sesión 46ª, en 8 de noviembre de 2005.

Educación, Minería y Energía y Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación (unidas), sesión 17ª, en 6 de mayo de 2008.

Discusión:

Sesiones 47ª, en 9 de noviembre de 2005 (queda para segunda discusión); 48ª y 49ª, en 13 y 14 de diciembre de 2005 (queda pendiente su discusión general); 50ª, en 14 de diciembre de 2005 (pasa a Comisión Especial).

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN (Secretario General).- El objetivo principal del proyecto es la estructuración de un sistema nacional de innovación para la competitividad, que considera el establecimiento de una estrategia nacional de innovación y la creación del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad y del Fondo de Innovación para la Competitividad, cuyo propósito es financiar iniciativas de innovación destinadas a incrementar la capacidad de competir de nuestro país y de sus regiones.

Cabe recordar que la normativa en estudio cuenta ya con un informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, habiendo acordado la Sala, en sesión de 14 de diciembre de 2005, remitirla para un nuevo informe a una Comisión Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y, posteriormente, en sesión de 16 de mayo del año pasado -es decir, hace prácticamente un año-, se resolvió que fueran las Comisiones unidas de Educación, de Minería y Energía, y Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación las que la analizaran.

Las mencionadas Comisiones unidas discutieron el proyecto solamente en general y le dieron su aprobación a la idea de legislar por 8 votos a favor, de los Honorables señores Cantero (con dos votos), Flores, Longueira, Navarro, Núñez (con dos votos) y Vásquez; uno en contra, del Senador señor Orpis, y la abstención del Honorable señor Prokurica.

El texto que proponen aprobar en general es el mismo que sancionó la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el informe de 2005 y que, precisamente, corresponde a una indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo.

Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado con el proyecto despachado por la Cámara de Diputados y el texto aprobado por las Comisiones unidas.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Continúa la discusión general.

Ofrezco la palabra.

El señor VÁSQUEZ.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Sí, señor Senador.

El señor VÁSQUEZ.- Informaré la iniciativa en mi calidad de Presidente de las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de Minería y Energía y Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, unidas.

El proyecto en análisis, de larga data, fue enviado en el año 2006 a la Comisión Especial. Durante 2007, los debates fueron arduos, amplios, difíciles. Y en la última sesión de las Comisiones unidas se pidió votación, siendo aprobado en la forma expresada por el señor Secretario.

Hago presente que han mediado diversas razones para la demora en el despacho del asunto.

Por un lado, los Senadores representantes fundamentalmente de Regiones mineras reclamaban -y continúan haciéndolo- una mayor participación de esas zonas en el Fondo de Innovación para la Competitividad, sobre la base de que este se crea a partir del impuesto específico a la gran minería.

El Ejecutivo había propuesto cumplir un protocolo firmado con la Cámara de Diputados en el sentido de que 25 por ciento del Fondo iría, en total, a Regiones. De este porcentaje, 60 por ciento se destinaría a las mineras (esto es, 15 por ciento del total) y 40 por ciento a las no mineras (es decir, 10 por ciento del total). Se entienden como Regiones mineras, incluidas las nuevas, la Decimoquinta y de la Primera a la Sexta, mediante un cálculo sobre la participación en la actividad minera nacional; y como Regiones no mineras, la Metropolitana y las restantes, hasta la Duodécima, de Magallanes y de la Antártica Chilena.

La segunda objeción al proyecto decía relación a que la institucionalidad contemplada era extraordinariamente débil.

La política nacional de innovación para la competitividad le corresponde, como es obvio, al Ejecutivo. Se trata de fondos públicos. Y queda a cargo de un Comité de Ministros que no estaba bien definido, con una Secretaría Ejecutiva sumamente feble que se radicaba en una división del Ministerio de Economía.

El Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad es el que debe proponer cada doce años la estrategia nacional correspondiente, revisarla cada cuatro años y dar cuenta anual al Ejecutivo. La proposición incluso apuntaba a que ello se hiciera también al Parlamento. Pero se hallaba formado por personas naturales que debían tener ciertas características, sin representación de ninguna entidad, lo cual generó graves repercusiones, fundamentalmente en los centros universitarios y en algunos organismos con importante injerencia en materia de innovación e investigación.

Por último, la institucionalidad, tal como se ha señalado, no daba garantía alguna acerca de la forma en que iba a materializarse la participación.

Después de un larguísimo debate en cuanto al contenido de la indicación sustitutiva, el Ejecutivo, por intermedio del actual titular de Economía, señor Hugo Lavados, realizó una propuesta concreta que modifica íntegramente los criterios del proyecto que se aprobará en general. Y las Comisiones unidas lo acogieron con la convicción de que el Gobierno dará cumplimiento al contenido de las dos hojas entregadas por el señor Ministro, que solicité que se repartieran a cada uno de los señores Senadores.

El planteamiento se refiere a contenidos generales del proyecto que han suscitado mayor debate y controversia, los cuales dicen relación al incremento anual del Fondo de Innovación, a los usos a que se destinarán sus recursos y al porcentaje que será de decisión regional, contemplándose, finalmente, una breve reseña sobre la institucionalidad.

Con respecto al uso del Fondo, el señor Ministro señaló que fundamentalmente se propone su utilización exclusiva en el cofinanciamiento de proyectos de innovación o que contribuyan a facilitarla, lo que puede incluir actividades de investigación y desarrollo, transferencia tecnológica e innovación propiamente tal, en los términos en que habitualmente se entiende, como introducción en el mercado de nuevos productos o servicios, modelos de negocios o sistemas de comercialización.

Asimismo, se considera la generación de bienes públicos necesarios o habilitantes para la innovación, al igual que proyectos para desarrollar capacidades tales como formación de capital humano de alto nivel, investigadores, expertos en gestión de la innovación, y centros de investigación y desarrollo.

El proyecto a que se comprometió el señor Ministro contemplará que el Fondo de Innovación experimente un incremento anual y sostenido de 15 por ciento, con lo cual se calcula que en el año 2025 se duplicará el porcentaje del producto interno bruto destinado a innovación.

Del total, se aumenta de 25 a 30 por ciento lo correspondiente a decisión regional, manteniéndose la participación de las Regiones en la forma señalada: 60 por ciento para las mineras, 40 por ciento para las no mineras.

Sin embargo, dichos recursos serán reasignados a nivel nacional o regional en caso de que no sean utilizados o comprometidos dentro del primer semestre de cada año, porque, de lo contrario, existirían fondos inutilizados y paralizados en una Región que no sería capaz de ocuparlos.

El porcentaje, conforme a lo manifestado por el titular de Economía, se podrá aumentar gradualmente en la medida en que se demuestre con claridad la capacidad de gasto efectivo en los aspectos específicos de cada Región.

En materia institucional, recogiéndose los aportes planteados en la discusión parlamentaria, se incluirá un cambio de denominación del Ministerio de Economía por Economía e Innovación, a objeto de esclarecer la responsabilidad gubernamental en la promoción de esta última.

El proyecto consagrará el Comité de Ministros para la Innovación como una instancia colegiada al más alto nivel, presidido por el titular de Economía e Innovación, quien será el encargado de formular la política y coordinar la implementación, así como de establecer las prioridades de la inversión pública en la materia, particularmente la realizada a través del Fondo. Se añade que el Subsecretario de Economía e Innovación será el Secretario Ejecutivo del Comité.

Se ampliará la composición del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad y se incorporará a representantes de las universidades, centros de investigación y gremios. Se precisará su rol como entidad asesora para la formulación de la estrategia nacional de innovación, que es a largo plazo, y para el seguimiento de su ejecución.

Asimismo, se planteó el perfeccionamiento de CONICYT y CORFO, de manera de mejorar la forma como estas agencias ejecutoras se sujetarán a las políticas y prioridades determinadas por el Consejo de Innovación y, a nivel de programas específicos, a lo definido por el Comité de Ministros.

Por último, se señaló que efectivamente deberá considerarse dentro de los órganos representados en la política de innovación tanto a los institutos de investigación o innovación en que tenga participación el Estado como a las Fuerzas Armadas, que también realizan importantes actividades en estas materias.

Por eso mismo, y para conocimiento de los señores Senadores, pedí que al informe de la Comisión se adjuntara el documento que el señor Ministro de Economía entregó allí en la última reunión, con las ideas matrices del compromiso asumido por el Ejecutivo en orden a enviar una indicación sustitutiva del actual proyecto.

En dicho documento se contemplan los aspectos que he resumido en esta ocasión.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, durante las últimas décadas Chile ha sido un ejemplo mundial de aprovechamiento de sus recursos en un marco de reglas muy claras, en el que gran parte de la población ha sido capaz de mejorar su calidad de vida, salir de la pobreza y generar riquezas insospechadas.

Ese esfuerzo se realizó y se realiza hasta hoy gracias a la explotación eficiente de los recursos naturales. Sin embargo -hay que reconocerlo-, este modelo se enfrenta a una serie de desafíos internos y externos que ponen a prueba nuestro crecimiento y desarrollo.

De igual modo, si bien nuestro país es el más competitivo de América Latina, últimamente ha visto disminuidas algunas de sus ventajas comparativas; otras naciones eficientes han salido a competir a los mismos mercados, y el desarrollo de productos de exportación con más valor agregado no se ha llevado a cabo con la velocidad necesaria para mantener la posición de líderes en áreas como la alimentación.

Experiencias de diversos países muestran que, al llegarse a un punto de desarrollo como el chileno, las bases de la eficiencia y la competitividad deben buscarse en procesos de innovación y de aumento del valor agregado de productos y servicios. La innovación, señores Senadores, es uno de los elementos claves que explican la competitividad.

Hoy, como nunca antes, debemos estudiar e implementar consensuadamente una nueva apuesta, más sofisticada, más justa y mejor preparada que la anterior, si no queremos ser arrastrados por la corriente.

Para que quede más claro, lo que trato de decir es que si hasta ahora hemos tenido éxito ha sido, en gran medida, porque se ha trabajado muy duro, no porque hayamos pensado mucho.

¿Por qué digo esto?

Hasta ahora Chile destina 0,68 por ciento de su PIB a la investigación y el desarrollo científico, el cual proviene mayoritariamente del sector público. Esa cifra no solo se encuentra muy por debajo del promedio de los miembros de la OCDE, que llega a 2,2 por ciento, sino que también es menor que la de otros países en vías de desarrollo. Y está más que demostrado que la inversión es la base del crecimiento de las naciones desarrolladas.

Por eso, si queremos pasar a la etapa siguiente, estar entre los pueblos que cuentan con recursos para lograr justicia social y crecimiento económico, debemos pensar en cómo optimizar lo que hemos hecho bien hasta la fecha. O sea, innovar para ser mejores, más competitivos que el resto del mundo.

Cuando se habla de innovación se tiende a pensar en nuevos productos, en apuestas científicas ultramodernas o en el gasto de ingentes cantidades de dinero. Pero la innovación no es solamente parte de un proceso productivo o un producto de alta tecnología; ni siquiera el resultado de tener mucho dinero. La innovación es un proceso de superación constante, en el que se busca llegar al óptimo imaginable a través de la gestión de los recursos existentes.

Y la innovación, como objetivo de un país, contempla el fijarse una meta óptima y gestionar procesos de mejora de sus recursos -económicos, materiales, profesionales, sociales e intelectuales- en pos de esa meta.

Sin embargo, para ello es necesario sentarse a pensar y preguntarse: ¿Cómo saber qué es lo mejorable? ¿Con qué recursos contamos? ¿Qué procesos se pueden perfeccionar?

Porque, antes de gestionar el cambio, se requiere conocer los recursos y los elementos que será factible cambiar. Y si la apuesta de innovación es a nivel país, será menester estudiar todos los recursos posibles, para luego establecer prioridades y estrategias de mejoras.

Lo que he dicho hasta ahora es, en definitiva, coincidente con el trabajo asesor que ha realizado el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, así como con gran número de otras iniciativas que han puesto en la cabeza de muchos la idea de que nuestro país puede ser mejor.

El apoyo prioritario para una decena de clusters nacionales, el desarrollo de la ciencia en Regiones, la promoción de enlaces entre empresas y centros de investigación son ejemplos de cómo se está llevando a cabo el plan de innovación nacional.

Y, obviamente, la asignación de recursos a través de mecanismos como el Fondo de Innovación para la Competitividad es vital para el éxito de esas empresas.

No obstante, la realidad muestra que los recursos son escasos y que para generar más riqueza se debe priorizar y optimizar lo invertido. Y no estamos solos en ese afán: Uruguay, Costa Rica, Sudáfrica, Estonia y otras naciones hermanas similares a Chile están pensando lo mismo y preparándose para el futuro.

Y si no bastara con la competencia internacional, nunca se ha de olvidar que innovar en los procesos sociales, económicos, productivos de un país significa mejorar el bienestar de sus habitantes, lo que implica una responsabilidad en el sentido de apresurar tales procesos sin dejar a nadie fuera.

Entrando de lleno en la actual discusión, es imposible, señores Senadores, pensar que la innovación se halla alejada de la ciencia y de la investigación básica. El mundo moderno y todos los países han entregado a los científicos la responsabilidad de investigar sistemáticamente. Son ellos quienes se dedican a desarrollar las bases de toda nueva patente o invención y de gran parte de los procesos que se convertirán en mejoras productivas.

Las ventajas competitivas derivan hoy del conocimiento científico convertido en tecnologías. Por ello, las universidades y los centros de investigación públicos y privados, es decir, los científicos, no pueden quedar fuera de la discusión sobre innovación.

Aunque las Regiones mineras sean, con justa razón, las más favorecidas, todas -sí: todas- deben tender a optimizar sus recursos para apoyar los procesos productivos a través de la investigación científica y el desarrollo.

La investigación científica resulta indispensable no solo para el descubrimiento (en conjunto con las empresas locales) de nuevos y mejores productos, sino también para apoyar la calidad de vida de las personas a través de investigaciones, por ejemplo, sobre la contaminación del agua y del aire, así como mediante adelantos en la salud pública.

No podemos olvidar, estimados colegas, que las empresas innovadoras son las que logran transformar los avances científicos en nuevos productos y procesos por medio de la vinculación efectiva entre la ciencia, la tecnología, la producción, las necesidades sociales y los requerimientos de los mercados.

Aún no somos Irlanda o Nueva Zelandia. Todavía no destinamos ni el uno por ciento del PIB a pensar científicamente nuestro desarrollo, y menos el 2 o más por ciento que le dedican esos países. Pero sí nos encontramos en el buen camino: al igual que ellos, podemos ser y estamos siendo audaces en la inversión en investigación científica y desarrollo con la Estrategia de Innovación; las empresas disponen de mayores estímulos para asociarse con laboratorios de investigación a través de la Ley sobre Incentivo Tributario a la Inversión Privada en Investigación y Desarrollo, aprobada por el Parlamento hace algunos meses; y se está diseñando una institucionalidad adecuada para sostener esta apuesta a 12 años plazo, que es lo que se plantea.

A propósito, el apoyo al financiamiento basal debe asegurarse no solo para los actuales centros científicos de excelencia, sino también para los centros de excelencia del futuro, como son los centros científicos regionales creados recientemente o los que vendrán. No podemos dejar de lado que, aunque Chile publica un quinto de la producción científica que Brasil, nuestros científicos son tan citados como los de Nueva Zelandia.

Lo anterior significa que nuestros investigadores son pocos pero buenos, que tenemos ciencia de primer nivel, pero poca "masa crítica". Y por eso se requiere el apoyo para más jóvenes científicos desde nuestras universidades.

Es de esperar que, en pos de mejorar la innovación para la competitividad del país, comprendamos que la productividad total de los factores implica a "todos los factores": a las empresas, al Gobierno, a la opinión pública, a las universidades, a los centros de investigación, a los medios de comunicación y, sin duda, a las personas, a su educación formal y a la que recibirán durante toda su vida.

Para lograr ser una nación desarrollada, debemos mejorar sistemáticamente el modo en que hacemos las cosas; hemos de innovar en nuestro comportamiento y en nuestra forma de ver e imaginar a Chile. Si tenemos la oportunidad de ser un país desarrollado dentro de pocos años, partamos pensándonos como si fuéramos una nación desarrollada.

Para terminar, citaré a Joseph Schumpeter, Ministro de Economía de Austria en 1911, quien ya ese año advertía: "Dentro del campo de la economía, existe un creciente consenso de que, junto a la acumulación de capital, el progreso tecnológico y sus innovaciones subsecuentes constituyen las fuerzas centrales del proceso de crecimiento económico y aumento de bienestar en las naciones".

Quizás el mejor esfuerzo innovador de nuestra nación sea el que comencemos dentro de nuestro propio pensamiento. Todo lo anterior, sin olvidar que el desarrollo sólido de un país debe basarse en metas estables, con planes que superen la temporalidad y se mantengan en el tiempo.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor LAVADOS (Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción).- Señor Presidente, en primer lugar, expreso el reconocimiento y agradecimiento del Gobierno por la tarea llevada adelante por los Senadores miembros de las Comisiones que analizaron el proyecto. En realidad, su aporte fue extremadamente valioso y nos permitió enriquecer las ideas preliminares y el contenido de la iniciativa, que por cierto nos interesa perfeccionar.

En segundo lugar, el proyecto -estamos seguros de eso y compartimos plenamente lo señalado por quienes me han precedido en el uso de la palabra- mira hacia el futuro y se encuentra absolutamente inserto en una gran estrategia de desarrollo para nuestro país.

En una mirada profunda, Chile no puede seguir haciendo más de lo mismo. Tenemos que efectuar un quiebre respecto de nuestra base productiva, de nuestro esfuerzo en cuanto al modo de hacer las cosas y de nuestra manera de aprovechar los recursos naturales.

Debemos generar de verdad posibilidades de innovar, de desarrollar nuevos productos, de aprovechar en mejor forma -con mayor valor agregado- nuestra potencialidad de recursos naturales, las capacidades de los habitantes de nuestro país.

Las naciones hoy desarrolladas no se encuentran así porque una vara mágica les haya dado tal carácter. Uno de los ingredientes fundamentales para llegar a su situación fue haber invertido más en ciencia, tecnología y aplicaciones en las empresas.

Por ello estamos convencidos de que tenemos que avanzar en esa dirección. Y, en el fondo, esa es la idea matriz del proyecto en debate, que ya lleva algunos años de análisis en el Parlamento.

Quiero reiterar algunos puntos señalados por el Senador señor Vásquez con relación a los compromisos e ideas que, en el período correspondiente, incorporaremos mediante indicaciones que requieren patrocinio del Ejecutivo.

En primer término, nos interesa consolidar la institucionalidad. Es posible avanzar en la dirección de desarrollar más nuestra ciencia, nuestra tecnología, las aplicaciones, y mejorar la productividad en procesos y productos. Ello lo podemos lograr dando forma institucional, reconocimiento en la ley, al actual Consejo de Innovación, que ha cumplido una tarea muy destacada y elaboró dos informes extremadamente positivos y bastante contundentes en cuanto a sus contenidos.

La tarea fundamental del Consejo consistiría en definir estrategias y efectuar seguimiento a las políticas implementadas por el Ejecutivo. Su labor estará por encima de la contingencia del Gobierno. Pero no será un órgano que definirá políticas y proyectos de aplicación, sino que principalmente planteará lineamientos estratégicos de más largo plazo e, insisto, evaluará la implementación de las políticas.

También se propone un Comité de Ministros para la Innovación, órgano mayor del sistema que sería presidido por el Ministro de Economía, quien definiría las prioridades y los programas dentro de los lineamientos estratégicos establecidos por el Consejo. Nos parece indispensable incorporar en este Comité al Ministro de Defensa -el texto actual del proyecto no lo contempla-, por la importancia que tienen las distintas ramas de las Fuerzas Armadas en actividades concretas de investigación y desarrollo. Esta idea, además, fue formulada de modo similar en las Comisiones por el Senador señor Prokurica.

Asimismo, consideramos extremadamente importante hacer una referencia más explícita al crecimiento del Fondo de Innovación a lo largo del tiempo. Por eso, como compromiso del Ejecutivo, hemos planteado un incremento de a lo menos 15 por ciento real al año, pues, si queremos realizar un esfuerzo en serio para la innovación, lo debemos materializar a través de recursos.

Dicho porcentaje de aumento permitiría hacer efectivo, en un período aproximado de 15 años, lo que se ha formulado como necesidad: duplicar el aporte a la investigación y el desarrollo tecnológico como porcentaje del producto. Pero, considerando que este se halla creciendo, ello significaría más que duplicar la cantidad de recursos reales disponibles.

Un punto muy relevante para nosotros es que los dineros sean destinados a actividades que efectivamente se encuentren dentro del concepto de innovación, en particular a nivel de un tema que consideramos indispensable: la creación de capacidad para investigar, para innovar y para hacer verdadero el desarrollo de innovación a escala regional.

Para otro tipo de iniciativas existen distintos instrumentos. Para lo que significa innovación, nos parece necesario identificar bien este llamado "Fondo de Innovación para la Competitividad".

Por lo tanto, estimamos que debe mantenerse una actividad clara en materia de identificación de los proyectos.

Particular importancia ha de tener -como decía- el desarrollo de centros de investigación y la creación y fortalecimiento de capacidades, sobre todo de recursos humanos de alto nivel, particularmente en Regiones.

En general, como resultado final de las actividades, nos interesa el fortalecimiento e incremento de la productividad en nuestras empresas, en especial las pequeñas y medianas, que son las que más requieren aumento de productividad.

Para esa tarea, resulta necesario fortalecer nuestros potenciales de investigación y de innovación. Debemos desarrollar capacidades, de manera que nuestras empresas puedan utilizarlas en su beneficio y desarrollar así su productividad.

En materia de recursos, proponemos que, del total del Fondo de Innovación, 30 por ciento sea de decisión de las Regiones. Eso significa que mediante mecanismos establecidos en cada una de ellas -en el último tiempo han cobrado particular importancia las llamadas "agencias regionales de desarrollo"-, las entidades locales definan qué proyectos les interesa desarrollar.

Un primer ejercicio terminó el 31 de marzo pasado, y tenemos un conjunto de proyectos ya identificados que se materializarán a partir de este año. Por ejemplo, hay uno, en extremo relevante, para la zona norte del país, que tendrá su sede en Antofagasta, sobre aprovechamiento de recursos hídricos. Otros servirán para fortalecer un centro de perfeccionamiento de lixiviación bacteriana en la Tercera Región; para crear centros de gran relevancia en materia de acuicultura, por ejemplo, en la zona de Aisén; para desarrollar nuestra capacidad de innovación en genética o biotecnología agropecuaria en lugares donde tales materias sean las más relevantes.

Es el tipo de actividad que nos interesa promover.

Pero cada Región decidirá, mediante los mecanismos que se definan en cada caso, el tipo de proyecto que les interese.

En nuestra opinión, definir por igual instrumentos demasiado rígidos para todas las Regiones resulta contrario a una política de descentralización. Puede que una prefiera uno y otra, otro. Lo importante es que la decisión se tome a nivel regional y, ojalá, con la participación de los gobiernos regionales, de los académicos y de las empresas.

En términos de dar una señal sobre la trascendencia que este asunto tiene en nuestro Ministerio, nos parece que sería adecuado indicar que este se denominará de Economía e Innovación. Además, el Secretario Ejecutivo del Comité de Ministros para la Innovación debe ser el Subsecretario de Economía e Innovación, para lo cual son necesarias las adecuaciones correspondientes en el proyecto de ley mediante las modificaciones señaladas.

Por último, estimamos importante además -forma parte de nuestra proposición- que el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad recoja la realidad nacional. Y esta apunta a la existencia de un conjunto de actores que desean tener alguna representación más orgánica en dicho Consejo y no simplemente que ciertas personas, por muy alto que sea su nivel, formen parte de él. Se trata de un tema sobre el cual nos interesa en extremo discutir en la Comisión, para determinar cómo perfeccionarlo.

Finalmente, señor Presidente, deseo señalar que en esta materia, al igual que en muchas otras respecto de las cuales estamos convencidos de que no pueden esperar, creemos que un buen trámite parlamentario resulta indispensable para despachar buenas leyes.

Ojalá podamos ahora aprobar en general este proyecto, de manera de entrar al debate de su articulado, pues, además, requerirá un tercer trámite, debido a que el texto de la Cámara de Diputados será modificado.

Consideramos que, mientras más nos demoremos, la situación continuará igual. De todas maneras, el Gobierno va a seguir apoyando la innovación. Pero preferimos que ello sea sancionado mediante una ley que especifique y defina las normas que nos interesa aprobar.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, considero importante en esta oportunidad hacer mi exposición con apoyo de un power point.

Antes de entrar en la materia específica, quiero referirme brevemente a un asunto formal.

En verdad, tengo serias objeciones respecto a esta iniciativa. Una de ellas dice relación a que, pese a haberse hecho una propuesta alternativa al proyecto a través de una indicación presentada en forma reglamentaria, su texto no se encuentra consignado en el informe.

Deseo dejar constancia de ello, porque me parece que tal proposición sustitutiva debería formar parte de tal documento.

El señor VÁSQUEZ.- ¿Me permite una interrupción?

El señor ORPIS.- Prefiero terminar mi exposición primero.

Señor Presidente, creo que hay unanimidad en cuanto a que Chile tiene que dar un paso adelante en materia de innovación. A pesar de los avances que ha experimentado, la nuestra sigue siendo una economía basada en los recursos naturales. Y todas las naciones que han alcanzado mejores niveles de desarrollo realizaron una fuerte inversión en innovación.

¿Qué pasa en nuestro país? En la actualidad, destina el 0,65 por ciento del PIB a innovación. Y se espera llegar en 15 años al 2,5 por ciento.

¿Qué recursos se destinan hoy a este ítem? Alrededor de 800 millones de dólares, de los cuales, 450 a 500 millones se asignan mediante la Ley de Presupuestos, y cerca de 250 millones a través del impuesto específico.

¿Cuáles son los antecedentes previos sobre la materia? La ley Nº 20.026, que establece un impuesto específico a la actividad minera. ¿Qué señala el mensaje del proyecto que dio origen a dicho cuerpo legal?: "Los recursos recaudados con ocasión del entero de dicho impuesto"¿ permitirán "incrementar el esfuerzo fiscal destinado a la capacidad de innovación del país".

¿Qué pasa con la situación legislativa? Mediante el proyecto de ley ahora en análisis, se crea el Fondo de Innovación para la Competitividad.

¿Cuál es su origen? Una ley vigente.

En la Cámara de Diputados se rechazó lo relativo al royalty y se aprobó lo relacionado con el Fondo.

¿Y cuál es el primer punto de discusión, que nadie ha mencionado en el debate? Se refiere a saber qué recursos deberían integrar el Fondo. ¿Solo los emanados del impuesto específico? ¿O tendrían que formar parte de él todos los dineros, incluidos adicionalmente en la Ley de Presupuestos?

El problema no se halla resuelto.

Desde mi punto de vista, como lo planteamos en la indicación sustitutiva, en el Fondo de Innovación para la Competitividad deberían estar no solo los recursos que se originan en el impuesto específico, sino que también los dispuestos de manera adicional en la Ley de Presupuestos.

Señor Presidente, como dije al inicio de mi intervención, se presentó una indicación sustitutiva. Por desgracia, no fue incluida en el informe, a pesar de haberse formulado reglamentariamente.

El resto de mi exposición estará muy orientada a establecer las grandes diferencias entre las dos propuestas.

¿Qué sucedió con los recursos? Aquí comienzan a nacer dudas.

Hoy, de modo discrecional, se destinan recursos para innovación a través de la Ley de Presupuestos, tanto a nivel nacional como regional.

A partir del 2005, se empezaron a repartir estos fondos. Ese año fueron 80 millones de dólares; en 2007, la cifra subió a 100 millones. Eso, a pesar de que lo recaudado por concepto de impuesto específico superó los 400 millones de dólares.

¿Y que fue lo que pasó, señor Presidente, con la distribución hecha en la Ley de Presupuestos? Que el grueso de los recursos se concentra en la Región Metropolitana; sin embargo, las zonas mineras, que es donde se originan, reciben una cantidad menor de fondos del royalty, en circunstancias de que tal impuesto específico era precisamente un mecanismo de sustitución para cuando la actividad minera deje de operar.

El siguiente cuadro demuestra, a través de la ejecución presupuestaria, que el porcentaje más bajo lo perciben las regiones mineras.

¿Cuál es la situación actual?

Se está discutiendo este proyecto para que la asignación de recursos no sea discrecional. Se pretende establecer disposiciones permanentes y evitar que esa entrega se realice mediante la Ley de Presupuestos, a objeto de proporcionar mayor estabilidad a aquellos.

¿Cuál es el marco de discusión?

Existen dos propuestas: la del Gobierno, que es la que se está debatiendo, y una indicación sustitutiva, presentada por los Senadores señores Cantero, Prokurica, Gómez y el que habla. Ambas fueron expuestas el día 16 de agosto en las Comisiones, pero, a pesar de ello, no se deja constancia alguna en el informe.

¿Qué diferencia hay entre los dos planteamientos? Y esto es lo quiero mostrar al Senado, porque se trata de cosas radicalmente distintas.

En materia de institucionalidad, la propuesta alternativa consigna un Consejo Nacional y Consejos Regionales, a diferencia de la del Gobierno, que establece un Consejo Nacional y un Comité de Ministros.

En esta lámina se va visualizando ya el centralismo.

¿Cuál es nuestra propuesta en materia de institucionalidad? Que el Consejo sea resolutivo. ¿Y qué sugiere el Gobierno? Simplemente, uno de carácter asesor, donde la Presidenta -¡y aquí están los criterios de designación!- nombre a tres miembros y a los cuatro restantes los designe con acuerdo del Senado

Con respecto a la institucionalidad del Comité de Ministros, en la proposición alternativa no hay una instancia de esa índole, sino la existencia de dos fondos -uno nacional y otro regional- y el planteamiento de que el cien por ciento del impuesto específico vaya al Fondo Regional, y lo destinado en la Ley de Presupuestos, al Fondo Nacional.

Es decir, en nuestra perspectiva no figura el Comité de Ministros. Y, por lo tanto, los recursos relacionados con el FICN, que corresponde a la asignación nacional, los entrega en forma directa el Consejo Nacional.

¿En qué consiste la proposición del Gobierno?

Crea el Comité de Ministros, órgano que en definitiva asignará todos los fondos de innovación para la competitividad. Porque, como lo señalé, el Consejo Nacional solo tiene carácter asesor y no resolutivo.

De otro lado, ¿qué se plantea con respecto al Fondo de Innovación para la Competitividad?

Como manifesté, el Gobierno sugiere solo uno: el Fondo de Innovación para la Competitividad. Y la propuesta alternativa pretende la existencia de dos: el Fondo de Innovación para la Competitividad Nacional y el Fondo de Innovación para la Competitividad Regional (FICN y FICR, respectivamente).

¿Cuál es la composición de esos Fondos?

En el caso de la propuesta alternativa, se desea conformar el FICN con los 450 millones de dólares que destina anualmente la Ley de Presupuestos, y el FICR, con la totalidad del impuesto específico a la minería. Esto no es solo para las zonas mineras, sino para todas las del país.

¿Y qué propone el Gobierno?

Que el FICR se integre con los recursos de la Ley de Presupuestos. En el proyecto en estudio -que es lo que formalmente se encuentra en el Parlamento- están asegurados solo cuatro años. ¡Nada más que eso! Así, en el primer año hay asegurados 149 millones de dólares; en el segundo; 157; en el tercero, 164, y en el cuarto, 173. A eso hay que agregar los 450 millones de dólares que reparte el Estado. Pero, en definitiva, todos esos recursos están vinculados a la Ley de Presupuestos.

En cambio, la propuesta alternativa asegura a las Regiones la destinación de la totalidad del impuesto específico.

¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre ambas proposiciones?

Que en la nuestra existen dos Fondos: el FICN, cuyos recursos se asignan vía Ley de Presupuestos, y el FICR, que se financia con el cien por ciento del impuesto específico. Por su parte, la propuesta del Gobierno solo dispone un financiamiento que se asegura para los primeros cuatro años de aplicación del impuesto específico a la minería. ¡Nada más que cuatro años!

El segundo aspecto delicado del planteamiento del Ejecutivo es que todo es discrecional. Así ocurrirá en la Ley de Presupuestos a partir del quinto año.

Señor Presidente, ¿qué consecuencias tiene lo anterior? Que en Chile, a partir del quinto año, todas las materias vinculadas con la innovación pasarán a formar parte de la Ley de Presupuestos. Esto significa discrecionalidad absoluta por parte del Gobierno en el otorgamiento de recursos -de ese modo está formalizado en la presente iniciativa legal-, porque todo quedará incorporado en dicha normativa. Aquí estamos creando la institucionalidad, pero no los recursos, que están asegurados solo para los primeros años.

¿Cuáles son los organismos ejecutores en las dos proposiciones?

En la nuestra, en lo que respecta al FICN, la CORFO, la CONICYT, la FIA, el FONDEF son los entes ejecutores hoy día. Y se plantea que a nivel regional existan corporaciones de derecho público, con integración entre lo público y privado, que destinen la totalidad del impuesto específico a proyectos de carácter regional. Por su parte, en la propuesta del Gobierno, siguen siendo la CORFO, la CONICYT, la FIA etcétera.

En lo relativo a la distribución regional, también hay diferencias fundamentales.

Y quiero que esto lo adviertan los señores Senadores.

En el caso de la propuesta alternativa, se destina el cien por ciento del impuesto específico recaudado, de los cuales el 60 por ciento es para ese efecto y el 40 por ciento queda para reserva.

En la proposición del Gobierno, solo 25 por ciento de los recursos del Fondo irá a Regiones. ¡Nada más que 25! Y el 75 por ciento se repartirá a través de un concurso nacional, sin que se sepa, en definitiva, qué cantidad se destinará a aquellas. Pero lo claro es que 75 por ciento se decide a nivel central y no regional.

Al respecto, hice un ejercicio suponiendo el primer año de recaudación del impuesto específico.

¿Cuál es la diferencia que se advierte, más o menos, en términos presupuestarios?

Conforme a nuestra alternativa, 237 millones de dólares son para las Regiones, de los cuales se distribuye el 60 por ciento, porque la otra cantidad queda para reserva; es decir, se reparten 142 millones de dólares. La proposición del Gobierno solo destina 37 millones de dólares -esto es, el 25 por ciento- y entrega 112 millones de dólares vía concurso público nacional, sin saberse a qué Regiones llegarán.

¿Cuánto de lo señalado se distribuye?

En la propuesta del Gobierno se entrega el 60 por ciento y no se sabe adónde va el 40 por ciento. En la proposición alternativa también se distribuye el 60 por ciento, con la diferencia de que el total queda en Regiones. En la otra, solo el 25 por ciento.

¿Cómo se distribuye el impuesto específico?

Según nuestro planteamiento, el cien por ciento queda en Regiones. La propuesta del Gobierno es para destinar a ellas el 25 por ciento y repartir el 75 mediante concurso nacional.

¿Cuáles son las diferencias en materia regional?

En este sentido, hay una que es fundamental. Porque siempre se ha dicho que las Regiones no tienen capacidad para desarrollarse. Pero si no se las generamos, nunca la tendrán. Y si hay concursos públicos, ¿por qué instituciones como la Universidad Católica de Santiago u otras a nivel nacional no podrían postular en Regiones? Dichos concursos no están cerrados a la posibilidad de que participen otras entidades que no sean de carácter regional; pero sí deben estar vinculadas a corporaciones de esa índole.

Nuestra propuesta contiene recursos mucho más seguros, porque -como lo señalé- la del Gobierno otorga el 25 por ciento a las Regiones y el 75 por ciento lo destina a concursos públicos, proporcionando seguridad únicamente para los primeros cinco años.

Señor Presidente, el resto de la exposición apunta, básicamente, a profundizar nuestra sugerencia alternativa.

Pero, en términos prácticos, creo que la institucionalidad es extremadamente centralista y gubernamental, por lo siguiente: el Consejo Nacional no tiene carácter resolutivo, sino asesor; el órgano ejecutivo es el Comité de Ministros; el grueso de la propuesta, relativa al concurso nacional, no se vincula de manera alguna con las Regiones. Estas solo tienen asegurado el 25 por ciento de la recaudación. Además de ello, el origen de los recursos provenientes del impuesto específico se encuentra precisamente en las zonas mineras.

Y, por último, dada la manera en que se concibe la distribución, en la propuesta del Gobierno a aquellas no les asegura más del 25 por ciento de los recursos.

En consecuencia, estimo que la proposición oficial constituye un mal diseño institucional y contiene una pésima distribución en el ámbito regional, no solo respecto de las zonas mineras.

Ante ello, no me siento habilitado para votar a favor de la idea de legislar, porque el compromiso señalado por el Gobierno en su último documento es una variante de lo establecido en la indicación sustitutiva y no apunta al fondo del tema. Se trata de un proyecto profundamente centralista, que va en contra de las zonas mineras y del resto de las Regiones del país, con una institucionalidad en extremo presidencial, porque es el Comité Ejecutivo de Ministros el que decide la asignación, ya que -repito- el Consejo Nacional solo tiene carácter asesor.

Por esas razones, rechazo la iniciativa.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, ante todo, considero positivo el hecho de que finalmente las Comisiones unidas hayan aprobado la idea de legislar del proyecto en análisis y que podamos dar curso a un debate que es indispensable y que ha estado detenido en el Senado durante larguísimos meses.

En el fondo, hemos estado prácticamente en todo el lapso que lleva este Gobierno discutiendo esta iniciativa y no hemos avanzado un metro en un asunto al cual todos calificamos de crucial para el futuro del país.

No voy a repetir argumentos, pero creo que está bastante establecido que necesitamos generar una nueva estrategia de desarrollo, que se agota el modelo de crecimiento basado en la explotación relativamente extensiva de nuestros cuantiosos recursos naturales -renovables o no- y que para incorporarnos de manera efectiva a la economía moderna debemos ser capaces de insertarnos en la llamada "economía del conocimiento". Y eso requiere un tremendo esfuerzo en el desarrollo de las ciencias, de la tecnología y de la innovación productiva, porque es un sistema interrelacionado que lo conforman distintos tipos de actividades y distintos tipos de agentes.

El debate de fondo planteado con la iniciativa en análisis es que la base conceptual sobre la cual se ha logrado el desarrollo del país durante los últimos quince años sería por completo insuficiente. Y esa base conceptual ha consistido principalmente en la idea de que para asegurar un crecimiento sostenido bastaba tener una economía abierta -la hemos abierto al mundo de manera extraordinaria-, establecer condiciones macroeconómicas sólidas y garantizar un Estado capaz de proveer cada vez mejores bienes y servicios, sobre todo a los sectores más necesitados, y políticas sociales intensivas. Y yo creo que en el mundo de hoy día y en la sociedad del capitalismo contemporáneo se demuestra que eso es del todo insuficiente.

Todos los países que tienen éxito económico, de uno u otro modo, formulan estrategias de desarrollo y, por ende, hacen determinadas apuestas productivas, científicas y tecnológicas. Porque el mercado no es capaz de resolver los asuntos estratégicos de las economías. Eso está comprobadísimo.

Por lo tanto, aquí hay un tema muy de fondo. Y felizmente se ha ido generando en el país, de manera diversa, cierto consenso en cuanto a que esta política es indispensable. Antes, en los años noventa, ello sonaba a herejía.

Y todavía hay quienes se preguntan por qué el Estado debe decidir si es microbiología o no, cuando eso lo resuelve el mercado. Y ello tiene una respuesta muy simple: el mercado, en ninguna parte del mundo, resuelve sobre investigación básica, salvo en el caso de algunos grandes conglomerados, como los farmacéuticos, que a veces realizan investigación básica o la compran. Pero en sociedades como las nuestras, sin una base mínima de desarrollo científico no hay innovación. ¡No la hay!

Ahora, no solo basta con la base científica, porque a veces también hay que saber capturar tecnología. Japón, por ejemplo, se desarrolló durante treinta años -claro, el mundo estaba menos globalizado, no existían los derechos intelectuales que tenemos hoy- copiando patentes. Gran parte de la industria nipona en la década de los cincuenta se basó principalmente en la captura de tecnología y no necesariamente en su invención.

Por tanto, aquí es preciso considerar varios aspectos porque no se trata de un único asunto. Es claro que debe existir investigación básica e investigación aplicada. Pero ello solo no basta, porque si eso no llega a la empresa y no se transforma en nuevos productos y en nuevos procesos que se incorporen al mercado, no hay aumento de la competitividad.

Entonces, se trata de construir todo un sistema.

En nuestro país ha habido muchos seminarios sobre el particular. Y aquellos que nos dedicamos a estos temas, de manera particular, hemos podido conocer algunas experiencias clásicas que han sido exitosas en naciones con economías relativamente pequeñas -no vamos a copiar a los grandes conglomerados económicos- como Suecia, Finlandia, Nueva Zelanda, que al comienzo compartían con nosotros un stock de recursos naturales de bastante calidad.

O sea, el tema central es que hay que tener política de desarrollo. Y la moderna política de desarrollo se relaciona con la capacidad de generar una vinculación entre el mercado, el Estado y las universidades para crear una economía del conocimiento. Y no la vieja estrategia de desarrollo donde el Estado constituía un factor directo en el progreso económico, como lo fue, por ejemplo, con la CORFO en los años cuarenta. Hoy, el Estado más bien juega un papel de orientación y de articulación de actores (comunidad científica, comunidad tecnológica, empresas, Regiones, gremios).

Por tanto, se trata de articular un sistema que en Chile está todavía muy poco desarrollado.

Todo el mundo concuerda, se ha dicho aquí, en que si queremos ingresar a la economía del conocimiento, destinando 0,5 ó 0,6 por ciento del PIB a innovación -creo que es un poquito menos porque las cifras están un tanto abultadas- no se camina a ninguna parte en el mediano y largo plazo. Y también estamos de acuerdo en que no es solo un problema de recursos. Porque si no tenemos políticas claras, consensos claros e instituciones adecuadas podemos también gastar muy mal la plata.

Entonces, se trata de ir generando políticas, instrumentos y recursos.

¿Por qué hemos avanzado tan poco, señor Presidente?

Porque desgraciadamente, lo he dicho y lo reitero aquí, este proyecto tiene un pecado original que no hemos sido capaces todavía de resolver. Y los pecados originales, según la vieja teología, son muy difíciles, digamos, de limpiar¿

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- ¡Para algunos, imposible¿!

El señor GAZMURI.- ¿claro, son muy difíciles. Al respecto, mi colega Ruiz-Esquide es un teólogo más pertinente que yo.

Pero este pecado original nos ha acompañado más de un año y medio. Y fue decisión -a mi juicio, una mala decisión, pero que compartimos- del Gobierno del Presidente Lagos y de su Ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre vincular la mal llamada "ley de royalty" con la ocupación de una parte sustantiva de los recursos para la innovación y competitividad. Ahí se nos generó una contradicción casi insuperable. Yo quiero que la superemos, pero antes deseo explicar cuál es el problema.

En la tradición mundial, la regalía siempre ha estado muy ligada a territorios que producen recursos no renovables ¿en Chile, básicamente, de la minería-, que se agotan. Ese es el sentido: la regalía siempre tiene una vinculación territorial muy fuerte. Carecemos de experiencia en el tema, porque no hemos tenido regalías en el país. Yo conozco bien el caso de Argentina. En esa nación, la regalía para los recursos gasíferos y petrolíferos va en gran proporción a las provincias donde se ubican los yacimientos. Y eso explica por qué, por ejemplo, una provincia pequeña como Santa Cruz tiene un presupuesto tan grande. Incluso, cuando fue gobernada por el ex Presidente Kirchner, acumuló recursos por aproximadamente 500 millones de dólares, que se mantienen en una cuenta en el exterior. Se trata de una provincia de 200 mil habitantes con una regalía minera muy significativa que no se la podían gastar todos los años.

Sin embargo, aquí no hay regalía. Lo que la ley establece es un impuesto específico a la actividad minera. Con razón las regiones mineras reclaman. Si hubiéramos instituido una regalía, a lo mejor habría sido de un monto menor. Y no una que, a precios de mercado, pudiera significar 300 ó 500 millones de dólares. Porque no sería razonable, desde mi punto de vista, que solo esas Regiones se apropiaran, además de todo lo que deja la actividad minera allí, de 500 millones de dólares.

Eso no sería lógico. Porque todas las modernas estrategias de desarrollo territorial apuntan a favorecer también a los sectores que van detrás en el desarrollo.

No quiero formular aquí ninguna contraposición entre campo y ciudad. Pero la Región de Antofagasta tiene salarios promedio 2,6 ó 3 veces superiores a los de la Región del Maule, al igual que respecto de la de La Araucanía.

En la Región del Maule -y también en la de La Araucanía- tenemos los más bajos índices de competividad, porque somos una zona de las más rurales, donde hay menos servicios, menos industrias, y si no se hacen esfuerzos considerables ahí, aunque mejoremos, seguiremos últimos en el ranking.

Por las mismas razones, Sicilia todavía no alcanza a Torino después de 100 años de unificación italiana. El asunto es claro: progresa Sicilia, pero todavía el ingreso medio en el norte industrial italiano es el triple que en dicha ciudad. Y en Chile, está pasando lo mismo.

Yo represento una de las Regiones con más bajos índices en todos los indicadores. Entonces, el tema del equilibrio territorial no se resuelve por la vía de un royalty minero.

Ese es el pecado original al cual hacía alusión.

A mi juicio, debemos llegar a algún arreglo. Por eso, voy a votar a favor del proyecto, pues hemos avanzado en un cierto acuerdo: que respecto de los recursos generados -mal llamados regalías, que no son tales, sino que un impuesto específico- se introduzca en la propuesta del Gobierno, por lo menos, una modificación que permita que el 30 por ciento de ellos se asigne y resuelva regionalmente.

Falta discutir también la destinación regional de los proyectos nacionales, que muchos la tienen. Sin embargo, debo agregar que bastantes iniciativas no son puramente regionales, sino que suprarregionales.

Tengo claro, por mi experiencia regional, que el cluster del vino desarrollado en investigación científica, con la colaboración de las universidades, en materia tanto de viticultura como de vinificación ha permitido la formulación de proyectos que involucran a diversas casas de estudios superiores. Hoy día existen varias de esas empresas en distintas Regiones, por lo menos en la del Maule, de O´Higgins, y en parte de la de Valparaíso.

Por lo tanto, abrigo la esperanza de que aprobando en general la iniciativa podremos llegar a un cierto acuerdo relativo a la institucionalidad, magnitud y distribución de los recursos entre las Regiones, y en cuanto a los fundamentos de la política respectiva.

Ya tenemos como base los informes de la Comisión que presidió el señor Eyzaguirre -cuyo segundo informe a mi juicio es mucho mejor que el primero-; y tenemos un Gobierno que al parecer desea rectificar un segundo pecado original de la referida Comisión: la desconfianza increíble en la necesidad de articular en forma directa a los actores y, particularmente, a las universidades, que de manera incomprensible quedaron fuera del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad.

La investigación científica y tecnológica en nuestro país la hacen las universidades en más del 80 ó 90 por ciento de los casos. Sin embargo, el temor apuntaba a que con su integración al citado Consejo iban a querer capturar los recursos, como si fuera un pecado el desear obtenerlos para desarrollar buenos proyectos de ciencia básica.

En ese sentido, lo que hemos conversado con el Ministro de Hacienda en las Comisiones unidas apunta en un sentido distinto: un Consejo que integre efectivamente actores. En definitiva, se trata de acuerdos entre actores reales: empresarios, empresas, Regiones, comunidad científica.

Por lo tanto, tenemos una propuesta del Ministerio respectivo que abarca cuatro puntos. Pero todavía responden a criterios muy generales, los cuales habrá que afinar en la discusión particular.

Finalmente, quiero agregar una sola idea -que plantearé en el debate en particular-. Me parece que, desde el punto de vista institucional, se requiere generar una autoridad política fuerte en el Gobierno, que tenga bajo su mando los dos instrumentos principales con que contamos a nivel central para desarrollar una política de ciencia y tecnología: CONICYT y CORFO.

El hecho de que ambas instituciones dependan de dos autoridades ministeriales distintas ha sido permanente motivo de descoordinación, conflicto, etcétera. El peor de todos lo tuvimos el año pasado con motivo del proyecto de Ley de Presupuestos, porque nadie pudo explicar el hecho de que, teniendo recursos más que suficientes, se limitaran de manera incomprensible los programas de formación de científicos en el exterior.

Esas situaciones no pueden seguir ocurriendo, pero obedecen al problema de coligación ministerial.

A mi juicio, el Ministerio de Economía debe convertirse en uno de Desarrollo, Ciencia y Tecnología. Esa debería ser la función moderna de nuestra vieja Cartera, que todavía mantiene una denominación que viene de los años 40: Ministerio de Economía, Fomento -a cargo de CORFO- y Reconstrucción (por la relación de esta repartición con el terremoto de Chillán).

En consecuencia, debemos introducir una innovación sobre el particular. Y la denominación de la citada Cartera, no es una cuestión indiferente, porque significa un desajuste, y debería llamarse Ministerio de Desarrollo, Ciencia y Tecnología.

Anuncio mi voto favorable a la idea de legislar.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.

El señor CANTERO.- Señor Presidente, la discusión del proyecto que nos ocupa es de larga data, tiene una historia un tanto controvertida, con pasajes de verdad lamentables.

Lo concreto es que él surge de una iniciativa denominada royalty a la minería, que tuvo el destino que todos conocemos: su rechazo. Ello dio origen a un proyecto sobre impuestos específicos a la minería, y desde ahí en adelante se generó un Fondo que no es menor: del orden de 400 millones de dólares, el cual se ha manejado con un criterio que, desde mi posición de Senador de una zona minera, es francamente inaceptable.

Para mí al menos, resulta repugnante la forma en que se han utilizado hasta ahora los dineros de dicho Fondo, no porque sea más o menos inteligente, sino porque me parece ilegítimo que un grupo de personas vinculadas a una autoridad superior en el país los esté manejando de manera discrecional.

El cuento de que la administración de recursos de tal Fondo se encuentra establecida en la Ley de Presupuestos es una explicación que más bien parece burla, lo cual encuentro inaceptable.

Señor Presidente, lo único cierto es el manejo absolutamente discrecional de dicho Fondo.

Un segundo aspecto que deseo remarcar es la necesidad -muy importante para mí- de que se aborde la temática en debate. Esa fue la razón por la cual en esta última instancia posibilité la aprobación de la idea de legislar y que la iniciativa llegue a la Sala del Senado, y no porque me dé confianza su texto o el actuar del Gobierno en lo que ha sido hasta ahora el estudio colegislativo del tema.

Más bien, lo que me motivó a entregar mi voto favorable al proyecto, que resultó determinante para su aprobación en las Comisiones unidas, fue la esperanza, la posibilidad de reclamar, la expectativa de que el Gobierno, de una vez por todas, mejore su disposición al diálogo fecundo y deje de imponer esa visión tan centralista de la innovación, la ciencia y la tecnología en nuestro país.

Un tercer elemento que me parece relevante es la posibilidad de discutir una institucionalidad para la innovación y la competitividad en el país.

Tengo la impresión de que hasta ahora hemos actuado con extraordinaria ineficiencia, y todo avanza en sentido equívoco, en mi opinión. La inmensa dispersión de energías, que ha permitido duplicar, triplicar y elevar a la potencia "n" los esfuerzos desplegados, no genera la rentabilidad que quisiéramos desde la perspectiva tanto del uso de los recursos -francamente uno pierde la memoria de la cantidad de servicios que los administran- como también del fruto de los mismos.

Pondré como ejemplo -el cual sustenta en forma majadera mi posición, pero lo hago porque el Gobierno, y particularmente el Estado chileno, ha mostrado una inoperancia mayúscula sobre el particular- los proyectos relativos a gestión territorial, a administración territorial, que duplican, triplican y elevan a la potencia "n" los esfuerzos en materia de cartografía digital, en circunstancias de que esta Sala aprobó en forma unánime la creación del Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial (SNIT), sin que hasta la fecha se haya podido avanzar un centímetro en la materia, derrochando la información existente, actuando con poco criterio al respecto, y, además, sin cambiar en nada las políticas.

Las instituciones que nos proveen información básica -Instituto Hidrográfico de la Armada, Instituto Geográfico Militar, Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea- siguen cobrando precios prohibitivos, pues tratan de autofinanciarse por la vía de vender servicios, muchas veces sobrevalorándolos, con una lógica absolutamente irracional. ¿Por qué? Porque el Parlamento no ha logrado que el Presupuesto de la Nación les entregue un financiamiento adecuado para permitirles liberar información que constituiría un aporte al desarrollo de nuestro país si fuera bien usada por intelectuales, académicos e investigadores nacionales.

En consecuencia, necesitamos una institucionalidad.

Chile va por un camino equivocado en esta materia. Sigue actuando con una lógica sectorial. Y cada sector, con su Ministro.

Es cierto que hay un conjunto de Ministros que forman una estructura colegiada; pero también lo es que desde ella no ha surgido nada fecundo.

Desde hace seis años tienen la misión de estructurar el SNIT, pedido en forma unánime por este Senado. Hasta el día de hoy, ninguna noticia; no se sabe hacia qué destino avanzamos.

Digo, entonces, que tenemos una estructura de análisis sectorial de esta temática, cuando, en realidad, la innovación y la competitividad se deben abordar desde una lógica sistémica, integral, multidimensional, para poder responder con oportunidad y eficacia.

Comparto, pues, la lógica de que ha de haber una institución superior lo más cercana posible al Presidente o a la Presidenta de la República -según sea el caso-, que permita orientar los esfuerzos y las estrategias en esta línea.

En materia de institucionalidad, el mínimo común denominador es ineficiencia y dispersión de esfuerzos, que terminan entorpeciendo el logro de buenos resultados.

En cuanto a estrategia, es verdad que hay un grupo de personas de buena voluntad, de la confianza de la autoridad máxima de la nación, que se han esforzado en esa línea. Pero también lo es que el Congreso Nacional no ha puesto ni una sola coma en los documentos evacuados, no ha aportado absolutamente nada. Y ello, no porque no quiera hacerlo, sino debido a que no ha habido voluntad del Ejecutivo, ni contraparte, ni espacio de diálogo. Con suerte, actuamos como buzón (por no decir que solo somos ornamento en el diseño de la estrategia).

El señor ÁVILA.- Es peor ser buzón.

El señor CANTERO.- Es posible, señor Senador.

En consecuencia, no hay estrategias representativas de la diversidad y del pluralismo de nuestro país. Representan a sectores muy legítimos, seguramente, pero no a la pluralidad ni a la diversidad existente en Chile.

Ello resulta lamentable, más aún cuando ha habido una actuación muy poco transparente. Y lo digo, no porque abrigue dudas en cuanto a la probidad o al manejo de los recursos, sino porque considero desquiciante que hasta el día de hoy no sepamos en qué se ha gastado un centavo de dólar de los recursos generados por el Fondo de Innovación para la Competitividad o por el impuesto específico a la minería.

Insisto: no es un cuestionamiento a la probidad, sino al mínimo sentido común; al elemental respeto a este Parlamento, a la dignidad de las instituciones de nuestra democracia.

¡Eso es inaceptable!

Por consiguiente, una vez más reclamo desde esta tribuna. Y le pido a la Mesa oficiar al Gobierno para que de una vez por todas dé a conocer a los parlamentarios todos los antecedentes relacionados con esta materia.

Sostenía recién, señor Presidente, que en materia de estrategia hace falta un debate mayor. Y hablo sobre el particular con el mayor respeto y consideración, usando mi espacio y la autoridad -yo diría- que me nace del esfuerzo académico que he realizado en esta línea.

Es muy interesante hablar de clusters. Pero hemos de tener en cuenta que, en la conceptualización técnica, este concepto fue sobrepasado a lo menos hace diez años. Es un esfuerzo de encadenamientos. En la sociedad del conocimiento, la innovación y la competitividad surgen fruto del encadenamiento. Pero los procesos son disruptivos; nacen en una línea cuando menos improvisada.

En consecuencia, en ese orden de cosas hay que considerar otros elementos importantes.

Otro aspecto interesante en materia de estrategia: no hay adecuada coherencia en el manejo de los recursos humanos o en la construcción de capital humano.

¡Ni hablar del capital social! Porque, al menos en lo que yo conozco de las estrategias, ni siquiera existe un concepto de estructura de capital social, es decir, de trabajo de redes.

¿Cómo se debiera expresar eso en la práctica? Que ningún proyecto sea elegible si no tiene contraparte.

Por ejemplo, la Unión Europea determina que cierta cantidad de proyectos de innovación y competitividad sean elegibles cuando tengan asociatividad desde Europa hacia África, Asia o América Latina. O sea, induce un proceso de asociatividad para la competitividad.

Hay ahí un concepto estratégico. En Chile, no. Yo por lo menos no conozco ni visualizo ninguno.

Existe otro aspecto relevante de la estrategia, señor Presidente.

Los estudios que hemos realizado algunos parlamentarios nos indican que todas las investigaciones básicas chilenas sirven de referencia para el proceso de patentamiento en naciones desarrolladas. Sin embargo, los indicadores de patentamiento industrial en nuestro país son marginales, no tienen mayor relevancia.

Hay ahí un problema de estrategia. Porque la investigación se halla orientada y las universidades son evaluadas por cuánto publican en las revistas indexadas, en las revistas ISI. Pero, en definitiva, si no somos capaces de lograr que aquello vaya al patentamiento industrial, es como dejar la carne a disposición del gato.

Siguiendo en el ámbito de la estrategia, señor Presidente, ¿qué aprecio yo? Que tampoco existe una lógica adecuada que oriente y vincule aquella al proceso de transferencia tecnológica.

Nadie es evaluado en las universidades por lo que realiza en materia de transferencia tecnológica. Por ende, no se hace ningún esfuerzo en esta área. ¿Por qué? Porque no hay incentivos, debido a la carencia de una estrategia apropiada.

Me parece, entonces, que esos y otros aspectos también debieran ser considerados en la lógica de la estrategia.

Ahora, en cuanto al Fondo de Innovación para la Competitividad propiamente tal, valoro el cambio de sentido que ha tenido el tratamiento del proyecto en debate, entrabado ya en tres Comisiones de esta Corporación -una de ellas, no especial, sino especialísima-, en el propósito de procurar sacarlo adelante.

Valoro el cambio de actitud que observo con la llegada del Ministro Lavados. Ha habido una disposición de ánimo distinta.

Me parece muy importante, por ejemplo, que se establezca como criterio el incrementar en 15 por ciento los recursos destinados al FIC, para que en un plazo breve -no más allá de 10 años- podamos duplicarlos y ojalá llevarlos, como se ha señalado, al 2,5 por ciento del PIB, tarea difícil si consideramos que se parte de 0,7 por ciento, aproximadamente.

También es relevante la lógica de que los recursos son para cofinanciar proyectos de innovación y no para construir infraestructura.

Estimo muy significativo y legítimo reconocer que un porcentaje importante del Fondo debe quedar en las zonas mineras.

Nadie pretende que las Regiones mineras se queden con todos los dineros, señor Presidente.

La lógica que dio lugar a esta iniciativa fue la de que, si los recursos naturales no renovables empobrecen a un espacio territorial, para darle sustentabilidad al desarrollo hay que reinvertir en él y no en el país.

Entonces, un mínimo de justicia señala que se debiera avanzar en aquella línea. Y eso está recogido en el proyecto, aun cuando deseamos que el esfuerzo sea todavía mayor.

Por consiguiente, en términos generales, siento que este cambio de mano abre expectativas. Pero, en mi concepto, debería avanzarse en una lógica de diálogo y entendimiento mucho mayor.

El Gobierno ha de entender que aquí nos estamos jugando el futuro del país, el futuro de las generaciones venideras. Lo que hagamos hoy afectará, para bien o para mal, a la próxima generación.

Por ende, pienso que el Ejecutivo no tiene derecho a actuar en forma tan sesgada o cerrada, como lo ha hecho hasta ahora. Y no hablo de esta Administración, pues en esta materia todos los Gobiernos han procedido de manera un tanto arbitraria y abusiva.

Yo, como parlamentario de una zona minera y a un costo político muy elevado, voté a favor, primero, del proyecto relativo al royalty -ello me acarreó la animosidad de todas las empresas mineras del país, que, molestas, formaron una potente caja e hicieron todo lo posible para eliminarme como representante de la Región-, y después, del impuesto específico a la minería.

En consecuencia, siento que tengo autoridad moral a los efectos de reprocharle al Gobierno su falta de interés para considerar estas materias.

Por otra parte, tampoco creo que sea lógico escuchar solo -como en algún momento me respondió un Ministro- a los representantes de la Concertación. Este debería ser un esfuerzo país, con convocatoria a todos los sectores.

Aun cuando tengo reparos al proyecto que nos ocupa, hago un acto de confianza -espero alegrarme de él- en que la forma de trabajar con el nuevo Ministro de Economía nos abrirá caminos expeditos para aprobarlo.

Por tales razones, anuncio mi voto favorable.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se enviará al señor Ministro de Economía el oficio solicitado por el Honorable señor Cantero, en su nombre, y también en el mío y en el de los Senadores señores Prokurica, Orpis, Gómez, Navarro, Pizarro, Vásquez¿

Si les parece a Sus Señorías, por unanimidad, lo enviaremos en nombre del Senado.

Y el Honorable señor Prokurica ha pedido que también se requiera información acerca del monto recaudado hasta la fecha por concepto de impuesto específico a la actividad minera, pormenorizado por año y distribución regional.

--Por unanimidad, se acuerda oficiar al señor Ministro de Economía en nombre del Senado, en los términos planteados por el Honorable señor Cantero y con el agregado que hizo el Senador señor Prokurica.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.

El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, no me resulta fácil manifestar mi opinión contraria a un proyecto del Gobierno. Pero lo voy a hacer, por consideraciones generales.

Hemos sostenido largas conversaciones -con el Ministro de Economía anterior y con el actual- respecto de la iniciativa que crea el Fondo de Innovación para la Competitividad, cuya idea de legislar vamos a votar hoy. Y, por supuesto, uno no podría estar en contra de los fines generales que se plantean en ella, porque a todos nos interesa que Chile logre un adecuado nivel de crecimiento.

Sin embargo, durante las discusiones que tuvimos en las Comisiones unidas expuse al anterior Ministro y al actual, en varias oportunidades, que me parecía que el proyecto no contaba con los elementos esenciales para conseguir, en función de las Regiones, un buen desarrollo en lo concerniente a los recursos y al elemento que estamos debatiendo hoy. Ello, fundamentalmente porque la estructura planteada responde a criterios de decisión nacional, y en particular de la Región Metropolitana.

Así, el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad estará integrado por siete miembros: tres Ministros de Estado; tres expertos en políticas públicas, en ciencias y en políticas de formación de capital humano especializado, y un empresario con vasta experiencia innovadora.

Todo ello, decidido y concentrado en la Capital, sobre la base de un Fondo conformado por recursos provenientes de Regiones mineras, principalmente de Antofagasta, que aporta 55,3 por ciento del total.

El señor PROKURICA.- Así es.

El señor GÓMEZ.- Creo, entonces, que haber unido una materia tan importante como la Innovación para la Competitividad a la generación del FIC constituye un primer gran error, por el efecto que ello genera en las Regiones mineras -sobre todo en la Segunda, que representamos con el Senador señor Cantero-, donde no existe buena calidad de vida.

El Honorable señor Gazmuri señaló que él ve estadísticas. Conforme. Pero Su Señoría no observa realidades cuando opina acerca de recursos.

El señor GAZMURI.- Veo las tiendas de Calama, señor Senador.

El señor GÓMEZ.- Es posible que en algunos casos existan remuneraciones mayores. Porque es cierto que algunas empresas mineras pagan bien, como asimismo que muchas personas se trasladan desde el sur para trabajar en la Región de Antofagasta. Pero la vida allí es más cara y más difícil. Incluso, Calama y Tocopilla ya fueron declaradas ciudades saturadas de contaminación; y lo más probable es que Antofagasta también lo sea.

Entonces, entrar en debate al respecto es poco simpático -diría yo-, porque, en definitiva, no se trata de discutir acerca de una Región u otra.

En todo caso, no me parece justo que, cuando se analiza un proyecto que involucra recursos generados por las Regiones mineras, estas no sean consideradas en forma especial, como queda en evidencia al revisar el articulado.

Por ejemplo, la Región de Antofagasta, según el cuadro que se acompaña a la iniciativa, podría recibir 1.500 a 2.000 millones de pesos al año.

Cuando se habla de zonas que requieren un desarrollo muy grande y que podrían ser incentivadas a los efectos de que entregaran más recursos a Chile, debería considerarse particularmente a Antofagasta -como señaló el Senador señor Cantero-, por ser una Región minera -al igual que otras- de la que se están sacando recursos.

Es importante, pues, tener presente la historia de distintas zonas mineras del país que hace muchos años contribuyeron al desarrollo nacional gracias a la producción de salitre, plata, guano, en fin, y que, cuando estos recursos se agotaron, fueron abandonadas.

Esto es lo que hay que impedir. Y por ello nunca he entendido la posición del Gobierno sobre la materia en cuanto a no mirar a las Regiones mineras de modo particular y a no estimar necesaria la existencia de una política especial para su desenvolvimiento, tanto más cuanto que en ellas se está acabando el agua y se registran carencias enormes en materia hospitalaria y otras.

Por tanto, perder la oportunidad de considerar de modo distinto a las Regiones mineras me parece un error, particularmente en lo que concierne a la iniciativa en debate. Porque, tratándose de recursos entregados a ellas, debería existir un sistema que permitiera el desarrollo de proyectos en su territorio.

Si entregamos los dineros al Fondo Nacional y no los hacemos llegar directamente a las Regiones, no vamos a incentivar el que las grandes instituciones y empresas de Santiago se trasladen a ellas para desarrollar proyectos. Por esa vía solo otorgaremos estímulos para que estos sean ganados por las universidades de mayor tamaño o por los grandes consorcios que se creen, pues las asignaciones de recursos se van a discutir en Santiago.

Por consiguiente, la iniciativa, de la forma en que se halla planteada, es centralista y, en mi opinión, no permitirá el desarrollo regional como debiera ser estimado. Se encuentra estructurada de manera tal que los recursos finalmente van a quedar en la Región Metropolitana, lo que ya se observó con motivo de un informe anterior. La mayor parte de lo que actualmente se halla en ejecución por distintos organismos corresponde a esa destinación. Porque ello resulta lógico: es donde existen más instituciones que pueden acceder a esos dineros.

Por tal razón -y el documento entregado por el señor Ministro de Economía no se traducirá en cambios profundos respecto de lo que exponemos-, mantengo objeciones de fondo al proyecto en estudio. A mi juicio, el articulado no cumple el objetivo que expresamos en la Comisión y que hubiéramos querido que se reflejara en la normativa que crea el Fondo de Innovación para la Competitividad, en el cual debieron incluirse fórmulas de atención especial para aquellas Regiones que requieren una mirada particular; abrirse la posibilidad de decisiones regionales para impulsar el progreso local; contemplarse la propuesta formulada en la Comisión en orden a crear consejos regionales o macrorregiones que permitan el desarrollo en función del sistema en examen, lo que se hubiese traducido en una entrega equitativa de recursos a las Regiones.

Nunca se ha planteado aquí que los fondos provenientes de la minería se ocupen solo en las Regiones mineras. Lo que se ha señalado es que se requiere hacer el reparto que corresponde a nivel nacional, pero aplicando una visión distinta en relación con las zonas que producen tales recursos para el país.

Y ello no se cumple en la iniciativa, conforme a lo que he revisado y analizado. Entiendo que tampoco se logra en los términos del documento entregado por el señor Ministro.

En consecuencia, desde mi punto de vista, no puedo apoyar un proyecto de esta naturaleza.

Por mi parte, represento a la Segunda Región, y su gente espera que, pese a ser un parlamentario oficialista y a tratarse de una iniciativa de Gobierno, cumpla con lo que prometí cuando fui elegido Senador: defender los intereses de la zona. Y en el texto en estudio ellos no están reflejados para nada.

He observado los gráficos que se encuentran al final del informe y me parece realmente vergonzoso ver cómo se han distribuido los fondos. En efecto, el cuadro titulado "Distribución Regional del Presupuesto FIC 2006" consigna que el "porcentaje de recursos destinado a regiones fue del 58%" y que la Primera recibió 4,8 por ciento; la Segunda, 2,3; la Tercera, 2,2; la Cuarta, 4,4; la Quinta, 8,2; la Sexta, 1,7; la Séptima, 2,1; la Octava, 11,5; la Novena, 6,6; la Décima, 10,7; la Undécima, 1,8; la Duodécima, 1,7, y la Metropolitana, ¡42 por ciento!

El señor CANTERO.- ¡Escandaloso!

El señor GÓMEZ.- Es un escándalo, como dice el Honorable señor Cantero.

Entonces, desde el punto de vista de lo que significa el proyecto, claro que estamos interesados en que salga adelante; pero el Gobierno debiera considerar recursos provenientes de los ingresos generales y el Fondo de Innovación debería ser objeto de una visión distinta.

El señor BIANCHI.- Más regional.

El señor GÓMEZ.- Más regional, como acota el Senador señor Bianchi.

Es plata que debe salir de los recursos del Estado, en términos globales, sin vincularla a los fondos derivados del cobre, lo que resulta imposible de aceptar por quienes representamos a Regiones mineras. De ninguna manera se puede admitir la viabilidad de la iniciativa si no se cumple el objetivo central señalado.

Insisto: las miradas que deben proceder al respecto son distintas.

Así ocurrió con el Fondo de Desarrollo de Magallanes. Me parece muy bien que se hayan establecido normas especiales. Y no se aprobó una sola ley, sino dos o tres tendientes a otorgar facultades precisas a fin de que muchos de los recursos queden en dicha Región, porque tal situación requería un enfoque particular.

Lo mismo debiera pasar con las Regiones mineras. Sin embargo, el proyecto en debate no cumple para nada con esa finalidad.

En consecuencia, el Gobierno, en mi opinión, no debiera utilizar los fondos del cobre para los efectos que nos ocupan, sino los que se obtienen por otros conceptos, y mirar al país en general para llevar a cabo una distribución como corresponde, equitativamente.

Por todo lo anterior, señor Presidente, voy a votar en contra de la idea de legislar.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ominami.

El señor OMINAMI.- Señor Presidente, considero muy loable el esfuerzo realizado por el señor Ministro de Economía y valoro también el trabajo hecho por varios Honorables colegas para sacar adelante el proyecto.

Tengo la impresión de que, más allá de las cosas con las cuales concuerdo, en el sentido de que opere un aumento automático del Fondo a una tasa anual de al menos 15 por ciento, para que Chile se acerque a los niveles internacionales del gasto en ciencia y tecnología como porcentaje del Presupuesto nacional, sería también interesante ampliar el margen de decisión regional.

Pero quiero entrar al debate, no de detalles, sino más de fondo.

Observo que en esta materia pasa algo extremadamente raro. Si existe un tema en el que se registra total consenso dentro del ámbito económico es el de la relevancia de la innovación. Se puede discutir acerca de muchos asuntos: política fiscal, política monetaria, gobiernos corporativos de las empresas públicas, privatizaciones, y en todos ellos encontraremos puntos de vista distintos. Pero no conozco a alguien que sostenga que la innovación no es importante; que el esfuerzo en investigación y desarrollo carece de trascendencia; que la configuración de un plantel de científicos de alto nivel no resulta fundamental; que la vinculación estrecha entre centros de investigación, universidades y empresas no es algo decisivo.

Tales aspectos se hallan absolutamente resueltos y son objeto de consenso a nivel internacional.

El problema, señor Presidente, es que no se avanza. Algo pasa. Lo que debiera ser un ámbito de grandes convergencias entre nosotros se transforma -y esta sesión ha sido, en alguna medida, testimonio de ello- en un terreno de disputa entre Senadores, por cuanto algunos sienten que se queda mucha plata en Santiago y poca en Regiones, y entre Gobierno y Oposición, alegato donde -quiero decirlo- comparto los planteamientos de los representantes de la Alianza en el sentido de que ha habido poca eficiencia en la ejecución y poca transparencia en la información.

Por lo demás, eso es algo que discutimos hace ya bastante tiempo en el marco de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Incluso, si no me equivoco, allí adoptamos un acuerdo unánime tendiente a pedirle al Gobierno que entregara información actualizada y pertinente y, además, que se compatibilizaran los datos dispersos que se logró recolectar respecto del uso de los recursos provenientes del impuesto específico.

A partir de todo lo dicho, y simplemente como una manera de contribuir al debate, quiero plantear tres ideas que, en mi opinión, explican la gran contradicción entre lo obvio: el tremendo consenso que debiera haber respecto de los temas de la innovación, y las dificultades que esta última enfrenta en Chile para avanzar.

El primer problema es bastante de fondo y de resolución no sencilla: las empresas, muy mayoritariamente, no se interesan en innovar.

Acá no ocurre lo que en la mayor parte de los países desarrollados, donde lo esencial de las capacidades de investigación se radica en las grandes compañías (en su época, IBM, Apple). Las transnacionales de envergadura cuentan con gigantescas posibilidades al respecto e invierten en ello mucho esfuerzo, dinero y energía.

Pero nada de eso pasa en Chile. Son muy pocas -deben ser contadas con los dedos de las manos- las empresas grandes que poseen departamentos de investigación o demuestran una gran preocupación por la innovación.

Y eso, señor Presidente,¿

El señor ÁVILA.- Los tienen en sus metrópolis.

El señor OMINAMI.- Si son subsidiarias de compañías trasnacionales, así es.

Cuando se trata de grupos nacionales, no contemplan tales dependencias, no porque sean perversos, sino porque no les interesa mucho. Y la razón de ello es que existen otras actividades, menos innovadoras, menos riesgosas, pero muy lucrativas.

El comportamiento de las grandes empresas es estrictamente racional. Cuando sus niveles de rentabilidad les permiten -por ejemplo, estoy pensando en Escondida- amortizar toda su inversión con las utilidades de dos años, para qué van a asumir la incertidumbre de emprender grandes investigaciones en ámbitos extremadamente riesgosos.

Si se trata de una producción extraordinariamente rentable, claro que se pueden realizar innovaciones relativamente marginales, desde el punto de vista de los procedimientos, y, a lo mejor, otras menos marginales, en cuanto al uso de los recursos naturales. Pero el incentivo para la innovación es bajo.

Entonces, aquí se podrá discutir ampliamente respecto de un conjunto de temas, pero, mientras el incentivo central esté orientado a que la actividad productiva se base en la explotación de un conjunto reducido de recursos naturales, los avances que materializarán las empresas en este ámbito serán relativamente marginales, por cuanto irán a contracorriente del cuadro económico dominante.

En resumen, me parece importante tener presente este primer elemento.

Mi segunda consideración se encuentra muy vinculada con la primera. El Honorable señor Cantero efectuó un largo alegato sobre la falta de una estrategia de desarrollo en materia tecnológica. Creo que Su Señoría tiene toda la razón. El problema es que en nuestro país no existe una estrategia de desarrollo. Por tanto, si no hay una de carácter más global, difícilmente habrá una de desarrollo científico y tecnológico.

La ciencia y la tecnología, por relevantes que sean, no pueden ser un elemento autónomo de nuestra estrategia de desarrollo. Y durante estos años hemos funcionado sobre la base de que, con buenos equilibrios macroeconómicos, con una adecuada política macroeconómica, con finanzas públicas sólidas, con un mercado que opere razonablemente bien, las cosas funcionarán correctamente y la economía obtendrá el dinamismo que todos queremos.

En mi opinión, esa es una idea profundamente equivocada y explica, entre otras cosas, la situación que estamos enfrentando en el país, ya no durante el último tiempo, sino en el último decenio.

Conviene no olvidar que hace muchos años se acabó la imagen del Chile "superdinámico" en América Latina. En los últimos diez años, nuestra tasa de crecimiento ha sido, en promedio, de 3,8 por ciento anual, en circunstancias de que la Región, en el mismo periodo, registró 3,4 por ciento, en promedio. Hemos estado muy en la medianía, desde ese punto de vista, no durante los dos o tres años recién pasados, sino en los últimos diez.

Entonces, se ha registrado una pérdida de dinamismo mucho más significativa y que, en mi opinión, tiene que ver con lo que señalo.

Hemos sostenido esta discusión en otras ocasiones, pero me parece pertinente insistir en ella.

Falta una definición de estrategia de desarrollo para enfrentar los nuevos desafíos de la economía contemporánea y un cierto agotamiento de lo que fue la primera fase en nuestro desarrollo exportador, basado en un reducido número de recursos naturales.

Nos presenta mucha dificultad la transición entre esa primera etapa, de "desarrollo fácil" o inicial, y el salto hacia una estructura productiva más diversificada, con mayor contenido tecnológico, con mayor valor agregado, con mayor trabajo calificado, por la carencia de una estrategia con los incentivos correspondientes.

Por último, mi tercera consideración dice relación a la institucionalidad.

A mi juicio, es debatible si entra un Ministro o no. Me parece necesario que estén representados todos los sectores que, de alguna manera, son productores de ciencia y tecnología. No tengo ninguna duda respecto de ello.

Sin embargo, el problema de fondo no estriba allí, sino en que hemos heredado un modelo de gestión económica que no es el predominante en el resto del mundo. El país tiene una autoridad económica con un marcado sesgo financiero. Ello es lo que resulta de un Banco Central fuerte en su objetivo, definido constitucionalmente, de control de la inflación. Y también existe un Ministerio de Hacienda poderoso en el control de las finanzas públicas.

No obstante, no hay una autoridad política equivalente, con la misma fuerza del Presidente del Banco Central o del Ministro de Hacienda, para sostener las cuestiones del desarrollo, del crecimiento, de la innovación.

Eso explica, entre otras cosas, un fenómeno que aquí ya se ha señalado y que comparto: la extrema fragmentación de todo el esfuerzo en ciencia y tecnología o en innovación dentro del aparato público. Al final, es como una especie de farmacia homeopática, con pequeñas "cápsulas" radicadas en los distintos Ministerios. Cada uno de ellos tiene su pequeño instrumento de fomento, pero la verdad es que no se cuenta con grandes dispositivos que permitan dar un salto de envergadura en este ámbito.

Todos los problemas planteados aquí respecto de ineficiencia o, simplemente, falta de ejecución de los presupuestos comprometidos para ciencia y tecnología y las dificultades que enfrentamos en ese terreno tienen que ver, en definitiva, con la ausencia de una autoridad política fuerte capaz de sacar adelante la tarea.

En ese sentido, mientras funcione una institucionalidad económica orientada en forma predominante hacia el área financiera, que mira mucho la labor de las clasificadoras de riesgo, los niveles de riesgo país, las opiniones de los analistas de Wall Street, y poco lo que pasa en el ámbito productivo, difícilmente podremos resolver las otras situaciones a que he hecho referencia.

No dispondremos de una estrategia de desarrollo científico y tecnológico sin una estrategia de desarrollo nacional, y no lograremos esta última si se plantea el incentivo de seguir obteniendo altos niveles de rentabilidad sobre la base de la explotación de recursos naturales que, finalmente, son objeto de una baja tributación.

Mientras ese cuadro subsista será bastante complejo dar los pasos necesarios para convertirnos en un país donde la innovación sea un motor del crecimiento.

Por eso, señor Presidente, reitero mi respaldo a los esfuerzos que el Gobierno hace en la materia, pero debo manifestar cierto escepticismo respecto de los avances que puedan concretarse, pues a mi juicio median razones más de fondo, dadas por los elementos que intenté reseñar, y que obstaculizan progresos más rápidos y sustantivos.

No obstante mi escepticismo, anuncio que votaré favorablemente el proyecto, con la esperanza de que podamos introducir cambios que permitan ir corrigiendo algunos de los problemas que he tratado de sintetizar en mi intervención.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Hago presente a la Sala que falta un minuto para terminar el Orden del Día, lo que llevaría a interrumpir casi de inmediato al próximo señor Senador que hiciera uso de la palabra.

El señor VÁSQUEZ.- ¿Cuántos oradores quedan?

El señor PROKURICA.- Ocho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Son más, en realidad: los Honorables señores Bianchi, Ruiz-Esquide, Sabag, Letelier, Navarro, Núñez, Gazmuri, Naranjo, Flores y Prokurica.

Además, el señor Ministro ha solicitado intervenir, pero debo precisarle que podrá hacerlo al final de la discusión.

El señor ÁVILA.- También le pido que me inscriba, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- No hay ningún inconveniente.

--Queda pendiente la discusión general del proyecto.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminado el Orden del Día.

VI. INCIDENTES

PETICIONES DE OFICIOS

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.

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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:

Del señor CANTERO:

A Su Excelencia la Presidenta de la República, a fin de obtener un pronunciamiento sobre SITUACIÓN DE SEÑORA PAULA ARÉVALO BASCUÑAN. Al señor Ministro del Interior, con el objeto de que se informe acerca de SOLICITUD DE PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE SEÑOR HERBERT ROJAS DONOSO. Al señor Ministro de Defensa Nacional, para que se informe respecto de PRESENTACIÓN DE ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE OSTRAS Y OSTIONES DE CHILE A.G. A la señora Ministra de Educación, solicitándole RESPUESTA A SEÑORA FANNY GARAFULIC SIMUNOVIC SOBRE DERECHO A COBRO EN DEMANDA POR DEUDA HISTÓRICA CON PROFESORES. Al señor General Director de Carabineros, pidiéndole informar respecto de SOLICITUD DE PAGO DE DIFERENCIA DE ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA A SEÑOR LUIS ALBORNOZ VÁSQUEZ. Al señor Subsecretario del Trabajo, requiriéndole informar en cuanto a PRESENTACIÓN DE SEÑOR JOSÉ PINCHEIRA BRAVO. Al señor Director del Trabajo de la Segunda Región, para el estudio de ANTECEDENTES DE DESPIDO DE SEÑOR HÉCTOR NIBALDO DUBÓ FARÍAS POR CODELCO NORTE. A la Superintendencia de Seguridad Social, a fin de que informe sobre REVALUACIÓN DE SEÑOR SEGUNDO TELLO RIVERA. Al señor Director Nacional del Instituto de Normalización Previsional, solicitándole informe respecto de AÑOS DE IMPOSICIONES DE SEÑOR VÍCTOR PÉREZ HERRERA EN CAJA DE MARINA MERCANTE. Al señor Vicepresidente Corporativo de División Codelco Norte, con el objeto de que proporcione ANTECEDENTES SOBRE VENTA DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS EN MINA SUR. Al señor Director de la Organización Internacional del Trabajo en Chile, para que informe sobre PRESENTACIÓN DE SEÑORES JUAN DE DIOS TORO, MARIO SAAVEDRA Y RAIMUNDO ZEBALLOS.

Del señor ESPINA:

Al señor Contralor General de la República, a fin de pedirle INVESTIGACIÓN DE DESTINO DE RECURSOS COMPROMETIDOS A COMITÉS HABITACIONALES DE ANGOL. A los señores Secretario Regional Ministerial de Economía subrogante y Secretario Regional Ministerial de Agricultura de la Araucanía, para pedir INVESTIGACIÓN DE HECHOS PERJUDICIALES PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS PANADEROS.

De los señores ESPINA Y GARCÍA:

A la señora Ministra de Salud, pidiéndole INVESTIGACIÓN DE SITUACIÓN DE HOSPITAL DE TEMUCO, CON ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EFICIENTE.

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El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Unión Demócrata Independiente, por veinte minutos.

Tiene la palabra el Senador señor Orpis.

URGENCIA EN CONSTRUCCIÓN

DE RUTA CHAITÉN-PUERTO MONTT

El señor ORPIS.- Señor Presidente, ayer, con motivo de la aprobación de los proyectos de acuerdo relativos a la situación de Chaitén, surgió un debate importante en esta Sala, que yo quisiera seguir profundizando ahora a raíz de las intervenciones que realizaron aquí diversos señores Senadores.

En verdad, ha habido noticias importantes entre ayer y hoy. Una de ellas -y eso es lo inexplicable de todo esto- es que, después de 17 años, tenemos al fin el trazado de la vía entre Chaitén y el sector cercano a Puerto Montt. ¡Después de 17 años! Un señor parlamentario decía ayer que el Gobierno militar lo había dejado abandonado, por lo difícil que era, lo cual demostraba, precisamente, su dificultad. Pero la ruta austral siguió construyéndose y hoy día llega hasta Villa O¿Higgins.

Porque una cosa es ejecutar el camino y otra no tener claro su trazado. La Carretera Austral prácticamente se ha completado. Y, a mi juicio, lo que corresponde en este minuto es concentrar los esfuerzos en concluirla a la mayor brevedad.

Aún tenemos una tremenda deuda, que nace de una tragedia. Sin embargo, de acuerdo con antecedentes entregados por el Ministro de Obras Públicas, de aquí al 2009 apenas se van a construir 5 kilómetros de los 60 que quedan pendientes.

Me parece, señor Presidente, que dadas la magnitud de la tragedia que ha sufrido la gente de Chaitén y la urgente necesidad de tener una conexión terrestre con el resto del país, no corresponde ejecutar solo 5 kilómetros en un par de años.

Sin perjuicio de ello, quiero profundizar en un concepto, pues creo que vamos a tener problemas. Como dije en otra oportunidad, me tocó conocer este caso a principios de la década de los 90. A partir de entonces se advirtió a las autoridades cuáles iban a ser las consecuencias.

En lo personal, he conversado con varios Ministros del Interior, a quienes les hice presentes mis aprensiones. Evidentemente, tiene que existir tolerancia. Yo soy el primero en aceptar ese concepto, pero junto a él hay otro elemento que debe tomarse en consideración: que cualquier postura filosófica genera consecuencias prácticas, en todo orden de cosas. Cuando hay una filosofía detrás de un concepto político, por ejemplo, es indudable que ella repercute en la política contingente.

Pues bien, lo que ha ocurrido, señor Presidente -y esa es la gran respuesta de por qué no se ha completado el camino-, es que, como señalé ayer, Douglas Tompkins representa una filosofía: la ecología profunda, que es el movimiento ambientalista más radical que existe. Tal como indiqué en dicha oportunidad, tal filosofía antepone los intereses de la naturaleza por sobre los intereses del ser humano, y postula que la superpoblación es lo que ha provocado el deterioro de la naturaleza.

Por lo tanto, en atención a lo que significa esa filosofía, era previsible que se iban a presentar todos los obstáculos posibles para la construcción de una ruta que afecta a un territorio de propiedad de quien representa, precisamente, la filosofía más radical en materia ambiental.

Yo me pregunto, en términos prácticos, por qué uno de los hombres claves de la ecología profunda en el mundo va a permitir que un camino invada una propiedad que él pretende preservar. Obviamente que no lo va a hacer. ¡Esa es la consecuencia! Y ese es el tipo de obstáculos que hemos vivido durante prácticamente 17 años.

¿Cuál es la gravedad del problema? Que Chile ha sido débil, señor Presidente. Porque una cosa es aceptar o tolerar las distintas visiones filosóficas, ideológicas, en que creen las personas, y otra es el bien común, que exige, desde hace mucho tiempo, que nuestro país tenga conectividad, más allá de que el dueño de algunos de los terrenos afectados represente determinado pensamiento.

Lo reitero: Chile ha sido extremadamente débil. Porque no hay justificación para no haber siquiera definido una ruta en 17 años. Nos podemos demorar en ejecutarla todo lo que sea necesario, pero la gran noticia hoy día es la determinación de su trazado, después de una tragedia que ha obligado a sacar a poblados enteros por vía marítima o a través de Argentina. Hoy un medio de comunicación comparaba esta situación con la que vivió New Orleans, donde también hubo que evacuar poblaciones completas.

Y lo anterior, señor Presidente, se debe a que Chile no ha tenido voluntad política para imponerse en un asunto que indudablemente es estratégico.

Estoy de acuerdo en que el país debe aceptar a los extranjeros -eso es evidente y nadie está en contra-, pero no a quienes coloquen obstáculos que impidan la conectividad de su territorio. Porque -quiero decirlo- este chantaje de que estamos siendo objeto por parte de grupos ambientalistas radicales, en el ámbito de la conectividad, también lo estamos sufriendo en materia energética. Eso hay que dejarlo establecido. Hoy, debido a ese chantaje, no se han podido construir las centrales de Aisén, ni tampoco ha sido posible avanzar en el tema nuclear. ¿Y cuál ha sido la consecuencia de eso? Que ahora estamos llenos de centrales a carbón, lo que es una contradicción.

Por eso, señor Presidente, considero absolutamente insuficiente el anuncio del Ministro de Obras Públicas en cuanto a que de aquí al año 2009 solo se van a construir 5 kilómetros del camino. Esa no es una respuesta a la magnitud de la tragedia que ha vivido la provincia de Palena. La respuesta es definir un trazado y, dado el nivel de recursos de que dispone el país, no construir 5 kilómetros de aquí a un año y medio más, sino una cantidad mucho mayor, ya que estamos hablando de solo 60 kilómetros en total, dejando claramente establecido, además, que a partir de hoy los chantajes terminan y que en adelante Chile va a priorizar la conectividad de su territorio.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Navarro.

El señor NAVARRO.- El Senador señor Núñez intervendrá primero, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Muy bien.

Tiene la palabra Su Señoría.

ESCASEZ Y MALA DISTRIBUCIÓN DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN

El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, agradezco a mi Honorable colega por permitirme exponer sobre un tema que me parece esencial, a propósito de las últimas experiencias que hemos vivido.

Antes, sin embargo, me voy a referir al asunto que acaba de abordar el Honorable señor Orpis.

Yo tengo la misma impresión que Su Señoría en el sentido de que Chile recién está tomando conciencia de las características de su territorio. Antes no la tuvo. Y creo que el proyecto anterior -en el que, lamentablemente, no alcancé a intervenir-, trata de resolver por primera vez, de alguna manera, el problema de la inequidad territorial que afecta al país en todos los ámbitos, tanto en el humano -desigual distribución desde el punto de vista de su geografía humana- como en el plano de los ingresos que percibe cada una de las Regiones (concentrados en dos o tres de ellas).

Asimismo, hay inequidad desde la óptica de la distribución del conocimiento, el cual se halla radicado en 200 científicos que viven en la Región Metropolitana, en Valparaíso y, tal vez, en Concepción. Ese es el capital humano con que cuenta Chile para enfrentar el desafío de generar condiciones para un desarrollo en materia de conocimiento científico y tecnológico.

Y existe, también, inequidad en la conectividad. No teníamos conocimiento cabal respecto de las dificultades que representa unir territorios que fueron diezmados geológicamente hace 2 ó 3 millones de años. Eso es lo que ocurrió entre el Golfo de Reloncaví y lo que hoy conocemos todos los chilenos: Chaitén. Ahí se produjo un desastre geológico que recién fue estudiado con motivo del terremoto de 1960 por un conjunto de geólogos japoneses que vinieron a nuestro país.

En esa zona se hundió la cordillera. Lo que vemos son los restos de una cadena montañosa que se mantiene muy activa, porque hay dos volcanes, uno al lado del otro: el Michimahuida y el Chaitén. Acabo de estar en esa región. Como geógrafo, siempre me ha interesado el lugar. Además, he volado en dos oportunidades entre Hornopirén y Chaitén.

Por cierto, lo que ahí existe es uno de los territorios más difíciles del planeta, comparable únicamente con los parajes de Noruega. No hay otro país que tenga una geografía similar.

Por lo tanto, construir 5 kilómetros de camino en esa área -desde luego, no estoy de acuerdo en que los trabajos se limiten a la cantidad anunciada- equivale a construir 50 kilómetros de carretera en la zona central. Es cosa de mirar por dónde irá la ruta.

No comparto la tesis de Tompkins en cuanto a que la conectividad sea solo y exclusivamente por mar. A lo mejor, en algunas partes hay que efectuarla por mar y en otras por tierra, como se hace en Europa. Suecia, por ejemplo, para su comunicación interior con Noruega, ha echado mano a ambas alternativas, por las características geográficas que posee.

Nosotros recién estamos tomando conciencia de las peculiaridades de nuestro territorio. Los chilenos, en general, no saben lo que viene después de Tortel. Y hasta Puerto Natales existen mil 400 kilómetros. Solo la Marina conoce exactamente, por ejemplo, qué hay en la península de Taitao, que hasta hace muy poco tiempo algunos creían que era una isla. Treinta años atrás los mapas la identificaban así. Una expedición del Ejército demostró que era península.

Todo esto está bastante relacionado. Al final, nunca vamos a tener una conectividad real, no solo geográfica, que nos permita ganar efectivamente el territorio nacional si no contamos con una buena y adecuada distribución del conocimiento y la inteligencia. En Chile están mal distribuidos no solo los recursos, sino también la inteligencia, en el mejor sentido de la palabra: los profesionales, los técnicos y los más selectos científicos. Y mientras no tengamos la posibilidad de tener en cada una de nuestras regiones centros de investigación que estudien bien realidades que recién estamos conociendo, continuaremos enfrentando las mismas dificultades.

El volcán Chaitén no estaba siendo monitoreado y muy pocos sabían de su existencia. La gente conocía el Michimahuida, que se encuentra a 30 kilómetros de distancia. El Chaitén prácticamente no formaba parte siquiera del conocimiento de los vulcanólogos de las universidades más importantes del país, quienes estaban preocupados del volcán Michimahuida, que entró en erupción en 1882, causando un enorme desastre por la acumulación de nieve en su parte superior. Felizmente, no ha explotado nuevamente, porque ello significaría la desaparición del río Yelcho. Lo que tenemos en Chaitén, en definitiva, es una desgracia que ojalá nos permita a los chilenos conocer mejor las características de nuestro territorio.

Con el Senador señor Prokurica nos preguntamos por qué no hay volcanes en la Tercera Región. Claro, a estas alturas, ¡es mejor no tenerlos¿! Pero, siendo así, carecemos también de fuentes geotérmicas.

Le ruego que disculpe, señor Presidente, estas reflexiones, motivadas por la intervención del Honorable señor Orpis.

CAMBIO DE NOMBRE DE CALLE "CORONEL ARTURO

ÁLVAREZ SGOLIA" DE CHAÑARAL. OFICIOS

El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, hace unos años -precisamente, el 17 de junio de 2003- intervine en este Hemiciclo para denunciar un hecho inaudito: que una calle de la ciudad de Vallenar llevara el nombre de una persona que cometió crímenes contra los derechos humanos. Me refiero al ex general de Ejército señor Ramsés Arturo Álvarez Sgolia, quien en la actualidad cumple condena por su responsabilidad como autor del delito de homicidio calificado en la persona del destacado sindicalista y recordado líder de los trabajadores de la ANEF don Tucapel Jiménez Alfaro.

Recientemente me he informado, a través de un destacado profesor de Estado, oriundo de la ciudad de Chañaral, que en la población Aeropuerto de esa comuna una calle lleva el nombre "Coronel Arturo Álvarez Sgolia", el cual fue impuesto en la década de los 80 por un alcalde del Régimen militar.

Para quienes no tuvieron la oportunidad de escuchar mi intervención en aquella época, debo recordar que históricamente -salvo durante el período de dicho Régimen- la denominación de calles, pasajes y avenidas de nuestras ciudades era realizada por autoridades municipales, hoy alcaldes y concejales. Y para ello se consideraban varios factores, entre otros, los elementos geográficos, la flora y fauna característica, el homenaje a determinados hechos históricos, las figuras de la historia patria, el tributo a hombres y mujeres que se han destacado por su contribución al desarrollo político, económico o cultural de una Región, provincia o comuna.

Hoy, muchos habitantes de Chañaral y de la Región de Atacama legítimamente se preguntan quién es esa persona que mereció tan importante reconocimiento, que hasta ahora, en plena democracia, perdura.

Se trata del señor Ramsés Arturo Álvarez Sgolia, quien después del Golpe de Estado de 1973 fue Comandante del Regimiento Nº 23 "Copiapó", Jefe de la Zona de Emergencia de la Provincia de Atacama e Intendente de la Región, y durante cuyo mandato varias personas opositoras al Régimen militar fueron detenidas en la Región de Atacama, las cuales se encuentran desaparecidas hasta el día de hoy, entre ellas, una muy cercana a mí, Ricardo García, a quien le pedí personalmente asumir la gerencia de El Salvador de CODELCO. Por supuesto, sus familiares todavía buscan dónde se encuentra mi compañero y amigo.

Cabe resaltar que durante el período en que el señor Álvarez Sgolia se desempeñó como Intendente (1975), se inventó el tenebroso plan "Lobo Azul", en virtud del cual numerosos trabajadores de Potrerillos, El Salvador y la ex planta termoeléctrica de Barquito, así como trabajadores portuarios, estibadores y pescadores del puerto de Chañaral, fueron detenidos y trasladados a Copiapó -entre ellos, familiares del profesor aludido-, donde fueron brutalmente golpeados y torturados. Sin embargo, hasta el día de hoy nunca se ha podido comprobar la existencia del referido plan, que tuvo el propósito de amedrentar y generar miedo en los habitantes de Atacama, en particular en los de la provincia de Chañaral.

Pero los "destacados" antecedentes del señor Álvarez Sgolia no se agotan en esos hechos biográficos.

Entre marzo de 1981 y diciembre de 1982, fue Director de Inteligencia del Ejército, con el grado de general. El 18 de marzo de 2000 la Corte Marcial de esa rama de las Fuerzas Armadas lo acusó de fraude al Fisco por estafar al Hospital Militar entre los años 1991 y 1994, debido a que cobraba sobreprecio por la compra de productos médicos que comercializaba una empresa de su propiedad.

Como señalé hace ya cinco años, los antecedentes de este ex oficial de Ejército distan mucho de hacerlo merecedor de un homenaje, y menos, por cierto, de que una calle de cualquier ciudad de nuestro país lleve su nombre.

Es más, resulta profundamente penoso que personas como el señor Álvarez Sgolia, sentenciada por violación a los derechos humanos, aprovechando la falta de democracia y de instituciones efectivamente representativas de la ciudadanía a nivel local, se autohomenajeen y designen con su nombre calles, avenidas o plazas de Chile, en un vano afán de pasar a la historia y ser recordados por lo que precisamente no fueron.

En virtud de lo expuesto, señor Presidente, vengo en solicitar que se oficie en mi nombre al Alcalde de Chañaral, don Héctor Volta Rojas, y al Honorable Concejo Municipal de esa comuna, para que, en uso de sus facultades y prerrogativas legales, tengan a bien estudiar el cambio de nombre de la calle "Coronel Arturo Álvarez Sgolia", ubicada en la población Aeropuerto de ese lugar.

He dicho.

--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ominami.

FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE REQUERIMIENTO PRESENTADO A RAÍZ DE FALLO RELATIVO A "PÍLDORA DEL DÍA DESPUÉS". OFICIO

El señor OMINAMI.- Señor Presidente, intervendré brevemente en la hora de Incidentes de esta sesión para manifestar mi preocupación por la falta de respuesta del Tribunal Constitucional ante el requerimiento que presentamos, si no me equivoco, trece miembros de esta Corporación a propósito de la resolución que aquel dictó sobre la llamada "píldora del día después".

Varios de los requirentes concurrimos personalmente a la sede del organismo a entregar el escrito pertinente, en el cual se pide declarar la nulidad del fallo sobre la base de dos argumentos.

En primer lugar, porque el Ministro señor Bertelsen debió haberse inhabilitado, toda vez que fue un informe en Derecho preparado por él con dos años de anterioridad a la dictación del dictamen del Tribunal el que en un 90 por ciento sirvió de fundamento al recurso presentado por el abogado señor Reyes. Se violó, en consecuencia, un principio básico de imparcialidad en un juez.

Y, por otra parte, cuando se filtró y se hizo público que había ya un dictamen del Tribunal Constitucional, el Presidente subrogante -si no me equivoco- entregó un comunicado adelantando los contenidos del mismo. Y en eso creo que cometió también un grave error de procedimiento. Porque no pueden adelantarse fallos mientras no haya sentencia.

Entonces, hay un segundo vicio sobre el cual llamamos la atención los Senadores en cuestión.

Más allá del debate de fondo -que me parece muy importante y que tiene como lugar de canalización el Senado, a propósito del proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional- deseo que se haga presente a esa instancia la necesidad de responder -en la forma que ellos estimen conveniente; pero hacerlo- al requerimiento de trece Senadores.

--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Independientes, tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

MEDIDAS ANTE ERUPCIÓN DE VOLCÁN CHAITÉN. PRECISIONES SOBRE PROYECTO DE ACUERDO APROBADO

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, en verdad me han motivado a usar de la palabra tanto la intervención del Senador señor Orpis como la réplica, con algún matiz, del Honorable señor Núñez, pues me parece importante precisar nuestro punto de vista en relación con el proyecto de acuerdo aprobado ayer por unanimidad en el Senado.

Ese proyecto fue el resultado de haber refundido en uno solo dos visiones -o si se quiere, dos apreciaciones- sobre el drama que están viviendo hoy una significativa cantidad de chilenos que habitan en la provincia de Palena, en el extremo sur del territorio.

Una de ellas ponía el énfasis -y con razón, porque se trata de mitigar el daño- más bien en resolver el problema desde el punto de vista de las compensaciones económicas, si así puede decirse, para paliar la situación que se está viviendo, y de otro tipo de ayudas que nos parecen relevantes y que es bueno que vayan en beneficio de aquellos que han sufrido las inclemencias de la erupción volcánica.

Pero hubo otro proyecto, el que presentamos con el Senador señor Horvath, que miraba a algo que fuera más allá de eso y que diera tranquilidad a la gente que habita desde Palena al sur: tener la certeza, la seguridad de que en caso de inclemencias del tiempo, de un aluvión, de una erupción volcánica o de un terremoto puedan desplazarse por sus propios medios y tengan comunicación con el resto del país.

Y es acá donde, a mi juicio, lo planteado hoy por el Senador señor Orpis es lo que la gente está sintiendo.

Me decía ayer el Honorable señor Horvath, con quien hablé después de haberse aprobado el proyecto de acuerdo refundido: "No te imaginas el drama que se nos viene encima con una erupción volcánica y la forma como la gente la ha encarado frente a la inseguridad y la falta absoluta de ayuda que vio y sintió en sus condiciones de vida".

Entonces, francamente, aquí uno se da cuenta de que algo tan elemental como el que el Estado debe tener continuidad en su territorio, no puede quedar entregado al azar o que simplemente pueda decirse "Mire, se cumplirá", o "Vamos a ver si se puede o no".

Sería como si el Estado careciera de eficacia jurídica.

El Estado es la nación jurídicamente organizada. Pero hay un pueblo que la habita. Y la gente tiene sus derechos y obligaciones. Pero una responsabilidad estatal muy importante es asegurar a todos el ejercer los derechos de movilidad, de comunicación, a la tranquilidad. De no ser así, el Estado no estaría cumpliendo con una función fundamental. Es decir, actuaría con una capitis diminutio que nadie podría negar.

Y lo planteado hoy día por el Senador señor Orpis creo que da en el clavo, pues es lo que la gente está viendo. Porque resulta inadmisible, señor Presidente, que por la voluntad de una persona, sea nacional o extranjera -irrita mucho más si se trata de esta última, por cierto- el derecho de propiedad en Chile sea al estilo del antiguo Derecho Romano, conforme al cual se hacía con aquella lo que se quisiera. Bueno, eso no puede ser compartido.

Pero el derecho de propiedad, ¿tiene o no límites? ¡Claro que los tiene! Y ellos se fundan en el bien común. ¿Por qué? Porque la existencia de este es algo fundamental para el Estado y la sociedad.

Y en el sur una persona se da el lujo de querer ejercer prácticamente un derecho de propiedad sin límites. ¡Y ni siquiera eso! Tampoco lo ejerce productivamente, sino que, además, lo hace con una cosmovisión que tiene del medioambiente, conforme a la cual llega al absurdo de sostener una teoría que va mucho más allá de una mera apreciación: la subordinación de todo a la naturaleza, como si el hombre no existiera. ¡Aquí estamos ante la divinización de la naturaleza!

Está muy bien que alguien pueda entender eso. Pero, más allá de su apreciación, partimos de la base de que ello debe conciliarse con otros intereses que están expresados en nuestra sociedad. Y, por eso, es absurdo -a nosotros no nos cabe en la cabeza, ni tampoco a la inmensa mayoría de los chilenos- que el territorio nacional hoy día no se pueda unir como corresponde, porque hay alguien que lo impide o lo retarda en los términos que estamos viendo. Y esto no es ya por un mes, ni por un año, sino que se arrastra desde hace varios años, pues no se ha podido tomar una decisión política eficaz por la voluntad de una persona.

Entonces, señor Presidente, creo que es bueno hacer conciencia sobre el proyecto de acuerdo resuelto ayer por el Senado.

Hoy día he vuelto a usar de la palabra, motivado por el planteamiento del Senador señor Orpis. Estimo que no es menor lo que Su Señoría ha señalado. Y debemos precisar con toda claridad que no hay contradicción con lo manifestado por el Honorable señor Núñez. Porque quizás parte de los 65 kilómetros de ruta que faltan sea consecución terrestre. Pero igualmente otra puede ser con transbordadores. Eso lo van a tener asegurado los habitantes de la zona, o quienes quieran llegar a ella.

El problema es que hoy no es factible lo segundo, porque no está hecho lo primero. ¡Qué sacamos con tener un transbordador para cruzar tal o cual fiordo si no hay camino entre el fiordo y Chaitén, o entre Chaitén y Futaleufú, o entre este y Palena!

Fíjese que hoy día, señor Presidente, los habitantes del lugar tienen la tranquilidad y seguridad de los caminos que van a Argentina.

Por consiguiente, si en el Senado, la más alta Corporación de la República, no hay conciencia del drama que esto significa, quiere decir que el día de mañana bien poco hemos de pedir a la nación que entienda lo que es el abuso, la soberbia de una persona que se atreve a desafiar todo. Porque, en definitiva, nadie quiere decir las cosas con claridad.

Esta situación no debe continuar, señor Presidente. Merece y obliga a que el acuerdo que ayer tomó el Senado se cumpla por el Gobierno. Y que lo haga no solo por ser una resolución nuestra, sino porque tenemos un deber, una obligación, con los miles de chilenos que habitan la zona sur y que hoy día carecen de la tranquilidad que tenemos todos en el resto del territorio.

¡No puede haber un país para 15 millones 900 y tantas mil personas, y otro distinto para 100 mil! ¡Tiene que ser uno para todos y con los mismos derechos y deberes!

Señor Presidente, me he sentido en la obligación de precisar lo que pensamos los Senadores de la zona. Tanto el Honorable señor Horvath como el que habla tenemos plena coincidencia de que hoy día, por esta vía, estamos defendiendo la soberanía, los derechos fundamentales y, sobre todo, la seguridad de gente muy modesta. Sus abuelos, sus sus padres y muchos de ellos mismos entregaron su vida para que esos terrenos quedasen bajo la jurisdicción nacional, y no para que hoy día -dado lo que sucede allí- se encuentren expuestos a ser "tierra de nadie"; superficies en las cuales esos chilenos no puedan vivir como lo hace cada uno de los habitantes de las demás Regiones del país.

Por eso, señor Presidente, espero que se cumpla lo solicitado en el acuerdo adoptado ayer por esta Corporación y no siga transcurriendo el tiempo sin que se construya el camino que conecte la provincia de Palena con Puerto Montt.

No resulta admisible que pasen los años y los pobladores no vean materializado su legítimo anhelo de que Chile sea uno solo y que la zona en que viven se encuentre unida al resto del territorio.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- En el turno cedido por el Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Senador señor Navarro, por quince minutos.

El señor NAVARRO.- Más el tiempo que quedó al Comité Socialista, señor Presidente.

Me referiré a varios asuntos.

CONECTIVIDAD DE CHAITÉN. OFICIOS

Señor Presidente, en el diario "La Segunda", de hoy, el señor Bitar, con relación al aislamiento de Chaitén, dice: "Está claro. Habrá una ruta de conectividad por mar y otra por tierra. La decisión del Gobierno ya está tomada.".

Esas son las palabras del Ministro de Obras Públicas.

La ruta planificada consulta cuatro caminos: el primero unirá Hornopirén y Pichanco; el segundo, Pichanco y Leptepú (64 kilómetros); el tercero, Leptepú y Fiordo Largo, y el cuarto, Pillán con Caleta Gonzalo, para llegar a Chaitén, pasando por el Parque Pumalín.

Señor Presidente, espero que esa decisión se cumpla y las cosas se hagan bien, no como ocurrió con la Carretera Austral, donde se empleó dinamita, sin ningún cuidado por el medioambiente. La experiencia demuestra que ello es posible. Y si se toman los debidos resguardos, tanto mejor.

Solicito oficiar al Ministerio de Obras Públicas para conocer en detalle ese proyecto. Y ojalá se cuente con los correspondientes estudios de impacto ambiental, a fin de minimizar los costos.

Además, pido remitir oficio al Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) y a la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI), a fin de que el primero nos informe cuáles son y dónde se encuentran ubicados los volcanes que implican riesgo; los programas elaborados por ambas reparticiones para advertir a los pobladores de lugares aledaños que viven en zonas de riesgo; el monto de la inversión pública en tales áreas por parte del Ministerio de Obras Públicas, de MIDEPLAN y de los gobiernos regionales.

De esa manera contaremos con el mapa relativo a la actividad volcánica en Chile.

La del Chaitén fue una sorpresa; toda la preocupación se centraba en el Michimahuida.

Por lo tanto, requiero oficiar también a los Ministerios de Hacienda y de Minería, con el propósito de que nos informen cuántos recursos se han invertido en estudios de vulcanología en los últimos 10, 20 y 30 años. Ello, por cuanto, siendo Chile un país sísmico, lleno de volcanes, con riesgo de tsunamis, en fin, para enfrentar la rudeza de la naturaleza, lo mejor es prevenir.

Me interesa saber, en particular, si en la Región del Biobío, plagada de volcanes, efectivamente se están efectuando inversiones públicas en sectores donde hay posibilidades de que se produzca una erupción. Porque el Estado -independiente de lo mañosa e impredecible que pueda ser la naturaleza-, tiene el deber de contar, al menos, con los estudios respectivos. Lo anterior significa destinar más recursos para los cuerpos de investigadores, sobre todo para los de las universidades; dotar de mayores facultades al SERNAGEOMIN, de modo tal que el Estado realice su propia evaluación; comprar los instrumentos científicos y tecnológicos que hoy se hallan disponibles en el mercado internacional, especialmente en Japón. Todo ello, con el objeto de prevenir al máximo situaciones como las que en la actualidad se enfrentan en Chaitén.

Las medidas descritas serían de gran ayuda para tranquilizar a los miles y miles de compatriotas que habitan en las cercanías de volcanes y que, al observar el drama que la gente vive a diario a raíz de lo que sucede en Chaitén y Futaleufú, se preguntan en qué grado de riesgo se encuentran ellos.

El Estado tiene la obligación de evaluar, estudiar y tomar medidas de prevención, de contingencia, a fin de proteger a las personas ante cualquier hecho similar al del volcán Chaitén.

--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

SITUACIÓN DE POBLADORES DE PEDRO DE VALDIVIA BAJO,

EN CONCEPCIÓN. OFICIOS

Señor Presidente, pido que se oficie a la Ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Patricia Poblete, acerca del problema que afecta a la gente que vive en Pedro de Valdivia Bajo, en la comuna de Concepción, de la Octava Región, que participa en el programa "Quiero mi Barrio".

Los abuelos y los padres de los actuales habitantes de ese sector rellenaron una franja de terreno del río Biobío y levantaron una población. Ellos residen, laboran y se desarrollan en ese lugar.

Dados los niveles de pobreza en que subsisten, el Gobierno decidió intervenir. La Presidenta Bachelet adquirió el compromiso de implementar allí el programa estrella en la Región del Biobío: "Quiero mi Barrio", con la finalidad de transformar la vida de quienes tienen precarias condiciones en Pedro de Valdivia Bajo.

Sin embargo, desde 2003 -ya en el Gobierno del Presidente Lagos- el avance en ese sector es nulo. Y hay creciente desesperación en sus habitantes. Nadie se quiere ir.

No por ser pobres tienen que ser marginados. Viven cerca del centro. Por cierto, la lógica del desarrollo urbano de las grandes metrópolis echa a los pobres a la periferia. Hoy estos están allí y con mucho esfuerzo han mejorado su condición. Y quieren quedarse en ese lugar. La decisión del Gobierno es que permanezcan en él. Por ello resolvió desarrollar un programa de radicación; es decir, la construcción de más de 500 viviendas al sur de La Mochita.

¿Qué sucedió? Que al sur de La Mochita, que se ubica en Pedro de Valdivia Bajo, y pegado al río Biobío, se encuentra un sector residencial de alta plusvalía: Pedro de Valdivia Alto, donde el valor de las casas fluctúa entre 5 mil y 10 mil unidades de fomento.

Se ha armado un gran debate. Quienes habitan en Pedro de Valdivia Alto, cuando miran hacia el Biobío, no desean ver las casas básicas del sector pobre de Pedro de Valdivia Bajo.

Aparte de esa polémica se han desarrollado otras acciones. De la noche a la mañana el Fiscal del MOP de la Octava Región, con documentos que datan de 1868, se atribuyó para él y sus herederos la propiedad de dichos terrenos. No hizo presente tal hecho cuando se construyó parte del trayecto de la Costanera Norte, que ha mejorado la transitabilidad vehicular hacia Chiguayante. Y entabló un juicio. Entonces, el proceso de radicación se detuvo.

He informado al respecto al Ministro señor Bitar. Pero me dicen que el Fiscal tiene todo el derecho como persona, como ciudadano, a actuar en esa forma. A mi juicio, los fiscales del Ministerio de Obras Públicas, por sus labores, siempre tienen acceso a información privilegiada, sobre todo en áreas donde esa Secretaría de Estado ha realizado grandes inversiones.

El Ministerio de Vivienda ganó el juicio en primera instancia. Sin embargo, por motivos extraños y no razonables, se entregó el marco de esta defensa no al SERVIU de la Región del Biobío, sino al Consejo de Defensa del Estado. Y el juicio sigue su curso.

La Junta de Vecinos N° 32, que preside Liliana Montecinos, se halla extraordinariamente preocupada, al igual que todos los moradores del sector.

Yo recomendaría a personeros del Ministerio de Vivienda que no se aparecieran por allí hasta que en forma previa llevemos a cabo una reunión. No van a poder entrar, porque la gente está indignada.

Hace algunos años se celebraron reuniones con los pobladores y se asumieron ciertos compromisos. El 31 de agosto del 2003 el Seremi de Vivienda les señaló estar de acuerdo con lo planteado por la mesa de trabajo: radicación de las 500 viviendas al sur de La Mochita; ocupación de los terrenos de la Compañía General de Electricidad, adquiridos para ese efecto; construcción de las 500 casas; entrega de títulos de dominio.

Los dirigentes reclaman que desde 2006 no se ha avanzado nada. Y, además, que en reciente reunión con un asesor de la Ministra de Vivienda que llegó desde Santiago, este les comunicó que se reevaluaría el estudio.

Señor Presidente, en verdad, la situación es gravísima, no solamente desde el punto de vista de si el Gobierno respeta o no sus acuerdos, sino, en especial, porque los compromisos contraídos con gente de escasos recursos merecen ser respetados igual que los que se adoptan con el sector empresarial.

La condición social nada tiene que ver con la capacidad del Ejecutivo de cumplir sus promesas.

Reitero que existen múltiples documentos sobre el particular, entre ellos una carta, de fecha 4 de agosto de 2005, de la Alcaldesa de Concepción, señora Jacqueline Van Rysselberghe, al Secretario Regional Ministerial de Vivienda de la época, señor Aldo Ramacciotti, indicando que no había problema para desarrollar el proyecto de construcción de las 500 casas al sur de La Mochita.

Según los dirigentes, don Juan Pablo Sanzana, en representación del MINVU, en su momento informó que en las obras de confianza (aquellas que se conversan con la ciudadanía) del programa "Quiero mi Barrio" se estipulaba la pavimentación de cuatro calles. Sin embargo, hasta hoy se han pavimentado solo dos: Sargento Aldea y Ercilla.

El programa contemplaba 8 mil millones. Según los vecinos, hoy solo hay 7 mil. Estos piden saber en qué se ha gastado lo que se dice se ha invertido.

Existe un compromiso de ampliación o transformación en SAPU del consultorio y de los jardines infantiles, además de la mantención de las canchas Industrial y El Riffo, las que en algún momento se quiso llenar con viviendas.

Y la gente ha dicho: "Lo que queremos es mejorar nuestra habitabilidad; y esas canchas, por cierto, posibilitan que los jóvenes, los niños, practiquen deporte".

Las obras de confianza que hoy ha acordado el Ejecutivo consideran desratización -esto le corresponde al municipio, no al Gobierno-, limpieza de fosas sépticas (se deben hacer, pues no hay alcantarillado).

La señora Catalina Heller, del Ministerio de Vivienda, les ha informado que existe una nueva propuesta, que consiste en construir 100 departamentos al sur de La Mochita, 100 en el sector de la cancha Industrial, 200 en los terrenos de la Compañía General de Electricidad -ya expropiados- y 100 en el sector de la cancha El Riffo.

En este aspecto se encuentra involucrado una cuestión cultural. La gente no quiere departamentos, sino viviendas. Vive en casas. Por tanto, no es admisible que, para mejorar sus condiciones, el Estado trastoque el modo de vida de los vecinos torciéndolo, dañándolo, violentándolo.

Así lo vivimos con el Transantiago. Se dijo a los santiaguinos que mejorarían los tiempos de espera y de transporte. Al contrario, cientos de miles de trabajadores viven un proceso duro, donde su calidad de vida ha empeorado.

Por lo tanto, ya aprendimos la experiencia. Si hay intervención del Estado, ha de ser siempre para mejorar las condiciones de vida y no para empeorarlas.

La referida propuesta no ha sido aceptada por los vecinos, ya que, además de no corresponder al acuerdo firmado anteriormente, los departamentos quedarían con deuda, debiendo pagarse dividendos.

Los vecinos insisten en que en tales terrenos -veintitrés hectáreas que sus antepasados le ganaron al río- se construyan casas y no departamentos, porque hoy día habitan en casas.

He solicitado audiencia con la Intendenta Regional, María Angélica Fuentes, y creo que no tendrá ningún problema en concederla.

Por otra parte, confiamos en que la Ministra pueda dar respuesta, particularmente innovando. Sin duda, lo que hay que hacer en este caso es innovar, colocar un equipo de trabajo y cumplir los acuerdos.

Espero conversar con la titular de Vivienda dentro de poco. He creído necesario hacerle llegar los antecedentes expuestos y pedirle la mayor cantidad de información: en qué se han gastado los dineros, cuál es el plan de desarrollo.

En una oportunidad en que tuvimos que mediar para que dejaran entrar al representante del SERVIU se prometió que habría una maqueta; más bien, una casa piloto. Porque la gente desconfía. Dice: "Yo quiero ver la casa adonde me van a llevar". Y planteamos: "Construyamos los dos tipos de casas. Levantemos una piloto en la cancha, para que la gente sepa. Una vez que vea lo que le estamos ofreciendo, habrá más confianza".

Eso tampoco se ha cumplido.

Se debe resolver el conflicto de La Mochita con el Fiscal del MOP. En verdad, instrumentos hay. Se consigna en el tribunal un dinero, se comienza la construcción y se parte. Quizás dure muchos años. Se podrá ganar o perder el juicio. Podrá haber una conciliación con el hoy día -entre comillas- propietario, con documentos del año 1800. Lo cierto es que no es posible traicionar la confianza de esos pobladores; no se puede dejar de cumplir la palabra.

Ya ha pasado demasiado tiempo. Hay una condición precaria de subsistencia que ha de ser remediada. El programa Quiero mi Barrio debe cumplirse. Ese es el compromiso del Gobierno. Así lo planteó el Presidente Lagos. Así lo ratificó la Presidenta Michelle Bachelet. Y el Ministerio de Vivienda tiene el deber de cumplirlo.

Creo que la Seremi de Vivienda no ha sido todo lo diligente que corresponde. Ha cometido errores -particularmente en su relación con los vecinos- que han de ser subsanados. Y si algunos han hecho mal su trabajo, se tienen que ir. Debe haber cambios.

Y ello no es una apreciación solo de los dirigentes. Ha habido errores en la conducción del programa. Espero que se tomen las medidas necesarias, se haga la evaluación y se dé curso al cumplimiento del compromiso de Quiero mi Barrio en Pedro de Valdivia Bajo, comuna de Concepción.

--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

LLAMADO DE UNICEF A CESE DE TRABAJO INFANTIL. OFICIOS

Señor Presidente, quiero solicitar que se oficie a los Ministerios del Trabajo, de Educación y de Salud.

Se ha concluido un estudio que determina algo realmente preocupante.

Según la Primera Encuesta Nacional de Trabajo Infantil y Adolescente, realizada por la OIT y el Ministerio del Trabajo, en Chile trabajan más de 200 mil niños, niñas y adolescentes, y el 64 por ciento de ellos pertenece al 40 por ciento más pobre de la población.

UNICEF ha hecho un enérgico llamado a que el trabajo infantil cese. Los instrumentos internacionales relativos al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia han sido suscritos por Chile, que debe cumplirlos.

En opinión de UNICEF, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile en 1990, obliga a los países a adoptar las medidas legales, sociales y educacionales que eviten que los niños y adolescentes trabajen.

Señor Presidente, nosotros votamos a favor de un proyecto -hoy ley de la República- que hace obligatoria la educación media, al igual que la básica. Por lo tanto, los padres de los niños en edad de asistir a la enseñanza básica o media tienen legalmente la obligación de mantenerlos en el colegio.

Para UNICEF, una de las principales consecuencias del trabajo en los niños es que muchos de ellos abandonan los estudios por sus obligaciones laborales y que aquellos que no lo hacen registran un mal rendimiento.

El informe dice expresamente: "Estudiar y trabajar han demostrado ser actividades incompatibles. Las jornadas laborales no les permiten tener tiempo para estudiar y descansar, de manera de llegar a clases en condiciones de aprender, estar atentos y tener éxito en los estudios.".

En este contexto, UNICEF señaló que 21 por ciento de los niños y adolescentes que trabajan más de 21 horas semanales no asisten al colegio. Similares problemas de abandono escolar presentan quienes desarrollan un rol activo en los quehaceres del hogar: 33 por ciento de ellos se encuentra fuera del sistema educacional; es decir, 33 por ciento del total de 200 mil niños que en Chile trabajan.

Agrega el documento: "El trabajo infantil reproduce la pobreza, no la soluciona. Un niño que trabaja y deja de estudiar para mejorar un poco las condiciones de vida de su familia, será un adulto laboralmente poco calificado.". Entonces, jamás podrá derrotar el círculo perverso de la pobreza.

A lo anterior se agrega que 35 por ciento de las niñas de entre 5 y 17 años que viven en hogares con jefatura femenina realizan quehaceres domésticos, mientras 28 por ciento de los hombres de este grupo etario ayudan a la madre buscando ingresos fuera de la casa.

Las ocupaciones más frecuentes de estos niños, niñas y adolescentes son empaque de mercaderías en supermercados, trabajo en la calle (promotores, lavadores de autos), comercio callejero ambulante, trabajo doméstico, talleres manufactureros, producción agropecuaria, actividad pesquera de tipo industrial y tradicional y explotación minera (¡explotación minera!).

UNICEF ha señalado que, según estudios propios, los niños trabajadores desean ser profesionales universitarios y no quisieran que sus hijos trabajasen.

Por lo anterior, solicito a la Dirección del Trabajo y al Ministerio del Trabajo que nos informen acerca de los procesos de control del cumplimiento de los acuerdos internacionales que Chile ha firmado. Y al Ministerio de Educación, respecto de las políticas que se están desarrollando para cautelar el cumplimiento de la ley, a fin de que los padres tengan la obligación ética, moral, pero también legal, de que sus hijos estudien.

Hemos invertido demasiado dinero en infraestructura educacional como para permitir que esos chicos estén en la calle sin estudiar o trabajando.

Creo que el trabajo no le hace mal a nadie. Sin embargo, hoy las exigencias existentes inviabilizan, dadas las precarias condiciones de trabajo. Los tiempos de 2008 no son los de 1950, en que muchos de nuestros padres también trabajaron cuando niños; y era parte de una cultura.

Esos tiempos han cambiado.

Espero que los Ministerios señalados al comenzar mi intervención nos entreguen los informes que determinen en qué condiciones están trabajando esos niños, y en particular, qué se hace para evitarlo.

--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre de Su Señoría, conforme al Reglamento.

MEDIDAS PARA SUBSISTENCIA DE RECURSOS PESQUEROS EN RIESGO. OFICIOS

Por último, me referiré a las actuales condiciones de la pesca.

En la Región del Biobío, pesquera por definición, hay recursos pesqueros ampliamente explotados. Existe crisis de la biomasa debido a la sobreexplotación. La CONAPACH ha efectuado de manera constante un conjunto de denuncias que apuntan a determinar por qué efectivamente ocurre tal situación.

Dicha organización publicó una entrevista a Jorge Farías, biólogo de la Subsecretaría de Pesca -hombre con mucha experiencia-, en la que aparecen un conjunto de preguntas, que no alcanzaré a leer en esta ocasión. Pero adelantaré algunas relacionadas con a lo menos dos oficios que solicitaré.

Se le pregunta: "Entonces ¿cuál es la política pesquera del Estado Chileno?".

La respuesta es la siguiente: "En general ha sido una política de equilibrio enfocada a lograr, en alguna manera, el máximo sostenible, es decir, mantener poblaciones sostenibles en el tiempo que les permitan sacar el máximo provecho.".

Esa es la política pesquera de la nación que ocupa el quinto lugar en el mundo en esa área y el primer lugar en la actividad salmonera, con una costa de 4 mil 500 kilómetros y 3 mil millones de dólares de exportación.

¡No hay política pesquera en el país! Lo reflejan con claridad todas las entrevistas y estudios realizados acerca del sistema.

Se le pregunta al señor Farías: "¿En qué consiste el plan de administración que están elaborando?". Porque todas las pesquerías en riesgo requieren un plan de administración.

Y él contesta: "Bueno, en general, un plan de administración es un plan de manejo, y en síntesis, contiene las reglas de decisión de cómo se explotará la merluza común. Y eso es en diferentes planos,¿

"El plan de administración es un tema que tenemos pendiente en varias pesquerías, desde el año 92.".

¡Dice que se trata de un plan pendiente en varias pesquerías desde 1992!

¡Estamos en el 2008 y los planes de administración exigidos por la ley no se cumplen!

Por eso, la sardina, la anchoveta y, en particular, la merluza han desaparecido.

Por tal motivo, señor Presidente, pido oficiar a la Subsecretaría de Pesca y al SERNAPESCA a fin de que nos informen sobre todos los planes de administración que se encuentran realizando con las especies en riesgo, el tiempo que llevan desde su implementación, los profesionales a cargo de su desarrollo y, en especial, que expliquen por qué desde 1992 no se aplica la ley para preservar y conservar estas biomasas pesqueras.

En seguida, se le pregunta al señor Farías: "¿Por lo tanto hasta la fecha no existen reglas claras para enfrentar una crisis como la de la merluza?".

Y él responde: "Lo que hoy existe es, básicamente, lo que establece la Ley de Pesca. Por lo tanto un plan de administración es mucho más que lo establecido por una normativa.".

A continuación, agrega que el valor de un plan de administración se halla en que la definición normativa debe ser consensuada. Quiero pedirles a los organismos antes mencionados que nos expliquen, en relación con las reglas para enfrentar la crisis, esa forma de consenso. Y, en particular, que señalen en qué estado se encuentran los recursos sardina, anchoveta y merluza, y las medidas que se están tomando, especialmente en las Regiones Octava, Novena y Décima, para la subsistencia de dichas especies marinas.

He dicho.

--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor PROKURICA (Vicepresidente).- El Comité Mixto no hará uso de su tiempo.

Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.

--Se levantó a las 19:12.

Manuel Ocaña Vergara,

Jefe de la Redacción